Ciudad de México.- El Consejo de Guerra del Tribunal Superior Militar condenó a ocho elementos pertenecientes al 69 Batallón de Infantería en Saltillo, Coahuila, por colaborar presuntamente con la organización criminal Los Zetas, a 26 años y tres meses de prisión.

Luego de más de 60 horas de audiencia, el Juzgado Primero Militar adscrito a la Primera Región Militar estimó que había elementos suficientes para sentenciar a los militares, destituirlos del cargo y pagar una multa de 15 mil pesos, por lo que permanecerán en el penal federal de Veracruz.

Seis de los sentenciados son los tenientes de infantería Javier Rodríguez Aburto, Marcos Augusto Pérez Cisneros; los subtenientes Carlos Miguel Gallardo Ibarra y Édgar Valencia Cárdenas; el cabo Pedro Montes Vázquez y el soldado Omar Alejandro Martínez.

Soldados en Saltillo, infiltrados con el narco

Soto dice que es una cuestión de ego. Preso de un ligero temblor en las manos, el militar murmura que el Ejército Méxicano “no puede perder por orgullo”. –¿Orgullo de qué?– “Orgullo de que no quieren perder su caso”, dice. Toma el tenedor, la tortilla y un trozo de pollo. Él y los demás aprovechan como pueden la pausa de la comida.

Callados, sentados, vestidos de beige, todos pelones. Los últimos seis años de sus vidas, las acusaciones de colaborar con un cártel de la droga; las secuelas de la tortura que sufrieron, todo desemboca en la semana del Consejo de Guerra.

Nueve militares vs Sedena

Desde el inicio, nueve elementos castrenses se han defendido, alegando que todo es una farsa. Les torturaron, dicen, para aceptar su culpa; armaron sus casos con base en declaraciones de dos testigos, uno de los cuales se desdijo.

En el caso de Francisco Javier Soto y Sócrates Humberto López, la propia Sedena aceptó que habían sido torturados y les pagó una indemnización. A diferencia de los siete restantes, Soto y López acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al poco tiempo de ser detenidos. El ombudsman mexicano elaboró un informe que confirmaba las torturas y para evitar que este se hiciera público, el Ejército pagó.

El pasado jueves, durante su hora de comida, Soto imaginaba un futuro fuera de la cárcel. Su abogado, que rondaba por allí, comentaba que en la justicia civil sería un caso fácil, pero que aquí es otra cosa. Un general preside el tribunal, acompañado de cuatro vocales. Ninguno es experto en leyes. El juez, el único que sí sabe, no decide. Entre el presidente y los vocales, comentaba el abogado, decidirán el futuro de los nueve. “Es una cuestión de orgullo”, insistía Soto, “el Ejército no quiere perder”.

Pelotas de tenis

A las 8:30 de la mañana del 13 de marzo de 2011, sonó el teléfono. “Era el coronel”, cuenta Tanya, esposa del teniente Soto. “Le llamó para que fuera al batallón”. Soto se encontraba franco aquel día. El coronel, comandante del 69 Batallón de Infantería, con base en Saltillo, Coahuila, no le dejó demasiadas opciones. Venía su superior y quería consultarle algo. Soto se uniformó, agarró el coche y salió rumbo al cuartel militar.

A Tanya no le extrañó; acostumbrada a seguir el ritmo desde los años del colegio militar, un domingo perdido no era nada nuevo. Pasaron las horas y fue hasta las 6:00 de la tarde que Soto la llamó por teléfono. “Me dijo, ‘ve a Soriana y compra pelotas de tenis, un cepillo y champú para perro’, y fui”.

Soto era el asesor canófilo del batallón, por lo que entrenaba a los perros que emplean en los operativos y las pelotas eran para ellos.

Pensaba que la urgencia del coronel García Aguilar, respondía precisamente a un perro lastimado. “Me dijo que se había herido un binomio canófilo, así que me vestí enseguida y fui”. Cuando llegó, le estaba esperando un subordinado del coronel. Al parecer, el problema no era ningún perro ya que el coronel había reunido a 12 oficiales más en la comandancia.

“Recuerdo que estábamos allí y de repente llega un civil, con pasamontañas, tenía una hoja y lo primero que hizo fue preguntar ‘¿Quién es Soto?’ y le respondí que yo”.

Ahí, de acuerdo con Soto, recibiría los primeros “zapes” y cuenta que lo sacaron a empujones de la comandancia; lo esposaron, le colocaron la camiseta sobre la cara para que no viera y lo subieron a un vehículo. “Nos llevaron a mí y a otros tres a un edificio que le llaman Fuerza de Reacción, como a 500 metros”.

Cuenta que los tiraron a unos colchones, boca abajo, donde permanecería tres días. No quiere ahondar sobre lo que sigue, lo que le pasó mientras rehúye con la mirada.

Apenas un extracto de las declaraciones hechas a la Fiscalía, da una idea de lo que no prefería omitir.

“Al sentir que me asfixiaba, comenzaba a manotear (…) Al tiempo de unos minutos me quitó la bolsa de la cara y me volvió a hacer la pregunta, que quién era ‘Tauro’, para quién trabajaba y que me dejara de hacer pendejo (…) me quitó las esposas e hizo que me desnudara. Me tiró en un colchón, me amarró de pies para que no me moviera y poniéndome un trapo en la nariz, comenzaban a tirarme agua en la cara”.

Después de amenazarle con violar y descuartizar a su esposa e hija, obligaron a Soto a llamar a la primera. La querían fuera la casa para hacer un cateo.

“Entonces yo le hago la indicación a mi esposa que fuera a Soriana, a comprar unas pelotas de tenis, un champú para perro, así como una cuerda, debido a que iba a tener una supervisión del material de los binomios canófilos”.

La lista negra

El proceso contra Soto y los demás nace de las declaraciones de dos supuestos integrantes de Los Zetas en Coahuila, “El Gerry” y “El Guacho”. En aquel entonces, aún eran el brazo armado del Cártel del Golfo y en pleno apogeo de la disputa de plazas con sus viejos benefactores. Según “El Guacho”, en Saltillo tenían todo controlado.

Junto a su declaración ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, SIEDO –ahora SEIDO–, los investigadores adjuntaron una lista con nombres, fechas y cantidades. Ahí aparecía “Tauro”, pero también Sócrates, Soto, así como 16 nombres con sus apodos. Las cantidades que repartían, según el documento, iban de 10 mil a 50 mil pesos. “El Guacho” dijo también que Soto era el encargado de repartir el dinero al resto de militares.

En cuanto a “El Gerry”, primero señaló que Soto era uno de los enlaces con Los Zetas en Coahuila y luego, ante el juez militar que instruyó el caso, lo negó y aseguró que la SEIDO lo obligó a incriminarlos.

Lo presionaron también para que incriminara a decenas de personas, desde el presidente nacional del PRI en aquel entonces y exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, a generales, incluso, hasta el segundo al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Testigos no recuerdan

En el Consejo de Guerra la mayoría de testigos no recuerdan casi nada. El primero en comparecer fue el coronel Ricardo García Aguilar, quien era el comandante del batallón de Saltillo. El jueves, el presidente del consejo preguntó sobre qué había tenido qué ver con lo sucedido. El coronel contó que no recordaba bien qué día fue, pero que llegaron policías judiciales, federales y militares, con una orden de aprehensión. “Así estuvimos dos, tres días. Luego vino un mayor para llevárselos a México”.

El presidente ordenó entonces a la secretaria del Consejo de Guerra que leyera las declaraciones anteriores y los interrogatorios al coronel. Durante más de una hora se relataron agresiones físicas y sicológicas que refirieron los nueve soldados.

Pese a que el despacho del coronel se encuentra a 200 metros de donde se efectuaron los interrogatorios, este sostuvo que nunca supo ni escuchó nada.

Durante los tres días de torturas, entre el 13 y 16 de marzo de 2011, García Aguilar, no intervino, aun cuando el teniente Sócrates, a causa de la paliza recibida, tuvo que ser hospitalizado.

En cambio, los nueve inculpados aseguran que el coronel vio como los agentes les daban los primeros “zapes” o golpes de ablandamiento en su despacho.

Luego de 60 horas de audiencia, el Consejo de Guerra condenó a 26 años y tres meses de prisión, por delitos contra la salud, en su modalidad de colaboración a ocho de 13 elementos de la Sedena pertenecientes al 69 Batallón de Infantería en Saltillo.

Sócrates Humberto López y Francisco Javier Soto, cuentan con el protocolo de Estambul, de la CNDH al acreditarse que hubo actos de tortura al momento de su detención y su resolución queda pendiente para finales del año. (Con información de El Mañana)