Ciudad de México.- Reunidos en una asamblea convocada por la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG), comunicadores de la entidad acusaron que han sido amenazados por el crimen organizado y que hay municipios donde no pueden realizar su trabajo.

Durante la reunión, los periodistas rechazaron el mecanismo de protección que va a implementar el Gobierno de Héctor Astudillo Flores.

Hercilia Castro, corresponsal del portal electrónico Plaza Diario, en Zihuatanejo, dijo que los reporteros no pueden realizar coberturas en los Municipios de La Unión y Petatlán porque los integrantes de la delincuencia organizada los tienen amenazados.

También señaló que Gustavo García Bello, Edil perredista del municipio de José Azueta (Zihuatanejo), la ha intimidado a ella y a la directora del periódico El Despertar de la Costa, Ruth Tamayo.

Castro hizo alusión al caso de la corresponsal de El Sur Brenda Escobar, quien fue amenazada por familiares de un presunto homicida de la doctora del IMSS Adela Rivas, quien fue privada de su libertad en septiembre del 2016 y un mes después fue encontrada sin vida.

Luis Daniel Nava, corresponsal de El Sur en Chilapa, contó que por las condiciones de inseguridad los reporteros de esa región ya no pueden realizar coberturas en las comunidades.

“Es más ni en las calles de Chilapa uno se siente seguro para ir a reportear”, narró.

Israel Flores, reportero que cubre los 9 municipios de Tierra Caliente, dijo que no pudo llegar a este encuentro de periodistas en Chilpancingo debido a las condiciones de inseguridad y violencia que prevalecen en la zona.

“Es muy difícil y riesgoso salir de Tierra Caliente porque aquí no hay garantías de seguridad”, mencionó.

Reveló que en estos momentos en ninguno de los 9 municipios de esa región (Pungarabato, Arcelia, Ajuchitlán del Progreso, Tlachapa, San Miguel Totolapan, Cutzamala de Pinzón, Zirándaro, Tlapehuala y Coyuca de Catalán) hay policías municipales y solamente hay 200 agentes estatales para toda la región.

Las periodistas Carmen González y Antonia Ramírez señalaron que también las organizaciones sociales las acosan e intimidan.

Relataron que hace unos días fueron a realizar una cobertura en el bloqueo en la carretera federal Tlapa-Chilapa a la altura de la comunidad de Tlatlauquitepec y los manifestantes de una agrupación obstaculizaron su trabajo.

Arturo Palma, miembro de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG), señaló que del 13 de mayo al 27 de junio se tiene un registro de 15 agresiones contra periodistas y medios en Guerrero.

Mencionó que en el Gobierno de Héctor Astudillo, dos periodistas han sido asesinados, Cecilio Pineda, en Ciudad Altamirano y Francisco Pacheco, en Taxco de Alarcón.

“Los periodistas no pedimos mecanismos ni medidas de protección, simplemente el cese de la impunidad y castigo a los culpables, para evitar que los agravios se repitan”, afirmó.

A nombre de la APEG, Palma emplazó al Gobernador Héctor Astudillo y a los otros dos poderes en Guerrero, a que se pronuncien y hagan un llamado a los actores políticos y sociales a propiciar un ambiente de respeto hacia los trabajadores de los medios de comunicación.

En el acto estuvieron dirigentes de organismos defensores de los derechos humanos quienes ofrecieron apoyo para intervenir ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) para que estén pendientes de la situación en que viven los periodistas de Guerrero.

Abel Barrera Hernández, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, pidió a los periodistas elaboren un informe sobre las agresiones que han sufrido para presentarlo ante la ONU y la CIDH.