“No puedes cruzar el mar simplemente poniéndote de pie y mirando el agua” Rabindranath Tagore

Uno de los peores errores de los políticos fue haber convertido el agua en un “derecho humano”. En México esta decisión populista la tomó Felipe Calderón en la enmienda constitucional del 8 de febrero de 2012. El problema es que, al declarar el agua un “derecho”, la principal consecuencia práctica es que los políticos la regalan y dejan de hacer las inversiones para asegurar su disponibilidad futura.

El agua es demasiado importante para dejársela a los políticos. Los seres humanos somos agua; el 60% de nuestro cuerpo está formado por ella y la proporción aumenta a 75% en el cerebro (Fundación Aquae). Pero a algunos políticos no les llega a la azotea. Por eso debemos impulsar políticas públicas que hagan que el agua se aquilate en todo su valor, tenga un precio adecuado, se administre con prudencia y genere recursos suficientes para extraerla, conducirla, entregarla a los consumidores, recuperarla y darle un tratamiento adecuado después de su uso. Todo este proceso se distorsiona cuando los políticos manipulan el precio para comprar votos.

Los políticos argumentan que el agua es un derecho humano porque la vida es imposible sin ella, pero los derechos no tienen por qué ser indispensables para la vida. Yo tengo el derecho de expresarme con libertad y de tomar decisiones sobre mi propio cuerpo, pero no perderé la vida porque una dictadura me los niegue. El agua es un “satisfactor”, como bien ha señalado el economista y filósofo Arturo Damm de la Universidad Panamericana, un satisfactor imprescindible, como el alimento o el aire.
Nuestros gobiernos han aplicado desde hace décadas políticas públicas diseñadas para comprar votos, no para garantizar el acceso al agua hoy y mañana. Dos terceras partes del líquido se utilizan para la agricultura y la ganadería, pero en vez de cobrar un precio justo que permita la realización de las inversiones que se necesitarían para garantizar la disponibilidad futura, las autoridades la regalan o la cobran a precios irrisorios. Han establecido, además, un sistema de cuotas que beneficia sólo a algunos productores y promueve en cambio el desperdicio con prácticas insostenibles, como el riego por inundación.

En un intento por mantener el control sobre el agua, los políticos afirman que esta no puede considerarse una “mercancía” sujeta a un precio de mercado. Pero ahí radica su error fundamental. Precisamente por su importancia, el agua debe tener un precio realista que modere su consumo, favorezca su uso más eficiente y genere recursos para la inversión en infraestructura hídrica. Los precios artificialmente bajos han promovido el cultivo de productos de alto consumo de agua en las zonas semidesérticas del norte del país. Más que repartir cuotas y manipular precios, que sólo buscan obtener el agradecimiento y apoyo político de las asociaciones de productores, el Gobierno debería simplemente asegurar el cobro de precios realistas en todo el país. Así, automáticamente los productores invertirían en los cultivos más adecuados para las condiciones de cada región. No se requerirían cuotas ni favores especiales.

Me dicen que el mercado se puede equivocar, quizá; pero no hay duda de que errará menos que un burócrata sentado en la Ciudad de México que decide precios y condiciones de acceso al agua en todo el país y busca siempre su beneficio personal. La gran ventaja de los mercados es que se ajustan para remediar sus errores, mientras que los políticos se empecinan en ellos. Por eso es tan importante no dejar un bien indispensable como el agua en manos de los políticos.

Doméstico

Una de las enmiendas constitucionales de la veintena que lanzó AMLO el 5 de febrero es la que haría que en las zonas con poca disponibilidad de agua sólo se dieran concesiones para uso doméstico. Esto impediría la actividad agropecuaria o industrial en dos terceras partes del territorio nacional. Llevaría a un verdadero desastre económico y social.