×
Vicente Bello
Vicente Bello
ver +

" Comentar Imprimir
17 Mayo 2018 04:00:00
De cuando comenzó la avalancha contra el magisterio
Al igual que la reforma energética de agosto de 2014, la reforma educativa de diciembre de 2012 se ha constituido estos días en materia prima del debate por la presidencia de la República. Por un lado, jurando que la echará para atrás, está Andrés Manuel López Obrador; y por el otro, los candidatos presidenciales de los dos partidos que la insuflaron –PAN y PRI-, criticando al primero y tratando de que aquella legislación no los empuje al desastre que les esperaría el próximo 1 de julio.

Aquel miércoles 19 de diciembre de 2012, cuando a la medianoche los diputados del PRI, PAN y el sector chuchista del PRD la aprobaban a matacaballo, el reclamo airado de quienes se oponían consistió en acusar al PRI, PAN y ese PRD de haberse transfigurado en unos autócratas que a fuerza de anular el debate se dedicaban a imponer leyes absolutamente contrarias al interés de la población mexicana.

Había dicho Ricardo Mejía Berdeja: “En una semana una reforma constitucional en un tema de gran trascendencia para millones de mexicanos”. Y exigía al Pleno que regresase el dictamen de la reforma educativa a comisiones, para que se le revisara sin componendas, sin trapacerías. Sin vileza.

Una mueca ominosa se esbozaba en el rostro de muchos priístas. Pero también se asomaba la preocupación de una veintena de diputados priístas afines entonces a la lideresa del Snte Elba Esther Gordillo Morales, quien a los treinta y tantos días fue detenida, a fines de enero de 2013; como ocurrió, ni más ni menos con Joaquín Hernández Galicia –líder del sindicato petrolero-, detenido en diciembre de 1988, a días de que Carlos Salinas de Gortari asumió el poder.

Otro diputado opositor de entonces intentó también la moción suspensiva. Rafael Huerta Ladrón de Guevara criticaba la velocidad de un dictamen que ni siquiera había sido entregado a los diputados integrantes de las comisiones dictaminadoras.

“Ustedes están violentando el principio de legalidad o primacía de la ley si no rectificamos esto. Este principio determina que todo ejercicio del poder público deberá estar sometido a la voluntad de la ley y de su jurisdicción, y no a la voluntad de las personas”, sostuvo el diputado Huerta.

Y remachaba el legislador: “Y bastaron sólo dos días, escúchese bien, dos días, para que la Comisión de Puntos Constitucionales aprobara e hiciera público el dictamen del proyecto de la reforma. Esta celeridad legislativa impide obviamente una revisión objetiva de la propuesta del Poder Ejecutivo federal por encima de la legalidad con la que debe de actuar este Poder Legislativo, más aún cuando dicha propuesta afectará la relación laboral y condiciones de trabajo de maestros del sistema de educación básica, puesto que uno de los propósitos fundamentales de la reforma al artículo 3, fracción III constitucional, es la de establecer nuevas bases para ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio educativo”.

Y volvía a restregar: “Esperaríamos que ocurriera un milagro navideño y que repusiéramos este procedimiento, pero tenemos severas dudas, porque de los 2 días a la fecha, 8 días después, no han querido debatir, como no lo van a querer debatir, porque ya viene la consigna, viene la línea de lo que quieren aprobar, y seguramente, imponerle, pues no le podríamos hablar a esto ni de una reforma sino de una composición a la ley constitucional, que seguramente no obedece a los anhelos del pueblo de tener una gestión integral de una reforma educativa y no lo que ustedes aquí, tramposamente, propagandísticamente van a querer realizar”.

Pues así como ocupaban la tribuna, se bajaron. Y entonces comenzaba la feria de la justificación. Pero, antes, Elba Esther Gordillo se asomaba en la tribuna, estupefacta, en la persona de Dora María Guadalupe Talamantes Lemas, diputada de Nueva Alianza. Recuérdese que entonces todavía este partido estaba bajo la égida de la cacique del Snte; franquicia partidista que pasó a manos del PRI a partir de la aprehensión de Elba Esther.

Dijo Talamantes: “Para Nueva Alianza esta reforma educativa debe garantizar lo establecido en el Tercero constitucional, así como también debe impulsar una política de Estado para que las mexicanas y los mexicanos accedan a una educación de calidad con equidad y pertinencia, como condiciones imprescindibles para atestiguar el auténtico crecimiento de nuestra nación”.

Tomaba distancia Elba Esther del gobierno de Peña. Y decía “No podemos soslayar la importancia que tiene el magisterio en la formación de la niñez mexicana. Por ello debemos diseñar mejores estrategias para su formación, actualización y profesionalización docente e innovar los procesos de enseñanza-aprendizaje utilizando las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento”.

Una distancia que se fue ensanchando hasta que la detuvieron en el aeropuerto de Toluca, a fines de enero de 2013.

El PT en voz de Héctor Roblero resumía que sí, a reformar la educación, pero no sin los maestros. Y sostenía: “El interés de jóvenes estudiantes por formarse adecuadamente y que esto les permita acceder a mejores y remunerados empleos.

“Intereses negativos como la venta de plazas y la infinidad de licencias sindicales para fines político partidistas que no tienen sustento ético alguno. Por eso esta reforma es importante.

Pero quiero dejar bien asentado que no debe responder a los intereses de los poderes fácticos, sino a los intereses de la sociedad mexicana, de los verdaderos agentes educativos que son los maestros, a los que no permitimos que se les denueste como lo hacen los poderes fácticos y principalmente Televisa”.

Había sorpresa en el Pleno. Se veía venir una gran avalancha sobre el magisterio. (Continuará)
Imprimir
COMENTARIOS



0 1 2 3 4 5 6