Hace algunos días dimos cuenta de la toma de protesta de la nueva Mesa Directiva del Congreso del Estado, hecho calificado como histórico, ya que solo se encuentra integrada por diputadas y lo cual fue votado por unanimidad. Esto último, aunado a que la Legislatura local actualmente está conformada por 15 diputadas y 10 diputados.

Escuché comentarios a favor (los más) y algunos, sin ser tan abiertos, los escuché deliberar sobre la desigualdad o disparidad en relación con los diputados varones. Se habló por ejemplo, de los motivos del voto de los diputados de Nuevo León, que en su momento contrariaron el voto de la mayoría por haberse tomado una decisión similar en el vecino estado. Otros argumentos versaron sobre la visión sesgada que podría tener una o distintas decisiones sin el “otro” punto de vista.

Retomemos de inicio estos acontecimientos.

La Reforma Constitucional de paridad de género, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2019.

Sin embargo, hace pocos años la historia era muy diferente. La Constitución de 1917 no otorgaba a las mujeres el derecho al sufragio. Entre 1924 y 1925 en San Luis Potosí se permitió votar solo a las mujeres que supieran leer y escribir. En 1937, Lázaro Cárdenas propone una reforma para la participación femenina en las elecciones, reforma que no entró en vigor. En 1947 se permite a las mujeres votar y ser votadas en el ámbito municipal y hasta 1953 se reconoce la igualdad de derechos políticos para las mujeres, incluido el voto, reivindicando a las mujeres mexicanas de sus derechos, ya que a partir de ese momento se les reconoce como cuidadanas de la República. Pero es hasta 1955 que las mujeres votan por primera vez para diputaciones federales y hasta 1958 para eleciones presidenciales, todo esto inspirado en los movimientos sufraguistas en Estados Unidos y derivado del ambiente político de la Revolución Mexicana.

Esto es, que hace poco más de 50 años la mujer ni siquiera votaba. Ahora, la reforma constitucional de 2019 se da para garantizar que la mitad de los cargos de decisión política en los tres niveles de Gobierno (federal, estatal y municipal), en los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), organismos autónomos, ayuntamientos y cargos de elección popular directa, listas de candidaturas para diputaciones y senadurías sean 50 y 50.

La lucha histórica por la reivindicación de los derechos políticos, económicos y sociales es larga y persistente. Hay muchos documentos que hablan sobre la deuda histórica que se tiene con las mujeres sobre la reivindicacion de sus derechos, sin embargo, acciones afirmativas como la que señalé en un inicio, van de la mano con la conciencia social y la voluntad política de cambiar la cosas, de reinvindicar en los hechos y no solo en el papel la figura de la mujer.

Esto es, que no basta que en cada entidad federativa la mitad de las listas de las candidaturas por el principio de mayoría relativa se asigne a mujeres (paridad vertical), sino que, deben encabezar la primera fórmula en la mitad de las entidades (paridad horizontal). Es decir, las listas deben encabezarse por mujeres en la mitad de las entidades y en el siguiente periodo electoral por hombres, y viceversa. Hecho que se configura después de diversas acciones y litigios en el Congreso federal en las elecciones de 2018.

A nivel nacional la ocupación de mujeres diputadas es de 48.2%, de senadoras 49.2%, de gobernadoras de 2 en los 32 estados del país, así como en los ayuntamientos es de 5.4 por ciento.

La efectividad de la paridad transversal consiste en vigilar que la reforma federal no constituya un retroceso respecto de entidades federativas con criterios más progresistas en sus leyes electorales, como Coahuila, Veracruz y Ciudad de México, en las que la paridad no solo está en la integración de los poderes legislativos locales y en candidaturas para elección popular como en el caso de los ayuntamientos.

Hemos visto que la lucha por la reivindicación de derechos políticos, sociales y económicos ha ganado espacios significativos. Hace poco mas de 15 días, las únicas dos ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron nombradas presidentas de la Primera y Segunda Sala. Posiciones de poder y de autoridad que darán criterios y perspectivas distintas al país, sobre la manera de juzgar. De la misma manera, el Poder Judicial del Estado ha puesto a la cabeza la Sala Civil y Familiar a una destacada jurista.

A quienes han buscado reconocer los derechos de las mujeres en posiciones de poder aún falta mucho por hacer. Tenemos una deuda histórica no solo para generar rutas y espacios en todos los ámbitos (públicos y privados), sino además, corresponder a los esfuerzos de aquellos que nos heredaron esa visión. Debemos formar, preparar, orientar, disciplinar y perfeccionar la participación de aquellas mujeres que hoy, aún, no se encuentran en la toma de decisiones. Debemos organizar la preparación de mujeres capaces de aspirar y ejecutar cargos públicos y privados, debemos esforzarnos hoy para que la paridad horizontal sea una realidad, esforzándonos un poco más, generando cuadros de mujeres perseverantes, talentosas, valientes, como las que hemos mencionado a lo largo de esta reflexión, para que sus acciones, su legado y su historia sea aún mejor que la que hemos construido hasta el día de hoy.