Mexicali, BC.- En el Congreso de Baja California, legisladoras de Morena presentaron la iniciativa para despenalizar el aborto voluntario, conceptualizar la interrupción de embarazos y el tratamiento institucional de la Secretaría de Salud.

La propuesta contiene reformas a la Constitución Política del Estado, a la Ley de Víctimas, a la Ley de Salud Pública y al Código Penal.

Al respecto la legisladora inicialista Michel Sánchez Allende expresó que el proyecto responde a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de Coahuila y a las recomendaciones que emitió el Grupo de Trabajo de la Alerta de Género.

Dijo que se trata de 12 disposiciones legales que se aprobaron en la Comisión de Igualdad de Hombres, Mujeres y Juventud del Congreso local, entre las que se encuentran dos puntos referentes al aborto.

Sánchez Allende sostuvo que la interrupción voluntaria del embarazo no se trata de un debate entre estar a favor o en contra de la vida, al considerar que “debido a que Ia naturaleza de las leyes no debe guiarse por los estereotipos en razón de genero para sancionar, y particularmente a quienes han sido parte de una desventaja histórica, afectando con ello los derechos humanos reconocidos en Ia Constitución y en los tratados internacionales con arreglo al derecho interno”.

La diputada mexicalense expuso que las leyes deben de ser dictadas, reformadas y modificadas conforme a los resultados del progreso científico; luchar contra Ia ignorancia y sus efectos, los fanatismos y los prejuicios; “más aún, cuando ello implica Ia criminalización y restricción de derechos fundamentales de las personas, especialmente de grupos vulneralizados históricamente”.

La decisión de continuar o no con el embarazo, agregó, se limita a un espacio personal, a partir de criterios sustentados en el ámbito internacional y nacional en donde el Estado debe intervenir solo en cuanto a Ia promoción de Ia educación social y el respeto de los derechos fundamentales para hacer realidad Ia igualdad sustantiva, por lo que la interrupción del embarazo debe ser reconocida como “una decisión libre de Ia persona gestante”.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que en el año 2020 se consignaron 39 carpetas de investigación por el delito de aborto en Baja California, mientras que en este año se han criminalizado a 18 mujeres en la entidad.

La iniciativa que reforma seis artículos, incluido el Séptimo Constitucional y adiciona cuatro artículos, se presentó este lunes en Oficialía de Partes del Congreso para turnarse a la Comisión de Justicia y, de aprobarse, se discuta en el pleno.

A la iniciativa se sumaron los diputados morenistas Ramón Vásquez y Juan Manuel Molina, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Congreso local, a diferencia de la diputada Gloria Miramontes, de Morena.

Para su aprobación se requieren 17 de los 25 votos del Congreso local ya que se trata de una reforma constitucional, pues busca suprimir la última parte del primer párrafo del artículo que fue reformado en diciembre del 2008, en el que se estableció la tutela del derecho a la vida desde el momento en que un individuo es concebido, considerándolo como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte.

En las particularidades de la iniciativa está la despenalización del aborto para mujeres gestantes de manera voluntaria hasta las 12 semanas de embarazo, y la reducción de la pena en caso de aborto y autoaborto consentido después de las 12 semanas de gestación, cuya penalidad es de hasta cinco años de prisión. En este caso y con la modificación se pretende que sea de tres a seis meses de prisión o de 50 a 100 días de trabajo en favor de Ia comunidad.

Además de la violación, el aborto terapéutico y el culposo (por accidente), la iniciativa incluye que la interrupción del embarazo no sea punible cuando Ia continuación del embarazo afecta Ia salud de Ia mujer y si el producto presenta alguna malformación congénita grave o mortal, mediante dictamen medico.

Como parte de las modificaciones presentadas a la Ley de Víctimas está que a toda víctima de violación sexual se le brindará los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción legal del embarazo, así como de Ia profilaxis postexposición para Virus de lnmunodeficiencia Humana se le realizará con respeto a sus derechos humanos, enfoque transversal de género, diferencial y especializado, además de Ia práctica periódica de exámenes y tratamientos especializados.

En la reforma a la Ley de Salud considera que no podrá invocarse Ia objeción de conciencia cuando sea urgente Ia interrupción legal del embarazo para salvaguardar Ia salud o la vida de Ia persona gestante ni en Ia atención sanitaria postaborto.

El personal objetor de conciencia médica, advierte la iniciativa, tiene Ia obligación de conducirse sin discriminación, trato digno y libre de juicios de valor.

También adiciona que “la Secretaria de Salud realice las visitas necesarias a las instituciones publicas y privadas que practiquen abortos legales, con el propósito de cerciorarse que se están tomando las medidas de calidad, higiene, eficacia, eficiencia y buen trato a las mujeres y las personas gestantes para Ia interrupción de embarazo”.

También incluye que para Ia realización de abortos, las instituciones públicas y privadas cuenten con personal no objetor de conciencia, medico especialista en obstetricia y ginecología, de enfermería, auxiliar sanitario, de asistente social y psicológica; así como espacios de recepción, para información y asesoría, salas adecuadas para Ia práctica abortiva y de recuperación, materiales para exploraciones ginecológicas, para realizar Ia práctica abortiva e informativos y didácticos.