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Salvador García Soto
Salvador García Soto
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Salvador García Soto es periodista. Nació en Guadalajara Jalisco, donde cursó la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac. En Guadalajara colaboró en varios medios locales y en oficinas de los gobiernos estatal y federal. Fue reportero de la fuente política en El Heraldo de México y en el diario La Crónica de Hoy. Desde 1998 escribe la columna política Serpientes y Escaleras que se ha publicado en los periódicos La Crónica, El Independiente y actualmente en el Universal Gráfico. Fue director general de Crónica y ha colaborado en revistas como Vértigo y Cambio. Durante dos años fue conductor del programa Cambio y Poder que se transmite por Cadena Raza y desde noviembre 2003 colabora en W Radio como comentarista del noticiario Hoy por Hoy tercera emisión y en el programa El Weso.

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07 Diciembre 2019 04:08:00
Rosario Robles vuelve a San Lázaro
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Este martes Rosario Robles Berlanga saldrá de la cárcel momentáneamente, en medio de un fuerte operativo de vigilancia, para acudir al Palacio Legislativo de San Lázaro. Por decisión propia, la exsecretaria de Desarrollo Social se presentará a la sesión de Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados en la que se discutirá el dictamen de juicio político en su contra. Robles va a defenderse, personalmente, de las acusaciones de ser responsable del desvío de 7 mil millones de pesos en sus épocas como titular de Sedesol y Sedatu en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, a través del esquema de contratación y simulación con empresas fantasma, denominado La Estafa Maestra.

Aunque tenía la posibilidad de enviar por escrito su defensa, tal como se lo ofrecieron los legisladores, Rosario pidió que las Comisiones Unidas que votarán el dictamen aprobado por la Subcomisión de Examen Previo, le permitan asistir personalmente para sostener su defensa ante los diputados que definirán si el juicio político en su contra procede y se manda al Pleno legislativo para que se vote una sanción que consistiría en declararla responsable del millonario desvío de recursos públicos e inhabilitarla para ocupar cargos públicos durante los próximos 20 años.

La Robles que llegaría el martes por la mañana al Palacio Legislativo de San Lázaro, se verá muy distinta a la que hace exactamente un año y dos meses, el 16 de octubre de 2018, todavía como secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, llegaba al Palacio legislativo enfundada en un traje blanco de diseñador, corte de pelo ultramoderno y cubierta aún por el blindaje que le daba ser parte del Gabinete del entonces presidente, Enrique Peña Nieto. La Rosario de hoy llegará procedente del penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde tiene ya cuatro meses de estar presa, se presentará con 7 kilos menos, con signos evidentes de depresión y con la sensación de que sus antiguos amigos, poderosos de la política en el sexenio anterior, desde el expresidente Peña (“No te preocupes, Rosario”) hasta varios exintegrantes del Gabinete, la abandonaron y la dejaron sola. Ya no llegará ni con su corte de pelo ultramoderno ni con ropa de diseñador; si acaso con su uniforme caqui y con su palabra, con la misma que ha denunciado “persecución política” y “justicia por consigna” en su contra desde el actual Gobierno del presidente López Obrador.

Pero, aun cuando la escucharán, la reunión en San Lázaro no será ningún foro amigable para la otrora expoderosa secretaria de Estado. Ahí en la sesión estará presente el diputado Pablo Gómez, su archienemigo político, hoy de Morena y antes correligionario de Rosario en el PRD. Gómez preside la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, precisamente la encargada de procesar las solicitudes de Juicio Político, y declaró recientemente que, empezando por Rosario Robles, se va a llamar a declarar y a rendir cuentas en este proceso a todas las secretarías, universidades públicas y otras instituciones estatales involucradas en el fraude de la Estafa Maestra.

Así es que, si ya en aquel martes 16 de octubre de 2018 a Rosario la impugnaron, la vilipendiaron con mantas acusatorias, le gritaron “corrupta” y le dijeron en su cara que fuera “preparando sus abogados porque terminaría en la cárcel”, ahora, ya en calidad de presa y visiblemente menos fuerte y completamente vulnerable y sin ningún poder ni protección política, Robles volverá a intentar defenderse y denunciar un proceso “politizado y manipulado” en su contra, en busca de que los medios de comunicación y la sociedad atiendan sus desesperados reclamos y peticiones de ayuda que ha intentado una y otra vez con cartas al presidente López Obrador y al fiscal General, Alejandro Gertz Manero, sin obtener siquiera respuesta a sus misivas.

Sus amigos le dijeron que no fuera, que “la iban a hacer pedazos”, pero ella insistió y este martes, por la mañana, estaremos viendo el regreso de Rosario Robles Berlanga al Palacio Legislativo de San Lázaro de donde, después de una defensa con resultados aún inciertos, deberá volver, irremediablemente, como en aquella cumbia colombiana, por el camino rumbo a Santa Martha.

¿Dados cargados en el caso Oro Negro?
La semana pasada, el 28 de noviembre, un juez de la CDMX libró una nueva orden de aprehensión en contra de Gonzalo Gil White, Miguel Ángel Villegas Vargas y Cynthia Ann De Long, ciudadana americana, todos ellos directivos de Perforadora Oro Negro por un supuesto desvío de recursos por 160 millones de pesos. La investigación de una denuncia de acreedores extranjeros en contra de la excontratista de Pemex, Oro Negro, se basa en la acusación de que la Perforadora recibió 250 mdp para pagar IVA, pero la compañía que encabezaba Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, solo pagó 90 mdp, disponiendo así “indebidamente” de 160 mdp.

Con ese argumento, sin más pruebas y sin llamar a declarar a los acusados ni a sus abogados a pesar de estar registrados sus domicilios en todos los expedientes, la defensa acusa al juez 114 de la CDMX, Joel de Jesús Garduño Venegas, de haber dictado “en lo oscurito” las órdenes de aprehensión y haber procesado con “inusual rápidez” la acusación que los acreedores extranjeros o fondos buitres presentaron a través del fiscal y ministerio público, Edgar Pineda Ramírez y Máximino Pérez Hicks, respectivamente.

Según la queja de los abogados de Gil White y sus demás socios acusados, para poder librar las órdenes de aprehensión se ocultó el hecho de que Oro Negro ya había pagado los 160 millones de pesos de IVA y que estaba recibiendo el reembolso por el pago del mismo y que tenía pendiente de pago 90 millones de pesos de IVA, los cuales inmediatamente pagó al SAT. La defensa acusa también que tanto el fiscal y el MP como el juez omitieron también que todos los pagos que hizo Perforadora con esos 160 millones de pesos que le fueron rembolsados, fueron revisados por el juez concursal y por el Conciliador del Ifecom y fueron aprobados.

En un recurso de revisión que preparan para presentar ante el Consejo de la Judicatura de la CDMX, en contra del juez 114, Joel de Jesús Garduño, los abogados de Gonzalo Gil argumentan que de más de 100 jueces penales que hay en la ciudad, en donde el procedimiento de asignación de casos a los juzgados es por estricta rifa, para evitar jueces favoritos, esto no se respetó en el caso Oro Negro, en el que, acusan “los dados están cargados”. Y mencionan que la orden de aprehensión que se dio a conocer el 17 de julio de este año, contra directivos de Oro Negro, también fue solicitada por el ministerio público, Maximino Pérez Hicks con el apoyo del fiscal Pineda y fue librada por el mismo juez 114.

Esta segunda orden de aprehensión del 28 de noviembre pasado fue, como se dijo, también solicitada por el equipo Pérez Hicks-Pineda, pero en teoría las probabilidades de que este nuevo expediente, en asignación aleatoria, le correspondiera nuevamente al juez 114 eran muy muy pocas, pero mágicamente el caso fue turnado también al juez Joel de Jesús Garduño y aquí, dicen los abogados de Gil White, “aplica el viejo refrán de que lo que no suena lógico, suena metálico”.

La investigación habría durado apenas unos cuantos días antes de que se librara la orden de aprehensión, lo cual es una eficiencia excepcional e inusual, si consideramos otros casos mucho más importantes en la Ciudad de México que no tienen atención tan prioritaria y tardan mucho más tiempo en procesarse. ¿Quiénes o qué intereses están moviendo estos expedientes de manera tan pronta, expedita y clandestina en la Procuraduría de la Ciudad de México?, cuestionan los defensores de este caso. ¿Será que el grupo de acreedores extranjeros de Oro Negro ya encontró la llave mágica que desencadena la acción en la Procuraduría capitalina? De ser así habría que pedirles que compartieran esa llave con muchas otras víctimas de delitos graves en la ciudad que no han merecido ni la atención ni el empeño de casos como este. Los dados mandan Serpiente doble. Semana de sube y bajas.
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