Altán Redes, el consorcio que tenía el objetivo de construir la Red Compartida, está quebrada. Su eventual desaparición o expropiación del Gobierno de la 4T confirmó el modelo fallido de Enrique Peña Nieto.

Fue una mala idea concesionar a un privado la banda que es considerada la más valiosa de la civilización: la 700 megahertz, pues es la red de conectividad universal que llega a las zonas más apartadas.

El grupo, que tiene en la presidencia a uno de los mejores y respetados lobbistas de México, Bernardo Sepúlveda Amor, lanzó hace un par de meses la primera señal de alerta y de ayuda.

El 16 de febrero en Palacio Nacional Andrés Manuel López Obrador reunió a los directivos de Altán con las cabezas de América Móvil, AT&T y Telefónica, Carlos Slim Domit, Mónica Aspe y Camilo Aya.

Lo que pasa es que la empresa que hoy evalúa solicitar el concurso mercantil aquí, e incluso acogerse a un Chapter 11 en Estados Unidos, era piedra angular del proyecto de la 4T para llevar internet a toda la población.

El 11 de noviembre López Obrador tuiteó: “Me informaron Bernardo Sepúlveda, presidente de Altán Redes y Salvador Álvarez, director general que el trabajo con CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos avanza: a finales de año habrá 74 mil 901 localidades conectadas y en 2022 se conectará a todo México”.

Pero a pesar del respaldo del Gobierno y el apoyo que pidió a los operadores, la compañía está naufragando. El gestionar la banda de 700 megahertz para un privado implicaba obtener mucho financiamiento.

Cuando ganó el 17 de noviembre de 2016 la concesión a 20 años para prestar los servicios móviles mayoristas, Altán anunció inversiones por 7 mil 200 millones de dólares.

Pero a casi cinco años los resultados han sido muy pobres: tiene una base de apenas unos 250 mil usuarios, entre clientes de Telefónica-Movistar, operadores móviles virtuales y usuarios rurales locales.

Entre los accionistas de Altán hay fondos de inversión, empresas de telecomunicaciones y socios privados. Apunte al fondo especializado en infraestructura de Morgan Stanley, que dirige Jaime Martínez Negrete.

Asimismo China Development Bank que lleva Zhao Huan, el Banco Interamericano de Desarrollo que dirige Mauricio Claver y CAF Banco de Desarrollo de América Latina que capitanea Luis Carranza.
También la poderosa caja de pensionados de Quebec, CDPQ, que aquí representa Jordi Tasias, y toda la banca de desarrollo mexicana, pues la Red Compartida fue impulsada fuertemente por Luis Videgaray.

Vía el exsecretario de Hacienda Bancomext, Nafinsa y Banobras le metieron 17 mil millones de pesos. Otros socios son Alfa, de Armando Garza Sada, a través de Axtel, y Megacable, de Enrique Yamuni.

Otro par de acreedores son los proveedores. La china Huawei de Ren Zhengfei y la finlandesa Nokia que encabeza Pekka Lundmark. Tan solo a éstos Altán les debe alrededor de 850 millones de dólares.

White & Case, el bufete neoyorquino de abogados que lidera aquí Ismael Reyes Retana, ya está buscando un conciliador para sentar a todos los acreedores. La reestructura financiera arrancó.

DE TIEMPO ATRÁS fondos y operadores traían en la mira a AlphaCredit, la fintech de José Luis Orozco y Augusto Álvarez. Tenían 4 mil millones de pesos clasificados “como otros activos” que resultó no tienen valor. Se trata de estimaciones de ganancias futuras que iban a obtener dando créditos de nómina en dependencias gubernamentales.

Antes de eso había entre 400 y 500 millones de dólares más que no pudieron explicar a dónde se fueron. AlphaCredit también ya contrató despachos de abogados para buscar una reestructura. Le mencioné a Rothschild que comanda Víctor Leclerq y Castillo y Castro que capitanea Fernando Castillo.

LA SITUACIÓN DE AlphaCredit y otras prestamistas no bancarias están ya bajo la lupa de fondos como Credit Agricole, Morgan Stanley, BlackRock, Schroeders y DoubleLine.
Se trata de los principales tenedores del papel que esas intermediaras emiten y que están registrando grandes pérdidas. Precisamente esas cinco ya no vieron el retorno de unos 500 millones de pesos que AlphaCredit le prestó a Financiera Auxi, que dirige Ernesto Hugo Muñoz.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que lleva Juan Pablo Graf, le mandó el año pasado una alerta temprana y la obligó a descontar 30 millones de pesos de su capital neto.

EL MERCADO DE vales o monederos electrónicos tiene un valor aproximado a los 100 mil millones de pesos.

Crece anualmente 15% y participan una veintena de compañías. La decisión de Groupe Up, que preside Youssef Achour, de vender Sí Vale va a provocar un reacomodo. Edenred, Efectivale, Sodexo, OneCard y PreviVale, entre otras, están atentas. Y es que la firma al mando de Gerardo Yépez tiene 36% del mercado. Su venta va a desbalancear al mercado. La Comisión Federal de Competencia de Alejandra Palacios tendrá una papa caliente, pues si las grandes intentan absorber a Sí Vale se constituirán en un monopolio.

CON LA NOVEDAD de que Monex negó proporcionar la información relacionada con el estado que guarda el patrimonio en el fideicomiso de Mifel donde están depositados los certificados de participación inmobiliaria Cabastos 04. La intermediaria de Héctor Lagos informó al representante de dicho patrimonio, Enrique Garza, que el banco de Daniel Becker promovió un recurso judicial para impedirlo.

La pregunta es ¿qué se le oculta al tenedor y qué puede ser tan importante para implementar una resolución judicial a modo, para no revelar el estado que guarda ese patrimonio fideicomitido. ¿Qué tan grave información puede haber?

HOY ES LA asamblea del Consejo de Interjet. En realidad la reunión estará presidida por Alejandro del Valle y tendrá como único interlocutor a Javier Mondragón, quien llevará las representaciones de Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani. Hay buena disposición de las partes para sacar adelante el expediente.

Y es que un enrarecimiento de posturas lo único que provocaría es ahuyentar a los fondos que han expresado su intención de capitalizar la aerolínea. Hablamos de Emerald, Sigman y WTI.

CADA VEZ MÁS lectores nos comentan que han notado que a su llegada por vía aérea a la CDMX tienen que dar por lo menos dos vueltas al Valle de México para que el avión pueda aterrizar en el aeropuerto Benito Juárez.

Es consecuencia del rediseño del espacio aéreo, que por lo que se ve, también ya empieza a despertar quejas de los pasajeros. Por lo pronto un juez federal concedió la semana pasada una suspensión provisional a la ejecución de ese rediseño, aunque por un tema de “medio ambiente sano”.