México, DF.- El poder corruptor y criminal de “La Familia Michoacana” creció en los últimos años bajo el cobijo de una estrategia “muy corta” por parte del gobierno de Felipe Calderón, basada sólo en la represión militar y policiaca de los cárteles del narcotráfico sin desarticular sus redes financieras y abandonando la inversión social en zonas muy marginadas de México, como es el caso de Michoacán.

Esto lo dice Edgardo Buscaglia, asesor del Instituto de Entrenamiento para el Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas, quien considera que el cártel de “La Familia Michoacana” es una organización muy sofisticada con características que otras mafias de México no tienen.

De acuerdo con el también profesor de la Universidad de Columbia y del ITAM, La Familia Michoacana ha construido su poder basado en cinco aristas que le ayudaron a expandirse: genera infraestructura social para obtener protección política y de la población.

Asimismo, ejerce una comunicación social con tintes religiosos; cuenta con capacidad paramilitar operativa; su economía la esconde detrás de componentes patrimoniales dentro de la ley y busca dar beneficios directos a los sectores más marginados.

“‘La Familia Michoacana’ tiene una dimensión muy importante de protección social, no sólo por miedo de la población, si no porque han invertido muchos recursos al generar infraestructura social que beneficia a los sectores más marginados de esa región: canales de riego, iglesias, escuelas, pavimentación y drenaje en calles y generación de empleos. Muchos de esos miembros de ‘La Familia’ son dueños de hoteles y empresas”, dice el investigador.

SU EXPANSIÓN Y EVOLUCIÓN

Desde el 2004 “La Familia Michoacana” comenzó su expansión aliándose con otros cárteles, mediante los cuales obtuvo fuerza para ganar la supremacía a través de la violencia y técnicas terroristas en Michoacán a otros grupos criminales locales como el cártel de Los Valencia, cuenta el especialista.

“Hoy 85% de los sectores económicos legales de Michoacán y sus alrededores como Guerrero y Guanajuato están infiltrados por ‘La Familia’”. Este cártel no sólo se quedó en el plano de la violencia y el tráfico de drogas, evolucionó al grado de desarrollar componentes patrimoniales que le dieran fuerza económica para patrocinar la corrupción y desarrollar su propio ejército social. En dos años se independizaron.

“La expansión de este grupo criminal se explica por un lado por la ineficacia de la estrategia del Gobierno federal en estos años. Ha sido una estrategia muy corta que se ha basado en la represión física de los miembros de grupos criminales”, asegura Edgardo Buscaglia.

“La experiencia internacional te dice que eso no es suficiente, impulsarle causas penales es una condición necesaria, pero está lejísimos de ser suficiente. Tienes que desmantelarles el mundo patrimonial que está detrás de estas organizaciones criminales. Que no se mide como hace incompetentemente la DEA, solamente a través de los flujos de dinero de drogas”, agrega.

“Las organizaciones criminales mexicanas están involucradas en 22 tipos de delitos: contrabando, piratería, extorsiones, secuestros, trata de blancas, tráfico de indocumentados, explotación, corrupción, lavado de dinero, por mencionar algunos. Es muchísimo más de lo que mide la DEA. Y ellos esconden mucho de ese dinero en patrimonios de la economía legal”.

ESTRUCTURAS, INTOCADAS

El asesor de la ONU reclama la nula existencia de investigaciones patrimoniales de primer mundo hechas en México. “Hasta donde yo recuerdo, en las últimas décadas, no existe”.

“Se debe combatir la corrupción política en serio, no sólo con casitos del hermano de un Gobernador o de casos específicos de alcaldes. Debe ser con elementos que establece la Convención de Mérida, en México”.

En 2003 se firmó en México la Convención Mérida de la ONU, que plasma todas las mejores prácticas para combatir la corrupción política.

“México implementa sólo el 23% de las cláusulas de esa convención, por lo que le faltan por aplicar 77%”, afirma el también coordinador del Programa Internacional de Justicia y Desarrollo.

“Así que no nos hagamos, si quieren combatir la corrupción política en serio, ya México firmó la convención para hacerlo y no la está implementando”.

MÉXICO, UN ESTADO FALLIDO

La cuarta dimensión para combatir el poder de las mafias y que no se aplica en México, denuncia el especialista, es la de la prevención del delito.

El Gobierno federal no está haciendo nada al respecto. Hay zonas de este país que están totalmente marginadas, donde el Estado mexicano está relativamente ausente. Por eso se habla de Estado fallido, que por ahora son bolsones de Estado fallido, pero no queremos que eso se expanda.

“Si quiere prevenir la delincuencia organizada el Gobierno federal debe invertir más en zonas con gran marginación social. Deben invertir en escuelas. Uno recorre Michoacán y te vas a encontrar con escuelas con antenas satelitales, regiones con sistemas de riego de primer mundo que parecen pueblitos suizos, con sistemas de desagüe cementados, parecen pueblos austriacos en algunos casos y no fueron construidos por el Estado”, denuncia el investigador.

“¿Qué hacemos al respecto? ¿Dejamos esas zonas para que La Familia Michoacana u otra organización delictiva siga invirtiéndole protección social a través de esta infraestructura? Yo diría que no. Que el Gobierno de México prevenga eso no sólo a través de gasto en soldados y policías. Si no gastos en salud, educación e infraestructura para esas poblaciones que son más vulnerables de ser capturadas por los grupos criminales”, alerta el especialista en Justicia y Desarrollo a nivel internacional.

‘CON DISCURSOS NO SE GANA’

Si el secretario de Gobernación de México, Fernando Gómez Mont, quiere aplicar realmente todo el peso de la ley en este país, tiene la Convención de Palermo. Que en este momento sólo está implementada en México al 43% de sus cláusulas, le faltan el 53% por aplicar”, denuncia Edgardo Buscaglia.

“Si se quiere hacer esto en serio, no nos hagamos, apliquemos las mejores prácticas internacionales que le han dado resultado al presidente Álvaro Uribe en Colombia; a Putin, en Rusia; a EU, Francia, España e Italia. Con discursos no se va a ganar esta guerra. Ni se va a causar un retroceso”.

Respecto a la aplicación de estrategias de Comunicación Social por parte de La Familia, el especialista recuerda que esas prácticas ya vienen de tiempo atrás, con desplegados, conferencias de prensa, entrevistas y repartición de volantes que el grupo criminal ha hecho en Michoacán.

El especialista recuerda la figura de un personaje llamado “El Tío”, quien era el publirrelacionista de este grupo, el vocero oficial a quien se le veía siempre de traje, con su portafolio y lentes como cualquier hombre de negocios, que comía y se citaba con medios y empresarios en los restaurantes de Morelia, la capital michoacana.

“Tratan de generarse mayor legitimidad y protección social. Quieren un apoyo y lealtad con ese tipo de actitudes”, dice el analista al ser inquirido sobre la supuesta llamada telefónica de Servando Gómez, alias “La Tuta”, uno de los operadores del cártel michoacano encargado de Apatzingán y Lázaro Cárdenas.

“No hay país en el mundo que haya causado un retroceso de estas organizaciones criminales, ya sea Italia o Colombia, que haya avanzado y triunfado sólo con la política de represión de militares y policías. Se debe desmantelar la red patrimonial de la economía legal que tienen en México, Panamá, Guatemala, Argentina, Sudáfrica, España, Europa y EU. Un mundo patrimonial que financian la corrupción y las muertes de soldados, policías y de la población”, puntualiza.

“La Ley de Extinción de Dominio aprobada en México es una vacilada, están sometidos a tantos condicionamientos que es prácticamente imposible aplicarla. La corrupción política debe combatirse a todo nivel, no sólo a nivel municipal. Lo que pasa es que los políticos mexicanos tienen miedo”, sentencia Edgardo Buscaglia.

¡QUE BONITA FAMILIA!

» Muchos de sus integrantes provienen de la sociedad michoacana y tratan de presentarse como defensores de esa región del país.

» Cuando ese cártel surgió, hace cuatro años, dejó cartulinas por varias ciudades en las que aseguraban que “iban a salvar a los michoacanos de las drogas sintéticas y que no iban a permitir que vinieran otros grupos de afuera a envenenar a la juventud”.

» Este tipo de actividades permiten que el grupo criminal goce de una gran lealtad social en determinados territorios de Michoacán.

» La Familia es una agrupación integrada por entre 4 mil 500 y 5 mil personas, que ha cuadruplicado su tamaño en los últimos cinco años.

» Obtiene la mitad de sus recursos del tráfico de todo tipo de drogas en el país, y el resto lo consigue de otras actividades como el contrabando, piratería, extorsión, secuestro y la trata y tráfico de personas.

» La organización provee en su zona de influencia de créditos a empresas agropecuarias, infraestructura de desagüe, canales y tecnología de riego, escuelas, iglesias e incluso protección a algunos sectores de la población, como en casos de violaciones de mujeres.

» La Familia opera en nueve estados (Michoacán, Colima, Guanajuato, Guerrero, Aguascalientes, San Luis Potosí, DF, Estado de México y Querétaro) y seis países.