Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO) las compras directas y sin proceso abierto de licitación, son característica de la Administración federal, principalmente a través de cinco instituciones: Birmex, Diconsa, Secretaría de la Función Pública, Insabi y la Secretaría de Marina. ¿Pero qué son estas oficinas federales? ¿A qué se dedican?
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (Birmex) es una empresa de propiedad mayoritariamente estatal que desarrolla, produce, importa y comercializa vacunas y antivenenos; Diconsa es una empresa de participación estatal mayoritaria que pertenece al sector Desarrollo Social.
El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) es un organismo descentralizado de la Administración Pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Salud.
En sus reportes, el IMCO a través de su portal: https://imco.org.mx/ señala que, en 2020, los recursos públicos destinados a adjudicaciones directas alcanzaron el punto más alto desde que se tiene registro.
Hay que aclarar que el IMCO es un centro de investigación apartidista y sin fines de lucro, que fue iniciado en el año 2003 y su objetivo es enriquecer a partir de estudios e investigaciones académicas y de cruce de datos, para favorecer la toma de decisiones públicas, con el objetivo de generar propuestas para tener un país equitativo y con mejora en la calidad de vida.
De acuerdo con datos de Compranet, el Gobierno federal realizó adjudicaciones directas por más de 205 mil 195 millones de pesos, lo que representa 43% del monto contratado en todo el año.
En contraste, durante el mismo año, las compras realizadas por licitación pública alcanzaron apenas 40%, con lo que, el IMCO revela que es la primera vez que los recursos destinados a adjudicaciones directas por el Gobierno federal, son mayores a los contratados mediante licitaciones públicas.
La tendencia creciente de adjudicaciones directas puede ser un foco rojo para la competencia, ya que la ausencia de criterios objetivos, abiertos y transparentes para seleccionar contratistas puede o no, abrir espacios o generar incentivos contrarios a lo que se busca al momento de programar o destinar cada peso o dinero público.
El propio IMCO menciona en su informe, que la Constitución y las leyes de Adquisiciones establecen que las compras públicas deben de ser realizadas mediante licitaciones públicas, salvo en casos excepcionales. Pese a esto, en 2020 casi uno de cada 2 pesos gastados por la Federación, fue contratado mediante adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.
Por lo que el propio IMCO resume que: “Los procedimientos establecidos como la excepción se han convertido en la regla de contratación del Gobierno federal”.
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