Saltillo, Coah.- La Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares representa un orgullo para los coahuilenses, pues la entidad fungió como argumento para ser aprobada por unanimidad en días pasados en la Cámara de Diputados, comentó Armando Luna Canales.

El diputado federal de Coahuila, agregó que esta ley es parte del trabajo constante del Mandatario estatal, “la primera legislación en la materia fue la de Coahuila, es una ley promovida por el gobernador Rubén Moreira y el día de hoy tenemos la contraparte federal”.

Recordó que cuando Coahuila expuso sus argumentos se destacó que tenía sus limitaciones en cuanto a la competencia federal, pues el Estado no podía reglamentar todo.

“Al fin de cuentas esta ley destaca en que todas y cada una de las observaciones son de las familias, lo que nos va a permitir que haya una búsqueda oportuna y permanente”, alegó Armando Luna Canales.

“Hay que decirlo, es un motivo de orgullo que nuestra legislación y el esfuerzo que se hizo en Coahuila es el que está poniendo la marca a nivel nacional de por dónde tiene que ir el trabajo con las personas desaparecidas”, afirmó.

Asimismo señaló que este gran esfuerzo realizado en Coahuila repercutió a nivel nacional, destacando la participación de organizaciones civiles, además de la colaboración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y el Comité Internacional de la Cruz Roja, por lo cual esto representa una muy buena noticia para el país.

“Es seguramente la primera buena noticia que reciben familias que tienen un ser querido desaparecido en muchos años, esta ley también tiene por un lado una gran carga de dolor y sufrimiento porque son las experiencias que han tenido los familiares”, afirmó.

Dentro de las particularidades de esta ley se establece un Sistema Nacional de Búsqueda, una Comisión Nacional de Búsqueda y mecanismo de intercambio de información de la materia entre instituciones, se incluye protocolos para los procesos de búsqueda y una declaratoria especial de ausencia; se establecen penas y multas por el delito entre los 800 mil y los 1.6 millones de pesos. Las penas podría incrementarse hasta 50% sí la víctima es migrante, niña, niño, adolescente, mujer o mujer embarazada, persona con discapacidad, persona mayor o periodista defensor de derechos humanos.