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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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23 Abril 2018 04:07:00
Carrera presidencial
El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, es un imán. Los puntos que pierden Ricardo Anaya (Por México al Frente) y José Antonio Meade (Todos por México) los atrae para ampliar su ventaja en la carrera presidencial. Entre febrero y abril, la intención de voto por el fundador de Morena creció seis puntos porcentuales (de 42 a 48), los mismos que retrocedió el panista, quien ahora tiene el 26%. La preferencia por el abanderado del PRI se mantuvo en el 18%, de acuerdo con la encuesta de Reforma en copatrocinio con Grupo Radio Centro y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, ganador, junto con Animal Político, del Premio de Periodismo Ortega y Gasset por el reportaje La Estafa Maestra.

Anaya puede compensar su caída con una noticia buena y otra regular. La primera consiste en que la pesquisa de Reforma (18.04.18), publicada cuatro días antes del primer debate entre los presidenciables, prefigura una competencia sólo entre él y AMLO; la otra es que los simpatizantes de Meade y la candidata independiente Margarita Zavala lo prefieren como segunda opción. En el mismo escenario, los adeptos de Anaya votarían por AMLO, no por el candidato oficial ni por la exprimera dama, cuya intención de voto se mantiene en un 5% y la de Jaime Rodríguez, “El Bronco”, en 3.

En los ejercicios cara a cara de la indagación nacional en vivienda, aplicada a mil 200 electores, del 12 al 15 de abril, AMLO aventaja a Meade por 35 puntos porcentuales (57-22) y a Anaya por 20 (51-31). El candidato de Por México al Frente supera por 20 puntos al de Todos México. En sentido contrario a la campaña para desa-creditar al líder en las encuestas, la imagen positiva de AMLO creció del 43 al 53% y la negativa disminuyó 3%, con respecto a la muestra de febrero. Las menciones favorables a Anaya subieron tres puntos porcentuales y las negativas cuatro. Meade avanzó seis puntos en opiniones positivas (19-25%) y redujo en uno las desfavorables.

La atracción por AMLO lo presenta también como el candidato con mejores atributos (más cercano a la gente, más confiable, más capaz para gobernar, quien defendería mejor los intereses de México en el mundo y afrontaría con mayor éxito a Donald Trump, reduciría la corrupción y combatiría mejor al narcotráfico), según la encuesta. En suma, un estadista. ¿Lo es? El segundo mejor cualificado es Ricardo Anaya, cuya baja en la intención de voto pudo deberse a las acusaciones de lavado de dinero en negocios inmobiliarios. A Meade se le percibe como el más alejado de los mexicanos y el que menos combatiría la corrupción.

Los estrategas del candidato del PRI –entre ellos el exgobernador Rubén Moreira, experto en guerra sucia, responsable de la operación electoral y premiado por adelantado con una diputación federal– recibieron otro mentís: “el peligro (mayor) para México” no es López Obrador, sino Meade, dice la encuesta. El primero recibió el 24% de las menciones y el segundo el 31. Para el 37% de la muestra, el candidato de Juntos Haremos Historia “robaría menos”; el 8% opinó que Meade. Con diferencias de sólo un punto porcentual, ambos representarían un retroceso para el país (28-27) y podrían desestabilizarlo (27-28). Por último, Meade “beneficiaría sólo a los influyentes” (38%).
21 Abril 2018 04:07:00
Lucha por el Senado
Una de las dudas sobre las elecciones del 1 de julio es cómo votarán los coahuilenses luego de haber estado a punto de terminar con 88 años de gobiernos priistas. Conviene empezar por las campañas para presidente y Congreso general, que pronto cumplirán un mes. Después vendrán las de ayuntamientos, las cuales, primera vez, coincidirán con las federales. Existen indicios sobre lo que puede ocurrir, sin embargo, en materia comicial, nada está escrito.

El PRI no gana elecciones para senadores desde 1994. En 2000, 2006 y 2012, sus candidatos Alejandro Gutiérrez (preso en Chihuahua por un presunto peculado de 250 millones de pesos, mientras los Moreira, que arruinaron a Coahuila y le encajaron una deuda por más de 40 mil millones de pesos, gozan de libertad, influencia y otros privilegios), Jesús Villarreal, Jesús María Ramón, Salomón Juan Marcos Issa, Braulio Manuel Fernández e Hilda Flores fueron derrotados por las fórmulas panistas de Jorge Zermeño, Luis Rico, Guillermo Anaya, Ernesto Saro, Luis Fernando Salazar y Silvia Garza, respectivamente.

En los mismos procesos perdieron los candidatos del PRI a la presidencia, Francisco Labastida, Roberto Madrazo y Enrique Peña, cara a cara con los del PAN, Vicente Fox, Felipe Calderón y Josefina Vázquez.

En 2012 el PRI obtuvo una ventaja marginal por su alianza con el Partido Verde. Como resultado del efecto dominó, también ha sido en elecciones generales cuando el PRI ha perdido el mayor número de diputados federales: cuatro en 2000, cinco en 2006 (Javier Guerrero y Jericó Abramo fueron los únicos que ganaron) y tres en 2012.

Sin embargo, por primera vez la elección de senadores podría no decidirse entre el PAN y el PRI, cuyos candidatos son Guillermo Anaya y Esther Quintana, y Verónica Martínez y Jericó Abramo, respectivamente.

La fórmula de Morena, compuesta por Armando Guadiana y Eva Galaz, puede modificar el escenario por el impulso de Andrés Manuel López Obrador, el presidenciable con mayor intención de voto.

En sentido contrario, José Antonio Meade y el moreirato representan un lastre para Martínez y Abramo. Anaya y Quintana podrían atraer el voto de los inconformes por el resultado de los comicios para gobernador.

La competencia por el segundo lugar será igual de cerrada. Si el PAN gana de nuevo los escaños de mayoría relativa, como ha sucedido en los tres últimos procesos, el asiento de primera minoría lo ocuparía Martínez o Guadiana, según la posición de sus partidos en el cómputo final; si el PRI logra remontar, la curul correspondería a Anaya o a Guadiana. Pero en caso de que Morena obtenga el triunfo y el PAN ocupe el segundo sitio, Anaya regresaría a la Cámara alta y el PRI, por vez primera, no tendría un solo senador. Son los escenarios.

Las fórmulas de cada partido responden a cuestiones de equidad de género y edad. Armando Guadiana, quien afrontó al moreirato en sus años de mayor poder y denunció la corrupción y el nepotismo en el gobierno de Humberto y Rubén Moreira, hizo méritos con AMLO para encabezar la fórmula de Morena.

Su suplente es Eva Galaz, cuyo padre, Gustavo Galaz, fallecido en 2009, fue uno de los hombres fuertes de AHMSA. En el caso del PRI, el peso de la elección recae en Jericó Abramo, quien ya ha recorrido los 38 municipios. Si la fórmula tricolor pierde, Martínez podría ser de cualquier manera senadora; pero si gana, el mérito será de Jericó, quien, por cierto, es amigo de Meade.


20 Abril 2018 04:07:00
Tercera alternancia
En las elecciones presidenciales de 2006 y 2012 no sólo fue la guerra sucia contra López Obrador la que permitió el triunfo de Felipe Calderón y Peña Nieto. La manipulación del Instituto Federal Electoral (hoy INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el rebase en los topes de gastos de campaña y la influencia de las televisoras comerciales frustraron la alternancia hacia un Gobierno de izquierda. Las presidencias del PAN y del PRI demostraron que el peligro para México lo representaban Calderón y Peña, por el número de muertos y desaparecidos en la lucha contra el narcotráfico –más de un cuarto de millón en ambos sexenios–, el raquítico crecimiento económico y el aumento de la corrupción y la pobreza.

Esta vez el enojo ciudadano tendrá más peso que el miedo en las urnas. Así lo reflejan las encuestas de intención de voto. Los mexicanos probaron con el PAN y de nuevo con el PRI. La segunda alternancia resultó peor que la primera y la decepción fue mayor.

El grupo gobernante excedió todos los parámetros de corrupción, impunidad e ineficacia, agravados por la soberbia. Las reformas, lejos de salvar al país, pueden hundirlo aún más, como pasó con la fiscal, e igual puede suceder con la energética. El PRD tuvo su mejor momento con AMLO para llegar al poder, pero ahora ese partido se fusionó con Acción Nacional para tratar de cerrarle el paso a su antiguo dirigente.

En Estados Unidos, la competencia entre Hillary Clinton y Donald Trump fue más cerrada, incluso la candidata demócrata obtuvo 3 millones de votos populares más, pero perdió por 10 en el Colegio Electoral. Los estadunidenses corrieron el riesgo: de entre una política de carrera, pero no con la mejor reputación –¿quién la tiene en ese medio?– y un mitómano insolente, optaron por el segundo y ahora pagan las consecuencias. La base de apoyo de Trump se ha desplomado, pero aun así concluyó su primer año de mandato con una aprobación de 39% (Gallup). La de Peña Nieto es de 20% (Reforma).

Ronald Reagan, uno de los presidentes más exitosos y mejor evaluados de Estados Unidos, dice en sus memorias Una Vida Americana que la gente vota por el bolsillo. Si la economía familiar funciona bien, es más probable que los electores mantengan al mismo partido en el poder. Empero, la democracia es veleidosa. Los gobiernos de Clinton, quien en su primer año de ejercicio registró la segunda aprobación más baja (49%) después de Trump, y Barack Obama dejaron una economía sólida y sin embargo perdieron las elecciones.

En nuestro país, el deterioro económico, la corrupción rampante, el cinismo desenfrenado de la casta gobernante y el fracaso de la Administración de Peña Nieto constituyen los mayores incentivos para la tercera alternancia, esta vez hacia la izquierda. La percepción es que López Obrador será el futuro presidente por los desatinos y la falta de compromiso del PRIAN, así como por la conexión del candidato de Morena con la mayoría de un México agraviado por quienes detentan el poder político y económico.

Los ciudadanos parecen dispuestos a correr el riesgo con un Gobierno distinto en vez de premiar a los responsables de los muchos males que agobian al país. Más elementos de apoyo para prefigurar un cambio en la conducción política nacional se pueden encontrar en el Barómetro de Confianza Edelman 2017 y en la encuesta del Centro de Investigaciones Pew. Un dato revelador: para los venezolanos es más confiable su Gobierno que para los mexicanos el suyo.
18 Abril 2018 04:08:00
El tándem de Morena
Andrés Manuel López Obrador, fundador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), es el aspirante presidencial con mayor presencia en Coahuila. En los comicios para gobernador del año pasado, Morena captó 151 mil 657 sufragios (11.9% de la votación válida emitida) para situarse como el tercer partido más votado después del PRI y del PAN. El PRD, con apenas 21 mil 111 votos (1.6%), cayó al quinto sitio, por debajo del candidato independiente Javier Guerrero, quien obtuvo 105 mil (8.3%).

Gran parte del avance conseguido por el candidato de Morena, Armando Guadiana, se debió a AMLO. Juntos recorrieron la entidad varias veces. A diferencia de Estado de México, donde estuvo a menos de 3 puntos de hacerse con el poder, las posibilidades de Morena en Coahuila siempre fueron mínimas, pero aun así logró dos diputaciones plurinominales. Además, la campaña de Guadiana, quien ahora compite por una senaduría, le permitió al tabasqueño tomar ventaja para los comicios del 1 de julio, pues las candidaturas de José Antonio Meade (PRI) y Ricardo Anaya (PAN) aún no estaban decididas.

Coahuila es un estado bipartidista, pero las cosas podrían cambiar. En elecciones presidenciales, el PRI superó al PAN con amplitud hasta 1994, cuando Ernesto Zedillo consiguió el 48.3% de los votos contra el 30.5% de Diego Fernández. Seis años después, Vicente Fox, candidato de la alianza PAN-Partido Verde, recibió el 48%, y el priista Francisco Labastida el 38%. Cuauhtémoc Cárdenas, de la Alianza por México, encabezada por el PRD, el PT y Convergencia por la Democracia, ocupó el tercer lugar (9%).

La brecha se abrió en 2006: Felipe Calderón ganó en Coahuila con el 43% de la votación. Roberto Madrazo, postulado por el PRI y el Verde, bajó al 26% y López Obrador, de la coalición PRD, PT, Convergencia, alcanzó el 24%. En 2012, Josefina Vázquez Mota (PAN) obtuvo el 36% y Enrique Peña el 32%, pero la alianza del PRI con el Verde le permitió subir al 39%. AMLO retrocedió al 19 por ciento.

López Obrador participará por tercera ocasión en unas elecciones presidenciales, esta vez bajo las siglas de Morena y los partidos del Trabajo y Encuentro Social. Es el precandidato con mayor intención de voto, después de Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, antes Convergencia) y José Antonio Meade, de Todos por México (PRI, Verde y Nueva Alianza). La percepción es que la Presidencia se decidirá entre AMLO y Anaya.

Meade, un candidato sin discurso y sin carisma, está lastrado por el gobierno de Peña Nieto, el Presidente más impopular de las últimas décadas. La corrupción y la impunidad se dispararon en el actual sexenio. Los secuestros, las masacres, las desapariciones forzadas y las violaciones a los derechos humanos son piedras de escándalo. El PRI, en una de las elecciones de mayor riesgo, tiene como líder a un burócrata sin oficio político ni experiencia electoral. Enrique Ochoa ha agraviado y dividido al priismo nacional como ninguno de sus predecesores.

El PRI podría caer al tercer lugar en los comicios del 1 de julio próximo, como ocurrió en 2006 cuando postuló a Roberto Madrazo. El hartazgo social y el deseo de cambio impregnan el ambiente, así lo transiten las redes sociales y lo reflejan las encuestas. Sin embargo, la ceguera del Gobierno y su partido es tal que, donde la mayoría –incluidos liderazgos del PRI– ve derrota, Peña, Meade y Ochoa cantan victoria.
17 Abril 2018 04:06:00
El rostro del miedo
En 1981, ciudadanos de Piedras Negras, inconformes por una elección viciada, incendiaron la presidencia municipal y bloquearon el puente internacional de Eagle Pass. Era cuando el Presidente de la República tenía el control del país, vigilaba a los gobernadores y de vez en cuando defenestraba a alguno para enfriar las demandas ciudadanas de comicios libres, limpios y democráticos.

Ese equilibrio terminó con la alternancia y en el último sexenio devino en retroceso: la crítica se reprime y el sistema judicial legaliza el fraude electoral y prepara nuevos atracos sin reparar en consecuencias. Una de ellas es la violencia política, la cual muestra cada vez más su rostro sanguinario con el asesinato de candidatos.

Después del episodio de 1981, Piedras Negras dejó de representar un dolor de cabeza para el PRI y los gobiernos de turno, salvo por la separación de algún alcalde por causa de fuerza mayor o desa-rreglos domésticos.

En esa aparente uniformidad incubó una de las mayores atrocidades, documentada por medios de comunicación e instituciones extranjeros y después por investigadores mexicanos: el asesinato masivo de personas –con sevicia– en el penal de Piedras Negras, en los años infames del moreirato, denunciados ante la Corte Penal Internacional como crímenes de lesa humanidad.

De los municipios más poblados de Coahuila, Piedras Negras es el único donde no se conoce la alternancia. Ya la hubo en Saltillo, Torreón, Monclova, Ramos Arizpe, Frontera y Acuña e incluso en municipios pequeños como Allende, escenario de otra masacre impune en el docenio negro. Con esa seguridad, la Alcaldía la empezaron a ocupar no los mejores, ética y socialmente, sino los más dóciles con el gobernador. Ejercido con soberbia y apoyado en el miedo, el Gobierno empezó a aplastar a los liderazgos locales para monopilizar el poder e imponer sus intereses. La consigna era “te aguantas o te atienes a las consecuencias”.

Si a Claudio Bres la policía municipal no detienen a sus hijos por el delito grave de andar en bicicleta frente a la residencia del candidato del PRI a diputado federal Fernando Purón, uno de los inventos del moreirato, quizá hoy todavía sería un priista, inconforme pero disciplinado y dedicado a sus negocios. Sin embargo, la Administración municipal cruzó la frontera que separa a la política de la familia, forzó la renuncia de Bres y puso en riesgo la Presidencia de Piedras Negras.

Alcalde en dos ocasiones y diputado federal, además de colaborador cercano del gobernador Rogelio Montemayor, Bres se montó en la ola del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), impulsada por Andrés Manuel López Obrador, para disputarle el poder a Sonia Villarreal.

La candidatura del director de “La Rancherita del Aire” dividirá el voto del PRI, atraerá el de los indignados, que forman legión, y eventualmente puede ganar las elecciones del 1 de julio. También le restará sufragios a José Antonio Meade, a Verónica Martínez y al propio Purón, candidatos del PRI a la Presidencia, el Senado y el Congreso.

Los huevos arrojados a Bres este domingo, previo su registro, tenían forma de bumerán. En las urnas golpearán a los autores del agravio. Villarreal y sus seguidores acudieron al abyecto Instituto Electoral de Coahuila en son de paz, vestidos de blanco.

Lo hicieron así para deslindarse de la agresión, atribuida a simpatizantes de Morena, pero todavía con rastros de yemas en las manos.
16 Abril 2018 04:09:00
México y el populismo
El apoyo creciente a la democracia directa la propician los partidos y los gobiernos que ejercen el poder de espaldas a la sociedad y sólo benefician a sus burocracias y a las elites. La frustración y el enojo ciudadano por la corrupción y la falta de resultados también abren cauce a otras formas de gobierno. Según el Barómetro de Confianza Edelman, México es “un territorio fértil para el populismo”, pues el 67% (14 puntos porcentuales por encima de la media global) cree “que el actual sistema es injusto y no proporciona mucha esperanza para el futuro”. Por otra parte, “la globalización y el cambio tecnológico han debilitado aún más la confianza de la gente en las
instituciones”.

La encuesta del Centro de Investigaciones Pew (PRCPP, por sus siglas en inglés) dice que “en los últimos años se ha extendido una ansiedad cada vez mayor sobre el futuro de las democracias en todo el mundo. Los autócratas enardecidos y los populistas en ascenso han sacudido las suposiciones sobre la trayectoria futura sobre la democracia liberal, tanto en naciones donde todavía no ha florecido como en países donde parecía fuertemente arraigada”.

Un texto firmado por Richard Wike, director del PRCPP, y otros autores, señala: “Los académicos han documentado una ‘recesión democrática’ global, y algunos ahora advierten que incluso las democracias ‘consolidadas’ de larga data podrían perder su compromiso con la libertad y deslizarse hacia políticas más autoritarias”.

El PRCPP encontró que “hay razones para la calma y la preocupación cuando se trata del futuro de la democracia. Más de la mitad en cada una de las naciones encuestadas considera que la democracia representativa es una forma muy buena o buena de gobernar su país. Sin embargo, en todos los países, las actitudes a favor de la democracia coexisten, en diversos grados, con la apertura a las formas de gobierno no democráticas, incluido el gobierno de expertos, un líder fuerte o el Ejército”.

La democracia participativa tiene mayor respaldo en los países más ricos y con sistemas más plenamente democráticos, explica el estudio. “Al mismo tiempo, las mayorías en casi todas las naciones también adoptan otra forma de democracia que pone menos énfasis en los representantes electos. Una mediana mundial del 66% dice que la democracia directa, en la que los ciudadanos, en lugar de los funcionarios elegidos, votan sobre asuntos importantes, sería una buena forma de gobernar. Esta idea es especialmente popular entre los populistas de Europa occidental”.

El PRCPP advierte que “en muchos países el escepticismo de la democracia representativa está ligado a opiniones negativas sobre las condiciones económicas. En 19 países, las personas que dicen que sus economías nacionales están en mala forma son menos propensas a creer que la democracia representativa es buena para el país”. En México, el 91% de la población no cree que la democracia representativa sea muy buena.

“(...) el pesimismo sobre la próxima generación se relaciona con puntos de vista negativos sobre la democracia participativa. En casi la mitad de las naciones encuestadas, quienes piensan que los niños de hoy estarán peor económicamente que sus padres, son menos propensos que otros a decir que la democracia participativa es una buena forma de gobierno. Entre los mexicanos que creen que la próxima generación estará en peores condiciones, sólo el 52% dice que la democracia participativa es buena para el país. El respaldo al Gobierno por parte de los representantes electos está en el 72% entre aquellos que dicen que los niños estarán mejor que sus padres”.
14 Abril 2018 04:08:00
Del INAI al Congreso
El abuso de poder y la incompetencia de las autoridades para combatir la violencia atizan el enojo social y estimulan el voto de castigo. Tres ejemplos, publicados en la nueva edición del bisemanario Espacio 4:

I

Si usted no tiene quién le cuide a su hijo, quizás en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) puedan ayudarle. Al menos así piensa la excomisionada del instituto, Ximena Puente, quien ya fue denunciada por peculado, abuso de confianza y tráfico de influencias, después de utilizar a funcionarios de la dependencia para cuidar a su hija menor de edad. Fue el excónyuge de Puente –para más inri, actual candidata plurinominal del PRI a la Cámara de Diputados– el responsable de la denuncia, misma que presentó en diciembre de 2017 en las oficinas de la PGR y el Órgano Interno de Control del INAI. (…) el peculado llega a la cifra de un millón 72 mil pesos y menciona a los servidores públicos Nayeli Santacruz Palomino, José Rodolfo Araujo Hernández y Priscila Leticia Zermeño González como los encargados de hacer de “nanas” de la menor. “He podido constatar que diversas personas supuestamente contratadas por ella para el cuidado de nuestra hija en realidad son servidores públicos a quienes Ximena Puente de la Mora ha comisionado ilegalmente a realizar funciones que no corresponden con las tareas de su puesto ni con las atribuciones inherentes a su trabajo”, señala la denuncia.

II

La situación de los penales en México sigue sin control. Un motín en el centro penitenciario estatal de La Toma, en el municipio de Amatlán de Los Reyes, Veracruz, culminó con saldo de siete policías muertos y al menos 10 heridos. Los hechos tuvieron lugar el 31 de marzo, a las 10 de la noche, cuando los rehenes se armaron con herramientas de carpintería y quemaron colchones para exigir la destitución del director y del jefe de custodios del reclusorio. Agentes del grupo antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz ingresaron para restablecer el orden, pero fueron atacados por los internos. El operativo tenía doble propósito: aplacar el conflicto y reubicar a internos de alta peligrosidad. Sin embargo, no fue hasta las 6 de la mañana del siguiente día que los elementos de seguridad lograron sofocar la revuelta.

Mientras duró el enfrentamiento, miembros de la Policía Federal, la Marina-Armada de México, la Policía Estatal y la Policía Militar acordonaron las inmediaciones del penal para evitar que familiares de los internos ingresaran al mismo.

III

Otra vez el asesinato de una joven sacude a la sociedad, ahora con la agravante de que la víctima tenía 8 meses de embarazo. A Jessica Gabriela Hernández García, de 20 años, la contactaron por Facebook con la excusa de regalarle ropa para su futuro bebé. Ella fue a la cita acordada con los supuestos donantes y desde el 27 de marzo, fecha en que se reportó su desaparición, ya no se supo más de Jessica hasta que su cuerpo fue encontrado, 4 días después, en la colonia Nuevo Progreso, al norte de Veracruz. Acorde con las declaraciones de las autoridades, los plagiarios presuntamente trataron de extraerle el bebé que llevaba en su vientre. Dos personas se encuentran detenidas por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas. En un país donde los feminicidios son el pan nuestro de cada día, sucesos como este detonan con fuerza en el sentir de la sociedad, harta de la pasividad del Gobierno que ha sido rebasado por la violencia asociada con la misoginia.
13 Abril 2018 04:07:00
¿Tendencia irreversible?
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fundado en 2014, carga menos lastre que los principales partidos nacionales (PRI, PAN y PRD), pero tampoco es el mejor. El clima dominante para las elecciones presidenciales y de Congreso general es de enfado social contra una clase política predadora, cínica y en algunos casos vulgar, y una tecnocracia soberbia e incompetente que busca por todos los medios a su alcance hacerse con el poder otro sexenio, a pesar de su fracaso en la conducción de la economía. La deuda externa ronda los 194 mil millones de dólares, 37.5% más que en el Gobierno de Felipe Calderón.

La atención del país está centrada en Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y Encuentro Social). El PRI y el PAN tratan de cerrarle el paso como en las dos elecciones anteriores, pero esta vez parece que ni la guerra sucia ni los errores del exjefe de Gobierno de Ciudad de México cambiarán una tendencia, en apariencia, irreversible. Gran parte del liderazgo de AMLO se debe al PRIAN. Las presidencias de Vicente Fox, Calderón y Peña Nieto no impulsaron al país. El crecimiento económico ha sido mínimo, la pobreza se elevó en los últimos años y la corrupción alcanzó niveles nunca vistos. México ocupa el lugar 135 (de 180 países) del ranking de Transparencia Internacional.

AMLO tomó la iniciativa antes de que empezaran las campañas, y marca la agenda como si ya fuera Presidente. Un caso es el del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). El candidato de izquierda puso en el tapete la necesidad de revisar los contratos de la obra, cuyo costo se ha encarecido sustancialmente (del presupuesto original de 169 mil millones de pesos subió a más de 212 mil millones y aún podría incrementarse), ante la sospecha de actos de corrupción e incluso propone cancelar el proyecto.

El Gobierno de Peña Nieto y los candidatos Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), José Antonio Meade, de Todos por México (PRI, Verde y Nueva Alianza) y Margarita Zavala (independiente) reaccionaron contra las declaraciones de AMLO. Incluso el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, aceptó discutir el tema. AMLO se mueve y actúa como si ya fuera Presidente y así lo ven muchos. La intención de voto lo separa cada vez más de Anaya y de Meade. En la anterior campaña, dijo ser “políticamente indestructible”. El tiempo parece darle la razón.

AMLO, cuyo compromiso de combatir la corrupción parece más creíble que el de Meade, Anaya y Zavala, dio un giro en su discurso. En una reunión con empresarios en Saltillo, el 27 de febrero, insistió que “México necesita reconciliación y no venganza”. La actitud se interpretó como un gesto de buena voluntad hacia la Presidencia de la República y el PRI, para no investigar a Peña Nieto. El candidato de Juntos Haremos Historia habría suavizado su discurso contra la “mafia del poder” para generar confianza y evitar un nuevo boicot. Sin embargo, el servil fallo del TEPJF para imponer a Jaime Rodríguez en la boleta de presidenciables y combatir al fundador de Morena, echa por tierra cualquier acuerdo. AMLO, quien dice que sus modelos son Juárez, Madero y Cárdenas, no Chávez ni Maduro, está en la antesala de Los Pinos. El PAN y el PRI le abrieron las puertas desde dentro; y desde fuera, una ciudadanía agraviada por gobiernos anodinos, arrogantes y venales.
11 Abril 2018 04:07:00
Crisis de confianza
En México las alternancias han provocado desencanto por la democracia y mayor desconfianza en el Gobierno. El malestar por la corrupción política, la mala marcha de la economía, la ineficacia de las autoridades y la falta de cambio en el sistema político se refleja en la intención de voto para las elecciones presidenciales del 1 de julio, que por primera vez favorece con claridad a un partido de izquierda (Morena). El PAN tiró por la borda 12 años de gobierno y el PRI que regresó a Los Pinos es uno de los peores en sus 89 años de historia.

México ocupa el último lugar de los países menos conformes con la democracia, según una encuesta del Centro de Investigaciones Pew (PRCPP, por sus siglas en inglés), laboratorio de ideas con sede en Washington, presentada el 16 de octubre de 2017. A la pregunta de “¿cuán satisfecho está con la forma en que la democracia funciona?”, el 93% de los mexicanos se declaró descontento y sólo el 6% respondió positivamente. De los 36 países consultados, Suecia, India y Tanzania son los más satisfechos (79%).

El PRCPP advierte que “pocos en el mundo tienen mucha confianza en su gobierno”, y que “las actitudes sobre el funcionamiento de la democracia están estrechamente ligadas a la confianza del público en su gobierno nacional”. En México, sólo el 17% cree en el suyo. De los siete países encuestados en América Latina, el Gobierno de Nicolás Maduro (Venezuela) resultó ser el más fiable con el 29% –12 puntos porcentuales por encima del de Peña Nieto–. Tanzania (89%), India (85%) e Indonesia (83%) encabezan la lista.

“Además de la política, el estado de la economía está fuertemente relacionado con la confianza de las personas en su gobierno. Los públicos que han experimentado un mayor nivel de crecimiento económico en los últimos cinco años tienden a tener más confianza en su gobierno nacional para hacer lo correcto para su país. Por ejemplo, en India, donde la economía ha crecido en promedio 6.9% desde 2012, el 85% confía en su gobierno nacional”, indica la muestra.

En el sexenio de Peña Nieto, el crecimiento anual promedio del PIB será del 2.5%, lo cual explica porque sólo el 2% de los encuestados confía en que el Gobierno hace lo correcto para el país. La inflación, al contrario, tuvo un disparo. El año pasado fue de 6.77% (INEG), una de las más altas en los tres últimos gobiernos.

La encuesta, aplicada a 41 mil 953 personas entre el 16 de febrero y el 8 de mayo de 2017, advierte sobre el tema: “Las opiniones sobre la economía están fuertemente relacionadas con la satisfacción con la democracia. En casi todos los países, las personas que dicen que la economía nacional está funcionando bien en la actualidad son más propensas que aquellas que dicen que no lo está haciendo para estar satisfechas con el sistema político”. En México, el 9% respondió que la situación de la economía es buena, el nivel más bajo de los países encuestados.

Para el PRCPP, “la satisfacción con la forma en que la democracia funciona también está ligada a cómo la gente ve el pasado y el futuro. En 35 naciones, la satisfacción es menor entre aquellos que piensan que la vida para personas como ellos es peor hoy que hace 50 años. En 34 países, la satisfacción es menor entre aquellos que creen que los niños que crecen hoy en día estarán peor económicamente que sus padres. Además, es más probable que las personas que apoyan al partido en el poder digan que están satisfechas con la forma en que la democracia funciona en su país (…)”.
10 Abril 2018 04:06:00
Sistema fallido e injusto
El PRI que ha gobernado al país en los seis últimos años, el de Peña Nieto, los Moreira, los Duarte, los Videgaray, los Nuño, los Ruiz Esparza; el de la casa blanca, los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, las masacres en Tlatlaya, Apatzingán y Ecuandureo; el de las decenas de miles de muertos y desaparecidos en la guerra contra el narcotráfico, iniciada por Felipe Calderón; el que aumentó la pobreza y la deuda pública; el amigo secreto de Donald Trump y el que usa la justicia para perseguir a los opositores, pretende retener la Presidencia de la República el próximo 1 de julio.

El PAN y el PRD tampoco llegan en su mejor momento, pues además de reproducir los vicios del PRI, y en algunos casos incluso superarlos, perdieron liderazgo y ya no se distinguen como partidos de oposición. La partitocracia afronta una crisis profunda. Los partidos son las instituciones menos confiables del país, según la encuesta nacional de Consulta Mitofsky. Con 4.4 puntos de calificación, están por debajo de los senadores, la Presidencia, la policía, los diputados y los sindicatos.

El país de América Latina donde la población cree menos en los funcionarios es México: sólo el 28%, de acuerdo con el Barómetro de Confianza Edelman 2017. En la misma zona, la corrupción genera mayor temor que la globalización, el desgaste de los valores sociales, la inmigración y el ritmo de innovación. A escala global, la confianza en las empresas, el Gobierno, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los medios de comunicación se encuentra en su nivel más bajo, señala el informe presentado en vísperas del Foro Económico Mundial, celebrado el 23 y 24 de enero.

El 53% de los encuestados en 28 países considera que “el sistema general les ha fallado, es injusto y ofrece pocas esperanzas para el futuro”. En México, la decepción aumenta el 67%. Richard Edelman, presidente y director ejecutivo de la compañía estadunidense de relaciones públicas que lleva su apellido, dice que “las implicaciones de la crisis de confianza son profundas y de amplio alcance”, pues incluyen al sector financiero y al poder judicial. “La consecuencia es un virulento populismo y el nacionalismo en tanto que la población de masas ha tomado el control de las élites”. La corrupción es otro de los factores que impulsan los movimientos populistas. La confianza de 28% en el Gobierno de México está 15 puntos porcentuales por debajo de la media (43%). Las instituciones mejor calificadas son las empresas (70%) y las ONG (71%).

La confianza en los medios de comunicación retrocedió en todo el mundo. En México es de 48%, un punto porcentual más con respecto al año previo; sin embargo, en 2012 era de 58%. El fenómeno podría explicarlo el hecho de que “la gente ve a los medios de comunicación como parte de la élite”, dice Edelman, cuya recomendación a la prensa, la radio y la televisión es “adoptar un enfoque más local y social”. Daniel Moreno, director del portal Animal Político e invitado por Edelman a presentar el Barómetro de Confianza en nuestro país, atribuye la desconfianza en los medios de comunicación a su cercanía con el poder y su alejamiento de la ciudadanía. México es el país donde más preo-cupa el manejo de noticias falsas como arma mediática. “El 76% aceptó que carece de elementos para distinguir entre la información real y la falsa”.
09 Abril 2018 04:07:00
Borrachera de poder
Los pecados del gobernador Miguel Riquelme (MR) –ciertos o supuestos– se ventilaron en la campaña: sus propiedades y cómo las adquirió, el alumbrado público de Torreón, las presuntas irregularidades en la Tesorería y en el Simas cuando fue alcalde, su dependencia de los Moreira, pero aún así ganó. Entre otras razones, porque el principal candidato opositor, Guillermo Anaya, tampoco pudo explicar su éxito económico en la política ni aprovechó las circunstancias para obtener un triunfo contundente. Otro elemento que impidió la alternancia fue la participación de Armando Guadiana (Morena) y Javier Guerrero (independiente) cuyos 105 mil votos, de haberse sumado al PAN, tendrían hoy a Anaya en el Palacio Rosa.

Riquelme posee hoy más información contra Rubén Moreira, origen de muchos de sus males y acaso también de no pocos de sus bienes, que éste de aquél. El exalcalde de Torreón no endeudó al estado ni encubrió el pasivo; tampoco usó la tesorería de la Universidad Autónoma de Coahuila como caja chica ni empobreció a los trabajadores de la educación con una reforma inicua al sistema de pensiones.

La deuda es herencia de Humberto Moreira, mas no su único responsable. El desvío por 410 millones de pesos hacia empresas fantasma, las irregularidades por más de 3 mil millones de pesos descubiertas por las auditorías Superior del Estado y de la Federación y el quebranto del fondo de Pensiones ocurrieron en el sexenio de Rubén.

El gobernador MR cometerá sus propios aciertos y errores. Una buena decisión es la de renegociar la megadeuda –tema al que se han dedicado tiempo y recursos ingentes en los siete últimos años– para obtener ahorros de hasta 800 millones de pesos anuales, según el secretario de Finanzas, Blas Flores, sin extender el plazo de pago hasta 2048, lo que hubiera condenado a otra generación de coahuilenses al yugo de los bancos. Sin embargo, aún falta aclarar el destino de la deuda y castigar la contratación de créditos irregulares.

MR ha dedicado los primeros meses de su gobierno a reconciliar al estado y a tender puentes con liderazgos políticos y sociales agraviados en los dos últimos sexenios. Era la oportunidad de realizar un movimiento para distinguirse de sus predecesores: intentar un acercamiento público con sus antiguos rivales Guillermo Anaya, Armando Guadiana y Javier Guerrero. Al margen del resultado, el gesto hubiera reflejado madurez y oficio, tan escasos hoy en la arena política, donde impera la frivolidad y la pantomima. Hoy, en el fragor de las campañas para el Senado, en las que Anaya y Guadiana vuelven a ser candidatos, un encuentro así es impensable.

Riquelme tiene la oportunidad de trascender, como en otras circunstancias lo hizo Braulio Fernández Aguirre, el anterior gobernador lagunero arraigado en esa zona. La otra opción es la medianía. Salir de su círculo y abrirse a la sociedad e incluso a las oposiciones no sería una muestra de debilidad, sino, al contrario, de fortaleza. Rubén Moreira, cuya borrachera de poder no ha terminado, gobernó con las vísceras.

MR mantiene contacto con otros exmandatarios, los cuales, durante sus respectivas gestiones, no permitieron la injerencia de ninguno de sus antecesores. El poder no se comparte, y quien pretenda interferir deberá atenerse a las consecuencias. Sin embargo, en algunos sectores del estado e incluso dentro de la propia administración y del PRI existe confusión sobre quién está al mando, y si los Moreira –en particular Rubén– algún día serán llamados a cuentas. El tiempo y Riquelme tienen la respuesta.
07 Abril 2018 04:08:00
Nada qué aplaudir
La falta de castigo multiplica los delitos, y un ejemplo de ello es México. El actual sexenio ha resultado funesto para la libertad de expresión y confirma la denuncia de Transparencia Internacional de que es en los países con mayores índices de corrupción donde los periodistas corren más peligro (Relación Perversa, Zócalo 26.03.18). Leobardo Vázquez fue el tercer colega abatido apenas en el primer trimestre del año, como lo cuenta Gerardo Moyano en el bisemanario Espacio 4 (585).

“Vázquez (asesinado el 21 de marzo) fue corresponsal de La Opinión de Poza Rica, Noreste y Vanguardia, y fundó Enlace Informativo Regional, página web en la que manejaba información política, social y policiaca de Veracruz. El 30 de marzo, en la misma entidad, desapareció Fabián Hipólito López, colaborador de Diario Acayucan, Radiorama, Ke Buena y Radio Lobo.

“Un día antes del asesinato Vázquez –quinto en Veracruz en los 2 últimos años–, la organización Artículo 19 publicaba su informe Democracia Simulada. Nada que Aplaudir, en él califica al sexenio de Enrique Peña Nieto como el más violento del siglo para la prensa.

“‘Como candidato a la presidencia de México y luego como presidente, Enrique Peña Nieto no cumplió sus promesas de democratizar a los medios, de acabar con los monopolios de las telecomunicaciones ni de regular y transparentar la publicidad oficial. Nada de eso sucedió, por el contrario, apretó las tuercas de los mecanismos de censura directa e indirecta. Además, su sexenio (2012-2018) ha sido el más violento de lo que va en el siglo XXI en México’”, señala el prólogo de Marta Durán de Huerta Patiño.

“Artículo 19, con una década en nuestro país, advierte que los niveles de violencia contra la prensa en México sólo son comparables con países en situación de guerra declarada, como Siria. El año pasado, la ONG documentó 507 agresiones contra periodistas y 12 asesinatos (para totalizar hasta ahora 43) y mil 986 agresiones en el sexenio.

“El informe señala los obstáculos que enfrenta la prensa en nuestro país: mecanismos de censura, concentración de medios, publicidad oficial, criminalización de víctimas, espionaje gubernamental, fiscalías fracasadas, Ley de Seguridad Interior y zonas de silencio, entre otros. (...) en México ya se puede hablar de los asesinatos a periodistas en términos de violaciones graves a los derechos humanos. ‘La impunidad, entonces, figura como la tolerancia o aquiescencia del estado para que estos crímenes se sigan cometiendo’, señala.

“En el capítulo Protección e Impunidad. Un Sexenio sin Respuestas, la organización destaca que desde que empezó el Gobierno de Peña, cada año ha sido más violento que el anterior, pero que la grave situación de impunidad en casos de violencia contra la prensa se arrastra desde el sexenio de Calderón.

“‘Aun con la creación de una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) en 2010 y un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas en 2012, no se ha podido frenar la espiral de impunidad. El Estado no ha puesto un alto a esta situación debido a la falta de capacidades y voluntad política pero, sobre todo, por ser juez y parte en la violencia contra la prensa. (...) Aun peor, el propio Estado mexicano se erige como la principal fuente de peligro: en 48% de las agresiones contra las y los periodistas participan funcionarios de los tres niveles de Gobierno (…)’, indica”.
06 Abril 2018 04:07:00
El voto de Coahuila
Ahora que las campañas para la Presidencia y el Congreso han iniciado, conviene tener presente que las elecciones para gobernador del año pasado fueron las más competidas e incluso se resolvieron en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Del millón 264 mil votos emitidos (60.5% de la lista nominal), 758 mil fueron contra el PRI y 482 mil para su candidato Miguel Riquelme.

Fuera de los llamados a la reconciliación, de su compromiso de “gobernar para todos” y de su acercamiento con líderes agraviados y perseguidos en el sexenio anterior, el gabinete y las primeras iniciativas de ley de Riquelme no reflejan esa realidad ni toman en cuenta la demanda de castigar el desvío de recursos en las dos últimas administraciones y de sustituir el Sistema Anticorrupción, diseñado por su predecesor Rubén Moreira, por uno realmente funcional.

La energía social que el 6 de junio desbordó calles en Saltillo y Torreón para protestar por el resultado de las elecciones brindaba a los excandidatos de oposición, agrupados en el frente Por un Coahuila Digno, la oportunidad de convertirse en un contrapeso para vigilar al primer gobierno dividido y abrir espacios de participación política.

Sin embargo, su horizonte no iba más allá de anular el proceso, lo cual finalmente no ocurrió por el control del Gobierno y del PRI sobre el TEPJF. La pregunta ahora es: en los comicios del 1 de julio próximo para Presidente, senadores, diputados federales y alcaldes, ¿cómo votarán las legiones que el año pasado lo hicieron contra los Moreira?

¿Tiene ya Riquelme el mando político del estado después de 12 años de moreirato? ¿Deciden los secretarios del gobierno por sí solos o todavía consultan algunos con su antiguo jefe Rubén? ¿Le reciben las llamadas? ¿Manda todavía Carlos Moreira en el sector educativo que tomó como rehén y negocio familiar desde hace lustros en perjuicio de la calidad de la enseñanza? ¿Qué tanto confunde al Gabinete y a los alcaldes priistas –ninguno de ellos todavía con cualidades de líder– el protagonismo de Rubén Moreira? ¿Piensan y actúan más en función de su futuro político que en sus responsabilidades?

¿Alcanzan los tentáculos del moreirato a la Universidad Autónoma del Noreste (UANE), en cuya rectoría se refugió Jorge Verástegui, secretario de la Función Pública y de Salud (donde la Auditoría Superior del Estado detectó irregularidades por 65 millones de pesos en el ejercicio 2016) en el gobierno de Rubén Moreira, y efímero secretario del Ayuntamiento de Saltillo? ¿O fue el poder económico, al que en otro tiempo sirvió, quien le rescató?

¿Tienen ya Riquelme y su equipo el control del sistema de espionaje operado por Moreira II, quien dedicaba las primeras horas de cada mañana a escuchar, con euforia patológica, grabaciones de sus enemigos, reales o ficticios, (políticos, empresarios, colaboradores, líderes religiosos, periodistas) para después organizar con su alter ego, David Aguillón, campañas negras? ¿Le siguen el ritmo a Riquelme sus colaboradores o prefieren la grilla y el futurismo en sobremesas eternas?

El compromiso de Miguel Riquelme con Rubén Moreira ya expiró; al rendir protesta como gobernador, su única obligación pasó a ser con los coahuilenses, ya ni con su partido, cuyo voto significó apenas el 38% del emitido el 4 de junio. La mayoría de los coahuilenses prefirió otras opciones.

La alternancia se malogró por la mezquindad de los candidatos de oposición. El momento para unirse era antes de las elecciones, no en la derrota.
04 Abril 2018 04:07:00
Despotismo y traición
La megadeuda, las empresas fantasma, los desaparecidos y los muertos de Allende, Piedras Negras y La Laguna no son de Miguel Riquelme, pero su deber es investigarlos si en realidad desea romper el círculo de corrupción e impunidad de los dos últimos sexenios. El lagunero ha dedicado los primeros meses de su gestión a deshacer entuertos. Luego de una elección manchada por la sospecha y una resolución controvertida del TEPJF, no tenía otro camino. Rubén Moreira sembró vientos y Riquelme cosechó en su campaña las tempestades. El PRI perdió casi un cuarto de millón de votos con respecto a la elección de 2011.

Gobernar un estado polarizado, en sequía financiera y bajo el acecho de Rubén Moreira, quien resultó ser más autoritario, soberbio e intolerante que su hermano Humberto, representa un reto para Riquelme. En las postrimerías de su sexenio, Moreira declaró a Sergio Cisneros, director editorial de Zócalo Saltillo: “Trataré de ser un buen exgobernador. Estoy preparado para no meterme en lo que no me importa, en donde no me llaman y en donde no me debo meter, aunque me importe”. Era una intención, no un compromiso. Moreira II fue mal ejecutivo y como exgobernador puede ser peor.

El poder no se comparte, pero cuando se divide, los resultados son desastrosos. Humberto Moreira cometió el error de compartirlo con Rubén y este, en su sexenio, lo ejerció de manera despótica y negó a su hermano. En un audio difundido a finales de 2016 en redes sociales, el exlíder del PRI le recrimina: “Eso de que ‘yo no soy Humberto’, dice él. No, ni yo soy Rubén, cabrón. Yo no soy traidor como él, yo soy de una palabra y soy derecho”.

Hasta hoy a Rubén las cosas le han salido a pedir de boca. Humberto es el villano y lleva la peor parte de la historia familiar: se le responsabiliza de la megadeuda por más de 36 mil millones de pesos, cuando su hermano designó a gran parte del Gabinete y controlaba la Secretaría de Finanzas; le asesinaron a un hijo (José Eduardo); fue expulsado del PRI y detenido en Madrid por presunto lavado de dinero; sufre el estigma de pertenecer a la lista de Los Diez Mexicanos más Corruptos de 2013 de la revista Forbes, y vive en el ostracismo. Mientras tanto, Rubén, a quien las Auditorías Superior del Estado y de la Federación le han descubierto irregularidades por más de 3 mil millones de pesos, cuyo Gobierno disparó la deuda a más de 40 mil millones de pesos, operó una red de empresas fantasma, provocó la quiebra del sistema de pensiones de los trabajadores de la educación y ha sido acusado de brindar protección al cártel de los Zetas, fue colocado por Peña Nieto en el tercer puesto de mayor jerarquía del PRI. También dirige la estrategia electoral de José Antonio Meade, el candidato presidencial más “honrado”, según Peña. ¿Con Rubén en su equipo?

La arrogancia y el despotismo de Moreira, quien ya tiene una diputación plurinominal asegurada (un voto por Meade es un voto por Rubén, insisto), casi hicieron perder al PRI Coahuila el año pasado (es cierto, lo retuvo por las malas). Riquelme es quien ejerce el poder ahora y a quien los coahuilenses le exigen resultados, abrir el expediente de la deuda y castigar los desa-fueros de su exjefe. El gobernador no debe permitir intromisiones de sus predecesores, aunque el único que parece sentirse con derecho para hacerlo es Rubén. Si lo tolera, se debilitará y se confirmarán los señalamientos de las oposiciones en el sentido de que sería la continuación del moreirato.
03 Abril 2018 04:06:00
La herencia de Rubén
El gobierno de Miguel Riquelme no alcanzó velocidad de crucero en sus 100 primeros días, los cuales se cumplieron el 10 de marzo. El despegue fue lento y no estuvo exento de turbulencias. Los motores de la administración no tenían potencia. Rubén Moreira vació los tanques y las arcas, dejó demasiados agujeros y un sinfín de agravios. ¿Conocía el desastre que heredaba o le ocultaron información sensible?

La falta de derroteros y de políticas claras hace ver en algunos sectores al nuevo Gobierno como continuación del anterior, aunque no lo sea. Consciente o inconscientemente se exaltan los logros –en muchos casos de dudosa veracidad– del sexenio del encubrimiento (de la deuda, las masacres en Allende y en el penal de Piedras Negras, las fosas clandestinas, los negocios con Los Zetas). La agenda repite las entrevistas y fotografías del Ejecutivo con secretarios de Estado, las conferencias con las Fuerzas Armadas y casi las mismas declaraciones. No hay novedad. Riquelme parece actuar algunas veces más como alcalde o candidato en campaña que como gobernador. La situación financiera y política reduce los márgenes de maniobra, pero aun así falta creatividad.

Para desviar la atención de la deuda y otros escándalos de corrupción, y sin recursos para emprender obras relevantes, Rubén Moreira tendió cortinas de humo, presumió como propias las inversiones federales y se disfrazó de ombudsman mientras conformaba un gobierno autoritario y prohibicionista. El ardid funcionó hasta que el 6 de noviembre pasado, casi al final de la administración, la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas presentó el estudio Control… sobre todo el estado de Coahuila, según el cual el cartel de Los Zetas pagó fuertes sumas de dinero a los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira a cambio de protección.

“Los funcionarios estatales se han negado intencionalmente a buscar la justicia a pesar de tener conocimiento de innumerables abusos contra los derechos humanos perpetrados por miembros del cártel zeta. En el mejor de los casos, el Estado se hizo la vista gorda ante la generalizada corrupción y los graves abusos contra los derechos humanos cometidos por Los Zetas en Coahuila, y en el peor, participó directamente en la perpetración de estos abusos”, advierte el estudio, desmentido por el entonces gobernador y hoy secretario de Organización del PRI.

Más cerca de entregar el poder, Rubén Moreira recibió otro mentís. El 21 de noviembre, Sergio Aguayo y Jacobo Dayán, investigadores del Colegio de México, presentaron la investigación El Yugo Zeta. Norte de Coahuila. 2010-2011 sobre las masacres en Allende y en el penal de Piedras Negras. En el primer caso, el número de muertos y desaparecidos varía según la fuente (el Gobierno del Estado contabilizó 28; la agencia de noticias ProPublica y National Geographic identificaron 60; y las asociaciones de las víctimas denunciaron 300); y en el segundo, fueron asesinadas al menos 150 personas. Moreira no era gobernador en ese periodo, pero sí quien tomaba las decisiones.

Previamente, el 6 de julio de 2017, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) entregó en la Corte Penal Internacional el informe México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza, constituyen crímenes de lesa humanidad. Los sucesos ocurrieron entre 2009 y 2016, cuando el estado era gobernado por los hermanos Moreira. “Las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad con Los Zetas en un contexto de innegable colusión (y) a través de las fuerzas especiales”,
advierte la FIDH.
02 Abril 2018 04:07:00
La hora de la verdad
El moreirato no se ha ido ni se irá, habrá que echarlo y sólo quien tiene el poder para hacerlo y tomar definitivamente el control político del estado es el gobernador Miguel Riquelme. Los coahuilenses hicieron su parte en las elecciones del 4 de junio de 2017, cuando la mayoría votó contra los desafueros de los hermanos Humberto y Rubén Moreira. Sin embargo, la cortedad de miras de las oposiciones frustró la alternancia y el PRI se hizo con el poder por otros seis años, con los cuales completará 94 en 2023 de manera ininterrumpida.

Riquelme –primer gobernador lagunero en más de medio siglo– podría aprovechar el descontento contra sus predecesores para fortalecerse y ganar legitimidad en un estado con crisis de liderazgo. La ruptura con el moreirato no necesariamente debe ser espectacular, bastaría enviar señales a los coahuilenses, a su partido e incluso a su gabinete sobre la inexistencia de un maximato, informar acerca del estado en que recibió la Administración, esclarecer el destino de la deuda por más de 38 mil millones de pesos e investigar y castigar las empresas fantasma a las cuales se desviaron 410 millones de pesos, así como otras irregularidades detectadas por las auditorías superiores del Estado y la Federación.

Resulta difícil cambiar de la noche a la mañana las estructuras y modificar las conductas e inercias creadas bajo la férula de los hermanos Moreira, cuya furia, codicia y ansia de poder trastocaron el orden político, social y moral del estado, envilecieron las instituciones y hundieron a Coahuila en la peor crisis financiera de su historia. Humberto Moreira, expulsado del PRI por haberse postulado por otro partido para diputado, busca espacios para regresar a la arena política; Rubén Moreira trata de influir en decisiones locales desde la secretaría de Organización del PRI; Carlos Moreira controla las secciones V y 38 del SNTE y la Secretaría de Educación desde hace dos sexenios; y Álvaro Moreira maneja la estructura electoral del PRI.

Riquelme replicó desde su campaña a quienes lo presentaban como extensión de Humberto y Rubén, que su apellido no es Moreira. Sin embargo, el activismo de los hermanos crea confusión. Los actuales secretarios de Desarrollo Social, Inocencio Aguirre; de Medio Ambiente, Eglantina Canales; y de Cultura, Ana Sofía García Camil, lo fueron también en el gobierno de Rubén Moreira. José María Fraustro, quien ocupa la Secretaría de Gobierno, fue líder del Congreso en la anterior legislatura; y José Blas Flores, secretario de Finanzas, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Pero mientras algunos de los principales operadores y cómplices del moreirato, como David Aguillón, presidente de la Fundación Colosio, perdieron influencia política y privilegios económicos, piezas del mismo tablero encontraron acomodo en distintas áreas del Gobierno, en el Congreso, en el Instituto Electoral y en el Tribunal Superior de Justicia. El derecho que reclaman los Moreira para intervenir en los asuntos del estado se basa en una distorsión de la realidad: Riquelme colaboró en los gobiernos de Humberto y Rubén y este le allanó el camino hacia la Gubernatura, pero ellos mismos estuvieron a punto de hacerlo perder por sus excesos y por el desprestigio de la marca. Las cuentas están saldadas. Ahora solo falta hacérselo saber al clan, pero sobre todo a los coahuilenses, los cuales, mientras no aprecien una separación clara y objetiva, verán con sospecha y escepticismo a la nueva Administración.
31 Marzo 2018 04:07:00
La falsa panacea (III)
Si en Coahuila las prioridades las determina la comunidad, como dice el gobernador Miguel Riquelme, al estilo de AMLO, entonces convendría realizar consultas serias con diferentes sectores de la sociedad y especialistas en la materia para conocer su opinión sobre el horario de verano y actuar en consecuencia. Su anulación podría promoverse en la Conago y después en el Congreso. Con esta entrega cierro el reportaje de Édgar London sobre el tema, publicado por el bisemanario Espacio 4.

“Lo que pocos previeron con la puesta en práctica del horario de verano son los efectos nocivos que la nueva medida trae consigo, a partir de la disminución de unos 40 minutos efectivos de sueño diario. Esta reducción, que para muchos puede ser mínima, a criterio de los científicos, sí representa una alteración seria para el organismo que, lógicamente, se irá adaptando a las nuevas circunstancias sin saber que, 6 meses más tarde, tendrá que recorrer el camino inverso. Así, cada año.

“Con esta dinámica adversa, el primer síntoma que se manifiesta en la persona afectada es el de un agotamiento temprano. Ello puede ser causa de un bajo rendimiento escolar, especialmente entre los estudiantes de nivel universitario, pues se ve mermada en los mismos la capacidad de concentración, así como de retención.

“Del mismo modo, hay mayor proclividad a cometer errores en el desempeño de labores cotidianas. Ya sea en casa o en un centro de trabajo. Esa alteración del ritmo biológico, la imposición de nuevas condiciones para dormir y la privación –leve, pero constante– del sueño, podría provocar más accidentes de tráfico. Sobre todo, en las primeras horas de la mañana, cuando hay oscuridad donde antes había luz o justo al anochecer, momento en que el organismo usualmente requiere descanso y todavía no se lo otorgan.

“No obstante, es en la salud donde se notan los impactos más graves. Con el horario de verano, las personas suelen ser más vulnerables a los efectos de la depresión. Un estudio que data de 2008 mostró que los hombres exhibían incluso mayor tendencia al suicidio durante las semanas posteriores a un cambio de horario.

“Y no sólo eso, investigaciones desarrolladas en Suecia coinciden con estadísticas mostradas por nosocomios estadunidenses. En la nación europea la incidencia de ataques al corazón aumenta bruscamente entre el 5 y el 10% durante la primera semana tras el adelanto de hora. Mientras que en el país norteamericano, al día siguiente de que entra en vigor el horario de verano, se reporta un incremento del 24% de problemas cardiacos y, cuando se regresa al horario normal, son 21% menos los incidentes cardiacos que se presentan.

“No todos los países adoptan el horario de verano. En realidad, lo hace menos del 40% de las 194 naciones reconocidas por la Organización de Naciones Unidas (ONU). La mayoría de los territorios que se encuentran cercanos a la línea imaginaria del ecuador no ajustan sus relojes dado que las variaciones de la duración del día son insignificantes.

“Otras naciones lo usan a discreción dentro de sus fronteras. En Estados Unidos, por ejemplo, ni Arizona ni Hawái se atienen a esta medida. (...) En México sucede otro tanto. Ni Sonora ni Quintana Roo hacen cambio de horario durante el año. (...) El problema de la discrecionalidad en la utilización o no del horario de verano es que quienes se acogen al mismo ni siquiera lo hacen al unísono. En México, usualmente, 33 municipios de la franja fronteriza del país adelantan sus relojes antes que el resto de México. Esta diferenciación es para homologarse al horario estadunidense y no afectar la vida cotidiana de los residentes que a diario cruzan la frontera para ir a la escuela o a trabajar (…)”.
30 Marzo 2018 04:07:00
La falsa panacea (II)
Cuando el horario de verano se impuso por primera vez, en 1988, mi amigo Jaime Cantú Charles, empresario lagunero fallecido prematuramente, bromeaba: “Si el ahorro económico es tan grande como el Gobierno afirma, ¿por qué mejor no adelanta ocho horas el reloj? Así pagaríamos la deuda externa”. El argumento cobra actualidad, pues con Peña Nieto la deuda se ha disparado casi a 194 mil millones de dólares. La economía no es tal, como dice Édgar London (Espacio 4, 584).

“La Secretaría de Energía (Sener) y el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide) argumentan que los beneficios del horario de verano van más allá del ahorro de electricidad. También incluyen la protección del medio ambiente al evitarse la quema de combustibles para la producción de electricidad en el país.

“Sin embargo, en ambos rubros, las más recientes cifras apuntan a la baja. Mientras en 2015, la Sener reportaba mil 470 millones de pesos de ahorro, el año pasado esa cifra se quedó en mil 332 millones –138 millones de pesos menos. Si la medición la trasladamos al ahorro en gigawatts-hora (GWh), el desplome resulta más evidente, al pasar de mil 470 en 2015 a 899.7 en 2017.

“Dentro del sector ecológico, las cosas no mejoran tampoco. Las emisiones de bióxido de carbono –principal causa del efecto invernadero– se redujeron en 466 mil toneladas durante 2015. Para 2017, el volumen sólo bajó 408 mil toneladas, un decremento de 12.4% en estos valores.

“Un estudio publicado recientemente por el Journal of Economics and Statistics pudiera explicar este fenómeno. Quizás esta práctica de ahorro funcionara a finales del pasado siglo, pero hoy, en los hogares, existen cada vez más equipos, como los aires acondicionados, que echan al traste la intención de bajo consumo eléctrico. El reportaje del Journal of Economics and Statistics tomó como referencia los patrones de consumo eléctrico en Indiana, EU, entidad que hasta el año 2006 tenía algunas regiones donde se adoptaba el cambio de hora y otras no. Luego de analizar los resultados, curiosamente, las regiones con horario de verano consumían más electricidad que aquellas que no lo hacían. ¿La razón? Más luz solar en verano, también implica más calor. Si bien por un lado se reducía el uso de bombillas para iluminar las casas, se disparaba el uso de ventiladores y aires acondicionados para mitigar los bochornos veraniegos.

“Otro de los elementos que esgrimen los defensores del horario de verano es el fortalecimiento de los negocios, pues hay más tiempo de luz natural para que las personas circulen por las calles. No obstante, la realidad es que muy pocos negocios adelantan una hora su horario habitual de atenciones para adaptarse al horario de verano pues esto afecta los hábitos de sus consumidores y, por otro lado, caería en discordancia con el resto de las entidades como las escuelas, por ejemplo, donde los propietarios o sus empleados tienen a sus hijos.

“Si bien es cierto que algunos sectores empresariales pueden verse beneficiados con una mayor presencia de luz solar, a otros no les conviene. Las tiendas minoristas, usualmente, están a favor de esta regulación. Los clientes acostumbran a visitarlas más durante el día que en la noche. Otro tanto pueden decir quienes saquen réditos del ejercicio físico o el deporte. Las personas suelen aprovechar la claridad diurna para este tipo de actividades.

“Sin embargo, no favorece a la industria del entretenimiento, antros, bares, discotecas, que ven reducidos el tiempo potencial que utilizan sus visitantes pues llegan más tarde y el horario de cierre no cambia. Por lo tanto, tienen menos tiempo para consumir... y la casa pierde”.
28 Marzo 2018 04:07:00
La falsa panacea (I)
El horario de verano no es como el Gobierno lo pinta. El ahorro en electricidad y dinero es mínimo y los perjuicios y trastornos cada vez son mayores. El primer experimento para aplicarlo en Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas fue un rotundo fracaso, al grado de que el gobernador Eliseo Mendoza lo derogó en 1989. Sin embargo, 22 años después se implantó en la mayoría de los estados para sincronizar al país con Estados Unidos. Édgar London publica en el bisemanario Espacio 4, un texto sobre los antecedentes y efectos de adelantar el reloj una hora del primer domingo de abril al último día de octubre, que resumiré en tres partes.

»De nueva cuenta se impone el horario de verano y cada vez son más las voces que se levantan en contra de una medida que México arrastra desde el año 1996 y cuya implementación, a escala mundial, responde a circunstancias arcaicas, con más de un siglo de antigüedad. No se trata solamente de la hora que ganamos o perdemos cuando movemos las manecillas del reloj, ya sea para recobrar el horario normal –o de invierno, como también le llaman– en el primer caso o de adaptarnos al horario de verano en el segundo.

»Las consecuencias del cambio de horario van mucho más allá de la primera noche de sueño malogrado, al momento en que imponemos un uso que no es el habitual y que nos obliga a caminar medio zombie durante buena parte de ese primer lunes aciago cuando amanecemos en una oscuridad terrible y el día no parece tener fin.

La discordancia temporal que se presenta, de un día para otro –literalmente– con algunas naciones, afecta de manera directa buen número de negocios. (…)

»Estudios desarrollados por especialistas (…) revelan que afecta la salud humana, se reduce alrededor de 40 minutos de descanso nocturno, el rendimiento académico de los estudiantes decae, los accidentes viales se disparan e, incluso, en Estados Unidos y Suecia, análisis médicos han demostrado que el número de infartos aumenta considerablemente en comparación con las cifras que se registran en el huso horario estándar. Pero lo más importante, el ahorro de energía, pilar y justificación cimera de la puesta en marcha del horario de verano, se mantiene en entredicho. La manera en que se calculan los supuestos ahorros no convence a los especialistas y, en el caso de México, los resultados obtenidos durante los dos últimos años, dejan clara evidencia de que la mayoría de los indicadores van a la baja.

»Fue Benjamin Franklin, en 1784, cuando cumplía funciones de embajador de Estados Unidos en Francia, quien llamó la atención sobre establecer medidas para un incipiente ahorro energético. (…) fue Alemania el primer país que adoptó un horario especial en abril de 1916. Le llamó Sommerzeit (horario de verano) y su propósito era ahorrar carbón en tiempos bélicos. (…) Sin embargo, con el regreso de la paz, los relojes también regresaron a la normalidad (…) hasta que apareció la segunda conflagración mundial y, de nueva cuenta, las naciones involucradas asumieron el horario de verano, para desecharlo otra vez apenas terminó el conflicto.

»Hubo que esperar hasta 1966 para que el horario de verano se implantara en tiempos de paz. En esta ocasión fue en Estados Unidos y la estrategia vino justificada por las frecuentes crisis energéticas, como la del petróleo de los años 70, que asolaron a la poderosa nación del norte. México todavía esperó 30 años más para ponerlo en práctica. Fue en 1996 y su objetivo estaba bien definido: reducir el consumo de energía eléctrica utilizada principalmente en iluminación, al aprovechar una hora extra de luz natural cada día».

27 Marzo 2018 04:05:00
La rifa del tigre II
En un estado que ha sido residencia de capos y zona de guerra de carteles de la droga, José Luis Pliego Corona asumió este lunes la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Hasta mediados de mes se desempeñó como titular de Prevención de Delitos Cibernéticos de la Policía Federal; fue director de la Policía Ministerial del Estado de México en el gobierno de Enrique Peña Nieto y funcionario de la Secretaría de Administración, cuyo jefe era el ahora presidente, en el sexenio de Arturo Montiel.

Militante del PRI, Pliego fue candidato a diputado local para la V Asamblea Legislativa del Distrito Fedral en 2009 por el distrito XXX de Coyoacán, donde triunfó el perredista José Valentín Maldonado Salgado. En los comicios de ese año, el PRI perdió los 40 distritos; el PRD ganó 28 y dos en coalición con el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia. El PAN obtuvo nueve diputaciones de mayoría relativa y el PT una.

Rubén Moreira desapareció la SSP en 2013 y en 2016 creó Fuerza Coahuila, una corporación represiva, la cual ha sido acusada de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, siembra de pruebas y fabricación de delitos. Si el gobernador Miguel Riquelme revivió la SSP, por congruencia debería suprimir también Fuerza Coahuila para erradicar todo vestigio de su incómodo predecesor.

El artículo 12 de la Constitución local señala: “Los coahuilenses serán preferidos, en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones del Gobierno del Estado”. Pliego, según se sabe, nació en Ciudad de México, mas no es el único funcionario sin arraigo en ocupar un puesto relevante. Javier Villarreal, secretrio de Finanzas y operador de la deuda por más de 36 mil millones de pesos contratada en el gobierno de Humberto Moreira, es originario de Tamualipas.

Luego de tomar la protesta al nuevo jefe de la SSP, en una ceremonia a la cual los medios de comunicación fueron citados a las siete de la mañana, y en la que no se permitieron preguntas, el gobernador reiteró que “la seguridad pública constituye una política de Estado de la más alta prioridad. (...) Desde el primer día (...) hemos trabajado de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno y las fuerzas armadas con el objetivo conjunto de mantener la paz y la tranquilidad que la sociedad coahuilenses desea y merece”.

Pliego –dijo–”(es) un profesional de la seguridad con gran capacidad, experiencia, talento y honradez”. Riquelme encomendó al secretario la “reingeniería de la actuación y operatividad de las fuerzas policiales”, además de dignificar “su labor y la de sus familias en la salvaguarda de la paz social y la tranquilidad de los coahuilenses”, con énfasis en el respeto de los derechos humanos.

El titular de la SSP bosquejó su plan de trabajo a partir de reformas estructurales en el sistema de seguridad pública y penitenciaria, basadas en: “una imagen de fortaleza, confianza, protección, respeto, integridad y salvaguarda de nuestros valores fundamentales; implementar una normatividad para el pleno desarrollo de todos los segmentos de la sociedad en completo resguardo a su integridad; velar permanentement por la dignificación de las corporaciones policiacas, custodios y sus familias, como punto medular del sistema de seguridad pública; y en los principios universales de los derechos humanos”.

Si Pliego no politiza la seguridad, le madruga al crimen como lo hizo al rendir protesta, es igual de celoso y tiene los mismos arrestos en el desempeño de sus funciones que cuando corrige la ortografía y reta a sus críticos anónimos –lo hizo en campaña–, y cuida de los derechos humanos como de su apariencia, podría dar resultados.

26 Marzo 2018 04:07:00
Relación perversa
Entre menos son las garantías para la prensa y las organizaciones no gubernamentales, mayor es la corrupción y el número de periodistas y defensores de los derechos humanos asesinados, lo cual es “alarmante”, advierte Transparencia Intencional (TI) en el informe presentado el 21 de febrero pasado en Berlín, donde tiene su sede. En los dos últimos años, México descendió 40 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), al pasar del lugar 95 al 135 de 180 países clasificados.

Sobre la relación entre corrupción y libertad de expresión, TI cita el caso de Brasil, calificado con 37 puntos en el ranking, donde 20 periodistas fueron asesinados en los seis últimos años. “Los reporteros en Brasil –perseguidos por investigar la corrupción en gobiernos locales y la criminalidad vinculada con las drogas– arriesgan su vida a diario tan sólo por hacer su trabajo”.

La situación en México es aún más alarmante: en cinco años y tres meses de Gobierno del presidente Peña Nieto, 41 periodistas han sido asesinados (tres en lo que va de 2018; el más reciente fue el de Leobardo Vázquez Atzin, en Veracruz) y 24 permanecen desparecidos (Artículo 19). Los crímenes ocurrieron en 16 estados y permanecen impunes: 13 en Veracruz, la mayoría en el sexenio de Javier Duarte, ocho en Oaxaca, tres en Chihuahua y tres en Sinaloa, dos en Tamaulipas, dos en Guerrero y el resto en Coahuila, Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas (uno en cada caso).

Al analizar los resultados del índice y profundizar en la relación entre los niveles de corrupción, la protección de las libertades periodísticas y la participación de la sociedad civil, Transparencia Internacional encontró “que casi todos los periodistas asesinados desde 2012 murieron en países con altos niveles de corrupción”. México, con apenas 29 puntos en el IPC, se localiza en la franja de los más corruptos.

Patricia Moreira, directora ejecutiva de TI, declara que “ningún activista o periodista debería temer por su vida cuando se expresa contra la corrupción. Ante la embestida que sufren hoy en todo el mundo la sociedad civil y los medios de comunicación, debemos hacer más para proteger a aquellos que denuncian este fenómeno”.

El estudio, apoyado en datos del Comité para la Protección de los Periodistas, “muestra que, en los últimos seis años, más de nueve de cada 10 periodistas fueron asesinados en países con puntuaciones de 45 o inferiores en el Índice de Percepción de la Corrupción. Esto implica que, en promedio, cada semana al menos un periodista es asesinado en un país con altos niveles de corrupción. Asimismo, uno de cada cinco periodistas que murieron estaba trabajando en investigaciones sobre corrupción. (...) en la mayoría de los casos nunca se hizo justicia”.

El análisis muestra también “que la mayoría de los países que obtienen una puntuación baja en cuanto a libertades civiles también suelen recibir altas calificaciones de corrupción. Las campañas de desprestigio, el acoso, las demandas y los escollos burocráticos son algunas de las herramientas usadas por ciertos gobiernos para acallar a quienes impulsan iniciativas contra la corrupción”. Moreira apremia “a los gobiernos que se esconden detrás de leyes restrictivas a que las desactiven inmediatamente y permitan una mayor participación cívica”.

El año pasado fueron asesinadas 312 personas dedicadas a la defensa de la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, según el informe de Front Line Defenders, con sede en Dublín, publicado el 22 de enero pasado. El 80% de los casos se registraron en Colombia (91), Brasil (65), Filipinas (60) y México (31).
24 Marzo 2018 04:08:00
Manipulación política
“Nunca segundas partes fueron buenas”, (El Quijote) pero existen algunas que resultan infumables. Es el caso de El Privilegio de Mandar, del cual se ocupa Gerardo Moyano en el nuevo número del bisemanario Espacio 4.

“¿Qué pretende Televisa al resucitar la parodia El Privilegio de Mandar unos meses antes de las elecciones presidenciales? Si se trata de rating, le ha ido muy bien. Según Nielsen IBOPE México, el primer capítulo de la comedia, transmitido el 29 de enero a las 23:00 horas, fue el programa más visto en su horario, superando en un 919.13% la audiencia de la competencia.

“Sin embargo, no le ha ido nada bien en cuanto a críticas de analistas y cibernautas, quienes además de fustigar la vulgaridad y pobreza del guion, reclaman a la televisora su insistencia en tratar de ‘influir’ en las elecciones.

“‘No me sorprende el éxito. No hay duda de que estamos viviendo una época terriblemente incierta, pero, sobre todo, mediocre (…) La clase política es tan pobre, que cualquier cosa es capaz de distraernos de nuestra triste realidad’”, escribe Guadalupe Loeza (Reforma 15-03-18).

“‘Sin la menor creatividad ni responsabilidad, se trivializan los ingentes problemas del país. Parecería que de quienes se burlan los autores del programa no es de los políticos, sino del público (…) No es justo que una televisora con tanta audiencia y recursos intente vendernos un programa de tan misérrima calidad (…) Un programa así de mal hecho, mal concebido, improvisado, simplón y barato, provoca rabia e indignación’, agrega.

“Por su parte, la novelista Margarita Robleda Moguel agrega: ‘Busqué el trabajo que ha realizado Alec Baldwin al satirizar al presidente de su país (Donald Trump). ¿Por qué este me parece excelente y El Privilegio me duele? (…) Siempre han existido excelentes cómicos que al escucharlos nos aligeran el morral (…) Ahí están Cantinflas, Palillo, Pardavé, nuestro querido Héctor Herrera, Cholo, y mi admirada Conchi León con su Mestiza Power. La diferencia entre Baldwin y El Privilegio es que el primero reta mi inteligencia (…) En El Privilegio se da una manipulación atroz al atropellar a todos de una manera tan rupestre y vulgar que, al final de cuentas, convertirá a México en el gran perdedor, porque, sin credibilidad, ¿quién podrá gobernar, respetar a las instituciones? (…) El rating no puede ser la única meta”, agrega (La Jornada, 22-02-18).

“Desde que se anunció la nueva temporada de la sátira, el 30 octubre de 2017, los cibernautas han criticado a Televisa por tratar de intervenir en las elecciones (...) ‘Qué desesperados deben estar en Televisa, que ya quieren resucitar El Privilegio de Mandar, ya no es 2006, el humor del país es distinto’, agrega @GilbertoDiazF.

“Y quizás los cibernautas no estén tan equivocados. Días antes del anuncio del regreso del programa, el 25 de octubre, el productor Reynaldo López intercambió mensajes en Twitter con el senador panista Javier Lozano, a quien acusó de ‘hacerle el caldo gordo al PRI’ por sus críticas al candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya (...)

“‘De verdad no se da cuenta que esta escupiendo hacia arriba???? Haciéndole el caldo gordo al PRI. (…) (La división) Ayuda a todos menos a ustedes, se les va a ir entre los dedos la oportunidad. Van a dejar el país en las manos equivocadas. (…) Unidad es la clave. Saludos senador”’, (sic), escribió en Twitter.

“¿Cuáles son ‘las manos equivocadas’ a las que se refiere el productor de El Privilegio de Mandar?

“La respuesta de Lozano da algunas pistas: ‘No, yo no soy el que ha fracturado al PAN. Y no es al PRI al que se le ayuda. Es a Morena y @lopezobrador. Ahí la miopía’”.
23 Marzo 2018 04:07:00
Viesca: señales cruzadas
Una protesta por el impago de 9.2 millones de dólares y supuestos actos de corrupción provocó que la inauguración del Parque Solar Villanueva I, por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y el gobernador Miguel Riquelme, fuera cancelada. Trabajadores de Codisa Corp Energy de México y ejidatarios de Viesca se plantaron el miércoles frente al acceso a las instalaciones propiedad de la multinacional italiana Enel Green Power, para exigir la liquidación del adeudo.

La inauguración se realizó este jueves sin la asistencia de autoridades locales y federales. El parque, presentado como el más grande de América, implicó una inversión de 650 millones de dólares, producirá 754 megavatios, consta de 2.3 millones de paneles solares y ocupa una extensión de 2 mil 400 hectáreas. “El acto oficial se vio boicoteado por una protesta de los trabajadores”, informa el periódico Hoy Los Ángeles en su sitio web. “La inauguración de Villanueva es un hito para Enel Green Power y para México, ya que es la primera planta de energía que inicia operaciones después de la reforma energética del país”, declaró Antonio Cammisecra, CEO de la empresa.

El representante legal de Codisa, Savir Ruiz, había condicionado el retiro del plantón “hasta que cuente con un diálogo de un ejecutivo de alto nivel del Gobierno del Estado” (El Siglo de Torreón, 21.03.18). En un comunicado emitido este medio día, la Administración ofreció intervenir “dentro de los márgenes que la ley permite, a fin de que este diferendo culmine de la mejor forma”.

El Gobierno dice que “la recalendarización este día de la inauguración oficial del Parque Solar (…) determinada por la empresa, obedeció a privilegiar primero el llegar a un acuerdo entre los particulares que hoy sostienen diferencias por cuestiones de carácter administrativo. El gobierno (…) es respetuoso de quienes muestran una inconformidad y reitera su apoyo a quienes invierten en nuestro estado”, dice la nota.

Ruiz declaró que Elen Green Power creó dos filiales para desarrollar el proyecto: Prodiel México y Novamper, la cual subcontrató a empresas mexicanas, entre ellas Codisa Corp Energy, para trabajos de desmonte, conformación de plataformas y operaciones de otro tipo. Según el representante legal de Codisa, la facturación se interrumpió por no haber entregado una camioneta y “un millón y medio (sic)” a una persona que identificó como Jair Domínguez, gerente del sitio (Vanguardia, 22.03.18).

En la protesta se exhibió una manta con la leyenda: “Las empresas extranjeras Enel (italiana), Prodel (española) y su filial Novamper subcontrataron a la empresa mexicana Codisa Corp Energy, para ejecutar los trabajos concluidos en este parque, incumpliendo con las obligaciones de pagos. ¡EXIGIMOS! a la Secretaría de Energía y a las autoridades competentes ¡URGENTE! regulación a estas empresas que se adjudican el desarrollo que abatió (sic) récords de este Parque fotovoltaico en Viesca, Coahuila, así como en los otros proyectos renovables de las tres subastas siguientes, derivadas de la Reforma Energética”.

La falta de operación política del estado para desactivar el conflicto fue patente. Por otra parte, la inauguración del parque solar, entre protestas de contratistas y ejidatarios, ocurre en el contexto del debate sobre la reforma energética. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, ha ofrecido revisar los contratos de Pemex y la CFE con empresas extranjeras “para ver si cumplen con los requisitos legales (…) y no sean producto de la corrupción; no queremos contratos como los de Odebrecht” (Aristegui Noticias, 18.03.18).
21 Marzo 2018 04:07:00
El premio y la burla
El PRI recompensa a sus mejores hombres y mujeres. Rubén Moreira será diputado y su esposa Carolina Viggiano, senadora en la próxima Legislatura federal –en ambos casos plurinominales, para no exponerlos al veredicto de las urnas–, aunque José Antonio Meade pierda las elecciones. Un voto por el candidato presidencial de la coalición Todos por México (PRI, PVEM y Panal) será un voto por uno de los peores gobernadores de Coahuila. Moreira quería ser senador para tener 6 años de fuero y no 3. Sin embargo, en un país donde la justicia es disfuncional y se aplica a satisfacción del Presidente de turno, la inmunidad es redundante, pero no estorba. Máxime cuando la Presidencia se decidirá entre López Obrador y Ricardo Anaya, cuyas banderas de campaña coinciden en castigar la corrupción.

Moreira será diputado por segunda ocasión, pero no tendrá la misma influencia que en 2009, cuando su hermano Humberto era gobernador y lo nombró coordinador del grupo parlamentario de Coahuila en la Cámara baja para convertirlo después en su sucesor, decisión de la que, a juzgar por algunas declaraciones suyas contra Rubén, después se arrepentiría. El PRI de los Enriques (Peña y Ochoa) que premia a Moreira por haber estado a punto de hacerlo perder en las elecciones para gobernador del año pasado, es el mismo que abandonó a Alejandro Gutiérrez, quien este martes cumplió 3 meses en el Cereso 1 de Chihuahua por el supuesto desvío de 250 millones de pesos del estado hacia campañas del PRI, durante la Administración de César Duarte, operaciones en las que se ha involucrado al expresidente del PRI Manlio Fabio Beltrones y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray.

Contrario a la filosofía juarista, el secretario de Organización del PRI gobernó Coahuila “a impulsos de una voluntad caprichosa” y “dispuso de las rentas sin responsabilidad”. La Auditoría Superior del Estado (ASE) informó a la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso local, a finales de diciembre pasado, que en 2016 el Gobierno de Moreira pagó 410 millones de pesos a 13 empresas fantasma, una de ellas (Riviera Álamo) propiedad de la entonces poderosa secretaria de Infraestructura y Transporte, María Esther Monsiváis. La primicia de Reforma sobre el caso (26.09.16) provocó la renuncia de Monsiváis, conocedora de los arcanos del moreirato.

El monto de las irregularidades detectadas por la ASE a Moreira es 40% superior al presunto peculado por el cual está preso Alejandro Gutiérrez, exlíder del PRI en Coahuila y exsecretario general adjunto del CEN; equivale al mismo porcentaje de los 55 millones de dólares (al tipo de cambio actual) que Napoleón Gómez Urrutia supuestamente defraudó al sindicato minero y representa el 42% de los pagos realizados por el Gobierno federal a 127 empresas fantasma en los 4 últimos años, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Reforma, 20.03.18).

Otra cosa que quizá vieron en Los Pinos y en el PRI para condecorar a Rubén Moreira y degradar a su hermano Humberto, además de las cualidades de mapache electoral cibernético, fue su eficiencia para esfumar recursos del erario y aparecerlos en campañas políticas. El exgobernador fue diputado en la LXI Legislatura junto con Luis Videgaray y Alfonso Navarrete, lo que puede explicar la protección del Grupo Atlacomulco. ¿Cómo hacer creíble así el discurso de Meade con respecto a los valores humanos, el estado de derecho y el combate a la corrupción?
20 Marzo 2018 04:00:00
Agenda anticorrupción
“Para mejorar verdaderamente los esfuerzos contra la corrupción en América Latina y el Caribe, los gobiernos deben fomentar la voluntad política y demostrar un compromiso sostenido a largo plazo con las reformas anticorrupción”, advierte Transparencia Internacional (TI) con motivo de las elecciones presidenciales de este año en México, Costa Rica, Paraguay, Colombia, Brasil y Venezuela. “Los candidatos y los partidos políticos tienen una importante oportunidad de incluir fuertes componentes anticorrupción en sus propuestas y plataformas electorales para promover el cambio estructural”.

Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), ha fijado la agenda contra la corrupción y es menos vulnerable que Ricardo Anaya (Por México al Frente) y José Antonio Meade (Todos por México), pues hace 13 años no ocupa un cargo público (jefe de Gobierno del Distrito Federal entre 2000 y 2005). La PGR investiga a Anaya por supuesto lavado de dinero y a Meade se le detectaron irregularidades durante su gestión como secretario de Desarrollo Social.

La corrupción le cuesta al país un billón de pesos anuales, de acuerdo con el Banco Mundial, declaró AMLO en una reciente reunión con empresarios de Coahuila. La exacerbación del fenómeno en los últimos años puede explicar por qué el 80% de los mexicanos reprueba al presidente Peña Nieto. Según una encuesta de Reforma (20.07.17) “el 65% de los 845 líderes entrevistados vía correo electrónico considera que la corrupción es el principal problema del país”, y entre la ciudadanía “por primera vez la corrupción se posiciona como el segundo problema (…) por encima de la economía.”

Uno de los temas que TI somete a la evaluación de expertos para elaborar su índice anual, se refiere a la transparencia, rendición de cuentas y corrupción en el sector público. “Este criterio evalúa en qué medida el Poder Ejecutivo (presidente) podría llegar a responder ante el electorado, la legislatura y el poder judicial por el modo en que usa los fondos y por los resultados de sus acciones, y el grado en que los empleados públicos del sector ejecutivo deben rendir cuentas por el uso de recursos, decisiones administrativas y resultados obtenidos. Ambos niveles de rendición de cuentas se ven reforzados por transparencia en la toma de decisiones, instituciones de auditoría pública, acceso a la información relevante y oportuna, y escrutinio público y por parte de los medios de comunicación. (…)”.

México es el sexto lugar mundial y el primero en América en transparencia presupuestaria, de acuerdo con el Índice de Presupuesto Abierto 2017 de la Budget Partnership (IBP, por sus siglas en inglés). Sin embargo, existe una controversia por el uso discrecional del Ramo 23, “único que no está regulado por la ley”, de acuerdo con Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa (Aristegui Noticias, 27.02.18). El estudio Arquitectura del Ramo 23 establece que mientras el gasto en ese rubro fue de 56 mil 992 millones de pesos en el periodo 2009-2012, correspondiente a la presidencia de Felipe Calderón, con Peña aumentó a 318 mil 465 millones de pesos en los últimos cinco años.

Si México es líder en transparencia, ¿por qué ocupa la posición 135, con 29 puntos, en el Índice de Percepción de Corrupción de TI? El último lugar (180) lo ostenta Somalia.
19 Marzo 2018 04:07:00
El voto indignado
La corrupción política es el eje de las campañas para la Presidencia y uno de los factores que más influirán en el voto de millones de mexicanos indignados por el abuso de poder y la falta de justicia. Andrés Manuel López Obrador (Morena) y Ricardo Anaya (PAN) aventajan al candidato del PRI, José Antonio Meade, cuya participación en uno de los gobiernos más venales lo envuelve en la sospecha y hace poco creíble su promesa de atacar el flagelo. La persecución contra Anaya, por supuesto lavado de dinero, y la protección al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, acusado de recibir 10 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, ahondan el enojo ciudadano y el descrédito de las instituciones.

El propio candidato de la coalición Todos por México (PRI, Verde, Panal) ha estado en el ojo del huracán. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 540 millones de pesos durante las gestiones de Rosario Robles y Meade en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entre 2012 y 2016. Los recursos se canalizaron a las universidades Intercultural del Estado de México, Politécnica de Chiapas y Tecnológica Nezahualcóyotl, para identificar a personas en condiciones de pobreza extrema alimentaria y otras actividades (Animal Político, 10.01.18).

La ASF también descubrió desviaciones por 2 mil 130 millones de pesos en la Sedesol y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el periodo de 2014 a 2016. Meade ocupó la jefatura de la Sedesol de agosto de 2015 –en sustitución de Robles, quien fue transferida a la Sedatu– a septiembre de 2016. La mayoría de las 126 firmas utilizadas para desviar fondos federales “resultaron ser empresas fantasma dedicadas a giros distintos de los servicios contratados por las dependencias, o que fueron incapaces de acreditar el trabajo que supuestamente realizaron” (Reforma, 22.02.18).

En los casos anteriores y otros aún más relevantes como el de Odebrecht, la multinacional acusada de pagar sobornos y financiar campañas políticas en México y otros países de América Latina, a cambio de contratos, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha movido un dedo, y si lo hace, es para amparar a amigos del presidente, como Lozoya Austin. En cambio, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) indaga atropelladamente al candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, por el supuesto lavado de 54 millones de pesos en operaciones inmobiliarias.

El 25 de febrero, el exlíder del PAN entregó en la PGR un documento para exigir al encargado del despacho, Alberto Elías Beltrán, informar “sin dilación ni pretextos (…) si de las investigaciones realizadas se desprende alguna conducta mía que, conforme a la ley, pueda ser constitutiva de delito”. Anaya no rindió declaración ministerial, pero acusó a la Fiscalía de formar parte de una guerra sucia. “Ya no saben cómo levantar la campaña en ruinas de José Antonio Meade, lo que quiere el PRI es engañar a la gente” (Reforma, 26.02.18).

Sin ver la viga en el ojo de Morena por su sociedad con Napoleón Gómez Urrutia y Elba Esther Gordillo, epónimos de la corrupción, el candidato de Juntos Haremos Historia, López Obrador, pide investigar no solo a Anaya, sino también a Meade por encubrir los desvíos de Rosario Robles en la Sedatu. “Cuando se reparte mal el botín hay motín, ellos son parte de la misma mafia y le entregaron dinero a Anaya, pero ahora lo están exhibiendo”.



17 Marzo 2018 04:07:00
Cinismo político
Tal como marchan las cosas, el exgobernador Rubén Moreira terminará peor que su hermano Humberto. Después de entregar un estado en crisis, ahora da clases de cómo se debe gobernar. Gerardo Moyano publica en el bisemanario Espacio 4 un texto sobre el operador electoral del candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade.

“‘A veces hay que estar en la banca, como en el beisbol, espero que no todo el partido’”, así cierra Rubén Moreira una conversación con la revista Alcaldes de México, impresa el 30 de noviembre del año pasado, último día que ocupó el cargo como gobernador.

“Su tiempo ‘en la banca’ resultó fugaz. El 22 de diciembre fue designado secretario de Acción Electoral del PRI y el 10 de febrero saltó a secretario de Organización, el tercer puesto más importante. Tras esta designación, corrió el rumor de que podría sustituir a Enrique Ochoa como líder del CEN.

“El presidente Peña Nieto lo dejará (a Enrique Ochoa) al frente del PRI el tiempo que considere necesario, y si piensa que el arranque de campaña a finales de marzo requerirá un nuevo dirigente, entonces procederá.

Por lo pronto, ya colocó a un experimentado operador, en la línea de sucesión, Rubén Moreira, el exgobernador de Coahuila”, escribe Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal (El Financiero 13.02.18). (…)

“Rubén (…) pontifica cómo se debe gobernar, después de dejar a Coahuila en graves problemas financieros y de otra índole. La portada de la revista Alcaldes de México, correspondiente a diciembre de 2017 y enero de 2018, muestra a Rubén Moreira sonriente, junto al título: En Coahuila Así se Detonó el Crecimiento. (…)

“En las páginas centrales, Moreira explica cómo hizo para combatir el problema de inseguridad ‘que había estancado el crecimiento económico y había impactado de manera negativa en el turismo’: con mejores sueldos para la policía, más cuarteles militares, cierre de casinos, de puestos de venta ilegal de alcohol, de yonkes, de casas de empeño, etcétera. (…)

“El autor de la nota, David Galicia, destaca: ‘El sistema anticorrupción del estado establece que se tiene que georreferenciar la ubicación de las empresas que se instalan en la entidad, lo cual impide que haya empresas fantasma’. Un mes después, la Auditoría Superior del Estado (ASE) comprobó el desvío de al menos 410 millones de pesos en contratos públicos firmados con empresas fantasma (Espacio, 4 579).

“Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas investigue el destino de 302 millones 112 mil 500 que el estado no entregó a la UAdeC.

“La institución cometió irregularidades de control administrativo por 99.2 millones de pesos, y un subejercicio por más de 30 millones. La ASF advierte que ‘la Universidad Autónoma de Coahuila no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2016’. Lo mismo concluye por las irregularidades en las cuentas del estado por 837 millones de pesos. (…)

“La realidad desmiente el discurso de Rubén Moreira. El tiempo dirá si, como en el caso de su hermano Humberto, el escándalo le cuesta su flamante puesto en el PRI nacional. O tal vez deba esperarse a que haya un nuevo inquilino en Los Pinos para que se castigue el saqueo que durante los dos últimos sexenios ha vaciado las arcas de Coahuila”.
16 Marzo 2018 04:07:00
Liderazgo infamante
La posición de México en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2017 de Transparencia Internacional (TI), donde ocupa el lugar 135 de 180 países, y la creciente ausencia de castigo que registra el Índice Global de Impunidad 2018 de la Universidad de las Américas Puebla, demuestra la falta de voluntad del Gobierno para combatir los fenómenos y ofrece a los candidatos presidenciales elementos para elaborar una agenda seria en materia anticorrupción. Nuestro país descendió 12 lugares en el IPC con respecto al año previo y obtuvo 29 puntos (14 por debajo de la calificación promedio de 43) en una escala de 0 a 100, donde cero es “altamente corrupto” y 100 “muy limpio”.

México está apenas ocho lugares por encima de Guatemala (143), donde los expresidentes Otto Pérez y Álvaro Colom fueron encarcelados por delitos de corrupción. TI reconoce avances significativos en América Latina y el Caribe, y cita varios ejemplos: Chile aprobó en 2016 una ley de probidad pública para prevenir conflictos de interés en el sector gubernamental; Bahamas cuenta ya con una ley sobre el acceso a la información pública; Guyana implementó mecanismos para la contratación pública y Jamaica creó una agencia anticorrupción consolidada para realizar investigaciones.

Mientras en México el Sistema Nacional Anticorrupción no ha pasado de la retórica y ni un pez gordo ha sido enjuiciado por el caso Odebrecht, en Brasil, Ecuador y Perú el escándalo “resultó en sanciones para empresarios y figuras políticas de los niveles más altos (…) debido a su participación en sobornos en financiamiento ilegal a cambio de contratos públicos. En Guatemala, la oficina del abogado y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) están investigando a políticos y hombres de negocios en los casos de corrupción, incluida la financiación ilegal del actual presidente Jimmy Morales. Además, las investigaciones sobre el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, también avanzaron considerablemente”, dice el informe de TI.

Frente a la creación de nuevas leyes, mecanismos y de una creciente movilización ciudadana contra la corrupción, la organización advierte “cierta información inquietante: a pesar de los intentos de combatir la corrupción en todo el mundo, la mayoría de los países avanza demasiado lentamente en sus esfuerzos. Si bien detener la marea contra la corrupción lleva tiempo, en los últimos seis años muchos países han avanzado poco o nada (…)”.

Algunas regiones registran progresos, admite Transparencia, pero “todavía no existen políticas generales para abordar las causas históricas y estructurales en toda la región. Los países que priorizan la lucha contra la corrupción y crean una política nacional a través de censos y participación pública y política están mejor posicionados para dar un importante salto cualitativo. Por el contrario, aquellos países que no priorizan los problemas de corrupción de esta manera pueden perder terreno año tras año”.

En América Latina y el Caribe, los países más exitosos en la lucha contra el flagelo son Uruguay, Barbados, Chile y Costa Rica, ubicados en los lugares 23, 25, 26 y 38 del ranking, con 70, 68, 67 y 59 puntos, respectivamente. México es superado incluso por las islas de San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Cuba, Jamaica y Guayana. Por debajo de nuestro país se encuentran Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela.
14 Marzo 2018 04:08:00
Los motivos del enojo
El presidente Peña Nieto se vuelve más irascible conforme se acerca el final de su sexenio. Razones sobran: Donald Trump lo atosiga con el muro, su popularidad está por el suelo, su delfín José Antonio Meade no despega en las encuestas y el ambiente en el 89 aniversario del PRI (el 4 de marzo) resultó más fúnebre que festivo. Entretanto, Andrés Manuel López Obrador se consolida en primer lugar y la embestida de la PGR y del PRI para eliminar de la contienda a Ricardo Anaya, con acusaciones de lavado de dinero, surtió el efecto contrario.

Los reproches de Peña Nieto contra los medios de comunicación críticos y las redes sociales son cada vez más frecuentes. No en vano, pues la realidad se niega a someterse a los deseos del poder. En este sexenio el gasto en publicidad rondará los 60 mil millones de pesos, según Paulina Castaño, de Fundar Centro de Análisis e Investigación (Reforma, 10.11.17). En el periodo 2013-2017 se ejercieron 37 mil millones de pesos, 71% por encima de los 21 mil 97 millones aprobados por la Cámara de Diputados.

El resultado en este rubro también ha sido desastroso, pues Peña es el Presidente peor calificado. La mayoría del gasto se ha destinado a medios adictos al gobierno, algunos de los cuales son utilizados para golpear a las oposiciones, representadas por López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y Encuentro Social) y Ricardo Anaya, de Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano).

En la embestida contra Anaya, la PGR llegó al extremo de publicar el video de su comparecencia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). La autoridad negó violar norma alguna y argumentó que la grabación se difundió “por el interés público mostrado por los medios de comunicación”. La atención social y de la prensa es mayor en el caso Odebrecht y otros escándalos de corrupción que involucran a altos funcionarios del Gobierno federal, sobre los cuales la PGR ha guardado silencio.

El presidente Peña no solo niega que la corrupción haya aumentado en su gobierno; al contrario, es el que más la ha combatido, declaró a la periodista Adela Micha en el foro Impulsando a México: La fortaleza de sus instituciones, auspiciado por Grupo Financiero Interacciones y El Financiero Bloomberg en octubre del año pasado. Peña recriminó a la sociedad y los medios ver corrupción por todas partes. “Casi casi, si hay un choque aquí en la esquina: ‘fue la corrupción. Algo pasó en el semáforo, ¿quién compró el semáforo que no funcionaba?’” (Animal Político, 16.09.17).

Peña no se explica por qué ahora se habla tanto del tema y en el pasado no: “Lo sigo pensando, creo que por décadas la convivencia en nuestro país estuvo marcada y señalada por estas prácticas que se veían así como ‘normales’, como ‘regulares’ y que nadie estigmatizaba como corrupción”. La respuesta está en el Índice de Percepción de Corrupción 2017 de Transparencia Internacional, donde nuestro país obtuvo una calificación de 29 puntos (el promedio es de 43) y se ubica en el lugar 135 de 180. Diez años atrás ocupaba el puesto 72 con 36 puntos. También en términos de corrupción, México es el país peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Si el tema domina hoy la agenda política y social, es porque la corrupción alcanzó las máximas esferas del poder, porque lo invade todo y porque el Gobierno, en lugar de combatirla, la fomenta.
13 Marzo 2018 04:07:00
La rifa del tigre
México es el país de los bandazos. Cada presidente y gobernador maneja las instituciones a su arbitrio, lo que explica el caos. Coahuila, por ejemplo, dejó de tener secretario de Seguridad Pública en 2009, cuando se creó la Fiscalía General en el gobierno de Humberto Moreira. En su lugar se crearon distintas figuras –entre ellas las de comisionado–, pero el tema se manoseó tanto que el estado terminó por convertirse en tierra de nadie... o mejor dicho, de la delincuencia organizada, según el estudio de la Universidad de Texas “Control sobre todo el estado de Coahuila: Un análisis de testimonios en juicios en contra de miembros Zetas en San Antonio, Austin y Del Río”. La investigación, que entre otras cosas advierte sobre “el involucramiento de los gobernadores de Coahuila entre el 2005 y el 2012”, se presentó el año pasado a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Tres años después, Rubén Moreira –hermano y sucesor de Humberto– desapareció la Fiscalía para revivir la Procuraduría del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública. Moreira II revirtió su proyecto transexenal de justicia y seguridad para estar a tono con el presidente Peña Nieto, quien suprimió la Secretaría de Seguridad Pública (SPP) para concentrar sus funciones en Gobernación (Segob), lo cual significó, además de un retroceso, el fracaso de la estrategia contra el narcotráfico. La SSP se instituyó en la administración de Fox y continuó en la de Calderón para quitarle el tinte policiaco a la Segob y atender un problema que, por haberse descuidado en el pasado y ahora de nuevo, tiene al país en una nueva crisis de inseguridad con decenas de miles de muertos.

Después de nueve años sin secretario de Seguridad (el último, formal, fue Fausto Destenave) el gobernador Miguel Riquelme designó a José Luis Pliego Corona, exdirector de Prevención de Delitos Cibernéticos de la Policía Federal (dependiente de la Segob), quien asumirá el cargo 23 de marzo, día de San Toribio, uno de los mártires de la persecución religiosa y patrono de los migrantes. Pliego es abogado por la UNAM, maestro en Administración Pública por el INAP y cuenta con una amplia trayectoria policial avalada por el CIDE y el CISEN. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía General de Colombia lo certificaron en Seguridad Pública y Procuración de Justicia en el Plan Mérida, iniciado en 2008 para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en México y Centroamérica. Ojalá no resulte como los tecnócratas que ostentan infinidad de diplomas pero en la práctica resultan, en el mejor de los casos, una nulidad.

Pliego fue arropado antes por el Grupo Atlacomulco, cuyos días en Los Pinos están contados. En 2010, el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, lo nombró comisario general de la Policía Ministerial. Su jefe directo era el procurador Alfredo Castillo, sustituto de Alberto Bazbaz, responsable de la investigación del caso Paulette, la niña que “desapareció” el 22 de marzo de 2010 y nueve días después “apareció” muerta a los pies de su cama. (Bazbaz dirige ahora el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, ¿se imagina?). Después tomaron caminos distintos. Castillo fracasó en todos (titular de la Profeco, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán y director de la Conade). A Pliego no le espera un día de campo. Fuerza Coahuila (la policía represiva de Rubén Moreira), no sólo debe desaparecer, sino ser investigada.
12 Marzo 2018 04:07:00
Buldócer vs. la impunidad
México jamás ha emprendido una auténtica lucha contra la corrupción. Antes de la alternancia, los presidentes manchados por el escándalo eran sucedidos por los candidatos más antitéticos, como una forma de aplacar la ira social: Ruiz Cortines reemplazó a Alemán; De la Madrid a López Portillo; y Zedillo a Salinas de Gortari. Frente a los excesos de su predecesor y de su camarilla, De la Madrid adoptó como lema de campaña el de la “renovación moral”, la cual nunca pasó del discurso. En cambio, Zedillo, sin alardes, encarceló al exprimer hermano del país, Raúl Salinas de Gortari, por el asesinato de su cuñado José Francisco Ruiz Massieu y enriquecimiento ilícito.

El Gobierno prefiere afrontar el fenómeno con más burocracia, nuevas leyes y estructuras onerosas, como el Sistema Nacional Anticorrupción, las cuales, a la postre, han resultado igualmente inútiles. Peña Nieto desaprovechó la oportunidad de convertir un conflicto de interés –la compra de la casa blanca a uno de sus contratistas preferidos– en fortaleza. Revivir a la Secretaría de la Función Pública sólo para exonerarlo fue una burla cuyos costos no ha terminado de pagar, y una invitación para que otros siguieran el mismo ejemplo.

El encarcelamiento de los exgobernadores Javier Duarte (Veracruz) y Roberto Borge (Quintana Roo) es consecuencia del cambio de partido en los gobiernos de esas entidades y no resultado de una política de Estado contra los corruptos, pues, de otra manera, al menos una docena de caciques locales, y no pocos funcionarios federales, estaría en la misma situación. Sin embargo, ahora la presión ciudadana obliga a los candidatos a la Presidencia a asumir compromisos serios y puntuales para atacar el flagelo que más agravia y desprestigia a México.

Angustiado por retener el poder, el Gobierno cometió la pifia de victimizar al candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, segundo lugar en la intención de voto después de Andrés Manuel López Obrador. “En política, frecuentemente, la forma es fondo”, sentenciaba Jesús Reyes Heroles. En su modo de actuar contra Anaya, a quien acusa por supuesto lavado de dinero, la PGR refleja: a) el miedo cerval del Gobierno de Peña Nieto a perder las elecciones; y b) la determinación de imponer a José Antonio Meade a cualquier precio.

Anaya atribuye la persecución del PRI-Gobierno a su compromiso de “ir a fondo en el combate a la corrupción” y al de “romper el pacto de impunidad”, del que formó parte como líder del PAN, lo cual no lo exime de responsabilidad, si la tiene, en la investigación de la PGR. Anaya propone una fiscalía autónoma y una comisión de la verdad con la asistencia de Naciones Unidas, a lo cual jamás se había atrevido ningún aspirante presidencial, menos un gobierno. La participación externa es condición sine qua non para que la lucha contra la corrupción sea exitosa.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), órgano independiente creado en 2006 por un acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno de ese país, ha resultado un instrumento altamente eficaz contra la corrupción y útil para el saneamiento de las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público. Investigaciones de la CICIG llevaron a prisión a los expresidentes Otto Pérez y Álvaro Colom. Dada la experiencia, la fragilidad de las instituciones y el descrédito de la clase política, en México urge un organismo similar, con autoridad y fuerza para enjuiciar incluso al presidente. Meade opina lo contrario. Según él, nuestro país “no necesita rueditas para combatir la impunidad”. Tiene razón, lo que requiere es un buldócer.
10 Marzo 2018 04:07:00
Los bonos de Anaya
El Gobierno federal se ha encargado de subir los bonos del candidato opositor Ricardo Anaya, a quien Andrés Manuel López Obrador empieza a ver como un peligro, no para México, sino para su pretensión de suceder a Peña Nieto, a quien, por cierto, ya exoneró. El bisemanario Espacio 4 publica en su nuevo número un texto de Édgar London sobre el tema. Esta es una parte:

«Las campañas electorales empezarán el 30 de marzo y las elecciones serán el 1 de julio, pero la carrera por Los Pinos es desde ahora una de las más sucias. El Gobierno “siente pasos en la azotea” y adopta medidas desesperadas para acortar la distancia entre su candidato José Antonio Meade, de la coalición Todos por México (PRI, Verde, Panal), y Ricardo Anaya, abanderado de Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), quien marcha segundo en la intención del voto por la Presidencia», escribe Édgar London en el nuevo número del bisemanario Espacio 4.

»La táctica es simple. Ante la falta de carisma de Meade y la poca empatía que despierta en la sociedad, pues se le identifica como la continuación un Gobierno donde la corrupción y la violencia han alcanzado niveles extremos, el PRI busca hacerle perder terreno a sus rivales. Anaya se encuentra menos separado que Andrés Manuel López Obrador, candidato de Juntos Haremos Historia, quien marca la delantera (...)

»En el caso de Anaya, el Gobierno no ha tenido reparos en echar mano de instituciones oficiales para dispararle a mansalva. La Procuraduría General de la República (PGR), la Unidad de Inteligencia Financiera de SHCP y hasta el SAT han sido empleados para atacar al panista. Anaya es acusado de lavar presuntamente 54 millones de pesos, a partir de operaciones financieras trianguladas desde la Fundación por Más Humanismo, en la construcción de una nave industrial en Querétaro, a través de la empresa fantasma Manhattan Master Plan que, finalmente, adquirió Juni Serra S de R.L. de C.V., propiedad de Ricardo Anaya.

»El uso de entidades públicas con el objetivo de debilitar a los adversarios en lides partidistas ha sido criticado por políticos de oposición, organizaciones de diferente índole, entidades comerciales, la Coparmex, activistas y académicos que exigen al Presidente no usar a la PGR para perjudicar o sus contrincantes.

»“México es una democracia joven con instituciones débiles. El uso del Ministerio Público federal para perjudicar al candidato presidencial del Frente Por México, Ricardo Anaya, erosiona aún más a las instituciones que encarnan la autoridad del Estado mexicano. (...)

»El acusado tampoco se quedó de brazos cruzados y criticó la ofensiva de Los Pinos. “El Gobierno de Enrique Peña Nieto ha emprendido en mi contra un brutal ataque para intentar sacarme de la elección presidencial mediante el uso faccioso e ilegal de instituciones, como la PGR, que deberían estar al servicio de la República y no del PRI”.

»Anaya exhortó a Peña Nieto para que no interfiera en las campañas presidenciales y que, desde ahora, adquiere ribetes de guerra sucia. “Señor Presidente, le digo con respeto y serenidad y firmeza: así no, saque las manos del proceso electoral”, indicó en un mensaje donde, además, advierte los riesgos que conllevan estas prácticas. “Esto implica una grave amenaza a nuestra democracia. Hoy es contra mí. Mañana puede ser en contra de otro candidato o candidata o ciudadano opositor al régimen y eso no lo debemos permitir”, señaló el panista». (El texto completo puede leerse en:
http://www.espacio4.com)
09 Marzo 2018 04:00:00
Margarita congelada
El PAN llegará a las elecciones presidenciales del 1 de julio con el mayor número de gobernadores en su historia: 12, un par menos que el PRI. El PRD, su aliado en la coalición Por México al Frente, gobierna cuatro entidades y el Verde, de la coalición Todos por México, encabezada por el PRI, uno. Acción Nacional ganó ocho estados bajo la dirección de Ricardo Anaya; siete en 2016, entre ellos Veracruz, Tamaulipas, Durango y Quintana Roo, donde jamás había existido alternancia, y Nayarit, el año pasado.

Anaya logró la presidencia del PAN el 16 de agosto de 2015, con el 81% de los votos, al entonces senador Javier Corral, quien obtuvo el 16 por ciento. En sus primeras declaraciones, el queretano ofreció: “No vamos a tolerar un solo acto de corrupción, lo vamos a combatir, lo vamos a denunciar”. Corral lo desmintió. El triunfo de Anaya –dijo– estuvo “trazado por la corrupción, la inequidad, la simulación, el uso indebido de recursos ilícitos. (…) fue una disputa de dos culturas, una que se empeña en ser instrumento al servicio de México y, por supuesto, competimos con una cultura priista que ha invadido al PAN, que le apuesta al dinero, que le apuesta a la intimidación, al chantaje, al acarreo” (Animal Político, 17.08.15).

Gustavo Madero, exlíder del PAN, advirtió un año después que “la agenda de impulsar la candidatura de Ricardo Anaya ha hecho que el PAN pierda la oportunidad de entender lo que está pasando, y secuestrar al partido y sus instancias como la Comisión Permanente y el CEN, así como los spots para utilizarlos simplemente y aprovecharlos con un proyecto, con una intencionalidad personal, todo eso debilita y lastima al partido. (...) el PAN tiene mucho que dar y Ricardo Anaya tiene que entender su rol, ser Presidente antes que candidato, y no lo está haciendo” (El Universal 19.11.16).

Anaya es el onceno candidato de Acción Nacional a la Presidencia. Sin embargo, su autoimposición el 11 de febrero –disfrazada de elección interna en la que nadie más participó– dividió al partido y provocó la renuncia de Margarita Zavala, quien, todavía bajo las siglas del PAN, incluso llegó a superar por dos puntos porcentuales a Andrés Manuel López Obrador en la intención de voto, según una encuesta de Reforma publicada en agosto de 2016.

En su carta de renuncia, fechada el 6 de octubre de 2017, Zavala le reprocha a Anaya: “Hace dos años, anuncié mi intención de buscar la Presidencia de la República y lo hice pensando en México. Usted sabe que hice todo lo que estuvo en mis manos para lograrlo. Durante 2 años pedí un método democrático, transparente y claro. (…) pedí reglas, lo pedí en público y privado; lo pedí en la Comisión Permanente, por escrito y en video.

“La respuesta fue siempre una evasiva. México tiene otros tiempos que no son los tiempos de la dirigencia del PAN. (…) Se manipuló gravemente el padrón interno hasta hacerlo inservible. Con ese pretexto se han cancelado todas las elecciones internas del partido para postular candidatos (…) las aspiraciones políticas de todos los militantes están condicionadas por la dirigencia, subordinándolas a sus intereses personales”.

Como candidata independiente, Margarita Zavala tiene una intención de voto del 4%; José Antonio Meade (PRI, Verde y Nueva Alianza), del 14%; Ricardo Anaya (PAN, PRD y MC), del 25%; y Andrés Manuel López Obrador (Morena, PT, PES), del 33% (Reforma, 15.02.18). La exprimera dama no ganará las elecciones, pero puede ayudar a que AMLO sea el futuro Presidente; o el propio Anaya, propulsado por la torpeza de la PGR y los coordinadores de la campaña de Meade.
07 Marzo 2018 04:07:00
Peces gordos con AMLO
En su pesca de aliados, Andrés Manuel López Obrador no discrimina. Pero a diferencia de la parábola de las redes, en lugar de separar los peces malos de los buenos, los revuelve: Elba Esther Gordillo, exlíder del SNTE en prisión domiciliaria por lavado de dinero, y Napoleón Gómez Urrutia, presidente del sindicato minero exiliado en Canadá y acusado de fraude por 55 millones de dólares en contra afiliados de su organización, han sido acogidos por el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. La primera como estratega a distancia y el segundo como candidato a senador plurinominal.

Montado en la cima de las encuestas, AMLO multiplicó los peces con dos fundadores del PRD: Porfirio Muñoz Ledo, quien interpeló a Miguel de la Madrid y fue candidato presidencial del PARM en 2000, e Ifigenia Martínez, propuestos para diputados federales. También hubo multiplicación de panes con Germán Martínez Cázares, expresidente de Acción Nacional, quien irá al Senado después de declinar la oferta para ser fiscal general de la República, y Tatiana Clouthier, cuyo padre Manuel “El Maquío” Clouthier compitió con Salinas de Gortari en 1988.

López Obrador, quien igualmente sumó a sus filas a Alfonso Durazo, (candidato a senador) exsecretario particular de Luis Donaldo Colosio y del presidente Vicente Fox, se ha convertido en un imán que atrae a disidentes y oportunistas del PRI, el PAN y el PRD, en una nueva versión de la cargada. Por otro lado, el efecto teflón lo protege de errores y críticas, lo cual no es garantía de éxito. Incluso la memoria histórica juega esta vez a su favor. Según la encuesta de Reforma publicada el 15 de febrero, el 23% de los entrevistados ve más la mano de Estados Unidos metida en la elección mexicana que la de Rusia (6%). El 53% respondió “ninguno”.

Después de ser presentado como un peligro para México y de un par de sexenios de violencia, corrupción, impunidad e ineptitud, el país descubrió que el verdadero riesgo lo representaban Felipe Calderón y Peña Nieto. Para el 38% de la muestra, AMLO inspira más confianza que Anaya (27%) y Meade (10%).

Pero, además, el 43% tiene muy buena o buena opinión de AMLO, el 23% regular y el 26% mala o muy mala. En el mismo tema, el peor calificado es Meade con el 38% de opiniones negativas, el 16% de regulares y el 19% de positivas. Ricardo Anaya recibió 32% de menciones favorables, empata con AMLO en regulares y tiene 1% más en negativas. En intención de voto efectivo, el 42% es para López Obrador, el 32% para Anaya y el 18% para Meade.

Anaya conformó a su excompetidor, Rafael Moreno Valle, con la candidatura del Gobierno de Puebla para su esposa Marta Érika Alonso, pero no ha podido controlar al Gobernador de Chihuahua. Javier Corral impugnó la lista de candidatos al Senado sin romper con Anaya, quien podría capitalizar el voto útil para alcanzar y eventualmente vencer a AMLO. Pese a todo, el candidato de Por México al Frente creció 3 puntos porcentuales más en la intención de voto que el fundador de Morena, los mismos que retrocedió Meade de la coalición PRI, Verde y Panal.

Las cosas, pues, van de mal en peor para el PRI e incluso podrían agravarse si el remedio que se busca con el relevo de Enrique Ochoa, quien comparte el gusto de su jefe por las casas blancas, resulta peor que la enfermedad. La tecnocracia arruinó la economía y también sepultará al partido fundado por Calles hace casi nueve décadas.
06 Marzo 2018 04:06:00
El suicidio del PRI
Ricardo Anaya es el séptimo exlíder del PAN postulado para la Presidencia y el primero que utilizó el cargo para ese propósito. Cuatro exdirigentes han criticado el personalismo de Anaya, entre ellos el expresidente Felipe Calderón, esposo de la candidata independiente Margarita Zavala, y Manuel Espino, quien podría sumarse a las filas de Andrés Manuel López Obrador, líder en las encuestas para los comicios del 1 de julio.

El PAN postuló en 1988 a Manuel J. Clouthier, uno de los candidatos más carismáticos y con mayor impacto entre la ciudadanía, sin embargo, apenas captó 3.2 millones de sufragios. La votación panista se disparó a 9.1 millones en 1994, con Diego Fernández de Cevallos; y a 15.9 millones en 2000, con Vicente Fox. En 2006 perdió casi un millón de papeletas con Calderón, pero aun así conservó la Presidencia por un margen de 0.6 por ciento.

El PRD ha participado en cuatro elecciones presidenciales. El máximo de votos alcanzado por Cuauhtémoc Cárdenas, candidato en dos ocasiones, fue de 6.2 millones (2000). Con AMLO, el PRD elevó su votación a 14.4 millones (2006) y desplazó al PRI al tercer lugar. En 2012, AMLO subió a 15.8 millones de sufragios, pero el PRI ganó con 19.2 millones; el PAN cayó a la tercera posición. Este año la competencia será entre AMLO y Anaya.

La encuesta de Reforma (15.02.18) levantada del 8 al 11 de febrero le concede a López Obrador el 42% de la intención de voto efectivo y a Anaya el 31%. José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, tiene el 18% y Margarita Zavala el 5%. El escenario de la tercera alternancia revivió la sospecha de una alianza factual entre el PRI y el PAN para impedir el triunfo de AMLO. No sería la primera. Pactos de esa naturaleza le permitieron a Calderón y a Peña Nieto ganar la Presidencia.

Germán Martínez, otro de los exlíderes del PAN críticos de Anaya y opositor de la coalición con el PRD y Movimiento Ciudadano, abordó el tema en su columna “Tentación: Anaya+PRI” (Reforma 14.02.18): “Dos errores hundieron al PRI: el primero, confundir a un gerente de la nación con un presidente de la República; y el segundo, perturbar su juicio con el triunfo pírrico del año pasado en el Estado de México. Ceguera electoral pura. (...) ‘Peña sabe ganar elecciones’, presumían. Ahora la aventura de Meade está empantanada en un lejano tercer lugar. (...) La pregunta fundamental para el famoso Frente del PAN-PRD-MC es: ‘¿intentarán una coalición de facto con el PRI en bancarrota moral?, ¿serán capaces de hipotecar otro sexenio? Sin rodeos: ¿Anaya está dispuesto a alcanzar la Presidencia al precio de reeditar pactos de impunidad (Javier Corral dixit), continuismo y privilegios?”.

Frente al riesgo, Martínez, quien ahora es candidato a senador por Morena, emplazó: “Anaya debería tomar fuerza del propio panismo, no del PRI. Urge una gran operación cicatriz panista. (...) Anaya parece un equilibrista en monociclo trepado en un alambre en lo alto del circo, jugando con bolitas naranjas, amarillas y azules. ¿Aguantará la acrobacia hasta el día de la elección? En lugar de morder el anzuelo del PRI, Anaya dejaría un testimonio de grandeza si busca clara y públicamente el apoyo de Margarita Zavala. La tirria es mala consejera venga de donde venga”.

Sin embargo, la posibilidad de una nueva alianza antiAMLO se vino abajo con la persecución de la PGR contra Anaya. Al pretender eliminarlo por las malas, el Gobierno lo fortaleció y hundió aún más a José Antonio Meade. El PRI celebra su 89 aniversario con medio cuerpo fuera de Los Pinos y la otra mitad en la sepultura.
05 Marzo 2018 04:07:00
La moral de Moreira
“El poder no cambia a las personas.
Sólo revela lo que verdaderamente son”.
José “Pepe” Mujica, expresidente
de Uruguay

“Nombrar a Rubén como líder del PRI equivaldría a darse un tiro en el pie”, me dijo hace unos días un militante de ese partido. “El disparo sería en la sien, los pies ya los tiene perforados de tantos disparos que Enrique Ochoa se ha pegado”, repliqué. Nombrar a otro Moreira en la jefatura del partido por el que jamás votaría el 47% de la población (Reforma, 15.02.18) sería suicida; como para el país resultaría que Andrés Manuel López Obrador ganara las elecciones del 1 de julio, según el Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, lo cual esta vez quizá suceda. Difícilmente puede haber un peor presidente que Peña Nieto, además de que México posee defensas para no convertirse en otro Venezuela; Estados Unidos es una de ellas.

Pues bien, ha sido Rubén Moreira persona humilde, respetuosa y de modales finos, jefe incapaz de tratar con la punta del pie a sus colaboradores, ejemplo de probidad, adalid de los derechos humanos, hermano leal, modelo de templanza y ecuanimidad, segundo apóstol de la democracia después de Madero, garante de la libertad de expresión, antítesis del pandillero que mienta madres a diestro y siniestro, admirador y émulo de Ruiz Cortines –uno de los pocos presidentes honrados del país–, guardián celoso de la privacidad, quien, envuelto en su autoridad moral ha puesto el grito en el cielo por los enjuagues de Ricardo Anaya, candidato presidencial de Por México al Frente, relacionados con el presunto lavado de 54 millones de pesos en operaciones inmobiliarias.

El corrupto es Anaya, no Moreira. Quienes critican su gobierno lo hacen por ingratitud o despecho. Acusarlo de desviar 410 millones de pesos a empresas fantasma, 64 millones de la Secretaría de Salud, 837 millones de recursos federales y otros abusos de poder, es una vileza. El hombre vive en la honrada medianía juarista; no tiene cola que le pisen ni más de lo que ya poseía antes de llegar al poder hace 12 años de la mano de su hermano Humberto. Si en su gobierno no se investigó la deuda de 36 mil millones de pesos fue por culpa de los diputados cómplices, beneficiarios del latrocinio, y de los coahuilenses que todo perdonan.

Si Moreira I convirtió al estado en “Coahui-York”, Moreira II moralizó la política, protegió la vida desde el seno materno, amplió las libertades –sobre todo la de prensa–, combatió el nepotismo, predicó con el ejemplo y ató las manos a sus subalternos para no improvisar fortunas. Como exgobernador no busca reflectores ni tiene nostalgia de poder. Merece un monumento y que su nombre se inscriba en los muros de honor del Congreso, al que siempre respetó como demócrata.

Anaya, en cambio, merece ser condenado al fuego eterno por “agarrar dinero procedente de la ilegalidad, quién sabe si del narcotráfico, y bancarizarlo a través de supuestos exitosos negocios, comprándose y vendiéndose (a) él mismo” (Rubén Moreira dixit, El Diario de Coahuila, 01.03.18). Tiene razón el secretario de Organización del PRI: la sustitución de Ricardo Anaya “es inminente tras la serie de actos de corrupción que los medios de comunicación le han destapado en los últimos días”. Él tiene las manos limpias, la conciencia tranquila y el cariño de la gente. Sin él, Coahuila no sería lo que es: un estado en crisis financiera, humillado, castrado y referencia internacional de corrupción e impunidad. Moreira II sabe que el PRI perderá la Presidencia y que su destino puede ser el mismo que los Duarte y su amigo Roberto Borge.

03 Marzo 2018 04:08:00
Arrebatos autoritarios
En México no ha habido democracia desde Francisco I. Madero, aseguró Andrés Manuel López Obrador en la reu-nión privada con empresarios a la que me referí en la columna ayer. Por tanto, convocó a emprender la cuarta transformación nacional –“de manera pacífica”–, después de la Independencia, la Reforma y la Revolución.

La opción del 1 de julio es clara, dijo durante su visita: “cambio sí o cambio no”. “Vivimos tiempos estelares. (...)

Estamos en vísperas de lograr un cambio verdadero. (La del 1 de julio) no es una elección cualquiera, pero si no cuidamos las casillas habrá fraude. Hacer valer la democracia es asunto de todos los ciudadanos. “Queremos tener la certidumbre de que en México no se aplicará el ‘proyecto Venezuela’ si usted es presidente”, planteó una asesora empresarial. “Ni con Venezuela ni con los rusos; ni verdes ni maduros”, ironizó un AMLO tranquilo, flanqueado por el empresario regiomontano Alfonso Romo, su futuro jefe de gabinete, y Eva Galaz y Armando Guadiana, aspirantes al Senado. “Hay mucha propaganda y mucha manipulación”, acusó.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia enfatizó que en su gobierno no habrá regreso al estatismo, sino libertades plenas, tolerancia y diálogo abierto, “aunque tengamos diferencias. Vamos a triunfar y va a haber oposición (política). Eso es democracia. Son malos todos los monopolios y más el del poder. (...) En el futuro no habrá fraudes electorales ni compra de votos. Se va a respetar la voluntad ciudadana. En otros países, los ciudadanos deciden y al día siguiente se conoce el resultado de la elección. En México se necesita un ejército de ciudadanos para cuidar los votos. Eso ya no va a pasar”.

Afirmó que tampoco recurrirá a acciones espectaculares para legitimarse. “No lo vamos a necesitar, acabaremos con la corrupción y la impunidad sin usar de manera facciosa las instituciones. Los demás candidatos no lo pueden hacer”. Con respecto a la reforma energética, dijo que los resultados están a la vista: menor producción petrolera y combustibles y electricidad más caros. El Gobierno otorga subsidios anuales por 30 mil millones pesos, pero no a los consumidores, sino las empresas que le venden energía.

Sin venir al caso, López Obrador justificó la postulación para el Senado del líder minero Napoleón Gómez Urrutia, quien se exilió en Canadá luego de ser acusado de defraudar 55 millones de dólares a un fideicomiso sindical. El argumento: “la unidad nacional”. Con los hermanos Humberto y Rubén Moreira fue indulgente de dientes afuera. En ningún caso habrá “persecución política; justicia sí, venganza no”, replicó a quien, entre la aprobación de la concurrencia, pidió, como ejemplo nacional contra la corrupción y la impunidad, enjuiciar a los exgobernadores por “haberse robado el dinero, la moral, la decencia”.

En su tercer intento por cruzarse sobre el pecho la banda presidencial y con una amplia ventaja en la intención de voto con respecto al candidato del PRI, José Antonio Meade, pero sin medir las consecuencias de sus caprichos y arrebatos autoritarios, AMLO recorre el país con aureola de ganador. La gente se le acerca, lo toca, lo abraza y se hace la foto con quien ya ve como futuro presidente. Sin embargo, esa posibilidad todavía no deja de ponerle a legiones la piel de gallina.
02 Marzo 2018 04:07:00
AMLO y los Moreira
Con dos expresidentes vecinos presos por delitos de corrupción –Otto Pérez y Álvaro Colom, de Guatemala–, Andrés Manuel López Obrador prefiguró el país que aspira gobernar: “habrá estado de derecho como nunca”. Además, promoverá una reforma para retirar la inmunidad del Ejecutivo federal, el cual ahora sólo puede ser “acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común” (Artículo 108 de la Constitución). El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia señaló que la corrupción le cuesta al país un billón de pesos anuales, según el Banco Mundial. “Se los roban (...) el corrupto es el Gobierno, no el pueblo”.

La corrupción será el tema central de las campañas presidenciales, dijo, al tiempo que prometió “cero corrupción y cero impunidad” en su hipotético gobierno: “Al margen de la ley nada, y por encima de la ley nadie”. Sólo con autoridad moral se puede tener autoridad política, advirtió en un diálogo con empresarios de Coahuila el martes pasado en Saltillo. Al siguiente día, en Madrid, el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa previno que el triunfo de López Obrador “sería un retroceso tremendo para la democracia mexicana” (Reforma, 1.03.18).

En su reunión privada con empresarios, AMLO afirmó que “el país está en bancarrota”, y que, al suprimir la corrupción, disminuir el gasto público, reducir el sueldo de los altos funcionarios y eliminar privilegios, se obtendrán ahorros suficientes para impulsar el crecimiento y el bienestar. Sin subir impuestos –aclaró– ni elevar la deuda, cuyo monto pasó de 1.7 billones de pesos con Vicente Fox a 5.2 billones con Felipe Calderón, y en el sexenio de Peña Nieto se disparó a 10 billones, cuyo servicio cuesta a los mexicanos 700 mil millones de pesos anuales.

“A los contribuyentes no se les debe tratar como delincuentes”, expresó. En este punto, planteó una nueva reforma fiscal y esbozó que en el futuro las declaraciones podrían rendirse bajo protesta de decir verdad, revisarlas aleatoriamente y aplicar la ley a quien la viole. Pidió dejar de estigmatizar a los profesores. La reforma educativa no fue siquiera laboral, se hizo para “someter al magisterio”, aseguró. Fijó otras prioridades: elevar la calidad de la enseñanza como base del desarrollo, rescatar al campo, producir lo que el país consume, fortalecer el mercado interno, promover la inversión mediante la convergencia de recursos públicos, privados y sociales, volver a la política de fomento que se abandonó hace más de 20 años y atender a los jóvenes. Por no hacerlo en las últimas décadas, el país se descompuso, denunció. En México se asesina a 70 personas cada día. Frente a la dispersión de las fuerzas de orden público, la solución es una Guardia Nacional. “Habrá más atención a la seguridad que a la defensa nacional”.

AMLO volvió a escuchar denuncias de corrupción contra los hermanos Humberto y Rubén Moreira, a quienes cerró las puertas de Morena que por otro lado abrió a Napoleón Gómez Urrutia. Al ahora secretario de Organización del PRI no dejan de acumulársele cadáveres en el armario. Esta vez, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 837 millones de pesos en el penúltimo año de su gobierno. Moreira II le restará votos a José Antonio Meade y se los sumará a López Obrador y a Ricardo Anaya, quienes superan al priista por 17 y 18 puntos porcentuales en el norte, respectivamente (Reforma, 15.02.18). Hoy es más tóxico Rubén que Humberto.
28 Febrero 2018 04:08:00
La bandera del cambio
Las únicas coincidencias entre Ricardo Anaya y Emmanuel Macron, Presidente de Francia, con quienes sus simpatizantes lo comparan para sumar adeptos, es su fe católica y que, en caso de ganar las elecciones del 1 de julio, asumiría el poder a los 39 años. La experiencia política y administrativa del candidato de la coalición Por México al Frente es corta: diputado local, diputado federal, subsecretario de Turismo con Felipe Calderón y líder del PAN. La de Macron lo era aún más, aunque de mayor relevancia pues antes de despachar en el Palacio del Elíseo fue ministro de Economía en el Gobierno socialista de François Hollande.

Especialista en inversión y exempleado del banco Rothschild & Cie, Macron fundó el movimiento de centro ¡En Marcha! (Asociación para la Renovación de la Vida Política es su nombre oficial) en abril de 2016 y al año siguiente ganó las elecciones en segunda vuelta a Marine Le Pen, candidata del Frente Nacional, de extrema derecha. Los partidos tradicionales —republicanos y socialista— cayeron al tercero y quinto puesto, respectivamente.

Macron, un rostro fresco en la política francesa, definió así a ¡En Marcha!: “Mi movimiento es una amplia coalición de socialdemócratas, liberales, centristas, ecologistas y sobre todo de ciudadanos que nunca han tenido un compromiso político (…) Los partidos están anclados en una división que no se corresponde con la realidad. La verdadera división está entre progresistas y conservadores, entre apertura e inmovilismo” (wikipedia).

En México, el descrédito de la política obliga a los partidos a postular candidatos “ciudadanos” como es el caso de José Antonio Meade, de la coalición Todos por México (PRI, Verde y Nueva Alianza). Sin embargo, el barniz no los libera de los vicios, compromisos, malos gobiernos y escándalos de corrupción inherentes a la partitocracia. Esa es la razón por la cual la candidatura de Meade no ha despegado y muy difícilmente levantará en tres meses de campaña (del 30 de marzo al 29 de junio). Macron tuvo el mérito de entender la realidad en su país, fundar un nuevo partido y deslindarse del presidente Hollande. Meade está sometido al PRI y jamás romperá con Peña Nieto.

En países donde existe segunda vuelta –Argentina, Brasil, Perú, España, Francia, Reino Unido…– los partidos tradicionales batallan cada vez más para ganar elecciones debido al surgimiento de nuevas fuerzas políticas. Con mayor razón en México, donde la presidencia se decide en una sola ronda. Ello explica las coaliciones del PAN con el PRD y Movimiento Ciudadano; la del PRI con el Verde y Nueva Alianza; y la de Morena con el PT y Encuentro Social cuyo candidato Andrés Manuel López Obrador encabeza las encuestas por el agotamiento del bipartidismo PRI-PAN y el escaso impacto de la alternancia en la marcha de un país agobiado por la corrupción, la impunidad, la inseguridad y la violencia. Ricardo Anaya ha retomado la bandera del cambio que Vicente Fox y Felipe Calderón abandonaron en sus gobiernos. En su cierre de precampaña el 11 de febrero en Coatzacoalcos, Veracruz, el candidato de Por México al Frente arengó: “Va a haber un cambio en la patria, en la República Mexicana. No tengo absolutamente ninguna duda: vamos a triunfar, voy a ser el próximo Presidente de México y le daremos al país el cambio profundo que necesita”. Anaya habla francés, pero no es Macron; sin embargo, quiere, como el líder de ¡En Marcha!, cruzarse la banda a los 39 años y convertirse en el presidente más joven de México.
27 Febrero 2018 04:06:00
Antídoto contra AMLO
Desde su fundación en 1939, el PAN tardó siete años en ganar la primera alcaldía (León) y los cuatro primeros diputados locales (Guanajuato), medio siglo en gobernar un estado (Baja California) y 61 años en hacerse con la Presidencia de la República, aunque fue hasta 1952 cuando postuló candidato. Sin embargo, en menos de seis años olvidó la promesa de ser el partido del cambio para asemejarse al PRI en sus usos y costumbres e instaurar el prianato. La frivolidad, el desgobierno, la corrupción y la violencia en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón contribuyeron a la reentronización del PRI y a consolidar a Andrés Manuel López Obrador como el principal líder de la oposición.

Para atraer el voto antiPRI y antiAMLO, así como el de legiones de frustrados por el no cambio, el candidato de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), Ricardo Anaya, propone romper el acuerdo de impunidad PRI-PAN que, en casos como el de Coahuila, tiene sin castigo a los hermanos Humberto y Rubén Moreira por la megadeuda de 36 mil millones de pesos y las empresas fantasma a las cuales se desviaron 410 millones de pesos. Anaya enjuició a Fox por no haber cambiado el régimen e incumplir su promesa de atacar la corrupción cuando el Pemexgate le dio la oportunidad de hacerlo; y a Calderón, por no cambiar “las estructuras clientelares y corporativas del PRI” y mantener “intacto el pacto de impunidad”.

Anaya ha sido más crítico con Calderón, cuya esposa Margarita Zavala aspira a la Presidencia por la vía independiente, pues en su gobierno “se le entregó a Elba Esther Gordillo (entonces líder del SNTE) el control de la educación básica en nuestro país”. También reprobó la política de seguridad calderonista: “sin una estrategia clara y eficaz se disparó la violencia hasta alcanzar niveles francamente insospechados; detrás de esa violencia hay un enorme sufrimiento y tragedias humanas. Hubo avances, sí, pero no cambiamos el régimen” (SDPnoticias.com 11.12.17).

Anaya dio el paso que el candidato del PRI, José Antonio Meade, difícilmente seguirá: deslindarse del pasado y tirar lastre para tener posibilidades de ganar una elección cuyo favorito es AMLO. La circunstancia de ambos es distinta. Anaya no debe a Fox ni a Calderón su candidatura; al contrario, tienen otras preferencias: el primero apoya a Meade y el segundo promueve las aspiraciones de su esposa. Meade fue impuesto por el presidente Peña Nieto y representa el continuismo de un modelo basado en la corrupción y la impunidad.

Sin estar exento de riesgo, el movimiento de Anaya puede resultar redituable electoralmente. Fox y Calderón terminaron sus sexenios con mayor aprobación que Peña Nieto, pero frustraron la esperanza de millones de mexicanos que, al votar por la alternancia en 2006 y darle al PAN una segunda oportunidad –muy discutible– en 2012, esperaban un cambio real en la conducción política y no la asimilación del PAN al PRI y el empeoramiento de los problemas del país (inseguridad, violencia, corrupción, impunidad, pobreza e injusticia).

Meade está maniatado. La precampaña, que en teoría serviría para identificarlo con el PRI y con la ciudadanía, terminó por anclarlo en el tercer lugar en la intención de voto. AMLO lo supera en relación de dos a uno y Anaya se afianza en el segundo lugar. El candidato de la coalición Todos por México lidia con un presidente impopular, un líder de partido (Enrique Ochoa) sin rumbo ni discurso y un coordinador (Aurelio Nuño) de espaldas a la realidad. Ellos serán los arquitectos de su derrota.
26 Febrero 2018 04:07:00
¿Rendición temprana?
Era al final de sus sexenios cuando algunos presidentes enloquecían por la inminente pérdida del poder, conscientes de que el heredero los negaría más de tres veces como ellos mismos lo hicieron con quienes los sentaron en la silla del águila. El caso de Peña Nieto es paradigmático: nunca había existido un presidente tan obtuso, impopular y pagado de sí mismo como él. Jamás un jefe de Estado y de Gobierno mexicano concitó tamaña inquina dentro y fuera del país. Ninguno desprestigió tanto y tan temprano la institución.

“Presidente que devalúa se devalúa”, advertía Salinas; con EPN la depreciación no sólo fue monetaria, sino también moral. Pocos presidentes habían reclamado públicamente halago. ¿Reconocimiento a qué? ¿A un Gobierno que entronizó la corrupción y la impunidad? ¿Medallas a una administración que reformó para seguir igual o peor? ¿Aplauso a un líder de oropel cuyo Gobierno espió a periodistas, empresarios y activistas?

¿Fanfarrias al clan que gobernó de espaldas a la sociedad y entre conflictos de interés? ¿Tributo a un Presidente que solapó a colaboradores y a gobernadores como los Moreira y, en lugar de investigarlos, los premió?

Los predecesores priistas y panistas de Peña ya fueron juzgados por la historia y a la mayoría los encontró culpables. A Díaz Ordaz, por la masacre de Tlatelolco, cuya responsabilidad tuvo el valor de asumir; a Echeverría, por los estragos de su borrachera populista; a JLP, quien lloró en la tribuna del Congreso por la ruina del país; a De la Madrid, quien antes de morir renegó de su sucesor y lo tildó de corrupto junto con su hermano, por pusilánime; a Salinas, el gran cínico, por la corrupción y la violencia política; a Zedillo, por el Fobaproa y la matanza en Acteal, aunque tuvo el mérito de haber posibilitado la alternancia; a Fox, la gran decepción, por caricaturizar la Presidencia y por su engaño de cambio; a Calderón, por los miles de muertos de su absurda campaña contra la delincuencia organizada. A Peña, quien en vez de pedir perdón exige agradecimiento, le irá peor.

El PRI perderá la Presidencia por EPN, cuya soberbia le hizo extraviar el rumbo, enconar al país y despreciar a su partido, a su militancia y a los mexicanos. ¿Con qué argumentos pretende el Grupo Atlacomulco retener el poder? Decir que las cosas cambiarán con el candidato del continuismo, José Antonio Meade, y que a México le irá mejor con los mismos, es una impostura. Votar por él es votar por quienes han agraviado al país y elevado la inmoralidad a política de Estado. El Presidente y su camarilla deben estar desesperados.

Negociar con López Obrador o con Ricardo Anaya una rendición temprana, a cambio de impunidad, es factible dadas las tendencias electorales. Sin embargo, el costo para la nación sería mayor, envilecería aún más la política y terminarían ellos por ser peor que los verdugos. Los candidatos de oposición pueden ganar por sí mismos. Las condiciones están dadas. Pero aún en caso de traición, pues a ello equivaldría pactar con el Presidente y su partido una salida indecorosa, la presión social e internacional forzaría al ganador –AMLO o Anaya– a castigar la corrupción y las masacres del sexenio. Así ocurrió en Guatemala, Perú y otros países donde el hartazgo ciudadano tiene a presidentes pillos en prisión. México no soportaría otra traición en nombre de la democracia ni un nuevo fraude basado en el miedo y el engaño.
24 Febrero 2018 04:07:00
Mal y de malas
Tres de los asuntos que ocuparon la atención en los últimos días fueron el accidente aéreo del 16 de febrero, en Oaxaca, donde el desplome de un helicóptero causó la muerte de 14 personas; la discrecionalidad del gasto federal y la controversia constitucional del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, contra la Ley de Seguridad Interior promulgada el 21 de diciembre pasado por el presidente Peña. Édgar London escribe sobre ellos en el catorcenario Espacio 4.

I

Temían que la tierra se los tragara y la muerte les cayó del cielo. Ese resultó el trágico destino de 14 personas en Oaxaca (entre ellas una niña de 10 años y un bebé de meses) que habían decidido dormir a la intemperie ante la posibilidad de que se produjera un terremoto de alta intensidad porque la tarde anterior un sismo de 7.2 grados se sintió con fuerza en Jamiltepec y sus pobladores quisieron ponerse a salvo de alguna réplica. Lo que no pudieron prever es que se desplomara sobre su improvisado campamento un helicóptero Black Hawk, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La aeronave transportaba al gobernador Alejandro Murat Hinojosa y al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, quienes se dedicaban a supervisar los daños provocados por el terremoto previo. Curiosamente, ninguno de los dos funcionarios sufrió traumas de consideración. (…) la Sedena asumió de inmediato la responsabilidad de los hechos y el propio secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, acudió al lugar para entrevistarse con los familiares de las víctimas.

II

El año pasado fue de recortes y continuos pedidos de austeridad, pero que no se aplicaron en lo absoluto para el Gobierno federal. Así lo denuncia la organización México Evalúa. Mientras que la Cámara de Diputados había aprobado un presupuesto de 131 mil 866 millones de pesos para el Ramo 23, al final de 2017, la Secretaría de Hacienda terminó generando un gasto de 349 mil millones de pesos en dicho fondo. Es decir, 218 mil millones de pesos por encima de lo planificado, aproximadamente 165% del real previsto. México Evalúa considera que, en términos de transparencia, la aplicación de los recursos del Ramo 23 deja mucho que desear. “Llama la a tención el sobreejercicio del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), el cual, sin contar con reglas de operación, gastó 52 mil millones de pesos adicionales a su presupuesto aprobado”, destacó la organización. Es importante recordar que el Ramo General 23 se considera, oficialmente, un instrumento de política presupuestaria a favor del Gobierno federal para asignaciones de recursos que no corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades.

III

La lucha que mantiene el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, contra la aplicación de la Ley de Seguridad Interior, dio un paso de avance cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional presentada por el mandatario. Fue el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo quien ordenó notificar a ambas cámaras del Congreso que cuentan con 30 días hábiles para que rindan su informe al respecto.

Corral considera que la nueva disposición pone en riesgo el sistema de derechos humanos en México e invade facultades que son inherentes a los estados y municipios del país. En el texto que justifica la controversia se expresa que la ley arriesga innecesariamente a las Fuerzas Armadas al colocarlas en sustitución de las autoridades civiles que han sido creadas para enfrentar las problemáticas en el ámbito de seguridad interna.
23 Febrero 2018 04:08:00
UAdeC: reforma inaplazable
El peso de La Laguna se empieza a sentir. Laguneros son el gobernador Miguel Riquelme, el fiscal general, los secretarios de Infraestructura y Transporte, de Salud, de Desarrollo Rural, del Trabajo y de Cultura, el líder del PRI y Eduardo Olmos Castro, cuya posición en el tablero político le confiere un gran poder. En un descuido también puede serlo el futuro presidente del Tribunal Superior de Justicia, lo cual no es necesariamente positivo por el cacicazgo y los intereses que representa el aspirante, afecto al pavoneo y al culto a su persona.

Sin embargo, no es La Laguna la que realmente pesa, sino el grupo en el poder desde el 1 de diciembre, reforzado con Salvador Hernández Vélez en la Rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). La actitud de los laguneros, sobre todo de Torreón, es de cautela. Ver a uno de los suyos despachar en el Palacio de Gobierno después de más de medio siglo no ha generado entusiasmo fuera de los círculos de influencia política. La forma como se resolvieron las elecciones enfrió el ánimo social.

El castigo al PRI y a los Moreira se dio en Torreón, donde perdieron la Alcaldía con el panista Jorge Zermeño y las cuatro diputaciones locales, y no en Saltillo, donde recuperaron la Presidencia Municipal y fueron derrotados sólo en un distrito. La fortaleza de Riquelme está en la capital, no en la metrópoli lagunera. Tal situación le permitió tomar el control de la UAdeC con uno de los suyos (Hernández Vélez), a quien acompañó a su toma de posesión. El cambio fue atestiguado por el jefe de la corriente desplazada, José María Fraustro, y por último representante de ese grupo, Blas Flores Dávila, en sus nuevos papeles de secretarios de Gobierno y de Finanzas, respectivamente.

La ceremonia del lunes pasado en el auditorio Braulio Fernández Aguirre fue austera, la respuesta de la concurrencia tibia y los discursos de Hernández Vélez y Riquelme protocolarios. El objetivo de mostrar fuerza grupal, para objetivos políticos ulteriores, se cumplió. Sin embargo, el origen lagunero, por sí solo, no es garantía de nada. El Gobierno y la UAdeC afrontan circunstancias difíciles por la situación de las finanzas, el colapso del sistema de salud, la crisis pensionaria, el bajo nivel académico, la concentración de privilegios y la falta de credibilidad en las instituciones.

Entre 2016 y 2017, la UAdeC descendió del lugar 27 al 42 (15 posiciones) en el ranking de la revista de negocios AméricaEconomía. La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro se ubica en el sitio 17 (tres por debajo del año pasado). Los retos del nuevo rector son enormes. El primero consiste en elevar la calidad de la institución en todos los aspectos. En la Unidad Torreón, particularmente, el nivel académico está por el suelo. “Salvador lo sabe y con toda seguridad pondrá atención”, me dice uno de los asistentes a la ceremonia.

La reforma prometida por Hernández Vélez debe ser profunda e integral. Sólo así podrá la UAdeC superar inercias y estar en condiciones de competir con las mejores instituciones de educación superior públicas y privadas del país. Hoy está muy lejos de serlo, lo cual implica, además del desaprovechamiento de recursos y talentos, la cancelación de oportunidades para miles de universitarios en un mercado laboral altamente competido. Otras condiciones para lograr la transformación es despojar a la casa de estudios de colores partidistas, marcar distancia con el Gobierno e involucrar a una comunidad universitaria aletargada en el proceso de cambio.
22 Febrero 2018 04:08:00
Voto joven anti-PRI
Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya superan a José Antonio Meade en la carrera por la Presidencia: el primero por 16 puntos porcentuales y el segundo por 10, según la encuesta nacional de El Universal, Buendía&Laredo, levantada en vivienda del 19 al 25 de enero. La candidata independiente, Margarita Zavala, obtuvo el 4% de las preferencias y Jaime Rodríguez, “El Bronco”, el 2%. Cara a cara, López Obrador y Anaya derrotarían a Meade; el primero por 29 puntos y el segundo por 33. Si la competencia fuera sólo entre López Obrador y Anaya, AMLO ganaría por 6 puntos.

Entre los jóvenes de 18 a 29 años, el voto anti-PRI resulta abrumador: 63%, dividido entre López Obrador (32%), de la coalición Juntos Haremos Historia, y Anaya (31%), de Por México al Frente. Meade, de Todos por México, captó el 16%. El dato es relevante, pues ese grupo lo forman 26.4 millones de electores, casi el 30% de la lista nominal cuyo registro al pasado 26 de enero era de 89.8 millones de ciudadanos con credencial para votar vigente.

En el grupo de 50 a 65 años o más, donde se concentra otro tercio de los electores, López Obrador y Anaya aventajan a Meade por 12 y 4%, respectivamente. Contrario a la idea de que AMLO tiene más respaldo en los sectores con menor escolaridad, 37% de los votantes con licenciatura o más votaría por él. En cuanto a percepción, 41% le concede a AMLO mayores posibilidades de ganar la Presidencia; 23% opta por Anaya y 17% por Meade.

López Obrador es el aspirante con mayor reconocimiento visual (84%), seguido por Anaya (56%) y Margarita Zavala (47%). Después aparecen Meade (41%) y Jaime Rodríguez (22%).

La nota de El Universal dice que “Las opiniones de los candidatos refuerzan la noción de que López Obrador es el candidato mejor posicionado, con un balance de +24 (...). Ricardo Anaya también cuenta con un balance positivo (+11). José Antonio Meade cuenta con 19% de opiniones positivas y 24% de opiniones negativas” (-5%). El 43% de los encuestados declaró estar convencido de por quién votará el 1 de julio y el 54% aún está indeciso.

El 97% de la muestra dijo conocer o haber oído hablar de López Obrador, el 85% de Anaya, el 67% de Meade, el 66% de Zavala y el 43% de Rodríguez, gobernador de Nuevo León con licencia. Con respecto a la decisión del voto, el 48% está persuadido de sufragar por AMLO y el 21% se declaró “dudoso”; el 24% por Anaya, con un 28% de indecisos; y el 16% por Meade, en cuyo caso el mismo porcentaje todavía no está seguro.

Para la elección presidencial de 2012, la encuesta de Buendia&Laredo, correspondiente a febrero, concedía a Enrique Peña Nieto (PRI) el 48% de las preferencias, a Josefina Vázquez Mota (PAN) el 32% y a López Obrador (PRD) el 20%. En las urnas, sin embargo, el resultado fue distinto. Peña ganó con el 38.2% de los votos, López Obrador obtuvo el 31.5% y Vázquez Mota el 25.6%.

La encuesta de enero pasado anticipa una competencia entre dos: López Obrador y Ricardo Anaya. Además de no conectar con el electorado, Meade ha decepcionado a los propios priistas. Su condición de candidato externo, su desconocimiento del PRI y sus liderazgos, el control del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, sobre su campaña y la impopularidad del presidente Peña Nieto, lo conducen a la derrota. En ese escenario, el voto útil podría favorecer a Anaya. Sin embargo, AMLO parece estar vacunado contra toda eventualidad.
20 Febrero 2018 04:06:00
El fenómeno AMLO
El pésimo Gobierno de Enrique Peña Nieto y el mal recuerdo de Vicente Fox y Felipe Calderón tienen a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la antesala de Los Pinos. El tercer intento del ahora precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y Encuentro Social) de ganar la Presidencia parece definitivo. Además de ser el aspirante con mayor presencia en los medios de comunicación, pues tiene 12 años en campaña, y de encabezar las encuestas, la idea de que AMLO será el futuro Presidente se extiende conforme se acercan las elecciones.

AMLO también empezó arriba en las encuestas en las dos últimas sucesiones, pero en las urnas perdió con Felipe Calderón y Peña Nieto por diferencias de 0.62 y 6.6%, respectivamente. En 2006, atenido a su ventaja, el entonces candidato del PRD cometió errores: desairó un debate entre presidenciables, se confrontó con Fox, sembró temor entre el empresariado por su discurso populista, y luego de perder bloqueó calles, carreteras y aeropuertos. En las campañas de 2006 y 2012, el PRI, el PAN y los poderes fácticos –especialmente las televisoras– se unieron para presentarlo como “un peligro para México”.

En 2006, AMLO captó 14.7 millones de votos contra 15 millones de Calderón; seis años después subió a 15.8 millones, mientras Peña Nieto, cuyo gasto de campaña excedió por mucho el tope autorizado, consiguió 19.2 millones de sufragios. A pesar de la guerra sucia, AMLO fue el segundo candidato más votado en los dos últimos procesos para renovar la presidencia. Empero, el PT y el Partido Encuentro Social (PES) no son los mejores aliados de Morena para las elecciones del 1 de julio. El primero, por el cacicazgo de su líder Alberto Anaya, y el segundo por su
conservadurismo.

Después de estar dos veces a un paso de la Presidencia, AMLO se ha alejado de posiciones radicales. La incorporación de Alfonso Romo como enlace con empresarios, gobiernos locales y sociedad civil, y de Tatiana Clouthier –hija del excandidato presidencial del PAN, Manuel J. Clouthier– como coordinadora de campaña, le abre espacios en sectores donde hasta hace poco era visto con recelo o de plano lo repudiaban.

Si en 2006 AMLO se declaró “políticamente indestructible” frente a los ataques del Gobierno y del PAN, 12 años más tarde la trama para desacreditarlo por el supuesto apoyo de Rusia y Venezuela a su candidatura, en lugar de afectarlo, ha aumentado su popularidad, le ha permitido mostrar su lado humorístico (se llama a sí mismo Andrés Manuelovich) y ha afianzado la percepción de que el Presidente Peña, el PRI y su candidato José Antonio Meade harán todo lo que esté a su alcance para retener el poder a cualquier costo.

AMLO pudo atemperar su carácter y matizado su discurso, pero su vocación autoritaria, en lugar de disminuir, se ha exacerbado. Las decisiones de la coalición Juntos Haremos Historia son suyas; candidaturas aberrantes como la del exfutbolista y alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, para el gobierno de Morelos, y la del líder minero Napoleón Gómez Urrutia para el Senado, son bajo su cuenta y riesgo. Nadie puede contradecir al mesías, y quien lo haga es condenado al fuego eterno. AMLO quiere votos sin importar el costo, su dedo flamígero señala quién debe contender para un cargo de elección popular. AMLO vuelve a ser, como pasó en 2006 y 2012, su principal enemigo. Pero a diferencia de ayer, hoy se le perdona todo con tal de hacer perder al PRI y al PAN. Por ellos y sus gobiernos, López Obrador tiene hoy un pie en Los Pinos.
19 Febrero 2018 04:07:00
Luces de alternancia
Después de los fracasos del PAN y del PRI en la Presidencia, agravados por la violencia, la corrupción y la impunidad en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña, el país parece encaminado hacia la tercera alternancia, esta vez hacia la izquierda. A menos de cinco meses de las elecciones, Andrés Manuel López Obrador (Morena) consolida su liderazgo en la intención de voto y marca la agenda política como lo hizo cuando encabezó el Gobierno de Ciudad de México y Vicente Fox pretendió desaforarlo para excluirlo de la sucesión de 2006, la cual estuvo a punto de ganar. El segundo lugar en las encuestas lo ocupa Ricardo Anaya (PAN) y el tercero José Antonio Meade (PRI).

Las campañas para la Presidencia empezarán el 30 de marzo, junto con las de diputados y senadores. El 1 de julio se elegirán también nueve gobernadores, incluido el de Ciudad de México, mil 596 alcaldes y 972 diputados locales. Según una encuesta telefónica de la consultora Massive Caller, realizada el 16 de enero, Morena ganaría Chiapas –donde el PRI y el Partido Verde se han dividido– Ciudad de México, Morelos y Tabasco; el PAN, Guanajuato, Veracruz y Yucatán; Movimiento Ciudadano (MC), Jalisco; Puebla marca un empate técnico entre las coaliciones lideradas por Morena, el PAN y el PRI. El porcentaje de quienes aún no deciden su voto varía del 15.8 (Morelos) al 28.7 (Guanajuato).

El PRI gobierna tres de los nueve estados donde habrá comicios, pero en Jalisco el triunfo de Enrique Alfaro (MC) se da por descontado. En Chiapas, Morena lo aventaja por 20 puntos porcentuales, y el PAN por ocho en Yucatán, según el tracking de la consultora, correspondiente a la semana del 7 al 15 de enero. En ese escenario, el PRI sería derrotado por primera vez en todas las elecciones para gobernador. El año pasado perdió Nayarit y estuvo a punto de correr la misma suerte en Estado de México y Coahuila donde sus candidatos ganaron por márgenes de 2.7 y 2%, respectivamente. En 2016, el PAN lo venció en siete de 12 estados.

Morena no tiene por ahora ningún gobernador, pero el 1 de julio podría izar su bandera al menos en cuatro. El PAN tendría seguro Guanajuato, pero corre riesgo en Veracruz y Puebla de acuerdo con la encuesta de Massive Caller. En Ciudad de México, Chiapas, Tabasco y Puebla, el PRI ocupa el tercer lugar en la intención de voto. El partido del presidente Peña Nieto gobierna en la actualidad 14 estados, y Chiapas en coalición con el Verde Ecologista. Sin embargo, la imposición de Roberto Albores Gleason, apoyado por el precandidato presidencial José Antonio Meade, provocó una revuelta encabezada por Eduardo Ramírez, una de las cartas del gobernador Manuel Velasco para sucederle.

En su columna Tolvanera titulada “El abuelo”, el periodista Roberto Zamarripa dice “Lo que está enfrente no es menor. Andrés Manuel López Obrador lleva una semana de gira en Chiapas con plazas llenas y con él viaja el abuelo materno de Velasco, el señor Fernando Coello (…). La provocación de AMLO exhibiendo su amistad con un familiar muy apreciado por el gobernador chiapaneco justo en los momentos en que es presionado por el equipo de Meade abre más la cuarteadura. (…) En Chiapas está, por ahora, el nudo del 2018. Apareció ya la primera tensión entre las preferencias de Peña –que ya se va– y de Meade –que quiere llegar. Y el intento de ahorcar a Velasco en su propio territorio (Reforma, 29.01.18).
17 Febrero 2018 04:08:00
Los análisis de Brozo
Los medios de comunicación, pero sobre todo las redes sociales, jugarán un papel relevante en las elecciones presidenciales de este año. Por supuesto, Brozo no podía faltar. Su regreso a la televisión de pago lo aborda Gerardo Moyano en el número 581 del bisemanario Espacio 4.

«Por poco más de un año, los análisis políticos de la televisión mexicana carecieron de los comentarios ácidos e insolentes de Brozo, el Payaso Tenebroso, quien el 15 de enero volvió a la pantalla chica, a través del canal de pago Acustik TV. El programa Informe Brozo, que conduce el álter ego del periodista Víctor Trujillo, puede verse de lunes a viernes, de 18:00 a 20:00 horas, por sistemas de cable como Total Play, Izzi, Megacable y Axtel TV.

»Si bien la audiencia de Acustik TV es mucho menor que la de Televisa, donde los programas de Brozo (El Mañanero, Peladito y en el Boca, entre otros) alcanzaron altos niveles de rating durante años, el clima de efervescencia política que se vive en vísperas de las elecciones de julio próximo demandaba una voz hilarante como la de Trujillo.

»De hecho, en mayo del año pasado, a cinco meses de su salida de Televisa, el propio Trujillo adelantaba que volvería al aire en épocas electorales. “Sería bueno hacer o crear una plataforma que tenga que ver con las elecciones de 2017 y 2018, es una kermés que no me quisiera perder”, dijo entonces (El Universal 11.05.17).

»Y así lo hizo, primero por internet, y ahora por televisión. El 24 de mayo de 2017, semanas antes de las elecciones del 4 de junio, en las que Estado de México, Nayarit y Coahuila renovaron gubernaturas, Brozo inauguró su canal de YouTube Brozoxmisweb”, donde más de 300 mil suscriptores siguen sus análisis políticos bajo los nombres de “Galerías”, “Debatitlán” e “Informe Brozo”.

»Estos dos últimos son los que ahora se reproducen en vivo, a través de Acustik TV –en alianza con Upscale Media Group y La Neta Noticias–, tanto en televisión como en internet.

»Durante su primera transmisión, Brozo entrevistó por teléfono al Gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral Jurado, quien además de criticar a la Federación por la retención de una partida de más de 700 millones de pesos, afirmó que “el verdadero amigo” del exgobernador César Duarte, prófugo de la justicia, no es el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, sino el precandidato presidencial priista José Antonio Meade Kuribreña.

»El mandatario también reclamó la cobertura negativa que dieron los periódicos nacionales al mitin que encabezó para anunciar la Caravana de la Dignidad (Espacio 4, 580), pues aseguró que hubo “uniformidad en los titulares” y que en algunos diarios la entrada de la nota “era prácticamente la misma”, con excepción de Reforma.

»El 17 de enero, el precandidato a senador independiente por el estado de Jalisco, Pedro Kumamoto, acudió al programa de Brozo, donde expresó su malestar y decepción por la compra de credenciales electorales por parte de otros precandidatos sin partido.

»Javier Corral volvió a ser entrevistado por Brozo, el 20 de enero. (...) En ese mismo programa, Brozo relanzó Debatitlán, “la mesa más polémica y frontal del país”, en la que participaron Mauricio Merino, Emilio Lezama, Emilio Álvarez Icaza y Alejandra Latapí. (...) En este sentido, el historiador Lorenzo Meyer consideró que los análisis de Brozo aportan más a la vida política del país, que los de otros periodistas tradicionales. “Los análisis políticos de @brozoxmiswebs son mejores y más honestos que muchos de los analistas ‘serios’. Bienvenido al espacio que acaba de estrenar en TV’, escribió en Twitter, el 31 de enero».
16 Febrero 2018 04:07:00
El estilo de gobernar
La alternancia en Los Pinos les permitió a los gobernadores decidir sus propias sucesiones. Soltar la suya por dedicarle más tiempo a su ilusoria aspiración presidencial y suponer que tenía el control político del estado, impidió que Enrique Martínez dejara heredero. Humberto y Rubén Moreira aprovecharon el descuido para hacer el 1-2 en el Gobierno. En el ánimo social pesa más la negligencia que haber dejado deuda cero, pues al final de qué sirvió entregar finanzas sanas si al cabo de un sexenio Coahuila tendría el mayor pasivo bancario del país.

Las sucesiones se planean con tiempo. Rubén Moreira no engañó a nadie: Miguel Riquelme fue su favorito desde un principio. La cuestión ahora es: ¿quién lo es de Riquelme? Es temprano para saberlo, pero una cosa es segura: no será un moreirista, pues el clan, además de fracturado, terminó su nefasto ciclo el 1 de diciembre. El deslinde de Riquelme con los hermanos no será espectacular como lo fue el de Ernesto Zedillo con Carlos Salinas, a cuyo hermano Raúl encarceló por el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, lo habrá; lo contrario no podrá gobernar.

Riquelme tiene elementos para proceder, al menos, contra figuras cercanas a sus predecesores: las irregularidades por casi 5 mil millones de pesos en la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre), el desvío de 410 millones de pesos a empresas “fantasma” y gastos fuera de norma por 64.5 millones de pesos en la Secretaría de Salud. Si Rubén Moreira dijo ignorar el tamaño de la deuda y el déficit heredados de un gobierno en el que tuvo tanta o más influencia que su hermano, ¿supo Riquelme la situación real de las finanzas del Estado y la gravedad de otros problemas antes de asumir el cargo? Por lo visto, no.

El gobernador y su equipo de confianza están en la etapa de desentrañar los misterios de la pasada administración para poder actuar o tener información que le permita mantener a raya a los Moreira. Otros temas lo ocupan y le preocupan, por ejemplo, las elecciones del 1 de julio. Perder la Presidencia de la República –con AMLO o con Ricardo Anaya– sería un revulsivo para el país y para el estado. La bandera de los candidatos opositores es el combate a la corrupción y en Coahuila hay bastante tela de donde cortar. La deuda, contra lo que se piense o se quiera hacer creer, no es un asunto cerrado. Máxime si al escarbar se llega a la campaña de Peña Nieto y al PRI, donde Humberto Moreira despachó como presidente y ahora Rubén ejerce de secretario de Organización.

En lo local, el PRI se daría por bien servido si conserva las alcaldías que ganó el año pasado, pues difícilmente recuperará Torreón, Monclova y Acuña. El gobernador tiene muchos fierros en la lumbre, pero también algunos puntos a favor. Si como alcalde de Torreón se metió en problemas por la cortedad de su mecha, como gobernador se ha moderado. Si Rubén Moreira evitaba todo trato con el alcalde Isidro López Villarreal y aisló a la capital para no darle reflectores al panista, Riquelme se placea con el alcalde de Torreón Jorge Zermeño. No puede darse el lujo de pelearse con nadie, menos con la principal figura del PAN.

Será en Torreón, justamente, donde Salvador Hernández Vélez rendirá protesta como rector de la Universidad Autónoma de Coahuila el lunes próximo. El lagunero es amigo de Rubén Moreira, pero llega al cargo por Riquelme. Las sucesiones –insisto– empiezan a planearse a los principios del sexenio.


14 Febrero 2018 04:07:00
La desnudez del caudillo
El presidente Peña Nieto y el precandidato Andrés Manuel López Obrador tienen en común su narcisismo e intolerancia a la crítica. No de balde: la popularidad del primero entró en barrena a partir de la investigación de Carmen Aristegui sobre la casa blanca adquirida en 7 millones de dólares a un contratista del Gobierno; y cada vez que el segundo censura y descalifica a los medios de comunicación –al estilo Trump– y a los columnistas por el solo hecho de informar y no plegarse a su doctrina, despierta el temor a verlo en la silla del águila.

Ambos están en busca de votos. Peña para José Antonio Meade, su candidato, y AMLO para ser Presidente. Ninguno duda en culpar a la prensa no adicta de sus males. Uno pide reconocimiento por los logros de su Gobierno, pues ignorarlos “significaría faltar a la verdad, desinformar a la ciudadanía y degradar la política”. ¿Dónde están los avances? ¿En seguridad, en el combate a la corrupción y a la impunidad, en crecimiento económico, en el respeto a los derechos humanos y a las libertades? El otro demanda lealtad ciega e incondicional incluso de quienes no son sus acólitos.

La reacción de López Obrador a la columna “AMLO 3.0” de Jesús Silva-Herzog Márquez (Reforma, 5.02.18) fue arrebatada. El autor –publicó en su cuenta de Twitter– “me cuestiona con conjeturas de toda índole (…) me acusa sin motivo de oportunista. Ni modo, son tiempos de enfrentar a la mafia del poder, a sus secuaces y articulistas conservadores con apariencia de liberales”.

La réplica de Silva-Herzog (@jshm00), cuyo texto, bien leído, es un balance positivo, no exento de crítica, sobre el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en su tercer intento por ganar la Presidencia, fue rotunda: “Ojalá aceptara alguna vez, don @lopezobrador_ que la discrepancia no es inmoralidad. Criticarlo a usted no es entregarse a la mafia. Si no aceptamos que hay razones para el desacuerdo, el diálogo no tiene sentido”.

En “AMLO 3.0”, Silva-Herzog reconoce que del sectarismo de sus dos campañas previas “queda poco”. “Si en empeños anteriores mordía el anzuelo que sus enemigos le lanzaban, hoy se burla con gracia de su torpeza. Caía fácilmente en las provocaciones. Era irascible, intolerante, grosero. A cada cuestionamiento respondía con una descalificación moral. (…)

“Aún no sabemos si el cambio sea perdurable pero es, sin duda, visible. No se perciben esos reflejos en la tercera campaña. Otro es el talante que muestra en estos días. Está de buenas y transmite su humor. Ha descubierto un recurso valiosísimo: la risa. Es claro que un candidato que sabe reír puede encarar de una manera muy distinta las embestidas de sus críticos. La mejor forma de desarmar las críticas desproporcionadas es riéndose de ellas”. Sin embargo, el texto del autor de La Idiotez de lo Perfecto no hizo reír a AMLO. Despertó, al contrario, al político esmerado “en boicotear su campaña con decisiones contraproducentes y reacciones de torpeza inauditas”.

El enojo del presidenciable es porque –como Paco Calderón captó en su caricatura del 7 de febrero en Reforma– Silva-Herzog descubre su desnudez y lanza una advertencia: “el peligro de AMLO 3.0 es otro. Del extremo del sectarismo, López Obrador se ha desplazado al punto contrario: el oportunismo. Su coalición no es ya ni sombra de su base política. Morena ha sido traicionado antes de ganar el poder. El caudillo lo ha entregado al cálculo de sus ambiciones (…) los bandidos pueden ser perdonados por la infinita bondad del prócer”.
13 Febrero 2018 04:06:00
Golpes de pecho
A diferencia de su hermano Humberto, Rubén Moreira disfruta de una exgubernatura dorada. Hasta hoy, nada ni nadie le molesta, lo cual es distinto a que nadie lo recuerde. El domingo, al salir de misa del padre Chuy Pedro Oyervides, en Fátima, un académico deploró el daño causado a miles de trabajadores de la educación (en activo y jubilados) por la autoritaria reforma al sistema de pensiones avalado por la anterior Legislatura de mayoría priista. El efímero y artificial éxito de Humberto Moreira devino en pesadilla. Su defenestración como presidente del PRI, por el escándalo de la deuda eterna de 36 mil millones de pesos, representó el anticipo de mayores males. El poder cobra según su uso, su abuso o su desuso.

Rubén Moreira terminó su sexenio y como premio por haber retenido el poder sin importar los medios, el presidente Peña Nieto lo convirtió en secretario de Acción Electoral del PRI. Hace unos días lo ascendió a la secretaría de Organización y quizá mañana sea el relevo del anodino líder de ese partido, Enrique Ochoa. Con aliados así, José Antonio Meade no necesita que López Obrador y Ricardo Anaya cometan errores. El mensaje es obvio: el grupo Atlacomulco espera una elección presidencial tipo Coahuila y Estado de México. Un final controvertido y una resolución favorable en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación adicto al PRI-gobierno. El cálculo es suicida, pues el país no soportaría otro fraude tipo 1988 o 2006.

Moreira fue recompensado como si hubiera sido bue,n gobernador o hubiese arrasado en las elecciones. Miguel Riquelme cargó con los pasivos y la marca del moreirato –en particular de Rubén– y por eso estuvo a punto de ser derrotado. Entre 2011 y 2017, el PRI perdió casi un cuarto de millón de votos. Con el presupuesto, el Congreso, el Instituto Electoral de Coahuila y el Tribunal Estatal Electoral a su servicio, ¿dónde está el mérito? El costo fue demasiado elevado y la victoria pírrica. ¿Qué explica el premio? Quizá otro tipo de servicios.

Sin embargo, tener entre los operadores de Meade a un exgobernador a quien la Auditoría Superior del Estado le detectó pagos por 410 millones de pesos a empresas fantasma en el ejercicio 2016, entre ellas una relacionada con la entonces secretaria de Infraestructura y Transporte, María Esther Monsiváis, no es la mejor recomendación. La sombra de la corrupción ajena a persigue a Meade, pero será él quien lo pagará en las urnas.

En relación con la Secretaría de Salud, el informe Cumplimiento de los Puntos de Acuerdo Turnados a la Auditoría Superior del Estado, por la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado de Coahuila revela: “Como resultado de la auditoría número ASE-12496-2016 se desprenden observaciones que contienen hechos en los que se advierten irregularidades como se muestra a continuación: Egresos. Falta de comprobación o la documentación e información presentadas son insuficientes para su justificación, integrados en dos observaciones. Por un valor de 64 millones 504 mil 424.40 pesos. Las principales observaciones detectadas son las siguientes: No proporcionó la documentación que justifique y demuestre la recepción y destino de los bienes adquiridos” (Espacio 4, 579).

Mientras tanto, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, se da golpes de pecho: “en el PRI ha habido gobernadores que (...) son verdaderamente un motivo de vergüenza, no solamente para los priistas, sino para los mexicanos”. Unos están en prisión y otros en la campaña de Meade como si tal cosa.
12 Febrero 2018 04:07:00
Soberbia centralista
La Caravana por la Dignidad del gobernador chihuahuense Javier Corral superó el objetivo de recuperar 900 millones de pesos que la Secretaría de Hacienda le había retenido al Estado por diferencias partidarias, las cuales no deberían existir en un sistema federal y auténticamente democrático, y activar el proceso para la captura y extradición del exmandatario César Duarte, amigo del presidente Peña Nieto y protegido del coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, y del exlíder nacional de ese partido, Manlio Fabio Beltrones.

La mayor victoria de Corral y de los chihuahuenses que apoyaron a su gobernador, como pocos lo son en el país, consiste en haber demostrado lo que es posible lograr cuando existe compromiso, liderazgo e identificación entre sociedad y Gobierno. Nada de esto habría ocurrido si los ciudadanos hubieran aceptado la imposición de Enrique Serrano, el delfín del ahora prófugo César Duarte. Corral ganó las elecciones por una diferencia de 100 mil votos bajo las siglas del PAN, mientras que, a Serrano, además del PRI, lo cobijaron los partidos Verde, Nueva Alianza y de los Trabajadores.

La derrota del Gobierno federal, que primero argumentó la inexistencia de recursos para solventar el compromiso con la administración de Chihuahua y luego pretextó errores de procedimiento de las autoridades locales para acceder a los fondos, es, sobre todo, política. El mensaje al país es que la movilización pacífica y organizada puede lograr resultados justos para una entidad y doblegar la arrogancia centralista. La retención de los 900 millones de pesos era en realidad un castigo a un estado por haber votado contra el PRI.

Si Coahuila sirvió de laboratorio para las elecciones presidenciales del 1 de julio, bajo la consigna de retener el poder a cualquier costo, en Chihuahua el gobierno de Corral desveló el entramado financiero para desviar recursos públicos hacia campañas del PRI. Igual que Humberto Moreira no ha sido investigado por la deuda de 36 mil millones de pesos y los presuntos vínculos de su Gobierno con la delincuencia organizada, César Duarte recibió el mismo trato por sus contribuciones al PRI y al gobierno del presidente Peña Nieto. La PGR prefirió mirar hacia otro lado en ambos casos.

La presión ciudadana obligó a la Federación a retirarle la inmunidad a Duarte y a poner en marcha los mecanismos para su localización, captura y extradición –como antes ocurrió con Javier Duarte (Veracruz) y Roberto Borge (Quintana Roo)– con el objeto de procesarlo por el desvío de 250 millones de pesos al PRI y otros delitos cometidos durante su Administración en perjuicio del estado de Chihuahua. Duarte, como la mayoría de los gobernadores, presidentes municipales y funcionarios de menor rango, no soportaría el examen más somero sobre su situación patrimonial antes y después de ostentar el poder.

El desvío de recursos del erario y el enriquecimiento obsceno e impune de los servidores públicos –de todos los partidos– agravian profundamente a la mayoría de los mexicanos, sometidos como nunca a un estado de violencia, represión, deterioro de la calidad de vida y abandono de las autoridades a sus responsabilidades mínimas. Las campañas para desacreditar la Caravana por la Dignidad y al Gobernador de un estado libre y soberano, lanzadas desde el Gobierno federal, no hicieron más que darle mayor vigor a un movimiento que despertó conciencias, unió voluntades y sembró esperanza.

Quizá también sea el anticipo de la tercera alternancia en Los Pinos.
10 Febrero 2018 04:08:00
Paraísos indígenas
La atención a las comunidades originarias, históricamente abandonadas, siempre rendirá buenos frutos, lo mismo que la diversificación de mercados. Son los temas de la sección de Luces correspondiente a la nueva edición del bisemanario Espacio 4.

I

Finalmente, la SEP parece haberse percatado de que la educación ha de llegar, de la mejor forma a cada sector de la sociedad y acoplarse a sus características. De paso, reconoce la importancia de la cultura indígena en México y, en lugar de obligarla a moldearse a las condiciones unilaterales que hasta la fecha le ha impuesto, le permitirá que se instruyan sin violentar su idiosincrasia. Por tal motivo, el secretario de Educación, Otto Granados, anunció que en el próximo ciclo escolar se distribuirán libros de texto en 22 lenguas indígenas. En cualquier caso, la educación debe servir para sumar conocimiento, no sustituirlo. De ahí la necesidad de favorecer la diversidad y acoplarse a ella. El funcionario indicó que se espera que los menores de las comunidades indígenas aprendan español e inglés, pero sin necesidad de que desechen su propio idioma.

II

Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) pendiendo de un hilo, México busca fortalecer sus relaciones económicas con el viejo continente y considera posible que, este mismo mes, se puedan sentar las bases de un nuevo acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Para ello ambas partes sostienen conversaciones con el objetivo de actualizar un pacto comercial planteado hace más de dos décadas y que necesita, con urgencia, actualizarse según las nuevas condiciones del mercado. Este pacto se enfoca, principalmente, en productos industriales, pero se pretende agregarle productos agrícolas, servicios, inversión y adquisiciones gubernamentales, además de disposiciones sobre normas laborales y protección del medio ambiente. Por el momento, el reto más delicado es determinar hasta qué punto se pueden abrir los mercados bilaterales respecto a alimentos y bebidas. México necesita ampliar sus opciones de intercambio económico –también mira a Asia, por la vía del Pacífico– para librarse de la dependencia de exportaciones a Estados Unidos que lo mantiene maniatado con más del 80% de los productos que cruzan la frontera. Sin duda, la decisión de acercarse a la UE es correcta. Esperemos que no se haya tomado demasiado tarde.

III

Uno de los más importantes eventos de turismo a nivel mundial ha galardonado una iniciativa mexicana. Se trata del sello distintivo Paraísos Indígenas, creado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que fue acreedor del Premio al Mejor Producto de Turismo Activo, entregado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que tuvo lugar en Madrid, España. El propósito de Paraísos Indígenas es concentrar y promover más de 100 destinos turísticos nacionales que comparten un alto valor cultural, histórico y natural. El sello, de esta manera, apoya a más de 7 mil indígenas que se benefician con la visita de extranjeros y connacionales. Además, se fomenta el conocimiento de las costumbres de los habitantes de estas regiones, usualmente, alejadas de las zonas metropolitanas y se comprende mejor sus hábitos. En la creación de este sello participaron organismos y dependencias de la administración pública federal. Gracias a este reconocimiento, Paraísos Indígenas servirá para fomentar aún más el desarrollo de la industria turística de México.
09 Febrero 2018 04:07:00
La sombra del gasolinazo
Igual que la mayoría de los tecnócratas y los políticos, José Antonio Meade es un hombre sin carisma. En el Banco de México, para el cual se le candidateó antes de que el PRI “lo hiciera suyo” y lo postulara para Presidente, su falta de atracción no hubiera significado ningún problema, sino, al contrario, un punto a favor, pues la tarea de la institución no consiste en ganar simpatías ni el aplauso de la galería, sino en mantener el peso a flote y la inflación a raya, objetivos que en el sexenio de Peña Nieto ha cumplido a medias.

Meade no tiene el carisma ni la oratoria de Colosio, por ejemplo, quien antes de ser candidato a la Presidencia fue diputado federal, secretario de Estado y líder nacional del PRI. En su discurso del 6 de junio en el monumento a la Revolución, 13 días antes de ser asesinado, Colosio criticó el arribismo: “No queremos candidatos que, al ser postulados, los primeros sorprendidos en conocer su supuesta militancia seamos los propios priistas”.

Desde esa perspectiva, el caso de Meade llama aún más la atención, pues el PRI lo prefirió justamente por no ser militante. La decisión pudo tomarse por el repudio hacia un partido que, si bien ya había propuesto candidatos impopulares como Carlos Salinas y Roberto Madrazo, jamás había recurrido a alguien extraño a sus filas. El propósito de presentar un perfil en apariencia desligado del PRI consiste en atraer a los electores que jamás votarían por ese partido, pero aun así el movimiento es demasiado riesgoso. Meade representa la continuidad del Gobierno de Peña, cuyo nivel de aprobación es apenas de 20%, según una encuesta de Reforma (20.07.17).

Para los ciudadanos, el principal problema del país es la inseguridad pública (53%), y para los líderes (académicos, políticos, empresarios y ONG), la corrupción (65%), según la misma encuesta. El 77% del primer grupo considera que México va por “mal camino”, y el 86% que para el Presidente “las cosas se están saliendo de su control”.

Meade ha sido cinco veces secretario de Estado, pero el recuerdo más extendido que se tiene de él es por el “gasolinazo” de 2017, que provocó manifestaciones y disturbios en el país. El tema lo capitalizan Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, precandidatos de las coaliciones encabezadas por Morena y el PAN, respectivamente, para socavar la candidatura del exsecretario de Hacienda, de por sí débil.

El perfil de Meade es más parecido al de Ernesto Zedillo, el candidato sustituto del PRI tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, de quien había sido coordinador de campaña. Sin embargo, el bajo impacto de Meade en el electorado y la desorganización y las pugnas en su equipo han generado rumores de que podría ser reemplazado por Aurelio Nuño, el jefe de su campaña.

“Mis gargantas profundas me dicen que analizan la posibilidad de que lo cambien a Meade por Nuño, eso se daría al final de la precampaña. Videgaray impuso a Meade y ahora Videgaray, como Meade no levanta, está impulsando a Nuño”, declaró López Obrador en Veracruz (SDPnoticias.com, 18-01.18). La versión ha sido desmentida, pero el exsecretario de Educación, como en su tiempo Zedillo, no tiene impedimento para ser candidato.

La cuestión es: ¿en caso de ganar las elecciones, Meade investigaría a los colaboradores preferidos de Peña Nieto acusados de corruptos? El Presidente no tiene un hermano incómodo como Raúl Salinas –a quien Zedillo encarceló por homicidio y enriquecimiento ilícito– lo fue de Carlos Salinas, pero sí protegidos como el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. No parece. Tal cosa sólo podría ocurrir si López Obrador o Anaya ganan la Presidencia. En ese caso, ni el propio Peña dormiría tranquilo.
07 Febrero 2018 04:07:00
El recuerdo de Colosio
El PRI ha tenido 17 candidatos presidenciales en 89 años, incluido José Antonio Meade, primero en ser postulado sin pertenecer a ese partido. El único reemplazo ha sido el de Luis Donaldo Colosio, asesinado el 23 de marzo de 1994 en el tercer mes de su campaña. El PRI nombró sustituto a Ernesto Zedillo, quien compitió con Diego Fernández (PAN) y Cuauhtémoc Cárdenas (PRD).

El homicidio de Colosio ocurrió en un clima de crispación social, inestabilidad política y violencia asociadas a la disputa por el poder y a la expansión del narcotráfico. Un año antes, el 24 de mayo de 1993, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue acribillado en el aeropuerto de Guadalajara, al parecer confundido con Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Sin embargo, para los abogados de la Arquidiócesis tapatía, no se trató de un error, sino de un “crimen de Estado”. José Ortega Sánchez declaró que “(Posadas) conocía los nexos del narcotráfico boliviano-colombiano-peruano con algunos políticos mexicanos y que ahí se encontraba vinculado Raúl Salinas de Gortari”, hermano del presidente (Expansión, 25.5.11).

El 1 de enero de 2014, 8 meses después del magnicidio, sobrevino el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, el cual coincidió con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces el escenario político, controlado por Salinas de Gortari, tuvo un giro. Colosio empezó a ser boicoteado desde Los Pinos, donde los hombres de mayor influencia eran Raúl Salinas y José María Córdova.

Colosio inició su campaña el 10 de enero de 1994 en Huejutla, Hidalgo, en un ambiente hostil, un equipo dividido y con la sombra de Manuel Camacho Solís, a quien Salinas habilitó como eventual candidato sustituto al nombrarlo coordinador para el Diálogo y la Reconciliación en Chiapas. Colosio fue presionado para renunciar, pues había dejado de representar la continuidad del salinato corrupto, corruptor y ensoberbecido, para convertirse en su Némesis. En su discurso del 6 de marzo en el monumento a la Revolución, con motivo del LXV aniversario del PRI, Colosio se deslindó de Salinas:

“Es la hora de reformar el poder, de construir un nuevo equilibrio en la vida de la República; es la hora del poder ciudadano. Es la hora de la democracia en México; es la hora de hacer de la buena aplicación de la justicia el gran instrumento para combatir el cacicazgo, para combatir los templos del poder y el abandono de nuestras comunidades. Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad. (…) La única continuidad que propongo es la del cambio; la del cambio con responsabilidad en el que no se olvide ningún ámbito de la vida nacional; queremos un cambio democrático, para una mejor economía, para un mayor desarrollo social. Y hoy existen condiciones para lograrlo; la sociedad lo demanda”.

El 22 de marzo, Camacho anunció que no buscaría la candidatura presidencial. Al día siguiente por la mañana, según versiones periodísticas, Colosio telefoneó al comisionado para la paz. Era el momento de la reconciliación. Ese mismo día, Colosio fue asesinado después de un mitin en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana. Camacho rompió con Salinas, renunció al PRI y apoyó a Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2006. Falleció el 5 de junio de 2015 a los 69 años; era senador por el PRD.
06 Febrero 2018 04:06:00
Conejillo de Indias
El PRI y su militancia jamás habían sido sometidos a una prueba tan ardua, humillante y contraria a su naturaleza como la de apoyar a un candidato presidencial ajeno a su historia. José Antonio Meade salió de la chistera de Peña Nieto cual conejo –conejillo de Indias, en su caso– para tratar de impedir el triunfo de Andrés Manuel López Obrador o de Ricardo Anaya. La intención es asegurarse un futuro tranquilo y no en tribunales internacionales o del país por los desafueros cometidos durante el sexenio, relacionados con violaciones a los derechos humanos y escándalos de corrupción. Algo inédito en México, pero no en Argentina, Guatemala, Brasil, Perú y otros países.

En 1987, la imposición de Carlos Salinas de Gortari, un tecnócrata educado en el extranjero y sin trayectoria política –como Meade–, pero sí con militancia, escindió al PRI y provocó la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y López Obrador, entre otros. El grupo compitió por la Presidencia en 1988 bajo las siglas del Frente Democrático Nacional (FDN) con Cárdenas como candidato. La votación del PRI se desplomó en 7 millones de votos, 40% con respecto a 1982; la idea de que la elección de Salinas fue fraudulenta, nunca se desvaneció.

Aun con la maquinaria del Estado a su favor, Meade no logra convencer a la sociedad ni a sectores del PRI de ser la mejor opción para un país hundido en la corrupción y la impunidad. El precandidato no es priista, pero se codea con líderes de ese partido que representan a una clase política predadora como Carlos Romero Deschamps, secretario general del sindicato de Pemex. En su visita a Saltillo, el 12 de enero, Meade pasó por alto la deuda de 36 mil millones de pesos contratada en el gobierno de Humberto Moreira de manera subrepticia y el desvío de 410 millones de pesos a empresas fantasma en la administración de Rubén Moreira, secretario de Acción Electoral del PRI, encargado de reunirle votos.

Convenientemente para el proyecto peñista –no tanto para Meade–, Manlio Fabio Beltrones ha sido involucrado en el desvío de 250 millones de pesos del erario de Chihuahua al PRI, para financiar campañas en 2016, cuando era presidente de ese partido. Alejandro Gutiérrez, exsecretario adjunto y uno de los hombres de mayor confianza de Beltrones, se halla bajo arresto preventivo desde el 22 de diciembre pasado. El caso provocó un enfrentamiento entre el gobernador Javier Corral (PAN) y el presidente Peña Nieto.

Las acusaciones contra Beltrones podrían significar el fin de la carrera de uno de los políticos más avezados y aviesos del país. El exgobernador de Sonora compitió con Peña Nieto por la candidatura presidencial en 2012 y en la sucesión de este año también representaba un riesgo. Beltrones renunció a la jefatura del PRI el 20 de junio de 2016 tras perder siete de 12 gubernaturas, entre ellas algunas emblemáticas como las de Veracruz, Chihuahua y Tamaulipas.

Los agravios contra los liderazgos tradicionales del PRI le costarán votos a su candidato el 1 de julio, como le pasó a Salinas de Gortari en 1988. Enrique Ochoa, el anodino sucesor de Beltrones, engañó a la militancia desde un principio: “El aspirante presidencial será priista. Ofreceremos la mejor propuesta para merecer la confianza de la ciudadanía; hemos impulsado la transformación del partido para lograr el candidato con el mejor perfil” (La Jornada, 14.11.16). El ungido resultó ser Meade: no milita en el PRI, pero ya es su rehén.
05 Febrero 2018 04:08:00
Candidato a la deriva
Cuando el PRI perdió la Presidencia en el año 2000 se le dio por muerto. Sin embargo, el partido fundado por Plutarco Elías Calles sobrevivió dos sexenios fuera de Los Pinos, pues su organización, estructura y predominio en los estados, de donde obtuvo recursos para aceitar su maquinaria y ganar elecciones, le permitieron recuperar el poder en 2012. Hoy pretende retenerlo en un contexto adverso por el deterioro institucional, la falta de crecimiento económico, la impopularidad del presidente Peña Nieto, el desprestigio del PRI –extensivo a todos los partidos–, los escándalos de corrupción y la impunidad.

Enrique Ochoa, primer tecnócrata que preside el PRI desde su fundación en 1929, ve las cosas de otra manera. Dice que José Antonio Meade, precandidato externo de su partido, ganará con el 40% de los votos. La lista nominal de electores del país ronda los 86 millones. En las últimas tres elecciones presidenciales, la participación promedio fue del 61%. Si ese nivel se mantiene el 1 de julio, Meade captaría alrededor de 20 millones de sufragios. Peña recibió 19.2 millones, equivalentes al 38.2% de la votación válida emitida.

En 1988, el entonces líder del PRI, Jorge de la Vega, le prometió a Carlos Salinas de Gortari 20 millones de votos, pero sólo pudo conseguir 9.6 millones. En 1994, Ernesto Zedillo ganó la presidencia con 17 millones de sufragios. El PRI registró su votación más baja en 2006 cuando Roberto Madrazo captó 9.3 millones (22% del total). Felipe Calderón obtuvo 15 millones (35.9%) y Andrés Manuel López Obrador 14.7 millones (35.2%).

La candidatura de Meade fue forzada por las circunstancias y hoy está a la deriva. Miguel Osorio Chong era el aspirante del PRI mejor posicionado en las encuestas y con mayor apoyo entre la militancia, pero no pertenece al grupo de tecnócratas que toma las decisiones, pese a que el presidente Peña Nieto se formó en la escuela política más rancia del país como es la de Atlacomulco. El fracaso de Osorio en la Secretaría de Gobernación, sobre todo en materia de seguridad y derechos humanos, contribuyó también a su eliminación.

En el caso de Luis Videgaray, la invitación a Donald Trump para visitar México antes de las elecciones en Estados Unidos y reunirse con Peña Nieto en Los Pinos, cuando el candidato republicano había tomado a nuestro país como blanco de su inquina, lo dejó fuera de la carrera presidencial. Aurelio Nuño, otro de los pretendientes a la silla del águila, jamás creció en la intención de voto ni como secretario de Educación. Entonces se recurrió a Meade, cuya principal virtud consiste no ser priista, o al menos no parecerlo. Para postularlo, el PRI reformó sus estatutos.

Meade es el primer candidato externo de un partido antes orgulloso de su historia y de sus reglas. Por primera vez también concurren la candidatura y la presidencia del PRI en dos tecnócratas sin oficio político. Meade fue secretario de Hacienda y de Energía en el gobierno panista de Felipe Calderón, y de Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Hacienda en el de Peña Nieto. El 21 de octubre de 2010, en su comparecencia como aspirante a consejero del Instituto Nacional Electoral, Enrique Ochoa declaró en la Cámara de Diputados: “No formo parte del consejo político nacional del PRI, ni soy su militante” (Milenio 08.07.16). Negar al PRI o no militar en sus filas para ser candidato parecen ser ahora las mejores credenciales.
03 Febrero 2018 04:07:00
Corral gana la partida
La Caravana por la Dignidad convocada por el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral (PAN), para exigir la extradición de su predecesor priista César Duarte y la entrega de recursos retenidos por la Federación, llegará este domingo a Ciudad de México. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, fracasó en su intento de evitarle esa molestia al Presidente. Espacio 4 (580) publica el siguiente texto de Gerardo Moyano sobre el tema:

«El fuego cruzado entre el gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, y la administración del presidente Enrique Peña Nieto, por las investigaciones de desvío de recursos públicos al PRI durante la administración de César Duarte (2010-2016) ha escalado a una guerra sin cuartel.

»La pugna saltó del terreno judicial al político-electoral, el 8 de enero, cuando Corral denunció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le estaba reteniendo más de 700 millones de pesos a Chihuahua, como “represalia” por las investigaciones contra Duarte, acusado de desviar 250 millones de pesos del Gobierno estatal a campañas priistas.

»La respuesta del PRI-Gobierno fue inmediata y dura. El mismo día de la denuncia, el presidente Peña Nieto calificó las declaraciones de Corral como “un acto político y auténticamente cargado de signo partidario”. En el mismo sentido se pronunció el expresidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, implicado en la investigación, junto al coahuilense Alejandro Gutiérrez, encarcelado en Chihuahua.

»La SHCP, que según un análisis de Reforma “castigó” a estados opositores con recortes presupuestales en 2017, argumentó que la retención de los fondos se debió a que la cuenta bancaria proporcionada por la entidad había sido rechazada por el banco y que la aclaración sobre el tema se hizo en 2018, cuando ya no había presupuesto.

»En su defensa, también señaló que los fondos retenidos se tramitaron con el mismo tipo de instrumento legal con el que se transfirieron los fondos que habría desviado Duarte, según la Fiscalía chihuahuense. Sin embargo, la investigación local no pone en duda la legalidad del instrumento, sino el uso que se le dieron a los fondos.

»Y para echar más leña al fuego, el precandidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade, acusó de mentiroso y torturador a Corral. “Vemos en este país, por primera vez en muchos años, a un Gobernador que tortura, vemos por primera vez en el país a un Gobernador que engaña, vemos a un Gobernador que en Chihuahua se le multiplicó por cuatro la inseguridad, y que cada vez que tiene problemas, inventa y confronta”, dijo el 9 de enero.

»Corral contraatacó con videos, actos públicos multitudinarios y con el anuncio de una Caravana de la Dignidad. (…) Mientras los organismos ciudadanos y empresarios de la entidad cerraron filas en torno al Gobernador, la regidora suplente del PRI en el municipio de Ciudad Juárez, Isela Aldonza González Amador, pagó un desplegado “en nombre” de los 24 mil muertos de la entidad (en lo que va del actual sexenio), para acusar al panista de no haber hecho nada para salvarlos.

»El 12 de enero, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), presidido por Jacqueline Peschard, retiró su apoyo a Corral, por considerar que sus denuncias “tomaron rumbo y tintes políticos”. Por su parte, el 22 de enero, el Instituto Nacional Electoral (INE) declaró improcedentes las medidas cautelares solicitadas por el PRI contra Corral por la difusión de un video en televisión y en la página de internet del Gobierno estatal en el que hace referencia a los recursos públicos que las autoridades federales retuvieron a la entidad».
02 Febrero 2018 04:07:00
Desarreglo político
Rogelio Montemayor es el primer exgobernador que critica públicamente la deuda por más de 37 mil millones de pesos, la venalidad y la falta de castigo en los sexenios de Humberto y Rubén Moreira, a quienes no cita por su nombre: “en multitud de foros he escuchado las expresiones de malestar de ciudadanos (…) de todas las edades, inconformes por el estado de cosas, preocupados por la pérdida de ética en la política, por el deterioro de diversas instituciones y, de manera destacada, por la corrupción y la impunidad”.

Montemayor fijó postura dos meses después de expresar su deseo de competir como candidato a senador y luego de ser excluido por el PRI de esa posibilidad, pues para el Senado postuló a Verónica Martínez y a Jericó Abramo. Las fórmulas para diputados federales las encabezan Fernando Purón, Ricardo Aguirre, Amaría Murguía, Martha Garay, Olivia Martínez, Miguel Mery y Fernando de las Fuentes, la mayoría relacionados con el exgobernador Rubén Moreira, actual secretario de Acción Electoral del CEN.

Las acusaciones del también exdirector de Pemex, publicadas en su cuenta de Facebook, son tardías y tienen un tufo de despecho, mas no por ello resultan insustanciales. Montemayor preside el Clúster de Energía Coahuila, una asociación de empresarios, universidades, centros de investigación y autoridades estatales y municipales creada en 2014 –tercer año de la administración de Rubén Moreira– para aprovechar las oportunidades de la reforma energética, sobre todo para la extracción de gas de lutita mediante la técnica de fractura hidráulica (fracking).

Montemayor lanza otros dardos. Dice que después de los avances logrados en su gobierno (1994-1999) para elevar “el nivel de vida de la población” y fortalecer “las instituciones en un ambiente de libertad y seguridad”, se perdió “la salud de las finanzas estatales, la eficacia de la Policía y de la Procuraduría estatal, los bajos índices de impunidad de entonces, la intensa colaboración con las organizaciones sociales, la cuidadosa planeación de la acción pública, la difusión periódica de las cuentas auditadas del Estado”.

El propósito de regresar a la arena electoral –advierte– lo animó “la situación que observó en nuestro estado y en México”. Frente a la designación de otros perfiles, por parte del PRI, desliza una ironía: “espero que la elección de julio muestre lo acertado de su decisión”. Pero él, como hombre disciplinado, no cambiará de bando para volver al Congreso ni promoverá la desunión. Después del “Pemexgate”, ¿lo habría postulado otro partido?

Con respecto a “hechos graves que nos han dañado, en especial la deuda estatal no suficientemente aclarada; el deterioro de instituciones como las de salud y las relacionadas con la seguridad y con el combate a la corrupción”, Montemayor mantiene “la esperanza de que nuestras instituciones recuperen su capacidad de combatir la impunidad, que es la forma más eficaz de abatir la corrupción”, y envía en un mensaje al gobernador Miguel Riquelme, a quien tampoco menciona: “Este es el reclamo de los coahuilenses y de los mexicanos que debemos con urgencia atender”.

Se despide con un buen deseo para su partido, que es también una recriminación: “Tengo la esperanza de que el PRI recupere el sentido ético de la política, su capacidad de autocrítica, la capacidad de indignación y de lucha para recuperar la fortaleza de las instituciones y así recuperar la confianza de la mayoría de la ciudadanía”. La actitud de Montemayor refleja el desarreglo político en el PRI y en el Gobierno del Estado. Las candidaturas prometidas para el Senado, la Cámara baja y las alcaldías de tres años no se cumplieron porque Rubén Moreira no se ha ido.
31 Enero 2018 04:07:00
Vicios compartidos (II)
La alternancia en los estados no es la panacea, pero permite poner tras las rejas a exgobernadores acusados de desviar recursos públicos y utilizar el cargo para enriquecerse. De no haber ganado Javier Corral en Chihuahua, quizá hoy César Duarte sería candidato a senador y no prófugo. Otros exmandatarios locales alcanzados por el brazo de la justicia, incluso sin alternancia, son:

Luis Armando Reynoso (Aguascalientes/PAN). Arrestado en mayo de 2014 por la compra irregular de un tomógrafo de 13.8 millones de pesos. Un juez lo condenó a 6 años y 9 meses de prisión por peculado y uso indebido de funciones. Un amparo le permitió seguir el proceso fuera de prisión.

Humberto Moreira (Coahuila/PRI). Detenido el 15 de enero de 2016 en España y liberado el 22 del mismo mes. El diario El País informó al respecto: “Figura sombría de la política mexicana, rodeado de sospechas de corrupción por las que fue defenestrado políticamente tras escalar a las más altas esferas del poder como presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira ha sido detenido este viernes por la policía española a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas bajo cargos de blanqueo de dinero y malversación de fondos durante su etapa como gobernador del estado de Coahuila” (Aristegui Noticias, 15.01.16).

Guillermo Padrés (Sonora/PAN). El 10 de noviembre de 2016 se entregó a un juez federal. La PGR le fincó cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero. El 20 de diciembre pasado, un juez ratificó el auto de libertad, pero sigue preso. Rodrigo Medina (Nuevo León/PRI). El 26 de enero de 2017 permaneció unas horas en el penal de Topo Chico, vinculado a un proceso por los delitos de daño al patrimonio del estado, peculado y ejercicio indebido de funciones durante su administración.

Javier Duarte (Veracruz/PRI). Preso desde el 17 de julio pasado después de su extradición de Guatemala. Está acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y de operar una red de empresas fantasma.

César Duarte. (Chihuahua/PRI). Prófugo. Enfrenta cargos por peculado. El 19 de diciembre, Reforma publicó una información según la cual Duarte desvió 250 millones de pesos al PRI a través de cursos educativos fantasma.

Tomás Yarrington y Eugenio Hernández (Tamaulipas/PRI). Al primero se le detuvo en Florencia, Italia, el 9 de abril de 2017. Será extraditado a Estados Unidos donde será enjuiciado por lavar dinero para los carteles de los Zetas y del Golfo. El segundo fue arrestado en octubre de 2017 por presunto peculado y lavado de dinero. Estados Unidos lo reclama también para juzgarlo por asociación delictuosa y fraude fiscal.

Roberto Borge (Quintana Roo/PRI). Capturado en Panamá en junio de 2017 antes de abordar un vuelo a París. El 4 de enero fue extraditado a México donde afrontará cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado.

Fidel Herrera (Veracruz/PRI). El exgobernador renunció en enero de 2017 como cónsul de México en Barcelona tras ser denunciado por la administración de Miguel Ángel Yunes por comprar medicamentos falsos contra el cáncer durante su gestión.

Jorge Torres (Coahuila/PRI). El Gobierno de Estados Unidos inició el 12 de diciembre pasado trámites para la extradición del exgobernador interino, acusado por delitos de lavado de dinero y fraude bancario.

En Coahuila, el quebranto por de la megadeuda y las empresas fantasma sigue impune.
30 Enero 2018 04:06:00
Vicios compartidos (I)
Todos los partidos abominan de la corrupción, pero todos la practican. Ricardo Anaya, precandidato de la coalición Por México Al Frente, integrada por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, incluso ha criticado a los expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón por no cambiar el régimen ni las estructuras clientelares y corporativas del PRI, y por mantener “intacto el pacto de impunidad”.

El PAN ondeó siempre la bandera anticorrupción, pero una vez en el poder no sólo no la combatió, sino que participó en ella. El propio Anaya fue acusado de fomentarla desde la Cámara de Diputados mediante la asignación de presupuestos para obras municipales por los cuales se cobraban comisiones (los denominados moches).

En su discurso como precandidato del PRI a la Presidencia de la República, el 3 de diciembre pasado, José Antonio Meade dedicó 25 palabras a uno de los temas que más agravian a la sociedad y desprestigian al país: “Habrá un combate frontal y definitivo a la corrupción. Ni un peso al margen de la ley. Ningún privilegio más que el de ser mexicano”.

No citó a Colosio, pero dijo también provenir de la cultura del esfuerzo y no del privilegio: “Desde niño, en la mesa familiar, escuchaba conversaciones llenas de ideas y proyectos. Eran las esperanzas de una familia, que tenía que trabajar, esforzarse y dar la batalla, día a día. Desde entonces, de mis padres aprendí que lo importante es atreverse, comprometerse por una idea: la responsabilidad de hacerse cargo, con el único propósito de servir para que las cosas mejoren”.

Meade tiene fama de hombre honesto, pero, en caso de ganar la Presidencia, ¿qué hará con los funcionarios, gobernadores y exgobernadores corruptos de todos los partidos? “Ni un peso al margen de la ley” ¿significa decomisar dinero, ranchos y propiedades adquiridos con recursos públicos y procesar a quienes han abusado del poder? “Ningún privilegio más que el de ser mexicanos” ¿equivale a no facilitar la fuga o excarcelación –en México, España o algún otro país– de políticos relacionados con las altas esferas del poder?

Los exgobernadores que han sido encarcelados lo fueron por efecto de la alternancia, por ajustes políticos o por presión del gobierno de Estados Unidos, no por un sistema de justicia eficiente. Aun así, prevalece la impunidad. Algunos ejemplos:

Pablo Salazar (Chiapas/PRD). Fue detenido en junio de 2011 y en noviembre de 2012 absuelto de los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas y asociación delictuosa. Juan Sabines, de la coalición PRD, PT, Convergencia, le sucedió en el cargo.

Narciso Agúndez (Baja California Sur/PRD). En 2012 pasó más de medio año en prisión acusado de malversación de recursos públicos. También fue absuelto. Antes había sido inhabilitado por seis años para ocupar cargos públicos como resultado de un proceso administrativo por el supuesto desfalco de 55 millones de pesos. Su sucesor fue Marco Alberto Covarrubias (PAN).

Andrés Granier (Tabasco/PRI). Está preso desde 2013 por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. El PRD ganó las elecciones de 2012 con Arturo Núñez Jiménez.

Jesús Reyna (Michoacán/PRI). El Gobernador interino fue arraigado en abril de 2014 acusado por la PGR de brindar protección al cártel de Los Caballeros Templarios. El estado es gobernado desde 2015 por Silvano Aureoles (PRD). (Continúa).
29 Enero 2018 04:07:00
Colosio: cambio de siglas
“Mi vocación en sí no es la política; es un ambiente muy inestable, muy traicionero, un ambiente sucio muchísimas veces y muy limitado para la gente que quiere hacer las cosas bien”, declaró Luis Donaldo Colosio Riojas (Excélsior, 29.03.11). Hace dos meses su postura era la misma: “La política no es la única plataforma para hacer mejoras en la sociedad” (Debate, 09.11.17). Finalmente, cedió y ahora es precandidato de Movimiento Ciudadano (MC) a diputado local por el distrito 18 de Nuevo León, donde reside desde los ocho años tras el asesinato de su padre Luis Donaldo Colosio Murrieta (LDCM), candidato del PRI a la Presidencia, el 23 de marzo de 1994 en Tijuana.

Nuevo León es el único estado que ha elegido un gobernador independiente. Sin embargo, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, resultó un fiasco. Prometió terminar su sexenio, pero pidió licencia para ser candidato a presidente. Con las postulaciones de Colosio y de Agustín Basave Alanís, para diputado federal, MC busca capitalizar el descontento ciudadano contra el PRI, el PAN y “El Bronco”. El partido del Movimiento Naranja tiene casi asegurada la Gubernatura de Jalisco con Enrique Alfaro, alcalde de Guadalajara.

Dante Delgado, fundador de MC (antes Convergencia por la Democracia), fue amigo de Colosio y ambos pertenecieron a la LIII Legislatura federal. Junto con el PAN y el PRD, Movimiento Ciudadano forma parte de la coalición Por México al Frente, cuyo candidato presidencial es Ricardo Anaya. MC apoyó a Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2012.

El asesinato de LDCM ocurrió en un clima de descomposición política atizado desde Los Pinos. Las presiones para obligarlo a renunciar a la candidatura, las discrepancias con el equipo del presidente Salinas de Gortari, el discurso del 6 de marzo de 1994 en el Monumento a la Revolución donde pidió “cerrarle el paso a la corrupción y a la impunidad”, la supuesta suplantación del homicida Mario Aburto Valencia y las hipótesis contradictorias sobre el atentado –de la “acción concertada” al “asesino solitario”– dieron carta de naturaleza a la versión de que fue un crimen de estado, idea que comparte López Obrador (Proceso, 22.03.14).

Colosio Riojas, quien no ha militado en ningún partido, reprochó el 22 de febrero de 2011 en su cuenta de Twitter: “Cómo me molesta la Fundación Colosio del PRI! No hacen más que explotar el nombre de mi padre. Hipócritas”.

Entrevistado por Fernando del Collado acerca de su “duda más recurrente” relacionada con el asesinato de su padre, Colosio respondió: “No quiero entrar mucho a detalle, pero digamos que una de las pruebas más importantes y su cadena de mando... ahí te lo voy a dejar. Fue lo que sembró más dudas dentro de todo este asunto”. Con respecto a la que habría sido la mayor equivocación de LDCM para que lo mataran, especuló: “Quizá, no haber anticipado que esa pudo haber sido una consecuencia de su candidatura”. Inquirido sobre si LDCM “¿seguiría siendo priista”, Colosio Riojas fue al grano: “Estoy seguro que si Luis Donaldo Colosio volviera y viera al PRI de hoy, ¡híjole, de vergüenza se volvería a morir! (Tragaluz, Milenio TV, 27.0217).

“El PRI cumple 88 años, ¿qué han hecho con el partido?”, preguntó Del Collado. “Han hecho y deshecho”, dijo Colosio. “¿Ve su caída?” “Es cíclico. Si el PRI cae es porque, probablemente, así se lo ganó”.
27 Enero 2018 04:10:00
Sexenios de pesadilla
La escalada de violencia en México ha vuelto a encender las luces de alerta en Estados Unidos. El bisemanario Espacio 4 publica en su nueva edición un texto de Édgar London sobre el tema. Esta es una parte:

“Si usted es extranjero y piensa visitar Coahuila, debería ‘reconsiderar el viaje’. Al menos esa es la sugerencia que ofrece el Departamento de Estado de Estados Unidos, dada la exacerbación que ha manifestado la violencia a lo largo y ancho de México, donde, tan sólo en 2017, se registraron 25 mil 339 homicidios dolosos, la cifra más alta reportada durante la última década, superando los 22 mil 409 que se contabilizaron en 2011, el año más violento dentro de la Administración de Felipe Calderón (PAN).

“Acorde con los niveles de seguridad emitidos por Washington para alertar a sus connacionales, Coahuila queda inscrito en el nivel tres –de un máximo de cuatro– por lo tanto, el Gobierno estadunidense da por hecho la existencia de serios riesgos para la seguridad del turista.

“Y no es para menos. La Fiscalía General del Estado admitió que, actualmente, Coahuila representa una zona en disputa por dos cárteles que intentan hacerse con el dominio de la plaza y que, dado el incremento de decomisos de drogas en la región, se infiere que también ha aumentado el tráfico de estupefacientes en la entidad. Así lo dejó entrever el delegado de la PGR en Coahuila, Fernando Adrián Olivas Jurado, ‘en lo que va del año ha habido decomisos muy importantes de droga; a partir del mes de diciembre se han incrementado’, dijo.

“La rivalidad entre células delincuenciales ya provocó ejecuciones en la frontera (Piedras Negras) y en La Laguna (Torreón). Aunque el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez, no ofreció declaraciones concluyentes, sí afirmó que dos de los cárteles implicados en la disputa son los Zetas y del Golfo, a partir de los mensajes que las bandas rivales se dejan mutuamente.

“A este fenómeno hay que sumar el de las desapariciones forzadas. En Coahuila se tienen registradas mil 865 personas desaparecidas, de las cuales, alrededor del 70% se teme que fueron plagiadas o asesinadas por miembros del crimen organizado. De este padrón, casi la mitad (47%) de los desaparecidos pertenecen a La Laguna. Una zona por la que se pelearon el cártel de Sinaloa y los Zetas, y que fue utilizada con frecuencia para ‘desaparecer’ a las víctimas de secuestros, extorsiones o ajustes de cuenta. (…)

“(…) el Gobierno del Estado aprovechó para responder a las alertas de viaje publicadas por Estados Unidos, y emitió un comunicado en el que puntualiza que ‘la seguridad en Coahuila y de quienes transitan por su territorio son una prioridad de la Administración estatal’. Aclara, a continuación, que si bien el Gobierno del Estado es respetuoso de la visión de sus homólogos de Canadá y Estados Unidos respecto al tema y no interfiere en el llamado que hacen a sus conciudadanos, ‘ratifica que nuestra entidad hoy es un lugar seguro por el que se puede transitar y en el que se puede vivir en un ambiente de seguridad’, y que además ‘destaca como una de las más seguras del país, de acuerdo a cifras del Gobierno de la República, que ha reconocido los avances que hay en la recuperación de los espacios públicos por parte de los ciudadanos y el ambiente de paz y tranquilidad del que gozamos’”.

La espiral de violencia coincide con el fin del sexenio del presidente Peña y el principio de la Administración de Miguel Riquelme. La situación exige de las autoridades menos política y mayor concentración para evitar que 2018 sea otro año de pesadilla.
26 Enero 2018 04:09:00
Ejemplo de dignidad
México necesita una reforma de Estado para fortalecer sus instituciones, desgastadas y poco dignas de confianza por el predominio de la política sobre las leyes; afianzar la democracia, secuestrada por partidos cuyos intereses no coinciden con los del país, y dar vigencia al sistema federal, atropellado por el centralismo. Las reformas de Peña Nieto evadieron esos temas, acaso por el temor de perder la Presidencia que de cualquier forma está en riesgo a causa de los magros resultados de su Gobierno y el malestar social por la corrupción y la impunidad.

Después de las elecciones fraudulentas de 1988 y del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994, Ernesto Zedillo entendió la necesidad de emprender una reforma política que respondiera al contexto internacional y a la realidad de un país gobernado por el PRI desde 1929. El resultado fue la alternancia en la Presidencia de la República, la cual, en poco tiempo, devino en frustración por la impericia y frivolidad de Vicente Fox, pero también por la inexistencia de instituciones fuertes. El fenómeno se agravó con Felipe Calderón y empeoró con Peña Nieto.

Legitimado en las urnas como pocos presidentes, Fox pudo haber promovido la reforma del Estado, pero prefirió transitar por las vías del pasado; y peor aún, dejar que los gobernadores aumentaran su poder, no en favor de los estados, sino en beneficio propio y el de sus camarillas. Calderón, sin legitimidad por la forma como obtuvo la presidencia, se lanzó a una guerra absurda contra la delincuencia organizada sin el apoyo de la mayoría de los mandatarios estatales, algunos de los cuales se asociaron con el narcotráfico para minar aún más su debilitada autoridad.

Los gobernadores cobraron mayor influencia en el sexenio de Peña Nieto –él mismo lo había sido de Estado de México– y juntos tejieron una red de protección hasta que el descaro de algunos de los más venales, la presión social y la alternancia forzaron la captura y extradición de Javier Duarte (Veracruz) y Roberto Borge (Quintana Roo), quienes habían escapado a Guatemala y Panamá. Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, fue detenido en Italia a petición del Gobierno de Estados Unidos, donde será juzgado, en su caso, por lavar dinero para los cárteles de los Zetas y del Golfo.

Hoy el gobernador de Chihuahua, Javier Corral (PAN), libra una batalla con la Federación en defensa de los intereses de su estado, algo inusual en México, donde priman la complicidad y la falta de voluntad de las autoridades para combatir y castigar la corrupción. Corral exige la captura y extradición de su predecesor César Duarte (PRI), a quien acusa de provocar un daño patrimonial por 6 mil millones de pesos. Asimismo, reclama el pago de 700 millones de pesos retenidos por el Gobierno federal.

El caso es relevante y ya ha tenido repercusiones, pues no sólo exhibe a otro mandatario corrupto, protegido desde las altas esferas del poder, sino también el sistemático desvío de recursos públicos con fines electorales. El conflicto entre Corral y el Gobierno federal escaló a partir de la detención de Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, por la triangulación de 250 millones de pesos al Comité Ejecutivo Nacional para financiar campañas políticas. Chihuahua, donde en 1986 se cometió el denominado “fraude patriótico” para impedir la primera alternancia, vuelve a dar al país ejemplo de dignidad.
24 Enero 2018 04:07:00
UAdeC: relevo anunciado
El cambio de dirección en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) se anunció el 2 de diciembre con los nombramientos de José María Fraustro y Blas Flores Dávila como secretarios de Gobierno y de Finanzas, respectivamente. Era impensable que además de poner en manos de dos exrectores los principales puestos de la Administración, el gobernador Miguel Riquelme dejara en ese grupo político el control de la casa de estudios. La declinación del tesorero Francisco Osorio Morales despeja el camino para que el encargado del despacho de la rectoría, Salvador Hernández Vélez, se convierta en candidato de unidad y futura cabeza de la institución.

Fraustro ocupó la rectoría entre 1997 y 2001 –periodo que comprende los últimos años del Gobierno de Rogelio Montemayor y los primeros de la gestión de Enrique Martínez–, y desde entonces su grupo se posesionó de la UAdeC. El trampolín de Jesús Ochoa Galindo, Mario Ochoa Rivera y Flores Dávila, sucesores de Fraustro, fue la Tesorería. Por eso tenía sentido pensar que Osorio Morales, con méritos para ser rector, mantendría la continuidad del proyecto iniciado hace 21 años. Sin embargo, su fortaleza se convirtió al final en su principal debilidad.

La UAdeC siempre ha estado subordinada al Gobierno y a la política. Después de ser rector, Fraustro fue oficial mayor y subsecretario de Educación en el Gobierno de Vicente Fox. En la Administración de Rubén Moreira ocupó la Secretaría de Educación y la presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso local; también coordinó la campaña de Miguel Riquelme. Ochoa Galindo desempeñó varios cargos en el Gobierno de Humberto Moreira, entre ellos el de secretario de Obras Públicas; en el sexenio de Rubén, despachó en Finanzas –donde renegoció la deuda por 36 mil millones de pesos– y en Educación sustituyó a Fraustro. Ochoa Rivera no alcanzó acomodo y ahora se dedica a administrar negocios que antes de ser rector no tenía.

Ingeniero industrial con especialidad en electricidad por el Instituto Tecnológico Industrial de La Laguna, Hernández Vélez ha combinado la política con la academia. Ha sido diputado local (dos veces) y federal, líder del PRI en Torreón, efímero presidente el comité estatal y subsecretario en varias administraciones. Hugo Andrés Araujo, líder de la CNC (1992-1995), lo nombró secretario de Organización y de Finanzas. Araujo fue compañero de Carlos Salinas de Gortari y de Manuel Camacho Solís en la Facultad de Economía de la UNAM. En ese tiempo fueron activistas del movimiento de izquierda Línea Proletaria, con presencia en el ejido Batopilas, municipio de Francisco I. Madero, a donde Salinas regresaría después como presidente. Hernández Vélez fue coordinador de la UAdeC en Torreón en el primer periodo de Remigio Valdés Gámez, el mejor rector de la Universidad desde su autonomía, quien, además de elevar el nivel académico, erradicó uno de sus peores vicios: el porrismo.

La UAdeC jamás ha tenido un rector de Torreón. En 2004, el investigador Rafael Argüello Astorga, coordinador general de Estudios de Posgrado e Investigación, pretendió competir con Ochoa Galindo, pero fue separado del cargo para no correr riesgos. Sin embargo, el modelo se agotó y ahora todo apunta a que un representante de La Laguna ocupará la rectoría. Hernández Vélez forma parte del primer círculo de gobernador Miguel Riquelme. La idea de instalarlo en esa posición es controlar una de las fuentes del poder político. La UAdeC necesita transformarse y terminar con privilegios que lastran su desarrollo.
23 Enero 2018 04:06:00
Congreso: nuevo rostro
Rubén Moreira (RM) entraba al Congreso como a su despacho. Todas sus iniciativas fueron aprobadas, excepto la reforma al Código Penal del Estado que pretendía despenalizar el aborto. El PRI y sus adláteres contaban con los votos suficientes para imponer su mayoría, pero la presión de organizaciones ciudadanas y la opinión del entonces gobernador electo, Miguel Riquelme, impidieron que la propuesta se convirtiera en norma.

RM rindió protesta el 1 de diciembre de 2011 en medio de protestas, dentro y fuera del Congreso, donde las oposiciones ocupaban 10 asientos (siete el PAN, dos Unidad Democrática de Coahuila y uno el PRD), por la deuda de 36 mil millones de pesos y otros escándalos en el Gobierno de su hermano Humberto. Un mes después, cuando el Gobernador volvió al recinto para la instalación de la LIX Legislatura, las cosas habían cambiado: el PRI y sus aliados ocupaban el 87% de las curules (22). La oposición, con sólo tres asientos (dos el PAN y uno UDC), fue prácticamente eliminada por un Código Electoral y un Instituto Electoral diseñados para favorecer al Gobierno y a su partido.

Para ampliar el dominio del Gobernador sobre el Congreso y minimizar el impacto de las fracciones parlamentarias, críticas al entonces incipiente moreirato, la Constitución local fue reformada a partir de 2007 a efectos de: 1) separar las elecciones de diputados de las de alcaldes y hacer menos competitivas las primeras, 2) reducir de 35 a 31 el número de escaños (las cuatro suprimidas fueron de representación proporcional), 3) disminuir de 20 a 16 los distritos electorales y de 11 aa 9 las diputaciones plurinominales.

En la LIX Legislatura –primera en el sexenio de RM–, líderes priistas como Víctor Zamora, Francisco Dávila y María Guadalupe Rodríguez fueron diputados bajo las siglas de los partidos Verde, Primero Coahuila y Nueva Alianza. El artificio le permitió al PRI, además de hacerse con las 16 diputaciones de mayoría, obtener dos más de representación proporcional. Por esa misma vía, el Verde, Nueva Alianza, Primero Coahuila y el Partido Social Demócrata le sumaron otros cuatro votos.

Con esa aplastante mayoría, RM acudió al Congreso y reformó la Constitución cuantas veces quiso, además de guardar la deuda bajo siete llaves. Aun así, el PAN, con sólo dos diputados, lo puso en aprietos en más de una ocasión. Durante su tercer informe, cuando Fernando Gutiérrez pidió transparentar el endeudamiento, Moreira propuso una comisión legislativa para revisar el caso. El comité se creó, pero jamás dio resultados.

En las elecciones de 2014, el PRI volvió a hacer carro completo en los 16 distritos, pero una reforma federal le impidió acceder a diputaciones de representación proporcional. El PAN impugnó la distribución de curules bajo ese principio y logró que la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le concediera dos asientos más para sumar cuatro en la LX Legislatura donde el PRI, con 16 diputados propios y cuatro de partidos satélites, volvió a exceder la mayoría calificada al controlar el 80% del Congreso.

El gobernador Miguel Riquelme rindió protesta ante la misma Legislatura, con la ausencia de los diputados del PAN. El 1 de enero, el Ejecutivo atestiguó la instalación del primer Congreso de mayoría opositora. En los comicios del 4 de junio pasado, su partido perdió nueve de 16 distritos, seis con el PAN y tres con UDC. El PRI obtuvo tres diputaciones plurinominales, el PAN tres, Morena dos y el PRD una. El Congreso tiene nuevo rostro.
22 Enero 2018 04:07:00
Costosa abyección
Humberto Moreira (HM) no empezó con una legislatura cómoda, a pesar de tener una mayoría del 57%. En 2005, como jefe del PRI y candidato a gobernador, perdió los cuatro distritos de Torreón, además de la Presidencia Municipal. Lo mismo le sucedería a Miguel Riquelme 12 años después, no obstante haber sido alcalde de la metrópoli lagunera. En su primer informe ante el Congreso, en 2006, HM fue interpelado por la fracción parlamentaria del PAN. El mandatario se ofuscó y en una conferencia de prensa despotricó contra el presidente Felipe Calderón.

Desde entonces dejó de comparecer ante la representación popular. Los cuatro informes posteriores los envió al Congreso por escrito, y por separado montaba “talk shows” a los que sólo invitaba a funcionarios, empresarios y aliados del Gobierno. En sus “informes de resultados”, HM siempre omitió temas incómodos como el de la deuda, la cual, al final de su gestión, rebasó los 36 mil millones de pesos. Las oposiciones no tenían acceso a esas ceremonias, organizadas para el lucimiento del gobernador. El punto culminante ocurrió en noviembre de 2010, cuando HM tuvo entre sus invitados a Enrique Peña Nieto, quien lo convertiría después en presidente del PRI.

En la LVII legislatura, primera en el sexenio de HM, estuvieron representados seis partidos. De los 35 diputados, 20 eran del PRI, nueve del PAN, dos del PRD, dos de UDC, uno del Partido Verde y otro del Partido del Trabajo. Esa composición y pluralidad redujeron el margen de maniobra del gobernador para manipular al Congreso. Sin embargo, en las elecciones intermedias (2008) el PRI hizo carro completo. Ganó los 20 distritos y obtuvo un diputado de representación proporcional (plurinominal), con lo cual controló el 70% de la Legislatura, cuyo número de integrantes se redujo a 31 por una reforma constitucional. El PAN obtuvo siete diputados plurinominales; UDC dos y el PRD uno.

Una vez con mayoría calificada, el Gobierno tuvo manos libres para endeudarse, pero aun así lo hizo sin la autorización del Congreso. El mayor monto de créditos se contrató entre el cuarto y el quinto año del gobierno de HM, pero no fue registrado ante la Secretaría de Hacienda. En 2008, Coahuila debía mil 831.9 millones de pesos, pero al cierre de 2011 los pasivos se dispararon a 36 mil 509.6 millones, según el Análisis de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios que la Auditoría Superior de la Federación presentó en 2012 a la Cámara de Diputados.

El escándalo estalló a mediados de 2011, cuando HM ocupaba ya la presidencia del PRI, el gobernador interino era Jorge Torres López y Rubén Moreira hacía campaña para suceder a su hermano. Al descubrirse que una parte significativa de los créditos se adquirió con documentos falsos y que sólo una porción estaba registrada ante Hacienda, la mayoría priista en el Congreso local legalizó y reestructuró la deuda para salvar a su jefe político.

El desequilibrio de poderes –el Judicial también es controlado por el Ejecutivo– no sólo tiene consecuencias políticas, sino también económicas y sociales. Uno de los mayores lastres del estado y de la administración de Miguel Riquelme es la megadeuda, en proceso de renegociación. Según el Gobernador, la reestructura ahorrará hasta 700 millones de pesos anuales, los cuales se destinarán a inversión pública.
20 Enero 2018 04:07:00
Corrupción y violencia
La corrupción y la crisis de derechos humanos en nuestro país parecen no tener fin, según se desprende del siguiente texto de Gerardo Moyano, publicado en la edición 579 del bisemanario Espacio 4:

“Si en 2017 México se ubicó como el país más corrupto de América Latina (según datos de Transparencia Internacional) y vivió el año más violento de la última década (con 23 mil 101 homicidios dolosos), en 2018, la situación podría empeorar.

“La falta de titulares en la Fiscalía General y en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como los amparos y protestas contra la Ley de Seguridad Interior, auguran un oscuro año en materia de justicia y transparencia.

“En este sentido, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) advirtió en un comunicado que el primer paso para resolver esta crisis es la abrogación de Ley de Seguridad Interior y una reforma que garantice que la Fiscalía General sea realmente autónoma e independiente”.

“‘2018 es un año fundamental para los derechos humanos, pues la disyuntiva entre un estado violador de derechos humanos y uno que está diseñado para fomentar la corrupción y la impunidad se resolverá no sólo en lo electoral. La efervescencia civil no será espectadora del reparto de los botines. Procesos como #FiscalíaQueSirva y #SeguridadSinGuerra son ejemplos de ello. La sociedad expresará con claridad sus posiciones y ello nos llevará a tensiones previsibles más allá de lo electoral’, señaló la ONG.

“Lo mismo alertó la Arquidiócesis Primada de México: ‘Corrupción y violencia fueron los ingredientes del desastre nacional (en 2017), y no hay indicadores que nos hagan suponer que en estos dos aspectos el panorama será mejor para 2018, ni asomos de soluciones para aplacar tales calamidades’.

“En su semanario Desde la Fe (31-12-2017), la Iglesia católica criticó que la nueva Fiscalía General esté ‘virtualmente desmantelada y acéfala, rehén de los partidos políticos’, que no haya ‘acuerdos para la designación del Auditor Superior de la Federación’, y que el SNA carezca ‘de funcionarios capaces y con alto sentido de responsabilidad por el servicio público’.

“La Arquidiócesis, que días antes había pedido revisar la Ley de Seguridad Interior (LSI) para que el uso de las Fuerzas Armadas no esté sujeto ‘al arbitrio discrecional de gobernantes’, lamentó también el aumento de la violencia, el cual atribuye a la rapacidad de los políticos. ‘Nuevamente la corrupción parece ser el combustible que inflama este fuego (de la violencia), que nadie ha podido sofocar con las armas del imperio de la ley’, señaló.

“A ello, se suman dos reportes de organismos internacionales que critican la falta de acción de las autoridades mexicanas para combatir el narcotráfico y el lavado de dinero.

“El primero de ellos, de la fundación Insight Crime, prevé un aumento de la violencia por la atomización de los grandes carteles, como el de Sinaloa, la Familia Michoacana y los Zetas, y lamenta que la Coordinación Nacional Antisecuestros (Conase), creada en 2014 con una inversión de dos mil 268 millones de pesos, no haya dado resultados. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos cinco años se han registrado más de seis mil 235 secuestros, al menos mil 280 más que los reportados en el mismo período durante el Gobierno de Felipe Calderón”.
19 Enero 2018 04:08:00
División de poderes
Coahuila no tuvo alternancia en el Gobierno, pero en el Congreso terminaron casi 90 años de hegemonía priista. Los diputados de la LXI legislatura pueden ser por primera vez protagonistas y no apéndices del Gobernador como lo fueron sus predecesores, sobre todo en los sexenios de Humberto y Rubén Moreira. El primero endeudó a Coahuila sin autorización, pero sus diputados legalizaron el atropello. El segundo suplantó al legislativo para imponer leyes y reformas a su arbitrio y embriagarse de poder. Con un Código Electoral manipulado y autoridades comiciales subordinadas, el PRI y los Moreira dominaron por 12 años el Congreso y redujeron al máximo la presencia de las oposiciones reales.

El PRI conservó el Gobierno tras unas elecciones impugnadas y una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación controvertida, pero la pérdida del Congreso dio como resultado el primer gobierno dividido en el estado. Miguel Riquelme deberá lidiar con esa situación en los tres próximos años y consensuar su agenda con las oposiciones, pues ninguna de las fuerzas representadas en la legislatura tiene por sí sola mayoría absoluta.

El Gobernador sintió desde el 1 de enero el rigor de una legislatura donde su partido tiene 10 diputados y las demás fuerzas suman 15 (nueve el PAN, tres Unidad Democrática de Coahuila, dos Morena y una el PRD). Un mes antes, en el Congreso donde rindió protesta, las bancadas del PRI y sus satélites representaban 20 votos, más de la mayoría calificada para reformar la constitución. El PAN ocupaba cuatro asientos y UDC uno.

La composición de la LXI legislatura refleja el enfado de los coahuilenses por los excesos, el autoritarismo y la concentración del poder de los hermanos Humberto y Rubén Moreira, así como un deseo de cambio en la conducción política del estado. También recoge el creciente clamor ciudadano para atacar la corrupción y la impunidad; investigar la deuda y castigar a los responsables de su contratación irregular, a quienes se enriquecieron ilícitamente y a los operadores de las empresas fantasma, a las cuales se desviaron 410 millones de pesos, según el informe de la Auditoría Superior del Estado publicado el 28 de diciembre pasado en su página web. El Congreso recibió el documento el 7 de agosto, pero prefirió mantenerlo en secreto para proteger al gobernador.

Los diputados de oposición tienen la oportunidad de hacer efectiva la separación de poderes, propia de la democracia representativa, si convierten al Legislativo en contrapeso del Ejecutivo. Sin embargo, existe el riesgo de que algunos sean atraídos por el Gobierno. Durante la instalación de la nueva legislatura, Marcelo Torres y Emilio de Hoyos, coordinadores de las fracciones parlamentarias del PAN y UDC, ratificaron su alianza. Difícilmente los diputados de Morena se unirán al PRI, pero sí podría hacerlo la representante del PRD; en tal caso, el partido del gobernador sólo tendría un voto más, lo cual no modificaría el escenario actual.

Un caso parecido se presentó en 1996, cuando el PRI perdió nueve de las 20 diputaciones de mayoría relativa y obtuvo cuatro de representación proporcional para totalizar 15 de 32 en la LIV Legislatura. Sin embargo, en una maniobra demasiado onerosa para el estado, el Gobierno captó a los dos diputados del Partido Cardenista para tener mayoría absoluta. Hoy las circunstancias son distintas, pues el PRI sólo controla el 40% del Congreso.
17 Enero 2018 04:08:00
Aplanadora neutralizada
El primer encuentro de la nueva Legislatura con el gobernador Miguel Riquelme, el 1 de enero, resultó inusualmente áspero. No era para menos, la aplanadora del PRI, que aprobaba sin chistar las iniciativas del Ejecutivo de turno, había sido neutralizada en las urnas por una ciudadanía harta de un Congreso que en 2011 llegó al extremo de legalizar una deuda superior a los 36 mil millones de pesos, contratada a sus espaldas, y en los seis últimos años se negó a investigarla.

La fracción parlamentaria del PRI, formada por 10 diputados, de un total de 25, ocupó el ala izquierda del salón de sesiones, antes asignada a las minorías. Riquelme escuchó el posicionamiento de Claudia Isela Ramírez (PRD), José Benito Ramírez (Morena), Emilio de Hoyos (UDC), Marcelo Torres (PAN) y Jesús Berino (PRI). Sabía lo que le esperaba después de unas elecciones resueltas en el TEPJF tras cinco meses de incertidumbre.

El PAN y la UDC afrontarán desde el Congreso al Gobierno de Riquelme para tratar de acotarlo, abrir temas polémicos como el de la deuda y promover reformas de carácter ciudadano relacionadas con el Sistema Estatal Anticorrupción, entre otras. También buscarán incidir en el electorado para los comicios locales y federales del 1 de julio.

El coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Marcelo Torres, planteó la relación del primer Congreso de mayoría opositora con el Ejecutivo en los siguientes términos: “(no) permitiremos que a esta legislatura se le debilite, amordace, menosprecie o manipule por prebendas del PRI Gobierno, cada vez más corrupto, cínico e inmoral. Nunca más un Congreso volverá a dar la espalda a la sociedad.

“Si en otros tiempos el órgano legislativo fue una simple oficina de trámite de ocurrencias y arbitrariedades del Gobernador en turno; si otras legislaturas se dejaron corromper por el ansia de riqueza y poder (…) le decimos mayoritariamente al Gobernador que eso no sucederá más. (…) Exigimos se investigue y ponga a disposición de las autoridades judiciales a los responsables del quebranto a las finanzas públicas y que se haga lo propio con los beneficiarios de las empresas fantasma. (…)”.

De Hoyos advirtió que si el gobernador Riquelme apuesta a una legitimación democrática, escucha a la ciudadanía y procesa y castiga los múltiples delitos cometidos durante los últimos dos sexenios, en el grupo parlamentario de UDC hallará “la disposición para dejar de lado nuestras diferencias y sumar nuestras coincidencias”. Por otra parte, propuso un Sistema Estatal Anticorrupción “verdaderamente ciudadano, autónomo e independiente que prevenga y combata la corrupción y promueva la transparencia y la rendición de cuentas”, así como “una reforma electoral que impulse (…) la participación democrática y erradique la formación de partidos que solo sirven de comparsa y nos cuestan millones de pesos”.

Después de escuchar el posicionamiento de los diputados, Riquelme dijo que mantendría el “discurso republicano” que había preparado y ofreció su “total disposición para intercambiar argumentos y razones. En las iniciativas de ley que propongamos en el marco de un debate plural, en donde se anteponga el bienestar presente y futuro de la población, siempre por encima de cualquier interés partidista o de grupo”.

Un día después, reconoció la necesidad de “adecuarnos a las circunstancias, no podemos empezar bélicos ni (…) declarar la guerra política al interior de una de las instituciones”, pues de lo contrario “tendremos paralizado el Congreso y la labor legislativa”.
16 Enero 2018 04:07:00
Nueva realidad política
Lo ocurrido el 1 de enero en el Congreso, durante la instalación de la LXI Legislatura, primera donde el PRI no tiene mayoría, marcará la relación entre las oposiciones y el Gobierno de Miguel Riquelme en los próximos tres años. En la sesión se atizaron los rescoldos de una elección que puso a Coahuila a un tris de la alternancia, enconó al estado y lo partió en dos. El PRI retuvo el Gobierno por una diferencia mínima, lo cual jamás había sucedido. En 2011, el partido en el poder captó el 60% de la votación válida emitida y el PAN el 35 por ciento.

En los comicios del año pasado, 473 mil 806 coahuilenses (38%) votaron por Miguel Riquelme, candidato de la coalición Por un Coahuila Seguro, y 445 mil 46 (36%) lo hizo por Guillermo Anaya, de la Alianza Ciudadana por Coahuila. El proceso, impugnado por una serie de irregularidades, provocó manifestaciones en Saltillo y Torreón, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó el triunfo de Riquelme una semana antes del cambio de Gobierno, y el caso se cerró.

Las cosas han vuelto a la normalidad, pero Coahuila se ha tomado como el laboratorio de lo que podría suceder en las elecciones presidenciales del 1 de julio próximo, máxime cuando Rubén Moreira fue nombrado secretario de Acción Electoral del CEN del PRI, días después de terminar su sexenio, y ahora aparece en la lista de futuros senadores plurinominales. El presidente de ese partido, Enrique Ochoa, ha declarado que el mejor PRI del país es el de Estado de México –donde el triunfo de Alfredo del Mazo, por menos de tres puntos porcentuales, también se resolvió en el TEPJF– y el de Coahuila.

Miguel Riquelme fue electo por el 23% de la lista nominal. Para legitimarse, necesita tener altura de miras, elaborar propuestas acordes a la nueva realidad política del estado, echar mano de su oficio, abrirse a la sociedad, dar contenido a su discurso conciliador, poner a prueba a su Gabinete, cambiar pronto lo que no funcione y ofrecer resultados en el corto plazo.

La situación del estado es compleja. La deuda por más de 36 mil millones de pesos –en vías de una tercera reestructura– le resta capacidad financiera al Gobierno y ha provocado una de las peores crisis en el sistema de salud. Riquelme dijo sobre el tema luego de asumir el cargo: “Tomé como reto la problemática del sistema de salud; asumiré con determinación e implementaré soluciones que estén a la altura del panorama”. El 8 de enero, el Gobernador designó a Roberto Bernal como secretario de Salud. El nombramiento fue bien recibido en Saltillo y La Laguna, pero Bernal se sacó la rifa del tigre. Para empezar, el presupuesto de 2018 ya está agotado.

Las denuncias de los coordinadores parlamentarios del PAN y de UDC contra los hermanos Humberto y Rubén Moreira, y las críticas hacia la nueva Administración, tuvieron como trasfondo las elecciones de gobernador y reflejaron la frustración por la falta de alternancia, sentimiento que aún persiste. No de balde, pues mientras 482 mil coahuilenses votaron por el PRI, 758 mil 722 lo hicieron por otros partidos. Soslayar esa realidad puede distanciar más a la ciudadanía del poder y provocar problemas de gobernabilidad, máxime en un contexto nacional efervescente. Además, Coahuila volverá a las urnas el 1 de julio para elegir presidente de la república, senadores, diputados federales y alcaldes.
15 Enero 2018 04:07:00
Mantener la paz
La espiral de violencia, la falta de Gobierno, el déficit de estado de derecho y el desarreglo político, agravados en los últimos meses, anticipan un año más difícil del previsto, pues a ello se suma la fragilidad de la economía, las políticas del presidente estadunidense Donald Trump contra México y la lucha por el poder. Las elecciones presidenciales del 1 de julio próximo han enconado a los partidos y a sus candidatos, lo cual aumenta el riesgo de inestabilidad y da pábulo a los escenarios más insólitos y catastrofistas. Tal situación no se presentaba en mucho tiempo.

Los problemas políticos, económicos y sociales que concurrieron en la sucesión de 1994, aunados al maquiavelismo del presidente Carlos Salinas de Gortari, perturbaron al país, ofuscaron a la clase gobernante y sembraron discordia, confusión y desasosiego. En ese contexto el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado. Las condiciones de hoy son más complicadas por el debilitamiento y la falta de fe en las instituciones, la corrupción desenfrenada, el imperio de la impunidad, las matanzas y la negligencia de las autoridades de los tres niveles de Gobierno, cuya prioridad es ganar elecciones sin importar los medios ni las consecuencias.

La sociedad observa entre estupefacta e indignada el espectáculo de los políticos, cuya codicia, soberbia, cinismo e incompetencia son ilimitados. Mientras el país se empobrece a pasos acelerados, los gobernantes y funcionarios se enriquecen a la velocidad del rayo. Quienes tratan de castigar el desvío de recursos públicos hacia partidos, campañas y cuentas personales, como el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, inmediatamente son objeto de represalias y descalificaciones desde la misma Presidencia de la República.

La política se ha envilecido. El país no puede seguir así, necesita un cambio verdadero, no como el que ofreció el PAN para ganar la Presidencia y el PRI para recuperarla. Las alternancias, por sí solas, no resuelven los problemas seculares del país; menos cuando las conductas equivocadas no sólo se reproducen, sino que empeoran en cada gobierno. Si Andrés Manuel López Obrador lidera la intención de voto es porque, para la mayoría, José Antonio Meade y Ricardo Anaya representan los mismos intereses y a los partidos que en vez de rescatar al país lo hundieron más.

López Obrador tampoco ha dado muestras de ser el estadista que México necesita. Su posición en las encuestas ha vuelto a despertar viejos fantasmas por su populismo; puede ser incluso el candidato con menor visión de Estado, pero ante los fracasos del PRI y el PAN, la corrupción galopante y una clase gobernante insensible y ensimismada, la ciudadanía podría convertirlo en el próximo presidente. En busca, precisamente, de un cambio de sistema positivo y no ruinoso para el país.

La injusticia social genera angustia y desesperación en amplios sectores de la población. La brecha entre ricos y pobres se profundiza y no existen motivos para pensar que las fórmulas de siempre ofrecerán mañana resultados diferentes. Al país le esperan tiempos difíciles. La pugna por el poder ya mostró su rostro sañudo, pues no sólo es la Presidencia la que está en juego, sino infinidad de intereses ajenos. El momento exige del Gobierno y los partidos la máxima responsabilidad. La paz de México depende de unas elecciones limpias, democráticas y apegadas a derecho.
13 Enero 2018 04:07:00
Conflicto superado
La invasión de terrenos en el Parque Industrial Mieleras el 2 de enero, segundo día de la Administración de Jorge Zermeño (PAN), generó reacciones en los organismos empresariales y suspicacia en otros sectores. Primero, porque un acto de esa magnitud tenía décadas de no registrarse; y segundo, por el recuerdo de que, en 2006, al inicio de otra gestión panista, Torreón empezó a ser castigado por el Gobierno estatal. En los siguientes años, la metrópoli se convirtió en una de las ciudades más violentas del mundo. El gobernador era Humberto Moreira y el alcalde José Ángel Pérez.

Los terrenos, propiedad de una familia de apellido Acosta, fueron ocupados por alrededor de medio millar de personas. Los dueños presentaron una denuncia por el despojo de 150 hectáreas de la fracción Loreto. Una de las primeras hipótesis fue que la invasión la organizaron líderes del PRI para desestabilizar el Gobierno de Zermeño, quien trató de persuadir a los ocupantes de abandonar los terrenos y ofreció un programa de pies de casa para las familias sin vivienda.

El 6 de enero, la Canacintra de Torreón dirigió un desplegado al gobernador Miguel Riquelme y al alcalde Jorge Zermeño para exigir “el inmediato desalojo de los predios ubicados en el Sector Industrial Mieleras, haciendo imperar la legalidad y evitando viejas prácticas que ofenden e inhiben la atracción de inversiones, así como la generación de empleos tan necesarios para nuestra muy golpeada comarca lagunera. Confiamos en su inmediata intervención, privilegiando siempre el Estado de derecho durante su periodo de gobierno”.

Una nota de Edith González recuerda que, en abril de 2003, al principio de la Administración de Guillermo Anaya (PAN), se invadieron terrenos donde se estableció la colonia Zaragoza Sur (uno de los bastiones del PRI). Los predios fueron regularizados en el Gobierno de Humberto Moreira (El Siglo de Torreón, 05.01.18).

La ocupación ilegal de terrenos en el Parque Industrial Mieleras provocó una controversia entre el gobernador Miguel Riquelme y el alcalde Zermeño, pues mientras el primero advirtió que además de líderes del PRI, Antorcha Campesina y el PAN habían participado en el despojo, el segundo aseguró que los instigadores de la invasión era gente ligada al PRI; la acción –dijo– no fue espontánea (El Siglo de Torreón, 07.01.18).

El problema se resolvió el 7 de enero por la madrugada con el desalojo de alrededor de 150 personas, encabezado por el fiscal general del estado, Gerardo Márquez. En el operativo participaron Fuerza Coahuila, la Policía Municipal y Protección Civil. Según un comunicado de la Presidencia Municipal, el desalojo fue pacífico. La Fiscalía General del Estado informó que algunas personas se resistieron, pero no hubo detenidos.

La invasión de terrenos urbanos y agrícolas en La Laguna y en el país floreció hacia finales del sexenio del presidente Echeverría. La industria del “paracaidismo” produjo grandes fortunas y enriqueció a falsos líderes sociales devenidos después en políticos. El caso del Parque Industrial Mieleras debe alertar al estado y al municipio, pues hechos similares o de otra índole podrían interpretarse como un castigo a Torreón por haber preferido la alternancia, como pasó en el Gobierno de Humberto Moreira. La intervención de las autoridades desactivó un conflicto que pudo haber escalado y al final Riquelme y Zermeño se dieron la mano.
12 Enero 2018 04:07:00
Empresas fantasma
El informe de la Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre el desvío de 410 millones de pesos a empresas fantasma en 2016, penúltimo año de la Administración de Rubén Moreira, le brinda a Miguel Riquelme la oportunidad de legitimar su Gobierno después de una elección controvertida. Con dos gobernadores en prisión (Javier Duarte, de Veracruz, y Roberto Borge, de Quintana Roo) y uno prófugo (César Duarte, de Chihuahua), acusados, según el caso, de operar firmas fachada, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de dinero, el Gobierno de Coahuila no puede mirar para otro lado ni cruzarse de brazos.

La alternancia no debe ser requisito para castigar la corrupción. En Durango y Tamaulipas también la hubo y existen motivos para investigar a los exgobernadores Egidio Torres y Jorge Herrera (PRI), pero José Rosas Aispuro y Francisco García Cabeza de Vaca (PAN) no han movido un dedo para llamar a cuentas a sus predecesores por el presunto desvío de miles de millones de pesos. Caso contrario es el de Javier Corral (Chihuahua), cuyo Gobierno tiene en prisión preventiva al coahuilense Alejandro Gutiérrez, en la picota a Manlio Fabio Beltrones, y en aprietos al presidente Peña y al mismo precandidato José Antonio Meade, por el supuesto desvío de 250 millones de pesos hacia campañas del PRI en 2016.

En Coahuila, las irregularidades detectadas por la ASE son mayores y, sin embargo, no existe acción penal contra ninguno de los responsables. Las empresas fantasma y la deuda por más de 36 mil millones de pesos persiguen a Miguel Riquelme desde su campaña. Una vez nombradas las comisiones del Congreso, las fracciones parlamentarias del PAN, UDC y Morena presionarán para llevar a juicio a los funcionarios que utilizaron recursos públicos para campañas políticas o para enriquecerse. El clamor social consiste justamente en atacar la corrupción y la impunidad, máxime en casos tan flagrantes como la megadeuda y las compañías ficticias.

Riquelme ha llevado hasta hoy la fiesta en paz. En casi mes y medio de gobierno ha mantenido un perfil más bien bajo, no ha afrontado conflictos graves e incluso no salió tan mal librado del Congreso después de la instalación de la LXI legislatura. La invasión de un predio en el Parque Industrial Mieleras, el 2 de enero en Torreón, se resolvió en pocos días y en su reciente gira por la metrópoli lagunera aplacó los ánimos luego de declarar, en la toma de posesión de Manolo Jiménez, que recompensaría a Saltillo por su apoyo en las elecciones del 4 de junio. Torreón, como se sabe, votó por el PAN.

El gobernador ratificó su “compromiso y disposición de invertir en Torreón y equilibrar los proyectos de obra e inversión que merece esta gran ciudad”. Darle la espalda a la capital de La Laguna se volvería a pagar con votos. El alcalde Jorge Zermeño correspondió el gesto con una cortesía –“en las autoridades de Torreón (…) tendrá aliados para trabajar por este municipio”– y con una sentencia: “Si a Torreón le va bien, le va bien a Coahuila”. Ambas son buenas señales, pero más para la galería.

Riquelme necesita legitimarse con decisiones de gran calado, como investigar el desvío de 410 millones de pesos detectado por la ASE y encarcelar a quienes abusaron del poder para enriquecerse. De lo contrario, jamás podrá sacudirse la sombra del moreirato. Si la megadeuda tumbó a Humberto Moreira de la Presidencia del PRI, antes de la campaña presidencial de 2012, el escándalo de las empresas fantasma podría decidir el futuro de su hermano Rubén, instalado ahora en la secretaría de Acción Electoral, para no afectar la de por sí frágil precandidatura de José Antonio Meade.
10 Enero 2018 04:08:00
Fuente de escándalo
Quienquiera que gane la elección presidencial deberá combatir la corrupción y procesar a quienes hayan desviado recursos públicos en beneficio propio, de sus partidos o se hayan involucrado con la delincuencia organizada, no sólo para legitimarse después de un proceso que se anticipa altamente competido, sino para aplacar la indignación social. Además, el sucesor de Enrique Peña Nieto, en cuyo gobierno la corrupción llegó a los más altos niveles, enfrentará el dilema de qué hacer con los gobernadores, fuente de escándalo en el país y en el extranjero por sus desafueros.

Las deudas estatales se dispararon hacia finales del sexenio de Felipe Calderón, y en el caso de Coahuila aún hoy se ignora cuál fue el destino de más de 36 mil millones de pesos contratados en la administración de Humberto Moreira. El gobierno de Estados Unidos inició el 12 de diciembre las primeras diligencias para pedir a México la extradición de Jorge Torres López, quien cubrió los últimos diez meses de la gestión de Moreira (de enero a noviembre de 2011). El 8 de febrero de 2017, el Tribunal de Distrito del Sur de Texas ordenó el arresto del exgobernador interino por el delito de conspiración para el lavado de dinero en Estados Unidos.

En los estados siempre ha existido corrupción, pero con un presidente del PRI en Los Pinos los gobernadores se cuidaban de no exhibir su riqueza ni causar escándalos, pues, aunque raras veces eran enjuiciados, corrían el riesgo de ser defenestrados. Pero a partir de la llegada de Vicente Fox al poder, los mandatarios estatales se volvieron absolutos y –ya sin contenciones– el desorden se generalizó. Con Felipe Calderón la influencia de los gobernadores aumentó y se volvieron intocables.

Entre 2012 y 2017, al menos 20 exgobernadores del PRI, el PAN y el PRD fueron acusados de delitos de corrupción (enriquecimiento ilícito, peculado, delincuencia organizada, abuso de autoridad, fraude fiscal y tráfico de influencias, entre otros) y crímenes de lesa humanidad ante tribunales internacionales. La mayoría se encuentra en libertad, tres permanecen en prisión, tres más se hallan en proceso de extradición –uno a México y dos a Estados Unidos–, uno está prófugo y otros fueron absueltos.

México terminó el año pasado en la posición 123 (de 176 países) en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, lo que representa un descenso de 28 sitios con respecto a 2015 cuando ocupó el lugar 95. Con una calificación de 30 puntos en una escala donde 100 representa los más bajos niveles de corrupción y 0 los mayores grados, México figura entre los más corruptos. Los 10 países mejor calificados obtuvieron entre 90 y 81 puntos, entre ellos Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Países Bajos, Canadá y Alemania.

El aspirante presidencial más crítico de la corrupción ha sido Andrés Manuel López Obrador (Morena). Sin embargo, en el ciclo de conferencias “Era Familiar 2016”, celebrada el 11 de agosto en Acapulco, Guerrero, dio un giro copernicano: “Les decimos a los integrantes del grupo en el poder que, a pesar del gran daño que le han causado al pueblo y a la nación, no les guardamos ningún rencor y les aseguramos que, ante su posible derrota en 2018 no habrá represalias o persecución para nadie. Declaramos esta amnistía anticipada porque lo que se necesita es justicia, no venganza”. La amnistía podría extenderse incluso a los narcotraficantes. “Se debe perdonar si está de por medio la paz y la tranquilidad del pueblo”, dijo a principios de diciembre.
09 Enero 2018 04:00:00
Estrategias sucesorias
En las sucesiones de 2011 y 2017 la estrategia consistió en perfilar desde un principio las candidaturas de Rubén Moreira y Miguel Riquelme, para lo cual se trazaron alianzas y se cerraron espacios a otros aspirantes de Saltillo y La Laguna. Ambos formaron parte de la LXI legislatura junto con Luis Videgaray y Alfonso Navarrete, operadores y hombres de confianza de Peña Nieto. Riquelme ocupó diversas carteras en la Administración de Moreira y luego fue alcalde de Torreón, su plataforma para la Gubernatura.

Rubén Moreira convirtió a Torreón en sede alterna para apuntalar su proyecto sucesorio. Hasta 2012, la ciudad figuraba entre las más peligrosas del mundo por la presencia de cárteles de la droga que se disputaban el territorio. Una de las metas del tándem Moreira-Riquelme fue abatir los índices de violencia e inseguridad, lo cual se logró con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Otra de las demandas era atraer inversiones y empleos a La Laguna, los cuales también empezaron a fluir.

Sin embargo, el deterioro de Torreón en otros sectores aumentó. El pavimento es pésimo y las lluvias inundan la ciudad y evidencian la necesidad de un sistema de drenaje pluvial. Frente a esos requerimientos, una de las obras más cuestionadas fue el teleférico –inaugurado el 7 de diciembre–, al cual se destinaron 170 millones de pesos. Saltillo, en cambio, mantuvo en buen nivel sus servicios públicos y en 2016 se consolidó como una de las mejores ciudades del país para vivir, junto con Mérida, de acuerdo con un estudio de Gabinete de Comunicación Estratégica.

A pesar de las frecuentes giras de Rubén Moreira por Torreón, las relaciones con la sociedad civil siempre fueron tensas. Las demandas para investigar la deuda por más de 36 mil millones de pesos y las empresas fantasma, a las cuales se desviaron más de 410 millones, jamás tuvieron respuesta. El Gobierno tenía el control territorial y de los programas sociales, pero la participación ciudadana rebasó su voto duro. El PAN ganó la Alcaldía con Jorge Zermeño, quien captó más sufragios que Guillermo Anaya y Riquelme en el municipio, así como las cuatro diputaciones locales.

En Saltillo, donde el PRI tiene mayor dominio sobre la estructura electoral, Riquelme superó a Anaya y Manolo Jiménez recuperó la Alcaldía en poder del PAN. Descartado Isidro López Villarreal de la competencia por la Gubernatura, los poderes fácticos de la capital se decantaron por el candidato lagunero del PRI, cuyo coordinador de campaña y ahora secretario de Gobierno, José María Fraustro, sirvió de enlace con los grupos empresariales y de esa manera neutralizó a Guillermo Anaya.

La Laguna ocupa el poder estatal por primera vez después de medio siglo, con alguien ajeno a las élites políticas, pero la derrota del PRI en Torreón el 4 de junio obliga a Riquelme a revisar estrategias y a replantear sus relaciones con la sociedad. Los liderazgos priistas se han debilitado y la falta de actores relevantes expone a su Gobierno. En ese contexto, el exalcalde Eduardo Olmos regresó al gabinete y Salvador Hernández Vélez se perfila para rector de la UAdeC.

Los políticos capitalinos con proyecto para futuras elecciones son José María Fraustro; Enrique Martínez y Morales, quien colaboró con José Antonio Meade, precandidato del PRI a la presidencia, en la Secretaría de Hacienda; el diputado Jericó Abramo Masso, expresidente municipal de Saltillo; la senadora Hilda Flores, presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas; y el alcalde electo de Saltillo, Manolo Jiménez. ¿Cuál será la estrategia para la próxima sucesión?

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