México, DF.- Proceso Después de declarar lo que saben sobre el crimen organizado, algunos testigos protegidos han sido asesinados; otros han visto cómo sus ex socios matan a familiares, y unos más deambulan por las calles sin protección y con miedo de ser levantados o ejecutados.

Y es que dentro del Programa de Testigos Protegidos de la PGR nada parece estar seguro. Aun en manos de la autoridad federal, los llamados “testigos colaboradores” sufren presiones económicas, malos tratos y frustración, pues algunos lamentan que sus declaraciones no se tomen en cuenta si éstas se refieren a funcionarios poderosos del gabinete federal.

Desde su creación en 1996, pero particularmente en los últimos cinco años, el Programa de Testigos Protegidos de la PGR arrastra vicios y fallas, que en vez de corregirse, se han ido agravando. Con frecuencia, los testigos protegidos se quejan de que en la SIEDO son obligados a declarar contra personas que no conocen, según consta en denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), copias de las cuales están en poder de este semanario.

Pero lo peor es que varios testigos protegidos que han proporcionado datos importantes a la PGR han sido ejecutados presuntamente por los mismos barones de la droga a los que delataron en sus declaraciones ministeriales.

En dichos asesinatos han tenido que ver también los descuidos de la PGR y el exceso de confianza por parte de los testigos.

La SIEDO descuidó, por ejemplo, la protección de Édgar Enrique Bayardo del Villar –ex subprocurador de Tlaxcala y ex inspector de la División Antidrogas de la Policía Federal–, ejecutado el 1 de diciembre de 2009 en un café Starbucks en el Distrito Federal

Bayardo había sido uno de los hombres de confianza del actual secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Tras ser detenido por sus nexos con el narco, en particular con el cártel de Sinaloa, Enrique Bayardo se convirtió en testigo protegido de la PGR y de inmediato comenzó a revelar los nexos de algunos funcionarios con el crimen organizado.

Sus revelaciones robustecieron la indagación que la propia PGR denominó Operación Limpieza, la cual implicó a altos funcionarios de la SIEDO, entre ellos a su entonces titular, Noé Ramírez Mandujano –preso ahora–, a quienes presuntamente los Beltrán Leyva les pagaba medio millón de dólares mensuales a cambio de protección e información sobre operativos y detenciones en contra de sus principales cabecillas.

Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008, Bayardo del Villar estaba relacionado con el capo Ismael “El Mayo” Zambada. Éste, según la indagatoria, entregaba al agente federal “una cantidad millonaria” para que protegiera sus operaciones de narcotráfico.

Así, las redes de “El Mayo” pudieron extenderse en el Aeropuerto Internacional del DF, donde disponía de múltiples contactos que le ayudaban a salvaguardar los cargamentos de droga provenientes de Sudamérica.

Pero el rompecabezas armado por “El Mayo” Zambada se descuadró tras la detención de Bayardo del Villar, quien fue entregado a la PGR en octubre de 2008 por otro ex comisionado de la Policía Federal caído en desgracia: Gerardo Garay, hombre de confianza de García Luna, y quien, al igual que Bayardo, fue relacionado con el narcotráfico.

Bayardo no dudó en acogerse al Programa de Testigos Protegidos y se le asignó la clave “Tigre”. Meses después, cuando ya se había convertido en testigo estelar, recibió una llamada telefónica, supuestamente de un funcionario de la PGR al que le urgía verlo.

“Necesito verte, es urgente”, le dijo el alto funcionario de la PGR, según se asienta en la causa 36/2010 integrada tras el asesinato del colaborador.

Ese encuentro sería en el café Starbucks. Desde que asumió el papel de testigo protegido, era habitual que a Bayardo se le citara para precisar datos sobre la Operación Limpieza y los personajes implicados en las investigaciones.

Por ello acudió al Starbucks de la calle Pilares –muy cerca de donde había afincado su segundo domicilio en 13 meses de colaboración con la PGR–, y escasos tres minutos después un sujeto vestido de negro abrió fuego contra él con una AR-15. Édgar Bayardo recibió varios impactos.

A corta distancia de allí, en el departamento 401 de la calle Heriberto Frías 1515, donde vivía el testigo protegido, Francisco Gutiérrez Estrada, el agente federal que debía custodiarlo, descansaba y escuchaba música en su celular.

Según la causa penal 36/2010, los dos elementos que lo protegían –Francisco Gutiérrez y Juan Fabricio Ramírez– eran agentes “C”, es decir, no tenían suficiente preparación para desempeñar esa tarea. Ambos cuidaban a Bayardo en turnos de 48 por 48 horas. Se relevaban a las 9:00 horas de cada tercer día.

Con la endeble protección que le asignó la PGR, como si no se tratara de un testigo relevante y, por lo tanto, como si no pudiera ser blanco de un asesinato, “Tigre” llevaba una vida agitada e intranquila.

En el primer domicilio que le asignó la PGR en Santa Úrsula Xitle, a donde llegó el 22 de abril de 2009, tenía como resguardo a militares y marinos. Unos cuatro meses después, el 2 de septiembre, lo cambiaron al departamento de Heriberto Frías.

Según afirman testigos que lo conocieron, “salía a comer quesadillas a una cuadra del Metro Zapata”. También se le veía en la panadería El Globo y en el Starbucks, donde fue acribillado.

Su escolta Juan Fabricio Ramírez refirió que un día, al verlo tan desesperado por el encierro, tomó la decisión de llevarlo al Starbucks, donde Bayardo compró dos cafés y unos cuernitos con jamón, pero de inmediato se regresaron al departamento.

En otra ocasión, Bayardo fue conducido de emergencia a las instalaciones de la SIEDO porque la Coordinación Técnica de la misma detectó a sujetos que rondaban el edificio de Heriberto Frías. En la SIEDO permaneció del 29 de octubre al 9 de noviembre, fecha en que regresó al mismo departamento.

Pese a dicha emergencia y los riesgos que entrañaba, la seguridad de Bayardo no fue reforzada y el 1 de diciembre fue ejecutado.

EXTRAÑA MUERTE

Un mes antes de la ejecución de Bayardo, había muerto, presuntamente por ahorcamiento, Jesús Zambada Reyes, hijo de Jesús “El Rey” Zambada y sobrino de “El Mayo” Zambada.

Zambada Reyes era testigo protegido de la PGR, por lo que tras su detención fue alojado en una casa en Tlalpan. Se le atribuye haber declarado en contra de su tío Ismael Zambada García, a raíz de lo cual agentes federales de la SIEDO ubicaron un refugio de éste en Sinaloa, pero no pudieron detenerlo.

Después de ese operativo ocurrió la muerte del testigo Jesús Zambada Reyes. Según la PGR, se suicidó ya que el llamado narcojúnior fue hallado colgado en una casa de Santa Úrsula Xitle 87, donde estaba retenido.

Según la necropsia de la Procuraduría de Justicia del DF, por tratarse de un hecho del fuero común, su cuerpo no presentaba lesiones ni signos de forcejeos. Aunque según la PGR había indicios de que el joven, de 22 años, ya había manifestado deseos de quitarse la vida, no se adoptaron las precauciones necesarias.

Zambada Reyes fue detenido junto con su padre, Reynaldo Zambada, y otras 14 personas en Lindavista el 20 de octubre de 2008. Ambos eran testigos de cargo en la Operación Limpieza, pues acusaron a varios funcionarios de estar ligados al narco.

La PGR se hace cargo de otros testigos que se consideran presionados, como es el caso de Odilón, quien el 28 de agosto de 2005 renunció a continuar en calidad de testigo protegido con las siguientes palabras, que dirigió a la PGR en una carta manuscrita:

“Renuncio al plan de testigo protegido, a lo cual ustedes me obligaron. Ustedes saben que fui secuestrado y torturado por siete días. Las personas que me secuestraron me hicieron creer que tenían a mi hija y amenazaban con hacerle daño si no obedecía.

“Cuando ustedes me encontraron tirado y atado de pies y manos, con los ojos vendados, y encontraron ese video en el que me obligaron a decir puras mentiras, pensé que la pesadilla había terminado porque estaba en manos de las autoridades, pero no fue así. La pesadilla continuó cuando les pedí una llamada para saber de mi hija y mi familia, y ustedes me dijeron (se refiere a los funcionarios de la SIEDO) que no era necesario, y me amenazaron con consignarme inmediatamente si no aceptaba ser testigo.

“También le prohibieron a mi esposa dar información a las dependencias a donde había denunciado mi caso y levantado actas. Me voy porque tengo miedo de que me hagan daño…”.

En agosto de 2008 otro testigo protegido, “Noé”, fue ejecutado junto con los agentes que lo escoltaban, luego de haber delatado la relación de “La Familia” con José Manzur Ocaña, quien fue delegado de la PGR en el Estado de México.

EL CASO RUFINO

“Rufino” es la clave de un testigo protegido que en el mundo del hampa fue conocido como “Paquito” y se desempeñó como asistente personal de Osiel Cárdenas.

Tras ser detenido declaró ante la PGR todo lo que sabía sobre el otrora poderoso jefe del cártel del Golfo, actualmente preso en Estados Unidos.

El testigo pagó caro su arrojo de hablar ante la PGR, pues tan pronto declaró sobre los refugios de Osiel y dio a conocer la lista de cómplices, varios de sus familiares –sus hijos y hermanos– fueron asesinados. El cártel del Golfo cobró venganza y quemó las propiedades de otros parientes suyos, a la fecha desaparecidos.

La PGR, sin embargo, nada hizo para investigar estos hechos, a pesar de que Rufino fue una pieza importante para que el Ejército detuviera a Osiel Cárdenas en 2003. El testigo aportó el teléfono celular de Celia Marlén Cárdenas, hija de Osiel, el cual fue intervenido y gracias a eso se pudo localizar el escondite del capo.

Actualmente, el testigo protegido estelar de la PGR, Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, es el principal acusador de altos funcionarios federales y estatales relacionados con los Beltrán Leyva. Se le identifica como “Mateo”.

Pese a los crímenes mencionados, el Programa de Testigos Protegidos sigue operando sin una ley reglamentaria. Las fallas del sistema son tan costosas como los descalabros de la PGR en los tribunales, en virtud de que la mayoría de los testimonios de los testigos carecen de veracidad, lo que ya puso en riesgo la Operación Limpieza, una de las investigaciones más importantes encaminadas a sanear la PGR.

Al fracaso

» Testigos Protegidos se dirige al fracaso por tres razones: la mayoría de los declarantes mienten; cuando dicen la verdad no les brindan la debida protección y, por último, las mismas autoridades desestiman delaciones que afectan a ciertos personajes del Gobierno, que reciben trato de “intocables”.

Otras muertes

» El 5 de julio de 1997 fue asesinado Tomás Colsa McGregor, “El Joyero”. Formaba parte del cártel de Juárez y fue testigo clave en el llamado Maxiproceso, integrado en contra de la organización de Amado Carrillo Fuentes.

» Alguien que corrió la misma suerte fue Jaime Olvera Olvera, quien formó parte del cártel de Juárez. En su papel de testigo protegido había declarado en contra del entonces secretario particular del presidente Ernesto Zedillo, Liébano Sáenz, a quien vinculó con el cártel de Juárez, pero la PGR desestimó los señalamientos de Olvera al declararlo clínicamente como “mitómano y manipulador” (“Proceso” 1624).