Nuestra nación sigue enfrentando diversos desafíos y problemas sociales. La reforma en materia de derechos humanos nos motiva para afirmar y fortalecer los marcos jurídicos y medidas legales, para lograr un país igualitario, donde el respeto a la dignidad de las personas y los valores sea la norma; con un Estado que respete, promueva y garantice con efectividad el goce de ejercicio de los derechos fundamentales, en un ambiente libre de discriminación.

Las leyes en materia educativa en México forman parte de un sistema educativo y pedagógico inconsistente rebasado por el derecho internacional. Existe un rezago en la garantía al derecho a la educación, particularmente a la cualidad inclusiva de la misma que implica la no discriminación y la calidad en el aprendizaje de todos los estudiantes, enriqueciendo el mismo con las diferencias.

La inclusión implica la modificación del entorno para eliminar las barreras que representen límites al aprendizaje de las y los estudiantes, en igualdad de condiciones y sin discriminación, y la integración se concibe como la incorporación de las personas excluidas del sistema educativo, sin una adecuación a su entorno académico.

La educación para todos con enfoque de inclusión es un rasgo elemental del aprendizaje a través de la apertura a todas las personas, independientemente de sus características; sin requisitos de selección con aceptación y aprecio a la diversidad de estudiantes para dotar elementos de educación de calidad.

La diversidad es un elemento primordial para la calidad de la educación y en ese sentido, Beech y Larrondo, establecen que “la diversidad es una característica intrínseca de los sujetos, por lo tanto, no debe ser vista como un problema u obstáculo que hay que enfrentar, sino como una experiencia enriquecedora”.

La educación inclusiva debe hacer énfasis en el apoyo a los sectores sociales en riesgo de ser marginados, con la intención de igualar las oportunidades de aprendizaje y de desarrollo con el resto de los estudiantes. La educación inclusiva supera la visión del “fracaso escolar” que se le atribuye al educando para pasar a la identificación y eliminación de barreras, es decir las culturas, prácticas y políticas académicas que, al socializar con las condiciones personales, sociales o culturales de algunos estudiantes, generan exclusión o marginación.

La educación inclusiva debe considerar las estrategias de evaluación para identificar las barreras y edificar el entorno adecuado para que dejen de ser un factor negativo en la formación de las y los estudiantes. Lograr una educación inclusiva establece cambios profundos, con un avance progresivo para adaptar las exigencias del grupo y las particulares.

Referir la educación inclusiva es armonizar la legislación mexicana con los tratados internacionales; es armonizar los términos que se utilizan en los modelos educativos vigentes; es incluir la provisión de materiales apropiados; es garantizar la accesibilidad física a la información y comunicación; es ampliar el espectro de población que puede recibir educación especial; es la obligación de capacitación de docentes y personal educativo; es incluir evaluación formativa, personal y flexible; es fortalecer la organización educativa y la participación; es incluir un diseño universal de planes y programas de estudio, así como incluir sanciones para las instituciones educativas que no realicen ajustes pertinentes de inclusión.

Dar sentido incluyente a la educación, contribuye al desarrollo social y a la atención de las obligaciones del Estado mexicano en derechos humanos.