Sentar precedente contra quienes afectan los intereses y los derechos de las mujeres y de los hombres, puede ser un incentivo que ayude a inhibir agresiones políticas por condición de género, preferencia sexual, o ideología política y religiosa, rumbo a los procesos electorales que se desarrollarán en Coahuila.
Las agresiones políticas contra mujeres que intentan o que logran incursionar en la vida pública puede ser más común de lo que parece. Y un ejemplo, es el tema que dirimió el Tribunal Electoral de Coahuila, en el expediente TECZ-PES-01/2022.
El asunto derivó de una queja presentada contra un exfuncionario del Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, pues el excolaborador del Ayuntamiento lagunero publicó en sus redes, específicamente en Facebook, una serie de mensajes que indudablemente van en contra de cualquier acto de diplomacia, educación o cortesía política y, más aún, cuando la agredida era regidora en el mismo Municipio.
El mensaje destapa una situación de agresión evidente y explícita como se dio a conocer en la sesión pública del Tribunal. En el debate se describen con exactitud las palabras con las que el presunto agresor se dirigió a la exedil de Francisco I. Madero.
El 7 de julio de 2021, en la cuenta personal del ahora sancionado, se leyó: “La regidora defiende tanto a las madres solteras porque está igual que ellas. No debería tener derecho a nada, pero sí exigen programas sociales para sus hijos, pero el Gobierno no tiene obligación. Deberían abortarlos, ¿quién las trae de calientes (sic)? …todo quieren que les dé el Gobierno, pónganse a trabajar, viejas mantenidas”.
El análisis del mansaje publicado por el denunciado –según la autoridad electoral– y en el contexto de su difusión, contiene una carga de odio contra su propia compañera de trabajo, es alusivo y va directo contra la quejosa. El contenido –según los magistrados– tiene como objetivo denostar a la exregidora que promovió la inconformidad de esta conducta.
La hostilidad y los ataques pueden limitar la participación de las mujeres en las actividades públicas de una comunidad, de un estado o en el país. Hoy en día, este segmento de la población juega un papel importante en la economía, la educación, la cultura, la investigación y el servicio público en el país y en Coahuila.
Sin embargo, hacer visibles las rutas legales para quejarse o denunciar estos hechos va más allá de los casi 4 mil pesos de multa impuestos por las autoridades en materia electoral, pues más bien trata de evitar “normalizar” la desaprobación que puede sufrir una mujer cuando decide ser parte de actividades relacionadas con la política.
La disculpa del acusado –como lo advirtió la resolución– quizá no sea suficiente. No lo sé. Lo que queda claro es que este expediente y el debate en el Tribunal Electoral es un ejemplo de lo que puede o no sortear la mujer en la escena política, solo por el hecho de ser mujer o madre de familia. Un ya basta, es lo que más bien se puede leer en la sentencia aprobada el martes por la autoridad local electoral.
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