Un día antes las redes sociales lo daban por renunciado, pero el fiscal Alejandro Gertz Manero, no solo sigue en su cargo, sino que se presentó ayer en la mañanera con un cheque por 2 mil millones de pesos a nombre del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Los reporteros, sin embargo, no preguntaron sobre este dinero sino sobre la propuesta de eliminar el feminicidio de los códigos penales. Esto molestó al Presidente, que considera que los periodistas deben centrar su atención en los asuntos que él considera relevantes, pero el feminicidio es un tema fundamental en este momento.

La figura de feminicidio, según el fiscal, ha resultado contraproducente. Se ha registrado un aumento de 137% en este delito desde 2012 que contrasta con un incremento de 35% en homicidios. Parte del problema es la tipificación. Actualmente, señala la Fiscalía, se imponen “siete condiciones, requisitos y circunstancias que complican inútilmente su judicialización”.

Gertz Manero, ha propuesto modificar la legislación para perseguir los feminicidios como homicidios con agravantes, lo cual llevaría a una penalidad de entre 40 y 70 años, “superior a la que actualmente se aplica en cualquier delito de homicidio calificado o agravado”. Si los datos son correctos, y nadie los ha cuestionado hasta ahora, la solución es sensata. La resistencia es ideológica. La figura de feminicidio debe preservarse, nos dicen, porque “visibiliza” la violencia contra la mujer.

La diputada Martha Tagle de Movimiento Ciudadano, optó ayer por descalificar en Twitter al fiscal, quien “sigue sin querer reconocer que el principal obstáculo para judicializar feminicidios, son mentes estrechas, obtusas y machistas al frente de instancias de la procuración de justicia”. Denostar a quien propone una solución distinta es una estrategia que busca evitar la discusión racional. No hay ningún indicio de que Gertz Manero tenga una mente estrecha, obtusa o machista. Por el contrario, es el único que está proponiendo una solución práctica al aumento de los feminicidios.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujeres de la Secretaría de Gobernación, emitió un comunicado el 5 de febrero en el que se pronunció “porque el feminicidio continúe como delito contemplado en la legislación mexicana” porque “así lo ha manifestado el Presidente de México” y porque “los feminicidios no son casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino que responden a una realidad estructural y a fenómenos sociales arraigados en las prácticas y mentalidades de la sociedad”. Detrás de la palabrería no hay ningún argumento.

Habría que definir cuál es la estrategia para disminuir con mayor eficacia las agresiones contra las mujeres. Aferrarse a una figura que las aumenta no tiene ningún sentido, a menos de que el propósito real no sea disminuir la violencia.

Los actos de agresión suelen ser producto de la impunidad. Un esquema judicial que facilite las acusaciones y el castigo de los responsables será siempre la mejor solución. Quienes defienden el actual sistema, sin embargo, se basan en razones políticas, cuando llegan a esgrimir razones.

Necesitamos buenas estrategias públicas para combatir la violencia contra las mujeres. Las que hoy se aplican parecen más un obstáculo que una ayuda. Parecería que quienes las defienden están más interesados en visibilizarse ellos mismos que en disminuir las agresiones.

Inversión

La buena es que la inversión fija bruta por fin subió: 1.1% en noviembre frente a octubre. La mala es que sigue estando 2.8% abajo que hace un año. La tendencia ciclo muestra una caída prolongada cuyo inicio coincide con la cancelación del aeropuerto de Texcoco.