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Reforma / Staff

Amenaza pesca ilegal mares mexicanos

Reforma

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Pobre supervisión da vía libre a actividades irregulares que generarían hasta 800 mil toneladas de pescado cada año.

La poca supervisión gubernamental de las actividades pesqueras amenazan la integridad de los mares de México, coincidieron expertos en el Foro “Conservación de ecosistemas marinos en México: Rumbo a la Cumbre Mundial de los Océanos”.

El senador Ernesto Ruffo, presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura, enfatizó que el País sólo dispone de 190 inspectores para sus 11 mil kilómetros de litoral.

También señaló que la producción total pesquera asciende a un millón 600 mil toneladas por año, pero calcula que la pesca furtiva puede generar hasta 800 mil toneladas.

Un estudio realizado por Environmental Defense Fund de México y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estima que la pesca ilegal equivale a cerca del 60 por ciento de la producción nacional reportada.

Asimismo, el documento indica que en las comunidades del Golfo de California esta captura ilícita tiene una relación cercana con el narcotráfico.

Humberto Becerra, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (CANAINPESCA), condenó la pesca de totoaba y camarón por grupos de delincuencia organizada.

Agregó que la piratería y asaltos en altamar a embarcaciones han aumentado debido a que la autoridad está rebasada.

"La Marina dobla las manos por falta de presupuesto", comentó.

En su intervención, el líder empresarial denunció que las actividades mineras son las verdaderas enemigas de los ecosistemas marinos.

Aseguró que la pesca no es el principal motivo de la posible desaparición de la vaquita marina, sino la alteración de su hábitat natural a partir de la construcción de la presa Hoover.

Por su parte, Mario Gómez, de la Coalición en Defensa de los Mares de México (CODEMAR), adelantó que planean impulsar una iniciativa de "impuesto azul" para la pesca, a la que acusan de amenazar la biodiversidad marina.

Ruffo recordó la iniciativa que aprobó el Senado de la República para incentivar la descarga certificada, un proceso en el cual los pescadores que cuentan con permisos buscan a un inspector de manera voluntaria para que certifique su proceso de descarga.

Afirmó que no es un ordenamiento que se sobreponga a las normas ni a la legislación actual, sino una estrategia de organización para velar por la sustentabilidad.