“Cada uno quiere llevar agua a su molino y dejar seco el del vecino”.
Refrán popular

En medio de las descalificaciones por supuesta corrupción, el agua se convirtió en el tema de fondo más importante del debate de los candidatos al Gobierno de la Ciudad de México este pasado 21 de abril.

Armando Zúñiga Salinas, presidente de Coparmex en la Ciudad de México, apuntó en un comunicado que faltaron en la discusión “compromisos financieros e institucionales para revertir la crisis del agua”.

Añadió que “el debate puso de relieve propuestas innovadoras para la gestión del agua, como la inyección a acuíferos, el tratamiento y la captación de agua de lluvia, la creación de un C5 del agua, un gran acuerdo metropolitano de coordinación, y abrir ríos y caudales en la CDMX”.

¿Cuáles son las mejores soluciones? Esta decisión habrá que dejársela a los especialistas, que hay muchos y muy buenos en el país, pero debemos entender que el problema no se resuelve con simples declaratorias políticas, como la que convirtió al agua en un “derecho humano” en 2012, o con prohibiciones ideológicas, como la del Artículo 16 de la Constitución capitalina de 2017 que estableció que “el servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje no podrá ser privatizado”.

Estas disposiciones sólo han servido para acabar con la inversión privada en agua, afectando de manera negativa a la población, especialmente la más pobre.

La Coparmex capitalina calcula “que se requiere una inversión mínima de 70 mil millones de pesos para maximizar el aprovechamiento de las fuentes de abastecimiento, garantizar la calidad del agua potable y mejorar la distribución”. Este monto tendría que desembolsarse anualmente. Ramón Aguirre Díaz, quien fue director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) calculaba en 2015 que se requerían 220 mil millones de pesos de inversión para construir potabilizadoras, encontrar nuevas fuentes de abastecimiento, mejorar la distribución, profundizar la sectorización, el drenaje, el saneamiento, la conservación, el mantenimiento y mejorar la atención a las inundaciones, “pero este año sólo se invertirán 2 mil 500 millones, el 1%, cuando estamos en una crisis que se complicará”.

Los candidatos discutieron el tema sin molestarse, en general, en hablar del dinero que debe dedicarse a resolver el problema. Salomón Chertorivski propuso recuperar “el bosque de agua” en el sur de la ciudad, mientras que Clara Brugada habló de la “regeneración de los lagos”.

Solo Santiago Taboada dijo que dedicará 17 mil millones de pesos para recuperar “agua perdida” y “resolver fugas”.

En este 2024, sin embargo, el presupuesto total del Sacmex será de 13 mil 266 millones de pesos y la mayor parte se utilizará para gasto burocrático; muy poco se invertirá.

El presupuesto total de la CDMX será de 267 mil 965 millones de pesos en este 2024; habría que dedicarlo completo al agua para empezar a resolver el problema.

La lógica más elemental obligaría a entender que, para que realmente se ataque el problema, es necesario cobrar el agua de manera realista para obtener recursos que permitan las inversiones necesarias; pero con el pretexto de que el agua es un derecho humano, no se cobra o no se cobra en los niveles necesarios. Además, los políticos, que nunca han entendido el problema, han prohibido la privatización de los servicios, porque esto obligaría a hacer cobros realistas. El resultado es condenar a la sociedad a la escasez.

El “derecho al agua” será uno más de esos que no se cumplen en nuestro país, y el agua la terminarán pagando más cara los pobres, que tendrán que seguir adquiriéndola en pipas porque es muy caro entubarla.

Responsabilizar

Latinus responsabilizó al presidente López Obrador y a su candidata “de cualquier tipo de ataque contra nuestro equipo”, esto después de que ambos, en nado sincronizado, acusaron a la empresa de estar detrás de un retén de encapuchados que detuvieron el vehículo de Claudia Sheinbaum en Chiapas. “Recurren a la intriga para que no se vea reflejada la realidad”.