Coahuila
Por Diana Martínez
Publicado el miércoles, 9 de agosto del 2023 a las 04:00
Saltillo, Coah.-Ayer, asociaciones civiles y religiosas se manifestaron en el Congreso del Estado para exigir que los libros de texto gratuitos no sean repartidos en las escuelas de Coahuila.
Los manifestantes amagaron con quemar los libros si llegan a manos de sus hijos, pues aseguraron que los contenidos que abordan son inadecuados para los niños, por el alto contenido sexual, diversidad de género e ideología.
“
Estamos en esta lucha y estaremos en esta lucha hasta que quememos esos libros o hagamos entender al señor Presidente que es un porro sin ninguna preparación”, indicó Israel Valdés Huerta, manifestante.
Con frases como: “respeto a la libertad de conciencia”, “la fuerza de la sociedad es la familia tradicional” y “no a la ideología en los niños”, alrededor de 30 personas se manifestaron frente al Congreso del Estado.
Posteriormente, los manifestantes ingresaron a la sesión, donde en diversas ocasiones abuchearon a los diputados que defendieron los contenidos de los libros de texto.
Asimismo, Eduardo Pacheco, representante de la Alianza Ministerial Evangélica en Saltillo, invitó a los padres de familia a unirse en contra de los libros. A los interesados les enviarán un formato que llenarán y entregarán en las escuelas para que a sus hijos no les entreguen los libros.
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Les vamos a hacer llegar un formatito para que los padres de familia de cada parte del estado, lo puedan llenar ahí en su escuela (…) para que le puedan decir al director, en uso de su derecho de patria potestad, que no aprueban que se les otorguen estos contenidos a los niños”, agregó.
Exigen detener distribución
Los libros de texto gratuito están fuera de la ley, sostuvieron las diputadas del PAN, Mayra Lucila Valdés González y Luz Natalia Virgil Orona, por lo que le exigieron al Gobierno federal que detenga la distribución.
Argumentaron que de acuerdo con el Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se debe de considerar la opinión de los gobiernos de los estados y de diversos actores sociales involucrados en la educación cuando se modifiquen los planes y programas de estudio.
Asimismo, sostuvieron que el Gobierno federal no se apegó a la ley, ni la Secretaría de Educación Pública observó su propia reglamentación en cuanto a la expedición de las convocatorias; la publicación de los planes y programas en el Diario Oficial de la Federación.
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