En mes y medio se llevará a cabo la siguiente audiencia que será clave en el juicio de extradición que el Gobierno de España ha iniciado en contra de Emilio Lozoya Austin, a petición del Gobierno mexicano, y será entonces cuando la Fiscalía General de la República pedirá vía la Cancillería que Lozoya sea traído a México por al menos tres delitos: operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

Conforme avance el proceso de extradición, comenzará a salir cada vez más información sobre lo que ocurrió en los nueve meses de fuga y las conexiones internacionales que ayudaron y protegieron al exdirector de Pemex en su huida.

Por ejemplo, apenas en la primera audiencia, el juez Ismael Moreno, quien lleva la causa, ya estableció en su auto de prisión que Lozoya podría estar “blanqueando dinero para la mafia rusa” y que durante su detención en la exclusiva zona de la Costa del Sol de Málaga, según reveló este viernes el diario El País, el exfuncionario mexicano se encontraba custodiado por guardias de seguridad rusos.

Incluso ya se investiga si la vía por la que Lozoya entró a territorio español, según declaró él mismo en la audiencia, dos días antes de su captura, fue procedente de Alemania, donde tiene familiares, pero habiendo tenido como punto de origen la ciudad rusa de San Petersburgo, donde fuentes de inteligencia mexicana lo tenían ubicado al menos hasta principios de este 2020.

Este viernes le preguntamos al fiscal Gertz Manero, en una entrevista radiofónica, si el Gobierno federal tenía información de los vínculos entre Lozoya Austin y la mafia rusa, y dijo que hasta ahora la Fiscalía no tiene información judicial al respecto, aunque reconoció que eso es parte de las indagatorias que ha realizado la Policía Nacional de España, que “nos ha pedido absoluta discreción” sobre algunos temas de sus investigaciones.

Habló del seguimiento conjunto realizado por la FGR y las policías de distintos países en los que se movió durante su fuga Emilio Lozoya. “Nosotros nos vamos a ir apoyando de lo que salga en España, de lo que ahí se diga y de lo que las autoridades vayan reconociendo, para no estorbarles su trabajo… Estamos trabajando con las policías de varios países, pero tenemos que ser muy cuidadosos porque muchos de los elementos que se darán en el procedimiento, van a depender de todo lo que haya ocurrido en el lapso entre mayo y la fecha en que se logró detenerlo, y forma parte de esa investigación que nosotros estamos cuidando mucho para que no se nos vaya a echar a perder”, dijo el fiscal.

Por lo pronto, en medio del razonable sigilo de la FGR, todo apunta a que la reciente visita del canciller ruso, Serguei Labrov, y su encuentro con el canciller Marcelo Ebrard, tuvo algo que ver en el tema Lozoya, aunque no haya sido, según informó oficialmente Relaciones Exteriores, el motivo central del encuentro. Porque lo que se ha filtrado en España y que investigan las autoridades de aquel país, tiene que ver no solo con las conexiones rusas del exdirector de Pemex, que tendrían que ver con directivos de la petrolera Gazprom, sino también con el secretario de comercio del Gobierno ruso, Denis Manturov.

Pero lo más delicado que ha surgido hasta ahora es el señalamiento del juez sobre un posible vínculo entre Lozoya Austin y la mafia rusa por el tema de lavado de dinero. Y aunque para el Gobierno español la sospecha es que el mexicano lavaba dinero de los mafiosos rusos, en el Gobierno de México hay información en sentido inverso: que era la mafia rusa la que ayudó al exdirector de Pemex a “blanquear” parte de su millonaria fortuna, estimada en hasta 750 millones de dólares, a través de cuentas e inversiones financieras que hoy seguirían radicadas en el sistema financiero ruso.

Así es que, más allá de las implicaciones nacionales que tendrá el caso Lozoya y de la información que pueda tener o proporcionar el exfuncionario, una vez que sea traído a territorio mexicano, sobre cómo se operó la corrupción y el saqueo a Pemex en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el puro juicio de extradición en España podría destapar una “caja de Pandora” sobre una trama europea de corrupción, protección y lavado de dinero que, conectado a estas figuras políticas mexicanas, tocaría a Rusia, a su Gobierno y a su peligrosa mafia, además del uso ya conocido de la costa sur de España que, junto con Marbella, han funcionado como escondites y lavaderos de dinero ilícito, tanto de la política como de las mafias internacionales.

¿Reforma a modo en la Suprema Corte?

Mucha suspicacia despertó en los círculos judiciales la iniciativa de modificaciones al Artículo 94 de la Constitución que presentó el senador Ricardo Monreal como parte del paquete de Reformas al Poder Judicial que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y es que la propuesta elimina una competencia que actualmente tiene el Pleno de la Corte para hacer acuerdos que permitan repartir los asuntos que compete conocer a las dos Salas que integran la Suprema Corte.

En lugar de la redacción actual del citado Artículo 94, que dice: “El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado a expedir acuerdos generales a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que compete conocer a la Corte, así como remitir a los tribunales…etcétera”, la iniciativa de Monreal elimina la parte donde el Pleno de ministros tiene facultad para expedir los acuerdos generales “a fin de lograr una adecuada distribución entre las salas de los asuntos que compete conocer a la Corte”.

El párrafo del Artículo quedaría: “El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales a fin de remitir a los Tribunales de Circuito…etcétera”. Aunque se trata aparentemente de una reforma inocua, lo que se elimina es una facultad del Pleno de la Corte que se le otorgó en 1995, cuando después de la reforma zedillista de aquel año, el rezago en materia administrativa era tan grande que el Pleno de ministros permitió que la Primera Sala conociera, por excepción, de asuntos que corresponden exclusivamente a la Segunda Sala (fiscales y administrativos) para ayudar con la carga de trabajo en materia administrativa.

Esa decisión del Pleno estaba permitida por la Constitución, que desde 1995 permitía en casos excepcionales alterar con “acuerdos generales” los asuntos que podían conocer la Primera y la Segunda Sala de la Corte.

Terminar con esa atribución del Pleno significa que la Primera Sala vea solo sus temas (Civil y Penal) y la Segunda Sala los suyos (administrativa, fiscal y del trabajo) es decir, que la Primera Sala ya no vea ningún asunto en materia administrativa. Lo extraño es que hubiera bastado un acuerdo del Pleno para determinar exactamente lo mismo.

El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, pudo haber tomado la decisión en su Pleno y listo. Sin embargo, al presentarse esta reforma vía el Senado, a los ministros no les queda “más remedio” que acatar la reforma.

La suspicacia se genera por el momento en que se decide presentar y procesar esta iniciativa. El reciente ingreso de la ministra Margarita Ríos Farjat a la Primera Sala de la Corte, coincidió con que le fueran turnados a la exdirectora del SAT dos asuntos administrativos de la mayor relevancia: una relacionado con la empresa Elektra, de carácter fiscal, y otro relativo a Telcel, sobre telecomunicaciones.

La ministra Ríos Farjat es conocida porque suele ser dura en la aplicación de la ley cuando se trata de grupos de interés, además de que la Primera Sala de la Corte, a la que ella pertenece, tiene fama de “progresista” y “más social”.

Y ahí es donde la reforma del Artículo 94 propuesta en el Senado ya no se ve tan inocua: ¿será que haber dejado esos dos grandes asuntos administrativos en manos de la Primera Sala resultaba inconveniente?

Si se aprueba la reforma presentada esta semana, como todo indica que ocurrirá, los dos asuntos, el de Elektra y el de Telcel, tendrían que ser turnados por fuerza a la Segunda Sala de la Corte, donde tal vez no haya ni ministros duros con esos temas ni posiciones inconvenientes.

Pero lo más raro y lo que sorprende a juristas expertos y miembros del Poder Judicial es que todo esto está ocurriendo sin que ningún ministro de la Corte diga nada ni se pregunte si no es raro que se decida eso justo en estos momentos.

Sobre todo porque si el presidente de la Corte hubiera propuesto al Pleno terminar con el acuerdo que permite a la Primera Sala conocer asuntos administrativos, más de un ministro hubiera levantado la ceja y hubiera exclamado “¡qué raro!”. ¿A quién le están haciendo los favores con una iniciativa en apariencia, solo en apariencia, inocua?

Notas Indiscretas…

La anécdota la cuentan quienes la vivieron desde adentro. Una secretaria del Gabinete presidencial encontró en su oficina cosas raras y figuras que aparentemente estaban relacionadas con rituales extraños de magia negra o santería.

Ante el macabro hallazgo ,la secretaria montó en cólera y ordenó investigar quién o qué estaba detrás de esta superchería. Y antes de que se realizara la investigación, una cercana colaboradora decidió voluntariamente presentarle su renuncia. ¿Será que también en la 4T hay santeros o supersticiosos al estilo de Raúl Salinas de Gortari y sus famosas videntes?…

Los dados mandan Escalera doble. Semana redonda.