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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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22 Enero 2019 03:56:00
Estado de La Laguna
Andrés Manuel López Obrador es un hombre de símbolos. La imagen institucional de su gobierno, con las figuras de Morelos e Hidalgo (independencia), Juárez (restauración), Madero (revolución) y Cárdenas (reforma social), representa un repaso histórico y la inspiración de su presidencia. Frente a las derivas del poder (entreguismo, abuso, codicia, boato, arrogancia e impunidad), AMLO decidió abrazar el patriotismo y los valores de sus héroes tutelares. Clausurar la residencia de Los Pinos y abrirla al público como recinto cultural, poner a la venta el fastuoso Boeing 787-8 y prescindir del Estado Mayor, cancela tres de los emblemas más ostensibles de la presidencia imperial.

AMLO conoce el país, las necesidades de las mayorías y el sentimiento social hacia la clase política. Para sintonizar con la austeridad presidencial, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas (Morena) convirtió en museo la Casa de Gobierno; y el de Jalisco, Enrique Alfaro (Movimiento Ciudadano), entregó el helicóptero utilizado por su predecesor al Sistema de Salud Médica de Urgencias. Antes, en Nuevo León, Jaime Rodríguez (independiente) había decidido no ocupar la residencia arrendada con recursos del erario.

Coahuila no dispone de casa de gobierno en Saltillo, pero sí en Torreón, la cual permanece ociosa la mayor parte del año –máxime ahora, pues el gobernador Miguel Riquelme tiene vivienda en esa ciudad–. El edificio, localizado en la colonia Torreón Jardín, se adquirió en el sexenio de Óscar Flores Tapia para la Dirección de Desarrollo Regional. En la administración de Eliseo Mendoza Berrueto se habilitó para evitar gastos de hospedaje y oficinas y dedicar más tiempo a La Laguna. La intención era contrarrestar la demanda de crear el estado lagunero.

En junio de 2017, después de las elecciones para gobernador, diversas ONG protestaron frente a la casa de gobierno contra la venalidad, el endeudamiento sin castigo y el autoritarismo. En la fachada se leían carteles como este: “R. Moreira, autócrata. Basta de ucases. La sociedad exige participación en la elaboración de la ley estatal anticorrupción” (demanda ignorada). “#Basta de impunidad. #Megadeuda. #Desaparecidos. #Corrupción”, clamaban los colectivos.

La primera visita de López Obrador a Coahuila, en calidad de presidente, fue a Torreón, el 28 de diciembre. Llegó en vuelo comercial, de Ciudad de México, y después de la asamblea en el Teatro Nazas, donde anunció el Programa Integral de Desarrollo, viajó a Monterrey. El gesto entusiasmó a los laguneros por la expectativa de constituir su propio estado con el apoyo de AMLO. El sueño a veces remite, pero sigue vivo en los meandros del imaginario colectivo, como en los recodos del Nazas, y el más leve movimiento lo reanima.

El Presidente sabe del tema y lo tanteó frente a los gobernadores Miguel Riquelme (PRI) y Rosas Aispuro (PAN), a quienes se exige mayor infraestructura y servicios en La Laguna, pues su atención está centrada en las capitales. “Se requiere de la suma de voluntades, de esfuerzos, y que se acepte que ya hay un despertar ciudadano, que no somos ciudadanos imaginarios, que somos ciudadanos de verdad y que tenemos todos conciencia y criterio para decidir cuando se presenten elecciones, cada quien libremente va a elegir”. ¿Consulta sobre el Estado de La Laguna?
21 Enero 2019 03:58:00
AMLO toma la Laguna
El sentimiento de los laguneros contra el partido gobernante en el estado se expresó frente al presidente López Obrador, el 28 de diciembre, en tres palabras: “¡Fuera el PRI!”. El recuerdo del moreirato –por la deuda, las masacres y la corrupción– es imborrable. Coahuila es la única entidad fronteriza donde no ha habido alternancia. El monopolio del PRI estuvo a punto de terminar en 2017, pero la división de las principales fuerzas opositoras (PAN, Morena y el candidato independiente Javier Guerrero) frustró el intento. Aun así, la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila estuvo a menos de tres puntos de la Gubernatura.

AMLO ha puesto la mirada en La Laguna para ganar el estado, tierra de uno de sus próceres: Francisco I. Madero. La única autoridad priista en el Teatro Nazas de Torreón, donde inició el Programa Integral de Desarrollo para La Laguna, era el gobernador Miguel Riquelme. José Rosas Aispuro, de Durango, y el alcalde Jorge Zermeño, son del PAN. Los gritos contra el PRI le dieron al Presidente la oportunidad de mostrar su liderazgo y recibir una tanda de aplausos: “Les quiero pedir algo: respeto a todos. ¿Va a haber respeto? Urbanidad política, ya se acabó la campaña, ahora tenemos que reconciliarnos para sacar adelante (a) La Laguna, a Durango, a Coahuila y a México”.

Sin embargo, López Obrador es un líder en campaña permanente. La pensión mensual por mil 274 pesos a 46 mil adultos mayores y a 4 mil 881 niños con discapacidad, censados en los 16 municipios laguneros, y el pago de 3 mil 600 pesos a 10 mil 600 jóvenes que serán ocupados como aprendices por pequeños empresarios, representa una derrama de mil 235 millones de pesos anuales. El programa lo coordinarán Reyes Flores Hurtado y Enrique Novelo Solís, superdelegados de AMLO en Coahuila y Durango, respectivamente. La nueva estructura restará control político a los gobernadores del PRI y del PAN… y le dará votos a Morena.

Con mayoría en el Congreso federal y en 20 legislaturas locales, y apoyo social todavía sin mengua, el Presidente es dueño de la situación. La fuerza de los gobernadores disminuyó notablemente después de las elecciones del año pasado. López Obrador no necesita afrontarlos; al contrario, infunde confianza e incluso les saca las castañas del fuego, como lo hizo en Torreón, mientras les asesta un nuevo golpe en las urnas. “Por eso es muy importante la unidad y en este tiempo interelectoral, si no hay elecciones, unirnos todos. Ya cuando lleguen las campañas, cada quien a su partido. Pero, como su nombre lo indica, partido es una parte; Gobierno es todo. El Gobierno es del pueblo y para el pueblo y con el pueblo”, expresó frente un auditorio colmado de simpatizantes, dos mandatarios conturbados y un senador en la pista sucesoria.

Antes de la ceremonia en el Nazas, de las rechiflas y del grito repetido: “¡Fuera el PRI!”, los laguneros ya habían expulsado con votos al partido de los Moreira. En julio pasado, el PRI perdió la Presidencia de la República, las senadurías de mayoría y las diputaciones federales y locales. El PAN lo derrotó en Torreón, con Jorge Zermeño, y en San Pedro; y por primera vez perdió Matamoros y Francisco I. Madero (con Morena).

Coahuila no tendrá elecciones este año, pero sí Durango, donde en 2016 hubo alternancia en la Gubernatura. El 2 de junio próximo se renovarán los 39 ayuntamientos. Acción Nacional ocupa la Alcaldía de la capital, y el PRI las de Gómez Palacio y Lerdo. Si el fenómeno de Morena se repite en la antigua Nueva Vizcaya, el partido fundado por Calles habrá dado un paso más hacia la tumba; La Laguna, un salto para ser estado; y los programas de AMLO, obtenido su primera cosecha en las urnas.
19 Enero 2019 03:55:00
Voluntad a prueba
El megafraude cometido en el Infonavit contra decenas de miles de familias (entre 5 y 6 mil son de La Laguna), que involucra al Poder Judicial de Coahuila, pone a prueba la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer justicia, sobre todo a los más débiles. El bisemanario Espacio 4 publica un amplio reportaje de Gerardo Moyano sobre el tema. Así empieza:

» “Una estupidez, una tontería». Así calificaba las acusaciones en su contra el lagunero José Lorenzo Natera, encargado del área de Titulación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), de 2013 a 2016, en un informativo de Multimedios (Tele Diario, 16-10-17).

» El hoy síndico del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, se refería a las denuncias que acababa de hacer el empresario y abogado chihuahuense Mario Alberto Sánchez Zúñiga sobre un esquema para despojar a miles de personas de sus viviendas, adquiridas con créditos del Infonavit. Esto, a través de juicios hipotecarios falsos e ilegales, emitidos en varios estados, entre ellos Coahuila y Nayarit.

» A poco más de un año de aquella declaración, al menos seis jueces coahuilenses y cuatro nayaritas, así como una veintena de secretarios de juzgado, han sido suspendidos por colaborar en una red de complicidades que involucra a magistrados, notarios, empresarios, gobernadores y funcionarios federales.

» En un cálculo conservador, se estiman en más de 300 mil los despojos realizados de manera ilegal en todo el país, de 2013 a 2018, cuando el Infonavit fue dirigido por el hoy gobernador oaxaqueño Alejandro Murat Hinojosa (2012-2015) y el exdiputado federal David Penchyna Grub (2015-2018), ambos priistas cercanos al entonces presidente Enrique Peña Nieto. Esto supone un fraude de más de 70 mil millones de pesos (calculando un precio promedio de 250 mil pesos por vivienda).

» En el caso de Nayarit, se inventaron juicios hipotecarios para que las escrituras de esas viviendas pasaran a nombre del Infonavit, para luego vender las viviendas en “megapaquetes” a empresas de bienes y raíces. Los precios de reventa bajaban hasta 30 mil pesos por unidad, es decir el 12% de su valor inicial.

» Y lo más grave: no había aviso. Los propietarios, la mayoría de los sectores de bajos recursos, no se enteraban de que habían perdido su vivienda hasta que intentaban transferirlas o al momento de ser desalojados por policías contratados por compañías privadas.

» En aquel noticiero de Multimedios, José Lorenzo Natera reconoció que él mismo era encargado de contratar a despachos de abogados externos para que recuperaran las casas para el Infonavit y aceptó que él firmaba las escrituras. Miles de éstas, sustentadas en juicios que no existieron, con el mismo número de expediente, notificaciones falsas y tiempos de desahogo imposibles, en dos pequeñas jurisdicciones de Nayarit (Xalisco y Compostela). Todo avalado por notario público y firmado por el entonces encargado de Titulaciones del Infonavit. El 21 de diciembre, el Congreso de Nayarit desaforó a los magistrados Pedro Antonio Enríquez Soto y Jorge Ramón Marmolejo Coronado, y suspendió a cuatro jueces locales para ser procesados por el fraude a decenas de miles de derechohabientes del Infonavit.
18 Enero 2019 04:00:00
Hechos, no palabras
En su primera gira por Coahuila, el presidente López Obrador se refirió oblicuamente a tres legados infames del moreirato –sin mencionar a los hermanos; no hacía falta—: a) corrupción en la asignación de obra pública; b) espionaje a opositores políticos, líderes religiosos, empresarios y disidentes del mismo PRI-gobierno; y c) crisis del sistema de salud.

Previo a la visita de AMLO a La Laguna, se destapó un escándalo en el Poder Judicial del estado. Jueces y secretarios de acuerdo y trámite de Torreón, en contubernio con funcionarios del Infonavit, despojaron de sus viviendas a miles de familias con la supuesta aquiescencia del magistrado Jesús Sotomayor Garza.

Tres días después, Reforma informó que la Auditoría Superior del Estado detectó gastos sin comprobar por 116.2 millones de pesos en la cuenta pública de 2017. La cifra, sumada al desvío de recursos a empresas fantasma en los últimos años de la gestión de Rubén Moreira, elevó las irregularidades, tan sólo por esos conceptos, a 591 millones de pesos.

Una de las fuentes de información de AMLO es Reyes Flores Hurtado, quien, como secretario del Ayuntamiento de Torreón en el gobierno de Guillermo Anaya (2003-2005), denunció a funcionarios de la administración panista por actos de corrupción. «(…) la misma gente me dice todo lo que sucede. (...) hay quejas acerca de la construcción de algunas obras, pero vamos a estar ahora pendientes para que no se tarden tanto en realizar las obras y, sobre todo, que no haya corrupción.

Cero corrupción», proclamó el Presidente en la ceremonia donde anunció el Programa Integral de Desarrollo para La Laguna, el 28 de diciembre.

Funcionarios estatales ya habrían buscado acercamiento con el superdelegado Reyes Flores, e incluso con el senador Armando Guadiana, para cubrirse las espaldas.

En mayo de 2014, cinco meses después de iniciada su administración, el alcalde panista de Saltillo, Isidro López Villarreal, acusó al gobernador Rubén Moreira de espionaje. En una carta abierta, López pidió la intervención del presidente Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación, la PGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Nadie movió un dedo y las escuchas continuaron. El obispo Raúl Vera, el periodista Armando Fuentes Aguirre y el empresario Armando Guadiana también fueron acosados e incluso recibieron amenazas. A escala nacional, advirtió AMLO ante los gobernadores de Coahuila y de Durango, «ya no existe el Cisen, ya no se espía a nadie, somos libres; ya eso desapareció (…). Pero estoy informado».

Además de la megadeuda, las masacres en Allende y Piedras Negras y la legión de desaparecidos en La Laguna y en otras regiones del estado, el sistema de salud colapsó en el moreirato. «Hay una crisis grave (…) no funcionan los centros de salud, los hospitales; no hay medicinas. Todo esto lo vamos a atender de manera conjunta con los gobiernos de Coahuila y de Durango», ofreció el mandatario.

Según Flores Hurtado, en el gobierno de Rubén Moreira, actual diputado plurinominal, los medicamentos se compraban con sobreprecios de hasta el 300% (Zócalo Saltillo, 03.01.19).

El superdelegado hizo una advertencia retórica: «Que vayan entendiendo todos los funcionarios involucrados: al que cachemos, lo vamos a meter al banquillo de los acusados para que lo procesen las instancias competentes». Sin embargo, la sociedad exige hechos, no palabras.
16 Enero 2019 03:58:00
Poderes cómplices
Transparencia Internacional presentará, en las próximas semanas, el Índice de Percepción de la Corrupción 2018. Nuestro país ocupa actualmente el lugar 135 de 180 evaluados. Felipe Calderón dejó a México en el puesto 105. El mundo nos ve como uno de los países más corruptos. Lo somos.

El problema es institucional, no “cultural” como argüía el expresidente Enrique Peña Nieto.

“Países como Chile o Uruguay, posicionados a más de 100 lugares de distancia de México en el ranking, lo comprueban. Ambos fueron los únicos países de América Latina con calificación mayor a 60, lo cual puede deberse a la presencia de fiscalías independientes, con capacidades reales de investigación y persecución del delito”, advierte Transparencia Mexicana.

En los estados, las fiscalías son satélites de los gobernadores; lo mismo pasa con los zares y los sistemas anticorrupción. Un repaso de los perfiles de esos entes burocráticos conduce al moreirato. Por esa razón la megadeuda, las empresas fantasma y el desvío de recursos permanecen sin castigo.

La calidad de vida de legiones de coahuilenses ha empeorado en los últimos lustros, sin esperanza de mejorar en las próximas décadas debido al pago de intereses a un principal anclado en los 36 mil millones de pesos.

El gobierno de los Moreira actuó en complicidad con cuatro legislaturas, en las cuales las oposiciones fueron virtualmente inexistentes, tanto por su marginalidad como por la falta de compromiso y agallas de sus diputados. Negociar con el partido en el poder resulta más lucrativo que presionar, así sea en desventaja, para abrir expedientes guardados bajo siete llaves.

Ocupar por primera vez la presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso le brinda al PAN la oportunidad excepcional de elaborar una agenda ciudadana, sin personalismos ni fines electoralistas. El clamor para investigar y castigar actos de corrupción del moreirato es imprescriptible e igual deberían serlo esos delitos.

Mas no sólo el Poder Legislativo fue cómplice de ese par de gobiernos infaustos y venales; también el Judicial. Una somera revisión del historial de algunos de sus miembros –profanos en la materia– basta para descubrir la marca y los intereses del clan.

Para más inri, Homero Ramos Gloria, muñidor de los Moreira –encargado del Instituto Electoral, la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde congeló las denuncias por la deuda, las empresas fachada y otras irregularidades–, recibió como premio una sinecura en el Tribunal Superior de Justicia del

Estado (TSJE).

Justo ahora se ha desatado una lucha por el control del Poder Judicial. Miriam Cárdenas, quien durante el moreirato presidió la Comisión de los Derechos Humanos de Coahuila, ocupó una curul federal y fue nombrada magistrada, terminará este año su ejercicio como presidenta del TSJE, pero la Constitución le permite reelegirse para un segundo periodo. La pugna ocurre en el contexto de un megafraude en el Infonavit –de alcance nacional– que involucra a exgobernadores, empresarios, magistrados, jueces y secretarios de estudio y cuenta.

El caso le ha permitido a Cárdenas presentarse como una mujer dispuesta a limpiar una de las instituciones más desprestigiadas, así sea parcial y tardíamente. El escándalo por el despojo de viviendas a millares de derechohabientes del Infonavit pone contra la espada y la pared al polémico magistrado lagunero Jesús Sotomayor Garza, aspirante a la presidencia del TSJE. Una de las aficiones del cacique judicial ha sido el culto a su propia persona. De nada le sirvió: hoy está a un paso de la hoguera, lo cual no garantiza en absoluto el saneamiento

de la judicatura.
15 Enero 2019 03:58:00
Elección de papel
Cuando en México no existían encuestas ni institutos electorales y el PAN no pintaba, el periodista Eduardo Elizalde Escobedo organizó una votación para saber por quién se decantaban los torreonenses para la Alcaldía. Los precandidatos más fuertes eran Mariano López Mercado y Braulio Manuel Fernández Aguirre, cuyos padres habían sido gobernadores de Coahuila. Elizalde, de quien aprendí el rigor, el respeto y el amor por el oficio, publicó en La Opinión boletas con los nombres de los aspirantes. El público debía recortarlas y depositarlas en urnas transparentes instaladas en las oficinas del primer diario del estado, ubicadas entonces en las calles de Matamoros y Falcón.

En esos años (1972) empezaba a cubrir la fuente política. El favorito del gobernador (Eulalio Gutiérrez Treviño) era López Mercado, quien fungía como primer regidor. La “elección de papel”, como se denominó al ejercicio ideado por Elizalde, convocó a legiones. Cada mañana, los simpatizantes de uno y otro pretendiente se formaban para emitir su voto. Era fácil identificar las preferencias, pues quienes apoyaban a Mariano hacían fila por la calle Falcón y los de Braulio por la Matamoros. Cuando una superaba a la otra, llegaban refuerzos en camiones.

El delegado del PRI era el veracruzano Mario Vargas Saldaña, quien más tarde ocupó un puesto en la Secretaría de Educación donde una vez platicamos de Coahuila. La elección causó tal revuelo que el presidente y el secretario general del PRI, Jesús Reyes Heroles y Miguel Ángel Barberena, respectivamente, viajaron a Torreón para apaciguar los ánimos. En el aeropuerto Francisco Sarabia, los tres reporteros de la fuente entrevistamos a don Jesús, cuyo talento y liderazgo nadie ha igualado. (Décadas después asistí a una reunión con Enrique Ochoa, coautor de la debacle del PRI el año pasado. Decepcionante, un tecnócrata arrogante y anodino.)

Reyes Heroles despejó dudas sobre la selección del candidato: “No será un júnior”. Y cumplió. Uno de los aspirantes secundarios en la elección de papel era un modesto profesor y diputado local, sin conexiones económicas ni políticas: José Solís Amaro. Las candidaturas a cargos de elección popular no debían ser sólo para los ricos. El PRI lo postuló y ganó. En Saltillo, bajo el mismo criterio, el elegido fue Luis Horacio Salinas. El partido fundado por Calles buscaba volver a su origen popular y premiar la militancia, pues a la familia revolucionaria ya le había ido bastante bien, sobre todo en términos económicos y patrimoniales.

La gestión de Solís Amaro, quien me confiaba sus penas, fue aceptable, pero no lució, pues siempre tuvo en contra al Gobierno del Estado y a las elites locales; de no haber sido arropado por un grupo de empresarios, quizá lo habrían forzado a renunciar. López Mercado se convirtió en una especie de superdelegado (como ahora lo es Reyes Flores de AMLO). El gobernador acordaba con él y el alcalde era olímpicamente ignorado. La ciudad pagó los costos.

Fernández Aguirre y López Mercado fueron alcaldes después de varios lustros; el segundo, contra la voluntad del gobernador Rogelio Montemayor. Los partidos tradicionales deben revalorar a sus militancias, premiar el mérito, la experiencia y las virtudes ciudadanas, democratizar sus procesos de elección de candidatos y acabar con los cotos de poder. Por no hacerlo, los electores les dieron la espalda y prefirieron a Morena.
14 Enero 2019 03:59:00
Talón de Aquiles
Andrés Manuel López Obrador soportó la artillería del PRI, del PAN, de los medios de comunicación y de los líderes de opinión contrarios a su proyecto –por convicción o por consigna–. Tal es una de las razones por las cuales el líder de Morena despacha hoy en Palacio Nacional. AMLO es el presidente moderno más legitimado y con mayor poder, pues tiene mayoría en el Congreso federal y en las legislaturas locales. De los cinco estados donde gobierna, Ciudad de México y Veracruz son de los más poblados del país; a ellos podría sumarse Puebla en la elección extraordinaria.

López Obrador, igual que Trump en Estados Unidos y otros líderes de América y Europa, ha capitalizado el desprestigio de los partidos, de la clase política y de los medios de comunicación. En 2006 perdió la Presidencia en un final de fotografía trucado para favorecer a Felipe Calderón; y en 2012, el dinero, las televisoras y una alianza de facto con el PAN le permitieron a Peña hacerse con el poder. De tanto presentarlo como un peligro para México, sus detractores lo inmunizaron. Las amenazas resultaron ser Calderón y Peña, por la violencia y la corrupción. La ciudadanía lo comprendió y votó masivamente por un cambio real.

La posición del Presidente con respecto a PRIAN, la oligarquía, la alta burocracia, el Poder Judicial y los medios de comunicación adosados al régimen anterior le ha granjeado amplio respaldo social a pesar de la suspensión del Nuevo Aeropuerto de Internacional de México. Sin embargo, no debe abusar, sino aceptar la crítica en vez de desacreditarla, como lo ha hecho con el diario Reforma por informar sobre el aumento –en un 65%– de homicidios dolosos en el primer mes de su gestión.

AMLO respondió con retórica: “así actúa el conservadurismo, pero no es cierto lo que (Reforma) dice”, declaró el 2 de enero en rueda de prensa. Roberto Zamarripa, en su columna Tolvanera (Contar duele, 07.01.19) escribe sobre la propensión mexicana a hablar de la muerte, y del grabador y caricaturista José Guadalupe Posadas como exponente de esa tradición.

“Grupo Reforma –explica el autor– tuvo la iniciativa de publicar un registro semanal de las ejecuciones del crimen organizado cuando éstas se habían convertido en el signo dominante de la vida pública. No se propuso un estudio académico ni un tratado científico. (…) Fue denominado Ejecutómetro. Una relatoría basada en testimonios periodísticos (…) y otras fuentes periodísticas sobre homicidios cometidos por miembros del crimen organizado. (…) Se difunde con el fin de que los lectores, principales destinatarios de la información, conozcan y diriman del porqué y cómo evoluciona esa guerra sin control. (…)

“De ahí derivó una nota más como las publicadas en dos décadas. La noticia en cuestión dijo que hubo más ejecuciones de la narcoviolencia en diciembre que en noviembre (Reforma, 2/01/19). Nada más ni nada menos. Ello escandalizó al nuevo gobierno que no pudo probar lo contrario por no tener cifras completas. La Secretaría de Seguridad destinó recursos públicos, dinero de los mexicanos, a que sesudos asesores –algunos funcionarios en la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la estrategia fallida que fustiga, el de Enrique Peña– hicieran un “análisis” del Ejecutómetro para exigirle características científicas y metodológicas que, por ejemplo, no mira en sus propios ejercicios de gobierno. Qué más da”.

Los niveles de aprobación de AMLO son elevados, pero su intolerancia y soberbia pueden conseguir lo que las oposiciones y los medios hostiles a su gobierno no han podido: malquistarlo con la sociedad.
12 Enero 2019 04:00:00
Oportunismos político
Si en física toda acción genera una reacción, en política provoca tempestades. El combate al inveterado e impune robo de combustibles, negocio de la delincuencia organizada –dentro y fuera del gobierno, de Pemex y del sindicato petrolero–, ha provocado desabasto de gasolinas en algunos estados y un justificable malestar, exagerado por quienes aprovechan los errores del presidente López Obrador para llevar agua a su molino. Él hizo lo mismo cuando era oposición. Ese es uno de los temas de la sección Luces y Sombras» de la nueva edición del bisemanario, Espacio 4.

I

La cruzada contra el robo de combustibles que ha lanzado la Administración federal ya está dando resultados. Pese a las críticas por el desabasto que se ha generado en estados como Puebla, Querétaro y Estado de México, debido a la cancelación de 103 permisos para el expendio de gasolinas por la venta de combustible robado, la sangría ya ha disminuido en 90%, según datos de la Presidencia. Esto, gracias a la vigilancia que llevan a cabo más de 4 mil elementos de las Fuerzas Armadas en las refinerías del país. El Gobierno federal ya ha presentado una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de dinero de más de 80 millones de pesos procedentes de la compraventa ilegal de hidrocarburos. La denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda es contra “una persona quien realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita”, la cual ya contaba con antecedentes por posesión de droga y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

II

La costumbre de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de viajar en aviones comerciales podría convertirse en política de Estado. Al menos esa es la intención del Presidente, quien está impulsando la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado en el Congreso, la cual establece, entre otras medidas, que ningún funcionario federal podrá rentar aeronaves para trasladarse. Además, el Mandatario adelantó que su administración venderá 60 aviones y 70 helicópteros oficiales con el fin de canalizar más recursos a programas prioritarios. El 20 de diciembre, Sin Embargo reveló que en el último año, tan solo el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pagó a dos empresas 11 millones 746 mil 455.04 pesos para el transporte aéreo de sus directivos. AMLO dijo que se realizará una investigación al respecto. México es el segundo país con el mayor número de jets privados (950), solo por detrás de Estados Unidos (12 mil 717), según datos del diario digital Infobae.

III

Mientras el presidente Donald Trump amenaza con declarar una emergencia nacional para acceder a fondos para levantar un muro en la frontera con México, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que se instrumentarán acciones para permitir el acceso ordenado y seguro de migrantes al país. La nueva política migratoria establece que aquellos extranjeros que ingresen a México con la intención de permanecer en el país o dirigirse a Estados Unidos, deberán presentar una solicitud, manifestar el motivo de su ingreso y proporcionar sus datos personales. Las solicitudes presentadas deberán ir acompañadas de un documento de identidad y serán tomadas impresiones de las huellas dactilares y una fotografía. De no querer brindar dichos datos, no presentar la solicitud o querer ingresar de forma ilegal, serán devueltos a su país de origen. A aquellos que acepten las reglas, se les garantizará la respuesta a su solicitud en un plazo no mayor de 72 horas.
11 Enero 2019 04:00:00
El poder y la prensa
Un panista lagunero de la vieja guardia —la mejor del partido fundado por Manuel Gómez Morín—, ya fallecido, decía que la animadversión del PAN hacia la prensa nació en las campañas presidenciales. «Cuando el candidato del PRI visitaba Torreón, se le dedicaban las ocho columnas; en cambio, el de Acción Nacional ocupaba un espacio apenas visible en páginas interiores», recordaba Edmundo Gurza Villarreal en una entrevista para Espacio 4 a raíz del triunfo de Jorge Zermeño en las elecciones municipales de 1996, que 18 años atrás se le había negado a él.

El PRI dominó la escena política nacional durante 71 años. El Gobierno controlaba el papel —era el único importador de la principal materia prima de los periódicos— y una parte de las cuotas del Seguro Social se pagaba con publicidad. Eso terminó. Lo que no acabará es la relación de la prensa con el poder. El Día de la Libertad de Expresión se instituyó en 1951 para homenajear al presidente de turno (en ese momento era Miguel Alemán) más que para celebrar el cumplimiento de ese derecho o exigir su cumplimiento. Eso también es cosa del pasado.

Los conflictos entre el poder y la prensa los detonó la crítica y la denuncia de los abusos de la autoridad. El Excélsior de Julio Scherer provocó la ira del presidente Luis Echeverría, quien respondió con un boicot publicitario y la expulsión de la directiva del hasta entonces diario más influyente del país. Scherer mantuvo en el semanario Proceso la misma línea editorial, y López Portillo recurrió a las mismas armas de su predecesor en Los Pinos. «No pago para que me peguen», amenazó. Echeverría y López Portillo figuran entre los presidentes más odiados; otros lo serían aún más.

Salinas de Gortari también reprimió a los medios críticos y favoreció a los adictos a su Gobierno. Zedillo fue un presidente moderado y no corrompió a la prensa. Vicente Fox y Felipe Calderón, quizá en recuerdo de los tiempos cuando el PAN y sus candidatos eran ignorados e incluso motivo de guerra sucia, marcaron distancia, pero aun así tuvieron filias y fobias. Fox recomendaba no leer periódicos. En los gobiernos panistas el PRI era todavía un partido poderoso: dominaba el Congreso y la mayoría de los estados, las legislaturas locales y los ayuntamientos, por lo cual siempre tuvo de su lado a amplios sectores de los medios de comunicación y a una vasta nómina de columnistas.

Peña Nieto regresó a las viejas formas, pero la realidad ya había cambiado por la irrupción de las redes sociales y la consolidación de medios críticos, al margen del partido en el poder (Proceso y Reforma), y de programas de radio y televisión como los de Carmen Aristegui y Pedro Ferriz, quienes fueron acosados y perdieron sus espacios. La primera, por la investigación de la Casa Blanca del presidente y su esposa Angélica Rivera, y el segundo, por exhibir la incompetencia y venalidad gubernamentales.

Gastar en imagen más que ninguno de sus predecesores y ser Peña el presidente peor calificado, en parte lo explica el hecho de haber canalizado la mayor parte del presupuesto a medios afines y de escasa o nula credibilidad, los cuales eran al mismo tiempo contratistas de la administración federal. La corrupción, la violencia y la impunidad sepultaron al gobierno y al PRI en las elecciones presidenciales del año pasado.
09 Enero 2019 03:58:00
El rescate de Torreón
Jorge Zermeño rindió su informe en el Teatro Nazas, donde 43 años atrás Óscar Flores Tapia –enemigo acérrimo del PAN– inició su campaña para gobernador y, donde hace dos, Miguel Riquelme anunció su separación de la alcaldía para buscar la candidatura al Gobierno que ya tenía como en la bolsa. Nazario Ortiz Garza y Braulio Fernández Aguirre (PRI) ocuparon en dos ocasiones la presidencia de Torreón. Zermeño la ha ganado tres veces: la primera en 1996, la segunda en 2017 (por un año) y la tercera en 2018 (para un periodo de tres).

Ante el secretario de Gobierno, José María Fraustro, quien representó al gobernador Miguel Riquelme, y el líder del PAN, Marko Cortés, Zermeño habló de rezagos heredados, de inversiones en obras por 517 millones de pesos y de la captación del 25% de los nuevos empleos generados en Coahuila en 2018 (equivalente a 12 mil plazas de trabajo). “Lejos quedaron los tiempos del autoritarismo, de los mandos jerárquicos, de los alcaldes autocráticos”, advirtió.

Demandó respeto al federalismo y a la división de poderes. “Esperamos que esta conformación de nuevas mayorías en el Congreso de la Unión no sea pretexto para volver a épocas de hegemonía ya superadas”. Con respeto al Ayuntamiento 2019-2021, dijo que “representa la pluralidad de una sociedad que no es monolítica, que no pensamos todos igual”.

En las elecciones de julio pasado, el exembajador de México en España superó en votos al ahora presidente López Obrador. El triunfo de ambos lo explica, además de su liderazgo, el desencanto de los electores con los políticos jóvenes (Peña Nieto, los Moreira, los Duarte y otros de esa generación rapaz, soberbia e insolente). La experiencia ha terminado por vencer a la mercadotecnia, y el malestar ciudadano a las maquinarias electorales. El PRI desapareció virtualmente en La Laguna: perdió la Presidencia, las senadurías de mayoría, las tres diputaciones federales, las seis locales y las alcaldías de Torreón, San Pedro (con el PAN), Matamoros y Madero (con Morena).

Zermeño, de 69 años, regresó a la Alcaldía después de ocho años de gobiernos priistas. Un año era insuficiente para levantar una ciudad castigada durante 12 por el moreirato. Los cambios se empiezan a apreciar. Saltillo y Torreón ofrecen todavía hoy la visión de dos mundos opuestos. Además de funcional y de tener servicios públicos de calidad, la capital es una de las más seguras del país (Inegi) y de las que mayor inversión extranjera reciben cada año. Mientras algunos sectores de Saltillo compiten con San Pedro Garza García –la ciudad más rica del país, Lamudi–, Torreón apenas empieza a dar signos de recuperación.

Los Moreira no sólo abandonaron la ciudad: se empeñaron en destruirla. No actuaron solos, pues tuvieron de su parte a empresarios complacientes y a actores políticos apocados. La ciudad se rezagó varias décadas. “Ante esta realidad”, observó Zermeño, “decidimos recuperar la deteriorada imagen urbana del municipio, atendiendo la sentida demanda de la ciudadanía por mejorar todos los servicios públicos y el rescate de áreas verdes, canchas deportivas, agua potable, drenaje, pavimentación y seguridad pública”.

Sin embargo, aún falta mucho por hacer. Torreón tiene una sociedad civil más activa y crítica que la de Saltillo. A ella se debe, más que a los partidos, el triunfo del PAN y de Morena en La Laguna. La capital se ha alineado a los intereses del Gobierno. Y no le ha ido mal: el poder y el presupuesto alcanza para todos. Las élites cogobiernan, como a escala nacional lo hicieron con Fox, Calderón y Peña Nieto. AMLO les plantó cara y retomó las riendas del poder. En Torreón, Zermeño ha salvado al PAN.
08 Enero 2019 03:59:00
Venganza política
Torreón no había sido castigado con tanto rigor como lo fue en los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira. Ambos perdieron sus respectivas elecciones y se la cobraron. La ciudad, otrora referente nacional por su desarrollo económico y urbanístico, devino en caos. Durante el sexenio de Moreira I, la metrópoli lagunera se convirtió en una de las más peligrosas del mundo (Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Aristegui Noticias 02-07-13). Cuando el PRI recuperó la alcaldía empezó a revertir esa tendencia, pero el daño era enorme: la violencia había ahuyentado la inversión y el 80% de los jóvenes de 18 a 29 años quería emigrar a otras ciudades en busca de oportunidades (Encuesta de Percepción Ciudadana, Consejo Cívico de las Instituciones 2013).

El semanario Proceso dio un mentís al triunfalismo del clan, celebrado por empresarios y medios de comunicación afines: “Mientras Rubén Moreira ofrecía su último informe de Gobierno en el que presumía que “los grandes capos que asolaban Coahuila ya no estaban” y que la paz y tranquilidad regresaron al estado, la Universidad de Texas, en Austin, Estados Unidos, presentó un estudio (Control sobre todo el estado de Coahuila: Un análisis de testimonios en juicios en contra de miembros Zetas en San Antonio, Austin y Del Río) en el que revela que Los Zetas pagaron millonarios sobornos a los gobiernos de los hermanos Moreira”.

Las visitas del tándem a Torreón eran frecuentes y Moreira II la convirtió en sede alterna cuando perdió la Alcaldía de Saltillo con Isidro López Villarreal (PAN). Sin embargo, no lo hacía para integrarse a la sociedad, planear inversiones o buscar consensos, sino para lo contrario: urdir intrigas, comprar lealtades y silencios –los organismos empresariales se vendieron por un plato de lentejas– y envilecer la política. En el colmo del descaro, Moreira II se autoproclamó “gobernador lagunero”.

“El gobernador que más hizo por Saltillo fue Braulio Fernández Aguirre; y quien más ha hecho por Torreón es Enrique Martínez y Martínez”, dijo el periodista Armando Fuentes Aguirre, “Catón”, en el marco de una conferencia organizada por Grupo Estéreo Mayrán en el emblemático teatro Isauro Martínez, hace 15 años. El cronista de Saltillo apelaba a la unidad de las principales ciudades del estado cuando el clamor por la creación del Estado de La Laguna cobraba nuevo aliento.

La relación entre la comarca y la capital siempre ha estado marcada por el reproche y el recelo, pero jamás Gobierno alguno había asumido una actitud revanchista y despótica como el de los Moreira. Óscar Flores Tapia, cuyo carácter no le atraía simpatías, satisfizo una demanda añeja: la Ciudad Industrial. También tendió puentes entre las principales cabeceras del estado. El primer supermercado de Soriana, fuera de Torreón, se construyó en Saltillo (en el bulevar Francisco Coss; uno de los más exitosos), por su amistad con Francisco Martín Borque, uno de los fundadores de la empresa y padre de Ricardo Martín Bringas, actual director de la organización.

Flores Tapia tuvo con sus críticos laguneros la misma disposición. En una ceremonia en el Cine Torreón, al empezar su mandato, hizo las paces con Salvador Sánchez y Sánchez, autor de la columna «Azagaya», una de las más leídas e incómodas para el poder. Después de concluido su sexenio, obsequió un retrato a don Antonio de Juambelz donde el director de El Siglo de Torreón vestía un esmoquin de chaqueta blanca. La política de los Moreira fue la de “pan o palo”. Si no compraban, espiaban y enderezaban campañas de descrédito contra medios de comunicación y periodistas insumisos.
07 Enero 2019 04:02:00
El éxito, resbaladizo
“Hace 11 años inicié mi trabajo político y social desde el primer escalón”. Modestia no le falta a Manolo Jiménez Salinas –en ese lapso ha sido representante en la colonia Brisas Poniente, regidor, líder del PRI, diputado local y alcalde de Saltillo–, sino perspectiva. Cuando Óscar Flores Tapia decía entre bromas y veras que una nueva carretera pasaría por su rancho, Gerardo Dávila, su secretario particular, exclamaba: “¡Suerte de gobernador!”. Jiménez también es un político con suerte, pues infinidad de priistas empezaron antes y nunca han subido de peldaño. No por falta de méritos, sino por su condición. “Un político pobre es un pobre político”, sentenció Carlos Hank González.

Legiones de políticos empezaron pobres, pero en el ejercicio del poder –como el profesor– se volvieron ostensiblemente ricos y prósperos empresarios. Una tarascada al presupuesto aquí, un pacto con el narcotráfico allá, asignaciones de contratos y empresas fantasmas acullá, y el futuro de varias generaciones quedaba resuelto. Coahuila está plagado de ejemplos. La deuda fue un meganegocio para políticos y banqueros inescrupulosos y un lastre eterno para millones de coahuilenses. El agravio no ha caído en el olvido y será tema en cada elección mientras permanezca impune.

Jiménez, quien hasta ahora ha tenido un buen desempeño, no cometió el error de atribuir a su gobierno –de apenas 12 meses– el liderazgo de Saltillo en seguridad, bienestar, inversión y otros indicadores, sino al trabajo de varias administraciones (del PRI y del PAN, unas buenas, otras malas). La capital es la segunda mejor ciudad del país para vivir (Gabinete de Comunicación Estratégica). De los 48 mil nuevos empleos generados el año pasado en el estado, 24 mil correspondieron a Saltillo, informó el gobernador Riquelme. Mientras tanto, Torreón no ha podido superar el rezago acumulado en los últimos sexenios.

En la ceremonia del 10 de diciembre, en el Museo del Desierto, hubo ausencias notorias (la de los exalcaldes Jericó Abramo, quien fue nombrado secretario de Vivienda y Ordenamiento Urbano, el 26 de diciembre, e Isidro López Villarreal; en cambio Óscar Pimentel, uno de los damnificados por la derrota del PRI en las elecciones de julio pasado, reapareció como director del Instituto Municipal de Planeación) y concurrencias aún más notables todavía. Con López Obrador en la presidencia y un Congreso dominado por Morena, el contexto político del estado y del país cambió radicalmente.

La presencia del senador Armando Guadiana y del coordinador general del Gobierno federal, Reyes Flores Hurtado, alteró el ambiente festivo y futurista.

El tándem de Morena atrae la atención de políticos de todos los partidos y de los grupos de poder, en especial de la élite económica. A escala nacional, AMLO empieza a poner a raya a la oligarquía, por ser una de las principales beneficiarias de la corrupción, junto con los gobiernos federal y locales, y por invadir funciones del Estado.

En las elecciones estatales, el PRI y el PAN dejaron de estar solos. Morena trabaja para hacerse con la Gubernatura. El Congreso local –donde ahora tiene un diputado (Benito Ramírez Rosas), pues Catalina Villalobos juega con la bancada priista– se renovará en 2020; y las alcaldías, de las cuales ya ocupa las de Piedras Negras, Matamoros, Francisco I. Madero y Parras, un año después. Si el partido del Presidente aumenta su presencia en la próxima legislatura y en los municipios, la distancia que lo separa del Palacio de Gobierno será más corta. Sólo le faltará candidato. Guadiana es el primero en alzar la mano. Jiménez necesita ampliar su perspectiva y administrar el éxito, de suyo resbaladizo.
05 Enero 2019 04:00:00
Lucro y abandono
En su visita del 28 de diciembre a Torreón, el presidente López Obrador se refirió a la crisis del sistema de salud en Coahuila. Desviar recursos del sector es una de las mayores infamias de la clase gobernante, pues condena a muerte a personas de todas las edades. La medicina privada se mercantilizó en exceso y las instituciones públicas fueron abandonadas y saqueadas. La siguiente es una parte del texto de Gerardo Moyano sobre el tema (Espacio 4, 604).

“El chamán dijo que hay que matar un becerro para que doña Rosa se cure”. “El curandero me vendió estas gotitas para que me regrese la vista”. “Me dieron cita para dentro de tres meses”. Las frases se repiten una y otra vez en los pueblos más pobres del sur del país, en su mayoría indígenas, donde el acceso a la salud es inexistente.

Y aun cuando algunos logran la travesía de llegar a los centros de atención de las ciudades –y de esperar incluso días para ser atendidos– se encuentran con que, por su condición de campesinos, no están asegurados o que el Seguro Popular no puede darles las medicinas que necesitan. Entonces, regresan a casa... y vuelven con el chamán.

Consciente de esta situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) eligió ocho estados del sur del país para arrancar con un ambicioso Plan Nacional de Salud y Bienestar, el cual propone fusionar las clínicas del IMSS, ISSSTE y Seguro Popular para ofrecer atención y medicamentos gratuitos a todos los mexicanos.

Para lograr tal meta, el Gobierno no sólo aumentará la inversión en el sector (este año, la Secretaría de Salud recibirá 562 millones de pesos más que en 2018) sino que arrebatará el manejo de la salud a los estados, donde el desabasto de medicinas, la falta de equipamientos y la mala atención se han agravado en los últimos años. En muchos casos, debido a los desfalcos cometidos por los gobernadores.

»Para muestra, el botón de Veracruz, donde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó “un probable daño y perjuicio a la Hacienda Pública federal” por mil 427 millones de pesos pertenecientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) durante el gobierno del hoy detenido Javier Duarte. Los recursos estaban etiquetados para compra de medicamentos y tratamientos contra el cáncer de la población sin seguridad social. En Coahuila, el desabasto de medicinas es un problema que se arrastra desde las administraciones de los hermanos Humberto y Rubén Moreira.

»Además de los 123 mil 209.4 millones de pesos asignados al rubro salud en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, AMLO dijo que el Gobierno federal echará mano de un fondo especial de 25 mil millones de pesos, que se canalizarán para implementar la primera etapa del plan en los estados de Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. El objetivo es agregar ocho estados cada seis meses, para estar operando en las 32 entidades federativas, en la segunda mitad de 2020.

El plan también incluye regularizar la situación laboral de cerca de 80 mil empleados que trabajan por honorarios y blindar las licitaciones del sector con ayuda de la Auditoría Superior de la

Federación (ASF). Si bien la centralización de los servicios médicos públicos ha gene-rado preocupación, la mayoría de los expertos coincide en que el éxito o el fracaso del plan dependerá de su aplicación –para que no sea sólo un cambio de siglas– y del manejo de recursos –para que no se premie o castigue a determinados estados por cuestiones políticas–.
04 Enero 2019 04:07:00
Juegos de poder
Saltillo soltó la Gubernatura, pero volvió a recuperarla sin elecciones de por medio y desde ahora se prepara para que el futuro candidato sea uno de los suyos. Por vez primera en décadas, el PRI no postuló a un capitalino para el cargo, sino a un lagunero.

La maquinaria tricolor, cuyos motores son las colonias populares, la burocracia, el magisterio y las élites económicas, cerraron filas en 2017 con Miguel Ángel Riquelme, quien aventajó por 28 mil votos al también exalcalde de Torreón, Guillermo Anaya Llamas, postulado por el PAN.

El empresario y político Manolo Jiménez, de 34 años, apostó por Riquelme –el aspirante saltillense al Gobierno era Jericó Abramo Masso– y como recompensa obtuvo la alcaldía. Originalmente iba a ser presidente por un año, pero el escenario cambió al abrirse la puerta a la reelección y el PRI lo postuló para el periodo 2019-2021.

Hoy, en la cresta de la ola, Jiménez pondera al Gobernador y frente a la oligarquía local lo presenta como “el gran aliado de los saltillenses”.

Hace un año, cuando asistió a la toma de posesión de Jiménez, Riquelme ofreció corresponder con inversión el voto de los capitalinos que le permitió ganar por los pelos. Ya antes había prometido que Saltillo sería el municipio consentido de su gobierno, lo cual cayó como balde de agua fría a los laguneros.

En Torreón, el PRI perdió la elección para gobernador por 14 mil votos, además de la alcaldía y las cuatro diputaciones locales. Humberto y Rubén Moreira también fueron derrotados en sus respectivas elecciones, y la ciudad pagó las consecuencias.

El año pasado, la inversión en infraestructura ascendió a mil millones de pesos en Saltillo, destacó Jiménez en el informe que rindió el 10 de diciembre en el Museo del Desierto. Frente a varios de sus predecesores –entre ellos su abuelo Luis Horacio Salinas– y los exgobernadores Eliseo Mendoza Berrueto y Enrique Martínez, puso de relieve el apoyo, la visión y la experiencia de Riquelme.

“Se comprometió a ser amigo de los saltillenses, y está cumpliendo (…) es nuestro mejor aliado”, dijo exultante. El futuro le sonríe y él le corresponde.

“La asistencia colmó las expectativas”, según uno de los organizadores. “Se esperaban 700 invitados y llegaron mil 200”. El futurismo sucesorio paseó por el auditorio de la galería de los dinosaurios y se instaló en primera fila.

No era cualquier informe, sino el de quien podría ser candidato a gobernador después de haber sido alcalde; Humberto Moreira y el propio Riquelme siguieron la misma ruta.

La mirada está puesta desde ahora en 2023. Sin embargo, como la gestión de Jiménez terminará dos años antes de los comicios, necesitará una plataforma para entrar en la carrera. Podría ser un cargo administrativo o de elección. Si es lo segundo, la alternativa sería una diputación federal en 2021, en tal caso, debería separarse de la alcaldía.

Uno de los efectos de la alternancia en el país fue que las sucesiones se adelantaron. Mientras el PRI ostentó el poder, el Presidente en turno marcaba los tiempos y nombraba candidatos en los estados.

La regla según la cual “quien se mueve no sale en la foto” (Fidel Velázquez) no sólo quedó obsoleta desde entonces, sino que se invirtió: hoy, quien no se mueve, se autoelimina.

La sucesión en Coahuila volvió a empezar temprano. Los poderes fácticos al parecer ya tienen favorito, pero si las circunstancias cambian y surgen otros aspirantes –lo cual sucederá–, también ellos mudarán sus preferencias. La oligarquía está con el ganador. Así ha sido siempre. Arropado por la élite política y económica de la capital, Riquelme se declaró “lagunero por nacimiento y saltillense por adopción”.
02 Enero 2019 04:08:00
Limitar al Presidente
Andrés Manuel López Obrador no ha engañado a nadie: ha emprendido lo que ofreció como candidato, es decir, atender y apoyar a los sectores olvidados por los gobiernos del PRI, el PAN y el neoliberalismo. La ciudadanía votó masivamente por esa opción, acaso sin tener conciencia plena del significado de la cuarta transformación, pero sí persuadida de que las cosas debían cambiar. La mejoría lograda en los últimos sexenios se concentró en los estratos más altos, mientras el acceso a la salud, la educación y el empleo bien remunerado se redujo para la mayoría de los mexicanos.

El AMLO que despacha en Palacio Nacional es el mismo de los debates presidenciales y de las arengas en las plazas; el hombre genuino y el político cercano al pueblo y sus angustias. Sin las ínfulas de los tecnócratas, pero también sin la comprensión completa del país y del mundo, y sin la visión necesaria para afrontar sus complejidades. Presentarse tal cual es y proponer sin ambages un cambio radical lo identificó con un electorado burlado sexenio tras sexenio por una clase gobernante insensible y petulante.

Ganar la Presidencia en menos de cuatro años de fundado, como lo hizo el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), refleja el agotamiento y la crisis de los partidos tradicionales, los cuales, por parecerse tanto entre sí, se anularon. “En el México actual, la vida política e institucional está marcada por la corrupción, la simulación y el autoritarismo. A pesar de ello, millones de mexicanos trabajan a diario honesta y arduamente, practican la solidaridad y se organizan para acabar con este régimen caduco”, dice la declaración de principios de Morena.

En su intento de ser en el Congreso –donde también fueron vencidos– las oposiciones que dejaron de ser, pues el poder los atrofió, el PRI y el PRD exhiben su mediocridad y falta de energía. El PRI tampoco tiene nada que ofrecer después de su fracaso en la Presidencia y en las urnas. Castigados por los electores y sin respuestas para afrontar la nueva realidad política, la partitocracia apuesta a los errores del Gobierno de AMLO –los ha tenido– para crecer y reconciliarse con los ciudadanos después de haberlos abandonado y traicionado su confianza.

“El modelo neoliberal impuesto en los últimos 30 años”, advierte la declaración de Morena, expresada por AMLO en su primer discurso a la nación, “sólo ha beneficiado a una minoría a costa de la pobreza de la mayoría de los mexicanos. La economía está en manos de los monopolios; la planta productiva está destruida; hay millones de jóvenes sin oportunidades de estudio o trabajo; el campo se encuentra abandonado y miles de migrantes cruzan la frontera norte cada día, a pesar de los riesgos y de la persecución”.

México no podía continuar más tiempo por las vías de la injusticia y la corrupción. Morena catalizó el enfado nacional y lo convirtió en votos. El presidente López Obrador recibió un país en crisis. Su principal capital es su honestidad y la esperanza depositada en él por legiones. El cambio iniciado ha provocado reacciones, pues afecta intereses económicos y políticos que se habían apropiado del país y de sus instituciones, lo cual debilitó al Estado.

Una de las formas de apoyar al Presidente consiste en limitarlo desde la ciudadanía. Ella le dio la victoria y a ella debe obedecer para llegar a buen puerto con la cuarta transformación.



01 Enero 2019 04:08:00
El modelo cubano
La pluralidad partidista en el recinto de la UAdeC donde el gobernador Miguel Riquelme dio el mensaje posterior a su primer informe, no reflejó la nueva realidad política del estado, sino una verdad que el moreirato trató de sofocar y ocultar por medio del espionaje, la represión e incluso terror. Humberto y Rubén Moreira viajaron a La Habana en 2007 para ser adoctrinados por Fidel Castro. La idea era importar la revolución cubana e instaurar en Coahuila su propio modelo totalitario.

Si el comandante nombró sucesor a su hermano Raúl, aquí Humberto impuso a Rubén. Para lograrlo eliminaron a sus rivales, suplantaron liderazgos y estructuras con figuras y cuadros incondicionales, y suprimieron todo tipo de disidencia aun dentro del PRI. Los costos para el estado han sido enormes, no solo en términos financieros, sino también humanos y morales. Coahuila se convirtió en referente nacional e internacional de violencia y corrupción.

Entrevistado tras la liberación de Humberto Moreira del penal madrileño de Soto del Real, el 22 de enero de 2016, donde pasó una semana por una investigación de lavado de dinero, el historiador coahuilense Carlos Manuel Valdés declaró al periodista Pablo de Llano, sobre el gobierno del priista: “Fue una época de dispendio. Nos dejó con una deuda imposible de pagar. Empezó siendo un maestro sencillo, pero terminó enfermo de poder, gastando dinero sin límite para comprarse el favor de la gente y con desvaríos como querer implantar en Coahuila la pena de muerte” (El País, 22-02-16).

Humberto no impuso la pena capital, pero sí a su hermano para que la deuda por 36 mil millones de pesos jamás fuera investigada. “Rubén nunca criticó a su hermano por su nombre, pero tampoco evitó –o no pudo evitar– reconocer lo envenenado de su legado: ‘Cuando yo entré a mi gobierno, me di cuenta de que estábamos a punto de que el monopolio de la autoridad no lo tuviera el Gobierno, sino la delincuencia’, afirmó en una entrevista con un diario local”, dice el texto de De Llano.

El 6 de noviembre de 2017 la Universidad de Texas presentó ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el estudio Control sobre todo el estado de Coahuila: un análisis de testimonios en juicios contra miembros Zetas en San Antonio, Austin y Del Río, según el cual “Los Zetas pagaron millonarios sobornos a los gobiernos de los hermanos Moreira” (Proceso, 06-12-17).

Quince días después, El Colegio de México anunció los resultados de la investigación El Yugo Zeta. Norte de Coahuila 2010-2011, elaborado por Sergio Aguayo y Jacobo Dayán, sobre las masacres en el penal de Piedras Negras y en Allende. “La cárcel era un cuartel que jugaba un papel clave en el esquema de negocios y terror Zeta. Aun cuando conocían lo que sucedía, el Gobierno estatal y federal subsidiaron el centro penitenciario (…)”.

El informe advierte que “Entre el 18 y el 22 de marzo de 2011 los Zetas desencadenaron una venganza en toda la región. Desde Allende y Piedras Negras se hicieron en esos cinco días mil 451 llamadas al teléfono de emergencia 089. Esas cifras nos permiten asegurar que la venganza trascendió a Allende. El caso crece en magnitud y complejidad. No está esclarecido o cerrado. Establecer con mayor precisión el número de víctimas ayudará a los familiares de desaparecidos y permitirá establecer responsabilidades”.

Previamente, el 7 de julio de 2017, la Federación Internacional de Derechos Humanos denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI) al Gobierno de Coahuila por crímenes de lesa humanidad en complicidad con Los Zetas entre 2009 y 2016. El periodo comprende cuatro años del gobierno de Humberto Moreira y cinco de la gestión de su hermano Rubén.

29 Diciembre 2018 04:01:00
Crisis de salud pública
En una visita a Chihuahua, antes de asumir la Presidencia, López Obrador recorrió, junto con el mandatario panista Javier Corral, un hospital inaugurado por Enrique Peña y el ahora exgobernador prófugo César Duarte. El edificio estaba vacío –sin camas ni equipo–, igual que otros anunciados a bombo y platillo como terminados y en operación. El ejemplo se repite en la mayoría de los estados y Coahuila, en los últimos sexenios, no fue la excepción.

El engaño es criminal, máxime en un país en la frontera de una crisis de salud pública cuyo efecto no lo sienten sólo los pobres, sino la mayoría de los mexicanos. Ese es uno de los temas de la nueva edición de Espacio 4, desarrollado por Gerardo Moyano.

“(En los últimos años) se le dio atención por cuestiones políticas, ideológicas, al problema educativo y se olvidó el grave problema de desatención en el terreno en materia de salud. Todo se orientó al debate en lo educativo y podría decirles que está peor el sistema de salud que el sistema educativo”, dijo López Obrador al lanzar el nuevo plan de salud en Mérida, el 14 de diciembre.

“Imagínense lo que significa el que los niños se enfermen y que no haya médicos y que no haya medicamentos, y que muchos se enfermen, pierden la vida por enfermedades curables, atendibles”, agregó. Los números lo avalan. Según un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el presupuesto de la Secretaría de Salud disminuyó más del 20%, lo que obligó a las familias que subsisten con salario promedio a endeudarse para cubrir los tratamientos de enfermedades crónicas.

El informe “Pequeños pasos para transformar al sistema de salud: Propuestas para mejorar los servicios”, publicado en mayo pasado, señala que “México está al borde de una crisis de salud pública”. El 4 de octubre, en su comparecencia ante el Congreso, el entonces secretario de Salud, José Narro Robles, reconoció que su dependencia interpuso ante la Procuraduría General de la República (PGR) 70 denuncias por desvíos del sector que alcanzan los mil 150 millones de pesos.

»Según los datos recabados por el IMCO, la disminución del presupuesto de salud se refleja en que la falta de cobertura para más de 16 millones de mexicanos, que carecen de algún tipo de protección. También destaca que apenas el 61% de las personas con diabetes, hipertensión y dislipidemia (alteración de los niveles de lípidos en la sangre) que acudieron a los servicios estatales de salud lograron conseguir todos los medicamentos que necesitan.

»En consecuencia, concluye el reporte, “los mexicanos buscan atención médica en el sector privado”, lo que se traduce en un mayor gasto de bolsillo. “Si el Gobierno no actúa, estas pérdidas podrían crecer a más de 302 mil millones, como mínimo, en 2030, lo que equivale a 7.3 veces el presupuesto de la UNAM”, señala el IMCO.

“Para resaltar la importancia del acceso a la salud, López Obrador utilizó dos ejemplos concretos: los jóvenes que pasan de las filas del narcotráfico a las minas de Chihuahua para contar con seguro social y el de los cañeros, que, pese a la mala paga, siguen trabajando para que su familia esté asegurada. También destacó que para lograr la centralización total de los servicios de salud se requiere del apoyo de los gobernadores, de lo contrario, se necesitaría reformar la Constitución. “Pero eso es hacer las cosas a la fuerza (...) Afortunadamente los gobernadores son muy sensibles a este tema (…) Y hay el acuerdo de que se unifique todo el sistema de salud. Si logramos esto, va a ser extraordinario”, resaltó.
28 Diciembre 2018 04:04:00
Teorías conspirativas
Rafael Moreno Valle era el panista más fuerte y encumbrado. Su experiencia política y financiera, su posición como coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado y su influencia en el Gobierno de su esposa Marta Érika Alonso, en Puebla, lo convertían en aspirante natural a la Presidencia en 2024, después de su frustrado intento el año pasado. Acción Nacional no tiene figuras con ese empaque; unos son viejos y los cuadros jóvenes no convencen. Ricardo Anaya pudo abrir las puertas a los de su generación, pero la derrota dejó a su partido huérfano de liderazgos.

“Quien hace política pacta con los poderes diabólicos que acechan a todo poder”, advertía Max Weber. Nieto de general (su abuelo y homónimo ocupó los mismos cargos: senador y gobernador de Puebla, además de haber sido secretario de Salud en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el único presidente de origen poblano en la era del PRI), Moreno ejerció el poder y negoció con mano dura. Una de las perversiones causadas por la alternancia fue la que permitió a gobernadores y alcaldes heredar el puesto a hermanos, hijos y esposas. Paradójicamente, los presidentes perdieron esa facultad; no por voluntad, sino por decisión ciudadana.

El poder cobra según su uso, su abuso o su desuso, pero el castigo suele ser mayor cuando se ejerce en exceso y sin sujeción a las leyes. Mas como en México la norma exenta a sus autores –los políticos– y por extensión a sus socios, el camino de las urnas y el repudio ciudadano es el único transitable. El país, los estados y los municipios tienen a sus villanos favoritos (a escala nacional lo son Salinas de Gortari y Peña Nieto, Fox y Calderón; y en el ámbito local, los Moreira).

México es un país proclive a las teorías de la conspiración y la conjura por tantos casos no resueltos a lo largo de la historia (la muerte de Manuel J. Clouthier y los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, sólo en el sexenio de Salinas). Los accidentes aéreos donde fallecieron Ramón Martín Huerta, secretario de Seguridad Pública con Vicente Fox (2005); Juan Camilo Mouriño (2008) y José Francisco Blake Mora (2011), secretarios de Gobernación con Felipe Calderón, también despertaron sospecha. Mouriño era presidenciable y la guerra contra el narcotráfico estaba en su apogeo.

La muerte de Moreno Valle y de su esposa Marta Érika Alonso, por el desplome e incendio del helicóptero que los trasladaba a Ciudad de México, ha dado pábulo a las teorías de la conjura que atribuyen el accidente a un móvil político. La elección de gobernador la resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en favor de Alonso (PAN), quien rindió protesta el 14 de diciembre en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, ante la imposibilidad de hacerlo en el Congreso local. Morena, cuyo candidato fue Miguel Ángel Barbosa, perdió por cuatro puntos porcentuales e impugnó el resultado. El presidente López Obrador calificó el fallo de equivocado y antidemocrático, “pero se tiene acatar porque ya hay Estado de derecho, que no había en el país”.

Invitar a expertos internacionales a participar en la investigación del accidente y esclarecer sus causas es una decisión sensata. El secretismo del Gobierno, en este tipo de casos, era la principal fuente de sospecha. AMLO ayudaría mucho también si en vez de actuar como de líder de Morena se dedica a gobernar.
26 Diciembre 2018 04:07:00
Pluralismo político
El auditorio del Centro Cultural Universitario de la UAdeC de Arteaga se convirtió en pasarela política. El 30 de noviembre sucedió algo inédito: la presencia de líderes y legisladores de los principales partidos de oposición en un acto oficial. En los 12 años del moreirato, sólo el PRI y sus satélites tenían lugar en las ceremonias donde Humberto y Rubén se llenaban de elogios por los resultados de sus respectivos gobiernos, mientras endeudaban al estado y se cometían las peores villanías. En el Congreso, la aplanadora tricolor asfixiaba toda expresión discordante.

Las cosas cambiaron con votos. El PRI tiene hoy 10 diputados, uno menos que el PAN, y aun cuando Elisa Catalina Villalobos, de Morena, ha bloqueado iniciativas para investigar la megadeuda, el grupo pastoreado por Jaime Bueno no puede imponer los dictados del Palacio de Gobierno. Miguel Riquelme es el primer gobernador que ha informado ante una Legislatura de mayoría opositora, sin que ese peso se aprecie a casi un año de instalada. La falta de resultados de las fracciones del PAN y UDC causa decepción.

La composición del Congreso, el estilo de Riquelme y el manejo de la sesión por el panista Juan Antonio García Villa, presidente de la mesa directiva, le dieron a la sesión del 30 de noviembre el sentido que había perdido en los gobiernos de los Moreira. El gobernador entró y salió del recinto sin las porras ni rabietas de Humberto, ni las actitudes triunfalistas y de perdonavidas de Rubén. Lo tiempos imponen moderación.

En el Centro Cultural de Arteaga el contraste con el pasado resultó más notorio. Los excluidos y perseguidos del moreirato ocuparon asientos de primera fila: el senador Armando Guadiana (expriista) y los diputados Luis Fernando Salazar y José Ángel Pérez (expanistas), de Morena. Marcelo Torres, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso local, figuró también entre los invitados especiales, lo mismo que el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, figura histórica de Acción Nacional.

La representación del PRI la formaron fracasados: Miguel Osorio, frustrado aspirante presidencial y responsable de la fallida estrategia del Gobierno peñista contra la delincuencia; su colega senadora Claudia Ruiz Massieu, presidenta del CEN, y el exlíder Enrique Ochoa, quien dividió y humilló al priismo. El anodino tecnócrata fue relevado por René Juárez antes de las elecciones, pero el daño ya estaba hecho. El PRI perdió todo: presidencia, Congreso, gubernaturas, alcaldías y legislaturas locales. El único senador de mayoría, Carlos Ramírez (Yucatán), vino a saludar a su amigo Jericó Abramo.

En Coahuila empezaron a soplar vientos futuristas. Es prematuro, pero así ha sido siempre. Sin embargo, esta vez la atención está centrada en Morena. El partido del Presidente es la principal fuerza política nacional. Después del informe, Guadiana declaró no tener diferencias con el gobernador Riquelme. Sus problemas son con los Moreira. Por denunciar la deuda lo persiguieron – “querían meterme a la cárcel” (Espacio 4, 597)–, pero al final le convirtieron en víctima. Hoy es el coahuilense más cercano a López Obrador y el principal aspirante al Gobierno del Estado. Sin embargo, estar en el candelero tiene costos. En su edición 2197, Proceso lo presenta como “El viejo del sombrerón”. Desde el Senado, dice la nota, “promueve eventos para beneficiar sus propiedades. Es, el suyo, un círculo perverso de poder”.
24 Diciembre 2018 04:07:00
4T: prueba de fuego
El segundo año de gobierno de Miguel Riquelme inició bajo el signo de la Cuarta Transformación emprendida por Andrés Manuel López Obrador. La circunstancia es propicia para sacudir lacras del pasado, elevar el perfil y mejorar el rendimiento de una administración atenazada por la deuda y un futurismo sucesorio prematuro. El lagunero tiene la ardua tarea de mantener el equilibrio político y financiero. Después de tres sexenios de ejercer el poder sin límites ni contrapesos, los gobernadores cohabitan desde el 1 de diciembre con un representante presidencial en cada estado.

Los supercoordinadores absorberán las funciones de múltiples delegaciones, controlarán el gasto e intervendrán en los gabinetes de seguridad pública. Los mandatarios locales perderán poder, pues en el sexenio pasado los delegados eran nombrados por ellos y no por el Presidente. Sin acceso a los programas sociales y de inversión federal, los gobernadores deberán sujetarse a los presupuestos de sus respectivas entidades, constreñidas por la deuda y el pago de intereses.

Desde el punto de visto operativo, el plan consiste en compactar y sanear la burocracia federal, atacar la corrupción en la contratación de obras y vigilar a los gobernadores; políticamente, la intención es obvia: tomar las riendas de los estados, crear estructura territorial y desarrollar clientelas para los próximos comicios. Morena necesita consolidar y ampliar la base que le permitió captar 30 millones de votos en las elecciones de este año, junto con los partidos del Trabajo y Encuentro Social. AMLO recibió en Coahuila 609 mil sufragios.

El presidente utiliza el poder para beneficiar a su partido, pero lo mismo hicieron sus predecesores del PRI y el PAN. Las delegaciones relacionadas con presupuesto para inversión eran agencias electorales y sus titulares desempeñaban funciones políticas. Sepultados por la ola de Morena, los gobernadores deberán adaptarse a las nuevas circunstancias. En las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, los ejecutivos locales tenían influencia en el Congreso federal, pero ahora ni eso, pues el partido del Presidente y sus aliados cuenta con mayoría en ambas cámaras y controlan comisiones clave: Presupuesto y Cuenta Pública, Desarrollo Social, Seguridad Pública y Transparencia y Anticorrupción.

Además, los superdelegados son potenciales candidatos a los gobiernos de sus respectivos estados; y si ya lo fueron, volverán a serlo. Son los casos de Delfina Gómez (Estado de México), Carlos Lomelí (Jalisco), Miguel Ángel Navarro (Nayarit) y Joaquín Díaz Mena (Yucatán). Su cercanía con el Presidente, la influencia y la exposición mediática les dará ventaja sobre los favoritos de los gobernadores en los próximos comicios. AMLO no ha dejado nada al azar, pero el éxito de Morena dependerá de su desempeño en la Presidencia.

AMLO y Morena han sumado cuadros y operadores electorales que antes lo fueron del PRI, el PAN, el PRD y otros partidos. En Coahuila, la emigración la iniciaron Armando Guadiana, actual senador, Juan Pablo Rodríguez y Reyes Flores (superdelegado). Javier Guerrero coordinó la campaña de López Obrador. Claudio Bres ganó la presidencia de Piedras Negras. José Ángel Pérez, exalcalde de Torreón, es diputado federal por Encuentro Social, y Luis Fernando Salazar ahora forma parte de la bancada morenista en la Cámara baja. Ellos son los perfiles de Morena para la sucesión del 23.
24 Diciembre 2018 04:07:00
4T: prueba de fuego
El segundo año de gobierno de Miguel Riquelme inició bajo el signo de la Cuarta Transformación emprendida por Andrés Manuel López Obrador. La circunstancia es propicia para sacudir lacras del pasado, elevar el perfil y mejorar el rendimiento de una administración atenazada por la deuda y un futurismo sucesorio prematuro. El lagunero tiene la ardua tarea de mantener el equilibrio político y financiero. Después de tres sexenios de ejercer el poder sin límites ni contrapesos, los gobernadores cohabitan desde el 1 de diciembre con un representante presidencial en cada estado.

Los supercoordinadores absorberán las funciones de múltiples delegaciones, controlarán el gasto e intervendrán en los gabinetes de seguridad pública. Los mandatarios locales perderán poder, pues en el sexenio pasado los delegados eran nombrados por ellos y no por el Presidente. Sin acceso a los programas sociales y de inversión federal, los gobernadores deberán sujetarse a los presupuestos de sus respectivas entidades, constreñidas por la deuda y el pago de intereses.

Desde el punto de visto operativo, el plan consiste en compactar y sanear la burocracia federal, atacar la corrupción en la contratación de obras y vigilar a los gobernadores; políticamente, la intención es obvia: tomar las riendas de los estados, crear estructura territorial y desarrollar clientelas para los próximos comicios. Morena necesita consolidar y ampliar la base que le permitió captar 30 millones de votos en las elecciones de este año, junto con los partidos del Trabajo y Encuentro Social. AMLO recibió en Coahuila 609 mil sufragios.

El presidente utiliza el poder para beneficiar a su partido, pero lo mismo hicieron sus predecesores del PRI y el PAN. Las delegaciones relacionadas con presupuesto para inversión eran agencias electorales y sus titulares desempeñaban funciones políticas. Sepultados por la ola de Morena, los gobernadores deberán adaptarse a las nuevas circunstancias. En las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, los ejecutivos locales tenían influencia en el Congreso federal, pero ahora ni eso, pues el partido del Presidente y sus aliados cuenta con mayoría en ambas cámaras y controlan comisiones clave: Presupuesto y Cuenta Pública, Desarrollo Social, Seguridad Pública y Transparencia y Anticorrupción.

Además, los superdelegados son potenciales candidatos a los gobiernos de sus respectivos estados; y si ya lo fueron, volverán a serlo. Son los casos de Delfina Gómez (Estado de México), Carlos Lomelí (Jalisco), Miguel Ángel Navarro (Nayarit) y Joaquín Díaz Mena (Yucatán). Su cercanía con el Presidente, la influencia y la exposición mediática les dará ventaja sobre los favoritos de los gobernadores en los próximos comicios. AMLO no ha dejado nada al azar, pero el éxito de Morena dependerá de su desempeño en la Presidencia.

AMLO y Morena han sumado cuadros y operadores electorales que antes lo fueron del PRI, el PAN, el PRD y otros partidos. En Coahuila, la emigración la iniciaron Armando Guadiana, actual senador, Juan Pablo Rodríguez y Reyes Flores (superdelegado). Javier Guerrero coordinó la campaña de López Obrador. Claudio Bres ganó la presidencia de Piedras Negras. José Ángel Pérez, exalcalde de Torreón, es diputado federal por Encuentro Social, y Luis Fernando Salazar ahora forma parte de la bancada morenista en la Cámara baja. Ellos son los perfiles de Morena para la sucesión del 23.
24 Diciembre 2018 04:07:00
AMLO y el dinosaurio
Porfirio Muñoz Ledo entregó la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador ante cuatro expresidentes del PRI, cuya representación en el Congreso general es la más flaca en cantidad y calidad (47 diputados y 15 senadores). Dulce María Sauri, Enrique Ochoa, René Juárez y Claudia Ruiz Massieu tienen en común el signo de la derrota. Sauri era líder cuando el partido fundado por Plutarco Elías Calles perdió por vez primera la presidencia de la República; los otros cubrieron el periodo en el cual se postuló al primer candidato externo (José Antonio Meade) para sufrir su peor fracaso en las urnas.

Muñoz Ledo fue uno de los últimos ideólogos del PRI, después de Jesús Reyes Heroles, y como líder de ese partido ganó las elecciones presidenciales de 1976 con José López Portillo. Nada extraordinario, pues el PAN no presentó candidato. También presidió el PRD; el PARM lo postuló para la presidencia en 2000 y ha sido senador por el PRD y diputado federal por el PT; ahora lo es por Morena. En 1988, interpeló al presidente Miguel de la Madrid, y fue el primer diputado de oposición en responder un informe (a Ernesto Zedillo).

Frente a un personaje de la talla de Muñoz Ledo, quien también ocupó la Secretaría del Trabajo, la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y representó a México ante la Unesco y la Unión Europea (propuesto por Vicente Fox), los últimos líderes del PRI son una caricatura. Sobre todo, Enrique Ochoa, impuesto por el expresidente Peña Nieto, sólo para dividir al priismo y contribuir a la derrota de Meade. En premio recibió una diputación plurinominal.

René Juárez, exgobernador de Guerrero, relevó a Ochoa cuando López Obrador ya tenía medio cuerpo dentro del Palacio Nacional. También es diputado de representación proporcional. Ruiz Massieu, la actual dirigente, es sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari y senadora plurinominal.

En el Congreso quedan los rescoldos del peñismo: Miguel Osorio, mediocre secretario de Gobernación y aspirante frustrado a la presidencia; Enrique Miranda, el insolente exsecretario de Sedesol; Nuria Mayorga, del grupo de Osorio, y Vanessa Rubio, del equipo de Meade. También los exgobernadores Eruviel Ávila (Estado de México) y Rubén Moreira (Coahuila) en cuyos periodos se cometieron graves violaciones a los derechos humanos.

La nueva aplanadora en las cámaras de Diputados y de Senadores es Morena. En Coahuila, el partido del presidente López Obrador ganó tres diputaciones (de siete) y las dos senadurías de mayoría. Tribuno, polemista y hombre de una vasta cultura, Muñoz Ledo preside a sus 85 años la Cámara de Diputados y da cátedra a los últimos líderes del PRI –vacuos y arrogantes– de cómo hacer política y sobrevivir en sus mares procelosos; pero, sobre todo, de cómo cambiar de partido sin perder figura.

A veces exagera: «Desde la más intensa cercanía confirmé ayer que Andrés Manuel @lopezobrador_ha tenido una transfiguración: se mostró con una convicción profunda, más allá del poder y de la gloria. Se reveló como un personaje místico, un cruzado, un iluminado. (1/2) La entrega que ofreció al pueblo de México es total. Se ha dicho que es un protestante disfrazado. Es un auténtico hijo laico de Dios y un servidor de la patria. Sigámoslo y cuidémoslo todos. (2/2)», publicó el 2 de diciembre en su cuenta de Twitter. Ochoa, Juárez y Ruiz Massieu ni para eso tuvieron gracia.
22 Diciembre 2018 04:07:00
El mal de México
El catálogo de los más ricos del mundo del Almanaque de Gotha incitó al talentoso escritor y cervantista Jaime Torres Mendoza a dedicar su columna en Espacio 4 (603) al mayor mal del país: la corrupción. El texto es bastante recomendable y de él comparto algunas partes:

«Pues bien, en ese gran anuario, que se publica en alemán y en francés, aparecen en los últimos años, algunos mexicanos, lo cual me parece a mí asunto de escándalo no exento de inmoralidad, sobre todo cuando en este país existen millones de pobres que la pasan mal en su vida cotidiana. Me parece que es una cuestión de escándalo porque yo he visto tantos rostros de niños, mujeres y hombres de todas las edades en las páginas de los periódicos. He visto en esos pliegos de papel los retratos de tantos cuerpos heridos o muertos.

»Ante esa visión, como dijera un poeta, mi corazón no puede más, no puede en mundo que deja morir solos a sus héroes. Y me duele porque los héroes de este mundo no son los grandes que aparecen en el Almanaque de Gotha, esos que en todas partes tienen estatuas y reciben homenajes a granel. No, héroes verdaderos son todos aquellos que en todas partes y todos los días del almanaque, que no es el Gotha, mueren por miles de causas, que mueren como si fueran delegados de la humana desdicha con todo su sufrimiento. (…)

»Freud apuntó, quizá como respuesta a esto, a la idea turbadora de que en este mundo el mal es anterior al bien. El gran poeta Rainer María Rilke, que dicen que practicó una religión extraña pero sumamente poética, dijo que Dios estaba por venir y usó una palabra bellísima, un puro tiempo verbal maravilloso: devenir. Dios, dijo, devendrá en nosotros si nos preparamos a su advenimiento.

»Schopenhauer, sin embargo y más contundente, estableció en el mundo como voluntad y como representación, su obra filosófica cumbre, que: “si Dios existe, no me gustaría ser ese Dios, porque la miseria de los hombres me desgarraría el corazón”. Perturbador, ¿no? Quizá la cercanía de la navidad o el cambio de gobierno en mi país me hacen ver que he empezado a envejecer. Sí, soy viejo, y aunque sea sólo por eso, estoy autorizado a decir lo siguiente: aquí estoy, reclamando mi derecho a ser escuchado. Decirles a todos los conciudadanos que estoy dolido y que, como ellos, me carcomen y canceran las penas.

»Estoy así, porque el año que está por acabar, acaba mal. Para unos acaba el año muy arriba, envueltos en pompa y galas; es decir, en el lujo total. Para los demás, el año termina muy abajo, soportando sobre sus espaldas el monumento de la miseria y el descontento. Los granos de arena de cualquier playa mexicana, no alcanzarían para contar sus males.

»Sí, sé que he empezado a envejecer porque he utilizado este espacio para decirles que he apostado y sigo apostando mi alma a favor de las causas populares (dicho sea de paso, sin retórica de por medio), por la simple y sencilla razón de que pertenezco al pueblo. Por lo tanto, el pueblo y sus causas legítimas me pertenecen de forma individual. Por eso las defiendo y adopto en estos artículos de pobre palabra. Sencillamente porque también hablan de mi pobreza espiritual y económica, como la de casi todos los mexicanos. (…)

»Con todo eso, sólo quiero decir que no hacen falta ya programas ni promesas gubernamentales. Simplemente hace falta cumplir con la palabra dada y acabar con la corrupción en México, esa que malversa los fondos públicos a favor de unos cuantos y que tanto cansa y nos hace envejecer porque la hemos tolerado impunemente». (Texto completo en http:/www.espacio4.com/)
21 Diciembre 2018 04:07:00
Chalecos amarillos
El descontento por el fracaso del neoliberalismo, como generador de riqueza, no sólo se expresa en América Latina, donde la corrupción y la pobreza aumentaron desde que la mano invisible del mercado debilitó tanto al Estado que acabó por anular su capacidad para atender demandas básicas y resolver el problema de la inseguridad. El malestar es también por los excesos de la clase gobernante. López Obrador entendió el mensaje y lo convirtió en eje de su campaña. En respuesta, la ciudadanía, cansada de los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, respaldó su proyecto social con más de 30 millones de votos.

En Francia, el movimiento de los “chalecos amarillos” o “gasolina” puso en jaque al presidente Emmanuel Macron por las políticas neoliberales de su gobierno. Las manifestaciones violentas de principios de diciembre, en París y otras ciudades, ocurrieron mientras Macron participaba en la Cumbre del G-20 en Buenos Aires. La crisis la detonó el aumento, vía impuestos, de los precios de la gasolina y el diésel. (En México los gasolinazos fueron constantes en los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto.)

La periodista María Laura Avignolo describió la situación: “El Arco del Triunfo tomado por asalto, la avenida de los Campos Elíseos, la avenida Foch, Kleber y Friedlan, la plaza de la Opera, la Vêndome, sus calles más elegantes, sus vehículos más sofisticados, los bancos, algunos de sus boutiques más lujosas, y muchos edificios, todos sufrieron incendios o eran atacados por vándalos o ‘casseurs’, en un día en que la cólera de una clase media disminuida se metaforseó, y fue confiscada en una insurrección inmanejable, violenta y sin diálogo” (Clarín, 01-12-18).

Las protestas han provocado centenares de heridos y el arresto de más de medio millar de personas. Macron, de 41 años, es el Presidente más joven de Francia. En 2016 fundó En Marcha y en sólo un año desplazó a los partidos tradicionales: Unión por un Movimiento Popular (en 2015 tomó el nombre de Los Republicanos), Socialista y el ultraconservador Agrupación Nacional, cuya candidata Mari Le-Pen es la versión francesa de Trump. Macron ha perdido popularidad vertiginosamente por conceder privilegios a los más ricos y reducir beneficios a la mayoría. En los tres primeros meses de despachar en el Palacio del Elíseo, gastó 26 mil euros (unos 530 mil pesos) en maquillaje. Las manifestaciones forzaron al Gobierno a posponer el alza al diésel, pero se agregaron nuevas demandas: la derogación de las reformas laboral y educativa e incluso la renuncia del líder galo.

Para el analista Isaac Bigio, los chalecos amarillos “Están pidiendo una mayor democratización de la sociedad francesa, la defensa de la ecología y cuestiones sociales muy importantes que están chocando con la agenda neoliberal de Macron” (HispanTV Noticias, 03-12-18). De acuerdo con una encuesta de Ipsos, el 67% de los franceses opina que la política fiscal del Gobierno de Macron agrava las desigualdades económicas; el 81% piensa que afecta más a los jubilados, el 76%, a las clases medias y el 59%, a los trabajadores en activo.

En México, AMLO conoce el problema. “Lo digo con realismo y sin prejuicios ideológicos: la política económica neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país. Por ejemplo, la reforma energética, que nos dijeron que vendría a salvarnos, sólo ha significado la caída en la producción de petróleo y el aumento desmedido en los precios de la gasolina, el gas y la electricidad”, declaró en su mensaje inaugural. “Hoy no sólo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político”, advirtió.
19 Diciembre 2018 04:06:00
El PRI neoliberal
La historia de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador se empezó a escribir en 1987, cuando el líder del PRI, Jorge de la Vega, abrió las puertas de ese partido a quienes desearan abandonarlo. La dedicatoria era para Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, cabezas de la Corriente Crítica, cuya demanda consistía en democratizar el proceso para nombrar candidato presidencial. La batalla la ganó el ala neoliberal, dirigida por Carlos Salinas, y la perdió el sector de izquierda del cual AMLO, entonces de 34 años, formaba parte.

De la Vega le prometió a Salinas 20 millones de votos, pero el priismo y el país les dieron la espalda y con dificultad consiguieron 9.6 millones. Cárdenas, postulado por el Frente Democrático Nacional (antecedente del PRD), obtuvo 5.9 millones y Manuel Clouthier (PAN) 3.2 millones. El cómputo se suspendió cuando el aspirante de izquierdas llevaba ventaja y la sospecha de fraude adquirió carta de naturalidad. Cárdenas decepcionó a sus seguidores por no defender su presunta victoria; en las dos siguientes elecciones ocupó el tercer lugar. En febrero de 1989, Clouthier formó un gabinete alternativo para vigilar al gobierno de Salinas, integrado por Diego Fernández, Vicente Fox, Carlos Castillo y otros líderes del PAN. El 1 de octubre de ese mismo año, Clouthier murió en un extraño accidente de carretera, prensado por tráileres.

Treinta años después de amputado el brazo socialdemócrata del PRI, AMLO recibió la banda presidencial de un cansado Muñoz Ledo, quien, a sus 85 años, preside la Cámara baja. El acto marcó el fin, al menos temporal, del neoliberalismo implantado en el gobierno de Miguel de la Madrid, profundizado en el de Salinas y seguido a pie juntillas por Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto. «El distintivo del neoliberalismo es la corrupción», acusó el Ejecutivo federal en su primer mensaje.

José López Portillo se autodenominó «el último presidente de la revolución», y lo fue. Después de su sexenio (1976-1982), los gobiernos sucesivos del PRI y del PAN privilegiaron la economía de mercado, olvidaron su compromiso con las mayorías y supeditaron el interés del Estado al de la oligarquía nacional y extranjera. «Suena fuerte, pero privatización ha sido en México sinónimo de corrupción. Desgraciadamente casi siempre ha existido este mal en nuestro país, pero lo sucedido durante el periodo neoliberal no tiene precedente en estos tiempos que el sistema en su conjunto ha operado para la corrupción.

El poder político y el poder económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación», recalcó AMLO ante un Peña Nieto demudado.

El movimiento antineoliberal y las protestas sociales contra la corrupción se han extendido y propiciado la formación de nuevos partidos frente al agotamiento de las formaciones tradicionales. En marzo de 2017, decenas de intelectuales, artistas, defensores de los derechos humanos, periodistas y referentes políticos y gremiales «del mundo entero», encabezados por el filósofo estadunidense Noam Chomsky, suscribieron una declaración para solidarizarse con el pueblo argentino, «que enfrenta las políticas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri».

En 15 meses –advierten– aumentó en 1.5 millones el número de pobres. «Durante esos meses, además, Argentina tuvo relevancia internacional por diversos casos de corrupción, por los que están siendo investigados el presidente y su entorno: Panamá Papers, Odebrecht (…)», dice el documento. Si el nombre del país se sustituyera por el de México y el de Macri por el de Peña, nadie advertiría la diferencia; salvo porque aquí el expresidente no es investigado.

18 Diciembre 2018 04:07:00
Las riendas del poder
El desmantelamiento del sistema hace crujir las estructuras políticas y económicas, provoca reacciones desmesuradas contra el primer Presidente de izquierda desde Lázaro Cárdenas y augurios catastrofistas. El régimen colapsó después de 71 años de gobiernos del PRI y 18 de alternancia con el PAN. Desaforado de la jefatura de Gobierno de Ciudad de México en 2005, AMLO es hoy el líder más poderoso después de Cárdenas, quien suprimió el maximato, reformó el PRI y consolidó el presidencialismo.

Las cúpulas empresariales y los gobernadores, cuyo poder aumentó en los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto, no salen de su desconcierto y afrontan la nueva realidad sin una postura clara todavía. Frente al discurso de toma de posesión de AMLO, la élites económicas y políticas apuestan más al entendimiento que a la confrontación. Entre los últimos días de noviembre y los primeros de diciembre, corporaciones, organismos empresariales, gobernadores y sindicatos nacionales dieron la bienvenida al nuevo Presidente.

Desde la tribuna del Congreso, AMLO enjuició a los últimos gobiernos: “en estas últimas tres décadas las máximas autoridades se han dedicado, como en el porfiriato, a concesionar el territorio y a transferir empresas y bienes públicos e incluso funciones del Estado a particulares nacionales y extranjeros. No se trata, como antes, de actos delictivos individuales o de una red de complicidades para hacer negocios al amparo del Gobierno. (…) por eso, si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo Gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad”.

La austeridad republicana, otra de las prioridades de la agenda presidencial, se elevó a rango constitucional. El 5 de noviembre, el Diario Oficial de la Federación publicó la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, según la cual ninguno podrá ganar más que el Presidente. AMLO cobrará 108 mil pesos mensuales, 40% menos que su predecesor. La medida ha sido criticada por su efecto en las áreas más especializadas y sensibles de la Administración. Quien no esté de acuerdo con los nuevos salarios puede mudarse al sector privado, replicó el Presidente el 4 de diciembre en rueda de prensa.

La principal oposición ha surgido del Poder Judicial. A través de un “amparo modelo” se han presentado miles de demandas contra la disminución de sueldos y prestaciones. El ingreso anual bruto de los ministros de la Corte es de 6.9 millones de pesos (presupuesto de egresos 2018), 2.7 veces más que el último sueldo de Peña Nieto. AMLO declaró a los periodistas: “El servicio público no es para hacer dinero (…) en un país con tanta pobreza, si un funcionario quiere ganar 600 mil pesos (mensuales), eso es deshonestidad”.

En su despedida como ministro de la Corte, el 29 de noviembre, José Ramón Cossío previno sobre los vientos autoritarios que soplan en el país: “Creo que la crisis democrática está trastocando la imagen general de la justicia constitucional, y eso me parece peligrosísimo. ¿Por qué? Porque la democracia, en el apoderamiento de los órganos del Estado, está suponiendo que puede hacerse desde los órganos de Estado lo que le venga en gana, porque al final de cuentas se tiene un Gobierno legítimo y mayoritario”.

En 1994, el presidente Ernesto Zedillo reformó el Poder Judicial, reestructuró la Corte y creó el Consejo de la Judicatura. Algunos sectores calificaron la acción de “golpe de Estado”. Sin embargo, para poder gobernar, Zedillo debía cortar los brazos de Salinas de Gortari en el máximo tribunal. ¿El cambio de régimen iniciado por AMLO incluye también a la Corte? Pronto lo sabremos.
17 Diciembre 2018 04:07:00
Corte imperial
La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reformada por la primera legislatura donde las bancadas del PRI y del PAN son secundarias, abrió un debate necesario en un país de privilegios y castas. Los poderes públicos se convirtieron en zonas exclusivas para el lucro, el hurto, la simulación y la impunidad. Funcionarios y autoridades de los tres órdenes de Gobierno amasan fortunas obscenas, en plazos cada vez más cortos, mientras la mayoría empobrece y sufre apremios económicos.

El ingreso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es insultante, pues al salario neto de 269 mil 216 pesos mensuales se agregan prestaciones que lo elevan casi a 7 millones de pesos anuales antes de impuestos, según el Presupuesto de Egresos de este año. Son los mejor pagados de la estructura federal, lo mismo que los consejeros de los organismos autónomos. Hasta principios de la década de los 80 del siglo pasado no lo eran. El presidente De la Madrid mejoró sus retribuciones. Ernesto Zedillo reformó el Poder Judicial para compactarlo y erradicar vicios e influencias políticas de su predecesor.

Sin embargo, en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto, el Poder Judicial recuperó privilegios al grado de inventar gastos para ejercer los ingentes recursos aprobados por el Congreso. La Corte no está exenta de intereses partidistas. Los salarios altos tampoco garantizan imparcialidad ni inmunizan contra la corrupción. En México el servicio público dejó de considerarse un honor y la oportunidad de servir al país para convertirse en negocio del cual dependen otros más rentables en el mercado libre de la corrupción. A una Presidencia imperial, una Corte real. En el máximo tribunal de justicia las togas protegen el tráfico de influencias, avalan elecciones fraudulentas y si la consigna es otra, las anulan. Y como en el Gobierno y los sindicatos, el nepotismo se practica sin rubor.

Los privilegios en el Poder Judicial indignan a la sociedad. Ese sentimiento, como otros, lo recogió el presidente López Obrador, quien, en un acto de congruencia empezó por rebajarse 40% el salario. Muchos pagarían por ocupar cargos públicos, en lugar de cobrar, por lo redituable que resultan. Sin embargo, AMLO ha acreditado ser un hombre honesto; de lo contrario no habría sobrevivido tres campañas. Repudiados en las urnas por representar la continuidad de un sistema viciado, el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano siguen sin entender los nuevos tiempos.

La acción de inconstitucionalidad interpuesta por las oposiciones, para frenar la aplicación de la Ley de Remuneraciones, es oportunista y los coloca de nuevo de espaldas a la ciudadanía. En este, como en otros casos, la sociedad respalda al Presidente. Ninguna ley está por encima de la Constitución, pero tampoco deben estarlo grupo o interés alguno. Es igualmente improcedente afectar derechos o aplicar retroactivamente normas, excepto si son para mejorar, jamás para afectar. El Poder Judicial protesta por la disminución de sus salarios, pero ha sido insensible al clamor nacional de justicia. La corrupción también pasa por los tribunales. La controversia debe dirimirse de acuerdo con la realidad del país. La cuarta transformación debe reformar el Poder Judicial, no para convertirlo en apéndice del presidente, sino para abolir privilegios y reforzarlo como contrapeso del poder político.
15 Diciembre 2018 04:08:00
Choque inevitable
La cuarta transformación no distingue poderes. El presidente Andrés Manuel López Obrador calcula cada paso. La sociedad le cree y espera cambios radicales, pues por ellos votó el 1 de julio.

El despegue de la Administración ha sido turbulento por las condiciones de un país plagado de corrupción. Espacio 4
publica en su nueva edición un trabajo de Gerardo Moyano sobre el tema.

»¿Hasta dónde puede llegar el choque entre los poderes Judicial y Ejecutivo-Legislativo por la llamada Ley de Salarios Máximos que establece que ningún funcionario federal puede ganar más que el Presidente y la cual los jueces se niegan a acatar?

»Para algunos expertos, como la politóloga Denise Dresser, hay riesgo de “parálisis institucional”, pues los tres poderes tienen facultades para iniciar una guerra judicial que podría incluir destituciones y hasta juicios políticos.

Para otros, como el historiador Lorenzo Meyer, se trata de un choque “casi inevitable que se va a seguir dando” en un periodo de transformaciones como el que propone el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (Aristegui Noticias 11-12-18).

»Por lo pronto, las diferencias continúan su cauce judicial. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidiera suspender la entrada en vigor de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el Senado impugnó la resolución concedida por el ministro Alberto Pérez Dayán e instó a la Corte a resolver la impugnación antes de que el Poder Judicial entrara de vacaciones (del 15 de diciembre al 2 de enero) o que bien, “considerando el interés nacional”, habilite días y horas hábiles extra para no interferir en el proceso de elaboración del Presupuesto de Egresos de 2019.

»Sin embargo, el choque ya ha sido llevado al terreno político por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF), que en un inédito pronunciamiento –en el que participaron más de mil 400 servidores públicos arropados por el Sindicato de Trabajadores del PJF– acusó que lo que está en riesgo con la nueva ley es su “independencia”.

»“El conjunto de medidas legislativas que se han emprendido (…) se dirigen de manera frontal y sistemática a establecer mecanismos para facilitar la intromisión indebida en contra de la Judicatura por parte de los otros Poderes de la Unión”, dice el pronunciamiento leído por el presidente de la asociación, Luis Vega Ramírez.

»“Mantener campañas de desprestigio contra los juzgadores, haciéndolos pasar por oportunistas que sólo buscan el beneficio personal, es el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus propias instituciones”, acusan los jueces.

Esto, porque según los magistrados, “se ha querido posicionar un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario señalando cantidades excesivas como que percibimos más de 600 mil pesos que no corresponden ni cercanamente a la realidad, para centralizar como foco de atención un mero asunto de salarios. Nada más falso”, señalan.

»Y tienen razón, nadie cobra más de 600 mil pesos al mes, pero algunos sueldos rozan los 500 mil pesos mensuales, al considerar prestaciones y compensaciones, las cuales son muy superiores a las de cualquier otro trabajador público. (…)

»Consciente de la dimensión del choque de poderes, el presidente López Obrador ha dicho que respeta las “decisiones equivocadas” de la Corte (en este caso y en el de la negativa a anular la elección de Puebla), pero insiste en que los sueldos del Poder Judicial son “ofensivos”. La guerra apenas comienza.



14 Diciembre 2018 04:06:00
El mesié
En días pasados asistí al informe del alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, una de las nuevas figuras en el firmamento político del estado. El acto pareció más un predestape para la sucesión de 2023 (distinto al de Humberto Moreira en 2005, en Parras, pero destape al fin), avalado por el gobernador Miguel Riquelme, saltillense adoptivo, según se declaró en el auditorio del museo de los dinosaurios. A la ceremonia asistieron dos exgobernadores (Eliseo Mendoza y Enrique Martínez), varios expresidentes municipales del PRI y uno del PAN, y la oligarquía local. A escala nacional, AMLO ha empezado a separar el poder público del político, por ser una de las fuentes de mayor corrupción. El tema lo desarrollaré en otro espacio.

Cada vez me sorprende la cantidad de medios de comunicación y periodistas de la fuente política. En mis pininos como reportero (principios de los 70 del siglo pasado), quienes cubríamos las actividades del alcalde Juan Abusaíd Ríos y del gobernador Eulalio Gutiérrez Treviño, éramos: Arturo Cadivich Michelena (La Opinión), Carlos Robles Nava (El Siglo de Torreón) y yo, del vespertino Noticias de Hoy, simiente el tercer diario lagunero (Noticias). Don Eulalio citaba a las 7:00 de la mañana en el hotel Río Nazas; y de ahí al Apolo Palacio, donde se servían los mejores desayunos.

He tenido el privilegio de formarme entre hombres de mayor edad, dentro y fuera del periodismo. Con el gobernador Flores Tapia tuve varios roces, pero después construimos una amistad imperecedera. Una de mis mayores y mejores experiencias fue la de colaborar en la Administración de Eliseo Mendoza Berrueto, cuya calidad humana enaltece la política; más en estos tiempos en los cuales la vocación de servicio ha sido suplantada por la conveniencia y el apetito desordenado de riqueza. Hoy no importa el nombre. La profecía de López Portillo se cumplió con creces: somos un país de cínicos. Y los cínicos, nos recuerda permanentemente Ryszard Kapuscinski, “no sirven para este oficio”.

Una de las características de Carlos Robles (el bueno) en sus 60 años o más de carrera, es su amor, entrega y respeto por el oficio. Ha sido uno de los periodistas más influyentes del estado. En El Siglo fue el hombre de confianza de don Antonio de Juambelz. Entrevistó a presidentes, gobernadores, secretarios de Estado. Es una institución. Después sirvió en el comité estatal del PRI y en el gobierno de José de las Fuentes ocupó la dirección de Comunicación Social. Fundó la agencia SIP y colaboró en la Universidad Autónoma de Coahuila en el área de su especialidad: el trato con los medios.

La adversidad jamás ha arredrado a este mesié –como le digo y me dice por uno de los personajes de Los Polivoces–. Juntos cubrimos giras dentro y fuera del país. Recuerdo una, en Guadalajara, con motivo de la Primera Reunión de Alcaldes Latinoamericanos y del Caribe, en plena efervescencia por la sucesión presidencial de 1976. Tiempos difíciles para el país –¿cuándo no lo han sido?–. La guerrilla estaba en su apogeo. Entre septiembre y octubre de 1973 habían asesinado a los empresarios Eugenio Garza Sada (Monterrey) y Fernando Aranguren (Guadalajara). La capital tapatía estaba virtualmente tomada por el Ejército. Como hoy muchas ciudades del país.

Es un honor ser amigo del mesié, cuya fe y gusto por la vida, “más importante que el miedo” (Ángeles Mastretta dixit) lo revisten de grandeza.
12 Diciembre 2018 04:06:00
Espada de Damocles
El presidente López Obrador puede activar en el Congreso un mecanismo anulado por el sistema de complicidades imperante: el juicio político. El Artículo 110 de la Constitución general sujeta a ese proceso a diputados federales y senadores, ministros de la Corte, secretarios de despacho, consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral, entre otros. También a gobernadores, legisladores estatales, magistrados y a los consejos de la Judicatura “por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales”.

El texto advierte: “en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como correspondan”.

Si la Constitución se hubiera aplicado, decenas de mandatarios locales estarían hoy entre rejas. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y sus equivalentes en los estados denuncian cada año el desvío de miles de millones de pesos.

Sin embargo, el PRI, el PAN y el PRD encubren a los suyos. Por graves que sean las irregularidades y sus riquezas obscenas, los jefes políticos son intocables. La protección del Congreso federal, hasta la anterior legislatura, tiene una explicación: los diputados y senadores fueron nombrados por los gobernadores; por tanto, respondían a sus consignas y no al interés ciudadano.

Los únicos exmandatarios en prisión son los priistas Mario Villanueva Madrid y Roberto Borge (Quintana Roo), Andrés Granier (Tabasco), Javier Duarte (Veracruz), Eugenio Hernández (Tamaulipas) y el panista Guillermo Padrés (Sonora); Hernández es reclamado por Estados Unidos. César Duarte (Chihuahua) continúa prófugo y Tomás Yarrington (PRI), de Tamaulipas, fue extraditado a Estados Unidos, en abril de este año, donde será juzgado por lavado de dinero.

Humberto Moreira podría correr la misma suerte que Hernández y Yarrington. Javier Villarreal Hernández, su exsecretario de Finanzas, lo acusó ante una Corte de Texas de apropiarse de 600 millones de pesos durante su ejercicio como gobernador. España reabrió la investigación contra el exlíder del PRI, quien fue detenido en enero de 2016 en el aeropuerto de Madrid a pedido de la Fiscalía Anticorrupción de España. La situación podría complicarse aún más, pues también se le vincula con Juan Manuel Muñoz Luévano, “El Mono”, operador financiero de los Zetas.

Muñoz se halla internado en el penal de Soto Real (Madrid) por lavado de dinero y delincuencia organizada. El empresario, originario de Matamoros, Coahuila, podría haber financiado campañas de políticos coahuilenses.

El Consejo de Ministros español autorizó en enero de 2017 la extradición del “Mono” a Estados Unidos, donde se le acusa de tráfico de drogas, lavado de dinero y portación de armas.

En uno de sus giros copernicanos, López Obrador ha declarado que no encarcelará a ningún político corrupto. En campaña prometió erradicar el flagelo. Sin embargo, en el caso de Moreira, la presión de España y Estados Unidos podría conducir a la captura y extradición del
exgobernador.

La deuda pública por más de 36 mil millones de pesos es otro tema pendiente. Partidos de oposición y organismos civiles demandan investigar el destino de esos recursos y castigar con cárcel la contratación ilegal de créditos. Humberto Moreira se perfila para ser el primer gobernador en afrontar la justicia nacional y extranjera en el Gobierno de López Obrador.


11 Diciembre 2018 04:06:00
Los superdelegados (II)
En las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, el PRI conservó su condición de fuerza dominante. No controlaba las cámaras de diputados y de senadores, pero sí más estados, municipios y legislaturas locales que el resto de los partidos. Esa circunstancia le permitió imponer condiciones al Presidente de turno a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Las cosas dieron un giro el 1 de julio por efecto AMLO-Morena. Hoy el partido fundado por Calles sólo gobierna 12 entidades.

El estado más fuerte en manos del PRI es el de México. Sin embargo, Alfredo del Mazo, impuesto por el expresidente Peña y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene como delegada presidencial a Delfina Gómez, su contrincante en los comicios del año pasado. Del Mazo ganó la Gubernatura por una nariz; la ventaja sobre la candidata de Morena fue de apenas 83 mil votos. Sin su primo en Los Pinos, el mexiquense será un florero, una figura decorativa. El poder real lo ejercerá Delfina.

Acción Nacional gobierna también una docena de estados, pero podría bajar a 11 si pierde Baja California, como apuntan las encuestas. Morena tendrá cinco gobernadores y podría subir a siete, pues es el favorito en esos dos estados. El PRD sólo cuenta con uno (Michoacán) y Movimiento Ciudadano gobierna una de las entidades más importantes del país, Jalisco, donde Enrique Alfaro podría ser el Fox de 2024.

Los superdelegados provocaron la primera rebelión desarticulada y tibia de los mandatarios locales contra la presidencia todopoderosa de AMLO. Con mayoría en el Congreso federal y en casi dos tercios de las legislaturas locales, los gobernadores se lo pensarán más de dos veces antes de confrontarse con el Gobierno federal.

El 22 de noviembre, en una carta dirigida a López Obrador, los gobernadores del PAN fijaron su postura: “Nos sorprende la intención de supeditar el mecanismo de coordinación a la figura de los llamados ‘coordinadores estatales’, el Gobierno federal y colocar a los gobernadores y fiscales de los estados como meros invitados. Ese desdén es inaceptable para nosotros porque no sólo pone en riesgo estos objetivos, sino resulta inconcebible una solución de fondo al problema de la inseguridad y la delincuencia en el país, sin la concurrencia efectiva de los gobiernos estatales”.

Ese mismo día, desde Guadalajara, el gobernador electo Enrique Alfaro¡ plantó cara al Presidente: “Le decimos que aquí en Jalisco no vamos a permitir que se vulnere nuestra soberanía ni mucho menos que se traicione el pacto federal; hacerlo sería tanto como resignarnos a una realidad que pareciera ir tomando forma desde el centro del país sobre el destino político, financiero, administrativo y de la seguridad de nuestro estado”, dijo frente a empresarios y líderes sociales y políticos.

Alfaro, quien rindió protesta el jueves pasado, lideró el movimiento para impedir que los superdelegados asumieran el control de los gabinetes de seguridad en los estados. El representante de AMLO en Jalisco es Carlos Lomelí, quien enfrentó al emecista en los comicios de este año. Sin embargo, contrario a lo ocurrido en Estado de México, Alfaro ganó por una diferencia de casi medio millón de votos. En Coahuila, el gobernador Miguel Riquelme lidia con Reyes Flores Hurtado, el tándem del senador Armando Guadiana para la sucesión de 2023.
10 Diciembre 2018 04:07:00
Los superdelegados (I)
Los gobernadores fueron los amos del país durante los 18 últimos años. A escala local, su poder excedió al de tres presidentes. Las legislaturas, los tribunales de justicia, la mayoría de los órganos supuestamente autónomos y amplios sectores de la prensa estaban a su servicio. Vicente Fox los forró de dinero, les dio carta blanca y después se desentendió de ellos. Deslegitimado por la sospecha de fraude electoral, Felipe Calderón no pudo someterlos y fue sistemáticamente boicoteado desde los estados, donde la delincuencia organizada infiltró a las policías y sobornó a las autoridades. Peña Nieto premió con impunidad los desmanes de quienes le aportaron votos y presupuesto para instalarlo en la silla del águila. Los tres son corresponsables de la crisis de seguridad y de la corrupción en México.

El nuevo escenario obliga a los antiguos virreyes a adaptar planes, políticas y conductas al modelo impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en tres temas prioritarios: seguridad, combate a la corrupción y austeridad. Cada gobernador es vigilado ya por un coordinador general, con línea directa a Palacio Nacional (en Coahuila es Reyes Flores Hurtado) y facultades extraordinarias. Además de ejercer el gasto social, los superdelegados tendrán un asiento en los gabinetes estatales de seguridad, no como cabezas, pero sí con la representación presidencial.

En su primera reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el 4 de diciembre en Palacio Nacional, AMLO cortó uno de los nudos gordianos de su relación con los estados. Los gobernadores presidirán las reuniones de seguridad, con la concurrencia de las fuerzas armadas, pero los secretarios técnicos los nombrará Alfonso Durazo, titular de Seguridad y Protección Ciudadana, de acuerdo con los mandatarios locales. La posición no la ocuparán políticos, sino peritos en la materia. Suplantar a los gobernadores era un exceso centralista riesgoso e
inaceptable.

El presidente ha capitalizado el descrédito de los poderes locales y el enfado ciudadano por la corrupción, el endeudamiento, la inseguridad y el enriquecimiento ilícito de clanes políticos para meter en cintura a los gobernadores. El repudio a ellos y a sus partidos (PRI, PAN y PRD) se reflejó en las elecciones de julio. Morena ganó en todo el país, excepto en Guanajuato, y se hizo con una mayoría abrumadora en el Congreso federal. Por si todo ese poder no bastara para maniatar políticamente a los mandatarios y ponerlos a raya, el partido del presidente tiene mayoría en 20 legislaturas estatales, entre ellas las de Estado de México, Ciudad de México y Veracruz donde se concentra casi el 30% de la lista nominal de electores.

Invadir funciones de las autoridades locales contraviene el pacto federal y vulnera la soberanía de los estados. Pero sin apoyo ciudadano y algunos incluso con déficit de legitimidad, los gobernadores no están en condiciones de afrontar a un presidente cuya fuerza sobrepasa la de cualquiera de sus predecesores; incluido Salinas de Gortari, quien defenestró a 16, en algunos casos por quítame allá estas pajas. Aun sin encabezar los gabinetes de seguridad, los superdelegados son un nuevo poder y la mayor cuña para el jefe político de cada estado. AMLO no cometerá el error de Fox, Calderón y Peña, quienes, por tener manga ancha, perdieron el control del país y al final pagaron las
consecuencias.

08 Diciembre 2018 03:08:00
La cloaca abierta
Los sectores de la construcción e inmobiliario figuran entre los preferidos para lavar dinero, según Georgina Ornelas Esquinca, consultora independiente en temas económicos y de seguridad (El Financiero, 25.11.14). Algunos políticos también sienten apetito por los medios de comunicación. En la nueva edición de Espacio 4, Gerardo Moyano aborda, al respecto, un tema poliédrico y de interés para Coahuila.

«Ni puentes, ni hospitales, ni programas sociales. Miles de millones de pesos de la deuda contraída por la administración de Humberto Moreira (2005-2011) no se invirtieron en obra pública, como asegura el exgobernador; habrían ido a parar a cuentas bancarias personales, de amigos, a campañas electorales y para comprar votos. Así lo reveló el exsecretario de Finanzas, Javier Villarreal, ante autoridades de Estados Unidos y España, en diciembre de 2017, razón por la cual el juez de la Audiencia Nacional española, Santiago Pedraz, reabrió la causa en contra de Humberto Moreira por lavado de dinero, malversación de recursos públicos, cohecho y organización criminal.

»A inicios de 2016, Moreira estuvo preso en Madrid por esos delitos, pero recuperó su libertad tras justificar el origen de cerca de 200 mil euros que transfirió a España, con documentos de empresas a su nombre. Según Villarreal, algunas de esas firmas habrían recibido al menos 600 millones de pesos en contratos de gobierno durante la administración de Moreira. Unipolares y Publicidad del Norte “inflaban” facturas y subcontrataban a otras empresas para proveer servicios al gobierno.

»No eran las únicas. Villarreal asegura que Humberto Moreira utilizaba empresas de amigos, como Construcciones Chavana y Diamante, para triangular recursos obtenidos por contratos de gobierno, por lo cual se llevaban un 8% de “comisión”.

Otros tantos millones se habrían lavado a través de medios comunicación, en particular el llamado “Moreira Channel”, la televisora RCG, propiedad de Roberto Casimiro González. “Se pagaban unos 25, 30 millones al mes, durante seis años, a Casimiro González. (…) El hermano de Roberto Casimiro, Rolando González Treviño, se declaró culpable en Texas de conspirar para transportar dinero robado, a Estados Unidos en 2015.

»Villarreal también menciona al conductor RCG, Marcos Martínez Soriano, así como a políticos priistas como David Aguillón, quienes habrían ayudado a Moreira a triangular dinero a través de sus empresas. El también exdirector del Servicio de Administración Tributaria del Estado (Satec) asegura que en el sexenio de Humberto Moreira se facturaron cerca de 14 mil millones de pesos, de los cuales al menos 3 mil millones se los apropió su exjefe. El dinero habría ido a parar a cuentas de terceros en el exterior y a campañas electorales en otros estados, para comprar lealtades y abrirse camino a la presidencia del PRI.

»No es todo. Interrogado sobre los vínculos de Moreira con el crimen organizado, Villarreal asegura que los Zetas “no tenían problemas, porque podían moverse por todos los lados” y que incluso los vehículos oficiales del gobierno llevaban una calca roja para que fueran identificados por los miembros de esa organización. Villarreal asegura tener constancia de que Moreira se había reunido al menos una vez con Juan Manuel Muñoz Luévano, “El Mono”, detenido en España por lavado de dinero y organización criminal. (…) De ahí que la Fiscalía Anticorrupción española considere que las declaraciones de Villarreal ponen en entredicho la legalidad del dinero transferido por el también expresidente del PRI, “resultando, por tanto, que el patrimonio detectado a Moreira es el afloramiento de los beneficios obtenidos por los actos de corrupción y de vinculación con el crimen organizado”».



07 Diciembre 2018 04:06:00
Antes y después de AMLO
En México habrá un antes y un después de Andrés Manuel López Obrador. Esa es la aspiración del Presidente, y puede cumplirse si la cuarta transformación deviene en éxito o su gobierno resulta peor que el de Peña Nieto; ambos escenarios son posibles. El tabasqueño se asume como un mesías cuya misión consiste en pacificar al país y liberarlo de la corrupción y la pobreza. Perdona a los políticos venales por compasión y espíritu cristiano, más que por falta de cupo en las prisiones.

La amnistía es música para los oídos de gobernadores, alcaldes, secretarios de Estado, legisladores y funcionarios de los tres órdenes de Gobierno convertidos en multimillonarios a costa de los mexicanos.

AMLO ofreció combatir la corrupción, no perdonarla. Además, ¿en nombre de quién y con qué derecho? Legiones lo votaron sólo por ver en la cárcel a las autoridades locales y federales que abusaron del poder, vaciaron las arcas públicas, envilecieron la justicia e incendiaron al país junto con el crimen organizado. No es cuestión de venganza, sino de elemental justicia. Absolver a los Moreira, a los Duarte, a Ruiz Esparza, a Rosario Robles, a Videgaray y al propio Peña Nieto, traiciona la confianza de millones de mexicanos.

No se puede gobernar con marchas y contramarchas. AMLO empieza su gobierno con un desgaste inusual, no por falta de legitimidad, como Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Peña, sino por sus dislates y contradicciones. Ha tomado decisiones que socavan su credibilidad e independencia. Una de las más controvertidas fue aceptar la asesoría de figuras a las que antes fustigó e identificó con la mafia del poder [Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca), Bernardo Gómez (Televisa), Olegario Vázquez Aldir (Grupo Imagen Multimedia), Carlos Hank González (Banorte), Miguel Rincón Arredondo (Bio Pappel), compadre de Humberto Moreira; Sergio Gutiérrez Muguerza (De Acero) y Miguel Alemán Magnani (Grupo Alemán), nieto del expresidente e hijo del exgobernador de Veracruz homónimos].

En su toma de posesión ofreció consultar a los mexicanos si están de acuerdo con perdonar a los corruptos. Debe hacerlo, sobre todo con respecto a los gobernadores que endeudaron a sus estados, desviaron miles de millones de pesos a empresas fantasma y permitieron a los cárteles de la droga cometer las peores atrocidades contra la población civil como sucedió en Coahuila durante el moreirato. Sin castigo no puede haber reconciliación ni mucho menos regeneración.

El daño se le causó al país y a los estados, no al patrimonio de López Obrador. Preservar el sistema de impunidad debilita el Estado de derecho, precario o inexistente en México. La figura del presidente Ernesto Zedillo se agiganta frente a la del “Mesías tropical” prefigurado por Enrique Krauze en Letras Libres (2003).

Con la oligarquía humillada y rendida al poder para proteger sus intereses –siempre ha sido así–, un Congreso igualmente sometido al capricho del caudillo y gobernadores maniatados y neutralizados por los coordinadores de AMLO, queda en manos de la sociedad civil y de la prensa independiente ser el contrapeso de un presidente todopoderoso.

Si la democracia representativa fue secuestrada por los partidos y los gobiernos, la participativa, tal como la entienden Morena y su líder, puede provocar males mayores, algunos incluso irremediables. Pues el objetivo no es ciudadanizar las decisiones, sino simular y entregar el país a un solo hombre. Llegó la hora de abrocharse el cinturón.
05 Diciembre 2018 04:07:00
Ruedas de molino
Guatemala, Perú y Brasil defenestraron a sus presidentes por delitos de corrupción, maquillar cuentas públicas y otorgar contratos sin autorización del Senado. Ninguno se desestabilizó, como arguye el presidente López Obrador que sucedería en nuestro país si se enjuicia a los políticos corruptos. Hasta hoy, ningún presidente mexicano ha sido procesado, por más rapaces y violatorias de los derechos humanos que hayan sido sus gestiones. El manto de la impunidad alcanza para todos.

En el Perú, el escándalo Odebrecht forzó la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski (23.03.18). Un año antes, los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y sus respectivas esposas, Elaine Kapr y Nadine Heredia, habían sido sentenciados a 18 meses de prisión preventiva por sus vínculos con la constructora brasileña. Keiko Fujimori, hija del dictador Alberto Fujimori, recibió una condena de 3 años por lavar dinero de la misma empresa.

En México, los involucrados en la red de sobornos de Odebrecht han sido protegidos por la PGR, y tal parece que sucederá lo mismo en el nuevo gobierno. Ejecutivos de la firma declararon ante autoridades judiciales haber entregado 10 millones de dólares al director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, entre 2012 y 2016 a cambio de contratos. La petroquímica Braskem, filial de Odebrecht, canalizó fondos a la campaña presidencial de Peña Nieto. Lozoya era coordinador de Vinculación Internacional.

Peña se reunió con Marcelo Odebrecht, presidente de la multinacional, en 2010, cuando era gobernador de Estado de México; y en noviembre de 2011, antes de asumir la Presidencia. Odebrecht fue acusado de actos de corrupción contra Petrobras, dentro de la investigación Lava Jato. El 8 de marzo de 2016, recibió una sentencia de 19 años por pagar más de 30 millones de dólares en sobornos a funcionarios de la petrolera brasileña (el equivalente a Pemex). El empresario se acogió al acuerdo de “delación premiada” y salió de prisión en diciembre pasado.

En Brasil, Dilma Rousseff fue destituida a la mitad de su segundo mandato por supuestas trampas en las cuentas fiscales y por emitir decretos económicos sin autorización del Congreso. La presidenta “confiaba en parar el proceso en algunas de sus múltiples etapas, pero no contaba con que todo iba a actuar en su contra: los medios, los mercados, la calle, la prensa” (El País, 01-09-16). Luiz Inácio Lula da Silva, mentor y predecesor de Rousseff, purga una condena de nueve años y medio por corrupción pasiva y lavado de dinero (caso Lava Jato).

El 1 de septiembre de 2018, el Congreso de Guatemala desaforó al presidente Otto Pérez por su participación en el caso La Línea, una red de contrabando aduanero. Pérez, la expresidenta Roxana Baldetti y decenas de exfuncionarios se hallan presos por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y defraudación. La presión social había forzado al Gobierno a firmar un acuerdo con Naciones Unidas para integrar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, cuyo principal resultado ha sido la destitución y encarcelamiento de Pérez.

En Argentina, el ex vicepresidente Amado Boudou recibió una condena de 5 años 10 meses, en agosto pasado, por delitos de corrupción en el rescate de una imprenta en quiebra. En abril de 2017, la expresidenta Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia fueron imputados por “asociación ilícita, lavado de dinero y negociaciones incompatibles”. Ninguno de estos países entró en crisis por combatir la corrupción en los más altos niveles, pero México podría desestabilizarse si lo hace, según AMLO. El país dejó de comulgar con ruedas de molino.
04 Diciembre 2018 04:00:00
Perdón inadmisible
Suplantar a los órganos de justicia y perdonar a los políticos corruptos, en vez de sujetarlos al imperio de la ley, confiscarles propiedades y fondos ilícitos e impedir en el futuro el robo de caudales públicos, como prometió en campaña, es el mayor error de Andrés Manuel López Obrador en su incipiente gobierno. Defraudar la confianza de millones de mexicanos lo iguala a cualquier presidente del PRI o del PAN. Argumentar riesgos de desestabilización y falta de espacio en las prisiones, para evadir su responsabilidad, son sofismas.

López Obrador recibe a México en el lugar 135 del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional (TI), pero podría empeorar pues falta calificar el último año de Peña Nieto. Entre 2012 y 2017, la caída en IPC fue de 30 puestos; hoy se encuentra en la zona de países «altamente corruptos», con 29 puntos. Venezuela, en el sitio 169, es el peor evaluado de América Latina. En el grupo de los «muy limpios», destacan Uruguay (23) y Chile (26) de una lista de 180 países.

«A pesar de los esfuerzos por combatir la corrupción en el mundo, la mayoría de los países están avanzando con demasiada lentitud. Aunque detener la corrupción lleva tiempo, en los últimos seis años numerosos países han conseguido progresos mínimos o nulos. Un análisis más detenido de los resultados del índice arroja un dato aún más alarmante: los países donde son más frágiles las garantías para la prensa y las organizaciones no gubernamentales (ONG) en general representan también los peores índices de corrupción», dice TI.

Delia Ferreira, presidenta de TI, resume así lo delicado de la situación: «lo que está en juego es la esencia misma de la democracia y la libertad». En otro texto, advierte: «La lucha contra la corrupción no se limita a la reacción oportuna y efectiva cuando se producen los escándalos. Es necesario trabajar en un sistema sólido de ética pública para garantizar que la acción de los funcionarios esté en línea con los principios elementales de integridad y para prevenir la corrupción detectando y eliminando los conflictos de interés».

El triunfo de López Obrador lo predijo Dan Coats, director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos en una audiencia ante el Comité Selecto de Inteligencia del Senado: «Un asunto clave en el ambiente político para este 2018 en América Latina será la frustración popular por el bajo crecimiento económico, los escándalos de corrupción y el espectro de la endémica actividad criminal en algunos países. (…)

»Elecciones presidenciales, incluidas las de Colombia y México, se llevarán a cabo en momentos en que los partidos políticos e instituciones gubernamentales registran récords bajos de apoyo, lo cual podría fortalecer el atractivo de candidatos de oposición. (…) Los mexicanos están concentrados en las elecciones presidenciales y legislativas (…), en las que la corrupción, los altos niveles de violencia y el declive económico serán elementos clave». (13.02.18, Agencia Apro)

Una encuesta de Grupo Reforma, publicada el 25 de julio, confirma qué incitó a los mexicanos a votar por López Obrador: “la corrupción del gobierno disminuirá”, respondió el 55%. El presidente no puede ignorar el clamor social. Si falta a su promesa de castigar el flagelo y poner entre rejas a los políticos venales, perderá la legitimidad obtenida en las urnas.
03 Diciembre 2018 04:08:00
La ley y el Presidente
Andrés Manuel López Obrador sorteó todos los obstáculos y venció cuanta resistencia tuvo enfrente para ganar la presidencia. No es un político brillante y quizá tampoco alcance la talla de estadista. En 2006 se le presentó como “un peligro para México”, pero quienes resultaron serlo fueron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En ambos gobiernos, el país vivió sus peores años de inseguridad, violencia y desprecio por los derechos humanos. La corrupción, la impunidad y el escapismo de la administración recién concluida, ahondaron la crisis y exacerbaron el encono social. AMLO aguardó pacientemente, convirtió sus recorridos por la República en un baño de pueblo perpetuo y esperó a que el sistema terminara de pudrirse. El resto lo hicieron los votantes.

Lo paradójico sería que el Presidente más legitimado en las urnas sea el que más rápido decepcione y pierda, en el ejercicio arbitrario del poder, el apoyo ciudadano, el cual no es inmutable, sino “gloria en calderilla”, como decía Víctor Hugo acerca de la popularidad. AMLO tiene el diagnóstico de los problemas nacionales, pero sus recetas sociales y económicas pueden agravar los males. La corrupción no desaparecerá por voluntad presidencial ni con una constitución moral. Nueva Zelanda, el país “más limpio” en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparencia Internacional, tiene 89 puntos en una escala de 100.

Sin embargo, sí es posible abatir el fenómeno y elevar la posición de México (calificado ahora con 29 puntos) a los niveles de Uruguay (70), Chile (67) y Costa Rica (59). Canadá tiene 82 y Estados Unidos 75. La condición sine qua non para lograr ese objetivo consiste en presentar ante los tribunales a quienes han delinquido al amparo del poder y recuperar para el país y los estados las fortunas extraídas de las arcas públicas. El clamor social es de justicia, no para saturar las prisiones con cabezas de turco, sino a los políticos predadores y a sus socios, los delincuentes de cuello blanco.

Para ello bastaría dar curso a las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación

–y a las de sus equivalentes en los estados– por la desaparición y desvío de miles de millones de pesos a empresas fantasma, como los detectados en la Estafa Maestra; procesar a los imputados en los casos Odebrecht y OHL; y en el caso de Coahuila, abrir el expediente de la deuda por más de 36 mil millones de pesos acumulada en el gobierno de Humberto Moreira, cuya investigación ha sido sistemáticamente obstaculizada. No sólo eso, su hermano y sucesor Rubén Moreira diseñó un Sistema Estatal Anticorrupción encubridor.

Una forma de “mandar al diablo a las instituciones”, como AMLO sugirió en su campaña de 2006, es justamente cancelar las vías del derecho para castigar el daño causado a México sexenio tras sexenio. Poner “punto final” a la corrupción del pasado significa premiar a quienes utilizaron sus puestos para apropiarse impunemente de caudales públicos, amasar fortunas y lavarse la cara como “empresarios”, lo cual es moral y jurídicamente inaceptable. También representa un agravio para el país y un engaño para las legiones de afectos a López Obrador. “La ley”, advertía Burke, “es la seguridad del pueblo, la seguridad de cada uno de los gobernados y la seguridad de cada uno de los gobernantes”. El presidente López Obrador no está ni debe estar jamás, en ninguna circunstancia, por encima de la Constitución; es, al contrario, el primer obligado a acatarla y hacerla cumplir.
01 Diciembre 2018 04:07:00
Gobierno sin contrapesos
Es cierto: si Peña Nieto o cualquiera de sus predecesores inmediatos hubiera cancelado una obra de la magnitud del Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México, reformado la Constitución para acumular más poder, impuesto delegados estatales por encima de los gobernadores y perdonado a los políticos corruptos, Andrés Manuel López Obrador se habría rasgado las vestiduras y convocado a sus huestes a la resistencia civil. Hoy, sin embargo, no existe un líder de oposición con la suficiente fuerza y autoridad moral para plantar cara al nuevo presidente.

El Pacto por México, que perfilaba a Peña Nieto como el estadista que el país necesitaba para salir del atraso secular y vencer inercias, devino en maldición para el gobierno y los partidos firmantes: PRI, PAN y PRD. La corrupción y la impericia sepultaron las reformas. La simbiosis anuló a los tres principales partidos y dejó al presidente sin red de protección. López Obrador entendió el mensaje, renunció al PRD y fundó el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la plataforma desde la cual ganó la Presidencia en su tercer intento.
Las elecciones intermedias de 2015 anunciaron la tercera alternancia. En su debut como partido, Morena ganó la mayoría de las delegaciones y la asamblea legislativa de Ciudad de México, así como el mayor número de asientos en la Cámara de Diputados correspondientes a la capital de la República. Dos años después, estuvo a menos de tres puntos de ganar los gobiernos de Estado de México y Veracruz. El PRI y el PAN empezaban a hacer agua, y el PRD, sin AMLO en sus filas, estaba desahuciado.

Mientras Morena utilizaba los espacios oficiales en radio y televisión para fijar entre los ciudadanos la imagen y el mensaje antisistema de AMLO, la popularidad del presidente Peña caía en picada por los escándalos de corrupción, la violencia y la soberbia. Desde la dirigencia del PAN, Ricardo Anaya se abría camino a codazos y spots para hacerse con la candidatura presidencial. La obtuvo, pero el costo resultó demasiado alto. La alianza con el PRD y Movimiento Ciudadano sepultó a los tres.

En el PRI las cosas fueron de mal en peor

Peña Nieto cometió los mismos errores de Calderón: dividió a su partido y no preparó un plan B por si su favorito era eliminado, por fallas graves en su encomienda o por cualquier otra circunstancia.

El delfín de Calderón era el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien falleció en un sospechoso accidente aéreo el 4 de noviembre de 2008.
Peña se decantó desde un principio por Luis Videgaray (Hacienda), pero invitar a México al candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, lo eliminó de la carrera.

Hundido en las encuestas y con Peña Nieto en la hoguera, el PRI buscó candidato fuera de sus filas para hacerle frente a López Obrador, cuyo principal blasón es el de la honestidad. Perseguidos por la sombra de la corrupción y otros por el descrédito gubernamental, los cercanos al Presidente quedaron descartados. El elegido fue el secretario de Hacienda José Antonio Meade –ligado a Videgaray y excolaborador de Vicente Fox y Felipe Calderón–. La experiencia y las credenciales académicas de Meade no bastaron para contener la ola de Morena y de su líder. El PRI sufrió la peor derrota en 89 años de historia.

La falta de partidos de oposición robustos y creíbles aumentará el poder de AMLO, lo cual constituye un riesgo para el país y para la democracia. Mientras el PAN y el PRI siguen a la deriva, Morena ya piensa en las elecciones intermedias. Si vuelve a ganar el Congreso, no habrá alternancia presidencial por mucho tiempo.
30 Noviembre 2018 04:07:00
¿Qué le espera al país?
Hoy termina el peor gobierno de la transición. Enrique Peña Nieto jamás estuvo a la altura del cargo ni de la circunstancia. No podía estarlo alguien formado en la cultura de la impunidad y del privilegio. Su desempeño en el Estado de México preludió su fracaso como Presidente. El principal mérito para ocupar la gubernatura fue su parentesco con Arturo Montiel, a quien sucedió, y su pertenencia al exclusivista grupo Atlacomulco. Antes había sido recolector de fondos para la campaña de Montiel, secretario particular de un miembro del Gabinete local, encargado de Administración y diputado local.

Peña fue el candidato de las élites económicas representadas por el PRI y el PAN para impedir, junto con Felipe Calderón, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2012. Peña ganó por una diferencia de 3.3 millones de votos, a pesar de la mercadotecnia, el derroche de recursos y el apoyo de las televisoras. La oligarquía –financiera y de partidos– cometió el error de regodearse en la victoria, dar por muerto a AMLO y gobernar de espaldas de la mayoría. Si solo hubiera sido eso, quizá habrían conservado el poder. Pero no, la corrupción y la soberbia le abrieron de par en par las puertas de Palacio Nacional a su enemigo común.

El Pacto por México fue un golpe de efecto, no el cimiento para la transformación de un país cada vez más empobrecido. Las reformas eran necesarias, pero el triunfalismo las volvió odiosas. Anunciadas a bombo y platillo como la panacea universal, la fiscal redujo el poder adquisitivo y la capacidad de las empresas para generar riqueza; la energética disparó el precio de los combustibles y las tarifas eléctricas; y la educativa se utilizó para someter al magisterio, no para elevar la calidad de la enseñanza.

Peña entrega un país peor del que recibió: más violento, desigual y corrupto. El hasta hoy Presidente prefirió esconderse. El peso de la tarea lo abrumó y dejó a otros ejercer el poder de acuerdo con sus intereses. Osorio Chong, Luis Videgaray y Aurelio Nuño actuaron siempre como aspirantes presidenciales, no como secretarios de Estado. Ellos son corresponsables del naufragio. Peña no tuvo carácter para imponer su autoridad. Proteger a los gobernadores lo convirtió en cómplice de quienes robaron a sus estados, pisotearon los derechos humanos y pactaron con la delincuencia organizada. El caos nacional también se debe a ellos.

La encuesta de ayer del Grupo Reforma sobre el sexenio de Peña Nieto es demoledora. El 68% desaprueba su gestión. De los últimos cuatro presidentes, Ernesto Zedillo (PRI) es el mejor evaluado (69%), seguido de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón (61% cada uno). La corrupción aumentó a 69% junto con la inseguridad y la corrupción (68%), según la muestra nacional en vivienda a mil adultos levantada del 23 al 25 de noviembre. En educación, salud, empleo, libertad de prensa y derechos humanos no hubo avance, opina la mayoría.

López Obrador recibirá un país en crisis. Su triunfo arrollador y la esperanza depositada en él por millones de mexicanos, sin embargo, lo han ensoberbecido. La angustia y el enfado por los errores cometidos antes de asumir la presidencia, además de fundados, son crecientes. Si el zafio escritor Paco Ignacio Taibo II refleja el pensamiento político del líder de Morena, pronto se podría extrañar a Peña. De lo contrario, AMLO debe revocar su nombramiento como director del Fondo de Cultura Económica y expulsarlo de su equipo.


28 Noviembre 2018 04:03:00
Conciliar y mesurar
El principal logro del gobierno de Miguel Riquelme no se relaciona con la obra pública, constreñida por la megadeuda –herencia del infame moreirato–; tampoco con la seguridad, que, sin ser modelo, tiene a Coahuila fuera de las zonas críticas y conflictivas del país (Estado de México es líder en feminicidios), ni con el empleo, pues la entidad es un imán para la inversión extranjera –en particular el corredor Saltillo-Ramos Arizpe, “como pronto lo será Torreón”, según mi amigo Federico Sáenz Negrete–. El mayor avance es de índole político, base la gobernanza: armonizar al estado después de unos comicios controvertidos y altamente competidos, como se aprecia en la distribución del poder en los municipios y en el Congreso local.

Este fue un año difícil para el país, para Coahuila y para sus respectivos gobiernos, los cuales no lo pueden todo ni lo pueden solos. Riquelme recibió un estado no sólo en crisis financiera, institucional y de credibilidad, sino también agraviado por el despotismo de un gobernador –Rubén Moreira– enfermo de poder y adicto al culto a su propia personalidad.

La crispación se expresó en las urnas con rotundidad. Riquelme fue el delfín de Moreira, pero no le debe el cargo; al contrario, por Rubén, que enconó al estado, persiguió y espió a opositores, clérigos, periodistas, empresarios y cuadros de su propio partido, estuvo de perder. Entre las elecciones para gobernador de 2011 y 2017, la votación del PRI se desplomó más de un cuarto de millón de votos. Armando Guadiana regresó a la política por el acoso de los Moreira, después de haber denunciado sus excesos; y por Rubén renunció al PRI Javier Guerrero.

Riquelme ha mantenido un perfil discreto, lo cual le reconocen tirios y troyanos. Empezó por reconstruir los puentes dinamitados por un predecesor atrabiliario y protagónico. Se ha reunido con Guadiana y Guerrero, sus competidores en las elecciones para gobernador, con el obispo Raúl Vera y otros agentes políticos y sociales. La relación con los reporteros de la fuente y los medios de comunicación pasó del insulto, la amenaza y la represión a la apertura y el respeto a la crítica.

Los problemas del estado y la complejidad del entorno político y social exigen liderazgo, claridad y altura de miras. Ningún partido puede gobernar de espaldas a la realidad como lo hicieron Peña Nieto y Rubén Moreira. El mensaje de las urnas contra la arrogancia y corrupción de la clase política tradicional, en las elecciones de julio, es irrefutable. Morena catalizó el descontento y, como nueva fuerza política nacional, ha puesto contra la pared a los mandatarios locales. Riquelme encabeza el primer gobierno dividido en la historia del estado; la mayoría de los coahuilenses tendrá alcaldes de oposición a partir de 2019. Por si no bastara, los súper delegados darán omnipresencia al presidente López Obrador.

Los cambios en el Gabinete estatal deberán considerar todas esas circunstancias y no ser un ejercicio de gatopardismo. Riquelme necesita colaboradores y alcaldes comprometidos con el estado y con su plan de gobierno; no que utilicen el puesto para desarrollar agendas personalistas. El futurismo político, en momentos como los actuales, resulta, además de irresponsable, desleal. El gobernador no debe tolerarlo. Quien confunda la mesura y el espíritu conciliador con flaqueza o falta de carácter, comete un grave error.
27 Noviembre 2018 04:06:00
¿Nuevo apocalipsis?
Es muy temprano para juzgar al gobierno de López Obrador y prematuro anticipar la ruina del país o su “venezolización”. Igualmente resulta inútil lamentar su victoria. Nadie la pudo evitar, pues desactivó los mecanismos que en los procesos previos permitieron imponer a Felipe Calderón y a Peña Nieto. A estas alturas es imposible cambiar el curso de la historia: guste o no, AMLO asumirá el poder el sábado próximo. El éxito de Morena consistió en ser una oposición activa, incómoda, punzante. El PAN no lo fue, y el PRI, nacido del poder para ejercerlo a perpetuidad, jamás lo será.

AMLO anticipó que, de entrada, no encarcelará a ningún pez gordo de la corrupción –Salinas de Gortari puso entre rejas al líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, y Peña Nieto a la presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo, no para depurar el sistema, sino por venganza política–. Pero tarde o temprano deberá hacerlo, pues de lo contrario faltará a su promesa de castigar a los gobernadores, funcionarios y políticos responsables de la ruina de sus estados –Coahuila entre ellos, por la deuda y los desmanes de Humberto y Rubén Moreira–, el saqueo al erario (la Estafa Maestra) y el tráfico de influencias (caso Odebrecht).

López Obrador prefirió empezar con otro tipo de intocables: los barones del dinero, a quienes el neoliberalismo les otorgó poder para imponerle condiciones al Estado. La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México fue su primera decisión –polémica y efectista– para acotar a una oligarquía que sometió a los últimos gobiernos e incluso los suplantó. AMLO ha calificado a ese grupo y a sus socios políticos como “la mafia del poder” y hacia ellos ha dirigido sus baterías ante un Peña Nieto ausente y sin autoridad moral.

Mientras el PRI, el PAN y los poderes fácticos apostaban al desgaste del líder de izquierda, AMLO ganaba votos y avanzaba hacia la Presidencia. Mientras los candidatos del continuismo, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, se devanaban los sesos para los debates presidenciales, López Obrador, en camiseta, pegaba estampas en un álbum con su hijo Jesús Ernesto. ¿Atenido a qué? Al trabajo que ninguno de sus rivales de ayer y hoy jamás pudo acumular: centenares de miles de kilómetros recorridos y millones de manos estrechadas. El único en hablar el idioma de los de a pie y de transmitir seguridad era él.

Después de tres campañas y de guerras sucias, AMLO llegó blindado a la elección de julio. Aprovechó todos los resquicios e hizo alianzas impensables con el Partido Encuentro Social y con exlíderes sindicales inescrupulosos (Napoleón Gómez Urrutia y Elba Esther Gordillo). La inquina social contra el gobierno de Peña Nieto, el prianato y la prensa aliada del Gobierno, que al mismo tiempo actuaba como contratista, le permitieron ganar la Presidencia, con el 53% de los votos, y la mayoría en el Congreso.

Tanto poder –como ninguno de sus predecesores ha tenido– genera pánico, no sólo en los sectores financiero y económico, también en la clase media. El miedo es fundado por el talante autocrático del presidente electo. Sin embargo, su base electoral es amplia. En seis años puede demostrar la viabilidad de su proyecto o darle la razón a quienes desde hoy anticipan un nuevo apocalipsis, pero que en su oportunidad nada dijeron de Peña Nieto, pues fueron sus titiriteros. A López Obrador no se le perdona haber ganado la elección, pero así lo decidió una aplastante mayoría. El sociólogo francés Gustave Le Bon, estudioso del comportamiento de las masas, recuerda: “El verdadero progreso democrático no consiste en rebajar la élite a la plebe, sino en elevar la plebe a la élite”.
26 Noviembre 2018 04:03:00
La tiranía neoliberal
El triunfo de Andrés Manuel López Obrador no sorprendió ni a los más escépticos. Un año antes de los comicios, el Barómetro de Confianza de Edelman reveló que el 67% de los mexicanos se sentía defraudado por el sistema, pues “les ha fallado, es injusto y ofrece pocas esperanzas para el futuro”. Una encuesta del Centro de Investigaciones Pew encontró que el 93% del país se hallaba insatisfecho con el funcionamiento de la democracia y más del 90% desconfiaba de su Gobierno (Espacio 4, 585).

En el Índice de Percepción de Corrupción 2017 de Transparencia Internacional, México cayó al lugar 135 donde se localizan Honduras, Laos, Papúa de Guinea, Paraguay, Rusia y otros países. En 2012, último año de la gestión de Felipe Calderón, ocupaba la posición 105. AMLO prometió en campaña erradicar la corrupción. Vicente Fox y Felipe Calderón hicieron el mismo ofrecimiento, pero no cumplieron. El fenómeno se agravó con Peña Nieto. Uno de los casos más agraviantes para la sociedad fue el de la “casa blanca”.

El desencanto por la democracia representativa es un fenómeno mundial relacionado con la economía y el mercado. AMLO se ha declarado antineoliberal y propugna por la soberanía del Estado. El filósofo y activista estadunidense Noam Chomsky advierte: “El neoliberalismo existe, pero sólo para los pobres. El mercado libre es para ellos, no para nosotros. Esa es la historia del capitalismo”. Para el autor de Réquiem por el sueño americano (Editorial Sexto Piso, 2017), “Las grandes corporaciones han emprendido la lucha de clases, son auténticos marxistas, pero con los valores invertidos. Los principios del libre mercado son estupendos para aplicárselos a los pobres, pero a los muy ricos se los protege” (El País, 9-03-18). Es la tesis de AMLO.

Entre los beneficiarios del neoliberalismo, Chomsky cita a la industria energética, la economía de alta tecnología y las corporaciones financieras. “Todos ellos viven con un seguro: se les considera demasiado grandes para caer y se los rescata si tienen problemas. Al final, los impuestos sirven para subvencionar a estas entidades y con ellas a los ricos y poderosos. Pero además se le dice a la población que el Estado es el problema y se reduce su campo de acción. ¿Y qué ocurre? Su espacio es ocupado por el poder privado y la tiranía de las grandes entidades resulta cada vez mayor”.

Entrevistado por Jan Martínez Ahrens para su suplemento cultural Babelia, el profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts advierte que tras 40 años de neoliberalismo, “La concentración aguda de riqueza en manos privadas ha venido acompañada de una pérdida del poder de la población general. La gente se percibe menos representada y lleva una vida precaria con trabajos cada vez peores. El resultado es una mezcla de enfado, miedo y escapismo. Ya no se confía ni en los mismos hechos. Hay quien le llama populismo, pero en realidad es descrédito de las instituciones”.

Con tres campañas presidenciales a cuestas, AMLO captó esa realidad y la plasmó en un discurso simple, sin rebuscamientos, dirigido a millones de mexicanos abandonados a su suerte frente a las fuerzas del mercado. La corrupción fortaleció el “capitalismo de amigos” (James J. Heckman dixit), vulneró al Estado y propició una crisis política y de confianza en las instituciones cuyo colofón fue la aplastante derrota del PRI y el PAN, partidos que siguieron el modelo neoliberal a pie juntillas.
24 Noviembre 2018 04:07:00
Ardid contra la prensa
Las demandas por daño moral de políticos contra periodistas y medios de comunicación son un ardid contra la libertad de expresión. Los politicos acusados de corrupción quieren impunidad total. Al tanto de esa situación, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas empieza a presionar para eliminar en México esa otra forma de abuso de poder, según advierte Gerardo Moyano en el bisemanario Espacio 4, 601).

“‘Ya bájenle a su pedo. Tiran guamazos, tiro demanda’, advertía el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, en una entrevista radiofónica para La Mejor 99.1 de Piedras Negras, en diciembre de 2016. La amenaza iba dirigida a los periodistas y medios que se atrevieran a criticarlo. Entre ellos Pedro Ferriz, Sergio Aguayo, el periódico Vanguardia y Roxana Romero, a quienes demandó por daño moral por diversos artículos que consideró ‘agraviantes’. Las reparaciones que exige Moreira se elevan hasta los 10 millones de pesos.

“Los casos continúan en el laberinto kafkiano de los tribunales, que casi siempre favorecen al demandante. En noviembre del año pasado, un juez de la Ciudad de México revocó dos sentencias a favor de Ferriz y lo condenó a pagar una indemnización a Moreira de cerca de 100 mil pesos. Pero Moreira no es el único exmandatario que tira guamazos jurídicos. En junio pasado, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, preso por lavado de dinero y asociación delictuosa, también demandó por daño moral a Ferriz. Y el pasado 26 de octubre, un juez del Estado de México condenó al periodista Humberto Padgett a pagarle una indemnización por daño moral al exgobernador mexiquense Eruviel Ávila (PRI).

“‘Ya no soy periodista, sino criminal según un juez del @Edomex y del ex gobernador @eruviel_avila. La sentencia se emite en @Ecatepec, donde se asesinan mujeres y niñas, pero nada pasa, excepto que el delincuente soy yo’, escribió Padgett en Twitter. La demanda fue interpuesta contra el comunicador y una de las fuentes que utilizó para escribir el artículo Eruviel Ávila Villegas (Río de Luz), publicado en el libro Los Suspirantes 2018 (Ed. Planeta), que ubica al exmandatario –coordinador de la campaña presidencial del priista José Meade– y al obispo emérito de Ecatepec, Onésimo Cepeda, en fiestas donde hubo prácticas sexuales con menores de edad. Al igual que su colega Humberto Moreira, el hoy senador Eruviel Ávila exige una indemnización de 10 millones de pesos.

“‘Si bien la sentencia aún no fija el monto a pagar, los gastos del proceso tienen en la cuerda floja al demandado. ‘Para mí es importante decir que estoy haciendo un esfuerzo económico que está a punto de rebasarme, y que no podrían realizar la mayoría de los periodistas mexicanos (…), porque defenderse por una demanda de daño moral les será imposible por razones económicas’, dijo Padgett. Pero esto podría cambiar pronto. En su columna El Daño Moral (Reforma, 07.10.18), el académico Sergio Aguayo revela que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas está empezando a tomar cartas en el asunto.

“‘El 1 de noviembre la coordinadora ejecutiva, Patricia Colchero, envió un oficio al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX (con copia al juez que lleva mi caso) informándole del interés de la Junta de Gobierno del Mecanismo sobre mi situación y solicitándole que tomen en cuenta los estándares internacionales en este tipo de litigios’, escribe Aguayo. ‘Ignoro el efecto que tendrá en mi juicio. Lo importante es que el Mecanismo ya reconoció que es competente en asuntos de este tipo (…)”.
23 Noviembre 2018 04:03:00
El pecado de AMLO
Los 30 millones de mexicanos que sufragaron por Andrés Manuel López Obrador lo hicieron por un cambio radical, de lo contrario, habrían optado por los candidatos del PAN o del PRI cuya votación conjunta fue 8.2 millones inferior a la de la coalición Juntos Haremos Historia. El triunfo del líder de Morena lo propiciaron el Gobierno de Enrique Peña Nieto, plagado de corrupción y dominado por la hybris, un tripartidismo venal y complaciente, unas élites económicas adueñadas del poder y unos medios de comunicación sin compromiso democrático y social, interesados más en los negocios con el Gobierno que en su función de informar, investigar y denunciar los abusos de autoridad.

López Obrador asumirá la Presidencia el 1 de diciembre con mayor legitimidad que ninguno de sus predecesores y sin ataduras ni compromisos visibles con los gobernadores ni con los poderes tácticos, a los cuales Peña Nieto debe la Presidencia y a cambio les entregó el país; de ahí la insistencia de AMLO en reasumir el mando del país. Gobernadores, como los Moreira en Coahuila, que endeudaron a sus estados y fomentaron la corrupción, la violencia y la impunidad en grados escandalosos, recibieron protección de EPN, pero los ciudadanos se cobraron en las urnas. La votación del PRI se desplomó 11.5 millones de votos con respecto a 2012.

La alternancia rompió el esquema de impunidad en Veracruz y Quintana Roo, pero aun en prisión los exgobernadores Javier Duarte y Roberto Borge son protegidos desde Los Pinos, la PGR y los tribunales para recibir sentencias leves pese a la gravedad de sus delitos. La misma complicidad le ha permitido a César Duarte evadir la justicia. El exmandatario de Chihuahua forma parte de la trama para desviar recursos del erario a campañas del PRI en 2016, durante la presidencia de Manlio Fabio Beltrones. AMLO ha ofrecido acelerar los trámites para su
extradición.

Los votos por López Obrador no procedieron sólo del sector de menores ingresos y escolaridad, sino de una sociedad hastiada de la corrupción, castigada por la incompetencia gubernamental, agraviada por la soberbia de la clase política y empobrecida por un capitalismo voraz. AMLO es uno de los abanderados contra el neoliberalismo, movimiento que ganó terreno con el fin de la Guerra Fría y ha disminuido la participación del Estado en la política y en la economía a niveles peligrosos para la democracia, lo que explica el resurgimiento de los populismos de derecha (Estados Unidos, Brasil, Francia) e izquierda (Reino Unido, México).

Para el lingüista y politólogo Noam Chomsky –“el más importante de los pensadores contemporáneos”, según The New York Times–, “el neoliberalismo de los últimos 40 años ha sido un desastre para la mayoría de la gente”. En el sexenio de Salinas de Gortari, la privatización de bancos y paraestatales benefició a oligarcas y políticos, no a la población; lo mismo sucede con las reformas de Peña Nieto, pactadas por el PRI, el PAN y el PRD. El Gobierno prometió reducciones en los precios de la electricidad y las gasolinas, pero hoy son más caras para la industria y los consumidores domésticos. También creció la pobreza y el sistema de salud colapsó. La indignación y la impaciencia ciudadana se expresaron el 1 de julio. El mensaje es inequívoco: el país debe cambiar y el único confiable para lograrlo –desde la Presidencia y el Congreso donde tiene mayoría– es López Obrador. El tiempo dirá si fue para bien o para mal.
21 Noviembre 2018 04:02:00
López contra Obrador
Los errores cometidos en las urnas se corrigen en las urnas. A unos días de rendir protesta como jefe de Estado y de Gobierno, aún no se le perdona a Andrés Manuel López Obrador haber vencido al prianato. Como si la culpa fuese suya y no de una clase política rapaz, de un presidente incompetente y cínico, reprobado por la inmensa mayoría de los mexicanos, y de unas élites económicas, únicas beneficiarias de la alternancia en Los Pinos, cuya apuesta era por Ricardo Anaya o José Antonio Meade, derrotadas también por el líder de izquierda.

AMLO captó 11 millones de votos más que Peña y el doble de los 15 millones obtenidos por Fox y Calderón en sus respectivas elecciones. El líder de Morena es el presidente más votado. Empezó a ejercer el poder antes de asumirlo por el vacío dejado por Peña, quien podría ser el último mandatario del PRI en mucho tiempo. La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México y la iniciativa para reducir las elevadas comisiones de la banca, han tocado a dos de los sectores más privilegiados del país.

Santander, BBVA Bancomer (España), HSBC (Reino Unido), Citibanamex (Estados Unidos) y Scotiabank (Canadá) cobran a los mexicanos comisiones del 100 al 25% más caras que en sus países, de acuerdo con información de Morena (Reforma, 9-10-18). Para tranquilizar a los mercados, López Obrador declaró que en los tres primeros años de su gestión no modificará el marco legal en los sectores económico, fiscal y financiero. El presidente López Portillo nacionalizó la banca en 1982, último año de su gobierno, y Carlos Salinas de Gortari la reprivatizó.

Si a López Obrador se le quiere debilitar, será con votos, como le sucedió a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos perdió el control de la Cámara de Representantes y la mayoría de los gobiernos estatales en juego el 6 de noviembre. Ese resultado podría costarle el segundo mandato dentro de dos años. En México, el fracaso del PRI en las elecciones intermedias de 1997 fue la antesala de la primera alternancia en el Poder Ejecutivo. El PAN ganó por primera vez la presidencia en 2000 con Vicente Fox.

Si AMLO llega a los comicios de 2021 con un saldo negativo y sin cumplir la promesa de atacar de raíz la corrupción y no reduce la inseguridad, la violencia y la pobreza, los electores podrían castigarlo como lo hicieron con el PRI y el PAN. Pero aun si perdiera el Congreso, tendría mayoría el Senado, como Trump. López Obrador ha recibido una andanada en las redes sociales por la cancelación del aeropuerto de Texcoco y el plan de seguridad, pero un líder curtido como él sabe lidiar con la comunicación digital. Además, no existen señales de que haya perdido respaldo social.

El PRI y PAN tardarán años en reconstruirse después de la aplastante derrota de julio. Acción Nacional puede ser la oposición más incómoda de López Obrador. Marko Cortés, su nuevo dirigente, tiene como principal tarea mantener vivas las siglas partidistas más antiguas de México. Su elección no dejó a todos conformes; el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala fundarán un nuevo partido.

El PRI no ha dado señales de vida. Sus signos son los de un enfermo terminal. El exgobernador Rubén Moreira, uno de los responsables del desastre en Coahuila y de la derrota de José Antonio Meade, es el delegado en Monterrey para la elección extraordinaria de alcalde del 23 de diciembre. El PRI, como Peña, no entiende que no entiende.
20 Noviembre 2018 04:06:00
¡Hola!... y adiós
Jamás un fin de sexenio había resultado tan infame, triste y bochornoso. Peña Nieto saldrá por la puerta trasera de Los Pinos para ocupar, si acaso, un lugar secundario en la historia. En las antípodas de Gustavo Díaz Ordaz, quien entregó el país en orden y crecimiento y asumió con valor y decoro la responsabilidad por los sucesos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Muy lejos también de Ernesto Zedillo, quien sentó las bases de una democracia real, la cual terminó con el monopolio ejercido por el PRI durante 70 años.

Pero en corrupción, tráfico de influencias y negocios a la sombra del poder, la diferencia con el Gobierno de Miguel Alemán y el Grupo Atlacomulco es nula.

La presidencia peñista lleva la impronta de la corrupción, la impunidad y la incuria. Su fotografía en la portada de Time, del 24 de febrero de 2014, titulada “Salvando a México”, devino caricatura. Justo ese año, el segundo de la administración que marcaba el retorno del PRI al poder, empezó el hundimiento del presidente, el Gobierno y el PRI. El 30 de junio, cuatro meses después de la publicación, 22 “delincuentes” murieron en un supuesto enfrentamiento con elementos del 109 Batallón de Infantería en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que 15 de las víctimas fueron ejecutadas en una bodega cuando ya se habían rendido.

Tlatlaya “es una de las violaciones graves a los derechos humanos de nuestro México contemporáneo (…) una masacre encubierta por autoridades federales y estatales (…) se rinde el mayor número de civiles y ya estando a disposición del Ejército, proceden a ejecutarlos”, declaró Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Aristegui Noticias, 31-30-16). La reacción tardía, equivocada y contradictoria fue una de las constantes a lo largo del sexenio. Tlatlaya confirmó la regla.

Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, el Gobierno de Peña Nieto recibió otro golpe demoledor: el asesinato de nueve personas y la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, por parte de la Policía local. Para cerrar el caso y salir del atolladero, la Procuraduría General de la República inventó una “verdad histórica”, según la cual los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula.

“La versión es insostenible. Sus deficiencias e inconsistencias han sido expuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Equipo Argentino de Antropología Forense y Forensic Architecture”, advierte la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un comunicado emitido el 25 de septiembre. En un informe previo titulado Doble Injusticia, la ONU-DH documentó el uso de métodos ilícitos en las investigaciones y un Tribunal Colegiado con sede en Tamaulipas constató un “cuadro manifiesto de graves irregularidades en las investigaciones”.

La Casa Blanca dio el golpe de gracia a la credibilidad de Peña Nieto. El 26 de septiembre de 2014, una investigación de Aristegui Noticias reveló que la residencia donde la esposa del Mandatario, Angélica Rivera, dio una entrevista a ¡Hola!, había sido adquirida a un contratista amigo del presidente. Peña termina su sexenio con una aprobación menor al 20%. No se salvó él, menos a México.
19 Noviembre 2018 04:04:00
King Kong mapache
Para los cánones del PRI, Rubén Moreira es un operador electoral de excelencia, casi casi un Alazán Tostado, pues si no gana en las urnas, arrebata o compra a los tribunales. El muñidor del clan sabe cómo granjearse a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ); a los de Coahuila los tiene en la palma de la mano. En 2005 eliminó de la carrera por la gubernatura a Raúl Sifuentes, con el voto incondicional del entonces presidente del TEPJF, Eloy Fuentes, cuyo hijo viajó después por el mundo con cargo a los coahuilenses, según versiones.

En noviembre de 2009, el presidente del comité estatal del PAN, Reyes Flores Hurtado, realizó una huelga de hambre frente a Palacio de Gobierno. Lo hizo para protestar contra los hermanos Humberto y Rubén Moreira por haberle robado a su partido la Alcaldía de Lamadrid, con el aval del Tribunal Electoral del Estado. (Como coordinador general del Gobierno federal en el estado, Reyes tendrá línea directa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir del 1 de diciembre.)

Reyes Flores volvió a declararse en ayuno en noviembre de 2017, frente al TEPJF, en Ciudad de México, para exigir la anulación de las elecciones para gobernador, mientras Guillermo Anaya (PAN), Armando Guadiana (Morena), Javier Guerrero (independiente), José Ángel Pérez (PT) y legiones de coahuilenses protestaban y acudían a instancias internaciones con la misma demanda. Sin embargo, los magistrados impusieron la voluntad del presidente Peña Nieto y de Moreira.

El exgobernador de Coahuila tiene ahora una nueva misión: rescatar Monterrey para el PRI después de haber perdido la Presidencia de la República con Morena y la capital de Nuevo León con el PAN. Pero el TEPJF, dócil a Los Pinos y fiel a sus propios intereses, anuló el triunfo de Felipe de Jesús Cantú. Empero, los neoleoneses son menos obsecuentes que sus vecinos de Coahuila. ¿Cómo se recibió a Moreira en Monterrey? Con los honores propios de su cartel.

«(La elección extraordinaria) pinta para ser nada más y nada menos que el concurso de marranadas más grande de nuestra historia. (…) No titubeamos en afirmar lo anterior ante la evidencia clara: el PRI, por ejemplo, IMPORTA de Coahuila al King Kong de los mapaches, Rubén Moreira, quien se robó la elección en su estado a favor de su partido tricolor y de su sucesor Riquelme, embarazando urnas y entregándolas una semana después con sellos rotos, y logrando que el inútil INE y el parcial Trife se las reconocieran como válidas, (Fricasé. El Norte, 13.10.18).

“El PRI local no trae al King Kong mapache discretamente, no lo importa a hurtadillas, no lo esconde tras la cortina de humo del disimulo, NO, lo presenta descarada y públicamente –hasta con orgullo– como su ‘arma secreta’, con ello diciendo: ¡sí, nos vamos a robar la elección!, ¿y qué? (…) Seguramente Moreira traerá a Monterrey a gente experta de Coahuila para asesorar por aquello de que ‘en el conteo está el ganso’, y también traerá presupuesto de ese Estado (…). Les funcionó en Coahuila y están seguros (de) que les funcionará en Monterrey también”, dice el Abogado del Pueblo.

Sin embargo, el TEPJF tendrá para entonces nuevo jefe (Andrés Manuel López Obrador) y el PAN estrena presidente (Marko Cortés). Moreira también tiene en Monterrey cuenta por pagar. Además, el King Kong mapache llega a Nuevo León bastante disminuido.
17 Noviembre 2018 04:01:00
Para elevar la moral
Si nuestros niños y jóvenes deportistas recibieran una mínima parte de los presupuestos que se asignan y sustraen los políticos, México sería un país de campeones. Los atletas no sólo deben lidiar con un Gobierno que en vez de apoyar, estorba, sino incluso con las mofas de una sociedad cada vez más frívola. Espacio 4 (601) dedica su sección de Luces a temas que pueden servir para levantar el ánimo.

I

Un salto ejemplar elevó a Alexa Moreno hasta el podido del Mundial de Gimnasia Artística de Doha, Qatar, para convertirse en la primera mexicana en llevarse una medalla en la disciplina. Abajo quedaron las burlas por su complexión física que recibió durante los Juegos Olímpicos de Río 2016. Aquellos “memes” de las redes sociales se convirtieron en ilustraciones que destacan su valentía en las portadas de los principales periódicos del país. Su puntuación en Qatar, que le valió la medalla de bronce, estuvo muy cerca de las que obtuvieron la estadounidense Simone Biles y la canadiense Shallon Olsen, que se llevaron oro y plata, respectivamente. “Soy mexicana y luzco como mexicana”, dijo Alexa ante el bullying del que fue objeto. “No me gustan las redes sociales, solo las uso para comunicarme, me aburren. Ahora hay más medios para expresarse, pero siempre ha habido personas que dicen cosas buenas o malas”, agregó. Su ejemplo de perseverancia y tolerancia pone en alto el nombre de México, no solo en lo deportivo. Luz para Alexa.

II

Los expresidentes mexicanos deberán “sobrevivir” sin las millonarias pensiones que les pagan los contribuyentes. El pasado 31 de octubre, el líder del Senado, Martí Batres, ordenó la publicación de la Ley de Salarios Máximos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la cual establece que ningún funcionario podrá ganar más que el jefe de Estado y de Gobierno y elimina las pensiones que cobran los expresidentes. Si bien la nueva ley entró en vigor el día siguiente de su publicación, operará cuando la Cámara de Diputados apruebe el Presupuesto 2019. En este sentido, debido a que el salario del Ejecutivo se estableció en el Paquete de Egresos del año pasado, Andrés Manuel López Obrador deberá cobrar en diciembre el mismo sueldo que tiene al actual Presidente, pues la ley establece que las remuneraciones son irrenunciables. A partir de enero, AMLO recibirá 108 mil pesos al mes, un 60% de lo que cobra Enrique Peña Nieto, por lo que este será el tope de salario para funcionarios federales y estatales.

III

No todo son malas noticias. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Banco de México, el número de turistas internacionales que llegaron al país de enero a septiembre de este año alcanzó los 30.6 millones, 6.8% por encima de los 28.6 millones registrados en el mismo lapso del año pasado. Las divisas captadas por los viajeros internacionales durante su estancia en el país se ubicaron en 16 mil 656 millones de dólares, un aumento de 4.5% en comparación con los 15 mil 937 millones del mismo período del año pasado. Estas divisas se refieren al gasto de los viajeros internacionales que duermen en el país (turistas) y aquellos que están de paso (excursionistas). El Inegi informó que el número de turistas que ingresaron al país en septiembre ascendió a 2.9 millones, una disminución de 14.9% con relación al mes anterior, la cual se explica porque en el mes de agosto cierra el trimestre considerado de temporada alta. En 2017, México fue el sexto país más visitado del mundo, con 39.3 millones de turistas internacionales.
16 Noviembre 2018 04:08:00
Decisión soberana
El PAN desaprovechó 12 años en el poder para cambiar al país y cumplir una agenda contra la corrupción, en cuyas redes se dejó atrapar. Al final, entregó una nación bañada en sangre debido a su impericia y falta de control sobre los gobernadores. Muchos de ellos pactaron con la delincuencia organizada para sumar a sus patrimonios ilegítimos, procedentes del erario de sus estados, dinero sucio, y proclamar que el único partido capaz de someter al narcotráfico era el PRI.

Tomás Yarrington, uno de sus precandidatos a la Presidencia en 2006, fue extraditado a Estados Unidos donde se le acusa de lavar dinero para Los Zetas y el cártel del Golfo. También se le involucra en el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI al Gobierno de Tamaulipas.

Otro exgobernador, Humberto Moreira (HM), pasó 15 días en la prisión madrileña de Soto del Real por una investigación sobre blanqueo de dinero, reabierta por el juez Santiago Pedraz justo cuando el presidente Peña –protector del clan– está a punto de concluir su mandato. HM y su hermano y sucesor, Rubén Moreira, han sido denunciados por exoperadores de Los Zetas, bajo proceso en Texas, de recibir dinero de la organización a cambio de protección. El moreirato endeudó a Coahuila con 38 mil millones de pesos, cuya liquidación acaba de ser ampliada hasta 2048. En el mismo periodo se cometieron atrocidades contra la población civil en Allende, Piedras Negras y La Laguna. Las desapariciones forzadas fueron el pan de cada día. Estudios de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Austin (Control... sobre todo el estado de Coahuila, 2017) y El Colegio de México (El Yugo Zeta. Norte de Coahuila, 2010-2011) describen los horrores y la red de complicidad entre el Gobierno y el cartel más sanguinario.

Si el PAN dilapidó el capital político acumulado en 60 años como oposición, en los cuales le robaron elecciones y fue objeto de persecución, y algunos de sus cuadros incluso de muerte, el PRI tiró por la borda la confianza, inmerecida, de volver a la Presidencia hace seis años. El cargo lo ocupó, con la aquiescencia de la oligarquía y de otros poderes fácticos, un político anodino fabricado por la televisión, tan desechable como cualquiera de sus estrellas. Peña procedía del Grupo Atlacomulco, cuya jefatura real hoy se adjudica al expresidente Salinas.

Sobrino y colaborador de Arturo Montiel, gobernador de Estado de México, quien declinó a la candidatura presidencial del Tucom (Todos Unidos contra Madrazo) al exhibirse una parte de su riqueza obscena, repartida en varios países, Peña sólo podía reproducir el esquema de corrupción e impunidad y elevarlo a niveles jamás vistos. Su gobierno fracasó de cabo a cabo. Cómplice de los gobernadores que financiaron una parte de su onerosa campaña, cuyo costo se calculó en más de 4 mil millones de pesos cuando su tope era menor a 400 millones, terminó por ser su rehén.

El triunfo de Andrés Manuel López Obrador no fue casual. La abrumadora mayoría que votó por él (los candidatos del PAN, el PRI y el supuesto independiente reunieron juntos alrededor de 25 millones contra 30 del líder de Morena), lo hizo por el fracaso de la partitocracia y para castigar el sexenio venal, incompetente y soberbio de Peña Nieto, la Casa Blanca, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la masacre en Tlatlaya y muchas más. AMLO representaba la esperanza y la posibilidad de un cambio real, no el continuismo del PRIAN. Los mexicanos decidieron por sí mismos en la elección de julio. El tiempo dirá si acertaron o fallaron.
14 Noviembre 2018 04:02:00
Defecciones panistas
En pleno proceso para renovar la presidencia del PAN, el diputado coahuilense Luis Fernando Salazar Fernández renunció a una militancia de 20 años para abrazar las siglas de Morena y a su líder Andrés Manuel López Obrador. Argumenta que su expartido, “hoy convertido en rehén de sus propios actos, se encuentra sumido en una confusión que no permite avanzar y, peor aún, no permite actuar a quienes con esfuerzo obtuvimos la confianza y el respaldo de los ciudadanos”. Sin dar nombres, denuncia haber sido “reducido al silencio” después de prometer a los electores “ser una voz valiente que representara sus intereses de manera contundente”.

Como aspirante al Gobierno del Estado, Fernández afrontó al entonces líder del PAN, Ricardo Anaya, por haberse inclinado por Guillermo Anaya: “Confirmo lo que por mucho tiempo me negué a creer, que tenemos un dirigente traidor que piensa que el PAN es un lugar de apuestas donde también juega la mafia del poder”. Después se reconcilió con los Anaya, pero la relación no volvió a ser la misma; además, el daño a su partido ya estaba hecho. Acción Nacional perdió la elección para gobernador por un margen estrecho.

El diputado Fernández se formó políticamente a la sombra de Jorge Zermeño. En 1996, cuando contaba apenas 19 años (ahora tiene 41), coordinó una de las secciones del plan Ave Azul de la campaña para la alcaldía de Torreón. También fue su asesor en el Congreso y en el Senado, y diputado local en la 56 Legislatura (segunda del gobierno de Enrique Martínez). Pero cuando el presidente Calderón nombró a Zermeño embajador en España, las lealtades empezaron a flaquear y las intrigas ocuparon su lugar.

Impacientes, los zermeñistas jóvenes crearon su propio grupo con Guillermo Anaya a la cabeza. Bajo la férula de los Moreira, expertos en espionaje, se filtraron charlas telefónicas de Salazar contra su exjefe. Al regresar de Madrid, Zermeño quiso ser candidato a senador, pero el PAN ya era rehén del tándem Anaya-Salazar y fue marginado. La postulación recayó en el ahora militante de Morena. Zermeño denunció la adulteración del padrón panista con los beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social cuyo delegado era… Luis Fernando.

Esa historia no la cuenta Salazar. Prefiere el autohalago. “He actuado siempre con lealtad (…). Por ello, no puedo ser consecuente con un partido que desde su crisis organizacional desdibuja la oposición que el país merece (…)”, dice en su carta de renuncia fechada el 17 de octubre, en la víspera de la visita del presidente electo a Saltillo. Su incorporación a Morena se exhibió como un trofeo. Cómo no, si representa un voto más para AMLO en el Congreso. El mismo partido del que ahora abomina lo postuló para diputado en las elecciones de julio pasado.

Salazar tiene el mérito de haber denunciado a los Moreira por la megadeuda. Fue el único que viajó a Estados Unidos y pidió al Gobierno de ese país devolver a Coahuila los recursos confiscados al exsecretario de Finanzas Javier Villarreal. Ahora buscará en Morena nuevas oportunidades. Es un político joven y en su horizonte está la alcaldía de Torreón y la gubernatura. Sin embargo deberá hacer fila, pues para uno y otro cargo la lista de aspirantes es prolija. También se rumoró que Guillermo Anaya pasaría a las filas de AMLO, pero él mismo desmintió la especie. El PAN busca renacer de sus cenizas y ser el contrapeso de Morena. Sin embargo, la elección de Marko Cortés, del grupo de Ricardo Anaya, provocó la renuncia del expresidente Felipe Calderón.
13 Noviembre 2018 04:03:00
Bipartidismo sepultado
“Manuel Gómez Morín se avergonzaría del estado actual del Partido Acción Nacional”, escribe Enrique Krauze en la columna “El PAN: volver al origen”. La incapacidad, las divisiones internas y el egoísmo son las dificultades que hoy encaran los líderes de ese partido, advierte el historiador. Otro escollo lo representa “el peso de su pasado inmediato, 12 años en los que el PAN, percibido hasta entonces como alternativa de un gobierno decente, toleró actos de corrupción y, al hacerlo, se perdió a sí mismo”. (Reforma, 21.10.18)

El PAN recibió la peor votación de los últimos 18 años en unas elecciones presidenciales: 9.9 millones; el PRI captó 7.6 millones y Morena dio la campanada con 25 millones (no se incluyen los votos de sus respectivos aliados). El PRI quedó reducido a polvo. La Comisión de Diagnóstico refleja el tamaño del fracaso: el tricolor perdió el 95% de los 300 distritos y el 89% de las 9 mil secciones electorales donde siempre ganaba. “Se puede decir que el partido, como organización, estuvo desmembrada. La militancia fue sorprendida y sustituida por candidatos de dudosa trayectoria y prestigio”. (Reforma, 23.10.18)

El PRI reconoce –tarde– la crisis provocada por la imposición de Enrique Ochoa como líder, por voluntad del presidente Peña Nieto. Las voces críticas fueron reprimidas y Ochoa, un burócrata sin trayectoria política cuya militancia jamás pudo acreditar, propició la renuncia de cuadros valiosos. En otros casos, los disidentes permanecieron en el PRI, pero apoyaron a otros partidos. “Se exportó a las regiones pugnas nacionales de grupos o figuras. Como se sabe, la lucha entre las cabezas se convierte en guerras muchas veces irreconciliables entre sus leales. La mística para promover el voto y construir estructuras electorales quedó derrotada”, dice el documento.

La evaluación es de Samuel Palma, uno de los colaboradores más cercanos del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, asesinado el 23 de marzo de 1994 al finalizar un acto de campaña en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana. Instalado en la soberbia, el partido del presidente Peña, de Ochoa, de Luis Videgaray y de una panda de gobernadores –en ninguno de los estados priistas ganó José Antonio Meade– ignoró el diagnóstico presentado hace casi un cuarto de siglo por Colosio en el monumento a la Revolución:

“Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por (el) abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Veo a ciudadanos angustiados por falta de seguridad, ciudadanos que merecen mejores servicios y gobiernos que cumplan. (…) No queremos candidatos que, al ser postulados, los primeros sorprendidos en conocer su supuesta militancia seamos los propios priistas”.

El PRI trató de esconder la corrupción e incompetencia de sus gobiernos con un candidato externo a la Presidencia (Meade), pero al mismo tiempo reservó diputaciones plurinominales para incondicionales del presidente Peña, como Enrique Ochoa, Luis Miranda –el insolente exsecretario de Desarrollo Social– y el exgobernador de Coahuila Rubén Moreira. Palma, en su informe, retoma a Colosio: “¿Cómo pensábamos que íbamos a ganar? El partido fue sustituido por una agencia electoral que olvidó a una gran clase política, desplazada por el dominio de grupos reducidos a la manera de camarillas”.
12 Noviembre 2018 04:02:00
La pesadilla del norte
México y el mundo pueden respirar un poco más tranquilos después del revés propinado por los estadunidenses a Donald Trump, el 6 de noviembre, al regresar el control de la Cámara de Representantes al Partido Demócrata, cuyas principales figuras entre bastidores son el presidente Barack Obama y su esposa Michelle, como antes lo fueron Bill y Hillary Clinton. Los cuatro han sido objeto de la inquina de magnate inmobiliario en quien se cumplió la sentencia de Albert Guinon, según la cual “Cuando no se elige al más animal de todos, parece que no es realmente democracia”. También se puede aplicar en México con Peña Nieto; falta ver el desempeño de AMLO para juzgar.

Nuestro país ha tenido mejor suerte con presidentes demócratas. Bush señor (republicano) se entendió bien con Salinas de Gortari y apoyó el Tratado de Libre Comercio. El líder mexicano apostó por la reelección de su amigo, pero el exdirector de la CIA fue derrotado por Bill Clinton. Para salvar a México de la crisis financiera de 1995, herencia de Salinas, Clinton le concedió una línea de crédito por 20 mil millones de dólares, pese al rechazo mayoritario de los estadunidenses reflejado en una encuesta de Los Angeles Times. El rescate finalmente ascendió a 40 mil millones de dólares; la diferencia provino del FMI y de otras instituciones.

El tema lo aborda Clinton en su autobiografía Mi Vida (Plaza Janés, 2004). Frente a la oposición ciudadana y del Congreso y las advertencias de Robert Rubin y Larry Summers, secretario y subsecretario del Tesoro, respectivamente, dijo: “Dentro de un año cuando tengamos a otro millón de inmigrantes indocumentados y estemos inundados de drogas procedentes de México, y que mucha gente de ambos lados del río Grande haya perdido su trabajo, ¿qué me van a decir? ¿Por qué no hice nada? ¿Qué les voy a decir? Que había una encuesta que decía que el 80% de los estadunidenses se oponían, esto es algo que tenemos que hacer. La reunión (para tomar la decisión) duró 10 minutos”.

Clinton arriesgaba su elección para un segundo periodo, la cual ganó en 1996, pero confiaba en su homólogo sureño (“Si alguien podría restaurar a México, ese era Zedillo”, escribe). México pagó el capital y los intereses en 1997, tres años antes del vencimiento. ¿Trump hubiera sido igual de solidario aun a costa de su propio interés? Ni por asomo. Pues bien, fue a él a quien Peña Nieto le abrió las puertas de Los Pinos como candidato, no a Hillary Clinton, sólo para recibir ofensas, amenazas y humillaciones.

Con una Cámara de Representantes de mayoría Demócrata, México y el gobierno de López Obrador podrán lidiar mejor con un Trump debilitado cuyo segundo mandato ahora está en duda. Pues lejos de moderar su conducta por la felpa recibida en las urnas, el día después de las elecciones apareció más insolente y vociferante contra la prensa, sus opositores e incluso contra líderes y candidatos de su propio partido.

Trump tendrá una red de protección en el Senado, donde conservó la mayoría, pero su presidencia será, en los dos próximos años, una pesadilla, como él mismo lo ha sido para su país y para el mundo. La xenofobia, la misoginia y la retórica de odio del energúmeno se respondieron con votos. Una lección democrática. El castigo debió haber sido mayor, pero en el futuro otras cosas ocuparán su atención. Por ejemplo, no ser investigado como Nixon, quien por menos fue defenestrado.
10 Noviembre 2018 03:05:00
Crisis humanitaria
El éxodo centroamericano confronta a México con su propio drama de pobreza, horror y muerte. Millones de compatriotas se adelantaron varias décadas a quienes hoy pretenden cruzar la frontera del país todavía más poderoso del planeta. Espacio 4 publica un texto de Gerardo Moyano sobre el tema.

»Se cansaron de los robos, los secuestros, las extorsiones y las violaciones que sufrían a manos de criminales, policías y agentes migratorios en México. Entonces, decidieron marchar juntos y ser visibles para el mundo. Lo lograron. Las caravanas de migrantes que están ingresando al país por la frontera sur reflejan la gravedad de la crisis humanitaria que atraviesa la región y exhibe la calidad moral de sus gobernantes.

»El presidente electo Andrés Manuel López Obrador interviene para exigir que sean tratados con respeto y anuncia que habrá visas de trabajo para quienes la soliciten. Pero es Enrique Peña Nieto quien parece dispuesto a hacerle un último gran favor a su par estadunidense Donald Trump, para tratar de impedir lo inevitable: que los migrantes lleguen a Estados Unidos.

»Allá los esperan 5 mil 200 soldados que Trump desplegó en la frontera para apoyar a la Patrulla Fronteriza –más que los desplegados en Siria–, quienes ya están instalando las ciudades carpa, donde los centroamericanos serán detenidos a la espera de ser deportados. “Esto hará que desistan de seguir viniendo”, dice Trump a la cadena Fox.

»El Mandatario quiere que quedan claras sus amenazas. “Muchos pandilleros y algunas personas muy malas se mezclan en la caravana que se dirige a nuestra frontera sur. Por favor, regresen, no serán admitidos en Estados Unidos, a menos que pasen por el proceso legal. ¡Esta es una invasión de nuestro país y nuestro Ejército los está esperando!”, dijo en su cuenta de Twitter. No sólo el Ejército oficial los espera, sino civiles armados que ya se están apostando en la frontera, los temidos minutemen.

»El asunto no sólo es de seguridad nacional, sino electoral. “La decisión del Presidente (Trump) de desplegar al Ejército, cuando hay personal migratorio civil capaz de hacer el trabajo, es una táctica cínica para fabricar una emergencia ante las elecciones (legislativas, del 6 de noviembre)”, advierte la organización Human Rights First, en un comunicado. El mismo discurso de criminalización se escucha al sur del río Bravo, donde al menos tres migrantes han muerto desde el 20 de octubre; uno de ellos, de un balazo en la cabeza que la policía mexicana niega haber disparado.

»Bajo el argumento de que hay criminales infiltrados en la caravana, la Secretaría de Gobernación (Segob) justifica la represión, los arrestos y hasta el uso de helicópteros de la Policía Federal para tratar de disuadir a las familias que cruzan el río Suchiate, que separa Guatemala de México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya inició un procedimiento de queja, porque los oleajes causados por el helicóptero han puesto en peligro la vida de niños y adultos.

»Mientras tanto, la primera caravana avanza a paso lento, pero firme, por el interior del país. La intención es llegar a la Ciudad de México como un movimiento “fuerte”, con una “Comisión del éxodo”, que representará a los entre 5 y 7 mil migrantes de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua que aspiran a obtener una visa humanitaria, ya sea en México o en Estados Unidos. (Versión completa en http:/www.espacio4.com/)
09 Noviembre 2018 04:03:00
Tormenta a la vista
Tildar de “muchacho estúpido” a Ricardo Anaya le costó a Manuel Gómez Morín (MGM), candidato a la presidencia del PAN, críticas de tirios y troyanos. Ni AMLO llegó tan lejos. Lo rebautizó como “Riki Rickín Canallín”, y cuando el “Joven Maravilla” se le acercó demasiado en el segundo debate, el ahora Presidente electo se guardó la cartera. Sin embargo, fueron más los apoyos. “Muchos me dijeron: ‘¡Vaya! hasta que alguien llamó las cosas por su nombre’”. MGM ofrece terminar con el prianato que “desdibujó la identidad del PAN” y maniató a los gobiernos de Fox y Calderón. El otro aspirante es Marko Cortés. La elección será este domingo.

MGM atribuye la crisis del PAN a los grupos de interés y al pragmatismo. La condición para rescatar el sistema de partidos, señala, es que el PAN vuelva a su origen. “No puede ser ese Acción Nacional que perdió la elección, tiene que ser diferente: uno que tome en cuenta a su militancia, que deje de girar en torno a intereses de grupos o personales y se asuma como un verdadero instrumento de servicio de la ciudadanía. Tiene que haber un cambio de dirigencia con clara idea de lo que se tiene que hacer para revertir todos estos vicios que se han dado al interior del partido”.

En el PAN, advierte, “se actuó con gran torpeza, con poca visión. Hubo mucha necedad en varias de las cosas que sucedieron desde 2015 (…). Desde el momento que vemos a Ricardo Anaya utilizar los tiempos oficiales para promover su imagen, dices ‘¡ah, caray algo está pasando!’. Se empezó a ver que iba por mal camino. ¿Por qué? Porque la presidencia es para dirigir al partido, no para estar construyendo otros proyectos políticos. Tomaron la presidencia para construir una imagen e impulsar una candidatura”.

“¿Y dónde estaba usted cuando ocurrió todo eso?”.

“Al principio, apoyando a Javier Corral. En 2015, la contienda por la presidencia del PAN fue entre Javier y Ricardo. Y como Ricardo llegó a la presidencia, se quedaron con todo, no invitaron a nadie más que a su grupito. Los demás seguimos en otros proyectos dentro del partido. Yo milito en el Estado de México”.

“No me refiero a donde estaba físicamente, sino al crítico que ahora aflora...”.

“Siempre he mantenido líneas críticas. A lo mejor no fuera, pero sí dentro del partido. Recurro mucho a correos electrónicos, a WhatsApp. Sí, lo hice y de manera recurrente. Estuve haciendo señalamientos de cosas con las que no estaba de acuerdo”.

La fórmula de MGM para acabar con el prianato y enfrentar a la maquinaria electoral de Morena parece simple, pero no lo es: cambiar la dirigencia y restablecer el orden. “¿A qué me refiero? A volver a nuestros procesos democráticos, a atacar frontalmente la corrupción, que no haya excepciones, a reconstruir los vínculos con las distintas expresiones ciudadanas, y de esa manera lograr que la sociedad nos vuelva a ver como un aliado. Esto permitirá tener una dirigencia que se legitime hacia dentro y también hacia fuera. Y a partir de esa legitimidad, romper la etiqueta que nos pusieron de PRIAN, volver a ser una oposición responsable, crítica y señalar que en este país existe un sistema de libertades, una democracia e instituciones que hay que cuidar. Conforme lo concretemos, podremos recuperar nuestra propia identidad, que la gente ya no nos vea como el PRIAN, sino como el PAN. Es el camino que se tiene que seguir, no veo muchas alternativas”.
07 Noviembre 2018 04:03:00
La torre de Babel
México puede devenir de la dictadura con Andrés Manuel López Obrador. Para impedirlo, Acción Nacional necesita volver a ser una oposición crítica y responsable, respetar a su militancia, recuperar la confianza ciudadana, extirpar vicios y actuar sin ambages contra la corrupción, dice Manuel Gómez Morín (MGM), candidato a dirigir el partido más antiguo del país. El nieto del fundador del PAN afronta al aparato de Ricardo Anaya, al ultraconservador Yunque y a los gobernadores que pretenden detentar el control de la organización tres años más, a pesar de haber sido barridos por Morena en la pasada elección presidencial.

Identificado con el expresidente Felipe Calderón, MGM equipara a Morena con la torre de Babel: si no se entiende, AMLO se debilitará; pero si llega a hablar el mismo idioma, empujará la agenda de su líder para cancelar la reforma educativa y replantear la energética, lo cual sería grave pues aumentaría su poder e impediría el avance del PAN y de otras fuerzas políticas.

Para explicar el fenómeno AMLO, el exdiputado federal por el Estado de México remite al libro, Cómo Mueren las Democracias, de Steven Levistky y Daniel Ziblatt, profesores de la Universidad de Harvard. El mismo sistema democrático abre hoy el paso a los nuevos dictadores, apunta. Reconoce que los partidos son corresponsables de esa situación. El PAN no puede dar hoy lo que le falta: democracia. “Nadie puede ofrecer lo que no tiene, nadie puede combatir la corrupción si internamente no la combate”.

GMG observa dos escenarios con AMLO. Uno, donde Morena, como conglomerado de panistas, priistas, perredistas y morenistas, «sea una torre de Babel y al final del día todos acaben hablando un idioma diferente, cada uno por su lado, y que López Obrador salga muy debilitado». El otro es que haya una serie de incentivos perversos para que todos los que se subieron a la torre hablen el mismo idioma y empiecen a trabajar en torno a una agenda de López Obrador que incluye el echar para atrás la reforma educativa, replantear la reforma energética... «El primero me parece mejor –dice–, porque si logramos hacer bien la tarea lo más probable es que en tres años los partidos puedan recuperar posiciones. El otro sí es más grave, porque quiere decir que van a ir acumulando cada vez más poder y generando un ambiente en el que va a ser más difícil que partidos como el PAN vayan recuperando espacios de poder».

—Sin embargo, México votó masivamente por el proyecto de AMLO aun con sus riesgos.

—¿Votó masivamente por un proyecto político o fue el hartazgo que lo hizo votar por alguien por quien nunca había votado? Una cosa es que apruebes un proyecto porque te convence y sabes que ese es el camino que debe seguir el país, y otra es: «no, estos ya me quedaron mal y los otros ya probaron que no sirven, así que vámonos con este a ver si este sí funciona».

—De cualquier forma, el PRI y el PAN fueron descartados. La única opción era, como Trump en Estados Unidos, López Obrador. Brasil confirma esa tendencia.

—Sí, es algo que se ve aquí en México también, pero no es el camino que se debe seguir. Que la gente tome una decisión, no por una cuestión razonada sino más bien de estado anímico; fue lo que puso en riesgo a Venezuela. Ha pasado en otros países, como Brasil. Hay un libro nuevo que se llama Cómo Mueren las Democracias, que te dice que las mismas democracias acaban haciendo su propia tumba porque es el mismo sistema democrático el que le da acceso a los nuevos dictadores de los tiempos modernos.
06 Noviembre 2018 04:03:00
El PAN en campaña
Andrés Manuel López Obrador pretende manejar el presupuesto de los estados como lo hizo con las delegaciones cuando ocupó la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México, acusa Manuel Gómez Morín, aspirante a la presidencia del PAN, en una charla con Espacio 4. El pacto federal está amenazado, advierte, pues los superdelegados van a manejar el recurso de programas sociales, dizque para acabar con la corrupción. “Cuando ese dinero llega a los estados entra a cajas negras, y con el propósito de acabar con ellas quieren ejercer el presupuesto. El mensaje es claro: el Gobierno federal va a manejar todos esos recursos y seguramente poco a poco va a ir jalando más cuestiones presupuestarias. El camino ya lo saben, simplemente es cuestión de repetirlo”.

Sin embargo, desde que Vicente Fox soltó el control, los gobernadores crearon sus propios feudos, se generó una gran corrupción y se endeudó a los estados. Para el nieto del fundador del PAN, lo que existe es un mal diseño institucional, ideado para favorecer la corrupción. «¿Qué tenemos que hacer? –pregunta– Pues diseñar bien, hacer todo un replanteamiento del pacto federal y de las distintas instancias que tendrán que velar por que el presupuesto se ejerza bien. Pero en lugar de eso, ‘mejor lo controlo yo todo’. No, ese no es el camino. Se tiene que hacer un replanteamiento del pacto federal».

Si ese era el camino, ¿por qué el PAN no lo siguió cuando era gobierno? Gómez Morín dice, simplemente, que no hubo condiciones. «Con Fox, como que al principio se quiso hacer, pero le empezaron a apretar las tuercas y finalmente cede. En los primeros tres años de Fox tuvimos un Congreso con una gran mayoría panista, pero en el segundo periodo nada más 150 diputados. Cuando entra Calderón, tenemos más diputados, pero aún así no nos alcanza, ya estaban muy sueltos los gobernadores, se estaban yendo por su propio camino, y el presidente ya no tuvo la fuerza política que se requería para una transformación de esa naturaleza.

Llega el PRI y pues le interesaba que sigan las cosas por el mismo cauce. «¿Qué tenemos que hacer? El PAN ha sabido gobernar desde la oposición, pudo marcar agenda, impulsar una serie de cuestiones en materia democrática. Por ejemplo, toda la estructura electoral que existe hoy en nuestro país es consecuencia de propuestas de Acción Nacional, prácticamente desde 1939: la reforma al artículo 27 constitucional, las reformas en el tema de separación Iglesia-Estado, el municipalismo, fueron temas impulsados por el PAN cuando era oposición. Si hacemos bien la tarea, podemos recuperar una autoridad que, si bien políticamente no sea suficiente, moralmente sí lo sea para hacer esas transformaciones y ser ese contrapeso responsable».

Gómez Morín demanda fortalecer el federalismo en vez de apoyar la apuesta de AMLO y su grupo. «Es absurdo (lo que hacen), lejos de avanzar, el país va a retroceder, en el mejor de los casos, o irse a un hoyo negro; puede irse hacia un gobierno autocrático, dictatorial. López Obrador no planteó una propuesta sexenal, como generalmente se ha dado en el país, el señor está planteando un movimiento, una transformación. No plantea una cosa de seis años, sino algo que puede durar hasta que al señor le dé la gana o hasta a los que van con él les dé la gana».

Como oposición, el PAN tenía autoridad moral, pero la perdió y la sociedad lo castigó con votos. «Se perdieron muy importantes oportunidades –admite el candidato–. Fox dejó el asunto muy rápido, tenía un capital político a la entrada, un bono democrático como le llaman, que al final no se supo aprovechar enteramente y ahí están las consecuencias».
05 Noviembre 2018 04:03:00
La voluntad del mesías
Andrés Manuel López Obrador ganó el gobierno, no el país. Hay demasiado que cambiar, es cierto, mas no será mediante remedos de consulta como México resuelva problemas seculares como la corrupción, la impunidad y la pobreza. Cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) responde a un capricho del presidente electo, aún en campaña, no a una decisión sensata y sopesada. Si el propósito era humillar a la administración de Peña Nieto, el golpe fue rudo e innecesario –incluso podría tener el efecto bumerán–, pues el castigo político lo recibió en las urnas. En todo caso, faltaría la sanción penal.

Echar por tierra el aeropuerto en Texcoco le costará al país crédito internacional y recursos, de los cuales está escaso. La ciudadanía jamás pidió cancelarlo, pues sus preocupaciones son otras: seguridad, salud, empleo, educación de calidad, mayor ingreso y bienestar. Se trató de una promesa de AMLO y nada más. Si el proyecto de mayor envergadura del gobierno peñista era, como otros, fuente de corrupción y negocio entre y funcionarios y particulares, pudieron haber realizado auditorías, rescindir contratos y dejar de invertir dinero público para que empresas de México y otros países lo terminaran.

La opción múltiple de Santa Lucía, Toluca y el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México no resolverá los problemas de largo plazo –al contrario, generará otros quizá mayores– y en cambio privará al país de una obra de infraestructura iniciada y avalada por expertos, no en una encuesta, que ofrecía mayores ventajas para la aviación y para la economía. Su ubicación no era la más idónea, pero ya había sido aceptada; y el gobierno de Peña Nieto, pagado las críticas. Sin embargo, la sospecha de corrupción y de acaparamiento de tierras para lucrar de la plusvalía abonó el terreno para la
cancelación.

AMLO pudo aprovechar la circunstancia, actuar como estadista y someter el proyecto a una consulta con especialistas y el apoyo de organismos internacionales para dar firmeza y legitimidad a la decisión. Empero, se impuso la voluntad del mesías sin reparar en consecuencias, lo cual es grave; sobre todo, porque López Obrador aún no entra en funciones. “Cuando el jefe puede hacer lo que quiere, se corre el gran riesgo de que quiera lo que no debe querer”, advierte Baldassare Castiglione.

El problema es que AMLO empieza a utilizar muy temprano el poder para lo que no debe. El presidente electo anticipó que en la consulta participarían alrededor de un millón de ciudadanos y casi acierta. Alrededor del 70% aprobó el proyecto de Santa Lucía y solo el 21% el original. Sin embargo, no existen bases para asegurar que la decisión fue “racional, democrática y eficaz”. No podía serlo una opción promovida por el presidente electo y su partido. El empresariado le negó validez legal y legitimidad a través de la Coparmex.

En el contexto pasma el silencio del gobierno saliente para defender el aeropuerto en Texcoco. Lo único que lo explica es la corrupción que esconde. Peña abandonó la responsabilidad aun antes de las elecciones, y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, recibió el “trofeo a la ineptitud y la corrupción” por el paso exprés de Cuernavaca, en su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, del legislador morenista Alejandro Mojica. AMLO suple la falta del presidente, pero en lugar de esperanza, lo que siembra son vientos que presagian tempestades.
03 Noviembre 2018 04:05:00
Déficit de justicia
La justicia penal y social está en deuda con las víctimas de la violencia y de los gobiernos que abusan del poder y en vez de crear condiciones de bienestar profundizan la impunidad y la pobreza. Existen luchas calladas y abiertas incluso en el ámbito político para revertir esa realidad. Espacio 4 (600) presenta en la sección de Luz y Sombras tres casos para la reflexión.

I

Enrique Busquets Casanova seguirá purgando su condena en el penal de Saltillo. En 2006, Busquets recibió una sentencia de 20 años por el asesinato del niño Carlos Muñoz Valdés de 12 años, cometido el 2 de enero de 1999, en Torreón. El pasado 23 de octubre, la jueza de ejecución Carlota Yadira Velásquez le negó al reo la remisión parcial de la pena y la libertad anticipada, por no cumplir con los requisitos mínimos para garantizar su reinserción social. El empresario lagunero Carlos Muñoz Franco, padre de la víctima, estuvo presente en las tres audiencias del caso. “Es importante este fallo para que la sociedad tenga certeza de la pena. El que la hace la paga. Y que la muerte de Carlitos no sea en vano, sobre todo para que el homicida no siga haciendo daño”, dijo Muñoz Franco, quien luchó para que el asesino de su hijo fuera detenido en España, a donde había huido. Aunque Busquets fue protegido por políticos y funcionarios, pudo más la voluntad de la familia Muñoz.

II

La represión contra los integrantes de la caravana de migrantes que atraviesa el país ha dejado mal paradas a las autoridades mexicanas. Pese a que el gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo al menos dos semanas para diseñar un plan de contingencia desde la convocatoria que se hizo en las redes sociales, el 5 de octubre, en Honduras, la Secretaría de Gobernación se vio rebasada. La Segob trató de impedir el paso a los contingentes con bastonazos y con gases lacrimógenos. Los enfrentamientos dejaron un muerto por un balazo de goma. El uso de un helicóptero de la Policía Federal que voló a baja altura para disuadir a quienes cruzaban el río Suchiate, que separa México de Guatemala, podría haber acabado en tragedia. Los oleajes generados podrían haber arrastrado a los migrantes hacia aguas profundas. Peor está el Presidente estadunidense, Donald Trump, que ha desplegado 5 mil 200 soldados en la frontera sur de su país para “esperar” a la caravana. Sombra para ambos gobiernos.

III

Malas noticias para los que esperan ver al presidente Enrique Peña Nieto entre rejas por actos de corrupción. El 29 de octubre, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una suspensión que frena de manera indefinida cualquier investigación o acción legal que pretenda ejercer el gobierno de Chihuahua contra el presidente y su Gabinete, durante su encargo o al término de este. La suspensión deriva de una controversia constitucional –primera en su tipo– presentada por Peña Nieto ante las advertencias de Javier Corral, Gobernador de Chihuahua, de que lo llevaría a la cárcel una vez que termine su mandato. La medida protege al presidente y a su Gabinete de cualquier citación judicial, orden de aprehensión, presentación o arraigo respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con su gestión, bajo el argumento de que los funcionarios federales no pueden ser sujetos a procesos penales del orden local. Corral ha dicho que no se cruzará de brazos.
02 Noviembre 2018 04:04:00
Encrucijada panista
El fracaso electoral del PAN lo tiene ahora en la encrucijada de recuperar su raíz opositora o desaparecer. El panismo decidirá su futuro el 11 de noviembre cuando elija al sucesor de Ricardo Anaya, quien, por imponer su candidatura presidencial, lo escindió y contribuyó a su peor derrota. Acción Nacional ocupó el segundo lugar en los comicios de julio (el PRI el tercero), 15 millones de votos por debajo de Morena. El partido fundado por Manuel Gómez Morín surgió en 1939 en oposición a las políticas de Lázaro Cárdenas y al monopolio del Partido de la Revolución Mexicana (segundo antecedente del PRI). Casi ocho décadas después, la coyuntura le brinda la oportunidad de enfrentar a otro presidente pragmático de izquierda: Andrés Manuel López Obrador, quien, con la bandera de la cuarta transformación, se asume como el continuador del cardenismo que decretó la reforma agraria, expropió el petróleo y abrió las puertas a los exiliados de la guerra civil española.

Sin embargo, el PAN deberá superar primero sus divisiones, tan profundas como su crisis de identidad, las cuales le hicieron perder 5 millones de votos con respecto a la elección presidencial de 2006. Uno de los aspirantes a la presidencia de ese partido es Manuel Gómez Morín Martínez del Río, nieto de su fundador. Para atraer al panismo tradicional y a una ciudadanía crítica de los partidos y recelosa del gobierno de AMLO, Gómez Morín explica la debacle del PAN:

“¡Cómo no íbamos a perder las elecciones del 1 de julio si caímos tan bajo! Una alianza contra natura (con el PRD y Movimiento Ciudadano), una alianza contra nuestra esencia, contra nuestros principios, por el simple hecho de querer ganar una elección con un muchacho estúpido (Ricardo Anaya) Tengo 60 años: lo puedo llamar muchacho estúpido”, exclamó en una reunión con simpatizantes de Tijuana, Baja California, el 19 de octubre. Gómez Morín reprocha a Anaya haberse hecho con la dirigencia el PAN para erigirse en candidato presidencial.

En Baja California, primer estado gobernado por el PAN, AMLO recibió 918 mil votos, más del triple de los obtenidos por Anaya (275 mil). El resultado no augura nada bueno para Acción Nacional en las elecciones para gobernador, Congreso local y ayuntamientos del 2 de julio próximo. Una encuesta de MassiveCaller del 5 de octubre perfila a Morena como ganador (48.3%) y al PAN en segundo lugar (23.7%). El PRI (9.7%) está fuera de la competencia.

El otro aspirante a la presidencia nacional panista es Marko Cortés, del grupo de Ricardo Anaya. La alternativa del PAN para volver a sus orígenes éticos y democráticos es Gómez Morín, quien podría reincorporar a Margarita Zavala, cuya renuncia la provocó Anaya, y sumar a Felipe Calderón. El expresidente promueve la formación de un nuevo partido de derecha; su padre, Luis Calderón Vega, participó en la fundación del PAN junto con el abuelo de Gómez Morín, Efraín González Luna y Aquiles Elorduy, entre otros. La presidencia del PAN la ocupa provisionalmente el lagunero Marcelo Torres Cofiño, uno de los operadores de Ricardo Anaya.

En ese contexto, el diputado Luis Fernando Salazar renunció a 20 años de militancia para afiliarse a Morena. El 18 de octubre acompañó a López Obrador en su visita a Saltillo. Salazar aspiró al Gobierno de Coahuila el año pasado, pero el CEN se decantó por Guillermo Anaya, quien estuvo a menos de tres puntos de ganar. El resultado fue impugnado; sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió en favor del PRI en un fallo controvertido.
31 Octubre 2018 04:00:00
Jafia: ¿show o prejuicio?
La designación de Jafia Pacheco –hasta hace poco funcionara del gobierno– como consejera del Sistema Estatal Anticorrupción provocó un cisma entre el organismo y la Alianza Anticorrupción Coahuila. La desavenencia surgió porque la terna de finalistas se amplió a cuatro con Pacheco, cuya calificación estuvo 16 y 14 puntos por debajo de las de Leonor Gómez y Alejandra Wade. Carlos Arredondo (CA), de la Comisión de Selección, y Armando Paredes (AP), vocero del Observatorio de La Laguna, debatieron el 11 de octubre sobre el tema en Noticieros GREM, conducido por Juan Ceballos (JC). El siguiente es uno de los segmentos.

CA: Fernando Alanís (Comisión de Selección) no estuvo en el proceso de evaluación de los expedientes; él fue comunicado, (…) pero las reglas de operación de la comisión son muy claras: no se requiere que todos los miembros de la comisión revisen los expedientes personalmente…

AP: Entonces no tiene seriedad todo el proceso, como tampoco tiene seriedad que nos acerquemos con ustedes previo a esto para pedirles, voy a utilizar tus palabras: “la sociedad desconfía, de manera justificada”. Entonces ¿cómo no vamos a desconfiar, de manera justificada, cuando en un diálogo previo solicitamos reglas claras que no se presten a interpretaciones de, en términos populares, “de lo oscurito” (…).

CA: Pero a ver, ¿por qué no somos concretos? Porque ese es el problema también, se dicen generalidades…

AP: Ok. Ustedes procedieron de tal forma que no es confiable… Quieres (que seamos) concretos…

CA: Dime una regla que ustedes pidie-ron, dime una (…) que no hayamos explicado la razón eventualmente de que era impracticable…

AP: Se desarrolló una rúbrica…

CA: Pero por supuesto, y se las entregamos por escrito…

AP: Y se fue calificando en base a la rúbrica, ¿sí?

CA: Pero si se las entregamos…

AP: Y los dos perfiles que mejor calificaban en todos los aspectos eran, en primer lugar, el de Leonor Gómez, y en segundo lugar Alejandra Wade…

CA: No, pero a ver…

AP: ¿O no? ¿Sí o no?...

CA: Tú dices…

AP: ¿Sí o no? En cualquier sistema de calificación el alumno que va teniendo las mejores notas sería el alumno que estaría mejor calificado.

JC: Responde esa pregunta, Carlos Arredondo. ¿Es cierto o no es cierto que Leonor y Alejandra tenían las mejores calificaciones?

CA: Pero si eso no es un descubrimiento, Juan, nosotros lo dimos a conocer con nuestros comunicados de prensa porque nos comprometimos a eso. Pero lo que no es cierto (…) es que se haya establecido un compromiso o se haya puesto en las reglas de operación o en la metodología, que se elegiría a la persona que tuviera la calificación más alta…

AP: Entonces no hagamos todo el show, dejemos de estar jugando (…) cuando la decisión va a terminar siendo de una persona que en la esencia del Sistema Estatal Anticorrupción está más que vinculada con el propio sistema de administración pública. (…) Por favor, ¿lo quieres más concreto?

CA: El problema es el prejuicio que hay detrás…

AP: No es prejuicio, por el amor de Dios, si en tus propias palabras acabas de decir que “hay un alto nivel de corrupción, que hay desconfianza”, no es un prejuicio. Hay un juicio por demás clarísimo y evidente. (…)

JC: Armando, dejemos que responda Carlos, ¿sí?, por favor.

CA: Habría que consultar el diccionario para ver si estamos leyendo lo mismo en donde dice prejuicio, ¿sí? El prejuicio es decir que porque alguien trabajó en el sector público entonces ya está descalificado, ¿sí? (…) Pues eso es un prejuicio.
30 Octubre 2018 04:03:00
¿Fantasmas o fuego amigo?
Armando Guadiana fue el único candidato a gobernador que exigió a Rubén Moreira “sacar las manos de la Universidad Autónoma de Coahuila”. Meses después, una investigación del portal Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, conocida como La Estafa Maestra, graduados en desaparecer dinero público, reveló que entre 2013 y 2014 el Gobierno federal asignó contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos a 186 empresas, de las cuales 128 resultaron ser fantasma; 3 mil 433 millones de pesos de los recursos desviados se esfumaron.

La triangulación se realizó a través de ocho universidades públicas e involucra a los rectores Jorge Olvera y Érick Herzaín Torres (Estado de México), José Antonio Ruz y Sergio Augusto López (Ciudad del Carmen, Campeche), Alejandro Vera (Morelos), José Víctor Zárate, José Luis Hernández y Pedro Javier Muñoz (de la Chontalpa, Tabasco), José Manuel Piña (Tabasco), Luis Andrés Domínguez (Politécnica del Golfo de México, Tabasco), Fernando Calzada (Tecnológica de Tabasco) y Carlos Mario Olán (Instituto Técnico Superior de Comalcalco, Tabasco). Las instituciones recibieron comisiones por mil 6 millones de pesos.

El único rector que respondió a la investigación fue José Manuel Piña, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Entre las dependencias que firmaron más convenios con las instituciones de educación superior figuran Pemex (36, bajo la dirección de Emilio Lozoya), Sedesol (10, durante la gestión de Rosario Robles, actual titular de la Sedatu), ISSSTE (6), SCT (4), Banobras y la SEP (3 cada una).

Las irregularidades constan en las cuentas públicas de 2013 y 2014. El entonces titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, calificó el tema como “un claro acto de corrupción”. “Es un mecanismo para no solamente el desvío, sino la desaparición de recursos públicos”, explicó.

Guadiana llevó al Senado la demanda que hizo como aspirante a la Gubernatura. El 9 de octubre, en un punto de acuerdo, pidió a la Auditoría Superior de la Federación revisar la gestión económica de las universidades públicas del país, pero sólo del ejercicio fiscal 2018.

Denunció que existe sustracción de recursos por medio de empresas fantasma, y puso de ejemplo el caso de la UAdeC: “En Coahuila se detectó el desvío, orquestado por las autoridades anteriores, por más de 400 millones de pesos”, señala en un comunicado.

El exrector José Blas Flores Dávila negó los señalamientos de la investigación de Grupo Zócalo. Dijo que su permanencia como secretario de Finanzas depende del gobernador Miguel Riquelme. A un lado de la declaración de Flores, Zócalo presenta tres casos de supuestas firmas fantasma (Estructuras en Postensados, Obras y Diseños Castropol, S.A. de C.V., Grupo de Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V. y Félix Antonio Moreno Reyes) con sede en Ciudad de México, Altamira y Saltillo, a las cuales se habrían pagado 26.7 millones de pesos en conjunto. El tema dejó de manejarse. ¿Fuego amigo en la UAdeC o tolvanera de Viesca donde se fraguan intrigas?

A mediados de año, la Auditoría Superior del Estado presentó ante la Fiscalía General una denuncia por el desvío de 475 millones de pesos a empresas fachada durante los ejercicios de 2014 a 2016 correspondientes al gobierno de Rubén Moreira. Riviera Álamo, una de las involucradas, recibió 48.4 millones de pesos. Los socios de la compañía eran el esposo y un empleado de María Esther Monsiváis, secretaria de Infraestructura y Transporte. La FGE no ha dicho al respecto esta boca es mía.
29 Octubre 2018 04:03:00
Caza de brujas
En la misma línea de Claudia Ruiz Massieu, Rodrigo Fuentes no identifica los motivos del fracaso electoral del PRI ni a los responsables del quebranto financiero del estado. Tampoco a los gobiernos asociados con Los Zetas que permitieron los asesinatos masivos en Allende y en la cárcel de Piedras Negras. No, la prioridad es otra: “expulsar a los traidores”; y la causa, sublime: “Nadie tiene derecho a manchar la imagen del partido; por ello, los funcionarios públicos y los gobiernos del PRI tienen que responderle a la confianza de nuestra gente.

Quienes cometan equivocaciones serán llamados por la dirigencia a rendir cuentas, sin importar quién sea”, sentenció el lagunero luego de asumir la presidencia estatal del PRI.

Desde el presidium lo escuchaban la líder del PRI, Ruiz Massieu, el gobernador Miguel Riquelme, un Moreira –Álvaro– y uno de sus emisarios –David Aguillón–. Para Humberto y Rubén no hubo ninguna mención. El moreirato se encuentra muy disminuido, pero no se irá por sí mismo, habrá que terminar de echarlo. Sólo así Riquelme asumirá por completo el control político de un estado donde el PRI prácticamente fue borrado por Morena el 1 de julio.

Esa es, justamente, la raíz del discurso y el deseo de Fuentes de ajustar cuentas con los “traidores”. Él, como líder interino del PRI, perdió la elección presidencial, la de senadores y cinco diputaciones federales de siete. En el proceso local, el PAN ganó las alcaldías de Torreón, Monclova, Acuña y San Pedro, entre otras, y Morena las de Piedras Negras, Matamoros, Francisco I. Madero y Parras, donde el cacicazgo de Evaristo Madero Marcos (primero panista y luego Verde) llegó a su fin.

La debacle se prefiguró el año pasado, cuando el PRI estuvo a punto de perder la Gubernatura con el PAN y no pudo conservar la mayoría en el Congreso. En el Distrito XI de Torreón, la panista María Eugenia Cázares derrotó a Fuentes. José Luis Flores Méndez, María de Lourdes Quintero, Mario Cepeda Villarreal y Román Alberto Cepeda, los otros candidatos del PRI a diputados por La Laguna, también perdieron. El fracaso no es resultado de conjuras, sino de una tendencia nacional contra el PRI de la cual Coahuila no estuvo exento.

Ruiz Massieu y Fuentes se aferran al nombre y a los colores del PRI por ser los de la bandera nacional, ¿por qué otra cosa? En lo demás, las cosas continúan igual, como si nada hubiera pasado: el mismo discurso, las mismas formas, la misma evasión de la realidad, los mismos rostros. El partido fundado por Plutarco Elías Calles en 1929 sigue sin dimensionar el tamaño de la derrota; tampoco ha entendido el mensaje de las urnas que dio a Morena la categoría de primera fuerza política nacional.

Una encuesta de Mitofsky, levantada entre el 20 y el 22 de julio, arroja los siguientes resultados: para el 64.3% de los priistas, el partido perdedor fue el suyo; el 71.3% prefiere “buscar nuevos miembros con ideas frescas” en vez de “utilizar la experiencia de sus políticos”; y el 47.3% apoya el cambio de nombre y de imagen. El 43.6% prefiere conservar la misma marca.

En su discurso del 6 de octubre en Saltillo, Ruiz Massieu deslizó una crítica cuyo destinatario podría ser el exsecretario de Organización del PRI, Rubén Moreira. “En años recientes, hay que decirlo, privilegiamos la técnica, nos olvidamos de la sensibilidad social, nos acercamos mucho a los consultores externos y nos alejamos de los militantes. Pasamos más tiempo en las oficinas que en las calles”.
27 Octubre 2018 04:02:00
El ‘dedito’ dijo no
“¿Prohibir la fractura hidráulica para extraer gas y petróleo equivale a matar la gallina de los huevos de oro?”, plantea el periodista Gerardo Moyano en el bisemanario Espacio 4 (599). “Para los defensores de la práctica, sí”, advierte, “pues no solo significaría un ‘suicido económico, un atentado contra la nación’ (según el exgobernador coahuilense Rogelio Montemayor), sino desechar la oportunidad de ‘acabar con la pobreza’ (de acuerdo con el expresidente Vicente Fox)”. El texto continúa:

“Es más, el día que se prohíba el fracking habrá ‘una fiesta en Texas (…) porque nos condenaría a seguir importando gas de Estados Unidos’, advirtió el actual secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el 11 de octubre. Entre gritos de ‘vendepatrias’ y ‘miserables’, Coldwell; Jaime Hernández Martínez, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); y Carlos Treviño Medina, director ejecutivo de Petróleos Mexicanos (Pemex), se dieron a la difícil tarea de defender la reforma energética impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto.

“Coldwell también defendió los gasolinazos, pues ‘no haber incrementado los precios (de las gasolinas) habría puesto en riesgo la calificación crediticia y cancelar programas sociales fundamentales’. Las advertencias de Coldwell, Montemayor y Fox, entre otros, responden al tiro de gracia que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le dio a la práctica de la fractura hidráulica, el 5 de octubre, en San Luis Potosí, donde grupos ciudadanos y alcaldes lograron detener la explotación de pozos en la región de la Huasteca.

“‘De una vez les digo que, en todo el sexenio, no va a haber fracking en México’, aseveró Obrador en la plaza principal de la capital potosina. ‘Estos tecnócratas, además de corruptos, son muy ineficientes’, agregó, en referencia al fracaso de la reforma energética.

“En Coahuila, donde un contrato por 600 millones de dólares con la empresa texana Lewis Energy para la exploración y extracción de gas shale (de lutitas o esquito) pende de un hilo, las voces a favor y en contra también han subido de tono. De acuerdo con el gobernador Miguel Riquelme, ‘no se puede satanizar el fracking como hace años. Hoy las técnicas son muy distintas y se tiene casi sin afectación lo que todo mundo estamos cuidando’.

“Lo mismo piensa el exdirector de Pemex, Rogelio Montemayor (inhabilitado por 20 años para ejercer cargos públicos debido al Pemexgate), quien el 19 de septiembre defendió la práctica en el Congreso del Estado. El presidente del Clúster de Energía de Coahuila acusó que hay mucha información ‘fatalista’ en torno al fracking y llamó a no utilizar la energía ‘para luchar contra enemigos imaginarios’. (…)

“‘Para nada se está satanizando (el fracking). Es una salvajada, es una cosa salvaje que está prohibida en muchas naciones’, apunta el obispo Raúl Vera. (…) Por lo pronto, los diputados panistas Evaristo Lenin Pérez (Coahuila) y Raúl Gracia Guzmán (Nuevo León) presentaron la primera iniciativa de ley que busca prohibir la fractura hidráulica en el país.

“Diputados y senadores de Morena y de Movimiento Ciudadano también preparan las suyas. Con la mayoría que conforman esos partidos en el Congreso, el fracking en México, tiene los días contados”.

El 18 de octubre, en Saltillo, el “dedito” de AMLO se movió para decir: “No a la fractura hidráualica”. ¿Más claro?
26 Octubre 2018 04:03:00
El dilema del PAN
Acción Nacional está en campaña después de la felpa recibida en las urnas el 1 de julio. Se trata de un proceso interno, mas no menos importante para su futuro, cuyo final será el 11 de noviembre con la elección de su nuevo líder. Marcelo Torres, diputado lagunero, terminará el ejercicio iniciado por Ricardo Anaya Cortés hace 3 años. El excandidato presidencial pudo haberse presentado para un segundo periodo, pero prefirió hacerlo con Marko Cortés Mendoza, a quien endosó el apoyo de la desvencijada maquinaria blanquiazul formada por gobernadores y comités estatales y municipales.

En vísperas de las elecciones presidenciales, Anaya empezó a mover sus piezas para conservar el control del PAN. “(…) independientemente del resultado (…), va a ser muy importante reunirnos inmediatamente después (de la elección federal) a pensar en el partido, porque hay un grupo de gente que no tiene los principios del partido, como sí lo tenemos los que estamos aquí, que van a andar al acecho y van a querer a la mala hacerse del partido”, dijo Anaya a Carlos Medina, primer síndico del Ayuntamiento de León, donde cerró su campaña. (Reforma, 29.60.18)

Seguramente el candidato de Por México al Frente ya tenía idea de lo que le esperaba en las urnas. Si pensaba ganar, como se lo dijo a Medina –impuesto como gobernador interino de Guanajuato en 1991 como producto de una negociación entre el presidente Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos–, ¿quién podría apoderase del PAN a traición? Es como si alguien quisiera arrebatarle a AMLO el mando de Morena después de su victoria. No, Anaya y su grupo querían al menos rescatar los despojos de un partido en crisis.

Los aspirantes a la presidencia del PAN debatieron este miércoles en Ciudad de México. Manuel Gómez Morín –nieto y homónimo del fundador de Acción Nacional– reflejó el sentimiento no solo de amplios sectores del panismo, sino también de la sociedad con respecto a Anaya, Cortés y su partido: “Ustedes se han empeñado en destruirlo, en aislarlo, en desprestigiarlo. Los ciudadanos fueron claros en las urnas: no más dirigentes corruptos, no más dirigentes agachones. No un PAN de soberbios y arrogantes. ¡Ya estuvo bueno, ya estamos hartos! ¡No lo vamos a permitir!”.

“Tu única fortaleza es tu apellido”, replicó Cortés. Gómez Morín abuelo fue fundador de instituciones: el Banco de México, cuando el país requería bases e instrumentos para recuperarse de los estragos de la Revolución e iniciar su desarrollo; y del PAN, cuando, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, el Partido Nacional Revolucionario se había transformado en poderosa organización de masas (Partido de la Revolución Mexicana, segundo antecedente el PRI) y se necesitaba una alternativa política para plantarle cara.

Las posturas de Gómez Morín y Cortés Mendoza resumen el dilema del PAN: volver a la ética y a los principios de sus fundadores o mantener los intereses y vicios que causaron el divorcio de la cúpula con el panismo y con los electores. AMLO invoca a figuras históricas (Juárez, Madero y Cárdenas) que, sin haber sido perfectas, fueron clave en momentos críticos para el país, como ahora lo son. “El elefante muerto deja sus colmillos; el tigre, su piel, y el hombre, su nombre”, reza un proverbio malayo. Cortés quiso golpear a Gómez Morín por su apellido, pero es en él donde radica su mayor fortaleza. “La política”, decía Napoleón, “es una casa de putas en las que las pupilas son bastante feas”. Eso pasa cuando a los hombres del poder su nombre les importa un bledo.
24 Octubre 2018 04:02:00
Amnesia selectiva
Claudia Ruiz Massieu, presidenta del PRI y senadora plurinominal, se siente a gusto en Coahuila. Quienes no lo están son las legiones de niños, jóvenes y adultos que cargan a sus espaldas con una deuda cuyo servicio podría costarle al estado hasta 80 mil millones de pesos, si el plazo para pagar 37 mil millones de pesos —herencia del moreirato— se extiende hasta el año 2048. El “cálculo sencillo” lo hizo el empresario Luis Arizpe Jiménez, integrante de la Comisión de Vigilancia del Sistema Estatal Anticorrupción (Reforma, 09.10.18.)

Exultante, como si en las elecciones presidenciales de julio más de 45 millones de mexicanos no hubieran votado contra la venalidad, la falta de castigo y la soberbia representadas por su partido y por el Gobierno de Peña Nieto, Ruiz Massieu respondió con retórica el clamor de justicia de un Coahuila indignado por la megadeuda, las masacres, las fosas clandestinas y las empresas fantasma durante el gobierno de los hermanos Humberto y Rubén Moreira. La víctima, según ella, no es el estado, sino el PRI. “Todo el priismo, la verdad, nos sentimos lastimados y enojados de que la mala conducta de unos cuantos estigmatice a un partido de millones de mujeres y hombres que trabajan todos los días, con honestidad, con compromiso y con voluntad”, respondió en una reunión con periodistas.

La autocrítica que demanda la militancia –dijo– consiste en denunciar, “de manera firme, clara y tajante (…) cuando haya actos de corrupción por parte de algunos que manchan a todo un instituto político con tanta vocación y compromiso social como es el nuestro”. De nuevo, lo importante no es el país, sino el PRI, convertido hoy en tercera fuerza política nacional después de Morena y el PAN. A México y a Coahuila se le pueden infligir los castigos más penosos, pero no al partido de los Moreira, los Duarte, los Borge, los Madrazo, los Salinas, los Gamboa, los Beltrones.

En el consejo político del PRI del 6 de octubre, donde Rodrigo Fuentes rindió protesta como presidente del Comité Directivo Estatal, Ruiz Massieu destacó el trabajo de Verónica Martínez (senadora) y Fernando “El Diablito” De las Fuentes (diputado federal), así lo llamó. Ambos legalizaron la megadeuda por 36 mil millones de pesos adquirida irregularmente en el sexenio de Humberto Moreira. En su arenga ante el gobernador Miguel Riquelme, la sobrina del expresidente Salinas dejó una tarea: “reconquistar la confianza ciudadana, tenemos que hacer un trabajo cercano para que la gente vuelva a confiar en nosotros. (…) que quede claro: vamos a ser una oposición crítica, firme y valiente, pero queremos volver a ser gobierno”.

La presidentA del PRI no sólo hizo gala de cinismo, sino también de buena memoria. “No se me olvida (…) que aquí el priismo fue víctima de calumnias, que nos quisieron dividir, que nos calumniaron, insultaron a las mujeres del PRI, que se quisieron robar la elección. Y no los dejamos (…) porque aquí en Coahuila se representa el orgullo del priismo de todo el país”.

Desconectada de la realidad del estado y de espaldas a la ciudadanía, Ruiz Massieu olvidó exigir “de manera firme, clara y tajante” –para recuperar la confianza de los electores– justicia por la deuda, las empresas fantasma y los crímenes de lesa humanidad cometidos en el gobierno de los Moreira, denunciados ante la Corte Penal Internacional. Su preocupación es menos terrenal y más patriota: fortalecer la identidad del PRI y “recuperar el orgullo priista”. Así, con esas ínfulas.
23 Octubre 2018 04:02:00
El SEA en entredicho
Diecinueve palabras dedicó Claudia Ruiz Massieu a la causa por la cual el PRI perdió la presidencia y el control del Congreso, y un año antes también estuvo a punto de costarle la gubernatura: “La mayor debilidad que tiene el partido es el tema de la rendición de cuentas y de la corrupción”, dijo la sobrina del expresidente Salinas el 6 de octubre en Saltillo, durante una rueda de prensa.

La líder priista no ganó las ocho columnas, sino una investigación de Grupo Zócalo: “Saquean UAdeC con empresas fantasma. Arman red para desviar más de $400 millones”.

La nota señala como responsable al exrector Blas Flores, actual secretario de Finanzas, quien dirige la tercera renegociación de la deuda, la cual ronda los 40 mil millones de pesos. Flores renunció a su asiento en la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), diseñado y puesto en marcha por Rubén Moreira al final de su Gobierno.

En un comunicado difundido el 16 de abril, la Alianza Anticorrupción Coahuila (AAC) pidió a la LXI Legislatura local —primera en la que el PRI no es mayoría— “asumir un compromiso democrático con la ciudadanía” para revisar y vigilar los procesos de implementación del SEA aún pendientes.

El organismo, formado por más de 100 colectivos, cámaras empresariales, universidades y sindicatos, advierte a los diputados: “La problemática de la corrupción e impunidad que mantiene a nuestra entidad en un deterioro social, de salud, económico, ecológico, educativo y cultural, nos conmina a continuar los esfuerzos por construir instituciones de combate a la corrupción realmente eficaces, honorables e independientes políticamente”.

Para reactivar el “tema anticorrupción” en la agenda legislativa, AAC propuso: “1. Revisar, y en su caso reestructurar, la (…) Comisión de Selección del SEA mediante un proceso público que asegure la auténtica participación ciudadana para garantizar la autonomía e independencia de la totalidad de sus integrantes; 2. Integrar la Comisión Anticorrupción con la participación de miembros de las cinco fracciones partidistas representadas (…) en el Congreso; 3. Reforzar, y en su caso reformar, con la participación de los ciudadanos, la legislación del SEA (…); 4. Establecer formalmente espacios de diálogo y trabajo con la ACC para incorporar las propuestas de esta organización (…) a las iniciativas legislativas; y 5. Establecer la práctica de parlamento abierto durante la revisión del SEA, como principio que garantice la transparencia en dicho proceso”.

La Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del SEA rindió protesta el 1 de septiembre de 2017, tres meses antes de concluir Rubén Moreira su mandato.

Cuatro integrantes de la comisión original, compuesta por nueve representantes, participaron en los dos últimos gobiernos: Blas Flores fue tesorero y rector de la Universidad Autónoma de Coahuila; Luis García Abusaid, secretario técnico en la administración de Humberto Moreira; María del Carmen Ruiz Esparza, directora del Instituto Estatal de Educación para Adultos (actualmente es subsecretaria de Educación), y Carlos Arredondo, consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

La demanda de la AAC para dotar al Sistema Estatal Anticorrupción de “verdadera autonomía e independencia política (y) asegurar su incidencia real y eficaz en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, no es gratuita: Sandra Rodríguez Wong, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, trabajó para Rubén Moreira como directora jurídica, y el fiscal anticorrupción, Jesús Flores Mier, se integró al equipo de Humberto Moreira desde la alcaldía de Saltillo.
22 Octubre 2018 04:03:00
El negocio del fracking
El ‘no’ de Andrés Manuel López Obrador a la extracción de gas y petróleo mediante la técnica de fracturación hidráulica (fracking) ha sido tajante. El presidente electo califica a los tecnócratas que la impulsan de “corruptos y muy ineficientes”. El manejo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre todo en los seis años últimos, le da la razón: los precios y las tarifas son exorbitantes y refutan la promesa de reducirlos como efecto de la reforma energética.

La opinión general, con respecto a la venalidad y la incompetencia de la alta burocracia, coincide con la de López Obrador. Las crisis en Pemex y la CFE parecen consecuencia de actos deliberados, urdidos para crear necesidades y después plantear soluciones desesperadas, algunas de las cuales se revisten de argumentos salvadores y decisiones patrióticas. El supuesto interés por el país une a quienes, en otro tiempo, eran enemigos irreconciliables: el expresidente Vicente Fox (PAN) y el exdirector de Pemex, Rogelio Montemayor (PRI). Si con la misma vehemencia con que hoy se defiende el fracking se hubiese combatido la corrupción y el robo de combustible y de energía en ambas empresas, quizá el rechazo hacia esa tecnología de extracción sería menor.

El problema, como en la mayoría de los temas nacionales, es de credibilidad. Si Estados Unidos ha incrementado la producción de gas y petróleo por el fracking, sin provocar todavía graves afectaciones al acuífero y al medio ambiente, en lo cual no todo el mundo está de acuerdo, no significa que en los estados donde se concentra la riqueza energética –Coahuila entre ellos–, se vaya a tener el mismo cuidado. En México la corrupción ha permitido grandes abusos y negocios lucrativos al amparo del poder. En nuestro país las regulaciones son laxas y los dueños de las tierras, sobre todo si son campesinos o pequeños propietarios, obtienen beneficios mínimos, si no es que nulos, por los recursos del subsuelo.

En la inauguración de una pista del aeropuerto Plan de Guadalupe, y en el contexto de la sucesión estatal de 2017, el entonces gobernador Rubén Moreira dijo sin recato que el negocio del fracking representaba miles de millones de dólares sólo en Coahuila. “De ese tamaño es lo que está en juego”, advirtió. Sólo él sabe a qué se refería. Pero en un país donde no existen fronteras entre lo público y lo privado, los funcionarios aprovechan su posición para volverse empresarios o socios de inversionistas inescrupulosos. En Coahuila se llegó al extremo de celebrar tratos incluso con la delincuencia organizada. La Región Carbonífera no fue la única castigada por ese tipo de complicidades.

El capitalismo de compadres ha sido ruinoso para el país, pues favorece a los consorcios relacionados con el poder político, en perjuicio de la inmensa mayoría. López Obrador lo sabe y uno de sus planes consiste en desactivar esos círculos perversos. Su política antifracking es consecuente con la oposición de los países líderes de Europa (Alemania, Francia, Reino Unido, donde el cuidado a la salud y al medio ambiente es prioritario) a esa técnica.

Estados Unidos, China y Rusia apoyan la fractura hidráulica, pero no parece preocuparles el futuro del planeta. La idea de AMLO es aumentar la producción de gas y petróleo –resucitar a Pemex– por métodos convencionales y reducir la dependencia de hidrocarburos.
20 Octubre 2018 04:06:00
Bajo fuego cruzado
El periodismo en México se ejerce bajo fuego cruzado. Ni la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) ni el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas han recibido apoyo suficiente para detener la escalada de violencia. Así lo advierte Gerardo Moyano en la edición 599 del catorcenario Espacio 4.

“El Informe 2018. Avances y tareas pendientes para el fortalecimiento de la libertad de expresión en México, del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), revela que ocho de cada 10 periodistas han sido intimidados al menos en una ocasión por la publicación de una nota, entrevista, o reportaje.

De los 220 periodistas consultados, el 77% dijo haber sido víctima de acoso; el 65%, de amenazas; el 34%, de violencia física; y el 29%, de privación de la libertad. El 90% cree que se encuentra en mayor riesgo que el resto de la población.

“Ante este panorama, siete de cada 10 periodistas considera que los medios de comunicación locales no pueden informar libremente por temor a agresiones, por lo cual recurren a la autocensura en temas relacionados con el gobierno, actores políticos o funcionarios públicos.

“Las principales agresiones contra periodistas proceden del sector público, por encima del crimen organizado. El 40% señaló que en 2017 sufrió al menos una agresión de funcionarios, principalmente policías estatales o municipales; el 37% apuntó al crimen organizado; y el 16%, a la Policía Federal o el Ejército. El informe de Casede también analiza la efectividad del Mecanismo de Protección y de la Feadle.

“Entre 2012 y mayo de 2018, el Mecanismo admitió 567 solicitudes de ingreso de las 678 recibidas (339 de periodistas y 228 defensores de derechos humanos) y otorgó 4 mil 523 medidas de protección: botones de pánico y patrullajes de policía. Sin embargo, no evitaron que 156 inscritos en el Mecanismo sufrieran ataques. Cándido Ríos (Veracruz) y Rubén Pat (Quintana Roo) fueron asesinados pese a estar bajo su amparo.

“Conrespecto a la Feadle, el informe destaca que entre 2010 y 2016, inició 806 averiguaciones previas por delitos contra periodistas y defensores de derechos, como amenazas, homicidio o privación de la libertad. Sin embargo, ‘el número de casos rezagados permanece alto, mientras que el de consignaciones (ante la justicia), muy bajo’.

“‘En2017, del total de averiguaciones previas en trámite (140), 127 permanecen en rezago (…). Y en 2018, de las 102 que están en trámite, 97 se encuentran rezagadas’, indica. Por otra parte, lamenta que, desde la implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio, en 2016, la Feadle haya logrado judicializar muy pocos casos ante los tribunales: uno en 2016 y cuatro en 2017.

“‘Tanto el Mecanismo como la Feadle han realizado esfuerzos para elevar su eficacia y efectividad. Sin embargo, es necesario mayor compromiso político desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para desarrollar una estrategia de fortalecimiento de ambas instancias de prevención, protección y procuración de justicia. Esta será una tarea ineludible para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador’, concluye”.


19 Octubre 2018 04:00:00
La mano de Reyes
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador recibió como ofrenda en su visita a Coahuila la incorporación a Morena del diputado Luis Fernando Salazar, hasta el miércoles pasado militante del PAN. La mano del futuro coordinador general del Gobierno federal, Reyes Flores Hurtado, se empieza a sentir también en la estructuración de un movimiento (Morena) como partido. Con la vista puesta en la gubernatura, el tándem de Armando Guadiana y Reyes tiene tiempo para articular territorial y sectorialmente una corriente cuya fuerza radica en un solo hombre: AMLO.

Morena debutó en Coahuila hace apenas un año. Con Guadiana como candidato a gobernador, recibió 151 votos (11.9% del total). La cifra es alta o baja según se la quiera ver. Elevada para una nueva formación y con respecto al otro partido de izquierda, el PRD, que recibió 21 mil papeletas (1.6%), pero muy por debajo del PRI y del PAN, cuya votación fue del 38.9 y el 36.4%, respectivamente. A escala municipal, solo se hizo con la alcaldía de Ocampo. Y aunque no ganó ningún distrito, obtuvo dos diputaciones de representación proporcional, una de las cuales (la de Elsa Villalobos), en la práctica pertenece a la bancada del PRI. Guadiana, pues, no provocó el despegue de Morena.

Sin embargo, el factor AMLO resultó determinante en los comicios federales y locales de julio pasado. Morena arrasó en Coahuila en la elección presidencial, ganó las senadurías de mayoría por un margen de 3.8%, tres de las siete diputaciones (ahora tendrá cuatro con la de Salazar) y las alcaldías de Francisco I. Madero, Matamoros, Parras y Piedras Negras con el expriista Claudio Bres, quien ya ha ocupado en cargo en dos ocasiones. El reto de Morena consiste en desarrollar estructuras y presentar a los coahuilenses líderes creíbles y con prestigio, pues AMLO ya no volverá a estar en las boletas, y su desempeño en la Presidencia incidirá, positiva o negativamente, en el ánimo ciudadano en futuros procesos comiciales.

Los cuadros, los votos y la militancia de Morena provienen en su mayoría de otros partidos, por varias razones: 1) el agotamiento del PRI, el PAN y el PRD como opciones de gobierno; 2) la corrupción del sistema político; y 3) el clamor por un cambio real asociado al único líder que lo ofrecía. Si AMLO no cumple su agenda en plazos razonables, él y Morena empezarán a perder apoyo. Empero, el PRI y el PAN no han hecho nada para atraer a los electores frustrados. En esa tesitura, el expresidente Felipe Calderón propone crear un nuevo partido quizá como reemplazo del PAN. AMLO dio el paso con Morena y acabó con el PRD y con el PRI en una sola elección.

En Coahuila, como en el resto del país, Morena puede desinflarse con la misma celeridad con que se convirtió en la primera fuerza política; al PAN ya le pasó con Fox. Si las elecciones para gobernador fueran hoy, el partido de AMLO arrollaría, como, todo indica, ocurrirá en Baja California el año próximo. Sin embargo, las votaciones serán en 2023, quinto año de la gestión de AMLO; si los resultados son favorables, la alternancia sería con Morena. Pero si el presidente incumple sus compromisos y hace la vista gorda con la corrupción, se cumpliría el refrán según el cual “del plato a la boca se cae la sopa”. Morena necesita operadores y cuadros. Por eso aceptó a Salazar, cuya afiliación a Morena provocó en las redes reacciones enconadas.
17 Octubre 2018 04:02:00
Visita presidencial
Andrés Manuel López Obrador derrotó en las elecciones de julio no solo al PRI, sino a los gobernadores, excepto al de Guanajuato, Miguel Márquez (PAN). En la entidad donde Vicente Fox alzó el vuelo hacia Los Pinos, Ricardo Anaya recibió 940 mil votos contra 707 mil de AMLO. En 2008, el líder de Acción Nacional, Germán Martínez, se propuso “guanajuatizar” a México para pintarlo todo de azul y blanco. Paradojas de la política: 10 años después, el color que cubre prácticamente todo el territorio es el pantone 1805 del Movimiento de Regeneración Nacional, Martínez es senador de Morena y el 1 de diciembre asumirá la dirección del IMSS.

Los gobernadores son cabeza de su partido y, en esa categoría, operadores electorales. Pues bien, ni los mandatarios del PRI, del PAN, del PRD ni del Verde pudieron contener la ola de Morena. Con esa seguridad, AMLO recorre las capitales de los estados. No tanto para agradecer el voto, sino para recordarle a los ejecutivos locales que las cosas cambiarán una vez que se cruce sobre el pecho la banda presidencial. En los últimos 18 años, los gobernadores fueron los verdaderos amos del país y el presidente un figurante; sobre todo Peña, quien, atrapado en una intrincada red de complicidades, terminó por convertirse en su rehén.

El turno en la agenda de AMLO corresponde a Coahuila. El presidente más legitimado se reunirá este jueves en Saltillo con el gobernador Miguel Riquelme y más tarde encabezará un mitin en la Plaza de Armas. AMLO recibirá –como Riquelme– un Gobierno en bancarrota económica, política y moral.

La indignación social que le permitió al tabasqueño ganar abrumadoramente, estuvo a punto de hacer perder al PRI la gubernatura el año pasado. La elevada legitimidad de AMLO contrasta con el déficit del exalcalde de Torreón.

Coahuila es uno de los estados más castigados por la corrupción, la impunidad, el nepotismo, la violencia y la incuria del Gobierno federal. La Administración de Enrique Martínez (EM) comprendió el último año de la presidencia de Ernesto Zedillo y los primeros cinco de la de Fox.

En el sexenio de EM hubo orden, tres de secuestros (uno cada 2 años en promedio), y se entregaron finanzas sanas: cero adeudos bancarios y los pasivos con proveedores rondaban los 380 millones de pesos. Pero el gobernador perdió la brújula: descuidó la sucesión local por querer ser presidente; los Moreira atizaron su ego y al final le comieron el mandado. EM será recordado por ese fallo, no por la deuda cero.

En el docenio de los Moreira –uno gobernó con Calderón en guerra y otro con Peña Nieto en Babia–, la deuda se disparó a 38 mil millones de pesos; las matanzas más mediáticas fueron las de Allende y Piedras Negras, pero también las hubo en La Laguna y en el resto de las regiones; los desaparecidos se contaron por millares; los cárteles de la droga secuestraron al estado, financiaron campañas políticas y adquirieron derecho de picaporte en las principales oficinas de Gobierno; cientos o miles de millones de pesos se desviaron a empresas fantasma, algunas propiedad de altos funcionarios; los fondos de pensiones quebraron; los servicios de salud colapsaron; la justicia se envileció; el Sistema Estatal Anticorrupción responde al interés del moreitaro; y las instituciones, en general, entraron en crisis.

AMLO puede ahorrarse el agradecimiento por los votos recibidos en Coahuila (609 mil 362). La ciudadanía exige justicia y reparación, no soflamas.
16 Octubre 2018 04:02:00
Presidente escapista
Ningún líder del planeta ha de levantarse de la cama con la idea de generarle conflictos a su país o de causarle algún quebranto, a menos que le falte un tornillo como a Donald Trump. Enrique Peña Nieto ha reconocido errores y pedido perdón por algunos de ellos, en el ocaso de su Gobierno. Sin embargo, las afrentas acumuladas a lo largo del sexenio fueron tantas y tan recurrentes que los mexicanos no parecen dispuestos a ser indulgentes con su Presidente, como hicieron con Miguel de la Madrid, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, de los cuales el único con estatura moral y talla de estadista es el segundo de ellos.

A diferencia de Carlos Salinas de Gortari y de Peña Nieto, Zedillo provenía también de la cultura del esfuerzo y no del privilegio, igual que Luis Donaldo Colosio, de quien fue coordinador de campaña y sustituto después de su asesinato en Lomas Taurinas. El expresidente no es de los nostálgicos del poder como la mayoría de sus predecesores y de quienes le sucedieron en el cargo. Reside en el extranjero y renunció a la pensión de 2.5 millones de pesos mensuales mucho antes de que López Obrador propusiera suprimir tal beneficio.

Zedillo visitó México el 24 de septiembre para participar en la reunión de la Comisión Global de Política de Drogas, en la cual admitió haber equivocado la estrategia de combatir el narcotráfico con la fuerza. “La prohibición está mal, la prohibición está causando mucho daño, la prohibición debe ser eliminada y en su lugar debemos tener políticas basadas en la regulación”. El prestigio del exlíder mexicano le permite presentarse en cualquier escenario, ser escuchado y tratado con respeto.

Peña Nieto prefirió el escapismo. La Silla del Águila resultó demasiado grande para un político sin experiencia en la arena nacional ni roce internacional. Formado en la escuela de los millonarios de Atlacomulco –la del profesor Carlos Hank González–, fue diputado local, secretario de Administración con su tío Arturo Montiel –otro de “Los 10 Mexicanos más Corruptos” de 2013, según la revista Forbes– y Gobernador de Estado de México. Tal vez en otro tiempo, como en el de Miguel Alemán –con un perfil parecido al suyo y un Gobierno igualmente proclive a los negocios al amparo del poder–, podría haber tenido un sexenio menos azaroso, aunque no exento de escándalos y de repudio social. Tratar de revivir la presidencia imperial resultó suicida.

Cuando Peña se vio rebasado por la realidad, se evadió de ella. Encerrado en Los Pinos a cal y canto –como en campaña lo hizo en los baños de la Universidad Iberoamericana y lo volvió a hacer en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, la Casa Blanca y la corrupción de los gobernadores (los Duarte, los Moreira, los Herrera, los Alonso, los Borge, los Medina)– dejó de gobernar y abandonó a México a su suerte. El país jamás se le había salido de las manos a ningún presidente como a él –ni siquiera a Fox–. Nunca –ni con Calderón– tanta barbarie. Ni en los peores momentos la delincuencia había sometido al poder político. Y pocas veces el pueblo, indignado por la incuria de un Gobierno que convirtió la esperanza en horror y cerró los ojos frente a millares de desaparecidos, de fosas clandestinas y de morgues rodantes, le había dado al Presidente y a su partido un puntapié en el trasero como ocurrió el 1 de julio. ¿Está AMLO a la altura de la circunstancia? Pronto lo sabremos.
15 Octubre 2018 04:00:00
Fratricidio político
El tiempo sacó a la luz la tendencia cainita de Rubén Moreira. Dio muerte política a su hermano para salvarse él. La historia, sin embargo, dista mucho de haber terminado; y menos como lo planeó el “intelectual” del clan. Mientras Humberto no confiese –sin bravuconadas, hipérboles ni improperios– cuánto dinero del estado –con cargo al presupuesto y a la megadeuda– desvió para imponer a su hermano en la Gubernatura, la ruptura entre ellos será una farsa; puede haber distanciamiento, mas no guerra. En términos patrimoniales y políticos, Rubén debe lo que hoy es a Humberto y no al revés.

Cerebro del moreirato, Rubén gobernó el estado y por tanto es responsable de su ruina y saldo trágico: crisis financiera, masacres y latrocinios. Su hermano le dio facultades para quitar y poner secretarios, manejar el Congreso, el PRI, el Instituto Electoral, la Comisión de Derechos Humanos, la relación con la prensa, la Procuraduría de Justicia, el Tribunal de Justicia y la Secretaría de Finanzas a través de María Esther Monsiváis, una de las operadoras de las empresas fantasma a las cuales se desviaron alrededor de 500 millones de pesos, sólo en dos años de su administración.

Mientras Humberto se rendía culto, adquiría medios de comunicación, compraba lealtades, repartía dinero por dondequiera, satirizaba a los empresarios que comían de su mano y guardaba las pruebas para exhibirlas cuando fuera necesario; la delincuencia organizada tomaba el control del estado y sobornaba a políticos y autoridades, según han confesado operadores de Los Zetas en una Corte de Texas. Dominado por la megalomanía, Moreira I pensó, como Enrique Martínez, que podía ser presidente. No del PRI, de la República. Para ello se vinculó con el cártel de Atlacomulco y Peña lo instaló en el despacho del CEN priista antes ocupado por Luis Donaldo Colosio.

La hibris de los Moreira ha sido castigada con rigor. “Aquel a quien los dioses quieren destruir, primero lo vuelven loco”, advierte un aforismo griego. Pero no basta. También deben ser investigados por la deuda, las empresas fachada, los crímenes de lesa humanidad denunciados ante la Corte Penal Internacional y otros desafueros.

Sin embargo, la atención sigue centrada en Humberto. Rubén, después de su efímero paso por la secretaría general del PRI, se refugió en el Congreso.

En la edición 2168 de la revista Proceso, Rocha dedica su cartón “Nombrar la soga” a un tema recurrente en la campaña de López Obrador (la corrupción) y a una declaración suya como presidente electo (la bancarrota del país por el saqueo indiscriminado de recursos públicos). En la caricatura aparecen frente a AMLO los exgobernadores Javier Duarte (Veracruz), Humberto Moreira (Coahuila), César Duarte (Chihuahua) y la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles. El primero con un grillete flotante y todos con bultos de dinero. El grupo replica a coro: “¡Qué irresponsable! Con esas palabras (‘México está en bancarrota’) puede llevar al país a la ruina”.

¿Por qué solo Humberto en la caricatura y no también Rubén? “Después de mí, el diluvio” –frase atribuida a Luis XIV, el Rey Sol–, parece ser el mensaje del cainita. Como parte del fratricidio político, Moreira II tejió para él una red de protección y a su hermano lo mandó al foso de los cocodrilos. Rubén guardó silencio cuando expulsaron a Humberto del PRI.

En vez de ponerse de parte de quien depositó en él su confianza y le entregó todo el poder y las llaves de la tesorería, se alió con el pusilánime presidente de ese partido, Enrique Ochoa. Ambos –hoy diputados plurinominales– son responsables de la derrota del PRI en las elecciones de julio. Rubén es candidato a ser investigado por AMLO.
13 Octubre 2018 04:00:00
El país más violento
La crisis de derechos humanos iniciada en el sexenio de Felipe Calderón y agravada en el de Peña Nieto es uno de los temas más apremiantes para el gobierno de López Obrador, como lo apunta Édgar London en el nuevo número de Espacio 4.

“Desde que el Congreso federal aprobó el año pasado la Ley de Seguridad Interior para regular la intervención de los militares en tareas de seguridad pública, múltiples voces se han alzado en contra de esa medida. El colectivo #SeguridadSinGuerra, formado por alrededor de 300 organizaciones y personas, busca revertir la presencia de las fuerzas castrenses en las calles e impulsa la profesionalización de las policías y el fortalecimiento de las instituciones de procuración de justicia.

“En este ámbito, y ante la cercanía del relevo presidencial, senadores del PAN, MC, PT y Morena se han hecho eco de las demandas ciudadanas. El 6 de septiembre suscribieron una iniciativa para abrogar la Ley de Seguridad Interior. El proyecto –propuesto por Emilio Álvarez Icaza, senador sin partido– busca enviar un mensaje claro a ese respecto, de acuerdo con la necesidad de transformar al país que exigieron más de 30 millones de mexicanos en las elecciones del 1 de julio. De igual modo, se acopla a las declaraciones del presidente electo cuando augura una nueva estrategia que no combata la violencia con más violencia.

“‘(La) ley está fuertemente cuestionada por todo tipo de organismos de derechos humanos, civiles... nacionales e internacionales’, señala Álvarez. (…) ‘Más de 36 mil personas desaparecidas, consignadas según la cifra oficial; más de 150 mil personas asesinadas, más de 280 mil personas en desplazamiento interno y más de 6 mil víctimas de tortura’, apuntó.

“México es el país más violento de América. Así lo cataloga el Programa de Datos sobre Conflictos, estudio desarrollado por el Departamento de Investigación sobre la Paz y Conflictos de la Universidad de Upsala, en Suecia. Se trata de un trabajo que se realiza periódicamente con el objetivo de recopilar información sobre conflictos en el mundo.

“La cruzada contra el narcotráfico, iniciada por Felipe Calderón, ha cobrado más vidas en el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2007 y 2016 se registraron 174 mil 652 homicidios. Las organizaciones de derechos humanos no coinciden en las cifras sobre desapariciones, pero las más conservadoras oscilan entre 30 mil y 50 mil víctimas. En muchas ocasiones, con la participación directa de las fuerzas del orden, como sucedió en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

“Otra muestra inobjetable de los índices de violencia en el país lo representa el número de fosas clandestinas que se han descubierto desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico. Entre 2007 –cuando Felipe Calderón iniciaba su Administración– y el mes pasado, la CNDH ha encontrado 307, de las cuales se han exhumado los restos de 3 mil 934 personas. (…) ‘La CNDH ve con preocupación el que en muchas regiones del país se incrementen los hallazgos de fosas clandestinas y, por consiguiente, el número de cadáveres y/o restos humanos de ellas exhumado.

“‘Por ello, destaca la importancia de que las actuales autoridades de los tres niveles de Gobierno y las que próximamente asumirán las responsabilidades de la conducción del país establezcan en el corto plazo una política integral que prevenga, investigue y sancione las violaciones que se generan con la práctica de realizar inhumaciones en fosas clandestinas’, indicó el organismo en un comunicado”. (Texto completo en: http:/www.espacio4.com/)


12 Octubre 2018 04:03:00
Intolerancia y soberbia
Andrés Manuel López Obrador es un político de espacios abiertos y contacto personal. El jueves próximo volverá a la Plaza de Armas de Saltillo, en plan triunfal, para agradecer el apoyo de los coahuilenses que le permitió ganar la presidencia en su tercer intento. Reyes Flores Hurtado, coordinador de transición del Gobierno federal, organiza el mitin frente a la sede del Poder Ejecutivo local donde, como líder del PAN, realizó una huelga de hambre. Otro protagonista será el senador Armando Guadiana, quien ha presentado puntos de acuerdo para auditar las universidades públicas y atender las demandas del magisterio en materia de salud y seguridad social.

En Coahuila, donde “se siente el mejor PRI de México” (Claudia Ruiz Massieu, dixit), AMLO obtuvo 609 mil votos, un cuarto de millón más que José Antonio Meade. Morena ganó además las senadurías de mayoría y las diputaciones de los distritos II (San Pedro), III (Monclova) y VI (Torreón). El Presidente electo llegará con algunas abolladuras en su imagen. La más notable por la fastuosa boda de su amigo y compañero de mil batallas, César Yáñez, llevada al paroxismo del ridículo por la revista ¡Hola!. La misma que aportó el arsenal sobre la casa blanca, la cual no solo se convertiría en uno de los mayores escándalos del sexenio del presidente Peña Nieto, sino en el nadir del Gobierno que prometió salvar a México y al final terminó por ser el hazmerreír del mundo.

Si no ejercer el poder, como ocurrió con Peña, tiene un costo elevado para el país y para la institución, el desgaste por ostentarlo antes de tiempo puede ser mayor. AMLO ha cuidado escrupulosamente su imagen de político honrado y austero, pero a su discurso no le dedica la misma atención, y eso espanta; no solo a los inversionistas y a los mercados, sino a cualquiera. Yáñez aprovechó quizá esa inconsistencia para echar la casa por la ventana, así haya sido la familia de la novia, Dulce Silva, la que sufragó los gastos. Si el futuro coordinador de política y gobierno no puso al tanto a su jefe del tipo de boda al que lo invitaba y de la cobertura en una revista para reyes, magnates y faranduleros, craso error. Y si AMLO acudió con conocimiento de causa, atenido a que todo se le perdona, gravísimo. Primero, porque ya no se le juzga como candidato, sino como Presidente, aun sin entrar todavía en funciones; y segundo, porque en las “benditas redes” los juicios son sumarios.

AMLO acusó el golpe. Sin embargo, en vez de reaccionar con humildad y reconocer su error y el de Yáñez, respondió al estilo Peña Nieto, quien pide contar solo lo bueno o, dicho de otro modo: “ya chole con tus quejas”. El miércoles pasado, en Estado de México, donde Morena recibió 4.3 millones de votos –casi tres veces más que el PRI–, López Obrador convirtió el agradecimiento en reproche a los medios de comunicación por no hablar de la cuarta transformación, la cual, según él, camina viento en popa. “¿Ya sabían ustedes eso? ¡No! ¡Porque eso no se difunde mucho! Pero si se trata de decir que estoy enfermo, ¡ah, sí: noticia nacional! ¡La fiesta de quien se casó! ¡Eso sí: difusión, para querer dar la imagen de que nosotros somos iguales, y para que puedan decir ‘ya ven: son lo mismo’, pues no, no somos iguales, ¡nosotros somos honestos y actuamos con humildad!”. (Reforma, 11.10.18) Los problemas de Peña son la intolerancia y la soberbia. AMLO adolece de los mismos. ¿Dónde está, pues, la diferencia?
10 Octubre 2018 04:02:00
El castigo de Némesis
El vacío de poder por el debilitamiento del presidente Peña lo llena con creces Andrés Manuel López Obrador. El mandatario electo suaviza sobre la marcha algunas de sus propuestas más polémicas, extiende y revoca nombramientos y centra la atención de analistas y caricaturistas políticos, mientras el inquilino de Los Pinos brilla por su ausencia. En el primer informe de su primo Alfredo del Mazo, Peña anunció su regreso al Estado de México y prometió “no causar molestias”. Sólo eso faltaba después de una Presidencia desastrosa.

La Casa Blanca a la que Peña y su esposa Angélica Rivera planeaban retirarse, devino en escándalo. Origen de la decadencia temprana de la popularidad de un matrimonio con ribetes de cuento de hadas o culebrón de Televisa, la residencia fue abandonada en diciembre de 2014, apenas un mes después de conocida su existencia y la manera como se adquirió, por una investigación de Aristegui Noticias.

Valuada en 7 millones de dólares (86 millones de pesos al tipo de cambio de entonces), la casa blanca regresó a su dueño original: Ingeniería Inmobiliaria del Centro, S. A. de C. V., del Grupo Higa, uno de los contratistas preferidos de Peña como gobernador de Estado de México y Presidente de la República. La propiedad fue la Némesis a la arrogancia de la clase política de un país empobrecido y agraviado por la corrupción. “En nuestra casa llevamos una vida lo más normal posible. (A nuestros hijos) les he hecho saber que Los Pinos nos será prestado sólo por seis años y que su verdadera casa, su hogar, es esta donde hemos hecho este reportaje”, declaró Rivera a la revista ¡Hola! (mayo de 2013.)

El envanecimiento y la ostentación de lujo y opulencia removieron el encono social contra la clase política y dieron al traste con la imagen de un Presidente escaso luces y de una actriz medianamente exitosa. Las consecuencias, sin embargo, fueron más profundas. El 6 de noviembre de 2014, el Gobierno canceló el proyecto del tren de alta velocidad México-Querétaro, cuya licitación la había ganado una asociación de empresas encabezada por la multinacional China Railway Construction Corporation (CRCC). Uno de los socios mexicanos era Constructora Teya, de Grupo Higa.

La anulación de la obra, calculada en 3 mil 750 millones de dólares, disgustó a los inversores chinos. CRCC reclamó al Gobierno mexicano una indemnización por 600 millones de dólares, de los cuales finalmente obtuvo 16 millones. (Aristegui Noticias, 03-12-14). Los efectos del descrédito han sido duraderos. Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), cita un ejemplo:

“Hace dos semanas, un amigo que encabeza una dinámica startup de tecnología viajó a China en busca de nuevos inversionistas. (...) Durante cuatro meses cortejó a sus socios potenciales y recibió señales muy positivas. Sin embargo, ya en Shanghái, apareció un tema incómodo en la agenda. ‘Nuestros jefes, dijeron los chinos, están muy preocupados por el tema de la cancelación del tren a Querétaro’ (...) Casi cuatro años después, el tema apareció en el centro de una mesa de negociaciones en Beijing. El prometedor acercamiento de la startup mexicana con los inversionistas chinos se diluyó en un memorándum de entendimiento con compromisos modestos. En el círculo de inversionistas chinos, el nombre de México aún genera desconfianza”. (“Autosabotaje”, Reforma, 16-09-18.)

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