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Xavier Díez de Urdanivia
Xavier Díez de Urdanivia
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Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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20 Agosto 2017 04:02:00
Escuela Libre de Derecho: 105 años
Acaban de cumplirse 105 años de haberse fundado la Escuela Libre de Derecho. Nació el 24 de julio de 1912, como una activa reacción frente a la necesidad de opciones verdaderamente libres para la reflexión jurídica y la enseñanza del derecho en México. Ese día, en una casa ubicada en la calle de Donceles, en la Ciudad de México, se impartió la primera cátedra.

El ideal de los fundadores era constituir una escuela independiente del poder público, y ajena a todo fin político o religioso, distinta del común denominador que imperaba: considerar a la educación, especialmente la de nivel superior, como un “todo orgánico”, que habría de correr a cargo del Gobierno, con las consiguientes consecuencias ideológicas y de adoctrinamiento que eran de esperarse.

Para alcanzar ese fin a plenitud era necesaria la autosuficiencia, y por eso se diseñó un modelo en el que todavía descansa el financiamiento de la centenaria institución, basado en un principio de altruista solidaridad compuesto por las aportaciones, siempre generosas, de sus profesores –que no perciben emolumento alguno por su desempeño– y de sus exalumnos, lo que permite que los alumnos, que constituyen la otra parte esencial de la fórmula, carguen con cuotas realmente módicas y participen en la mística comunitaria como garantes del orden y la disciplina de la Escuela, cuyo Estatuto General, en su Artículo 7º, literalmente establece que “el orden y la disciplina de la Escuela están confiados al honor de los alumnos”, como en la realidad ocurre.

La escuela ha crecido y se ha mejorado, actualizando su plan de estudios, sin detrimento de la libertad de cátedra, característica que la enorgullece.

Ha establecido posgrados de calidad y un Centro de Investigación e Informática Jurídica de excelencia, para cumplir con el cometido de empeñarse en el objeto de exclusivo dedicarse “la enseñanza, la investigación y la difusión de las ciencias jurídicas y sus auxiliares con independencia de todo fin político o credo religioso, en los grados de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado”, según la Base Cuarta de su estatuto.

El compromiso con la libertad y su resistencia a la sumisión frente al poder hicieron que, durante mucho tiempo y hasta sólo unas pocas décadas atrás, los obstáculos para autorizar el ejercicio de la abogacía a sus egresados llegaron incluso a la necesidad de interponer juicios de amparo en contra de la negativa de otorgarles la cédula profesional correspondiente.

A 105 años de su fundación, el panorama es muy otro. Superados aquellos obstáculos, la aspiración perenne de lograr la excelencia –que siempre es camino, nunca una meta– es su reto definitivo.

Siempre resulta gratificante constatar que ese empeño se mantiene presente y que, hoy, cuando es su rector don Luis Díaz Mirón, él, tanto como a la Junta Directiva y toda la comunidad de profesores, investigadores, alumnos egresados y alumnos, han hecho suyo, con gran dignidad, el compromiso de honrar y mantener vivo el espíritu de sus fundadores, alentado en el lema que sintetiza su credo ético: “Ius neque inflecti gratia neque perfringi potentia neque adulterare pecunia debet”, que en lengua común significa que el derecho no debe ser desvirtuado por el favor, quebrantado por el poder, ni adulterado por dádivas, divisa que bien debería enarbolar cualquier intento de enarbolar la empresa de desterrar, de una vez por todas, el cáncer insidioso de la corrupción.

A 105 de su fundación y en ese contexto de pujante mejora, la Libre está en el camino que parece correcto.

Con tal ejemplo y ante la virtuosa inercia que le ha permitido a la Escuela Libre de Derecho trascender un siglo de vida en condiciones de continuo perfeccionamiento, se ofrece optimista el panorama. Ojalá que quienes aquellos que en adelante reciban la estafeta puedan, en 95 años más, honrar con igual dignidad, el segundo centenario de ella. Por lo pronto, y desde esta modesta trinchera, me sumo al merecido homenaje que en su aniversario recibió.
20 Agosto 2017 04:00:00
Escuela Libre de Derecho: 105 años
Acaban de cumplirse 105 años de haberse fundado la Escuela Libre de Derecho. Nació el 24 de julio de 1912, como una activa reacción frente a la necesidad de opciones verdaderamente libres para la reflexión jurídica y la enseñanza del derecho en México. Ese día, en una casa ubicada en la calle de Donceles, en la ciudad de México, se impartió la primera cátedra.

El ideal de los fundadores era constituir una escuela independiente del poder público, y ajena a todo fin político o religioso, distinta del común denominador que imperaba: Considerar a la educación, especialmente la de nivel superior, como un “todo orgánico”, que habría de correr a cargo del gobierno, con las consiguientes consecuencias ideológicas y de adoctrinamiento que eran de esperarse.

Para alcanzar ese fin a plenitud era necesaria la auto suficiencia, y por eso se diseñó un modelo en el que todavía descansa el financiamiento de la centenaria institución, basado en un principio de altruista solidaridad compuesto por las aportaciones, siempre generosas, de sus profesores –que no perciben emolumento alguno por su desempeño- y de sus exalumnos, lo que permite que los alumnos, que constituyen la otra parte esencial de la fórmula, carguen con cuotas realmente módicas y participen en la mística comunitaria como garantes del orden y la disciplina de la Escuela, cuyo Estatuto General, en su artículo 7º, literalmente establece que “el orden y la disciplina de la Escuela están confiados al honor de los alumnos”, como en la realidad ocurre.

La escuela ha crecido y se ha mejorado, actualizando su plan de estudios, sin detrimento de la libertad de cátedra, que la enorgullece.

Ha establecido posgrados de calidad y un Centro de Investigación e Informática Jurídica de excelencia, para cumplir con el cometido de empeñarse en el objeto de exclusivo dedicarse “la enseñanza, la investigación y la difusión de las ciencias jurídicas y sus auxiliares con independencia de todo fin político o credo religioso, en los grados de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado”, según la Base Cuarta de su estatuto.

El compromiso con la libertad y su resistencia a la sumisión frente al poder hicieron que, durante mucho tiempo y hasta sólo unas pocas décadas atrás, los obstáculos para autorizar el ejercicio de la abogacía a sus egresados llegaron incluso a la necesidad de interponer juicios de amparo en contra de la negativa de otorgarles la cédula profesional correspondiente.

A ciento cinco años de su fundación, el panorama es muy otro. Superados aquellos obstáculos, la aspiración perenne de lograr la excelencia -que siempre es camino, nunca una meta- es su reto definitivo.

Siempre resulta gratificante constatar que ese empeño se mantiene presente y que, hoy, cuando es su rector don Luis Díaz Mirón, él, tanto como a la junta directiva y toda la comunidad de profesores, investigadores, alumnos egresados y alumnos, han hecho suyo, con gran dignidad, el compromiso de honrar y mantener vivo el espíritu de sus fundadores, alentado en el lema que sintetiza su credo ético: “Ius neque inflecti gratia neque perfringi potentia neque adulterare pecunia debet”, que en lengua común significa que el derecho no debe ser desvirtuado por el favor, quebrantado por el poder, ni adulterado por dádivas, divisa que bien debería enarbolar cualquier intento de enarbolar la empresa de desterrar, de una vez por todas, el cáncer insidioso de la corrupción.

A ciento cinco años de su fundación y en ese contexto de pujante mejora, la Libre está en el camino que parece correcto.

Con tal ejemplo y ante la virtuosa inercia que le ha permitido a la Escuela Libre de Derecho trascender un siglo de vida en condiciones de continuo perfeccionamiento, se ofrece optimista el panorama. Ojalá que quienes aquellos que en adelante reciban la estafeta puedan, en noventa y cinco años más, honrar con igual dignidad, el segundo centenario de ella. Por lo pronto, y desde esta modesta trinchera, me sumo al merecido homenaje que en su aniversario recibió.
13 Agosto 2017 04:02:00
La diversidad como derecho
Leí en días recientes un interesante artículo de Mario Luis Fuentes acerca del mundo indígena y su integración a partir de lo que llama “modelo de vida solidario, incluyente y equitativo” (México Social, http://mexicosocial.org/index.php/2017-05-22-14-12-20/item/1481-pensar-el-mundo-indigena).

Sería aberrante disentir de la corrección política y social de un modelo tal, pero me temo que procurarlo a partir de borrar las diferencias entre “nosotros” y “ellos”, como el articulista pretende, no sólo es utópico, sino que sería artificial y contrario a los derechos inherentes a los seres humanos. Creo, por lo tanto, que es necesario precisar algunos matices frente al modelo propuesto.

El referido artículo inicia con este párrafo: “La distinción ‘ellos-nosotros’ es por demás artificiosa y ha justificado un sinfín de atrocidades a lo largo de la historia. Pensar que hay un ‘ellos’ implica, de origen, asumir que hay un ‘estar afuera’, un ‘ser radicalmente distintos’, pero también, en el mundo práctico, un inaceptable principio de diferenciación y exclusión. Como norma general, la ‘conciencia moderna’ se ha planteado siempre así frente a las poblaciones indígenas: impuso una barrera que, aun convocando o llamando a la “integración” o la “asimilación”, parte de una visión en la cual creer que se es parte del “nosotros”, en oposición al “ellos”, lleva implícita la idea de que “se es mejor”, “normal” y siempre “preferible” a lo que se nos opone”.

Lo primero que hay que decir es que esa dicotomía entre “nosotros” y “ellos” no es privativa de la “conciencia moderna”, ni exclusiva del mundo indígena y menos aun de México.

La naturaleza dual social-individual de los humanos –el “zoon politikon” de Aristóteles– y la diversidad de intereses y relaciones de cada uno con los otros, y también entre las colectividades parciales entre sí, hacen que la complejidad del mundo social sea diversa por naturaleza.

Más aún: esa diversidad es imprescindible para enriquecer e impulsar la evolución de los seres humanos y sus sistemas sociales, y por esa razón está garantizada, de manera generalizada por los ordenamientos jurídicos internacionales y prácticamente todos los que regulan los derechos en cada estado de la que llamamos “civilización occidental”.

Todos somos entidades individuales, con derechos propios cada quien, y pertenecemos, ineludiblemente a varios “nosotros”, que excluyen, ineludiblemente, a los demás: los mexicanos frente a quienes no lo son; los arquitectos, médicos, etc., frente a otras profesiones; quienes forman parte de una familia ante quienes no son parientes, etc.

Es verdad que hay una tendencia atávica a ver a los extraños como “diferentes” y a despertar alertas de amenaza –que puede o no existir– ante su presencia. Hay que recordar que “hostes” en la antigua Roma significaba sencillamente “extranjero”, mientras que su hija “hostil” significa en nuestro idioma “enemigo”.

La visión no es nueva, tampoco la proposición que promueve su superación. Aquello que hoy llamamos “solidaridad” es un propósito que encuentra su correspondencia histórica en la “cáritas” de los primeros cristianos, que el laicismo de los ilustrados franceses convirtió en “fraternidad” y es hoy la característica que distingue a los derechos sociales, que la tienen por correspondencia obligatoria del conglomerado frente a sus miembros.

“En el fondo –dice el artículo que comento– lo que debemos lograr es un quiebre en la distinción radical que sigue estando en el substrato de la mentalidad mexicana y dejar atrás la oposición del ‘ellos-nosotros’. Debemos ser capaces de asumir que en nuestro país somos todos personas y buscar otras categorías para pensarnos y, sobre todo, para concretar en el mundo práctico la reconciliación y un modelo de vida solidario, incluyente y equitativo”.

Me quedo con la idea contenida en la parte final de ese párrafo, pero extiendo su alcance al género humano todo, e insisto en que esa generalidad comprensiva no debe evitar las diversidades, sino propiciar la vinculación virtuosa entre ellas, a partir de la aceptación de que, en esencia, hay elementos que igualan, a pesar de las diferencias. Ellas han de ser conservadas, buscando siempre armonizarlas equitativa, equilibradamente.
13 Agosto 2017 04:00:00
La diversidad como derecho
Leí en días recientes un interesante artículo de Mario Luis Fuentes acerca del mundo indígena y su integración a partir de lo que llama “modelo de vida solidario, incluyente y equitativo” (México Social, http://mexicosocial.org/index.php/2017-05-22-14-12-20/item/1481-pensar-el-mundo-indigena).

Sería aberrante disentir de la corrección política y social de un modelo tal, pero me temo que procurarlo a partir de borrar las diferencias entre “nosotros” y “ellos”, como el articulista pretende, no sólo es utópico, sino que sería artificial y contrario a los derechos inherentes a los seres humanos. Creo, por lo tanto, que es necesario precisar algunos matices frente al modelo propuesto.

El referido artículo inicia con este párrafo: “La distinción ‘ellos-nosotros’ es por demás artificiosa y ha justificado un sinfín de atrocidades a lo largo de la historia. Pensar que hay un ‘ellos’ implica, de origen, asumir que hay un ‘estar afuera’, un ‘ser radicalmente distintos’, pero también, en el mundo práctico, un inaceptable principio de diferenciación y exclusión. Como norma general, la ‘conciencia moderna’ se ha planteado siempre así frente a las poblaciones indígenas: Impuso una barrera que, aun convocando o llamando a la “integración” o la “asimilación”, parte de una visión en la cual creer que se es parte del “nosotros”, en oposición al “ellos”, lleva implícita la idea de que “se es mejor”, “normal” y siempre “preferible” a lo que se nos opone”.

Lo primero que hay que decir es que esa dicotomía entre “nosotros” y “ellos” no es privativa de la “conciencia moderna”, ni exclusiva del mundo indígena y menos aun de México.

La naturaleza dual social-individual de los humanos –el “zoon politikon” de Aristóteles- y la diversidad de intereses y relaciones de cada uno con los otros, y también entre las colectividades parciales entre sí, hacen que la complejidad del mundo social sea diversa por naturaleza.

Más aún: esa diversidad es imprescindible para enriquecer e impulsar la evolución de los seres humanos y sus sistemas sociales, y por esa razón está garantizada, de manera generalizada, por los ordenamientos jurídicos internacionales y prácticamente todos los que regulan los derechos en cada estado de la que llamamos “civilización occidental”.

Todos somos entidades individuales, con derechos propios cada quien, y pertenecemos, ineludiblemente a varios “nosotros”, que excluyen, a los demás: los mexicanos frente a quienes no lo son; los arquitectos, médicos, etc., frente a otras profesiones; quienes forman parte de una familia ante quienes no son parientes, etc.

Es verdad que hay una tendencia atávica a ver a los extraños como “diferentes” y a despertar alertas de amenaza –que puede o no existir- ante su presencia. Hay que recordar que “hostes” en la antigua Roma significaba sencillamente “extranjero”, mientras que su hija “hostil” significa en nuestro idioma “enemigo”.

La visión no es nueva, tampoco la proposición que promueve su superación. Aquello que hoy llamamos “solidaridad” es un propósito que encuentra su correspondencia histórica en la “cáritas” de los primeros cristianos, que el laicismo de los ilustrados franceses convirtió en “fraternidad” y es hoy la característica que distingue a los derechos sociales, que la tienen por correspondencia obligatoria del conglomerado frente a sus miembros.

“En el fondo -dice el artículo que comento- lo que debemos lograr es un quiebre en la distinción radical que sigue estando en el substrato de la mentalidad mexicana y dejar atrás la oposición del ‘ellos-nosotros’. Debemos ser capaces de asumir que en nuestro país somos todos personas y buscar otras categorías, para concretar en el mundo práctico la reconciliación y un modelo de vida solidario, incluyente y equitativo”.

Me quedo con la idea contenida en la parte final de ese párrafo, pero extiendo su alcance al género humano todo, e insisto en que esa generalidad comprensiva no debe evitar las diversidades, sino propiciar la vinculación virtuosa entre ellas, a partir de la aceptación de que, en esencia, hay elementos que igualan, a pesar de las diferencias. Ellas han de ser conservadas, buscando siempre armonizarlas equitativa y equilibradamente.
06 Agosto 2017 04:02:00
La sociedad civil y la política
A lo largo de la historia, la búsqueda de condiciones para garantizar el acceso efectivo de los seres humanos ha descansado, sin éxito, en manifestaciones que reposan sobre las estructuras de poder, sin que haya podido encontrarse una respuesta satisfactoria. Por lo tanto, parece aconsejable buscarlas en la sociedad civil, que desafía la singularidad de las otras, aunque en rigor carece de singularidad propia.

Aunque eso sea evidente, y precisamente por ello, es necesario aproximarse a una definición más clara de sus contornos de lo que suele encontrarse en las referencias comunes a ella, lo que, históricamente, ha encontrado dificultades, a pesar de contar con un referente teórico de relativa firmeza, el estado, o más precisamente, el poder.

Ese poder, para el caso, no importa si es de carácter político –institucional o social– o deriva de la capacidad económica de individuos, grupos, corporaciones o instituciones nacionales o transnacionales.

Así considerada la cuestión, y vistas las múltiples conexiones funcionales y hasta estructurales entre ambas vertientes del poder, bien podría caracterizarse a la sociedad civil como esa porción de la comunidad sin acceso a los centros en que se toman las decisiones trascendentes y relevantes, incluido el conjunto de instituciones sociales que no revisten las características propias del sistema de poder político, o están integradas a él.

Se diría, entonces, que es el conjunto de la realidad social que se halla fuera de la directa acción de tal núcleo –en buena medida (la “clase dirigente” que definiera Gaetano Mosca, entre otros).

Es, en palabras llanas, esa porción de seres humanos cuyas vides dependen más de las decisiones de otros que de las propias, situación que, como todo indica al observador menos agudo, se agrava y amplía cada vez más en esta época de auge para los instrumentos de control social. Hoy por hoy, cualquier sistema político que se precie de ser auténticamente legítimo debe satisfacer, sin duda y entre otros requisitos, el de contar con el dimensionamiento del poder en un justo medio apto para garantizar el espacio de las libertades en el ámbito de la sociedad civil, con la consiguiente limitación de los poderes jurídicos y fácticos para que ello tenga lugar.

La convergencia de los impulsos sociales que han dado origen al renacimiento contemporáneo de la lucha por los derechos fundamentales, como resistencia natural al poder, en todas sus expresiones, busca indudablemente la búsqueda de nuevos espacios de libertad y sus garantías, así como nuevas formas de participación democrática, que se expresan en la suma de los movimientos sociales de reivindicación (feminista, ecologista, etc.).

Eso produjo el replanteamiento de la autonomía de la sociedad civil y abrió una amplia gama de posibilidades, en principio bien aprovechadas por esos movimientos, para la compaginación de las luchas antiautoritarias alrededor del mundo –México incluido– con el fin de transitar a una democracia eficaz y sustantiva, que se traduzca en un ejercicio político –en su más extensa, comprensiva y correcta acepción– que incluya, por supuesto, el perfeccionamiento moral e intelectual, tanto como el mejoramiento material de todo ser humano, en cualquier parte del mundo.

Esta manera de concebir la oposición entre sociedad civil y poder implica, necesariamente, el reconocimiento de que el principio fundamental en que está basado es la “autonomización” de la sociedad, para buscar desde ella las transformaciones estructurales necesarias que necesita el funcionamiento adecuado a tal fin de las instituciones sociales.

Para que el poder deje de ser monopolio de las redes que en torno a él se tejen, es necesario que la sociedad civil desempeñe un papel cada vez más activo, no para sustituir a las instituciones formales, sino para vigilar la legitimidad de sus acciones y asegurar la participación democrática que las circunstancias requieren.

Una sociedad civil consciente y activa es imprescindible para efectuar el tránsito que se requiere hacia condiciones de vida apenas dignas para las inmensas mayorías que, en México y el mundo, carecen de ellas.

06 Agosto 2017 04:00:00
La sociedad civil y la política
A lo largo de la historia, la búsqueda de condiciones para garantizar el acceso efectivo de los seres humanos ha descansado, sin éxito, en manifestaciones que descansan sobre las estructuras de poder, sin que haya podido encontrarse una respuesta satisfactoria. Por lo tanto, parece aconsejable buscarlas en la sociedad civil, que desafía la singularidad de las otras, aunque en rigor carece de singularidad propia.

Aunque eso sea evidente, y precisamente por ello, es necesario aproximarse a una definición más clara de sus contornos de lo que suele encontrarse en las referencias comunes a ella, lo que, históricamente, ha encontrado dificultades, a pesar de contar con un referente teórico de relativa firmeza, el estado, o más precisamente, el poder.

Ese poder, para el caso, no importa si es de carácter político -institucional o social- o deriva de la capacidad económica de individuos, grupos, corporaciones o instituciones nacionales o transnacionales.

Así considerada la cuestión, y vistas las múltiples conexiones funcionales y hasta estructurales entre ambas vertientes del poder, bien podría caracterizarse a la sociedad civil como esa porción de la comunidad sin acceso a los centros en que se toman las decisiones trascendentes y relevantes, incluido el conjunto de instituciones sociales que no revisten las características propias del sistema de poder político, o están integradas a él.

Se diría, entonces, que es el conjunto de la realidad social que se halla fuera de la directa acción de tal núcleo -en buena medida (la “clase dirigente” que definiera Gaetano Mosca, entre otros).

Es, en palabras llanas, esa porción de seres humanos cuyas vides dependen más de las decisiones de otros que de las propias, situación que, como todo indica al observador menos agudo, se agrava y amplía cada vez más en esta época de auge para los instrumentos de control social.

Hoy por hoy, cualquier sistema político que se precie de ser auténticamente legítimo, debe satisfacer, sin duda y entre otros requisitos, el de contar con el dimensionamiento del poder en un justo medio apto para garantizar el espacio de las libertades en el ámbito de la sociedad civil, con la consiguiente limitación de los poderes jurídicos y fácticos para que ello tenga lugar.

La convergencia de los impulsos sociales que han dado origen al renacimiento contemporáneo de la lucha por los derechos fundamentales, como resistencia natural al poder, en todas sus expresiones, busca indudablemente la búsqueda de nuevos espacios de libertad y sus garantías, así como nuevas formas de participación democrática, que se expresan en la suma de los movimientos sociales de reivindicación (feminista, ecologista, etc.).

Eso produjo el replanteamiento de la autonomía de la sociedad civil y abrió una amplia gama de posibilidades, en principio bien aprovechadas por esos movimientos, para la compaginación de las luchas antiautoritarias alrededor del mundo -México incluido- con el fin de transitar a una democracia eficaz y sustantiva, que se traduzca en un ejercicio político -en su más extensa, comprensiva y correcta acepción- que incluya, por supuesto, el perfeccionamiento moral e intelectual, tanto como el mejoramiento material de todo ser humano, en cualquier parte del mundo.

Esta manera de concebir la oposición entre sociedad civil y poder implica, necesariamente, el reconocimiento de que el principio fundamental en que está basado es la “autonomización” de la sociedad, para buscar desde ella las transformaciones estructurales necesarias que necesita el funcionamiento adecuado a tal fin de las instituciones sociales.

Para que el poder deje de ser monopolio de las redes que en torno a él se tejen, es necesario que la sociedad civil desempeñe un papel cada vez más activo, no para sustituir a las instituciones formales, sino para vigilar la legitimidad de sus acciones y asegurar la participación democrática que las circunstancias requieren.

Una sociedad civil consciente y activa es imprescindible para efectuar el tránsito que se requiere hacia condiciones de vida apenas dignas para las inmensas mayorías que, en México y el mundo, carecen de ellas.
30 Julio 2017 04:02:00
En busca del honor perdido
Durante el Siglo de Oro español –el 17– solía decirse que el honor era aquella parte de cada uno que reside en los demás, en los otros.

Hoy ese concepto, además de anacrónico, podría parecer incluso cursi a más de una persona, pero a poco que se profundice podrá apreciarse que no se trata, en absoluto, de una cualidad frívola, por más que hoy se pueda percibir por algunos como una palabra sin contenido.

Es necesario recordar que aquel siglo representó la cúspide del renacimiento en ese país, y por lo tanto la cima de un antropocentrismo que generó una sociedad fincada sobre bases muy diferentes a las que privan en nuestros días.

Hoy priva un individualismo egoísta, cuya teleología mira hacia el bienestar material y la riqueza monetaria, y desde el monto de ellos se miden, socialmente, el éxito y el fracaso.

En aquel tiempo, la noción de pertenencia era más clara de lo que hoy es, y la importancia de ser aceptado –es decir, digno de pertenecer a la comunidad– implicaba la necesidad de respetar los valores significantes de la cohesión social, así como las normas en las que ellos eran dotados de objetividad.

Hoy “la mano invisible del mercado”, que pretendidamente todo lo arregla y de la que supuestamente dependen los equilibrios y el orden, ha sido la línea que se ha querido imponer, con muy altos costos y muy discutible fortuna –para el orden, los equilibrios y la equidad, no para ellos– por los dueños de la riqueza.

Esa mano no quiere restricciones y por lo tanto le estorban las normas –todas, incluso las éticas, no se diga ya las religiosas, adoradores como son del “becerro de oro”– y no es sino proclive a la competencia entre todos para hacerse de la parte mayor de un pastel que no alcanza para todos, en vez de esmerarse por hacerlo crecer.

En estos tiempos se exalta el éxito material, sin apenas reparar en los métodos para lograrlo. No importa “torcer un poco” las normas, siempre que no sea notoria la infracción.

En los tiempos idos, el honor implicaba respeto por uno mismo, para poder tenerlo luego hacia los demás, porque eran congéneres, no competidores, tampoco clientes –potenciales o actuales–, no semejantes, como puede predicarse de estos tiempos de pragmatismo materialista.

El honor era valioso. Hoy ha dejado de serlo, al grado de que ya no se considera siquiera un bien digno de ser tutelado jurídicamente. Los delitos contra el honor han desaparecido del mapa y se aduce que la tutela de aquel se ha trasladado a la protección civil, vía la posibilidad de obtener resarcimiento por el eventual “daño moral” causado, como si eso, en rigor, fuera posible y todo pudiera reducirse a pesos y centavos. Antes, era blasón; se ha convertido en baldón en nuestros días para quienes imponen las reglas (las redes de poder político, que no la comunidad, el “pueblo”), porque ellas obstruyen el camino de la voraz codicia que, como el cuchillo caliente en la mantequilla, se ha abierto paso.

El honor es la puerta de la dignidad, esa que tanto se pregona a la hora del discurso sobre la igualdad de derechos. Por eso hay que rescatarlo del olvido, reencontrar su esencia y volverlo a la vida, sobre todo a la vida pública, a la que hace comunidad, para que esta en verdad lo sea.

Hoy, que tanto se habla de combatir a la corrupción –entre otros vicios incapacitantes–, cabe preguntar ¿puede ese combate darse sin merecimiento ni honor?

Ramón Xirau. Murió el filósofo, poeta, humanista mexicano, aunque de origen catalán, Ramón Xirau. Deja un legado de gran dignidad, que bien ha sido reconocido en los círculos del pensamiento en que se desenvolvió. Su obra merece mayor difusión. Fue un hombre generoso, afable, de gran modestia personal y sin pretención vana. En suma, fue un intelectual muy digno y, ciertamente, un hombre de honor. Descanse en paz.


30 Julio 2017 04:00:00
En busca del honor perdido
Durante el “Siglo de Oro” español -el 17- solía decirse que el honor era aquella parte de cada uno que reside en los demás, en los otros.

Hoy, ese concepto, además de anacrónico, podría parecer incluso cursi a más de una persona, pero a poco que se profundice podrá apreciarse que no se trata, en absoluto, de una cualidad frívola, por más que hoy se pueda percibir por algunos como una palabra sin contenido.

Es necesario recordar que aquel siglo representó la cúspide del renacimiento en ese país, y por lo tanto la cima de un antropocentrismo que generó una sociedad fincada sobre bases muy diferentes a las que privan en nuestros días.

Hoy, priva un individualismo egoísta, cuya teleología mira hacia el bienestar material y la riqueza monetaria, y desde el monto de ellos se miden, socialmente, el éxito y el fracaso.

En aquel tiempo, la noción de pertenencia era más clara de lo que hoy es, y la importancia de ser aceptado -es decir, digno de pertenecer a la comunidad- implicaba la necesidad de respetar los valores significantes de la cohesión social, así como las normas en las que ellos eran dotados de objetividad.

Hoy, “la mano invisible del mercado”, que pretendidamente todo lo arregla y de la que supuestamente dependen los equilibrios y el orden, ha sido la línea que se ha querido imponer, con muy altos costos y muy discutible fortuna -para el orden, los equilibrios y la equidad, no para ellos- por los dueños de la riqueza.

Esa mano no quiere restricciones y por lo tanto le estorban las normas -todas, incluso las éticas, no se diga ya las religiosas, adoradores como son del “becerro de oro”- y no es sino proclive a la competencia entre todos para hacerse de la parte mayor de un pastel que no alcanza para todos, en vez de esmerarse por hacerlo crecer.

En estos tiempos se exalta el éxito material, sin apenas reparar en los métodos para lograrlo. No importa “torcer un poco” las normas, siempre que no sea notoria la infracción.

En los tiempos idos, el honor implicaba respeto por uno mismo, para poder tenerlo luego hacia los demás, porque eran congéneres, no competidores, tampoco clientes -potenciales o actuales- no semejante, como pude predicarse de estos tiempos de pragmatismo materialista..

El honor era valioso. Hoy ha dejado de serlo, al grado de que ya no se considera siquiera un bien digno de ser tutelado jurídicamente. Los delitos contra el honor han desaparecido del mapa y se aduce que la tutela de aquél se ha trasladado a la protección civil, vía la posibilidad de obtener resarcimiento por el eventual “daño moral” causado, como si eso, en rigor, fuera posible y todo pudiera reducirse a pesos y centavos.

Antes, era blasón; se ha convertido en baldón en nuestros días para quienes imponen las reglas (las redes de poder político, que no la comunidad, el “pueblo”), porque ellas obstruyen el camino de la voraz codicia que, como el cuchillo caliente en la mantequilla, se ha abierto paso.

El honor es la puerta de la dignidad, esa que tanto se pregona a la hora del discurso sobre la igualdad de derechos. Por eso hay que rescatarlo del olvido, reencontrar su esencia y volverlo a la vida, sobre todo a la vida pública, a la que hace comunidad, para que esta en verdad lo sea.

Hoy, que tanto se habla de combatir a la corrupción -entre otros vicios incapacitantes- cabe preguntar ¿puede ese combate darse sin merecimiento ni honor?

Ramón Xirau. Murió el filósofo, poeta, humanista mexicano, aunque de origen catalán, Ramón Xirau. Deja un legado de gran dignidad, que bien ha sido reconocido en los círculos del pensamiento en que se desenvolvió. Su obra merece mayor difusión. Fue un hombre generoso, afable, de gran modestia personal y sin pretención vana. En suma, fue un intelectual muy digno y, ciertamente, un hombre de honor. Descanse en paz.
23 Julio 2017 04:00:00
Vamos por más
Concluyó la semana en la que entró en vigor el “Sistema Nacional Anticorrupción”, sin que el legislador federal haya cumplido con el mandato de integrar debidamente los órganos previstos para su mejor funcionamiento.

Bajo el lema “vamos por más”, un nutrido grupo de líderes de organizaciones no gubernamentales, justamente molestos y explicablemente inquietos por ese hecho, impulsaron una exigencia de que, sin dilación, se subsanen las deficiencias del sistema para que pueda funcionar eficientemente.

Dejar de compartir su aversión hacia la corrupción y la urgencia con que reclaman la erradicación del problema es imposible. Creo, sin embargo -ya lo he dicho aquí reiteradamente- que no será con nuevas leyes y más burocracia que podrá combatirse con éxito el pernicioso cáncer de la corrupción.

De suyo, aunque podrían requerirse ciertos ajustes, contamos ya con normas aptas para combatir ese cúmulo de conductas ilícitas que, en conjunto, pueden llamarse “corrupción”.

Faltan, en cambio, políticas públicas que lleven a la práctica acciones para erradicarla, suprimiendo los incentivos perniciosos y sustituyéndolos por otros que sean estímulo para erradicarla y evitar que vuelva a surgir.

Lo que se echa de menos es un conjunto de políticas públicas -un “espacio de políticas públicas” en términos técnicos- que abarque estratégicamente toda campaña que con ese objetivo pueda emprenderse.

Conviene recordar que una “política pública”, con propiedad, es un conjunto de acciones coordinadas e integrales, destinadas a resolver problemas de naturaleza pública. Para ser efectivas requieren de un diagnóstico preciso, de la determinación de un objetivo medible, de una agenda clara -aunque dotada de cierta flexibilidad, para poder efectuar sobre la marcha los ajustes que las circunstancias específicas requieran- de prioridades y de los actores que tendrán a su cargo tareas concatenadas, específicamente determinadas, que deben tender al
propósito definido.

Una política pública ha de ser diseñada, instrumentada, ejecutada y evaluada con la participación de aquellos a quienes habrá de afectar benéficamente cuando cumpla su propósito.

Para que eso ocurra, es imprescindible considerar el entorno, las fuerzas y debilidades propias, así como las oportunidades y amenazas del entorno ¿Se hizo ya ese diagnóstico? ¿Se fijaron ya los objetivos y metas? ¿Se pensó ya en la estrategia y en las tácticas posibles? ¿Se fijó una agenda? Si no es así, nada va a funcionar.

Es verdad que en ese entorno el orden jurídico puede ser, si se trata de la autoridad, fuerza o debilidad en la medida en que cuente con facultades o no para efectuar las acciones determinadas; para quienes no lo son, el Derecho puede ser oportunidad o amenaza, incentivo benéfico o pernicioso, y además estructura que encauce los flujos sociales hacia el objetivo pretendido.

Un general que se haga de equipo, pertrechos y tropas sin conocer con precisión sus objetivos, las características de su enemigo y las condiciones del terreno en que habrá de combatir, estará en condiciones de precariedad estratégica, y por lo tanto seguramente condenado a un fracaso que puede ser estrepitoso y desmoralizador, además de mortal, para sus tropas y para él mismo. Sin planeación acuciosa no puede haber triunfo en ninguna guerra, y menos una de la magnitud de la que se avecina, como todo parece anticipar.

Lo dicho: vamos por más, hay que ir por ello en serio y organizadamente, sin esperanzas puestas en otra cosa que una acción perdurable y sostenida, basada en realidades perceptibles, con la cabeza en las nubes, si se quiere, pero los pies en la tierra.

Acciones concertadas, bien dirigidas, correctamente basadas, y encaminadas con propiedad. Eso es lo que se necesita. Lo demás, o es demagogia, o son buenas intenciones que, como ya se sabe, pavimentan el camino del infierno.
16 Julio 2017 04:00:00
Colegiación y ética profesional
El 12 de julio de 1533 se instituyó la primera cátedra de leyes en el continente americano y por eso la fecha fue rescatada en 1960 para establecer, por el presidente López Mateos y a iniciativa de Enrique Bracamontes, ese día como día del abogado.

Con el tiempo, la celebración ha crecido y se ha generalizado. Este año no fue la excepción.

Entre el cúmulo vasto de ceremonia y eventos, asistí a uno que resultó muy digno y muy grato por su sobriedad y su reflexivo talante.

La Barra de Abogados de Coahuila, Instituto de Investigaciones Jurídicas, convocó a un desayuno durante el cual se reflexionó en torno de dos temas que son ineludibles cuando del ejercicio de la abogacía se trata: la colegiación y la ética profesional.

Son también temas de actualidad palpitante, porque es evidente que cada vez más se acerca este país al establecimiento de la colegiación obligatoria, y porque la creación del sistema anticorrupción convoca, de manera muy especial, a los profesionales del derecho, sean ellos postulantes, jueces, fiscales, servidores públicos o simplemente peritos en las disciplinas jurídicas.

La hipótesis de inicio para la reflexión consistió en la afirmación de que la agremiación no sólo es útil para la protección de los miembros, sus intereses legítimos y derechos, sino -y de manera más importante hoy en día- establecer mecanismos de “auto control” profesional, a la manera en que ocurre en otros países, como los Estados Unidos de América, por ejemplo, que pretenderán, se dijo, incluir el tema en la revisión del TLCAN.

Con todo lo positivo que ello aportó al evento, hay que considerar los planteamientos formulados como un “pie de reflexión” -por llamarlo de alguna manera- como una propuesta de debate, que no se ha dado en suficiencia, a juicio mío, y que aún podría tener enfoques erróneos que, si se quiere avanzar con paso firme y de manera sólida en el tema, sería conveniente revisar.

Tampoco aquí hay espacio para llegar muy hondo, pero sí lo hay para plantear un par de cuestiones adicionales, cuya exploración bien podría llevarnos más lejos en ese camino.

La primera induce a pensar en la colegiación, y convoca a buscar la respuesta a preguntas como las siguientes: ¿En verdad es la colegiación imprescindible para garantizar un ejercicio ético de la abogacía? ¿No debería ser un presupuesto esencial esa calidad del ejercicio profesional siempre, en colegiación o no? En todo caso ¿hasta dónde es capaz la colegiación, de verdad y en serio, de garantizar la ética profesional?

Tampoco hay que pasar por alto -no es cosa menos- el tema del número de colegios que cabrían, limitación que también linda con la libertad de asociación en sus modalidades de organización y pertenencia.

Según los proyectos que apuntan a la modificación jurídica, habría colegios “nacionales” y locales, pero ¿cuántos por estado? ¿Cabrían los municipales o regionales? ¿Sería propicia la fragmentación para cumplir con los cometidos expresados por los promotores de la reforma al régimen jurídico del ejercicio de la abogacía? ¿Quedarían incluidas otras profesiones? ¿Cuáles? ¿Cuáles no? ¿Con qué criterios determinarlo?

Todo ello sin pasar por alto que, aunque previstas las reformas constitucionales imprescindibles, hay que evaluar la vulneración que la obligatoriedad descrita representaría al sentido profundo de las libertades de ocupación y asociación, que son fundamentales.

En cuanto a la ética profesional mucho habría que decir, pero la especificidad del tema lo excluye de toda posibilidad de ser abordado en este espacio periodístico, por lo que queda como tarea pendiente de reflexión para la nueva asociación, para la cual, y como aportación al debate y puesto que suele llamársele “deontología”, como discurso teórico del “deber ser”, me atrevo a plantear las siguientes cuestiones: ¿Puede obligarse a alguien a que “sea”? ¿No es que más bien haya que “ser”, antes de poder ser obligado a algo?

Ojalá que la nueva asociación mantenga el entusiasmo, crezca en aptitud creativa permanentemente, y aporte conocimiento útil a nuestra comunidad.
16 Julio 2017 04:00:00
Colegiación y ética profesional
El 12 de julio de 1533 se instituyó la primera cátedra de Leyes en el continente americano y por eso la fecha fue rescatada en 1960 para establecer, por el presidente López Mateos y, a iniciativa de Enrique Bracamontes, ese día como Día del Abogado.

Con el tiempo, la celebración ha crecido y se ha generalizado. Este año no fue la excepción.

Entre el cúmulo vasto de ceremonia y eventos, asistí a uno que resultó muy digno y muy grato por su sobriedad y su reflexivo talante.

La Barra de Abogados de Coahuila, Instituto de Investigaciones Jurídicas, convocó a un desayuno durante el cual se reflexionó en torno de dos temas que son ineludibles cuando del ejercicio de la abogacía se trata: la colegiación y la ética profesional.

Son también temas de actualidad palpitante, porque es evidente que cada vez más se acerca este país al establecimiento de la colegiación obligatoria, y porque la creación del sistema anticorrupción convoca, de manera muy especial, a los profesionales del derecho, sean ellos postulantes, jueces, fiscales, servidores públicos o simplemente peritos en las disciplinas jurídicas.

La hipótesis de inicio para la reflexión consistió en la afirmación de que la agremiación no sólo es útil para la protección de los miembros, sus intereses legítimos y derechos, sino –y de manera más importante hoy en día– establecer mecanismos de “autocontrol” profesional, a la manera en que ocurre en otros países, como los Estados Unidos de América, por ejemplo, que pretenderán, se dijo, incluir el tema en la revisión del TLCAN.

Con todo lo positivo que ello aportó al evento, hay que considerar los planteamientos formulados como un “pie de reflexión” –por llamarlo de alguna manera– como una propuesta de debate, que no se ha dado en suficiencia, a juicio mío, y que aún podría tener enfoques erróneos que, si se quiere avanzar con paso firme y de manera sólida en el tema, sería conveniente revisar.

Tampoco aquí hay espacio para llegar muy hondo, pero sí lo hay para plantear un par de cuestiones adicionales, cuya exploración bien podría llevarnos más lejos en ese camino.

La primera induce a pensar en la colegiación, y convoca a buscar la respuesta a preguntas como las siguientes: ¿En verdad es la colegiación imprescindible para garantizar un ejercicio ético de la abogacía? ¿No debería ser un presupuesto esencial esa calidad del ejercicio profesional siempre, en colegiación o no? En todo caso ¿hasta dónde es capaz la colegiación, de verdad y en serio, de garantizar la ética profesional?

Tampoco hay que pasar por alto –no es cosa menos– el tema del número de colegios que cabrían, limitación que también linda con la libertad de asociación en sus modalidades de organización y pertenencia.

Según los proyectos que apuntan a la modificación jurídica, habría colegios “nacionales” y locales, pero ¿cuántos por estado? ¿Cabrían los municipales o regionales? ¿Sería propicia la fragmentación para cumplir con los cometidos expresados por los promotores de la reforma al régimen jurídico del ejercicio de la abogacía? ¿Quedarían incluidas otras profesiones? ¿Cuáles? ¿Cuáles no? ¿Con qué criterios determinarlo?

Todo ello sin pasar por alto que, aunque previstas las reformas constitucionales imprescindibles, hay que evaluar la vulneración que la obligatoriedad descrita representaría al sentido profundo de las libertades de ocupación y asociación, que son fundamentales.

En cuanto a la ética profesional mucho habría que decir, pero la especificidad del tema lo excluye de toda posibilidad de ser abordado en este espacio periodístico, por lo que queda como tarea pendiente de reflexión para la nueva asociación, para la cual, y como aportación al debate y puesto que suele llamársele “deontología”, como discurso teórico del “deber ser”, me atrevo a plantear las siguientes cuestiones: ¿Puede obligarse a alguien a que “sea”? ¿No es que más bien haya que “ser”, antes de poder ser obligado a algo?

Ojalá que la nueva asociación mantenga el entusiasmo, crezca en aptitud creativa permanentemente, y aporte conocimiento útil a nuestra comunidad.
09 Julio 2017 04:06:00
La corrupción y su recurrente combate
Una vez más, como ha ocurrido recurrentemente en el pasado, se emprende la “embestida definitiva” para erradicar la corrupción en este país tan golpeado por ella.

Hace ya casi un año –el 18 de junio de 2016– se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objeto preciso –el del sistema– será “establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de Gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la materia” (Art. 6).

Es una ley, me temo, que peca por omisión, porque, entre otras cosas, no define aquello que dice querer combatir, es decir, la corrupción, lo que a mi juicio será indispensable, porque el concepto es tan amplio y abarca tantas vertientes que resulta impreciso y elusivo.

Además, como se ve claramente en el texto transcrito, parece dirigirse tan sólo a las responsabilidades de los órganos e instituciones públicos, lo que lo hace parcial e induce a prever una muy probable ineficacia.

Por otra parte, crea mecanismos y órganos diversos, lo que asegura mayor burocracia pero no necesariamente efectividad.

Las consideraciones que anteceden podrían ser tachadas de teóricas y pesimistas, pero es el caso que, apenas en los inicios de la instauración de algunos de los órganos previstos, han surgido ya diferencias que anuncian infaustas grietas en los cimientos mismos del pretendido sistema.

A las demoras y tensiones políticas generadas por la necesidad de nombrar un “fiscal anticorrupción”, un grupo de connotados ciudadanos y ciudadanas, partícipes cercanos al proceso de creación e inicio del funcionamiento del sistema, renunciaron públicamente a su ejercicio periodístico en El Universal, aduciendo que “la posición del periódico mediante notas imprecisas, sin sustento fáctico, refractarias a verificar la información pública disponible y que, en cambio, han insinuado conflictos de interés y la comisión de prácticas indebidas en las que, de una u otra manera, todos nosotros (los signatarios del comunicado) estaríamos involucrados”.

En esa misiva, dirigida al director de El Universal y hecha pública a través de Twitter, se contiene una clara imputación al periódico: se ha hecho partícipe de una acción concertada, según los que firman la carta, para obstruir –cuando menos, si no para impedir– la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción.
Ese solo hecho deja en evidencia que, de ser cierta la imputación que se le hace al diario, la corrupción no sólo alcanza a las instituciones públicas, lo que confirmaría la aseveración consistente en que el sistema es parcial e incompleto.

¿Qué pasaría si mezcláramos manzanas sanas con otras podridas, independientemente de que unas fueran rojas y otras amarillas o verdes? ¿Alcanza la corrupción a los medios –y a otros sectores– y no nada más a lo público?

¿Puede atacarse un objetivo sin identificarlo bien?

La corrupción es un estado de cosas con muchas facetas y consecuencias, pero es en suma un proceso degenerativo que no podrá detenerse, y menos aún revertirse, con nuevas leyes, por punitivas que sean, y menos en un medio que, según se afirma, se caracteriza por la impunidad, un incentivo pernicioso muy eficaz a la hora de estimular las faltas y delitos que corroen ya seriamente la cohesión cívica basada en conductas virtuosas.

Leyes hay ya suficientes y órganos hay destinados a aplicarlas. Lo que falta es que la maquinaria funcione. Mientras eso no suceda, la corrupción continuará su ruta de depravación e injusticia.

El sistema que apenas, y muy lentamente, quiere experimentar sus primeros alientos, da ya muestras, sin embargo, de obsolescencia aun antes de aprender a caminar: no ha sido posible siquiera integrarlo debidamente todavía.
No es que quiera profetizar la ignominia de un doloroso fracaso, pero mal empieza la semana aquel a quien ahorcan en lunes.

09 Julio 2017 04:00:00
La corrupción y su recurrente combate
Una vez más, como ha ocurrido recurrentemente en el pasado, se emprende la “embestida definitiva” para erradicar la corrupción en este país tan golpeado por ella.

Hace ya casi un año -el 18 de junio de 2016- se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva “Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción”, cuyo objeto preciso -el del sistema- será “establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la
materia” (Art. 6).

Es una ley, me temo, que peca por omisión, porque, entre otras cosas, no define aquello que dice querer combatir, es decir, la corrupción, lo que a mi juicio será indispensable, porque el concepto es tan amplio y abarca tantas vertientes, que resulta
impreciso y elusivo.

Además, como se ve claramente en el texto transcrito, parece dirigirse tan solo a las responsabilidades de los órganos e instituciones públicos, lo que lo hace parcial e induce a prever una muy
probable ineficacia.

Por otra parte, crea mecanismos y órganos diversos, lo que asegura mayor burocracia, pero no necesariamente efectividad.

Las consideraciones que anteceden podrían ser tachadas de teóricas y pesimistas, pero es el caso que, apenas en los inicios de la instauración de algunos los órganos previstos, han surgido ya diferencias que anuncian infaustas grietas en los cimientos mismos del pretendido sistema.

A las demoras y tensiones políticas generadas por la necesidad de nombrar un “fiscal anticorrupción”, un grupo de connotados ciudadanos y ciudadanas, partícipes cercanos al proceso de creación e inicio del funcionamiento del sistema, renunciaron públicamente a su ejercicio periodístico en “El Universal”, aduciendo que “la posición del periódico mediante notas imprecisas, sin sustento fáctico, refractarias a verificar la información pública disponible y que, en cambio, han insinuado conflictos de interés y la comisión de prácticas indebidas en las que, de una u otra manera, todos nosotros (los signatarios del comunicado) estaríamos
involucrados”.

En esa misiva, dirigida al director de “El Universal” y hecha pública a través de Twitter, se contiene una clara imputación al periódico: Se ha hecho partícipe de una acción concertada, según los que firman la carta, para obstruir –cuando menos, si no para impedir- la construcción del “Sistema Nacional Anticorrupción”.

Ese solo hecho deja en evidencia que, de ser cierta la imputación que se le hace al diario, la corrupción no solo alcanza a las instituciones públicas, lo que confirmaría la aseveración consistente en que el sistema es parcial e incompleto ¿Qué pasaría si mezcláramos manzanas sanas con otras podridas, independientemente de que unas fueran rojas y otras amarillas o verdes? ¿Alcanza la corrupción a los medios –y a otros sectores- y no nada más a lo público? ¿Puede atacarse un objetivo sin identificarlo bien?

La corrupción es un estado de cosas con muchas facetas y consecuencias, pero es en suma un proceso degenerativo que no podrá detenerse, y menos aun revertirse, con nuevas leyes, por punitivas que sean, y menos en un medio que, según se afirma, se caracteriza por la impunidad, un incentivo pernicioso muy eficaz a la hora de estimular las faltas y delitos que corroen ya seriamente la cohesión cívica basada en conductas virtuosas.

Leyes hay ya suficientes y órganos hay destinados a aplicarlas. Lo que falta es que la maquinaria funcione. Mientras eso no suceda, la corrupción continuará su ruta de depravación e injusticia.

El sistema que apenas, y muy lentamente, quiere experimentar sus primeros alientos, da ya muestras, sin embargo, de obsolescencia aun antes de aprender a caminar: no ha sido posible siquiera integrarlo debidamente todavía.

No es que quiera profetizar la ignominia de un doloroso fracaso, pero mal empieza la semana aquel a quien ahorcan en lunes.
02 Julio 2017 04:06:00
¿Un mundo sin normas?
La expansión del sistema social mundial, proceso al que se suele llamar “globalización”, ha tenido repercusiones económicas (las más notables), pero también culturales y políticas que parecen no haber sido justipreciadas, especialmente por lo que se refiere al campo del Derecho, que estructura y encauza los flujos sociales –cada vez más extensos e intensos– al tiempo en que limita los excesos del poder.

Es el caso que, al expandirse el universo de relaciones interpersonales, el grueso de ellas, las más relevantes, traspusieron los linderos del estado –de todo estado– porque ninguno es capaz ya de ejercer a plenitud las potestades jurídicas que, según la tradición moderna, le corresponden.

El marco regulatorio internacional, en cuya urdimbre los estados juegan un papel primordial, también vio perdida su efectividad frente al surgimiento de nuevos actores corporativos en la arena política global, de cuya conducción se adueñaron, en detrimento también de los llamados organismos “internacionales” (que en realidad debieran denominarse “interestatales”).

La “mano invisible” del mercado, que supuestamente se regularía a sí mismo a partir del rejuego entre oferta y demanda, en realidad ha sido controlado por las grandes corporaciones transnacionales, hoy por hoy especialmente las de naturaleza financiera, porque al diluirse la capacidad de control efectivo de los estados en la arena política global, se disolvió toda barrera para la actividad económica, sin que hubiera manera de limitarla, así fuera para evitar las distorsiones monopólicas que tanto temía Adam Smith.

Esa circunstancia ha dado lugar a una grave carencia de normas aptas para regular un orden social de tal magnitud, y por lo tanto se hace patente su falta absoluta en las condiciones inéditas que la mundialidad implica.

Si la función del estado es garantizar las libertades y su ejercicio armónico, ninguno parece ya ser capaz de hacerlo –ni siquiera, bien a bien, los llamados “organismos internacionales”– porque los nuevos actores económicos han adquirido también poder político, y en ausencia de órganos aptos para emitir legal y legítimamente normatividad de alcance global, lo que se ha producido en el mundo contemporáneo es un vacío jurídico, por lo que se hace necesario replantearse problemas básicos acerca de la ordenación de las relaciones humanas en el nuevo contexto.

¿Qué hacer para subsanar ese vacío? La tarea es sin duda ímproba, pero es necesario buscar nuevas opciones para la construcción de un nuevo “pacto social”, a partir de la idea de que la integración de un sistema debe caracterizarse por una genuina legitimidad basada en valores universales y en la identificación y protección de los intereses generales, en todos y cada uno de los niveles y esferas de expresión socio-política, desde lo “local” –“el mundo empieza en mi aldea” decía Alfonso Reyes– hasta lo genuinamente global, pero sin soslayar los ámbitos estatales y regionales.

Para que eso tenga lugar, hace falta la construcción del nuevo y complejo sistema de poder que tenga un sustento democrático y que, además, sea estructurado por un orden jurídico adecuado en el que no nada más se satisfagan los elementos formales necesarios, sino que refleje en sus contenidos valores universales de convivencia y respeto de las libertades individuales, y eso sólo podrá convertirse en una aspiración válida si se recupera el enfoque humanístico, en serio, desde la educación misma -en su más extenso sentido- y se deja de la ordenación de los factores en vista del lucro desmedido, como sin duda están generalizadamente orientados hoy en día.

Hace falta, en fin, un sistema jurídico “ad hoc”, pero las normas no sólo deben ser correctas formalmente, sino también en su contenido, y para que esto tenga lugar han de tener en su centro a los seres humanos en el entorno de que forman parte. Un mundo sin ellas será como un cuerpo sin osamenta, que más pronto que tarde terminará destruido por la putrefacción

02 Julio 2017 04:00:00
¿Un mundo sin normas?
La expansión del sistema social mundial, proceso al que se suele llamar “globalización”, ha tenido repercusiones económicas (las más notables), pero también culturales y políticas que parecen no haber sido justipreciadas, especialmente por lo que se refiere al campo del derecho, que estructura y encauza los flujos sociales -cada vez más extensos e intensos- al tiempo en que limita los excesos del poder.

Es el caso que, al expandirse el universo de relaciones interpersonales, el grueso de ellas, las más relevantes, traspusieron los linderos del estado –de todo estado- porque ninguno es capaz ya de ejercer a plenitud las potestades jurídicas que, según la tradición moderna, le corresponden.

El marco regulatorio internacional, en cuya urdimbre los estados juegan un papel primordial, también vio perdida su efectividad frente al surgimiento de nuevos actores corporativos en la arena política global, de cuya conducción se adueñaron, en detrimento también de los llamados organismos “internacionales” (que en realidad debieran denominarse “interestatales”).

La “mano invisible” del mercado, que supuestamente se regularía a sí mismo a partir del rejuego entre oferta y demanda, en realidad ha sido controlado por las grandes corporaciones transnacionales, hoy por hoy especialmente las de naturaleza financiera, porque al diluirse la capacidad de control efectivo de los estados en la arena política global, se disolvió toda barrera para la actividad económica, sin que hubiera manera de limitarla, así fuera para evitar las distorsiones monopólicas que tanto temía Adam Smith.

Esa circunstancia ha dado lugar a una grave carencia de normas aptas para regular un orden social de tal magnitud, y por lo tanto se hace patente su falta absoluta en las condiciones inéditas que la mundialidad implica.

Si la función del estado es garantizar las libertades y su ejercicio armónico, ninguno parece ya ser capaz de hacerlo -ni siquiera, bien a bien, los llamados “organismos internacionales”- porque los nuevos actores económicos han adquirido también poder político, y en ausencia de órganos aptos para emitir legal y legítimamente normatividad de alcance global, lo que se ha producido en el mundo contemporáneo es un vacío jurídico, por lo que se hace necesario replantearse problemas básicos acerca de la ordenación de las relaciones humanas en el nuevo contexto.

¿Qué hacer para subsanar ese vacío? La tarea es sin duda ímproba, pero es necesario buscar nuevas opciones para la construcción de un nuevo “pacto social”, a partir de la idea de que la integración de un sistema debe caracterizarse por una genuina legitimidad basada en valores universales y en la identificación y protección de los intereses generales, en todos y cada uno de los niveles y esferas de expresión socio-política, desde lo “local” –“el mundo empieza en mi aldea” decía Alfonso Reyes- hasta lo genuinamente global, pero sin soslayar los ámbitos estatales y regionales.

Para que eso tenga lugar, hace falta la construcción del nuevo y complejo sistema de poder que tenga un sustento democrático y que, además, sea estructurado por un orden jurídico adecuado en el que no nada más se satisfagan los elementos formales necesarios, sino que refleje en sus contenidos valores universales de convivencia y respeto de las libertades individuales, y eso sólo podrá convertirse en una aspiración válida si se recupera el enfoque humanístico, en serio, desde la educación misma -en su más extenso sentido- y se deja de la ordenación de los factores en vista del lucro desmedido, como sin duda están generalizadamente orientados hoy en día.

Hace falta, en fin, un sistema jurídico “ad hoc”, pero las normas no sólo deben ser correctas formalmente, sino también en su contenido, y para que esto tenga lugar han de tener en su centro a los seres humanos en el entorno de que forman parte. Un mundo sin ellas será como un cuerpo sin osamenta, que más pronto que tarde terminará destruido por la putrefacción.
25 Junio 2017 04:00:00
La decadencia de las instituciones políticas
La familia es, en la más profunda raigambre histórica, la raíz del estado, como se expuso en la entrega anterior.

Las primitivas instituciones derivadas de ella encontraron su decadencia, según la autorizada opinión de Fustel de Coulanges (La Ciudad Antigua, Porrúa, 1996) debido a dos causas: “el cambio que, a la larga, se operó en las ideas a consecuencia del progreso natural del espíritu humano, y que, debilitando las antiguas creencias, arruinó al mismo tiempo el edificio social que estas creencias habían levantado y que sólo ellas podían soportar”; por otro lado, “la existencia de una clase de hombres que estaba fuera de esta organización de la ciudad, y que, interesada en destruirla por lo que de ella tenía que sufrir, le hizo guerra sin descanso”.

En otros términos: el debilitamiento de las creencias que fundaban ese régimen, aunado al desacuerdo de los intereses de la mayoría de quienes por él se veían afectados, lo hicieron sucumbir, fenómeno éste, según enseña la historia, que parece ser recurrente.

En ese tiempo, tras diversas revoluciones, que según el autor citado lo mismo ocurrieron en Atenas que en Roma y Esparta a partir del siglo VII A. C., la aristocracia –hoy tendríamos que decir “oligarquía”– terminó por consolidarse, puesto que fue ella quien las promovió con el propósito de suprimir la realeza política, en beneficio de la subsistencia de la realeza religiosa, cuya composición y orígenes se remontaban a los tiempos primitivos, en los que las familias, y por tanto el nacimiento, eran el origen de la pertenencia al grupo y única vía de acceso a los privilegios de ese estatus. Estas revoluciones no modificaron la constitución de la sociedad, sino más bien la forma exterior de su gobierno, las estructuras de poder en su seno.

En una segunda oleada de cambios revolucionarios, motivada ya no por el afán de las gentes por recuperar a plenitud el poder perdido a favor de la hegemonía de la ciudad, se añadieron algunos ingredientes que, hoy se sabe, están siempre presentes en la dialéctica interna de las estructuras de poder y que, hasta puede afirmarse, son perceptibles en la evolución de las que son características de la época que corre.

Las antiguas fratrías y curias, con un hogar único, un jefe dominante a partir de un poder indiscutido e indivisible, sólo podían concebirse en un estado de aislamiento. Una vez que se reúnen en la ciudad y se someten a reglas y poderes distintos de los propios de su grupo original, su autoridad necesariamente amengua y la consistencia de los factores de cohesión originales tiende a relajarse.

Si, además y por las razones que se quiera, los inferiores (incluidos quienes no son miembros del grupo por su nacimiento, sino que se han agregado a él clientelarmente) cobran alguna influencia, el abandono paulatino de la regla de indivisión –que incluía muy importantemente al patrimonio– y el derecho de primogenitura, como ocurrió entonces, se actualiza.

Una tercera revolución tuvo lugar al culminar la emancipación de los clientes, que eran inferiores por el nacimiento, pero que estaban sometidos a la autoridad de la familia por su incorporación al culto de ella como servidores y que a ella habían quedado siempre unidos, de padres a hijos, sin poder separarse ni siquiera para pasar a formar parte de otra. A partir de esa emancipación, se reunieron para vivir agrupados entre sí, fuera de los recintos de las ciudades.

Esa descomposición del antiguo orden condujo a conflictos de intereses y tensiones entre nuevos actores, con la consiguiente recomposición de fuerzas. La clase considerada entonces inferior, más débil aunque más numerosa, no encontró mejor modo de combatir a la aristocracia de las fratrías y curias, que oponerle a la monarquía. Fue así que se alió con los reyes, cuyo poder se había visto disminuido al término de la primera revolución.

¿No son esos, “mutatis mutandi”, signos característicos de los días que corren? Usted tiene la conclusión.
25 Junio 2017 04:00:00
La decadencia de las instituciones políticas
La familia es, en la más profunda raigambre histórica, la raíz del estado, como se expuso en la entrega anterior.

Las primitivas instituciones derivadas de ella encontraron su decadencia, según la autorizada opinión de Fustel de Coulanges (“La ciudad antigua”, Porrúa, 1996) debido a dos causas: “el cambio que, a la larga, se operó en las ideas a consecuencia del progreso natural del espíritu humano, y que, debilitando las antiguas creencias, arruinó al mismo tiempo el edificio social que estas creencias habían levantado y que sólo ellas podían soportar”; por otro lado, “la existencia de una clase de hombres que estaba fuera de esta organización de la ciudad, y que, interesada en destruirla por lo que de ella tenía que sufrir, le hizo guerra sin descanso”.

En otros términos: el debilitamiento de las creencias que fundaban ese régimen, aunado al desacuerdo de los intereses de la mayoría de quienes por él se veían afectados, lo hicieron sucumbir, fenómeno éste, según enseña la historia, que parece ser recurrente.

En ese tiempo, tras diversas revoluciones, que según el autor citado lo mismo ocurrieron en Atenas que en Roma y Esparta a partir del siglo VII A. C., la aristocracia -hoy tendríamos que decir “oligarquía”- terminó por consolidarse, puesto que fue ella quien las promovió con el propósito de suprimir la realeza política, en beneficio de la subsistencia de la realeza religiosa, cuya composición y orígenes se remontaban a los tiempos primitivos, en los que las familias, y por tanto el nacimiento, eran el origen de la pertenencia al grupo y única vía de acceso a los privilegios de ese estatus. Estas revoluciones no modificaron la constitución de la sociedad, sino más bien la forma exterior de su gobierno, las estructuras de poder en su seno.

En una segunda oleada de cambios revolucionarios, motivada ya no por el afán de las gentes por recuperar a plenitud el poder perdido a favor de la hegemonía de la ciudad, se añadieron algunos ingredientes que, hoy se sabe, están siempre presentes en la dialéctica interna de las estructuras de poder y que, hasta puede afirmarse, son perceptibles en la evolución de las que son características de la época que corre.

Las antiguas fratrías y curias, con un hogar único, un jefe dominante a partir de un poder indiscutido e indivisible, sólo podían concebirse en un estado de aislamiento. Una vez que se reúnen en la ciudad y se someten a reglas y poderes distintos de los propios de su grupo original, su autoridad necesariamente amengua y la consistencia de los factores de cohesión originales tiende a relajarse.

Si, además y por las razones que se quiera, los inferiores (incluidos quienes no son miembros del grupo por su nacimiento, sino que se han agregado a él clientelarmente) cobran alguna influencia, el abandono paulatino de la regla de indivisión –que incluía muy importantemente al patrimonio- y el derecho de primogenitura, como ocurrió entonces, se actualiza.

Una tercera revolución tuvo lugar al culminar la emancipación de los clientes, que eran inferiores por el nacimiento, pero que estaban sometidos a la autoridad de la familia por su incorporación al culto de ella como servidores y que a ella habían quedado siempre unidos, de padres a hijos, sin poder separarse ni siquiera para pasar a formar parte de otra. A partir de esa emancipación, se reunieron para vivir agrupados entre sí, fuera de los recintos de las ciudades.

Esa descomposición del antiguo orden condujo a conflictos de intereses y tensiones entre nuevos actores, con la consiguiente recomposición de fuerzas. La clase considerada entonces inferior, más débil aunque más numerosa, no encontró mejor modo de combatir a la aristocracia de las fratrías y curias, que oponerle a la monarquía. Fue así que se alió con los reyes, cuyo poder se había visto disminuido al término de la primera revolución.

¿No son esos, “mutatis mutandi”, signos característicos de los días que corren? Usted tiene la conclusión.
18 Junio 2017 04:03:00
Las raíces del ‘Estado’
En esta época electoral –de muy larga proyección, puesto que ya se enfilan las pretensiones hacia el 2018– no parece ocioso un examen, tan somero como es apropiado hacerlo aquí, sobre los orígenes de la institución política por excelencia hasta nuestros días: el Estado.

Si nos remontamos hasta la antigüedad clásica, se verá que es en la familia –que tenía sus propios dioses –encarnados en los antepasados- donde esos orígenes tienen sus raíces, y no puede pasarse por alto la fuerza del vector religioso en la organización social, que estaba llamada a crecer, como lo hizo, cuando varias familias, sin detrimento alguno de sus creencias y rituales, se unieron para formar lo que en griego se llamó fratría y en latín curia. Cada fratría o curia contaba con un jefe, “curión” o “fratriarca”, según el caso.

Conforme evolucionaron, esos grupos formaron tribus, cada uno con religión e instituciones propias que, como las familias y sus agrupaciones más próximas, también celebraban asambleas, dictaban decretos y tenían tribunal propio, cuyas decisiones eran vinculantes para todos los miembros de la tribu. Su jefe era el “tribuno”, entre los latinos, o el “basileus”, entre los griegos. Cada tribu, en sus orígenes, estuvo constituida como una sociedad independiente, no sometida a ningún poder social superior.

Las tribus se asociaron entre sí, no se fundieron o expandieron, por la admisión de una nueva fratría o curia, a condición de que se respetara el culto de cada cual, formando así las ciudades, que son sin duda el origen remoto de toda estructura política posterior, incluido el estado.

En ellas están ya presentes los elementos que hoy se reconocen axiomáticamente como constitutivos de este último, a saber: una base social estructurada conforme a un orden jurídico, sometida a una autoridad erigida conforme a los criterios de legitimidad que son propios de ella, cuyos alcances se ciñen a un territorio determinado.

Es importante subrayar que en esos procesos ninguno de los grupos que se agregaron perdió su individualidad ni su independencia. Por el contrario, cada familia, cada fratría o curia, cada tribu que se agregaba conservaba su culto, sus instituciones, sus jefes, sus rituales. En materia política, esa estructura estaba formada por una multitud de pequeñas unidades, con sus propios mandos, sobre las que se establecía un gobierno común, con instituciones y reglas generales que eran respetuosas de las particulares de cada grupo comunidad que formaba parte de esa comunidad ampliada.

En esas sociedades, la autoridad era inherente al sacerdocio. El padre era a un tiempo jefe del culto doméstico, juez y señor, incluso para los efectos militares. Su potestad política, entonces, devenía tal por la vía providencial.

La íntima e indisoluble consubstanciación de gobierno y culto en las ciudades antiguas, hizo que la transmisión del rango sacerdotal implicara también la de la autoridad, situación que se mantuvo incluso durante el advenimiento de la organización republicana en la antigüedad clásica.

Aun la ley era, en principio, sólo una expresión de los mandatos religiosos. Los códigos de las ciudades antiguas constituían, a la vez, un conjunto de ritos y prescripciones litúrgicas, cuanto de oraciones y disposiciones legislativas.

La fuerza institucional de las ciudades y su autoridad sobre los ciudadanos provenía entonces del hecho de que aquellas se habían fundado sobre las bases de la religión.

Nada, ni la vida privada, escapaba a la omnipotencia de esa autoridad. El hombre carecía en absoluto de independencia; pertenecía a la ciudad y estaba consagrado a ella y su defensa.

Hijo, quizás, de esa consideración es el aforismo que pretende que el interés general priva sobre el particular, aunque eso sea cuestionable, lo que explica a mi juicio esa suerte de veneración –y ambición– por la figura presidencial, en contra del principio democrático de la igualdad en libertad.

El presidente, en el imaginario socio-político, ocupa el lugar del patriarca. Pero esa configuración cayó en crisis por razones que, si usted me lo permite, comentaré en la próxima entrega.
18 Junio 2017 04:00:00
Las raíces del Estado
En esta época electoral -de muy larga proyección, puesto que ya se enfilan las pretensiones hacia el 2018- no parece ocioso un examen, tan somero como es apropiado hacerlo aquí, sobre los orígenes de la institución política por excelencia hasta nuestros días: El Estado.

Si nos remontamos hasta la antigüedad clásica, se verá que es en la familia -que tenía sus propios dioses –encarnados en los antepasados- donde esos orígenes tienen sus raíces, y no puede pasarse por alto la fuerza del vector religioso en la organización social, que estaba llamada a crecer, como lo hizo, cuando varias familias, sin detrimento alguno de sus creencias y rituales, se unieron para formar lo que en griego se llamó fratría y en latín curia. Cada fratría o curia contaba con un jefe, “curión” o “fratriarca”, según el caso.

Conforme evolucionaron, esos grupos formaron tribus, cada uno con religión e instituciones propias que, como las familias y sus agrupaciones más próximas, también celebraban asambleas, dictaban decretos y tenían tribunal propio, cuyas decisiones eran vinculantes para todos los miembros de la tribu. Su jefe era el “tribuno”, entre los latinos, o el “basileus”, entre los griegos. Cada tribu, en sus orígenes, estuvo constituida como una sociedad independiente, no sometida a ningún poder social superior.

Las tribus se asociaron entre sí, no se fundieron o expandieron, por la admisión de una nueva fratría o curia, a condición de que se respetara el culto de cada cual, formando así las ciudades, que son sin duda el origen remoto de toda estructura política posterior, incluido el estado.

En ellas están ya presentes los elementos que hoy se reconocen axiomáticamente como constitutivos de este último, a saber: Una base social estructurada conforme a un orden jurídico, sometida a una autoridad erigida conforme a los criterios de legitimidad que son propios de ella, cuyos alcances se ciñen a un territorio determinado.

Es importante subrayar que en esos procesos ninguno de los grupos que se agregaron perdió su individualidad ni su independencia. Por el contrario, cada familia, cada fratría o curia, cada tribu que se agregaba conservaba su culto, sus instituciones, sus jefes, sus rituales. En materia política, esa estructura estaba formada por una multitud de pequeñas unidades, con sus propios mandos, sobre las que se establecía un gobierno común, con instituciones y reglas generales que eran respetuosas de las particulares de cada grupo comunidad que formaba parte de esa comunidad ampliada.

En esas sociedades, la autoridad era inherente al sacerdocio. El padre era a un tiempo jefe del culto doméstico, juez y señor, incluso para los efectos militares. Su potestad política, entonces, devenía tal por la vía providencial.

La íntima e indisoluble consubstanciación de gobierno y culto en las ciudades antiguas, hizo que la transmisión del rango sacerdotal implicara también la de la autoridad, situación que se mantuvo incluso durante el advenimiento de la organización republicana en la antigüedad clásica.

Aun la ley era, en principio, sólo una expresión de los mandatos religiosos. Los códigos de las ciudades antiguas constituían, a la vez, un conjunto de ritos y prescripciones litúrgicas, cuanto de oraciones y disposiciones legislativas.

La fuerza institucional de las ciudades y su autoridad sobre los ciudadanos provenía entonces del hecho de que aquellas se habían fundado sobre las bases de la religión.

Nada, ni la vida privada, escapaba a la omnipotencia de esa autoridad. El hombre carecía en absoluto de independencia; pertenecía a la ciudad y estaba consagrado a ella y su defensa.

Hijo, quizás, de esa consideración es el aforismo que pretende que el interés general priva sobre el particular, aunque eso sea cuestionable, lo que explica a mi juicio esa suerte de veneración -y ambición- por la figura presidencial, en contra del principio democrático de la igualdad en libertad.

El presidente, en el imaginario socio-político, ocupa el lugar del patriarca. Pero esa configuración cayó en crisis por razones que, si usted me lo permite, comentaré en la próxima entrega.
11 Junio 2017 04:02:00
La ética del que informa y expresa opinión
En medio de las vicisitudes electorales poco se reparó en la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión, derecho fundamental que no vale menos que la democracia, y que aun es parte sustancial de ella. Conviene, y no desentona, por tanto, efectuar algunas reflexiones sobre el tema.

El reportaje, la crónica, el artículo de fondo, todo el quehacer editorial está siempre orientado por una intención: la de informar, la de compartir reflexiones, la de formar opinión o expresar críticas y puntos de vista, debatir ideas.

Los medios, en ello, tienen solo un valor instrumental. Quien los usa, como vehículo de transmisión, es quien puede imprimir el sello de corrección o incorreción, buena intención o malicia, lo que en el fondo no es otra cosa que obrar conforme a la ética o contra ella. Son, así, el interés y la intención los que definen si quien actúa lo hace bien o mal, según los valores objetivamente generalizados.

La nueva era –esto es ya un lugar común– se caracteriza por atravesar una crisis profunda de valores, y mucho me temo que no falta razón para afirmar tal cosa.

Sin pretender profundidades innecesarias o desvaríos filosóficos inconvenientes, hay que fijar los conceptos, si no se quiere incurrir en el caos de la relatividad semántica. Con ese fin, digo aquí que cuando hablo de ética me refiero a una disciplina cuyo objeto de estudio se ciñe siempre a los actos humanos (conscientes y voluntarios) que afectan, en primer lugar, el desarrollo de las propias capacidades –enalteciéndolas o depravándolas– pero además repercuten en otros y en el conjunto social en el que quedan insertos, para beneficio o perjuicio de tales sujetos pasivos. En otras palabras, la ética busca criterios para formular principios y normas trascendentes, válidos universal y perdurablemente.

Es, si se quiere, la disciplina de lo correcto e incorrecto, de lo que es debido hacer y lo condenable. Como la conducta tiene efectos sociales, mientras más amplio sea el potencial del daño o del beneficio que la conducta puede causar, mejor o peor será la conducta.

Por eso, la ética y la moral son elementos cruciales en el ejercicio del periodismo, como lo son de toda profesión u oficio, que tiene que ser efectuado con clara conciencia de la responsabilidad que conlleva cada opinión expresada, cada información transmitida, cada propósito de política editorial de los medios masivos, especialmente los electrónicos, que hoy por hoy son tan influyentes como para motivar que Sartori opine que el “homo sapiens” ha dejado de serlo para convertirse en el “homo videns”.

Hay momentos, en la teoría y en la práctica, en que la ética se da la mano con el derecho, sobre todo en el terreno de las normas fundamentales para la convivencia de los seres humanos, pues en ambos casos los valores constituyen un elemento esencial, porque definen el sentido de las conductas prescritas por considerarse socialmente positivas, correctas, aptas para mejorar las condiciones de la vida de todos y la de cada uno, con un sentido de constante mejoramiento.

Si el periodismo se ejerce para informar y formar opinión positiva en vista de la evolución del grupo social y sus integrantes, será encomiable; pero si, en cambio, lo que pretende es medrar para el beneficio propio de quien lo ejerce, a partir de información aviesa, incorrecta o mal procesada, con la intención de causar perjuicio, entonces no nada más es incorrecto, sino execrable.

Hoy por hoy, parece evidente que la enorme influencia mediática en el sentido del devenir social y su impacto en la vida de todos, hace imprescindible que quienes a ella tienen acceso activo sean conscientes de las responsabilidades y límites que tal privilegio conlleva. Por ejemplo, la veracidad, el respeto y la precisión.

Recuérdese: la libertad sin responsabilidad no sólo pierde aptitud para construir sociedad, sino que se vuelve nociva para ese propósito. Esto es algo que no puede pasarse por alto nunca.
11 Junio 2017 04:00:00
La ética del que informa y expresa opinión
En medio de las vicisitudes electorales poco se reparó en la conmemoración del “Día de la Libertad de Expresión”, derecho fundamental que no vale menos que la democracia, y que aun es parte sustancial de ella. Conviene, y no desentona, por tanto, efectuar algunas reflexiones sobre el tema.

El reportaje, la crónica, el artículo de fondo, todo el quehacer editorial está siempre orientado por una intención: la de informar, la de compartir reflexiones, la de formar opinión o expresar críticas y puntos de vista, debatir ideas.

Los medios, en ello, tienen sólo un valor instrumental. Quien los usa, como vehículo de transmisión, es quien puede imprimir el sello de corrección o incorrección, buena intención o malicia, lo que en el fondo no es otra cosa que obrar conforme a la ética o contra ella. Son, así, el interés y la intención los que definen si quien actúa lo hace bien o mal, según los valores objetivamente generalizados.

La nueva era –esto es ya un lugar común- se caracteriza por atravesar una crisis profunda de valores, y mucho me temo que no falta razón para afirmar tal cosa.

Sin pretender profundidades innecesarias o desvaríos filosóficos inconvenientes, hay que fijar los conceptos, si no se quiere incurrir en el caos de la relatividad semántica. Con ese fin, digo aquí que cuando hablo de ética me refiero a una disciplina cuyo objeto de estudio se ciñe siempre a los actos humanos (conscientes y voluntarios) que afectan, en primer lugar, el desarrollo de las propias capacidades –enalteciéndolas o depravándolas- pero además repercuten en otros y en el conjunto social en el que quedan insertos, para beneficio o perjuicio de tales sujetos pasivos. En otras palabras, la ética busca criterios para formular principios y normas trascendentes, válidos universal y perdurablemente.

Es, si se quiere, la disciplina de lo correcto e incorrecto, de lo que es debido hacer y lo condenable. Como la conducta tiene efectos sociales, mientras más amplio sea el potencial del daño o del beneficio que la conducta puede causar, mejor o peor será la conducta.

Por eso, la ética y la moral son elementos cruciales en el ejercicio del periodismo, como lo son de toda profesión u oficio, que tiene que ser efectuado con clara conciencia de la responsabilidad que conlleva cada opinión expresada, cada información transmitida, cada propósito de política editorial de los medios masivos, especialmente los electrónicos, que hoy por hoy son tan influyentes como para motivar que Sartori opine que el “homo sapiens” ha dejado de serlo para convertirse en el “homo videns”.

Hay momentos, en la teoría y en la práctica, en que la ética se da la mano con el derecho, sobre todo en el terreno de las normas fundamentales para la convivencia de los seres humanos, pues en ambos casos los valores constituyen un elemento esencial, porque definen el sentido de las conductas prescritas por considerarse socialmente positivas, correctas, aptas para mejorar las condiciones de la vida de todos y la de cada uno, con un sentido de constante mejoramiento.

Si el periodismo se ejerce para informar y formar opinión positiva en vista de la evolución del grupo social y sus integrantes, será encomiable; pero si, en cambio, lo que pretende es medrar para el beneficio propio de quien lo ejerce, a partir de información aviesa, incorrecta o mal procesada, con la intención de causar perjuicio, entonces no nada más es incorrecto, sino execrable.

Hoy por hoy, parece evidente que la enorme influencia mediática en el sentido del devenir social y su impacto en la vida de todos, hace imprescindible que quienes a ella tienen acceso activo sean conscientes de las responsabilidades y límites que tal privilegio conlleva. Por ejemplo, la veracidad, el respeto y la precisión.

Recuérdese: la libertad sin responsabilidad no sólo pierde aptitud para construir sociedad, sino que se vuelve nociva para ese propósito. Esto es algo que no puede pasarse por alto nunca.
04 Junio 2017 04:03:00
Pancho Liguori
El pasado lunes 22 de mayo habría cumplido 100 años de vida, fecunda en letras y anécdotas. Nació en Orizaba, donde hizo sus primeras letras, pero pronto emigró hacia México, donde enseñó literatura, estudió Derecho y vivió una vida bohemia muy digna ella misma de ser material de exitosa novela pícara.

Fue un hombre de su tiempo, una especie de resabio barroco de la “belle époque” mexicana y pródigo –magistralmente, por cierto– en el cultivo de ese difícil género –cuando bien se lleva a cabo– que es el epigrama.

Poco se reparó en la efeméride, pero ella no pasó inadvertida para ese otro amigo suyo y compañero de letras, que es Fernando Díez de Urdanivia, quien –como su padre– ha dedicado también su vida al periodismo y las letras, pero añadiendo a su propia hoja de vida la música.

Recuerda bien el escritor que cito que el epigrama es un “pequeño poema que exige destreza y además ingenio, se remonta a los tiempos de la Hélade y el más antiguo autor suficientemente conocido es el romano español Marcial. En tierras aztecas el epigrama llegó con la colonización hispana. Sor Juana Inés de la Cruz dejó algunos de muy buena factura. En tiempos recientes fue cultivado, entre otros por el famoso comediógrafo José F. Elizondo, que firmaba como Pepe Nava, y por el periodista Tomás Perrín, de tan grata memoria”.

Él, en merecido homenaje al poeta ido, escribió una semblanza de la que me he tomado la libertad de transcribir, con el permiso del autor por supuesto, los siguientes párrafos alusivos a Liguori:

“Si alguna enseñanza deja este hombre excepcional a los jóvenes de hoy, es la del dominio del lenguaje y del trato social. Sabemos todos que los conceptos pasados de la convivencia están perdiéndose a causa del deterioro general y de lo que se llamaba educación y ahora ha caído en la ignorancia. Para el adolescente actual es importante saber que, al lado del lenguaje callejero, hogareño y escolar, hay un repertorio muy amplio que si no conoce, al menos jamás usa. La evocación de un poeta, de un hombre de gran cultura como fue Liguori, se hace sobre todo a título de enseñanza. Escuchar, comprender, admirar a personajes de esa dimensión, nos ayuda a todos y no sólo a los jóvenes a consolidar un concepto de la vida que hemos venido perdiendo a causa de una actualidad donde los valores se deterioran merced a la violencia y, sobre todo, a una pérdida muy grave del sentido de la vida. Que Liguori y el valor de la comunicación a través de la palabra, sean camino para recuperarlos”.

Uno más, en el que ilustra bien la pericia del veracruzano en el manejo del género, aunque antes habrá que precisar el contexto en que se escribió: sucede que don Mariano Azuela era su profesor en la universidad y, a pesar de ser un notable jurista, no fue proclive a escribir. Hijo como era del médico escritor del mismo nombre, autor ampliamente conocido y reconocido por sus novelas ambientadas en la época revolucionaria, entre las que destaca singularmente Los de Abajo, el joven Liguori, como recuerda Fernando Díez de Urdanivia, dejó fluir un epigrama que dice: “Ya se rumora en la escuela, / en son de chunga y relajo, / que al caro maestro Azuela/ pesan mucho Los de Abajo”.

Otros hay, tan pícaros como ingeniosos y bien escritos, aunque no todos publicables con la venia de aquella liga de la decencia a que tanto suele referirse ese otro buen cultivador del género, oriundo de nuestras tierras, que entre “Manganitas”, firma con sus iniciales –AFA– y conocemos todos como “Catón”.

Imposible reproducir algún otro epigrama de los muchos que dejó –los más dispersos y prácticamente irrecuperables– porque ya no cabría en este reducido espacio. Basten estas líneas para sumarlas al merecido homenaje rendido al irreverente poeta, elegante y pulcro, pero sobre todo amigo noble, que fue Pancho Liguori.
04 Junio 2017 04:00:00
Pancho Liguori
El pasado lunes 22 de mayo hubiera cumplido cien años de vida, fecunda en letras y anécdotas. Había nacido en Orizaba, donde hizo sus primeras letras, pero pronto emigró hacia México, donde enseñó literatura, estudió Derecho, y vivió una vida bohemia muy digna ella misma de ser material de exitosa novela pícara.

Fue un hombre de su tiempo, una especie de resabio barroco de la “belle époque” mexicana y pródigo -magistralmente, por cierto- en el cultivo de ese difícil género -cuando bien se lleva a cabo- que es el epigrama.

Poco se reparó en la efeméride, pero ella no pasó inadvertida para ese otro amigo suyo, y compañero de letras, que es Fernando Díez de Urdanivia, quien -como su padre- ha dedicado también su vida al periodismo y las letras, pero añadiendo a su propia hoja de vida la música.

Recuerda bien el escritor que citó que el epigrama es un “pequeño poema que exige destreza y además ingenio, se remonta a los tiempos de la Hélade y el más antiguo autor suficientemente conocido es el romano español Marcial. En tierras aztecas el epigrama llegó con la colonización hispana. Sor Juana Inés de la Cruz dejó algunos de muy buena factura. En tiempos recientes fue cultivado, entre otros por el famoso comediógrafo José F. Elizondo que firmaba como Pepe Nava, y por el periodista Tomás Perrín de tan grata memoria”.

Él, en merecido homenaje al poeta ido, escribió una semblanza de la que me he tomado la libertad de transcribir, con el permiso del autor por supuesto, los siguientes párrafos alusivos a Liguori:

“Si alguna enseñanza deja este hombre excepcional a los jóvenes de hoy, es la del dominio del lenguaje y del trato social. Sabemos todos que los conceptos pasados de la convivencia están perdiéndose a causa del deterioro general y de lo que se llamaba educación y ahora ha caído en la ignorancia. Para el adolescente actual es importante saber que, al lado del lenguaje callejero, hogareño y escolar, hay un repertorio muy amplio que si no conoce, al menos jamás usa. La evocación de un poeta, de un hombre de gran cultura como fue Liguori, se hace sobre todo a título de enseñanza. Escuchar, comprender, admirar a personajes de esa dimensión, nos ayuda a todos y no sólo a los jóvenes a consolidar un concepto de la vida que hemos venido perdiendo a causa de una actualidad donde los valores se deterioran merced a la violencia y sobre todo a una pérdida muy grave del sentido de la vida. Que Liguori y el valor de la comunicación a través de la palabra, sean camino para recuperarlos”.

Uno más, en el que ilustra bien la pericia del veracruzano en el manejo del género, aunque antes habrá que precisar el contexto en que se escribió: Sucede que don Mariano Azuela era su profesor en la universidad y, a pesar de ser un notable jurista, no fue proclive a escribir. Hijo como era del médico escritor del mismo nombre, autor ampliamente conocido y reconocido por sus novelas ambientadas en la época revolucionaria, entre las que destaca singularmente “Los de abajo”, el joven Liguori, como recuerda Fernando Díez de Urdanivia, dejó fluir un epigrama que dice: “Ya se rumora en la escuela, / en son de chunga y relajo, / que al caro maestro Azuela/ pesan mucho Los de Abajo”.

Otros hay, tan pícaros como ingeniosos y bien escritos, aunque no todos publicables con la venia de aquella liga de la decencia a que tanto suele referirse ese otro buen cultivador del género, oriundo de nuestras tierras, que entre “Manganitas”, firma con sus iniciales -AFA- y conocemos todos como Catón.

Imposible reproducir algún otro epigrama de los muchos que dejó -los más dispersos y prácticamente irrecuperables- porque ya no cabría en este reducido espacio. Basten estas líneas para sumarlas al merecido homenaje rendido al irreverente poeta, elegante y pulcro, pero sobre todo amigo noble, que fue Pancho Liguori.
28 Mayo 2017 04:07:00
Para meditar antes de elegir (2)
Quedó pendiente, de la semana anterior, compartir una reflexión sobre el interés general en el ejercicio del poder –y no sólo en su adquisición– como timbre de legitimidad democrática.

¿Cómo identificar a ese “interés general”, cuya noción puede difuminarse en la vaguedad de las imprecisiones conceptuales? ¿Qué es aquello que puede concitar el consenso en torno suyo?

Creo que tal “interés general” no puede tener más sustento que la preservación armónica de los derechos y libertades fundamentales –su garantía y fomento– para responder a los requerimientos atemporales de la dignidad humana, desde que los seres humanos son esencialmente iguales y libres, y por eso del respeto irrestricto de todos.

Para eso hace falta un orden jurídico que provea una estructura suficiente para que, efectivamente, el sistema político encuentre las vías necesarias para garantizar el equilibrio en el ejercicio del poder y un adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas, con base en el reconocimiento, respeto, promoción y garantía de los comúnmente llamados “derechos humanos”, como piedra de toque de todo el sistema social y de su estructura jurídica.

Es claro que en todo ello subyace, ineludiblemente, el concepto de “valor”, sin cuyo concurso no podría pensarse siquiera en la norma y, por lo tanto, en el sistema jurídico.

Eso no deja de ofrecer cierto grado de dificultad, porque al inscribirse en la práctica los valores en el ámbito de los subsistemas normativo–culturales, su contenido se verá siempre influido por las tradiciones, costumbres, creencias, religión y demás elementos capaces de configurar patrones comunes de conducta o de condicionar actitudes y reacciones sociales de semejante sentido en una comunidad determinada.

Siempre, no obstante, se tratará de una motivación profunda, por lo que habrá que incursionar en la neutral acepción psicosociológica del concepto, es decir, entendiéndolo como fuerza, actividad, eficacia o virtud de una acción para producir algunos efectos pretendidos y, por tanto, como pauta general de conducta y motor de la acción social, independientemente de la sustancia específica que en cada caso concreto lo nutra.

Todavía hay que decir –por si eso no bastara– que esos valores pueden ser espurios, de poca monta, y en cambio los que se necesitan han de ser excelsos. Téngase en cuenta que los valores no son “metas” por alcanzar, sino motores de la conducta, impulsos para el comportamiento individual y social de los seres humanos. De la altura y nobleza de los valores dependerán las del comportamiento de los últimos.

Hay que tener en cuenta que la democracia es más que un proceso electoral, más que un mecanismo para designar a los gobernantes, consiste muy principalmente –valdría la pena releer el Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos– en un proceso continuo, un “estilo de vida fundado en el constante mejoramiento intelectual, espiritual y material” de todos los miembros de nuestra comunidad, lo que descansa, en última instancia, en el respeto y la promoción de los derechos y libertades fundamentales de los seres humanos que la conforman. A esa democracia activa, garante de los derechos y libertades fundamentales, se le ha denominado, con propiedad, “democracia con sustancia” por el profesor Luigi Ferrajoli.

Si se parte de esa premisa, será fácil identificar los fundamentos axiológicos que, a manera de trípode, sostienen el modelo político por antonomasia de la modernidad, el estado democrático: en lo político, la democracia, y en lo cultural-normativo, la defensa de los derechos humanos fundamentales, de manera equitativa, armónica y estable.

Por eso, la oportunidad de redefinir el “pacto social tácito” es cotidiana. Él se construye cada día, en un tracto sucesivo y constante, y tiene el propósito de generar una vida social apta para que todos contribuyamos a edificar un futuro mejor y más digno para cada uno y para el conjunto, independientemente de quiénes gobiernen, aunque el concurso de estos sea indispensable.

Bueno será considerar lo anterior al determinar el sentido del voto, que no se puede dejar de ejercer.
28 Mayo 2017 04:00:00
Para meditar antes de elegir (2)
Quedó pendiente, de la semana anterior, compartir una reflexión sobre el interés general en el ejercicio del poder –y no sólo en su adquisición– como timbre de legitimidad democrática.

¿Cómo identificar a ese “interés general”, cuya noción puede difuminarse en la vaguedad de las imprecisiones conceptuales? ¿Qué es aquello que puede concitar el consenso en torno suyo?

Creo que tal “interés general” no puede tener más sustento que la preservación armónica de los derechos y libertades fundamentales –su garantía y fomento– para responder a los requerimientos atemporales de la dignidad humana, desde que los seres humanos son esencialmente iguales y libres, y por eso del respeto irrestricto de todos.

Para eso hace falta un orden jurídico que provea una estructura suficiente para que, efectivamente, el sistema político encuentre las vías necesarias para garantizar el equilibrio en el ejercicio del poder y un adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas, con base en el reconocimiento, respeto, promoción y garantía de los comúnmente llamados “derechos humanos”, como piedra de toque de todo el sistema social y de su estructura jurídica.

Es claro que en todo ello subyace, ineludiblemente, el concepto de “valor”, sin cuyo concurso no podría pensarse siquiera en la norma y, por lo tanto, en el sistema jurídico.

Eso no deja de ofrecer cierto grado de dificultad, porque al inscribirse en la práctica los valores en el ámbito de los subsistemas normativo-culturales, su contenido se verá siempre influido por las tradiciones, costumbres, creencias, religión y demás elementos capaces de configurar patrones comunes de conducta o de condicionar actitudes y reacciones sociales de semejante sentido en una comunidad determinada.

Siempre, no obstante, se tratará de una motivación profunda, por lo que habrá que incursionar en la neutral acepción psicosociológica del concepto, es decir, entendiéndolo como fuerza, actividad, eficacia o virtud de una acción para producir algunos efectos pretendidos y, por tanto, como pauta general de conducta y motor de la acción social, independientemente de la sustancia específica que en cada caso concreto lo nutra.

Todavía hay que decir –por si eso no bastara– que esos valores pueden ser espurios, de poca monta, y en cambio los que se necesitan han de ser excelsos. Téngase en cuenta que los valores no son “metas” por alcanzar, sino motores de la conducta, impulsos para el comportamiento individual y social de los seres humanos. De la altura y nobleza de los valores dependerán las del comportamiento de los últimos.

Hay que tener en cuenta que la democracia es más que un proceso electoral, más que un mecanismo para designar a los gobernantes, consiste muy principalmente –valdría la pena releer el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos– en un proceso continuo, un “estilo de vida fundado en el constante mejoramiento intelectual, espiritual y material” de todos los miembros de nuestra comunidad, lo que descansa, en última instancia, en el respeto y la promoción de los derechos y libertades fundamentales de los seres humanos que la conforman. A esa democracia activa, garante de los derechos y libertades fundamentales, se le ha denominado, con propiedad, “democracia con sustancia” por el profesor Luigi Ferrajoli.

Si se parte de esa premisa, será fácil identificar los fundamentos axiológicos que, a manera de trípode, sostienen el modelo político por antonomasia de la modernidad, el estado democrático: En lo político, la democracia, y en lo cultural-normativo, la defensa de los derechos humanos fundamentales, de manera equitativa, armónica y estable.

Por eso, la oportunidad de redefinir el “pacto social tácito” es cotidiana. Él se construye cada día, en un tracto sucesivo y constante, y tiene el propósito de generar una vida social apta para que todos contribuyamos a edificar un futuro mejor y más digno para cada uno y para el conjunto, independientemente de quienes gobiernen, aunque el concurso de estos sea indispensable.

Bueno será tener en cuenta lo anterior al determinar el sentido del voto, que no se puede dejar de ejercer.
21 Mayo 2017 04:00:00
Para meditar antes de elegir
Escribir sobre política será siempre pisar en terreno agreste; si además se agrega el ingrediente electoral, esa característica del tema se agudiza, porque siempre subyacen nociones como la de poder, democracia, valores, representación y muchas más, siempre polémicas y muchas veces poco comprendidas.

Por eso resulta siempre un desafío abordar esos temas sobre los que, por otra parte, gracias al dinamismo que caracteriza a la actividad –y de su necesario corolario contemporáneo, la democracia–, nunca se habrá dicho la última palabra; aquel que crea lo contrario se arriesga a contentarse con ver cómo pasa frente a él la historia, dando un contundente mentís a su vana pretensión de definitividad.

Creo por eso conveniente en este punto insistir en que hay que tener siempre en cuenta que el quehacer político es un conjunto de acciones interdependientes, vinculadas entre sí de tal manera que cualquier cambio que se produzca en uno de ellos afectará, en menor o mayor medida, a los demás y su desempeño.

Es imprescindible, por lo tanto, precisar cuáles, de entre todas las que integran el sistema social, son las interacciones de contenido “político” y, de entre ellas, las que son relevantes para su identificación y estudio.

Lo primero que importa definir es qué deberá entenderse por “político”, puesto que el término mismo, en el lenguaje llano y hasta en aquel que emplean los especialistas, suele ser equívoco y, a veces, hasta confuso.

En el contexto doctrinario suele referírsele a cuestiones tan disímbolas como el estado, el poder, el orden público, las políticas públicas, la adopción de decisiones respecto de la cosa pública, el monopolio del empleo de la fuerza legítima, etc., etc.

Propongo, por lo tanto, precisar que conviene considerar como políticas todas aquellas interacciones orientadas predominantemente a la asignación de valores para una sociedad, con el propósito de orientarla hacia un destino de conducta respecto de la cual aquellos a quienes se asigna se sienten obligados.

Así, el poder será político cuando tenga por vocación y destino la función estructuradora de la sociedad, que le da la calidad de “poder organizado”.

Todo poder supone la existencia de opciones en quien lo tiene y en quien es objeto de su ejercicio. Cumple su función transmisora (de valores, como móviles de conducta) cuando es capaz de influir en la selección de las acciones (u omisiones) asequibles.

En ese sentido, el poder político es mayor si es capaz de mantenerse incluso a pesar de alternativas atractivas para la acción o inacción, y sólo puede aumentarse si un crece también la libertad de quienes estén sujetos a él.

En un entorno democrático, la reflexión anterior adquiere notoriedad desde el momento inicial del ejercicio republicano para determinar la integración personal de los órganos institucionales, es decir, en el ejercicio electoral, pero perdura durante toda la manifestación funcional del sistema, porque sólo así podrá mantenerse legítimo.

La sociedad es, en efecto, un “todo sistémico”, en el que el poder cuenta con una función clara: mover a la voluntad de quien es objeto del poder hacia la selección de una conducta predeterminada en su sentido, escogiéndola de entre una gama de conductas posibles, condicionadas por la propia configuración del sistema social.

En la mejor tradición democrática –siempre en formación, siempre inacabada– el mejor desempeño de la autoridad es aquel que consigue desde su origen, y mantiene en el desempeño cotidiano, conjugar el poder político el poder jurídico, que tiene su asiento último en el poder por antonomasia expresado en el seno del Estado, que es la llamada soberanía. Ambas nociones juegan, en el mundo civilizado, un papel primordial, porque han de ser simbióticas –valga el símil- si se quiere alcanzar una eficacia que a la vez sea legítima, porque sólo así se podrá mantener el rumbo mejor para el interés general.
21 Mayo 2017 04:00:00
Para meditar antes de elegir
Escribir sobre política será siempre pisar en terreno agreste; si además se agrega el ingrediente electoral, esa característica del tema se agudiza, porque siempre subyacen nociones como la de poder, democracia, valores, representación y muchas más, siempre polémicas y muchas veces poco comprendidas.

Por eso resulta siempre un desafío abordar esos temas, sobre los que, por otra parte, gracias al dinamismo que caracteriza a la actividad, –y de su necesario corolario contemporáneo, la democracia- nunca se habrá dicho la última palabra; aquel que crea lo contrario se arriesga a contentarse con ver cómo pasa frente a él la historia, dando un contundente mentís a su vana pretensión de definitividad.

Creo por eso conveniente en este punto insistir en que hay que tener siempre en cuenta que el quehacer político es un conjunto de acciones interdependientes, vinculadas entre sí de tal manera que cualquier cambio que se produzca en uno de ellos afectará en, menor o mayor medida, a los demás y su desempeño.

Es imprescindible, por lo tanto, precisar cuáles, de entre todas las que integran el sistema social, son las interacciones de contenido “político” y, de entre ellas, las que son relevantes para su identificación y estudio.

Lo primero que importa definir es qué deberá entenderse por “político”, puesto que el término mismo, en el lenguaje llano y hasta en aquel que emplean los especialistas, suele ser equívoco y, a veces, hasta confuso.

En el contexto doctrinario suele referírsele a cuestiones tan disímbolas como el estado, el poder, el orden público, las políticas públicas, la adopción de decisiones respecto de la cosa pública, el monopolio del empleo de la fuerza legítima, etc., etc.

Propongo, por lo tanto, precisar que conviene considerar como políticas todas aquellas interacciones orientadas predominantemente a la asignación de valores para una sociedad, con el propósito de orientarla hacia un destino de conducta respecto de la cual aquellos a quienes se asigna se sienten obligados.

Así, el poder será político cuando tenga por vocación y destino la función estructuradora de la sociedad, que le da la calidad de “poder organizado”.

Todo poder supone la existencia de opciones en quien lo tiene y en quien es objeto de su ejercicio. Cumple su función transmisora (de valores, como móviles de conducta) cuando es capaz de influir en la selección de las acciones (u omisiones) asequibles.

En se sentido, el poder político es mayor si es capaz de mantenerse incluso a pesar de alternativas atractivas para la acción o inacción, y sólo puede aumentarse si un aumenta también la libertad de quienes estén sujetos a él.

En un entorno democrático, la reflexión anterior adquiere notoriedad desde el momento inicial del ejercicio republicano para determinar la integración personal de los órganos institucionales, es decir, en el ejercicio electoral, pero perdura durante toda la manifestación funcional del sistema, porque sólo así podrá mantenerse legítimo.

La sociedad es, en efecto, un “todo sistémico”, en el que el poder cuenta con una función clara: Mover a la voluntad de quien es objeto del poder hacia la selección de una conducta predeterminada en su sentido, escogiéndola de entre una gama de conductas posibles, condicionadas por la propia configuración del sistema social.

En la mejor tradición democrática –siempre en formación, siempre inacabada- el mejor desempeño de la autoridad es aquel que consigue desde su origen, y mantiene en el desempeño cotidiano, conjugar el poder político el poder jurídico, que tiene su asiento último en el poder por antonomasia expresado en el seno del estado, que es la llamada soberanía. Ambas nociones juegan, en el mundo civilizado, un papel primordial, porque han de ser simbióticas –valga el símil- si se quiere alcanzar una eficacia que a la vez sea legítima, porque sólo así se podrá mantener el rumbo mejor para el interés general.
14 Mayo 2017 04:07:00
Las empresas y los derechos humanos
Es regla, todavía, que las estructuras jurídicas propias de las garantías protectoras de los derechos humanos sean dirigidas solamente contra actos de la autoridad pública.

A pesar de ello, son cada vez frecuentes las evidencias de hechos que muestran abusos cometidos en esta materia por entidades privadas.

En fechas recientes se han acumulado los testimonios de pasajeros injusta y denigrantemente expulsados de los aviones, maltratos del comandante sobre mujeres y otros atropellos por el estilo.

Pero no sólo las aerolíneas se distinguen por ello, aunque nadie podría decir que son las que menos, porque hay aconteceres de sobra documentados sobre cobros indebidos, cortes unilaterales y arbitrarios del servicio y otros abusos que configuran verdaderas violaciones a los derechos humanos, sin que existan vías eficientes y ágiles para reclamar lo conducente al cese de la violación y la reparación integral del daño.

Frente a esa circunstancia, y puesto que se predica la oponibilidad universal de esos derechos, parece ya urgente e indispensable tomar medidas efectivas para prevenir y remediar las violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas.

A ese propósito conviene tomar en cuenta que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo suyos los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos en su resolución 17/4, de 16 de junio de 2011 .

Dichos principios se basan en el reconocimiento de las obligaciones que tienen los estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales, por una parte, así como en el papel de las empresas, como órganos de la sociedad que desempeñan funciones especializadas, que deben cumplir todas las leyes y respetar los derechos humanos. También en el hecho de que es necesario que los derechos y obligaciones se complementen con recursos efectivos para el caso de que se den incumplimientos e inobservancias, si se quiere que en verdad sea efectiva su garantía.

La resolución de la ONU implica que los “Principios” sean aplicables en todos los estados miembros “y a todas las empresas”, según ellos mismos determinan, no importa si son transnacionales o de otro tipo, y “con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y estructura”.

El objetivo básico es mejorar las normas y prácticas relacionadas con las empresas y los derechos humanos “a fin de obtener resultados tangibles para las personas y las comunidades afectadas, y contribuir…a una globalización socialmente sostenible”.

Deben aplicarse de manera no discriminatoria, poniendo especial atención a las personas pertenecientes a grupos o poblaciones más vulnerables o con mayor riesgo de marginación.

No se trata, como puede constatarse, de un instrumento que imponga obligaciones nuevas a los estados, sino de uno que oriente su acción en términos del objetivo de mejorar las normas y prácticas de las empresas en materia de respeto a los derechos humanos.

A partir de él pueden resumirse los principios fundamentales respecto de las empresas en los siguientes términos: a) Si los derechos humanos son universales y oponibles a todos, las empresas deben respetarlos y por lo tanto abstenerse de infringir los de terceros, haciendo frente a las consecuencias en caso contrario; b) esa responsabilidad se delimita por los derechos internacionalmente reconocidos; c) la responsabilidad de las empresas es aplicable a todas, pero la magnitud y complejidad de los medios para asumirla puede variar en función, sobre todo, de la gravedad de las consecuencias negativas de sus actividades; d) para cumplir con esa responsabilidad, deben contar con políticas y procedimientos apropiados.

Es claro que resulta ya urgente, ineludible, revisar los mecanismos e instrumentos de protección de los derechos humanos frente a las violaciones que a ellos puedan cometer las empresas y otros actores privados.

La puesta en práctica de los Principios Rectores sería, sin duda, un buen comienzo, y no parece necesario esperar a que se adopte un convenio internacional en la materia, porque siempre será posible legislar sobre ella. Faltaría, nada más, voluntad política.
14 Mayo 2017 04:00:00
Las empresas y los derechos humanos
Es regla, todavía, que las estructuras jurídicas propias de las garantías protectoras de los derechos humanos sean dirigidas solamente contra actos de la autoridad pública.

A pesar de ello, son cada vez frecuentes las evidencias de hechos que muestran abusos cometidos en esta materia por entidades privadas.

En fechas recientes se han acumulado los testimonios de pasajeros injusta i denigrantemente expulsados de los aviones, maltratos del comandante sobre mujeres y otros atropellos por el estilo.

Pero no solo las aerolíneas se distinguen por ello, aunque nadie podría decir que son las que menos, porque hay aconteceres de sobra documentados sobre cobros indebidos, cortes unilaterales y arbitrarios del servicio y otros abusos que configuran verdaderas violaciones a los derechos humanos, sin que existan vías eficientes y ágiles para reclamar lo conducente al cese de la violación y la reparación integral del daño.

Frente a esa circunstancia, y puesto que se predica la oponibilidad universal de esos derechos, parece ya urgente e indispensable tomar medidas efectivas para prevenir y remediar las violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas.

A ese propósito conviene tomar en cuenta que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo suyos los “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos” en su resolución 17/4, de 16 de junio de 2011 .

Dichos Principios se basan en el reconocimiento de las obligaciones que tienen los estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales, por una parte, así como en el papel de las empresas, como órganos de la sociedad que desempeñan funciones especializadas, que deben cumplir todas las leyes y respetar los derechos humanos. También en el hecho de que es necesario que los derechos y obligaciones se complementen con recursos efectivos para el caso de que se den incumplimientos e inobservancias, si se quiere que en verdad sea efectiva su garantía.

La resolución de la ONU implica que los “Principios” sean aplicables en todos los estados miembros “y a todas las empresas”, según ellos mismos determinan, no importa si son transnacionales o de otro tipo, y “con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y estructura”.

El objetivo básico es mejorar las normas y prácticas relacionadas con las empresas y los derechos humanos “a fin de obtener resultados tangibles para las personas y las comunidades afectadas, y contribuir…a una globalización socialmente
sostenible”.

Deben aplicarse de manera no discriminatoria, poniendo especial atención a las personas pertenecientes a grupos o poblaciones más vulnerables o con mayor riesgo de marginación.

No se trata, como puede constatarse, de un instrumento que imponga obligaciones nuevas a los estados, sino de uno que oriente su acción en términos del objetivo de mejorar las normas y prácticas de las empresas en materia de respeto a los derechos
humanos.

A partir de él pueden resumirse los principios fundamentales respecto de las empresas en los siguientes términos: a) Si los derecho humanos son universales y oponibles a todos, las empresas deben respetarlos y por lo tanto abstenerse de infringir los de terceros, haciendo frente a las consecuencias en caso contrario; b) esa responsabilidad se delimita por los derechos internacionalmente reconocidos; c) la responsabilidad de las empresas es aplicable a todas, pero la magnitud y complejidad de los medios para asumirla puede variar en función, sobre todo, de la gravedad de las consecuencias negativas de sus actividades; d) para cumplir con esa responsabilidad, deben contar con políticas y procedimientos apropiados.

Es claro que resulta ya urgente, ineludible, revisar los mecanismos e instrumentos de protección de los derechos humanos frente a las violaciones que a ellos puedan cometer las empresas y otros
actores privados.

La puesta en práctica de los “Principios Rectores” sería, sin duda, un buen comienzo, y no parece necesario esperar a que se adopte un convenio internacional en la materia, porque siempre será posible legislar sobre ella. Faltaría, nada más, voluntad política.
07 Mayo 2017 04:00:00
Campañas, debates y ‘estado de derecho’
¡Y sigue la mata dando! Continúan las campañas, los debates se suceden y, aunque se han podido por fin atisbar algunos bosquejos de oferta política –y de políticas– no deja de estar presente la promesa central de “cumplir la ley”, de respetarla y aplicarla siempre.

Eso estaría muy bien, pero uno se pregunta ¿no es esa, acaso, una promesa innecesaria? ¿puede alguien, gobernante o gobernado, dejar de cumplir la ley?

Suena como la que pudiera hacer quien se acercara a vendernos nuestra propia casa, como al patrón que promete pagar el salario devengado o al trabajador que ofrece, como cosa extraordinaria, efectuar el trabajo para el que fue contratado.

Ya no es fácil saber a estas alturas si es pura y simple confusión, si la intención es buena –de ello se duda mucho entre la gente, y hasta los niños lo cuestionan–, si falta un conocimiento elemental de los deberes públicos, pero lo cierto es que, por si hiciera falta y no fuera una deducción lógica y un deber ético natural, la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –como las de cada estado federado– no sólo lo impone expresamente, sino que además exige protestar cumplir y hacer cumplir esos dispositivos y las leyes que de ellos emanen.

La propia voz “estado de derecho” –para mi gusto redundante, si no es que tautológica, porque sin derecho no podría haber estado propiamente dicho, sino un fenómeno de dominación ilegítima– implica la sujeción inexcusable al orden jurídico por parte de quien gobierna, lo que no significa otra cosa –como suele decirse por los anglosajones, con gran simplicidad y contundencia, al enunciar el principio de “rule of law”– que quien gobierna es la ley, y no los seres humanos que detentan el poder, cualquiera que sea su naturaleza.

La adaptabilidad a las condiciones adversas es proverbial, y por eso pareciera que las promesas que hoy se oyen fueran un propósito natural de la evolución comunitaria, siendo que la relación es precisamente la inversa: no fue sino hasta que se establecieron las reglas de convivencia que surgió la civilización, mucho antes de que apareciera la historia con la creación de la escritura.

Cumplir la ley y velar por que se cumpla es, pues, un ineludible deber de toda autoridad, y sólo su olvido, negligente las más de las veces, explica que la gran propuesta en que todos los candidatos y sus partidos coincidan en ofrecer hacer aquello que, antes que nada y como presupuesto inexcusable del ejercicio público, les corresponde.

Cuando eso no ocurre, los valores se distorsionan y degradan, provocando el desinterés en las cosas que atañen a la polis misma, se enseñorea el desgano y poco a poco la creciente crispación social se hace presente, hasta volverse tan tirante que la indignación explota y se pierde el rumbo, se corrompen los vínculos y los motivos compartidos, dando vía libre a eso que ha dado en llamarse “estado fallido”, porque el sistema sociopolítico se vuelve incapaz de cumplir con su cometido esencial: garantizar, en equidad y armonía, el ejercicio de las libertades y derechos fundamentales de todos.

La voracidad, la codicia, el egoísmo, la soberbia, el desinterés y la laxitud son vicios que corroen la función del Estado. No hay que dejarlos llegar, pero si se hacen presentes, habrá que desterrarlos y para eso ya existen recetas: primero, la dignidad, que empieza con el respeto de cada quien por sí mismo, para seguir con el que se debe a los demás; en segundo lugar, no basta con ofrecer la aplicación de la ley, sino cumplirla, acatando el sentido y los límites que impone a las conductas, públicas y privadas, sin excepciones inadmisibles.

Ese es el camino que sólo puede recorrerse investido de honorabilidad, buena fe y energía.
07 Mayo 2017 04:00:00
Campañas, debates y Estado de Derecho
¡Y sigue la mata dando! Continúan las campañas, los debates se suceden y, aunque se han podido por fin atisbar algunos bosquejos de oferta política -y de políticas- no deja de estar presente la promesa central de “cumplir la ley”, de respetarla y aplicarla siempre.

Eso estaría muy bien, pero uno se pregunta ¿no es esa, acaso una promesa innecesaria? ¿puede alguien, gobernante o gobernado, dejar de cumplir la ley?

Suena como la que pudiera hacer quien se acercara a vendernos nuestra propia casa, como al patrón que promete pagar el salario devengado o al trabajador que ofrece, como cosa extraordinaria, efectuar el trabajo para el que fue contratado.

Ya no es fácil saber a estas alturas si es pura y simple confusión, si la intención es buena -de ello se duda mucho entre la gente, y hasta los niños lo cuestionan-, si falta un conocimiento elemental de los deberes públicos, pero lo cierto es que, por si hiciera falta y no fuera una deducción lógica y un deber ético natural, la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -como las de cada estado federado- no solo lo impone expresamente, sino que además exige protestar cumplir y hacer cumplir esos dispositivos y las leyes que de ellos emanen.

La propia voz “estado de derecho” -para mi gusto redundante, si no es que tautológica, porque sin derecho no podría haber estado propiamente dicho, sino un fenómeno de dominación ilegítima- implica la sujeción inexcusable al orden jurídico por parte de quien gobierna, lo que no significa otra cosa -como suele decirse por los anglosajones, con gran simplicidad y contundencia, al enunciar el principio de “rule of law”- que quien gobierna es la ley, y no los seres humanos que detentan el poder, cualquiera que sea su naturaleza.

La adaptabilidad de a las condiciones adversas es proverbial, y por eso pareciera que las promesas que hoy se oyen fueran un propósito natural de la evolución comunitaria, cuando que la relación es precisamente la inversa: no fue sino hasta que se establecieron las reglas de convivencia que surgió la civilización, mucho antes de que apareciera la historia con la creación de la escritura.

Cumplir la ley y velar por que se cumpla es, pues, un ineludible deber de toda autoridad, y solo su olvido, negligente las más veces, explica que la gran propuesta en que todos los candidatos y sus partidos coincida en ofrecer hacer aquello que, antes que nada y como presupuesto inexcusable del ejercicio público, les corresponde.

Cuando eso no ocurre, los valores se distorsionan y degradan, provocando el desinterés en las cosas que atañen a la polis misma, se enseñorea el desgano y poco a poco la creciente crispación social se hace presente, hasta volverse tan tirante que la indignación explota y se pierde el rumbo, se corrompen los vínculos y los motivos compartidos, dando vía libre a eso que ha dado en llamarse “estado fallido”, porque el sistema sociopolítico se vuelve incapaz de cumplir con su cometido esencial: Garantizar, en equidad y armonía, el ejercicio de las libertades y derechos fundamentales de todos.

La voracidad, la codicia, el egoísmo, la soberbia, el desinterés y la laxitud son vicios que corroen la función del estado. No hay que dejarlos llegar, pero si se hacen presentes, habrá que desterrarlos y para eso ya existen recetas: primero, la dignidad, que empieza con el respeto de cada quien por sí mismo, para seguir con el que se debe a los demás; en segundo lugar, no basta con ofrecer la aplicación de la ley, sino cumplirla, acatando el sentido y los límites que impone a las conductas, públicas y privadas, sin excepciones inadmisibles.

Ese es el camino que solo puede recorrerse investido de honorabilidad, buena fe y energía.

No hay más. Solo en la decencia generalizada se encontrarán los remedios; los buenos hábitos bien pueden desplazar a los perniciosos.
30 Abril 2017 04:05:00
Educación y campañas
En tres estados habrá este año elecciones de Gobernador y otros órganos. Se han celebrado, a fin de confrontar la postura de cada candidato, algunos debates. En ellos, a pesar de incluirse en el temario las cuestiones educativas, poca o ninguna atención les han merecido, como si el tema fuera deleznable o de poca importancia.

Los debates, como las campañas, se han desarrollado de manera que ya ni siquiera se valen del habitual cúmulo de clichés y promesas genéricas, para caracterizarse por haber hecho de la contienda electoral una palestra para denostar y descalificar a los adversarios, con o sin razón para ello.

En cambio, pareciera que más bien pretenden un cargo judicial o en el Ministerio Público, porque su más recurrente oferta es meter a la cárcel a alguien, en todo caso “a los corruptos”.

Como se ha vuelto habitual, cada vez menos contenido programático de fondo –si alguno hay– y nada que permita atisbar siquiera algunas líneas de políticas públicas para acometer los muy variados y complejos problemas públicos que les tocará enfrentar a los vencedores.

No parece que sea mucho pedir que, cuando menos en aspectos que son torales para la vida pública, se pronunciaran desde este momento los candidatos de manera más clara y propositiva, para poder evaluar sus previsiones y, así, informar bien la decisión del voto.

Mientras eso ocurre, las calles de nuestras ciudades siguen llenas de una violencia que desgarra a nuestras comunidades y denigra del todo el nivel de la vida en ellas. De libertades menguadas al máximo está hoy por hoy hecha nuestra realidad, y no es a tiros como habrá de resolverse el problema de fondo, sino poniendo remedio desde la raíz, como se ha insistido tanto ya en muchos frentes, incluida esta columna.

¿Puede acaso conseguirse ese propósito sin una educación que forme ciudadanos conscientes, libres y responsables, y no sólo robots aptos para integrarse al aparato productivo con “éxito”?

Nadie ha tocado el tema con la seriedad y profundidad que merece, a pesar de que las consecuencias de la falta de formación humanística –la cívica incluida– están dramáticamente presentes por todos lados.

Pasan por alto algo que debería ser elemental: el Artículo 3º de la Constitución mexicana obliga a que el criterio que oriente a la educación, entre otras cosas, sea democrático, “considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”, además de que contribuya a la mejor convivencia humana, fortaleciendo “el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos”.

Es esa una intolerable omisión que pone en evidencia el olvido en que incurre quien la comete respecto del hecho de que los deberes básicos de la que, desde la antigüedad, se llama “virtud cívica”, son individuales y sociales al mismo tiempo, y no una cuestión de moral privada y al margen de la política.

El solo hecho de soslayar este aspecto, vital para la vida misma de nuestra “polis”, basta para identificar un vacío imperdonable en la perspectiva de los candidatos: sin esa virtud cívica –que sólo se adquiere y transmite por la educación y significa una motivación capaz de causar una acción pública eficaz y justa– ni se puede aspirar a gobernar, ni se puede soñar siquiera con un país mejor que el que tenemos.

Si eso no basta para llamar la atención de los participantes en la contienda electoral –y de todos– hacia el tema de la educación para fincar la convivencia equilibrada, justamente ordenada y pacífica que queremos, no existirá fuerza alguna que permita sacar al país del estado de cosas en que vive.
30 Abril 2017 04:00:00
Educación y campañas
En tres estados habrá este año elecciones de gobernador y otros órganos. Se han celebrado, a fin de confrontar la postura de cada candidato, algunos debates. En ellos, a pesar de incluirse en el temario las cuestiones educativas, poca o ninguna atención les ha merecido, como si el tema fuera deleznable o de poca importancia.

Los debates, como las campañas, se han desarrollado de manera que ya ni siquiera se valen del habitual cúmulo de clichés y promesas genéricas, para caracterizarse por haber hecho de la contienda electoral una palestra para denostar y descalificar a los adversarios, con o sin razón para ello.

En cambio, pareciera que más bien pretenden un cargo judicial o en el ministerio público, porque su más recurrente oferta es meter a la cárcel a alguien, en todo caso “a los corruptos”.

Como se ha vuelto habitual, cada vez menos contenido programático de fondo -si alguno- hay- y nada que permita atisbar siquiera algunas líneas de políticas públicas para acometer los muy variados y complejos problemas públicos que les tocará enfrentar a los vencedores.

No parece que sea mucho pedir que, cuando menos en aspectos que son torales para la vida pública se pronunciaran desde este momento los candidatos de manera más clara y propositiva, para poder evaluar sus previsiones y, así, informar bien la decisión del voto.

Mientras eso ocurre, las calles de nuestras ciudades siguen llenas de una violencia que desgarra a nuestras comunidades y denigra del todo el nivel de la vida en ellas. De libertades menguadas al máximo está hoy por hoy hecha nuestra realidad, y no es a tiros como habrá de resolverse el problema de fondo, sino poniendo remedio desde la raíz, como se ha insistido tanto ya en muchos frentes, incluida esta columna.

¿Puede acaso conseguirse ese propósito sin una educación que forme ciudadanos conscientes, libres y responsables, y no sólo robots aptos para integrarse al aparato productivo con “éxito”?

Nadie ha tocado el tema con la seriedad y profundidad que merece, a pesar de que las consecuencias de la falta de formación humanística -la cívica incluida- están dramáticamente presentes por todos lados.

Pasan por alto algo que debería ser elemental: el artículo 3º de la Constitución mexicana obliga a que el criterio que oriente a la educación, entre otras cosas, sea democrático, “considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”, además de que contribuya a la mejor convivencia humana, fortaleciendo “el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos”.

Es esa una intolerable omisión, que pone en evidencia el olvido en que incurre quien la comete respecto del hecho de que los deberes básicos de la que, desde la antigüedad, se llama “virtud cívica”, son individuales y sociales al mismo tiempo, y no una cuestión de moral privada y al margen de la política.

El sOlo hecho de soslayar este aspecto, vital para la vida misma de nuestra “polis”, basta para identificar un vacío imperdonable en la perspectiva de los candidatos: sin esa virtud cívica -que sólo se adquiere y transmite por la educación y significa una motivación capaz de causar una acción pública eficaz y justa- ni se puede aspirar a gobernar, ni se puede soñar siquiera con un país mejor que el
que tenemos.

Si eso no basta para llamar la atención de los participantes en la contienda electoral -y de todos- hacia el tema de la educación para fincar la convivencia equilibrada, justamente ordenada y pacífica que queremos, no existirá fuerza alguna que permita sacar al país del estado de cosas en que vive.
23 Abril 2017 04:06:00
Derechos humanos y responsabilidades públicas
Dos destacados aspectos, entre muchos más de su contenido, se han contemplado en las dos entregas anteriores respecto del informe rendido por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el periodo de 2016: el relativo a la precariedad en la protección de los derechos fundamentales en México –acompañada de la gran vulnerabilidad que enfrentan sus defensores– y la muy extendida simulación que, entre quienes detentan la autoridad, de cualquier rama, orden y nivel, impera.

Como en el caso de la CNDH, es común que las recomendaciones emitidas por los equivalentes órganos públicos de los estados de la República sean aceptadas, porque la implantación en la cultura popular de la conciencia de los derechos humanos –incipiente todavía, pero ya presente y con impulsos vigorosos– hace que cualquier negativa aparezca como una resistencia políticamente inadmisible y con muy negativas consecuencias en el camino hacia el poder y en el curso de su ejercicio.

A pesar de ello, pocas, muy pocas, se cumplen a cabalidad. En Coahuila, por ejemplo, una de cada cinco de ellas es satisfecha plenamente, mientras que el resto se cumple sólo parcialmente, se finge cumplir o de plano se pasa por alto sin rubor alguno de parte de aquellas autoridades a quienes fueron dirigidas. Suponen ellas que el hecho de que las recomendaciones no sean “vinculatorias” implica que no puede haber consecuencias negativas provenientes del incumplimiento. Están, a mi juicio, totalmente equivocados.

Aceptar una recomendación implica reconocer sus fundamentos y motivaciones, y en ello está comprendido el hecho de que se ha cometido una violación, en primer lugar, a la ley suprema, pero también comúnmente a otros ordenamientos administrativos, civiles y penales, de lo que derivarían diversas responsabilidades en esas materias, que pueden incluso coincidir como consecuencia del mismo acto.

El Título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se llama “De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado”; contiene una serie de supuestos que, de suceder, darían lugar a sanciones que pueden llegar a la destitución y aun a la reparación patrimonial.

De la propia Constitución y de los tratados que forman parte del bloque de “ley suprema” mexicana se desprenden disposiciones que tipifican conductas violatorias de los derechos humanos como delito, cual es el caso de la discriminación, de la tortura, la desaparición forzada y otras igualmente graves.

¿Acaso el reconocimiento de haber efectuado esas conductas no es razón suficiente para dar lugar a las sanciones que prevé la ley? Ciertamente, la recomendación por sí misma no es obligatoria –aunque creo que así debiera considerarse a pesar de no ser coercible– la aceptación de ella, con todas las consecuencias que de hecho y por derecho, vincula sin duda a quien, al hacerlo, reconoce la violación constitucional implicada. Por lo tanto, la fuente de obligatoriedad es tal reconocimiento y no la aceptación misma, razón por la cual se actualiza la hipótesis normativa respecto de la que están previstas las consecuencias jurídicas, incluidas las sanciones, que correspondan.

Es claro que una previsión legislativa que así lo contemplara probablemente produciría un mayor porcentaje de rechazos, pero no hay que olvidar que estos deberán estar debidamente fundados y motivados, so pena de tener que responder, en caso contrario, ante el respectivo órgano legislativo, según se trate de la autoridad federal o estatal.

En todo caso, además, parece preferible enfrentar sin disimulos una realidad de ficciones con una actitud que la combata para desterrarla, a mantener una que la propicie, con todo el efecto de corrosión que conlleva.

Con recomendación o sin ella, quien viole la ley es responsable de hacerlo, y si se trata de violaciones tan graves como son las que atentan contra los derechos y libertades fundamentales, timbre supremo de legitimidad de cualquier poder, la responsabilidad es de la mayor magnitud y la reacción debe ser concomitante.
22 Abril 2017 04:00:00
Derechos humanos y responsabilidades públicas
Dos destacados aspectos, entre muchos más de su contenido, se han contemplado en las dos entregas anteriores respecto del informe rendido por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el periodo de 2016: El relativo a la precariedad en la protección de los derechos fundamentales en México -acompañada de la gran vulnerabilidad que enfrentan sus defensores- y la muy extendida simulación que entre quienes detentan la autoridad, de cualquier rama, orden y nivel, impera.

Como en el caso de la CNDH, es común que las recomendaciones emitidas por los equivalentes órganos públicos de los estados de la república sean aceptadas, porque la implantación en la cultura popular de la conciencia de los derechos humanos -incipiente todavía, pero ya presente y con impulsos vigorosos- hace que cualquier negativa aparezca como una resistencia políticamente inadmisible y con muy negativas consecuencias en el camino hacia el poder y en el curso de su ejercicio.

A pesar de ello, pocas, muy pocas, se cumplen a cabalidad. En Coahuila, por ejemplo, una de cada cinco de ellas es satisfecha plenamente, mientras que el resto se cumple solo parcialmente, se finge cumplir o de plano se pasa por alto sin rubor alguno de parte de aquellas autoridades a quienes fueron dirigidas. Suponen ellas que el hecho de que las recomendaciones no sean “vinculatorias” implica que no puede haber consecuencias negativas provenientes del incumplimiento. Están, a mi juicio, equivocados.

Aceptar una recomendación implica reconocer sus fundamentos y motivaciones, y en ello está comprendido el hecho de que se ha cometido una violación, en primer lugar, a la ley suprema, pero también comúnmente a otros ordenamientos administrativos, civiles y penales, de lo que derivarían diversas responsabilidades en esas materias, que pueden incluso coincidir como consecuencia del mismo acto.

El Título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se llama “De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado”; contiene una serie de supuestos que, de suceder, darían lugar a sanciones que pueden llegar a la destitución y aún a la reparación patrimonial.

De la propia constitución y de los tratados que forman parte del bloque de “ley suprema” mexicana, se desprenden disposiciones que tipifican conductas violatorias de los derechos humanos como delito, cual es el caso de la discriminación, de la tortura, la desaparición forzada y otras igualmente graves.

¿Acaso el reconocimiento de haber efectuado esas conductas no es razón suficiente para dar lugar a las sanciones que prevé la ley? Ciertamente, la recomendación por sí misma no es obligatoria -aunque creo que así debiera considerarse a pesar de no ser coercible- la aceptación de ella, con todas las consecuencias que de hecho y por derecho, vincula sin duda a quien, al hacerlo, reconoce la violación constitucional implicada. Por lo tanto, la fuente de obligatoriedad es tal reconocimiento y no la aceptación misma, razón por la cual se actualiza la hipótesis normativa respecto de la que están previstas las consecuencias jurídicas, incluidas las sanciones, que correspondan.

Es claro que una previsión legislativa que así lo contemplara probablemente produciría un mayor porcentaje de rechazos, pero no hay que olvidar que estos deberán estar debidamente fundados y motivados, so pena de tener que responder, en caso contrario, ante el respectivo órgano legislativo, según se trate de la autoridad federal o estatal.

En todo caso, además parece preferible enfrentar sin disimulos una realidad de ficciones con una actitud que la combata para desterrarla, a mantener una que la propicie, con todo el efecto de corrosión que conlleva.

Con recomendación o sin ella, quien viole la ley es responsable de hacerlo, y si se trata de violaciones tan graves como son las que atentan contra los derechos y libertades fundamentales, timbre supremo de legitimidad de cualquier poder, la responsabilidad es de la mayor magnitud y la reacción debe ser concomitante.
16 Abril 2017 04:05:00
Una grave simulación generalizada
Sigo el análisis, iniciado en la entrega anterior, del informe rendido por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su correspondencia con las condiciones de esa misión compartidas por los organismos públicos del país dedicados a ella.

En algún momento de su exposición, Luis Raúl González Pérez expresó lo siguiente: “Por regla general todas las Recomendaciones que emite este organismo nacional son aceptadas, sin embargo, las acciones y medidas reales de cumplimiento no se materializan o tardan mucho en concretarse. El que se acepten formalmente las determinaciones de la CNDH no siempre tiene una incidencia real en que los hechos violatorios a derechos humanos se sancionen y prevengan, ni en que las víctimas accedan a la verdad, justicia y reparación a la que tienen derecho”.

Esa es una característica que, por regla general, se sigue en prácticamente todo el país, puesto que a ojos de la opinión pública –sobre todo la internacional– resulta “políticamente incorrecto” no aceptarlas, pero como “el prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila”, también son comunes la simulación y el incumplimiento de las recomendaciones aceptadas.

En el ámbito nacional, el ombudsman urgió al cumplimiento de ellas, “para lo cual es necesario distinguir entre el pretendido cumplimiento que se da a las Recomendaciones (sic) mediante informes burocráticos que, por su extensión o complejidad, dilatan y distraen la actuación de los organismos de protección de los derechos humanos proporcionando información incompleta, parcial y no relevante respecto del contenido sustantivo de las Recomendaciones y las acciones pertinentes y medidas efectivas referidas a su cumplimiento real”.

Tiene además razón González Pérez cuando señala que, en algunos casos especialmente graves –como son los de desaparición forzada, tortura o ejecuciones arbitrarias– que subsistan y se repitan tales conductas, como desgraciadamente ocurre en todo el país, pone en severo entredicho el compromiso de las autoridades “con el reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales”, para poner, acto seguido, el dedo en una punzante llaga: “Su silencio e indiferencia demostrarían una falta de interés en la atención de estas problemáticas, lo cual pondría en duda la voluntad real de que estas prácticas se erradiquen en definitiva de nuestra vida institucional y social. Los años transcurren y los avances efectivos y concretos que nuestro país presenta en la atención de estos temas son menores”.

Por eso, añadió, en los casos vinculados con estas conductas “no puede haber olvido ni permitirse el silencio. La falta de acción de las autoridades contribuye a preservar estas prácticas, fortalece la impunidad, aumenta el desamparo y sufrimiento de las víctimas y de sus familiares ante la injusticia, el atropello y el abuso del poder. Los llamados de la CNDH con frecuencia no se atienden efectivamente, siendo contraproducente que se espere hasta que alguna instancia internacional reitere lo que ya se había señalado, para que se empiece a actuar o se exprese interés en algún tema…”

En efecto, es frecuente la referencia a supuestos “estándares internacionales” para justificar medidas y supuestas políticas públicas en cuestiones aparentemente propicias a la protección de los derechos humanos, cuando lo natural debiera ser atender las alertas que, sin ir muy lejos por ellas, se generan en nuestras propias latitudes.

Concuerdo con lo expresado por Luis Raúl González Pérez en el párrafo que a continuación transcribo, con el cual concluyo este artículo, a reserva de señalar en la siguiente semana algunas reflexiones para enmendar tan lamentable y generalizado desinterés de la autoridad por cumplir con el deber de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos: “El costo para el Estado, de no atender oportunamente los llamados de los organismos de derechos humanos, es muy alto, pues su prestigio y compromiso a nivel internacional con la causa de la dignidad humana queda en entredicho. El silencio, la inacción y la indiferencia propician la impunidad de aquellos que violentaron de manera directa los derechos de las personas”.
16 Abril 2017 04:00:00
Una grave simulación generalizada
Sigo el análisis, iniciado en la entrega anterior, del informe rendido por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su correspondencia con las condiciones de esa misión compartidas por los orgasmos públicos del país dedicados a ella.

En algún momento de su exposición, Luis Raúl González Pérez expresó lo siguiente: “Por regla general todas las Recomendaciones que emite este Organismo Nacional son aceptadas, sin embargo, las acciones y medidas reales de cumplimiento no se materializan o tardan mucho en concretarse. El que se acepten formalmente las determinaciones de la CNDH no siempre tiene una incidencia real en que los hechos violatorios a derechos humanos se sancionen y prevengan, ni en que las víctimas accedan a la verdad, justicia y reparación a la que tienen
derecho”.

Esa es una característica que, por regla general, se sigue en prácticamente todo el país, puesto que a ojos de la opinión pública -sobre todo la internacional- resulta “políticamente incorrecto” no aceptarlas, pero como “el prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila”, también son comunes la simulación y el incumplimiento de las recomendaciones aceptadas.

En el ámbito nacional, el ombudsman urgió al cumplimiento de ellas, “para lo cual es necesario distinguir entre el pretendido cumplimiento que se da a las Recomendaciones (sic) mediante informes burocráticos que, por su extensión o complejidad, dilatan y distraen la actuación de los organismos de protección de los derechos humanos proporcionando información incompleta, parcial y no relevante respecto del contenido sustantivo de las Recomendaciones y las acciones pertinentes y medidas efectivas referidas a su cumplimiento real”.

Tiene además razón González Pérez cuando señala que, en algunos casos especialmente graves -como son los de desaparición forzada, tortura o ejecuciones arbitrarias- que subsistan y se repitan tales conductas, como desgraciadamente ocurre en todo e país, pone en severo entredicho el compromiso de las autoridades “con el reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales”, para poner, acto seguido, el dedo en una punzante llaga: “Su silencio e indiferencia demostrarían una falta de interés en la atención de estas problemáticas, lo cual pondría en duda la voluntad real de que estas prácticas se erradiquen en definitiva de nuestra vida institucional y social. Los años transcurren y los avances efectivos y concretos que nuestro país presenta en la atención de estos temas son menores”.

Por eso, añadió, en los casos vinculados a estas conductas “no puede haber olvido ni permitirse el silencio. La falta de acción de las autoridades contribuye a preservar estas prácticas, fortalece la impunidad, aumenta el desamparo y sufrimiento de las víctimas y de sus familiares ante la injusticia, el atropello y el abuso del poder. Los llamados de la CNDH con frecuencia no se atienden efectivamente, siendo contraproducente que se espere hasta que alguna instancia internacional reitere lo que ya se había señalado, para que se empiece a actuar o se exprese interés en algún tema…”

En efecto, es frecuente la referencia a supuestos “estándares internacionales” para justificar medidas y supuestas políticas públicas en cuestiones aparentemente propicias a la protección de los derechos humanos, cuando lo natural debiera ser atender las alertas que, sin ir muy lejos por ellas, se generan en nuestras propias latitudes.

Concuerdo con lo expresado por Luis Raúl González Pérez en el párrafo que a continuación transcribo, con el cual concluyo este artículo, a reserva de señalar en la siguiente semana algunas reflexiones para enmendar tan lamentable y generalizado desinterés de la autoridad por cumplir con el deber de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos: “El costo para el Estado de no atender oportunamente los llamados de los organismos de derechos humanos es muy alto, pues su prestigio y compromiso a nivel internacional con la causa de la dignidad humana queda en entredicho. El silencio, la inacción y la indiferencia propician la impunidad de aquellos que violentaron de manera directa los derechos de las personas”.
09 Abril 2017 04:00:00
Derechos humanos: asedios e insuficiencias
“Dos mil dieciséis no fue un buen año para los derechos humanos en México. La corrupción, la impunidad, y la falta de una efectiva rendición de cuentas hizo patente la falta de ética y valores en diversas autoridades e instituciones. Se evidenciaron varios casos de servidores públicos que, aprovechando el cargo que desempeñaban, cometieron delitos y abusos, los cuales, en su gran mayoría permanecen impunes, generando un entorno donde la simulación, la indiferencia y el encubrimiento parecerían ser la constante”.

Con ese tajante, inequívoco, párrafo inició su informe anual Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México.

Lo hizo en la residencia oficial de Los Pinos, en presencia del Presidente de la República y sus secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores y Educación, así como el procurador general de la República y la representación de las dos cámaras del Congreso de la Unión, acompañado del Consejo Consultivo de la Comisión en pleno y ante un copioso número de representantes de la sociedad civil y los defensores públicos de los derechos humanos de todo el país.

Por si no bastara para alertar a los oyentes esa llamada de atención, González Pérez desarrolló su inicial idea diciendo que, independientemente de que ello se debiera a ineficiencias burocráticas o a la “insolvencia ética” de los servidores públicos, la consecuencia es el desencanto social acerca de la aptitud de las autoridades para respetar y aplicar la ley, que no es, ni puede ser, algo discrecional, sujeto a negociación para favorecer intereses particulares.

Aquí mismo se ha insistido en la necesidad de que la actuación institucional debe orientarse por la virtud cívica, el deber y la responsabilidad de la función, lo que es absolutamente incompatible con los intereses particulares de quienes detentan el poder público.

Por eso, no podría estar más de acuerdo con el postulado del ombudsman nacional cuando dice que: “Sin una cultura ética que permeé en las instituciones, que haga evidente el compromiso de las autoridades con la legalidad y el respeto a los derechos humanos, difícilmente podremos fortalecer nuestro estado de derecho y se seguirán preservando la corrupción y la impunidad dentro de nuestra realidad nacional”.

Palabras duras las anteriores, que sin embargo palidecen cuando, rotundo, afirma: “Un año en el cual la impunidad, la falta de capacitación, así como la desidia por parte de las instancias competentes, permitió que subsistieran prácticas tan graves como la tortura, las desapariciones forzadas o las ejecuciones arbitrarias, lo cual trajo como consecuencia que el acceso a la verdad y a la justicia sigan siendo una mera aspiración para muchas personas”.

La crudeza del texto transcrito, infortunadamente, no va a la zaga de las circunstancias, y por eso tampoco parece excesivo el exhorto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirige a todo sector de autoridad, de gobierno y de gestión pública en el país: que “se escuchen y atiendan con sensibilidad, compromiso, y de manera integral las denuncias de los familiares de desaparecidos sobre posibles hallazgos futuros”, tanto como que los trabajos que deriven de ese objetivo sean efectuados con conocimientos técnicos y científicos especializados.

Urgente llamado es ese que, de no ser puntual y diligentemente atendido, ahondará el descrédito que tanto pesa ya sobre nuestras asediadas instituciones y tanto ha minado la confianza en ellas.

Lo que hasta aquí se ha reseñado fue sólo el introito de una reflexiva, valiente y enérgica exposición sobre el estado que guardan la protección y garantía de los derechos humanos en México, a juicio de quien informaba, sí, pero haciéndose eco de las realidades reflejadas también por los organismos públicos defensores de los derechos humanos en cada entidad del país.

Mucho más fondo tiene el informe y mérito de sobra para ser comentado de modo más extenso y con mayor hondura, pero el espacio lo hace por ahora imposible. Ha de ser continuada esa tarea, por lo tanto, en la próxima entrega.
09 Abril 2017 04:00:00
Derechos humanos: Asedios e insuficiencias
“Dos mil dieciséis no fue un buen año para los derechos humanos en México. La corrupción, la impunidad y la falta de una efectiva rendición de cuentas, hizo patente la falta de ética y valores en diversas autoridades e instituciones. Se evidenciaron varios casos de servidores públicos que, aprovechando el cargo que desempeñaban, cometieron delitos y abusos, los cuales, en su gran mayoría permanecen impunes, generando un entorno donde la simulación, la indiferencia y el encubrimiento parecerían ser la constante”.

Con ese tajante, inequívoco, párrafo inició su informe anual Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México.

Lo hizo en la residencia oficial de Los Pinos, en presencia del presidente de la República y sus secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores y Educación, así como el procurador general de la República y la representación de las dos cámaras del Congreso de la Unión, acompañado del Consejo Consultivo de la Comisión en pleno y ante un copioso número de representantes de la sociedad civil y los defensores públicos de los derechos humanos de todo el país.

Por si no bastara para alertar a los oyentes esa llamada de atención, González Pérez desarrolló su inicial idea diciendo que, independientemente de que ello se debiera a ineficiencias burocráticas o a la “insolvencia ética” de los servidores públicos, la consecuencia es el desencanto social acerca de la aptitud de las autoridades para respetar y aplicar la ley, que no es, ni puede ser, algo discrecional, sujeto a negociación para favorecer intereses particulares.

Aquí mismo se ha insistido en la necesidad de que la actuación institucional debe orientarse por la virtud cívica, el deber y la responsabilidad de la función, lo que es absolutamente incompatible con los intereses particulares de quienes detentan el poder público.

Por eso, no podría estar más de acuerdo con el postulado del ombudsman nacional cuando dice que: “Sin una cultura ética que permee en las instituciones, que haga evidente el compromiso de las autoridades con la legalidad y el respeto a los derechos humanos, difícilmente podremos fortalecer nuestro Estado de Derecho y se seguirán preservando la corrupción y la impunidad dentro de nuestra realidad nacional”.

Palabras duras las anteriores, que sin embargo palidecen cuando, rotundo, afirma: “Un año en el cual la impunidad, la falta de capacitación, así como la desidia por parte de las instancias competentes, permitió que subsistieran prácticas tan graves como la tortura, las desapariciones forzadas o las ejecuciones arbitrarias, lo cual trajo como consecuencia que el acceso a la verdad y a la justicia sigan siendo una mera aspiración para muchas personas”.

La crudeza del texto transcrito, infortunadamente, no va a la zaga de las circunstancias, y por eso tampoco parece excesivo el exhorto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirige a todo sector de autoridad, de gobierno y de gestión pública en el país: Que “se escuchen y atiendan con sensibilidad, compromiso, y de manera integral las denuncias de los familiares de desaparecidos sobre posibles hallazgos futuros”, tanto como que los trabajos que deriven de ese objetivo sean efectuados con conocimientos técnicos y científicos especializados.

Urgente llamado es ese que, de no ser puntual y diligentemente atendido, ahondará el descrédito que tanto pesa ya sobre nuestras asediadas instituciones y tanto ha minado la confianza en ellas.

Lo que hasta aquí se ha reseñado fue sólo el introito de una reflexiva, valiente y enérgica exposición sobre el estado que guardan la protección y garantía de los derechos humanos en México, a juicio de quien informaba, sí, pero haciéndose eco de las realidades reflejadas también por los organismos públicos defensores de los derechos humanos en cada entidad del país.

Mucho más fondo tiene el informe y mérito de sobra para ser comentado de modo más extenso y con mayor hondura, pero el espacio lo hace por ahora imposible. Ha de ser continuada esa tarea, por lo tanto, en la próxima entrega.
02 Abril 2017 04:02:00
Refugiados y migrantes
El tramo es largo y los riesgos, siempre, son muchos y muy serios.

La gente que deja sus casas para buscarse la vida raramente lo hace por gusto. Son el hambre y el afán legítimo, natural además, se diría, de procurar mejorar las condiciones materiales de vida para sí y la familia, lo que mueve a los seres humanos a desplazarse lejos del hogar original.

El fenómeno, tan descarnadamente sentido por nosotros, es sin embargo universal, siempre dramático e invariablemente devastador.

Hay sitios donde, inclusive, la cara de la injusticia es extrema, como ocurre en el África.

Hace unos días se celebró en Barcelona un ciclo de conferencias organizado por la Facultad de Turismo y Dirección Hotelera Sant Ignasi (HTSI), de la Universidad Ramón Llull, bajo el nombre, como cada año, de Semana Ignaciana, dedicado esta vez al tema El Derecho por la Paz y la No Violencia.

En ella, el profesor del HTSI compartió sus experiencias en un campo de refugiados de Sudán del Sur, que vive una de las crisis alimentarias más graves del mundo de todos los tiempos.

Ahí, millones de personas han abandonado sus hogares a causa de la violencia. Y, según explicó el profesor Palazzi, los campos de refugiados se ubican “en medio de la nada” y en ellos conviven alrededor de 140 mil personas, de las cuales nada menos que 55 mil son niños y 60 mil mujeres, porque la mayoría de los varones habían fallecido o estaban peleando en la guerra.

En esos campos, abunda Palazzi, los niños “mostraban la misma alegría que nosotros, pero ser niño en un país de guerra no es sólo ser un niño, es estar expuesto a convertirte en niño soldado y ser reclutado a la fuerza”.

Antonio Soler, presidente de la Fundación por la Paz (FundiPau), en su turno insistió en que no sólo es necesario reivindicar el “derecho de acogida” y fomentar la solidaridad, sino que hay que ir más lejos, imprescindiblemente, para remover las causas de la migración expelida por la injusticia y la violencia.

La convocatoria, certera y adecuada a mi juicio, de Soler fue para meditar –y actuar– sobre la raíz de las crisis recurrentes en esta materia, alrededor del mundo, enfatizando, con razón, que el problema central radica en “la crueldad del sistema que lo ocasiona”.

Él mismo postuló que la que llamó “fábrica de refugiados” pasa por diferentes niveles.

Uno de ellos, que a mi juicio es el medular, consiste en que tenemos un “sistema económico depredador que nos da calidad de vida a la mitad de la población gracias a la explotación y la miseria de la otra mitad”.

Tiene razón, como la tiene cuando afirma que de la responsabilidad por esta situación pesa sobre todos, en mayor o menor medida –aunque yo subrayaría que más sobre el “todo” que formamos– y la solución nos atañe por tanto a todos, participando de una manera u otra.

Sugiere Soler que una buena medida es detectar quiénes son los principales “accionistas”, dijo, de la “sociedad anónima” que se beneficia de la situación, y denunciarlo, haciendo todo lo posible para limitar su capacidad de hacer el mal, sin menoscabo de hacer lo que esté en nuestras manos, por mínimo que sea, para aligerar el sufrimiento de los millones de gentes que se ven afectados por tan grave injusticia.

En nuestro caso quizás no sea la guerra –aunque muchos países la del sur y regiones del nuestro padezcan una violencia equiparable– pero sin duda es la injusticia social patente en nuestra composición socioeconómica que denota, cuando menos una doble moral insostenible, aunque se quiera revestir de defensa de las libertades y derechos que no pueden serlo si son excluyentes.

La doble moral es tan violenta como la guerra y todavía más perniciosa. Como hace muy poco oí de un sabio amigo aguascalentense, “quien tiene doble moral no tiene ninguna”.
02 Abril 2017 04:00:00
Refugiados y migrantes
El tramo es largo y los riesgos, siempre, son muchos y muy serios.

La gente que deja sus casas para buscarse la vida raramente lo hace por gusto. Son el hambre y el afán legítimo, natural además, se diría, de procurar mejorar las condiciones materiales de vida para sí y la familia, lo que mueve a los seres humanos a desplazarse lejos del hogar original.

El fenómeno, tan descarnadamente sentido por nosotros, es sin embargo universal, siempre dramático, invariablemente devastador.

Hay sitios donde, inclusive, la cara de la injusticia es extrema, como ocurre en el África.

Hace nos días se celebró en Barcelona un ciclo de conferencias organizado por la Facultad de Turismo y Dirección Hotelera Sant Ignasi (HTSI), de la Universidad Ramón Llull, bajo el nombre, como cada año, de “Semana Ignaciana”, dedicado esta vez al tema “El derecho por la Paz y la No Violencia”.

En ella, el profesor del HTSI compartió sus experiencias en un campo de refugiados de Sudán del Sur, que vive una de las crisis alimentarias más graves del mundo en todos los tiempos.

Ahí, millones de personas han abandonado sus hogares a causa de la violencia. Y, según explicó el profesor Palazzi, los campos de refugiados se ubican “en medio de la nada”, y en ellos conviven alrededor de ciento cuarenta mil personas, de las cuales nada menos que cincuenta y cinco mil son niños y sesenta mil mujeres, porque la mayoría de los varones habían fallecido o estaban peleando
en la guerra.

En esos campos, abunda Palazzi, los niños “mostraban la misma alegría que nosotros pero ser niño en un país de guerra no es solo ser un niño, es estar expuesto a convertirte en niño soldado y ser reclutado a la fuerza”.

Antonio Soler, presidente de la Fundación por la Paz (FundiPau), en su turno insistió en que no solo es necesario reivindicar el “derecho de acogida” y fomentar la solidaridad, sino que hay que ir más lejos, imprescindiblemente, para remover las causas de la migración expelida por la injusticia y la violencia.

La convocatoria, certera y adecuada a mi juicio, de Soler fue para meditar –y actuar- sobre la raíz de las crisis recurrentes en esta materia, alrededor del mundo, enfatizando, con razón, que el problema central radica en “la crueldad del sistema que lo ocasiona”.

Él mismo postuló que la que llamó “fábrica de refugiados” pasa por diferentes niveles.

Uno de ellos, que a mi juicio es el medular, consiste en que tenemos un “sistema económico depredador que nos da calidad de vida a la mitad de la población gracias a la explotación y la miseria de la otra mitad”.

Tiene razón, como la tiene cuando afirma que de la responsabilidad por esta situación pesa sobre todos, en mayor o menor medida –aunque yo subrayaría que más sobre el “todo” que formamos- y la solución nos atañe por tanto a todos, participando de una manera u otra.

Sugiere soler que una buena medida es detectar quiénes son los principales “accionistas”, dijo, de la “sociedad anónima” que se beneficia de la situación, y denunciarlo, haciendo todo lo posible para limitar su capacidad de hacer el mal, sin menoscabo de hacer lo que esté en nuestras manos, por mínimo que sea, para aligerar el sufrimiento de los millones de gentes que se ven afectados por tan
grave injusticia.

En nuestro caso quizás no sea la guerra –aunque muchos países la del sur y regiones del nuestro padezcan una violencia equiparable- pero sin duda es la injusticia social patente en nuestra composición socioeconómica, que denota, cuando menos una doble moral insostenible, aunque se quiera revestir de defensa de las libertades y derechos que no pueden serlo si son excluyentes.

La doble moral es tan violenta como la guerra y todavía más perniciosa. Como hace muy poco oí de un sabio amigo aguascalentense, “quien tiene doble moral no tiene ninguna”.
26 Marzo 2017 04:06:00
Intereses creados
Existe una fuerte tendencia a decir que el principal problema de México es la corrupción, pero no he encontrado todavía un concepto de ella que sea satisfactorio a cabalidad; tampoco una referencia concreta a sus causas.

En cambio, lo común es que se le ubique en el ámbito de las transacciones económicas ilegales entre particulares y agentes del Gobierno y que se señale como su origen principal la impunidad. No suelen considerarse en esta categoría las prácticas indebidas que tienen lugar entre particulares exclusivamente.

En mi opinión, tal imprecisión y parcialidad se deben a que se pierde de vista que la corrupción es no otra cosa que el síndrome que acumula los síntomas patológicos propios de un mal que encuentra su causa en una serie compleja de vicios y deficiencias cuya raíz es socialmente profunda y muy intrincada.

Esa condición no es privativa de la economía, como tampoco es en ella que tiene lugar su origen. La fuente de todos los males está en un egoísmo exacerbado que sólo aparenta atenuarse en presencia de amenazas comunes a los intereses que se comparten con otros, entre ellos los económicos, que pueden ser los más aparentes, pero no los únicos.

No se trata nada más de una carencia de valores, como usualmente se afirma, sino de una distorsión grave de los existentes.

La solución no está en promulgar más leyes y generar nueva burocracia, sino en la depuración de los paradigmas corrompidos por la búsqueda de protección a los intereses ajenos al deber ético de propender, en conjunto, al desarrollo integral y pleno de lo que cada uno y el todo pueden llegar a ser.

Los “intereses creados” en disonancia con el general son un ejemplo típico y denotan vínculos que pueden ser fuertes o débiles, efímeros o duraderos, pero siempre basados en coincidencias particulares.

Entre ellos, uno de los entramados más fuertes es el que se da desde la vinculación familiar y se agrega en el vecindario, la escuela y los lazos de vida más íntimos de lo que podría bien llamarse “clase social”, especialmente entre quienes integran los círculos concéntricos de la llamada “pequeña burguesía” –aunque también en otros segmentos socioeconómicos tenga lugar– que han generado redes de complicidad muy productivas, revestidas de aparentes virtudes basadas en falsas constelaciones simbólicas que comúnmente blanden como pretexto para inconfesables –e inadmisibles– tráficos de influencias.

Esos intereses refuerzan el agrupamiento entre sus miembros y se vinculan, incluso en contra de las instituciones, cuando alguno de ellos ve amenazados sus privilegios ilegítimos, aunque sentidos como merecidos, así sea que el riesgo provenga de la aplicación justa de la ley, general por definición, y siempre agrupándose contra quienes ellos mismos consideran ajenos al grupo.

Se rigen los miembros de esos sectores de la comunidad por una doble moral, que se refleja indefectiblemente en sus intentos de justificación de conductas irresponsables, pretendiendo eludir las consecuencias de sus acciones esgrimiendo argumentos falaces, basados frecuentemente en falsas premisas basadas, por ejemplo, en cuestiones tales como una supuesta “dignidad”, al final denigrada por los actores mismos.

Eso es corrupción. Cuando se pierde el sentido del deber y no se siente la responsabilidad sobre los propios actos, se actúa gravemente contra la civilidad virtuosa y la cohesión se pierde, como se pierde la consistencia de los tejidos orgánicos en presencia de la gangrena.

Para combatirla se requieren, es cierto, medidas urgentes que la detengan, pero erradicarla demanda una redefinición de los referentes sociales de las conductas humanas, de tal manera que la cohesión sea un resultado “natural” y virtuoso en la vida comunitaria, y no una férula inútil si no es para sólo soportar un cuerpo carcomido por la putrefacción.

La sociedad demanda solidaridad perenne, no sólo cuando se enfrentan catástrofes generalizadas, y ello requiere de libertades ejercidas con responsabilidad y la erradicación de la impunidad para con quienes no la merezcan. Sólo así podrá alcanzarse una solución duradera.

¿Una entelequia? Quizás, pero más vale buscarla ya.
26 Marzo 2017 04:00:00
Intereses creados
Existe una fuerte tendencia a decir que el principal problema de México es la corrupción, pero no he todavía encontrado un concepto de ella que sea satisfactorio a cabalidad; tampoco una referencia concreta a sus causas.

En cambio, lo común es que se le ubique en el ámbito de las transacciones económicas ilegales entre particulares y agentes del gobierno y que se señale como su origen principal la impunidad. No suelen considerarse en esta categoría las prácticas indebidas que tienen lugar entre particulares exclusivamente.

En mi opinión, tal imprecisión y parcialidad se deben a que se pierde de vista que la corrupción es no otra cosa que el síndrome que acumula los síntomas patológicos propios de un mal que encuentra su causa en una serie compleja de vicios y deficiencias cuya raíz es socialmente profunda y muy intrincada.

Esa condición no es privativa de la economía, como tampoco es en ella que tiene lugar su origen. La fuente de todos los males está en un egoísmo exacerbado que solo aparenta atenuarse en presencia de amenazas comunes a los intereses que se comparten con otros, entre ellos los económicos, que pueden ser los más aparentes, pero no los únicos.

No se trata nada más de una carencia de valores, como usualmente se afirma, sino de una distorsión grave de los existentes.

La solución no está en promulgar más leyes y generar nueva burocracia, sino en la depuración de los paradigmas corrompidos por la búsqueda de protección a los intereses ajenos al deber ético de propender, en conjunto, al desarrollo integral y pleno de lo que cada uno y el todo pueden llegar a ser.

Los “intereses creados” en disonancia con el general son un ejemplo típico y denotan vínculos que pueden ser fuertes o débiles, efímeros o duraderos, pero siempre basados en coincidencias particulares.

Entre ellos, uno de los entramados más fuertes es el que se da desde la vinculación familiar y se agrega en el vecindario, la escuela y los lazos de vida más íntimos de lo que podría bien llamarse “clase social”, especialmente entre quienes integran los círculos concéntricos de la llamada “pequeña burguesía” –aunque también en otros segmentos socioeconómicos tenga lugar– que han generado redes de complicidad muy productivas, revestidas de aparentes virtudes basadas en falsas constelaciones simbólicas que comúnmente blanden como pretexto para inconfesables –e inadmisibles– tráficos de influencias.

Esos intereses refuerzan el agrupamiento entre sus miembros y se vinculan, incluso en contra de las instituciones, cuando alguno de ellos ve amenazados sus privilegios ilegítimos, aunque sentidos como merecidos, así sea que el riesgo provenga de la aplicación justa de la ley, general por definición, y siempre agrupándose contra quienes ellos mismos consideran ajenos al grupo.

Se rigen los miembros de esos sectores de la comunidad por una doble moral, que se refleja indefectiblemente en sus intentos de justificación de conductas irresponsables, pretendiendo eludir las consecuencias de sus acciones esgrimiendo argumentos falaces, basados frecuentemente en falsas premisas basadas, por ejemplo, en cuestiones tales como una supuesta “dignidad”, al final denigrada por los actores mismos.

Eso es corrupción. Cuando se pierde el sentido del deber y no se siente la responsabilidad sobre los propios actos, se actúa gravemente contra la civilidad virtuosa y la cohesión se pierde, como se pierde la consistencia de los tejidos orgánicos en presencia de la gangrena.

Para combatirla se requieren, es cierto, medidas urgentes que la detengan, pero erradicarla demanda una redefinición de los referentes sociales de las conductas humanas, de tal manera que la cohesión sea un resultado “natural” y virtuoso en la vida comunitaria, y no una férula inútil si no es para sólo soportar un cuerpo carcomido por la putrefacción.

La sociedad demanda solidaridad perenne, no sólo cuando se enfrentan catástrofes generalizadas, y ello requiere de libertades ejercidas con responsabilidad y la erradicación de la impunidad para con quienes no la merezcan. Sólo así podrá alcanzarse una solución duradera.

¿Una entelequia? Quizás, pero más vale buscarla ya.
12 Marzo 2017 04:03:00
Llamadas a misa
Seguramente ha oído –o leído– la frase “como llamadas a misa”, en referencia a las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos. Es claro el significado: llaman las campanas a misa, pero sólo va quien quiere.

Así, dicen, sucede con las recomendaciones mencionadas, puesto que su carácter no vinculatorio –es decir, no obligatorio– provoca que, aun en el caso de ser aceptadas por la autoridad, su eficacia como medida garante de los derechos fundamentales es muy relativa, incluso –expresan los críticos y detractores– nula.

Aunque se trata de un lugar común, muy socorrido por cierto, creo que vale la pena reflexionar sobre el tópico.

En primer lugar hay que decir que, entre los católicos, se tiene por obligatorio acudir a misa los días “de precepto”. Por eso, las campanas tañen como aviso, sin perder de vista que el libre albedrío da margen para que cada quien decida sobre cumplir con esa obligación o no. Nadie los lleva de la oreja precisamente por eso.

En la laica comunidad más amplia de la “polis” cada ser humano integrante de ella tiene derechos que deben ser respetados –y no sólo eso, sino garantizados– por las autoridades. Cuando alguna de ellas incurre en falta frente a tal deber, también ha de ser responsable de las consecuencias. Para eso no debería hacer falta la coerción.

Si nos ubicamos en la vida cotidiana, pensemos que si fuera necesario impeler por la fuerza el cumplimiento de las obligaciones de cada quien, la vida en comunidad sería un caos y no habría poder capaz de ordenarlo.

Eso pasa con las recomendaciones, que suponen madurez cívica entre las autoridades y también entre los ciudadanos, que en un ámbito de respeto a la civilidad cumplen con sus deberes sin necesidad de ser forzados a ello.

¿Que las autoridades aceptan, pero no cumplen las recomendaciones o simulan hacerlo? Eso es cierto en un indeseablemente elevado porcentaje: una de cada cinco, según los datos ya informados, se cumple a cabalidad.

La solución no está en la sanción, sino en el sentido del deber que dicta el interés general, tan perdido de vista tan –y frecuentemente– por quienes más deberían tenerlo: las autoridades.

En el seno de toda comunidad cívica, esas “llamadas a misa” no son tales, son llamadas de atención a quienes pierden de vista que su función está orientada y se justifica solamente en orden de garantizar ese interés general –que suele llamarse, también, “bien común”– para que rectifiquen yerros en su actuación, tan graves como es la ruptura del orden que deben guardar, pensado, precisamente, para ordenar la vida comunitaria en vista del respeto a los derechos de cada quien, y la garantía de su libertad en el espacio personal.

La madurez de una comunidad depende de la de sus integrantes. Si para que cada quien haga lo que debe hacer se necesitara ser compelido por la fuerza, no habría civilización alguna en el mundo.

En la edad adulta no hace falta –no debería de hacer– que se fuerce a la gente para que haga lo que le toca hacer. Igualmente ocurre con las comunidades. Otra cosa sería signo de inmadurez e incluso, en el extremo, de “estado fallido”.

¿Llamadas a misa? No, avisos de que se ha quebrantado la base fundamental de la convivencia civilizada, y exhortos a la responsabilidad de quien ocupa funciones de autoridad para que enderece el rumbo.

Si para cumplir con nuestras obligaciones se necesitara el tolete, pobre porvenir enfrentaría nuestra comunidad.

A pesar de ello, para mejor “motivar” a las autoridades –en beneficio de los ciudadanos– está en el Congreso del Estado, desde noviembre anterior, una iniciativa de ley que, entre otras cosas, propende a que, cuando menos las recomendaciones aceptadas sean obligatorias e impliquen responsabilidad por su incumplimiento.

¿Por qué no ha prosperado? Son tiempos electorales. Habrá que preguntarle a quien debe tener la respuesta.
12 Marzo 2017 04:00:00
La política y el voto
Se aproxima ya el inicio formal de las campañas para la renovación de los poderes ejecutivo y legislativo del estado, aunque lo cierto es que la promoción y organización de los cuadros para ese fin han empezado ya y se desarrollan muy intensamente.

De suyo, desde el mes de diciembre anterior podía ya oírse la opinión de que habría que atender, por ejemplo, los trabajos legislativos antes del primero de diciembre, porque a partir de esa fecha “todo va a ser político”.

Dos reflexiones sugiere una posición tal, que son sin duda tan relevantes como trascendentes: Una, aquella que se refiere a la naturaleza de lo político; la otra, la necesidad de que el ejercicio ciudadano de acudir a las urnas se base en la reflexión razonada sobre lo que conviene a la comunidad y no movido por el impacto mercadotécnico o por expectativas irrealizables.

Respecto del primer punto, habrá que decir que no solo los procesos electorales son “política”, sino solo una faceta de un comportamiento que tiende a mover voluntades hacia proyectos relevantes para la comunidad, apetecibles por ser valiosos generalizadamente. Se trata, en suma, de transferir valores.

Eso es la política y por eso es que política por excelencia es la actividad legislativa, que al expedir las normas estructura, con carácter obligatorio, el sentido de la actividad gubernamental, sus límites y los límites a las libertades privadas que sean imprescindibles para asegurar una convivencia pacífica, respetuosa, equitativa y, en una palabra, ordenada.

Política es toda la actividad que los parlamentarios realizan al ser la voz de la gente en el análisis y discusión de los problemas sociales que afectan a la comunidad y deciden, cuando sea necesario, orientar las medidas de solución que a su juicio se requieran por la vía legislativa.

Es por eso que resulta tan importante la selección de aquellos y aquellas que, en conjunto, tendrán a su cargo la importantísima función de ser portadores de las aspiraciones, anhelos y voces de quienes, en un conjunto social, componen las comunidades que en los congresos son representadas.

La jornada electoral de junio, ya muy cercana, requerirá entonces de los votantes una reflexión profunda y muy seria sobre el futuro compartido que quieren, hecha además con los pies en la tierra, para evitar que su decisión termine en una ilusión que, en lugar de ser positiva para la comunidad, se traduzca en el beneficio de unos cuantos que puedan adueñarse de la situación en favor propio.

Un buen elemento para medir la perspectiva que ofrecen los aspirantes a puestos de elección popular es su actitud pública frente a la libertad de cada quien, que debe ser garantizada tanto como su derecho a no ser perturbada -que es también deber de no perturbar- por los derechos ajenos.

Ese equilibrio es básico para la convivencia virtuosa, y solo podrá conseguirse cuando se busque garantizar el interés general, que por definición incluye todo interés sectorial legítimo que en el seno de aquel aliente.

Hay vicios, por infortunio, que desvirtúan esa finalidad, mismos que -¡por supuesto!- tienden a ser encubiertos por expresiones de apariencia democrática, pero en el fondo de natural demagógico, cuando se evita el aseguramiento del cumplimiento del deber contrario de impelerlo. Hay que evitarlos, y la mejor forma de hacerlo es, en principio, mediante un voto razonado, fundado en el análisis de la información ya copiosa al alcance de cualquiera, y aun en la sospechosa carencia de aquella que no lo esté.

Ese es el primer paso, pero hace falta además el seguimiento de la gestión de los electos y acudir a los medios, jurisdiccionales o no jurisdiccionales, que sean necesarios para asegurar que en su desempeño cumplan efectivamente con el deber de respetar las libertades y garantizar los derechos de la gente.

La expresión inicial de la democracia es el voto. De que sea razonado, y vigilado el desempeño de quienes resulten electos, dependerá la política definitoria del futuro deseado.
12 Marzo 2017 04:00:00
Llamadas a misa
Seguramente ha oído –o leído- la frase “como llamadas a misa”, en referencia a las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos. Es claro el significado: Llaman las campanas a misa, pero sólo va quien quiere.


Así, dicen, sucede con las recomendaciones mencionadas, puesto que su carácter no vinculatorio –es decir, no obligatorio- provoca que, aun en el caso de ser aceptadas por la autoridad, su eficacia como medida garante de los derechos fundamentales es muy relativa, incluso –expresan los críticos y detractores- nula.


Aunque se trata de un lugar común, muy socorrido por cierto, creo que vale la pena reflexionar sobre el tópico.


En primer lugar hay que decir que, entre los católicos, se tiene por obligatorio acudir a misa los días “de precepto”. Por eso, las campanas tañen como aviso, sin perder de vista que el libre albedrío da margen para que cada quien decida sobre cumplir con esa obligación o no. Nadie los lleva de la oreja precisamente por eso.


En la laica comunidad más amplia de la “polis” cada ser humano integrante de ella tiene derechos que deben ser respetados –y no sólo eso, sino garantizados- por las autoridades. Cuando alguna de ellas incurre en falta frente a tal deber, también ha de ser responsable de las consecuencias. Para eso no debería hacer falta la coerción.


Si nos ubicamos en la vida cotidiana, pensemos que si fuera necesario impeler por la fuerza el cumplimiento de las obligaciones de cada quien, la vida en comunidad será un caos y no habría poder capaz de ordenarlo.


Eso pasa con las recomendaciones, que suponen madurez cívica entre las autoridades, y también entre los ciudadanos, que en un ámbito de respeto a la civilidad cumplen con sus deberes sin necesidad de ser forzados a ello.


¿Qué las autoridades aceptan, pero no cumplen, las recomendaciones, o simulan hacerlo? Eso es cierto en un indeseablemente elevado porcentaje: una de cada cinco, según los datos ya informados, se cumple a cabalidad.


La solución no está en la sanción, sino en el sentido del deber que dicta el interés general, tan perdido de vista tan –y frecuentemente- por quienes más deberían tenerlo: las autoridades.


En el seno de toda comunidad cívica, esas “llamadas a misa” no son tales; son llamadas de atención a quienes pierden de vista que su función está orientada y se justifica solamente en orden de garantizar ese interés general –que suele llamarse, también, “bien común”- para que rectifiquen yerros en su actuación, tan graves como es la ruptura del orden que deben guardar, pensado, precisamente, para ordenar la vida comunitaria en vista del respeto a los derechos de cada quien, y la garantía de su libertad en el espacio personal.


La madurez de una comunidad depende de la de sus integrantes. Si para que cada quien haga lo que debe hacer se necesitara de ser compelido por la fuerza, no habría civilización alguna en el mundo.


En la edad adulta no hace falta –no debería de hacer- que se fuerce a la gente para que haga lo que le toca hacer. Igualmente ocurre con las comunidades. Otra cosa sería signo de inmadurez e incluso, en el extremo, de “estado fallido”.


¿Llamadas a misa? No, avisos de que se ha quebrantado la base fundamental de la convivencia civilizada, y exhortos a la responsabilidad de quien ocupa funciones de autoridad para que enderece el rumbo.


Si para cumplir con nuestras obligaciones se necesitara el tolete, pobre porvenir enfrentaría nuestra comunidad.


A pesar de ello, para mejor “motivar” a las autoridades -en beneficio de los ciudadanos- está en el Congreso del Estado, desde noviembre anterior, una iniciativa de ley que, entre otras cosas, propende a que, cuando menos las recomendaciones aceptadas, sean obligatorias e impliquen responsabilidad por su incumpliendo.


¿Por qué no ha prosperado? Son tiempos electorales. Habrá que preguntarle a quien debe tener la respuesta.
05 Marzo 2017 04:06:00
Un nuevo sentido empresarial
Ante la evidente crisis del capitalismo liberal, tanto como la debacle del comunismo marxista y los fallidos intentos de la “tercera vía” socialdemócrata, es necesario encontrar alternativas que abran opciones viables.

Un buen intento en ese sentido ofrece el profesor austriaco Christian Felber, quien ha sostenido que el sistema económico actual es perverso y beneficia comportamientos que no son éticos.

Entrevistado recientemente por Europa Press (
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-christian-felber-sistema-economico-actual-perverso-beneficia-comportamientos-no-eticos-20170227131435.html), Felber sostuvo que es necesario promover “un cambio radical en la lógica del sistema económico actual”, en el que “las empresas no funcionen como hasta ahora: compitiendo unas contra otras y buscando el máximo beneficio económico, pues esa lógica conlleva comportamientos contrarios al bien común”, porque, sostiene, los sistemas económicos no son neutrales, sino que suelen favorecer o impedir que salga lo mejor del ser humano.

Propone, para reencauzar la actividad económica, un camino “moderado”, que hace consistir en uno que se base en los mejores valores aptos para hacer florecer las relaciones entre los seres humanos: confianza, honestidad, responsabilidad, cooperación, compasión, democracia y generosidad, que según su propuesta pueden medirse mediante un sistema que él ha denominado “balance del bien común”.

El modelo de Felber se llama “economía del bien común”, y busca cambiar las reglas del juego basadas en el afán de lucro y la competencia por los mercados, por un modelo en el que priven la cooperación y la contribución en función de aquello que en la corriente escolástica del pensamiento ha dado en llamarse “bien común”.

Por la terminología que emplea y el sentido de sus enunciados, es fácil la identificación de esa propuesta con los postulados de la doctrina social cristiana y su visión basada en la función social de la propiedad privada, pero en modo alguno descalifica ese aspecto su valor sintético entre los extremos descarnados de las doctrinas enarboladas durante la guerra fría, que acreditaron su total fracaso en términos de humanismo, especialmente si se tiene en cuenta la visión innovadora que el autor de la idea ofrece cuando específica que su modelo no es hermético ni anquilosado, sino, por el contrario, abierto a la evolución y a la recepción de toda aquella modificación que, congruentemente con sus principios, propenda a los fines que su propuesta pretende alcanzar.

“La economía actual convierte los medios en fines. El dinero –el beneficio financiero y el PIB– es el fin, y entonces los valores que servimos son el egoísmo, el crecimiento ilimitado, el ir unos contra otros, la desigualdad ilimitada... Estos valores no están en ninguna Constitución, filosofía o religión del mundo y es un sistema de valores que la sociedad no quiere. Los valores fundamentales que la inmensa mayoría quiere para la economía son justicia, solidaridad, sostenibilidad y democracia”, dice, y tiene razón.

La dinámica actual puede –y debe revertirse– mediante una estrategia que involucre, colaborativamente, a todos los actores sociales y reoriente sus actividades hacia el bien común, para “generar una nueva dinámica: de la escasez a la satisfacción, de la competencia a la cooperación, del exceso al equilibrio”.

La propuesta no es nueva, vistas sus raíces escolásticas, pero en un momento en el que la globalidad ha roto toda barrera a la voracidad acumulativa de un capitalismo feroz, que además no enfrenta límite normativo alguno a su codicia implícita, es refrescante retomar, como alternativa posible, una opción humanística que realza la necesidad de recobrar una perspectiva existencial equitativa y virtuosa.

La opción no es panacea, pero tampoco es utópica, sino más bien, cuando se le observa con atención, enteléquica, porque más que irrealizable ilusión, es un redireccionamiento del potencial humano en el sentido correcto para andar hacia la conversión en acto el potencial de cada comunidad y de todas en el mundo, integradas en un solo sistema de gran complejidad.

Será difícil llegar a ese estado de cosas, pero hay que recordar que el que persevera alcanza y el que porfía mata venado.
05 Marzo 2017 04:00:00
Un nuevo sentido empresarial
Ante la evidente crisis del capitalismo liberal, tanto como la debacle del comunismo marxista y los fallidos intentos de la “tercera vía” socialdemócrata, es necesario encontrar alternativas que abran opciones viables.

Un buen intento en ese sentido ofrece el profesor austriaco Christian Felber, quien ha sostenido que el sistema económico actual es perverso y beneficia comportamientos que no son éticos.

Entrevistado recientemente por “Europa Press” (
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-christian-felber-sistema-economico-actual-perverso-beneficia-comportamientos-no-eticos-20170227131435.html), Ferber sostuvo que es necesario promover “un cambio radical en la lógica del sistema económico actual”, en el que “las empresas no funcionen como hasta ahora: competiendo unas contra otras y buscando el máximo beneficio económico, pues esa lógica conlleva comportamientos contrarios al bien común”, porque, sostiene, los sistemas económicos no son neutrales, sino que suelen favorecer o impedir que salga lo mejor del ser humano.

Propone, para reencauzar la actividad económica, un camino “moderado”, que hace consistir en uno que se base en los mejores valores aptos para hacer florecer las relaciones entre los seres humanos: Confianza, honestidad, responsabilidad, cooperación, compasión, cooperación, democracia y generosidad, que según su propuesta pueden medirse mediante un sistema que él ha denominado “Balance del Bien Común”.

El modelo de Felber se llama “Economía del Bien Común”, y busca cambiar las reglas del juego basadas en el afán de lucro y la competencia por los mercados, por un modelo en el que priven la cooperación y la contribución en función de aquello que en la corriente escolástica del pensamiento ha dado en llamarse “bien común”.

Por la terminología que emplea y el sentido de sus enunciados, es fácil la identificación de esa propuesta con los postulados de la doctrina social cristiana y su visión basada en la función social de la propiedad privada, pero en modo alguno descalifica ese aspecto su valor sintético entre los extremos descarnados de las doctrinas enarboladas durante la guerra fría, que acreditaron su total fracaso en términos de humanismo, especialmente si se tiene en cuenta la visión innovadora que el autor de la idea ofrece cuando específica que su modelo no es hermético ni anquilosado, sino, por el contrario, abierto a la evolución y a la recepción de toda aquella modificación que, congruentemente con sus principios, propenda a los fines que su propuesta pretende alcanzar.

“La economía actual convierte los medios en fines. El dinero -el beneficio financiero y el PIB- es el fin, y entonces los valores que servimos son el egoísmo, el crecimiento ilimitado, el ir unos contra otros, la desigualdad ilimitada...Estos valores no están en ninguna Constitución, filosofía o religión del mundo y es un sistema de valores que la sociedad no quiere. Los valores fundamentales que la inmensa mayoría quiere para la economía son justicia, solidaridad, sostenibilidad y democracia”, dice, y tiene razón.

La dinámica actual puede -y debe revertirse- mediante una estrategia que involucre, colaborativamente, a todos los actores sociales y reoriente sus actividades hacia el bien común, para “generar una nueva dinámica: De la escasez a la satisfacción, de la competencia a la cooperación, del exceso al equilibrio”.

La propuesta no es nueva, vistas sus raíces escolásticas, pero en un momento en el que la globalidad ha roto toda barrera a la voracidad acumulativa de un capitalismo feroz, que además no enfrenta límite normativo alguno a si codicia implícita, es refrescante retomar, como alternativa posible, una opción humanística que realza la necesidad de recobrar una perspectiva existencial equitativa y virtuosa.

La opción no es panacea, pero tampoco es utópica, sino más bien, cuando se le observa con atención, enteléquica, porque más que irrealizable ilusión, es un redireccionamiento del potencial humano en el sentido correcto para andar hacia la conversión en acto el potencial de cada comunidad y de todas en el mundo, integradas en un solo sistema de gran complejidad.

Será difícil llegar a ese estado de cosas, pero hay que recordar que el que persevera alcanza y el que porfía mata venado.
26 Febrero 2017 04:02:00
El Sistema Nacional Anticorrupción
Da sus primeros pasos el Sistema Nacional Anticorrupción, y a veces se antojan tímidos. Ojalá que eso sea fruto de la prudencia y no de causas inconfesables.

No es el primer intento que se hace desde la cúspide para abatir normativamente el problema, expidiendo leyes y creando burocracia, para incurrir a la postre en una efectividad nula, porque si en la apariencia se queda el intento, el mal, lejos de remitir, se agrava por el disfraz que los placebos le ofrecen.

Ninguna ley, ningún sistema burocrático será eficaz mientras no sea permeada la médula misma de la sociedad, su cultura, de modo que el apetito que mueva las conductas, en general, sea el que conduzca al decoro, una noción que, como la moral, suena hueca para muchos y parece que ha cedido su paso al pragmatismo vulgar y espurio que se ha construido en torno de la riqueza económica, que cada vez con más claridad se deja ver como inversamente proporcional a la que de veras vale y se rige por parámetros de honor y justicia.

Que no sea el temor al castigo lo que inhiba las conductas indebidas, sino el sentido del deber solidario, con uno mismo –aunque a veces parezca fútil mencionarlo– y con los otros, que en una sociedad que no esté enferma, también lo tienen, de manera que eso genera confianza y produce comunidad.

No se trata de ser ingenuo ni de pecar de lenidad, sino de impulsar tradiciones fincadas en la conciencia de los deberes propios, sin necesidad de que evitar la sanción sea el aliciente para actuar como es debido. Que así sean las cosas es interés de todos, es de interés general.

Aunque todavía existe gente que contrapone a la moral y al derecho, es imposible pasar por alto que ambas nociones significan especies del mismo género, por lo que cualquier búsqueda de corrección tiene que ser fincada sobre premisas de compatibilidad.

Pero es evidente que eso no basta, porque la ni la más congruente construcción formal será efectiva si no se lleva a la práctica, y en este punto es necesario tener en cuenta que, sin un efectivo y generalizadamente voluntario cumplimiento de los deberes de convivencia, ninguna medida legislativa, por amplia que sea, surtirá el efecto que dice desear.

Cuando se adueñan de la sociedad los antivalores, el pacto social que permite el transcurso de la vida comunitaria se trastoca y puede poner en peligro la permanencia misma del ente social. Si acaso eso ocurre entre quienes, por la función que se ha delegado en ellos, debieran ser custodios de los mismos, las cosas se ponen graves en extremo; por eso, cuando confluyen en su quehacer el interés general que a su cuidado se ha puesto, con intereses privados, prevenir la mera sospecha de colisión de intereses se vuelve un imperativo inexcusable.

Han sido ya muchas las normas que dicen propender a la erradicación de la corrupción. Si hubieran sido aplicadas, habrían podido ser eficaces, pero la historia demuestra que no ha sido así, sino al contrario: la práctica ha sido su empleo en ocasiones contadas, para peor, para venganza o fines poco confesables.

Así no podrá caminarse jamás en el buen sentido, y en cambio las condiciones tenderán a empeorar. La naturaleza del mal reside en los vicios que se han hecho habituales, trastocando valores tradicionales que en el bien generalizado se basan, y si bien la impunidad es un pernicioso aliciente de la corrupción, el combate contra ella no puede consistir nada más en perseguir delincuentes y escarmentarlos.

Sólo si la disfunción en las causas logra enderezarse, los vicios indeseables podrán erradicarse, y eso se logra –no de otra manera– sino desde la tradición educacional de valores verdaderamente sentidos y vividos, reforzados e impulsados por el vehículo de la educación y el ejemplo que los exalten, suprimiendo además, de verdad y sin excepciones, el negativo incentivo de la impunidad.
26 Febrero 2017 04:00:00
El Sistema Nacional Anticorrupción
Da sus primeros pasos el Sistema Nacional Anticorrupción, y a veces se antojan tímidos. Ojalá que eso sea fruto de la prudencia y no de causas inconfesables.

No es el primer intento que se hace desde la cúspide para abatir, normativamente el problema, expidiendo leyes y creando burocracia, para incurrir a la postre en una efectividad nula, porque si en la apariencia se queda el intento, el mal, lejos de remitir, se agrava por el disfraz que los placebos le ofrecen.

Ninguna ley, ningún sistema burocrático será eficaz mientras no sea permeada la médula misma de la sociedad, su cultura, de modo que el apetito que mueva las conductas, en general, sea el que conduzca al decoro, una noción que, como la moral, suena hueca para muchos y parece que ha cedido su paso al pragmatismo vulgar y espurio que se ha construido en torno de la riqueza económica, que cada vez con más claridad se deja ver como inversamente proporcional a la que de veras vale y se rige por parámetros de honor y
justicia.

Que no sea el temor al castigo lo que inhiba las conductas indebidas, sino el sentido del deber solidario, con uno mismo -aunque a veces parezca fútil mencionarlo- y con los otros, que en una sociedad que no esté enferma, también lo tienen, de manera que eso genera confianza y produce comunidad.

No se trata de ser ingenuo ni de pecar de lenidad, sino de impulsar tradiciones fincadas en la conciencia de los deberes propios, sin necesidad de que evitar la sanción sea el aliciente para actuar como es debido. Que así sean las cosas es interés de todos, es de interés general.

Aunque todavía existe gente que contrapone a la moral y al derecho, es imposible pasar por alto que ambas nociones significan especies del mismo género, por lo que cualquier búsqueda de corrección tiene que ser fincada sobre premisas de compatibilidad.

Pero es evidente que eso no basta, porque la ni la más congruente construcción formal será efectiva si no se lleva a la práctica, y en este punto es necesario tener en cuenta que, sin un efectivo y generalizadamente voluntario cumplimiento de los deberes de convivencia, ninguna medida legislativa, por amplia que sea, surtirá el efecto que dice desear.

Cuando se adueñan de la sociedad los antivalores, el pacto social que permite el transcurso de la vida comunitaria se trastoca y puede poner en peligro la permanencia misma del ente social. Si acaso eso ocurre entre quienes, por la función que se ha delegado en ellos, debieran ser custodios de los mismos, las cosas se ponen graves en extremo; por eso, cuando confluyen en su quehacer el interés general que a su cuidado se ha puesto, con interese privados, prevenir la mera sospecha de colisión de intereses se vuelve un imperativo inexcusable.

Han sido ya muchas las normas que dicen propender a la erradicación de la corrupción. Si hubieran sido aplicadas, habrían podido ser eficaces, pero la historia demuestra que no ha sido así, sino al contrario: la práctica ha sido su empleo en ocasiones contadas, para peor, para venganza o fines poco confesables.

Así no podrá caminarse jamás en el buen sentido, y en cambio las condiciones tenderán a empeorar. La naturaleza del mal reside en los vicios que se han hecho habituales, trastocando valores tradicionales que en el bien generalizado se basan, y si bien la impunidad es un pernicioso aliciente de la corrupción, el combate contra ella no puede consistir nada más en perseguir delincuentes y escarmentarlos.

SOlo si la disfunción en las causas logra enderezarse, los vicios indeseables podrán erradicarse, y eso se logra -no de otra manera- sino desde la tradición educacional de valores verdaderamente sentidos y vividos, reforzados e impulsados por el vehículo de la educación y el ejemplo que los exalten, suprimiendo además, de verdad y sin excepciones, el negativo incentivo de la impunidad.
19 Febrero 2017 04:00:00
Biodiversidad en jaque
Hace unos días circuló por las redes sociales un impresionante video en el que un glaciar, del tamaño equivalente a un edificio de muchos pisos de altura y de extensión similar a Manhattan, colapsó de repente, ante la mirada de un observador científico, miembro de un equipo que realizaba estudios en la zona ártica.

Eso es sólo una muestra de lo que en los últimos tiempos, y con una celeridad no esperada, ha pasado: se han visto afectadas las regularidades meteorológicas de una manera pasmosa. Tormentas, inundaciones, tornados, huracanes, etc., son más frecuentes, como graves los daños que causan.

El efecto invernadero ya no puede ser más considerado como sólo una fuente inofensiva de incomodidades, porque es en realidad una alarmante causa de dramas verdaderos, cuyos alcances trascienden un daño previsible y geográficamente de alcances mundiales.

No sólo aquí, sino en Asia y en el Caribe, en Europa y en África la gente muere por cientos y millares como resultado del calentamiento de la tierra, cuya causa principal –la emisión de gases que impiden el intercambio calórico de la atmósfera y provocan que el planeta se caliente en exceso– crece a tasas exponenciales.

Según las estimaciones del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente CO2 (GEI), han aumentado a tal grado que el periodo comprendido entre 1983-2013, en 30 años, el calentamiento fue mayor que en los mil 400 años precedentes, mientras que estima que, si todo se deja como está, crecerán entre 9 y 36 gigatoneladas hacia el año 2030, sobre todo por emisiones de países que no han suscrito el Protocolo de Kyoto, como Estados Unidos de América.

La misma organización estima el costo de mitigar ese efecto en no más de 3% del Producto Mundial Bruto en el mismo plazo, monto que no parece desmesurado, sobre todo cuando se le compara con los costos de no erogarlo, que serán mucho mayores y los daños irreversibles.

El agua, con el bióxido de carbono y el metano, es también un GEI cuando se evapora. Además, los casquetes polares –ambos– reflejan el calor del sol. Por eso, a medida que se derriten, dejan de hacerlo, con lo que será menor la cantidad de calor que salga hacia el espacio y la tierra se calentará todavía más, provocando una espiral creciente que se conoce como “efecto amplificador”.

Hace falta un compromiso consistente de los gobiernos con los seres humanos que pueblan el mundo, reflejado efectivamente en políticas públicas concertadas globalmente, en las que tendrán que incluirse como actores principales las empresas industriales y ganaderas que más producen los gases mencionados.

Han tomado ya medidas en ese sentido algunas empresas y organizaciones ambientalistas, que han formado la United States Climate Action Partnership, con seis propósitos: 1) explicar las dimensiones globales del cambio del clima, 2) reconocer la importancia de la tecnología, 3) ser ambientalmente eficaces; 4) crear oportunidades y ventajas económicas a la par de las acciones para mejorar el clima; 5) ser justos con los sectores más afectados por el calentamiento global y lograr que se reduzcan las emisiones y, 6) reconocer y animar la acción temprana.

Esa sociedad ha exigido al Gobierno federal estadunidense, sistemáticamente, una intervención rápida y esmerada para reducir la emisión de GEI para el 2050, de tal modo que alcance un porcentaje ubicado entre 60 y 80%, así como la creación de incentivos para los negocios que se ajusten a los requisitos para lograr ese propósito.

Hoy, ese objetivo parece más lejano que nunca, con ser inaplazable su necesidad de ser atendido, puesto que se ve de manera tan irresponsable que –como se recordará– se ha expresado ya que “el calentamiento global es un mito”.

Hace falta más que cinismo y desfachatez para sostener ese aserto, tan irresponsable como la exaltación xenofóbica que se ha presenciado en la administración que empieza.

¿Hasta dónde podrán llegar los pasos de esa insensatez?
19 Febrero 2017 04:00:00
Biodiversidad en jaque
Hace unos días circuló por las redes sociales un impresionante video en el que un glaciar, de tamaño equivalente a un edificio de muchos pisos de altura y de extensión similar a Manhattan, colapsó de repente, ante la mirada de un observador científico, miembro de un equipo que realizaba estudios en la zona ártica.

Eso es sólo una muestra de lo que en los últimos tiempos, y con una celeridad no esperada, ha pasado: Se han visto afectadas las regularidades meteorológicas de una manera pasmosa. Tormentas, inundaciones, tornados, huracanes, etc., son más frecuentes, como graves los daños que causan.

El “efecto invernadero” ya no puede ser más considerada como sólo una fuente inofensiva de incomodidades, porque es en realidad una alarmante causa de dramas verdaderos, cuyos alcances trascienden un daño previsible y geográficamente de alcances mundiales.

No sólo aquí, sino en Asia y en el Caribe, en Europa y en África la gente muere por cientos y millares como resultado del calentamiento de la tierra, cuya causa principal –la emisión de gases que impiden el intercambio calórico de la atmósfera y provocan que el planeta se caliente en exceso- crece a tasas exponenciales.

Según las estimaciones del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente CO2 (GEI), han aumentado a tal grado que el período comprendido entre 1983–2013, en treinta años, el calentamiento fue mayor que en los 1,400 años precedentes, mientras que estima que, si todo se deja como está, crecerán entre 9 y 36 gigatoneladas hacia el año 2030, sobre todo por emisiones de países que no han suscrito el Protocolo de Kyoto, como los Estados Unidos
de América.

La misma organización estima el costo de mitigar ese efecto en no más del 3% del Producto Mundial Bruto en el mismo plazo, monto que no parece desmesurado, sobre todo cuando se le compara con los costos de no erogarlo, que serán mucho mayores y los daños
irreversibles.

El agua, con el bióxido de carbono y el metano, es también un GEI cuando se evapora. Además, los casquetes polares –ambos- reflejan el calor del sol. Por eso, a medida que se derriten, dejan de hacerlo, con lo que será menor la cantidad de calor que salga hacia el espacio y la tierra se calentará todavía más, provocando una espiral creciente que se conoce como “efecto amplificador”.

Hace falta un compromiso consistente de los gobiernos con los seres humanos que pueblan el mundo, reflejado efectivamente en políticas públicas concertadas globalmente, en las que tendrán que incluirse como actores principales las empresas industriales y ganaderas que más producen los gases mencionados.

Han tomado ya medidas en ese sentido algunas empresas y organizaciones ambientalistas, que han formado la “United States Climate Action Partnership”, con seis propósitos: 1) explicar las dimensiones globales del cambio del clima; 2) reconocer la importancia de la tecnología; 3) ser ambientalmente eficaces; 4) crear oportunidades y ventajas económicas a la par de las acciones para mejorar el clima; 5) ser justos con los sectores más afectados por el calentamiento global y lograr que se reduzcan las emisiones y, 6) reconocer y animar la acción temprana.

Esa sociedad ha exigido al gobierno federal estadounidense, sistemáticamente, una intervención rápida y esmerada para reducir la emisión de GEIs para el 2050, de tal modo que alcance un porcentaje ubicado entre el 60 y el 80%, así como la creación de incentivos para los negocios que se ajusten a los requisitos para lograr ese propósito.

Hoy, ese objetivo parece más lejano que nunca, con ser inaplazable su necesidad de ser atendido, puesto que se ve de manera tan irresponsable que -como se recordará- se ha expresado ya que “el calentamiento global es un mito”.

Hace falta más que cinismo y desfachatez para sostener ese aserto, tan irresponsable como la exaltación xenofóbica que se ha presenciado en la administración que empieza.

¿Hasta dónde podrán llegar los pasos de esa insensatez?
12 Febrero 2017 04:00:00
La nueva expresión del ‘destino manifiesto’
Michael T. Lubragge dice que la doctrina del “destino manifiesto” es “la filosofía que abarca la historia estadunidense como un todo”, y la caracteriza como “el cuerpo sistemático de conceptos y creencias que impulsó la vida y la cultura estadunidenses” (Manifest Destiny, http://odur.let.rug.nl/~usa/E/manifest/manif1.htm).

La expresión fue originalmente acuñada por John L. O’Sullivan en un artículo intitulado The Great Nation of Futurity, aparecido en 1845 en el periódico United States Magazine and Democratic Review, con la expresa intención de apoyar la anexión de Texas a Estados Unidos.

A tal grado se extendió esa “mística” y tan profundamente quedó imbíbita en el ánimo estadunidense, que evolucionó hasta convertirse en un pretendido “Destino Manifiesto Internacional”, cuyo momento señero se sitúa en 1867, año en el que Estados Unidos compró Alaska al Imperio Ruso, porque fue ese el primer paso dado más allá de las fronteras inmediatas para adquirir territorios.

Lubragge denomina a los matices impresos por lo que Cossío Villegas llamaría “estilo personal de gobernar” de los diversos presidentes estadunidenses, como “corolarios”, y así dice que el “Corolario Roosevelt” estableció que, aunque “un país tuviera un contrato legal con un país más pequeño, incivilizado, del Hemisferio Occidental, Estados Unidos podría intervenir e interrumpir ese contrato si pensara que el pacto no era en el mejor interés de los países chicos”, pretendiendo justificar, incluso, intervenciones militares como la efectuada en Panamá para poder capturar a Noriega.

Más recientemente, el que podría llamare el “corolario Bush”, con su política de “guerra preventiva”, no sólo fundó la intervención en Irak, sino que permeó todo el espectro de la guerra contra el terrorismo, que perduró después de él y parece haberse arraigado sin remedio como oriente de la política exterior estadunidense, aunque carece de un enemigo determinado y prescinde de la necesidad de una previa declaración formal, como es exigido –todavía– por el derecho internacional.

Es así que la hegemonía de Estados Unidos sobre el mundo entero y el ejercicio de su poder político, respaldado por las armas y las finanzas, ha pretendido –y pretende– legitimarse por una idea que se transformó en mística nacional, una construcción tan artificial como vana, que sin embargo, a golpe de propaganda y combinada con razones pragmáticas, cobró un cariz mesiánico que nutre todavía los afanes de su renovado expansionismo, cuyas peculiaridades y características se hacen presentes, de manera patente según se ha visto, desde los primeros días de la nueva gestión ejecutiva.

Las primeras medidas adoptadas por ella han despojado de todo velado encubrimiento, descarnadamente, la manifestación de ella, pero especialmente, según me parece, en las tres órdenes ejecutivas expedidas en la semana que concluye, para combatir, dentro y fuera de su país, a los grupos criminales transnacionales, en especial los cárteles de la droga.

Aunque en un lenguaje un poco más diplomáticamente pulido que otras órdenes y declaraciones, la intención de impedir el éxito de los grupos criminales que llama transnacionales “dentro y fuera de Estados Unidos”, denota muy claramente un riesgo mayor y plasma el que, en los términos empleados por Lubragge, bien podría denominarse “corolario Trump” de la doctrina del “destino manifiesto”.

Eso merece especial atención, y no está de más ser creativos en el diseño de las estrategias para encararla.

Una manera de hacerlo, según me parece, está en entender que las crisis son también oportunidades. ¿No será esta, acaso, una para combatir, en serio y por nosotros mismos, los vicios sistémicos propios, antes de que sirvan como pretexto para que de fuera se quiera pretextar un riesgo que justifique una intervención para “corregirlos”?

Bueno sería aprovechar para limpiar la casa, de una vez por todas, que buena falta hace y es necesario para sustentar cualquier actitud diplomática digna y apegada a los principios que, en México, la rigen constitucionalmente, porque el único destino “manifiesto” que cabe es el que se construye cada día desde la dignidad, la decencia y los valores universales.
12 Febrero 2017 04:00:00
La nueva expresión del ‘destino manifiesto’
Michael T. Lubragge dice que la doctrina del “destino manifiesto” es “la filosofía que abarca la historia estadounidense como un todo”, y la caracteriza como “el cuerpo sistemático de conceptos y creencias que impulsó la vida y la cultura estadounidenses” (Manifest Destiny, http://odur.let.rug.nl/~usa/E/manifest/manif1.htm).

La expresión fue originalmente acuñada por John L. O’Sullivan en un artículo intitulado “The Great Nation of Futurity”, aparecido en 1845 en el periódico “United States Magazine and Democratic Review”, con la expresa intención de apoyar la anexión de Texas a los Estados Unidos.

A tal grado se extendió esa “mística” y tan profundamente quedó imbíbita en el ánimo estadounidense, que evolucionó hasta convertirse en un pretendido “Destino Manifiesto Internacional”, cuyo momento señero se sitúa en 1867, año en el que los Estados Unidos compraron Alaska al Imperio Ruso, porque fue ese el primer paso dado más allá de las fronteras inmediatas para adquirir territorios.

Lubragge denomina a los matices impresos por lo que Cossío Villegas llamaría “estilo personal de gobernar” de los diversos presidentes estadounidenses, como “corolarios”, y así dice que el “Corolario Roosevelt” estableció que, aunque “un país tuviera un contrato legal con un país más pequeño, incivilizado, del Hemisferio Occidental, los Estados Unidos podrían intervenir e interrumpir ese contrato si pensaran que el pacto no era en el mejor interés de los países chicos”, pretendiendo justificar, incluso, intervenciones militares, como la efectuada en Panamá para capturar a Noriega.

Más recientemente, el que podría llamare el “corolario Bush”, con su política de “guerra preventiva”, no sólo fundó la intervención en Irak, sino que permeó todo el espectro de la guerra contra el terrorismo, que perduró después de él y parece haberse arraigado sin remedio como oriente de la política exterior estadounidense, aunque carece de un enemigo determinado y prescinde de la necesidad de una la previa declaración formal, como es exigido –todavía- por el derecho
internacional.

Es así que la hegemonía de los Estados Unidos sobre el mundo entero y el ejercicio de su poder político, respaldado por las armas y las finanzas, ha pretendido –y pretende- legitimarse por una idea que se transformó en mística nacional, una construcción tan artificial como vana, que sin embargo, a golpe de propaganda y combinada con razones pragmáticas, cobró un cariz mesiánico que nutre todavía los afanes de su renovado expansionismo, cuyas peculiaridades y características se hacen presentes, de manera patente según se ha visto, desde los primeros días de la nueva
gestión ejecutiva.

Las primeras medidas adoptadas por ella han despojado de todo velado encubrimiento, descarnadamente, la manifestación de ella, pero especialmente, según me parece, en las tres órdenes ejecutivas expedidas en la semana que concluye, para combatir, dentro y fuera de su país, a los grupos criminales transnacionales, en especial los cárteles de la droga.

Aunque en un lenguaje un poco más diplomáticamente pulido que otras órdenes y declaraciones, la intención de impedir el éxito de los grupos criminales que llama transnacionales “dentro y fuera de Estados Unidos”, denota muy claramente un riesgo mayor y plasma el que, en los términos empleados por Lubragge, bien podría denominarse “corolario Trump” de la doctrina del “destino
manifiesto”.

Eso merece especial atención, y no está de más ser creativos en el diseño de las estrategias para encararla.

Una manera de hacerlo, según me parece, está en entender que las crisis son también oportunidades ¿No será ésta, acaso, una para combatir, en serio y por nosotros mismos, los vicios sistémicos propios, antes de que sirvan como pretexto para que de fuera se quiera pretextar un riesgo que justifique una intervención para “corregirlos”?

Bueno sería aprovechar para limpiar la casa, de una vez por todas, que buena falta hace y es necesario para sustentar cualquier actitud diplomática digna y apegada a los principios que, en México, la rigen constitucionalmente, porque el único destino “manifiesto” que cabe, es el que se construye cada día desde la dignidad, la decencia y los valores universales.
05 Febrero 2017 04:06:00
Cien años
Una constitución es a la vida cívica de un país lo que los cimientos a una casa. De su solidez, estabilidad y perdurabilidad, dependen los de la vida que sobre ella se lleva a cabo. Es por eso que se le suele llamar “ley fundamental”.

Como todo basamento, si se le resquebraja o descuida se pone en riesgo la vida toda que sobre ella descansa y se desarrolla.

No es de extrañar que Estados Unidos haya podido andar tanto trecho en la vía de alcanzar sus potencias, porque su estabilidad constitucional es reflejo del respeto que por sus propias raíces soporta su vida cívica, aunque no quede exenta de anomalías.

En más de 200 años de historia, su Constitución no alcanza la treintena de enmiendas, en tanto que la mexicana, en la mitad del tiempo, alcanza casi las 700, de las cuales dos terceras partes, aproximadamente, han tenido lugar en los últimos tres lustros ¿Será esto determinante en la explicación sobre las vicisitudes de nuestros tiempos?

Toda acción política –también económica y cultural–ocurre en el ámbito de lo jurídico, cuya función no es otra que estructurar las relaciones sociales de todo cuño. Si la estructura es inestable y frágil, el decurso de la política será muy débil y errático, mientras que la economía será propicia para producir inequidades y distorsiones contra las que el mismo Adam Smith previno.

Pero una constitución también es respeto y solidaridad con la historia propia y quienes la hicieron, sus valores y empeños por construir un mejor entorno vital, más digno y equitativo para quienes hoy y mañana asumirán la responsabilidad de construir aquello que, a veces sin mucho sentido, llamamos “patria”.

No se trata de romanticismo anacrónicos ni de cursilerías pasadas de moda, se trata de poner los pies en la tierra y honrar la responsabilidad histórica que a cada generación y a cada individuo atañe.

Nuestra Constitución, sobre todo en los últimos años, ha sido vulnerada inveteradamente en aras de intereses que no se corresponden con el interés general –o bien común, si se prefiere– sino que obedecen al afán de asegurar prebendas de grupo o individuales, que sólo pueden lograrse en el seno de grupos reducidos –mientras menos comensales, más pitanza– a cuyo alcance quede un poder decisorio que, si concentrado, será más rentable y fácil de ejercer.

Toda centralización de capacidades jurídicas –leyes “generales”, códigos “nacionales”, concentración impositiva, “relaciones intergubernamentales”, en vez de sistema federal, etc.– mengua y tiende a anular el sano equilibrio que ofrece el sistema de “frenos y contrapesos”, provisto por la división de poderes que la tradición jurídica identifica como una de las notas esenciales del tan cacareado –pero soslayado– “estado de derecho”.

Cuando eso pasa, como ha pasado en nuestro país, no es de extrañar que, a la postre, el centro se congestione y, en el contexto global contemporáneo, se debilite hasta el extremo que la circunstancia que se vive atestigua.

Cien años hace de haberse expedido la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos y su antigüedad tiende a confundirse con obsolescencia, lo que provoca voces que claman por una nueva ley suprema.

Yo no concuerdo, pero sí creo que lo que falta es despojarla de pegotes y caprichosas enmiendas, para volver, con algunos matices, a su sentido original, tan poco estudiado como vilipendiado y profanado ha sido.

Antes que eso, inclusive, lo que sería necesario sería acatar sus mandatos y límites, obedecerla y cumplirla, sin utilizarla como instrumento de justificación de arbitrariedades y demagogia institucionalizada.

Hace 100 años, el contexto no era mejor que el de ahora y no se exageraría si se califica como peor. Sin embargo, la prestancia institucional de la política y la diplomacia de entonces logró superar los escollos para sentar las bases de esta república que cada día se ve más acosada por el deterioro.

El día en que se retome esa senda, muy otras serán las condiciones de vida en nuestro país.
05 Febrero 2017 04:00:00
Cien años
Una constitución es a la vida cívica de un país lo que los cimientos a una casa. De su solidez, estabilidad y perdurabilidad, dependen los de la vida que sobre ella se lleva a cabo. Es por eso que se le suele llamar “ley fundamental”.

Como todo basamento, si se le resquebraja o descuida se pone en riesgo la vida toda que sobre ella descansa y se desarrolla.

No es de extrañar que los Estados Unidos hayan podido andar tanto trecho en la vía de alcanzar sus potencias, porque su estabilidad constitucional es reflejo del respeto que por sus propias raíces soporta su vida cívica, aunque no quede exenta de anomalías.

En más de doscientos años de historia, su constitución no alcanza la treintena de enmiendas, en tanto que la mexicana, en la mitad del tiempo, alcanza casi las setecientas, de las cuales dos terceras partes, aproximadamente, han tenido lugar en los últimos tres lustros ¿Será esto determinante en la explicación sobre las vicisitudes de nuestros tiempos?

Toda acción política -también económica y cultural- ocurre en el ámbito de lo jurídico, cuya función no es otra que estructurar las relaciones sociales de todo cuño. Si la estructura es inestable y frágil, el decurso de la política será muy débil y errático, mientras que la economía será propicia para producir inequidades y distorsiones contra las que el mismo Adam Smith previno.

Pero una constitución también es respeto y solidaridad con la historia propia y quienes la hicieron, sus valores y empeños por construir un mejor entorno vital, más digno y equitativo para quienes hoy y mañana asumirán la responsabilidad de construir aquello que, a veces sin mucho sentido, llamamos “patria”.

No se trata de romanticismo anacrónicos ni de cursilerías pasadas de moda, se trata de poner los pies en la tierra y honrar la responsabilidad histórica que a cada generación y a cada individuo atañe.

Nuestra constitución, sobre todo en los últimos años, ha sido vulnerada inveteradamente en aras de intereses que no se corresponden con el interés general -o bien común, si se prefiere- sino que obedecen al afán de asegurar prebendas de grupo o individuales, que solo pueden lograrse en el seno de grupos reducidos -mientras menos comensales, más pitanza- a cuyo alcance quede un poder decisorio que, si concentrado, será más rentable y fácil de ejercer.

Toda centralización de capacidades jurídicas -leyes “generales”, códigos “nacionales”, concentración impositiva, “relaciones intergubernamentales”, en vez de sistema federal, etc.- mengua y tiende a anular el sano equilibrio que ofrece el sistema de “frenos y contrapesos”, provisto por la división de poderes que la tradición jurídica identifica como una de las notas esenciales del tan cacareado -pero soslayado- “Estado de Derecho”.

Cuando eso pasa, como ha pasado en nuestro país, no es de extrañar que, a la postre, el centro se congestione y, en el contexto global contemporáneo, se debilite hasta el extremo que la circunstancia que se vive atestigua.

Cien años hace de haberse expedido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su antigüedad tiende a confundirse con obsolescencia, lo que provoca voces que claman por una nueva ley suprema.

Yo no concuerdo, pero sí creo que lo que falta es despojarla de pegotes y caprichosas enmiendas, para volver, con algunos matices, a su sentido original, tan poco estudiado como vilipendiado y profanado ha sido.

Antes que eso, inclusive, lo que sería necesario sería acatar sus mandatos y límites, obedecerla y cumplirla, sin utilizarla como instrumento de justificación de arbitrariedades y demagogia institucionalizada.

Hace cien años, el contexto no era mejor que el de ahora y no se exageraría si se califica como peor. Sin embargo, la prestancia institucional de la política y la diplomacia de entonces logró superar los escollos para sentar las bases de esta república que cada día se ve más acosada por el deterioro.

El día en que se retome esa senda, muy otras serán las condiciones de vida en nuestro país.
29 Enero 2017 04:00:00
La gran olvidada
Cien años van a cumplirse, en ocho días más, de haber sido promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y pareciera que se tratara de un acontecimiento irrelevante. Poco se ha visto que esté programado oficialmente para proporcionar relieve al acontecimiento.

Apenas unos atisbos se notan en el programa de algunas instituciones, como resulta el foro nacional 100 años de los derechos humanos en la Constitución mexicana, convocado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en muy apropiadas vísperas de la efeméride.

Justo será, en ocasión de ello y como adecuado preámbulo, hacer memoria en este artículo del inmediato antecedente de la ley suprema en vigor, del que fue sucesora clara y le sirvió de base para la construcción del nuevo modelo social que en 1917 quedó incorporado, como innovación inédita en el mundo.

Me refiero, por supuesto, a la Constitución de 1857, que fue el origen, en muchos conceptos y por muy principales razones, de la expedida en 1917.

Bueno es recordar que por eso don Venustiano Carranza eligió la fecha del 5 de febrero para la promulgación de la vigente, porque en esa misma fecha, 60 años antes, se había promulgado la otra, por Ignacio Comonfort, a la sazón presidente sustituto de la República.

Fue la de 1857 una constitución que por primera ocasión incorporó en México un catálogo de derechos en favor de las personas y se comprometió a garantizarlos.

Los llamó “garantías” por una razón que acredita el oficio y la alta responsabilidad política de quienes intervinieron en el Congreso constituyente de 1856, pues mientras los liberales proponían un texto que dijera que la Constitución “otorgaba” dichos derechos, los conservadores, fieles a sus convicciones iusnaturalistas, insistían en que dijera que los “reconocían”, dando por sentada su preexistencia.

A la postre y no después de álgidas y prolongadas discusiones, coincidieron en un punto: los garantizaba, y fue así que, en su afán de dar efectividad a las prerrogativas fundamentales, optaron por llamarlos “garantías”, a las que calificaron como “individuales” porque, además de que no había surgido la idea de los llamados “derechos sociales”, era a fin de cuentas cada individuo, en plenitud de dignidad igualitaria, el destinatario de la benéfica protección.

Se incorporó una disposición que fue acogida también por la constitución que habría de expedirse 60 años después, confiriendo a los tratados internacionales suscritos por México, cuando no la contravinieran, el rango de “ley suprema”, una cosa que, después de 160 años, algunos pretenden, no sé si por demagogia o ignorancia, que es un “avance” debido a la reforma de 2011.

Esa señera Constitución de 1857 va resultando, así, la gran olvidada en estos tiempos de necesaria renovación social, política y jurídica.

Bien estaría voltear la mirada al pasado, con atención, seria y reflexivamente, para escudriñar en él y descubrir las esencias del pacto social profundo, para dejar de pretender construir un futuro que suele fincarse más en anhelos, esperanzas o simplemente el azar, inventando -y no necesariamente innovando- a partir de la imitación extralógica de figuras, tendencias e instituciones asumidas sin crítica verdadera, sin reparar en que ellas pueden haber sido efectivas en sus lugares de origen, precisamente porque fueron dotadas en ellos de las adaptaciones y matices que las hicieron factibles y viables. “Copiar-pegar” nunca fue bueno, ni lo será, en materia de instituciones jurídicas.

En estos tiempos aciagos, de desconcierto, incertidumbre y confusión, haría mucho bien el hecho de ampliar los horizontes de referencia y, a la manera de un Jano “reforzado”, poner atención a un panorama histórico que cimiente todo pronóstico considerando el pasado, pero también la vasta circunstancia contemporánea en que la vida del país está inserta, porque en esto de la política y de las normas, como en todo sistema, resulta imposible conocer su naturaleza y funcionamiento, así como operar frente a sus desafíos, si no se conoce a fondo su circunstancia en todas sus dimensiones.

Eso es civismo, a fin de cuentas, para todo efecto.
29 Enero 2017 04:00:00
La gran olvidada
Cien años van a cumplirse, en ocho días más, de haber sido promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y pareciera que se tratara de un acontecimiento irrelevante. Poco se ha visto que esté programado oficialmente para dar relieve al acontecimiento.

Apenas unos atisbos se notan en el programa de algunas instituciones, como resulta el foro nacional “100 años de los derechos humanos en la Constitución mexicana”, convocado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en muy apropiadas vísperas de la
efeméride.

Justo será, en ocasión de ello y como adecuado preámbulo, hacer memoria en este artículo del inmediato antecedente de la ley suprema en vigor, del que fue sucesora clara y le sirvió de base para la construcción del nuevo modelo social que en 1917 quedó incorporado, como innovación inédita en el mundo.

Me refiero, por supuesto, a la Constitución de 1857, que fue el origen, en muchos conceptos y por muy principales razones, de la expedida en 1917.

Bueno es recordar que, por eso, don Venustiano Carranza eligió el 5 de febrero para la promulgación de la vigente, porque en esa misma fecha, sesenta años antes, se había promulgado la otra, por Ignacio Comonfort, a la sazón presidente sustituto de la República.

Fue la de 1857 una constitución que por primera ocasión incorporó en México un catálogo de derechos en favor de las personas y se comprometió a garantizarlos.

Los llamó “garantías” por una razón que acredita el oficio y la alta responsabilidad política de quienes intervinieron en el congreso constituyente de 1856, pues mientras los liberales proponían un texto que dijera que la constitución “otorgaba” dichos derechos, los conservadores, fieles a sus convicciones iusnaturalistas, insistían en que dijera que los “reconocían”, dando por sentada su preexistencia.

A la postre y no después de álgidas y prolongadas discusiones, coincidieron en un punto: los garantizaba, y fue así que, en su afán de dar efectividad a las prerrogativas fundamentales, optaron por llamarlos “garantías”, a las que calificaron como “individuales” porque, además de que no había surgido la idea de los llamados “derechos sociales”, era a fin de cuentas cada individuo, en plenitud de dignidad igualitaria, el destinatario de la benéfica protección.

Se incorporó una disposición que fue acogida también por la constitución que habría de expedirse sesenta años después, confiriendo a los tratados internacionales suscritos por México, cuando no la contravinieran, el rango de “ley suprema”, una cosa que, después de ciento sesenta años, algunos pretenden, no sé si por demagogia o ignorancia, que es un “avance” debido a la reforma de 2011.

Esa señera constitución de 1857 va resultando, así, la gran olvidada en estos tiempos de necesaria renovación social, política y jurídica.

Bien estaría voltear la mirada pasado, con atención, sería y reflexivamente, para escudriñar en él y descubrir las esencias del pacto social profundo, para dejar de pretender construir un futuro que suele fincarse más en anhelos, esperanzas o simplemente el azar, inventando -y no necesariamente innovando- a partir de la imitación extra-lógica de figuras, tendencias e instituciones asumidas sin crítica verdadera, sin reparar en que ellas pueden haber sido efectivas en sus lugares de origen, precisamente porque fueron dotadas en ellos de las adaptaciones y matices que las hicieron factibles y viables. “Copiar-pegar” nunca fue bueno, ni lo será, en materia de
instituciones jurídicas.

En estos tiempos aciagos, de desconcierto, incertidumbre y confusión, haría mucho bien el hecho ampliar los horizontes de referencia y, a la manera de un Jano “reforzado”, poner atención a un panorama histórico que cimiente todo pronóstico considerando el pasado, pero también la vasta circunstancia contemporánea en que la vida del país está inserta, porque en esto de la política y de las normas, como en todo sistema, resulta imposible conocer su naturaleza y funcionamiento, así como operar frente a sus desafíos, si no se conoce a fondo su circunstancia en todas
sus dimensiones.

Eso es civismo, a fin de cuentas, para todo efecto.
22 Enero 2017 04:00:00
Entre muros y puentes
Se llegó el día, y Mr. Trump tomó posesión de la Casa Blanca, desde donde, entre otras cosas, pretende materializar el muro que idealmente han ya levantado, desde hace mucho tiempo, él y ese recalcitrante sector de la derecha estadounidense caracterizada por el acrónimo WASP. “Blanco, anglosajón y protestante”, dicho sea en castellano.

No voy a abundar en lo que tanto se ha dicho ya sobre los riesgos de daño profundo –que no pueden ser, en el fondo, inminentes– y los agravios –inminentes, probablemente lesivos, tal vez reparables– que para México e Iberoamérica representa la reiterada postura xenofóbica de Trump, sino que voy a contrastar esa circunstancia con una actitud que, paradójicamente, se manifestó en la misma semana en otro terreno y otras
latitudes.

Hace quinientos años, el religioso agustino Martín Lutero fijó, en las puertas del templo-castillo de Wittemberg, sus 95 tesis.

Ese fue un acontecimiento que, eclesiásticamente, desencadenó la proliferación de nuevas iglesias que, siendo todas ellas cristianas, diferían entre sí respecto de la interpretación de las Sagradas Escrituras.

La escisión provocada por ese acontecimiento fue más allá de los límites de lo religioso e incidió, de manera por demás trascendente, en el campo de lo político: Los soberanos de Europa occidental tomaron partido por uno u otro bando y se desató, alrededor de un siglo después, la que se conoce como guerra de los treinta años, que concluyó con la llamada “paz de Westfalia”, dando origen al estado moderno.

Esa situación originó guerras sangrientas, entre países y al interior de ellos y, a la postre, la desintegración del Sacro Imperio Romano Germánico, y aun puso en peligro a la propia Iglesia de Roma.

A la reforma hizo frente quien había fundado, recientemente, la orden a la que pertenece el Papa Francisco: San Ignacio de Loyola.

Con el pasar de los siglos, una cuestión ha surgido con fuerza en los últimos años: ¿Cómo entender que entre creyentes de una misma fe haya tales distanciamientos y virulentas oposiciones?
Para conmemorar la acción luterana, el Consejo Mundial de las Iglesias, haciéndose eco de una iniciativa de la Iglesia Episcopal de Alemania, ha organizado una semana cuyo propósito es buscar las coincidencias antes que las diferencias, y a partir de ellas construir puentes que permitan una comunicación fluida entre los diferentes credos, para propiciar la paz y el crecimiento espiritual de quienes pertenecen a ellas.

Curiosamente, esta tendencia al acercamiento comenzó tras las manifestaciones religiosas que siguieron, en la antigua República Democrática de Alemania, a la caída del muro de Berlín, que simbólicamente había provocado, con ahínco, otro presidente republicano de los Estados Unidos, el señor Ronald Reagan.

En ese contexto, el ánimo conciliador ha llevado al propio Francisco a exclamar –algunos dirán que inusitadamente, vistos los antecedentes– que la intención de Lutero “era la de renovar la Iglesia, no de dividirla”.

Mientras eso pasa en un universo religioso, con innegable peso político en todo el mundo, el presidente de los Estados Unidos se apresta a levantar un muro que lo proteja, a él y a sus asociados y socios, del peligro inminente que representan para ellos las hordas barbáricas que provienen del sur del Río Grande, para nosotros el Bravo.

¿Cuál es el temor de Donald Trump y sus correligionarios? Ya lo expresó Huntington en su libro “¿Quiénes somos?”, cuando se refiere a la amenaza que representa para la “cultura nacional” estadounidense la creciente influencia de lo que ellos llaman “Latinoamérica”, a la que, además y para todo efecto, consideran “subcontinente”.

Dos esquemas, dos ánimos que se confrontan: De un lado, la paranoia aislacionista, soberbia e ignorante; del otro, el reconocimiento de semejanzas que son más fuertes que cualquier diferencia.

De una parte, la obsesión por construir otro muro, tan oprobioso como el de Berlín, y seguramente más inútil; de otra, la construcción de puentes que unan humanamente, a partir de las coincidencias.

¿Cuál de las dos será la mejor opción, la más promisoria?
22 Enero 2017 03:50:00
Entre muros y puentes
Se llegó el día, y Mr. Trump tomó posesión de la Casa Blanca, desde donde, entre otras cosas, pretende materializar el muro que idealmente han ya levantado, desde hace mucho tiempo, él y ese recalcitrante sector de la derecha estadunidense caracterizada por el acrónimo WASP: “Blanco, anglosajón y protestante”, dicho sea en castellano.

No voy a abundar en lo que tanto se ha dicho ya sobre los riesgos de daño profundo –que no pueden ser, en el fondo, inminentes– y los agravios –inminentes, probablemente lesivos, tal vez reparables– que para México e Iberoamérica representa la reiterada postura xenofóbica de Trump, sino que voy a contrastar esa circunstancia con una actitud que, paradójicamente, se manifestó en la misma semana en otro terreno y otras latitudes.

Hace 500 años, el religioso agustino Martín Lutero fijó, en las puertas del templo-castillo de Wittemberg, sus 95 tesis.

Ese fue un acontecimiento que, eclesiásticamente, desencadenó la proliferación de nuevas iglesias que, siendo todas ellas cristianas, diferían entre sí respecto de la interpretación de las Sagradas Escrituras.

La escisión provocada por ese acontecimiento fue más allá de los límites de lo religioso e incidió, de manera por demás trascendente, en el campo de lo político: los soberanos de Europa occidental tomaron partido por uno u otro bando y se desató, alrededor de un siglo después, la que se conoce como Guerra de los Treinta años, que concluyó con la llamada “paz de Westfalia”, dando origen al estado moderno.

Esa situación originó guerras sangrientas, entre países y al interior de ellos y, a la postre, la desintegración del Sacro Imperio Romano Germánico, y aun puso en peligro a la propia Iglesia de Roma.

A la reforma hizo frente quien había fundado, recientemente, la orden a la que pertenece el papa Francisco: la de San Ignacio de Loyola.

Con el pasar de los siglos, una cuestión ha surgido con fuerza en los últimos años: ¿Cómo entender que entre creyentes de una misma fe haya tales distanciamientos y virulentas oposiciones?

Para conmemorar la acción luterana, el Consejo Mundial de las Iglesias, haciéndose eco de una iniciativa de la Iglesia Episcopal de Alemania, ha organizado una semana cuyo propósito es buscar las coincidencias antes que las diferencias, y a partir de ellas construir puentes que permitan una comunicación fluida entre los diferentes credos, para propiciar la paz y el crecimiento espiritual de quienes pertenecen a ellas.

Curiosamente, esta tendencia al acercamiento comenzó tras las manifestaciones religiosas que siguieron, en la antigua República Democrática de Alemania, a la caída del muro de Berlín, que simbólicamente había provocado, con ahínco, otro presidente republicano de los Estados Unidos, el señor Ronald Reagan.

En ese contexto, el ánimo conciliador ha llevado al propio Francisco a exclamar –algunos dirán que inusitadamente, vistos los antecedentes– que la intención de Lutero “era la de renovar la Iglesia, no de dividirla”.

Mientras eso pasa en un universo religioso, con innegable peso político en todo el mundo, el Presidente de los Estados Unidos se apresta a levantar un muro que lo proteja, a él y a sus asociados y socios, del peligro inminente que representan para ellos las hordas barbáricas que provienen del sur del río Grande, para nosotros el Bravo.

¿Cuál es el temor de Donald Trump y sus correligionarios? Ya lo expresó Huntington en su libro “¿Quiénes somos?” cuando se refiere a la amenaza que representa para la “cultura nacional” estadunidense la creciente influencia de lo que ellos llaman “Latinoamérica”, a la que, además y para todo efecto, consideran subcontinente.

Dos esquemas, dos ánimos que se confrontan: de un lado, la paranoia aislacionista, soberbia e ignorante; del otro, el reconocimiento de semejanzas que son más fuertes que cualquier diferencia.

De una parte, la obsesión por construir otro muro, tan oprobioso como el de Berlín, y seguramente más inútil; de otra, la construcción de puentes que unan humanamente, a partir de las coincidencias.

¿Cuál de las dos será la mejor opción, la más promisoria?
15 Enero 2017 04:00:00
El pacto que falta
Más allá de su vaguedad e imprecisión, el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar que, como reacción tardía e insuficiente siguió al “gasolinazo”, adolece de un defecto sustancial en términos de política de largo plazo y de bases sólidas: es un acuerdo de cúpulas.

Peca de cortedad de miras y confusión de conceptos lo que, de todos modos, no es nuevo en la praxis política, especialmente la de los años recientes.

Cortedad de miras, porque lejos de buscar soluciones de largo plazo y raíz profunda, lo que pretenden es capear temporales coyunturales, soslayando, que no sólo eludiendo, los factores estructurales.

En buena medida, eso se debe a la confusión generalizada que se ha creado por el empleo indiscriminado de términos y conceptos sobre los que se ha meditado poco –o nada– pero cuya sonoridad retórica encaja bien en el discurso.

Uno de ellos es el de “contrato social”, con el que Rousseau quiso explicar, y sobre todo justificar, la sumisión del pueblo al gobierno –referido en él como un mítico y difuso “Estado”– a partir de un ilusorio “contrato social”, idea que trasciende la metáfora y esta pletórica de falacias y peticiones de principio.

Hay, sin duda, un acuerdo de voluntades en la base orgánica de todo conglomerado social, pero no es como Rousseau lo describe, sino uno que, para empezar, es tácito, no expreso, y no se suscribe en un evento, por solemne que sea, entre “sectores” de la sociedad, sino en el seno de la comunidad toda, y se construye paulatinamente a través de mucho tiempo, como bien dijo el vilipendiado y poco leído Hobbes, y refrendaran después Locke y otros pensadores serios de lo político.

En el acuerdo recién firmado, es indudable que se echa de menos la participación de la parte en cuyo favor se dice haber suscrito el convenio, así fuera por medio de algún ficticio mandatario: el pueblo.

Pero hay más, porque todo convenio necesita tener un objeto claro y factible. El del caso no es lo primero, y en muchos aspectos es, además, irrealizable.

Su objetivo final se expresa en el último párrafo así: “Los que hoy suscribimos este instrumento, refrendamos nuestra convicción de que nuestro país requiere que las y los mexicanos enfrentemos unidos los desafíos que le imponen las condiciones actuales”.

Abonar al restablecimiento de la unidad perdida, a juzgar por los participantes, se refiere a la de quienes integran las redes de poder ya descritas desde el siglo 19 por Ferdinand La Salle, que tan favorecidas han resultado con su pertenencia a la élite político-económica.

Aun en ese propósito el acuerdo nació fallido, vista la negativa expresa a participar en él de la Coparmex, el sindicato patronal, y la reticencia de la Conago, agrupamiento de los gobernadores.

Un acuerdo como ese no podrá siquiera paliar los efectos políticos de la circunstancia que impera, y menos aún abonar a la legitimidad basada en la justicia social que ha decaído tanto.

Lo que a todas luces está haciendo falta es “oír” a la historia, a nuestra cultura, esa que a la vez es producto de las tradiciones propias y del enriquecimiento que ha recibido –y recibe– de las ajenas.

El pacto que se necesita honrar es el que subyace en los valores compartidos por nuestra comunidad, respondiendo a una efectiva gestión destinada a su preservación dinámica, renovada y enriquecida, sin ventajas discriminatorias que solamente contribuyen al incremento de la corrupción y la crispación de la gente.

En ese modelo de evolución cívica que llamamos “Estado” –otra noción de socorrido y equívoco empleo, especialmente cuando se dice “de derecho”– lo que hay es una comunidad políticamente organizada y jurídicamente estructurada. Por eso es necesario que los pactos y acuerdos surjan de la base, “suban” y no caigan en cascada desde las cumbres económico-administrativas.

Mientras que esto no ocurra, pactos irán y vendrán sin resolver los problemas de fondo.
15 Enero 2017 04:00:00
El pacto que falta
Más allá de su vaguedad e imprecisión, el “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar” que, como reacción tardía e insuficiente siguió al “gasolinazo”, adolece de un defecto sustancial en términos de política de largo plazo y bases sólidas: Es un acuerdo de cúpulas.

Peca de cortedad de miras y confusión de conceptos, lo que, de todos modos, no es nuevo en la praxis política, especialmente la de los años recientes.

Cortedad de miras, porque lejos de buscar soluciones de largo plazo y raíz profunda, lo que pretenden es capear temporales coyunturales, soslayando, que no sólo eludiendo, los factores estructurales.

En buena medida, eso se debe a la confusión generalizada que se ha creado por el empleo indiscriminado de términos y conceptos sobre los que se ha meditado poco -o nada- pero cuya sonoridad retórica encaja bien en el discurso.

Uno de ellos es el de “contrato social”, con el que Rousseau quiso explicar y, sobre todo, justificar, la sumisión del pueblo al gobierno -referido en él como un mítico y difuso “Estado”- a partir de un ilusorio “contrato social”, idea que trasciende la metáfora y esta pletórica de falacias y peticiones de principio.

Hay, sin duda, un acuerdo de voluntades en la base orgánica de todo conglomerado social, pero no es como Rousseau lo describe, sino uno que, para empezar, es tácito, no expreso, y no se suscribe en un evento, por solemne que sea, entre “sectores” de la sociedad, sino en el seno de la comunidad toda, y se construye paulatinamente, a través de mucho tiempo, como bien dijo el vilipendiado y poco leído Hobbes y refrendaran después Locke y otros pensadores serios de lo político.

En el acuerdo recién firmado, es indudable que se echa de menos la participación de la parte en cuyo favor se dice haber suscrito el convenio, así fuera por medio de algún ficticio mandatario: El pueblo.

Pero hay más, porque todo convenio necesita tener un objeto claro y factible. El del caso no es lo primero, y en muchos aspectos es, además, irrealizable.

Su objetivo final es se expresa en el último párrafo: “Los que hoy suscribimos este instrumento, refrendamos nuestra convicción de que nuestro país requiere que las y los mexicanos enfrentemos unidos los desafíos que le imponen las condiciones actuales”.

Abonar al restablecimiento de la unidad perdida, a juzgar por los participantes, se refiere a la de quienes integran las redes de poder ya descritas desde el siglo 19 por Ferdinand La Salle, que tan favorecidas han resultado con su pertenencia a la élite político-económica.

Aun en ese propósito el acuerdo nació fallido, vista la negativa expresa a participar en él de la Coparmex, el sindicato patronal, y la reticencia de la Conago, agrupamiento de los gobernadores.

Un acuerdo como ese no podrá siquiera paliar los efectos políticos de la circunstancia que impera, y menos aún abonar a la legitimidad basada en la justicia social que ha decaído tanto.

Lo que a todas luces está haciendo falta es “oír” a la historia, a nuestra cultura, esa que a la vez es producto de las tradiciones propias y del enriquecimiento que ha recibido -y recibe- de la ajenas.

El pacto que se necesita honrar es el que subyace en los valores compartidos por nuestra comunidad, respondiendo a una efectiva gestión destinada a su preservación dinámica, renovada y enriquecida, sin ventajas discriminatorias que solamente contribuyen al incremento de la corrupción y la crispación de la gente.

En ese modelo de evolución cívica que llamamos “estado” -otra noción de socorrido y equivoco empleo, especialmente cuando se dice “de derecho”- lo que hay es una comunidad políticamente organizada y jurídicamente estructurada. Por eso es necesario que los pactos y acuerdos surjan de la base, “suban”, y no caigan en cascada desde las cumbres económico-administrativas.

Mientras que esto no ocurra, pactos irán y vendrán, sin resolver los problemas
de fondo.
08 Enero 2017 04:00:00
La chispa en la pólvora
La cuesta de enero se puso esta vez escarpada y explosiva. Por mucho que se busquen explicaciones y se intente justificar la medida, el anuncio del “megagasolinazo” no parece justificable, y afirmar que solo afectará a los más ricos es francamente ingenuo y aun, si mucho se apremia, hasta ofensivo.
El anuncio fue, además, absolutamente inoportuno para quien lo hizo, porque la ya de suyo deteriorada imagen y disminuida capacidad política del gobierno federal, hay que agregar una falla más de cálculo respecto de los efectos que causaría, especialmente en la época en que fue efectuado.

La chispa cayó en pólvora seca y altamente explosiva.

La violenta reacción de un pueblo que ha sido agraviado por décadas -siglos quizá- de promesas incumplidas, mediatización y demagogia -agravados en los últimos tiempos- no se hizo esperar: en los medios, los corrillos, la academia y hasta en el medio político, se han expresado voces reprobatorias, de indignación, no solo frente a la medida concreta, sino respecto del ejercicio del mandato presidencial.

Incluso al interior de su partido hay voces reprobatorias y acciones públicas de oposición, a la medida recientemente anunciada y también a las actitudes adoptadas en materia de política exterior, en especial desde el “affaire” Trump, y sobre todo desde el triunfo de ese magnate frente a Hilary Clinton.

Lo más grave del asunto es que la pérdida de legitimidad personal ha alcanzado ya un grado de agravamiento que parece haber afectado, incluso, la legitimidad de las instituciones.

Empieza a perderse de vista, entre amplios sectores de la población, que el primer derecho fundamental, colectivo, es la permanencia de un orden estable y justo en las relaciones entre los integrantes de una comunidad, lo que permite que existan condiciones propicias para la previsión y planeación de vida y, sobre todo, solidez en la posibilidad de ejercer los derechos de cada quien, lo que solo es posible en un clima de responsabilidad social y respeto a los derechos ajenos.

Si ese presupuesto se rompe, se vuelve imposible la vida civilizada y el caos se enseñorea en las sociedades que dan en ese estado de cosas. No hay fuerza pública que sea capaz de restablecer un orden que no se funde en la convicción, la equidad y los equilibrios que solo la justicia puede proporcionar. Un orden jurídico basado en privilegios o pseudo valores distinto de aquel que propende al reconocimiento y respeto de aquellos derechos que a cada quien corresponden, difícilmente será “derecho” y ciertamente será ineficaz para garantizar la coexistencia pacífica y duradera que cualquier progreso requiere.

El equilibrio social -a veces precario, siempre frágil- puede romperse muy fácilmente por los abusos, de cualquiera, y si principalmente de la autoridad, también la de los particulares.

La respuesta requerida para restablecerlo cuando se rompe o flaquea no está, ciertamente, en las reacciones vandálicas, tan irracionales, incivilizadas y -en el fondo- tan inhumanas e inadmisibles como los abusos autoritarios.

Es necesario recordar que el buen gobierno requiere, ineludiblemente, del irrestricto respeto de los derechos humanos y las libertades de todos y de cada quien, por todos; ese propósito no se logra, sino al contrario, cuando a la violencia irracional e injusta ejercida por las redes de los poderosos se oponen el vandalismo y los excesos, tan inexplicables e inconexos éstos como aquella y como cualquier otro exceso.

En medio de la circunstancia que vive el país, sin embargo, no hay que pecar de ingenuidad. Hay que tener presente que, a río revuelto, ganancia de pescadores.

¿Habrá alguna mano meciendo esta cuna para revolver, todavía más las aguas y pescar a sus anchas en ellas?

Los tiempos políticos, de México y el mundo, con todos los intereses que en tal campo juegan, autoriza la duda y estimula una indagación seria sobre el tema ¿no le parece?
08 Enero 2017 03:59:00
La chispa en la pólvora
La cuesta de enero se puso esta vez escarpada y explosiva. Por mucho que se busquen explicaciones y se intente validar la medida, el anuncio del megagasolinazo no parece justificable, y afirmar que sólo afectará a los más ricos es francamente ingenuo y aun, si mucho se apremia, hasta ofensivo.

El anuncio fue, además, absolutamente inoportuno para quien lo hizo, porque la ya de suya deteriorada imagen y disminuida capacidad política del Gobierno federal, hay que agregar una falla más de cálculo respecto de los efectos que causaría, especialmente en la época en que fue efectuado.

La chispa cayó en pólvora seca y altamente explosiva.

La violenta reacción de un pueblo que ha sido agraviado por décadas –siglos quizá– de promesas incumplidas, mediatización y demagogia –agravados en los últimos tiempos– no se hizo esperar: en los medios, los corrillos, la academia y hasta en el medio político, se han expresado voces reprobatorias, de indignación, no sólo frente a la medida concreta, sino respecto del ejercicio del mandato presidencial.

Incluso al interior de su partido hay voces reprobatorias y acciones públicas de oposición a la medida recientemente anunciada y también a las actitudes adoptadas en materia de política exterior, en especial desde el “affaire” Trump, y sobre todo desde el triunfo de ese magnate frente a Hilary Clinton.

Lo más grave del asunto es que la pérdida de legitimidad personal ha alcanzado ya un grado de agravamiento que parece haber afectado, incluso, la legitimidad de las instituciones.

Empieza a perderse de vista, entre amplios sectores de la población, que el primer derecho fundamental, colectivo, es la permanencia de un orden estable y justo en las relaciones entre los integrantes de una comunidad, lo que permite que existan condiciones propicias para la previsión y planeación de vida y, sobre todo, solidez en la posibilidad de ejercer los derechos de cada quien, lo que sólo es posible en un clima de responsabilidad social y respeto a los derechos ajenos.

Si ese presupuesto se rompe, se vuelve imposible la vida civilizada y el caos se enseñorea en las sociedades que dan en ese estado de cosas. No hay fuerza pública que sea capaz de restablecer un orden que no se funde en la convicción, la equidad y los equilibrios que sólo la justicia puede proporcionar. Un orden jurídico basado en privilegios o seudovalores distinto de aquel que propende al reconocimiento y respeto de aquellos derechos que a cada quien corresponden, difícilmente será “derecho” y ciertamente será ineficaz para garantizar la coexistencia pacífica y duradera que cualquier progreso requiere.

El equilibrio social –a veces precario, siempre frágil– puede romperse muy fácilmente por los abusos, de cualquiera, y si principalmente de la autoridad, también la de los particulares.

La respuesta requerida para restablecerlo cuando se rompe o flaquea no está, ciertamente, en las reacciones vandálicas, tan irracionales, incivilizadas y –en el fondo– tan inhumanas e inadmisibles como los abusos autoritarios.

Es necesario recordar que el buen gobierno requiere, ineludiblemente, del irrestricto respeto de los derechos humanos y las libertades de todos y de cada quien, por todos; ese propósito no se logra, sino al contrario, cuando a la violencia irracional e injusta ejercida por las redes de los poderosos se oponen el vandalismo y los excesos, tan inexplicables e inconexos éstos como aquella y como cualquier otro exceso.

En medio de la circunstancia que vive el país, sin embargo, no hay que pecar de ingenuidad. Hay que tener presente que, a río revuelto, ganancia de pescadores.

¿Habrá alguna mano meciendo esta cuna para revolver, todavía más, las aguas y pescar a sus anchas en ellas?

Los tiempos políticos, de México y el mundo, con todos los intereses que en tal campo juegan, autoriza la duda y estimula una indagación seria sobre el tema ¿no le parece?
01 Enero 2017 03:50:00
En el 2017
Ha empezado un año que se antoja difícil, pero también promisorio.

Los temores ocasionados por la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos empezarán a ubicarse; se decantarán y enfrentarán realidades que seguramente serán factores que probablemente refrenarán los tempestuosos discursos de que, durante su campaña, hizo gala, aunque sus embates seguramente persistirán.

Personalmente creo que mucho de lo expresado por él hasta hoy tendrá que ubicarse, y que su falta de ideología –que ha abierto las puertas de su gabinete a los halcones de la economía y la política estadounidenses– se verán atenuados, quizás aún refrenados, por las realidades políticas y económicas.

Eso no quiere decir que, en este año de vísperas electorales, sea ayuno de inconvenientes y desafíos para México y sus líderes, que tan enmarañados parecen estar en la inmediatez y obcecados por el factor económico.

Frente a ello, México tiene que atender lo qué pasa dentro de México, y desde sus fuerzas y debilidades, echando mano de su historia, haga propicias sus oportunidades y en oportunidades convierta las amenazas de tal circunstancia.

Hay que fortalecer el mercado interno, se dice, pero se opera en el sentido contrario. Nos comparan los funcionarios de Pemex con Noruega para justificar el precio de las gasolinas –en muy buena medida, por los factores fiscales– pero no respecto de la cálida de la vida en ese país.

A pesar de que han mostrado la centralización de las decisiones y la concentración del poder su ineficacia y aún ser contraproducentes, se insiste en ellas y no se vislumbra otra cosa sino que tiendan a agudizarse.

En todo el mundo, factores como el deterioro ambiental –causante del inminente calentamiento global y sus consecuencias sintéticas– las oleadas de migración hacia Europa y los Estados Unidos, la diástole imposible, pero insistente, de la sístole globalizadora, el cúmulo de problemas aún no resueltos en ese ámbito metaterritorial que es el ciberespacio, el entronamiento “neoliberal” del egocentrismo y el becerro de oro en detrimento de la solidaridad humanitaria que se requiere, no auguran tampoco buenos auspicios.

Para Coahuila, específicamente, además de las repercusiones económicas que anuncia la que parece inevitable renegociación del TLCAN, el panorama ve agudizada la turbulencia por un proceso electoral que ya se anunció inédito y deja ver que tendrá tensiones internas y con el centro, que son de pronóstico reservado.

No todo es oscuro, porque en medio de todo está la esperanza, que cuando es informada y se acompaña de planeación y perseverancia, suele dar buenos resultados.

Mucho ayuda en ese propósito el hecho de tener siempre presente que no hay propósito mejor –y más práctico– que generar condiciones viables para el desarrollo humanitario integral, que permita a cada ser humano el ejercicio de sus libertades en armonía con las de los demás y garantizar que así sea.

Por eso, también en Coahuila cuando menos, hay motivo para refrescar la reflexión sobre el tema, porque su Comisión de Derechos Humanos, la CDHEC, cumple 25 años de haber sido fundada, y para celebrar ese acontecimiento se anuncia ya un lapso de revisión reflexiva y critica, no sólo sobre el estado que guardan esas prerrogativas públicas en el mundo, en México y en el particular espacio coahuilenses, sino también –y se diría que sobre todo– acerca de los fundamentos teóricos y filosóficos de los derechos humanos, los mitos y distorsiones que en su torno se han generado y sus paradojas, así como sobre el impacto que han ejercido en otras disciplinas y facetas de la vida social, económica y política de las comunidades humanas y la perspectiva que ofrecen en este tercer milenio.

En fin, si el panorama no es claro y tampoco bonancible por sí mismo, con optimismo bien informado y encauzado, 2017 pone en oferta la oportunidad de mejorar las condiciones que se avecinan, si no se olvida que el futuro se construye desde hoy, no se espera a que acontezca.

Hagamos que 2017 sea un año bueno.
18 Diciembre 2016 04:00:00
¿Ejército o policía?
Para entender el mundo castrense es necesario tener presente que la disciplina es su columna vertebral y reconocer en ella un poder que, por definición, no admite resistencia.

Tampoco puede pasarse por alto que los militares se forman para enfrentar situaciones de guerra, y que en el seno de las Fuerzas Armadas las jerarquías son tajantes. En ellas, para aprender a mandar, hay que saber obedecer.

En dos discursos recientes, el secretario de la Defensa en México ha hecho sentir, con claridad y enfáticamente, la necesidad de emitir una ley, ya en trámite, que justifique la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico y especifique sus facultades en esa materia, ajena hoy en rigor al fuero militar.

El motivo de fondo es claro, tiene que ver con la intención de precaverse de las acusaciones serias de violación a los derechos humanos provenientes de diversas ONG, nacionales y extranjeras, derivadas de su actuación en esa específica actividad.

Tiene razón el general secretario: la ambigüedad no ayuda a nadie y puede, en cambio, ser una lacra muy destructiva.

Como es natural, el tema ha levantado polvareda y se desató la polémica. Por eso conviene meditar acerca de algunas cuestiones conexas a él que parecen haberse pasado por alto.

En primer lugar, el yerro de origen parece haber sido la precipitación de Felipe Calderón –y su falta de oficio– que diagnosticó mal la situación para emprender una “guerra” –así la llamó originalmente– donde lo que hacía falta era combatir una forma de delincuencia especialmente virulenta.

En segundo, la magnitud –aún no medida con precisión– de la corrupción generada por la falta de solidez moral de las instituciones persecutoras de los delitos, que a dan visos, de manera muy generalizada, de haber sucumbido a los “cañonazos” de “cincuenta mil” que mencionara en su tiempo el general Obregón.

Añádase la pereza mental y la falta de imaginación informada, y se dará con el episodio de querer imitar acciones de otros países, cuyas circunstancias son, formal y materialmente, harto diversas de las mexicanas. Recuérdese que, desde el inicio de la gestión presidencial que está por concluir, se acudió a la asesoría de expertos extranjeros, de lo que resultó la creación de la Gendarmería. ¿No hubiera sido más fácil, práctico y congruente activar la “Guardia Nacional”, prevista desde siempre en nuestro ámbito constitucional?

Todavía más hay que decir, porque pasó que, lejos de depurar los cuerpos ministeriales y policiacos, se inició un frenesí de cambio de nombres y creación de instancias cuyos nulos resultados están a la vista.

Tiene razón, dije líneas arriba, el general Cienfuegos, porque quiere excluir al Ejército de las labores policiacas y regresarlo a los cuarteles, de los que lo sacó la disciplina y la obediencia institucional a su jefe supremo, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo mueve la necesidad, nacida de su formación y del raciocinio, de ajustar a derecho la actuación de las Fuerzas Armadas, pero como eso no ocurrió desde el principio, hoy la preocupación se ve acrecentada por el instinto de conservación y, previendo posibles reclamaciones y fincamiento de responsabilidades en el futuro inmediato, urge al Congreso de la Unión para regularizar la situación.

¿Será, acaso, la solución ajustar hoy el derecho a la circunstancia para justificar la actuación anterior? Me parece que no, sino que está en buscar, dentro de nuestra propia tradición y a la luz de los valores universales, las estructuras adecuadas para iniciar un retiro paulatino, gradual y racionalmente programado del Ejército, mientras que en paralelo se efectúa una reestructuración policiaca, respetuosa de la institución federativa, pero con efectivos mecanismos de coordinación y control.

Ese ejercicio, para ser eficaz, ha de hacerse con conocimiento y pericia, siempre teniendo en cuenta que la función institucional es garantizar el que suele llamarse “bien común”, que consiste en garantizar, armónicamente, las libertades y derechos fundamentales.

Estudiar las mejores prácticas es útil, pero copiarlas sin adaptarlas conducirá siempre al fracaso.
18 Diciembre 2016 04:00:00
¿Ejército o Policía?
Para entender el mundo castrense es necesario tener presente que la disciplina es su columna vertebral y reconocer en ella un poder que, por definición, no admite resistencia.

Tampoco puede pasarse por alto que los militares se forman para enfrentar situaciones de guerra, y que en el seno de las fuerzas armadas las jerarquías son tajantes. En ellas, para aprender a mandar, hay que saber obedecer.

En dos discursos recientes, el secretario de la Defensa en México ha hecho sentir, con claridad y enfáticamente, la necesidad de emitir una ley, ya en trámite, que justifique la intervención de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico y especifique sus facultades en esa materia, ajena hoy en rigor al fuero militar.

El motivo de fondo es claro, tiene que ver con la intención de precaverse de las acusaciones serias de violación a los derechos humanos provenientes de diversas ONG, nacionales y extranjeras, derivadas de su actuación en esa específica actividad.

Tiene razón el General Secretario: La ambigüedad no ayuda a nadie y puede, en cambio, ser una lacra muy destructiva.

Como es natural, el tema ha levantado polvareda y se desató la polémica. Por eso conviene meditar acerca de algunas cuestiones conexas a él que parecen haberse pasado por alto.

En primer lugar, el yerro de origen parece haber sido la precipitación de Felipe Calderón -y su falta de oficio- que diagnosticó mal la situación para emprender una “guerra” -así la llamó originalmente- donde lo que hacía falta era combatir una forma de delincuencia especialmente virulenta.

En segundo, la magnitud -aún no medida con precisión- de la corrupción generada por la falta de solidez moral de las instituciones persecutoras de los delitos, que dan visos, de manera muy generalizada, de haber sucumbido a los “cañonazos” de “cincuenta mil” que mencionara en su tiempo el general Obregón.

Añádase la pereza mental y la falta de imaginación informada y se dará con el episodio de querer imitar acciones de otros países, cuyas circunstancias son, formal y materialmente, harto diversas de las mexicanas. Recuérdese que desde el inicio de la gestión presidencial que está por concluir, se acudió a la asesoría de expertos extranjeros, de lo que resultó la creación de la Gendarmería. ¿No hubiera sido más fácil, práctico y congruente activar la “Guardia Nacional”, prevista desde siempre en nuestro ámbito constitucional?

Todavía más hay que decir, porque pasó que, lejos de depurar los cuerpos ministeriales y policiacos, se inició un frenesí de cambio de nombres y creación de instancias cuyos nulos resultados están a la vista.

Tiene razón, dije líneas arriba, el general Cienfuegos, porque quiere excluir al Ejército de las labores policiacas y regresarlo a los cuarteles, de los que lo sacó la disciplina y la obediencia institucional a su jefe supremo, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo mueve la necesidad, nacida de su formación y del raciocinio, de ajustar a derecho la actuación de las fuerzas armadas, pero como eso no ocurrió desde el principio, hoy la preocupación se ve acrecentada por el instinto de conservación y, previendo posibles reclamaciones y fincamiento de responsabilidades en el futuro inmediato, urge al Congreso de la Unión para regularizar la situación.

¿Será, acaso, la solución ajustar hoy el derecho a la circunstancia para justificar la actuación anterior? Me parece que no, sino que está en buscar, dentro de nuestra propia tradición y a la luz de los valores universales, las estructuras adecuadas para iniciar un retiro paulatino, gradual y racionalmente programado del Ejército, mientras que en paralelo se efectúa una reestructuración policiaca, respetuosa de la institución federativa, pero con efectivos mecanismos de coordinación y control.

Ese ejercicio, para ser eficaz, ha de hacerse con conocimiento y pericia, siempre teniendo en cuenta que la función institucional es garantizar el que suele llamarse “bien común”, que consiste en garantizar, armónicamente, las libertades y derechos fundamentales.

Estudiar las mejores prácticas es útil, pero copiarlas sin adaptarlas conducirá siempre al fracaso.
11 Diciembre 2016 04:00:00
Esquizofrenia política
Una Constitución que cada año se exalta, pero poco se respeta el resto del tiempo. Una Constitución a la que, sin mucho pensarlo, se le incorporan parches sin ton ni son, con más frecuencia de lo que podría reformarse un reglamento.

Leyes “de avanzada”, que se emiten a granel, pero no se observan, y promesas de campaña que no se cumplen, pero concitan el voto a su favor, aun a sabiendas de que no serán cumplidas.

Políticas contrarias a la fundamentación histórica del Estado mexicano, que inhiben el potencial creativo e innovador de cada estado y región del país, al imponer normas pensadas y diseñadas en gabinetes ajenos a sus peculiaridades y el uso creciente del fácil recurso, “descubierto” ingeniosamente por alguna mente brillante centralmente enfocada, de las leyes “generales” y “nacionales” que rompen con el sistema federal, anulando sus valores democráticos como equilibrio adicional del poder público.

Funciones policiacas distorsionadas y en el abandono, si no es que francamente corruptas, lo que impulsa la intervención de las Fuerzas Armadas en la tarea de perseguir a los delincuentes y asumir, con creciente contrariedad, las tareas de seguridad pública, cosa que no les corresponde e incluso es contraria a su naturaleza.

Una comunidad mediatizada y condescendiente que poco o nada influye en la toma de decisiones públicas y su ejecución.

Maniqueísmo político y representatividad disminuida y desvirtuada.

Equilibrio en el poder imposible en el seno de esa concentración doble que, contra la esencia misma del sistema de frenos y contrapesos, opera en México: hacia el gobierno de la unión, en una primera instancia, y dentro de este, en el Poder Ejecutivo.

Súmese la extrema pobreza de los más y la provocativa acumulación de la gran porción de la riqueza en unas cuantas arcas y las pocas opciones de empleo lícito frente a las tentadoras ofertas de ocupación marginal o francamente delictiva, y se tendrá una tenue panorámica de la gravedad de la situación general.

No es extraño que, en esas condiciones, la ciudadanía se vuelva escéptica, por un lado, y apática frente a las cosas de la “polis”, y centre en cambio la preocupación de cada uno en la solución inmediata de los propios problemas, sin apenas posibilidad de que quepa el sentido de solidaridad que se echa de menos y sólo se manifiesta en ocasiones extraordinarias, como aquellas que derivan de una catástrofe natural o de la necesidad de autodefenderse ante la incapacidad del Gobierno para hacerlo. Piénsese en las “autodefensas”, los “justicieros” anónimos y hasta en los deplorables casos en que la comunidad, como en Fuenteovejuna, ha hecho “justicia” por propia mano.

Cuando la autoridad pierde de vista el interés general –como parece haber ocurrido ya en muchos casos– se exacerba el individualismo y se pierde la brújula pública. La cohesión social se debilita y se corroen los vínculos axiológicos de la comunidad estructurada jurídicamente para convertirse en “estado”, misma que deja por tanto de ser apta para cumplir su función política: garantizar las libertades de todos, en armonía y responsablemente ejercidas.

La planeación se hace imposible y la inmediatez se adueña del terreno, lo que ocasiona que –más aún si se suma la ignorancia rampante de las realidades nacionales– tenga que voltearse a buscar esquemas de operación literalmente exóticos, sin otro propósito que no sea el engaño, la aprobación “internacional”, ventajas personales y lucro ilícito, lo que por infortunio se hace cada vez más evidente.

Sume usted la impunidad, la sumisión como actitud política para suplir las deficiencias de la aptitud, y el explosivo coctel apenas estará mostrando su verdadero rostro.

¿Puede, acaso, comunidad alguna caminar con buen sentido en el rumbo del progreso real, del desarrollo efectivo del todo y en el de cada uno de sus miembros en ese esquema de franca esquizofrenia social?

Cuando ese mal se apodera de los gobiernos y contamina luego a la sociedad civil, se abren de par en par las puertas del “Estado fallido”.

¿Estamos lejos?
11 Diciembre 2016 04:00:00
Esquizofrenia política
Una constitución que cada año se exalta, pero poco se respeta el resto del tiempo. Una constitución a la que, sin mucho pensarlo, se le incorporan parches sin ton ni son, con más frecuencia de lo que podría reformarse un reglamento.

Leyes “de avanzada”, que se emiten a granel, pero no se observan, y promesas de campaña que no se cumplen, pero concitan el voto a su favor, aún a sabiendas de que no serán cumplidas.

Políticas contrarias a la fundamentación histórica del Estado mexicano, que inhiben el potencial creativo e innovador de cada estado y región del parias, al imponer normas pensadas y diseñadas en gabinetes ajenos a sus peculiaridades y el uso creciente del fácil recurso, “descubierto” ingeniosamente por alguna mente brillante centralmente enfocada, de las leyes “generales” y “nacionales” que rompen con el sistema federal, anulando sus valores democráticos como equilibrio adicional del poder público.

Funciones policiacas distorsionadas y en el abandono, si no es que francamente corruptas, lo que impulsa la intervención de las fuerzas armadas en la tarea de perseguir a los delincuentes y asumir, con creciente contrariedad, las tareas de seguridad pública, cosa que no les corresponde e incluso es contraria a su naturaleza.

Una comunidad mediatizada y condescendiente que poco o nada influye en la toma de decisiones públicas y su ejecución.

Maniqueísmo político y representatividad disminuida y desvirtuada.
Equilibrio en el poder imposible en el seno de esa concentración doble que, contra la esencia misma del sistema de frenos y contrapesos, opera en México: Hacia el gobierno de la unión, en una primera instancia, y dentro de éste, en el poder ejecutivo.

Súmese la extrema pobreza de los más y la provocativa acumulación de la gran porción de la riqueza en unas cuantas arcas y las pocas opciones de empleo lícito frente a las tentadoras ofertas de ocupación marginal o francamente delictiva, y se tendrá una tenue panorámica de la gravedad de la situación general.

No es extraño que, en esas condiciones, la ciudadanía se vuelva escéptica, por un lado, y apática frente a las cosas de la “polis”, y centre en cambio la preocupación de cada uno en la solución inmediata de los propios problemas, sin apenas posibilidad de que quepa el sentido de solidaridad que se echa de menos y solo se manifiesta en ocasiones extraordinarias, como aquellas que derivan de una catástrofe natural o de la necesidad de auto defenderse ante la incapacidad del Gobierno para hacerlo. Piénsese en las “autodefensas”, los “justicieros” anónimos y hasta en los deplorables casos en que la comunidad, como en Fuenteovejuna, ha hecho “justicia” por propia mano.

Cuando la autoridad pierde de vista el interés general -como parece haber ocurrido ya en muchos casos- se exacerba el individualismo y se pierde la brújula pública. La cohesión social se debilita y se corroen los vínculos axiológicos de la comunidad estructurada jurídicamente para convertirse en “estado”, misma que deja por tanto de ser apta para cumplir su función política: garantizar las libertades de todos, en armonía y responsablemente ejercidas.
La planeación se hace imposible y la inmediatez se adueña del terreno, lo que ocasiona que -más aun si se suma la ignorancia rampante de las realidades nacionales- tenga que voltearse a buscar esquemas de operación literalmente exóticos, sin otro propósito que no sea el engaño, la aprobación “internacional”, ventajas personales y lucro ilícito, lo que por infortunio se hace cada vez más evidente.

Sume usted la impunidad, la sumisión como actitud política para suplir las deficiencias de la aptitud, y el explosivo coctel apenas estará mostrando su verdadero rostro.

¿Puede, acaso, comunidad alguna caminar con buen sentido en el rumbo del progreso real, del desarrollo efectivo del todo y en el de cada uno de sus miembros en ese esquema de franca esquizofrenia social?

Cuando ese mal se apodera de los gobiernos y contamina luego a la sociedad civil, se abren de par en par las puertas del “estado fallido”.
¿Estamos lejos?
27 Noviembre 2016 04:00:00
Fidel
Nació el 13 de agosto de 1926, en la provincia de Holguín, una comunidad rural en la que su padre, gallego avecindado en Cuba, desarrollaba su actividad económica.

Fue alumno del Colegio de Belén, en La Habana, una institución jesuítica en la que, a decir de algún compañero suyo, con quien tuve oportunidad de platicar alguna vez, fue un destacado “orador sacro”, y no descarto que entre los muros y pasillos de entonces haya desarrollado sus inquietudes y las habilidades de que dio muestra más tarde, las mismas que, como acertado y versátil estratega, lo llevarían con el tiempo a convertirse, para bien o para mal, en uno de los factores clave –y no sólo en un personaje irónico– de la historia mundial del siglo 20, y seguramente de todos los tiempos (¿alguien puede ignorar que Tomás de Aquino, cuya filosofía se suele estudiar en los colegios como el de Belén, justifica el derecho a la revolución contra los tiranos, siempre que el bien alcanzado sea mayor que el daño ocasionado?).

Murió el viernes 25 de noviembre de 2016, a los 90 años, cuando el país que transformó había ya iniciado una nueva, delicada, transición hacia su integración a un mundo diverso a aquel del comandante que fue de la revolución había pretendido.

No pudo ver levantarse el oprobioso –y torpe– bloqueo económico que le impusiera a Cuba el Gobierno de Estados Unidos –el “imperio”, según sus propias palabras– con la peregrina intención de ahogarlo y verlo caer.

No pudo testificar la conclusión del movimiento estratégico iniciado por su hermano Raúl –sin duda de acuerdo con él– y que se ve hoy amenazado con la llegada de Donald Trump a la presidencia estadunidense.

¿Qué será de Cuba sin Fidel? Seguramente cambiará la situación interna, y es evidente que la ausencia física del caudillo abrirá un hueco de orfandad entre lo poco que queda de la mística revolucionaria, que fue modelo de vigor y de audacia para muchos de los progresistas del mundo, equivocados o no.

En La Habana –la visité hace muy poco– se respiraban ya desde unos meses antes aires de renuevo, incluso entre la gente a quien habría que suponer debió beneficiar la revolución.

“Los americanos son muy malos, pero tienen todo lo bueno”, me dijo el pintoresco conductor de un carricoche tirado por una yegua llamada “Caramelo”, con él platiqué mientras esperaba yo a mis compañeros de viaje y él a unos turistas que había llevado al malecón. Lo hacía mientras se ufanaba de que un crucero estadunidense había atracado en La Habana después de muchos años de no hacerlo, y en tanto señalaba, como si pudiera verse desde donde estábamos, el rumbo por el cual se encontraba la embajada, recién reabierta, de Estados Unidos.

Un atisbo de esperanza, un anhelo difícil de ocultar se adivinaba ya entre la gente, que sin duda veía con optimismo el futuro, como oportunidad probable de mejorar la calidad de vida, aunque las condiciones de deterioro social fueran perceptibles a primera vista. Lamentablemente, hoy el tránsito hacia ese futuro promisorio se muestra asaz difícil.

¿Tendrá Raúl Castro capacidad de liderazgo suficiente para encabezar el movimiento sin Fidel y su protectora sombra? ¿Tendrá las habilidades diplomáticas y políticas que le harán falta a Cuba para enfrentar, en medio de su propia transición, el entorno hostil que promete la elección de Trump? ¿Será capaz de enfrentar y vencer al vigor, ya manifiesto, de las nuevas generaciones y grupos de interés en el seno de la clase dirigente cubana? Más todavía, porque su edad no viene mucho a la zaga de la de Fidel ¿tendrá tiempo?

La muerte de Castro, que paradójicamente le abre las puertas a la perennidad histórica, abona, sin duda, a la incertidumbre global que tiene ya desquiciados a la economía, la política y la sustancial democracia en el mundo entero.

¿Podrá Fidel, como el Cid Campeador, seguir cabalgando y ganando batallas después de muerto?
27 Noviembre 2016 04:00:00
Fidel
Nació el 13 de agosto de 1926 en la Provincia de Holguín, una comunidad rural en la que su padre, gallego avecindado en Cuba, desarrollaba su actividad económica.

Fue alumno del Colegio de Belén, en La Habana, una institución jesuítica en la que, a decir de algún compañero suyo con quien tuve oportunidad de platicar alguna vez, fue un destacado “orador sacro”, y no descarto que entre los muros y pasillos de entonces haya desarrollado sus inquietudes y las habilidades de que dio muestra más tarde, las mismas que, como acertado y versátil estratega, lo llevarían con el tiempo a convertirse, para bien o para mal, en uno de los factores clave -y no sólo en un personaje icónico- de la historia mundial del siglo 20, y seguramente de todos los tiempos (¿alguien puede ignorar que Tomás de Aquino, cuya filosofía se suele estudiar en los colegios como el de Belén, justifica el derecho a la revolución contra los tiranos, siempre que el bien alcanzado sea mayor que el daño ocasionado?).

Murió el viernes 25 de noviembre de 2016, a los noventa años, cuando el país que transformó había ya iniciado una nueva, delicada, transición hacia su integración a un mundo diverso de aquel que el comandante que fue de la revolución había pretendido.

No pudo ver levantarse el oprobioso -y torpe- bloqueo económico que le impusiera a Cuba el gobierno de los Estados Unidos -el “imperio”, según sus propias palabras- con la peregrina intención de ahogarlo y verlo caer.

No pudo testificar la conclusión del movimiento estratégico iniciado por su hermano Raúl -sin duda de acuerdo con él- y que se ve hoy amenazado con la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense.

¿Qué será de Cuba sin Fidel? Seguramente cambiará la situación interna, y es evidente que la ausencia física del caudillo abrirá un hueco de orfandad entre lo poco que queda de la mística revolucionaria que fue modelo de vigor y de audacia para muchos de los progresistas del mundo, equivocados o no.

En La Habana -la visité hace muy poco- se respiraban ya desde unos meses antes aires de renuevo, incluso entre la gente a quien habría que suponer debió beneficiar la revolución.

“Los americanos son muy malos, pero tienen todo lo bueno”, me dijo el pintoresco conductor de un carricoche tirado por una yegua llamada Caramelo, con quien platiqué mientras esperaba yo a mis compañeros de viaje y él a unos turistas que había llevado al malecón. Lo hacía mientras se ufanaba de que un crucero estadounidense había atracado en La Habana después de muchos años de no hacerlo, y en tanto señalaba, como si pudiera verse desde donde estábamos, el rumbo por el cual se encontraba la embajada, recién reabierta, de los Estados Unidos.

Un atisbo de esperanza, un anhelo difícil de ocultar se adivinaba ya entre la gente, que sin duda veía con optimismo el futuro, como oportunidad probable de mejorar la calidad de vida, aunque las condiciones de deterioro social fueran perceptibles a primera vista. Lamentablemente, hoy el tránsito hacia ese futuro promisorio se muestra asaz difícil.

¿Tendrá Raúl Castro capacidad de liderazgo suficiente para encabezar el movimiento sin Fidel y su protectora sombra? ¿Tendrá las habilidades diplomáticas y políticas que le harán falta a Cuba para enfrentar, en medio de su propia transición, el entorno hostil que promete la elección de Trump? ¿Será capaz de enfrentar y vencer al vigor, ya manifiesto, de las nuevas generaciones y grupos de interés en el seno de la clase dirigente cubana? Más todavía, porque su edad no viene mucho a la zaga de la de Fidel ¿tendrá tiempo?

La muerte de Castro, que paradójicamente le abre las puertas a la perennidad histórica, abona, sin duda, a la incertidumbre global que tiene ya desquiciados a la economía, la política y la sustancial democracia en el mundo entero.

¿Podrá Fidel, como el Cid Campeador, seguir cabalgando y ganando batallas después de muerto?
20 Noviembre 2016 04:00:00
¿Declinación del imperio?
Una cosa es cierta: el triunfo de Donald Trump ha producido, dentro y fuera de los Estados Unidos, rupturas y fragmentaciones de proporciones nada deleznables.

Su incuestionable victoria, en términos técnicos, resultó contradictoria con la voluntad popular, gracias al peculiar sistema electoral de aquel país.

De cualquier modo, en la votación reciente, el pueblo en cuyo nombre y para cuya felicidad fue expedida la primera constitución democrática del mundo, se partió en dos. Ese sólo hecho es de suyo grave en términos de las expectativas de gobernabilidad.

Para más, en el heredero del viejo –pero vigente y válido– principio del “rule of law”, el próximo presidente ha dado muestras sobradas de que su respeto por las normas garantes de libertades iguales para todos es, por decir lo menos, precario.

Por si fuera poco, obtuvo además su partido mayoría en las dos cámaras legislativas y es de suponerse que el otro poder, el judicial, acabe conformado por una mayoría conservadora también, cuando Trump presidente haga las nominaciones que faltan, verá empobrecida la eficacia del sistema de “frenos y contrapesos” que descansa en la división de poderes.

Ante tan oscuro panorama, se avizoran, sí, dificultades económicas para los “socios” comerciales de los Estados Unidos, pero también internamente para su industria, comercio y los consumidores mismos.

Lo más grave, quizá, para ellos, será que los chinos son, hoy por hoy, los tenedores de mayor número de bonos del tesoro de los EU, lo que pone a los orientales en una franca ventaja, especialmente si se toma en cuenta el estilo propio de la China para negociar sus intereses.

Desbaratar la intrincada maraña de relaciones financieras, industriales y comerciales tejidas al amparo de la generalizada liberación de trabas al comercio mundial, sustentada en tratados y promovida por organismos internacionales, como la OCDE, tampoco será tarea fácil, aunque técnicamente existan facultades para denunciar –dejar unilateralmente– los tratados, como lo que pasa con el TLC.

Ese tremolar económico, interno y externo, ha tenido ya repercusiones políticas que no pueden pasarse por alto.

En primer lugar, han surgido ya movimientos que parecen virulentos e impulsan el abandono de la federación estadunidense por parte de alguno de los estados federados –California– a partir del movimiento denominado “Calexit”, que pretende separar a ese estado y promueve que se sumen Oregon y Washington, con lo que quedaría integrada toda la costa poniente de los Estados Unidos, con todo su considerable potencial económico.

Quienes eso proponen han hecho pública la posibilidad estratégica de incorporarse en bloque a Canadá, lo que, además de resultar atractivo para este país y por eso acercar a un importante aliado potencial, les proporciona la oportunidad de independizarse, minimizando las repercusiones en la estructura jurídico-política internacional.

El planteamiento mismo, la posibilidad que conlleva y las sinergías que pueda desatar, hacen que se prendan focos rojos en el tablero de control de la cohesión estadunidense, presupuesto esencial para que prevalezca su poderío mundial.

Jean Baptist Duroselle, para plantear su teoría de las relaciones internacionales, escribió un libro cuyo sugerente título es Todo Imperio Perecerá (México, 1999, FCE). En él dice que una de las causas de muerte de los imperios es la “disgregación interna”, que “aparece casi como una necesidad de la historia”.

Por su parte, Zbigniew Brzezinski –en su libro The Choice: Global Domination or Global Leadership (N.Y., 2004, Basuic Books)–, después de haber hecho gala de la potencia, el tamaño y el breve lapso en que el imperio estadunidense fue construido, reconoce que “una hegemonía es una fase histórica transitoria. A fin de cuentas, aunque no sea pronto, el dominio global de Estados Unidos se desvanecerá”.

El triunfo de Trump ha dejado al descubierto muchas resquebrajaduras que muestran que Estados Unidos, con toda su fortaleza económica y militar, no es inmune a los efectos de la globalidad sobre las soberanías estatales. ¿Serán ellas, además, signos de que su hegemonía imperial ha iniciado el declive?
20 Noviembre 2016 04:00:00
¿Declinación del imperio?
Una cosa es cierta: el triunfo de Donald Trump ha producido, dentro y fuera de los Estados Unidos, rupturas y fragmentaciones de proporciones nada deleznables.

Su incuestionable victoria, en términos técnicos, resultó, en términos políticos, contradictoria de la voluntad popular, gracias al peculiar sistema electoral de aquel país.

De cualquier modo, en la votación reciente el pueblo en cuyo nombre y para cuya felicidad fue expedida la primera constitución democrática del mundo, se partió en dos. Ese solo hecho es de suyo grave en términos de las expectativas de gobernabilidad.

Para más, en el heredero del viejo -pero vigente y válido- principio del “rule of law”, el próximo presidente ha dado muestras sobradas de que su respeto por las normas garantes de libertades iguales para todos es, por decir lo menos, precario.

Por si fuera poco, obtuvo además su partido mayoría en las dos cámaras legislativas y es de suponerse que el otro poder, el Judicial, acabe conformado por una mayoría conservadora también, cuando Trump presidente haga las nominaciones que faltan, lo que verá empobrecida la eficacia del sistema de “frenos y contrapesos” que descansa en la división de poderes.

Ante tan oscuro panorama, se avizoran, sí, dificultades económicas para los “socios” comerciales de los Estados Unidos, pero también internamente para su industria, comercio y los consumidores mismos.

Lo más grave, quizá, para ellos, será que los chinos son, hoy por hoy, los tenedores de mayor número de bonos del tesoro de los EU, lo que pone a los orientales en una franca ventaja, especialmente si se toma en cuenta el estilo propio de la China para negociar sus intereses.

Desbaratar la intrincada maraña de relaciones financieras, industriales y comerciales tejidas al amparo de la generalizada liberación de trabas al comercio mundial, sustentada en tratados y promovida por organismos internacionales, como la OCDE, tampoco será tarea fácil, aunque técnicamente existan facultades para denunciar -dejar unilateralmente- los tratados, como lo que pasa con el TLC.

Ese tremolar económico, interno y externo, ha tenido ya repercusiones políticas que no pueden pasarse por alto.

En primer lugar, han surgido ya movimientos que parecen virulentos e impulsan el abandono de la federación estadounidense por parte de alguno de los estados federados -California- a partir de movimiento denominado “Calexit”, que pretende separar a ese estado y promueve que se sumen Oregon y Washington, con lo que quedaría integrada toda la costa poniente de los Estados Unidos, con todo su considerable potencial económico.

Quienes eso proponen han hecho pública la posibilidad estratégica de incorporarse en bloque al Canadá, lo que, además de resultar atractivo para este país y por eso acercar a un importante aliado potencial, les proporciona la oportunidad de independizarse minimizando las repercusiones en la estructura jurídico-política internacional.

El planteamiento mismo, la posibilidad que conlleva y las sinergias que pueda desatar, hacen que se prendan focos rojos en el tablero de control de la cohesión estadounidense, presupuesto esencial para que prevalezca su poderío mundial.

Jean Baptist Duroselle, para plantear su teoría de las relaciones internacionales, escribió un libro cuyo sugerente título es “Todo imperio perecerá” (México, 1999, FCE). En él dice que una de las causas de muerte de los imperios es la “disgregación interna”, que “aparece casi como una necesidad de la historia”.

Por su parte, Zbigniew Brzezinski -en su libro “The Choice: Global Domination or Global Leadership” (N.Y., 2004, Basuic Books)- después de haber hecho gala de la potencia, el tamaño y el breve lapso en que el imperio estadounidense fue construido, reconoce que “una hegemonía es una fase histórica transitoria. A fin de cuentas, aunque no sea pronto, el dominio global de Estados Unidos se desvanecerá”.

El triunfo de Trump ha dejado al descubierto muchas resquebrajaduras que muestran que los Estados Unidos, con toda su fortaleza económica y militar, no son inmunes a los efectos de la globalidad sobre las soberanías estatales. ¿Serán ellas, además, signos de que su hegemonía imperial ha iniciado el declive?
13 Noviembre 2016 04:00:00
Las primeras acciones de Trump
A toro pasado, los pronósticos suelen ser certeros.

Hoy, quienes auguraron el triunfo de Hillary Clinton, dan la impresión de que fincaron sus perspectivas más en la esperanza que en indicios ciertos.

Ante el hecho consumado, la esperanza se traduce en argüir que mucho de lo anunciado por Trump en su campaña será imposible de cumplir –yo diría que en todo caso será difícil–, puesto que opera en el sistema estadunidense el esquema de “frenos y contrapesos” que pensó Montesquieu, y hay además otros controles jurídicos, políticos y sociales, que seguramente opondrán obstáculos a sus impulsos.

A pesar de ello, el enorme poder depositado en el presidente de aquel país, la integración de un congreso, no necesariamente incondicional, pero sí mayoritariamente republicano y en buena medida afín a la ideología de Trump, introduce riesgos actualizados para la humanidad toda, pero especialmente para los mexicanos.

Apenas tuvo certeza de su triunfo, Trump dejó de lado el efímero talante conciliador de su discurso, para anunciar, en un documento que intituló Plan de 100 días para hacer a los Estados Unidos grandes otra vez, las primeras acciones que llevará acabo desde su primer día en la Casa blanca.

Muchas tienen que ver con una idea gerencial de la gestión pública y se ciñen, sobre todo, a cuestiones internas que, si bien es posible que tengan repercusiones foráneas, no son las verdaderamente trascendentes.

En cambio, en el apartado que llama Siete acciones para proteger a los trabajadores estadunidenses, incluye las siguientes: la revisión del TLCAN, o salir del acuerdo en ejercicio del derecho que confiere a suscriptores del tratado el Artículo 2205, que escuetamente dice: “Una Parte podrá denunciar este Tratado seis meses después de notificar por escrito a las otras Partes su intención de hacerlo. Cuando una Parte lo haya denunciado, el Tratado permanecerá en vigor para las otras Partes”; anunciará el retiro de su país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica; instruirá al secretario del Tesoro para que etiquete a China como “manipulador monetario”; al secretario de Comercio y al representante de los Estados Unidos para el Comercio, los instruirá para que identifiquen “todos los abusos comerciales extranjeros que impacten inequitativamente a los trabajadores estadunidenses, y usen todo instrumento jurídico, estadunidense e internacional, para terminar inmediatamente con esos abusos”.

Anuncia, además, en el mismo documento, que derogará todo decreto, acuerdo o circular que considere inconstitucional, y haya emitido el presidente Obama; también que suspenderá la inmigración desde regiones propensas al terrorismo (lo que, claro, estaría a su alcance definir), cuando no se pueda comprobar (o se dude de ello) que son “inofensivos”, agregando que, en esos casos, la investigación de los antecedentes será “extrema”.

Muchas de las acciones anunciadas por Trump podrán ser llevadas a cabo sin necesidad de acudir a las cámaras y, en materia social y política, contará seguramente con el apoyo de los sindicatos y la porción de la gente que, precisamente por eso, votó por él, aunque en el rigor de los hechos, la votación “popular” entre ambos candidatos fue muy ligeramente favorable a Clinton.

Ciertamente podrá ocurrir que la comunidad internacional –aunque habrá que ver esto con reservas–, la complicada integración global de la economía, las grandes corporaciones del mundo, el régimen jurídico internacional y otros muchos contrapesos internos y externos dificulten al inefable Mr. Trump que se salga con la suya fácilmente, pero es imposible pasar por alto una característica suya que seguramente representa un riesgo mayor para su tránsito a los objetivos que pretende: su innegable tesón y su obstinación por conseguir todo lo que quiere, a pesar de todo y de todos, de lo que ha dado buena muestra.

Se dice que “un pesimista es un optimista bien informado”. No hay que ser, entonces, obnubilados por un optimismo ciego, porque, de ser así, pueden perderse de vista los riesgos y dejarse de tomar las medidas necesarias y legítimas para evitar que su egolatría cause daños mayores al mundo.
13 Noviembre 2016 04:00:00
Las primeras acciones de Trump
A toro pasado, los pronósticos suelen ser certeros.

Hoy, quienes auguraron el triunfo de Hilary Clinton, dan la impresión de que fincaron sus perspectivas más en la esperanza que en indicios ciertos.

Ante el hecho consumado, la esperanza se traduce en argüir que mucho de lo anunciado por Trump en su campaña será imposible de cumplir -yo diría que, en todo caso será difícil- puesto que opera en el sistema estadounidense el esquema de “frenos y contrapesos” que pensó Montesquieu, y hay además otros controles, jurídicos, políticos y sociales, que seguramente opondrán obstáculos a sus impulsos.

A pesar de ello, el enorme poder depositado en el presidente de aquel país, la integración de un congreso, no necesariamente incondicional, pero sí mayoritariamente republicano y en buena medida afín a la ideología de Trump, introduce riesgos actualizados para la humanidad toda, pero especialmente para los mexicanos.

Apenas tuvo certeza de su triunfo, Trump dejó de lado el efímero talante conciliador de su discurso, para anunciar, en un documento que intituló “Plan de 100 días para hacer a los Estados Unidos grandes otra vez”, las primeras acciones que llevará acabo desde su primer día en la Casa blanca.

Muchas tienen que ver con una idea gerencial de la gestión pública y se ciñen, sobre todo, a cuestiones internas que, si bien es posible que tengan repercusiones foráneas, no son las verdaderamente trascendentes.

En cambio, en el apartado que llama “Siete acciones para proteger a los trabajadores estadounidenses”, incluye las siguientes: La revisión del TLCAN, o salir del acuerdo en ejercicio del derecho que confiere a suscriptores del tratado el artículo 2205, que escuetamente dice: “Una parte podrá denunciar este tratado seis meses después de notificar por escrito a las otras partes su intención de hacerlo. Cuando una parte lo haya denunciado, el tratado permanecerá en vigor para las otras partes”; anunciará el retiro de su país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica; instruirá al secretario del Tesoro para que etiquete a China como “manipulador monetario”; al secretario de Comercio y al representante de los Estados Unidos para el Comercio, los instruirá para que identifiquen “todos los abusos comerciales extranjeros que impacten inequitativamente a los trabajadores estadounidenses y usen todo instrumento jurídico, estadounidense e internacional, para terminar inmediatamente con esos abusos”.

Anuncia además, en el mismo documento, que derogará todo decreto, acuerdo o circular que considere inconstitucional y haya emitido el presidente Obama; también que suspenderá la inmigración desde regiones propensas al terrorismo (lo que, claro, estaría a su alcance definir), cuando no se pueda comprobar (o se dude de ello) que son “inofensivos”, agregando que, en esos casos, la investigación de los antecedentes será “extrema”.

Muchas de las acciones anunciadas por Trump podrán ser llevadas a cabo sin necesidad de acudir a las cámaras y, en materia social y política, contará seguramente con el apoyo de los sindicatos y la porción de la gente que, precisamente por eso, votó por él, aunque en el rigor de los hechos, la votación “popular” entre ambos candidatos fue muy ligeramente favorable a Clinton.

Ciertamente podrá ocurrir que la comunidad internacional -aunque habrá que ver esto con reservas- la complicada integración global de la economía, las grandes corporaciones del mundo, el régimen jurídico internacional, y otros muchos contrapesos internos y externos dificulten al inefable Mr. Trump que se salga con la suya fácilmente, pero es imposible pasar por alto una característica suya que seguramente representa un riesgo mayor para su tránsito a los objetivos que pretende: Su innegable tesón y su obstinación por conseguir todo lo que quiere, a pesar de todo y de todos, de lo que ha dado buena muestra.

Se dice que “un pesimista es un optimista bien informado”. No hay que ser, entonces, obnubilados por un optimismo ciego, porque, de ser así, pueden perderse de vista los riesgos y dejarse de tomar las medidas necesarias y legítimas para evitar que su egolatría cause daños mayores al mundo.

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