México, DF.- A la irritación pública generalizada por el inminente aumento de impuestos, el desempleo galopante y las expectativas de mejoría canceladas por una crisis económica a la que no se le ve fin, el presidente Felipe Calderón y su gobierno debieron sumar, en los últimos días, las más severas críticas, por parte de organismos y líderes internacionales, a la forma en que han manejado la economía nacional.

Ningún gobierno mexicano, en la historia reciente, había sido evaluado con tal acritud como lo hicieron la semana pasada la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre otros organismos.

La puntilla, sin duda, la dio Joseph Stiglitz –Nobel de Economía 2001–, al decir, aquí en México, que el desempeño del país en el manejo de la crisis “ha sido uno de los peores del mundo”: ante la recesión, el Gobierno mexicano reaccionó tardía y débilmente, acusó.

Y antes que tomar medidas fuertes y decididas para empujar la economía –como lo hicieron, por ejemplo, Brasil y Australia, que ya salieron efectivamente de la recesión–, México parece cruzado de brazos, sin aplicar políticas fiscales que estimulen la actividad económica, agregó.

Con esa actitud, que está lejos de ser una estrategia para la recuperación, las expectativas de crecimiento no pueden ser más que débiles y pesimistas, machacó el Nobel, economista emblemático del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT).

Aún no digería el Gobierno las declaraciones de Stiglitz del miércoles 18 cuando al día siguiente la CEPAL dio a conocer su informe “Panorama Social de América Latina 2009”. Este documento revela que en el periodo 2006-2008 la región experimentó una disminución en el número de pobres, a excepción… de México.

“El único país en el que se registró un empeoramiento en la situación de la pobreza fue México, cuyo incremento de 3.1% entre 2006 y 2008 refleja los primeros efectos de la crisis que empezó a manifestarse hacia finales del año”, precisa el estudio.

Viene algo peor

Y viene algo peor, pues en este 2009, año en que la crisis a escala mundial alcanzó la mayor profundidad, “el nivel de pobreza empeorará debido a la reducción del Producto Interno Bruto (PIB) y al deterioro del empleo y los salarios”, dijo en la presentación del documento la secretaria ejecutiva de la CEPAL, la mexicana Alicia Bárcena.

Ese mismo día, otro organismo internacional echó abajo el optimismo gubernamental respecto de una inminente recuperación económica, de la que han hablado el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y el propio presidente Calderón.

En la presentación, desde París, del “Panorama Económico Mundial 2009”, Cyrille Schwellnus, economista para México del organismo, asestó: “El choque negativo de 2009 ha sido gravísimo; el Producto Interno Bruto de México no regresará a sus niveles de precrisis, de septiembre de 2008, antes de 2012”.

Y mientras el Gobierno mexicano calcula que el PIB caerá este año en 6.8%, pero que el próximo crecerá un 3%, la OCDE estima que el desplome de la actividad económica en 2009 será de 8%, y en 2010 será cuando mucho de un 2.7 por ciento.

Por ello, según el organismo, el desempleo seguirá creciendo, a tal grado que en 2011 la tasa de desocupación alcanzará el 6.3% de la Población Económicamente Activa (PEA) –más de 3 millones de personas sin trabajo–, cuando este año promediará 5.7 por ciento.

El mayor desempleo que se registrará en 2010 “será un lastre para el consumo privado y la demanda interna y obstaculizará la recuperación”, aseguró Schwellnus.

Y si faltaban observaciones, Transparencia Internacional hizo la suya: México es uno de los 10 países latinoamericanos donde está más “gravemente extendida la corrupción”, condición que comparte con países como Haití, Venezuela y Argentina.

Y la razón: sus instituciones son débiles, deficientes sus prácticas de gobernabilidad y hay una excesiva injerencia de intereses privados.

Un día antes, la firma de consultoría empresarial Pricewaterhouse Cooper publicó su Quinta Encuesta Global de Delitos Financieros, en la que revela que México ocupa, dentro de una lista de 54 países –avanzados y en desarrollo–, el quinto lugar entre las naciones donde se cometen un mayor número de fraudes.

Fue una semana negra para el Gobierno y Calderón, que sintieron lo duro y lo tupido de las críticas externas, pues mostraron su ineficiente desempeño al frente del país.

Semana de pesadilla

La semana de pesadilla empezó el viernes 13. Ese día el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo durante el tercer trimestre de 2009.

Para crispar aún más los nervios, la tasa de desempleo alcanzó al 6.2% de la Población Económicamente Activa, que equivale a 2 millones 925 mil 45 personas sin trabajo; es decir, un millón 15 mil 317 más que en el tercer trimestre de 2008.

Y si se toma en cuenta que ese año terminó con un millón 900 mil personas en el desempleo absoluto –dato del INEGI–, quiere decir que en los primeros nueve meses de 2009 se perdieron un millón de empleos; esto es, un promedio de ¡más de 110 mil empleos por mes! Este hecho no tiene precedentes en la historia económica reciente del país.

El dato se agrava si se compara el desempleo del tercer trimestre con el del segundo: en sólo tres meses unas 560 mil personas quedaron sin trabajo, en el desamparo absoluto, pues de 2 millones 365 mil 74 personas desempleadas en el segundo trimestre, su número subió a 2 millones 925 mil 45 personas en el tercero.

Peor aún, esa tasa trimestral de 6.2% de la PEA es el promedio nacional, pero hubo entidades con tasas de desocupación mucho más elevadas: Chihuahua y Coahuila, 9.7 por ciento.

De la población ocupada, 43 millones 917 mil 203 personas, el 8.7%, es decir 3.8 millones, estaba en el subempleo, con trabajo precario, que le obliga a buscar un segundo o tercer empleo, para cubrir sus necesidades básicas. Con ello, la población subocupada se incrementó en 879 mil personas en un año.

Por si faltara: En relación a la población ocupada en el sector informal, el INEGI reportó que en el tercer trimestre se sumaron a ese sector 536 mil personas, para totalizar 12.4 millones en la informalidad, el 28.2% de la población ocupada.

Todo ello muy a pesar de los múltiples programas en favor del empleo, que se anunciaron con bombo y platillo como parte de la estrategia “contracíclica” del Gobierno para enfrentar la crisis internacional.

El caso pemex

Pemex aportó su granito de arena, al poner en evidencia la vulnerabilidad de las finanzas públicas por depender tanto de los ingresos petroleros. Entre enero y octubre la producción de crudo cayó 7.4% en relación con el mismo periodo del año anterior, equivalente a una disminución de 209 mil barriles diarios.

Si lo anterior es grave, pues confirma el irrefrenable desplome de Cantarell, lo es todavía más la caída en las exportaciones petroleras, en cantidad y en valor.
En los primeros 10 meses del año se vendieron 182 mil barriles diarios menos, una baja de 13 por ciento.

Pero los ingresos obtenidos por esas ventas se desplomaron 50%. Entre enero y octubre de 2008 se exportaron un millón 402 mil barriles diarios; en el mismo lapso de este año, las ventas fueron de un millón 220 mil barriles diarios.

Pero el producto de las ventas en el primer caso fue de 40 mil 420 millones de dólares; en el segundo, se obtuvieron 20 mil 231 millones de dólares, un poco más de la mitad.

Ello se debe a que entre enero y octubre de 2008 el precio promedio ponderado de la mezcla mexicana fue de 94.6 dólares por barril; en 2009, el precio fue de 54.6 dólares.

Con la cuchara grande

Las críticas a la conducción de la economía nacional y los malos datos de empleo y producción petrolera atraparon al Gobierno en la desazón que ya experimentaba debido a que el Poder Legislativo le dio una buena revolcada a su programa económico para el próximo año.

En la parte de ingresos, los legisladores sepultaron su propuesta de un nuevo impuesto de 2% al consumo, que le dejaría unos 77 mil millones de pesos, para repartir entre programas sociales y estados.

Con los nuevos impuestos y alzas en otros, el Gobierno esperaba recaudar en 2010 casi 225 mil 500 millones de pesos más que lo estimado para este año. La mayoría priísta en la Cámara de Diputados, avalada por el Senado, bajó dicha expectativa y la recaudación adicional, por esos conceptos, será de 170 mil millones; 56 mil 300 millones de pesos menos.

A cambio, para compensar, los legisladores le impusieron un mayor precio del petróleo y un mayor déficit público (más deuda), cosa que no quería el Gobierno.

El Gobierno sólo vio cómo los priístas se repartían el pastel. Le quitaron recursos a su propuesta de gasto para Oportunidades; le impusieron un programa de austeridad multianual; retiraron candados para darle más discrecionalidad a los estados en el ejercicio del gasto y, sobre todo, más y más dinero para los gobernadores.

Se despacharon con la cuchara grande: como aumentaron el estimado del precio para el barril de petróleo en 5 dólares, de 53 a 58 dólares por barril, habrá más excedentes. El Gobierno quería destinar por esa vía 8 mil 470 millones de pesos para los gobernadores, pero los legisladores les asignaron 29 mil 925 millones.

Al Gobierno no le quedó otra que decir, a través de la Secretaría de Hacienda, que lo aprobado por los diputados, en materia fiscal y presupuestaria, “constituye una respuesta decidida y efectiva para promover el crecimiento, así como para hacer frente a los retos estructural y coyuntural de las finanzas públicas”.

Y habló Fox…

La semana de pesadilla para Calderón cerró con un verdadero broche de oro. El viernes 20, el ex presidente Vicente Fox volvió a abrir la boca, para decir que la CEPAL, la OCDE, Stiglitz y cuantos han criticado el desempeño oficial en la conducción de la economía… tienen razón.

En su “centro de estudios”, en el rancho San Cristóbal, en Guanajuato, dijo que lo que hoy tiene a la economía mexicana como la peor de América Latina es un diagnóstico equivocado de la crisis, una miscelánea fiscal fallida y una lucha contra el crimen organizado que no ha dado resultados.

“No se midió la crisis; se pensó que iba a ser más fácil”, dijo.

La corresponsal de Proceso en Guanajuato, Verónica Espinosa, reportó este diálogo:

–¿Se equivocó el Gobierno federal? –preguntó la corresponsal.

“Sí, el Gobierno, el Congreso, los estados; es responsabilidad de todos”.

Después de ese “mal diagnóstico” se volvió a fallar con la reforma fiscal, dijo.
“Se pensó que con un parchecito se podía navegar el resto del tramo, y no es así; también la propuesta de presupuesto es totalmente incapaz de resolver el problema profundo que tiene la economía del país”.

Se le preguntó si ha comentado estas opiniones con Calderón. “No. No he hablado con él”, dijo.

–¿Y no tendrá problemas?

“No. ¿Por qué, por qué me va a traer problemas? Eso hay que preguntarlo allá. En nuestra Presidencia logramos, demostramos, garantizamos absoluta libertad para hablar, escribir, comentar, absoluta libertad a los medios de comunicación. En ese mismo sentido actúo yo personalmente: digo lo que pienso, digo lo que me parece oportuno decir, nada más”, concluyó Fox… Sin palabras.

México por los suelos

El Índice de Corrupción es elocuente: este año México comparte el lugar 89 con Lesotho, Malawi, Ruanda y Moldavia

Lesotho es un pequeño reino montañés cuyos habitantes tienen una esperanza de vida de 37 años y sufren una de las tasas más altas de casos de infección por VIH sida (23%, sólo detrás de otras naciones africanas como Suazilandia y Botswana).

Sin embargo, este país obtuvo una calificación de 3.3 en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2009, con lo que se ubicó en el mismo nivel que México, según se desprende del informe de la organización Transparencia Internacional, que realiza ese estudio.

México fue tomado en cuenta por Transparencia Internacional desde 2001, el primer año del IPC. Era el inicio del sexenio de Vicente Fox, el primer presidente surgido de la oposición y quien hizo del combate a la corrupción una de sus banderas de campaña. Sin embargo, desde entonces las calificaciones de México han ido cuesta abajo y el actual 3.3 es la peor en nueve años.

Los gobiernos panistas de Fox y de Felipe Calderón no han conseguido nunca una calificación aprobatoria de 6.

Las redes vacías

Al dar a conocer los resultados del IPC correspondiente a 2009, el martes 17 Transparencia Internacional informó desde sus oficinas en Berlín, Alemania que la corrupción sigue siendo un desafío mundial, ya que la mayoría de los países obtuvo una calificación inferior a cinco puntos, como México y Lesotho.

Desde 2002 México cuenta con una Ley Federal de Transparencia que ha sido emulada en Centroamérica y el Caribe.

No obstante, como reiteró públicamente el ex comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) Juan Pablo Guerrero, “las leyes de transparencia no combaten por sí solas la corrupción ni van a acabar con la impunidad. Sostener lo contrario es una falacia”.

El año que estuvo más alto fue en 2001, cuando llegó a 3.7 al principio del gobierno foxista; pero en realidad la medición correspondió al año 2000, el último del sexenio del priísta Ernesto Zedillo.

El 10 de diciembre de 2001 el presidente Vicente Fox anunció en Querétaro que pronto caerían “peces gordos” como consecuencia de la lucha contra la corrupción. Para ello nombró a Francisco Barrio como secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo. Pero nunca se movieron las redes tendidas por el Gobierno federal.

El caso más importante de corrupción que tuvo en sus manos el foxismo fue el desvío de recursos de Pemex para apoyar la campaña del candidato presidencial priísta, Francisco Labastida, en un enredo conocido como el Pemexgate.

Tres de los presuntos implicados –los líderes del poderoso sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana, así como el otrora director de la paraestatal, Rogelio Montemayor– nunca pisaron la cárcel.

El 13 de diciembre de 2001, el zar anticorrupción del foxismo reveló entonces que cuando Carlos Salomón Cámara era director de la Lotería Nacional entregó a un grupo de vendedores 63 millones 331 mil 179 pesos en forma ilegal. Entre los beneficiados se encontraba uno de sus familiares.

No obstante la espectacularidad del anuncio, el golpe no se concretó. La Procuraduría General de la República deslindó al ex funcionario de toda responsabilidad. El asunto ni siquiera llegó a los juzgados.

Claridad saboteada

La estrepitosa caída de México en la medición de Transparencia Internacional fue la noticia principal en la gran mayoría de los diarios editados en la Ciudad de México el pasado miércoles 18.

“Mientras haya tantos trámites habrá mucha oportunidad de corrupción”, dijo al respecto el secretario de la Función Pública, Salvador Vega. Pero Salomón Presburger, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), comentó: “Los jóvenes están aprendiendo que al ser corruptos existe una paga”.

Hace alrededor de dos meses, el presidente Felipe Calderón propuso al Congreso de la Unión desaparecer tres secretarías de Estado para ahorrar recursos públicos. Una de las elegidas fue la de la Función Pública, encargada de vigilar a los funcionarios y de supervisar el uso del erario, así como de regular las licitaciones en obras de infraestructura.

Aunque esta alternativa fue rechazada por el Congreso de la Unión, el Mandatario propuso crear una Contraloría General de la República, cuyo titular sería designado por Calderón y despacharía en la residencia oficial de Los Pinos. Pero lo más novedoso, incluso en el ámbito internacional, fue el planteamiento de que la propia Presidencia resolviera cualquier queja o inconformidad que surgiera sobre las licitaciones en materia de infraestructura.

Esto contradice a Transparencia Internacional, que afirma que resulta indispensable contar con instituciones sólidas, autónomas y con suficientes recursos públicos para combatir la corrupción.

Nada que informar

Hasta la fecha, el gobierno calderonista no ha informado sobre casos especiales de sobornos. Tampoco ha investigado los expedientes que datan del régimen priísta y que permanecen guardados en el Archivo General de la Nación.

En la Secretaría de la Función Pública despacha un amigo del presidente, Salvador Vega, quien nunca antes había trabajado en la persecución de delitos relacionados con el lavado de dinero, los sobornos o la malversación de recursos públicos. Su trabajo anterior fue legislativo.

En México, la otra instancia encargada de vigilar el uso y destino de los recursos públicos es la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo vinculado a la Cámara de Diputados, que apenas alcanza a revisar entre el 1.5 y 2.0% del erario debido al poco personal y bajo presupuesto.

Según los rangos internacionales –marcados por los países que ocupan los primeros lugares en el IPC–, los rangos de revisión deberían oscilar entre el 5 y el 10 por ciento.