Si la pandemia no se hubiese atravesado, hoy 7 de junio se celebraría la jornada electoral en Coahuila para votar diputados locales y renovar las 25 curules del Congreso
del Estado.

Pero la situación de emergencia debido al coronavirus obligó al INE a ejercer su facultad de atracción y hacer a un lado al Instituto Electoral de Coahuila para decretar la suspensión temporal del proceso. Explicado de otra forma: si el Instituto Nacional Electoral atrajo las elecciones para suspenderlas, solo él –previa determinación de la Secretaría de Salud– tiene la facultad para reanudarlas cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

Aunque necesariamente tendrán que ser en 2020 y no podrían diferirse hasta 2021 para empatarse con las votaciones de ayuntamientos y diputados federales como se ha llegado a plantear en los últimos días, pues la propia convocatoria aprobada por todos los partidos políticos y materializada en el acuerdo IEC/CG/001/2020 indica en su numeral quinto que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 46 de la Constitución del Estado de Coahuila, “las diputaciones electas concurrirán a la sede oficial del Poder Legislativo el día 1 de enero del año inmediato posterior al de la elección para la instalación de la Legislatura correspondiente”.

En tanto llega el día, en el IEC no han desaprovechado la oportunidad para socavar el erario. Se publicó el 15 de marzo en este mismo espacio un negocio de 39 millones de pesos que se consumó a través de las urnas, lápices y mamparas que serán utilizadas el día de la hipotética jornada electoral, y que fueron adquiridas el 6 de marzo a la sociedad mercantil Formas Finas y Materiales, S. A. de C.V., con un sobrecosto que, convertido a pesos, supone pagar casi 20 millones de más.

El sobreprecio es tan burdo que, para dimensionar, la misma empresa vendió el 13 de febrero de 2018 idénticos materiales electorales al IEC para la elección de ayuntamientos (3 mil 900 juegos) pero en 20 millones 690 mil pesos. Reitero: exactamente los mismos en cantidad y calidad, aunque casi a la mitad del valor. No hay justificación que valga.

Inclusive de las tres propuestas presentadas por proveedores invitados a participar en la convocatoria IEC/002/2020, una de ellas ofrecía surtir los mismos insumos requeridos a cambio de 11 millones 576 mil 800 pesos. Es decir, 27 millones 457 mil 200 más barato. Inexplicablemente fue rechazada.

Y el despilfarro de recursos –contrario a los principios generales de la Administración– no cesa. Me centraré ahora en Aldavis Comercializadora y Servicios, S.A. de C.V., quien se adjudicó el 12 de marzo un contrato para proveer el equipo de cómputo a utilizar en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Se trata de 106 laptops de capacidad básica cuyo precio en el mercado ronda los 8 mil pesos por unidad, 80 monitores de 22 pulgadas (no superiores a los 2 mil pesos por pieza), 95 reguladores de voltaje (cotizados a mil 500 pesos de acuerdo con sus características), 120 mouse USB y 100 cables de costo menor.

Al menudeo dicho lote costaría alrededor de un millón 172 mil 500 pesos, lo cual supone que al mayoreo la oferta podría mejorar, inclusive por debajo del millón. ¿Sabe usted cuánto pagaron a Aldavis Comercializadora y Servicios, S.A. de C.V.? Dos millones 372 mil 400 pesos.

Eso significa que la operación fue inflada por lo menos un millón 200 mil pesos, libres de polvo y paja. ¿Para quién?, es la pregunta.

Sin embargo no se trata de cualquier persona moral. Creada el 12 de octubre de 2016 en la Notaría Pública 90 del distrito judicial de Ramos Arizpe, cuyo titular es Rogelio Zertuche Mendoza, pertenece desde octubre de 2019 por partes iguales a los hermanos Daniel Alejandro, Alan Eduardo y Juan Vicente de apellidos Sifuentes González, de 32, 29 y 27 años, respectivamente, como consta en el instrumento 184, libro II protocolizado ante la notaria Tania Castillón, en poder de quien esto escribe.
La madre de los tres “socios”, de nombre Claudia Guillermina González González, contador público de profesión, funge como administradora única de la sociedad y es quien firma los documentos. Tiene domicilio fiscal en una casa de la colonia Díaz Ordaz, en Saltillo, donde habitan todos.

Ahora bien, como casi todas las factureras todólogas, la empresa cuenta con un capital social de solamente 50 mil pesos y describe dentro de su objeto 77 diferentes cosas a desarrollar (desde asesoría financiera hasta construcción de carreteras, pasando por servicio de banquetes y plomería). Para materializarse, dichas actividades requerirían una compañía de por lo menos 50 empleados.

No obstante sus aspiraciones, la realidad es menos suntuosa. En sus antecedentes solo hay tres contratos con entes públicos, todos bajo una estela de duda: vendió “útiles escolares para alumnos de secundaria” el 8 de marzo de 2018 al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, y “material de limpieza” al Implan de Saltillo, el 17 de enero de 2019.

Por el primer negocio se agenció un millón 100 mil pesos, y 50 mil por el segundo. El 18 de febrero de 2020 también suministró “estanterías para bodegas electorales” al IEC, según el contrato AD-SG-010-2020, por 180 mil 933 pesos.

Aquí no acaba la historia. Por si fuera poco, sin ofrecer detalles ni deliberarlo, el IEC aprobó el 20 de marzo “un piquito extra” de un millón 864 mil 334 pesos para la conclusión de su nuevo edificio, a favor del contratista Efrén Miguel Ayala de la Garza. Dicha cantidad, sumada al costo inicial, hace 76 millones 861 mil 697 pesos en total por la obra. ¿Acaso no completaban? ¿Era necesario ampliar el presupuesto?

Cabe señalar que todo lo anterior sucedió en marzo pasado, antes de la suspensión. Negocios de a tiro por viaje.

Cortita y al pie

En el fondo el IEC es un organismo apocado; cruzado de brazos contra la violencia política (su discurso para inhibir la crítica y escudarse de responsabilidades, principalmente de sus funcionarias) y contra cualquier intento de manifestación democrática que no sean las rutinarias elecciones que obliga la renovación periódica del poder.

Desde su creación, en noviembre de 2015, a la fecha, no ha resuelto ningún procedimiento de queja o denuncia por violencia política por razón de género pese a ser su bandera política, ni ha organizado algún ejercicio vinculatorio como plebiscito, referéndum, consulta popular o cualquier tipo de participación ciudadana. Su labor es autómata, de una pobreza intelectual notable, simbolizada en actividades públicas como concursos de canto y carreras de botargas.

La última y nos vamos

Finalmente, un dato interesante. Al cierre de su declaración patrimonial anual, en 2017, la presidenta del IEC, Gabriela María de León Farías, reportó tener una cuenta bancaria en el extranjero, la cual no disponía cuando inició su cargo como consejera, en 2015, ni durante todo el ejercicio fiscal 2016.

Dicho de otra manera: la cuenta bancaria en el extranjero fue creada en 2017, el año de las elecciones para gobernador, ayuntamientos y legisladores de Coahuila, y al cierre de 2019 aún la conserva de acuerdo con las modificaciones patrimoniales verificadas de cada año.

Mira que pasar de una vivienda modesta en La Aurora, en los límites de Saltillo y Arteaga, a tener dinero guardado fuera del país. No cabe dudas: el IEC cambia vidas.