Leía hace unos días un artículo publicado por el despacho de consultoría legal Deloitte, que definía los aspectos que incluye la implementación de nuevas formas de operación de empresas y áreas del servicio público, por medio de lo que se conoce como compliance.

Deloitte describe al compliance o cumplimiento normativo, que consiste en establecer las políticas y procedimientos y suficientes para garantizar que una empresa desarrolle sus actividades y negocios conforme a la normativa vigente y a las políticas y procedimientos internos, promoviendo una cultura de cumplimiento entre sus empleados, directivos y agentes vinculados.

La oficina de asesores legales y contables señala que la reforma del Código Penal del año 2010, que introdujo por primera vez en nuestro Derecho la responsabilidad penal de la persona jurídica, y su posterior modificación en 2015, con la introducción de un cláusula que exige que las entidades cuenten con planes de prevención de riesgos penales, así como con un órgano o función responsable de su verificación, han impulsado la incorporación de la figura del compliancer dentro de las compañías y en las áreas del servicio público, por medio de grupos colegiados que regulan e incentivan esta parte de la prevención de hechos irregulares.

Llama la atención que entre los retos que menciona Deloitte sobresale el factor de cambio, como una estrategia fundamental para incidir en el cambio de pensamiento y conductas, no solo de quien participa en la Iniciativa Privada, sino también en el sector público.

En el ámbito académico, por ejemplo, se incorporan materias y cursos de posgrado sobre cumplimiento normativo, surgen asociaciones especializadas que agrupan a profesionales del compliance y desde los despachos de abogados y consultoras se ofrecen nuevos servicios de externalización y tareas que vuelven más dinámica la comprensión y la puesta en práctica de esta nueva cultura de integridad a toda prueba.

No obstante, y como lo decía un abogado con quien platiqué ayer sobre estos temas de integridad y las buenas prácticas en todos los ámbitos, dentro y fuera del horario de oficina, el compliance llegó para quedarse. Es lo de hoy y muchas academias, empresas o áreas del servicio público, están comenzando a visualizar la necesidad de especialización en esta materia, que sin duda nos involucra a todos: ciudadanos, padres de familia, periodistas, académicos, empresarios, personas en el servicio público, amas de casa, comerciantes, políticos y hasta religiosos.

La integridad es un valor que, para muchos, se adquiere en casa. Pero, como lo dijo este muy versado abogado con el que conversé y quien se ha dedicado al servicio público toda su vida, es un asunto del que nadie se puede sustraer, porque más allá de que exista una legislación en materia de responsabilidades que tiene atribuciones sobre las personas en el ámbito de lo público y que también alcanza a los empresarios o dueños del capital en este país, es un asunto de prevención, de compromiso y de evitar la excusa: “todos lo hacen, ¿por qué yo no?”.

Se trata de un tema de calidad en lo que cada uno hace. Se trata de reflejar el compromiso de aportar en lo que a cada persona le toca por hacer, evitando normalizar hechos que a todas luces no son correctos y que deben visibilizarse.