×
Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
ver +

" Comentar Imprimir
23 Enero 2018 04:06:00
Congreso: nuevo rostro
Rubén Moreira (RM) entraba al Congreso como a su despacho. Todas sus iniciativas fueron aprobadas, excepto la reforma al Código Penal del Estado que pretendía despenalizar el aborto. El PRI y sus adláteres contaban con los votos suficientes para imponer su mayoría, pero la presión de organizaciones ciudadanas y la opinión del entonces gobernador electo, Miguel Riquelme, impidieron que la propuesta se convirtiera en norma.

RM rindió protesta el 1 de diciembre de 2011 en medio de protestas, dentro y fuera del Congreso, donde las oposiciones ocupaban 10 asientos (siete el PAN, dos Unidad Democrática de Coahuila y uno el PRD), por la deuda de 36 mil millones de pesos y otros escándalos en el Gobierno de su hermano Humberto. Un mes después, cuando el Gobernador volvió al recinto para la instalación de la LIX Legislatura, las cosas habían cambiado: el PRI y sus aliados ocupaban el 87% de las curules (22). La oposición, con sólo tres asientos (dos el PAN y uno UDC), fue prácticamente eliminada por un Código Electoral y un Instituto Electoral diseñados para favorecer al Gobierno y a su partido.

Para ampliar el dominio del Gobernador sobre el Congreso y minimizar el impacto de las fracciones parlamentarias, críticas al entonces incipiente moreirato, la Constitución local fue reformada a partir de 2007 a efectos de: 1) separar las elecciones de diputados de las de alcaldes y hacer menos competitivas las primeras, 2) reducir de 35 a 31 el número de escaños (las cuatro suprimidas fueron de representación proporcional), 3) disminuir de 20 a 16 los distritos electorales y de 11 aa 9 las diputaciones plurinominales.

En la LIX Legislatura –primera en el sexenio de RM–, líderes priistas como Víctor Zamora, Francisco Dávila y María Guadalupe Rodríguez fueron diputados bajo las siglas de los partidos Verde, Primero Coahuila y Nueva Alianza. El artificio le permitió al PRI, además de hacerse con las 16 diputaciones de mayoría, obtener dos más de representación proporcional. Por esa misma vía, el Verde, Nueva Alianza, Primero Coahuila y el Partido Social Demócrata le sumaron otros cuatro votos.

Con esa aplastante mayoría, RM acudió al Congreso y reformó la Constitución cuantas veces quiso, además de guardar la deuda bajo siete llaves. Aun así, el PAN, con sólo dos diputados, lo puso en aprietos en más de una ocasión. Durante su tercer informe, cuando Fernando Gutiérrez pidió transparentar el endeudamiento, Moreira propuso una comisión legislativa para revisar el caso. El comité se creó, pero jamás dio resultados.

En las elecciones de 2014, el PRI volvió a hacer carro completo en los 16 distritos, pero una reforma federal le impidió acceder a diputaciones de representación proporcional. El PAN impugnó la distribución de curules bajo ese principio y logró que la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le concediera dos asientos más para sumar cuatro en la LX Legislatura donde el PRI, con 16 diputados propios y cuatro de partidos satélites, volvió a exceder la mayoría calificada al controlar el 80% del Congreso.

El gobernador Miguel Riquelme rindió protesta ante la misma Legislatura, con la ausencia de los diputados del PAN. El 1 de enero, el Ejecutivo atestiguó la instalación del primer Congreso de mayoría opositora. En los comicios del 4 de junio pasado, su partido perdió nueve de 16 distritos, seis con el PAN y tres con UDC. El PRI obtuvo tres diputaciones plurinominales, el PAN tres, Morena dos y el PRD una. El Congreso tiene nuevo rostro.
22 Enero 2018 04:07:00
Costosa abyección
Humberto Moreira (HM) no empezó con una legislatura cómoda, a pesar de tener una mayoría del 57%. En 2005, como jefe del PRI y candidato a gobernador, perdió los cuatro distritos de Torreón, además de la Presidencia Municipal. Lo mismo le sucedería a Miguel Riquelme 12 años después, no obstante haber sido alcalde de la metrópoli lagunera. En su primer informe ante el Congreso, en 2006, HM fue interpelado por la fracción parlamentaria del PAN. El mandatario se ofuscó y en una conferencia de prensa despotricó contra el presidente Felipe Calderón.

Desde entonces dejó de comparecer ante la representación popular. Los cuatro informes posteriores los envió al Congreso por escrito, y por separado montaba “talk shows” a los que sólo invitaba a funcionarios, empresarios y aliados del Gobierno. En sus “informes de resultados”, HM siempre omitió temas incómodos como el de la deuda, la cual, al final de su gestión, rebasó los 36 mil millones de pesos. Las oposiciones no tenían acceso a esas ceremonias, organizadas para el lucimiento del gobernador. El punto culminante ocurrió en noviembre de 2010, cuando HM tuvo entre sus invitados a Enrique Peña Nieto, quien lo convertiría después en presidente del PRI.

En la LVII legislatura, primera en el sexenio de HM, estuvieron representados seis partidos. De los 35 diputados, 20 eran del PRI, nueve del PAN, dos del PRD, dos de UDC, uno del Partido Verde y otro del Partido del Trabajo. Esa composición y pluralidad redujeron el margen de maniobra del gobernador para manipular al Congreso. Sin embargo, en las elecciones intermedias (2008) el PRI hizo carro completo. Ganó los 20 distritos y obtuvo un diputado de representación proporcional (plurinominal), con lo cual controló el 70% de la Legislatura, cuyo número de integrantes se redujo a 31 por una reforma constitucional. El PAN obtuvo siete diputados plurinominales; UDC dos y el PRD uno.

Una vez con mayoría calificada, el Gobierno tuvo manos libres para endeudarse, pero aun así lo hizo sin la autorización del Congreso. El mayor monto de créditos se contrató entre el cuarto y el quinto año del gobierno de HM, pero no fue registrado ante la Secretaría de Hacienda. En 2008, Coahuila debía mil 831.9 millones de pesos, pero al cierre de 2011 los pasivos se dispararon a 36 mil 509.6 millones, según el Análisis de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios que la Auditoría Superior de la Federación presentó en 2012 a la Cámara de Diputados.

El escándalo estalló a mediados de 2011, cuando HM ocupaba ya la presidencia del PRI, el gobernador interino era Jorge Torres López y Rubén Moreira hacía campaña para suceder a su hermano. Al descubrirse que una parte significativa de los créditos se adquirió con documentos falsos y que sólo una porción estaba registrada ante Hacienda, la mayoría priista en el Congreso local legalizó y reestructuró la deuda para salvar a su jefe político.

El desequilibrio de poderes –el Judicial también es controlado por el Ejecutivo– no sólo tiene consecuencias políticas, sino también económicas y sociales. Uno de los mayores lastres del estado y de la administración de Miguel Riquelme es la megadeuda, en proceso de renegociación. Según el Gobernador, la reestructura ahorrará hasta 700 millones de pesos anuales, los cuales se destinarán a inversión pública.
20 Enero 2018 04:07:00
Corrupción y violencia
La corrupción y la crisis de derechos humanos en nuestro país parecen no tener fin, según se desprende del siguiente texto de Gerardo Moyano, publicado en la edición 579 del bisemanario Espacio 4:

“Si en 2017 México se ubicó como el país más corrupto de América Latina (según datos de Transparencia Internacional) y vivió el año más violento de la última década (con 23 mil 101 homicidios dolosos), en 2018, la situación podría empeorar.

“La falta de titulares en la Fiscalía General y en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como los amparos y protestas contra la Ley de Seguridad Interior, auguran un oscuro año en materia de justicia y transparencia.

“En este sentido, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) advirtió en un comunicado que el primer paso para resolver esta crisis es la abrogación de Ley de Seguridad Interior y una reforma que garantice que la Fiscalía General sea realmente autónoma e independiente”.

“‘2018 es un año fundamental para los derechos humanos, pues la disyuntiva entre un estado violador de derechos humanos y uno que está diseñado para fomentar la corrupción y la impunidad se resolverá no sólo en lo electoral. La efervescencia civil no será espectadora del reparto de los botines. Procesos como #FiscalíaQueSirva y #SeguridadSinGuerra son ejemplos de ello. La sociedad expresará con claridad sus posiciones y ello nos llevará a tensiones previsibles más allá de lo electoral’, señaló la ONG.

“Lo mismo alertó la Arquidiócesis Primada de México: ‘Corrupción y violencia fueron los ingredientes del desastre nacional (en 2017), y no hay indicadores que nos hagan suponer que en estos dos aspectos el panorama será mejor para 2018, ni asomos de soluciones para aplacar tales calamidades’.

“En su semanario Desde la Fe (31-12-2017), la Iglesia católica criticó que la nueva Fiscalía General esté ‘virtualmente desmantelada y acéfala, rehén de los partidos políticos’, que no haya ‘acuerdos para la designación del Auditor Superior de la Federación’, y que el SNA carezca ‘de funcionarios capaces y con alto sentido de responsabilidad por el servicio público’.

“La Arquidiócesis, que días antes había pedido revisar la Ley de Seguridad Interior (LSI) para que el uso de las Fuerzas Armadas no esté sujeto ‘al arbitrio discrecional de gobernantes’, lamentó también el aumento de la violencia, el cual atribuye a la rapacidad de los políticos. ‘Nuevamente la corrupción parece ser el combustible que inflama este fuego (de la violencia), que nadie ha podido sofocar con las armas del imperio de la ley’, señaló.

“A ello, se suman dos reportes de organismos internacionales que critican la falta de acción de las autoridades mexicanas para combatir el narcotráfico y el lavado de dinero.

“El primero de ellos, de la fundación Insight Crime, prevé un aumento de la violencia por la atomización de los grandes carteles, como el de Sinaloa, la Familia Michoacana y los Zetas, y lamenta que la Coordinación Nacional Antisecuestros (Conase), creada en 2014 con una inversión de dos mil 268 millones de pesos, no haya dado resultados. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos cinco años se han registrado más de seis mil 235 secuestros, al menos mil 280 más que los reportados en el mismo período durante el Gobierno de Felipe Calderón”.
19 Enero 2018 04:08:00
División de poderes
Coahuila no tuvo alternancia en el Gobierno, pero en el Congreso terminaron casi 90 años de hegemonía priista. Los diputados de la LXI legislatura pueden ser por primera vez protagonistas y no apéndices del Gobernador como lo fueron sus predecesores, sobre todo en los sexenios de Humberto y Rubén Moreira. El primero endeudó a Coahuila sin autorización, pero sus diputados legalizaron el atropello. El segundo suplantó al legislativo para imponer leyes y reformas a su arbitrio y embriagarse de poder. Con un Código Electoral manipulado y autoridades comiciales subordinadas, el PRI y los Moreira dominaron por 12 años el Congreso y redujeron al máximo la presencia de las oposiciones reales.

El PRI conservó el Gobierno tras unas elecciones impugnadas y una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación controvertida, pero la pérdida del Congreso dio como resultado el primer gobierno dividido en el estado. Miguel Riquelme deberá lidiar con esa situación en los tres próximos años y consensuar su agenda con las oposiciones, pues ninguna de las fuerzas representadas en la legislatura tiene por sí sola mayoría absoluta.

El Gobernador sintió desde el 1 de enero el rigor de una legislatura donde su partido tiene 10 diputados y las demás fuerzas suman 15 (nueve el PAN, tres Unidad Democrática de Coahuila, dos Morena y una el PRD). Un mes antes, en el Congreso donde rindió protesta, las bancadas del PRI y sus satélites representaban 20 votos, más de la mayoría calificada para reformar la constitución. El PAN ocupaba cuatro asientos y UDC uno.

La composición de la LXI legislatura refleja el enfado de los coahuilenses por los excesos, el autoritarismo y la concentración del poder de los hermanos Humberto y Rubén Moreira, así como un deseo de cambio en la conducción política del estado. También recoge el creciente clamor ciudadano para atacar la corrupción y la impunidad; investigar la deuda y castigar a los responsables de su contratación irregular, a quienes se enriquecieron ilícitamente y a los operadores de las empresas fantasma, a las cuales se desviaron 410 millones de pesos, según el informe de la Auditoría Superior del Estado publicado el 28 de diciembre pasado en su página web. El Congreso recibió el documento el 7 de agosto, pero prefirió mantenerlo en secreto para proteger al gobernador.

Los diputados de oposición tienen la oportunidad de hacer efectiva la separación de poderes, propia de la democracia representativa, si convierten al Legislativo en contrapeso del Ejecutivo. Sin embargo, existe el riesgo de que algunos sean atraídos por el Gobierno. Durante la instalación de la nueva legislatura, Marcelo Torres y Emilio de Hoyos, coordinadores de las fracciones parlamentarias del PAN y UDC, ratificaron su alianza. Difícilmente los diputados de Morena se unirán al PRI, pero sí podría hacerlo la representante del PRD; en tal caso, el partido del gobernador sólo tendría un voto más, lo cual no modificaría el escenario actual.

Un caso parecido se presentó en 1996, cuando el PRI perdió nueve de las 20 diputaciones de mayoría relativa y obtuvo cuatro de representación proporcional para totalizar 15 de 32 en la LIV Legislatura. Sin embargo, en una maniobra demasiado onerosa para el estado, el Gobierno captó a los dos diputados del Partido Cardenista para tener mayoría absoluta. Hoy las circunstancias son distintas, pues el PRI sólo controla el 40% del Congreso.
17 Enero 2018 04:08:00
Aplanadora neutralizada
El primer encuentro de la nueva Legislatura con el gobernador Miguel Riquelme, el 1 de enero, resultó inusualmente áspero. No era para menos, la aplanadora del PRI, que aprobaba sin chistar las iniciativas del Ejecutivo de turno, había sido neutralizada en las urnas por una ciudadanía harta de un Congreso que en 2011 llegó al extremo de legalizar una deuda superior a los 36 mil millones de pesos, contratada a sus espaldas, y en los seis últimos años se negó a investigarla.

La fracción parlamentaria del PRI, formada por 10 diputados, de un total de 25, ocupó el ala izquierda del salón de sesiones, antes asignada a las minorías. Riquelme escuchó el posicionamiento de Claudia Isela Ramírez (PRD), José Benito Ramírez (Morena), Emilio de Hoyos (UDC), Marcelo Torres (PAN) y Jesús Berino (PRI). Sabía lo que le esperaba después de unas elecciones resueltas en el TEPJF tras cinco meses de incertidumbre.

El PAN y la UDC afrontarán desde el Congreso al Gobierno de Riquelme para tratar de acotarlo, abrir temas polémicos como el de la deuda y promover reformas de carácter ciudadano relacionadas con el Sistema Estatal Anticorrupción, entre otras. También buscarán incidir en el electorado para los comicios locales y federales del 1 de julio.

El coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Marcelo Torres, planteó la relación del primer Congreso de mayoría opositora con el Ejecutivo en los siguientes términos: “(no) permitiremos que a esta legislatura se le debilite, amordace, menosprecie o manipule por prebendas del PRI Gobierno, cada vez más corrupto, cínico e inmoral. Nunca más un Congreso volverá a dar la espalda a la sociedad.

“Si en otros tiempos el órgano legislativo fue una simple oficina de trámite de ocurrencias y arbitrariedades del Gobernador en turno; si otras legislaturas se dejaron corromper por el ansia de riqueza y poder (…) le decimos mayoritariamente al Gobernador que eso no sucederá más. (…) Exigimos se investigue y ponga a disposición de las autoridades judiciales a los responsables del quebranto a las finanzas públicas y que se haga lo propio con los beneficiarios de las empresas fantasma. (…)”.

De Hoyos advirtió que si el gobernador Riquelme apuesta a una legitimación democrática, escucha a la ciudadanía y procesa y castiga los múltiples delitos cometidos durante los últimos dos sexenios, en el grupo parlamentario de UDC hallará “la disposición para dejar de lado nuestras diferencias y sumar nuestras coincidencias”. Por otra parte, propuso un Sistema Estatal Anticorrupción “verdaderamente ciudadano, autónomo e independiente que prevenga y combata la corrupción y promueva la transparencia y la rendición de cuentas”, así como “una reforma electoral que impulse (…) la participación democrática y erradique la formación de partidos que solo sirven de comparsa y nos cuestan millones de pesos”.

Después de escuchar el posicionamiento de los diputados, Riquelme dijo que mantendría el “discurso republicano” que había preparado y ofreció su “total disposición para intercambiar argumentos y razones. En las iniciativas de ley que propongamos en el marco de un debate plural, en donde se anteponga el bienestar presente y futuro de la población, siempre por encima de cualquier interés partidista o de grupo”.

Un día después, reconoció la necesidad de “adecuarnos a las circunstancias, no podemos empezar bélicos ni (…) declarar la guerra política al interior de una de las instituciones”, pues de lo contrario “tendremos paralizado el Congreso y la labor legislativa”.
16 Enero 2018 04:07:00
Nueva realidad política
Lo ocurrido el 1 de enero en el Congreso, durante la instalación de la LXI Legislatura, primera donde el PRI no tiene mayoría, marcará la relación entre las oposiciones y el Gobierno de Miguel Riquelme en los próximos tres años. En la sesión se atizaron los rescoldos de una elección que puso a Coahuila a un tris de la alternancia, enconó al estado y lo partió en dos. El PRI retuvo el Gobierno por una diferencia mínima, lo cual jamás había sucedido. En 2011, el partido en el poder captó el 60% de la votación válida emitida y el PAN el 35 por ciento.

En los comicios del año pasado, 473 mil 806 coahuilenses (38%) votaron por Miguel Riquelme, candidato de la coalición Por un Coahuila Seguro, y 445 mil 46 (36%) lo hizo por Guillermo Anaya, de la Alianza Ciudadana por Coahuila. El proceso, impugnado por una serie de irregularidades, provocó manifestaciones en Saltillo y Torreón, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó el triunfo de Riquelme una semana antes del cambio de Gobierno, y el caso se cerró.

Las cosas han vuelto a la normalidad, pero Coahuila se ha tomado como el laboratorio de lo que podría suceder en las elecciones presidenciales del 1 de julio próximo, máxime cuando Rubén Moreira fue nombrado secretario de Acción Electoral del CEN del PRI, días después de terminar su sexenio, y ahora aparece en la lista de futuros senadores plurinominales. El presidente de ese partido, Enrique Ochoa, ha declarado que el mejor PRI del país es el de Estado de México –donde el triunfo de Alfredo del Mazo, por menos de tres puntos porcentuales, también se resolvió en el TEPJF– y el de Coahuila.

Miguel Riquelme fue electo por el 23% de la lista nominal. Para legitimarse, necesita tener altura de miras, elaborar propuestas acordes a la nueva realidad política del estado, echar mano de su oficio, abrirse a la sociedad, dar contenido a su discurso conciliador, poner a prueba a su Gabinete, cambiar pronto lo que no funcione y ofrecer resultados en el corto plazo.

La situación del estado es compleja. La deuda por más de 36 mil millones de pesos –en vías de una tercera reestructura– le resta capacidad financiera al Gobierno y ha provocado una de las peores crisis en el sistema de salud. Riquelme dijo sobre el tema luego de asumir el cargo: “Tomé como reto la problemática del sistema de salud; asumiré con determinación e implementaré soluciones que estén a la altura del panorama”. El 8 de enero, el Gobernador designó a Roberto Bernal como secretario de Salud. El nombramiento fue bien recibido en Saltillo y La Laguna, pero Bernal se sacó la rifa del tigre. Para empezar, el presupuesto de 2018 ya está agotado.

Las denuncias de los coordinadores parlamentarios del PAN y de UDC contra los hermanos Humberto y Rubén Moreira, y las críticas hacia la nueva Administración, tuvieron como trasfondo las elecciones de gobernador y reflejaron la frustración por la falta de alternancia, sentimiento que aún persiste. No de balde, pues mientras 482 mil coahuilenses votaron por el PRI, 758 mil 722 lo hicieron por otros partidos. Soslayar esa realidad puede distanciar más a la ciudadanía del poder y provocar problemas de gobernabilidad, máxime en un contexto nacional efervescente. Además, Coahuila volverá a las urnas el 1 de julio para elegir presidente de la república, senadores, diputados federales y alcaldes.
15 Enero 2018 04:07:00
Mantener la paz
La espiral de violencia, la falta de Gobierno, el déficit de estado de derecho y el desarreglo político, agravados en los últimos meses, anticipan un año más difícil del previsto, pues a ello se suma la fragilidad de la economía, las políticas del presidente estadunidense Donald Trump contra México y la lucha por el poder. Las elecciones presidenciales del 1 de julio próximo han enconado a los partidos y a sus candidatos, lo cual aumenta el riesgo de inestabilidad y da pábulo a los escenarios más insólitos y catastrofistas. Tal situación no se presentaba en mucho tiempo.

Los problemas políticos, económicos y sociales que concurrieron en la sucesión de 1994, aunados al maquiavelismo del presidente Carlos Salinas de Gortari, perturbaron al país, ofuscaron a la clase gobernante y sembraron discordia, confusión y desasosiego. En ese contexto el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado. Las condiciones de hoy son más complicadas por el debilitamiento y la falta de fe en las instituciones, la corrupción desenfrenada, el imperio de la impunidad, las matanzas y la negligencia de las autoridades de los tres niveles de Gobierno, cuya prioridad es ganar elecciones sin importar los medios ni las consecuencias.

La sociedad observa entre estupefacta e indignada el espectáculo de los políticos, cuya codicia, soberbia, cinismo e incompetencia son ilimitados. Mientras el país se empobrece a pasos acelerados, los gobernantes y funcionarios se enriquecen a la velocidad del rayo. Quienes tratan de castigar el desvío de recursos públicos hacia partidos, campañas y cuentas personales, como el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, inmediatamente son objeto de represalias y descalificaciones desde la misma Presidencia de la República.

La política se ha envilecido. El país no puede seguir así, necesita un cambio verdadero, no como el que ofreció el PAN para ganar la Presidencia y el PRI para recuperarla. Las alternancias, por sí solas, no resuelven los problemas seculares del país; menos cuando las conductas equivocadas no sólo se reproducen, sino que empeoran en cada gobierno. Si Andrés Manuel López Obrador lidera la intención de voto es porque, para la mayoría, José Antonio Meade y Ricardo Anaya representan los mismos intereses y a los partidos que en vez de rescatar al país lo hundieron más.

López Obrador tampoco ha dado muestras de ser el estadista que México necesita. Su posición en las encuestas ha vuelto a despertar viejos fantasmas por su populismo; puede ser incluso el candidato con menor visión de Estado, pero ante los fracasos del PRI y el PAN, la corrupción galopante y una clase gobernante insensible y ensimismada, la ciudadanía podría convertirlo en el próximo presidente. En busca, precisamente, de un cambio de sistema positivo y no ruinoso para el país.

La injusticia social genera angustia y desesperación en amplios sectores de la población. La brecha entre ricos y pobres se profundiza y no existen motivos para pensar que las fórmulas de siempre ofrecerán mañana resultados diferentes. Al país le esperan tiempos difíciles. La pugna por el poder ya mostró su rostro sañudo, pues no sólo es la Presidencia la que está en juego, sino infinidad de intereses ajenos. El momento exige del Gobierno y los partidos la máxima responsabilidad. La paz de México depende de unas elecciones limpias, democráticas y apegadas a derecho.
13 Enero 2018 04:07:00
Conflicto superado
La invasión de terrenos en el Parque Industrial Mieleras el 2 de enero, segundo día de la Administración de Jorge Zermeño (PAN), generó reacciones en los organismos empresariales y suspicacia en otros sectores. Primero, porque un acto de esa magnitud tenía décadas de no registrarse; y segundo, por el recuerdo de que, en 2006, al inicio de otra gestión panista, Torreón empezó a ser castigado por el Gobierno estatal. En los siguientes años, la metrópoli se convirtió en una de las ciudades más violentas del mundo. El gobernador era Humberto Moreira y el alcalde José Ángel Pérez.

Los terrenos, propiedad de una familia de apellido Acosta, fueron ocupados por alrededor de medio millar de personas. Los dueños presentaron una denuncia por el despojo de 150 hectáreas de la fracción Loreto. Una de las primeras hipótesis fue que la invasión la organizaron líderes del PRI para desestabilizar el Gobierno de Zermeño, quien trató de persuadir a los ocupantes de abandonar los terrenos y ofreció un programa de pies de casa para las familias sin vivienda.

El 6 de enero, la Canacintra de Torreón dirigió un desplegado al gobernador Miguel Riquelme y al alcalde Jorge Zermeño para exigir “el inmediato desalojo de los predios ubicados en el Sector Industrial Mieleras, haciendo imperar la legalidad y evitando viejas prácticas que ofenden e inhiben la atracción de inversiones, así como la generación de empleos tan necesarios para nuestra muy golpeada comarca lagunera. Confiamos en su inmediata intervención, privilegiando siempre el Estado de derecho durante su periodo de gobierno”.

Una nota de Edith González recuerda que, en abril de 2003, al principio de la Administración de Guillermo Anaya (PAN), se invadieron terrenos donde se estableció la colonia Zaragoza Sur (uno de los bastiones del PRI). Los predios fueron regularizados en el Gobierno de Humberto Moreira (El Siglo de Torreón, 05.01.18).

La ocupación ilegal de terrenos en el Parque Industrial Mieleras provocó una controversia entre el gobernador Miguel Riquelme y el alcalde Zermeño, pues mientras el primero advirtió que además de líderes del PRI, Antorcha Campesina y el PAN habían participado en el despojo, el segundo aseguró que los instigadores de la invasión era gente ligada al PRI; la acción –dijo– no fue espontánea (El Siglo de Torreón, 07.01.18).

El problema se resolvió el 7 de enero por la madrugada con el desalojo de alrededor de 150 personas, encabezado por el fiscal general del estado, Gerardo Márquez. En el operativo participaron Fuerza Coahuila, la Policía Municipal y Protección Civil. Según un comunicado de la Presidencia Municipal, el desalojo fue pacífico. La Fiscalía General del Estado informó que algunas personas se resistieron, pero no hubo detenidos.

La invasión de terrenos urbanos y agrícolas en La Laguna y en el país floreció hacia finales del sexenio del presidente Echeverría. La industria del “paracaidismo” produjo grandes fortunas y enriqueció a falsos líderes sociales devenidos después en políticos. El caso del Parque Industrial Mieleras debe alertar al estado y al municipio, pues hechos similares o de otra índole podrían interpretarse como un castigo a Torreón por haber preferido la alternancia, como pasó en el Gobierno de Humberto Moreira. La intervención de las autoridades desactivó un conflicto que pudo haber escalado y al final Riquelme y Zermeño se dieron la mano.
12 Enero 2018 04:07:00
Empresas fantasma
El informe de la Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre el desvío de 410 millones de pesos a empresas fantasma en 2016, penúltimo año de la Administración de Rubén Moreira, le brinda a Miguel Riquelme la oportunidad de legitimar su Gobierno después de una elección controvertida. Con dos gobernadores en prisión (Javier Duarte, de Veracruz, y Roberto Borge, de Quintana Roo) y uno prófugo (César Duarte, de Chihuahua), acusados, según el caso, de operar firmas fachada, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de dinero, el Gobierno de Coahuila no puede mirar para otro lado ni cruzarse de brazos.

La alternancia no debe ser requisito para castigar la corrupción. En Durango y Tamaulipas también la hubo y existen motivos para investigar a los exgobernadores Egidio Torres y Jorge Herrera (PRI), pero José Rosas Aispuro y Francisco García Cabeza de Vaca (PAN) no han movido un dedo para llamar a cuentas a sus predecesores por el presunto desvío de miles de millones de pesos. Caso contrario es el de Javier Corral (Chihuahua), cuyo Gobierno tiene en prisión preventiva al coahuilense Alejandro Gutiérrez, en la picota a Manlio Fabio Beltrones, y en aprietos al presidente Peña y al mismo precandidato José Antonio Meade, por el supuesto desvío de 250 millones de pesos hacia campañas del PRI en 2016.

En Coahuila, las irregularidades detectadas por la ASE son mayores y, sin embargo, no existe acción penal contra ninguno de los responsables. Las empresas fantasma y la deuda por más de 36 mil millones de pesos persiguen a Miguel Riquelme desde su campaña. Una vez nombradas las comisiones del Congreso, las fracciones parlamentarias del PAN, UDC y Morena presionarán para llevar a juicio a los funcionarios que utilizaron recursos públicos para campañas políticas o para enriquecerse. El clamor social consiste justamente en atacar la corrupción y la impunidad, máxime en casos tan flagrantes como la megadeuda y las compañías ficticias.

Riquelme ha llevado hasta hoy la fiesta en paz. En casi mes y medio de gobierno ha mantenido un perfil más bien bajo, no ha afrontado conflictos graves e incluso no salió tan mal librado del Congreso después de la instalación de la LXI legislatura. La invasión de un predio en el Parque Industrial Mieleras, el 2 de enero en Torreón, se resolvió en pocos días y en su reciente gira por la metrópoli lagunera aplacó los ánimos luego de declarar, en la toma de posesión de Manolo Jiménez, que recompensaría a Saltillo por su apoyo en las elecciones del 4 de junio. Torreón, como se sabe, votó por el PAN.

El gobernador ratificó su “compromiso y disposición de invertir en Torreón y equilibrar los proyectos de obra e inversión que merece esta gran ciudad”. Darle la espalda a la capital de La Laguna se volvería a pagar con votos. El alcalde Jorge Zermeño correspondió el gesto con una cortesía –“en las autoridades de Torreón (…) tendrá aliados para trabajar por este municipio”– y con una sentencia: “Si a Torreón le va bien, le va bien a Coahuila”. Ambas son buenas señales, pero más para la galería.

Riquelme necesita legitimarse con decisiones de gran calado, como investigar el desvío de 410 millones de pesos detectado por la ASE y encarcelar a quienes abusaron del poder para enriquecerse. De lo contrario, jamás podrá sacudirse la sombra del moreirato. Si la megadeuda tumbó a Humberto Moreira de la Presidencia del PRI, antes de la campaña presidencial de 2012, el escándalo de las empresas fantasma podría decidir el futuro de su hermano Rubén, instalado ahora en la secretaría de Acción Electoral, para no afectar la de por sí frágil precandidatura de José Antonio Meade.
10 Enero 2018 04:08:00
Fuente de escándalo
Quienquiera que gane la elección presidencial deberá combatir la corrupción y procesar a quienes hayan desviado recursos públicos en beneficio propio, de sus partidos o se hayan involucrado con la delincuencia organizada, no sólo para legitimarse después de un proceso que se anticipa altamente competido, sino para aplacar la indignación social. Además, el sucesor de Enrique Peña Nieto, en cuyo gobierno la corrupción llegó a los más altos niveles, enfrentará el dilema de qué hacer con los gobernadores, fuente de escándalo en el país y en el extranjero por sus desafueros.

Las deudas estatales se dispararon hacia finales del sexenio de Felipe Calderón, y en el caso de Coahuila aún hoy se ignora cuál fue el destino de más de 36 mil millones de pesos contratados en la administración de Humberto Moreira. El gobierno de Estados Unidos inició el 12 de diciembre las primeras diligencias para pedir a México la extradición de Jorge Torres López, quien cubrió los últimos diez meses de la gestión de Moreira (de enero a noviembre de 2011). El 8 de febrero de 2017, el Tribunal de Distrito del Sur de Texas ordenó el arresto del exgobernador interino por el delito de conspiración para el lavado de dinero en Estados Unidos.

En los estados siempre ha existido corrupción, pero con un presidente del PRI en Los Pinos los gobernadores se cuidaban de no exhibir su riqueza ni causar escándalos, pues, aunque raras veces eran enjuiciados, corrían el riesgo de ser defenestrados. Pero a partir de la llegada de Vicente Fox al poder, los mandatarios estatales se volvieron absolutos y –ya sin contenciones– el desorden se generalizó. Con Felipe Calderón la influencia de los gobernadores aumentó y se volvieron intocables.

Entre 2012 y 2017, al menos 20 exgobernadores del PRI, el PAN y el PRD fueron acusados de delitos de corrupción (enriquecimiento ilícito, peculado, delincuencia organizada, abuso de autoridad, fraude fiscal y tráfico de influencias, entre otros) y crímenes de lesa humanidad ante tribunales internacionales. La mayoría se encuentra en libertad, tres permanecen en prisión, tres más se hallan en proceso de extradición –uno a México y dos a Estados Unidos–, uno está prófugo y otros fueron absueltos.

México terminó el año pasado en la posición 123 (de 176 países) en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, lo que representa un descenso de 28 sitios con respecto a 2015 cuando ocupó el lugar 95. Con una calificación de 30 puntos en una escala donde 100 representa los más bajos niveles de corrupción y 0 los mayores grados, México figura entre los más corruptos. Los 10 países mejor calificados obtuvieron entre 90 y 81 puntos, entre ellos Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Países Bajos, Canadá y Alemania.

El aspirante presidencial más crítico de la corrupción ha sido Andrés Manuel López Obrador (Morena). Sin embargo, en el ciclo de conferencias “Era Familiar 2016”, celebrada el 11 de agosto en Acapulco, Guerrero, dio un giro copernicano: “Les decimos a los integrantes del grupo en el poder que, a pesar del gran daño que le han causado al pueblo y a la nación, no les guardamos ningún rencor y les aseguramos que, ante su posible derrota en 2018 no habrá represalias o persecución para nadie. Declaramos esta amnistía anticipada porque lo que se necesita es justicia, no venganza”. La amnistía podría extenderse incluso a los narcotraficantes. “Se debe perdonar si está de por medio la paz y la tranquilidad del pueblo”, dijo a principios de diciembre.
09 Enero 2018 04:00:00
Estrategias sucesorias
En las sucesiones de 2011 y 2017 la estrategia consistió en perfilar desde un principio las candidaturas de Rubén Moreira y Miguel Riquelme, para lo cual se trazaron alianzas y se cerraron espacios a otros aspirantes de Saltillo y La Laguna. Ambos formaron parte de la LXI legislatura junto con Luis Videgaray y Alfonso Navarrete, operadores y hombres de confianza de Peña Nieto. Riquelme ocupó diversas carteras en la Administración de Moreira y luego fue alcalde de Torreón, su plataforma para la Gubernatura.

Rubén Moreira convirtió a Torreón en sede alterna para apuntalar su proyecto sucesorio. Hasta 2012, la ciudad figuraba entre las más peligrosas del mundo por la presencia de cárteles de la droga que se disputaban el territorio. Una de las metas del tándem Moreira-Riquelme fue abatir los índices de violencia e inseguridad, lo cual se logró con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Otra de las demandas era atraer inversiones y empleos a La Laguna, los cuales también empezaron a fluir.

Sin embargo, el deterioro de Torreón en otros sectores aumentó. El pavimento es pésimo y las lluvias inundan la ciudad y evidencian la necesidad de un sistema de drenaje pluvial. Frente a esos requerimientos, una de las obras más cuestionadas fue el teleférico –inaugurado el 7 de diciembre–, al cual se destinaron 170 millones de pesos. Saltillo, en cambio, mantuvo en buen nivel sus servicios públicos y en 2016 se consolidó como una de las mejores ciudades del país para vivir, junto con Mérida, de acuerdo con un estudio de Gabinete de Comunicación Estratégica.

A pesar de las frecuentes giras de Rubén Moreira por Torreón, las relaciones con la sociedad civil siempre fueron tensas. Las demandas para investigar la deuda por más de 36 mil millones de pesos y las empresas fantasma, a las cuales se desviaron más de 410 millones, jamás tuvieron respuesta. El Gobierno tenía el control territorial y de los programas sociales, pero la participación ciudadana rebasó su voto duro. El PAN ganó la Alcaldía con Jorge Zermeño, quien captó más sufragios que Guillermo Anaya y Riquelme en el municipio, así como las cuatro diputaciones locales.

En Saltillo, donde el PRI tiene mayor dominio sobre la estructura electoral, Riquelme superó a Anaya y Manolo Jiménez recuperó la Alcaldía en poder del PAN. Descartado Isidro López Villarreal de la competencia por la Gubernatura, los poderes fácticos de la capital se decantaron por el candidato lagunero del PRI, cuyo coordinador de campaña y ahora secretario de Gobierno, José María Fraustro, sirvió de enlace con los grupos empresariales y de esa manera neutralizó a Guillermo Anaya.

La Laguna ocupa el poder estatal por primera vez después de medio siglo, con alguien ajeno a las élites políticas, pero la derrota del PRI en Torreón el 4 de junio obliga a Riquelme a revisar estrategias y a replantear sus relaciones con la sociedad. Los liderazgos priistas se han debilitado y la falta de actores relevantes expone a su Gobierno. En ese contexto, el exalcalde Eduardo Olmos regresó al gabinete y Salvador Hernández Vélez se perfila para rector de la UAdeC.

Los políticos capitalinos con proyecto para futuras elecciones son José María Fraustro; Enrique Martínez y Morales, quien colaboró con José Antonio Meade, precandidato del PRI a la presidencia, en la Secretaría de Hacienda; el diputado Jericó Abramo Masso, expresidente municipal de Saltillo; la senadora Hilda Flores, presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas; y el alcalde electo de Saltillo, Manolo Jiménez. ¿Cuál será la estrategia para la próxima sucesión?
08 Enero 2018 04:07:00
Revolución silenciosa
El ascenso de Miguel Riquelme al poder marca el final de los liderazgos tradicionales de La Laguna y de Saltillo, iniciado hace 12 años por Humberto Moreira y acelerado en el sexenio de su hermano Rubén. Los agentes que por décadas dominaron el escenario regional, debido a su trayectoria, posición social, peso económico y relaciones políticas, fueron desplazados por una generación que ganó el Gobierno en poco tiempo con nuevas estructuras y formas de organización, pero sobre todo con una férrea disciplina.

El primer gobernador lagunero de los últimos 54 años proviene de los cuadros del PRI utilizados en el trabajo territorial y la movilización del voto, antes marginados de los cargos relevantes, los cuales se reservaban para la clase política. Sin embargo, el conocimiento y el control de la maquinaria lo tenían los operadores electorales. La suya fue una especie de revolución silenciosa fraguada desde Saltillo.

En el PAN sucede lo contrario. Líderes históricos como Juan Antonio García Villa y Jorge Zermeño, reprimidos en los 70 y 80 del siglo pasado, antes de ganar las primeras elecciones federales y locales, están de vuelta luego de ser excluidos. Las aspiraciones de Zermeño de ser candidato a senador en 2012 y a alcalde de Torreón en 2013 fueron bloqueadas. En el primer caso, el exembajador de México en España acusó a la dirigencia panista de haber abultado el padrón de militantes con beneficiarios de los programas sociales del Gobierno federal.

En 2015 el PAN postuló a Zermeño para diputado federal por el Distrito VI, pero perdió frente al PRI y el Partido Verde. Entonces se le dio por desahuciado. Sin embargo, en 2017 ganó la Alcaldía de Torreón por amplio margen para un periodo de un año y el 1 de julio próximo podría reelegirse para el trienio 2019-2021. Zermeño fue el primer alcalde no priista de Torreón y el primer senador de mayoría; también presidió la Cámara de Diputados.

García Villa, una de las figuras más reconocidas del PAN a escala nacional, es diputado de representación proporcional en la Legislatura que entró en funciones el 1 de enero, primera donde el PRI no es mayoría. Si los diputados del PAN (nueve), Unidad Democrática de Coahuila (tres), Morena (dos) y PRD (uno) forman un frente y diseñan una agenda que responda a demandas sociales más que a intereses partidistas, podrían representar un contrapeso real para el Gobierno de Miguel Riquelme.

En el pasado proceso para nombrar candidato a gobernador el PAN no logró unificarse. La designación del exalcalde de Torreón, Guillermo Anaya, provocó un conato de rebelión. El senador Luis Fernando Salazar acusó de traidor al presidente de Acción Nacional, Ricardo Anaya, y tardó en sumarse al elegido. Isidro López Villarreal y Gerardo García, alcaldes de Saltillo y Monclova, y aspirantes al Gobierno, tampoco participaron de manera entusiasta en la campaña del abanderado de su partido.

En el PRI, la preferencia de Rubén Moreira por Miguel Riquelme provocó las renuncias de Noé Garza Flores y Javier Guerrero, quien se postuló como candidato independiente. Guerrero estuvo lejos de los dos primeros lugares, pero los 105 mil votos que le restó a su expartido redujeron la diferencia entre Riquelme y Anaya a 30 mil papeletas. El PRI estuvo a punto de perder, pero la disciplina y el control sobre las estructuras le permitió conservar el Gobierno así haya sido por una nariz.
06 Enero 2018 04:05:00
El país a las urnas
En la nueva edición del bisemanario Espacio 4, el periodista Gerardo Moyano traza la ruta del proceso comicial de este año: “El próximo 1 de julio se llevarán a cabo las elecciones más grandes de la historia del país: además de Presidente, 128 senadores y 500 diputados federales, se renovarán nueve gubernaturas (incluyendo la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México), mil 596 ayuntamientos y 27 congresos estatales. Por primera vez, CDMX elegirá 16 alcaldías, además de 160 concejales. Los mexicanos inscritos en el padrón electoral suman 88 millones, unos 9 millones más que en las presidenciales de 2012, y se instalarán 156 mil casillas en todo el país. Sólo Baja California y Nayarit no tendrán elecciones locales.

“También será el proceso electoral más costoso: el Instituto Nacional Electoral (INE) ejercerá este año 24 mil 215 millones de pesos, de los cuales 6 mil 702 millones de pesos se repartirán entre los nueve partidos con registro nacional. Tan sólo en las campañas federales, los partidos gastarán hasta 2 mil 148 millones de dólares.

“El partido que más arriesga es el PRI, que en los últimos 5 años ha perdido 11 gubernaturas y más de 4.5 millones de votos. Este año, además de enfrentar un refrendo de la Administración del presidente de Enrique Peña Nieto, el tricolor pone en riesgo tres gubernaturas, Yucatán, Jalisco y Chiapas (esta última, en alianza con el Partido Verde), y su escasa mayoría en el Congreso de la Unión.
“En cuanto a las elecciones presidenciales, los nueve partidos nacionales se han agrupado en tres coaliciones, en las cuales se desdibujan ideologías y principios.

Como de costumbre, el PRI y el PVEM irán juntos, aunque esta vez suman a Nueva Alianza (Panal), que en las elecciones de 2012 abandonó la coalición Compromiso por México (que llevó a Los Pinos al presidente Enrique Peña) para postular a su propio candidato Gabriel Quadri de la Torre. Bajo el nombre Meade Ciudadano por México, el candidato de la alianza PRI-PVEM-Panal será José Antonio Meade, quien el 27 de noviembre renunció como secretario de Hacienda y Crédito Público.
“Por su parte, el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano competirán juntos en la alianza Por México al Frente, que llevará como candidato a Ricardo Anaya, mismo que el 9 de diciembre renunció como presidente de Acción Nacional.

“Por último, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) debutará en las presidenciales aliado con el Partido el Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES), bajo el nombre Juntos Haremos Historia, que apoyará la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, en su tercer intento por llegar a Los Pinos. En las elecciones de este año, por primera vez competirán candidatos independientes. De los 52 registrados, sólo dos van en camino de cumplir con todos los requisitos para avalar sus candidaturas”.

Hasta el martes pasado, Jaime Rodríguez, gobernador con licencia de Nuevo León, había reunido 1.3 millones de firmas (equivalentes al 155% del mínimo de 866 mil 593), pero sin cubrir el requisito de que representen el 1% de la lista nominal en 17 estados. Margarita Zavala registraba 789 mil 859 (91%). Armando Ríos Piter podría dar la sorpresa, pues el plazo vence el 19 de febrero y ya tiene un avance de 63 por ciento. Édgar Ulises Portillo Figueroa reporta el 29% y María de Jesús Patricio el 14.8 por ciento. El aspirante más rezagado es el periodista Pedro Ferriz, con poco más del 10 por ciento.

.(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo) | Twitter: @espacio4mx
05 Enero 2018 04:05:00
La marca del sexenio
El final de los últimos gobiernos del PRI resultó desastroso, excepto el de Ernesto Zedillo, quien recibió el país en una profunda crisis financiera, las secuelas del levantamiento zapatista y un malestar nacional por la soberbia y corrupción gubernamentales. Entregó una economía estable, sin sobresaltos y con reconocimiento internacional por haber emprendido la reforma política que posibilitó la alternancia en la Presidencia de la República. El ocaso del sexenio de Enrique Peña Nieto, en cambio, recuerda los de Luis Echeverría, López Portillo y Salinas de Gortari por sus excesos, escándalos y el enfado ciudadano.

El Presidente está dispuesto a retener el poder para su grupo a cualquier costo, pero carece de argumentos para lograrlo. Las reformas fiscal, energética y educativa no han dado los resultados esperados, y han sido opacadas por la corrupción y la impunidad. La violencia repuntó, hay retroceso en materia de transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, tanto en el país como en los estados, es una nueva simulación. La intención no es combatir el flagelo, sino proteger a los venales incluso con leyes que amordacen a los medios de comunicación como los cambios al Código Civil federal que tipifica como daño moral informaciones que causen “deshonra” aun si se trata de hechos verídicos.

Ninguna elección presidencial puede proyectarse a partir del resultado de procesos locales. Si los comicios en Estado de México y Coahuila del año pasado se toman como base para imponer al candidato del PRI, José Antonio Meade, se llevará al país a peores escenarios que los de 1988 y 2006, cuando Salinas de Gortari y Felipe Calderón fueron declarados presidentes en medio de denuncias de fraude y movilizaciones sociales.

En Estado de México y Coahuila las elecciones fueron impugnadas por múltiples irregularidades, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las avaló. Mal augurio.

En la elección presidencial las condiciones son distintas, pues entran en juego fuerzas nacionales e intereses extranjeros. La prensa internacional ha seguido a Peña Nieto desde el principio de su administración. Primero se le calificó como “el salvador de México” y después se ponderó el “momento mexicano”. Sin embargo, en poco tiempo el salvador devino en villano y el momento en pesadilla. La corrupción, la impunidad y la arrogancia de la clase gobernante son la marca del sexenio.

El Gobierno de Peña Nieto se ve y se escucha a sí mismo, no a la sociedad. La Ley de Seguridad Interior, que otorga a las Fuerzas Armadas mayores facultades, normaliza su presencia en las calles y aumenta el poder del Presidente, es el reconocimiento del fracaso del Gobierno federal y de los estados en la lucha contra la delincuencia organizada. Su aprobación y promulgación, sin tomar en cuenta las advertencias de organismos civiles y las recomendaciones del alto comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional para los Derechos Humanos, refleja insensibilidad e incluso miedo frente a conflictos políticos y sociales futuros.

La indignación y el creciente malestar por la corrupción, la impunidad y la soberbia del Gobierno han creado condiciones para la tercera alternancia en Los Pinos. Tratar de evitarla por todos los medios que el poder tiene a su alcance expondría al país a graves riesgos. México no toleraría un nuevo fraude electoral.
03 Enero 2018 04:04:00
Reciprocidad política
Juventud y experiencia caracterizan a Manolo Jiménez (33) y a Jorge Zermeño (68), quienes este lunes asumieron por un año las alcaldías de Saltillo y Torreón, donde se concentra poco más de la mitad de la población del estado (2.9 millones de habitantes), según datos del Inegi correspondientes a 2015. La capital supera a la metrópoli lagunera en 128 mil personas, lo cual se refleja también en las elecciones. Jiménez (PRI) obtuvo 152 mil 690 votos en coalición con seis partidos, y Zermeño (PAN) 138 mil 328 acompañado de tres fuerzas políticas.

La principal fortaleza del PRI está en Saltillo, donde ganó la Gubernatura, la alcaldía y tres de cuatro distritos locales. En Torreón perdió con el PAN las mismas elecciones, algo que el PRI y el Gobierno no terminan de explicarse todavía, pues la Administración anterior organizó la sucesión estatal en la ciudad donde Miguel Riquelme era alcalde. Sin embargo, la ciudadanía castigó los sexenios de Humberto y Rubén Moreira y optó por Guillermo Anaya.

En la toma de posesión de Manolo Jiménez, el Gobernador Riquelme declaró ante la clase política, empresarios y otros sectores: “Saltillo se portó bien conmigo y mi Gobierno será recíproco con la capital”. Como prueba, anunció el Centro de Convenciones Arena Saltillo, el Parque Lineal y el Centro Deportivo y Cultural Sur. Si la reciprocidad es por los votos, Torreón, donde el resultado le fue adverso, merece un trato equivalente al de Saltillo por el rezago acumulado y por su relevancia económica y política. De lo contrario, reproduciría el esquema de Humberto Moreira de premiar o castigar a los municipios según la orientación de su voto, lo cual afectó a Torreón severamente, mientras la capital mantenía un ritmo ascendente.

Jiménez y Zermeño llegan legitimados a las principales alcaldías de Coahuila. Riquelme asistió a la toma de posesión del primero, y antes acudió a la instalación de la LXI Legislatura local, donde por primera vez su partido no solo no tiene mayoría, sino un déficit de liderazgo por la derrota de algunos de sus operadores como Rodrigo Fuentes, Román Alberto Cepeda y José Luis Flores.

Jiménez, quien ha sido regidor, diputado local y presidente del Comité Municipal del PRI, anunció una política de cero tolerancia a la corrupción, pues no sólo basta que el alcalde sea honesto, dijo en referencia al Gobierno panista de Isidro López, sin citarlo.

El secretario de Gobierno, José María Fraustro, representó a Riquelme en la ceremonia donde Zermeño asumió el poder por segunda ocasión en 21 años. El panista dio un discurso conciliador y tendió puentes con el Gobierno del Estado. La ecuanimidad es una de las cualidades de Zermeño. Su desempeño en la alcaldía de Torreón (1997-1999), la Cámara de Diputados, el Senado y la embajada de México en España, lo vuelven confiable. En 2015 perdió la diputación federal por el VI Distrito, pero ahora está de vuelta y se prepara para la reelección en los comicios del próximo 1 de julio.

Jiménez es un hombre joven, pero dijo haberse preparado para ser alcalde y cambiar la política obsoleta por una visión más humana. La decisión de prohibir que las obras y el equipamiento urbano se pinten con los colores del partido en el poder es plausible y deberían adoptarla los gobiernos estatal y federal. En su caso, aún no está definido si buscará reelegirse, pero en la medida en que su gestión sea exitosa se le abrirán nuevas oportunidades. Más con Riquelme como aliado.
02 Enero 2018 03:59:00
Congreso opositor
El primer congreso local de mayoría opositora hizo sentir el cambio desde el primer día. En la instalación de la LXI Legislatura, Humberto y Rubén Moreira fueron enjuiciados por la deuda de 37 mil millones de pesos, la corrupción, la impunidad y la violencia. El diputado Emilio de Hoyos, de Unidad Democrática de Coahuila (UDC), planteó al gobernador Miguel Riquelme –presente en la ceremonia– la opción de “apostar por la legitimidad democrática (…) y castigar los múltiples delitos cometidos durante los últimos dos sexenios, actuando con transparencia y sin simulación (…) o ser cómplice de 12 años de corrupción, impunidad y autoritarismo”.

Marcelo Torres Cofiño, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, ofreció: “esta Legislatura será totalmente diferente a todas las anteriores. (…) responderemos al clamor ciudadano para que se castigue a quienes se enriquecieron ilícitamente, sin pudor alguno, con la complicidad y la protección de los órganos de procuración e impartición de justicia, así como del órgano fiscalizador del estado y de quienes, desde la bancada del PRI, nos precedieron en el Congreso, al que arrebataron la dignidad que nos proponemos recuperar.

“La forma delincuencial de operar de gobernadores y poderes sumisos, han llevado a la quiebra financiera al estado, y a otras consecuencias todavía más lamentables, como la muerte de enfermos en hospitales por falta de medicamentos y equipo para atenderlos; las calles destrozadas e intransitables y los pésimos servicios públicos (…)”.

Con respecto a los cambios a la Ley Orgánica del Congreso, que permiten al grupo parlamentario del PRI mantener el control sobre los órganos directivos y de administración e impiden a “los diputados no serviles” unirse en un bloque para formar mayoría, advirtió: “una norma inconstitucional no debe ni puede observarse. Ninguna maniobra legaloide acotará la autoridad y funcionalidad de esta soberanía (…). La Ley Orgánica es enunciativa y no limitativa, y la soberanía y autoridad de este Congreso reside en su pleno. Lo que aquí se apruebe es lo que se respetará”.

Claudia Isela Ramírez (PRD) pidió castigo para los corruptos y José Benito Ramírez (Morena) acusó a la anterior legislatura de haber actuado “de manera complaciente e irresponsable en muchas de sus atribuciones. (…) se deberá vigilar con mayor rigor los (…) recursos públicos para un combate eficaz a los privilegios, la corrupción y la impunidad”. Jesús Berino, del PRI, dijo que “la pluralidad nos llama hoy más que nunca a privilegiar el debate de las ideas”.

El gobernador –primero que escucha el posicionamiento de las fuerzas de oposición– actuó con mesura y se puso por encima del debate partidista. Su discurso lo dedicó a los principales asuntos del estado. Insistió, como lo ha hecho desde su toma de posesión, en la necesidad de promover la unidad y la concordia. “La contienda electoral ya quedó atrás”, apuntó. Incluso mencionó a Guillermo Anaya, su principal rival en las elecciones del 4 de junio pasado, quien asistió a la ceremonia.

Conciliador, Riquelme dijo confiar “en que el trabajo que realizará el poder legislativo en los próximos tres años hará historia”. Como parte del desafío para “poner a Coahuila en mejores condiciones”, reconoció la necesidad de “fortalecer una sociedad con leyes donde la justicia se aplique para todos y se erradique de todas las formas la impunidad y la corrupción”.

Coahuila tiene desde este lunes un Congreso “histórico”: el PRI ocupa sólo 40% de las curules, y las oposiciones, 60%; de los 25 asientos, 13 corresponden a mujeres. Sin embargo, para hacer historia, se necesita mucho más que discursos.

01 Enero 2018 04:01:00
El ejemplo de Corral
Chihuahua fue el segundo estado del país donde hubo alternancia (1992) después de Baja California (1989). Luego del Gobierno de Francisco Barrio Terrazas (PAN), el PRI ganó las tres siguientes elecciones. En 2016, Acción Nacional volvió a hacerse con el poder. El periodista y político Javier Corral derrotó a Enrique Serrano Escobar, candidato del gobernador César Duarte. De haber ganado el PRI, seguramente Duarte no sería hoy prófugo de la justicia por peculado y otros delitos.

Corral informó el 12 de septiembre de 2017 en rueda de prensa. “Hoy la Fiscalía General de Chihuahua requirió, formalmente, a la PGR que inicie las gestiones necesarias ante el Gobierno de Estados Unidos para que ordene la detención, con fines de extradición del pretendido por la justicia de nuestro estado, César Horacio Duarte Jáquez” (Animal Político).

Explicó que “son asuntos que directamente lo responsabilizan (a Duarte) en la planeación, organización e instrucción del desvío, y disposición indebida, de más de mil millones de pesos, no hay antecedente en la historia de Chihuahua que un presunto delincuente haya sumado 10 ordenes de aprehensión”, advirtió el Ejecutivo.

Uno de los mejores años para el PAN fue 2016, cuando ganó siete de 12 gubernaturas; algunas por primera vez como las de Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. En Chihuahua, Corral obtuvo 517 mil 018 sufragios (39.6% de la votación válida emitida) contra 400 mil 515 (36.7%) de Serrano, postulado por el PRI y los partidos Verde, del Trabajo y Nueva Alianza. Corral había participado también en los comicios de 2010, pero fue derrotado por José Reyes Baeza, quien le aventajó por 15 puntos porcentuales. Después fue diputado federal y senador.

El 22 de enero de 2015, durante la participación de Duarte en una audiencia sobre seguridad pública y justicia, celebrada en el Senado, Corral adelantó al gobernador lo que le esperaba. “Qué vergüenza que en estas audiencias participe el corrupto César Duarte, sujeto a proceso penal. #NoMásCorrupción”, decía una manta desplegada por el legislador mientras Duarte ocupaba la tribuna.

Corral acusó: “Mancha, pues, el PRI las iniciativas de Peña Nieto con esta presencia porque describe con toda claridad hasta dónde realmente quieren llegar, pues no quieren llegar a ningún lado. Le brindan protección y lo ponen como ejemplo de una realidad que sólo está en el discurso, porque el Gobernador de Chihuahua aquí puede decir un discurso, pero los chihuahuenses conocemos la realidad” (Aristegui Noticias, 22.05.15).

Duarte replicó: “aquí quien tiene un conflicto de interés en materia de seguridad pública es usted… su hermano fue procesado por narcotráfico, y otro de sus hermanos procesado por fraude bancario”. También acusó a Corral de tratar de desestabilizar al Gobierno de Chihuahua.

Corral pidió al Senado “recoger estas declaraciones tan bajas, tan de pandillero, pandillero de última hora, porque ese es el comportamiento que ha tenido aquí el Gobernador de Chihuahua. Salir con eso me parece que además de un corrupto es un vulgar pandillero el gobernador del
estado”.

Duarte perdió las elecciones y seguramente pronto también perderá la libertad. La alternancia como medio para combatir la corrupción no siempre resulta, pero en Chihuahua Javier Corral ha hecho que
funcione.
30 Diciembre 2017 04:01:00
Luz a la sociedad civil
El bisemanario Espacio 4 dedica la Luz del Año a la sociedad civil, por su empeño en la construcción de un país más crítico, justo y democrático. El esfuerzo es plausible, pero para obtener mayores resultados y acotar al poder, la participación debe aumentar e involucrar a otros sectores:

“Si algo dejó en claro el año 2017 es que la sociedad mexicana no está conformada por una masa adormecida que acata a ciegas las disposiciones de sus dirigentes. Por el contrario, a costa de sufrir los desmanes de sus autoridades y ver cómo los gobiernos despilfarran recursos gracias a una corrupción –de índole cultural, asegura Peña Nieto– que prevalece en todos los estratos, el pueblo interviene cada vez de manera más directa en la toma de decisiones que atañen al país. Enfrenta a los funcionarios, cuestiona el desempeño de los partidos y se organiza para salir a las calles y protestar contra las irregularidades que advierten ya sea en la arena política, económica o social.

“Así quedó demostrado en Coahuila, donde miles de saltillenses tomaron las principales arterias de la capital del estado para protestar contra el resultado de las elecciones del 4 de junio de 2017. En una manifestación sin precedentes, los ciudadanos hicieron explícito su descontento por las anomalías que se presentaron durante el proceso que habría de establecer a su próximo gobernador.

“Lo mismo sucedió en Torreón, Acuña y otras ciudades de la región. Y aunque, al final de la jornada, no se cambiaron los resultados, sí se logró llevar hasta la última instancia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la responsabilidad de determinar el fallo de los sufragios y, desde las urnas, lograr mayor equilibrio en los escaños del Congreso local, donde Miguel Riquelme enfrentará una mayoría que no responde a los colores de su partido.

“A escala nacional, además, fue también la presión ciudadana la que evitó un pase automático del procurador general de la república a fiscal general. Más de un centenar de organizaciones civiles había exigido al Senado la creación de una fiscalía independiente, desvinculada de intereses partidistas –especialmente, del gobierno de turno– para que pudiera laborar de manera eficiente en su función primordial: el combate a la corrupción, a los delitos electorales y garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos.

“Apoyados por la tecnología, con el hashtag #PorUnaFiscalíaQueSirva, la sociedad se hizo presente en redes sociales y criticó que alguien como el entonces procurador, Raúl Cervantes, con un perfil de marcada tendencia priista, fuera responsable durante nueve años de la fiscalía general. Personalidades de la talla de Denise Dresser, Diego Luna, Daniel Giménez Cacho y Eduardo Bohórquez, entre otros, solicitaron a los ciudadanos firmar una petición en change.org contra el pase automático del llamado ‘fiscal carnal’. (…). El pleno de la Cámara de Diputados no tuvo más remedio que eliminar el pase automático del procurador general de la república a fiscal general, y Peña Nieto, por su parte, sugirió dejar la elección del nuevo zar anticorrupción para una fecha posterior a la elección presidencial.

“Y como colofón, recordemos a la pequeña Andrea, la niña de primaria que corrigió al entonces titular de la SEP, Aurelio Nuño, durante la 36 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, cuando le espetó ‘no se dice ler, se dice leer’. Que sirva su prístina crítica de ejemplo a las actuales y próximas generaciones. El silencio y la obediencia ciega no pueden ser atributos de una sociedad democrática, participativa y moderna”.
29 Diciembre 2017 04:01:00
Meade y la corrupción
Los exlíderes del PRI se reunieron con José Antonio Meade el 2 de diciembre, en la víspera de su registro como precandidato presidencial. Todos, excepto uno: Humberto Moreira, expulsado el 26 de abril por haberse afiliado al Partido Joven y ser su candidato a diputado plurinominal en las elecciones del 4 de junio. Inmediatamente, su retrato fue retirado de la galería de dirigentes. Sin embargo, el 14 de diciembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el dictamen de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria por violaciones al debido proceso y ordenó reponerlo.

Moreira podrá defenderse en el nuevo proceso, para el cual todavía no hay fecha, pero difícilmente el PRI cambiará su decisión de expulsarlo. Máxime ahora que su hermano Rubén Moreira ocupa la Secretaría de Acción Electoral, nombramiento que ha provocado críticas de las oposiciones y en los medios de comunicación por sus antecedentes como gobernador.

Humberto Moreira se convirtió en un elemento tóxico para el PRI por la acumulación de escándalos, denuncias y su comportamiento errático: la deuda por 36 mil millones de pesos adquirida en su gobierno a espaldas del Congreso; las investigaciones en Estados Unidos por una supuesta red de lavado de dinero; y su detención en España, del 15 al 22 de enero de 2016, como parte de una operación relacionada con blanqueo de capitales, malversación y otros delitos, de acuerdo con el periódico El Español.

Con su postulación por el Partido Joven, Moreira le dio al PRI el pretexto para expulsarlo. “Si me expulsan a mí, en Coahuila expulsamos al PRI”, advirtió en una grabación publicada en redes sociales y en medios locales (Reforma, 23.12.16) en respuesta a presiones de su hermano Rubén y del Comité Estatal para no ser candidato por el riesgo de confundir al electorado y restarle votos al PRI. Finalmente, el exgobernador apareció en las boletas, pero no obtuvo los votos necesarios. El Partido Joven, aliado del PRI en la elección de gobernador, perdió su registro.

El 4 de enero de 2011, Moreira pidió licencia para separarse del gobierno y buscar la dirigencia del PRI, que ocupó del 4 de abril al 2 de diciembre, horas después de que su hermano Rubén rindiera protesta. Uno de los factores que forzaron su renuncia fue la deuda. El escándalo amenazaba con contaminar la campaña del candidato presidencial Enrique Peña Nieto, quien lo impulsó para ser líder del PRI.

Peña comió con los exdirigentes de su partido el 11 de agosto en Los Pinos, previo a la clausura de la XXII asamblea nacional donde se modificaron los estatutos para postular un candidato externo para las elecciones presidenciales de 2018. El 2 de diciembre, un día antes de registrar su precandidatura, Meade reunió en su casa de Ciudad de México a 15 expresidentes del PRI y a su actual dirigente, Enrique Ochoa. Los invitados fueron:

Adolfo Lugo, Jorge de la Vega, Fernando Ortiz, Ignacio Pichardo, María de los Ángeles Moreno, el coahuilense Humberto Roque, Mariano Palacios, José Antonio González, Dulce María Sauri, Roberto Madrazo, Beatriz Paredes, Cristina Díaz, Pedro Joaquín Coldwell, César Camacho y Manlio Fabio Beltrones.

Meade no milita en el PRI, pero reconoció que “desde su fundación (…) ha sido un partido que ha demostrado unidad y cambio”. La unidad es requisito para ganar elecciones, pero el cambio no lo representa necesariamente su nominación como candidato externo. En su registro como precandidato, Meade ofreció combatir la corrupción. Si obtiene la presidencia y cumple su compromiso, podría empezar en Coahuila con los Moreira.
27 Diciembre 2017 04:01:00
Nueva relación política
Para el panista Jorge Zermeño, alcalde electo de Torreón, trabajar con un gobernador del PRI no es novedad. Entre 1997 y 1999 lo hizo con Rogelio Montemayor “sin problema, hubo entendimiento”, dijo al bisemanario Espacio 4 en una conversación reciente. El 5 de diciembre, el gobernador Miguel Riquelme se reunió con el también exembajador de México en España para abordar temas de seguridad y “reiterar su voluntad (…) y la disposición para que se mantengan las condiciones de tranquilidad durante y después del cambio de administración”.

El 1 de diciembre, en su toma de posesión, Riquelme se comprometió a “gobernar para todos los coahuilenses” y convocó a los alcaldes electos (26 del PRI, siete del PAN, tres de Unidad Democrática de Coahuila, uno del Verde y otro de Movimiento Ciudadano) a coordinar acciones “para plantear estratégicamente el cumplimiento de los compromisos con y para la ciudadanía”. Asimismo, les ofreció ser su aliado, respetar la autonomía municipal y apertura para colaborar con sus administraciones.

En el sexenio pasado, Rubén Moreira brindó a los entonces alcaldes de Torreón, Eduardo Olmos y Miguel Riquelme, un trato preferente. La intención de fondo era proyectar a Riquelme como sucesor. Pero mientras más cerca estaba de la metrópoli lagunera, más se alejaba de Saltillo. Su relación con el alcalde Jericó Abramo era fría, a pesar de militar en el mismo partido, pero las cosas empeoraron a partir de 2014, cuando el panista Isidro López Villarreal asumió la Alcaldía.

Moreira no asistió a ninguno de los informes de Abramo ni de López. Ceremonias que por lo regular se realizaban en Saltillo, como sede de los poderes del estado, se trasladaron a Ramos Arizpe y a otras cabeceras para no compartir reflectores con el alcalde panista. Incluso la Feria Internacional del Libro se trasladó a Arteaga. Los desaires lo eran también para los saltillenses.

El 30 de noviembre, luego de solicitar a la Secretaría de Finanzas 136 millones de pesos de participaciones federales, López responsabilizó a Moreira de represalias en contra suya o de su familia. “Acabo de recibir una llamada del gobernador Rubén Moreira Valdez, insultándome y amenazándome por solicitar estos recursos que les corresponden a los saltillenses”, denunció en un video a través de las redes sociales.

Entrevistado sobre el tema en Piedras Negras, Moreira negó las amenazas, pero insultó a López Villarreal. “El señor alcalde está tratando de hacer una campaña de senador y está procurando (…) atraer la atención de los medios. Además, yo siempre he pugnado por la protección a los animales, entonces sería incapaz de hacerle algo”, ironizó. Según un video y una supuesta transcripción de la llamada del entonces gobernador al alcalde, la anterior habría sido la parte más amable de la discusión.

Según la Auditoría Superior de la Federación, entre 2016 y 2017 el gobierno de Rubén Moreira informó a la Secretaría de Hacienda haber entregado 648 millones de pesos de participaciones federales a los municipios, las cuales no se recibieron (El Norte, 06.12.17).

El gobernador Miguel Riquelme necesita construir una nueva relación con los alcaldes de oposición. Su primer contacto con Jorge Zermeño, al parecer, dejó satisfechas a ambas partes. “Zermeño debe tener la certeza de lo que va a recibir y cómo se va a trabajar con el Gobierno del Estado”. El PRI perdió Torreón después de ocho años y recuperó Saltillo. El reto de la Administración estatal consiste en mantener el equilibrio entre las principales ciudades del estado y dejar atrás las confrontaciones.
26 Diciembre 2017 04:08:00
El caso Chihuahua
La trama para desviar 250 millones de pesos del Gobierno de Chihuahua al PRI con el objeto de financiar campañas electorales en 2016, provocó un nuevo escándalo de alcance internacional a partir del encabezado de The New York Times (NYT) del 21 de diciembre: “El arresto de un aliado de Peña Nieto profundiza una investigación sobre corrupción”. Ese aliado no es otro que el coahuilense Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI durante la presidencia de Manlio Fabio Beltrones.

Gutiérrez pertenece a una de las dinastías políticas de Coahuila; ha sido diputado local, federal y senador. También fue líder del comité estatal del PRI y aspirante al Gobierno del Estado en 1999, pero se retiró para apoyar la candidatura de Enrique Martínez. El 20 de diciembre fue detenido por agentes federales e inmediatamente trasladado a Chihuahua. Un día después fue vinculado a proceso y como medida cautelar se le impusieron seis meses de prisión preventiva.

En la misma audiencia se dio lectura a una declaración del exsecretario de Educación, Ricardo Yáñez Herrera, según la cual el exlíder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, habría planeado la triangulación de los fondos estatales a las campañas de su partido.

La nota de NYT, firmada por Azam Ahmed y J. Jesús Esquivel, corresponsal de Proceso en Washington, dice que “El exdirectivo, Alejandro Gutiérrez, es uno de los aliados del Presidente mexicano bajo sospecha de participar en un esquema de malversación para impulsar las posibilidades de su partido en un momento de profunda insatisfacción con el Gobierno, de acuerdo con exfuncionarios vinculados al plan de cientos de páginas de documentos revisados por The New York Times”.

Sobre la detención de Gutiérrez, advierte que “es parte de una investigación cada vez más amplia sobre la enorme corrupción sucedida bajo el mandato del anterior Gobernador del estado de Chihuahua (…). Pero la investigación se está extendiendo y amenaza con llegar a los cargos más altos del Gobierno, según el testimonio de los exfuncionarios del estado y los registros financieros revisados por The New York Times”.

Ese año, sin embargo, el PRI sufrió una de sus peores derrotas, pues además de perder Chihuahua fue vencido en otros seis estados, de 12 donde hubo comicios para Gobernador. El fracaso provocó la renuncia de Manlio Fabio Beltrones a la presidencia del PRI. Enrique Ochoa ocupa el cargo desde el 12 de junio de 2016.

De acuerdo con la información de NYT, “Duarte huyó a Estados Unidos donde está evadiendo los cargos federales y estatales de corrupción, incluidas las acusaciones de que robó más de 300 millones de dólares durante su gestión en el estado”.

El diario reconoce que “el margen de maniobra que Corral ha otorgado a los fiscales es raro en México, donde las investigaciones muy pocas veces se inician y, si se permiten, raramente llegan más allá de los funcionarios de bajo nivel. A lo largo de seis meses, los fiscales han trabajado lentamente en una lista de exfuncionarios que sirvieron en el Gobierno del anterior gobernador, Duarte, y los presionaron para que cooperaran”.

El escándalo ocurre cuando el PRI trata de posicionar a su candidato presidencial, José Antonio Meade, para unas elecciones en las que Peña Nieto corre el riesgo no sólo de perder, sino de ser investigado por un eventual Gobierno de oposición; ya sea encabezado por Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, o por Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente.
25 Diciembre 2017 04:09:00
Periodismo indefenso
Siria y México fueron los países más mortíferos para los periodistas en 2017, de acuerdo con el balance de Reporteros Sin Fronteras (Reforma, 20.12.17). El bisemanario “Espacio 4” publica una nota de Gerardo Moyano sobre la situación en nuestro país, antes del asesinato de Gumaro Pérez Aguilando, el 19 de diciembre en Veracruz, que elevó a 12 el número de víctimas, con lo cual igualó a la nación del Oriente Próximo en guerra civil desde hace seis años.

“México se encamina hacia un nuevo récord de asesinatos de periodistas: 11 comunicadores han sido ejecutados en lo que va de 2017, la misma cifra que en 2016, el año más violento para la prensa. Desde el año 2000, 111 periodistas han sido asesinados en el país, 38 de ellos durante el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

“Ante esta situación, el pasado 4 de diciembre un grupo de 39 medios nacionales e internacionales publicó un desplegado a plana completa para exigir a las autoridades mexicanas un ‘¡Basta ya!’ a la violencia contra el gremio. El 24 de mayo, días después del asesinato del periodista Javier Valdez, en Sinaloa, los medios habían lanzado su primer ‘¡basta ya!’, a través de un comunicado publicado en medios nacionales.

“‘El sistema de justicia mexicano, tanto en las instancias locales como federales, se ha visto rebasado ante la violencia contra la prensa que no sólo golpea al sector periodístico sino lesiona su misión de velar por el derecho de la sociedad a saber, clave para consolidar una democracia”, señala la última carta, firmada por Grupo Fórmula, Imagen, Milenio, Proceso, La Jornada, Ríodoce, Televisa, TV Azteca, El Debate, El Financiero y El Universal, entre otros.

“‘El crimen organizado está cancelando la libre expresión en regiones enteras del país, donde los periodistas ya no sólo son silenciados, sino que se les exige llevar los mensajes de los delincuentes. Por si fuera poco, es grave que servidores públicos de los tres niveles de Gobierno estén entre los agresores’, agregan.

“Además de exigir a gobernantes, legisladores, fiscales, jueces, policías y otros funcionarios “un mayor compromiso con la necesidad de proveer esquemas de protección”, el grupo propone a los medios “asumir como parte de nuestra responsabilidad acciones específicas (...), recogiendo la experiencia acumulada en nuestro país y también por parte de la industria y el gremio periodísticos en naciones tales como Estados Unidos, Colombia, Brasil o Argentina’”. (…)

“El mismo 4 de diciembre, David Kaye y Edizon Lanza, relatores especiales de Naciones Unidas (NU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respectivamente, presentaron un informe preliminar sobre una gira de trabajo que llevaron a cabo por distintos estados del país, entre el 27 de noviembre y el 4 de diciembre. Lanza destacó que desde la última visita realizada por los entonces relatores Frank La Rue y Catalina Botero, en 2010, la situación de violencia “no se ha mitigado (...), ha sido más complicada para la prensa”.

“‘Percibimos un medio atemorizado, aterrorizado por lo que le ha tocado vivir, porque han perdido colegas, algunos se encuentran desaparecidos y otros muertos; es una realidad que golpea y situación que genera desconfianza”; dijo. “Hay un contexto tropicalizado de esta violencia’, agregó Kaye, quien exigió al gobierno mexicano dedicar ‘más recursos y presencia de protección a nivel local’. Ambos relatores criticaron los nulos resultados ofrecidos por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Prensa (Feadle) y el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.
23 Diciembre 2017 04:08:00
Feminicidio e impunidad
El escritor y poeta Alfonso de la Torre advertía desde el siglo 15: “No está la justicia en las palabras de la ley”. El periodista Édgar London aplica la sentencia al tema del feminicidio en nuestro país (Espacio 4, 577):

“Los reclamos de las mujeres alrededor del mundo –no sólo en México– han logrado que distintas organizaciones internacionales promulguen una serie de instrumentos legales para que los gobiernos asuman su rol y luchen por la erradicación de cualquier forma de violencia contra las féminas.

“De hecho, México es uno de los países pertenecientes a la Asamblea General de las Naciones Unidas que desde el 18 de diciembre de 1979 acordó adoptar las medidas señaladas en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

“Pese a ello, en los códigos penales de cada entidad del país, brilla por su ausencia un concepto de uniformidad para tratar la figura del feminicidio y, de tal anomalía, permanecen sin variación los apartados que pudieran evitar –de modificarse– que los feminicidas no cumplan con las sentencias acordadas para este tipo de crimen.

“Uno de los elementos más importantes es, entonces, concederle un tratamiento diferenciado a los delitos que se produzcan en contra de las mujeres por discriminación de género. En el marco de la Consultoría de la Campaña del secretario general de las Naciones Unidas ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres se presentó el trabajo La Regulación del Delito de Femicidio/Feminicidio en América Latina y el Caribe, donde se recoge la necesidad de darle un tratamiento diferenciado a este tipo de violencia contra la mujer.

“Este documento hace hincapié en la necesidad de separar los delitos comunes de aquellos que han de ser clasificados como feminicidios, para ello recoge en sus páginas:

“‘La tipificación de este delito (feminicidio) obedece a la obligación de los estados de adecuar sus legislaciones a los instrumentos internacionales, pero también al incremento del número de muertes de mujeres y la crueldad con la que se producen, a la ausencia de tipos penales especiales para describir adecuadamente el asesinato de mujeres basado en razones de odio, desprecio, y relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres, así como a los altos índices de impunidad.

“Con la aprobación de estas leyes los países se proponen desarrollar una política criminal con perspectiva de género que fortalezca, por un lado, las estrategias de persecución y sanción de los responsables de los hechos de violencia contra las mujeres y, de otro, garantice la reparación y compensación de las víctimas. El objetivo es reducir la impunidad de manera que la justicia penal cumpla con su función de prevención especial y general de la criminalidad.

“El problema, sin embargo, no radica en la promulgación de leyes, sino en su cumplimiento. A pesar de que las circunstancias claves y determinantes para reconocer un feminicidio están estipuladas en el Código Penal Federal pocas veces son atendidas. Un ejemplo fehaciente lo hallamos en Tamaulipas. En ese estado fueron encontrados 50 cuerpos mutilados de mujeres, de enero de 2012 a junio de 2016. Ni uno solo se consideró feminicidio.

“En México, tratar el asesinato de una mujer como si fuera un homicidio común, deriva en impunidad. En cambio, si las circunstancias para tipificar un crimen de género fueran respetadas, en el país el número de feminicidios reconocidos ascendería considerablemente, además de las penas que se les impondrían a los criminales”.
22 Diciembre 2017 04:08:00
¿Y la megadeuda?
¡Vaya ironía! Mientras en Coahuila la megadeuda por 37 mil millones de pesos sigue impune y los responsables del quebranto llevan una vida de millonarios que antes de asaltar el poder no tenían, la Fiscalía General de Chihua-hua detuvo el miércoles pasado en Saltillo a Alejandro Gutiérrez como presunto operador del desvío de 250 millones de pesos del erario chihuahuense para financiar en 2016 campañas en estados donde el PRI era o todavía es oposición. ¿Cuánto de la deuda coahuilense no se utilizó con el mismo propósito en la campaña de Enrique Peña Nieto y de candidatos a gobernador? ¿Cuánto se invirtió a cambio de impunidad?

Al margen de que sea un bon vivant, según dicen de él sus malquerientes, Gutiérrez es un político y empresario destacado de Coahuila. En la Cámara de Diputados y en el Senado tuvo participaciones relevantes y actuó de enlace entre Manlio Fabio Beltrones y la Presidencia de la República en el proceso de reformas estructurales y en las elecciones de 2016, cuando el sonorense se desempeñaba primero como coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso y luego como líder de ese partido.

Si Gutiérrez es responsable de triangular recursos públicos hacia campañas del PRI, según afirma el exsecretario de Hacienda de Chihuahua, Jaime Herrera Corral, debe ser sancionado. Por el mismo rasero debe medirse al exgobernador prófugo César Duarte –protegido de Emilio Gamboa Patrón, pastor de la bancada del PRI en el Senado– y el propio exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien habría autorizado la operación.

El anodino y arrogante líder priista Enrique Ochoa y el candidato presidencial José Antonio Meade se lavaron las manos. ¡Claro! Se trata de culpar a Beltrones, a Gutiérrez y a su equipo para salvarse ellos y alejar los reflectores de su verdadero jefe Luis Videgaray. Beltrones dista mucho de ser un político modélico, pero tiene oficio. Peña Nieto y su círculo le tienen pavor y desean jubilarlo por las buenas o por las malas. Si Beltrones perdió el año pasado siete de 12 gubernaturas, en parte se debió a traiciones dentro del mismo Gobierno para forzar su renuncia a la presidencia del PRI.

Para mantener una estructura nacional costosa y control sobre algunos sectores de la prensa, el PRI necesita recibir dinero de “sus” gobiernos. Ha ocurrido siempre, indebidamente, pero conforme los caudales públicos son objeto de mayor vigilancia se recurre a fórmulas nuevas como inventar cursos escolares para disfrazar el desvío de recursos hacia campañas políticas. Existen casos aún más deleznables como tratar a niños con cáncer con agua y no con productos químicos, como sucedió en Veracruz en el Gobierno de Javier Duarte, hasta hace poco también protegido de Peña.

El PRI puede negar que financie operaciones y campañas con fondos del erario, aparte de las prerrogativas, pero la evidencia histórica lo desmiente. ¿No se desviaron mil millones de pesos de Pemex a la campaña presidencial de Francisco Labastida? Si Peña, Videgaray, Ochoa, Meade y sus adláteres suponen que los escándalos de corrupción del sexenio serán olvidados por los mexicanos en las urnas, ya pueden hacer la maleta.

Ironía es también que mientras el Gobierno de Estados Unidos tramita la extradición de Jorge Torres López, el exgobernador Rubén Moreira, quien está en las antípodas de Alejandro Gutiérrez —hombre de buenas maneras—, sea premiado como secretario de Acción Electoral del PRI. El nombramiento confirmaría que Coahuila fue el laboratorio para las elecciones presidenciales de 2018.
20 Diciembre 2017 04:07:00
Respetar la alternancia
Saltillo y Torreón tendrán alcaldes de alternancia a partir del 1 de enero, cuyo periodo será de un año con opción de reelegirse para el trienio 2019-2021. La capital votó por el primer presidente municipal panista en 1990, cuando Rosendo Villarreal venció a Abraham Cepeda por un margen estrecho. El triunfo de Jorge Zermeño en Torreón, seis años después, estuvo precedido de protestas sociales por escándalos financieros en la Administración priista de Mariano López Mercado, las cuales, junto con el desafecto del gobernador Rogelio Montemayor, provocaron su renuncia.

La Alcaldía capitalina la asumirá Manolo Jiménez (PRI) y la de Torreón el mismo Jorge Zermeño (PAN). Saltillo aventaja a la metrópoli lagunera en infraestructura, actividad económica, seguridad y servicios públicos. Gente de Torreón que ha tenido la oportunidad de cambiar de residencia radica ya en la capital por ser una de las mejores del país para vivir. La industria automotriz detonó la transformación de Saltillo en la década de los 80 del siglo pasado. Las primeras armadoras se instalaron en el Gobierno de Óscar Flores Tapia.

Los alcaldes de Saltillo, sean del PRI o del PAN y mejores unos que otros, han elevado el rango de la ciudad para hacerla competitiva y atraer inversiones nacionales y extranjeras. También existen problemas que es preciso resolver, como el del transporte público, la insuficiencia de servicios, el desabasto de agua y la saturación de vialidades, rebasadas en menos tiempo del previsto por el equívoco de privilegiar el uso del automóvil y posponer la ejecución de sistemas de transporte colectivo.

Después de ser la ciudad más avanzada y próspera del estado, Torreón se empezó a rezagar por una serie de factores que impactaron negativamente su economía, como el agotamiento del sistema ejidal, la falta de un modelo alternativo, el retiro del Gobierno federal como fuente de presupuestos generosos para el campo y otros sectores y la ausencia de inversión pública y privada. La Laguna es una de las regiones más tecnificadas en materia agropecuaria, pero ese sector no cubre por sí solo las necesidades.

Torreón registra una alternancia más que Saltillo (4-3), pero cuando Humberto Moreira, como candidato a Gobernador, perdió el municipio y Eduardo Olmos la Alcaldía en 2005, las cosas empeoraron. La ciudad sufrió una especie de veda y las relaciones con el alcalde panista José Ángel Pérez, quien tampoco tenía un carácter conciliador, hicieron crisis. La inversión dejó de fluir y con la entrada de carteles de la droga empezó la escalada de violencia y de barbarie que convirtió a Torreón en una de las metrópolis más peligrosas del mundo, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Venganza política o no por el voto mayoritario de una comunidad contra el Gobierno del Estado y su partido, Torreón pagó demasiado caro las consecuencias de la iracundia, la insensatez y el desarreglo entre Humberto Moreira y José Ángel Pérez. En el próximo cambio de Administración municipal, Manolo Jiménez recibirá una ciudad mejor que la que Zermeño dirigirá por segunda ocasión. Saltillo votó por el PRI en las elecciones del 4 de junio, y Torreón por el PAN. El gobernador Miguel Riquelme cometería un error si aplica el criterio de premiar a la primera y castigar a la segunda como lo hizo Moreira.
19 Diciembre 2017 04:00:00
Los votos del Panal
En la elección presidencial de 2012 el Partido Nueva Alianza (Panal), fundado por Elba Ester Gordillo (EEG), captó un millón 150 mil sufragios, equivalentes al 2.29% de la votación válida emitida. La candidatura de Gabriel Quadri, director del Instituto Nacional de Ecología entre 1994 y 1997, surgió luego de que el convenio de coalición con el PRI, negociado por Humberto Moreira y EEG –a la sazón presidentes del PRI y del SNTE–, fue cancelado el 20 de enero de 2012 por las ventajas concedidas al Panal.

El primer candidato presidencial de Nueva Alianza, Roberto Campa, obtuvo apenas 401 mil votos (0.96% del total), pero por influencia de Gordillo el presidente Felipe Calderón le asignó una posición clave: la secretaría ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública; ahora es subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación. El Panal se creó en 2005 para combatir la candidatura de Roberto Madrazo en las elecciones del año siguiente cuando el PRI cayó al tercer lugar en las votaciones. Quadri había expresado su deseo de ser candidato del Panal en 2018, pero las circunstancias cambiaron.

En una elección altamente competida como lo será la del 1 de julio próximo, el PRI necesita los votos de Nueva Alianza para su candidato José Antonio Meade, hasta ahora poco conocido. La coalición Meade Ciudadano por México la completa el Partido Verde, compañero del PRI por tercera ocasión; en 2000 formó con el PAN (Vicente Fox) la Alianza por el Cambio. El Panal jamás se había aliado al PRI, excepto en elecciones locales. Ahora lo hace por mutua conveniencia.

Nueva Alianza consiguió para Gordillo prisión domiciliaria y el PRI, para su candidato, una cuota de votos marginal pero necesaria. Con el mismo criterio, Andrés Manuel López Obrador incluyó en la coalición de Morena y el PT (Juntos Haremos Historia) al Partido Encuentro Social para sorpresa de tirios y troyano. Por su parte, Ricardo Anaya logró sortear las resistencia internas y externas para ser el candidato del PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano en la coalición Por México al Frente.

EEG regresó el sábado pasado a su departamento en la zona exclusiva de Polanco. Verla tendida sobre una camilla, cubierta hasta el rostro con una sábana, recuerda aun a los políticos más encumbrados que por mayor poder y dinero acumulados ilícitamente, están expuestos a caer. En su caso, no por acción de la justicia, sino por consigna política. Gordillo, quien junto con Humberto Moreira aparece en la lista de Las 10 Personas Más Corruptas en México de 2013 de la revista Forbes, fue detenida el 26 de febrero de 2013 al descender de su avión en el aeropuerto de Toluca, procedente de California, por oponerse a la reforma educativa. Entonces se la acusó de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal.

El arresto de EEG mejoró la imagen de Peña Nieto por unas semanas, pero hoy es uno de los presidentes más repudiados y desprestigiados. Igual pasó cuando Salinas de Gortari encarceló al líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, la Quina, para legitimarse después del fraude electoral de 1988. Una y otro son símbolos del sindicalismo más corrupto y de una casta enriquecida obscenamente con recursos destinados a la educación y a Pemex, en crisis por la ambición y complicidad de funcionarios y caciques. Peña humilló a Gordillo y ahora espera los votos del Panal para tratar de ganar las elecciones.
18 Diciembre 2017 04:08:00
AMLO: ¿opción de cambio?
Las alternancias fallidas entre el PRI y el PAN y el repudio ciudadano hacia los partidos tradicionales explican por qué Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabeza la intención de voto y es visto por muchos mexicanos como la opción de cambio real en las elecciones presidenciales del año próximo. Así lo confirman las encuestas incluso tras el anuncio de la precandidatura de José Antonio Meade, acto desesperado del PRI, más que jugada maestra, para tratar de retener el poder otros seis años, después de los déficits del actual gobierno en materia de finanzas, justicia y seguridad, pero sobre todo en el combate a la corrupción.

Morena es un partido nuevo –su registro data del 9 de julio de 2014-, mas no su fundador y líder (AMLO), antiguo militante del PRI y segundo jefe de Gobierno de Ciudad de México por el PRD. El PRI y el PAN se han encargado de estigmatizarlo, muchas veces con sus propias armas, pero después de las elecciones de 2006, cuando la diferencia entre él y Felipe Calderón fue menor de 0.62%, y del sexenio de Enrique Peña Nieto, a quien afrontó en 2012, la actual campaña contra el tabasqueño vuelve a confirmar que es el más avanzado en la carrera hacia Los Pinos.

AMLO lideraba también las encuestas en las dos elecciones presidenciales previas, pero en las urnas el resultado fue otro. Sin embargo, la victoria de Calderón resultó más sospechosa que la de Salinas de Gortari en 1988 cuando se interrumpió el conteo de votos que perfilaba a Cuauhtémoc Cárdenas como el primer presidente de izquierda después del neoliberalismo implantado en el gobierno de Miguel de la Madrid, el cual favoreció a unos pocos en perjuicio de la mayoría de los mexicanos.

En los comicios de 2012, Peña aventajó a AMLO por un margen de 6.6% (19.2 millones de votos contra 15.8 millones), pero esta vez el PAN se traicionó a sí mismo y a su candidata Josefina Vázquez Mota. Vicente Fox no tuvo empacho en apoyar a Peña Nieto –como ahora lo hace con Meade– y Calderón optó también con el enemigo histórico del partido fundado por Manuel Gómez Morín, acaso para comprar protección dentro y fuera del país por su sexenio de sangre y de violencia, cuya espiral se ha vuelto a repetir en la presente Administración.

Fox y Calderón no fueron los únicos aliados del PRI en 2012. Las grandes televisoras, los gobernadores del PRI y otros grupos de poder inclinaron la balanza hacia Peña con la aquiescencia del Instituto Nacional Electoral y el aval del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La campaña del candidato del PRI excedió en mucho el tope autorizado. Es decir, se cuidó no repetir la crisis poselectoral de 2006, pero se recurrió al dinero para evitar el ascenso de López Obrador a la presidencia. Ahora el PRI, con el apoyo de algunos sectores del PAN –nuevamente Fox y acaso también Calderón–, participará en las elecciones de 2018 con un candidato externo para tranquilizar al país y al gran capital y decirles que Meade es el antídoto contra el populismo.

Sin embargo, las capas donde Meade tiene presencia son muy delgadas: grupos de poder económico, la alta burocracia, los cacicazgos del PRI y los empresarios, no todos. La base electoral de AMLO la conforman millones de mexicanos agraviados por los tres últimos gobiernos federales, una clase política predadora, una corrupción galopante y una presidencia cuyo miedo a la sociedad y al futuro le hacen incurrir en los peores excesos. El 1 de julio próximo se verá si realmente México ya cambió.
16 Diciembre 2017 04:07:00
Ausencia de justicia
El feminicidio es otra de las epidemias que el Estado mexicano prefiere afrontar con retórica más que con acciones, a juzgar por el incremento de la estadística y la impunidad que reproduce el asesinato de mujeres. En el nuevo número del catorcenario Espacio 4, el periodista Édgar London aborda el tema:

“El fenómeno de los feminicidios en México va en aumento. A partir de datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante la última década han sido asesinadas 22 mil 482 mujeres en el país. Esta cifra, además, no se distribuye de manera uniforme. La cantidad de casos aumenta a medida que nos acercamos a la fecha actual. Mientras que las carpetas de investigación por homicidios violentos que iniciaron los ministerios públicos de las fiscalías y procuradurías estatales en 2007 sumaban mil 083, para el año 2016 alcanzaron las 2 mil 735, lo cual equivale a un incremento de 152 por ciento.

“Otra fuente, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016, advierte que en México aproximadamente siete de cada 10 mujeres han sufrido violencia, la mayoría de tipo emocional y sexual.

“El imaginario colectivo apunta hacia la falta de educación y una exacerbación de la cultura machista mexicana cuando de mencionar causas se trata. Y puede que la sociedad no se equivoque del todo en este sentido, sin embargo, al tratar el asunto desde una perspectiva inmediata, son otros los factores que permiten que la violencia en contra de las mujeres se convierta en el pan nuestro de cada día a lo largo y ancho del territorio nacional.

“Para empezar, están la ausencia de justicia, la no tipificación por causales de género –la mayoría de los asesinatos quedan relegados a delitos comunes a pesar de que en 2012 se incluyó en el Código Penal el delito de feminicidio–, la corrupción, la impunidad y la apatía inherente a las diferentes instancias de Gobierno para tomar carta directa en el tema.

“Basta echarles un vistazo a los datos aportados por el Inegi. En promedio, en México, se reportaron a diario cinco muertes violentas de mujeres entre 2000 y 2015 para un total de 28 mil 710. Es inaceptable que del 94% de esos casos no se recopilaran datos suficientes para determinar si estaban o no frente a un feminicidio. Todavía más increíble si se tiene en cuenta que los métodos más comunes para asesinar a esas mujeres fueron mutilación, asfixia, degolladura, quemaduras, apuñalamiento o impactos de bala.

“Hoy persisten las lagunas legales en los sistemas judiciales a partir de la implantación de protocolos inadecuados al momento de proteger las escenas de los crímenes o el desarrollo de investigaciones ministeriales erróneas que derivan en la promulgación de penas menores y que, por consiguiente, trae aparejado que muy pocos feminicidas pisen la cárcel.

“Karla Micheel Salas Ramírez, abogada y directora de la asociación civil Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, va mucho más allá. A partir de estudios elaborados por ella misma en torno a la violencia feminicida, Salas Ramírez afirma que el Gobierno federal mantiene una negación ante la violencia de género, la cual conlleva a no reconocer la gravedad de los feminicidios en México. “Esta negación que tiene la autoridad no permite generar una política criminal”, asegura. No de balde, Amnistía Internacional advierte que la inacción del Estado mexicano ante los abusos contra las mujeres lo hace cómplice de los mismos”.
15 Diciembre 2017 04:08:00
La autoridad de Vera
Uno de los liderazgos relevantes con los cuales rompió la pasada administración fue con el del Obispo de Saltillo, Raúl Vera López. El dominico jamás ha sido bien visto por el poder, sobre todo en los dos últimos sexenios, debido a la claridad de su pensamiento pastoral, sus denuncias contra los abusos de autoridad y su activismo en defensa de los inmigrantes, los mineros y los derechos humanos. Vera asumió la Diócesis el 20 de marzo de 2000, recién iniciado el gobierno de Enrique Martínez. El obispo procedía de San Cristóbal de las Casas, donde había sido coadjutor de Samuel Ruiz tras el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 de enero de 1994.

Vera fundó el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y ha sido uno de los principales soportes del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec). Rubén Moreira estableció entre las prioridades de su agenda el tema de los derechos humanos incluso antes de ser gobernador. Presidió la comisión respectiva en la Cámara de Diputados donde le sucedieron Miriam Cárdenas, actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y Armando Luna.

En vísperas de las elecciones para gobernador –en un estado donde las masacres en Allende y en el penal de Piedras Negras fueron noticia internacional–, Vera pidió a los coahuilenses votar con conciencia crítica. “La impunidad –dijo– es el mecanismo más fuerte de control social y represión política que el Estado mexicano ha construido para imponer con base en el terror políticas económicas lesivas a millones de mexicanos. Este año y este sexenio, de manera particular, se han elevado las cifras de víctimas, no solo de secuestros y asesinatos de activistas y de periodistas, sino de población en general”.

(La denuncia cobra actualidad por la Ley de Seguridad Interior, aprobada por la Cámara de Diputados y aún pendiente de votar en el Senado, que ha provocado protestas dentro y fuera de México por el riesgo de militarizar el país, espiar y reprimir a la ciudadanía y someter el poder político a las fuerzas armadas. Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recomendó no aprobar la ley).

El Obispo de Saltillo celebró reuniones con el Gobierno anterior para tratar el caso de los desaparecidos y otros temas, sin mayores avances. El 5 de julio, un mes después de las elecciones, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentó ante la Corte Penal Internacional la comunicación Asesinatos, Desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad. El Obispo Vera acompañó a las organizaciones que entregaron el documento en La Haya: la Comisión Diocesana para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en Piedras Negras y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, entre otras.

El poder respondió con desmentidos, reactivó procesos contra presuntos sacerdotes pederastas y empezó a acosar al obispo Vera López, quien compareció ante el Ministerio Público. Sin embargo, el aviso entregado en la Corte Penal Internacional resultó demoledor para una administración que había hecho de los derechos humanos su “leitmotiv”. El gobernador Miguel Riquelme se reunió con el obispo Vera el 11 de diciembre. ¿Primer paso hacia la reconciliación con uno de los líderes más agraviados de los últimos 12 años?
13 Diciembre 2017 04:07:00
El brazo de la justicia
El exgobernador interino Jorge Torres López, quien se recupera en un hospital de Saltillo después de haber sufrido un infarto el 6 de diciembre, es el tercer exmandatario cuya extradición ha solicitado el Gobierno de Estados Unidos; en su caso, por lavado de dinero y fraude bancario. Los otros son Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, de Tamaulipas. Abe Martínez, fiscal ante la Corte del Distrito Sur de Texas (División Corpus Christi), pidió al juez cinco copias certificadas de la orden de arresto contra el político que cubrió el último año de la gestión de Humberto Moreira Valdés, emitida el 8 de febrero pasado.

Los documentos serán incluidos en el expediente del proceso de extradición del también exsecretario de Finanzas del estado y exalcalde de Saltillo. Desde el año pasado, Torres figura en la lista de los “fugitivos más buscados” por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), “debido a que fue uno de los peones de Humberto Moreira Valdez para depositar fondos saqueados del erario de Coahuila en paraísos fiscales y bancos de Texas” (Proceso, 07.0216).

Zócalo Saltillo dio a conocer en su versión en línea que “Esta mañana, la Corte del Distrito Sur de Texas dio a conocer que el fiscal que sigue el caso del exgobernador de Coahuila, Jorge Torres López, acusado de lavado de dinero y fraude bancario, inició el trámite de extradición, a través de la solicitud de cinco copias de la orden de arresto emitida el pasado 8 de febrero”.

Desde el 3 de agosto de 2015, la Fiscalía de Estados Unidos pudo disponer de alrededor de 3 millones de dólares depositados por el exgobernador en un paraíso fiscal, una vez terminado el juicio civil por el decomiso de esos recursos. Con información del periódico San Antonio Express News, La Rancherita del Aire (Piedras Negras) informó al respecto que “la Fiscalía (…) alegó que el dinero de una cuenta bancaria de Las Bermudas, que pertenece a Jorge Juan Torres López, quien fue gobernador interino en 2011, fue robado del erario de Coahuila”.

Agregó que “En documentos de la Corte Federal, Torres López y su esposa manifestaron que el dinero era un regalo del padre del exfuncionario, pero fue acusado de conspiración de lavado de dinero, fraude electrónico y fraude bancario en 2013. Cuando él no acudió a los Estados Unidos para enfrentar los cargos, un juez desestimó los alegatos”.

El excandidato del PAN al gobierno, Guillermo Anaya, exhortó al gobernador Miguel Ángel Riquelme a “colaborar con las autoridades de Estados Unidos, quienes han comenzado el formal proceso de extradición contra el exgobernador priista Jorge Torres López”. El político recuerda en un comunicado que “durante años ha exigido justicia en contra de todos los autores del ‘moreirazo’ (…) en esta ocasión, el Gobierno de Riquelme tiene la oportunidad de no ser cómplice de quien fuera gobernador interino de Humberto Moreira”.

Para Anaya, resultan preocupantes “las declaraciones del fiscal general del estado en el sentido de que en Coahuila no existe solicitud alguna para detener a Torres López”. Sin embargo, “con el inicio del proceso de extradición, si colaboran, puede iniciar el camino hacia el castigo en contra de los que tanto dañaron a Coahuila”.

Para quienes suponían que la deuda y otros desmanes cometidos en los dos últimos gobiernos quedarían impunes, el brazo de la justicia de Estados Unidos (en México está manca) ha vuelto a apuntar hacia Coahuila. Torres tiene mucho qué contar; incluso podría llegar a un acuerdo como antes lo hicieron Javier Villarreal Hernández y Rolando González Treviño.
12 Diciembre 2017 04:00:00
PAN: riesgo en Torreón
En su campaña por la candidatura al Gobierno del Estado, el senador Luis Fernando Salazar ostentó el apoyo de los gobernadores del PAN Martín Orozco (Aguascalientes), Miguel Ángel Yunes (Veracruz), Francisco Javier García (Tamaulipas), Francisco Domínguez (Querétaro) y José Rosas Aispuro (Durango), entre otros. A escala local, una de las adhesiones más importantes fue la de Jorge Zermeño, a quien 6 años antes le ganó la postulación para el Senado en un proceso cuestionado por la manipulación y el abultamiento del padrón panista con no militantes.

En 2011, después de cuatro años y medio como embajador de México en España, Zermeño regresó a Coahuila para reincorporarse a la política, pero las condiciones ya eran distintas. Guillermo Anaya, Luis Fernando Salazar, Jesús de León y otros cuadros se habían hecho con el control del comité estatal y no le permitieron ser candidato a senador. El escaño estaba reservado para Salazar. Ese mismo año, Anaya había perdido la elección para gobernador con Rubén Moreira.

Sin embargo, en los comicios de 2012 el PAN se recuperó y obtuvo las dos senadurías de mayoría relativa con Luis Fernando Salazar y Silvia Garza, quienes derrotaron a la fórmula de Braulio Manuel Fernández Aguirre e Hilda Flores; aun así, los priistas ingresaron al Senado por los principios de primera minoría y representación proporcional. El proyecto consistía en postular de nuevo a Anaya para gobernador en 2017.

El plan avanzaba sin problema en esa dirección, pero el triunfo de varios senadores en elecciones para gobernador, entre ellos Orozco, García, Domínguez, Aispuro y Javier Corral (Chihuahua) animó a Salazar a disputarle a Anaya la candidatura. El panismo se dividió, pues además de la ruptura entre los laguneros surgieron otros aspirantes. Saltillo se inclinó por el alcalde Isidro López Villarreal, y en Monclova el presidente municipal Gerardo García también se sintió con posibilidades.

La rispidez del proceso, resuelto a favor de Anaya mediante encuestas y consultas, era una mala señal. Después de impugnar la designación y de considerar otras opciones para participar en la elección de gobernador, Salazar aceptó a regañadientes la candidatura de quien había sido su tándem. Las heridas del panismo jamás sanaron. Consciente del riesgo, Anaya trató de persuadir a Armando Guadiana y a Javier Guerrero de sumarse a su proyecto, pero no lo consiguió. Al final, todos perdieron.

En ese contexto, Luis Fernando Salazar pidió licencia al Senado, esta vez para buscar la candidatura del PAN a la Presidencia de Torreón (por 3 años). Jorge Zermeño tiene la misma aspiración, pero él acaba de ganar la Alcaldía de un año con la mayor votación registrada en la metrópoli lagunera. Con ese antecedente, lo más lógico sería que el PAN se decantara de nuevo por Zermeño para no arriesgar la posición más importante que ocupará en el estado a partir del 1 de enero, pues el PRI recuperó Saltillo con Manolo Jiménez.

En el video donde anuncia su separación de la Cámara alta y su deseo de llegar a la Alcaldía, Salazar desliza la intención de ser candidato al Gobierno en 2023, cuando la Administración estatal apenas empieza. Salazar pudo haber sido un rival más competitivo en las elecciones del 4 de junio, pero el PAN prefirió a Guillermo Anaya. Si Acción Nacional se vuelve a dividir, podría perder Torreón el año próximo. El senador con licencia tiene otras alternativas para seguir activo y mirar hacia el futuro; una diputación federal, por ejemplo. Así le ayudaría más a su partido.
11 Diciembre 2017 04:01:00
Alternancia frustrada
La alternancia se pospuso otros seis años, pero el sistema se sacudió en Coahuila. La ciudadanía jamás había votado contra un par de administraciones priistas y su abanderado como lo hizo el 4 de junio en la elección para gobernador. Guillermo Anaya (PAN), Armando Guadiana (Morena), Javier Guerrero, Luis Horacio Salinas (independientes) y José Ángel Pérez (PT), agrupados en el Frente por un Coahuila Digno (FCD) después de los comicios, captaron 722 mil votos (60%) contra 482 mil (38%) del candidato del PRI, Miguel Riquelme.

Si el FCD se hubiera organizado antes y participado con un solo candidato, quizá el 1 de diciembre habría asumido el primer gobernador de oposición. Todos los estados fronterizos (Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas), lo mismo que Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, nuestros vecinos del sur, ya han tenido alternancia, excepto Coahuila. Este año existían condiciones para lograrla, pero los partidos de oposición y los candidatos independientes tiraron por la borda la oportunidad por no haberse unido. “La confrontación y la contienda política han quedado atrás”, dijo Riquelme en su primer mensaje como gobernador. El FCD también forma parte del pasado.

Pero vale recordar que, en la elección para gobernador, el partido en el poder perdió casi un cuarto de millón de votos con respecto a la anterior, una caída sin precedente. En 2011, Rubén Moreira –postulado por el PRI y otros cuatro partidos– captó 721 mil papeletas (60% del total) contra 422 mil 296 de Guillermo Anaya (35%), candidato del PAN y de Unidad Democrática de Coahuila (UDC). Eran los años dorados. Humberto Moreira Valdés (HMV) era el gobernador mejor calificado de la república, por encima de Peña Nieto, su colega de Estado de México (Gabinete de Comunicación Estratégica).

La confianza en el mandatario coahuilense era tal que la mayoría de los encuestados le habría confiado las llaves de su casa. El ascenso político de HMV fue meteórico. De burócrata federal (delegado del Instituto Nacional de Educación para Adultos) pasó a ocupar la Secretaría de Educación Pública en el gobierno de Enrique Martínez, la AAlcaldía de Saltillo, el Gobierno del Estado y la presidencia nacional del PRI. Y de allí… al abismo.

El escándalo de la deuda por más de 37 mil millones de pesos adquirida subrepticiamente en su gobierno, el secretismo sobre la aplicación de los recursos y la sospecha de que una parte de los fondos se “invirtió” en la campaña de Peña Nieto y de varios candidatos a gobernador, forzaron su renuncia a la jefatura del PRI. Forbes lo incluyó en la lista de los “10 mexicanos más corruptos” de 2013. El 26 de abril pasado, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria lo expulsó por haberse postulado como candidato a diputado local por el Partido Joven.

El tema de la deuda no parece preocupar a HMV, pues las últimas legislaturas legalizaron los créditos, reservaron la información y aprobaron la renegociación de los pasivos. El problema son las investigaciones en Estados Unidos por lavado de dinero; el reporte de la Federación Internacional de Derechos Humanos “Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”, presentado en julio pasado ante la Corte Internacional de Justicia; el informe “Control… sobre todo el Estado de Coahuila” de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas; y el estudio “El Yugo de los Zetas en el Norte de Coahuila” del Colegio de México.
09 Diciembre 2017 04:08:00
La última esperanza
Patricia Mayorga, periodista mexicana, recibió el 15 de noviembre pasado el Premio Internacional a la Libertad de Prensa del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Basado en su discurso –denuncia de la grave situación de la prensa en nuestro país–, Gerardo Moyano publica en la nueva edición del bisemanario Espacio 4: “‘En México, la mayoría de las empresas periodísticas incumplen con el mínimo de seguridad. Ejercemos entre varios fuegos, desde los gobiernos que estigmatizan, espían y criminalizan a los periodistas, hasta los cárteles. Entre los que intentan controlar y destruir al periodismo, donde se condiciona la línea editorial a convenios de publicidad oficial, a costa del dolor exacerbado de los mexicanos’”, dijo Mayorga en la ceremonia de premiación, realizada en Nueva York.

“‘Este premio es por y para Miroslava (Breach) y Javier (Valdez), quienes nos dejaron el gran reto de desnudar la narcopolítica y a los corruptos que tan inmenso daño le hacen a nuestro pueblo. Ahora parece imposible que podamos lograr un país sin impunidad y sin sangre inocente. Admito que es difícil, pero no acepto que sea imposible’, agregó la periodista de El Diario de Ciudad Juárez y Proceso.

“Mayorga se exilió en Perú tras la muerte de su colega Miroslava Breach, en marzo pasado, junto a quien investigaba vínculos entre políticos y narcotraficantes en la Sierra Tarahumara.

“‘Dos meses antes de que la asesinaran, Miroslava Breach y yo nos preguntábamos ¿por qué seguíamos? Ella se negaba a ser cómplice y yo a defraudar a gente que ha confiado y ha puesto su última esperanza en el periodismo. Miroslava tenía claro el riesgo de investigar la narcopolítica, sobre todo en la Sierra Tarahumara, donde controla el crimen organizado hace años (…) La mataron el 23 de marzo. Dos meses después, asesinaron a Javier Valdez, en Sinaloa, por cubrir víctimas del narcotráfico. Yo me refugié en Perú, protegida por el CPJ. Llegué con el alma quebrada, con una lápida dolorosa (…) pero de ese abismo emergió la fuerza para luchar con mayor determinación’, dijo la comunicadora chihuahuense. (…)

“Mayorga es miembro fundadora de la Red Libre Periodismo, una ONG que además de capacitar a jóvenes periodistas, cabildea para regular la publicidad oficial en Chihuahua, la cual fue utilizada con discreción por el exgobernador César Duarte (PRI), actualmente prófugo de la justicia, para censurar a medios de comunicación.

“En entrevista con SinEmbargo (15-11-17), Mayorga advirtió que ‘la entrega discrecional y millonaria de publicidad oficial a medios de comunicación ha sido un arma letal para el periodismo mexicano. Chihuahua no es la excepción’.

“En este sentido, critica al gobernador Javier Corral (PAN), quien pese a haber prometido regular la publicidad oficial (Chihuahua fue la primera entidad en adherirse la iniciativa de Fundar #PublicidadAbierta), no ha presentado ninguna iniciativa de ley al respecto. ‘El gobernador (…) es experto en el tema, (…) pero ya pasó más de un año y no vemos avance. Pretextos hay muchos, pero urge que cumplan con su palabra (...)’.

“‘Al contrario, el gobierno de Chihua-hua creó su propio canal, Cambio 16, en el que informa sobre sus obras, pero también fustiga a todo aquel medio o periodista que se atreve a criticar. (…) las campañas de desprestigio dejan vulnerables a todo el gremio’”, dice Mayorga.
08 Diciembre 2017 04:06:00
Sembrador de vientos
El despegue del gobierno de Miguel Riquelme ha sido suave después de las turbulencias poselectorales y de una Administración dedicada a sembrar vientos. La ostensible deferencia de Riquelme hacia el periodista Armando Fuentes Aguirre, “Catón”, el 1 de diciembre, y su reunión del día 5 con el alcalde electo de Torreón, Jorge Zermeño, marcan el principio de un cambio de actitud. La iracundia de Rubén Moreira contra Fuentes Aguirre y contra el PAN llegó hasta el último día de su sexenio. Basta ver la manera como se expresó del alcalde de Saltillo, Isidro López, por reclamar el pago de 136 millones de pesos de participaciones federales.

Riquelme no tuvo un día de campo en las urnas ni lo tendrá como gobernador. La Administración 2017-2023 afrontará grandes desafíos. El primer paso para legitimarse y desfacer entuertos consiste en deslindarse de sus predecesores y todo lo relacionado con sus intereses políticos o de cualquier otra índole. Investigar la deuda por más de 37 mil millones de pesos y el desvío de 500 millones a empresas fantasma, entre otros desafueros, y emprender acciones legales contra los responsables es condición sine qua non para convencer a los casi tres cuartos de millón de coahuilenses que votaron contra el PRI de que una de sus prioridades es hacer justicia e iniciar una etapa de cambio y reconciliación en un estado agraviado y sin contrapesos políticos en los 12 últimos años.

La pérdida de 238 mil votos el 4 de junio, con respecto a los comicios de 2011, que regresó al PRI a los niveles de 2006, no fue en balde. El endeudamiento, la corrupción, las masacres en Allende y Piedras Negras, el enriquecimiento de funcionarios, la soberbia, el divorcio del gobierno con la sociedad, el enfrentamiento con la Iglesia y con un sector del empresariado, el acoso a periodistas críticos y a activistas de los derechos humanos y el autoritarismo exacerbado, sobre todo en el último sexenio, indignaron a la ciudadanía y el precio se pagó en las urnas.

Para poder dirigir un estado donde tres fuerzas contrarias al PRI captaron el 60% de los votos, y donde la crisis financiera, de justicia y de credibilidad en las instituciones se ha profundizado, no basta con apelar a la unidad y concordia de todos los sectores, sino establecer un gobierno diferente. Para ello es necesario abrir las puertas a la sociedad, respetar y estimular la crítica y tender puentes con las oposiciones.

Miguel Riquelme asumió el cargo ante un Congreso dominado por el PRI, pero la Legislatura que le acompañará en el primer tramo de su sexenio, a partir del 1 de enero, será mayoritariamente opositora, lo cual jamás había ocurrido. El PAN, junto con Unidad Democrática de Coahuila (UDC), ganó nueve distritos y el PRI, siete; cada uno obtuvo además tres diputados plurinominales, Morena dos y el PRD uno. De esa manera, Coahuila tendrá el primer gobierno dividido de su historia, lo que a escala federal ocurrió en 1997, cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados.

El PRI ganó 27 municipios, entre los cuales recuperó Saltillo; el PAN, seis, entre ellos Torreón; la UDC, tres; el Partido Verde, uno, y Movimiento Ciudadano, otro. Coahuila volverá a las urnas el 1 de julio de 2018 para nombrar alcaldes por 3 años, pues el periodo de los electos en junio será sólo de uno. También se votará para Presidente y Congreso general. Los comicios pondrán a prueba al gobierno de Riquelme y su partido.
06 Diciembre 2017 04:07:00
Carrera presidencial
En una comida con José López Portillo (JLP) en el casino de Saltillo, el gobernador Óscar Flores Tapia (OFT) pidió a Dios iluminar al presidente para elegir a un sucesor de su talla de estadista y su estatura intelectual y política. En sus memorias Mis Tiempos. Biografía y Testimonio Político (Fernández Editores, 1988), JLP refiere ese momento como algo bochornoso. OFT, quien renunció 101 días antes de concluir su mandato por desavenencias con el presidente, había publicado previamente el libro José López Portillo y Yo: Historia de una Infamia Política (Editorial Grijalbo, 1983).

Autoproclamado como “el último presidente de la Revolución”, JLP ha sido hasta hoy el único mandatario surgido de la Secretaría de Hacienda. Ganó con 16.4 millones de votos, el 91.9% del total, pues en las elecciones de 1976 el PAN no presentó candidato, y el PRI tuvo como aliados al PPS y al PARM. Treinta y seis años después, Peña Nieto llegaría al poder con 19.2 millones de sufragios, el 38.2% de la votación general.

El Gobierno de JLP resultó ruinoso para el país por la corrupción, el sobreendeudamiento externo, el pésimo manejo de la política petrolera y la estatización de la banca. No era experto en cuestiones financieras –antes había sido director de la CFE–, pero poseía la llave para despachar en Los Pinos: su amistad con el presidente Luis Echeverría. El favorito de la clase política era el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, como en la sucesión de este año lo fue Miguel Osorio Chong, titular de la misma cartera.

El presidente Peña Nieto se decantó por José Antonio Meade, un híbrido del PRI y del PAN. Lo hizo forzado por las circunstancias y el miedo cerval a que Andrés Manuel López Obrador gane las elecciones de 2018 a pesar de las embestidas del poder, de sus adláteres y de un sector de la prensa para descalificarlo por aun por la razón más baladí. Para tranquilizar al país, lavarle la cara al Gobierno y generar confianza en los mercados, a Meade se le presenta como un servidor público experimentado, probo y juicioso.

Sin embargo, pedir a los sectores del PRI “háganme suyo” y a la vez comprometerse a combatir la corrupción, como Miguel de la Madrid lo ofreció al país después del sexenio de JLP, siembra dudas sobre su voluntad para sanear la política y enjuiciar a funcionarios venales de este y otros gobiernos –federal y estatales– sin importar filiaciones partidistas. Meade es la estrella del momento y en pocas semanas ha sido colmado de halagos de toda índole. Incluso su escaso nivel de conocimiento entre la población se pondera como una ventaja.

López Obrador encabeza las encuestas y es el único presidenciable –ya fue candidato dos veces– que ha recorrido la república en múltiples ocasiones y tiene mayor cercanía con la gente. Todavía puede provocar incertidumbre en algunos medios, pero después de las experiencias de 2006, cuando afrontó a Felipe Calderón, y de 2012, cuando compitió contra Peña Nieto, ha moderado sus posturas y avanzado incluso en sectores que antes los consideraban “un peligro” para México. Además, su base electoral está en los estratos más amplios: los indignados con un régimen corrupto, soberbio e insensible; los necesitados y las víctimas de un sistema que privilegia el amiguismo por encima de la justicia. Meade necesita más que un rostro amable, una sonrisa contagiosa y buena fama para ganar las elecciones. Necesita ser creíble.
05 Diciembre 2017 04:06:00
Gobernador lagunero
Coahuila tiene desde el 1 de diciembre una nueva Administración luego de un proceso electoral que tuvo en ascuas al estado durante 5 meses. Miguel Riquelme es el primer gobernador lagunero después de Braulio Fernández Aguirre, quien ocupó el cargo entre 1963 y 1969 y lo ejerció con decoro, autoridad política y moral y amplio respaldo social. Riguroso en la aplicación de los recursos públicos, resolvió problemas acuciantes y mantuvo el equilibrio entre Saltillo y Torreón, donde ya se concentraba la mayor parte de la población y de la actividad económica.

El ascenso de Miguel Riquelme al poder no fue sencillo. El PRI estuvo a punto de perder por primera vez desde su fundación en 1929. Entre el inicio del gobierno de Fernández Aguirre y el de Riquelme –ambos fueron alcaldes de Torreón– ha transcurrido más de medio siglo. Coahuila se ha transformado y hoy es uno de los estados líderes en los sectores automotriz, del acero, eléctrico y agropecuario, entre otros, gracias a la inversión nacional y extranjera y al talento de su gente; además, la riqueza energética acelerará su desarrollo en los próximos años.

Coahuila es un estado complejo donde, en los últimos sexenios, la voz y participación de la sociedad se han elevado para exigir respeto a sus derechos, democracia y rendición de cuentas; y a los gobiernos estatal y municipales de todos los partidos, resultados y eficacia para combatir de raíz uno de los peores males del país como es la corrupción. Sin embargo, ese cáncer, en lugar de extirparse, ha invadido todas las áreas sin que exista voluntad política para afrontarlo y llevar a prisión a quienes han desviado recursos del erario para enriquecerse o para otros fines; mientras tanto, crece el número de pobres.

Frente a gobiernos insensibles a una realidad lacerante y agravada a escala nacional por la inseguridad, el saqueo, la impunidad, la escasez de oportunidades para los jóvenes y la falta de compromiso de las autoridades, la ciudadanía recurre a las urnas para expresar su enojo. Fue lo que pasó en Coahuila el 4 de junio. Sin embargo, no alcanzó para la alternancia, no obstante que el partido en el poder obtuvo menos sufragios que todas las oposiciones juntas, lo cual jamás había ocurrido.

El proceso se resolvió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a favor del PRI a un alto costo para la credibilidad del sistema. Los excandidatos agrupados en el Frente por un Coahuila Digno le ayudaron al PRI a ganar por no haberse unido antes de las elecciones y pensar que la alternancia se daría en automático. Es algo que la ciudadanía les reprocha y acaso jamás les perdonará. Miguel Riquelme asumió el poder cobijado por el Gobierno federal, el PRI y mandatarios de otros estados.

La ciudadanía actuó con madurez en todas las etapas del proceso. Las manifestaciones por las irregularidades fueron respetuosas como también lo fue el acatamiento a la resolución del Tribunal Electoral Federal. Ahora corresponde a Riquelme sentar las bases para la reconciliación y un buen gobierno; su invitación a los poderes públicos y a la sociedad para cerrarle espacios al crimen, a la corrupción y a la impunidad, deberá encabezarla él mismo. Si lo hace, será un buen principio para legitimarse. El ejemplo de don Braulio, el anterior gobernador de La Laguna, puede servir de inspiración.
04 Diciembre 2017 04:01:00
El reparto del poder
El gabinete de Miguel Riquelme Solís se anticipó parcialmente el 31 de julio –con el equipo de entrega recepción– y su conformación, el sábado pasado, responde a la lógica de balancear las regiones de Coahuila según el origen del Gobernador de turno, la mayor parte de los cuales ha sido de Saltillo. La tendencia se hizo más notoria en la administración de Rogelio Montemayor, pues su nominación, última resuelta en Los Pinos, amenazó con fracturar al PRI, cuya preferencia se inclinaba por un aspirante local (Enrique Martínez).

Para compensar el déficit en Saltillo, Montemayor buscó apoyo en La Laguna y otras zonas donde concertó alianzas con grupos políticos y empresariales. En las elecciones de 1993 venció sin dificultad al candidato del PAN Rosendo Villarreal. Las principales carteras las concedió a Carlos Juaristi Septién, de Piedras Negras (Gobierno); Antonio Juan Marcos Issa, de Torreón (Finanzas); Antonio Karam Maccise, de Monclova (Obras Públicas), y Humberto Medina Ainslie, también de Piedras Negras (Procuraduría de Justicia).

Sin embargo, a medida que la presión de La Laguna aumentó al verse marginada de las sucesiones estatales por no haber tenido en décadas a uno de los suyos en la sede del Poder Ejecutivo y creció el movimiento para crear su propio estado y dejar de depender política y financieramente de Saltillo, se le concedieron mayores y más relevantes puestos en la administración central. La estrategia atemperó el ánimo separatista, mas no el clamor de tener un gobernador lagunero, el cual, como lema de campaña no impactó en el resto de las regiones con la misma aspiración e iguales derechos. Carlos Juaristi y Jesús María Ramón, exsenador y exalcalde de Acuña, figuraron entre los aspirantes para suceder a Montemayor.

En la sucesión de 1999, los competidores laguneros de Enrique Martínez fueron Braulio Manuel Fernández Aguirre y Francisco Dávila, cuya carrera política se fraguó en el sexenio de Salinas de Gortari. La candidatura de Martínez surgió de la primera consulta abierta y una vez en el Gobierno no sólo llevó al gabinete a más laguneros que ninguno de sus predecesores, sino también a los puestos clave. En la Secretaría de Gobierno nombró a Raúl Sifuentes; en Finanzas, a Javier Guerrero; en Obras Públicas, a Jorge Viesca, y en la Procuraduría de Justicia a Óscar Calderón. Heriberto Ramos, exalcalde de Torreón, lideró la primera legislatura del sexenio.

Pero una sola posición para Saltillo –calculada o no– sería la que finalmente decidiría, para mal, el futuro de Coahuila. Humberto Moreira utilizó la Secretaría de Educación y la Alcaldía de Saltillo como trampolín para la Gubernatura. Seis años bastaron para terminar con un periodo de estabilidad, concordia entre los coahuilenses y disciplina financiera. Empezar sin deuda bancaria, con participaciones federales crecientes e ingresos extraordinarios por el auge petrolero, le permitían a Moreira ser un gobernador exitoso. Sin embargo, optó por el camino fácil del populismo y endeudó al estado con más de 36 mil millones de pesos, cuyo destino aún se desconoce.

Como ejecutivo de origen lagunero, Miguel Riquelme ha dejado en manos de Saltillo tres de las áreas más sensibles de la administración: José María Fraustro en la Secretaría de Gobierno; Blas Flores Dávila en Finanzas, e Higinio González en Educación. El Gobierno afronta enormes desafíos, uno de los cuales consiste en generar confianza, resultados y credibilidad en el corto plazo. En otro espacio continuaré con el tema.
02 Diciembre 2017 04:08:00
Riquelme: el primer día
Miguel Riquelme fue arropado por la clase política del país y del estado en su toma de protesta como gobernador, primero en el Congreso y después en un acto multitudinario. En nombre del presidente Peña Nieto, Alfonso Navarrete, secretario del Trabajo, le ofreció el respaldo de la Administración federal desde el primer día de su gestión. En respuesta a una de las principales demandas de los coahuilenses, Riquelme invitó “a los poderes del estado y la sociedad en su conjunto para que no dejemos espacios al crimen, a la corrupción ni a la impunidad”.

Dijo que su gobierno apoyará al Sistema Estatal Anticorrupción “para que se lleve a cabo la prevención, investigación y sanción de hechos de corrupción. Lo mismo haremos con la fiscalización y control de recursos públicos, privilegiando en todo momento el principio de transparencia”. Riquelme reconoció el trabajo de su predecesor: “Rubén Moreira estuvo a la altura del reto”.

Después de unos comicios que polarizaron a los partidos y confundieron a la sociedad por las impugnaciones y el riesgo de nulidad, el gobernador advirtió que la confrontación y la contienda política son cosa del pasado. Su reproche a “quienes intentaron dividirnos” en el proceso posterior a la elección tuvo destinatarios obvios. Sin embargo, señaló que rendir protesta como gobernador “es el resultado de la decisión que los coahuilenses tomaron en las urnas de manera libre y democrática”.

Frente a la actitud de otros actores, aseguró, “siempre me mantuve respetuoso. Confié en la voluntad popular. Confié en el voto efectivo y la solidez de nuestras instituciones. Esos que quisieron dividir a Coahuila, se equivocaron. Le apostaron a la discordia. Quisieron sembrar odio y cuestionar lo que no les favoreció. Mientras ellos buscaban la división, la unidad fue mi bandera”.

En esa misma línea, Navarrete, precisó: “Aquí, en esta tierra, se ejemplifican claramente los valores de nuestra vida republicana: la democracia y la justicia. La democracia es un asunto de votos, la justicia es un asunto de pruebas. Aquí, en Coahuila, la gente habló en democracia y la justicia obró con pruebas”. Señaló que “es muy grato para el Gobierno de la República atestiguar esta transición de poderes, especialmente cuando se entrega un gobierno en orden, con cuentas claras y resultados tangibles, y lo recibe un gobernante joven, con gran visión y sensibilidad de lo que demanda la sociedad coahuilense”.

Con la presencia del líder del PRI, Enrique Ochoa; del coordinador de la bancada tricolor en el Senado, Emilio Gamboa; de los gobernadores de Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Yucatán, Tlaxcala y Estado de México; el expresidente del CEN, Manlio Fabio Beltrones, y de los exgobernadores Eliseo Mendoza, Enrique Martínez y Rogelio Montemayor, el primer día de Riquelme como titular del Poder Ejecutivo fue redondo.

Al iniciar el nuevo gobierno, pidió recordar que “como servidores públicos (…) nuestra razón de ser es dar solución a los problemas de la gente, esa es mi responsabilidad y mi obligación”. Dijo también que “La unidad es lo que nos hace fuertes ante la adversidad. Reconciliación es lo que Coahuila necesita para consolidar la construcción de un estado de bienestar para todos”.

Una de las señales de cambio fue la presencia, en ambas ceremonias, del periodista Armando Fuentes Aguirre, “Catón”, crítico de la Administración saliente. Otras pueden darse hoy, cuando Riquelme anuncie su gabinete. Que sea para bien de Coahuila.
01 Diciembre 2017 04:07:00
Sepultar al moreirato
Miguel Riquelme asumirá el gobierno este 1 de diciembre después de unos comicios altamente competidos y de un conflicto poselectoral resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a favor del PRI una semana antes del cambio de poder. El Instituto Nacional Electoral criticó la sentencia, pues “permite realizar gastos sin que estos sean contabilizados”, acusó la consejera Pamela San Martín, quien desde un principio estuvo de acuerdo con la anulación. Riquelme rendirá protesta en el Congreso local y al mediodía dirigirá un mensaje en otro escenario. La misma ruta siguieron Humberto y Rubén Moreira hace 6 años. Ojalá no emule otras.

Llegar a este momento debió costarle a Riquelme sangre, sudor y lágrimas, pues estuvo a punto de perder; primero en las urnas y después en el Tribunal Electoral Federal. La incertidumbre sobre si su triunfo, por una diferencia de apenas dos puntos porcentuales, se confirmaría o se convocaría a nuevas elecciones sin su nombre en las boletas duró casi 6 meses. En ese lapso los excandidatos Guillermo Anaya (PAN), Armando Guadiana (Morena), Javier Guerrero, Luis Horacio Salinas (independientes) y José Ángel Pérez constituyeron el Frente por un Coahuila Digno (FCD); la elección se impugnó; se realizaron marchas multitudinarias –la mayor de ellas en Saltillo el 6 de junio– y transcurrió un largo, desgastante y controvertido proceso judicial.

A Riquelme no le espera un lecho de rosas. El estado debe más de 37 mil millones de pesos, el gobierno de Rubén Moreira agravió a empresarios, alcaldes y políticos de oposición, líderes empresariales, periodistas y activistas de derechos humanos. La relación con el obispo Raúl Vera hizo crisis tras la presentación, en la Corte Penal Internacional de La Haya, del reporte “Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”, presentado en julio pasado por la Federación Internacional de Derechos Humanos. El clima político y social no es el más propicio para un inicio de gobierno terso, si bien las protestas ciudadanas han cesado. El FCD aceptó la sentencia del TEPJF a regañadientes.

No se han anunciado protestas para la toma de posesión del gobernador, pero en redes sociales circula una convocatoria de #FuerzaMéxico para un apagón nacional, a partir de las 8 de la noche de este 1 de diciembre, “en protesta por la impunidad, la corrupción y del fraude electoral perpetuado en Coahuila por el PRI y avalado y defendido por el Trife”. La propuesta es sustituir en el exterior de edificios, viviendas y negocios la luz eléctrica por la de veladoras, cuya llama “simboliza la fuerza del pueblo de México y nuestro deseo de vivir en un auténtico estado de derecho”.

La primera tarea de Miguel Riquelme es conciliar al gobierno con los múltiples sectores agraviados e indignados, desmarcarse de inmediato de los Moreira (Humberto, Rubén, Carlos Ariel y Álvaro), e investigar y castigar casos de corrupción, conflictos de interés y abuso de autoridad. Rubén fue elogiado por el presidente Peña Nieto el miércoles en San Pedro donde inauguró un cuartel de la policía militar. Cortesía política, pero no pase automático al Senado ni al reino de la impunidad, como tampoco lo obtuvieron los Duarte y Borge. Moreira –dice– se dedicará a la abogacía. Y Riquelme a gobernar desde el primer día y a sepultar al moreirato para legitimarse.
29 Noviembre 2017 04:07:00
Gobernar sin rémoras
En un adelanto de su mensaje de toma de posesión del viernes próximo y ante el repunte de la violencia en el país, el gobernador electo Miguel Riquelme se comprometió a garantizar la seguridad del estado y a crear la Secretaría de Seguridad, desaparecida hace varios años. El fenómeno se ha agravado e incluso el sexenio del presidente Peña Nieto podría cerrar con más víctimas que el de Felipe Calderón. En el anterior cambio de Gobierno, Torreón –de donde Riquelme fue alcalde hasta el año pasado– figuraba entre las ciudades más peligrosas del mundo de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Riquelme anunció en su primera conferencia de prensa la reestructuración de la deuda por más de 37 mil millones de pesos. Casi la totalidad de los pasivos se adquirió en el gobierno de Humberto Moreira, en parte con documentos y decretos falsos, sin informar al Congreso. “Voy a renegociar la deuda y una buena acción nos dejará con liquidez para hacer frente a los compromisos que tenemos”, dice en un comunicado.

Coahuila ha pagado más de 20 mil millones de pesos de intereses en el sexenio que concluirá mañana. “Se harán los estudios correspondientes para buscar una renegociación, buscando mejores tasas de interés, que podría significar una reducción de pagos para el estado”, declaró Riquelme. La reestructura fue aprobada por la actual Legislatura, de mayoría priista. En junio pasado, la Secretaría de Hacienda incluyó a Coahuila entre los estados con un techo de deuda limitado y como el único que no podrá adquirir nuevos créditos en 2018 (El Financiero, 20.07.19).

En un estado polarizado por las elecciones, una sociedad agraviada por los hermanos Humberto y Rubén Moreira y una oposición que acusa al TEPJF de ser comparsa del gobierno y del PRI por validar “el fraude” del 4 de junio, Riquelme pidió a los coahuilenses unidad y reconciliación. También ofreció un trato sin distingo a los alcaldes de otros partidos, cuya gestión iniciará el 1 de enero próximo.

Riquelme se reunió este lunes con reporteros de Torreón y Saltillo. En ambas ciudades habrá alternancia. La primera del PRI al PAN y la segunda en sentido opuesto. El gobernador electo dijo que cumplirá cada una de sus promesas de campaña para que Coahuila se mantenga como “la fortaleza del norte”. Informó que el 2 de diciembre anunciará su gabinete, “busco a los más preparados en cada área”. La transición será “pacífica, en orden y responsable. Mi interés es que no se trastoque a ninguna dependencia por el cambio de administración en beneficio de los ciudadanos”, apuntó.

En materia económica, fijó metas: 170 mil fuentes de trabajo y diversificar la actividad en las regiones Centro, Desierto y Norte. Ofreció buscar “consensos para sacar adelante los intereses de nuestro estado”, y un gobierno “con carácter, que no sobrepase los derechos de los ciudadanos (…). Mi labor debe ser reconstruir la relación de la sociedad con el gobierno, hablemos de reconciliación por el bien de Coahuila. No hay otra forma de enfrentar los problemas, sino es del lado de la sociedad y con el consenso de los distintos ideales políticos”.

Con respecto a que será él quien gobierne (y no los Moreira o sus adláteres), esa es su obligación. Y mientras más pronto lo demuestre, mejor para Coahuila. Riquelme necesita legitimarse después de un triunfo tan cuestionado y todavía no aceptado por muchos.
28 Noviembre 2017 04:06:00
TEPJF: palabras huecas
La incertidumbre terminó. Casi 6 meses después de la elección para gobernador, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el triunfo de Miguel Riquelme al eliminar el rebase en los topes de gastos de campaña dictaminado por el Instituto Nacional Electoral (INE). La sala superior ratificó por unanimidad la validez de los comicios y la entrega de la constancia de mayoría al priista, quien tomará posesión el viernes próximo.

Janine Otálora, presidenta del TEPJF, declaró en la sesión del 24 de noviembre que “a partir de los medios probatorios aportados por los actores (…) no es posible acreditar irregularidades determinantes que lleven a declarar la nulidad de la elección de gobernador constitucional de Coahuila”. Reconoció que “muchas de las expresiones y opiniones difundidas en las últimas semanas no coinciden con esta conclusión (…). Sin embargo, pese a que debe tenerse el mayor de los respetos por las opiniones ajenas, el papel de los jueces debe ser (…) refractario a los juicios paralelos que se despliegan en los diversos medios de comunicación”.

El fallo del TEPJF estuvo precedido de controversias y acusaciones de los excandidatos Guillermo Anaya, Armando Guadiana, Javier Guerrero, Luis Horacio Salinas y José Ángel Pérez contra el Gobierno federal y el PRI por presionar a los magistrados para no anular la elección más competida en la historia de Coahuila. El PRI obtuvo una ventaja de apenas 2% sobre el PAN.

El primer indicio de que las elecciones no se anularían por el rebase en los topes de gastos de campaña del excandidato de la coalición Por un Coahuila Seguro se dio el 5 de octubre, cuando el TEPJF revocó el dictamen del INE por erogaciones de un millón 43 mil pesos no reportadas, lo que redujo de 10.5 a 1.6% el sobregasto.

El 30 de octubre, el INE volvió a elevar el excedente en los gastos del priista y lo fijó en 9.2% por la producción de 82 anuncios difundidos en redes sociales y otros conceptos, situación que reabría la posibilidad de anular la elección. Sin embargo, el viernes pasado el TEPJF disminuyó los gastos por el pago a representantes de casilla y el de los 82 spots divulgados por Twitter; en este caso, de 1.4 millones de pesos a 34 mil 800, equivalente a sólo dos videos. Tampoco sancionó la entrega de tarjetas y monederos “rosa”. Sumadas las deducciones, por 1.8 millones de pesos, al final Riquelme habría gastado menos del límite autorizado.

El excandidato del PAN, Guillermo Anaya, acusó “que las severas presiones del Gobierno federal y del Partido Revolucionario Institucional lograron que el Tribunal Federal Electoral traicionara la voluntad de la mayoría de los coahuilenses. (…) Fueron 14 agravios plenamente documentados que le perdonaron a Riquelme, sin duda ante el caos que vivimos con la dictadura Moreira de 12 años de fraudes y narcotráfico, prefirieron ceder a las presiones del PRI-Gobierno que apostó por la impunidad en Coahuila”.

Otálora advirtió que el Tribunal “juzga a partir de las pruebas y de las reglas establecidas por la Constitución y la ley, no con base en juicios mediáticos, expectativas de las partes o presiones de cualquier tipo (…), sean estas a través de redes sociales o bajo cualquier otra forma. (…) todas las elecciones ponen a prueba a las autoridades electorales en cuanto a nuestra capacidad de organizar los comicios o resolver los conflictos, de actuar siempre de manera imparcial y apegada a la ley y a los principios constitucionales”.

Palabras huecas. El TEPJF ya anticipó cómo juzgará la elección presidencial de 2018.
27 Noviembre 2017 04:01:00
El reto de los partidos
Los gobiernos se han olvidado de resolver problemas, sobre todo los relacionados con la pobreza, la salud y la seguridad, para concentrarse en ganar elecciones con base en el presupuesto y el control de órganos teóricamente autónomos como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus equivalentes en los estados. El resultado es una democracia onerosa, simulada y cada vez menos apreciada por la sociedad civil, lo cual deviene en desprecio hacia los partidos y los políticos de cualesquier signo o color.

A través de la protesta, la movilización y el uso intensivo de las redes sociales, la ciudadanía busca cambiar el país y expulsar del poder a una clase predadora. En el Gobierno del presidente Peña Nieto, el malestar y la indignación ciudadanas contra las burocracias partidistas, los representantes populares y los gobiernos han alcanzado sus cotas más altas. Los principales problemas son la corrupción, la impunidad y la violencia.

El ensayo ¿El fin de los Partidos?, del filósofo español Daniel Innerarity, publicado en El País el 10 de agosto de 2013, cae como anillo al dedo. “La actual crisis de los partidos políticos, su descrédito, pérdida de relevancia o fragmentación, es manifestación de una crisis más profunda. Se acaba, a mi juicio, una era política que podríamos llamar ‘la era de los contenedores’. El mundo de los contenedores presuponía un contexto social estructurado en comunidades estables, con roles profesionales definidos y formas de reconocimiento y reputación consolidadas. En esa realidad social se gestaron esas máquinas políticas que son los partidos de masas clásicos”.

Para el autor de La Transformación de la Política. Gobernar en la era de las Sociedades Complejas (Peter Lang, 2010), el periodo de la ‘Democracia de los Partidos’ tal como la hemos conocido representaba una geografía sólida, mientras que hoy parecemos movernos más bien en un escenario de liquidez, inestabilidad e incluso volatilidad que afecta a los grandes contenedores de antaño (los partidos, las iglesias, las identidades e incluso los estados)”.

Tal circunstancia, dice Innerarity, “afecta tanto al público como a sus representantes. A los primeros les confiere una desconcertante imprevisibilidad. En la terminología del marketing se habla de un electorado menos fidelizado, volátil e intermitente. Hemos pasado del ‘cuerpo electoral’ al ‘mercado político’, con todas las reglas (o ausencia de ellas), todos los riesgos y toda la imprevisibilidad del mercado. (…) Si los electores son tan ‘infieles’, los partidos se ven cada vez menos obligados a unos compromisos ideológicos. No lo digo para disculpar esos incumplimientos, sino para tratar de comprender a qué obedecen”, aclara.

A la pregunta de “¿Cómo será el paisaje después de la actual crisis de los partidos?”, responde: “se superará sólo cuando haya mejores partidos. Tirar el niño con el agua sucia, como suele decirse, no sería una buena solución, y la experiencia nos enseña que todavía peor que un sistema con malos partidos es un sistema sin ellos; quien lamente su carácter oligárquico tendrá motivos para quejarse si los partidos se debilitan hasta el punto de ser incapaces de cumplir las expectativas de representación, orientación, participación y configuración de la voluntad pública que se espera de ellos en las democracias constitucionales”.
25 Noviembre 2017 04:07:00
Epidemia de suicidios
Algo grave sucede en Coahuila, donde el suicidio se dispara y las instituciones no brindan la atención necesaria para frenar el fenómeno y atacar sus causas más profundas. Los casos se repiten y la estadística puede variar incluso de un día a otro, según lo expone el periodista Édgar London en el nuevo número de Espacio 4:

“Como si no resultaran suficientes los impactos de la violencia en el estado –todavía no se olvida, ni se olvidarán, las masacres cometidas en Allende y el penal de Piedras Negras, por citar dos ejemplos clave–, de mano con la pésima situación que sufre Coahuila en los ámbitos de atención y cobertura médica, el fenómeno del suicidio va en aumento y ahora encuentra en los jóvenes a sus víctimas predilectas. Tan sólo en Saltillo –al momento de redactar estas líneas– ya suman 66 las víctimas, cuando la cifra total del pasado año quedó en 55 casos.

“Por si no bastara, a mediados de octubre se documentó que en Coahuila este problema ya sumaba más decesos que los homicidios. En ese momento, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el registro era de 178 muertes por suicidios contra 162 muertes violentas. Los números por ambos bandos se han incrementado, pero los fallecimientos autoinfligidos se mantienen a la vanguardia.

“Se trata de un dilema grave en el sector de la salud que debió comentarse y documentarse durante la entrega del sexto informe del gobernador Rubén Moreira. (…) En realidad, si los suicidios no se controlan, los números del próximo gobernador apuntarán a la gestión de funerarias y cementerios.

“Los centros de atención médica no dan abasto. Falta crear una política de prevención y atacar las causas que provocan la depresión y el estrés en la población porque está comprobado clínicamente que las personas que padecen estas dos afectaciones son más proclives a cometer suicidio, por encima del consumo de drogas o los factores biológicos y genéticos. Ante la sensación perenne de angustia que percibe el ciudadano promedio, escapar por la ‘puerta falsa’ se considera ‘normal, como una forma alternativa viable para las personas que están en depresión profunda’, según acota el psicólogo Carlos Gutiérrez.

“La noche del 11 de noviembre un grupo de artistas urbanos, apoyados por otros jóvenes, decidieron atacar el fenómeno de diferente manera. Se plantaron en la Alameda de Saltillo para repartir abrazos a todos aquellos que lo necesitaran. La iniciativa –más simbólica que efectiva– buscaba llamar la atención sobre el problema y la necesidad de combatirlo con algo más que fármacos y prescripciones médicas: apoyo y solidaridad. Además, le da una cachetada de guante blanco a un gobierno que ignora esta crisis social y de salud, a la vez que sirve de espaldarazo a las pocas instituciones capacitadas para lidiar con las personas al borde del suicidio.

“Queda claro que instrumentos como la Línea de la Vida, un programa de asistencia telefónica, sustentado por la Secretaría de Salud Estatal, que apoya a las personas que sufren depresión o requieran asistencia psicológica, ha sido rebasado. Tampoco son suficientes los talleres de prevención que se imparten en escuelas y centros comunitarios en las regiones consideradas focos rojos por este conflicto. Menos aún, los magros esfuerzos promovidos desde las redes sociales, donde se entabla una dura pugna entre quienes defienden este medio para ayudar a los afectados y los que consideran que la tecnología sirve para promover prácticas y estados nocivos a la salud, cuando no sustentan la falsa percepción de vidas ajenas perfectas que hacen sentir más miserable a los individuos deprimidos”.
24 Noviembre 2017 04:07:00
El honor y la imagen
Humberto Moreira, quien se jactaba de haber sido el candidato a gobernador con mayor respaldo popular y el líder del PRI más exitoso, abandonó el encierro tras su fallido intento de ser diputado plurinominal por el Partido Joven por falta de votos. Lo hizo para refutar las imputaciones contenidas en el informe Control… sobre todo el estado de Coahuila, de la Universidad de Texas, según el cual habría recibido sobornos del cártel de los Zetas a cambio de impunidad.

Moreira anunció nuevas demandas y expresó temor a represalias sin identificar su procedencia: “La intención de perjudicarme es clara, la de producir daños irreversibles en mi familia y persona también, y por ello me veo obligado a ejercer mi derecho, no sólo a que se proteja mi honor e imagen, sino a poner en marcha las acciones necesarias de carácter civil y penal contra quienes, de forma reiterada, están socavando esos derechos, la seguridad de mi familia y la mía propia” (El Norte, 08.10.17).

El exgobernador ha negado sistemáticamente las acusaciones de peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada que provocaron su detención, a principios de 2016, en Madrid. El periódico digital El Español dio la primicia el 15 de enero: “Moreira será trasladado a la prisión de Solo del Real donde permanecerá mientras dure la investigación. Ha sido imputado por varios delitos, entre ellos el de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, organización criminal y cohecho. Moreira fue detenido por orden de la Fiscalía Anticorrupción, en el marco de una investigación que se sigue en la Audiencia Nacional”.

Una semana después, el diario se acercó al estudio Control… sobre todo el Estado de Coahuila que la Universidad de Texas presentó el 6 de noviembre pasado y sacó a Moreira de su aislamiento: “La Policía española, junto a la Fiscalía Anticorrupción, están investigando los posibles vínculos entre el político (…) con el cártel mexicano de los Zetas”.

También puso de relieve la declaración de uno de los protagonistas de una red de lavado de dinero en Texas: “La Corte de San Antonio anunció el procesamiento del empresario Rolando González Treviño, acusado de mover fondos de cuentas del Gobierno de Coahuila, de donde Moreira era gobernador. Este empresario alcanzó un pacto con la fiscalía estadounidense y se declaró culpable. En su confesión, el empresario señala a Moreira como máximo responsable del saqueo público” (El Español, 22.01.16).

Moreira fue liberado el 22 de enero por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tras acreditar transferencias a España por 200 mil euros. El 3 de febrero regresó al país y se declaró inocente. Sin embargo, las denuncias en México y Estados Unidos no han cesado, tanto por la megadeuda de 37 mil millones de pesos acumulada en su gobierno, como por las acusaciones de lavado de dinero en Texas y sus supuestos vínculos con los Zetas.

El 23 de febrero pasado, el Departamento del Tesoro subastó en San Antonio una casa que Herminia Martínez de la Fuente, suegra del exgobernador Humberto Moreira, entregó “por cortesía” al Gobierno de Estados Unidos. La propiedad estaba vinculada a una investigación del condado de Bexar por presunto lavado de dinero. El servicio de Rentas Internas obtuvo 515 mil dólares (10.3 millones de pesos al tipo de cambio de entonces). “Moreira (…) no ha sido acusado formalmente en Estados Unidos, pero está bajo investigación” (MySA.com 25.07.17).
22 Noviembre 2017 04:06:00
El relevo y los agravios
Coahuila es una de las entidades más agraviadas del país, como también lo son Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, cuyos gobernadores Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte (PRI) se enriquecieron obscenamente y provocaron la ruina de sus estados. El primero de ellos fue extraditado a México el 17 de julio luego de ser aprehendido en Guatemala; el segundo permanece preso en Panamá, y al tercero lo busca la Interpol.

El 6 de octubre, la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas presentó un estudio basado en declaraciones correspondientes a tres juicios federales, desarrollados entre 2013 y 2016, según el cual “varios testigos hicieron declaraciones sobre sobornos de millones de dólares pagados a Humberto y a Rubén Moreira, el anterior y el actual gobernador de Coahuila respectivamente, a cambio del control total del estado”.

Los hermanos Moreira siempre han culpado al expresidente Calderón, directa o tangencialmente, de la violencia en el estado por la guerra que declaró a los cárteles de la droga. José Eduardo Moreira, hijo de Humberto, fue asesinado el 4 de octubre de 2012 en Ciudad Acuña. “Me dieron la información de que se debe a una venganza. Al mediodía matan al sobrino del “Z-40” y se da la orden de que maten al sobrino del gobernador; buscan al mismo tiempo a un hijo de una hermana mía, y al mismo tiempo buscan a mi hijo, a quien matan”, declaró el exgobernador a Joaquín López Dóriga en entrevista para Radio Fórmula (25.10.12).

Mientras la Universidad de Texas presentaba el estudio denominado “Control… sobre todo el estado de Coahuila: Un análisis de testimonios en juicios en contra de miembros de los Zetas en San Antonio, Austin y Del Río”, el gobernador Rubén Moreira declaraba en su último informe ante el secretario de Salud y aspirante presidencial José Narro Robles: “Yo también declararía una guerra, pero no una lucha armada; tampoco una irresponsable provocación que implicara una ‘derrota previamente anunciada’. (…) mi estrategia sería una pensada y sopesada estrategia para abatir en todo el territorio las fuentes de financiamiento, los negocios negros y de todos colores que les permitían el lavado del efectivo mal habido”.

Más adelante se jactó: “Hoy las cosas son distintas, los grandes capos que asolaban Coahuila (…) están abatidos o en la cárcel”. Heriberto Lazcano, “El Lazca” o “Z3”, murió en un tiroteo con elementos de la Marina en el municipio de Progreso, el 7 de octubre de 2012, 3 días después del asesinato del hijo de Humberto Moreira, quien reprochó al Gobierno de su hermano haberse desentendido de la seguridad de José Eduardo. El cadáver del “Lazca” fue “robado” de una funeraria de Sabinas.

Juan Manuel Muñoz Luévano, “El Mono”, supuesto operador de los Zetas, está preso en España y en los próximos meses será extraditado a Estados Unidos. El empresario lagunero es vinculado con Humberto Moreira y otros políticos y funcionarios estatales. El exlíder del PRI fue detenido en Madrid el 15 de enero de 2016 como parte de una investigación “por los delitos de blanqueo y malversación cometidos durante su etapa como gobernador, además de cohecho y organización criminal”, según el diario digital El Español. Tres meses después, el 18 de marzo, la Policía española detuvo al “Mono” bajo la misma causa.

La crisis de inseguridad empezó en Torreón en 2006. Se especula sobre una venganza política por haber votado contra el PRI en las elecciones para gobernador y alcalde del año previo. El horror se extendió después por todo el estado, como lo apunta el estudio de la Universidad de Texas. La deuda impune por más de 37 mil millones de pesos y la entrega del estado a la delincuencia organizada son agravios que los coahuilenses jamás perdonarán.
21 Noviembre 2017 04:06:00
Incertidumbre política
El estado se dirige por primera vez a ciegas hacia el cambio de Gobierno, pues a menos de dos semanas de concluir la gestión de Rubén Moreira el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no ha resuelto si revalida los comicios del 4 de junio o los anula. En el primer supuesto, Miguel Riquelme (PRI) tomaría posesión como gobernador el 1 de diciembre; en el segundo, su lugar lo ocuparía un interino nombrado por el Congreso en funciones y el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) convocaría elecciones extraordinarias en los próximos 90 días.

La Constitución local dice al respecto:

“Si por cualquier motivo, la elección de gobernador del estado no estuviere hecha y declarada el primero de diciembre del año en que debe renovarse el Poder Ejecutivo, o el gobernador electo no se presentare a tomar posesión del cargo en esa fecha, cesará, sin embargo, el gobernador saliente y se encargará del Poder Ejecutivo un gobernador interino, que será designado por el Congreso del Estado; si este no estuviere reunido, la Diputación Permanente designará un gobernador provisional, procediéndose luego, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior” (Artículo 79).

Coahuila no registra en sus anales un caso semejante. Desde su debut en la arena electoral en 1929, cuando Nazario Ortiz Garza contendió con Vito Alessio Robles, el PRI había ganado todas las elecciones con márgenes suficientemente amplios. Lo anterior lo explica el monopolio político ejercido en el estado por casi 90 años, la falta de oposiciones sólidas y la ausencia de órganos independientes (el IEC actúa como satélite del Gobierno) y de controles para imposibilitar o castigar el desvío de recursos públicos, la compra de votos, el robo de urnas y el fraude electoral. Tales vicios, en lugar de desaparecer, se han exacerbado.

El triunfo de Miguel Riquelme está en riesgo no sólo por haber excedido en 9.2% el tope de gastos de campaña según el dictamen del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobado el 27 de octubre (impugnado por el PRI) y otras irregularidades denunciadas por el PAN y el excandidato independiente Javier Guerrero, sino también por lo apretado de la votación. La diferencia entre Riquelme y el panista Guillermo Anaya bajó a menos del 2% luego de que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) anuló 66 casillas en la sesión del 24 de octubre, donde confirmó al priista como gobernador electo.

El Artículo 41 de la Constitución general advierte: “La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos: a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto autorizado; b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previsto en la ley; c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

“Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada”.

Bajo ese criterio, no sólo Riquelme quedaría excluido del nuevo proceso, sino también Anaya, a quien la Unidad Técnica de Fiscalización del INE le detectó un gasto de 8.7% por encima del límite autorizado. Si el TEPJF anula las elecciones, el PRI y el PAN participarían con otros candidatos.
20 Noviembre 2017 04:08:00
Justicia en las urnas
La presidencia imperial priista era implacable con los gobernadores. Un error, un devaneo, un conflicto local e incluso hasta por “quítame allá esas pajas” bastaban para despedir al jefe político de cualquier entidad; excepto, claro, a los amigos. Acosado por la sombra del fraude electoral, Carlos Salinas defenestró a más de 15 por venganza o para legitimarse. En 2013, un juez de Nueva York condenó a 11 años de prisión a Mario Villanueva (Quintana Roo), uno de los gobernadores salinistas, por lavado de dinero; en México se le acusó también de narcotráfico. El 18 de enero fue repatriado e internado en un centro federal de rehabilitación psicosocial.

Vicente Fox y Felipe Calderón aflojaron las riendas, los gobernadores se les subieron a las barbas y empezó el caos. Fox prometió una pesca abundante de corruptos y al final entregó las redes vacías. Calderón le declaró la guerra al narco y los mandatarios locales aprovecharon no sólo para afianzar sus feudos, sino, en muchos casos, para pactar con los cárteles. Esa situación explica la escalada de violencia de la cual los gobernadores culparon a Calderón; el presidente les reprochó su falta de cooperación y compromiso para combatir a la delincuencia organizada.

En la Presidencia imperial los gobernadores tenían vedado aspirar a la silla del águila. Pero sin un autócrata en Los Pinos y frente a la negligencia de Fox y Calderón, las puertas se les abrieron de par en par. El ascenso de Peña Nieto a la Presidencia no se explica sin un pacto de colaboración política y financiera con los ejecutivos estatales; él mismo lo había sido de Estado de México. En consecuencia, no podía fijarles límites ni actuar como fiscal, sino como defensa.

Javier Duarte (Veracruz) y Roberto Borge (Quintana Roo), acusados de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero –a quienes Peña presumió en su campaña como los rostros del “nuevo PRI”– propiciaron su caída por su cinismo y por abusar del poder más allá de los acuerdos de la complicidad y la solidaridad partidistas. La presión ciudadana, los medios de comunicación y las redes sociales coadyuvaron para ponerlos entre rejas. La riqueza insultante de ellos y sus familias, sus negocios y excentricidades, frente a la pobreza, el endeudamiento y la quiebra de sus respectivos estados, causaron oleadas de indignación en todo el país.

Después de ignorar las denuncias por los excesos de Duarte y Borge, el Presidente ya no pudo hacer nada por ellos; tampoco por César Duarte (Chihuahua), prófugo desde el 28 de marzo. La detención del exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington en Florencia, Italia, el 9 de abril por delincuencia organizada y lavado de dinero, a pedido de Estados Unidos, encendió las alarmas en el Gobierno federal por el riesgo de que otros exmandatarios corruptos fueran reclamados por la justicia norteamericana.

Javier Duarte fue detenido el 15 de abril en Guatemala y Roberto Borge el 4 de junio en Panamá antes de abordar un vuelo hacia París. El primero ya se encuentra en una cárcel mexicana, y la deportación del segundo está en proceso.

El factor decisivo no fue la voluntad política del Presidente –si de la nomenclatura hubiera dependido, Borge y los Duarte estarían fuera del alcance de la ley, en algún cargo dentro del PRI o entre los futuros candidatos al Senado o a la Cámara de Diputados–, sino la alternancia en los gobiernos de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua. En los tres casos, la base para hacer justicia estuvo en las urnas, no en los tribunales.
17 Noviembre 2017 04:08:00
Visiones encontradas
La tensión y la incertidumbre por el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aumentan conforme se aproxima el 30 de noviembre, término del sexenio de Rubén Moreira. En ese ambiente, Miguel Riquelme se prepara para asumir el poder –un día después–, seguro de que el Tribunal revalidará su victoria. Por su parte, el Frente por un Coahuila Digno (FCD) presiona para evitarlo, lo cual sucederá sólo si la sala superior anula el proceso por el rebase en los topes de campaña del priista y otros agravios. El diario español El País publicó este jueves una entrevista de Luis Pablo Beauregard con los excandidatos Guillermo Anaya, Armando Guadiana, Javier Guerrero y José Ángel Pérez.

La demora del TEPJF ha desgastado a los agentes políticos e impacientado a la sociedad. Líderes partidistas y excandidatos se reúnen con los magistrados y acuden a los medios de comunicación para defender sus argumentos, los cuales se han vuelto redundantes. La lentitud del Tribunal da pábulo a todo tipo de especulaciones. “La Sala Superior resolverá a favor del PRI en la última semana de noviembre para evitar protestas sociales y de la oposición”, dicen unos. “El presidente Peña no soltará Coahuila”, afirman otros. “La elección se anulará para fortalecer y dar credibilidad a instituciones desacreditadas (INE y TEPJF) y certeza en los comicios presidenciales de 2018”, sostienen algunos. “El gobernador interino será nombrado desde Ciudad de México”, susurran quienes apuestan por la nulidad.

La elección de gobernador de 2005 también se decidió en el TEPJF. El PAN y el PRD impugnaron el cómputo estatal, la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría a Humberto Moreira (HM). Acción Nacional, cuyo candidato fue Jorge Zermeño, demandó anular los comicios por actos anticipados de campaña, rebase en los gastos de campaña, promoción de obra pública del gobierno de Enrique Martínez en la Comarca Lagunera, robo de boletas, participación de personas no autorizadas en la recepción de votos y trato inequitativo de los medios de comunicación, en particular de RCG, uno de los temas críticos para el PRI.

Los comicios fueron el 25 de septiembre de 2005 y el Tribunal confirmó el triunfo de HM el 23 de noviembre, una semana antes del cambio de Poder Ejecutivo. El TEPJF informó en un comunicado: “En virtud de que en los hechos no se demostró el exceso en el tope de gastos de campaña, la Sala Superior no acogió la pretensión del PAN. No obstante, se consideró que el Tribunal Electoral del Estado sí debió haber estudiado las alegaciones planteadas por el partido político”. Más adelante, advierte: (…) “demostrada la irregularidad cometida por la televisora (RCG), se determinó dar vista a la Secretaría de Gobernación, por ser el órgano competente para vigilar las transmisiones de radio y televisión (…) para los efectos legales correspondientes”. (…) En general, los integrantes de la Sala Superior coincidieron en la relevancia que están jugando los medios de comunicación en los procesos electorales”.

El caso no atrajo ni con mucho la atención captada en el proceso del 4 de junio de este año –el más competido en la historia de Coahuila– entre otras razones porque HM aventajó a Zermeño por 172 mil votos (19.7%) y Riquelme a Anaya por menos de 30 mil, pero aun así existió el temor de la nulidad por la influencia que el presidente Fox pudiera ejercer sobre los magistrados del TEPJF. Finalmente, la Sala Superior se decantó por Moreira.
15 Noviembre 2017 04:08:00
El mensaje de Otárola
A 16 días para el cambio de Gobierno, el PRI y el Frente por un Coahuila Digno (FCD) tienen puesta su atención en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyos magistrados recibieron a sus dirigentes el lunes pasado. Los primeros presentaron pruebas para “demostrar puntualmente” que el rebase del 9.2% en el tope de gastos de campaña de Miguel Riquelme “no tiene nada de nuevo”.

Los 84 videos de Facebook “ya fueron fiscalizados” y el Instituto Nacional Electoral (INE) “acreditó (el 17 de julio) que no tenía consecuencia jurídica alguna”, aseguró el líder del PRI Enrique Ochoa, según un comunicado de su partido.

El FCD pidió a los magistrados resolver las impugnaciones con imparcialidad y “sin ningún tipo de presión”. Los excandidatos Guillermo Anaya, Armando Guadiana, Javier Guerrero, José Ángel Pérez y Luis Horacio Salinas advierten que la elección para gobernador debe anularse, pues el último dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, aprobado el 30 de octubre, fijó en 9.2% el sobregasto en la campaña de Riquelme, lo cual es causal de anulación según el artículo 41 de la Constitución.

Guadiana duda de la imparcialidad del TEPJF, y anunció para este miércoles “una nota importantísima (en medios nacionales)” para convencer a los magistrados de que la elección debe anularse “porque no hay de otra sopa”.

Después de su reunión con los magistrados de la sala superior, en la cual lo acompañó el gobernador electo Miguel Riquelme, Ochoa dijo que el tema de los gastos de campaña es “cosa juzgada”; negó que la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso tenga conflicto de interés por haber tomado un curso cuando él dirigía el Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF, y que “Miguel Riquelme será (…) el próximo gobernador de Coahuila el primer día de diciembre”.

Riquelme, por su parte, rechazó que las impugnaciones vayan a restarle legitimidad a su gobierno. “Al contrario (…) una resolución del Tribunal es una gran legitimización”. En tal sentido, su mensaje no es para los excandidatos agrupados en el FDC, sino para los coahuilenses: “Acudimos ante el Tribunal para aportar los elementos necesarios de prueba de que no rebasamos el tope de gastos de campaña (…). Esperaré la resolución del Tribunal, tengo confianza en las autoridades electorales (…) y así lo he manifestado (…) sobre todo cuando terminó el proceso y cuanto con votos ganamos la elección en Coahuila”.

En este contexto, la presidenta del TEPJF, Janine Otárola Malassis, presentó ayer su primer informe, sin referirse al caso de Coahuila, pero sí a un reclamo nacional: “La sociedad requiere de árbitros administrativos creíbles y eficaces; también exige árbitros jurisdiccionales fuertes, independientes e imparciales y que velen por el estado de derecho”. Sin embargo, de alguna manera preparó el camino para la resolución del Tribunal, pues la revalidación del triunfo de Miguel Riquelme o la nulidad de las elecciones exacerbará los enconos sociales y políticos –“propios de toda democracia”–: “No buscamos el aplauso, ni huimos la crítica, nos sometemos siempre al escrutinio estricto y exigente de los actos políticos y de la ciudadanía”.

Para Otárola, según el comunicado del TEPJF, los 9 mil 375 asuntos que se presentaron en las elecciones de junio pasado en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, casi igual al número de impugnaciones registradas en los 22 procesos de 2016, “refleja la confianza que tienen los actores en la labor del Tribunal Electoral”.

Pero mientras el Tribunal Electoral no resuelva en definitiva las elecciones para gobernador, Coahuila, el PRI y el FCD estarán sobre en ascuas.
14 Noviembre 2017 04:06:00
Tribunal en la picota
La grisura del Tribunal Electoral del Estado (TEE) fue puesta de relieve en las redes sociales tras avalar el 24 de octubre –por votación de 2 a 1– la declaratoria de gobernador electo de Miguel Riquelme, en una sesión apresurada, la cual convocó en estrados, casi en sigilo, no obstante su relevancia. Mientras a escala nacional a Santiago Nieto se le tomaba como modelo de funcionario y víctima del poder político por su arbitraria destitución como fiscal para delitos electorales, el presidente del “tribunalito”, Valeriano Valdés, era calificado de “traidor” por el sentido de su voto junto con el de la magistrada Elena Treviño.

Antes de la sesión empezaron a circular imágenes de los dos magistrados y de Ramón Guridi –el único que votó por la anulación– con la leyenda: “Ellos quieren decidir el futuro de Coahuila”. En la parte inferior de una fotografía de la marcha del 6 de junio contra el “fraude electoral”, aparece una advertencia: “Pero somos nosotros los que decidimos”. En otro meme se presenta al presidente del tribunal local: “Soy Valeriano Valdés Cabello y vendí el futuro de Coahuila”.

La decisión del TEE –impugnada por el PAN y el candidato independiente Javier Guerrero ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación– exacerbó el enojo social. El gobernador Rubén Moreira declaró que “las resoluciones (…) electorales han sido las esperadas a favor de Riquelme y las que vienen (por parte de los magistrados federales) también lo serán”. Sin citarlos por sus nombres, Moreira retrató así a los líderes del Frente por un Coahuila Digno (FCD): “Está el mal empresario (Armando Guadiana), un júnior (Guillermo Anaya), un priista (Javier Guerrero) que se separa del partido y me va a pedir el aval para ser gobernador (…). También hay dos personajes raros, entre la comparsa y la comedia (Luis Horacio Salinas y José Ángel Pérez). (…) No son líderes sociales, son oportunistas (…). Por eso no han tenido eco”. (Milenio Laguna, 26.10.17)

Tras la resolución del TEE se difundió un mensaje con los símbolos de alerta y el trébol radioactivo: “¿Quiénes son los magistrados del Tribunal Electoral de Coahuila? Ramón Guridi votó a favor de anular la elección de Gobernador por violaciones graves a principios constitucionales. Valeriano Valdés Cabello. Hermana y cuñado del funcionario poseen una empresa que celebró contratos con Gobierno Federal entre 2012 y 2015. Grupo Strova, S.A, de C.V. ¡Votó en contra! (de la nulidad).

“Elena Treviño Ramírez. Hermana y cuñado de la funcionaria poseen empresa que celebró contratos con Gobierno Estatal entre 2010 y 2015. R.G. Ingeniería, construcciones y avalúos, S.A. de C.V. ¡Votó en contra! (de la anulación). ¿Tribunal Electoral autónomo? Gozarán de una pensión vitalicia por haber desempeñado 7 años de servicio en el Tribunal” (sic).

En algunas columnas políticas trató de descalificarse a Guridi –quien, acaso sin proponérselo, se convirtió en ese momento en el Santiago Nieto del TEE– por supuestos nexos con el PAN. La argumentación del magistrado sobre su voto por la nulidad llegará al TEPJF, donde se resolverá en definitiva si las elecciones para gobernador se revalidan, o bien Coahuila regresa a las urnas el año próximo para reponer el proceso –impugnado incluso más que el del Estado de México celebrado el mismo 4 de junio.

Por su parte, Guillermo Anaya, Armando Guadiana, Javier Guerrero, José Ángel Pérez y Luis Horacio Salinas, del (FCD), se reunieron este lunes con los siete magistrados del TEPJF “para insistir en la anulación de la elección a gobernador por todas las irregularidades”.
13 Noviembre 2017 04:06:00
Oleada antisistémica
La renuncia de Margarita Zavala al PAN es un reflejo de la crisis de los partidos, no sólo en América Latina, donde la democracia ha servido de coartada para perpetuar gobiernos autoritarios, represivos y corruptos e incluso para transmitir el poder entre esposos. Son los casos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela; Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua, y Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, el primero de los cuales devino en dictadura y quiebra económica e institucional.

El fenómeno es global y afecta a las democracias más antiguas y maduras como las de Estados Unidos y Reino Unido. Las ideologías han sido suplantadas por un pragmatismo ramplón, que en vez de solucionar problemas pospone su arreglo o, peor aún, los eterniza.

En Grecia, España, Estados Unidos, Francia y otros países, la sociedad –sobre todo, los jóvenes– se ha manifestado contra los partidos tradicionales a los cuales reprocha su quietismo, su falta de autocrítica, la corrupción de las cúpulas y su escasa representatividad.

El desprestigio de la política, la venalidad y la desesperanza social; la concentración de la riqueza y el deterioro del bienestar de las mayorías –jóvenes y pobres–, producto del neoliberalismo; la emigración y otros conflictos han despertado los nacionalismos con su carga de odio y prejuicios étnicos y religiosos, e instalado en el poder a líderes radicales y populistas como Alexis Tsipras, en Grecia, y Donald Trump, en Estados Unidos. En Francia, Marine Le Pen estuvo a un paso de ganar la Presidencia. La salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) y el separatismo de Cataluña responden a la misma lógica aislacionista.

El resurgimiento de líderes mesiánicos (Trump en Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador en México, Hugo Chávez en Venezuela…) y el ascenso de fuerzas políticas emergentes, propulsadas por movimientos sociales y juveniles, es otra de las consecuencias de la crisis de los partidos y de la oleada antisistémica que recorre el mundo. Fue el caso de los indignados en España y de la Primavera Árabe, la cual derrocó varias dictaduras. En México, el efecto de los sismos del 7 y el 19 de septiembre, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, la corrupción e impunidad en las altas esferas del poder y otros escándalos, se verá en las elecciones presidenciales del año próximo.

El Partido Popular (PP) y el Socialista Obrero Español (PSOE), únicos que hasta hoy se han alternado el poder, fueron severamente castigados en 2015, pues sólo captaron el 28 y el 22% de los votos, respectivamente. Podemos (13.9) y Ciudadanos (12.6) reconformaron las Cortes Generales y pusieron contra la pared al presidente Mariano Rajoy, cuya investidura fue posible hasta la celebración de nuevas elecciones (el año pasado) y una serie de acuerdos con Ciudadanos para atacar la corrupción e impulsar la regeneración de España.

En Francia, el bipartidismo de los republicanos y los socialistas fue derrotado por ¡En Marcha!, de nueva creación, cuyo fundador Emmanuel Macron (39 años) ganó la Presidencia. El segundo lugar lo obtuvo Marine Le Pen, de la misma línea de Trump. El repudio hacia los partidos anquilosados y corruptos es abrumador y se refleja en todo el mundo. En México, sin distinguirse mucho del PRI, el PAN y el PRD, Morena y López Obrador catalizan el enojo ciudadano contra una clase política cínica y venal.
11 Noviembre 2017 04:07:00
A paso de tortuga
La elección para gobernador no sólo resultó ser la más competida, sino también la más tensa y de mayor desgaste para partidos, candidatos y ciudadanos debido a los vicios del sistema electoral (estatal y federal), a su falta de independencia del Gobierno y de los partidos y a la demora de las autoridades para resolver las controversias. El 4 de noviembre se cumplieron 5 meses de los comicios y aún se desconoce si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmará al priista Miguel Riquelme como gobernador electo o anula el proceso y ordena convocar elecciones extraordinarias.

En ese escenario, los excandidatos Guillermo Anaya, Armando Guadiana, Javier Guerrero, José Ángel Pérez y Luis Horacio Salinas, del Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC), forzaron al Tribunal Estatal Electoral (TEE) a sesionar el 24 de octubre para resolver las impugnaciones, lo cual había pospuesto indefinidamente. La dilación reducía el margen del TEPJF para dictar sentencia.

La sesión del TEE duró menos de 3 horas, poco tiempo si se considera el número de impugnaciones (40 contra el cómputo de votos) y agravios (15, relacionados con el exceso de gastos en la campaña del PRI, el traslado irregular de paquetes electorales y la intromisión del Gobierno), los cuales fueron acumulados en dos ponencias. Los magistrados declararon válida la elección por dos votos contra uno y, por consecuencia, la victoria de Riquelme.

El magistrado Ramón Guridi apoyó la anulación “por violaciones a principios constitucionales” y otros argumentos útiles para la resolución del TEPJF. “Ningún actor político –dijo– merece tener un proceso electoral tan desaseado”. El presidente del tribunal local, Valeriano Valdés, y la consejera Elena Treviño incurrieron en vaguedades. “De que hubo irregularidades las hubo, pero no lo suficientemente graves”, dijo el primero. Para la segunda, los agravios denunciados por las oposiciones fueron simplemente inexistentes.

Anaya, Guerrero y Guadiana impugnaron la resolución ante el TEPJF y continuaron sus protestas para demandar la nulidad de los comicios. El 28 de octubre, junto con Pérez y Salinas, encabezaron una manifestación en Torreón, donde el PAN ganó la alcaldía después de ocho años de administraciones priistas dirigidas por Eduardo Olmos y Riquelme. La metrópoli lagunera cobró viejos agravios, pues el PRI también perdió los cuatro distritos.

En su columna “Archivo adjunto” Luis F. Salazar Woolfolk refleja el ánimo de algunos sectores del estado: “…a los coahuilenses nos corresponde seguir en pie de lucha para revertir la resolución adversa dictada por el Tribunal Electoral del Estado, (…) lograr la anulación de los comicios de gobernador ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y celebrar nuevas elecciones que nos permitan la alternancia y superar los tiempos del odioso moreirato” (El Siglo de Torreón, 25-10.17).

Rubén Moreira se declaró gobernador lagunero y convirtió a Torreón en sede alterna para eclipsar a los alcaldes de Saltillo Jericó Abramo (PRI) e Isidro López (PAN) y preparar su relevo. También compró casa en Viesca, pero aun así no conquistó La Laguna, y el 4 de junio se lo demostró en las urnas. El 30 de octubre, el INE dictaminó un rebase extra de 9.2% en los gastos de Riquelme y revivió el fantasma de la anulación. El excandidato del PAN Guillermo Anaya rebasó el tope en 8.7%. La atención está ahora en el TEPJF.
10 Noviembre 2017 04:08:00
Elecciones en vilo
En un clima de descomposición política y crispación social, empeorado por el manotazo autoritario para despedir al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto; el caso Odebrecht, que involucra al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en una red internacional de sobornos a partidos y gobiernos, y otros escándalos, en los próximos días se conocerá la sentencia definitiva sobre las elecciones para gobernador de Coahuila después de una prolongada espera.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolverá antes del 30 de noviembre –víspera del relevo en el Poder Ejecutivo– si confirma el resultado de la elección más controvertida en la historia del estado o lo anula por las impugnaciones del PAN y otras fuerzas de oposición, luego de que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) ratificó el triunfo del priista Miguel Riquelme el 24 de octubre.

El PRI ganó por un margen de 2.3%, el menor desde su creación hace 88 años. En caso de que el TEPJF ratifique la sentencia de los magistrados locales, Riquelme encabezará el primer Gobierno dividido, pues las oposiciones serán mayoría en el próximo Congreso. Pero si la sala superior vota por la anulación, la Legislatura en funciones nombrará un gobernador interino y en un lapso de 90 días se convocará a nuevas elecciones. Sería el primer precedente en un estado gobernado por el PRI desde 1929, periodo durante el cual sólo tres mandatarios han dejado inconcluso su ejercicio (dos por renuncia y uno por suicidio).

La controversia entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el TEPJF se centró en el rebase de los gastos de campaña de Riquelme, a pesar de existir violaciones y agravios más relevantes, denunciados por los excandidatos de oposición agrupados en el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC). Exceder en 5% o más el monto autorizado (en Coahuila es de 19.2 millones de pesos) es causal de nulidad de elecciones federales y locales, y determinante “cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%”, advierte el Artículo 41 de la Constitución. Después de la anulación de 67 casillas, ordenada por el TEE, Riquelme aventajó a Anaya por 18 mil 760 votos, equivalentes a menos del 2%. En caso de nulidad –dice la norma– “se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada”.

El INE dictaminó el 3 de octubre que Riquelme había rebasado en 10.5% el límite de gasto. Dos días después, el TEPJF ordenó al INE descontarle al priista erogaciones por 1.7 millones de pesos, lo cual redujo a 1.6% el sobregasto y cerró por lo pronto la posibilidad de anular su triunfo. La advertencia de la sala superior, en el sentido de que “la decisión no prejuzga sobre la validez de la elección” y de que “aún faltan por resolverse diversas etapas relativas a la calificación”, no satisfizo al INE.

Revocar el dictamen “abre el riesgo de que esta práctica incorrecta quede legitimada porque se podrá dispersar el gasto y sólo habrá una sanción”, reprochó Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE. Para la consejera electoral Pamela San Martín, “eso que nos resolvió el Tribunal, va más allá del caso concreto; es una tragedia porque estamos permitiendo que los partidos decidan pulverizar gastos” (Reforma, 21.10.17).
08 Noviembre 2017 04:07:00
El informe y la tormenta
El gobierno de Rubén Moreira ya había activado los flaps para un aterrizaje suave con la seguridad –fingida o no– de que el timón lo tomaría Miguel Riquelme, cuando de pronto lo sorprendió una turbonada, fenómeno que a menor altura resulta más peligroso. En el peor momento, pues el TEPJF está por resolver si revalida las elecciones para Gobernador o las anula, en un clima nacional de crispación y en medio de múltiples presiones. El chubasco lo ocasionaron:

1. El estudio Control sobre todo el Estado de Coahuila: Un análisis de testimonios en juicios en contra de miembros de los Zetas en San Antonio, Austin y Del Río, de la Universidad de Texas, sobre los presuntos nexos del cártel con los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira, consistentes en el pago de sobornos para operar con entera libertad. Las declaraciones son de testigos que participaron en juicios federales en los cuatro últimos años.

La investigación trata de temas, hechos y denuncias sobre asesinatos en masa y violaciones a los derechos humanos, ocultos hasta que la prensa internacional destapó la cloaca, como las masacres en Allende y en el Cereso de Piedras Negras, donde se disolvían cadáveres. Incluso se advierte que la fuga de más de 100 reclusos, el 17 de septiembre de 2012 –primer año de la actual Administración– no fue tal, sino en método forzoso de reclutamiento para el grupo criminal; y

2. La revelación del periodista Luis Carlos Plata, en redes sociales, de que la responsable del proyecto de resolución sobre las controvertidas elecciones para Gobernador de Coahuila, Mónica Aralí Soto Fragoso, obtuvo un diplomado virtual en derecho electoral y la especialidad en justicia electoral no escolarizada cuando el actual presidente del PRI, Enrique Ochoa, dirigía el Centro de Capacitación Judicial Electoral en el TEPJF. El caso puede constituir un conflicto de interés. Según Reforma, el ascenso de Soto a la sala superior del TEPJF fue apadrinada por Emilio Gamboa, coordinador de la bancada del PRI en el Senado.

Ochoa asistió el lunes pasado al sexto y último informe del gobernador Rubén Moreira y después viajó con el gobernador electo Miguel Riquelme a la Ciudad de México.

Entrevistado en Torreón, el gobernador Rubén Moreira deploró la falta de objetividad de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, por no haber “buscado las versiones del Gobierno del Estado. Me han dicho quienes leyeron el documento que tiene una infinidad de inexactitudes”. Aventuró dos hipótesis: “Una, que fueron engañados; otra es que nunca hicieron un trabajo académico”.

Moreira, quien en su informe declaró que los capos asentados en Coahuila “están muertos o en la cárcel”, reprochó, “nunca hubo una posibilidad de aclarar nada, ni siquiera la Universidad de Texas nos cuestionó en ninguno de los temas. (…) Mi Administración jamás ha tenido un vínculo con la delincuencia y prueba de eso es cómo hemos disminuido la violencia”.

Los excandidatos al Gobierno agrupados en el Frente por la Dignidad de Coahuila aprovecharon el informe de la Universidad de Texas para exhortar al presidente Peña Nieto y a la PGR a investigar “exhaustivamente a los hermanos Moreira por sus vínculos con el crimen organizado”.

Guillermo Anaya, Armando Guadiana, José Ángel Pérez y Luis Horacio Salinas aluden en un comunicado el “discurso amenazante” de Rubén Moreira y Miguel Riquelme según el cual “si había alternancia se perdería la paz (…) la descarada defensa del fraude electoral refuerza la teoría del vínculo de los Moreira con la delincuencia organizada, por lo que deben ser investigados ejemplarmente y sancionados”.
07 Noviembre 2017 04:00:00
Grabado sobre piedra
El rito se cumplió: Rubén Moreira presentó este lunes su último mensaje ante el Congreso, con ocasión de su Sexto Informe. Se declaró “inminente” exgobernador, pues su periodo concluirá el 30 de noviembre, y dio la bienvenida a Miguel Riquelme: “le espera la honrosa tarea de gobernar este gran estado”. Sin embargo, para que el priista asuma el cargo el próximo 1 de diciembre, debe ser confirmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El secretario de Salud, José Narro Robles, representó al presidente Peña Nieto. A la ceremonia asistieron también el líder del PRI, Enrique Ochoa, y los exgobernadores Eliseo Mendoza y Rogelio Montemayor, a quien se promueve para candidato a senador. Moreira entregó su informe el miércoles ante el Congreso, por lo cual su mensaje fue más político que de cifras. Destacó los avances en seguridad, empleo y educación. Temas sensibles como la deuda por más de 37 mil millones de pesos fueron excluidos para no alterar el ambiente de fiesta y despedida.

El diputado Jesús de León, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, confió en que este será “el fin del periodo más negro, más dañino de nuestra historia: la docena trágica del ‘moreirato’. (…) estamos a 24 días de que los Moreira ya no harán más daño, porque ya se van”. Tras el posicionamiento, los cuatro diputados de Acción Nacional abandonaron el recinto para no estar presentes “cuando (el gobernador) venga a este acto de simulación”.

El priista José María Fraustro, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, ponderó: “Rubén Moreira ha sido un gobernador que, desde el primer día de su gestión, con la más alta vocación de servicio, ha sabido identificar las necesidades y problemáticas de la sociedad coahuilenses, y con una sólida planeación ha trabajado incansablemente para modificar esa realidad que hoy le da a Coahuila un nuevo rostro. (…) Gracias a un Gobernador valiente que cumplió con la palabra empeñada (…) es que Coahuila recuperó la paz y la tranquilidad”.

En un mensaje previo desde el Salón de Gobernadores, en la sede del Poder Ejecutivo, donde estuvo acompañado de su Gabinete, Moreira dijo que Coahuila logró en 6 años “un cambio radical, el cual muchos dudaban que se podía conseguir”. Advirtió que “la violencia disminuye si se construye en la sociedad las oportunidades de educación, empleo, crecimiento y desarrollo (…) y si la autoridad toma las decisiones más convenientes aun cuando no sean las más populares”.

Ya en el Congreso, el Mandatario presumió las joyas de su sexenio: los homicidios disminuyeron en 82% y se generaron 162 mil empleos. Según las mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) –apuntó– “la pobreza disminuyó” y en Coahuila “no hay municipios de alta o muy alta marginación”.

En una especie de contrainforme, el excandidato del PAN al gobierno, Guillermo Anaya, cuestionó el triunfalismo de la Administración, “caracterizada por el nepotismo, la megadeuda, la pobreza, la inseguridad, los fraudes electorales y las empresas fantasma (…) En materia de seguridad (…) su discurso está muy alejado de la realidad (…) durante los primeros 4 meses del 2017 se cometieron 20% más de robos y homicidios”.

Cumplido el ritual y en el ocaso del sexenio, lo que sigue es el dictamen ciudadano, el cual se empezó a formar el 1 de diciembre de 2011 y se expresó en las urnas el pasado 4 de junio. Los informes de Gobierno son efímeros; el juicio de la historia se graba sobre piedra.
06 Noviembre 2017 04:00:00
Déficit democrático
La alternancia en la Presidencia y en la mayoría de los gobiernos estatales y municipales devino en decepción, pues en pocos años demostró no ser la solución a los problemas seculares del país, en particular los relacionados con la pobreza, la injusticia, la inseguridad, la corrupción, la impunidad y la democracia. Las crisis se han profundizado y salido de control por la falta de aplicación e incapacidad de las autoridades, y en otros casos con su anuencia y colusión, y un sistema judicial igualmente inoperante. Jaime Rodríguez, “El Bronco”, primer gobernador independiente, resultó también un fiasco.

El fracaso de la alternancia ha servido de excusa a partidos y políticos cínicos e inescrupulosos para sugerir que el problema no son ellos, sino el cambio de siglas en los gobiernos. El mensaje de su grosera e insultante propuesta a la ciudadanía es obvio: dejar las cosas en su estado actual, no incurrir en el error de votar por los otros, pues con ello permitirían el regreso de la violencia a sus calles, como si la escalada de inseguridad, el endeudamiento criminal y la quiebra del país no se debiera, justamente, a la permanencia de un partido en el poder por más de 70 años. En Estado de México, Coahuila, Colima e Hidalgo el ciclo del PRI no ha terminado.

La experiencia demuestra que por fallida e imperfecta que sea, la alternancia es preferible al monopolio del poder. Su ausencia en el país, los estados y los municipios creó las condiciones para la descomposición institucional, el envilecimiento de la política y la concentración de ingentes riquezas en manos de políticos venales, de sus familiares, socios y prestanombres. Que algunos de esos delincuentes estén presos y otros lo sean cuando dejen el poder no es sinónimo de justicia, sino de burla y descaro en un país convertido en club de millonarios instantáneos y fábrica de pobres.

Coahuila estuvo a un paso de la alternancia –Baja California fue el primer estado del país en conseguirla, en 1989– después de 88 años de administraciones priistas. Ciudadanos libres de todas las regiones la deseaban y legiones de ellos votaron para volverla realidad, como se observó el 4 de junio, tras 12 años de gobierno de los hermanos Humberto y Rubén Moreira. Con todo en contra para ganar las elecciones y una desaprobación creciente por la deuda, la invasión del crimen organizado, las matanzas, las violaciones a los derechos humanos y un divorcio con la sociedad, las iglesias y otros sectores, el sistema bloqueó el cambio por todos los medios a su alcance: programas sociales, compra de votos, fuerza pública…

Pero además las oposiciones no estuvieron a la altura de las circunstancias; al dividirse, confundieron a los electores, partieron el voto y echaron por la borda la oportunidad histórica de formar el primer gobierno estatal de coalición. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede abrir de nuevo esa posibilidad si anula las elecciones y ordena convocar a extraordinarias. De lo contrario, el PRI gobernará seis años más un estado maltrecho, indignado y con graves problemas financieros, sociales, de inseguridad, impunidad y falta de confianza en las instituciones.

El error de quienes tardíamente integraron el Frente por la Dignidad de Coahuila fue celebrar por adelantado un triunfo que aún no conseguían, atenidos al anhelo general de alternancia y al descrédito de la marca Moreira. Fracasaron. La coalición debió haber sido antes de las elecciones, no en los tribunales donde la justicia depende de la voluntad de un presidente en funciones de jefe de partido.
04 Noviembre 2017 04:01:00
La otra España
En la nueva edición del bisemanario Espacio 4, el periodista Gerardo Moyano presenta la visión de una joven catalana sobre el movimiento que amenaza dividir a España:

“‘Nunca había ido a votar en un referéndum de independencia, pero estoy enfadada, esto no puedo puede seguir así’”, dice Núria Nicolás López, una joven que hasta hace poco se oponía a la separación de Cataluña de España. Como ella, muchos otros catalanes decidieron acudir a las urnas, el 1 de octubre, debido a que desde hace un tiempo se sienten discriminados en su propio país. ‘Ya no puedo hablar ni mi propio idioma sin que me miren mal’, agrega.

“Las amenazas y la movilización del Gobierno español para impedir las votaciones hicieron el resto. Más de 2.2 millones de catalanes (43% del padrón) acudieron a sufragar, en medio de forcejeos con fuerzas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, las cuales tenían la orden de requisar urnas. No obstante, el resultado fue contundente: 90.2% dio el ‘Sí’ a la separación.

“‘¿Tanquetas, helicópteros? ¿Policías golpeando a gente mayor? ¿De qué se trata? ¿Por qué nadie habla del fascismo que ha desatado todo esto?’, se lamentaba Núria, mientras llevaba algo de comer a su madre Rosa, quien se mantuvo apostada en un centro de votación hasta que las urnas salieron resguardadas por civiles y ante la mirada cómplice de los Mossos d’Esquadra, la Policía catalana, cuyo director enfrenta hoy un proceso legal por haber desacatado las órdenes del Gobierno nacional.

“Diez días después de la votación, el presidente de la Generalitat de Cataluña (el Gobierno de la comunidad autónoma), Carles Puigdemont, declaró la independencia, pero en calidad de ‘suspendida’, para ‘desacelerar la tensión’ y propiciar el diálogo. Una salida similar a la que escogió Eslovenia, cuando buscaba separarse de la entonces Yugoslavia, en 1991. La noticia no cayó bien entre quienes se animaron a salir a votar. ‘Esto es una broma’, decían.

“Pero el diálogo no llegó y el Parlamento catalán pegó el estirón que terminó por romper la cuerda con el Gobierno del presidente Mariano Rajoy: el 27 de octubre, en secreto y con ausencia de los partidos de oposición, aprobó una resolución que declara la independencia de Cataluña y otra que llama a redactar la Constitución del nuevo Estado.

“La respuesta del Gobierno nacional no se hizo esperar. Investido de ‘poderes especiales’ por el Senado (el Artículo 155 de la Constitución española autoriza a intervenir una comunidad autónoma que no cumpla con sus deberes constitucionales), Rajoy despidió a los gobernantes catalanes, disolvió su Parlamento y convocó a elecciones regionales (autonómicas) para el 21 de diciembre.

“Por su parte, el 30 de octubre, la Fiscalía General española anunció que presentará cargos de rebelión (penado con hasta 35 años de prisión), sedición y malversación contra los gobernantes independentistas. El mismo día, Puigdemont y otros cuatro miembros de su Gobierno se trasladaron a Bélgica, donde buscarían asilo político.

“Por lo pronto, mientras la declaración provoca marchas masivas en Barcelona a favor y en contra de la independencia, la comunidad internacional ha optado por no reconocer al nuevo Estado.

“Estados Unidos, los países de la Unión Europea, así como las naciones árabes y latinoamericanas han rechazado la separación. En cambio, Naciones Unidas (NU) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) han llamado a ambas partes a resolver lo que consideran un ‘conflicto interno’. Sólo la república separatista de Abjasia (que sólo es reconocida por Rusia, Nicaragua, Venezuela y Nauru) y Osetia del Sur –ambas separadas de Georgia– se pronunciaron a favor de reconocer a los catalanes”.
03 Noviembre 2017 04:05:00
Topes de campaña
Hace unos días, nuestros amigos Víctor Hugo Hernández y su esposa Graciela Jaime nos invitaron a mi esposa Chilo y a mí a un restaurante de Torreón (La Bikina), cuyo concepto es el de las cantinas de la Ciudad de México, donde se come bien y el ambiente resulta placentero; por la noche, nos dicen nuestros anfitriones, los jóvenes lo convierten en fiesta. Lo primero que hice al entrar fue pedirle a mi mujer retratarme junto a un cuadro de don Porfirio, vestido con sombrero y uniforme militar de gala cuajado de cruces, medallas y otras condecoraciones como héroe de innumerables batallas. El general Díaz fue un patriota y uno de los mejores presidentes de México para su época; lo mismo que otro Díaz (don Gustavo). Hoy, en un país “democrático” y “civilizado”, se cometen peores atrocidades; en cualquier tiempo, inexcusables.

El momento me hizo recordar la telenovela histórica El Vuelo del Águila (1994-1995), escrita por Fausto Zerón Medina y producida por Ernesto Alonso y Carlos Montemayor (Wikipedia). Uno de los diálogos humorísticos ocurre cuando Díaz, en calidad de secretario de Fomento, Colonización e Industria, visita a Manuel González, quien cubrió la Presidencia entre 1880 y 1884, y le dice que no buscaría la reelección. Instintivamente, González abre un cajón de su escritorio y empieza hurgar. “¿Qué busca, compadre?”. “Al tonto que se lo crea”. En efecto, don Porfirio sucedió a González y gobernó hasta 1911.

Coahuila ha estado en el ojo del huracán en los últimos años por la megadeuda impune, la violencia por la guerra de los cárteles de la droga (hoy no al extremo del periodo 2010-2012, pero tampoco inexistente), las masacres, las desapariciones forzadas, las empresas fantasma, las inversiones ilegales del Tribunal Superior de Justicia en Ficrea, las cuales significaron un quebranto por más de 100 millones de pesos, la epidemia de suicidios (extendida a los niños), los feminicidios y otros temas. El conflicto más reciente son las elecciones para gobernador del 4 de junio. Estado de México libró el suyo sin problemas, acaso por ser prioridad del presidente Peña Nieto; Coahuila no lo es, según se vio desde un principio.

La discusión gira en torno a si el resultado se revalida o anula. En el segundo escenario, por el rebase de más de 9% en los gastos de campaña del priista Miguel Riquelme, quien cuenta con el apoyo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuando en los comicios se cometieron faltas más graves. El excandidato del PAN, Guillermo Anaya, también podría ser inhabilitado para una eventual segunda vuelta, por exceder el límite legal en más de 8 por ciento. Lo que menos le conviene al PRI sería enfrentar a Anaya en una elección extraordinaria. El criterio sería: en caso de eliminar a Riquelme, que igual excluyan a Anaya de los nuevos comicios.

Si al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los coahuilenses atentos al proceso les preguntan qué buscan en los gastos de los aspirantes al Gobierno del Estado postulados por los principales partidos, su respuesta sería la misma que el presidente González le dio a don Porfirio. El tope de 19.2 millones de pesos es deliberadamente bajo. Equivale a 320 mil pesos por cada uno de los 60 días de campaña. El propósito era adelantar varios años al ungido por el poder, darle el máximo de exposición, y limitarle los recursos a los candidatos de oposición para que jamás pudieran alcanzarlo. Al final, la historia fue otra y hoy la elección está en riesgo de ser anulada.
01 Noviembre 2017 04:07:00
Frente contra AMLO
En busca del estadista que México no ha tenido en mucho tiempo –el último fue Ernesto Zedillo por afrontar con éxito una de las peores crisis económicas y posibilitar la alternancia en Los Pinos con la reforma política de 1996–, se recurre a las fantasías. José Narro Robles es comparado con Bernie Sanders (siete años mayor), exaspirante a la presidencia de Estados Unidos; Ricardo Anaya con Maurice Macron, presidente de Francia; y Andrés Manuel López Obrador con Luis Inácio Lula da Silva, exmandatario de Brasil, por sus seguidores y con Nicolás Maduro, el sátrapa de Venezuela, por sus detractores.

Narro, coahuilense y exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue incluido en la baraja de presidenciables del PRI; no haber ocupado cargos de elección popular dejó de ser obstáculo. Sanders, senador por Vermont, se afilió al Partido Demócrata hace dos años en busca de la postulación para las elecciones de 2017, pero la mayor parte de su trayectoria la desarrolló en calidad de independiente. El secretario de Salud no tiene la talla de Sanders.

Ricardo Anaya, un año menor que el presidente de Francia, de 39, posee cualidades de estratega, pero tampoco lo iguala. Macron capitalizó la crisis económica y el descontento ciudadano contra los partidos tradicionales (republicanos y socialistas) para fundar el movimiento “En Marcha” en 2016. En mayo ganó la Presidencia a la candidata del extremista Frente Nacional Marine Le Pen –el equivalente a Trump– en segunda vuelta. Anaya representa a la partitocracia, pero haber reunido al PAN, al PRD y al MC en el Frente Ciudadano por México (FCM) fue algo con lo que el PRI, el presidente Peña y Morena no contaban.

Luego del registro del FCM ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Reforma (13.09.17) publicó una encuesta según la cual el 52% de los entrevistados dijo saber de la existencia de esa coalición. En el primero de tres escenarios posibles, el 54% prefiere que gobierne el FCM a partir del año próximo; el 19% opta por el PRI y 17% por ninguno. El segundo favorece a López Obrador (44%) por encima del PRI, y ninguno (24%) en cada caso; y el tercero, también: AMLO (40%) solo tres puntos porcentuales arriba del Frente PAN-PRD-MC.

A la pregunta de “¿qué alianza tiene más posibilidades de ganar la elección presidencial?”, el 31% se inclinó por la de Morena y el Partido del Trabajo; el 28%, por la del PRI-Verde-Nueva Alianza; y el 24%, por la del PAN, PRD y MC. La diferencia de tres y cuatro puntos porcentuales entre el primero, el segundo y el tercer lugar prefigura unas elecciones altamente competidas. Asimismo, destaca la oportunidad de Anaya –quien busca ser el candidato del FCM– y los líderes del PRD, Alejandra Barrales, y de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, para integrar una fuerza capaz de frenar a López Obrador e impedir que el PRI gobierne otros seis años.

AMLO es el favorito, pero después de plantar cara al grupo del expresidente Felipe Calderón, quien falló en su intento de imponer a su esposa Margarita Zavala, ahora en busca de ser candidata por la vía independiente, Anaya se convirtió en uno de los principales aspirantes a la silla del águila. Y entre la población en general, por raro que parezca, el favorito para representar al PRI en la carrera presidencial es el secretario de Salud, José Narro Robles, seguido por el titular de Hacienda, José Antonio Meade (SDP Noticias, 10.09.17). Sin embargo, el coahuilense no es lo que aparenta.
31 Octubre 2017 04:05:00
INE: nuevo rebase
El culebrón poselectoral en Coahuila parece no tener fin. El Instituto Nacional Electoral (INE) dictamina primero que Miguel Riquelme rebasó en más de 10% el límite de gastos de campaña y con ello abre un resquicio para la realización de comicios extraordinarios. Los excandidatos derrotados, agrupados ahora en el Frente por la Dignidad de Coahuila, celebran. Luego, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), único que puede anular el proceso, ordena al INE bajar el sobregasto a 1.6%, y el PRI echa las campanas al vuelo.

Anoche el caso volvió a dar otro giro cuando el consejo general del INE, por votación de seis contra cinco, aprobó un nuevo rebase de Riquelme, esta vez del 9.2%, al sumar un millón 461 mil 600 pesos por la producción de 84 videos difundidos en redes sociales, los cuales no fueron reportados a la autoridad electoral. La erogación de 362 mil 294 pesos por la publicación de desplegados contra el entonces candidato del PAN, Guillermo Anaya, por expresiones misóginas contra lideresas del PRI, contenido en el dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización presentado el viernes pasado, fue eliminado.

La discusión del tema resultó la más acalorada. El PRI argumentó que “el desplegado –en respuesta a la declaración de Anaya en el sentido de que a las lideresas del PRI ‘les van a dar puro chile’– no es una propaganda electoral, es una reacción a una actitud en concreto”. La decisión de eliminar ese gasto fue aprobada por la mayoría de los consejeros.

El dictamen elevó a 21 millones 14 mil 700 pesos el gasto general de Riquelme, cuya constancia de gobernador electo fue ratificada por el Tribunal Estatal Electoral el 24 de octubre por votación dividida de 2 a 1. Antes de la sesión, el PRI informó que impugnaría el dictamen del consejo general en caso de ser aprobado, como finalmente sucedió. Si el TEPJF le vuelve a corregir la plana al INE y el rebase se reduce a menos del 5%, Riquelme libraría una vez más el riesgo de la anulación.

Pero si esta vez prevalecen los criterios de fiscalización del INE –cuestionados por Claudia Pastor y Jorge Herrera, representantes del PRI y del Partido Verde en el consejo del INE, así como por los consejeros Marco Baños, Enrique Andrade y Adriana Favela–, habría causales para anular los comicios. Esa decisión corresponde sólo a la sala superior del TEPJF, que en 21 años de existencia sólo ha invalidado una elección para gobernador en Tabasco y dos en Colima, aunque el PRI volvió a ganar las tres extraordinarias. Ciro Murayama y Pamela San Martín, quien preside la Comisión para los Procesos Electorales Locales de 2017, son los consejeros más persistentes en el rebase de los gastos de campaña de Riquelme. El PRI ha criticado su actuación.

En previsión de un nuevo revés en el TEPJF, el excandidato de la Alianza Ciudadana por Coahuila, Guillermo Anaya, dice en un comunicado que el Tribunal “no puede volver a beneficiar al PRI Coahuila, ya que este dictamen fue estructurado por la Comisión de Fiscalización del INE (…) con los criterios del mismo Tribunal Federal, por lo que simplemente queda aplicar el Artículo 41 constitucional”.

Sobre la resolución del INE, el presidente de la Fundación Colosio, David Aguillón, dice que “el Trife, que sí vela por las acciones jurídicas, (…) quitará nuevamente el rebase artificial en el que insisten los panistas respaldados por algunos de sus consejeros electorales afines. (…) Miguel Riquelme ganó en las urnas (…) y a partir del 1 de diciembre (será) nuestro gobernador en funciones”.

La elección sigue en suspenso.
30 Octubre 2017 04:00:00
El pacto y la ruptura
Si el Pacto por México unió al PRI, al PAN y al PRD para aprobar las reformas del presidente Peña Nieto, el Frente Ciudadano por México (FCM), compuesto por las dos últimas fuerzas y por Movimiento Ciudadano, representa la ruptura y el reconocimiento de que ningún partido puede ya ganar la Presidencia por sí solo. Para “cambiar el régimen que tanto daño le ha hecho al país”, el FCM necesita derrotar al PRI y a Andrés Manuel López Obrador, el aspirante con mayor intención de voto, en las elecciones del 1 de julio entrante.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el registro de la coalición el 29 de septiembre con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, lo cual comprende las dos próximas elecciones presidenciales. El PRI impugnó la formación del FCM por un presunto “fraude a la ley”, pues “al modificarse unilateralmente la forma de financiamiento del Frente por parte del representante del PAN, el convenio de constitución, y por tanto su registro, se encuentran viciados por falta de consentimiento de los órganos competentes de cada partido”.

El FCM representó un golpe inesperado para el PRI y para Morena, cuyos líderes, Enrique Ochoa y López Obrador, respondieron con descalificaciones al presidente del PAN, Ricardo Anaya, quien, tras la renuncia de Margarita Zavala, afianzó sus aspiraciones. La campaña del Gobierno federal a través de su partido y de algunos medios de comunicación e incluso las críticas de un grupo de senadores panistas afines a Zavala y a Felipe Calderón fortalecieron a Anaya.

En procesos donde los márgenes de victoria se estrechan cada vez más y el voto se divide en tres fuerzas, como ha ocurrido en las últimas elecciones, las alianzas representan la diferencia entre el triunfo y la derrota. El PRI podría repetir su coalición con el Partido Verde en 2018 y ampliarla a Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES). Morena irá con el Partido del Trabajo, y el PAN con el PRD y Movimiento Ciudadano (FCM), que en las presidenciales de 2012 apoyó a López Obrador.

El PARM, el PPS y el Partido Cardenista formaron la primera coalición opositora en 1988 –como Frente Democrático Nacional, FDN, antecedente del PRD– para enfrentar al candidato del PRI, Carlos Salinas, quien ganó a Cuauhtémoc Cárdenas y a Manuel Clouthier (PAN) en unas elecciones fraudulentas. En 1994 ninguno de los principales partidos se alió con otras organizaciones, pero en 2000 Acción Nacional lo hizo con el Verde y ganó la Presidencia para lograr la primera alternancia. El PRI participó solo, y el PRD se coaligó con el PT, Convergencia, PAS y PSN, los dos últimos de los cuales ya no existen.

En las presidenciales de 2006, el PAN compitió sin la compañía de otro partido; el PRI lo hizo con el Verde, y el PRD con el PT y Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano). Felipe Calderón ganó a López Obrador por una diferencia de apenas 0.62% entre acusaciones de fraude; fue el fin del Instituto Federal Electoral (IFE) y su reemplazo por el INE. En 2012 se repitieron las coaliciones de la elección previa y la participación solitaria del PAN. El PRI recuperó el poder con el apoyo del Verde. Hoy la tercera alternancia apunta hacia Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el FCM podría cambiar el curso de la historia, pues Peña Nieto ya no cuenta con el PAN, que en 2012 le ayudó a ganar la Presidencia. El país necesita una transformación verdadera.
28 Octubre 2017 04:07:00
Otra cara del país
Las buenas noticias provienen casi siempre de la sociedad civil, no de los gobiernos ni de los partidos, los cuales son fuente de corrupción e impunidad y causantes del enfado ciudadano. El bisemanario Espacio 4 presenta en su nueva edición tres ejemplos:

I

La saltillense Diana Laura Núñez Malacara ha dejado en claro que su valentía no se limita a la cancha donde juega frontón y que la ha convertido en campeona mundial. Después de sufrir hostigamiento y amenazas desde inicio de año por parte de un acosador que se hace llamar Julio Domínguez, Núñez decidió hacerle frente y levantar la voz públicamente para demostrarle que no le tiene ningún temor. Su perseguidor ha hecho uso de las redes sociales y llamadas telefónicas con el fin de amedrentarla. También se ha acercado a su casa –le rompió un vidrio– e incluso le ha dejado mensajes en su carro. Asegura el agresor que la va a secuestrar, violar y asesinar. Sin embargo, la joven frontenista, lejos de ocultarse o huir, acudió a las oficinas de un medio de comunicación para enviar un mensaje a su perseguidor: “No estoy sola y no te tengo miedo”. Su decisión ha servido de ejemplo para todas las mujeres que han sufrido algún tipo de hostigamiento o violencia. Urge ahora que la Fiscalía General del Estado, a cargo de este caso, logre dar con la identidad del acosador y lo envíe tras las rejas.

II

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya tiene contrapeso. Se trata, nada más y nada menos, que de la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMF), organismo creado no por burócratas, funcionarios ni autoridades deportivas, sino por los propios atletas que dejan el pellejo en el terreno y conocen, por experiencia propia, los abusos y arbitrariedades que comete la FMF, siempre a disposición de las élites de poder, en detrimento de los jugadores. A la vanguardia de la AMF se encuentran Christian Giménez, Javier Hernández, Andrés Guardado, Guillermo Ochoa, Héctor Moreno, Jesús Corona y Oribe Peralta, entre otros. La AMF tendrá su sede en Toluca y cuenta con autonomía jurídica. Además de cuidar los derechos de los futbolistas, también velará por el correcto desempeño de la Liga MX femenil, el Ascenso MX y la Liga Premier. En palabras del portero Ochoa, este organismo “se forma para que los jugadores no tengan temor. Que ahora se sientan respaldados, apoyados y protegidos”. La iniciativa es buena y la intención mucho mejor. Esperemos así sea también su funcionamiento. ¡Enhorabuena!

III

México ya forma parte de la red médica y de investigación conformada por la plataforma tecnológica de la compañía SOPHiA Genetics, gracias a la cual galenos y científicos del ramo podrán compartir información con más de 360 hospitales distribuidos alrededor de 55 países. Las instituciones de salud que se unieron son: Servicios Genómicos (brazo del Inmegen), el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y su Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas (INER), la red del Hospital Christus Muguerza (11 centros), Total Quality Medicine, Genos Médica y Milenia Labs. Ahora, gracias a la adopción de la inteligencia artificial promovida por SOPHiA DDM será posible diagnosticar y tratar pacientes de manera más eficaz, especialmente en las afectaciones cancerígenas y los trastornos congénitos. Jurgi Camblong, CEO y cofundador de SOPHiA Genetics, dio la bienvenida a México y asegura que su plataforma “actúa como una verdadera disrupción, rompiendo los flujos de información en el cuidado de la salud, lo que significa que los datos de un paciente en Londres pueden, por ejemplo, ayudar a diagnosticar mejor y tratar a un enfermo en la Ciudad de México”.
27 Octubre 2017 04:01:00
Los Calderón y el poder
Felipe Calderón obtuvo la candidatura presidencial fuera del Gabinete, pero dentro del PAN. Renunció como secretario de Energía el 31 de mayo de 2004, luego de que el presidente Fox le reconvino por un acto proselitista en Jalisco con el gobernador Francisco Ramírez. Calderón, en una carta, calificó de “injusta y desmedida” la reacción del Presidente, pero le ofreció mantenerse firme en la defensa del Gobierno del cambio “porque creo en el PAN, y sé que su éxito es vital para lograr el México por el que siempre he luchado”. El favorito de Fox era Santiago Creel, secretario de Gobernación, sin embargo, Calderón lo venció a él y a Alberto Cárdenas en una elección interna cuyo proceso terminó en octubre de 2005.

Doce años después, Margarita Zavala, esposa de Calderón, renunció al PAN para buscar la Presidencia como candidata independiente. “Sé lo que es que te nieguen la posibilidad de opinar, de participar. Que te cuestionen todo: tu trayectoria, tus decisiones, tu valor. Que se atrevan a quitarte el nombre, que crean que eres propiedad de alguien, que duden de tus méritos, que te minimicen por ser honesta. Que te pidan quedarte callada”, dijo el 12 de octubre tras registrar su intención de participar en las elecciones del 1 de julio próximo en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Antes de separarse del partido donde militó por casi 7 lustros y después de anunciar su decisión, Zavala fue objeto de críticas por su aspiración. Se le reconocen méritos, talento y oficio político y un desempeño digno, respetuoso y discreto como primera dama, pero no la experiencia y preparación necesarias para ocupar la Presidencia. Por meses, Zavala fue la segunda aspirante con mayor intención de voto después de Andrés Manuel López Obrador, quien siempre se ha referido a ella como “la esposa de Calderón”; ahora lo es Ricardo Anaya, líder de Acción Nacional, a quien responsabiliza de su renuncia.

En su primer mensaje como aspirante presidencial ciudadana, acusó: “Mientras que la vida democrática se ha deformado para que las decisiones queden en manos de unos cuantos o de unas cuantas personas, yo elijo ponerme en manos de los ciudadanos. (…) Este proyecto (…) depende de los ciudadanos, no del dedazo de un presidente ni del capricho personal de un iluminado ni de un arreglo cupular”. Reproche a Anaya, réplica a López Obrador y deslinde de Peña Nieto.

Una encuesta de Consulta Mitofsky coloca al Frente Ciudadano por México (PAN-PRD-Movimiento Ciudadano) con el 21.2% de las preferencias para la elección presidencial; la coalición Morena-PT obtiene el 16.4% y la alianza PRI-Verde-Nueva Alianza-Encuentro Social, el 14.8%. Sin embargo, AMLO supera a Ricardo Anaya por siete puntos porcentuales, y por 11 a los pretendientes del PRI, de los cuales el mejor posicionado es Miguel Osorio, secretario de Gobernación.

Sin la estructura del PAN ni el apoyo de los 12 gobernadores de ese partido, Margarita Zavala tiende a desfondarse y a serle más útil al PRI, cuya estrategia consiste en atomizar el voto para retener la Presidencia a cualquier costo. Para no caer en ese juego, Emilio Álvarez Icaza retiró su candidatura independiente. Otro factor en contra de Zavala es su esposo. Calderón no es el peor de los presidentes –Peña Nieto ya lo ha superado–, pero el saldo de su gestión es negativo y en el PAN tampoco dejó el mejor de los recuerdos. “El poder desgasta, sobre todo cuando no se tiene”, advierte Giulio Andreotti.
25 Octubre 2017 04:07:00
Solo falta el TEPJF
El PRI y Miguel Riquelme dieron un nuevo paso para que su triunfo en las elecciones para Gobernador sea definitivo, una vez que el Tribunal Estatal Electoral (TEE) rechazó las impugnaciones de la Alianza Ciudadana por Coahuila para anular el proceso del 4 de junio. La resolución deberá ser confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues el excandidato del PAN, Guillermo Anaya, anunció que será impugnada. El dictamen fue aprobado por los magistrados Valeriano Valdés y Elena Treviño; Ramón Guridi votó por la nulidad “por violaciones graves a principios constitucionales”.

Valdés, quien preside el TEE, dijo que las irregularidades no ameritaban anular la elección. “Este Tribunal no es ajeno, no cierra los ojos ante una realidad, sin embargo (…) se rige por lo que obra en el expediente y por la claridad y suficiencia de los medios probatorios”. En total se resolvieron 14 agravios de la coalición encabezada por el PAN y los demás excandidatos –entre ellos los relacionados con el rebase de los topes de campaña del aspirante del PRI– y 40 impugnaciones sobre el cómputo de los comicios para Gobernador.

El efecto de la anulación de 67 casillas (el 1.8% de las 3 mil 600 instaladas en el estado) fue mínimo, pues al final la votación para Miguel Riquelme, de la coalición por un Coahuila Seguro, integrada por el PRI y otros seis partidos, bajó de 482 mil 891 a 473 mil 806, y la de Guillermo Anaya, de 452 mil a 455 mil 46 sufragios.

El TEE sesionó mientras el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) celebraba un mitin frente al edificio donde participaron los excandidatos al gobierno, Guillermo Anaya, Armando Guadiana, Javier Guerrero, Luis Horacio Salinas y José Ángel Pérez. Varios centenares de manifestantes lanzaron consignas a favor de la anulación de las elecciones y exhibieron carteles, en uno de los cuales se leía “Árbitros vendidos”.

La sentencia del Tribunal local y el acuerdo previo del TEPJF para que el Instituto Nacional Electoral (INE) redujera los gastos de campaña de Riquelme, que excedían por más del doble el tope de 5% y constituía una causal de anulación, podrían despejar el camino para que el gobernador electo asuma el poder el 1 de diciembre próximo. Sin embargo, los integrantes del FDC no lo ven de esa manera e insistirán en la celebración de nuevas elecciones. Pues además de que impugnarán la resolución de los magistrados de Coahuila, el INE incrementará en los próximos días las erogaciones del excandidato del PRI, en base a la queja 141, dijo Anaya después de conocer el fallo del TEE.

La decisión del Tribunal local “era de esperarse ante las severas presiones del gobernador Rubén Moreira Valdez sobre el órgano de justicia electoral”, dice el FDC en un comunicado. Armando Guadiana, el excandidato de Morena y tercero en los comicios del 4 de junio –con una votación final de 148 mil 587 papeletas– dijo sobre la resolución de los magistrados locales que “nada está decidido” y que “habrá nuevas elecciones por el bien de la democracia”.

La sentencia del Tribunal causó desánimo y frustración, pues los recursos interpuestos por el FDC han sido desechados. La última palabra la tiene ahora el TEPJF, el cual, desde su creación en 1996, sólo ha anulado tres elecciones. Una en Tabasco, en el año 2000; y dos en Colima, en 2003 y 2015. En los procesos extraordinarios, el PRI volvió a ganar. Coahuila, declaró Diego Fernández al periodista Carlos Puig, después de los comicios en el estado, es el laboratorio para las elecciones presidenciales de 2018.
24 Octubre 2017 04:05:00
El FDC y el tribunalito
El Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) emprenderá acciones drásticas a partir de este martes para impedir “el fraude más grande en la historia de Coahuila” después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenara al Instituto Nacional Electoral (INE) reducir el rebase de gastos de campaña de Miguel Riquelme –de 10.5 a 1.6%– para salvar la victoria del candidato del PRI en los comicios del 4 de junio por una diferencia de apenas 30 mil votos sobre el aspirante del PAN, Guillermo Anaya.

El primer movimiento del FDC será una manifestación frente al Tribunal Electoral del Estado –conocido como “tribunalito” por su dependencia del poder y su cortedad de miras– “para decirle a los magistrados de Coahuila que no vamos a permitir que se burlen del pueblo, (…) que no se nos han olvidado los 13 agravios que todavía faltan por resolver, que tú (ciudadano) documentaste en más de 200 pruebas, (y) que hoy tienen en sus manos para resolver a favor de la dignidad y la libertad del pueblo de Coahuila”, informó Anaya en Facebook.

Los excandidatos Armando Guadiana (Morena), Javier Guerrero, Luis Horacio Salinas (independientes) y José Ángel Pérez (PT), quien declinó para sumarse al primero de ellos, convocaron también a la ciudadanía a través de las redes sociales. La manifestación se programó inicialmente para las 17:30 horas de hoy, pero se adelantó para las 10 porque “maliciosamente” el TEE decidió sesionar a las 12:00 horas “para tratar asuntos relevantes de la anulación (y) evadir los reclamos ciudadanos”.

El FDC dice que “la ciudadanía y los excandidatos de oposición exigiremos que se sancione lo que todos vimos: el robo de urnas, la violación de sellos, la manipulación de material electoral por funcionarios del IEC (Instituto Electoral de Coahuila), la suplantación de funcionarios del INE por priistas, la instalación irregular de casillas, la intromisión del Gobierno del Estado, la coacción del voto, el desvío de recursos públicos, las irregularidades en el traslado de material electoral, la publicidad gubernamental en plena campaña, las irregularidades en el PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares). En fin, todas las artimañas de Moreira no deben quedar impunes”.

Los exaspirantes al Gobierno, que en conjunto obtuvieron 737 mil 611 votos –254 mil 720 más que la colación de siete partidos encabezada por el PRI–, dicen en un comunicado que “los magistrados de Coahuila no le deben nada a Moreira”, los exhortan a “aplicar la ley y rendir cuentas a los ciudadanos”. Guadiana señala que el TEE tiene documentados “todos los agravios (y) fechorías que se hicieron para cometer el fraude en Coahuila”.

Apostar a los gastos de campaña “como el único elemento de demostración del fraude electoral desplegado por el Gobierno estatal (apoyado por el federal), dejando de investigar y calificar otros delitos electorales (…) –como lo hizo el INE– demuestra cómo los organismos electorales están sujetos a presiones políticas que implican complicidades y defraudación de la confianza de los ciudadanos”, advierte Guerrero, para quien “sólo la movilización social puede parar la imposición y el fraude”.

El FDC vuelve a llamar la atención del país, ahora en medio del escándalo por la destitución de Santiago Nieto como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por sus investigaciones sobre el caso Odebrecht y sus presuntos vínculos con el PRI en la campaña presidencial de 2012, y en vísperas del último informe del gobernador Rubén Moreira, el 6 de noviembre.
23 Octubre 2017 04:00:00
Sucesión: nuevo escenario
Cada elección es distinta a las demás, pero algunas son más diferentes que otras. Después de las alternancias de 2000 y 2012 entre el PRI y el PAN, los comicios presidenciales del año próximo apuntan hacia un tercer relevo en la conducción del país. Difícilmente el PRI conservará el poder aun si Enrique Peña impone un candidato híbrido como su secretario de Hacienda, José Antonio Meade, de quien se exaltan ahora sus virtudes cuando la honradez y la sobriedad para aspirar a un cargo público, al margen de su jerarquía, deberían ser la excepción y no la regla. Pero además las cualidades y méritos personales no borran el presente ni el pasado; tampoco garantizan el futuro ni pueden transferirse a un partido asociado a la corrupción más que los otros.

Si en las democracias consolidadas, una administración eficaz no le asegura al partido gobernante el triunfo en las siguientes elecciones, como le pasó a los demócratas en Estados Unidos después de Clinton y Obama, en México el PRI carece de argumentos para retener la Presidencia. El crecimiento económico del país es mediocre y la pobreza aumentó aun con las reformas; no porque de ellas se esperasen soluciones mágicas o inmediatas a problemas seculares. El Gobierno, en su afán de legitimarlas, prometió millones de empleos, bienestar y bajas tarifas. No gasolinazos.

¿Cómo aspirar a ganar la Presidencia con los escandalosos índices de inseguridad, violencia, corrupción e impunidad? ¿Cómo, con niveles de inversión en educación, salud, servicios, infraestructura y obras de calidad cada vez más bajos? ¿Cómo, cuando las violaciones a los derechos humanos, las desapariciones forzadas y los asesinatos de decenas de miles de personas (el sexenio de Peña Nieto puede terminar con más muertes que el de Felipe Calderón, del PAN) jamás serán castigados? El PRI y los demás partidos enfrentarán en las urnas a una ciudadanía molesta e indignada como nunca por el cinismo, la prepotencia y el desprecio de la clase gobernante, cuya prioridad consiste en eternizarse en el poder y obtener el máximo provecho económico.

La súbita inclinación de los partidos hacia la ciudadanía es reflejo de su comprensión tardía de una realidad que habían ignorado por soberbia y conveniencia; lo único que necesitaban de ella eran votos. Después venía el olvido… y hasta la próxima elección. Tampoco se trata, para no engañarnos, de un interés genuino: lo será hasta que la partitocracia deje de ser lastre para el país, propicie su desarrollo y se someta a nuevas reglas de financiamiento y representación. Su acercamiento con la sociedad civil responde a un instinto de supervivencia, máxime ahora que los partidos –otra de las grandes fuentes de corrupción– concitan ira y repudio entre la mayoría de los mexicanos por su hipocresía y falta de compromiso, por su propensión al engaño y la rapiña.

¿Qué partido se salva de la inquina social? ¿Qué siglas son medianamente aceptadas fuera de sus clientelas? Ninguno, aunque algunos tienen mayor rechazo que otros por su historia, su galería de notables y su tendencia al hurto. El PRI, Morena y hasta el expresidente Calderón han reaccionado furiosamente contra el Frente Ciudadano por México (FCM) formado por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano porque altera el eje de la sucesión presidencial; representa el mayor riesgo para Los Pinos; le quita a López Obrador el monopolio de la crítica y elimina el cacicazgo en Acción Nacional. Por esa razón, mientras más se le ataca y descalifica, más crece en la intención de voto.
20 Octubre 2017 04:38:00
Gamboa, el patrón
A Emilio Gamboa Patrón, líder de los senadores del PRI, se le debería medir por el mismo rasero que a David Korenfeld, quien, evidenciado en redes sociales por utilizar un helicóptero oficial para trasladarse de su residencia al aeropuerto de la Ciudad de México, renunció como director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La historia empezó el 30 de marzo de 2015 con la publicación de fotografías en Facebook que a las pocas horas ya estaban en la portada de varios periódicos de circulación nacional.

Korenfeld, exalcalde de Huixquilucan y secretario de Agua y Obra Pública del Estado de México en el gobierno de Enrique Peña Nieto, trató de justificarse con argumentos inverosímiles como el uso de la aeronave por un problema de salud que en todo caso no ponía en riesgo su vida, pues el padecimiento de rodilla que arguyó no le impidió correr previamente 12 kilómetros en el Bosque de Chapultepec. Pero, además, una agencia de viajes informó que el director de la Conagua tenía reservaciones para descansar en Vail, Colorado, el fin de esa Semana Santa (Wikipedia).

El funcionario aceptó su error, el cual calificó de “inexcusable”, y pagó el servicio del helicóptero a la Tesorería de la Federación, pero aun así no se salvó de la hoguera y el 9 de abril renunció al cargo. Sin embargo, nada de eso habría ocurrido si a Korenfeld no se le exhibe en las redes sociales y en los medios de comunicación. El director de la Conagua ya había sido involucrado en otros escándalos, como la adjudicación de contratos por 25 millones de pesos a la Universidad de Tel Aviv para estudios de contaminación de agua y la firma de un acuerdo con una empresa de Israel a la cual le concesionó la rehabilitación de mantos freático en nuestro país.

Humberto Benítez Treviño, extitular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), fue el primer despedido del sexenio por un caso de abuso de poder después de que su hija Andrea ordenó la clausura de un restaurante de la colonia Roma, en la Ciudad de México, por no asignarle la mesa de su preferencia. Benítez, el último procurador general de la república en el gobierno de Salinas de Gortari, duró en la Profeco menos de un año.

Empero, lo que parecía ser el principio de una política para sancionar a funcionarios que directamente o a través de familiares u hombres de paja utilizan el cargo para enriquecerse y obtener beneficios personales, y de esa manera recuperar algo de confianza ciudadana, resultó llamarada de petate. Casos de flagrante incompetencia y escándalos de corrupción, entre cuyos protagonistas figura en primer lugar el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, han sido protegidos desde Los Pinos con el manto de la impunidad para mayor inri de un país indignado por el abuso del poder y la soberbia de las autoridades.

Por lo tanto, y aun cuando desde hace tiempo existen razones para investigar y encausar a Gamboa por tráfico de influencias y otros escándalos, entre ellos el relacionado con la red de pederastas denunciada en 2006 por la periodista Lydia Cacho, una falta “menor” como la utilización de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana para ir a jugar golf con el presidente Peña Nieto, es anecdótica y le tiene sin cuidado. El priista es intocable por la información que empezó a acumular desde su ingreso a Los Pinos, en el gobierno de Miguel de la Madrid, la cual le ha permitido influir ventajosamente en varias sucesiones presidenciales. Gamboa es el patrón.
18 Octubre 2017 04:00:00
Los lastres del fiscal
El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) es severamente cuestionado por la sociedad civil, la iniciativa privada y líderes de opinión, pues tanto el Tribunal como la Fiscalía especializados carecen de independencia. “La corrupción e impunidad en Coahuila se encuentran en los más altos índices históricos y a pesar de la gravedad e importancia del tema, ni el Gobernador ni el Congreso del Estado han dado un paso a favor de integrar propuestas ciudadanas para el diseño conjunto de un sistema local que busque de manera eficaz prevenir y sancionar los actos de corrupción que sirvan al interés público y a nuestra sociedad en su conjunto”, denunció la Alianza Anticorrupción de Coahuila (AAC) el 5 de septiembre frente al palacio de Gobierno.

La Alianza demandó detener la implementación del SEA e iniciar un proceso “apegado a los criterios de transparencia, legalidad y objetividad”; remover a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y al fiscal Anticorrupción y someter a los futuros aspirantes a pruebas de confianza y exámenes de conocimiento y mérito. También pidió a la Legislatura suspender los nombramientos en puestos clave del SEA (sólo está pendiente el de fiscal general del estado) y destituir a los integrantes de la Comisión de Selección sin la “independencia política indispensable” para designar al Comité de Participación Ciudadana.

Ninguna de las exigencias fue atendida. El Comité de Participación Ciudadana rindió protesta el 5 de octubre y el Congreso nombrará en los próximos días al primer fiscal general de la terna de Gerardo Márquez, Esperanza Soto y María Mazorra, propuesta por el gobernador Rubén Moreira. Dieciocho de los 21 aspirantes registrados pasaron el primer filtro, pero pocos estaban a la altura del cargo y menos aún tenían la “independencia política indispensable” planteada por la AAC a fin de “construir las instituciones que necesitamos para acabar con la corrupción y la impunidad”.

En algunos casos, la alternancia en los estados ha permitido romper el círculo de corrupción-impunidad. Así lo advierten más de 40 escritores, periodistas, políticos y defensores de los derechos humanos en la carta “No a la impunidad transexenal”, publicada el 4 de septiembre –coincidente con la misiva de la AAC al Gobierno de Coahuila y al Congreso local un día después–, donde llaman al Senado a actuar con responsabilidad: “Su disyuntiva es configurar una Fiscalía General fuerte y sólida que contrarreste la corrupción y erradique la impunidad, o bien cargar con la ignominia de haber conservado el manto de la impunidad que protege a los poderosos.

“Las sociedades de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo impidieron que los entonces gobernadores César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge aseguraran su impunidad (con fiscalías fuertes y sólidas). Si los senadores (y en el caso de Coahuila, los diputados) no escuchan la voz de la ciudadanía y permiten el pase automático del actual procurador o la imposición de alguien cuya misión sea cuidar las espaldas del Presidente de la República y su camarilla, habrán perpetrado un golpe inaceptable contra la construcción de un Estado democrático y de derecho y se habrán colocado del lado de la impunidad que este régimen pretende perpetuar”.

Pero mientras a escala federal la presión ciudadana hizo naufragar el pase de Raúl Cervantes a la Fiscalía General, en Coahuila navega a velamen desplegado el proyecto para convertir a Gerardo Márquez en fiscal, sin tener las suficientes credenciales ni la necesaria independencia del poder.
17 Octubre 2017 04:01:00
Victorias ciudadanas (II)
En México, la impunidad es ‘la mayor evidencia de la pésima calidad de la administración, procuración e impartición de justicia (...). Ello impide el castigo a quienes violan la ley, especialmente a los poderosos, y se constituye en una de las principales causas de la indignación social, del divorcio y desconfianza entre los operadores y representantes políticos y la sociedad civil’. Asimismo ‘es fuente de violencia, corrupción, violaciones a los derechos humanos e ingobernabilidad’, denuncia el grupo de escritores, activistas, líderes de oposición y periodistas firmantes de la carta No a la Impunidad Transexenal, cuyo objetivo consistía no sólo en impedir el ascenso del ahora exprocurador Raúl Cervantes a la Fiscalía General, sino de cualquier aspirante promovido desde el poder para proteger sus intereses y no ser investigado.

El colectivo basa su dictamen en datos duros: a) de 69 países con mayores grados de impunidad, México ocupa el lugar 66, según el Índice Global de Impunidad 2017; y b) sólo siete de cada 100 delitos se denuncian, y de ellos el 98% no recibe sentencia. También refleja el sentimiento del país: ‘La raíz de la impunidad mexicana reside en un modelo disfuncional que no atiende las causas ni los efectos de la criminalidad. Buena parte de esta responsabilidad está en las procuradurías (...) instituciones que no investigan bien o fabrican delitos por consigna’.

El juicio sobre las procuradurías (federal y estatales) es igualmente irrefutable: ‘fueron diseñadas como un instrumento de control político y de administración selectiva de la justicia, ajenas a las víctimas, la reparación del daño, la garantía de derechos y el debido proceso’. Lo anterior explica ‘sus prácticas institucionales (...) y su desapego al principio de igualdad ante la ley’.

Elba Esther Gordillo, exsecretaria general del PRI y del SNTE, está presa por operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y delincuencia organizada. En cambio, Humberto Moreira ‘según Forbes una de ‘las 10 personas más corruptas en México’ de 2013, junto con Gordillo goza de impunidad pese a la deuda por más de 36 mil millones de pesos que adquirió durante su Gobierno en parte con decretos falsos. Su detención en España, el 15 de enero de 2016, la solicitó Estados Unidos por otra causa.

El temor del colectivo, así como de organizaciones civiles y empresariales ‘al parecer ya conjurado’, es que la reforma para crear la Fiscalía General sea un acto de gatopardismo: ‘Raúl Cervantes Andrade (...) es un reconocido militante y abogado del PRI que pertenece al primer círculo presidencial, lo cual implicaría un obvio sesgo en su actuación como fiscal general. El régimen priista se opone a una verdadera autonomía e independencia de la institución que reemplazará a la PGR, y lo que busca es garantizar protección e impunidad más allá del presente sexenio a quienes se han enriquecido y beneficiado ilegalmente al amparo del poder’.

Sin mencionar los casos de Odebrecht, OHL, el hundimiento del Paso Exprés, la ‘casa blanca’ o algún otro, el grupo apela a la memoria individual y colectiva: ‘(...) este sexenio se ha caracterizado por tener los más escandalosos actos de corrupción, hechos que se han caracterizado por una ausencia total de investigación y que han provocado el hartazgo de todos los sectores incluido el empresarial’. El propósito ‘advierte’ es claro: ‘dejar impunes a los políticos corruptos que, además, han cometido graves y numerosas violaciones a los derechos humanos, seguir encubriendo a las extensas redes de complicidad que han tejido con recursos públicos’.
16 Octubre 2017 04:00:00
Victorias ciudadanas
El clamor social devino en presión política y el pase automático del procurador Raúl Cervantes a fiscal general de la República, por los próximos 9 años, terminó por naufragar. No sólo eso, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción exige su destitución y reemplazo por un funcionario “de transición y de consenso”, pues “la idoneidad del actual procurador para ocupar el cargo de fiscal general ha sido duramente cuestionada y provocado encono entre diputados y senadores de diversos partidos”, advierten Mariclaire Acosta, Alfonso Hernández, José Octavio López, Luis Manuel Pérez y Jacqueline Peschard, integrantes del CPC, en una carta (Reforma, 07.09.17).

El PRI entregó al panista-calderonista Ernesto Cordero la presidencia del Senado, a cambio de un puñado de votos que le permitieran a Cervantes ser fiscal por la vía rápida. En la Cámara de Diputados, el Frente Ciudadano por México (FCM), formado por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, bloqueó la votación de la mesa directiva sin la cual no podía iniciar el nuevo periodo ordinario de sesiones. La crisis obligó al presidente Peña Nieto y a su partido a negociar.

Previamente, más de 40 líderes de oposición, escritores, políticos y activistas fijaron su postura sobre el tema en una plana titulada No a la Impunidad Transexenal, donde advierten: “Nos oponemos al pase automático del actual procurador. Por ningún motivo Raúl Cervantes, o cualquier otra persona ligada a los intereses del poder, puede ser fiscal general de la República. Ello significaría imponer a un guardaespaldas transexenal del actual régimen” (Reforma, 04.09.17).

Entre los firmantes figuran activistas por los derechos humanos como Clara Jusidman, Javier Sicilia y Emilio Álvarez Icaza; Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, excandidatos presidenciales y fundadores del PRD; los académicos, escritores y periodistas Denise Dresser, Roger Bartra, Héctor Aguilar Camín, Federico Reyes Heroles y Sergio Aguayo; José Woldenberg y Juan Ramón de la Fuente, expresidente del IFE y exrector de la UNAM, respectivamente; Javier Corral, gobernador de Chihuahua, y los líderes del FCM, Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado.

La colectividad #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva, compuesta por más de 300 organizaciones civiles y del sector privado, propusieron al Senado una reforma para reducir a 6 años el periodo del fiscal, suprimir el pase automático y garantizar autonomía plena. En el mismo sentido se manifestaron Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y el ombudsman Raúl González, último fiscal de la PGR en el caso Colosio.

La crisis legislativa se resolvió el 7 de septiembre. Presionados por la opinión pública, organizaciones ciudadanas, partidos de oposición y organismos internacionales, el PRI y Los Pinos desistieron de imponer a Cervantes por mayoría simple (pase automático). Lo anterior no elimina al procurador de la competencia por la Fiscalía, pero difícilmente ocupará el cargo, al margen del método de selección. Su militancia partidista, su pasividad en casos flagrantes de corrupción, el escándalo del Ferrari, el malestar social y el rechazo del FCM a su postulación equivalen a un veto que el presidente Peña Nieto y su partido no pueden ignorar. Esta es una nueva y plausible victoria ciudadana.
14 Octubre 2017 02:10:00
Corrupción omnímoda
Al periodista Gerardo Moyano lo persiguen los sismos. Estuvo en Chiapas y tembló; en Ciudad de México y Coahuila (Torreón) pasó lo mismo. La siguiente reseña, de su autoría, aparece en el número 572 del bisemanario Espacio 4:

“‘¿Cómo se pueden caer colegios?’, me pregunta una amiga catalana, ‘¿No se supone que al menos las escuelas y los hospitales deben ser los edificios más seguros?’.

“¿Cómo explicarlo? Si la caída de 116 mil 320 viviendas en Chiapas y Oaxaca, durante el sismo del 7 de septiembre, me animaba a atribuirla a la falta de recursos en dos de los estados más pobres del país (Espacio 4, 571), sólo hay una razón que puede explicar los miles de edificios dañados que vi el 19 de septiembre en la Ciudad de México: la corrupción.

“El caso del derrumbe del colegio Rébsamen, en el que murieron 19 menores y seis adultos, es emblemático, no sólo por el reality show de Frida montado por el Gobierno y Televisa, sino por las irregularidades que anteceden a la tragedia.

“El 24 de septiembre, vecinos y familiares de las víctimas dijeron a Reforma que la construcción del ‘edificio administrativo’ se llevó a cabo de manera irregular al violar la altura de tres niveles permitida para una escuela.

“‘Ahí, la dueña y directora del colegio, Mónica García Villegas, construyó su departamento en un tercer piso encima del jardín de niños y un cuarto nivel como roof garden. Esa nueva construcción colapsó y cayó sobre el kínder y las oficinas centrales de la institución educativa’, señala la nota.

“Los vecinos dijeron al periódico que la expansión del colegio Rébsamen fue clausurada al menos tres veces por la delegación Tlalpan, al mando de la morenista Claudia Sheinbaum, quien presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México contra cualquier autoridad que resulte responsable por el derrumbe.

“Entre los demandados, están los directores generales jurídico y de Gobierno de la delegación en 2010 y 2014 (Alejandro Zepeda Rodríguez y Miguel Ángel Romero López), y la dueña y directora de la escuela, Mónica García Villegas, acusada de falsificación de documentos (certificado de uso de suelo).

“El 2 de octubre, García Villegas no se presentó al segundo citatorio girado por la PGJ-CDMX para declarar sobre las presuntas irregularidades en la operación de la escuela, y padres de las víctimas aseguran que la directora ya no contesta el teléfono o los mensajes en el grupo de WhatsApp en el que se comunicaba con los padres de los alumnos y los maestros. Por lo pronto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) canceló el registro de operación del colegio.

“Otras 10 mil instituciones educativas resultaron dañadas en el país. Entre ellas, el Tecnológico de Monterrey, que confirmó cinco fallecidos y 40 heridos en el campus Ciudad de México, o el Heroico Colegio Militar, donde los cadetes denunciaron que los primeros en correr fueron los oficiales.

“Animal Político informó que escuelas de Puebla de los municipios de Chiautla, Izúcar de Matamoros, Tochimilco y de la capital ejercieron el año pasado 13 millones 348 mil 289 pesos del Programa Escuelas al CIEN (Certificados de Infraestructura Educativa Nacional) para reforzar su seguridad estructural, pero el sismo del 19 de septiembre las dejó inservibles.

“El mismo medio señala que entre los hospitales que debieron ser desalojados por el sismo del 19 de septiembre, destacan el complejo médico Gonzalo Río Arronte, en el municipio de Atlixco, Puebla, y el hospital San Alejandro, en la capital poblana, en los que los gobiernos de Rafael Moreno Valle (PAN) y de Peña Nieto (PRI) invirtieron 329 millones de pesos, entre 2015 y 2016”.
13 Octubre 2017 04:06:00
Bajo siete llaves
Entre el Gobierno de Enrique Martínez y el de Humberto Moreira, la deuda bancaria de Coahuila creció de cero a 36 mil millones de pesos. El escándalo alcanzó un nuevo pico el 22 de septiembre cuando los diputados del PRI aprobaron la tercera reestructura en un lapso de seis años. Desvincular los pasivos del Fondo General de Participaciones mejorará la calificación crediticia y reducirá las tasas de interés sin modificar el monto actual de 37 mil millones de pesos, asegura el Congreso en una nota.

El Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) y otros sectores han puesto en tela de juicio los supuestos beneficios de la renegociación y censurado el sometimiento de la mayoría priista, algunos de cuyos integrantes son los mismos que legalizaron la deuda adquirida con documentos falsos. Según Guillermo Anaya, Armando Guadiana, Javier Guerrero, José Ángel Pérez y Luis Horacio Salinas, excandidatos al Gobierno, el débito crecerá en las semanas que restan de la administración y terminará de pagarse hasta el año 2047; es decir, en las cinco próximas administraciones.

Armín Valdés Torres, magistrado de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia y aspirante a fiscal general, apareció en escena sólo para atizar la indignación ciudadana. Anunció que la contratación ilegal de créditos por 2 mil millones de pesos quedará sin castigo, pues ya venció el plazo para sancionarla, pero reabrió la cloaca. “(El delito) prescribió porque no se hizo la averiguación, se ocultaron documentos para que al final no hubiera sentencias condenatorias. Nosotros (…) hicimos ver todas las anomalías en la integración de la averiguación previa” (Vanguardia, 26.09.17), dijo, acaso para deslindar al Tribunal del atraco.

La declaración Valdés “merece una acción decidida e inmediata de los ciudadanos coahuilenses”, advirtió Javier Guerrero en un comunicado. “Es impostergable (…) que exijamos un castigo ejemplar para quienes actuaron en complicidad y encubrieron el mayor y más grave ilícito cometido en contra de las finanzas públicas (…). No basta decir qué no se hizo. Exijamos a los órganos judiciales castigo a los omisos y a los cómplices. (…) a quienes obstruyeron la justicia. (No hacerlo) sentaría un precedente de impunidad y de ilegalidad”, precisó.

El exsecretario de Finanzas llamó a la movilización social. “Coahuila está en una crisis constitucional, porque quien hoy debe preservar el estado de derecho, lo violenta. Hoy que estamos en el proceso de nombrar un fiscal general (…) debemos exigir a quienes se postulan (que) tengan el talante de castigar los delitos que han afectado a nuestra entidad y la enajenan por más de dos generaciones a tener bajos ingresos y pocos recursos para el desarrollo”.

Sólo prescribieron los delitos de falsificación de documentos, aclara Armando Guadiana. “Siempre ha habido un afán de proteger a Humberto Moreira… no se van al fondo del desvío de recursos públicos” (Vanguardia, 27.09.17). Según la nota, “fuentes del Gobierno del Estado aseguraron que el caso no ha prescrito, ya que aún está abierta la indagatoria en contra de Javier Villarreal”, además de que la Procuraduría de Justicia pidió su extradición.

El delito por esfumar 2 mil millones de pesos pudo haber prescrito, como dice Armín Valdés, pero lo que no se extingue es el malestar ciudadano por una deuda espuria de la cual jamás se informó y cuyo destino es un secreto guardado bajo siete llaves.
11 Octubre 2017 04:07:00
Narro, el cuarto jinete
Un coahuilense figura inopinadamente entre los precandidatos del PRI para la Presidencia. José Narro Robles (Saltillo, 1948) saltó de la rectoría de la Universidad Autónoma de México (UNAM) al gabinete, y ahora es uno de los cuatro jinetes (¿del apocalipsis?) que, según el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, podría abanderar a su partido en las elecciones del 1 de julio próximo. Los otros son Miguel Osorio (Gobernación), José Antonio Meade (Hacienda) y Aurelio Nuño (Educación).

Narro colaboró estrechamente con Jorge Carpizo en la UNAM, la CNDH y Gobernación; el 8 de febrero de 2016 rindió protesta como secretario de Salud. Es el aspirante de mayor edad (69 años) y no pertenece al primer al círculo del presidente Peña Nieto. Su inclusión en la baraja priista responde a las circunstancias: un gobierno sin liderazgo, mal calificado, en frecuentes escándalos de corrupción y en riesgo de perder las elecciones –con todo y la renuncia de Margarita Zavala al PAN.

La sucesión presidencial de 1951 se resolvió en condiciones más o menos parecidas. Frente al rechazo de los generales Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho a la aspiración de Miguel Alemán de reelegirse, el primer Cachorro de la Revolución se decantó por el secretario de Gobernación, sin ser su preferido. Adolfo Ruiz Cortines asumió el poder a los 63 años; de joven participó en la revolución bajo las órdenes del coahuilense Jacinto B. Treviño.

El Gobierno de Alemán –primero encabezado por un civil después de una serie de presidentes militares– se caracterizó por la frivolidad, los altos grados de corrupción y la multiplicación de negocios y fortunas a la sombra del poder. “Al iniciar su administración, Ruiz Cortines se centró en el objetivo de proyectar una nueva imagen del poder presidencial, desprestigiado por el régimen de Miguel Alemán y por la idea generalizada de que este presidente impulsó la economía omitiendo las políticas de beneficio social. Aunque Alemán había logrado un auge en la economía mexicana, el descontento general del pueblo era evidente por la corrupción de los funcionarios públicos, quienes en el sexenio alemanista eran empresarios que se habían enriquecido enormemente. Mientras tanto, el nivel de las clases trabajadoras sufrió un considerable deterioro” (Wikipedia). No hay nada nuevo bajo el sol.

Para tener un candidato competitivo, con el menor lastre político y sin escándalos de corrupción a la vista, el PRI modificó en agosto sus estatutos para poder postular a un no militante. La decisión le abrió las puertas de la carrera presidencial a José Antonio Meade y a Narro Robles, cuyas fichas biográficas no consignan su pertenencia a ningún partido. La militancia de Osorio y Nuño en el PRI data de 1991 y 2004, respectivamente.

La incorporación de Meade a la nómina de presidenciables no sorprende, debido al descrédito de los políticos de carrera y a su experiencia en el servicio público, lo cual no significa pase automático a Los Pinos. Empezó como analista de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en la administración de Salinas. Después colaboró en los gobiernos de Zedillo y Fox, pero los cargos más relevantes los ocupó con Calderón (secretario de Energía y de Hacienda) y con Peña (Sedesol y Hacienda).

Narro es la sorpresa, como Ruiz Cortines lo fue hace 66 años para convertirse en uno de los mejores presidentes de México, por su sabiduría y honradez, aunque todavía poco reconocido. Sin embargo, el saltillense no tiene la misma madera ni se atrevería a combatir la corrupción del Cachorro de Atlacomulco como en su momento lo hizo don Adolfo.
10 Octubre 2017 04:05:00
Tribunal laberíntico
El PRI y el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) reaccionaron a la anulación de gastos de campaña de Miguel Riquelme que ponían en riesgo su victoria en los comicios para gobernador del 4 de junio, la cual será definitiva hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva todas las impugnaciones. En una nota titulada Sentencia del Trife Asegura Triunfo Legal de Miguel Riquelme, remitida por David Aguillón, presidente de la Fundación Colosio, se da el caso por zanjado.

Una vez que el TEPJF revocó gastos por 1.9 millones de pesos en Facebook, prorrateo operativo, producción de spots y otros conceptos, que la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral sumó a Riquelme, “el INE deberá de informar al Tribunal sobre estas adecuaciones al Dictamen General sobre los Gastos de Campaña, lo que resultará en 408 mil 45 pesos con 56 centavos por debajo del tope campaña, lo que representa un -2.12% del tope establecido por la ley”, dice la información.

Incluso con el procedimiento oficioso del INE referente a los representantes de casilla, que impone una sanción de 501 mil pesos al candidato de la coalición Por un Coahuila Seguro, el sobregasto final sería de 0.49%, según el texto. “En consecuencia, dicho rebase quedaría por abajo del 5%, por lo que queda sin efecto lo que señala la Ley como una posibilidad para anular la elección, lo que nos lleva a concluir que la decisión, apegada a derecho, que tomó (…) el Tribunal Electoral Federal, deja firme el triunfo del gobernador electo Miguel Ángel Riquelme Solís y disipa cualquier posibilidad de anulación”.

Sin embargo, en el comunicado 188/207, la sala superior del TEPJF precisa que “durante la discusión se enfatizó que exclusivamente fue objeto de análisis la legalidad de la fiscalización de una parte de los gastos de campaña en la elección de gobernador, efectuada por el INE. En este sentido, la decisión no prejuzga sobre la validez de la elección, pues esta corre a cargo de la autoridad electoral local y sigue su propia cadena impugnativa. En la sentencia se revoca lisa y llanamente los montos de las conclusiones 12 bis, 15 y 45” –cuyo monto es de un millón 43 mil 163 pesos, no de 1.9 millones.

El TEPJF revocó las conclusiones 14, 14 bis y 41 del INE, sobre otros gastos de campaña, “para el efecto de que la responsable emita una nueva resolución”. Con la sentencia de la sala superior “se cierra una etapa de la fiscalización de la campaña electoral de Coahuila y aún faltan por resolverse diversas etapas relativas a la calificación de la elección”.

A ello se refirió el excandidato del PAN, Guillermo Anaya, en un mensaje por Facebook. “Con todo y el descuento que le hicieron los magistrados, (Riquelme) sigue rebasando por más del cinco por ciento el tope (…). El último clavo de la tumba del PRI es la queja número 141 (…). En los próximos días o semanas volverá el INE a resolver esta queja y volverá a incrementar el rebase del tope de campaña del candidato del PRI. Por eso están tan nerviosos (…) enviando una serie de desinformaciones para bajar el ánimo”.

El excandidato de Morena, Armando Guadiana, denunció que el TEPJF “amarró las manos al INE”, pero advirtió que aun así “(Riquelme) no será gobernador (…); en Coahuila habrá nuevas elecciones ya que nadie está por encima de la ley”. Javier Guerrero, excandidato independiente, publicó en Facebook: “Que no nos quieran engañar, esto no se ha terminado, los ciudadanos debemos seguir atentos a cada una de las etapas del proceso, seguimos en pie”.
09 Octubre 2017 04:00:00
Reforma inaplazable
Antes de los sismos de septiembre, la sociedad civil ya había puesto en el banquillo a la partitocracia cuyas cúpulas han actuado siempre con soberbia; su desprecio a la crítica y su divorcio con la realidad los han vuelto detestables y objeto de escarnio. Sin embargo, después de los terremotos, la ciudadanía sitió virtualmente a los partidos y ahora la empiezan a ver con respeto; no como simple generadora de votos e impuestos, fuente de los 6 mil 778 millones de pesos que recibirán el año próximo sólo del Instituto Nacional Electoral (INE) para actividades ordinarias, gastos de campaña y otros conceptos.

Los partidos están dispuestos a “sacrificar” prerrogativas en aras de la reconstrucción, pero aún no se determina el mecanismo ni tampoco si será posible reducir un presupuesto ya aprobado, ni en qué medida. La espontánea generosidad de las burocracias partidistas mueve a la sospecha. No se trata, a toda luz, de un gesto de altruismo, sino de cálculo político. Buscan resurgir ellos mismos de sus propias ruinas, mover las fibras sensibles de la población y captar votos. El PRI, como gobierno, es el más urgido. Los sismos le dieron motivos de esperanza, pero conservar la Presidencia en 2018 es una meta cada vez más lejana.

Lo que sí pueden eliminar los partidos por completo, de manera inmediata y sin contravenir las normas –sino al contrario, para respetarlas–, es el financiamiento oculto de empresarios y de la delincuencia organizada cuyas aportaciones no son gratuitas, sino a cambio de negocios, contratos, impunidad y en algunos casos de cogobernar: un municipio, un estado o el país. Si la fiscalización a los partidos y a los gastos de campaña tiene todavía zonas oscuras, el dinero sucio fluye por las alcantarillas de la política sin ningún control. Se ve y se siente.

Además del interés meramente electoral, la hipócrita magnanimidad de los partidos –sobre todo de los que ejercen el poder y manejan las llaves de las tesorerías para repartir dinero, mantener estructuras territoriales onerosas, orientar hacia sus clientelas los programas sociales y comprar votos–, tiene una explicación: disponen de otras bolsas para reponer los recursos que eventualmente se cancelen en 2018. El costo de la reconstrucción rondará los 40 mil millones de pesos, pero no hay que hacer mucho caso a una estimación precipitada por la urgencia política y la necesidad de reparar la imagen del presidente Peña Nieto en la recta final de un sexenio desastroso. El gasto final será tres o cuatro veces superior, como sucede sin excepción con cada obra y proyecto de Gobierno.

El sistema electoral exige una reforma profunda, del calado de la de 1996, promovida por el presidente Ernesto Zedillo –después del fraude en la elección de Salinas de Gortari–, sin la cual hubiera sido imposible gobernar un país en crisis política y económica, como vuelve a estarlo ahora; en gran medida, a causa de la corrupción, la impunidad y el talante antidemocrático de sus autoridades. El financiamiento público a los partidos no puede suprimirse, como tampoco es sensato eliminar de un plumazo a los diputados y senadores de representación proporcional (plurinominales) por el riesgo de volver a los tiempos del partido hegemónico; sueño de muchos en el PRI.

Pero sí es asequible un modelo que prime el interés ciudadano, facilite y estimule la participación de candidatos independientes, acote a los partidos, limite las prerrogativas a lo estrictamente necesario, termine con la simulación en la fiscalización y castigue el financiamiento ilegal.

" Comentar Imprimir
columnistas

top-add