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21 Julio 2019 04:00:00
Hacia el voto electrónico
Gerardo Blanco.- La reforma política que estará por discutirse en el Congreso de la Unión se sustenta, en esencia, en el alto costo que tienen las elecciones en México, comparado con otros sistemas electorales a nivel global.

Bajo esta premisa, un amplio sector de Morena propone, sin un diagnóstico serio y objetivo, eliminar autoridades electorales estatales y suprimir órganos fundamentales del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que provocaría un franco retroceso antidemocrático.

Sin embargo, la austeridad y el ahorro en la organización de las elecciones, como ya hemos dicho, se puede emprender desde distintas rutas y directrices. Así lo ha propuesto el propio INE cuando, en días pasados, esgrimió la necesidad de transitar hacía el voto electrónico, lo que puede suponer un avance en la organización de las elecciones y, a su vez, un ahorro económico de aproximadamente 4 mil mi-llones de pesos.

Quizá para muchos puede sonar aventurada la implementación de la tecnología para efectos de emitir el voto, incluso generar cierto escepticismo, pero, desde mi perspectiva, no debería ser así. Mucho menos para personas de estados como Coahuila y Jalisco, cuyos órganos electorales, durante la última década, han utilizado este modelo en diversos ejercicios democráticos –no constitucionales– mediante el uso de la llamada urna electrónica.

Ahora bien, para emplear el voto electrónico de manera eficaz, trasparente y confiable en las elecciones nacionales, es necesario aprender de las experiencias de la comunidad internacional (Brasil, Estados Unidos, Estonia, India, Los Países Bajos, Irlanda, Filipinas, Alemania) y, por supuesto, de las locales.

Tomando en cuenta esas experiencias, podemos decir que el voto electrónico tiene diversos beneficios: mayor rapidez y precisión en el conteo de votos; eliminación de errores en la interpretación del voto; mayor comodidad para los electores (se pueden implementar sistemas auditivos para discapacidad visual) aumento de la participación ciudadana, implementación de interfaces lingüísticas (para el caso de las lenguas indígenas, por ejemplo), elaboración automática del programa de resultados electorales preeliminares; expedientes de los resultados oficiales; y la reducción de recuento de votos.

Los ahorros presupuestales, en mayor medida, se obtendrían al dejar de imprimir la documentación electoral (boletas y actas), material que representa un costo muy elevado considerando el tipo de papel y el alto número de sellos de seguridad que el mismo contiene; además de su traslado, resguardo y custodia.

Las voces discordantes respecto a la implementación de la tecnología en la emisión del sufragio plantean diversos incovenientes: que los sistemas carecen de trasparencia; probable vulneración a la secrecía del voto; riesgo de manipulación del personal encargado del manejo del sistema; una posible intervención de “hac-kers”; aumento de los costos (aunque sería a corto plazo) de la compra y mantenimiento del sistema de voto electrónico; mayores requerimientos en materia de seguridad e infraestructura.

México tiene uno de los sistemas electorales más seguros y confiables en el mundo, auspiciado, principalmente, por el alto grado de desconfianza que existe entre los partidos políticos, fenómeno que los orilló a regular un andamiaje electoral con alto contenido de candados de seguridad, que hacen muy complejo un posible fraude.

A pesar de ello, el humor social refleja un amplio grado de desconfianza y en el lenguaje popular se sigue hablando de fraudes electorales. Esto también es consecuencia de la generalizada conducta de los políticos mexicanos de rechazar los resultados cuando no les favorecen. Aunque, paradójicamente, el INE es de las autoridades mejor evaluadas por la ciudadanía. Digo esto porque, de acuerdo con las experiencias en otros paises, la implementación del voto electrónico es más compleja en sociedades que confían poco en su sistema electoral.

Creo en la nececidad de transitar hacia el voto electrónico y en los beneficios que representaría para nuestro sistema democrático, aunque las autoridades electorales –así como partidos políticos y ciudadanía en general– deberán sortear estos y otros desafíos para que sea un proyecto viable y exitoso.

Esperemos que las y los legisladores federales eligan el camino de mo-dernizar las elecciones y no, por el contrario, opten por minar el funcionamiento, la independencia y autonomía de las autoridades electorales.
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