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Xavier Díez de Urdanivia
Xavier Díez de Urdanivia
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Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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01 Octubre 2017 04:03:00
El desmantelamiento constitucional
Cien años y 743 artículos reformados lleva la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De ellos, 154 han sido modificados durante el régimen actual, lo que representa casi el 20% del total de las reformas efectuadas anteriormente.

La última –¿ominosamente?– se publicó el día mismo en que se conmemora el inicio de la guerra de independencia, el 15 de septiembre pasado.

La mayoría de esas reformas han tenido por motivo central ampliar las facultades de los órganos del gobierno de la Unión, en detrimento de las atribuciones de las correspondientes a los gobiernos estatales.

El vehículo de concentración, primero, fueron la leyes “generales”, una clasificación que, en rigor, sólo merecen aquellas disposiciones que, en desarrollo de una disposición constitucional, regulan el ejercicio de las facultades concurrentes, es decir, aquellas que la propia constitución otorga a los órdenes federal y estatales como excepción a la regla general de facultades exclusivas.

Después, de plano y ya sin rubor alguno, se dio en la práctica de emitir leyes y códigos “nacionales”, que desplazan a las legislaciones locales en materias que, según el equilibrado diseño original, les correspondían.

Un par de datos interesantes y que usualmente pasan desapercibidos: durante el largo periodo de estabilidad económica y social, pocas fueron las reformas efectuadas a la ley suprema; en cambio, el frenesí de los cambios empezó en los 70, se agudizó en los 80 –para propiciar el suave aterrizaje en nuestro país del entonces abiertamente pujante “neoliberalismo, que aún sigue vivo, pero casi soterradamente– y ha tenido un verdaderamente grande apogeo en los dos últimos sexenios.

¿No es de llamar la atención que a la inestabilidad constitucional correspondan los tiempos de mayor inestabilidad política y social? ¿Es mera coincidencia?

Incluso en materia económica, respecto de la que se pregonan condiciones de prosperidad y estabilidad macroeconómica, los índices de pobreza son mayúsculos y la brecha entre los muy pocos ricos y el resto de la población cada vez más pronunciada, lo que es en sí mismo injusto y, además, propicio para la inconformidad creciente que, ya con visos de acre rebeldía, es perfectamente perceptible entre la gente de nuestro país.

Lo grave del asunto es que, a pesar de esa crispación social, los argumentos desplegados por los centros de poder impulsores del retroceso estructural, a pesar de su retórica retorcida y gastada, no son rebatidos; al contrario, frecuentemente se aplauden, incluso desde sectores ordinariamente críticos, quizás porque la inmediatez de los problemas que se dice pretenden ser resueltos con las reformas, impide ver el panorama que ofrece el horizonte profundo de las intenciones de control que ellas conllevan, pues es evidente que mientras más disperso y limitado se encuentre el poder, más difícil será ejercerlo en favor de intereses particulares.

Hay que recordar que nuestra Constitución es, en el papel, rígida, precisamente para evitar que a voluntad de los poderosos se modifique sin ton ni son, en favor de ellos y perjuicio de los seres humanos cuyos intereses y derechos está destinada a proteger.

En los hechos, esa característica se ha esfumado. Los órganos que deberían protegerla, los partidos políticos incluidos, se han sumado al pequeño grupo rector de la política –¿recuerda usted el llamado Pacto por México?– para decidir, incluso al margen de los órganos legislativos, sobre los asuntos que atañen a todo el país y afectan a todos sus habitantes. Eso rompe el orden institucional y opera contra la democracia.

Ferdinand La Salle, ese jurista alemán marxista decimonónico que habló desde entonces sobre el tema, sostuvo que, a pesar de la generalizada creencia de que la Constitución es una ley suprema, protectora del interés general, en realidad no es sino una expresión de la voluntad de los poderosos, que en la cúspide se dan la mano y coinciden en la adopción de medidas para cuidar sus intereses, “legalizando” las vías para conseguirlo desde la fuente misma de la supremacía jurídica.

¿Acaso La Salle tenía razón?
20 Mayo 2018 04:08:00
La reconstrucción del país
En medio del ríspido mare magnum de las campañas, El País publicó esta semana una entrevista a Diego Valadés sobre la compleja tarea de reconstrucción social que espera al próximo Gobierno.

Para empezar, el entrevistado se refirió al clima de intolerancia y agresividad desmedida que han caracterizado a las campañas en curso, diciendo que ellas están “acelerando uno de los fenómenos más nocivos en una democracia: el desprecio o incluso la animosidad con relación a los políticos, los partidos y la política”, para redondear la idea afirmando que “la tradición personalista es muy profunda y los antagonismos se procesan de una manera muy poco razonable”.

Tiene razón, y no puede uno menos que sumarse al señalamiento. De suyo, en este mismo espacio se dedicaron, hace no mucho, algunas líneas a la reflexión sobre la crisis institucional que padece México, aunque el punto de vista partía entonces del impacto recíproco entre esa crisis y la virulencia de las campañas.

Cuando el entrevistador, Luis Pablo Beaurgard, se refirió a un señalamiento que ha sostenido Valadés en el sentido de que algunas instituciones en México son ya sólo un cascarón, el entrevistado respondió: “Es uno de los elementos que permiten demostrar el déficit de credibilidad que padece México. Hay un vaciamiento de las instituciones en cuanto a dos cosas: su efectividad y la percepción que tiene la sociedad. Si se suman las dos cosas, entonces entramos en una etapa que espero sea transitoria y que no se consolide, que se conoce como anomia, durante el cual la norma deja de ser el referente para la vida colectiva. Eso puede tener muchas derivaciones. Una es la anarquía y la otra es la dictadura”.

Gran riesgo es ese en efecto, y por desgracia no se ciñe, a mi juicio, a los extremos que señala. Hay un riesgo mayor, porque la democracia, cuando se corrompe y se vuelve demagogia, tiene muchas caras.

Cuando Aristóteles se refiere a ella, sostiene que su diferencia esencial es que la voluntad popular se expresa y gobierna sin apego a las normas, de ahí que resulte caótica.

Es necesario decir, no obstante, que ese caos –que es ausencia de orden– suele convertirse en “oclocracia”, según le decían los griegos de la era clásica, que el diccionario define como “gobierno de la muchedumbre o de la plebe”.
Ayuno de una estructura apta para ordenar las relaciones sociales y llegados a extremos críticos, esos estados –siempre conforme a la observación de los pensadores de la antigua Grecia– requerían de una terapia de choque –se diría en nuestros días, metafóricamente– que conducía entonces a la aplicación de medidas dictatoriales que, en ausencia de normas, abrían la puerta a las dictaduras y a las tiranías.

En México sabemos de eso, pero parece habérsenos olvidado. El movimiento de independencia, los revueltos tiempos del centralismo y el pretendido “segundo imperio”, las guerras de reforma, la revolución de 1910 y todas sus consecuencias, parecen no haber bastado para entender que no es en la diatriba y el escarnio que se cimientan con solidez las sociedades.

Por eso concuerdo con el parecer expuesto, aunque creo que el planteamiento del entrevistador, reflejado en el título de su publicación (La Reconstrucción Social en México Será muy Compleja para el Próximo Gobierno) se queda corto, porque no es en la anécdota electoral o en la coyuntura del relevo que se encuentra la importancia del proceso, sino en su trascendencia frente a la empresa de conjugar los empeños para poder construir el país, libre y diverso, pero justo y equilibrado, que nos hace falta.

Para eso tendremos, creo yo, que pensar “fuera del cajón”, revisar los modelos, dejar de adoptar sin adaptar esquemas ajenos, y en cambio buscar, sin aislacionismos suicidas o aperturas claudicantes, las vías que permitan la construcción de una mexicanidad renovada, capaz de rescatarse a si misma, pero también de integrarse, con dignidad y decoro, en el mundo global de los días que corren.
20 Mayo 2018 04:00:00
La reconstrucción del país
En medio del ríspido mare magnum de las campañas, “El País” publicó esta semana una entrevista a Diego Valadés sobre la compleja tarea de reconstrucción social que espera al próximo gobierno.

Para empezar, el entrevistado se refirió al clima de intolerancia y agresividad desmedida que han caracterizado a las campañas en curso, diciendo que ellas están “acelerando uno de los fenómenos más nocivos en una democracia: El desprecio o incluso la animosidad con relación a los políticos, los partidos y la política”, para redondear la idea afirmando que “la tradición personalista es muy profunda y los antagonismos se procesan de una manera muy poco razonable”.

Tiene razón, y no puede uno menos que sumarse al señalamiento. De suyo, en este mismo espacio se dedicaron, hace no mucho, algunas líneas a la reflexión sobre la crisis institucional que padece México, aunque el punto de vista partía entonces del impacto recíproco entre esa crisis y la virulencia de las campañas.

Cuando el entrevistador, Luis Pablo Beaurgard, se refirió a un señalamiento que ha sostenido Valadés en el sentido de que algunas instituciones en México son ya solo un cascarón, el entrevistado respondió: “Es uno de los elementos que permiten demostrar el déficit de credibilidad que padece México. Hay un vaciamiento de las instituciones en cuanto a dos cosas: Su efectividad y la percepción que tiene la sociedad. Si se suman las dos cosas, entonces entramos en una etapa que espero sea transitoria y que no se consolide, que se conoce como anomia, durante el cual la norma deja de ser el referente para la vida colectiva. Eso puede tener muchas derivaciones. Una es la anarquía y la otra es la dictadura”.

Gran riesgo es ese en efecto, y por desgracia no se ciñe, a mi juicio, a los extremos que señala. Hay un riesgo mayor, porque la democracia, cuando se corrompe y se vuelve demagogia, tiene muchas caras.

Cuando Aristóteles se refiere a ella, sostiene que su diferencia esencial es que la voluntad popular se expresa y gobierna sin apego a las normas, de ahí que resulte caótica.

Es necesario decir, no obstante, que ese caos -que es ausencia de orden- suele convertirse en “oclocracia”, según le decían los griegos de la era clásica, que el diccionario define como “gobierno de la muchedumbre o de la plebe”.

Ayuno de una estructura apta para ordenar las relaciones sociales y llegados a extremos críticos, esos estados -siempre conforme a la observación de los pensadores de la antigua Grecia- requerían de una terapia de choque -se diría en nuestros días, metafóricamente- que conducía entonces a la aplicación de medidas dictatoriales que, en ausencia de normas, abrían la puerta a las dictaduras y a las tiranías.

En México sabemos de eso, pero parece habérsenos olvidado. El movimiento de independencia, los revueltos tiempos del centralismo y el pretendido “segundo imperio”, las guerras de reforma, la revolución de 1910 y todas sus consecuencias, parecen no haber bastado para entender que no es en la diatriba y el escarnio que se cimientan con solidez las sociedades.

Por eso concuerdo con el parecer expuesto, aunque creo que el planteamiento del entrevistador, reflejado en el título de su publicación (“La reconstrucción social en México será muy compleja para el próximo Gobierno”) se queda corto, porque no es en la anécdota electoral o en la coyuntura del relevo que se encuentra la importancia del proceso, sino en su trascendencia frente a la empresa de conjugar los empeños para poder construir el país, libre y diverso, pero justo y equilibrado, que nos hace falta.

Para eso tendremos, creo yo, que pensar “fuera del cajón”, revisar los modelos, dejar de adoptar sin adaptar esquemas ajenos, y en cambio buscar, sin aislacionismos suicidas o aperturas claudicantes, las vías que permitan la construcción de una mexicanidad renovada, capaz de rescatarse a si misma, pero también de integrarse, con dignidad y decoro, en el mundo global de los días que corren.
13 Mayo 2018 04:00:00
Algo que las campañas han pasado por alto
Los planteamientos de los candidatos a la Presidencia se han perfilado ya, y aunque no se puedan de ellos derivar inequívocamente los perfiles precisos de su Gobierno (si ganaran la contienda), hay en cambio auseancias en su discurso que deberían preocupar más aun que los enconos que entre ellos se han gestado.

El primero de esos vacíos es el que causa la ausencia de la idea de la legitimidad en sus respectivos discursos, porque seguramente dan por sentado que la adquirirán al ganar la elección (si lo hacen), aunque no sea así, porque la legitimidad se construye cada día y se puede perder en el momento en que se pierda de vista el propósito central de la función de gobernar democráticamente.

Es verdad que todos han mencionado alguna vez el apego al “estado de derecho”, aunque lo hagan como si utilizaran un cliché o emplearan una etiqueta mágica que purificara cualquier desatino, pero la forma en que lo hacen induce a dudar que tengan claro el significado de esa noción y aun la diferencia entre Estado y Gobierno.

Olvidan –o no lo saben– que el “estado de derecho” en un modelo orgánico que surge tras la Revolución francesa del siglo 18, y que se define, en muy apretada síntesis, por la satisfacción de los siguientes requisitos: contar con una constitución escrita y rígida, dividir su poder público –es decir, su Gobierno– en tres ramas que se equilibren refrenen recíprocamente, y garantizar los derechos fundamentales.

Pasan por alto que gobernar no es otra cosa que ejercer la soberanía y que, por eso, el Artículo 41 de la Constitución Mexicana dice que: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores…”

Es frecuente que entre sus promesas se encuentren las de aumentar las penas, crear o desaparecer impuestos, asignar o reducir recursos a uno u otro fin, así como castigar o perdonar, unificar leyes y códigos, “armonizar” las leyes, sin percatarse que están impedidos para hacer todo aquello que está asignado a los poderes Legislativo y Judicial federales, o reservado a los estados, según la propia ley suprema.

Pero todavía más: en su búsqueda de adhesiones se enredan en lo inmediato y pierden de vista que la función toral del Gobierno consiste en garantizar en justicia a todos los seres humanos cuya integración política y jurídica constituye la materia misma del estado –no su Gobierno, que a ellos se debe– los derechos y libertades básicos para que cada uno, con todos y entre todos, pueda construir su propia vida y contribuir a la del todo que con los demás forma.

Ese, que algunos llaman “bien común, otros “bien público temporal” y otros –desde la antigüedad grecolatina– “interés general”, es el propósito del Gobierno que, solo respondiendo a él, puede aspirar a ser considerado legítimo.

Bien harán los candidatos –sobre todo aquel o aquella que resulte triunfador en los comicios– si tienen eso en cuenta (también los gobernantes en funciones), porque, sin la legitimidad sustancial que la democracia requiere, no podrá encontrar el poder justificación alguna, ni en sus orígenes ni en su ejercicio.

Por eso, el engaño y la simulación no sólo son contrarios a la ética, sino también a la democracia y a razón misma de ser del estado y de su Gobierno.

Ya John Locke decía que “siendo los hombres libres, iguales e independientes por naturaleza, ninguno de ellos puede ser sometido al poder político de otros sin que medie su propio consentimiento”, consentimiento, añado, que solo puede obtenerse por la vía de la legitimidad, si no se quiere caer en la usurpación.
06 Mayo 2018 04:00:00
Las elecciones y la crisis del Estado
La reforma que proclamó Martín Lutero en el siglo 16 tuvo repercusiones políticas de gran magnitud, que se revelarían con plenitud al siglo siguiente, cuando, tras la “guerra de los 30 años”, surgió el modelo de organización política que, con algunos rasgos de diferenciación accidental, conocemos hoy como “Estado”.

Ese modelo de Estado dio muestras de ser suficientemente flexible y dúctil como para estructurar sociedades con orientaciones ideológicas tan disímbolas como la U.R.S.S. y los Estados Unidos de América, o todas las que en la historia posterior a su nacimiento fueron fincadas en el absolutismo o la democracia.

Para que el “Estado” estuviera dotado de capacidad para cumplir con la función mencionada, el poder de que se le consideró dotado, la soberanía, quedó definido, desde que Bodino se refirió a él en los Seis Libros de la República, como irresistible hacia el interior e independiente hacia fuera.

Desde entonces y, teóricamente, aún en nuestros días, la asociación entre soberanía, comunidad y territorio era indiscutible, pero los cambios que el mundo ha experimentado desde la revolución tecnológica auspiciada por el desarrollo telemático, eso ya no puede afirmarse.

En primer lugar, porque la universalización o mundialización de los fenómenos sociales, incluidos los económicos, los políticos y los cultural-normativos, ha generado un nuevo sistema social de amplitud mundial.

En segundo, porque la influencia de los actores relevantes en el factor económico –el primero que tuvo acceso al espacio global– ha pretendidito que el mercado mundial sustituya al quehacer
político.

En tercero, porque la globalización no es otra cosa que el conjunto de los procesos en virtud de los cuales se han ampliado los límites impuestos al sistema social, hasta prácticamente desaparecer para configurar un sistema político global, en el que los estados, las naciones, las grandes corporaciones, los organismos económicos internacionales y otros actores se entremezclan al involucrarse en la pugna por el poder, que, como siempre, genera alianzas entre ellos.

Esa circunstancia ha propiciado una verdadera mundialización de patrones comunes de vida y modos compartidos de responder a los estímulos del ambiente, lo que sin duda constituye una muy relevante revolución cultural.

Se han abierto vacíos que es imposible cubrir para el estado –cualquiera que este sea– y se han configurado redes de poder que actúan en y sobre el entorno mundial, configurando un sistema político global que, para peor, actúa disociado de todo límite normativo, imposible de configurar en ese ámbito a partir de los modelos generadores de normas jurídicas que hasta hoy han imperado.

Hacia el interior –en México específica, aunque no exclusivamente– también se ha menoscabado el poder simbólico de la autoridad, a la que poco respeto se muestra. A ello ha contribuido, sin duda, la incapacidad global del estado para cumplir su función garante de los derechos y libertades iguales de toda persona comprendida en su comunidad de base, pero también el contumaz abuso del poder y la laxitud con que se contemplan los límites e imperativos impuestos por la Constitución y las leyes.

La excesiva esperanza puesta en la presidencia –una presidencia abstracta, que se imagina omnipotente, casi mítica, ajena a las limitaciones y capacidades humanas de quien la ocupe, como es la que parece esperarse masivamente– aunada a una cultura política caracterizada por la concentración reforzada del poder –de la periferia al centro y, ya en este, en el Poder Ejecutivo– pinta un panorama sombrío, sobre todo cuando se atiende a un proceso electoral como el que se tiene enfrente, ayuno de propuestas concretas, sustentadas y fundadas.

La crisis del Estado, en el contexto descrito, afecta en todos los frentes las decisiones políticas, y no se percibe información suficiente entre quienes deberán elegir este año para que lo hagan con certidumbre racional y no
emocionalmente.

Lo peor del caso es que “a río revuelto, ganancia de pescadores”, los de adentro y los de afuera, que a fin de cuentas pueden ser, en el fondo, los mismos.



06 Mayo 2018 04:00:00
Las elecciones y la crisis del estado
La reforma que proclamó Martín Lutero en el siglo 16 tuvo repercusiones políticas de gran magnitud, que se revelarían con plenitud al siglo siguiente, cuando, tras la “guerra de los treinta años”, surgió el modelo de organización política que, con algunos rasgos de diferenciación accidental, conocemos hoy como “estado”.

Ese modelo de estado dio muestras de ser suficientemente flexible y dúctil como para estructurar sociedades con orientaciones ideológicas tan disímbolas como la U.R.S.S. y los Estados Unidos de América, o todas las que en la historia posterior a su nacimiento fueron fincadas en el absolutismo o la democracia.

Para que el “estado” estuviera dotado de capacidad para cumplir con la función mencionada, el poder de que se le consideró dotado, la soberanía, quedó definido, desde que Bodino se refirió a él en los “Seis Libros de la República”, como irresistible hacia el interior e independiente hacia fuera.

Desde entonces y, teóricamente, aún en nuestros días, la asociación entre soberanía, comunidad y territorio era indiscutible, pero los cambios que el mundo ha experimentado desde la revolución tecnológica auspiciada por el desarrollo telemático, eso ya no puede afirmarse.

En primer lugar, porque la universalización o mundialización de los fenómenos sociales, incluidos los económicos, los políticos y los cultural-normativos, ha generado un nuevo sistema social de amplitud mundial.

En segundo, porque la influencia de los actores relevantes en el factor económico -el primero que tuvo acceso al espacio global- ha pretendido que el mercado mundial sustituya al quehacer político.

En tercero, porque la globalización no es otra cosa que el conjunto de los procesos en virtud de los cuales se han ampliado los límites impuestos al sistema social, hasta prácticamente desaparecer para configurar un sistema político global, en el que los estados, las naciones, las grandes corporaciones, los organismos económicos internacionales y otros actores se entremezclan al involucrarse en la pugna por el poder, que, como siempre, genera alianzas entre ellos.

Esa circunstancia ha propiciado una verdadera mundialización de patrones comunes de vida y modos compartidos de responder a los estímulos del ambiente, lo que sin duda constituye una muy relevante revolución cultural.

Se han abierto vacíos que es imposible cubrir para el estado -cualquiera que este sea- y se han configurado redes de poder que actúan en y sobre el entorno mundial, configurando un sistema político global que, para peor, actúa disociado de todo límite normativo, imposible de configurar en ese ámbito a partir de los modelos generadores de normas jurídicas que hasta hoy han imperado.

Hacia el interior -en México específico, aunque no exclusivamente- también se ha menoscabado el poder simbólico de la autoridad, a la que poco respeto se muestra. A ello ha contribuido, sin duda, la incapacidad global del estado para cumplir su función garante de los derechos y libertades iguales de toda persona comprendida en su comunidad de base, pero también el contumaz abuso del poder y la laxitud con que se contemplan los límites e imperativos impuestos por la constitución y las leyes.

La excesiva esperanza puesta en la presidencia -una presidencia abstracta, que se imagina omnipotente, casi mítica, ajena a las limitaciones y capacidades humanas de quien la ocupe, como es la que parece esperarse masivamente- aunada a una cultura política caracterizada por la concentración reforzada del poder -de la periferia al centro y, ya en este, en el Poder Ejecutivo- pinta un panorama sombrío, sobre todo cuando se atiende a un proceso electoral como el que se tiene enfrente, ayuno de propuestas concretas, sustentadas y fundadas.

La crisis del estado, en el contexto descrito, afecta en todos los frentes las decisiones políticas, y no se percibe información suficiente entre quienes deberán elegir este año para que lo hagan con certidumbre racional y no emocionalmente.

Lo peor del caso es que “a río revuelto, ganancia de pescadores”, los de adentro y los de afuera, que a fin de cuentas pueden ser, en el fondo, los mismos.
29 Abril 2018 04:07:00
El ‘estado de derecho’ en las campañas electorales
En estos tiempos de campañas y seudo debates hay temas prioritarios que se sienten ausentes. Uno de ellos es el del llamado “estado de derecho”.

Creo pertinente retomar la cuestión, y aún confrontarla con otra, la justicia, que comparte esa condición de prioridad.

Para comenzar, parece recomendable identificar los contornos de ese modelo contemporáneo de organización socio-política que, entre otros apelativos, se conoce también como “estado constitucional”, “estado social de derecho” e incluso como “estado social y democrático de derecho”, y que no puede entenderse si se le sustrae de su condición social y de su carácter dinámico.

En ese camino se antoja propicio el binomio que ya se trasluce en la fórmula: derecho y estado son dos conceptos determinados a transcurrir juntos, so pena de que en la falta de alguno se de en la barbarie y el caos, donde la fuerza, y no la razón, sería la medida de las relaciones sociales. También se aprecia benéfica la asociación de esa díada con la democracia, tan polémica, tan discutida, tan poco entendida en el fondo.

El tema es de la mayor importancia, pero no deja de tener sus dificultades. De suyo, buena parte de la filosofía jurídica y política de –cuando menos– los últimos 200 años se ha dedicado a la búsqueda de la relación entre tales conceptos, sin que se hayan generado acuerdos convincentes y duraderos sobre tal vínculo, lo que ha ocasionado doctrinas ambiguas e insuficientes para explicar una realidad social que, a pesar de todo, acaba por imponerse.

Ese hecho, sin duda, ha contribuido a la confusión sobre el tema y ha generado condiciones que alientan la propensión al manejo de esos conceptos como instrumento, inclusive, de fines aviesos, cuando que su vocación semántica apunta en el sentido contrario ¿Será porque se les ha exigido demasiado? ¿Quizá porque mucho se espera de ellos?

En el fondo, todo disenso parece descansar en una carencia que hace parecer a las posiciones diversas como antagónicas: el vacío que se deja –y la confusión que se crea– cuando se pierde de vista que en esa simbiosis existen también elementos morales.

En efecto: un falso dilema se plantea cuando se pretende ofrecer como excluyentes a la certeza que brindan las normas preexistentes –la seguridad jurídica– y esa entidad tan difusa pero tan perceptible –sobre todo cuando se hecha de menos– que es la justicia. La primera pertenece al mundo de los fenómenos objetivos que, culturales al fin, se dan en el medio de las relaciones sociales; la segunda, en cambio, por ser un valor, pertenece por antonomasia al reino de la moral, que sólo se ve objetivada cuando se ve transformada en normas jurídicas.

La vieja polémica entre iuspositivistas y iusnaturalistas, que tendían a ocupar los extremos en la discusión, va cediéndole el paso a una concepción del derecho que no sólo atiende a las formas, sino también a la corrección material, a los contenidos, y que tiene por timbre de distinción, según algunos, a la justicia.

Entre estos dos polos se mueve el derecho, y con él un estado que tiene en su base a la sociedad y no puede escindirse de ella. Por eso, en esa tensión dinámica cotidiana entre la igualdad y la libertad es que se definen las rutas concretas que, diferentes y todo como son entre cada estado concreto, comparten el rumbo de la dignidad personal, al menos en términos de ideal

prescriptivo.

En ese sentido, la frase que enuncia –tautológicamente, según estoy convencido– al modelo institucional que ha dado en sentar sus reales por el mundo que llaman “occidental”, es decir, el “estado de derecho”, que ineludiblemente ha de satisfacer valores éticos, incorporándolos a la norma positiva.

Bien harían los candidatos en ocuparse del tema, si quieren de veras profundizar en los problemas que aquejan a nuestro país.
22 Abril 2018 04:00:00
La patria y la libertad en la política
Cada vez que se avecina una elección surgen las voces que claman cambios o permanencias, siempre “por el bien de la Patria”, afirmación en la que juegan un papel preponderante diversos planteamientos no ayunos de ideología.

En una elección general como la que está próxima, con mayor razón, porque es un ejercicio inédito en México y porque en la circunstancia se percibe una apetencia generalizada de cambio, más por decepción e inconformidad, según parece, que por razones de fondo.

Hace tiempo compartí algunas reflexiones sobre el tema que me ha parecido pertinente retomar por esa razón, basadas en un artículo de Gonzalo Fernández de la Mora, para quien solo hay una forma de gobierno: “El mando de pocos u oligarquía”, una de cuyas especies es la democracia, “en la que el censo electoral tiene periódicamente la posibilidad de preferir, mediante diferentes procedimientos de sufragio, alguna de las alternativas que le ofrece la clase política” (Razón Española, N° 113, HYPERLINK “http://www.galeon.com/razonespanola/r113-ide.htm”
http://www.galeon.com/razonespanola/r113-ide.htm).

En ese contexto, el mítico contrato social de Rousseau “es una respuesta a la cuestión de cómo se origina la comunidad política, mientras que la democracia es una respuesta a la cuestión de cómo pueden participar los gobernados en el gobierno”, por lo que cada una de esas categorías representa dos niveles distintos en el análisis.
Es decir: el contrato social no se presenta como la manera de designar a los gobernantes, sino como el modo de constituir una sociedad y salir del “estado de naturaleza”, para decirlo a la manera de Hobbes.

“Es falso -dice- que las sociedades se gobiernen a sí mismas; siempre son regidas por unos pocos. La oligarquía es la forma trascendental de gobierno que engloba a todas las demás enunciadas por los griegos, tanto las sedicentes correctas como las que no lo son”.

Así, “la inverosímil hipótesis de que la convivencia se funda en un contrato, sea originario o renovado, no es un absurdo puesto que se utiliza como imaginario fundamento de derivaciones presuntamente legitimadoras del poder. No es ni la expresión de un hecho, ni una hipótesis que espera confirmación empírica, ni un ideal utópico; es ideología, y lo ideológico es irracionalismo con disfraz”.

En otro lugar y momento, Juan Bautista Alberdi, con informada razón, sostuvo que “La Patria, tal como la entendían los griegos y los romanos, era esencial y radicalmente opuesta a lo que por tal entendemos en nuestros tiempos y sociedades modernas. Era una institución de origen y carácter religioso y santo… pues era la asociación de las almas, de las personas y de los intereses de sus miembros”, incluidos, preponderantemente, los antepasados muertos, que tenían el carácter de dioses, en cuya voluntad descansaba todo el sistema normativo.

Esa “patria” era omnipotente y, al contrario de lo que hoy ocurre -al menos en la teoría- su capacidad de actuación no tenía límites respecto de los individuos. “El hombre individual se debía todo entero a la Patria; le debía su alma, su persona, su voluntad, su fortuna, su vida, su familia, su honor” ( HYPERLINK “https://www.elcato.org/publicaciones/ensayos/ens-2003-01-31.pdf” https://www.elcato.org/publicaciones/ensayos/ens-2003-01-31.pdf)

De ahí es que nace la idea de que el “estado”, personificación de la “patria”, haya surgido como omnipotente por sí misma, y no como derivación de una capacidad popular. “La Patria personificada en sus monarcas o soberanos, no en sus pueblos”.

La “soberanía del pueblo” tomó el lugar de los reyes, pero solo teóricamente, dice Alberdi. Fue así como la mítica patria se convirtió en el único “poder de derecho”, pero en la república, como lo había sido en la monarquía, la sociedad moderna, en la que el ser humano y sus derechos son teóricamente lo principal, “siguió en realidad gobernándose por las reglas de las sociedades antiguas… en que la Patria era la negación más absoluta de la libertad”.

Reaccionario el primero, socialista el segundo, en diferentes siglos, ambos plantean cuestiones que ameritan reflexión a la hora de hacer y participar en política ¿No lo cree usted así?.
15 Abril 2018 04:00:00
Elecciones y crisis de las instituciones
Nos equivocamos quienes pensábamos, y así lo dijimos, que el tema central de estas campañas sería la corrupción.

Lo que se ha visto es, en cambio, pura y simple propaganda. Los candidatos, en ausencia de propuestas claras, se han enfrascado en el autoelogio y el golpeteo, tratando de espantar al electorado con el petate del muerto, al puntero en las encuestas.

La corrupción, que no deja de tener presencia en el escenario, ha cedido su lugar a un tema de más fondo: la crisis de las instituciones.

El descrédito, la decepción y hasta el rechazo iracundo a todo lo que huela a política ha llegado a niveles elevadísimos, tanto como ha sido la irreflexiva y errónea entronización de la esperanza en los mitos que se han creado en torno de ellas, en parte por ignorancia, en parte por falta de sentido de responsabilidad y en parte por una desidia que está rebelándose –y revelándose– ya muy visiblemente.

Digo lo anterior porque se siguen oyendo, de un lado, promesas de los aspirantes presidenciales de hacer todo lo que en un “estado de derecho” les estaría vedado y humanamente es imposible: desde “reformaré la Constitución”, hasta reformar o modificar leyes (que muchas veces ya existen y sólo su desconocimiento los impulsa), hasta la creación de empleos y “defender la soberanía” cuando no está en peligro, pero diluirla soterradamente en muchos otros momentos, o abusar de ella como ocurre
cotidianamente.

Pero también entre la ciudadanía se trasluce la otra cara de la moneda, aquella que, irreflexivamente, espera que el presidente resuelva todos y cada uno de los problemas del país y hasta los personales de cada uno de sus
habitantes.

Las circunstancias pueden variar y los eventos, pero la actitud es la misma: el presidente se ha convertido en el imaginario popular en una especie de todopoderosa deidad, capaz de hacer llover en el desierto y dar instrucciones a los gobernadores y alcaldes, no sólo a sus secretarios y demás integrantes del gabinete.

Se le pide “no perdonar a los delincuentes”, tanto como “poner penas más fuertes” para que se haga “justicia”; se le responsabiliza por la inseguridad, tanto como por las decisiones de los tribunales. La infalibilidad, además de la omnipotencia, se antoja, así, un requisito para ejercer el gobierno imperial del que tanto se queja la gente, pero del que tanto espera que haga.

En la causalidad de ese círculo vicioso hay una inercia que los regímenes de gobierno han sabido aprovechar, reforzándola incluso: el paternalismo, que obstruye el camino a la madurez y que por contrafuerte que lo soporta tiene la comodina actitud, por infortunio muy generalizada, de esperar todo del Gobierno.

En medio de todo, las instituciones –que no son otra cosa que “redes de relaciones”– quedan bailando en el vacío, porque su sustento social falta y, además, han sido sobreexplotadas por aquellos para quienes ha convenido, política y económicamente el abuso.

Son ellas, en todo caso, un instrumento de convivencia, tan útil y bueno como sea la función con que se emplee y tan diestro quien lo haga; tan inútil o pernicioso según sea lo contrario.

La crisis de las instituciones que no es privativa de México, por cierto es crisis de las estructuras sociales, que se han vuelto inadecuadas para una circunstancia mundial muy distinta de lo que era hace apenas medio siglo.

El camino del rescate institucional pasa por la responsabilidad, personal y social, de los individuos, que sólo en sociedad pueden desarrollarse, y si cada uno es sí mismo y su circunstancia, se impone respetar esta última y diseñar el orden conforme a razones valoradas como deseables de manera generalizada en la comunidad.

Siempre hacen falta los líderes, pero no existe ninguno que pueda, por sí mismo y sin el concurso ordenado de todos, resolver los problemas del grupo.

Hay que tener eso en cuenta a la hora de votar, pero también en todo otro tiempo.
15 Abril 2018 04:00:00
Elecciones y crisis de las instituciones
Nos equivocamos quienes pensábamos, y así lo dijimos, que el tema central de estas campañas sería la corrupción.
Lo que se ha visto es, en cambio, pura y simple propaganda. Los candidatos, en ausencia de propuestas claras, se han enfrascado en el autoelogio y el golpeteo, tratando de espantar al electorado con el petate del muerto, al puntero en las encuestas.

La corrupción, que no deja de tener presencia en el escenario, ha cedido su lugar a un tema de más fondo: La crisis de las instituciones.

El descrédito, la decepción y hasta el rechazo iracundo a todo lo que huela a política ha llegado a niveles elevadísimos, tanto como ha sido la irreflexiva y errónea entronización de la esperanza en los mitos que se han creado en torno de ellas, en parte por ignorancia, en parte por falta de sentido de responsabilidad y en parte por una desidia que está rebelándose -y revelándose- ya muy visiblemente.

Digo lo anterior porque se siguen oyendo, de un lado, promesas de los aspirantes presidenciales de hacer todo lo que en un “estado de derecho” les estaría vedado y humanamente es imposible: Desde “reformaré la constitución”, hasta reformar o modificar leyes (que muchas veces ya existen y solo su desconocimiento los impulsa), hasta la creación de empleos y “defender la soberanía” cuando no está en peligro, pero diluirla soterradamente en muchos otros momento, o abusar de ella como ocurre cotidianamente.

Pero también entre la ciudadanía se trasluce la otra cara de la moneda, aquella que, irreflexivamente, espera que el presidente resuelva todos y cada uno de los problemas del país y hasta los personales de cada uno de sus habitantes.

Las circunstancias pueden variar y los eventos, pero la actitud es la misma: El presidente se ha convertido en el imaginario popular en una especie de todopoderosa deidad, capaz de hacer llover en el desierto y dar instrucciones a los gobernadores y alcalde, no solo a sus secretarios y demás integrantes del gabinete.

Se le pide “no perdonar a los delincuentes”, tanto como “poner penas más fuertes” para que se haga “justicia”; se le responsabiliza por la inseguridad, tanto como por las decisiones de los tribunales. La infalibilidad, además de la omnipotencia, se antoja, así, un requisito para ejercer el gobierno imperial del que tanto se queja la gente, pero del que tanto espera que haga.

En la causalidad de ese círculo vicioso hay una inercia que los regímenes de gobierno han sabido aprovechar, reforzándola incluso: El paternalismo, que obstruye el camino a la madurez y que por contrafuerte que lo soporta tiene la comodina actitud, por infortunio muy generalizada, de esperar todo del gobierno.

En medio de todo, las instituciones -que no son otra cosa que “redes de relaciones”- quedan bailando en el vacío, porque su sustento social falta y, además, han sido sobreexplotadas por aquellos para quienes ha convenido, política y económicamente el abuso.

Son ellas, en todo caso, un instrumento de convivencia, tan útil y bueno como sea la función con que se emplee y tan diestro quien lo haga; tan inútil o pernicioso según sea lo contrario.

La crisis de las instituciones -que no es privativa de México, por cierto- es crisis de las estructuras sociales, que se han vuelto inadecuadas para una circunstancia mundial muy distinta de lo que era hace apenas medio siglo.

El camino del rescate institucional pasa por la responsabilidad, personal y social, de los individuos, que solo en sociedad pueden desarrollarse y, si cada uno es sí mismo y su circunstancia, se impone respetar esta última y diseñar el orden conforme a razones valoradas como deseables de manera generalizada en la comunidad.

Siempre hacen falta los líderes, pero que no existe ninguno que pueda, por sí mismo y sin el concurso ordenado de todos, resolver los problemas del grupo.

Hay que tener eso en cuenta a la hora de votar, pero también en todo otro tiempo.
08 Abril 2018 04:09:00
‘Estado de derecho’, del dicho al hecho
Por fin arrancaron, formalmente, las campañas electorales, y algunas personas, ingenuamente, montaron en el renuevo sus esperanzas de momentos mejores.

En otros tiempos ya se sabría, a estas alturas, quién sería el próximo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pero después de la alternancia, el desencanto ha transitado hacia una incertidumbre que quiere parecerse (me temo que infructuosamente) a la democracia.

En los hechos es una sensación equívoca, porque ya se sabe que la democracia no es un proceso electoral, sino una manera de gobernar y administrar la “cosa pública” garantizando el respeto y la integración de todos en el marco de una igualdad justa y equitativa en el reconocimiento y el ejercicio de las libertades, eso que llamamos, las más de las veces sin entender bien a bien que significa la frase, “derechos humanos”.

A pesar de ello, las contiendas se han concentrado en exhibir los trapos sucios de los contrincantes y exaltar la honradez propia, a pesar del discurso que exige programas y propuestas de fondo a los que compiten.

Se han planteado exigencias a los candidatos desde sectores privilegiados de la sociedad civil, como Coparmex, que entre otras cosas plantea la necesidad de garantizar el “estado de derecho”, lo que está muy bien si se sustrae la frase del discurso y se reflexiona sobre el tema, porque el “estado de derecho” es un modelo al que la estructura jurídica mexicana responde bien cuando se atiende al modelo, pero se aleja, generalmente, de su actualización a la hora de los hechos.

Eso es especialmente grave cuando falla en el cometido quien tiene, en primer lugar, la misión de garantizar esa plataforma básica para que las sociedades florezcan y fructifiquen, por eso es ineludible recordar que el “estado de derecho” no se pregona, se construye, tarea en la que, a la vista está, se ha fracasado, en los hechos, en este país.

Alguien dijo, y un cierto consenso se generó en torno a la idea, que la constante en estas campañas sería el tema de la corrupción, y no erró.

Los candidatOs parecen trenzaos en ver quién es y quién no corrupto, cuestión que aderezan con promesas, no siempre factibles y verosímiles, sobre dádivas y soluciones cuyos perfiles no concretan.

Mientras tanto, la víspera misma del inicio de las campañas, en la residencia de Los Pinos se oían, sonoras y contundentes, las palabras del ombudsman nacional, tras un breve recuento de la situación alarmante, que ya no siquiera precaria, de las condiciones que privan para los ciudadanos en materia de violencia y acoso a sus libertades: “Sin seguridad, jamás habrá una vigencia real de los demás derechos fundamentales”.

La falta de respeto a las normas, la Constitución a la cabeza, ha ocasionado una “institucionalidad débil”, según bien dijo González Pérez en Los Pinos, para concluir diciendo: “Las y los mexicanos no podemos seguir limitando nuestro destino y planes de desarrollo profesional y vida personal al miedo, a la desconfianza, a la incertidumbre”.


A pesar de la evidente y profunda brecha entre lo que se dice, se hace y se debe hacer, no se oye de ningún candidato propuesta alguna sobre el efectivo respeto al derecho, sin pretender hacer de él un traje a la medida, como suele suceder.

Traigo a colación algo con lo que me topé en Twitter hace unos pocos días: un connotado jurista, magistrado federal, dijo: “Si algún candidato tuviera entre sus propuestas acatar lo que dice la Constitución, sin reformarla, tendría mi voto seguro”.

Yo lo secundo y, como lo comenté en su oportunidad y en ocasión de ese tuit, comento ahora: Con eso bastaría para hacer de nuestro país el lugar civilizado, próspero y justo que todos decimos querer y algunos en realidad queremos.

25 Marzo 2018 04:00:00
Semana Santa
Sin importar el credo religioso que se profese -o ninguno- la Semana Santa, clave en la tradición judeocristiana, fue en tiempos idos un lapso de recogimiento, meditación y restauración espiritual. Ya no.

Hoy en día, desde el viernes mismo de Dolores las ciudades se vacían y los balnearios se llenan a rebosar, a pesar de las crisis económicas.

Desde antes de aproximarse el Domingo de Ramos, entre los estudiantes y entre quienes no lo son, huele ya a vacaciones y se respira el afán de alejarse de la cotidiana rutina, reponerse de la fatiga y dejar que el estrés se diluya en las aguas del mar, o en relajantes cócteles y otras bebidas al lado de un asador.

Las señoras mayores, en otros tiempos, cubrían con velo su cabeza y los varones vestían de luto. Todavía alientan en este mundo personas que atestiguaron esas costumbres perdidas. La radio enmudecía esos días dedicados a la oración y al culto, y qué decir de la televisión, que apenas asomaba su entonces regordeta y luminosa cara.

Hace ya mucho tiempo que eso se acabó. El frenesí de la diversión se adueñó de la escena y de santos los días que vienen no tendrán nada para los más que, como “spring brakers” autóctonos, se lanzarán a las playas y, si no pueden, a los “antros”, las fiestas, carnes asadas y demás saraos y huateques por el estilo, rociadas las suculentas viandas –dirían los clásicos de sociales- por galones y más galones de cerveza, vino, y uno que otro licor de más fuerza.

Así y todo, aún para quienes no profesan la fe cristiana o cualquier otra, es tiempo apto para reflexionar, especialmente cuando la Semana Santa viene a caer en medio de tantas tribulaciones como las que se viven en México por estos días de pesares, preocupaciones y riesgos que son, en medio de nuestro devenir histórico, inusitados.

¿Cuál es, en las circunstancias, el mejor provecho que pueda obtenerse del asueto? Lo dicho: Son días propicios para la reflexión, para mirar adentro y alentar al espíritu a fin de que se anime a retomar su papel en la vida, tan disminuido como está por el creciente terreno que la materia, con frivolidad, le ha ganado.

Si teme salir o no puede hacerlo, no salga, entre. Que la introspección sea su compañera de viaje este año y que sea productiva, aún cuando no pueda o no quiera hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio o seguir las devociones y ritos religiosos. No desdeñemos el potencial de la mente y del espíritu, a los que bien vale la pena vigorizar estos días, con la mente abierta y sin tensiones.

Cuestiones que ofrecen materia para dedicarles tiempo y calma sobran. Por ejemplo: ¿Cómo hacer que nuestra patria -y el mundo- sean cada día más justos?, ¿cómo lograr que en la solidaridad encontremos los rastros de la responsabilidad que es indispensable complemento de la libertad?, ¿acaso la sumisión es una actitud provechosa y constructiva o, por el contrario, destruye y denigra?, ¿qué importa más, ser o tener? ¿podemos “ser” solos, o necesitamos a los demás para conseguirlo?

Como esas hay muchas más, muchísimas, de cuyas respuestas depende, en buena medida, el futuro de este país.

Quienes no participen de las convicciones religiosas que evoca la Semana Mayor, podrían bien meditar sobre, por ejemplo, la historia de este país y su entorno internacional, para adentrarse en las vías de un desarrollo cívico informado y con visos de perdurabilidad creciente.

Pienso en ello cuando leo “El Senado estadunidense enjuicia a México y al presidente Carranza”, del doctor en historia Rodolfo Villarreal Ríos (INHERM, 2017).

Bien escrito, ameno, con pleno rigor académico, no es una novela histórica, pero es historia que fluye y atrapa como cualquier buena novela. No tengo reparo alguno para recomendarlo muy ampliamente. De cualquier modo, es lectura obligada.

En todo caso, que tengan un provechoso asueto. Nos reencontramos aquí el 8 de abril próximo.
18 Marzo 2018 04:00:00
La impunidad en Coahuila
“De acuerdo a (sic) los resultados del IGI-MEX, el estado de Coahuila de Zaragoza se encuentra en el grupo 4, con un grado de impunidad muy alta, encontrándose en la posición 29 a nivel nacional”.

Así empieza el apartado correspondiente a Coahuila del informe rendido por la Universidad de las Américas (Puebla), intitulado “La impunidad subnacional en México y sus dimensiones IGI-MEX 2018”.

También dice el informe, después de una investigación de campo, que en el estado en cuestión “la policía es el mayor punto débil del nuevo sistema, toda vez que los elementos policiacos en la entidad aseguran que solo recibieron un taller exprés básico con los fundamentos del Sistema de Justicia Penal, pero sin ejercicios de práctica… Por eso se considera que debe trabajarse más en capacitar a los policías y fortalecer la investigación”.

El informe refleja una realidad preocupante en el nivel general, pero enciende focos rojos particularmente cuando advierte que entre los estados en los que existe un aumento de la impunidad en comparación con los resultados de IGI-MEX 2016, aparece Coahuila, que supera el rango 69.5 %, que es la media nacional, medida a partir del dato de víctimas de algún delito proporcionado por el INEGI.

Lo dice en los términos siguientes: “cinco estados se ubican por encima de ese rango: Quintana Roo (77.33), Coahuila (77.88), Baja California (78.08), Tamaulipas (78.88) y el Estado de México (80.06)”.

A partir de la información analizada y que bajo el rubro “iii. Principales hallazgos encontrados en 34 indicadores”, el informe sostiene que: “Coahuila presenta deficiencia en el sistema estructural y funcional; las fallas estructurales se observan en el número de magistrados y jueces por cada cien mil habitantes, de 2.74, cifra que se encuentra por debajo de la media nacional con 3.59, así como de los agentes del Ministerio Público asignados 8.21, respecto a la cantidad de presuntos delitos registrados por cada cien mil habitantes 1525.26, aunado al porcentaje de sentencias condenatorias con 92.04, cifra que se encuentra por arriba de la media nacional con un porcentaje de 83.49”.

Dudoso honor es aparecer en los señalados términos en el reporte de mérito, sobre todo porque la referencia a los indicadores numéricos en que se basa no reflejan, ni de lejos, la gravedad cualitativa de la situación que en nuestro estado impera, especialmente si la perspectiva se enfoca a la vertiente funcional del caso -es decir, cómo operan las instituciones establecidas-, sin menosprecio de la estructural, que cuestiona si las que existen bastan para acometer la tarea.

Aunque en la “Carta” con que abre el informe, el señor Andrea Ambrogi Domínguez, presidente del Consejo Honorario Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia-UDLAP, sostiene que la impunidad “es la fuente de la corrupción y la inseguridad que sufrimos”, creo que más bien es efecto y no causa.

Basta con reflexionar sobre la gran cantidad de casos que, a pesar de haber sido comprobados los hechos e identificado a los responsables, ninguna sanción se aplica y no hay reparación integral satisfactoria, no solo en cuanto a delitos, sino también de las faltas administrativas y las responsabilidades civiles, tanto como en la delicada área de los derechos humanos.

Si se cruzan los datos y se tiene en cuenta que la mayoría de las veces las violaciones a éstos son imputables a elementos que forman parte de los cuerpos de seguridad, además de los múltiples cursos que se les han impartido en materia del debido proceso legal y los correspondientes a los derechos humanos, se inferirá que la gravedad del mal bien puede radicar en la falta generalizada de sentido de responsabilidad, en laxitud o franco desdén por las instituciones también extendidos prolijamente precisamente entre aquellos que debieran cuidar de ellas y asegurar su eficacia.

El sentido del deber ha desaparecido y esa carencia, cuando se generaliza como parece haber ocurrido, corrompe las relaciones sociales y a las instituciones que forman. En ello radica el mal.
11 Marzo 2018 04:00:00
Demagogia y simulación
Hace unos pocos días, José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte, publicó en El País un artículo intitulado “La normalización de los derechos humanos”.

En él, Cossío expresa una percepción suya: “pareciera que cada cierto tiempo aparece una idea encaminada a lograr redenciones colectivas e individuales…Hace años, los sistemas de planeación democrática fueron tenidos como suficientes para lograr una mejor redistribución de los bienes públicos y privados. Poco después, se quiso ver en el cambio democrático de la nueva ola, el inicio de un modo generalizado de alcanzar y ejercer el poder político. También se supuso que la adopción del “Rule of Law”, modalidad Consenso de Washington, ayudaría a ordenar las transacciones y hacer eficiente la economía. Que el pastel crecería y habría más que repartir. A ello se agregó luego la idea de que la transparencia gubernamental sería tan poderosa que terminaría con las opacas y corruptas prácticas públicas. Se entendió también que el paso a los procesos penales acusatorios sería suficiente para reordenar el mundo penal y, de alguna manera, los fenómenos delictivos”

Nada de eso, es evidente, ocurrió.

Continúa Cossío: “En nuestros días se encuentra instalado un discurso tan querido y esperanzador como los que lo precedieron: los derechos humanos. Con él se cree que mucho de lo que social y políticamente nos perturba será resuelto. Que sobrevendrá un estado de cosas en el que la actuación de las autoridades nacionales, el comportamiento de las élites económicas y financieras, la ordenación social y el bienestar individual habrán de darse. En esta narrativa, personas nuevas y empoderadas harán valer su condición y exigirán lo que les es propio. Así generarán un orden distinto. Por la diversificada materialidad de lo reclamable, derechos de diversa generación, se piensa que terminarán por constituirse individuos que ejercerán a plenitud su proyecto de vida, contarán con amplios satisfactorios materiales y elegirán a sus autoridades, periódica y pacíficamente”.

“¿Por qué el nuevo sueño de la capacidad transformadora de los derechos humanos habría de tener una vida distinta a las olas democratizadoras que tanto nos entusiasmaron hace 30 años, o a los procesos distributivos que con tanta energía se predicaron cuando en el mundo se redujeron y fijaron las tasas impositivas?”, se pregunta, para concluir diciendo que “Cualquiera que sea la causa o combinación de ellas, conviene recordar que…los derechos humanos no van a realizarse por sí solos”, y por supuesto, tiene razón.

Sin embargo, Cossío deja un vacío que no se llena con la sola esperanza expresada en la necesidad de “implantar una racionalidad nueva y generalizada ahí donde trágicamente no la hay”, porque eso es precisamente lo que ha pasado, inveterada y contumazmente, con esas oleadas redentoras que menciona, y muchas otras anteriores.

¿La causa? La simulación, instrumento de la demagogia, que ha vaciado el discurso de contenido, con el sólo propósito de convencer, pero sin ánimo de cumplir con las promesas contenidas en ello, que enriquecerían la política, pero deteriorarían, en lo inmediato, el poder que entraña decidir y ejecutar en provecho propio la función de gobernar, con olvido -o desentendimiento- de un dato incontrovertible: los derechos humanos no son un instrumento técnico de gestión, sino la razón última de ser de la organización política y su gobierno.

Son impulso para la acción, no meras proclamas, así se encuentren en constituciones, leyes o tratados; camino, no meta; mapa de ruta hacia la dignificación de la vida de todos los seres humanos; factor de legalidad, sí, pero sobre todo congruencia frente a la legitimidad política y no solo retórica vana.

Para que los derechos humanos sean detonadores de la diferencia, es necesario, sí, como afirma Cossío, “entender su condición utópica”, pero sobre todo la necesidad de hacer que esa utopía se transforme en realidad, tan consistentemente como sea posible y tan compulsivamente como sea necesario, para alcanzar, de una buena vez por todas, los pregonados ideales de universalidad, igualdad, inherencia, progresividad y expansibilidad que tanto se pregonan.
25 Febrero 2018 04:09:00
La corrupción y el abuso de poder
La sociedad necesita una estructura normativa que ordene y limite los comportamientos, para evitar todo exceso, especialmente de la autoridad, que atente contra los intereses legítimos de las personas.

Cuando quien detenta el poder, en ejercicio abusivo de su posición, impone cargas ilegales de naturaleza administrativa, laboral o de cualquier otra especie, o despoja de un derecho a quien o quienes son sus legítimos titulares aprovechando la situación precaria de estos o su desventaja asimétrica, la violación es todavía más grave, porque entraña un sometimiento indigno del débil por el poderoso, no importa si para ello se vale de la fuerza física o la amenaza o el temor, que a fin de cuentas constituyen una fuerza sicológica.

Con independencia de los delitos y faltas en que quien detenta el poder incurra al actuar de esa manera, el efecto de su conducta es en sí mismo corruptor, porque tiende a corroer el ordenado funcionamiento de la vida en sociedad.

Si la lenidad se manifiesta en aquellas instituciones y órganos que, por la función que se les ha encomendado, debieran ser custodios escrupulosos de los mismos, la inminencia del riesgo será
mayúscula.

Eso, que ya de suyo es gravísimo, empeora todavía más cuando la víctima cede a la imposición sin acudir a los medios de defensa que el propio sistema de normas ofrece, porque su pasividad contribuye a la impunidad y, con ello, al deterioro de los equilibrios que descansan en la estructura jurídica.

Cuando se enseñorean en esa sociedad, o en algún sector relevante de ella, los antivalores, como es la falta de valor cívico, el pacto social que permite el transcurso de la vida comunitaria se trastocará y se pondrá en grave riesgo la subsistencia misma del ente social.

Si, en cambio, pugna por hacer valer sus derechos, las aguas podrán retomar su cauce y las cosas transcurrirán en el sentido debido y, por regla general, las posibles desviaciones, las infracciones esporádicas, serán enmendables de manera relativamente sencilla y hasta casi inocua.

Al cobrarse conciencia de la gravedad del problema que la corrupción presenta, importa sobremanera extremar, desde la ciudadanía misma, adoptar posturas firmes y, desde las múltiples plataformas que el derecho ofrece, combatir con denuedo ese mal que amenaza, ostensiblemente, con aniquilar toda posibilidad de rescate para este país que, después de dos siglos de intentarlo, no atina todavía definirse y crecer con solidez y en justicia.

En ello radican, en muy buena medida, la magnitud y la extensión del mal que llamamos corrupción.

El combate a la corrupción implica más –mucho más– que perseguir a delincuentes de cuello blanco, desfalcadores de las arcas públicas, perpetradores de cohecho y afectos a las “mordidas” o cualquier otro delincuente por el estilo y escarmentarlos. Es cuestión de depurar la moral pública y los procedimientos de selección y elección de las mujeres y hombres que tendrán a cargo las funciones de gobierno y gestión, para asegurar su probidad y su capacidad para el desempeño del cargo.

Pero mientras eso ocurre, y aun para que pase, es imprescindible la acción responsable y activa de las y los ciudadanos afectados por las acciones abusivas e ilegales de que hayan sido víctimas. No hay mejor remedio que ese contra la
impunidad.

El mejor remedio contra los abusos y la corrupción radica en las buenas prácticas, y no cabe duda alguna de que la defensa de los propios derechos es una de ellas.

Sin una actitud así, enérgica y generalizada, será difícil contener –imposible revertir– los progresos de la corrupción, en cuya matriz, no cabe duda, radica el abuso de poder.

Bueno es tener en cuenta que el combate a la corrupción podría tener por divisa aquellos viejos versos de Facundo Cabral, que bien resumen y gráficamente expresan lo que aquí se ha dicho: “Yo tengo dos enemigos, pues dos puntas tiene el mal: el hombre que pisa a otro y el que se deja pisar”.

¡Feliz semana!
25 Febrero 2018 04:00:00
La corrupción y el abuso de poder
La sociedad necesita una estructura normativa que ordene y limite los comportamientos, para evitar todo exceso, especialmente de la autoridad, que atente contra los intereses legítimos de las personas.

Cuando quien detenta el poder, en ejercicio abusivo de su posición, impone cargas ilegales de naturaleza administrativa, laboral o de cualquier otra especie, o despoja de un derecho a quien o quienes son sus legítimos titulares aprovechando la situación precaria de éstos o su desventaja asimétrica, la violación es todavía más grave, porque entraña un sometimiento indigno del débil por el poderoso, no importa si para ello se vale de la fuerza física o la amenaza o el temor, que a fin de cuentas constituyen una fuerza sicológica.

Con independencia de los delitos y faltas en que quien detenta el poder incurra al actuar de esa manera, el efecto de su conducta es en sí mismo corruptor, porque tiende a corroer el ordenado funcionamiento de la vida en sociedad.

Si la lenidad se manifiesta en aquellas instituciones y órganos que, por la función que se les ha encomendad, debieran ser custodios escrupulosos de los mismos, la inminencia del riesgo será mayúscula.

Eso, que ya de suyo es gravísimo, empeora todavía más cuando la víctima cede a la imposición sin acudir a los medios de defensa que el propio sistema de normas ofrece, porque su pasividad contribuye a la impunidad y, con ello, al deterioro de los equilibrios que descansan en la estructura jurídica.

Cuando se enseñorean en esa sociedad, o en algún sector relevante de ella, los antivalores, como es la falta de valor cívico, el pacto social que permite el transcurso de la vida comunitaria se trastocará y se pondrá en grave riesgo la subsistencia misma del ente social.

Si, en cambio, pugna por hacer valer sus derechos, las aguas podrán retomar su cauce y las cosas transcurrirán en el sentido debido y, por regla general, las posibles desviaciones, las infracciones esporádicas, serán enmendables de manera relativamente sencilla y hasta casi inocua.

Al cobrarse conciencia de la gravedad del problema que la corrupción presenta, importa sobremanera extremar, desde la ciudadanía misma, adoptar posturas firmes y, desde las múltiples plataformas que el derecho ofrece, combatir con denuedo ese mal que amenaza, ostensiblemente, con aniquilar toda posibilidad de rescate para este país que, después de dos siglos de intentarlo, no atina todavía definirse y crecer con solidez y en justicia.

En ello radican, en muy buena medida, la magnitud y la extensión del mal que llamamos corrupción.

El combate a la corrupción implica más -mucho más- que perseguir a delincuentes de cuello blanco, desfalcadores de las arcas públicas, perpetradores de cohecho y afectos a las “mordidas” o cualquier otro delincuente por el estilo, y escarmentarlos. Es cuestión de depurar la moral pública y los procedimientos de selección y elección de las mujeres y hombres que tendrán a cargo las funciones de gobierno y gestión, para asegurar su probidad y su capacidad para el desempeño del cargo.

Pero mientras eso ocurre, y aun para que pase, es imprescindible la acción responsable y activa de las y los ciudadanos afectados por las acciones abusivas e ilegales de que hayan sido víctimas. No hay mejor remedio que ese contra la impunidad.

El mejor remedio contra los abusos y la corrupción radica en las buenas prácticas, y no cabe duda alguna de que la defensa de los propios derechos es una de ellas.

Sin una actitud así, enérgica y generalizada, será difícil contener -imposible revertir- los progresos de la corrupción, en cuya matriz, no cabe duda, radica el abuso de poder.

Bueno es tener en cuenta que el combate a la corrupción podría tener por divisa aquellos viejos versos de Facundo Cabral, que bien resumen y gráficamente expresan lo que aquí se ha dicho: “Yo tengo dos enemigos, pues dos puntas tiene el mal: el hombre que pisa a otro y el que se deja pisar”.

¡Feliz semana!
18 Febrero 2018 04:09:00
La legitimidad democrática
En estas épocas electorales suele reciclarse la moda de hablar de democracia, elecciones, partidos y, recurrentemente, de “estado de derecho”; poco de legitimidad y sí mucho atribuyéndola al o a los gobernantes que ganaron en los comicios.

La verdad es que, a pesar de eso y de los ríos de tinta que han corrido sobre esos temas, poco es lo que se ha dilucidado y nada resuelto con claridad sobre ellos.

Las trampas del lenguaje mal empleado, otra vez, hacen de las suyas.

En primer lugar, creo necesario insistir en que, según yo lo veo, en el caso de la democracia se ha sustantivado un adjetivo destinado a calificar una característica del poder que, según es hoy generalizadamente aceptado, debe ser democrático, es decir, sustentado y destinado en su ejercicio al beneficio –que no al bienestar– de la comunidad y, por supuesto, de los seres humanos individuales que la integran.

Leo, en el artículo de Salvador Hernández Vélez intitulado Democracia a la Baja, una referencia al libro Contra las Elecciones. Cómo Salvar la Democracia, de David Van Reybrouck, en el que el autor del libro refiere cómo es que, a pesar de haberse incrementado enormemente el número de “democracias plenas”, en los últimos 10 años ha decrecido de manera notoria la confianza en los parlamentos, gobiernos y partidos políticos.

Atribuye esa circunstancia al “síndrome de fatiga democrática”, ocasionado, según él, al “fundamentalismo electoral”, que no es otra cosa que “idolatrar las elecciones”, mientras se desprecia a los elegidos, para concluir que es el sistema electoral el que falla, cuando en realidad es el gobierno electo el que lo hace.

Eso pasa, en eso acierta Reybrouck, porque lo común es que se confunda a la democracia con los procesos electorales, cuando que en realidad la democracia es un proceso continuo que debe manifestarse en el gobierno permanente e infaltablemente.

Gobernar es ejercer la soberanía, y en el “estado de derecho” eso implica que la principal función del Gobierno es emitir normas arraigadas en el consenso axiológico de la comunidad y apegarse a ellas rigurosamente durante su gestión.

Mal cuento es que los gobiernos no cumplan con los propósitos para los que se crearon como instituciones, pero todavía peor cuando actúan en sentido contrario, como ocurre cuando, lejos de garantizar los derechos y libertades fundamentales –razón suprema de su existencia– las contravienen, actuando precisamente como lo tienen prohibido y en el sentido contrario: vulnerándolos.

En épocas como la que vivimos, la idolatría del becerro de oro, revestido falsa, burdamente, de libertad, no es de extrañar que desde los centros de poder se pretenda la legitimidad se basa solo en procesos electorales, muchas veces de dudosa pulcritud incluso, y no se gane día a día en el ejercicio del gobierno en aras de satisfacer el genuino interés general.

Esa práctica, por infortunio cada vez más generalizada, es la causante del desencanto, no los métodos electorales, que no son sino procedimientos para designar a quienes deban representar los intereses comunitarios a la hora de legislar, juzgar y administrar los asuntos de la cosa pública.

Hay que retomar el sentido de las cosas y reconocer su función si no se quiere caer en las trampas de la confusión, que tan dañinas son para los más y tan benéficas para los pocos pescadores en tan revuelto río.

Como el mismo Reybrouck dice: “Estamos pasando de la centralidad a la descentralización; de lo vertical a lo horizontal; de una relación que iba de arriba a abajo a una relación que va de abajo a arriba. Hemos dedicado más de 100 años a crear esta sociedad centralizada, orientada de arriba a abajo y vertical. El modo de pensar se ha vuelto de revés. Por lo tanto, es preciso que desaprendamos y volvamos a aprender”.

La mayor barrera está en nuestra cabeza, dice Reybrouck. Puede que sí, pero creo que, sobre todo, en los intereses que quieren sacar provechos espurios de la situación.

11 Febrero 2018 04:06:00
Accesar a lo mandatado
¿Le gusta el título de este artículo? ¿Le parece escrito con corrección? A mí me parece horrendo y disparatado, pero lo utilicé por eso, para llamar la atención sobre apenas dos barbarismos que se han vuelto desgraciadamente usuales, especialmente en el habla de la política, no importa si es hecha por profesionales de ella, por integrantes del sector público o incluso la sociedad civil.

El lenguaje es un elemento sine qua non para expresar claramente lo que la mente ha concebido, por eso es necesario utilizarlo con corrección. Las palabras se convierten en acciones, moldean el pensamiento, lo proyectan y comunican, si están bien construidos los códigos lingüísticos que permiten emitir y recibir los mensajes.

El buen empleo del idioma, su vocabulario, su ortografía y su sintaxis, son un elemento imprescindible para construir la paz, el respeto, la inclusión y el orden que necesita la comunidad para perdurar y crecer en calidad. Bien lo dice el refrán: hablando se entiende la gente.

Si se utiliza mal, los efectos son nefastos, porque se producen entonces equívocos, errores, incomunicación y, en el extremo, la irritación y violencia que tan perniciosas resultan a la postre.

Por infortunio, una de las facetas más evidentes en la comunicación de nuestros días, aunque está entre las que menos atención reciben, es precisamente la de la distorsión y empobrecimiento del lenguaje, especialmente el que es empleado en los espacios públicos.

Una frase como la que sigue no es inusitada: “Es necesario accesar a niveles de vida dignos para que eventualmente todas y todos puedan gozar de la garantía de sus derechos, como mandata la Constitución. Por eso hacen falta gobernantes con conocimientos y la “expertise” (¿por qué no dicen “experiencia” o “pericia”?) necesaria para que, al final del día, se alcance ese objetivo”.

Accesar y mandatar no son verbos que existan en nuestra lengua; “eventual” es un vocablo de esos que se conocen como “falsos amigos”, porque engañan: escribiéndose igual y casi pronunciándose del mismo modo, significan cosas diferentes en inglés y en español; “al final del día” es un modismo usual entre los estadunidenses que equivale a nuestro “a fin de cuentas”.

Como esa, imaginaria (todo parecido con la realidad es mera coincidencia), hay muchas que se hacen presentes en la escena, prolijamente.

Poca concordancia sintáctica, empleo excesivo de barbarismos, una ortografía desastrosa, pero con seguridad quienes hablan así sienten que están innovando el discurso, cuando en realidad lo que hacen es confundir el mensaje y, por lo tanto, distorsionar la función del lenguaje.

¿Pasa eso por ignorancia, por pretender elevada cultura, o nada más porque existen confusión conceptual o vacíos de ideas impiden, de raíz, una expresión que sea correcta y clara, a fin de que se entienda el mensaje sin riesgos de malos entendimientos?

Cualquiera y todas pueden ser la causa. Lo cierto es que aporrear el lenguaje de esa manera no conduce a ningún buen puerto, sino al contrario, y por supuesto no adorna a quien lo dice y sí desdora la calidad de lo dicho.

Poca lectura y muchas redes sociales conducen a esa superficial cultura que, cuando se quiere profundizar en el saber, no alcanza para profundizar mucho.
Lo peor del caso es que la magia del lenguaje no sólo lo hace apto para entender y entenderse, sino que puede revertir ese efecto y, como si fuera una sutil venganza contra quien no lo respeta, se vuelve en su contra y acaba por confundirlo más de lo que ya estaba.

Si esa confusión trasciende, la situación puede volverse caótica, y campos como el de la política, ya de suyo complejos, conflictivos y densos, se tornan intransitables. ¿Qué decir de la educación cuando esa circunstancia impera?
Ineludible resulta la buena lectura, porque de ella se aprende. Las palabras generan hechos, construyen o destruyen, y los más queremos que sean constructivas, ordenadas y justas, no disparatadas como parece que vamos en camino de acostumbrarnos a que lo sean.

11 Febrero 2018 04:00:00
Accesar a lo mandatado
¿Le gusta el título de este artículo? ¿Le parece escrito con corrección? A mí me parece horrendo y disparatado, pero lo utilicé por eso, para llamar la atención sobre apenas dos barbarismos que se han vuelto desgraciadamente usuales, especialmente en el habla de la política, no importa si es hecha por profesionales de ella, por integrantes del sector público o incluso la sociedad civil.

El lenguaje es un elemento “sine qua non” para expresar claramente lo que la mente ha concebido, por eso es necesario utilizarlo con corrección. Las palabras se convierten en acciones, moldean el pensamiento, lo proyectan y comunican, si están bien construidos los códigos lingüísticos que permiten emitir y recibir los mensajes.

El buen empleo del idioma, su vocabulario, su ortografía y su sintaxis, son un elemento imprescindible para construir la paz, el respeto, la inclusión y el orden que necesita la comunidad para perdurar y crecer en calidad. Bien lo dice el refrán: hablando se entiende la gente.

Si se utiliza mal, los efectos son nefastos, porque se producen entonces equívocos, errores, incomunicación y, en el extremo, la irritación y violencia que tan perniciosos resultan a la postre.

Por infortunio, una de las facetas más evidentes en la comunicación de nuestros días, aunque está entre las que menos atención reciben, es precisamente la de la distorsión y empobrecimiento del lenguaje, especialmente el que es empleado en los espacios públicos.

Una frase como la que sigue no es inusitada: “Es necesario accesar a niveles de vida dignos para que eventualmente todas y todos puedan gozar de la garantía de sus derechos, como mandata la constitución. Por eso hacen falta gobernantes con conocimientos y la “expertise” (¿por qué no dicen “experiencia” o “pericia”?) necesaria para que, al final del día, se alcance ese objetivo”.

Accesar y mandatar no son verbos que existan en nuestra lengua; “eventual” es un vocablo de esos que se conocen como “falsos amigos”, porque engañan: escribiéndose igual y casi pronunciándose del mismo modo, significan cosas diferentes en inglés y en español; “al final del día” es un modismo usual entre los estadounidenses que equivale a nuestro “a fin de
cuentas”.

Como esa, imaginaria (todo parecido con la realidad es mera coincidencia), hay muchas que se hacen presentes en la escena, prolijamente.

Poca concordancia sintáctica, empleo excesivo de barbarismos, una ortografía desastrosa, pero con seguridad quienes hablan así sienten que están innovando el discurso, cuando en realidad lo que hacen es confundir el mensaje y, por lo tanto, distorsionar la función del lenguaje.

¿Pasa eso por ignorancia, por pretender elevada cultura, o nada más porque existen confusión conceptual o vacíos de ideas impiden, de raíz, una expresión que sea correcta y clara, a fin de que se entienda el mensaje sin riesgos de malos entendimientos?

Cualquiera y todas pueden ser la causa. Lo cierto es que aporrear el lenguaje de esa manera no conduce a ningún buen puerto, sino al contrario, y por supuesto no adorna a quien lo dice y sí desdora la calidad de lo dicho.

Poca lectura y muchas redes sociales conducen a esa superficial cultura que, cuando se quiere profundizar en el saber, no alcanza para profundizar mucho.

Lo peor del caso es que la magia del lenguaje no solo lo hace apto para entender y entenderse, sino que puede revertir ese efecto y, como si fuera una sutil venganza contra quien no lo respeta, se vuelve en su contra y acaba por confundirlo más de lo que ya estaba.

Si esa confusión trasciende, la situación puede volverse caótica, y campos como el de la política, ya de suyo complejos, conflictivos y densos, se tornan intransitables. ¿Qué decir de la educación cuando esa circunstancia impera?

Ineludible resulta la buena lectura, porque de ella se aprende. Las palabras generan hechos, construyen o destruyen, y los más queremos que sean constructivas, ordenadas y justas, no disparatadas como parece que vamos en camino de acostumbrarnos a
que lo sean.
04 Febrero 2018 04:00:00
Política, acción pública y democracia
Si la política es cuestión de convicciones y valores, la democracia es gobierno que los procura a través de acciones congruentes, bien programadas y apegadas a la norma, porque de no observarse esta última, el “estado de derecho” cedería su lugar a la demagogia, como lamentablemente ha ocurrido tan frecuentemente en nuestro país y en otras latitudes.



Por eso importa tener en cuenta la participación social en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, que no son otra cosa que la ordenación de los asuntos propios de la comunidad en orden a propósitos específicos que para bien de ella deban procurarse, aunque en la conducción de las actividades corresponda al gobierno la conducción de las acciones emprendidas con ese objetivo.



Por esa razón, las políticas públicas se traducen en planes y programas congruentes, que parten de diagnósticos bien elaborados y sustentados en las condiciones reales de que se parte, para poder llegar al modelo de lo que se quiere ser en el futuro, lo que demanda estrategias, tácticas actividades y acciones que permitan la transformación deseada y prevista.



El pasado martes 30 de enero se convocó en Coahuila a la consulta para diseñar el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2023, y en el evento de arranque fue relevante el discurso que pronunció, en representación de la sociedad civil del estado, el maestro Héctor Gil Müller, director del campus en Saltillo de la Universidad Autónoma del Noreste.



Discurso fue ese de muchos méritos y bien merece ser leído por quienes no oyeron decirlo tan bien como lo hizo el maestro Gil, pero creo que su núcleo, la más relevante parte respecto de las políticas públicas es aquella que se refiere a las virtudes cívicas necesarias para el progreso de toda república.



Dijo al respecto Gil Müller: “Hoy nos encontramos frente la apertura de estos foros, que deben ser exitosos, en la medida que la propia ciudadanía participe y se involucre en la vida pública. Platón describió́ al ciudadano capaz de enaltecer a su sociedad, (sophia, sofrosine, osiotes, dikayusine, andreia) es decir; sabio, fuerte, piadoso, justo y valiente y esas cinco virtudes eran fortalecidas por la participación. Ese era el objetivo de la virtud convertirse en un buen ciudadano. La democracia nunca debe ser silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y los medios para resolverlos ante la ciudadanía. Si parafraseo a Alfred Smith, aquel político americano debo decir que todos los males de la participación ciudadana pueden curarse con más participación ciudadana”.



De ello depende, concuerdo, que se alcancen civilizadamente los consensos sin los cuales, expresados y recogidos conforme al orden jurídico, es imposible estructurar un gobierno apto, legítimo y respetuoso de las instituciones y los ciudadanos, en cuyo reconocimiento encuentre la fuerza necesaria para cumplir con su cometido.



“He visto muchas crisis, por aquello que ve mucho el que camina, por más distraído que sea y sé que la peor de las crisis siempre es ocasionada por el incumplimiento de nuestro menester, por no mantenernos diligentes en el oficio celosamente encargado. Nos toca a nosotros participar, proponer, asumir y enfatizar para prever lo que Coahuila será”, dijo el orador, y tiene razón, porque en la medida en que cada quien asuma sus responsabilidades, con sentido de solidaridad cívica, el camino será más claro y el caminar por el más firme y duradero.



Es hora de emprender juntos, y bien, este tramo de la vida pública con visión clara del destino que queremos, la motivación que solo la vocación compartida puede ofrecer, y la dignidad que la empresa demanda.



La amplia participación ciudadana es vital, porque, como dijo el Quijote y atinadamente recordó Gil Müller en el evento, “mejorar y cambiar la sociedad que tenemos por aquella que deseamos no es locura o utopía, es justicia”.
04 Febrero 2018 03:00:00
Política, acción pública y democracia
Si la política es cuestión de convicciones y valores, la democracia es Gobierno que los procura a través de acciones congruentes, bien programadas y apegadas a la norma, porque de no observarse esta última, el “estado de derecho” cedería su lugar a la demagogia, como lamentablemente ha ocurrido tan frecuentemente en nuestro país y en otras
latitudes.

Por eso importa tener en cuenta la participación social en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, que no son otra cosa que la ordenación de los asuntos propios de la comunidad en orden a propósitos específicos que para bien de ella deban procurarse, aunque en la conducción de las actividades corresponda al Gobierno la conducción de las acciones emprendidas con ese objetivo.

Por esa razón, las políticas públicas se traducen en planes y programas congruentes, que parten de diagnósticos bien elaborados y sustentados en las condiciones reales de que se parte, para poder llegar al modelo de lo que se quiere ser en el futuro, lo que demanda estrategias, tácticas actividades y acciones que permitan la transformación deseada y prevista.

El pasado martes 30 de enero se convocó en Coahuila a la consulta para diseñar el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2023, y en el evento de arranque fue relevante el discurso que pronunció, en representación de la sociedad civil del estado, el maestro Héctor Gil Müller, director del campus en Saltillo de la Universidad Autónoma del
Noreste.

Discurso fue ese de muchos méritos y bien merece ser leído por quienes no oyeron decirlo tan bien como lo hizo el maestro Gil, pero creo que su núcleo, la más relevante parte respecto de las políticas públicas es aquella que se refiere a las virtudes cívicas necesarias para el progreso de toda república.

Dijo al respecto Gil Müller: “Hoy nos encontramos frente la apertura de estos foros, que deben ser exitosos, en la medida que la propia ciudadanía participe y se involucre en la vida pública. Platón describió al ciudadano capaz de enaltecer a su sociedad, sophia, sofrosine, osiotes, dikayusine, andreia es decir; sabio, fuerte, piadoso, justo y valiente y esas cinco virtudes eran fortalecidas por la participación. Ese era el objetivo de la virtud, convertirse en un buen ciudadano. La democracia nunca debe ser silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y los medios para resolverlos ante la ciudadanía. Si parafraseo a Alfred Smith, aquel político americano debo decir que todos los males de la participación ciudadana pueden curarse con más participación ciudadana”.

De ello depende, concuerdo, que se alcancen civilizadamente los consensos sin los cuales, expresados y recogidos conforme al orden jurídico, es imposible estructurar un gobierno apto, legítimo y respetuoso de las instituciones y los ciudadanos, en cuyo reconocimiento encuentre la fuerza necesaria para cumplir con su cometido.

“He visto muchas crisis, por aquello que ve mucho el que camina, por más distraído que sea y sé que la peor de las crisis siempre es ocasionada por el incumplimiento de nuestro menester, por no mantenernos diligentes en el oficio celosamente encargado. Nos toca a nosotros participar, proponer, asumir y enfatizar para prever lo que Coahuila será”, dijo el orador, y tiene razón, porque en la medida en que cada quien asuma sus responsabilidades, con sentido de solidaridad cívica, el camino será más claro y el caminar por el más firme y duradero.

Es hora de emprender juntos, y bien, este tramo de la vida pública con visión clara del destino que queremos, la motivación que sólo la vocación compartida puede ofrecer y la dignidad que la empresa demanda.

La amplia participación ciudadana es vital, porque, como dijo el Quijote y atinadamente recordó Gil Müller en el evento, “mejorar y cambiar la sociedad que tenemos por aquella que deseamos no es locura o utopía, es justicia”.
28 Enero 2018 04:09:00
El derecho fundamental al desarrollo sustentable
Las noticias proliferan: inundaciones graves en lugares donde no habían ocurrido, debido a las inusitadas lluvias; sequías en cuencas que en otro tiempo fueron de fértiles tierras; tsunamis y terremotos por todos lados, cada vez más intensos.

El calentamiento global es un hecho cuyas consecuencias ya nos alcanzaron, y no viene mal recordar que no fue sino hasta finales del siglo 20 que el mundo cobró conciencia de que la explotación intensiva y despiadada de los recursos naturales, la producción de sustancias que resultaron nocivas y algunas otras causas convergentes, estaban causando –como lo siguen haciendo– daños irreparables al medio ambiente. Fue la realidad, y no la convicción, la que hizo llegar hasta la ONU la preocupación por resolver la contradicción entre las necesidades de insumos para el desarrollo económico y la de preservar la biodiversidad en el mundo.

El 16 de junio de 1972 se celebró en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, al término de la cual se emitió la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, que entre otras cosas reconoce y proclama que “el hombre es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral social y espiritualmente”.

En ella se afirma, con razón, que “el hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras”.

Por eso reconoce también que la protección y mejoramiento del medio ambiente es un derecho fundamental de los seres humanos y que se ha vuelto un asunto de atención urgente que tiene por contrapartida el deber de todos los gobiernos de aplicar las medidas necesarias a fin de revertir el proceso del deterioro y proveer, en cambio, a la recuperación medioambiental y de la biodiversidad.

Frente a esa emergencia –la situación había llegado a ser crítica– la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó, en 1984, a la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo a fin de que estableciera una agenda global para el cambio, y fue en 1987 que esa comisión emitió su reporte, en el que se hace énfasis en la pretensión de encontrar vías para crecer económicamente, diseñando e instrumentando políticas públicas que no sólo dieran pie al mantenimiento y conservación de los recursos ambientales, sino también a su expansión.
Tras estudiar diversos modelos de desarrollo y constatar que por regla general conducían a generar pobreza y degradación ambiental, propuso buscar la manera de instrumentar un modelo que se basara en un nuevo concepto de desarrollo, al que denominó “desarrollo sustentable” y definió como el “desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”.

El “futuro común” al que desde el informe se aspira depende, según detectó la comisión, de acciones políticas vigorosas y generalizadas, capaces de impulsar un más adecuado manejo de los recursos ambientales, para garantizar un progreso humano sostenible que fuera, al mismo tiempo, apto para garantizar la supervivencia del ser humano en la tierra.

A pesar del avance que representa en sí mismo el hecho de considerar la urgencia de atender coordinadamente el problema, las medidas, públicas y privadas, necesarias para remediarlo no se ven próximas, con suficiencia, en el horizonte de la acción concertada que debe nutrir la eficacia de toda política pública.
¿Se verán adoptadas dichas medidas a tiempo, así sea por puro instinto de supervivencia?
28 Enero 2018 04:00:00
El derecho fundamental al desarrollo sustentable
Las noticias proliferan: inundaciones graves en lugares donde no habían ocurrido, debido a las inusitadas lluvias; sequías en cuencas que en otro tiempo fueron de fértiles tierras; tsunamis y terremotos por todos lados, cada vez más intensos.

El calentamiento global es un hecho cuyas consecuencias ya nos alcanzaron, y no viene mal recordar que no fue sino hasta finales del siglo XX que el mundo cobró conciencia de que la explotación intensiva y despiadada de los recursos naturales, la producción de sustancias que resultaron nocivas y algunas otras causas convergentes, estaban causando -como lo siguen haciendo- daños irreparables al medio ambiente. Fue la realidad, y no la convicción, la que hizo llegar hasta la ONU la preocupación por resolver la contradicción entre las necesidades de insumos para el desarrollo económico y la de preservar la biodiversidad en el mundo.

El 16 de junio de 1972 se celebró en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, al término de la cual se emitió la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, que entre otras cosas reconoce y proclama que “El hombre es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo rodea, el cual le da el sustento material le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral social y espiritualmente”.

En ella se afirma, con razón, que “El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras”.

Por eso reconoce también que la protección y mejoramiento del medio ambiente es un derecho fundamental de los seres humanos y que se ha vuelto un asunto de atención urgente que tiene por contrapartida el deber de todos los gobiernos de aplicar las medidas necesarias a fin de revertir el proceso del deterioro y proveer, en cambio, a la recuperación medioambiental y de la biodiversidad.

Frente a esa emergencia -la situación había llegado a ser crítica- la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó, en 1984, a la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo a fin de que estableciera una agenda global para el cambio, y fue en 1987 que esa comisión emitió su reporte, en el que se hace énfasis en la pretensión encontrar vías para crecer económicamente, diseñando e instrumentando políticas públicas que no solo dieran pie al mantenimiento y conservación de los recursos ambientales, sino también a su expansión.

Tras estudiar diversos modelos de desarrollo y constatar que por regla general conducían a generar pobreza y degradación ambiental, propuso buscar la manera de instrumentar un modelo que se basara en un nuevo concepto de desarrollo, al que denominó “desarrollo sustentable” y definió como el “desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”.

El “futuro común” al que desde el informe se aspira depende, según detectó la comisión, de acciones políticas vigorosas y generalizadas, capaces de impulsar un más adecuado manejo de los recursos ambientales, para garantizar un progreso humano sostenible que fuera, al mismo tiempo, apto para la garantizar la supervivencia del ser humano en la tierra.

A pesar del avance que representa en sí mismo el hecho de considerar la urgencia de atender coordinadamente el problema, las medidas, públicas y privadas, necesarias para remediarlo no se ven próximas, con suficiencia, en el horizonte de la acción concertada que debe nutrir la eficacia de toda política pública.

¿Se verán adoptadas a tiempo, así sea por puro instinto de supervivencia?
21 Enero 2018 04:06:00
De la sumisión a la simulación
En los lugares donde se asienta la cultura de la sumisión, una de las consecuencias, y no la menos perniciosa, es la simulación que se apodera de las relaciones sociales en general, pero muy especialmente de las de naturaleza política.

En primer lugar, porque la creciente conciencia de las personas, en el nivel global, de su valor en tanto que seres humanos iguales en dignidad por su propia naturaleza, obliga a las clases dominantes a diseñar y aplicar sofisticados esquemas de propaganda y convencimiento para fingir que todo lo que hacen es en beneficio de la comunidad, única destinataria de sus altruistas preocupaciones.

En segundo lugar, porque nadie que esté en sus cabales se siente cómodo siendo sumiso, y para justificar esa conducta en principio incómoda, suele acudirse al expediente de autoconvencerse de que el pragmatismo adoptado, tan genuino o espurio como se quiera, representa ideales de los que, revestidos de un ropaje ideológico, es pertinente apropiarse.

La jerarquía de la dominación requiere que sus decisiones sean acatadas y ejecutadas a la perfección y con la menor resistencia posible. Por eso se vale del adoctrinamiento.

La disciplina es imprescindible para mantener e incrementar el poder sobre cada vez más seguidores, tanto como mantener la cohesión del grupo integrado así para asegurar la eficiencia y eficacia de las consignas de la cúspide. Si no es así, el sistema de dominación se desmorona.

Poco a poco las normas objetivas y manifiestas van cayendo en desuso y ocupan su lugar esas que se han conocido como “reglas no escritas”, creadas a su modo por las redes de poder gobernantes a modo de su conveniencia.

En un mundo en el que prevalece la codicia –de poder y de dinero, que cuando se unen potencian recíprocamente sus capacidades de dominación– la convicción y las necesidades de supervivencia son campo propicio para el cultivo del engaño y los métodos de persuasión oculta y extralógica.

Se ha llegado incluso a proponer una teoría sobre pretendidas “facultades metaconstitucionales”, y no por juristas neófitos o ignorantes, sino por el contrario, profesores universitarios de relieve internacional, cuyas doctrinas han generado escuela.

Hemos llegado al grado de que sea reconocido –si no de modo público, cuando menos sin mucho recato– que hay cuestiones que son jurídicamente correctas, pero políticamente inconvenientes, queriendo así justificar así acciones que de una manera u otra se apartan del orden jurídico.

Es así como se ha desarrollado un sistema de doble moral que en nada propicia, sino al contrario, el sano y correcto desarrollo de los valores humanísticos que tanto se echan de menos en estos tiempos.

El engaño y el miedo se han vuelto armas de poder mucho más usuales y atendidas de lo conveniente, y en el quehacer gubernamental las instituciones se confunden y desaparece, para todo efecto práctico relevante, la división de poderes, mientras que los ciudadanos, que se convirtieron en eso después de haber sido súbditos, vuelven a serlo inconfesadamente bajo las formas clientelares en uso.

Eso pasó durante el porfiriato –flaca es casi siempre la memoria histórica– y ha pasado antes y después en muchas partes del mundo, que siguen viendo lejano el desarrollo.

Esas son prácticas que será necesario desterrar más temprano que tarde, porque ese doble tinglado sólo conduce a la confusión –la que no es extraño que alcance a los mismos que la producen– y, en última instancia, al cinismo convenenciero, en contra de los más elementales presupuestos lógicos de la vida en comunidad.

Afortunadamente, la reacción de las corrientes favorables a las libertades y derechos fundamentales, por definición opuestas a esa concentración y abuso del poder, se ha extendido e intensificado a lo largo y ancho del mundo, pero es necesario que se consoliden e integren bien, porque ya los poderes fácticos maniobran para adueñarse de sus banderas y tienden a neutralizarlas y reconducirlas en su beneficio.

Los gobiernos que quieran ser legítimos no deberían pasar por alto esta situación.
21 Enero 2018 04:00:00
De la sumisión a la simulación
En los lugares donde se asienta la cultura de la sumisión una de las consecuencias, y no la menos perniciosa, es la simulación que se apodera de las relaciones sociales en general, pero muy especialmente de las de naturaleza política.

En primer lugar, porque la creciente conciencia de las personas, en el nivel global, de su valor en tanto que seres humanos iguales en dignidad por su propia naturaleza, obliga a las clases dominantes a diseñar y aplicar sofisticados esquemas de propaganda y convencimiento para fingir que todo lo que hacen es en beneficio de la comunidad, única destinataria de sus altruistas preocupaciones.

En segundo lugar, porque nadie que esté en sus cabales se siente cómodo siendo sumiso, y para justificar esa conducta en principio incómoda, suele acudirse al expediente de autoconvencerse de que el pragmatismo adoptado, tan genuino o espurio como se quiera, representa ideales de los que, revestidos de un ropaje ideológico, es pertinente apropiarse.

La jerarquía de la dominación requiere que sus decisiones sean acatadas y ejecutadas a la perfección y con la menor resistencia posible. Por eso se vale del adoctrinamiento.

La disciplina es imprescindible para mantener e incrementar el poder sobre cada vez más seguidores, tanto como mantener la cohesión del grupo integrado así para asegurar la eficiencia y eficacia de las consignas de la cúspide. Si no es así, el sistema de dominación se desmorona.

Poco a poco las normas objetivas y manifiestas van cayendo en desuso y ocupan su lugar esas que se han conocido como “reglas no escritas”, creadas a su modo por las redes de poder gobernantes a modo de su conveniencia.

En un mundo en el que prevalece la codicia -de poder y de dinero, que cuando se unen potencian recíprocamente sus capacidades de dominación- la convicción y las necesidades de supervivencia son campo propicio para el cultivo del engaño y los métodos de persuasión oculta y extralógica.

Se ha llegado incluso a proponer una teoría sobre pretendidas “facultades metaconstitucionales”, y no por juristas neófitos o ignorantes, sino por el contrario, profesores universitarios de relieve internacional, cuyas doctrinas han generado escuela.

Hemos llegado al grado de que sea reconocido -si no de modo público, cuando menos sin mucho recato- que hay cuestiones que son jurídicamente correctas, pero políticamente inconvenientes, queriendo así justificar así acciones que de una manera u otra se apartan del orden jurídico.

Es así como se ha desarrollado un sistema de doble moral que en nada propicia, sino al contrario, el sano y correcto desarrollo de los valores humanísticos que tanto se echan de menos en estos tiempos.

El engaño y el miedo se han vuelto armas de poder mucho más usuales y atendidas de lo conveniente, y en el quehacer gubernamental las instituciones se confunden y desaparece, para todo efecto práctico relevante, la división de poderes, mientras que los ciudadanos, que se convirtieron en eso después de haber sido súbditos, vuelven a serlo inconfesadamente bajo las formas clientelares en uso.

Eso pasó durante el porfiriato -flaca es casi siempre la memoria histórica- y ha pasado antes y después en muchas partes del mundo, que siguen viendo lejano el desarrollo.

Esas son prácticas que será necesario desterrar más temprano que tarde, porque ese doble tinglado solo conduce a la confusión -la que no es extraño que alcance a los mismos que la producen- y, en última instancia, al cinismo convenenciero, en contra de los más elementales presupuestos lógicos de la vida en comunidad.

Afortunadamente, la reacción de las corrientes favorables a las libertades y derechos fundamentales, por definición opuestas a esa concentración y abuso del poder, se ha extendido e intensificado a lo largo y ancho del mundo, pero es necesario que se consoliden e integren bien, porque ya los poderes fácticos maniobran para adueñarse de sus banderas y tienden a neutralizarlas y reconducirlas en su beneficio.

Los gobiernos que quieran ser legítimos no deberían pasar por alto esta situación.
14 Enero 2018 04:00:00
La sumisión como cultura
Unos dicen que el principal problema de México es la corrupción, otros que la impunidad y que por esta última existen la primera y la galopante inseguridad.

Imposible sería ignorar esos problemas; son expresiones del grave cáncer social que afecta a nuestro país.

Creo, sin embargo, que una raíz más profunda del mal se encuentra en la manera de enfrentar los problemas de la comunidad, cuya solución se suele esperar del tlatoani en turno, el monarca sexenal a quien se responsabiliza de hacerlo.

Ese esquema es perceptible lo mismo en el nivel general del país que en el que corresponde a cada estado y, si mucho es el apremio y toda proporción guardada, también en el municipal.

Por eso cada seis años renacen las esperanzas y las campañas, cuando no se centran en el ataque y la diatriba, se nutren de promesas u ofrecimientos difícilmente sustentables, en términos de propaganda, en planes y programas puntualmente elaborados.

No hacen falta; lo que se requiere es una buena campaña publicitaria que sea capaz de vender una esperanza para los votantes, que han asumido, gracias a una hegemonía que ha durado mucho más que setenta años, como algunos pretenden, porque en la realidad de los hechos ha estado presente a lo largo de toda la historia.

Hay quien se la atribuye a un solo partido, pero la verdad es que hubo alternancia, y podrá darse otra vez, sin que las cosas hayan cambiado o den visos de que cambiarán.

De hecho, al escuchar las promesas de unos y otros, se oyen cosas como aquella de “no subiré los impuestos”, en boca de los aspirantes a ocupar el poder ejecutivo -unipersonal por definición- mientras que el establecimiento de contribuciones, constitucionalmente, corresponde a los poderes legislativos.

Cuando alguno ganó la contienda federal, se oyeron también cosas como esta: “Ajustaré todos mis actos a derecho; por eso he iniciado ya reformas a la constitución…”, con la certeza plena de que el órgano a cargo de la confección del traje jurídico que se había mandado a hacer a la medida cumpliría fielmente con lo requerido, e igualmente habría de pasar con las leyes así pensadas y confeccionadas desde el centro decisorio.

Es un problema estructural que parte del origen mismo de nuestras instituciones en 1821, cuando intentó instaurarse el llamado “primer imperio”, pero se acendró al asumir el régimen presidencial diseñado por los entonces recién nacido Estados Unidos de América, que lo que a su vez hicieron fue adaptar las características del rey al régimen republicano, para depositarlas en un órgano ejecutivo unipersonal, “republicanizando” al rey, para ponerlo con claridad diáfana.

La tradición anglosajona del “rule of law”, por la que se establece que gobierna el derecho y no los seres humanos, era ancestral y por eso la solución de los “padres fundadores” encontró mejores condiciones para funcionar en el esquema de división de poderes.

Aquí no ha sido así. Ya sea por la tradición absolutista de las dos culturas políticas de cuyo encuentro nació México, o por cualquier otra causa, lo cierto es que en nuestro país la supeditación plena al “Supremo Poder Ejecutivo” (así lo llama la constitución) ha sentado sus reales para todo efecto práctico, y en nuestro “federalismo de espejo” se reproduce también en los estados.

Eso ha dado lugar a la instauración de un esquema paternalista de gobierno que ha redundado en la dilución del sentido de responsabilidad entre los ciudadanos, los que esperan que las soluciones caigan en cascada, en vez de buscarlas juntos y desde abajo, en real solidaridad y con absoluta honradez (no la hay “relativa”).

La “monarquía republicanizada” ha permeado nuestra cultura y en ella ha convertido al “estado de derecho” en un “estado providencial”, que no puede subsistir más allá de la imaginación y la demagogia.

Eso es algo que debería tenerse presente siempre, si es que de verdad se quiere enderezar el rumbo hacia el elusivo desarrollo que decimos pretender.
14 Enero 2018 03:00:00
La sumisión como cultura
Unos dicen que el principal problema de México es la corrupción, otros que la impunidad y que por esta última existen la primera y la galopante inseguridad.

Imposible sería ignorar esos problemas; son expresiones del grave cáncer social que afecta a nuestro país.

Creo, sin embargo, que una raíz más profunda del mal se encuentra en la manera de enfrentar los problemas de la comunidad, cuya solución se suele esperar del tlatoani en turno, el monarca sexenal a quien se responsabiliza de hacerlo.

Ese esquema es perceptible, lo mismo en el nivel general del país que en el que corresponde a cada estado y, si mucho es el apremio y toda proporción guardada, también en el municipal.

Por eso cada seis años renacen las esperanzas y las campañas, cuando no se centran en el ataque y la diatriba se nutren de promesas u ofrecimientos difícilmente sustentables, en términos de propaganda, en planes y programas puntualmente elaborados.

No hacen falta; lo que se requiere es una buena campaña publicitaria que sea capaz de vender una esperanza para los votantes, que han asumido gracias a una hegemonía que ha durado mucho más que 70 años, como algunos pretenden, porque en la realidad de los hechos ha estado presente a lo largo de toda la historia.

Hay quien se la atribuye a un solo partido, pero la verdad es que hubo alternancia, y podrá darse otra vez, sin que las cosas hayan cambiado o den visos de que cambiarán.

De hecho, al escuchar las promesas de unos y otros, se oyen cosas como aquella de “no subiré los impuestos”, en boca de los aspirantes a ocupar el Poder Ejecutivo –unipersonal por definición– mientras que el establecimiento de contribuciones, constitucionalmente, corresponde a los poderes legislativos.

Cuando alguno ganó la contienda federal, se oyeron también cosas como esta: “Ajustaré todos mis actos a derecho; por eso he iniciado ya reformas a la Constitución…”, con la certeza plena de que el órgano a cargo de la confección del traje jurídico que se había mandado a hacer a la medida cumpliría fielmente con lo requerido, e igualmente habría de pasar con las leyes así pensadas y confeccionadas desde el centro decisorio.

Es un problema estructural que parte del origen mismo de nuestras instituciones en 1821, cuando intentó instaurarse el llamado “primer imperio”, pero se acendró al asumir el régimen presidencial diseñado por los entonces recién nacido Estados Unidos de América, que lo que a su vez hicieron fue adaptar las características del rey al régimen republicano, para depositarlas en un órgano ejecutivo unipersonal, “republicanizando” al rey, para ponerlo con claridad diáfana.

La tradición anglosajona del “rule of law”, por la que se establece que gobierna el derecho y no los seres humanos, era ancestral y por eso la solución de los “padres fundadores” encontró mejores condiciones para funcionar en el esquema de división de poderes.

Aquí no ha sido así. Ya sea por la tradición absolutista de las dos culturas políticas de cuyo encuentro nació México, o por cualquier otra causa, lo cierto es que en nuestro país la supeditación plena al “Supremo Poder Ejecutivo” (así lo llama la Constitución) ha sentado sus reales para todo efecto práctico, y en nuestro “federalismo de espejo” se reproduce también en los estados.

Eso ha dado lugar a la instauración de un esquema paternalista de gobierno que ha redundado en la dilución del sentido de responsabilidad entre los ciudadanos, los que esperan que las soluciones caigan en cascada, en vez de buscarlas juntos y desde abajo, en real solidaridad y con absoluta honradez (no la hay “relativa”).

La “monarquía republicanizada” ha permeado nuestra cultura y en ella ha convertido al “estado de derecho” en un “estado providencial”, que no puede subsistir más allá de la imaginación y la demagogia. Eso es algo que debería tenerse presente siempre, si es que de verdad se quiere enderezar el rumbo hacia el elusivo desarrollo que decimos pretender.
07 Enero 2018 04:07:00
A contrapelo: 2018
Cada año que inicia se abre una ventana de esperanza, un deseo de renuevo que, al paso del tiempo y conforme la vuelta al sol sigue su curso, se va opacando, para terminar por lo regular en medio de nubarrones, depresión, pesimismo y lamentos sin fin.

El tránsito en el calendario de este momento no es muy diferente. La cuesta de enero va siendo ominosa, con “gasolinazos”, reveses a la economía de los más y, por si eso fuera poco, el año que inicia es heredero del riesgo de sufrir los quebrantos económicos que seguirían a una revisión desventajosa del tratado de libre comercio, que alguna estabilidad macroeconómica ha proporcionado a México, a pesar de todo.

Persisten, además, las insultantes asimetrías en el acceso a los medios para satisfacer las necesidades vitales de los más, y la brecha con los ricos se hace mayor en la medida que las clases medias se empobrecen, mientras aquéllos aumentan sus caudales. El llamado “combate a la pobreza” no ha obtenido, en el papel, sino resultados marginales.

Por si eso fuera poco y a pesar del discurso oficial, la corrupción persiste y hasta da muestras de incrementarse y extenderse, en medio del despliegue de medidas, mecanismos y la creación de complejas e ineficientes estructuras que dicen querer combatirla.

La danza de los millones que se gastan en campañas que, se dice, no existen, no es deleznable y, como se ha vuelto costumbre, aún antes de comenzar la contienda ya el ejercicio por ganar votos derivó en denuestos y ataques personales, en lugar de la formulación de propuestas viables, a cabalidad democráticas y con la mira puesta, ya no se diga en la justicia, siquiera en la decencia a la hora de gobernar.

El orden y la paz públicos, desquiciados en muy extensas zonas del país de manera muy grave, tampoco son óptimos en el resto del territorio. La retórica sobre estos temas es rica en cálculos optimistas, pero las Fuerzas Armadas siguen en las calles realizando labores policiacas y, para peor, lo hacen sin un sustento legal claro y apegado a los mecanismos constitucionales, por deficiencias en la toma de decisiones políticas del mando civil, al que le ha faltado determinación para declarar, donde y cuando ha hecho falta, el estado de excepción que hoy quiere hacer regla mediante la polémica Ley de Seguridad Interior recientemente emitida.

La molicie de quien gestiona la cosa pública seguirá impulsando, para responder de la manera más fácil posible a las presiones internacionales, leyes que no se cumplen, ni se adaptan siempre a las realidades, valores y raíces históricas de este país, en vez de buscar en ellas lo mejor de nuestra identidad para cimentar el desarrollo cívico que se ha abandonado.

Continuará el desmantelamiento impío e irreflexivo del sistema, el federal, que ofrece garantías de libertad y democracia que no se producen en el centralismo nefasto que ha sentado sus reales en la política mexicana.

¿Exceso de pesimismo? No, realismo, diría yo, lo que no impedirá, aunque lo dificulte, pugnar por redefinir el rumbo de un país, el nuestro que, tras de doscientos años de pretender ser independiente no atina a librarse de esos vicios ancestrales que lo mantienen en el ostracismo del subdesarrollo humano, no solo económico.

Ya se ha vuelto un lugar común aquella expresión atribuida a Einstein que dice: “si haces siempre lo mismo, no esperes resultados distintos”.

¿Hay en verdad voluntad de que las cosas cambien? No persistamos en las prácticas que tienen al país en el estado de cosas que tanto pesan y agravian a su gente.

Solo así podrá pensase en un año y una vida mejor de la que pueda alcanzarse con nada más que buenos deseos.

Por esas razones, en vez de lanzar buenos deseos al aire, los votos que formulo son por que este año sea bueno para todos y marque el inicio, para bien, del cambio necesario.
07 Enero 2018 04:00:00
Primera Nota 2018
Cada año que inicia se abre una ventana de esperanza, un deseo de renuevo que, al paso del tiempo y conforme la vuelta al sol sigue su curso, se va opacando, para terminar por lo regular en medio de nubarrones, depresión, pesimismo y lamentos sin fin.

El tránsito en el calendario de este momento no es muy diferente. La cuesta de enero va siendo ominosa, con “gasolinazos”, reveses a la economía de los más y, por si eso fuera poco, el año que inicia es heredero del riesgo de sufrir los quebrantos económicos que seguirían a una revisión desventajosa del tratado de libre comercio, que alguna estabilidad macroeconómica ha proporcionado a México, a pesar de todo.

Persisten, además, las insultantes asimetrías en el acceso a los medios para satisfacer las necesidades vitales de los más, y la brecha con los ricos se hace mayor en la medida que las clases medias se empobrecen, mientras aquellos aumentan sus caudales. El llamado “combate a la pobreza” no ha obtenido, en el papel, sino resultados marginales.

Por si eso fuera poco y a pesar del discurso oficial, la corrupción persiste y hasta da muestras de incrementarse y extenderse, en medio del despliegue de medidas, mecanismos y la creación de complejas e ineficientes estructuras que dicen querer combatirla.

La danza de los millones que se gastan en campañas que, se dice, no existen, no es deleznable y, como se ha vuelto costumbre, aún antes de comenzar la contienda ya el ejercicio por ganar votos derivó en denuestos y ataques personales, en lugar de la formulación de propuestas viables, a cabalidad democráticas y con la mira puesta, ya no se diga en la justicia, siquiera en la decencia a la hora de gobernar.

El orden y la paz públicos, desquiciados en muy extensas zonas del país de manera muy grave, tampoco son óptimos en el resto del territorio. La retórica sobre estos temas es rica en cálculos optimistas, pero las fuerzas armadas siguen en las calles realizando labores policiacas y, para peor, lo hacen sin un sustento legal claro y apegado a los mecanismos constitucionales, por deficiencias en la toma de decisiones políticas del mando civil, al que le ha faltado determinación para declarar, donde y cuando ha hecho falta, el estado de excepción que hoy quiere hacer regla mediante la polémica Ley de Seguridad Interior recientemente emitida.

La molicie de quien gestiona la cosa pública seguirá impulsando, para responder de la manera más fácil posible a las presiones internacionales, leyes que no se cumplen, ni se adaptan siempre a las realidades, valores y raíces históricas de este país, en vez de buscar en ellas lo mejor de nuestra identidad para cimentar el desarrollo cívico que se ha abandonado.

Continuará el desmantelamiento impío e irreflexivo del sistema, el federal, que ofrece garantías de libertad y democracia que no se producen en el centralismo nefasto que ha sentado sus reales en la política mexicana.

¿Exceso de pesimismo? No, realismo, diría yo, lo que no impedirá, aunque lo dificulte, pugnar por redefinir el rumbo de un país, el nuestro que, tras de doscientos años de pretender ser independiente no atina a librarse de esos vicios ancestrales que lo mantienen en el ostracismo del subdesarrollo humano, no solo económico.

Ya se ha vuelto un lugar común aquella expresión atribuida a Einstein que dice: “Si haces siempre lo mismo, no esperes resultados distintos”.

¿Hay en verdad voluntad de que las cosas cambien? No persistamos en las prácticas que tienen al país en el estado de cosas que tanto pesan y agravian a su gente.

Solo así podrá pensase en un año y una vida mejor de la que pueda alcanzarse con nada más que buenos deseos.

Por esas razones, en vez de lanzar buenos deseos al aire, los votos que formulo son porque este año sea bueno para todos y marque el inicio, para bien, del cambio necesario.
26 Diciembre 2017 04:00:00
Navidad, tiempo de reflexión y enmienda
La Navidad señala el tiempo de concluir un año y cerrar las cuentas. Es tiempo propicio para meditar y evaluar; no de recriminaciones, sino de tender puentes, de solidaridad.

En la tradición cristiana, el adviento es remembranza del nacimiento del Mesías, que con él trajo esperanza y reconfiguró los esquemas de vida para dotarlos de perspectivas nuevas, abiertas a todos los seres humanos, sin distinguir entre ellos, y liberarlos de las ataduras que las tradiciones entonces normativas los habían sujetado.

Igualdad en dignidad; solidaridad de la más pura cepa, expresada en la caridad de los primeros cristianos, y fe, una fe incondicional en la trascendencia de toda acción efectuada en la vida.

Esos son valores que permea la tradición en la que se finca la civilización que llamamos occidental y que siempre han proclamado la asimilación de todos, interdependientes entre sí, de todos en un solo todo, cuyos vínculos están forjados en la dignidad, que es tanto como decir en la pertenencia a un cuerpo común, derivado de la condición de humanidad que comparten.

Una parada reflexiva se impone, un momento para tomar aliento y permitir que se asienten los exaltados ánimos de un año que, como ya todos van siendo, fue frenético y plagado de vicisitudes.

Cada quien tendrá que hacer su propio balance, y es recomendable que éste no se centre en los supuestos éxitos o fracasos económicos, porque si bien se ve, uno de los principales ingredientes del cúmulo de problemas y males que el mundo padece en nuestros días es, precisamente, el énfasis que ha sido puesto en la persecución de riquezas materiales, a costa de todo, con merma gravísima del enriquecimiento de las virtudes humanísticas.

Ya no se estudia para crecer intelectualmente y disfrutar del descubrimiento de saberes nuevos, sino para saber más que los otros y cobrar más por los propios servicios.

Los planes y programas de estudios superiores ya no se proyectan para generar conocimiento y sentido de pertenencia responsable a la comunidad, sino para encontrar empleo, no siempre siquiera bien remunerado.

Y no es que esté mal recibir estipendios buenos; al contrario: Mejor será el mundo cuando se cree más riqueza y se distribuya mejor, sin explotación y sin las asimetrías imperantes hoy.

La propiedad privada tiene también una función social, porque a la postre no podría generarse sin el concurso de todos. Este es un tema que se impone reconsiderar en estos días, me parece, desde el punto de vista personal, el de cada quien.

¿Qué tanto son honrados esos puntales axiológicos que fundaron nuestra civilización? ¿Qué toca a cada uno hacer para rescatarlos del ostracismo en que parecen inmersos?

La Navidad es motivo de celebración y festejos, de reuniones y de reencuentros, pero también de reflexiva meditación. Dediquemos un tiempo para dar entrada a la paz del espíritu y la meditación sobre los propios comportamientos, sin reproches que aniquilen, pero sin rehuir la necesidad de ver oportunidades en los errores y supuestos fracasos, que lo son solo si se permite que aniquilen y no provean
aprendizaje.

Después de un año muy intenso, en el que tuve el privilegio de compartir en este generoso diario que acoge mi semanal reflexión, yo haré lo propio y dedicaré unos días a esas labores, al estudio y la reflexión, haciendo adobes al descansar, para cubrir algunas tareas que han quedado pendientes.

Por esa razón me privaré del placer de saludarlos el próximo domingo, reanudando mis colaboraciones, con la venia de Zócalo, a partir del 7 de enero del año que se aproxima.

Mientras tanto, deseo que pasen, en compañía de quienes más quieran, una Navidad feliz, pacífica y reconfortante, y que el 2018 sea para todos y todas un año pleno de ventura, logros y
bendiciones.
24 Diciembre 2017 04:00:00
Navidad, tiempo de reflexión y enmienda
La Navidad señala el tiempo de concluir un año y cerrar las cuentas. Es tiempo propicio para meditar y evaluar; no de recriminaciones, sino de tender puentes, de solidaridad.

En la tradición cristiana, el adviento es remembranza del nacimiento del mesías, que con él trajo esperanza y reconfiguró los esquemas de vida para dotarlos de perspectivas nuevas, abiertas a todos los seres humanos, sin distinguir entre ellos, y liberarlos de las ataduras que las tradiciones entonces normativas los habían sujetado.

Igualdad en dignidad; solidaridad de la más pura cepa, expresada en la caridad de los primeros cristianos, y fe, una fe incondicional en la trascendencia de toda acción efectuada en la vida.

Esos son valores que permea la tradición en la que se finca la civilización que llamamos occidental y que siempre han proclamado la asimilación de todos, interdependientes entre sí, de todos en un solo todo, cuyos vínculos están forjados en la dignidad, que es tanto como decir en la pertenencia a un cuerpo común, derivado de la condición de humanidad que comparten.

Una parada reflexiva se impone, un momento para tomar aliento y permitir que se asienten los exaltados ánimos de un año que, como ya todos van siendo, fue frenético y plagado de vicisitudes.

Cada quien tendrá que hacer su propio balance, y es recomendable que este no se centre en los supuestos éxitos o fracasos económicos, porque si bien se ve, uno de los principales ingredientes del cúmulo de problemas y males que el mundo padece en nuestros días es, precisamente, el énfasis que ha sido puesto en la persecución de riquezas materiales, a costa de todo, con merma gravísima del enriquecimiento de las virtudes
humanísticas.

Ya no se estudia para crecer intelectualmente y disfrutar del descubrimiento de saberes nuevos, sino para saber más que los otros y cobrar más por los propios
servicios.

Los planes y programas de estudios superiores ya no se proyectan para generar conocimiento y sentido de pertenencia responsable a la comunidad, sino para encontrar empleo, no siempre siquiera bien remunerado.

Y no es que esté mal recibir estipendios buenos; al contrario: mejor será el mundo cuando se cree más riqueza y se distribuya mejor, sin explotación y sin las asimetrías imperantes hoy.

La propiedad privada tiene también una función social, porque a la postre no podría generarse sin el concurso de todos. Este es un tema que se impone reconsiderar en estos días, me parece, desde el punto de vista personal, el de cada quien.

¿Qué tanto son honrados esos puntales axiológicos que fundaron nuestra civilización? ¿Qué toca a cada uno hacer para rescatarlos del ostracismo en que parecen
inmersos?

La Navidad es motivo de celebración y festejos, de reuniones y de reencuentros, pero también de reflexiva meditación. Dediquemos un tiempo para dar entrada a la paz del espíritu y la meditación sobre los propios comportamientos, sin reproches que aniquilen, pero sin rehuir la necesidad de ver oportunidades en los errores y supuestos fracasos, que lo son sólo si se permite que aniquilen y no provean aprendizaje.

Después de un año muy intenso, en el que tuve el privilegio de compartir en este generoso diario que acoge mi semanal reflexión, yo haré lo propio y dedicaré unos días a esas labores, al estudio y la reflexión, haciendo adobes al descansar, para cubrir algunas tareas que han quedado pendientes.

Por esa razón me privaré del placer de saludarlos el próximo domingo, reanudando mis colaboraciones, con la venia de Zócalo, a partir del 7 de enero del año que se aproxima.

Mientras tanto, deseo que pasen, en compañía de quienes más quieran, una Navidad feliz, pacífica y reconfortante, y que el 2018 sea para todos y todas un año pleno de ventura, logros y bendiciones.
17 Diciembre 2017 04:00:00
La Ley de Seguridad Interior
Tras una muy larga secuencia de exposiciones en pro y en contra, que no debate, el Senado de la República finalmente aprobó la minuta que recibió de la Cámara de Diputados, y se consumó lo que se temía, a pesar de la generalizada, documentada y sustentada oposición: pasó la Ley de Seguridad Interior.

Pocas leyes he visto, si alguna, enfrentar tantos y tan sólidos argumentos de organismos, instituciones y juristas de bien ganado prestigio, como este instrumento.

Entre los oradores que en su favor hablaron fue recurrente acudir a la distracción emotiva de que quienes estaban en contra olvidaban el gran prestigio de las Fuerzas Armadas, eran ingratos con ellas y hasta hubo quien los acusara de antipatriotismo. Falacias todas, porque la oposición a la ley no descansaba en desprotegerlas ni denostarlas, sino en vicios muy serios de inconstitucionalidad e “inconvencionalidad” que no sólo afectan la validez de la ley, sino que pueden representar responsabilidades internacionales para nuestro país.

Algunas modificaciones se hicieron, en efecto, para tratar de cubrir las apariencias, pero no se logró hacerlo ni se tocó el fondo de las observaciones efectuadas, entre las que sin duda destacan las de la ONU, que en esencia subsisten.

En ellas, el organismo internacional señala que la ley adolece de defectos tales como: confusión de conceptos; violación al “principio de necesidad” (la “declaratoria de protección” podrá emitirse con el solo riesgo de que se “comprometan” las capacidades efectivas de las autoridades competentes o se vean aquellas amenazadas, no efectivamente superadas, lo cual queda al arbitrio de la autoridad interventora); asignar un papel indebido a las Fuerzas Armadas, que no se han instituido para la actividad policiaca; sometimiento de la autoridad civil a la autoridad militar, desde que esta toma autónomamente el mando en los casos de declaratoria; ausencia de controles y contrapesos; falta de políticas complementarias –y viables– para el fortalecimiento de las fuerzas policiacas locales (con la debida dotación de recursos, agrego, y en un esquema de verdad federal); indebida regulación del uso de la fuerza, porque el concepto en la ley no se ajusta a los estándares internacionales en la materia desde que “en su definición, sólo se hace referencia al uso ‘racional y proporcional’, excluyendo principios centrales para que el uso de la fuerza pueda entenderse como legítimo, como los principios de necesidad, idoneidad, eficacia y eficiencia”.

Se han hecho también observaciones acerca de la indebida protección y garantía de los derechos humanos; afectaciones a la protesta social; ausencia de transparencia; lesión a la autonomía de los órganos que constitucionalmente lo son, restringiendo todavía más su capacidad de acción. Adicionalmente, a juicio de la ONU, la ley presenta problemas de inconvencionalidad, porque según los criterios sentados por organismos de la ONU y el sistema interamericano, el concepto de seguridad interior “se asocia a regímenes autoritarios, debido a que a través de este concepto se faculta a los militares a llevar a cabo funciones de seguridad pública”, lo que incumple con obligaciones previstas en tratados internacionales ratificados por México.

Por si eso fuera poco, la ley en cuestión pasa por alto que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”, según el Artículo 16 constitucional, tanto como viola la confidencialidad de los datos personales que garantiza el Artículo 6 de esa misma ley suprema, entre muchos otros derechos fundamentales.

Si se suma el hecho de que soslaya el mecanismo previsto por el Artículo 29 para suspender derechos y las limitaciones a esa acción, ya referido aquí la semana anterior, y se agrega que el Congreso de la Unión carece de facultades expresas para emitir una ley tal, el cuadro queda completo.

El Presidente podría vetarla, pero eso no ocurrirá, me temo. Será la Suprema Corte quien tenga la última palabra, porque seguramente la cuestión llegará hasta ella.
17 Diciembre 2017 04:00:00
La ley de seguridad interior
Tras una muy larga secuencia de exposiciones en pro y en contra, que no debate, el Senado de la República finalmente aprobó la minuta que recibió de la Cámara de Diputados y se consumó lo que se temía, a pesar de la generalizada, documentada y sustentada oposición: Pasó la Ley de Seguridad Interior.

Pocas leyes he visto, si alguna, enfrentar tantos y tan sólidos argumentos de organismos, instituciones y juristas de bien ganado prestigio, como este instrumento.

Entre los oradores que en su favor hablaron fue recurrente acudir a la distracción emotiva de que quienes estaban en contra olvidaban el gran prestigio de las fuerzas armadas, eran ingratos con ellas y hasta hubo quien los acusara de antipatriotismo. Falacias todas, porque la oposición sería a la ley no descansaba en desprotegerlas ni denostarlas, sino en vicios muy serios de inconstitucionalidad e “inconvencionalidad” que no solo afectan la validez de la ley, sino que pueden representar responsabilidades internacionales para nuestro país.

Algunas modificaciones se hicieron, en efecto, para tratar de cubrir las apariencias, pero no se logró hacerlo ni se tocó el fondo de las observaciones efectuadas, entre las que sin duda destacan las de la ONU, que en esencia subsisten.

En ellas, el organismo internacional señala que la ley adolece de defectos tales como: confusión de conceptos; violación al “principio de necesidad” (la “declaratoria de protección” podrá emitirse con el solo riesgo de que se “comprometan” las capacidades efectivas de las autoridades competentes o se vean aquéllas amenazadas, no efectivamente superadas, lo cual queda al arbitrio de la autoridad interventora); asignar un papel indebido a las fuerzas armadas, que no se han instituido para la actividad policiaca; sometimiento de la autoridad civil a la autoridad militar, desde que esta toma autónomamente el mando en los casos de declaratoria; ausencia de controles y contrapesos; falta de políticas complementarias -y viables- para el fortalecimiento de las fuerzas policiacas locales (con la debida dotación de recursos, agrego, y en un esquema de verdad federal); indebida regulación del uso de la fuerza, porque el concepto en la ley no se ajusta a los estándares internacionales en la materia desde que “en su definición, solo se hace referencia al uso ‘racional y proporcional’, excluyendo principios centrales para que el uso de la fuerza pueda entenderse como legítimo, como los principios de necesidad, idoneidad, eficacia y eficiencia”.

Se han hecho también observaciones acerca de la indebida protección y garantía de los derechos humanos; afectaciones a la protesta social; ausencia de transparencia; lesión a la autonomía de los órganos que constitucionalmente lo son, restringiendo todavía más su capacidad de acción. Adicionalmente, a juicio de la ONU, la ley presenta problemas de inconvencionalidad, porque según los criterios sentados por organismos de la ONU y el sistema interamericano, el concepto de seguridad interior “se asocia a regímenes autoritarios, debido a que a través de este concepto se faculta a los militares a llevar a cabo funciones de seguridad pública”, lo que incumple con obligaciones previstas en tratados internacionales ratificados por México.

Por si eso fuera poco, la ley en cuestión pasa por alto que “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”, según el artículo 16 constitucional, tanto como viola la confidencialidad de los datos personales que garantiza el artículo 6o. de esa misma ley suprema, entre muchos otros derechos fundamentales.

Si se suma el hecho de que soslaya el mecanismo previsto por el artículo 29 para suspender derechos y las limitaciones a esa acción, ya referido aquí la semana anterior, y se agrega que el Congreso de la Unión carece de facultades expresas para emitir una ley tal, el cuadro queda completo.

El presidente podría vetarla, pero eso no ocurrirá, me temo. Será la Suprema Corte quien tenga la última palabra, porque seguramente la cuestión llegará hasta ella.
10 Diciembre 2017 04:02:00
La excepción se hace regla
¡Qué peculiar coincidencia! En la semana misma en que se conmemora el Día Mundial de los Derechos Humanos, se pugna en el Senado por aprobar la minuta de la Cámara de Diputados, que da por buena el texto para una nueva Ley de Seguridad Interior, que la CNDH y la ONU misma, entre otros organismos e instituciones, han considerado como grave amenaza a las prerrogativas y libertades fundamentales contenidas en la Constitución mexicana y los tratados internacionales que, junto con ella, son “ley suprema” de la unión federal mexicana.

La CNDH, paradigmáticamente, ha dicho que “la aprobación de la propuesta de ley en los términos en que se presenta, genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, además de afectar el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre instituciones, órganos del Estado y poderes, al conceder al Poder Ejecutivo federal facultades extraordinarias para ordenar, de manera discrecional, la movilización de las Fuerzas Armadas y aplicar condiciones de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana”.

Los apologistas, en cambio, aplauden la medida aduciendo que es necesario regularizar la situación anómala que, por más de dos décadas, ha prevalecido en nuestro país al haber sido encargadas las fuerzas armadas de tareas propias de la seguridad pública, que no a ellas, sino a las policías, les correspondía atender. Defienden, además, que así sea porque, dicen –y nos les falta razón– que en el estado generalizado de cosas, las fuerzas policiacas carecen de suficiencia para enfrentar el fenómeno desinencial que enfrenta el país.

No dicen que la depauperación de las policías estatales y municipales se debe, en buena medida, a la concentración de los ingresos fiscales en el Gobierno federal, mismo que define prioridades y destinos de las ministraciones, con lo que traza también líneas de política que sólo a él son imputables.

Nadie parece haber parado mientes en un elemento que juzgo toral en esta cuestión: el Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que: “En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona”.

Es evidente que las medidas previstas en el artículo parcialmente transcrito para resolver situaciones excepcionales debe ajustarse al procedimiento en él previsto y no a otro, por mucho que sea contenido en una ley de las que ha dado en llamarse “generales” para eludir las restricciones normativas del pacto federal.

Tiene razón la CNDH cuando sostiene que “La emisión de una ley de seguridad interior en los términos que se plantean contribuiría a mantener el estado actual de cosas, al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta, dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles, instancias a las que corresponde de manera exclusiva llevar a cabo las tareas de Seguridad Pública en términos del Artículo 21 Constitucional (sic)”.

Con ser grave esa situación y el estado de confusión, incertidumbre y discrecionalidad que conllevaría, considero todavía más grave institucionalizar la excepción, contra el texto constitucional, para convertirla indebida e inconvenientemente en regla.

¿No es eso contrario a la instauración del “estado de derecho” que se necesita y tan frecuentemente se proclama?
10 Diciembre 2017 04:00:00
La excepción se hace regla
¡Qué peculiar coincidencia! En la semana misma en que se conmemora el Día Mundial de los Derechos Humanos, se pugna en el Senado por aprobar la minuta de la Cámara de Diputados, que da por buena el texto para una nueva Ley de Seguridad Interior, que la CNDH y la ONU misma, entre otros organismos e instituciones, han considerado como grave amenaza a las prerrogativas y libertades fundamentales contenidas en la constitución mexicana y los tratados internacionales que, junto con ella, son “ley suprema” de la unión federal mexicana.

La CNDH, paradigmáticamente, ha dicho que “la aprobación de la propuesta de ley en los términos en que se presenta, genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, además de afectar el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre instituciones, órganos del Estado y Poderes, al conceder al Poder Ejecutivo Federal facultades extraordinarias para ordenar, de manera discrecional, la movilización de las Fuerzas Armadas y aplicar condiciones de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana”.

Los apologistas, en cambio, aplauden la medida aduciendo que es necesario regularizar la situación anómala que, por más de dos décadas, ha prevalecido en nuestro país al haber sido encargadas las fuerzas armadas de tareas propias de la seguridad pública, que no a ellas, sino a las policías, les correspondía atender. Defienden, además, que así sea porque, dicen –y nos les falta razón- que en el estado generalizado de cosas, las fuerzas policiacas carecen de suficiencia para enfrentar el fenómeno desinencial que enfrenta el país.

No dicen que la depauperación de las policías estatales y municipales se debe, en buena medida, a la concentración de los ingresos fiscales en el gobierno federal, mismo que define prioridades y destinos de las ministraciones, con lo que traza también líneas de política que solo a él son imputables.

Nadie parece haber parado mientes en un elemento que juzgo toral en esta cuestión: El artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que: “En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona”.

Es evidente que las medidas previstas en el artículo parcialmente transcrito para resolver situaciones excepcionales debe ajustarse al procedimiento en él previsto y no a otro, por mucho que sea contenido en una ley de las que ha dado en llamarse “generales” para eludir las restricciones normativas del pacto federal.

Tiene razón la CNDH cuando sostiene que “La emisión de una ley de seguridad interior en los términos que se plantean contribuiría a mantener el estado actual de cosas, al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta, dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles, instancias a las que corresponde de manera exclusiva llevar a cabo las tareas de Seguridad Pública en términos del artículo 21 Constitucional (sic)”.

Con ser grave esa situación y el estado de confusión, incertidumbre y discrecionalidad que conllevaría, considero todavía más grave institucionalizar la excepción, contra el texto constitucional, para convertirla indebida e inconvenientemente en regla.

¿No es eso contrario a la instauración del “estado de derecho” que se necesita y tan frecuentemente se proclama?
03 Diciembre 2017 04:00:00
Las expectativas del cambio
Los humanos se caracterizan y distinguen de otras especies por contemplar el futuro y, en el mejor de los casos, prepararse para él; en el peor, sólo preocuparse, mientras se depositan sus esperanzas de mejorar en factores ajenos o en seres iluminados y superdotados, capaces de resolver, como por arte de magia, todos los problemas públicos o privados que con el porvenir puedan llegar o los que en él persistan. Tal vez por eso, cada vez que se renueva el poder se abren incógnitas y esperanzas en toda la gente.

En un “estado de derecho” que de verdad lo sea, una amplia probabilidad de previsión está plasmada en el orden jurídico, cuyo conocimiento y la certidumbre de que sea acatado proveen la seguridad necesaria para construir ese futuro, que de otra manera se torna caóticamente imprevisible.

No importa tanto quién gobierne, entonces, porque la norma aporta estabilidad y certidumbre razonables a la comunidad que rige.

En Coahuila, como acaba de ocurrir en otros estados y pasará en México el año próximo, se ha dado el relevo en el Poder Ejecutivo, y la gente se pregunta qué esperar del nuevo titular y el equipo que con él estará a cargo de la gestión pública. Creo, por eso, convenientes algunas reflexiones más allá de las consabidas promesas de campaña y compromisos proclamados por los candidatos.

Lo primero que hay que hacer es tener en cuenta que, antes y como requisito para tomar posesión, todo servidor público protesta cumplir y hacer cumplir las constituciones –la general y las estatales– y las leyes que de ellas emanen.

Dejar de hacerlo constituye, sin duda alguna, un deshonor para quien, habiendo empeñado su palabra, la incumple.

Lamentablemente el honor es una tan devaluada prenda que prácticamente ha desaparecido de los códigos y tratados, casi del lenguaje cotidiano y, desde luego, de los cánones éticos que deberían ser regla general, y no excepción, del servicio público.

Por ello, es necesario recordar que dejar de cumplir esas normas es, además, una falta seria que puede llegar a constituir, incluso, delito.

Si no es por honor y autoestima, tendría que ser al menos por temor a sufrir las sanciones previstas para el caso de infringir las disposiciones que se prometió cumplir y ver que fueran cumplidas.

La impunidad imperante, sin embargo, muchas veces hija de la complicidad y los contubernios diluye el valor disuasivo de esas previsiones y, faltando el sentido del deber, pareciera que ningún persuasor podrá ser capaz de mover la voluntad de los reticentes a obrar con corrección.

Por eso se vuelve letra muerta, con indeseable frecuencia, el alma misma de toda constitución, que está hecha para la preservación de las libertades y la promoción de las mejores condiciones para el desarrollo pleno de cada individuo y de la comunidad que con otros compone.

En esas circunstancias, sólo queda un camino para apuntalar la esperanza de los que no tienen acceso a los centros en que se toman y ejecutan las decisiones: el que pasa por el azar de que toque en suerte que el presidente –o el gobernador, en su caso– sea una gente de bien que anteponga el interés general a los apetitos parciales y propios, y se conduzca como un “buen padre de familia” –según decían los romanos– y sea así capaz de prever y proveer lo necesario para que la gente pueda vivir dignamente.

Es obvio que tal esperanza es insuficiente e inadecuada, pero en el peor de los casos bastaría cuando menos para cumplir con la garantía de los derechos y libertades fundamentales, base de todo el orden jurídico, si al menos el gobernante en turno, comprometido con esa misión y consciente de ese deber, fuera atendido en sus políticas e instrucciones por los integrantes de la administración pública, que de él son, por ley, dependientes.

Si ni a él hacen caso quienes le deben obediencia institucional, el futuro se torna precario y la esperanza se esfuma.
03 Diciembre 2017 04:00:00
Las expectativas del cambio
Los humanos se caracterizan y distinguen de otras especies por contemplar el futuro y en el mejor de los casos, prepararse para el; en el peor, solo preocuparse, mientras se depositan sus esperanzas de mejorar en factores ajenos o en seres iluminados y superdotados, capaces de resolver, como por arte de magia, todos los problemas públicos o privados que con el porvenir puedan llegar o los que en él persistan. Tal vez por eso, cada vez que se renueva el poder se abren incógnitas y esperanzas en toda la gente.

En un “estado de derecho” que de verdad lo sea, una amplia probabilidad de previsión está plasmada en el orden jurídico, cuyo conocimiento y la certidumbre de que sea acatado proveen la seguridad necesaria para construir ese futuro que de otra manera se torna caóticamente imprevisible.

No importa tanto quién gobierne, entonces, porque la norma aporta estabilidad y certidumbre razonables a la comunidad que rige.

En Coahuila, como acaba de ocurrir en otros estados y pasará en México el año próximo, se ha dado el relevo en el poder ejecutivo, y la gente se pregunta qué esperar del nuevo titular y el equipo que con él estará a cargo de la gestión pública. Creo, por eso, convenientes algunas reflexiones más allá de las consabidas promesas de campaña y compromisos proclamados por los candidatos.

Lo primero que hay que hacer es tener en cuenta que, antes y como requisito para tomar posesión, todo servidor público protesta cumplir y hacer cumplir las constituciones -la general y las estatales- y las leyes que de ellas emanen.

Dejar de hacerlo constituye, sin duda alguna, un deshonor para quien, habiendo empeñado su palabra, la incumple.

Lamentablemente el honor es una tan devaluada prenda, que prácticamente ha desaparecido de los códigos y tratados, casi del lenguaje cotidiano y, desde luego, de los cánones éticos que deberían ser regla general, y no excepción, del servicio público.

Por ello es necesario recordar que dejar de cumplir esas normas es, además, una falta seria que puede llegar a constituir, incluso, delito.

Si no es por honor y autoestima, tendría que ser al menos por temor a sufrir las sanciones previstas para el caso de infringir las disposiciones que se prometió cumplir y ver que fueran cumplidas.

La impunidad imperante, sin embargo, muchas veces hija de la complicidad y los contubernios diluye el valor disuasivo de esas previsiones y, faltando el sentido del deber, pareciera que ningún persuasor podrá ser capaz de mover la voluntad de los reticentes a obrar con corrección.

Por eso se vuelve letra muerta, con indeseable frecuencia, el alma misma de toda constitución, que está hecha para la preservación de las libertades y la promoción de las mejores condiciones para el desarrollo pleno de cada individuo y de la comunidad que con otros compone.

En esas circunstancias, solo queda un camino para apuntalar la esperanza de los que no tienen acceso a los centros en que se toman y ejecutan las decisiones: El que pasa por el azar de que toque en suerte que el presidente -o el gobernador, en su caso- sea una gente de bien que anteponga el interés general a los apetitos parciales y propios, y se conduzca como un “buen padre de familia”-según decían los romanos- y sea así capaz de prever y proveer lo necesario para que la gente pueda vivir dignamente.

Es obvio que tal esperanza es insuficiente e inadecuada, pero en el peor de los casos bastaría cuando menos para cumplir con la garantía de los derechos y libertades fundamentales, base de todo el orden jurídico, si al menos el gobernante en turno, comprometido con esa misión y consciente de ese deber, fuera atendido en sus políticas e instrucciones por los integrantes de la administración pública, que de él son, por ley, dependientes.

Si ni a él hacen caso quienes le deben obediencia institucional, el futuro se torna precario y la esperanza se esfuma.
26 Noviembre 2017 04:02:00
Los medios, su financiamiento y la SCJN
La causa aparente fue la libertad de expresión, pero del contexto de la sentencia de amparo que se comentó aquí la semana anterior –el otorgado a Artículo 19 en el expediente 1359 /2015– pareciera que la preocupación central, más que en la libertad de expresión, estuviera fincada sobre el factor financiero. Así se desprende, al menos, de la expresión de agravios por la parte promovente y del peso que en las consideraciones que motivaron la concesión del amparo dio al tema la primera sala de la Suprema Corte:

La quejosa, según la propia sentencia consigna, “sostuvo que la omisión de expedir la ley… viola la libertad de expresión, de prensa y de información, ya que la ausencia de dicho marco normativo permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial y genera censura a los medios de comunicación y periodistas críticos”, lo que, en principio, plenamente correcto y por lo tanto aceptable.

Al considerar fundado ese agravio, la sentencia expone diversos razonamientos para justificar su apreciación. En primer lugar, ratifica el criterio, sostenido por ese tribunal, de que la libertad de expresión constituye “una precondición de la vida democrática”, lo que no está a discusión.

En cambio, de ahí a la afirmación de que, como los medios de comunicación necesitan ingresos económicos para poder operar y cumplir con esa función, requieren del financiamiento público porque en México “es una realidad innegable que los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública realizan cotidianamente actividades de comunicación social para cumplir con fines informativos, educativos o de orientación social [y en] esta lógica, los ingresos que obtienen los medios para difundir comunicación social del gobierno pueden ser indispensables para que éstos se mantengan en operación, especialmente en épocas de crisis”.

Abunda en su argumento apoyándose en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que en su informe de 2003 –hay uno o varios más recientes, el último de 2016– destacó que “los costos de producción de los medios de comunicación son elevados, y la forma más lucrativa de cubrir esos gastos es una amplia publicidad”, aclarando que en la región –Latinoamérica– “existen informes de numerosos medios de comunicación que indican que reciben del Estado entre el 40% y el 50% de su ingreso”.

De ello deduce que para “algunos” medios de comunicación, la supresión de esos ingresos “puede implicar que ya no tengan los recursos económicos necesarios para poder seguir funcionando”, y por lo tanto concluye, equivocadamente me temo, que “la dependencia de los medios de comunicación del gasto en comunicación social del gobierno es una situación que sin lugar a dudas supone una amenaza a la libertad de expresión”, y tanto que, como ha sostenido también la relatoría mencionada, puede considerarse que la negativa de asignación de publicidad estatal sea tan fundamental que “tenga un impacto tan adverso que equivalga a una multa o una condena de cárcel”, lo que no deja de ser, a todas luces, exagerado, porque aceptarlo conduciría a concluir que el Estado estaría obligado a financiar a los medios, cosa contra la cual el mismo Tribunal se apresura a prevenir al afirmar, contradictoriamente, que es “importante aclarar que ni de la libertad de expresión ni de ninguna otra disposición constitucional se desprende que los medios de comunicación tengan un derecho a que se les asignen recursos estatales por difundir publicidad oficial”.

¡Claro! Si fuera de otro modo, tendrían que financiarse con recursos públicos muchísimas otras actividades privadas, si no es que todas, para garantizar derechos tales como la libertad de ocupación y trabajo, el derecho a la educación, etc.

Hay más, porque a esa confusión tendrían que añadirse otras consecuencias nada deleznables, de las que habrá que ocuparse esta columna en posterior entrega, porque en la actual ya consumió su espacio.

Que tengan buena semana.
26 Noviembre 2017 04:00:00
Los medios, su financiamiento y la Suprema Corte de Justicia de la Nación
La causa aparente fue la libertad de expresión, pero del contexto de la sentencia de amparo que se comentó aquí la semana anterior -el otorgado a “Artículo 19” en el expediente 1359 /2015- pareciera que la preocupación central, más que en la libertad de expresión, estuviera fincada sobre el factor financiero. Así se desprende, al menos, de la expresión de agravios por la parte promovente y del peso que en las consideraciones que motivaron la concesión del amparo dio al tema la primera sala de la Suprema Corte:

La quejosa, según la propia sentencia consigna, “sostuvo que la omisión de expedir la ley…viola la libertad de expresión, de prensa y de información, ya que la ausencia de dicho marco normativo permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial y genera censura a los medios de comunicación y periodistas críticos”, lo que, en principio, plenamente correcto y por lo tanto aceptable.

Al considerar fundado ese agravio, la sentencia expone diversos razonamientos para justificar su apreciación. En primer lugar, ratifica el criterio, sostenido por ese tribunal, de que la libertad de expresión constituye “una precondición de la vida democrática”, lo que no está a discusión.

En cambio, de ahí a la afirmación de que, como los medios de comunicación necesitan ingresos económicos para poder operar y cumplir con esa función, requieren del financiamiento público porque en México “es una realidad innegable que los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública realizan cotidianamente actividades de comunicación social para cumplir con fines informativos, educativos o de orientación social [y en] esta lógica, los ingresos que obtienen los medios para difundir comunicación social del gobierno pueden ser indispensables para que éstos se mantengan en operación, especialmente en épocas de crisis”.

Abunda en su argumento apoyándose en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que en su informe de 2003 -hay uno varios más recientes, el último de 2016- destacó que “los costos de producción de los medios de comunicación son elevados, y la forma más lucrativa de cubrir esos gastos es una amplia publicidad”, aclarando que en la región -Latinoamérica- “existen informes de numerosos medios de comunicación que indican que reciben del Estado entre el 40% y el 50% de su ingreso”.

De ello deduce que para “algunos” medios de comunicación, la supresión de esos ingresos “puede implicar que ya no tengan los recursos económicos necesarios para poder seguir funcionando”, y por lo tanto concluye, equivocadamente me temo, que “la dependencia de los medios de comunicación del gasto en comunicación social del gobierno es una situación que sin lugar a dudas supone una amenaza a la libertad de expresión”, y tanto que, como ha sostenido también la relatoría mencionada, puede considerarse que la negativa de asignación de publicidad estatal sea tan fundamental que “tenga un impacto tan adverso que equivalga a una multa o una condena de cárcel”, lo que no deja de ser, a todas luces, exagerado, porque aceptarlo conduciría a concluir que el estado estaría obligado a financiar a los medios, cosa contra la cuál el mismo tribunal se apresura a prevenir al afirmar, contradictoriamente, que es “importante aclarar que ni de la libertad de expresión ni de ninguna otra disposición constitucional se desprende que los medios de comunicación tengan un derecho a que se les asignen recursos estatales por difundir publicidad oficial”.

¡Claro! Si fuera de otro modo, tendrían que financiarse con recursos públicos muchísimas otras actividades privadas, si no es que todas, para garantizar derechos tales como la libertad de ocupación y trabajo, el derecho a la educación, etc.

Hay más, porque a esa confusión tendrían que añadirse otras consecuencias nada deleznables, de las que habrá que ocuparse esta columna en posterior entrega, porque en la actual ya consumió su espacio.

Que tengan buena semana.
19 Noviembre 2017 04:00:00
La SCJN y la publicidad gubernamental
El fallo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió en esta semana acerca de la publicidad oficial es histórico porque, por primera vez, se concede un amparo por omisiones legislativas.

Lo interpuso Artículo 19 porque el Congreso de la Unión no ha expedido la ley reglamentaria del Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la publicidad gubernamental.

Independientemente de su importancia histórica, la extensa sentencia contiene consideraciones que trascienden ese tema –de pronto, de manera que parece excesiva– que concitan una reflexión más profunda.

Hace alusión ese tribunal a diversos criterios propios y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y contiene también consideraciones que invitan a la reflexión sobre el tema de los medios, aunque en rigor nada tengan que ver con el tema central de la omisión legislativa.

En uno de esos temas se concentra esta entrega, que en ocasión distinta se ocupará seguramente de los otros. Hoy toca, por su relevancia, al que tiene que ver con las directrices normativas que, según el fallo, acotan la difusión hecha por las autoridades del país.

“La simple propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de Gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social”, dice la resolución.

Por eso, insiste, “los medios de comunicación son fundamentales para la existencia del debate plural e incluyente (y por lo tanto), una democracia deliberativa requiere de medios de comunicación profesionales e independientes que informen y den a conocer los distintos puntos de vista…sobre un problema de interés público”, para que así los ciudadanos puedan formar su propia opinión, en tanto que supone que la ausencia de regulación “propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia de comunicación social, lo cual constituye un mecanismo de restricción o limitación indirecta de la libertad de expresión”.

Por esa razón, el órgano jurisdiccional estimó que la “dimensión colectiva” de la libertad de expresión (noción discutible en su contenido y significado) impone al Estado el deber de actuar neutralmente al asignar recursos “entre los medios de comunicación” y concluyó que “es imprescindible que existan reglas que permitan al Estado actuar de tal manera que asegure que todas las voces de la sociedad que se expresan en los medios de comunicación sean escuchadas de una manera completa y justa”.

Hasta aquí, todo parece marchar bien, pero las cosas se confunden cuando se abordan cuestiones tales como ¿qué tiene que ver la libertad de expresión, per se, con la inconstitucionalidad de la omisión legislativa? Si la propia resolución afirma que “ni de la libertad de expresión ni de ninguna otra disposición constitucional se desprende que los medios de comunicación tengan un derecho a que se les asignen recursos estatales por difundir publicidad oficial” ¿a qué viene tan extensa consideración sobre ese rubro, como la que se contiene en las consideraciones del fallo?

Es verdad que la libertad de expresión es básica, pero ¿sin cortapisas? Los agentes gubernamentales pueden usar el presupuesto no sólo para restringir o “castigar” a los medios no afines a ellos, pero también para combatir corrientes o personas incómodas a quienes consideren adversarios y aún existe la posibilidad de que algún medio busque presionar para obtener mejores condiciones de financiamiento presupuestal, y estos últimos supuestos –quizás porque pueden incomodar susceptibilidades mediáticas– no los aborda el ponente ni los incorpora la sala, a pesar de ser cuestiones torales en la materia ¿Debe ocuparse de ello la legislación reglamentaria de la Constitución?

La importancia y la trascendencia de esas cuestiones para la realidad política contemporánea obligan a una referencia específica, que habrá que dejar para la próxima entrega.

Mientras tanto, que tengan una buena semana.
19 Noviembre 2017 04:00:00
La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la publicidad gubernamental
El fallo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió en esta semana acerca de la publicidad oficial es histórico porque, por primera vez, se concede un amparo por omisiones legislativas.

Lo interpuso “ArtÍculo 19”, porque el Congreso de la Unión no ha expedido la ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la publicidad gubernamental.

Independientemente de su importancia histórica, la extensa sentencia contiene consideraciones que trascienden ese tema -de pronto, de manera que parece excesiva- que concitan una reflexión más profunda.

Hace alusión ese tribunal a diversos criterios propios y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y contiene también consideraciones que invitan a la reflexión sobre el tema de los medios, aunque en rigor nada tengan que ver con el tema central de la omisión legislativa.

En uno de esos temas se concentra esta entrega, que en ocasión distinta se ocupará seguramente de los otros. Hoy toca, por su relevancia, al que tiene que ver con las directrices normativas que, según el fallo, acotan la difusión hecha por las autoridades del país.

“La simple propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social”, dice la resolución.

Por eso, insiste, “los medios de comunicación son fundamentales para la existencia del debate plural e incluyente (y por lo tanto), una democracia deliberativa requiere de medios de comunicación profesionales e independientes que informen y den a conocer los distintos puntos de vista…sobre un problema de interés público”, para que así los ciudadanos puedan formar su propia opinión, en tanto que supone que la ausencia de regulación “propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia de comunicación social, lo cual constituye un mecanismo de restricción o limitación indirecta de la libertad de expresión”.

Por esa razón, el órgano jurisdiccional estimó que la “dimensión colectiva” de la libertad de expresión (noción discutible en su contenido y significado) impone al estado el deber de actuar neutralmente al asignar recursos “entre los medios de comunicación” y concluyó que “es imprescindible que existan reglas que permitan al Estado actuar de tal manera que asegure que todas las voces de la sociedad que se expresan en los medios de comunicación sean escuchadas de una manera completa y justa”.

Hasta aquí, todo parece marchar bien, pero las cosas se confunden cuando se abordan cuestiones tales como ¿qué tiene que ver la libertad de expresión, “per se”, con la inconstitucionalidad de la omisión legislativa? Si la propia resolución afirma que “ni de la libertad de expresión ni de ninguna otra disposición constitucional se desprende que los medios de comunicación tengan un derecho a que se les asignen recursos estatales por difundir publicidad oficial” ¿a qué viene tan extensa consideración sobre ese rubro, como la que se contiene en las consideraciones del fallo?

Es verdad que la libertad de expresión es básica, pero ¿sin cortapisas? Los agentes gubernamentales pueden usar el presupuesto no solo para restringir o “castigar” a los medios no afines a ellos, pero también para combatir corrientes o personas incómodas a quienes consideren adversarios y aun existe la posibilidad de que algún medio busque presionar para obtener mejores condiciones de financiamiento presupuestal, y estos últimos supuestos -quizás porque pueden incomodar susceptibilidades mediáticas- no los aborda el ponente ni los incorpora la sala, a pesar de ser cuestiones torales en la materia ¿Debe ocuparse de ello la legislación reglamentaria de la constitución?

La importancia y la trascendencia de esas cuestiones para la realidad política contemporánea obligan a una referencia específica, que habrá que dejar para la próxima entrega.

Mientras tanto, que tengan una buena semana.
12 Noviembre 2017 04:02:00
La corrupción y los presupuestos
Hace unos días, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío publicó un artículo intitulado Una Buena Agenda Anticorrupción” (El Universal, 07/11/2017). En su artículo, el ministro Cossío enfatiza la necesidad de efectuar una detenida y extensa reflexión pública sobre los puntos torales del informe de la Auditoría Superior de la Federación, que arroja importantes datos sobre deficiencias en el ejercicio 2016.

Expresamente, menciona el pago de sobreprecios injustificados, obras de mala calidad, falta de entrega de lo convenido y otras cuestiones “por el estilo”.

No menciona otras igualmente serias. Por ejemplo, el dato que hace poco se destacó respecto del gasto en difusión, que superó, generalizadamente y en algunos casos hasta en un 1000%, al autorizado, lo que necesariamente implica tomar los recursos excedidos de otros rubros, probablemente prioritarios.

Tampoco menciona un rubro que, por sus repercusiones, puede ser tanto o más grave, cualitativamente, que los mencionados: aquel que tiene que ver con la retención indebida, injustificada e infundada de los presupuestos autorizados por el órgano parlamentario a instituciones y organismos que, sin dependencia del Poder Ejecutivo, se ven privados de los recursos asignados por determinación arbitraria de dependencias de este último.

Aunque los montos puedan parecer irrisorios frente a los dedicados a grandes obras, son más graves cualitativamente porque trascienden al campo de la garantía del equilibrio en el ejercicio del poder basada en el sistema de frenos y contrapesos, lo que hace añicos, en los hechos, la expresión fundamental del estado de derecho y pega en la médula misma de la legitimidad al atentar contra la función esencial del Estado y su Gobierno.

Como nos enseñaron los sismos recientes, hay daños estructurales imperceptibles y supuestamente mínimos, que son en el fondo más graves que muchos derrumbes escandalosos de elementos no esenciales de la arquitectura y la ingeniería. Lo mismo pasa con ellas cuando el parangón se aplica a los sistemas sociopolíticos y gubernamentales.

Quienes cometen, autorizan, permiten u ordenan este tipo de irregularidades, harían bien en considerar, antes de hacerlo, aquella disposición de los códigos penales que tipifican el delito de peculado como lo hace, para enunciarlos de manera paradigmática, el Código Penal Federal en el artículo 223, que dice que comete el delito de peculado: “Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa”, entre otras cosas.

Hay, en los estados, algunas variantes. En Coahuila, y sólo amanera de ilustración, el Código Penal dice, en su Artículo 195, que: “Se aplicará prisión de dos a ocho años; multa de la mitad a tres tantos del beneficio que obtuvo; destitución de empleo o cargo; e inhabilitación definitiva para desempeñar otro: Al servidor público que para beneficio propio o ajeno disponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a alguna entidad pública; si por razón de su cargo los recibió en administración, depósito u otra causa”.

Como se verá, no sólo se trata de una práctica irregular, sino de una ilegalidad delictiva que, si bien en la impunidad podría encontrar resguardo, ya no contará con ese parapeto, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales permite que un juez de una adscripción distinta a la del local conozca de la causa cuando haya riesgo para la imparcialidad del originalmente facultado, como ha ocurrido ya en un precedente recientemente establecido por la Corte en el caso Duarte de Ochoa.

Es de esperarse, para bien de México y como bien concluye el ministro Cossío en su artículo, que en el próximo informe sobre la cuenta pública que rinda la Auditoría Superior de la Federación –o las estatales, agrego– no “nos volvamos a sentir sorprendidos por las muchas y delicadas cosas de las que hoy se nos está informando”.
12 Noviembre 2017 04:00:00
La corrupción y los presupuestos
Hace unos días, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío publicó un artículo intitulado “Una buena agenda anticorrupción” (El Universal, 07/11/2017).

En su artículo, el ministro Cossío enfatiza la necesidad efectuar una detenida y extensa reflexión pública sobre los puntos torales del informe de la Auditoría Superior de la Federación, que arroja importantes datos sobre deficiencias en el ejercicio 2016.

Expresamente, menciona el pago de sobreprecios injustificados, obras de mala calidad, falta de entrega de lo convenido y otras cuestiones “por el estilo”.

No menciona otras igualmente serias. Por ejemplo, el dato que hace poco se destacó respecto del gasto en difusión, que superó, generalizadamente y en algunos casos hasta en un mil por ciento, al autorizado, lo que necesariamente implica tomar los recursos excedidos de otros rubros, probablemente prioritarios.

Tampoco menciona un rubro que, por sus repercusiones, puede ser tanto o más grave, cualitativamente, que los mencionados: Aquel que tiene que ver con la retención indebida, injustificada e infundada de los presupuestos autorizados por el órgano parlamentario a instituciones y organismos que, sin dependencia del poder ejecutivo, se ven privados de los recursos asignados por determinación arbitraria de dependencias de este último.

Aunque los montos puedan parecer irrisorios frente a los dedicados a grandes obras, son más graves cualitativamente porque trascienden al campo de la garantía del equilibrio en el ejercicio del poder basada en el sistema de frenos y contrapesos, lo que hace añicos, en los hechos, la expresión fundamental del estado de derecho y pega en la médula misma de la legitimidad al atentar contra la función esencial del estado y su gobierno.

Como nos enseñaron los sismos recientes, hay daños estructurales imperceptibles y supuestamente mínimos, que son en el fondo más graves que muchos derrumbes escandalosos de elementos no esenciales de la arquitectura y la ingeniería. Lo mismo pasa con ellas cuando el parangón se aplica a los sistemas sociopolíticos y gubernamentales.

Quienes cometen, autorizan, permiten u ordenan este tipo de irregularidades, harían bien en considerar, antes de hacerlo, aquella disposición de los códigos penales que tipifican el delito de peculado como lo hace, para enunciarlos de manera paradigmática, el Código Penal Federal en el artículo 223, que dice que comete el delito de peculado: “Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa”, entre otras cosas.

Hay, en los estados, algunas variantes. En Coahuila, y solo a manera de ilustración, el Código Penal dice, en su artículo 195, que: “Se aplicará prisión de dos a ocho años; multa de la mitad a tres tantos del beneficio que obtuvo; destitución de empleo o cargo; e inhabilitación definitiva para desempeñar otro: Al servidor público que para beneficio propio o ajeno disponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a alguna entidad pública; si por razón de su cargo los recibió en administración, depósito u otra causa”.

Como se verá, no solo se trata de una práctica irregular, sino de una ilegalidad delictiva que, si bien en la impunidad podría encontrar resguardo, ya no contará con ese parapeto, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales permite que un juez de una adscripción distinta a la del local conozca de la causa cuando haya riesgo para la imparcialidad del originalmente facultado, como ha ocurrido ya en un precedente recientemente establecido por la Corte en el caso Duarte de Ochoa.

Es de esperarse, para bien de México y como bien concluye el ministro Cossío en su artículo, que en el próximo informe sobre la cuenta pública que rinda la Auditoría Superior de la Federación -o las estatales, agrego- no “nos volvamos a sentir sorprendidos por las muchas y delicadas cosas de las que hoy se nos está informando”.
05 Noviembre 2017 04:02:00
Un azaroso fin de sexenio
Pocas leyes en México escapan a la tentación –y posibilidad– de “darles la vuelta”, incluida la Constitución. Una de esas provisiones es el perentorio término de la gestión presidencial, que concluye, improrrogablemente, el 30 de noviembre cada seis años, y esta vez el fin del ciclo llega envuelto en una atmósfera de incertidumbre y tensiones que no se habían visto antes.

Lo que hace particularmente delicado el relevo en la titularidad del Poder Ejecutivo, en términos generales y aún en condiciones de estabilidad, es el peculiar ascendiente, con visos de monarquía sexenal, que el Presidente tiene respecto de los otros poderes y la peculiar estructura piramidal que ha impregnado nuestra cultura jurídica, más allá de lo prescrito por las normas (recuérdese, la improcedente justificación de esa circunstancia bajo la figura inadmisible de supuestas “facultades metaconstitucionales”).

Hay que agregar una serie de circunstancias que agravan la cuestión: el pertinaz empeño de Trump por eliminar a México del tratado de comercio de Norteamérica impone condiciones de riesgo e incertidumbre que no favorecen un tránsito político terso, en primer lugar.

El avance democrático que representa la apertura a candidaturas independientes también abona a la complejidad del proceso, porque en los hechos ha propiciado quebrantos partidarios aparentemente fincados más en las apetencias personales que en el interés general.

El número mismo de participantes “independientes” en la contienda presidencial apuntamos hacia el caos y las divisiones que a la unidad, que es propicia para el ejercicio legítimo del poder.

El notorio fracaso social –y también político– del modelo neoliberal, las decepciones frente a una esperanzada alternancia, el abanderamiento discursivo –sin efectiva correspondencia en los hechos– de los derechos humanos en las proclamas gubernamentales y la simulación, en general, han prohijado animadversión y enojo entre los ciudadanos, lo que tampoco facilita la estabilidad que requiere la gobernanza.

En la coyuntura presente ha de tenerse en cuenta la mella del prestigio y la confianza en los órganos electorales y, en general, en el desempeño gubernamental, agudizan la adversidad del contexto.

Súmense las percepciones –más reales que ficticias– sobre la corrupción, la impunidad, los contubernios y simulaciones –entre las que no sólo se encuentran las violaciones a los derechos de las personas, sino también los abusos estructurales, como es, por ejemplo, la administración arbitraria de los presupuestos asignados por el congreso para reforzar los programas que tiendan a ello, aun a riesgo de incurrir en graves responsabilidades administrativas y aun de cometer algún delito, como puede ser el de peculado.

A pesar de la postura opuesta de algunos, es imposible negar que la cultura política del país se encuentra impregnada de esa visión jerárquica de la pirámide del poder, en cuya base se encuentra una razón esquizofrénica: una cosa es lo que prescribe la ley y otra la que se lleva a cabo “por el bien de la república”, como solía decir un connotado secretario de Gobernación.

Mientras eso pasa, las campañas oficiales en favor del “principio de legalidad” proliferan. México, dijo José López Portillo, corría el riesgo de convertirse en un país de cínicos. ¿Es eso lo que ha ocurrido, o sólo es obcecación por el poder en interés personal?

Dicho lo anterior del país, hay que agregar que, como la praxis política mexicana ha generado la reproducción, en los estados, del esquema jerárquico central, haciendo de nuestro sistema un “federalismo de espejo”, las circunstancias descritas deben también predicarse de los relevos estatales, cuyos riesgos son equivalentes, además de verse agravados por el clima general.

Esos riesgos políticos, durante el relevo, y en todo momento, se aminorarían desde luego si se abandonara la nefasta práctica de pregonar una cosa para efectuar la contraria; cumplir con el deber primario de todos, pero especialmente de los servidores públicos, pasa por someterse al derecho y dejar de manipularlo, o lo que es peor, no acatarlo.

Es inaplazable enmendar ese yerro.
05 Noviembre 2017 04:00:00
Un azaroso fin de sexenio
Pocas leyes en México escapan a la tentación -y posibilidad- de “darles la vuelta”, incluida la constitución. Una de esas provisiones es el perentorio término de la gestión presidencial, que concluye, improrrogablemente, el 30 de noviembre cada seis años, y esta vez el fin del ciclo llega envuelto en una atmósfera de incertidumbre y tensiones que no se habían visto antes.

Lo que hace particularmente delicado el relevo en la titularidad del poder ejecutivo, en términos generales y aún en condiciones de estabilidad, es el peculiar ascendiente, con visos de monarquía sexenal, que el Presidente tiene respecto de los otros poderes y la peculiar estructura piramidal que ha impregnado nuestra cultura jurídica, más allá de lo prescrito por las normas (recuérdese, por ejemplo, la improcedente justificación de esa circunstancia bajo la figura inadmisible de supuestas “facultades metaconstitucionales”).

Hoy hay que agregar una serie de circunstancias que agravan la cuestión: El pertinaz empeño de Trump por eliminar a México del Tratado de Comercio Libre de Norteamérica impone condiciones de riesgo e incertidumbre que no favorecen un tránsito político terso, en primer lugar.

El avance democrático que representa la apertura a candidaturas independientes, también abona a la complejidad del proceso, porque en los hechos ha propiciado quebrantos partidarios aparentemente fincados más en las apetencias personales que en el interés general.

El número mismo de participantes “independientes” en la contienda presidencial apuntamos hacia el caos y las divisiones que a la unidad que es propicia para el ejercicio legítimo del poder.

El notorio fracaso social -y también político- del modelo neoliberal, las decepciones frente a una esperanzada alternancia, el abanderamiento discursivo -sin efectiva correspondencia en los hechos- de los derechos humanos en las proclamas gubernamentales y la simulación, en general, han prohijado animadversión y enojo entre los ciudadanos, lo que tampoco facilita la estabilidad que requiere la gobernanza.

En la coyuntura presente, ha de tenerse en cuenta, por si aquello fuera poco, la mella del prestigio y la confianza en los órganos electorales y, en general, en el desempeño gubernamental, agudizan la adversidad del contexto.

Súmense las percepciones -más reales que ficticias- sobre la corrupción, la impunidad, los contubernios y simulaciones -entre las que no solo se encuentran las violaciones a los derechos de las personas, sino también los abusos estructurales, como es, por ejemplo, la administración arbitraria de los presupuestos asignados por el congreso para reforzar los programas que tiendan a ello, aun a riesgo de incurrir en graves responsabilidades administrativas y aun de cometer algún delito, como puede ser el de peculado.

A pesar de la postura opuesta de algunos, es imposible negar que la cultura política del país se encuentra impregnada de esa visión jerárquica de la pirámide del poder, en cuya base se encuentra una razón esquizofrénica: Una cosa es lo que prescribe la ley y otra la que se lleva a cabo “por el bien de la república”, como solía decir un connotado secretario de gobernación en tiempos no tal lejanos.

Mientras eso pasa, las campañas oficiales en favor del “principio de legalidad” proliferan. México, dijo José López Portillo, corría el riesgo de convertirse en un país de cínicos ¿Es eso lo que ha ocurrido, o solo es obcecación por el poder en interés personal?

Dicho lo anterior del país, hay que agregar que, como la praxis política mexicana ha generado la reproducción, en los estados, del esquema jerárquico central, haciendo de nuestro sistema un “federalismo de espejo”, las circunstancias descritas deben también predicarse de los relevos estatales, cuyos riesgos son equivalentes, además de verse agravados por el clima general.

Esos riesgos políticos, durante el relevo y en todo momento, se aminorarían desde luego si se abandonara la nefasta práctica de pregonar una cosa, para efectuar la contraria; cumplir con el deber primario de todos, pero especialmente de los servidores públicos, pasa por someterse al derecho y dejar de manipularlo, o lo que es peor, no acatarlo.

Es inaplazable enmendar ese yerro.
29 Octubre 2017 04:00:00
¿Una nación de naciones?
La tensión tiene raíces profundas en la historia, pero se ha agudizado en extremo en los últimos tiempos y ha alcanzado niveles que hacen difícil imaginar un futuro terso, sean cuales fueren las medidas que se adopten.

Lo cierto es que hemos presenciado, en la coyuntura que vive España, una colección de desaciertos políticos, que lejos de permitir avizorar una solución eficaz y duradera, lo que han hecho es agravar el conflicto que, siendo antiguo, se reavivó cuando el parlamento catalán incluyó en su estatuto de autonomía una frase que se refería a Cataluña como “nación”, idea que se consideró por algunos como contraventora de la proclama, vigente durante el franquismo, de que España es “una, grande, libre”.

Es detectable, en primer lugar, una confusión clara, en el discurso que priva en los acontecimientos que hoy ocurren, entre los conceptos “nación” y “estado”, aunque hay además una significante postura republicana, y por lo tanto antimonárquica, en los planteamiento de, cuando menos, la mitad de los catalanes de hoy, a juzgar por las cifras que arrojan los referendos y otros cálculos en que las partes no parecen diferir.

Hace tres años, precisamente el domingo 26 de octubre de 2014, el profesor Emilio Suñé, de la Universidad Complutense, escribía en el periódico electrónico “Madrid Press” que “uno de los puntos más críticos para la Ciencia Política y el Derecho Público es cómo articular la convivencia en un mismo Estado, de pueblos con una identidad histórico-cultural fuerte, que quieren autogobernarse. Esta es precisamente la idea de Nación, frente a la de Estado. La Nación es una realidad socio-cultural, mientras que el Estado es una forma jurídico-política. Cuando coinciden Estado y Nación, no hay problema, porque un grupo social, con conciencia de un ‘nosotros’ (Nación), organiza los asuntos políticos, es decir de su ser colectivo, bajo un único Estado. Ahí no existen uniones forzadas ni tensiones secesionistas; pero la Historia es compleja, por lo que es muy habitual lo contrario, que grupos nacionales distintos convivan bajo un mismo Estado” ( HYPERLINK “http://madridpress.com/not/179736/espana__nacion_de_naciones__i_”
http://madridpress.com/not/179736/espana__nacion_de_naciones__i_).

Dijo Suñé entonces también que Cataluña es una Nación, como lo es España, que “no es solo un Estado, también es una Nación. Existe la Nación Española, al menos mientras la dinámica destructiva del Estado de las Autonomías no acabe con ella”.

En consonancia con ese parecer y, sin duda en la misma línea que Suñé –aunque en otros menesteres podría no compartir posiciones políticas- se ha expresado el senador Ramón Espinar, de PODEMOS, quien en medio de los debates actuales, ha dicho que Cataluña tiene toda la legitimidad para ser nación, aunque no la tenga para declararse “estado soberano”, si nos atenemos al marco constitucional español, a pesar de que en el ámbito meta jurídico podría debatirse esto último.

¿Cómo conciliar ambas posturas? Uniendo sin unificar, integrando a los diversos en un “gran nosotros” que comparta lo que deba compartirse por ser común entre diversos “nosotros” parciales, que en cuanto a su fuero interno conservaran sus capacidades de autogobierno.

La unidad, importa destacarlo, no se rompe por la diversidad, antes puede enriquecerse y verse fortalecida; igual la grandeza y, sobre todo, la libertad, lo que requiere de un diálogo respetuoso y digno, tanto como de evitar el empleo del pseudo legítimo “monopolio de la fuerza”, si es que de verdad se quiere alcanzar soluciones duraderas y estables.

Solo podrá lograrse tal objetivo bajo un esquema firme, pero elástico, que permita compartir y tienda puentes en lugar de anular diferencias por imposición coactiva.

Ya existe una técnica de probada eficacia para alcanzar ese ideal: el sistema federal, que es un instrumento apto para aglutinar naciones en una unidad estatal, como ha pasado con Suiza, la federación más antigua del mundo.

Claro: la eficacia del instrumento requiere de pericia y buen ánimo al utilizarlo; por sí mismo no garantiza nada. Los fracasos (alguno muy cercano por cierto) no son imputables al instrumento, sino a quienes lo operan.
22 Octubre 2017 04:02:00
Apología del sistema federal
El mundo atraviesa una etapa de transformación que ha hecho evidente la necesidad de revisar el modelo organizativo de la comunidad internacional y de no pocas de las llamadas “nacionales”.

Paralelamente, en nuestro país, con una obvia estrechez de horizontes e ignorancia histórica, vivimos un proceso de centralización que se ha querido “vender” revistiéndolo de una aparente satisfacción de compromisos internacionales, que en realidad ha dado en convertirse en perniciosa concentración de poder en el Gobierno de la Unión.

Creo por ello importante insistir en los rasgos esenciales del sistema federal para erradicar toda confusión y prevenir simulaciones.

Las características de un estado federal, en síntesis, son: a) el federalismo es una técnica constitucional de integración jurídico-política, que algunos estados modernos han empleados para cumplir el propósito de armonizar dos tendencias contradictorias, presentes en el origen y en el transcurso de la vida de cada uno de esos estados: la unidad frente a la disgregación; b) coexisten tres órdenes jurídicos: el de los estados integrantes, el federal creado para atender los asuntos comunes atribuidos expresamente al Gobierno de la Unión y el general (que algunos llaman nacional), que los comprende a ambos y establece las normas comunes y las de organización, integración y coordinación que son fundamentales en el mantenimiento de la unidad, cohesión y permanencia del estado; c) no hay más que dos órdenes de gobierno interlocutores directos en un régimen federal: el Gobierno de la Unión y el de cada uno de los integrantes de la Federación, es decir, los estados federados.

Tres son los principios básicos en que se funda el sistema federal: 1) El de la Supremacía de la Constitución General; 2) El principio de Poderes Exclusivos y Residuales, que en el caso de México se precisa en el Artículo 124 y significa que el Gobierno de la Unión sólo contará con los poderes o facultades que expresamente se le hayan conferido en la Constitución, en tanto que todos aquellos no mencionados son reservados para sí por cada uno de los estados que integran la federación, aunque por excepción existen poderes concurrentes, que pueden ser ejercidos por ambas instancias; 3) El de reciprocidad, por el cual, en primer lugar, los actos oficiales de cada estado gozan de validez en los otros y ante la Unión, porque reciben “entera fe y crédito” en toda ella y, en segundo, los ciudadanos de cada estado tienen en los demás garantizados todos sus derechos y libertades.

En México, la concesión de fundamental de atribuciones se contiene en el Artículo 73, que contiene el catálogo potestativo del Poder Legislativo, que por razón natural, es el más relevante en la materia, porque no hay que olvidar que la función básica, en términos formales, de todo estado es expedir normas, a través de cuya ejecución y en movimiento descendente, sus órganos llevarán a cabo las funciones que a cada uno le corresponde efectuar.

Por eso la tendencia impulsada por el Gobierno federal de manera intensa en los tiempos recientes parte de reformar ese artículo, a fin de concentrar facultades, sin destruir, en apariencia, el formato federal.

La historia nos ha enseñado que la centralización tiende a ser autoritaria y la descentralización, por contraposición, tiende a ser una fuerza liberatoria y por lo tanto democrática. El sistema federal es una forma de “descentralización” política más vigorosa y eficaz para contener los excesos del poder que la simple descentralización administrativa, y por lo tanto con un gran potencial como instrumento de contención del poder en un reforzado sistema de frenos y contrapesos.

Por eso, insisto, se antoja benéfico emprender una acción estratégica que refuerce la estructura federal y, al mismo tiempo, haga eficaz la descentralización al interior de las entidades federativas, siempre con claridad conceptual y honorabilidad política.
22 Octubre 2017 04:00:00
Apología del sistema federal
El mundo atraviesa una etapa de transformación que ha hecho evidente la necesidad de revisar el modelo organizativo de la comunidad internacional y de no pocas de las llamadas “nacionales”.

Paralelamente, en nuestro país, con una obvia estrechez de horizontes e ignorancia histórica, vivimos un proceso de centralización que se ha querido “vender” revistiéndolo de una aparente satisfacción de compromisos internacionales, que en realidad ha dado en convertirse en perniciosa concentración de poder en el gobierno de la unión.

Creo por ello importante insistir en los rasgos esenciales del sistema federal para erradicar toda confusión y prevenir simulaciones.

Las características de un estado federal, en síntesis, son: a) El federalismo es una técnica constitucional de integración jurídico-política, que algunos estados modernos han empleados para cumplir el propósito de armonizar dos tendencias contradictorias, presentes en el origen y en el transcurso de la vida de cada uno de esos estados: La unidad frente a la disgregación; b) Coexisten tres órdenes jurídicos: el de los estados integrantes, el federal creado para atender los asuntos comunes atribuidos expresamente al gobierno de la Unión y el general (que algunos llaman nacional), que los comprende a ambos y establece las normas comunes y las de organización, integración y coordinación que son fundamentales en el mantenimiento de la unidad, cohesión y permanencia del estado; c) No hay más que dos órdenes de gobierno interlocutores directos en un régimen federal: El gobierno de la unión y el de cada uno de los integrantes de la federación, es decir, los
estados federados.

Tres son los principios básicos en que se funda el sistema federal: 1) El de la Supremacía de la Constitución General; 2) El principio de Poderes Exclusivos y Residuales, que en el caso de México se precisa en el artículo 124 y significa que el gobierno de la Unión sólo contará con los poderes o facultades que expresamente se le hayan conferido en la Constitución, en tanto que todos aquellos no mencionados son reservados para sí por cada uno de los estados que integran la federación, aunque por excepción existen poderes concurrentes, que pueden ser ejercidos por ambas instancias; 3) El de reciprocidad, por el cual, en primer lugar, los actos oficiales de cada estado gozan de validez en los otros y ante la Unión, porque reciben “entera fe y crédito” en toda ella y, en segundo, los ciudadanos de cada estado tienen en los demás garantizados todos sus derechos y libertades.

En México, la concesión de fundamental de atribuciones se contiene en el artículo 73, que contiene el catálogo potestativo del Poder Legislativo, que por razón natural, es el más relevante en la materia, porque no hay que olvidar que la función básica, en términos formales, de todo estado es expedir normas, a través de cuya ejecución y en movimiento descendente, sus órganos llevarán a cabo las funciones que a cada uno le corresponde efectuar.

Por eso la tendencia impulsada por el gobierno federal de manera intensa en os tiempos recientes parte de reformar ese artículo, a fin de concentrar facultades, sin destruir, en apariencia, el formato federal.

La historia nos ha enseñado que la centralización tiende a ser autoritaria y la descentralización, por contraposición, tiende a ser una fuerza liberatoria y por lo tanto democrática. El sistema federal es una forma de “descentralización” política más vigorosa y eficaz para contener los excesos del poder que la simple descentralización administrativa, y por lo tanto con un gran potencial como instrumento de contención del poder en un reforzado sistema de
frenos y contrapesos.

Por eso, insisto, se antoja benéfico emprender una acción estratégica que refuerce la estructura federal y, al mismo tiempo, haga eficaz la descentralización al interior de las entidades federativas, siempre con claridad conceptual y honorabilidad política.
15 Octubre 2017 04:02:00
La desaparición forzada de personas
México es signatario de la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas y adquiere por ello las obligaciones siguientes: a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales; b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo; c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas; y d) Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la Convención.

En el mismo instrumento se define lo que, para sus efectos y los derivados de ellos, debe entenderse por desaparición forzada de personas: “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

Los Estados partes se comprometen, además, a adoptar las medidas legislativas que fuere necesarias para tipificar como delito –que será considerado como continuado “mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima”– la desaparición forzada de personas, asignándole una pena adecuada a su “extrema gravedad”.

La desaparición forzada de personas no será considerada delito político para los efectos de extradición, especifica además la Convención, lo que resulta muy importante para evitar subterfugios elusivos.

Otra peculiaridad de la desaparición forzada de personas, congruentemente, es que la acción penal derivada de ella y la pena correspondiente no estarán sujetas a prescripción, tanto como lo es el impedimento de considerar como excluyente de responsabilidad la “obediencia debida”, por lo que toda persona que reciba tales órdenes tiene el deber de no obedecerlas.

Por si esto último fuera poco, hay disposición expresa que dice: “Los hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos en el ejercicio de las funciones militares”.

Tampoco podrán admitirse privilegios, inmunidades, ni dispensas especiales basados en la inmunidad diplomática.

Como podrá verse, la convención –que es obligatoria en México, con el carácter de “ley suprema”, según el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos– ha querido sentar inequívocamente la gravedad de los actos de desaparición forzada de personas y, lo que hoy resulta particularmente en México, no restringe el ámbito que abarca sólo a las entidades públicas, sino que la extiende, en términos rigurosos, a los particulares que la cometan.

Aunque existen ya muchos ordenamientos y mecanismos dedicados a la atención de esta muy seria lacra, han mostrado con creces su insuficiencia para atacar el problema con eficiencia y, sobre todo, eficacia.

Por eso, hoy, que una nueva ley general hace su aparición en el universo jurídico del estado mexicano, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que ha sido ya aprobada por el Congreso de Unión y enviada al Ejecutivo para su promulgación, a diferencia de otros casos, hay que considerar el hecho como digno de aplauso, no sólo por la relevancia de su objeto, sino porque, además, es un elemento que típicamente cabe en la categoría de leyes generales, cuya expedición se justifica por el ordenamiento de atribuciones concurrentes entre los niveles general y federal de nuestro estado complejo.

No se conoce todavía el texto del ordenamiento porque no ha sido publicado, pero en principio es promisorio el intento de ordenar y estimular, en un desarrollo de la norma fundamental, la actividad de todo el aparato institucional tendiente a prevenir y sancionar tan execrable conducta.

Es de esperarse que así sea.
15 Octubre 2017 04:00:00
La desaparición forzada de personas
México es signatario de la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas y adquiere por ello las obligaciones siguientes: a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales; b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo; c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas; y d) Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en
la Convención.

En el mismo instrumento se define lo que, para sus efectos y los derivados de ellos, debe entenderse por desaparición forzada de personas: “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

Los Estados Partes se comprometen, además, a adoptar las medidas legislativas que fuere necesarias para tipificar como delito -que será considerado como continuado “mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima”- la desaparición forzada de personas, asignándole una pena adecuada a su ”extrema gravedad”.

La desaparición forzada de personas no será considerada delito político para los efectos de extradición, especifica además la Convención, lo que resulta muy importante para evitar subterfugios elusivos.

Otra peculiaridad de la desaparición forzada de personas, congruentemente, es que la acción penal derivada de ella y la pena correspondiente no estarán sujetas a prescripción, tanto como lo es el impedimento de considerar como excluyente de responsabilidad la “obediencia debida”, por lo que toda persona que reciba tales órdenes tiene el deber de no obedecerlas.

Por si esto último fuera poco, hay disposición expresa que dice: “Los hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos en el ejercicio de las funciones militares”.

Tampoco podrán admitirse privilegios, inmunidades, ni dispensas especiales basados en la inmunidad diplomática.

Como podrá verse, la convención -que es obligatoria en México, con el carácter de “ley suprema”, según el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- ha querido sentar inequívocamente la gravedad de los actos de desaparición forzada de personas y, lo que hoy resulta particularmente en México, no restringe el ámbito que abarca solo a las entidades públicas, sino que la extiende, en términos rigurosos, a los particulares que la cometan.

Aunque existen ya muchos ordenamientos y mecanismos dedicados a la atención de esta muy seria lacra, han mostrado con creces su insuficiencia para atacar el problema con eficiencia y, sobre todo eficacia.

Por eso, hoy, que una nueva ley general hace su aparición en el universo jurídico del estado mexicano, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que ha sido ya aprobada por el Congreso de Unión y envía da al Ejecutivo para su promulgación, a diferencia de otros casos, hay que considerar el hecho como digno de aplauso, no solo por la relevancia de su objeto, sino porque, además, es un elemento que típicamente cabe en la categoría de leyes generales, cuya expedición se justifica por el ordenamiento de atribuciones concurrentes entre los niveles general y federal de nuestro estado complejo.

No se conoce todavía el texto del ordenamiento porque no ha sido publicado, pero en principio es promisorio el intento de ordenar y estimular, en un desarrollo de la norma fundamental, la actividad de todo el aparato institucional tendiente a prevenir y sancionar tan execrable conducta.
Es de esperarse que así sea.
08 Octubre 2017 04:02:00
La cuestión catalana
Voy a tratar un tema que, en mi calidad de “no español” –que no precisamente de “extranjero”–, exulta sin duda delicado, en medio de una polémica intensa que tiene lugar en España. He creído, no obstante, oportuno abordar el tema porque, precisamente por esa condición, creo que bien podría ofrecer una perspectiva imparcial.

Tras el referéndum acerca de la independencia catalana respecto de España, la tensión ha llegado al extremo y corre el riesgo de rebasar los linderos de la política para convertirse en violencia.

Las posiciones se han dividido en dos bandos, que se mantienen en posiciones irreductibles, lo que hace imposible el acercamiento necesario para tender los puentes que lleven a buen puerto el conflicto.

Se han aducido, de una parte, razones constitucionales, mientras que, de la otra, el derecho de todos los pueblos a gobernarse a sí mismos.

En el espacio de confrontación se pueden apreciar confusiones de serias consecuencias entre las nociones de estado, nación y gobierno, que bien valdría la pena revisar, pero quizás la más grave en la coyuntura histórica sea enfocar el problema desde una perspectiva territorial, porque en rigor se trata de una integración de comunidades diversas que, a pesar de ello, comparten afinidades. Por eso la solución estriba, a mi juicio, en unir sin “unificar”.

En la circunstancia que se vive en España se manifiesta una tensión entre una vigorosa fuerza centrífuga y una no menos fuerte centrípeta, que hay que aliviar eficazmente, y a juzgar por los principales protagonistas de este crucial episodio parece no haber soluciones intermedias: o la asunción de la soberanía plena por parte de Cataluña, o su sumisión a un gobierno central de un estado que se asume a sí mismo como unitario.

En ese contexto, no creo que sobre una exhortación a la cordura y a la sensibilidad políticas de todos los actores –incluso la sociedad civil, que tan perceptiblemente se ha incorporado no sólo al debate, sino también a la acción– para abordar el tema “fuera del cajón”, para tener una perspectiva nueva y fresca del panorama, a fin de conseguir opciones que mantengan la unidad, engrandezcan a España y abonen en ella a las libertades y derechos esenciales.

Se trata de distender la confrontación actual y dar cabida a un diálogo permanente y dinámico, que sólo puede darse en marcos constitucionales que permitan la coexistencia de comunidades diversas pero coincidentes, destacando los puntos de unión y estableciendo las reglas de operación respecto de las diferencias.

Esa es la esencia de la estructura federal, en la que ya Carl Friedrich ha demostrado que coexisten siempre –desde el nacimiento y durante toda su vida– dos fuerzas, una que impulsa a la unión –centrípeta, por tanto– y otra a la separación –centrífuga en consecuencia– que son perennemente fluctuantes.

Es precisamente en la flexibilidad de los mecanismos propicios para mantener equilibrio entre ambas que reside la bondad del sistema federal, que es por eso capaz de resolver eficazmente tensiones como las que hoy se manifiestan en España.

No en balde ha tenido expresiones exitosas en aquellos países que, o son en extremo extendidos, o están integrados por comunidades que son diversas entre sí, pero presentan afinidades suficientes como para impulsarlas a mantenerse unidas.

Este último es, a no dudarlo, el caso de España. Creo que la solución federal es en ella, hoy por hoy, una opción que, por lo tanto, según lo veo, merece ser considerada con seriedad.

El problema de mayor magnitud que enfrenta hoy España podría ser resuelto si las partes en el conflicto se sientan a diseñar y negociar políticamente, no a golpes y con reacciones violentas, un nuevo pacto que, a semejanza de Suiza, Bélgica, Alemania y la misma Unión Europea, aplique el principio federativo, según su propia versión, para dar cauce a la presente y futuras tensiones de semejante naturaleza.
08 Octubre 2017 04:00:00
La cuestión catalana
Voy a tratar un tema que, en mi calidad de “no español” –que no precisamente de “extranjero”- resulta sin duda delicado, en medio de una polémica intensa que tiene lugar en España. He creído, no obstante, oportuno abordar el tema porque, precisamente por esa condición, creo que bien podría ofrecer una perspectiva imparcial.

Tras el referéndum acerca de la independencia catalana respecto de España, la tensión ha llegado al extremo y corre el riesgo de rebasar los linderos de la política para convertirse en violencia.

Las posiciones se han dividido en dos bandos, que se mantienen en posiciones irreductibles, lo que hace imposible el acercamiento necesario para tender los puentes que lleven a buen puerto el
conflicto.

Se han aducido, de una parte, razones constitucionales, mientras que, de la otra, el derecho de todos los pueblos a gobernarse a sí mismos.

En el espacio de confrontación se pueden apreciar confusiones de serias consecuencias entre las nociones de estado, nación y gobierno, que bien valdría la pena revisar, pero quizá la más grave en la coyuntura histórica sea enfocar el problema desde una perspectiva territorial, porque en rigor se trata de una integración de comunidades diversas que, a pesar de ello, comparten afinidades. Por eso la solución estriba, a mi juicio, en unir sin “unificar”.

En la circunstancia que se vive en España se manifiesta una tensión entre una vigorosa fuerza centrífuga y una no menos fuerte centrípeta, que hay que aliviar eficazmente, y a juzgar por los principales protagonistas de este crucial episodio parece no haber soluciones intermedias: O la asunción de la soberanía plena por parte de Cataluña, o su sumisión a un gobierno central de un estado que se asume a sí mismo como unitario.

En ese contexto, no creo que sobre una exhortación a la cordura y a la sensibilidad políticas de todos los actores –incluso la sociedad civil, que tan perceptiblemente se ha incorporado no solo al debate, sino también a la acción- para abordar el tema “fuera del cajón”, para tener una perspectiva nueva y fresca del panorama, a fin de conseguir opciones que mantengan la unidad, engrandezcan a España y abonen en ella a las libertades y derechos esenciales.

Se trata de distender la confrontación actual y dar cabida a un diálogo permanente y dinámico, que solo puede darse en marcos constitucionales que permitan la coexistencia de comunidades diversas pero coincidentes, destacando los puntos de unión y estableciendo las reglas de operación respecto de las diferencias.

Esa es la esencia de la estructura federal, en la que ya Carl Friedrich ha demostrado que coexisten siempre –desde el nacimiento y durante toda su vida- dos fuerzas, una que impulsa a la unión –centrípeta, por tanto- y otra a la separación –centrífuga en consecuencia- que son perennemente fluctuantes.

Es precisamente en la flexibilidad de los mecanismos propicios para mantener equilibrio entre ambas que reside la bondad del sistema federal, que es por eso capaz de resolver eficazmente tensiones como las que hoy se manifiestan en España.

No en balde ha tenido expresiones exitosas en aquellos países que, o son en extremo extendidos, o están integrados por comunidades que son diversas entre sí, pero presentan afinidades suficientes como para impulsarlas a mantenerse unidas.

Este último es, a no dudarlo, el caso de España. Creo que la solución federal es en ella, hoy por hoy, una opción que, por lo tanto, según lo veo, merece ser considerada con seriedad.

El problema de mayor magnitud que enfrenta hoy España podría ser resuelto si las partes en el conflicto se sientan a diseñar y negociar políticamente, no a golpes y con reacciones violentas, un nuevo pacto que, a semejanza de Suiza, Bélgica, Alemania y la misma Unión Europea, aplique el principio federativo, según su propia versión, para dar cauce a la presente y futuras tensiones de semejante
naturaleza.
01 Octubre 2017 04:00:00
El paulatino desmantelamiento constitucional
Cien años y 743 artículos reformados lleva la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De ellos, 154 han sido modificados durante el régimen actual, lo que representa casi el 20 % del total de las reformas efectuadas anteriormente.

La última -¿ominosamente?- se publicó el día mismo en que se conmemora el inicio de la guerra de independencia, el 15 de septiembre pasado.

La mayoría de esas reformas han tenido por motivo central ampliar las facultades de los órganos del gobierno de la Unión, en detrimento de las atribuciones de las correspondientes a los gobiernos estatales.

El vehículo de concentración, primero, fueron la leyes “generales”, una clasificación que, en rigor, solo merecen aquellas disposiciones que, en desarrollo de una disposición constitucional, regulan el ejercicio de las facultades concurrentes, es decir, aquellas que la propia constitución otorga a los órdenes federal y estatales como excepción a la regla general de facultades exclusivas.

Después, de plano y ya sin rubor alguno, se dio en la práctica de emitir leyes y códigos “nacionales”, que desplazan a las legislaciones locales en materias que, según el equilibrado diseño original, les correspondían.

Un par de datos interesantes y que usualmente pasan desapercibidos: durante el largo periodo de estabilidad económica y social, pocas fueron las reformas efectuadas a la ley suprema; en cambio, el frenesí de los cambios empezó en los 70’s, se agudizó en los 80’s –para propiciar el suave aterrizaje en nuestro país del entonces abiertamente pujante “neoliberalismo, que aún sigue vivo, pero casi soterradamente- y ha tenido un verdaderamente grande apogeo en los dos últimos
sexenios.

¿No es de llamar la atención que a la inestabilidad constitucional correspondan los tiempos de mayor inestabilidad política y social? ¿Es mera coincidencia?

Incluso en materia económica, respecto de la que se pregonan condiciones de prosperidad y estabilidad macroeconómica, los índices de pobreza son mayúsculos y la brecha entre los muy pocos ricos y el resto de la población cada vez más pronunciada, lo que es en sí mismo injusto y, además, propicio para la inconformidad creciente que, ya con visos de acre rebeldía, es perfectamente perceptible entre la gente de nuestro país.

Lo grave del asunto es que, a pesar de esa crispación social, los argumentos desplegados por los centros de poder impulsores del retroceso estructural, a pesar de su retórica retorcida y gastada, no son rebatidos; al contrario, frecuentemente se aplauden, incluso desde sectores ordinariamente críticos, quizás porque la inmediatez de los problemas que se dice pretenden ser resueltos con las reformas, impide ver el panorama que ofrece el horizonte profundo de las intenciones de control que ellas conllevan, pues es evidente que mientras más disperso y limitado se encuentre el poder, más difícil será ejercerlo en favor de intereses particulares.

Hay que recordar que nuestra constitución es, en el papel, rígida, precisamente para evitar que a voluntad de los poderosos se modifique sin ton ni son, en favor de ellos y perjuicio de los seres humanos cuyos intereses y derechos está destinada a proteger.

En los hechos, esa característica se ha esfumado. Los órganos que deberían protegerla, los partidos políticos incluidos, se han sumado al pequeño grupo rector de la política -¿recuerda usted el llamado “Pacto por México”?- para decidir, incluso al margen de los órganos legislativos, sobre los asuntos que atañen a todo el país y afectan a todos sus habitantes. Eso rompe el orden institucional y opera contra la democracia.

Ferdinand La Salle, ese jurista alemán marxista decimonónico que habló desde entonces sobre el tema, sostuvo que, a pesar de la generalizada creencia de que la constitución es una ley suprema, protectora del interés general, en realidad no es sino una expresión de la voluntad de los poderosos, que en la cúspide se dan la mano y coinciden en la adopción de medidas para cuidar sus intereses, “legalizando” las vías para conseguirlo desde la fuente misma de la supremacía jurídica.

¿Acaso La Salle tenía razón?
24 Septiembre 2017 04:00:00
La reconstrucción que se impone
Una vez más, como hace 32 años, la tragedia despertó el ánimo solidario, volcado, con denuedo y sin tregua, en la tarea del rescate.

El lado oscuro, por desgracia, también se manifestó a través de la abominable rapiña, los asaltos y el oportunismo político de los partidos y grupos políticos que, resistentes inicialmente y sólo cediendo al final ante el clamor popular, parecían competir por ocupar la vanguardia al gestionar eso mismo que habían negado: aportar una parte de sus cuantiosos recursos para destinarlos a las tareas necesarias para enfrentar las consecuencias del terremoto.

Con todo, la sociedad mexicana ha dado, una vez más, muestras sobradas de la fortaleza que cuando se une por una causa justa es capaz de desplegar. Ojalá que esa solidaridad vigorosa persista y perdure en los tiempos que vienen, menos impactantes quizás, pero aún más difíciles: los de la reconstrucción.

Ese heroísmo de impulso inicial habrá de mantenerse para reconstruir nuestro país, teniendo siempre en la mente la necesidad de rehacer, también, el entramado y las estructuras sociales que tan callada, pero sostenidamente, se han ido transformando para beneficio de unos pocos y a cargo del gran grueso de la comunidad, que apenas se percata del daño, si no es que incluso lo aplaude, engañada por una tramposa retórica.

Hace ocho días me referí a una reforma constitucional que se suma a otras que, en conjunto, implican una regresión institucional y que, por macabra ironía, fue publicada el mismo día que se festejaba la independencia de este país. Prometí referirme a ella, y lo hago sin siquiera juzgar sobre las cualidades o defectos intrínsecos de la materia a que se refiere ella misma –no quiero perder la perspectiva del bosque por concentrarme en un árbol–, sino a la sostenida labor de desmantelamiento de una estructura que, sin ser vista a simple vista y desde fuera, ha sido sin embargo puntal de nuestra unión y la mejor opción para construir con legitimidad plena el futuro que necesitamos.

México se hizo federal, desde que nació como estado independiente, por dos razones principales: para mantener la integración de las regiones que integraron un día el ámbito espacial de la Nueva España que, tras la fallida aventura imperial de Iturbide se habían disgregado, y para combatir el centralismo que con ella se había proyectado.

Tras el Plan de Casamata, que no previó un gobierno “nacional” –no había nación propiamente dicha– se produjo un vacío de poder que las diputaciones provinciales aprovecharon para declarar su autonomía. Yucatán y Oaxaca se enfilaron a darse su propia y autónoma estructura jurídica, en ejercicio de un poder que ostentaban, por popular, soberano. Guadalajara se erigió en “Estado libre, independiente y soberano de Xalisco”, declarando que no reconocía más que una relación de “hermandad y confederación” con las otras comunidades esparcidas por el territorio de lo que había sido la Nueva España.

Zacatecas se erigió también en estado libre, federado y “soberano de sí mismo”, aunque no sin declarar la importancia del “bien general” y el deseo de no dañar la unidad, al tiempo en que comunicaba que sólo le Federación lograría “el bien de la patria”, al conciliar el interés “particular de las provincias con el general de la nación”. Ya para entonces Sonora y Sinaloa se habían declarado independientes de Chihuahua y Guadalajara, respectivamente, y se daban a la tarea de crear instituciones propias. Los líderes políticos de aquel entonces eran personas cultas. Bien sabían que en la antigüedad clásica, al ir los patricios a la guerra, dejaban un vacío que cubrían los tiranos, demagogos puesto que la ley de los ancestros de cada urbe les era ajena, por lo que su voluntad solía convertirse en norma, mucho más opresiva y caprichosa cuanto más concentrado estaba el poder.

Por eso se optó por un régimen que hoy, como se verá en la próxima entrega, se desmantela, paulatina, subrepticia y persistentemente.
24 Septiembre 2017 04:00:00
La reconstrucción que se impone
A las y los bienhechores anónimos.

Una vez más, como hace 32 años, la tragedia despertó el ánimo solidario, volcado, con denuedo y sin tregua, en la tarea del rescate.

El lado oscuro, por desgracia, también se manifestó a través de la abominable rapiña, los asaltos y el oportunismo político de los partidos y grupos políticos, que resistentes inicialmente y solo cediendo al final ante el clamor popular, parecían competir por ocupar la vanguardia al gestionar eso mismo que habían negado: Aportar una parte de sus cuantiosos recursos para destinarlos a las tareas necesarias para enfrentar las consecuencias del
terremoto.

Con todo, la sociedad mexicana ha dado, una vez más, muestras sobradas de la fortaleza que cuando se une por una causa justa es capaz de desplegar. Ojalá que esa solidaridad vigorosa persista y perdure en los tiempos que vienen, menos impactantes quizás, pero aún más difíciles: Los de la reconstrucción.

Ese heroísmo de impulso inicial habrá de mantenerse para reconstruir nuestro país, teniendo siempre en la mente la necesidad de rehacer, también, el entramado y las estructuras sociales que tan callada, pero sostenidamente, se han ido transformando para beneficio de unos pocos y a cargo del gran grueso de la comunidad, que apenas se percata del daño, si no es que incluso lo aplaude, engañada por una tramposa retórica.

Hace ocho días me referí a una reforma constitucional que se suma a otras que, en conjunto, implican una regresión institucional y que, por macabra ironía, fue publicada el mismo día que se festejaba la independencia de este país. Prometí referirme a ella, y lo hago sin siquiera juzgar sobre las cualidades o defectos intrínsecos de la materia a que se refiere ella misma -no quiero perder la perspectiva del bosque por concentrarme en un árbol- sino a la sostenida labor de desmantelamiento de una estructura que, sin ser vista a simple vista y desde fuera, ha sido sin embargo puntal de nuestra unión y la mejor opción para construir con legitimidad plena el futuro que
necesitamos.

México se hizo federal, desde que nació como estado independiente, por dos razones principales: Para mantener la integración de las regiones que integraron un día el ámbito espacial de la Nueva España que, tras la fallida aventura imperial de Iturbide se habían disgregado, y para combatir el centralismo que con ella se había proyectado.

Tras el “Plan de Casamata”, que no previó un gobierno “nacional” -no había nación propiamente dicha- se produjo un vacío de poder que las diputaciones provinciales aprovecharon para declarar su autonomía. Yucatán y Oaxaca se enfilaron a darse su propia y autónoma estructura jurídica, en ejercicio de un poder que ostentaban, por popular, soberano. Guadalajara se erigió en “Estado libre, independiente y soberano de Xalisco”, declarando que no reconocía más que una relación de “hermandad y confederación” con las otras comunidades esparcidas por el territorio de lo que había sido la Nueva España.

Zacatecas se erigió también en estado libre, federado y “soberano de sí mismo”, aunque no sin declarar la importancia del “bien general” y el deseo de no dañar la unidad, al tiempo en que comunicaba que solo le federación lograría “el bien de la patria”, al conciliar el interés “particular de las provincias con el general de la nación”. Ya para entonces Sonora y Sinaloa se habían declarado independientes Chihuahua y Guadalajara, respectivamente, y se daban a la tarea de crear instituciones propias.

Los líderes políticos de aquel entonces eran personas cultas. Bien sabían que en la antigüedad clásica, al ir los patricios a la guerra, dejaban un vacío que cubrían los tiranos, demagogos puesto que la ley de los ancestros de cada urbe les era ajena, por lo que su voluntad solía convertirse en norma, mucho más opresiva y caprichosa cuanto más concentrado estaba el poder.

Por eso se optó por un régimen que hoy, como se verá en la próxima entrega, se desmantela, paulatina, subrepticia y persistentemente.
17 Septiembre 2017 04:05:00
La construcción cotidiana
En medio del estruendo y la luminosidad de los fuegos artificiales y los lugares comunes que siempre acompañan las fiestas patrias, una noticia que cuestiona la exultación vana de un grito que nunca ocurrió, pero que nos “une a todos los mexicanos”, porque “juntos podemos hacer frente a cualquier reto”, una vez que lo hemos dado: Según datos del IMCO, publicados hace apenas una semana, el 46% de los mexicanos vive en condición de pobreza, y casi el 8% –cerca de 10 millones de ellos– vive en pobreza extrema.

Si el objetivo se enfoca al campo, la cosa se agrava, y más todavía si se dirige a la población indígena.

¿Hay mucho que festejar? ¿Alguna independencia puede predicarse cuando la brecha entre los poquísimos extremadamente ricos y quienes viven por debajo de la línea de bienestar es tan amplia que se antoja insalvable?

Según el mismo reporte, la población con ingresos inferiores a la línea de bienestar asciende a 62 millones, equivalentes a más de la mitad de los habitantes de nuestro país.

Cerremos el obturador y concentrémonos, más allá de los indicadores de ingreso y pobreza económica, en los muy extendidos casos de violencia, criminalidad, corrupción e impunidad que aquejan a este país, que a pesar de los muchos gritos que se den, sigue inmerso en condiciones de vida precarias.

Meditemos en la relación existente entre uno y otro fenómeno, y no será difícil inferir que, en esas condiciones, la crispación que provocan el hambre y, sobre todo, las injusticias, son la fuente por excelencia de la violencia que nos impregna.

En ello hay una relevante responsabilidad, sin duda, de las clases dirigentes –las élites del poder social y económico, no sólo el político y el jurídico– pero tampoco es cosa de eludir la que corresponde al resto de la comunidad, que parece inmersa en un marasmo de desinterés y hedonismo mal entendido a la hora de enfrentar el reto de construir el país que decimos querer, y que, siendo ideal, no es utópico.

Sumemos ahora la apatía por adquirir y generar conocimiento y la carencia de una educación reflexiva que conduzca a estar informados y no sólo (mal) enterados. La fórmula del declive estará casi completa.

Hasta en puntos elementales, de superficie y triviales si se quiere, la ignorancia que campea es supina.

Hace unos días, Parametría dio a conocer el resultado de una encuesta que muestra lo siguiente: la mayoría de los mexicanos desconoce de qué país se independizó; sólo el 32% sabe que fue de España y el 51% desconoce de qué país fue, mientras que el 13% respondió que de los Estados Unidos de América y el 3% dijo que de otros países.

Educación falta, y actitud. León Krauze tuiteó ayer: “Viva el México que todavía puede ser”, y yo concuerdo en que eso es mejor que ensalzar el injusto que existe.

Pero ese México que “todavía puede ser” no llegará por arte de magia. Habrá que construirlo cada día y entre todos, en un ejercicio cívico sostenido, continuo, ininterrumpido y creciente, a cabalidad democrático, que sea apto para defender efectivamente las libertades y estimular la solidaridad frente a un poder que se ha autodelineado omnímodo, rebasando los límites que por razones de legitimidad se le han impuesto desde la constitución misma.

Y sigue la mata dando. El poder del Gobierno es derivado. Cuando ejerce la soberanía su principal objetivo es emitir, en nombre de la comunidad, las normas jurídicas ordinarias, hasta el límite que la ley suprema ha impuesto. Hacerlo requiere decencia, conocimiento y una sólida ética, porque la tentación de ejercer las normas para torcer el sentido garante que deben tener en conjunto es grande y cada vez más soslayado.

Un botón de muestra: el mismo día del “grito” se publicó una nueva reforma constitucional que opera contra el control del poder. Ya será comentada.
17 Septiembre 2017 04:00:00
La construcción cotidiana
En medio del estruendo y la luminosidad de los fuegos artificiales y los lugares comunes que siempre acompañan las fiestas patrias, una noticia que cuestiona la exultación vana de un grito que nunca ocurrió, pero que nos “une a todos los mexicanos”, porque “juntos podemos hacer frente a cualquier reto”, una vez que lo hemos dado: Según datos del IMCO, publicados hace apenas una semana, el 46 % de los mexicanos vive en condición de pobreza, y casi el 8 % -cerca de diez millones de ellos- vive en pobreza extrema.

Si el objetivo se enfoca al campo, la cosa se agrava, y más todavía si de dirige a la población indígena.

¿Hay mucho que festejar? ¿Alguna independencia puede predicarse cuando la brecha entre los poquísimos extremadamente ricos y quienes que viven por debajo de la línea de bienestar es tan amplía que se antoja insalvable?

Según el mismo reporte, la población con ingresos inferiores a la línea de bienestar asciende a 62 millones, equivalentes a más de la mitad de los habitantes de nuestro país.

Cerremos el obturador y concentrémonos, más allá de los indicadores de ingreso y pobreza económica, en los muy extendidos casos de violencia, criminalidad, corrupción e impunidad que aquejan a este país, que a pesar de los muchos gritos que se den, sigue inmerso en condiciones de vida precarias.

Meditemos en la relación existente entre uno y otro fenómeno, y no será difícil inferir que, en esas condiciones, la crispación que provocan el hambre y, sobre todo, las injusticias, son la fuente por excelencia de la violencia que nos impregna.

En ello hay una relevante responsabilidad, sin duda, de las clases dirigentes -las élites del poder social y económico, no solo el político y el jurídico- pero tampoco es cosa de eludir la que corresponde al resto de la comunidad, que parece inmersa en un marasmo de desinterés y hedonismo mal entendido a la hora de enfrentar el reto de construir el país que decimos querer, y que, siendo ideal, no es utópico.
Sumemos ahora la apatía por adquirir y generar conocimiento y la carencia de una educación reflexiva que conduzca a estar informados y no solo(mal) enterados. La fórmula del declive estará casi completa.

Hasta en puntos elementales, de superficie y triviales si se quiere, la ignorancia que campea es supina.

Hace unos días, Parametría dio a conocer el resultado de una encuesta que muestra lo siguiente: La mayoría de los mexicanos desconoce de qué país se independizó; solo el 32 por ciento sabe que fue de España y el 51 por ciento desconoce de qué país fue, mientras que el 13 por ciento respondió que de los Estados Unidos de América y el tres por ciento dijo que de otros países.

Educación falta, y actitud. León Krauze tuiteó ayer: “Viva el México que todavía puede ser”, y yo concuerdo en que eso es mejor que ensalzar el injusto que existe.

Pero ese México que “todavía puede ser” no llegará por arte de magia. Habrá que construirlo cada día y entre todos, en un ejercicio cívico sostenido, continuo, ininterrumpido y creciente, a cabalidad democrático, que sea apto para defender efectivamente las libertades y estimular la solidaridad frente a un poder que se ha auto delineado omnímodo, rebasando los límites que por razones de legitimidad se le han impuesto desde la constitución misma.

Y sigue la mata dando. El poder del gobierno es derivado. Cuando ejerce la soberanía su principal objetivo es emitir, en nombre de la comunidad, las normas jurídicas ordinarias, hasta el límite que la ley suprema ha impuesto. Hacerlo requiere decencia, conocimiento y una sólida ética, porque la tentación de ejercer las normas para torcer el sentido garante que deben tener en conjunto es grande y cada vez más soslayado.

Un botón de muestra: el mismo día del “grito” se publicó una nueva reforma constitucional que opera contra el control del poder. Ya será
comentada.
10 Septiembre 2017 04:02:00
Las empresas y los derechos humanos
En un informe reciente de Oxfam –Una Economía para el 99%–, sólo 8 personas poseen la misma riqueza que otras 3 mil 600 millones en el mundo, la mitad más pobre de la humanidad.

Esa circunstancia refleja un fenómeno presente ya con vigor en el mundo: la existencia de nuevos centros de poder, a los que no son ajenas las empresas multinacionales, las organizaciones laborales o empresariales de alcance mundial, las entidades financieras, las compañías tecnológicas, los grupos de comunicación y muchas otras entidades como esas, que oligopolizan todos los niveles de la sociedad civil y tienen fuertes conexiones entre sí, con los gobiernos, los partidos políticos y, en general, con las burocracias públicas.

Un escenario como ese, del que el Estado parece haber hecho mutis, es propicio para la asunción de un papel protagónico, más allá de la economía, para las empresas.

Frente a ello, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo suyos los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos en su resolución 17/4, de 16 de junio de 2011, que se basan en el reconocimiento de las obligaciones a cargo de los estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como en el papel de las empresas, como órganos de la sociedad que desempeñan funciones especializadas, que deben cumplir todas las leyes y respetar los derechos humanos.

El objetivo básico es mejorar las normas y prácticas relacionadas con las empresas y los derechos humanos “a fin de obtener resultados tangibles para las personas y las comunidades afectadas, y contribuir… a una globalización socialmente sostenible”.

No se trata de un instrumento que imponga obligaciones nuevas a los estados, sino de uno que oriente su acción en términos del objetivo de mejorar las normas y prácticas de las empresas en materia de respeto a los derechos humanos.

Los principios fundamentales respecto de los estados son dos: a) “los estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas”, para lo cual “deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia”; b) “los estados deben enunciar claramente que se espera de todas las empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción que respeten los derechos humanos en todas sus actividades”.

Los principios fundamentales respecto de las empresas pueden resumirse en los siguientes: a) Si los derechos humanos son universales y oponibles a todos, las empresas deben respetarlos y por lo tanto abstenerse de infringir los de terceros, haciendo frente a las consecuencias en caso contrario; b) esa responsabilidad se delimita por los derechos internacionalmente reconocidos; c) la responsabilidad de las empresas es aplicable a todas, pero la magnitud y complejidad de los medios para asumirla puede variar en función, sobre todo, de la gravedad de las consecuencias negativas de sus actividades; d) para cumplir con esa responsabilidad, deben contar con políticas y procedimientos apropiados.

Respecto del acceso a mecanismos de reparación, el documento manifiesta que como una parte importante del deber de los estados de proteger contra las violaciones de derechos humanos relacionadas con actividades empresariales, se garanticen los medios para acceder a mecanismos de reparación eficaces, por las vías que correspondan, sean estas judiciales, administrativas, legislativas o de cualquier otro tipo establecido legalmente.

Es claro, según se ve, que ese riesgo, hasta hoy constreñido al ámbito de la autoridad, se proyecta, cada vez más claramente, al campo de acción de las empresas, y no hay que olvidar que una característica imprescindible de los derechos humanos es su oponibilidad ante cualquier poder, no sólo el público.

En suma, la perspectiva que limita el riesgo de vulnerar los derechos humanos a la esfera del poder público se ha vuelto obsoleta y es la hora en que, por todos conceptos y desde la ONU, se tomen medidas para limitarlo.
10 Septiembre 2017 04:00:00
Las empresas y los derechos humanos
En un informe reciente de Oxfam -“Una Economía para el 99 %”- sólo 8 personas poseen la misma riqueza que otras 3.600 millones en el mundo, la mitad más pobre de la humanidad.

Esa circunstancia refleja un fenómeno presente ya con vigor en el mundo: la existencia de nuevos centros de poder, a los que no son ajenas las empresas multinacionales, las organizaciones laborales o empresariales de alcance mundial, las entidades financieras, las compañías tecnológicas, los grupos de comunicación y muchas otras entidades como esas, que oligopolizan todos los niveles de la sociedad civil y tienen fuertes conexiones entre sí, con los gobiernos, los partidos políticos y, en general, con las burocracias públicas.

Un escenario como ese, del que el estado parece haber hecho mutis, es propicio para la asunción de un papel protagónico, más allá de la economía, para las empresas.

Frente a ello, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo suyos los “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos” en su resolución 17/4, de 16 de junio de 2011, que se basan en el reconocimiento de las obligaciones a cargo de los estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como en el papel de las empresas, como órganos de la sociedad que desempeñan funciones especializadas, que deben cumplir todas las leyes y respetar los derechos humanos.

El objetivo básico es mejorar las normas y prácticas relacionadas con las empresas y los derechos humanos “a fin de obtener resultados tangibles para las personas y las comunidades afectadas, y contribuir…a una globalización socialmente sostenible”.

No se trata de un instrumento que imponga obligaciones nuevas a los estados, sino de uno que oriente su acción en términos del objetivo de mejorar las normas y prácticas de las empresas en materia de respeto a los derechos humanos.

Los principios fundamentales respecto de los estados son dos: a) “los estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas”, para lo cual “deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia”; b) “los estados deben enunciar claramente que se espera de todas las empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción que respeten los derechos humanos en todas sus actividades”.

Los principios fundamentales respecto de las empresas pueden resumirse en los siguientes: a) Si los derecho humanos son universales y oponibles a todos, las empresas deben respetarlos y por lo tanto abstenerse de infringir los de terceros, haciendo frente a las consecuencias en caso contrario; b) esa responsabilidad se delimita por los derechos internacionalmente reconocidos; c) la responsabilidad de las empresas es aplicable a todas, pero la magnitud y complejidad de los medios para asumirla puede variar en función, sobre todo, de la gravedad de las consecuencias negativas de sus actividades; d) para cumplir con esa responsabilidad, deben contar con políticas y procedimientos apropiados.

Respecto del acceso a mecanismos de reparación, el documento manifiesta que como una parte importante del deber de los estados de proteger contra las violaciones de derechos humanos relacionadas con actividades empresariales, se garanticen los medios para acceder a mecanismos de reparación eficaces, por las vías que correspondan, sean éstas judiciales, administrativas, legislativas o de cualquier otro tipo establecido legalmente.

Es claro, según se ve, que ese riesgo, hasta hoy constreñido al ámbito de la autoridad, se proyecta, cada vez más claramente, al campo de acción de las empresas, y no hay que olvidar que una característica imprescindible de los derechos humanos es su oponibilidad ante cualquier poder, no sólo el público.

En suma, la perspectiva que limita el riesgo de vulnerar los derechos humanos a la esfera del poder público se ha vuelto obsoleta y es la hora en que, por todos conceptos y desde la ONU, se tomen medidas para limitarlo.
03 Septiembre 2017 04:02:00
Desafíos para los derechos humanos en el tercer milenio
Hace casi 7 décadas fue proclamada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por la Asamblea General de la ONU, y puede decirse que ha cumplido bien su propósito de impulsar “el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” –según reza su considerando segundo– como base del imperio de la libertad, la justicia y la paz en el mundo.

Viene eso a colación porque entre los días 6 y 8 de este mes se celebrará, en Torreón, el I Congreso Internacional Desafíos para los Derechos Humanos en el Tercer Milenio, en el marco de los eventos organizados por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza en su vigésimo quinto aniversario y primer centenario de la Constitución de 1917.

El propósito del congreso es intercambiar opiniones y planteamientos sobre los retos que plantea el tercer milenio, en estos sus comienzos, en materia de derechos fundamentales.

En él concurrirán académicos especializados en el tema con representantes de la sociedad civil, activos en la defensa de esos derechos, para aportar experiencias y conocimientos a la disminución de la brecha entre la teoría y la práctica.

El contexto contemporáneo de la declaración era bien distinto del que hoy vive la humanidad, que tiene perspectivas no muy promisorias en muchas facetas.

Fue expedida al final de la segunda guerra mundial, y el espíritu imperante tenía mucho de anhelo por impedir que en el futuro se repitiera cosa alguna parecida a esa conflagración de alcance mundial.


Seguramente sin haber previsto la magnitud que cobraría en el futuro, la declaración sembró una semilla que sería pródiga en frutos, pues si bien tenía ya de suyo vocación de universal perennidad, en una circunstancia difícilmente prevista entonces cobraría una relevancia mayor: unas cuantas décadas después de haberse proclamado, el mundo habría de sufrir una metamorfosis que, llevándolo a la globalidad omnipresente hoy en día, lo puso también en posición de incivilidad al situarlo en un punto que enfrenta retos al derecho que sólo podrán solventarse cuando se encuentre la manera de fincar las estructuras sociales del mundo sobre la base de dignidad que propugnan los derechos fundamentales.

Los desajustes causados por la expansión, a niveles de alcance mundial, de los fenómenos sociales, ha causado también un divorcio evidente entre los sistemas político y normativo, que habían corrido parejos siempre, de modo tal que una perniciosa falta de normas aptas para regular el ámbito global se ha hecho presente.

El problema primordial estriba, así contempladas las cosas, en dilucidar las vías de construcción de un sistema jurídico tal que sea capaz, a un tiempo, de ser eficaz y legítimo, lo que en las condiciones actuales resulta difícil de vislumbrar, si no es que imposible.

La globalidad desafía a la capacidad creativa de los seres humanos, que han de redefinir los esquemas rectores de su convivencia en las circunstancias nuevas, si es que no quieren ver aniquilada toda civilización a causa de sus propios desatinos.

En ese estado de cosas, se hace necesario construir un orden jurídico que sea capaz de abarcar toda la gama de agregados sociales, desde lo rigurosamente local, hasta lo que resulte global por naturaleza, en un ejercicio de integración que no deje resquicios y pueda, al mismo tiempo, satisfacer la función social que al derecho le atañe y garantizar un interés general que sólo puede arraigarse en la efectiva protección de las libertades, esas que están implícitas, tanto como la garantía jurídica de ellas, en cada uno de los llamados “derechos humanos”.

¿No es, acaso, la dignidad de cada uno y de todos los seres humanos la verdadera razón ética y jurídica de las estructuras sociales? Si no fuera así, no habría legitimidad en ellas y por lo tanto serán inadmisibles.

De eso se tratará el congreso. Habrá interesantes aportaciones, sin duda, que oportunamente se difundirán.
03 Septiembre 2017 04:00:00
Desafíos para los derechos humanos en el tercer milenio
Hace casi siete décadas fue proclamada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por la Asamblea General de la ONU- 217, y puede decirse que ha cumplido bien su propósito de impulsar “el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” –según reza su considerando segundo- como base del imperio de la libertad, la justicia y la paz en el mundo.

Viene eso a colación porque entre los días 6 y 8 de este mes se celebrará, en Torreón, el I Congreso Internacional “Desafíos para los Derechos Humanos en el Tercer Milenio”, en el marco de los eventos organizados por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, en su vigésimo quinto aniversario y primer centenario de la Constitución de 1917.

El propósito del congreso es intercambiar opiniones y planteamientos sobre los retos que plantea el tercer milenio, en estos sus comienzos, en materia de derechos fundamentales.

En Él concurrirán académicos especializados en el tema con representantes de la sociedad civil, activos en la defensa de esos derechos, para aportar experiencias y conocimientos a la disminución de la brecha entre la teoría y la práctica.

El contexto contemporáneo de la declaración era bien distinto del que hoy vive la humanidad, que tiene perspectivas no muy promisorias en muchas facetas.

Fue expedida al final de la Segunda Guerra Mundial, y el espíritu imperante tenía mucho de anhelo por impedir que en el futuro se repitiera, cosa alguna parecida a esa conflagración de alcance mundial.

Seguramente sin haber previsto la magnitud que cobraría en el futuro, la declaración sembró una semilla que sería pródiga en frutos, pues si bien tenía ya de suyo vocación de universal perennidad, en una circunstancia difícilmente prevista entonces cobraría una relevancia mayor: Unas cuantas décadas después de haberse proclamado, el mundo habría de sufrir una metamorfosis que, llevándolo a la globalidad omnipresente hoy en día, lo puso también en posición de incivilidad al situarlo en un punto que enfrenta retos al derecho que solo podrán solventarse cuando se encuentre la manera de fincar las estructuras sociales del mundo sobre la base de dignidad que propugnan los derechos fundamentales.

Los desajustes causados por la expansión a niveles de alcance mundial de los fenómenos sociales, ha causado también un divorcio evidente entre los sistemas político y normativo, que habían corrido parejos siempre, de modo tal que una perniciosa falta de normas aptas para regulas el ámbito global se ha hecho presente.

El problema primordial estriba, así contempladas las cosas, en dilucidar las vías de construcción de un sistema jurídico tal, que sea capaz a un tiempo de ser eficaz y legítimo, lo que en las condiciones actuales resulta difícil de vislumbrar, si no es que imposible.

La globalidad desafía a la capacidad creativa de los seres humanos, que han de redefinir los esquemas rectores de su convivencia en las circunstancias nuevas, si es que no quieren ver aniquilada toda civilización a causa de sus propios desatinos.

En ese estado de cosas, se hace necesario construir un orden jurídico que sea capaz de abarcar toda la gama de agregados sociales, desde lo rigurosamente local, hasta lo que resulte global por naturaleza, en un ejercicio de integración que no deje resquicios y pueda, al mismo tiempo, satisfacer la función social que al derecho le atañe y garantizar un interés general que solo puede arraigarse en la efectiva protección de las libertades, esas que están implícitas, tanto como la garantía jurídica de ellas, en cada uno de los llamados “derechos humanos”.

¿No es, acaso, la dignidad de cada uno y de todos los seres humanos la verdadera razón ética y jurídica de las estructuras sociales? Si no fuera así, no habría legitimidad en ellas y por lo tanto serán inadmisibles.

De eso se tratará el congreso. Habrá interesantes aportaciones, sin duda, que oportunamente se difundirán.
27 Agosto 2017 04:02:00
Integrar a personas con discapacidad
Una cuestión que está todavía muy lejos de verse siquiera bien encaminada es la que tiene que ver con la integración de las personas con discapacidad a la vida en sociedad, en términos de justicia, equidad y derecho.

Por eso importa mucho impulsar por todos los medios la asunción de las responsabilidades sociales destinadas a cumplir con ese deber, como ocurrió en Torreón el pasado viernes 25 de agosto, durante el foro Abriendo Puertas hacia las Personas con Discapacidad, al que concurrió un numeroso grupo de personas con discapacidad y representantes de diversas organizaciones, cerca de 200, que las agrupan.

Ahí se trataron temas propios de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, desde la voz y con la presencia de ellas mismas, a fin de intercambiar experiencias y efectuar aportaciones que contribuyan al impulso de políticas públicas que adopten las mejores prácticas para alcanzar la inclusión plena que por derecho les corresponde.

No se trató de “poses” o de motivos “caritativos”, sino de estricta justicia: las personas con discapacidad no son diferentes a otras, y gozan de los mismos derechos que son inherentes a todos sus congéneres.

En el foro, conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se precisaron cuestiones fundamentales, como la noción misma de “discapacidad”, porque no hay mejor amigo de la confusión que la imprecisión conceptual.

Se trataron otros temas, tales como el relativo a los modelos que fomentan la incidencia y participación de las personas con discapacidad, las prácticas de su movilización y empoderamiento, y otros de similar naturaleza, todos ellos tendientes a incidir en la construcción de mecanismos que garanticen los derechos humanos de quienes tienen una condición de discapacidad, con el propósito de encontrar vías efectivas para erradicar todas las formas de discriminación y marginación de las que han sido objeto.

Entre otras cosas, quedó claro que, en general, no sólo falta una regulación moderna y adecuada, sino que urgen el diseño e instrumentación de políticas públicas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos y oportunidades de las personas con esa condición, y así ellas puedan desarrollar libremente y con dignidad sus propios planes y proyectos de vida.

Superadas, hasta donde ha sido posible hacerlo, la ignorancia y la superchería, se impone la consideración de que, en rigor, el tema de la discapacidad no es una cuestión de índole individual, sino preponderantemente social, desde que hay que considerar que la problemática real reside en las limitaciones de la sociedad para propiciar las condiciones necesarias –y prestar los servicios adecuados– para asegurar el más pleno desarrollo de todos los seres humanos y el ejercicio pleno de sus libertades y derechos, incluidas –¿podría ser de otro modo?– las personas con discapacidad.

En el deber de garantía universal e igualitaria que imponen la ética, la civilidad y las normas jurídicas del más alto rango en nuestro país y en el mundo, que comprende a todos en la sociedad y el Gobierno, queda comprendido el de equilibrar las desigualdades de origen, que en el caso han de verse traducidas en términos de accesibilidad, pero sobre todo de inclusión e integración plena a la vida social.

Esa es la idea medular que animó el desarrollo del foro, llevado a cabo en las instalaciones espléndidas de la Ciudad Universitaria de Torreón, gracias a la generosidad de la propia institución, que por conducto de su rector las facilitó para el efecto.

Fue también generosa la participación de otras instituciones, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Conapred, que mucho aportaron a la riqueza del evento, pero sobre todo la activa contribución de las organizaciones de la sociedad civil, que vivificaron con ello el compromiso de mantener activo el impulso de la integración plena de las personas con discapacidad a la vida digna que, por derecho propio, les corresponde.
27 Agosto 2017 04:00:00
Una puerta a la integración de las personas con discapacidad
Una cuestión que está todavía muy lejos de verse siquiera bien encaminada es la que tiene que ver con la integración de las personas con discapacidad a la vida en sociedad, en términos de justicia, equidad y derecho.

Por eso importa mucho impulsar por todos los medios la asunción de las responsabilidades sociales destinadas a cumplir con ese deber, como ocurrió en Torreón el pasado viernes 25 de agosto, durante el foro “Abriendo Puertas hacia las Personas con Discapacidad”, al que concurrió un numeroso grupo de personas con discapacidad y representantes de diversas organizaciones, cerca de doscientas, que las agrupan.

Ahí se trataron temas propios de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, desde la voz y con la presencia de ellas mismas, a fin de intercambiar experiencias y efectuar aportaciones que contribuyan al impulso de políticas públicas que adopten las mejores prácticas para alcanzar la inclusión plena que por derecho les corresponde.

No se trató de “poses” o de motivos “caritativos”, sino de estricta justicia: las personas con discapacidad no son diferentes a otras, y gozan de los mismos derechos que son inherentes a todos sus congéneres.

En el foro, conforme a la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, se precisaron cuestiones fundamentales, como la noción misma de “discapacidad”, porque no hay mejor amigo de la confusión que la imprecisión conceptual.

Se trataron otros temas, tales como el relativo a los modelos que fomentan la incidencia y participación de las personas con discapacidad, las prácticas de su movilización y empoderamiento, y otros de similar naturaleza, todos ellos tendientes a incidir en la construcción de mecanismos que garanticen los derechos humanos de quienes tienen una condición de discapacidad, con el propósito de encontrar vías efectivas para erradicar todas las formas de discriminación y marginación de las que han sido objeto.

Entre otras cosas, quedó claro que, en general, no sólo falta una regulación moderna y adecuada, sino que urgen el diseño e instrumentación de políticas públicas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos y oportunidades de las personas con esa condición, y así ellas puedan desarrollar libremente y con dignidad sus propios planes y proyectos de vida.

Superadas, hasta donde ha sido posible hacerlo, la ignorancia y la superchería, se impone la consideración de que, en rigor, el tema de la discapacidad no es una cuestión de índole individual, sino preponderantemente social, desde que hay que considerar que la problemática real reside en las limitaciones de la sociedad para propiciar las condiciones necesarias –y prestar los servicios adecuados- para asegurar el más pleno desarrollo de todos los seres humanos y el ejercicio pleno de sus libertades y derechos, incluidas -¿podría ser de otro modo?- las personas con discapacidad.

En el deber de garantía universal e igualitaria que imponen la ética, la civilidad y las normas jurídicas del más alto rango en nuestro país y en el mundo, que comprende a todos en la sociedad y el gobierno, queda comprendido el de equilibrar las desigualdades de origen, que en el caso han de verse traducidas en términos de accesibilidad, pero sobre todo de inclusión e integración plena a la vida social.

Esa es la idea medular que animó el desarrollo del foro, llevado a cabo en las instalaciones espléndidas de la Ciudad Universitaria de Torreón, gracias a la generosidad de la propia institución, que por conducto de su rector las facilitó para el efecto.

Fue también generosa la participación de otras instituciones, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Conapred, que mucho aportaron a la riqueza del evento, pero sobre todo la activa contribución de las organizaciones de la sociedad civil, que vivificaron con ello el compromiso de mantener activo el impulso de la integración plena de las personas con discapacidad a la vida digna que, por derecho propio, les corresponde.
20 Agosto 2017 04:02:00
Escuela Libre de Derecho: 105 años
Acaban de cumplirse 105 años de haberse fundado la Escuela Libre de Derecho. Nació el 24 de julio de 1912, como una activa reacción frente a la necesidad de opciones verdaderamente libres para la reflexión jurídica y la enseñanza del derecho en México. Ese día, en una casa ubicada en la calle de Donceles, en la Ciudad de México, se impartió la primera cátedra.

El ideal de los fundadores era constituir una escuela independiente del poder público, y ajena a todo fin político o religioso, distinta del común denominador que imperaba: considerar a la educación, especialmente la de nivel superior, como un “todo orgánico”, que habría de correr a cargo del Gobierno, con las consiguientes consecuencias ideológicas y de adoctrinamiento que eran de esperarse.

Para alcanzar ese fin a plenitud era necesaria la autosuficiencia, y por eso se diseñó un modelo en el que todavía descansa el financiamiento de la centenaria institución, basado en un principio de altruista solidaridad compuesto por las aportaciones, siempre generosas, de sus profesores –que no perciben emolumento alguno por su desempeño– y de sus exalumnos, lo que permite que los alumnos, que constituyen la otra parte esencial de la fórmula, carguen con cuotas realmente módicas y participen en la mística comunitaria como garantes del orden y la disciplina de la Escuela, cuyo Estatuto General, en su Artículo 7º, literalmente establece que “el orden y la disciplina de la Escuela están confiados al honor de los alumnos”, como en la realidad ocurre.

La escuela ha crecido y se ha mejorado, actualizando su plan de estudios, sin detrimento de la libertad de cátedra, característica que la enorgullece.

Ha establecido posgrados de calidad y un Centro de Investigación e Informática Jurídica de excelencia, para cumplir con el cometido de empeñarse en el objeto de exclusivo dedicarse “la enseñanza, la investigación y la difusión de las ciencias jurídicas y sus auxiliares con independencia de todo fin político o credo religioso, en los grados de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado”, según la Base Cuarta de su estatuto.

El compromiso con la libertad y su resistencia a la sumisión frente al poder hicieron que, durante mucho tiempo y hasta sólo unas pocas décadas atrás, los obstáculos para autorizar el ejercicio de la abogacía a sus egresados llegaron incluso a la necesidad de interponer juicios de amparo en contra de la negativa de otorgarles la cédula profesional correspondiente.

A 105 años de su fundación, el panorama es muy otro. Superados aquellos obstáculos, la aspiración perenne de lograr la excelencia –que siempre es camino, nunca una meta– es su reto definitivo.

Siempre resulta gratificante constatar que ese empeño se mantiene presente y que, hoy, cuando es su rector don Luis Díaz Mirón, él, tanto como a la Junta Directiva y toda la comunidad de profesores, investigadores, alumnos egresados y alumnos, han hecho suyo, con gran dignidad, el compromiso de honrar y mantener vivo el espíritu de sus fundadores, alentado en el lema que sintetiza su credo ético: “Ius neque inflecti gratia neque perfringi potentia neque adulterare pecunia debet”, que en lengua común significa que el derecho no debe ser desvirtuado por el favor, quebrantado por el poder, ni adulterado por dádivas, divisa que bien debería enarbolar cualquier intento de enarbolar la empresa de desterrar, de una vez por todas, el cáncer insidioso de la corrupción.

A 105 de su fundación y en ese contexto de pujante mejora, la Libre está en el camino que parece correcto.

Con tal ejemplo y ante la virtuosa inercia que le ha permitido a la Escuela Libre de Derecho trascender un siglo de vida en condiciones de continuo perfeccionamiento, se ofrece optimista el panorama. Ojalá que quienes aquellos que en adelante reciban la estafeta puedan, en 95 años más, honrar con igual dignidad, el segundo centenario de ella. Por lo pronto, y desde esta modesta trinchera, me sumo al merecido homenaje que en su aniversario recibió.
20 Agosto 2017 04:00:00
Escuela Libre de Derecho: 105 años
Acaban de cumplirse 105 años de haberse fundado la Escuela Libre de Derecho. Nació el 24 de julio de 1912, como una activa reacción frente a la necesidad de opciones verdaderamente libres para la reflexión jurídica y la enseñanza del derecho en México. Ese día, en una casa ubicada en la calle de Donceles, en la ciudad de México, se impartió la primera cátedra.

El ideal de los fundadores era constituir una escuela independiente del poder público, y ajena a todo fin político o religioso, distinta del común denominador que imperaba: Considerar a la educación, especialmente la de nivel superior, como un “todo orgánico”, que habría de correr a cargo del gobierno, con las consiguientes consecuencias ideológicas y de adoctrinamiento que eran de esperarse.

Para alcanzar ese fin a plenitud era necesaria la auto suficiencia, y por eso se diseñó un modelo en el que todavía descansa el financiamiento de la centenaria institución, basado en un principio de altruista solidaridad compuesto por las aportaciones, siempre generosas, de sus profesores –que no perciben emolumento alguno por su desempeño- y de sus exalumnos, lo que permite que los alumnos, que constituyen la otra parte esencial de la fórmula, carguen con cuotas realmente módicas y participen en la mística comunitaria como garantes del orden y la disciplina de la Escuela, cuyo Estatuto General, en su artículo 7º, literalmente establece que “el orden y la disciplina de la Escuela están confiados al honor de los alumnos”, como en la realidad ocurre.

La escuela ha crecido y se ha mejorado, actualizando su plan de estudios, sin detrimento de la libertad de cátedra, que la enorgullece.

Ha establecido posgrados de calidad y un Centro de Investigación e Informática Jurídica de excelencia, para cumplir con el cometido de empeñarse en el objeto de exclusivo dedicarse “la enseñanza, la investigación y la difusión de las ciencias jurídicas y sus auxiliares con independencia de todo fin político o credo religioso, en los grados de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado”, según la Base Cuarta de su estatuto.

El compromiso con la libertad y su resistencia a la sumisión frente al poder hicieron que, durante mucho tiempo y hasta sólo unas pocas décadas atrás, los obstáculos para autorizar el ejercicio de la abogacía a sus egresados llegaron incluso a la necesidad de interponer juicios de amparo en contra de la negativa de otorgarles la cédula profesional correspondiente.

A ciento cinco años de su fundación, el panorama es muy otro. Superados aquellos obstáculos, la aspiración perenne de lograr la excelencia -que siempre es camino, nunca una meta- es su reto definitivo.

Siempre resulta gratificante constatar que ese empeño se mantiene presente y que, hoy, cuando es su rector don Luis Díaz Mirón, él, tanto como a la junta directiva y toda la comunidad de profesores, investigadores, alumnos egresados y alumnos, han hecho suyo, con gran dignidad, el compromiso de honrar y mantener vivo el espíritu de sus fundadores, alentado en el lema que sintetiza su credo ético: “Ius neque inflecti gratia neque perfringi potentia neque adulterare pecunia debet”, que en lengua común significa que el derecho no debe ser desvirtuado por el favor, quebrantado por el poder, ni adulterado por dádivas, divisa que bien debería enarbolar cualquier intento de enarbolar la empresa de desterrar, de una vez por todas, el cáncer insidioso de la corrupción.

A ciento cinco años de su fundación y en ese contexto de pujante mejora, la Libre está en el camino que parece correcto.

Con tal ejemplo y ante la virtuosa inercia que le ha permitido a la Escuela Libre de Derecho trascender un siglo de vida en condiciones de continuo perfeccionamiento, se ofrece optimista el panorama. Ojalá que quienes aquellos que en adelante reciban la estafeta puedan, en noventa y cinco años más, honrar con igual dignidad, el segundo centenario de ella. Por lo pronto, y desde esta modesta trinchera, me sumo al merecido homenaje que en su aniversario recibió.
13 Agosto 2017 04:02:00
La diversidad como derecho
Leí en días recientes un interesante artículo de Mario Luis Fuentes acerca del mundo indígena y su integración a partir de lo que llama “modelo de vida solidario, incluyente y equitativo” (México Social, http://mexicosocial.org/index.php/2017-05-22-14-12-20/item/1481-pensar-el-mundo-indigena).

Sería aberrante disentir de la corrección política y social de un modelo tal, pero me temo que procurarlo a partir de borrar las diferencias entre “nosotros” y “ellos”, como el articulista pretende, no sólo es utópico, sino que sería artificial y contrario a los derechos inherentes a los seres humanos. Creo, por lo tanto, que es necesario precisar algunos matices frente al modelo propuesto.

El referido artículo inicia con este párrafo: “La distinción ‘ellos-nosotros’ es por demás artificiosa y ha justificado un sinfín de atrocidades a lo largo de la historia. Pensar que hay un ‘ellos’ implica, de origen, asumir que hay un ‘estar afuera’, un ‘ser radicalmente distintos’, pero también, en el mundo práctico, un inaceptable principio de diferenciación y exclusión. Como norma general, la ‘conciencia moderna’ se ha planteado siempre así frente a las poblaciones indígenas: impuso una barrera que, aun convocando o llamando a la “integración” o la “asimilación”, parte de una visión en la cual creer que se es parte del “nosotros”, en oposición al “ellos”, lleva implícita la idea de que “se es mejor”, “normal” y siempre “preferible” a lo que se nos opone”.

Lo primero que hay que decir es que esa dicotomía entre “nosotros” y “ellos” no es privativa de la “conciencia moderna”, ni exclusiva del mundo indígena y menos aun de México.

La naturaleza dual social-individual de los humanos –el “zoon politikon” de Aristóteles– y la diversidad de intereses y relaciones de cada uno con los otros, y también entre las colectividades parciales entre sí, hacen que la complejidad del mundo social sea diversa por naturaleza.

Más aún: esa diversidad es imprescindible para enriquecer e impulsar la evolución de los seres humanos y sus sistemas sociales, y por esa razón está garantizada, de manera generalizada por los ordenamientos jurídicos internacionales y prácticamente todos los que regulan los derechos en cada estado de la que llamamos “civilización occidental”.

Todos somos entidades individuales, con derechos propios cada quien, y pertenecemos, ineludiblemente a varios “nosotros”, que excluyen, ineludiblemente, a los demás: los mexicanos frente a quienes no lo son; los arquitectos, médicos, etc., frente a otras profesiones; quienes forman parte de una familia ante quienes no son parientes, etc.

Es verdad que hay una tendencia atávica a ver a los extraños como “diferentes” y a despertar alertas de amenaza –que puede o no existir– ante su presencia. Hay que recordar que “hostes” en la antigua Roma significaba sencillamente “extranjero”, mientras que su hija “hostil” significa en nuestro idioma “enemigo”.

La visión no es nueva, tampoco la proposición que promueve su superación. Aquello que hoy llamamos “solidaridad” es un propósito que encuentra su correspondencia histórica en la “cáritas” de los primeros cristianos, que el laicismo de los ilustrados franceses convirtió en “fraternidad” y es hoy la característica que distingue a los derechos sociales, que la tienen por correspondencia obligatoria del conglomerado frente a sus miembros.

“En el fondo –dice el artículo que comento– lo que debemos lograr es un quiebre en la distinción radical que sigue estando en el substrato de la mentalidad mexicana y dejar atrás la oposición del ‘ellos-nosotros’. Debemos ser capaces de asumir que en nuestro país somos todos personas y buscar otras categorías para pensarnos y, sobre todo, para concretar en el mundo práctico la reconciliación y un modelo de vida solidario, incluyente y equitativo”.

Me quedo con la idea contenida en la parte final de ese párrafo, pero extiendo su alcance al género humano todo, e insisto en que esa generalidad comprensiva no debe evitar las diversidades, sino propiciar la vinculación virtuosa entre ellas, a partir de la aceptación de que, en esencia, hay elementos que igualan, a pesar de las diferencias. Ellas han de ser conservadas, buscando siempre armonizarlas equitativa, equilibradamente.
13 Agosto 2017 04:00:00
La diversidad como derecho
Leí en días recientes un interesante artículo de Mario Luis Fuentes acerca del mundo indígena y su integración a partir de lo que llama “modelo de vida solidario, incluyente y equitativo” (México Social, http://mexicosocial.org/index.php/2017-05-22-14-12-20/item/1481-pensar-el-mundo-indigena).

Sería aberrante disentir de la corrección política y social de un modelo tal, pero me temo que procurarlo a partir de borrar las diferencias entre “nosotros” y “ellos”, como el articulista pretende, no sólo es utópico, sino que sería artificial y contrario a los derechos inherentes a los seres humanos. Creo, por lo tanto, que es necesario precisar algunos matices frente al modelo propuesto.

El referido artículo inicia con este párrafo: “La distinción ‘ellos-nosotros’ es por demás artificiosa y ha justificado un sinfín de atrocidades a lo largo de la historia. Pensar que hay un ‘ellos’ implica, de origen, asumir que hay un ‘estar afuera’, un ‘ser radicalmente distintos’, pero también, en el mundo práctico, un inaceptable principio de diferenciación y exclusión. Como norma general, la ‘conciencia moderna’ se ha planteado siempre así frente a las poblaciones indígenas: Impuso una barrera que, aun convocando o llamando a la “integración” o la “asimilación”, parte de una visión en la cual creer que se es parte del “nosotros”, en oposición al “ellos”, lleva implícita la idea de que “se es mejor”, “normal” y siempre “preferible” a lo que se nos opone”.

Lo primero que hay que decir es que esa dicotomía entre “nosotros” y “ellos” no es privativa de la “conciencia moderna”, ni exclusiva del mundo indígena y menos aun de México.

La naturaleza dual social-individual de los humanos –el “zoon politikon” de Aristóteles- y la diversidad de intereses y relaciones de cada uno con los otros, y también entre las colectividades parciales entre sí, hacen que la complejidad del mundo social sea diversa por naturaleza.

Más aún: esa diversidad es imprescindible para enriquecer e impulsar la evolución de los seres humanos y sus sistemas sociales, y por esa razón está garantizada, de manera generalizada, por los ordenamientos jurídicos internacionales y prácticamente todos los que regulan los derechos en cada estado de la que llamamos “civilización occidental”.

Todos somos entidades individuales, con derechos propios cada quien, y pertenecemos, ineludiblemente a varios “nosotros”, que excluyen, a los demás: los mexicanos frente a quienes no lo son; los arquitectos, médicos, etc., frente a otras profesiones; quienes forman parte de una familia ante quienes no son parientes, etc.

Es verdad que hay una tendencia atávica a ver a los extraños como “diferentes” y a despertar alertas de amenaza –que puede o no existir- ante su presencia. Hay que recordar que “hostes” en la antigua Roma significaba sencillamente “extranjero”, mientras que su hija “hostil” significa en nuestro idioma “enemigo”.

La visión no es nueva, tampoco la proposición que promueve su superación. Aquello que hoy llamamos “solidaridad” es un propósito que encuentra su correspondencia histórica en la “cáritas” de los primeros cristianos, que el laicismo de los ilustrados franceses convirtió en “fraternidad” y es hoy la característica que distingue a los derechos sociales, que la tienen por correspondencia obligatoria del conglomerado frente a sus miembros.

“En el fondo -dice el artículo que comento- lo que debemos lograr es un quiebre en la distinción radical que sigue estando en el substrato de la mentalidad mexicana y dejar atrás la oposición del ‘ellos-nosotros’. Debemos ser capaces de asumir que en nuestro país somos todos personas y buscar otras categorías, para concretar en el mundo práctico la reconciliación y un modelo de vida solidario, incluyente y equitativo”.

Me quedo con la idea contenida en la parte final de ese párrafo, pero extiendo su alcance al género humano todo, e insisto en que esa generalidad comprensiva no debe evitar las diversidades, sino propiciar la vinculación virtuosa entre ellas, a partir de la aceptación de que, en esencia, hay elementos que igualan, a pesar de las diferencias. Ellas han de ser conservadas, buscando siempre armonizarlas equitativa y equilibradamente.
06 Agosto 2017 04:02:00
La sociedad civil y la política
A lo largo de la historia, la búsqueda de condiciones para garantizar el acceso efectivo de los seres humanos ha descansado, sin éxito, en manifestaciones que reposan sobre las estructuras de poder, sin que haya podido encontrarse una respuesta satisfactoria. Por lo tanto, parece aconsejable buscarlas en la sociedad civil, que desafía la singularidad de las otras, aunque en rigor carece de singularidad propia.

Aunque eso sea evidente, y precisamente por ello, es necesario aproximarse a una definición más clara de sus contornos de lo que suele encontrarse en las referencias comunes a ella, lo que, históricamente, ha encontrado dificultades, a pesar de contar con un referente teórico de relativa firmeza, el estado, o más precisamente, el poder.

Ese poder, para el caso, no importa si es de carácter político –institucional o social– o deriva de la capacidad económica de individuos, grupos, corporaciones o instituciones nacionales o transnacionales.

Así considerada la cuestión, y vistas las múltiples conexiones funcionales y hasta estructurales entre ambas vertientes del poder, bien podría caracterizarse a la sociedad civil como esa porción de la comunidad sin acceso a los centros en que se toman las decisiones trascendentes y relevantes, incluido el conjunto de instituciones sociales que no revisten las características propias del sistema de poder político, o están integradas a él.

Se diría, entonces, que es el conjunto de la realidad social que se halla fuera de la directa acción de tal núcleo –en buena medida (la “clase dirigente” que definiera Gaetano Mosca, entre otros).

Es, en palabras llanas, esa porción de seres humanos cuyas vides dependen más de las decisiones de otros que de las propias, situación que, como todo indica al observador menos agudo, se agrava y amplía cada vez más en esta época de auge para los instrumentos de control social. Hoy por hoy, cualquier sistema político que se precie de ser auténticamente legítimo debe satisfacer, sin duda y entre otros requisitos, el de contar con el dimensionamiento del poder en un justo medio apto para garantizar el espacio de las libertades en el ámbito de la sociedad civil, con la consiguiente limitación de los poderes jurídicos y fácticos para que ello tenga lugar.

La convergencia de los impulsos sociales que han dado origen al renacimiento contemporáneo de la lucha por los derechos fundamentales, como resistencia natural al poder, en todas sus expresiones, busca indudablemente la búsqueda de nuevos espacios de libertad y sus garantías, así como nuevas formas de participación democrática, que se expresan en la suma de los movimientos sociales de reivindicación (feminista, ecologista, etc.).

Eso produjo el replanteamiento de la autonomía de la sociedad civil y abrió una amplia gama de posibilidades, en principio bien aprovechadas por esos movimientos, para la compaginación de las luchas antiautoritarias alrededor del mundo –México incluido– con el fin de transitar a una democracia eficaz y sustantiva, que se traduzca en un ejercicio político –en su más extensa, comprensiva y correcta acepción– que incluya, por supuesto, el perfeccionamiento moral e intelectual, tanto como el mejoramiento material de todo ser humano, en cualquier parte del mundo.

Esta manera de concebir la oposición entre sociedad civil y poder implica, necesariamente, el reconocimiento de que el principio fundamental en que está basado es la “autonomización” de la sociedad, para buscar desde ella las transformaciones estructurales necesarias que necesita el funcionamiento adecuado a tal fin de las instituciones sociales.

Para que el poder deje de ser monopolio de las redes que en torno a él se tejen, es necesario que la sociedad civil desempeñe un papel cada vez más activo, no para sustituir a las instituciones formales, sino para vigilar la legitimidad de sus acciones y asegurar la participación democrática que las circunstancias requieren.

Una sociedad civil consciente y activa es imprescindible para efectuar el tránsito que se requiere hacia condiciones de vida apenas dignas para las inmensas mayorías que, en México y el mundo, carecen de ellas.

06 Agosto 2017 04:00:00
La sociedad civil y la política
A lo largo de la historia, la búsqueda de condiciones para garantizar el acceso efectivo de los seres humanos ha descansado, sin éxito, en manifestaciones que descansan sobre las estructuras de poder, sin que haya podido encontrarse una respuesta satisfactoria. Por lo tanto, parece aconsejable buscarlas en la sociedad civil, que desafía la singularidad de las otras, aunque en rigor carece de singularidad propia.

Aunque eso sea evidente, y precisamente por ello, es necesario aproximarse a una definición más clara de sus contornos de lo que suele encontrarse en las referencias comunes a ella, lo que, históricamente, ha encontrado dificultades, a pesar de contar con un referente teórico de relativa firmeza, el estado, o más precisamente, el poder.

Ese poder, para el caso, no importa si es de carácter político -institucional o social- o deriva de la capacidad económica de individuos, grupos, corporaciones o instituciones nacionales o transnacionales.

Así considerada la cuestión, y vistas las múltiples conexiones funcionales y hasta estructurales entre ambas vertientes del poder, bien podría caracterizarse a la sociedad civil como esa porción de la comunidad sin acceso a los centros en que se toman las decisiones trascendentes y relevantes, incluido el conjunto de instituciones sociales que no revisten las características propias del sistema de poder político, o están integradas a él.

Se diría, entonces, que es el conjunto de la realidad social que se halla fuera de la directa acción de tal núcleo -en buena medida (la “clase dirigente” que definiera Gaetano Mosca, entre otros).

Es, en palabras llanas, esa porción de seres humanos cuyas vides dependen más de las decisiones de otros que de las propias, situación que, como todo indica al observador menos agudo, se agrava y amplía cada vez más en esta época de auge para los instrumentos de control social.

Hoy por hoy, cualquier sistema político que se precie de ser auténticamente legítimo, debe satisfacer, sin duda y entre otros requisitos, el de contar con el dimensionamiento del poder en un justo medio apto para garantizar el espacio de las libertades en el ámbito de la sociedad civil, con la consiguiente limitación de los poderes jurídicos y fácticos para que ello tenga lugar.

La convergencia de los impulsos sociales que han dado origen al renacimiento contemporáneo de la lucha por los derechos fundamentales, como resistencia natural al poder, en todas sus expresiones, busca indudablemente la búsqueda de nuevos espacios de libertad y sus garantías, así como nuevas formas de participación democrática, que se expresan en la suma de los movimientos sociales de reivindicación (feminista, ecologista, etc.).

Eso produjo el replanteamiento de la autonomía de la sociedad civil y abrió una amplia gama de posibilidades, en principio bien aprovechadas por esos movimientos, para la compaginación de las luchas antiautoritarias alrededor del mundo -México incluido- con el fin de transitar a una democracia eficaz y sustantiva, que se traduzca en un ejercicio político -en su más extensa, comprensiva y correcta acepción- que incluya, por supuesto, el perfeccionamiento moral e intelectual, tanto como el mejoramiento material de todo ser humano, en cualquier parte del mundo.

Esta manera de concebir la oposición entre sociedad civil y poder implica, necesariamente, el reconocimiento de que el principio fundamental en que está basado es la “autonomización” de la sociedad, para buscar desde ella las transformaciones estructurales necesarias que necesita el funcionamiento adecuado a tal fin de las instituciones sociales.

Para que el poder deje de ser monopolio de las redes que en torno a él se tejen, es necesario que la sociedad civil desempeñe un papel cada vez más activo, no para sustituir a las instituciones formales, sino para vigilar la legitimidad de sus acciones y asegurar la participación democrática que las circunstancias requieren.

Una sociedad civil consciente y activa es imprescindible para efectuar el tránsito que se requiere hacia condiciones de vida apenas dignas para las inmensas mayorías que, en México y el mundo, carecen de ellas.
30 Julio 2017 04:02:00
En busca del honor perdido
Durante el Siglo de Oro español –el 17– solía decirse que el honor era aquella parte de cada uno que reside en los demás, en los otros.

Hoy ese concepto, además de anacrónico, podría parecer incluso cursi a más de una persona, pero a poco que se profundice podrá apreciarse que no se trata, en absoluto, de una cualidad frívola, por más que hoy se pueda percibir por algunos como una palabra sin contenido.

Es necesario recordar que aquel siglo representó la cúspide del renacimiento en ese país, y por lo tanto la cima de un antropocentrismo que generó una sociedad fincada sobre bases muy diferentes a las que privan en nuestros días.

Hoy priva un individualismo egoísta, cuya teleología mira hacia el bienestar material y la riqueza monetaria, y desde el monto de ellos se miden, socialmente, el éxito y el fracaso.

En aquel tiempo, la noción de pertenencia era más clara de lo que hoy es, y la importancia de ser aceptado –es decir, digno de pertenecer a la comunidad– implicaba la necesidad de respetar los valores significantes de la cohesión social, así como las normas en las que ellos eran dotados de objetividad.

Hoy “la mano invisible del mercado”, que pretendidamente todo lo arregla y de la que supuestamente dependen los equilibrios y el orden, ha sido la línea que se ha querido imponer, con muy altos costos y muy discutible fortuna –para el orden, los equilibrios y la equidad, no para ellos– por los dueños de la riqueza.

Esa mano no quiere restricciones y por lo tanto le estorban las normas –todas, incluso las éticas, no se diga ya las religiosas, adoradores como son del “becerro de oro”– y no es sino proclive a la competencia entre todos para hacerse de la parte mayor de un pastel que no alcanza para todos, en vez de esmerarse por hacerlo crecer.

En estos tiempos se exalta el éxito material, sin apenas reparar en los métodos para lograrlo. No importa “torcer un poco” las normas, siempre que no sea notoria la infracción.

En los tiempos idos, el honor implicaba respeto por uno mismo, para poder tenerlo luego hacia los demás, porque eran congéneres, no competidores, tampoco clientes –potenciales o actuales–, no semejantes, como puede predicarse de estos tiempos de pragmatismo materialista.

El honor era valioso. Hoy ha dejado de serlo, al grado de que ya no se considera siquiera un bien digno de ser tutelado jurídicamente. Los delitos contra el honor han desaparecido del mapa y se aduce que la tutela de aquel se ha trasladado a la protección civil, vía la posibilidad de obtener resarcimiento por el eventual “daño moral” causado, como si eso, en rigor, fuera posible y todo pudiera reducirse a pesos y centavos. Antes, era blasón; se ha convertido en baldón en nuestros días para quienes imponen las reglas (las redes de poder político, que no la comunidad, el “pueblo”), porque ellas obstruyen el camino de la voraz codicia que, como el cuchillo caliente en la mantequilla, se ha abierto paso.

El honor es la puerta de la dignidad, esa que tanto se pregona a la hora del discurso sobre la igualdad de derechos. Por eso hay que rescatarlo del olvido, reencontrar su esencia y volverlo a la vida, sobre todo a la vida pública, a la que hace comunidad, para que esta en verdad lo sea.

Hoy, que tanto se habla de combatir a la corrupción –entre otros vicios incapacitantes–, cabe preguntar ¿puede ese combate darse sin merecimiento ni honor?

Ramón Xirau. Murió el filósofo, poeta, humanista mexicano, aunque de origen catalán, Ramón Xirau. Deja un legado de gran dignidad, que bien ha sido reconocido en los círculos del pensamiento en que se desenvolvió. Su obra merece mayor difusión. Fue un hombre generoso, afable, de gran modestia personal y sin pretención vana. En suma, fue un intelectual muy digno y, ciertamente, un hombre de honor. Descanse en paz.


30 Julio 2017 04:00:00
En busca del honor perdido
Durante el “Siglo de Oro” español -el 17- solía decirse que el honor era aquella parte de cada uno que reside en los demás, en los otros.

Hoy, ese concepto, además de anacrónico, podría parecer incluso cursi a más de una persona, pero a poco que se profundice podrá apreciarse que no se trata, en absoluto, de una cualidad frívola, por más que hoy se pueda percibir por algunos como una palabra sin contenido.

Es necesario recordar que aquel siglo representó la cúspide del renacimiento en ese país, y por lo tanto la cima de un antropocentrismo que generó una sociedad fincada sobre bases muy diferentes a las que privan en nuestros días.

Hoy, priva un individualismo egoísta, cuya teleología mira hacia el bienestar material y la riqueza monetaria, y desde el monto de ellos se miden, socialmente, el éxito y el fracaso.

En aquel tiempo, la noción de pertenencia era más clara de lo que hoy es, y la importancia de ser aceptado -es decir, digno de pertenecer a la comunidad- implicaba la necesidad de respetar los valores significantes de la cohesión social, así como las normas en las que ellos eran dotados de objetividad.

Hoy, “la mano invisible del mercado”, que pretendidamente todo lo arregla y de la que supuestamente dependen los equilibrios y el orden, ha sido la línea que se ha querido imponer, con muy altos costos y muy discutible fortuna -para el orden, los equilibrios y la equidad, no para ellos- por los dueños de la riqueza.

Esa mano no quiere restricciones y por lo tanto le estorban las normas -todas, incluso las éticas, no se diga ya las religiosas, adoradores como son del “becerro de oro”- y no es sino proclive a la competencia entre todos para hacerse de la parte mayor de un pastel que no alcanza para todos, en vez de esmerarse por hacerlo crecer.

En estos tiempos se exalta el éxito material, sin apenas reparar en los métodos para lograrlo. No importa “torcer un poco” las normas, siempre que no sea notoria la infracción.

En los tiempos idos, el honor implicaba respeto por uno mismo, para poder tenerlo luego hacia los demás, porque eran congéneres, no competidores, tampoco clientes -potenciales o actuales- no semejante, como pude predicarse de estos tiempos de pragmatismo materialista..

El honor era valioso. Hoy ha dejado de serlo, al grado de que ya no se considera siquiera un bien digno de ser tutelado jurídicamente. Los delitos contra el honor han desaparecido del mapa y se aduce que la tutela de aquél se ha trasladado a la protección civil, vía la posibilidad de obtener resarcimiento por el eventual “daño moral” causado, como si eso, en rigor, fuera posible y todo pudiera reducirse a pesos y centavos.

Antes, era blasón; se ha convertido en baldón en nuestros días para quienes imponen las reglas (las redes de poder político, que no la comunidad, el “pueblo”), porque ellas obstruyen el camino de la voraz codicia que, como el cuchillo caliente en la mantequilla, se ha abierto paso.

El honor es la puerta de la dignidad, esa que tanto se pregona a la hora del discurso sobre la igualdad de derechos. Por eso hay que rescatarlo del olvido, reencontrar su esencia y volverlo a la vida, sobre todo a la vida pública, a la que hace comunidad, para que esta en verdad lo sea.

Hoy, que tanto se habla de combatir a la corrupción -entre otros vicios incapacitantes- cabe preguntar ¿puede ese combate darse sin merecimiento ni honor?

Ramón Xirau. Murió el filósofo, poeta, humanista mexicano, aunque de origen catalán, Ramón Xirau. Deja un legado de gran dignidad, que bien ha sido reconocido en los círculos del pensamiento en que se desenvolvió. Su obra merece mayor difusión. Fue un hombre generoso, afable, de gran modestia personal y sin pretención vana. En suma, fue un intelectual muy digno y, ciertamente, un hombre de honor. Descanse en paz.
23 Julio 2017 04:00:00
Vamos por más
Concluyó la semana en la que entró en vigor el “Sistema Nacional Anticorrupción”, sin que el legislador federal haya cumplido con el mandato de integrar debidamente los órganos previstos para su mejor funcionamiento.

Bajo el lema “vamos por más”, un nutrido grupo de líderes de organizaciones no gubernamentales, justamente molestos y explicablemente inquietos por ese hecho, impulsaron una exigencia de que, sin dilación, se subsanen las deficiencias del sistema para que pueda funcionar eficientemente.

Dejar de compartir su aversión hacia la corrupción y la urgencia con que reclaman la erradicación del problema es imposible. Creo, sin embargo -ya lo he dicho aquí reiteradamente- que no será con nuevas leyes y más burocracia que podrá combatirse con éxito el pernicioso cáncer de la corrupción.

De suyo, aunque podrían requerirse ciertos ajustes, contamos ya con normas aptas para combatir ese cúmulo de conductas ilícitas que, en conjunto, pueden llamarse “corrupción”.

Faltan, en cambio, políticas públicas que lleven a la práctica acciones para erradicarla, suprimiendo los incentivos perniciosos y sustituyéndolos por otros que sean estímulo para erradicarla y evitar que vuelva a surgir.

Lo que se echa de menos es un conjunto de políticas públicas -un “espacio de políticas públicas” en términos técnicos- que abarque estratégicamente toda campaña que con ese objetivo pueda emprenderse.

Conviene recordar que una “política pública”, con propiedad, es un conjunto de acciones coordinadas e integrales, destinadas a resolver problemas de naturaleza pública. Para ser efectivas requieren de un diagnóstico preciso, de la determinación de un objetivo medible, de una agenda clara -aunque dotada de cierta flexibilidad, para poder efectuar sobre la marcha los ajustes que las circunstancias específicas requieran- de prioridades y de los actores que tendrán a su cargo tareas concatenadas, específicamente determinadas, que deben tender al
propósito definido.

Una política pública ha de ser diseñada, instrumentada, ejecutada y evaluada con la participación de aquellos a quienes habrá de afectar benéficamente cuando cumpla su propósito.

Para que eso ocurra, es imprescindible considerar el entorno, las fuerzas y debilidades propias, así como las oportunidades y amenazas del entorno ¿Se hizo ya ese diagnóstico? ¿Se fijaron ya los objetivos y metas? ¿Se pensó ya en la estrategia y en las tácticas posibles? ¿Se fijó una agenda? Si no es así, nada va a funcionar.

Es verdad que en ese entorno el orden jurídico puede ser, si se trata de la autoridad, fuerza o debilidad en la medida en que cuente con facultades o no para efectuar las acciones determinadas; para quienes no lo son, el Derecho puede ser oportunidad o amenaza, incentivo benéfico o pernicioso, y además estructura que encauce los flujos sociales hacia el objetivo pretendido.

Un general que se haga de equipo, pertrechos y tropas sin conocer con precisión sus objetivos, las características de su enemigo y las condiciones del terreno en que habrá de combatir, estará en condiciones de precariedad estratégica, y por lo tanto seguramente condenado a un fracaso que puede ser estrepitoso y desmoralizador, además de mortal, para sus tropas y para él mismo. Sin planeación acuciosa no puede haber triunfo en ninguna guerra, y menos una de la magnitud de la que se avecina, como todo parece anticipar.

Lo dicho: vamos por más, hay que ir por ello en serio y organizadamente, sin esperanzas puestas en otra cosa que una acción perdurable y sostenida, basada en realidades perceptibles, con la cabeza en las nubes, si se quiere, pero los pies en la tierra.

Acciones concertadas, bien dirigidas, correctamente basadas, y encaminadas con propiedad. Eso es lo que se necesita. Lo demás, o es demagogia, o son buenas intenciones que, como ya se sabe, pavimentan el camino del infierno.
16 Julio 2017 04:00:00
Colegiación y ética profesional
El 12 de julio de 1533 se instituyó la primera cátedra de leyes en el continente americano y por eso la fecha fue rescatada en 1960 para establecer, por el presidente López Mateos y a iniciativa de Enrique Bracamontes, ese día como día del abogado.

Con el tiempo, la celebración ha crecido y se ha generalizado. Este año no fue la excepción.

Entre el cúmulo vasto de ceremonia y eventos, asistí a uno que resultó muy digno y muy grato por su sobriedad y su reflexivo talante.

La Barra de Abogados de Coahuila, Instituto de Investigaciones Jurídicas, convocó a un desayuno durante el cual se reflexionó en torno de dos temas que son ineludibles cuando del ejercicio de la abogacía se trata: la colegiación y la ética profesional.

Son también temas de actualidad palpitante, porque es evidente que cada vez más se acerca este país al establecimiento de la colegiación obligatoria, y porque la creación del sistema anticorrupción convoca, de manera muy especial, a los profesionales del derecho, sean ellos postulantes, jueces, fiscales, servidores públicos o simplemente peritos en las disciplinas jurídicas.

La hipótesis de inicio para la reflexión consistió en la afirmación de que la agremiación no sólo es útil para la protección de los miembros, sus intereses legítimos y derechos, sino -y de manera más importante hoy en día- establecer mecanismos de “auto control” profesional, a la manera en que ocurre en otros países, como los Estados Unidos de América, por ejemplo, que pretenderán, se dijo, incluir el tema en la revisión del TLCAN.

Con todo lo positivo que ello aportó al evento, hay que considerar los planteamientos formulados como un “pie de reflexión” -por llamarlo de alguna manera- como una propuesta de debate, que no se ha dado en suficiencia, a juicio mío, y que aún podría tener enfoques erróneos que, si se quiere avanzar con paso firme y de manera sólida en el tema, sería conveniente revisar.

Tampoco aquí hay espacio para llegar muy hondo, pero sí lo hay para plantear un par de cuestiones adicionales, cuya exploración bien podría llevarnos más lejos en ese camino.

La primera induce a pensar en la colegiación, y convoca a buscar la respuesta a preguntas como las siguientes: ¿En verdad es la colegiación imprescindible para garantizar un ejercicio ético de la abogacía? ¿No debería ser un presupuesto esencial esa calidad del ejercicio profesional siempre, en colegiación o no? En todo caso ¿hasta dónde es capaz la colegiación, de verdad y en serio, de garantizar la ética profesional?

Tampoco hay que pasar por alto -no es cosa menos- el tema del número de colegios que cabrían, limitación que también linda con la libertad de asociación en sus modalidades de organización y pertenencia.

Según los proyectos que apuntan a la modificación jurídica, habría colegios “nacionales” y locales, pero ¿cuántos por estado? ¿Cabrían los municipales o regionales? ¿Sería propicia la fragmentación para cumplir con los cometidos expresados por los promotores de la reforma al régimen jurídico del ejercicio de la abogacía? ¿Quedarían incluidas otras profesiones? ¿Cuáles? ¿Cuáles no? ¿Con qué criterios determinarlo?

Todo ello sin pasar por alto que, aunque previstas las reformas constitucionales imprescindibles, hay que evaluar la vulneración que la obligatoriedad descrita representaría al sentido profundo de las libertades de ocupación y asociación, que son fundamentales.

En cuanto a la ética profesional mucho habría que decir, pero la especificidad del tema lo excluye de toda posibilidad de ser abordado en este espacio periodístico, por lo que queda como tarea pendiente de reflexión para la nueva asociación, para la cual, y como aportación al debate y puesto que suele llamársele “deontología”, como discurso teórico del “deber ser”, me atrevo a plantear las siguientes cuestiones: ¿Puede obligarse a alguien a que “sea”? ¿No es que más bien haya que “ser”, antes de poder ser obligado a algo?

Ojalá que la nueva asociación mantenga el entusiasmo, crezca en aptitud creativa permanentemente, y aporte conocimiento útil a nuestra comunidad.
16 Julio 2017 04:00:00
Colegiación y ética profesional
El 12 de julio de 1533 se instituyó la primera cátedra de Leyes en el continente americano y por eso la fecha fue rescatada en 1960 para establecer, por el presidente López Mateos y, a iniciativa de Enrique Bracamontes, ese día como Día del Abogado.

Con el tiempo, la celebración ha crecido y se ha generalizado. Este año no fue la excepción.

Entre el cúmulo vasto de ceremonia y eventos, asistí a uno que resultó muy digno y muy grato por su sobriedad y su reflexivo talante.

La Barra de Abogados de Coahuila, Instituto de Investigaciones Jurídicas, convocó a un desayuno durante el cual se reflexionó en torno de dos temas que son ineludibles cuando del ejercicio de la abogacía se trata: la colegiación y la ética profesional.

Son también temas de actualidad palpitante, porque es evidente que cada vez más se acerca este país al establecimiento de la colegiación obligatoria, y porque la creación del sistema anticorrupción convoca, de manera muy especial, a los profesionales del derecho, sean ellos postulantes, jueces, fiscales, servidores públicos o simplemente peritos en las disciplinas jurídicas.

La hipótesis de inicio para la reflexión consistió en la afirmación de que la agremiación no sólo es útil para la protección de los miembros, sus intereses legítimos y derechos, sino –y de manera más importante hoy en día– establecer mecanismos de “autocontrol” profesional, a la manera en que ocurre en otros países, como los Estados Unidos de América, por ejemplo, que pretenderán, se dijo, incluir el tema en la revisión del TLCAN.

Con todo lo positivo que ello aportó al evento, hay que considerar los planteamientos formulados como un “pie de reflexión” –por llamarlo de alguna manera– como una propuesta de debate, que no se ha dado en suficiencia, a juicio mío, y que aún podría tener enfoques erróneos que, si se quiere avanzar con paso firme y de manera sólida en el tema, sería conveniente revisar.

Tampoco aquí hay espacio para llegar muy hondo, pero sí lo hay para plantear un par de cuestiones adicionales, cuya exploración bien podría llevarnos más lejos en ese camino.

La primera induce a pensar en la colegiación, y convoca a buscar la respuesta a preguntas como las siguientes: ¿En verdad es la colegiación imprescindible para garantizar un ejercicio ético de la abogacía? ¿No debería ser un presupuesto esencial esa calidad del ejercicio profesional siempre, en colegiación o no? En todo caso ¿hasta dónde es capaz la colegiación, de verdad y en serio, de garantizar la ética profesional?

Tampoco hay que pasar por alto –no es cosa menos– el tema del número de colegios que cabrían, limitación que también linda con la libertad de asociación en sus modalidades de organización y pertenencia.

Según los proyectos que apuntan a la modificación jurídica, habría colegios “nacionales” y locales, pero ¿cuántos por estado? ¿Cabrían los municipales o regionales? ¿Sería propicia la fragmentación para cumplir con los cometidos expresados por los promotores de la reforma al régimen jurídico del ejercicio de la abogacía? ¿Quedarían incluidas otras profesiones? ¿Cuáles? ¿Cuáles no? ¿Con qué criterios determinarlo?

Todo ello sin pasar por alto que, aunque previstas las reformas constitucionales imprescindibles, hay que evaluar la vulneración que la obligatoriedad descrita representaría al sentido profundo de las libertades de ocupación y asociación, que son fundamentales.

En cuanto a la ética profesional mucho habría que decir, pero la especificidad del tema lo excluye de toda posibilidad de ser abordado en este espacio periodístico, por lo que queda como tarea pendiente de reflexión para la nueva asociación, para la cual, y como aportación al debate y puesto que suele llamársele “deontología”, como discurso teórico del “deber ser”, me atrevo a plantear las siguientes cuestiones: ¿Puede obligarse a alguien a que “sea”? ¿No es que más bien haya que “ser”, antes de poder ser obligado a algo?

Ojalá que la nueva asociación mantenga el entusiasmo, crezca en aptitud creativa permanentemente, y aporte conocimiento útil a nuestra comunidad.

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