A nadie sorprende que el sistema de salud pública en México está colapsado, con instalaciones deterioradas, con un criminal desabasto de medicamentos, insuficientes médicos, con personal insensible, con citas médicas y programación de cirugías diferidas a meses, entre otras muchas deficiencias.

Cuando se carece de recursos económicos y no hay más remedio que acudir a los servicios médicos de salud pública es como jugar ruleta rusa con altas probabilidades de perder la salud e incluso hasta la vida misma. Ser paciente implica tener paciencia estoica y resistencia a condiciones adversas y hasta inhumanas.

Desde hace años el sistema de salud pública ha ido de mal en peor. Y es por ello que la candidata de la oposición enarbola entre sus propuestas el regreso del Seguro Popular, que el actual régimen desmanteló. Sin embargo se olvidan que dicho Seguro ya traía varias broncas y serias irregularidades en detrimento de sus afiliados.

El Seguro Popular –que ni era seguro, ni tampoco era popular- fue uno de los mayores fraudes de la política mexicana de principios de siglo. Creado en 2004, estuvo afectado por su ineficacia, insuficiencia y graves problemas de operación. Los hospitales donde se atendía a los afiliados al Seguro Popular eran probablemente los peores de todo el sistema de salud pública, donde el desabasto de medicinas era prácticamente total, así como la carencia de camas, médicos, enfermeras y sus instalaciones no pudieron cubrir la demanda de los más de 20 millones de mexicanos afiliados. De acuerdo con la OCDE, el promedio de enfermeras por cada mil habitantes debe ser de 9, mientras que en México no llegan a 3 por cada mil, de igual manera debe haber 4.8 camas por cada mil habitantes y muy apenas se cuenta con 1.6.

El Seguro Popular no cubría los accidentes cardiovasculares. Las personas mayores de 60 años que sufrían un infarto no eran atendidas, tampoco ofrecía diálisis a quienes padecían insuficiencia renal, ni atención a quienes padecían esclerosis múltiple, ni tampoco a quienes tuvieran cáncer de pulmón. Además, desde el punto de vista administrativo –según escribió hace seis años el periodista Ricardo Raphael- “nuestro Sistema Nacional de Salud es uno de los más caros. Su burocracia devora uno de cada diez pesos asignados por el presupuesto”.

Cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó la cuenta pública de 2015 detectó una serie de irregularidades en la mayoría de las entidades federativas donde sus respectivas tesorerías transfirieron 13 mil millones de pesos al Seguro Popular pero a cuentas bancarias ajenas. Al año siguiente se detectaron malos manejos, que siguieron el mismo patrón, por 6 mil 500 millones de pesos sin que las entidades federativas pudieran explicar en qué se había gastado aquellos 19 mil 500 millones de pesos desfalcados.
Hace seis años el entonces peñista secretario de Salud reconoció que había 70 denuncias por desfalcos por un monto de 1,150 millones de pesos en el Seguro Popular interpuestas por la misma dependencia ante la entonces PGR.

Además del deterioro, deficiencias y el abandono a los que fueron sometidos los hospitales donde se atendía a los afiliados al Seguro Popular estaban los enjuagues y negocios que surgieron antes dichas carencias. Aquí en Monclova era un secreto a voces que varios médicos del Seguro Popular que consultaban ahí, sin escrúpulos, lucraban con el dolor de los enfermos, comercializando la atención, vendiendo prótesis y canalizando a los pacientes a sus consultorios particulares, entre otros ilícitos. Desafortunadamente este tipo de abusos prevalecen actualmente en los demás centros de salud pública de la región como el IMSS y el ISSTE.

Sin duda, una de las grandes fallas del actual régimen ha sido la degradación de los servicios de salud pública, sin embargo, proponer el retorno a lo que se tenía antes resulta absurdo e injusto. Lamentablemente uno de los grandes errores de este régimen ha sido desmantelar lo que no funcionaba, que estaba infestado de irregularidades y corrupción, pero sin tener listas opciones eficientes para reemplazar lo inservible. Por ejemplo, el suministro de medicamentos, que si bien es cierto que aún están en manos de monopolios farmacéuticos sin escrúpulos, no se debió cancelar sin tener la opción de reemplazo.

Es innegable que los servicios del sector salud requieren urgentemente una cirugía mayor cuanto antes y que se humanicen con profesionalismo para terminar con esta tremenda injusticia que lastima –como de costumbre- a los más desprotegidos. Pero regresar a lo de antes sería fatal.