Sin duda, una característica imprescindible de un buen Gobierno es la capacidad de manejar con honestidad, eficiencia y transparencia el presupuesto federal anual aprobado por el Poder Legislativo para sostener el desenvolvimiento del país y, en especial, impulsar los proyectos de infraestructura y productivos que se consideren estratégicos.

Contar con un Gobierno de calidad, implica una administración de los recursos apegada a las diferentes leyes que regulan el ejercicio del gasto y la rendición de cuentas ante la Cámara de Diputados que debe controlar las acciones del Poder Ejecutivo, con el apoyo especial de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un órgano técnico especializado cuya misión es fiscalizar los recursos públicos para prevenir prácticas irregulares y contribuir al buen Gobierno.

Hace unos días, la Auditoría Superior de la Federación, entregó el informe de la revisión de la Cuenta Pública 2020, que corresponde al segundo año de Gobierno del actual Presidente de la República, en el cual señala que se detectaron probables daños a la hacienda pública por 48 mil 114 millones 914 mil 300 pesos, de acuerdo con los resultados de más de mil 600 auditorías que se realizaron para revisar el gasto del presupuesto federal.

Los mayores quebrantos se encontraron en los ramos de salud, educación pública, bienestar, aportaciones a la seguridad social (IMSS e ISSSTE), agricultura y desarrollo rural, Pemex y CFE.

Tan solo en las operaciones relacionadas con la emergencia sanitaria en 2020, el Gobierno federal otorgó 90% de los contratos sin licitación, en contraposición a lo que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de acuerdo con la información de la Auditoría Superior de la Federación.

Y en general, según los análisis de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, tan solo en el primer semestre de 2021, 80.6% del total de los contratos del Gobierno se realizaron por adjudicación directa por un total de 74 mil 639 millones de pesos.

En el informe que presentó la Auditoría Superior de la Federación destaca el gran número de irregularidades en el ejercicio de los recursos, el desempeño de los servidores públicos y las empresas contratadas en la ejecución de los proyectos estratégicos del Presidente, tales como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Sembrando Vida, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como en el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana, entre otros.

Con el avance en su ejecución y operación se han hecho evidentes las grandes fallas relacionadas con la necesidad y pertinencia de los proyectos, los errores técnicos que han obligado a elevar sustancialmente los costos y desperdiciar avances realizados por modificaciones de diseño, las dificultades para garantizar su rentabilidad y los graves daños ambientales que no están considerados en el costo de los proyectos.

Ante esta situación que abona al deterioro de la prosperidad del país y, por lo mismo, contribuye a agravar las condiciones de pobreza y desigualdad, nuestros representantes populares en la Cámara de Diputados tienen una gran responsabilidad para hacer valer la atribución del Poder Legislativo de control de las acciones del Ejecutivo.

Todos sabemos que la tarea de los diputados federales opositores a la mayoría oficialista no es nada fácil, pero hoy como nunca se requiere de su compromiso e integridad, lucidez política y unidad, frente a las iniciativas presidenciales que irremediablemente pueden terminar de hundir al país y afianzar un régimen despótico y empobrecedor.