Ciudad de México.- La diputada, Aurora Cavazos Cavazos, del PRI impulsa reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tenga entre sus atribuciones supervisar el contenido de videojuegos.

Actualmente, México no cuenta con un mecanismo de clasificación en sus contenidos, generando problemas en la regulación de su producción, distribución y venta, sostuvo.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Radio y Televisión para su análisis, precisa que los distribuidores de estos productos deberán adoptar medidas oportunas para advertir a la audiencia sobre los contenidos que puedan perjudicar el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, deberán colocar en los videojuegos en español etiquetas de clasificación que sean visibles; aquellos que sean para adultos tendrán que ser exhibidos, de manera separada, a fin de identificarlos de los demás.

Los distribuidores también tendrán la obligación de restringir la venta de estos productos a menores de edad; en caso de no hacerlo, serán sancionados de acuerdo con lo establecido por las autoridades competentes.

Aurora Cavazos, secretaría de la Comisión de Derechos de la Niñez, destacó que, al finalizar el año, se espera que el mercado de videojuegos tenga un valor de 22 mil 852 millones de pesos y alcance un crecimiento de 13.3 por ciento, respecto al año anterior, lo que implicaría el mayor incremento registrado desde 2010.

Explicó que este dinamismo se debe, principalmente, al aumento en el número de usuarios de smartphones, así como la disminución en los precios de consolas tradicionales, ante el lanzamiento de otras con capacidades mejoradas.

Señaló que la única norma en la que se contemplan clasificaciones de contenidos es la Ley de Cinematografía; sin embargo, no se adecuan a las que, por su origen, contienen los videojuegos que, en su mayoría, son importados de Estados Unidos, Canadá y Japón.

Por ello, enfatizó que resulta indispensable legislar al respecto, a fin de ser congruente con lo que mandata nuestra Constitución Política en cuanto a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.