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Carmen Aristegui
Carmen Aristegui
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Carmen Aristegui Flores. Periodista y conductora de programas de radio y televisión de amplia experiencia y reconocimiento en México.

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16 Septiembre 2017 04:00:00
Plataforma Ayotzinapa
Hace unos días fue presentado en México El Caso Ayotzinapa: Una Cartografía de la Violencia. Se trata de un importante proyecto desarrollado por Forensic Architecture, una agencia independiente de investigación espacial, con sede en Goldsmiths, de la Universidad de Londres, que está rompiendo esquemas en investigaciones criminales y de violaciones graves a derechos humanos. Montada como exposición en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo con un mural, videos, la plataforma interactiva y algunos documentos que componen el conjunto, se pueden comprender los hechos ocurridos en septiembre de 2014.

Como una encomienda del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, un grupo de 15 especialistas, de diferentes ramos del conocimiento, se dieron a la tarea de aplicar para este caso mexicano métodos y prácticas de investigación que han aplicado en investigaciones de otros graves casos de violaciones a derechos humanos y crímenes de Estado registrados en otras partes del mundo. El resultado es impresionante.

La arquitectura forense se convierte en una poderosa herramienta para investigar casos que involucran situaciones extremas de violación a derechos fundamentales por parte de agentes del Estado y/o grupos criminales, como claramente es el caso Ayotzinapa.

Los arquitectos, periodistas, expertos cibernéticos y directores de cine que conforman Forensic Architecture se dirigen “Hacia una estética investigativa” que ha dado resultados imponentes en diferentes casos en los que se han involucrado. Utilizan la arquitectura, la tecnología e incluso la estética como instrumentos metodológicos que les permiten mostrar –con una claridad fuera de serie– la mecánica en tiempo y espacio de los hechos ocurridos en aquella noche de Iguala.

La plataforma, los videos y las recreaciones no solo dinamitan la indiferencia que pudiera haber frente al tema, sino que abren nuevas vertientes de investigación y análisis aún para aquellos que son especialistas en el caso, incluso para quienes forman parte de grupos que han llevado o coadyuvado en las investigaciones formales.

Lo novedoso de esta práctica investigativa es que, de la mano de la arquitectura, medios digitales, sensores y otros elementos de información, ofrece, entre otras cosas, una dimensión espacial a lo que está contenido en miles de páginas de uno o varios expedientes judiciales y otras fuentes de información que resulten fidedignas. En este caso se tomó como fuente maestra de información los elementos obtenidos por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Los miles de páginas revisadas se convirtieron en casi 5 mil registros en una base de datos. Cada dato registrando un solo suceso con las etiquetas respectivas de los actores involucrados y la caracterización del evento que se describe y la narración del mismo.

Para darnos una idea: el caso Ayotzinapa está contenido en aproximadamente 400 volúmenes de mil páginas cada uno. Un universo indigerible aun para los más avezados en la investigación criminal. Por eso es oro molido contar hoy con todos estos elementos que deben servir a ciudadanos de a pie; a ministerios públicos; jueces; periodistas e investigadores. Nadie debería estar exento de ver esto, si es que de veras queremos medir y entender la dimensión del Caso Ayotzinapa.

A unos días de que se cumplan 3 años de lo sucedido la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, es importante no olvidar –como se ve corroborado y ampliado con esta Cartografía– que un grupo de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fue atacado de forma criminal por policías locales de Guerrero que actuaron al servicio de los delincuentes. Ahí estuvieron, ahora lo sabemos con mayores elementos, miembros de otras agencias del Estado: policías estatales; policías federales y miembros del Ejército. Ninguno de ellos ayudó a los estudiantes. Aquello fue la representación fiel de un Estado coludido. Murieron seis personas, 40 resultaron heridas y los 43 estudiantes siguen desaparecidos. A 3 años de distancia, México no puede olvidar eso.
01 Septiembre 2017 04:00:00
Un gobierno desatado
Este viernes se entrega al Congreso el Quinto Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto. Llegó al final este sexenio y habremos de empezar a hacer los balances y evaluaciones sobre un gobierno como éste.

Se tendrán que analizar los alcances del conjunto de reformas que han marcado a este sexenio, especialmente una tan radical como la petrolera –inimaginable en un contexto distinto al del Pacto por México–. Reformas como la educativa, de competencia económica, hacendaria, laboral, de transparencia y de Telecomunicaciones, entre otras, tendrán que ser evaluadas. La nueva Ley de Amparo; la reforma sobre Derechos Humanos; las reformas al INE e INAI; la instrumentación del sistema de justicia acusatorio adversarial –que empezó hace más de 8 años– y que trae de cabeza a autoridades y ciudadanos por todo lo que se dejó de hacer para instrumentarlo con eficacia, etcétera. Todo eso está a la mesa.

También la grave crisis de derechos humanos por la que atravesamos. A pesar de reformas de avanzada en la materia, los hechos muestran una realidad lacerante. Ayotzinapa; el holocausto de los migrantes y las ejecuciones de Tlatlaya, Tanhuato y Apatzingán, entre otras, dejan rastro del tipo de cosas que se han cometido en este sexenio. Está ahí, también, la estela de escándalos de corrupción política con un puñado de exgobernadores en proceso; otros con procesos nebulosos e inciertos como Odebrecht y OHL o simulaciones como la “investigación oficial” sobre la Casa Blanca.

Se acaba el tiempo para Peña Nieto y en esta parte final está desatado. Ante su baja popularidad se ha montado en una escandalosa campaña autopromocional, que antecede a su Quinto Informe; desde el INE y el Tribunal Electoral validaron los excesos. Los de hoy y los que vienen.

Peña Nieto no sólo necesita reposicionarse, sino también autoprotegerse. Él y su Gobierno han decidido tomar, a como dé lugar, espacios de poder transexenal que le permitan garantizar que no será juzgado –él y/o los que lo acompañan– como ocurre hoy en varios países de América Latina en donde presidentes, expresidentes, altos funcionarios y ejecutivos de grandes empresas están siendo llamados a cuentas y sometidos a procesos judiciales por corrupción, enriquecimiento ilícito; financiamientos ilegales de campañas y/o participación en redes de sobornos multinacionales. El Monexgate; la Casa Blanca; Odebrecht y Pegasus, por mencionar algunos casos, darían materia para abrir procesos judiciales. Es entendible que a Peña Nieto y su equipo les embargue esa preocupación y por ello están enfilados a aprobar, en los próximos días, la ley secundaria de la Fiscalía General que les permitiría mantener por 9 años al actual procurador.

Lo que no es entendible es que el país entero permita que no sea modificado ese Artículo 102 y el régimen transitorio ya que, al aprobarse el marco legal secundario, se activaría de inmediato algo que resulta inaceptable: que alguien directamente relacionado con el grupo político que hoy gobierna, con una filiación partidista tan evidente y con todos los visos de convertirse en tapadera, se convierta en el primer Fiscal General que estaría en el cargo un sexenio y medio. Si se permite que eso suceda echarán por tierra lo que tendría que ser una oportunidad histórica para dotar a México de un sistema de procuración de justicia profesional, independiente, autónomo del poder político y con capacidades técnicas y de investigación y que responda verdaderamente a uno de los imperativos más grandes de la sociedad.

Si se impone el pase automático –por más constitucional que sea– habrán traicionado el espíritu fundamental de esa reforma. Si lo hacen, habrán cometido un atropello. Si lo hacen, seguiremos viendo a la corrupción y la impunidad como esa gran llaga que atraviesa el rostro de México. Si lo hacen, habrán traicionado a la patria.
18 Agosto 2017 04:00:00
Si yo fuera Presidente
El día de ayer, en entrevista en el programa que conduce quien esto escribe, en plataformas digitales, don José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, dio una cátedra sobre la crisis regional que se ha desatado en América Latina por la investigación conocida como “Lava Jato” y cuyos efectos expansivos han impactado a 12 países en América Latina del continente africano.

Ugaz explicó cómo el caso “Lava Jato” –dentro del cual se encuentra Odebrecht, una de las seis empresas brasileñas que están siendo investigadas por la Fiscalía de Brasil– muestra un patrón clarísimo que se caracteriza por tres grandes ejes: 1) Financiamiento a partidos y campañas políticas en todos los países involucrados; 2) Obtención de grandes obras de infraestructura que han sido sobrevaluadas, a través de adendas en los contratos, y 3) Un sistema de sobornos que ha permitido penetrar a las clases políticas, “contaminado” a los liderazgos de esos países. En esta historia aparecen presidentes, vicepresidentes, ministros y altos funcionarios de la región.

Hoy por hoy, América Latina tiene a varios presidentes presos; prófugos de la justicia; con pedidos de extradición o bien indiciados judicialmente.

Con un patrón tan claro en todos los casos, “... sería muy difícil decir que México es la excepción”, se le planteó a don José Ugaz. "No solamente no es la excepción –dijo– sino lo que preocupa, en el caso de México, son los casos previos. La ‘casa blanca’ no ha sido resuelto. Es tan obvio en este caso que ha habido una intrusión corrupta de la empresa china que financió la adquisición de ese inmueble y, sin embargo, la impunidad parece que será la huella que van a seguir las investigaciones anticorrupción en México”.

Después de dejar esa novedosa espina –financiamiento de una empresa china para la adquisición del inmueble de más de 7 millones de dólares que estuvo, ¿o está?, en posesión del actual presidente de México–, Ugaz continuó señalando que hay expectativa en la región para ver cómo las autoridades del Ministerio Público y judiciales van a reaccionar frente a éste y otros casos de corrupción de alto impacto.

América Latina está exportando al mundo –explicó– dos modelos de justicia: el peruano-brasileño donde la “reserva moral” de las propias fiscalías ha logrado una condena a Alberto Fujimori por 25 años o que 17 fiscales enfrenten al poder económico y político y hayan llevado a las seis cabezas de las poderosísimas empresas brasileñas a prisión para mantenerlos bajo esquemas de colaboración. El otro modelo es el de Guatemala –con la ONU– y ahora Honduras “...al que el Gobierno mexicano le tiene cierto pavor”.

“Si yo fuera Presidente de México... daría el paso para abrir la puerta a una intervención internacional como la que ha tenido lugar en países como Guatemala... Si yo fuera Presidente de un país como México y realmente tuviera una voluntad política y me doy cuenta de que mis fiscales y mis jueces no tienen la capacidad –porque están penetrados por el crimen organizado o por la razón que fuera– yo pediría, motu proprio, que vengan a coadyuvar ante este tipo de investigaciones”, afirma don José.

Respecto a cómo funciona el modelo en Guatemala, dice don José: “Se nombra a un jefe de investigación, una suerte de fiscal internacional. En este momento es un ciudadano colombiano que tiene un equipo de 50 investigadores del mundo –en Guatemala hay investigadores de Estados Unidos, de Noruega, colombianos, de distintas partes del planeta, los más eficientes que empiezan a tomar casos de alto impacto de corrupción y del crimen organizado... Si ustedes no tienen la capacidad de mantener órganos de investigación independientes que rompan la impunidad en el país, pensemos en una intervención internacional. Es una solución muy radical, sin embargo, ha demostrado ser absolutamente eficiente”.

Para los múltiples aspirantes que se han manifestado interesados en obtener una candidatura por la Presidencia de México, queda la pregunta, ¿es éste el camino que debe tomar México? Obligados estamos a debatirlo.
04 Agosto 2017 04:00:00
La llamada
Finalmente –porque algún día sucedería– se dio a conocer la transcripción completa de la llamada telefónica sostenida entre el Presidente de México y el de Estados Unidos el 27 de enero de 2017. La transcripción fue revelada por The Washington Post y el portal Político dio a conocer la versión completa en español.

Ahora, aunque la Presidencia de México no quiera, podemos conocer con todo detalle lo que dijo cada uno, palabra por palabra, en esa conversación. Sabemos ahora lo que en su momento negó la Presidencia. Sabemos ahora cómo se condujo el Presidente mexicano frente a temas espinosos: muro fronterizo, prensa, TLC, crimen organizado y militares.

En Estados Unidos se reaccionó más sobre lo que se dijo del muro y la prensa. Los medios destacaron la petición –¿exigencia?– a Peña Nieto para que dejara de decir a la prensa que México no pagaría el muro. Sin embargo, el punto más grave de todos es donde se habla de crimen organizado, drogas, tipo de cooperación y el papel de los militares de un lado y otro de la frontera.

Lo que la llamada revela compromete, seriamente, al Jefe de Estado mexicano. Su tibia o nula reacción a la barbaridad que expresa Donald Trump, respecto al tipo de ayuda que ofrece para enfrentar al narcotráfico es alarmante. Trump no mide sus palabras. Parece regañar a Peña Nieto cuando dice: “...ellos tienen que ser eliminados y usted no ha hecho un buen trabajo para golpearlos hacia fuera”.

Trump invita a Peña a trabajar juntos para “eliminar eso” –refiriéndose a los criminales– y no muestra ningún empacho al decirle de qué se trata: “... éste es un grupo difícil de gente y tal vez su Ejército les tiene miedo, pero nuestro Ejército no les tiene miedo y nosotros les ayudaremos con ese 100 por ciento, porque está fuera de control...totalmente fuera de control”. Peña no lo interrumpe, ni sale en defensa de su Ejército al que tildaron de miedoso, ni hace el menor intento por frenar las intenciones de Trump de intervenir en México. Peor aún, sólo asiente cuando Trump –sin rodeo alguno– le suelta una propuesta ilegal, inconstitucional e inadmisible que debió haber sido rechazada de inmediato:

“Enrique, tú y yo tenemos que eliminarlo –refiriéndose al crimen organizado–, tú y yo tenemos que golpear el infierno fuera de ellos. Escucha, sé lo difícil que son estos ‘chicos’. Nuestros militares los matarán como nunca pensaron. Trabajaremos para ayudarlos a eliminarlos... Sus ciudadanos están siendo asesinados en todo el lugar, sus policías reciben un disparo en la cabeza y sus hijos están siendo asesinados. Y los eliminaremos”.

Peña Nieto, en lugar de poner un freno a semejante despropósito, no sólo asintió, sino que, de alguna manera, reforzó la idea y, de paso, soltó algunas frases que bien pudo haber leído de alguna tarjeta:

“Estoy totalmente de acuerdo en que debemos trabajar juntos. Permítame decirle que mucho de lo que está sucediendo en términos de traficantes en México está siendo ampliamente apoyado por las cantidades ilegales de dinero y armas que vienen de los Estados Unidos y eso ha llevado a México a luchar contra las bandas criminales con la participación de los militares y todo el Ejército de México (olvidó decir si lo hacen con o sin miedo); esto ha tomado muchas vidas dentro del Ejército...son grupos criminales que están bien armados, especialmente con armas procedentes de Estados Unidos ilegalmente. Estoy totalmente de acuerdo en que ambos gobiernos pueden trabajar juntos para eliminar y acabar con estas pandillas criminales”.

En otro contexto, podría entenderse que las palabras eliminar y acabar, usadas por un mandatario, se referirían a combatir y desarticular a las bandas criminales en el marco de un estado de derecho, es decir, perseguir, detener y procesar a quienes hayan cometido esos delitos; pero el contexto de la charla –en donde el norteamericano no deja dudas de que eliminar es eliminar físicamente, matar a las personas en México– hace que las palabras de Peña Nieto no puedan ser interpretadas sino como un aval a lo que acababa de oír de Trump.

“Estoy totalmente de acuerdo”, dijo Peña. ¿No es una aceptación tácita a lo que le acababa de plantear Trump con esa frase brutal e inequívoca, la más grave de toda la conversación?: “Nuestros militares los matarán como nunca pensaron...los eliminaremos”, refiriéndose a gente que está en México y que, en todo caso, debería ser detenida para ser procesada.

¿No es ésta una conducta que –si nos vamos al código y nos ponemos estrictos– calificaría para ser considerada como traición a la Patria?
07 Julio 2017 04:00:00
Delitos de lesa humanidad
La Corte Penal Internacional recibió el pasado 5 de julio otra solicitud –o comunicación, como le llaman– sobre asuntos relacionados con México y su larga noche de violencia, crímenes y violaciones graves a derechos humanos. En esta ocasión, como en las otras, se le pide a este organismo abrir “...un examen preliminar” sobre los graves crímenes cometidos en Coahuila entre 2009 y 2016.

El documento es robusto, riguroso y estremecedor. Un retrato arrancado de las peores cosas que le han pasado a Coahuila y botón de muestra del atroz universo de 200 mil asesinatos violentos y 32 mil desapariciones ocurridas en el país –según cifras conservadoras– en la última década.

De nuevo la Corte Penal Internacional tiene ante sí la posibilidad de hacer algo por México y traer a revisión un pedazo de esa realidad que nos muestra cómo se han trastocado, gravemente, las prácticas y controles democráticos ante poderes fácticos y formales y cómo se ha naufragado en regiones enteras con un Estado de derecho reducido a una mera entelequia.

La CPI quedó instalada en 2002 después de un largo proceso, iniciado en 1948, cuando las Naciones Unidas consideraron por vez primera la posibilidad de “...establecer una corte internacional permanente para enjuiciar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y la agresión”. En sus 15 años de existencia la CPI ha privilegiado casos que protagonizan, principalmente, los que llevan la piel oscura.

En su página oficial la CPI informa de cinco casos cerrados; dos relacionados con Kenya, dos con República del Congo y uno con Darfur. Tres casos con sentencias con propósitos de reparación y otros en fases diversas. En la lista de países con “examen preliminar” se encuentran Afganistán, Burundi, Colombia, Gabón, Guinea, Iraq, Nigeria, Palestina, Camboya y Ucrania. Es en esta lista en la que se pide incluir a México.

El robusto documento presentado por la FIDH –Movimiento Mundial de los Derechos Humanos y cerca de un centenar de organizaciones mexicanas– está soportado en una impresionante tarea de investigación documental y testimonial de 500 casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura. Destaca la exposición sobre 73 expedientes y el énfasis en dos episodios escalofriantes: la matanza de Allende cometida por los Zetas en marzo de 2011 y la gestión de la cárcel de Piedras Negras, convertida entre 2008 y 2012 en centro de operaciones también de los Zetas.

El caso de Allende, documentado anteriormente por Jacobo Dayán y Sergio Aguayo, bajo los auspicios de El Colegio de México y, de manera separada, por Diego Enrique Osorno y la premio Pulitzer Ginger Thompson, se refiere a la matanza cometida por los Zetas en la que se arrasó a un número indeterminado de personas (entre 60 y 300, según testimonios diversos) y de paso se destruyeron casas, comercios y edificaciones hasta convertirlo –como diría Dayán– en un Lídice Mexicano. La evidencia indica que “...no sólo el Municipio sino también el gobernador de la época estaba al tanto de lo que se preparaba, y que los Zetas contaron con la pasividad e incluso con la cooperación de las fuerzas de seguridad”. El horror instalado en Allende no sólo es responsabilidad de los criminales.

La cárcel de Piedras Negras fue convertida en centro de operaciones de los sanguinarios Zetas. Se estima que dentro del penal murieron por lo menos 150 personas. Sí, dentro del penal. Los cuerpos fueron disueltos ahí mismo en tambos llenos de ácido. Los testimonios señalan que los restos eran arrojados en un río en cuyas aguas se perdía cualquier tipo de rastro. El caso no sólo muestra cómo se desintegraban carne y huesos dentro de la cárcel, sino en el mismo tambo se diluía la razón misma del Estado.

La Corte Penal Internacional deberá decir si está entre sus atribuciones hacerse cargo o no de estos delitos atroces; delitos de lesa humanidad, para decirlo claro. Delitos sobre los cuales el Estado mexicano ha sido en extremo omiso y por lo cual decenas de organizaciones piden hoy la intervención de esta Corte que tiene, de nuevo, la palabra.
23 Junio 2017 04:00:00
#GobiernoEspía
Después de casi una semana de reacciones y pronunciamientos públicos de decenas de organizaciones y personas en México y otras partes del mundo condenando el espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción en México, Enrique Peña Nieto se decidió, finalmente, a hablar públicamente sobre el tema.

Lejos de atemperar la tormenta, Peña Nieto lució enojado y amenazante e hizo gala de una torpeza política notable. Después tuvo que rectificar pero, dejó de manifiesto el talante que acompaña hoy al Presidente.

El Presidente se echó la soga al cuello al anunciar dos cosas al mismo tiempo que se anulan mutuamente: que ha ordenado a la PGR investigar el caso de presunto espionaje ilegal desde el Gobierno y, acto seguido, negar categóricamente que el Gobierno que encabeza sea un gobierno que espía a ciudadanos ilegalmente. De esa manera nos está anunciando, por anticipado, el resultado de las investigaciones en torno a la actuación de la agencia del Estado que representa. Con una sola declaración el Presidente nulificó la credibilidad –de por sí escasa– que pudiera tener una investigación realizada por una Procuraduría que depende de él, que recibe instrucciones de él y que, se supone, realizará una investigación sobre hechos que aluden al Gobierno de él.

Lo único que logró Peña Nieto ayer, con su mensaje en Lagos de Moreno, fue elevar la exigencia de que se realice una investigación independiente sobre hechos que lo comprometen gravemente. Cuánto nos recordó ayer Peña Nieto la investigación oficial sobre la Casa Blanca encomendada por él mismo al Sr. Virgilio Andrade. Una investigación sobre hechos que involucran al Presidente realizada por un subalterno y amigo del Mandatario. ¿Qué se puede esperar de la investigación sobre el espionaje en condiciones prácticamente idénticas?

No conforme con condenar al fracaso la investigación anunciada, Peña Nieto fue más lejos y, en algo insólito en la figura de un Presidente, amenazó directamente a quienes se han atrevido a denunciar pública y formalmente los hechos contenidos en el informe conocido ya como “Gobierno Espía”. Peña Nieto dijo que ha dado indicaciones a la PGR para determinar si las denuncias del espionaje gubernamental “tienen sustento” y, segundo, para determinar “cuál es el origen y el sustento de la fuente de esos señalamientos”. Esta última parte de la declaración causó de inmediato revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación, además de una respuesta de las organizaciones que realizaron la investigación de “Gobierno Espía”, quienes acusaron recibo de la amenaza presidencial. El despropósito fue tan grande que tuvo que salir de nuevo Peña Nieto para decir que no había querido decir lo que dijo en Lagos de Moreno. Tuvo que rectificar su propio dicho y señalar que no tuvo intención de decir que actuaría legalmente en contra de críticos y denunciantes. Insistió en que encabeza un Gobierno democrático y respetuoso de la libertad de expresión. Después del efecto que causó su exabrupto autoritario y amenazante, tuvo que recular y reconocer que se había manifestado de forma inapropiada.

El Presidente, por cierto, confirma cosas que abonan a favor de la investigación publicada. Peña reconoció que: “todo el equipamiento, toda la tecnología que efectivamente tiene el Gobierno y que ha adquirido es para mantener la seguridad interna del país”. Es decir la tecnología referida en la investigación fue adquirida por el Gobierno de la República. ¿Quién es el responsable final del uso que se le dé?

Al participar el lunes pasado en la conferencia de prensa en la que se presentó el informe que dio pie al #GobiernoEspía, me permití formular algunas preguntas:

“¿Qué más, Presidente.. qué sigue... si es capaz de llegar al extremo de espiar a un adolescente?”, y agregué: “¿No le parece, Presidente, siniestro?”. Sigo pensando lo mismo y siguen esas y otras preguntas abiertas.
26 Mayo 2017 04:00:00
‘Fueron ellos’
La muerte de Javier Valdez Cárdenas, cofundador de Ríodoce, nos ha sacudido. Colega profesional, generoso y dispuesto a ayudar a otros en la tarea de informar y en tratar de entender al complejo mundo del narco y el crimen organizado. Ahí en la cuna del cártel más poderoso de México, el hoy multinacional cártel de Sinaloa.

La brutal muerte de Javier tocó fibras profundas y mostró cuán vulnerables pueden ser, en México, aquellos que dedican su vida al oficio de informar en zonas que parecen de guerra. Javier sorteó, con otros, la censura y fundó un medio para reportear las cruentas historias de un lugar como Sinaloa. Como ninguno, escribió libros sobre los “morros”, los huérfanos, las viudas y los jóvenes sicarios. Supo, y publicó, de capos, narcoperiodistas y autoridades. Puso acento a lo que creía más importante: las víctimas de un lado y otro de esas historias. Javier tenía una pluma muy poderosa. De trato y sonrisa fácil, no tenía piedad para retratar esa realidad “cabrona”, como le llamaba.

Los periodistas de Ríodoce han informado, por más de una década, sobre el “quién es quién” de la zona, los pormenores de cómo se mueve la mafia y sus cómplices y dado a conocer informaciones que sólo se pueden obtener coexistiendo con quienes son, o están relacionados directamente con, el crimen organizado. Con vecinos, con parientes, con quienes han vivido ahí toda la vida. El semanario, con sede en Culiacán, ha tenido acceso a informaciones y contactos a los que otros nunca hubieran soñado acceder.

A principios del año llegó a Ríodoce una solicitud difícil de rechazar, periodísticamente, pero que –de aceptarse, como se aceptó– los ponía en zona de riesgo. Ismael Bojórquez lo contó en su columna de Ríodoce esta semana: “...los hijos del ‘Chapo’ enviaron una carta a Ciro Gómez Leyva y por esos mismos días Dámaso López Núñez busca espacio en dos impresos de Sinaloa, Ríodoce y La Pared, a quienes concedió entrevista vía mensajes telefónicos, donde se deslinda del ataque que los ‘Chapitos’ le atribuyeron. La entrevista la hizo Javier, pues a él lo habían buscado... los hijos del Chapo se enteraron que habíamos entrevistado a Dámaso y presionaron a Javier para que el trabajo no se publicara. Pero les negamos la petición. Luego le hablaron porque querían comprar toda la edición, pero tampoco se les concedió. Y entonces optaron por seguir –en Culiacán y Mazatlán– al personal que entrega los ejemplares en las tiendas y en cuanto los dejaban contra recibo, ellos los compraban. Eso fue el 19 de febrero. No usaron la violencia, pero sí la intimidación”.

Después de publicar la entrevista y con la amenaza encima, pensaron que Valdez Cárdenas tenía que irse de Culiacán. Javier habló con el Comité para la Protección de Periodistas, que dirige Carlos Lauría, en Nueva York, para explorar la posibilidad de salir de México. La Jornada luego del asesinato de Miroslava Breach en Chihuahua, también le propuso salir de Sinaloa. Ríodoce le propuso irse un tiempo de la ciudad pero “...la falta de recursos y la desidia nos ganaron”, dijo Bojórquez.

La detención de Dámaso López parecía tranquilizar el panorama. Así lo comentaron en la junta editorial del lunes 15, la última en la que participó Valdez antes de su muerte. “Pero estábamos equivocados”, escribe Bojórquez. “Cómo nos equivocamos también al entrevistar a Dámaso, porque de esa forma nos metimos a una guerra mediática que no era nuestra, provocando el disgusto –sin que fuera nuestra intención– de la otra parte. Por eso el decomiso de los ejemplares del domingo 19”.

El día que mataron a Javier, Ríodoce publicó un editorial en el que se lee: “No tenemos ninguna duda: el origen del crimen de Javier Valdez está en su trabajo periodístico relacionado con los temas del narcotráfico. No sabemos de qué parte, de qué familia, de qué organización provino la orden. Pero fueron ellos”.

Sólo queda preguntar, no sin amargura: ¿tiene el Estado mexicano la estatura, la decisión y los recursos para investigar, como se debe, e ir por los asesinos de Javier Valdez Cárdenas? ¿Tiene la sociedad mexicana la decisión y la fuerza para exigir que así sea?
28 Abril 2017 04:00:00
100 días
Mañana se cumplen los primeros 100 días del inenarrable Gobierno de Donald Trump.

Resulta difícil imaginar el tipo de memoria que se tendrá de él, al pasar de los años, una vez que concluya -cuando quiera que esto ocurra- el Gobierno que hoy encabeza.

El excéntrico magnate trepó con grandes zancadas los escalones del Partido Republicano para arrebatar candidatura y Presidencia en una jugada tan audaz como irresponsable. Hoy está al frente del Gobierno del país más poderoso de la Tierra un individuo impredecible, reactivo, caprichoso e irascible con un botón rojo al alcance de su mano.

En este primer corte de caja, el Presidente ya lanzó misiles en contra de Siria como respuesta a la utilización de armas químicas, aun sin tener certeza plena de quiénes fueron los autores de la atrocidad.

En este corto periodo enfiló baterías contra Corea del Norte, no sin antes cometer una pifia al anunciar eso antes de que realmente hubiera ocurrido. El mundo espera saber si ahí se detonará una nueva conflagración y si estamos o no ante el peligro de una escalada bélica mundial. Trump está decidido a fortalecer con un presupuesto millonario al Pentágono como nunca antes. El Presidente da señales de que quiere jugar a la guerra.

"Volver a hacer América grande" cruza por dejar clara la supremacía militar de la nación que gobierna. ¿Hasta dónde está dispuesto a usar sus juguetes bélicos y cuál es la ecuación geopolítica que tiene en la cabeza? Tal vez ni él lo sepa. Con Vladimir Putin ha pasado del elogio a la aparente distancia. Queda la duda abierta -como la gran marca de estos 100 días- sobre si intervino o no el Gobierno ruso en las elecciones que llevaron a Trump a la Presidencia. Insólito el solo hecho de que el FBI haya confirmado que el tema se investiga.

Durante la campaña el Sr. Trump mostró ser alguien a quien los valores ganados por la civilización y la democracia en materia de derechos humanos, tolerancia, libre expresión, equidad y respeto a las mujeres, es algo que le tiene, más o menos, sin cuidado. La imagen que proyecta en esa materia provocó que su hija Ivanka fuera abucheada en un foro de mujeres celebrado en Berlín apenas esta semana. La imagen de Trump, en algunos lugares, se asemeja a la de un troglodita. La imagen de Trump en el mundo, en tan corto tiempo, se ha hecho una caricatura.

En política interna ha desplegado esa habilidad suya de abrirse todo tipo de frentes. Su afición por lanzar tuits sin una valoración previa -sobre todo temprano por las mañanas- o de dar entrevistas a medios afines para atacar a los que no lo son, está dejando una estela de confrontaciones. Entre las de más alto impacto están los lances contra la poderosa prensa estadunidense. Esa que arremete contra él un día sí y otro también. El presidente Trump ha tildado a los periodistas de "mentirosos", fabricantes de "noticias falsas" y, para acabar pronto, de ser "enemigos del pueblo". No hay registro de un Presidente de Estados Unidos que haya llegado a estos extremos. Trump es un hombre testarudo y, en este tema, no sólo no parece entender que la prensa crítica y las investigaciones periodísticas son parte fundamental del andamiaje democrático. No parece entender tampoco que en una guerra frontal como esa, lleva todas las de perder.

Trump luce ansioso y, en alguna medida, desesperado en estos sus primeros 100 días. No es para menos. Ha recibido demasiados reveses y no parece tener paciencia y mucho menos humildad para procesarlos. El primer gran golpe fue no poder desmontar el Obamacare. Acciones ejecutivas se han caído ante decisiones judiciales que lo dejan descompuesto. No ha logrado, siquiera, los primeros mil 400 mdd para construir el muro con que pretende ser recordado y separarse físicamente de México. Sobre el TLC, veremos si lo que predominará será el pragmatismo o la balandronada. Cien días apenas, de una historia que apenas empieza.
31 Marzo 2017 04:00:00
La realidad alternativa de EPN
El Gobierno federal debería tomar más en serio el cruce de amenazas cumplidas y mensajes criminales que en las últimas semanas se han presentado en el estado de Chihuahua.

Después del asesinato de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada, en cuya escena del crimen fue puesto en una cartulina un siniestro mensaje, apareció una manta con una nueva amenaza contra el gobernador y los periodistas.

El mensaje apareció ayer en un puente peatonal en la capital del estado. El Diario de Chihuahua dio cuenta de su contenido: “Esto es para que estés enterado ‘Corral si me sigues mandando a tus achichincles los voy a matar a todos, querías guerra, pues ya la tienes’, estoy agarrado de alguien más poderoso. Y también a esos hocicones periodistas no se metan en lo que no les importa y en una guerra que no van a ganar porque los voy a matar a todos, a la verga. Atentamente, El 80”.

En la cartulina del crimen de Miroslava Breach se leía: “Por lengua larga. Siguen llegados al gobernador y el gober”. Ambos mensajes se atribuían a “El 80”, apodo con el que se conoce a Arturo Quintana. Desconfía de lo obvio, diría un clásico. Pudiera ser que Quintana, líder de uno de los cárteles que opera en la zona, no sea en realidad el autor de las amenazas al gobernador y el atentado contra Miroslava. Podría ser que los adversarios de Quintana hayan realizado esas acciones para adjudicar a ese capo la responsabilidad de lo sucedido. También es posible que Quintana sea el autor y esté actuando de manera frontal contra periodistas y el nuevo gobernador. No hay aquí muchas sopas de dónde escoger. Lo que hay son amenazas que se cumplen, como en el caso de Miroslava. Lo que hay es un claro sentido de urgencia para enfrentar al crimen y las amenazas. Y lo que hay también es un Gobierno federal que parece mirar hacia otro lado.

Mientras que Chihuahua, Veracruz y Guerrero se sacudían con los asesinatos de periodistas y otros crímenes y delitos, el presidente Peña estaba ocupado en organizar un convivio.

Enrique Peña Nieto ordenó al secretario de la Defensa Nacional reunir, bajo un imponente techo, a miles de militares, marinos e integrantes de la Fuerza Aérea para someterlos a un inusual –inédito, diría él– discurso transmitido, simultáneamente, en todas las zonas militares del país.

Además de reconocer el papel del Ejército y la Marina, arremetió también contra quienes han señalado la actuación de militares. “Soy el primero en condenar aquellas expresiones que han señalado y condenado a integrantes de nuestras Fuerzas Armadas”, dijo un Peña Nieto obsecuente y zalamero.

“Son inadmisibles e inaceptables la expresiones que, por ignorancia o dolo, descalifican la labor de nuestras Fuerzas Armadas”, dijo, haciendo a un lado casos documentados, ampliamente, por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

El despliegue de recursos con los que se convirtió al Ejército en escenografía y pretexto para enviar mensajes, cifrados o no, a críticos y opositores resulta insultante e injustificado.

¿Qué mensaje es este? ¿Que son el Ejército y las Fuerzas Armadas lo único que sostiene a un Presidente que arrastra los peores niveles de reconocimiento y credibilidad, según las últimas encuestas?

El Presidente trató de convencer, mediante ese performance militar, que nada de lo que sucede aquí es cierto. Parece decir que si la realidad se empeña en mostrarse adversa, ese es problema de la realidad. Peña Nieto coronó su incursión en el escenario del martes fustigando a críticos y opositores con una declaración más que sugerente sobre el estatus en el que se encuentra su persona: “... quienes les digan que vivimos en un país que está en crisis... crisis es seguramente lo que pueden tener en sus mentes... porque no es lo que está pasando”. Es este un Peña Nieto que luce extraviado.

Ante un panorama que claramente lo rebasa, de violencia, corrupción, amenazas, periodistas asesinados y una incertidumbre creciente, el Presidente mexicano sólo atina a decir no, nada de esto está pasando. Nada de lo que dicen es cierto. Nada de lo que nos achacan es verdad.

La escena del martes nos muestra a un Presidente que niega la crisis y apuesta por una “realidad alternativa”. Esa en donde no hay crímenes, ni violaciones a derechos humanos, ni periodistas asesinados, ni un gobernador amenazado. Esa en la que sólo hay militares abrazándolo.
17 Marzo 2017 04:00:00
¿Habrá nuevo fiscal?
Aunque se tiene previsto que el próximo 21 de marzo esté listo el dictamen con los resultados de las comparecencias para nombrar al nuevo fiscal anticorrupción, no queda claro si habrá o no tal fiscal a partir de la semana que entra. El proceso ha quedado atrapado en una serie de críticas e inconvenientes que hacen pensar que los senadores podrían posponer o, incluso, declarar desierto el proceso con tal de volver a abrir la discusión no solo de la persona y la metodología para seleccionarla, sino sobre el propio modelo de esa Fiscalía y el de la Fiscalía General de la Nación.

El camino para la creación de esas dos instituciones –que deberán ser fundamentales– ha estado lleno de dificultades y los señalamientos críticos acerca de su diseño y funcionamiento hay que tomarlos muy en serio.

Como si fuera un mal augurio, el último día de las comparecencias, dos de los aspirantes a la Fiscalía declinaron en medio de una situación bochornosa. Se puso al descubierto que los ensayos que presentaron para su postulación tenían párrafos enteros con textos idénticos entre sí. No quedaba claro, en ese momento, quién había copiado a quién o si ambos habrían recurrido a un tercero para confeccionar sus respectivos ensayos y postularse –por increíble que parezca– para la Fiscalía Anticorrupción. De paso hay que decir que fue muy distinto el rasero usado para este caso y la interpretación sobre la gravedad del asunto, respecto al que prevaleció cuando fue revelado el hecho de que el hoy Presidente de México había plagiado –según un ejercicio muestral– por lo menos el 29% de su tesis de licenciatura. Lo que aquí fue un hecho gravísimo, en aquel otro fue una “frivolidad” o simple “error metodológico”.

Cuando la senadora Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia, habló con Braulio Robles Zúñiga, unos de los involucrados, este decidió de inmediato declinar en sus aspiraciones. Angélica Palacios Zárate, la otra candidata, tampoco compareció. Se retiraron, pero dejaron un halo de ridículo en el proceso que ya venía, de por sí, tocado por otras cosas como la carta que suscribieron 13 representantes de instituciones y organismos del Comité Técnico de Acompañamiento que decidió abandonar el mismo, después de revisar el Acuerdo de las Juntas Directivas de las Comisiones de Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana. La metodología para llevar a cabo la selección del nuevo o nueva fiscal no convenció a investigadores, profesores y miembros de instituciones como Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Artículo 19, Transparencia Mexicana, Fundar, CIDE, Coparmex, México Evalúa, Centro Espinosa Yglesias, entre otras, que prefirieron abandonar mejor el acompañamiento. Aunque se nombró un nuevo cuerpo de acompañamiento, la duda la dejaron sembrada. ¿Qué fue lo que no vieron bien en el mecanismo para elegir a un fiscal Anticorrupción todos estos expertos? ¿Qué garantías hay de que quien surja –si surge– contará con el perfil indicado para esa tarea?

También declinaron participar, por razones distintas, Ximena Puente, presidenta del INAI, y el doctor Miguel Sarre, reconocido especialista.

Por su parte, el exvisitador de la PGR, César Alejandro Chávez Flores, dijo que se mantiene en la contienda porque el foro de la comparecencia le permitiría exponer su visión crítica sobre el modelo tanto de la Fiscalía Anticorrupción como el de la General de la República. La posición del exfuncionario de la PGR respecto a las inconsistencias, inconvenientes y fallas de ambos modelos, lo ha llevado a decir que –aun si resultara seleccionado– no aceptaría el cargo si no viene acompañado el nombramiento de modificaciones sustanciales al diseño de las dos fiscalías. Tampoco parece haber condiciones de aprobar el nombramiento anticorrupción si la iniciativa presidencial de eliminar el “pase automático” para que el último procurador se convierta en el primer Fiscal de la Nación no ha sido aún aprobada. No extrañaría demasiado, pues, si la semana que entra los senadores anuncian que habrá nuevo Fiscal Anticorrupción, pero hasta nuevo aviso.
03 Marzo 2017 04:00:00
Las fosas de Tetelcingo
El colega Héctor Raúl González, periodista que desarrolla un espléndido trabajo en el estado de Morelos, presentó esta semana los testimonios de dos mujeres a quienes hace algunos años se les negó la posibilidad de recoger los cadáveres de sus respectivos familiares en la Fiscalía del Estado de Morelos. En un caso, se le dijo que no se le podía permitir ver cadáveres para buscar a la persona perdida porque eso, simplemente, “no se hacía...”, y en el otro –en el que sí pudo identificar el cuerpo– no se le permitió llevarse el cadáver porque “no tenía papeles”. Uno de ellos había muerto atropellado y el otro ejecutado en 2011. Ambos, ahora se sabe, estaban plenamente identificados pero, aun así, no fueron entregados a la familia. Fueron enviados a las fosas de Tetelcingo.

El caso de esas fosas detonó con la historia de Oliver Wenceslao Navarrete, un comerciante de Cuautla que fue secuestrado por siete hombres armados en 2013 y cuyo cadáver fue encontrado en una barranca de la zona. Una vez sacado el cuerpo de ahí fue llevado al Servicio Médico Forense. La madre lo reconoció, ahí, de inmediato.

El cuerpo fue reclamado pero, con el mismo patrón que en los otros casos, las autoridades decidieron no entregar el cadáver. Igualmente fue enviado a una de esas fosas. La familia insistió, pero la respuesta fue: que ya estaba ahí y que lo dejaran “descansar en paz”.

La aberrante situación llevó a la familia de Oliver a dar una notable batalla ante la justicia de la que salieron victoriosos. Obligaron a que las fosas se abrieran y se recuperara el cadáver. El cuerpo de Oliver estaba hasta el fondo de una de ellas. Encima de él, decenas de cuerpos tuvieron que ser retirados. El horror se instaló entre quienes seguían la historia. Agravio sobre agravio, las autoridades no fueron capaces de coincidir ni siquiera en las cifras de los cuerpos que sacaban. El fiscal hablaba de 116; el jefe de la policía de 150.

Recuperados los restos de Oliver, la familia pudo procesar el duelo de mejor forma y dejar que sus restos reposaran en condiciones dignas. Lo que lograron abrió la puerta para que otras personas puedan encontrar a personas desaparecidas y asesinadas.

Gracias a los familiares de Oliver, que continúan con una batalla por la justicia después de haber logrado el objetivo inicial de recuperar el cuerpo, al poeta Javier Sicilia y a muchos otros que se han empeñado en que se desarrolle un trabajo de identificación de más de 100 personas y de recomponer, en la medida de lo posible, lo que quedó evidenciado como un vil amontonamiento de cuerpos es que ha sido posible conocer testimonios como los de esta semana. Estamos ante una altamente probable colusión de autoridades con el crimen organizado o bien ante una descomunal ineficiencia de quienes manejan asuntos tan delicados. Cuando fue recuperado el cadáver de Oliver Wenceslao el fiscal declaró: “Los demás cuerpos que se encuentran en la fosa son personas que estaban en el Servicio Médico Forense, en el 2010, 2011 y 2012, que por cuestiones de salud y que no los reclamaron sus familiares fueron depositados en la fosa”. Por lo menos en los dos casos conocidos esta semana queda claro que no es la explicación correcta.

¿Qué explica que las autoridades responsables de Morelos no hayan procedido de forma apropiada para que los deudos pudieran recuperar, por lo menos, a sus muertos? ¿Para no estar obligados, después, a investigar? ¿Para no abrir la puerta que descubra la colusión de autoridades con el crimen organizado? ¿O solo para tapar la grave ineficiencia cuando de esclarecer crímenes y homicidios se trata?

En octubre del año pasado la CNDH –a través de 6 recomendaciones– pidió que se investigara a 42 funcionarios del gobierno de Graco Ramírez por las irregularidades en las fosas de Tetelcingo. No parece haber muchas noticias al respecto. Los testimonios de esta semana no solo estremecen, sino que nos muestran cuán lejos estamos de una elemental justicia en estos y en otros miles de casos.

No hay futuro que valga si no ponemos como asunto central los grados de impunidad y corrupción que agobian a México. Tetelcingo es uno de los casos emblema.
17 Febrero 2017 04:00:00
Despierta, Peña
El Gobierno mexicano luce torpe, lento e inseguro frente a las posturas y acciones del nuevo presidente de Estados Unidos que tanto ofenden y agravian a los mexicanos. Quiere llevar la fiesta en paz con el bravucón que no para de hacerle bullying.

El gobierno de Peña se ve mal dentro y fuera de nuestras fronteras. No acaba de darse cuenta que estos no son tiempos para las contemplaciones. Que si no toma a ese toro por los cuernos no sólo quedará muy mal parado en la historia, sino que dejará a México en situación de mayor vulnerabilidad y sobajado.

El gobierno de Peña Nieto, sin más, se ha manifestado dispuesto a sentarse a renegociar el TLC, y lo que haya lugar de la relación bilateral, a pesar de que su interlocutor ha puesto como punto de arranque la construcción de un muro. No asume esto como una grave afrenta violatoria de preceptos internacionales. Considera el tema, simplemente, como algo en lo que no se está de acuerdo, pero que puede ser parte de una negociación integral entre los dos países. Se comprometió, incluso, él solo, a no hablar del muro en público, cuando debería denunciarlo en todos los foros internacionales.

En lugar de recibir a Tillerson y Kelly la semana que entra, como si no pasara nada, el Gobierno de Peña debería plantear que no hay condiciones para negociar ningún tema en tanto no sea retirada la orden ejecutiva que llevará a construir ese muro indignante y absurdo y se deje de perseguir y criminalizar a connacionales. ¿De qué y cómo se puede negociar algo si los agravios persisten? No se trata de romper relaciones, ni cosa por el estilo, con un país del que dependemos tanto -y ellos de nosotros-, sino de plantear con inteligencia, imaginación y dignidad las nuevas reglas del juego que no pueden ser otras que las que nos da el derecho internacional.

El expresidente Zedillo escribió en el Washington Post: “... lo prudente sería asumir que el presidente Trump matará al TLCAN” y que intentar negociarlo sería una “pérdida de tiempo... tal vez desee ir más allá de la cancelación del TLCAN y tratará de imponer barreras adicionales al comercio con México. Mi país debe estar dispuesto a utilizar todos los instrumentos jurídicos posibles, en particular los proporcionados por la Organización Mundial de Comercio, para impugnar cualquier acción arbitraria e ilegal. El presidente Trump podría incluso considerar la retirada de Estados Unidos de ese árbitro central de las disputas comerciales internacionales, momento en el cual la cuestión mexicana se convertiría en un problema mundial que tendría que ser enfrentado por toda la comunidad internacional”.

Sobre el Muro, Porfirio Muñoz Ledo, hombre de mil batallas, ha colocado el tema con claridad meridiana: “El tema del muro no es un asunto binacional... ni un problema del TLCAN... Este es un problema mundial y México es el país más agraviado”.

Para quien fuera presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, el muro con México se ha convertido en el gran símbolo mundial. Tanto como lo fue, en su momento, el apartheid. México, afirma, debe acudir de inmediato a los organismos internacionales para denunciar violaciones a derechos laborales, humanos, ambientales y otros, e intentos de desestabilización financiera.

Urge que el Gobierno replantee su estrategia frente a este gigante desatado. La llegada de Gerónimo Gutiérrez como nuevo embajador en Estados Unidos podría significar el primer paso para replantear los ejes por los cuales México debería librar esta batalla.

Bien haría el Gobierno en escuchar a los diplomáticos y juristas mexicanos de larga historia -que los tenemos y muy buenos- para redefinir la postura de nuestro país en esta encrucijada
histórica.

Si México da los pasos firmes y correctos que la situación exige, desatará -en automático- una ola de solidaridad global. El mundo está contenido, esperando a que el gobierno de Peña Nieto salga de su caparazón, haga a un lado la tacita de té con la que quiere apaciguar al gigante y se decida a presentar recursos formales ya, ante la ONU, la OEA, La Haya, la OMC y cuanto tribunal internacional se requiera. Antes de que sea demasiado tarde. Antes de que meta a México en una dinámica absurda, inútil e indignante.
03 Febrero 2017 03:40:00
La llamada
El contenido de la conversación telefónica, sostenida el viernes pasado, entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump se ha trasladado del terreno de los boletines oficiales a la arena pública por donde cruzan informaciones periodísticas –que aluden a lo que no fue informado por los gobiernos–, desmentidos oficiales –que surgieron de inmediato a las publicaciones– y un conjunto de versiones encontradas e interpretaciones que han dejado a su paso no sólo una polémica encendida sino la exigencia de una mayor transparencia que incluya, por supuesto, la revelación íntegra de la dichosa llamada.

La prestigiada periodista Dolia Estévez dio a conocer información obtenida con fuentes de ambos países que le señalaron que la conversación Trump-Peña se dio en términos hostiles y que habría incluido expresiones ofensivas para el Ejército y el Mandatario mexicano. La versión señala que “fue una conversación muy ofensiva donde Trump humilló a Peña Nieto”. Lo que se presentó como una conversación cordial “no fue así ... aquí no quieren negociar, quieren confrontar a México”, dijo la periodista.

Trump le habría dicho a Peña que “no necesita de los mexicanos” y le reclamó sobre el papel del Ejército en el combate al crimen organizado. “Incluso le sugirió que si son incapaces de combatir al narco quizá tenga que enviar tropas para que asuman esta tarea”. Poco después de lo dicho por Dolia, Vivian Salama, de AP, publicó en la misma sintonía que Trump habría dicho a Peña Nieto: “Tienen muchos bad hombres ahí. No están haciendo lo necesario para detenerlos. Creo que su ejército está asustado. El nuestro no, así que podría enviarlo para que se haga cargo”.

La periodista de AP señaló que el extracto al que tuvo acceso no revela ni el tono ni el contexto de la declaración, ni tampoco registra lo que Peña habría contestado.

Por su parte, la cadena CNN reportó haber obtenido información respecto a que lo publicado por AP correspondía a una versión interna que habría sido imprecisa en relación con la transcripción original de la llamada, lo cual querría decir que dentro de la Casa Blanca habría dos documentos: la transcripción de la llamada y un documento interno informando sobre la misma y que ambos tendrían, entre sí, divergencias. De ser el caso, el Sr. Trump tendría que revisar urgentemente sus mecanismos de comunicación interna.

La Cancillería y el vocero del Gobierno federal salieron de inmediato a desmentir y señalar que no hubo tono amenazante ni humillante en contra de Peña Nieto y que lo publicado por Dolia y AP no correspondía con la verdad. “Es absolutamente falso que el Presidente de los Estados Unidos haya amenazado con mandar tropas a México”.

No sería la primera vez que Donald Trump aludiera a las tropas en relación con México. En campaña, al hablar de quién pagaría el muro, dijo que de negarse a México no le gustaría jugar a las guerritas con un Ejército rejuvenecido como el que tendría de llegar a la Presidencia.

Ayer medios como AP y NYT dijeron haber recibido información de fuente no identificada de la Casa Blanca que pretendió matizar el efecto generado por la divulgación del contenido de la llamada, señalando que Trump lo dijo en tono coloquial o de broma, con un Peña Nieto que “no pareció ofenderse”, según publicó el NYT.

Estas versiones contrastan con lo revelado de otras llamadas de Trump con mandatarios. Al primer ministro de Australia le cortó abruptamente la comunicación y después manifestó su desacuerdo a través de un tuit.

Ayer mismo dijo: “Cuando escuchen algo sobre las duras llamadas telefónicas que estoy haciendo, no se preocupen. Son duras. Tenemos que ser duros. Es hora de que seamos un poquito duros, amigos. Se están aprovechando de nosotros virtualmente todas las naciones del mundo. Eso no va a ocurrir más. Eso ya no va a ocurrir”, señaló. ¿Acaso con Peña Nieto Trump fue amable y bromista y con el resto de los mandatarios ha utilizado mano dura para evitar que los países se sigan aprovechando de la pobrecita potencia? ¿Qué fue lo que realmente le dijo Donald Trump a Peña y cuál fue el comportamiento del Presidente? ¿Si no hay nada que ocultar o nada de que avergonzarse, por qué no dan a conocer ya la llamada completa?
25 Noviembre 2016 04:05:00
El libro de Pablo
Empieza a circular por Latinoamérica el segundo libro de Juan Pablo Escobar, hijo de quien fuera el narcotraficante más poderoso, sanguinario y famoso de Colombia y el mundo en la década de los 80 y principios de los 90. Fue presentado en Colombia y Uruguay hace unos días y se espera que llegue a México a principios de 2017.

Pablo Escobar. In fraganti. Lo que mi padre nunca me contó (Ed. Planeta) es el relato de Juan Pablo –o Juan Sebastián Marroquín Santos– de lo que le fueron contando personajes del mundo criminal colombiano que, hasta ahora, se habían negado a hablar con el primogénito del capo. Durante seis meses, Escobar conversó con personajes diversos que, de una u otra manera, habían tenido que ver con su padre y con el imperio criminal fundado por él y cuya existencia trastocó la vida de millones de colombianos.

El propósito de escribir, dice quien se ha convertido en promotor del perdón y la reconciliación en Colombia, es contribuir “... a la reparación simbólica... a esclarecer la verdad de una época que marcó para siempre no solo al país, sino a un continente entero”.

El libro arroja varios hallazgos y descubre historias de lo que fueron las relaciones del líder del cártel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, con el entorno político y criminal de la época. Colombia no ha resuelto el tema del narcotráfico, pero sí superó la terrible etapa del narcoterrorismo que costó decenas de miles de vidas y el horror instalado en las casas.

Este libro fue escrito por quien conoció en carne propia la gloria y el infierno de vivir en el mundo del narco. El niño que en lugar de recibir de regalo animales de peluche, tenía para sí jirafas y elefantes verdaderos en su zoológico.

Hay dos capítulos que llaman especialmente la atención del libro de Pablo: “Tras el rastro de Barry Seal”, dedicado al audaz piloto que según el relato de Escobar “... ayudó a la CIA con vuelos ilegales que entraron a Estados Unidos cargados con heroína para financiar diferentes conflictos en el mundo, principalmente en operaciones anticomunistas” y “La ruta del ‘Tren’”, bautizada por Escobar Gaviria así –de manera simple– precisamente por la “velocidad, facilidad y eficacia con la que entre 1986 y 1989 ingresó no menos de 64 toneladas de cocaína a Estados Unidos en complicidad con funcionarios antidrogas justo durante la transición de los gobiernos de Ronald Reagan y George Bush padre”.

El relato de Pablo sobre el funcionamiento del “Tren”, que habla de la cadena de complicidades que tuvo que montarse para que con toda libertad se transportara esa cantidad de droga sin ser frenada por nadie, puede hacer pensar en el tipo de cosas que siguen ocurriendo hoy en países como México.

No sobra, ni resulta forzado, hacer un paralelismo respecto a lo que ocurría en la Colombia de Escobar y sus rutas como el “Tren” con lo que ocurre con las drogas en el México de hoy.

Este fin de semana 26 y 27, se cumplirán 2 años y 2 meses de lo ocurrido con los jóvenes de Ayotzinapa. El destino de estos jóvenes se cruza con lo que apunta a una operación de Estado que pretende ocultar cosas fundamentales de la investigación en curso y hacer a un lado la existencia de una ruta de drogas montada en camiones como los que tomaron, en un error trágico, los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa.

Quien tenga acceso al libro de Pablo y lea sobre la ruta del “Tren”, y toda la cadena de colusión que la hizo posible, tendrá que hacer un alto y pensar en las similitudes que puede haber con la ruta de los camiones cargados de heroína y que igualmente circulan, con paso franco, rumbo a Estados Unidos.

Témoris Grecko, director del documental Mirar Morir –que se refiere al papel del Ejército en la historia de Ayotzinapa– dice, con razón, que para hablar en serio de este tema, es necesario poner en el centro la palabra heroína.

Se aproxima también la publicación del libro de Anabel Hernández sobre la noche de Iguala y lo sucedido con los estudiantes. El contenido sacudirá conciencias y al propio aparato político.

Posdata. Gracias a [email protected] por los mensajes de solidaridad al equipo de Aristegui Noticias, con motivo del allanamiento a nuestras instalaciones. ¿Debemos tomar esto como una señal? ¿De parte de quién?, sería la pregunta.
28 Octubre 2016 04:05:00
Joder a México
El balazo en el pie que se asestó el presidente Peña Nieto el martes pasado cuando –a cuento de nada– dijo ante periodistas y empresarios que no se levanta cada mañana pensando –como no cree que lo haya hecho ningún Presidente– cómo “joder a México” es un tema que requiere varias interpretaciones. A botepronto, conviene imaginar la cantidad de dinero público que se ha gastado este Gobierno para posicionar el slogan “Mover a México” –con el que pretende ser identificado en México y el extranjero– para imaginar el potencial de publicidad contraria que ha provocado para su Gobierno y su persona con la frase del pasado martes.

En una sola sentada, Peña Nieto activó –en sentido contrario– todo aquello que se han esmerado en divulgar sus publicistas con carretadas de dinero público.

La dimensión psicológica del asunto la dejamos a los expertos, pero conviene también imaginar qué trae Peña Nieto en la cabeza y si ya, desde hoy, se está queriendo disculpar por lo que ha dejado a su paso.

Decisiones de gran trascendencia son las que corresponde tomar a un Presidente en funciones y nadie, en su sano juicio, pensaría que Peña Nieto o cualquier otro las tome pensando, deliberadamente y de manera aviesa, en cómo dañar a México. El problema radica en las decisiones que se toman de manera equivocada o, peor aún, no buscando el beneficio de México sino el del entorno más cercano. Eso sí que jode a México.

El nombramiento de Raúl Cervantes Andrade como procurador general de la República tiene que ser analizado desde esa perspectiva. Ratificado por un Senado de la República en el que imperaron más los abrazos y las felicitaciones que el ejercicio obligado de una revisión crítica a la propuesta del Presidente, se convierte en un asunto de particular importancia.

No es sólo el nombramiento del nuevo procurador, que ya es mucho, sino del muy probable primer fiscal general de la nación. Sorprende la tibia manera en que la mayoría responsable de su ratificación pasó el trámite en fast track como si fuera un nombramiento menor o secundario y no el tamaño de asunto que estaban votando.

Al momento de aprobarse el marco legal para dar cumplimiento a la reforma constitucional que crea la Fiscalía General de la Nación, quien ocupe la Procuraduría General de la República pasará a ocupar el cargo de fiscal general, asunto para el que se perfila Cervantes Andrade, tal como lo mencionó él mismo el día de su ratificación. Durará en el cargo 9 años, tendrá la titularidad del ejercicio de la acción penal, estarán a su cargo los sistemas de inteligencia y policiacos para combatir la delincuencia y ejercerá un poder amplísimo –como ningún otro– a partir de la autonomía constitucional que le concedió la reforma.

El Senado anunció que pedirá un programa de trabajo al nuevo procurador al que le dan 90 días para su exposición. ¿Qué no tendría que ser al revés? ¿No tendría primero que exponerse lo que se piensa hacer con tan importante cargo, revisarse minuciosamente el perfil de la propuesta, la idoneidad del personaje y el grado de autonomía con el que desempeñaría una responsabilidad de ese tamaño? Nada de eso sucedió. La aprobación fue casi en automático, con voces en minoría que apenas fueron escuchadas y una mayoría de legisladores que, más que un debate, dieron paso a los abrazos y las felicitaciones.

¿Por qué no se debatió con suficiencia el perfil político y partidista del hoy procurador? ¿No importa su filiación priista ni su estrecha relación con el presidente Peña y con el consejero jurídico de Los Pinos? ¿Es irrelevante su falta de experiencia en el ámbito judicial? ¿Se trata de darle la vuelta a reformas cuyo propósito es dotar de autonomía, herramientas y conocimiento técnico a la procuración de justicia y liberarla en su actuación del mandato político a partir de un nombramiento a modo? ¿Se trata de proteger las espaldas de la clase política nombrando en el cargo a uno de los suyos y no a alguien que garantice independencia? ¿De qué se trata? ¿De burlar a la sociedad mexicana poniendo al compadre, al amigo o al incondicional en puestos que reclaman autonomía? ¿De qué se trata? ¿De joder a México?
14 Octubre 2016 04:00:00
Cimbrar a México
Veracruz entró en una fase de aceleración de un proceso político-judicial cuyo desenlace es de pronóstico reservado. El gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció que pediría licencia al Congreso del Estado para separarse del cargo, a fin de hacer frente a las denuncias en su contra por enriquecimiento ilícito. A sólo 48 días de la terminación legal de su periodo, Duarte cumplió y se retiró del cargo a las pocas horas.

El PRI, de inmediato, se deslindó –aún más– del veracruzano, a través de su presidente Enrique Ochoa Reza. A fines de septiembre el PRI ya había mandado una clara señal a Duarte de Ochoa, al anunciar la suspensión de sus derechos como militante y contra seis de sus más cercanos colaboradores.

La PGR informó de la obtención de siete vinculaciones a proceso y la cumplimentación de una orden de aprehensión relacionadas con el tema de las empresas fantasma. Anunció, también, que han empezado 32 indagatorias relacionadas con empresas proveedoras del gobierno de Duarte vinculadas con actividades presuntamente delictivas; además de otras 15 empresas que habrían incurrido en otra serie de delitos relacionados con ventas al Gobierno de Veracruz.

La gestión de Duarte se caracterizó por graves violaciones a derechos humanos; índices de violencia desbordados; persecución y asesinatos de defensores de derechos humanos y periodistas, además de graves señalamientos por corrupción, desvíos y abusos de poder.

La gestión de Duarte ha quedado bajo la lupa. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado que más del 90% de las irregularidades detectadas, en un monto de 35 mil millones de pesos, han quedado sin ser solventadas. El gran asunto con Duarte no es tanto si hay materia para abrir procesos penales –con lo expuesto por la ASF y diversas investigaciones periodísticas, hay materia de sobra para la actuación ministerial y judicial–, sino si estamos ante un caso paradigmático que podría convertirse –junto con otros casos de exgobernadores (Borge, el otro Duarte y Padrés)– en válvula de escape, ante la ola de indignación nacional.

Además de los anuncios de la PGR y de los señalamientos de la ASF y las revelaciones periodísticas, lo dicho por el gobernador electo, el mismo día de la licencia a Duarte, ha desbordado las expectativas.

Miguel Ángel Yunes dijo que tiene en su poder información tan grave sobre la corrupción de Duarte que, cuando la dé a conocer el 1 de diciembre, se “cimbrará México”. Mostró a los medios una memoria de la cual, dijo, existen tres copias más resguardadas en bóvedas, que contiene elementos que permitirán desentrañar “toda esta red enorme de corrupción”. Yunes Linares afirmó: “He logrado penetrarla hasta lo más profundo. Llegué... hasta la médula de la corrupción”.

No dijo mucho más que eso, pero queda para los memoriosos aquella escena en la que Felipe Calderón, en el cierre de campaña del propio Yunes, arengando a las masas soltó: “todavía siendo Presidente, la Policía Federal descubrió en un avión del Gobierno del estado de Veracruz 25 millones de pesos... y cuando fuimos a detener ese dinero y a investigar el peculado y a castigarlo, fuimos detenidos por la maquinaria judicial que nos prohibió seguir adelante y hasta nos obligó a devolver ese dinero”.

Calderón dejó entrever que ese dinero estaba destinado a las campañas político-electorales. Al cerrar la frase dijo: “por eso el PRI tiene que irse de Veracruz”. El expresidente abundó: “¿Saben cuánto dinero retiró el Gobierno de Veracruz en un año de esa cuenta en efectivo? –refiriéndose a una cuenta en Xalapa del Gobierno de Veracruz–: 3 mil 400 millones de pesos en efectivo. ¡Eso no puede ser!”, exclamó el exmandatario.

Yunes no ha confirmado si dentro de la información que revelará en diciembre,se encuentra algo relacionado con esas cantidades multimillonarias en efectivo del erario veracruzano que pudieron haber financiado ilegalmente –entre otras cosas– campañas electorales del PRI, incluyendo la presidencial. Si eso es a lo que se refiere Yunes en el anuncio de este miércoles, entonces sí, podemos imaginar que México será cimbrado.
30 Septiembre 2016 04:05:00
Quien esté libre de pecado…
Varias miradas se cruzaron en la inauguración de la Semana Nacional de Transparencia organizada por el INAI, esta semana. Enrique Peña Nieto, durante un discurso improvisado, hacía alusión a un conocido pasaje bíblico para referirse, de nuevo, al tema de la corrupción.

El Presidente trajo a cuento las palabras de Jesús –que aparecen en el Evangelio de Juan–, para hacer una analogía entre la mujer acusada de adulterio a punto de ser apedreada y la corrupción mexicana: “Este tema que tanto lacera, el tema de la corrupción, está en todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos, no hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra... Todos han sido parte de un modelo que hoy estamos desterrando y queriendo cambiar”. Así, sin más, Peña Nieto habló de todos y tildó a México entero por corrupción.

No es la primera vez que el hoy Presidente se refiere al tema de la corrupción como un problema nacional, amplio y extendido, del cual no se salva nadie. Un señalamiento tan amplio en el que, se da por sentado, se incluye a sí mismo y a sus más cercanos colaboradores. De otra manera no cabría tan amplia generalización hecha por el Mandatario.

Nadie puede negar que el tema de la corrupción es un asunto arraigado culturalmente en México, como ha dicho Peña Nieto en otras ocasiones, pero eso no significa que todos los mexicanos y mexicanas estemos hundidos en prácticas corruptas, antiéticas y/o delictivas. Tampoco se puede tasar de la misma manera al ciudadano que da una mordida para agilizar un trámite o como salida fácil que le permite sortear un problema de tránsito, que a aquellos que, teniendo poder y mandato, se enriquecen del erario, de favores y corruptelas como los gobernadores que empiezan a ser enjuiciados y que hoy se han puesto tan de moda.

Echar en la misma bolsa a quienes para montar un negocio tienen que soltar una coima, que se distribuye entre quienes están encargados de autorizarlo, con los empresarios coludidos que pueden armar grandes negocios de la mano de autoridades corruptas, no es sino un despropósito más del mandatario. Ni decir lo grave que resulta que Peña no identifique –ya no se diga, reconozca– a millones de personas que –a pesar de los ambientes corruptos y corruptores, dentro y fuera del servicio público– mantienen una conducta ética y transparente, y desarrollan su trabajo en el marco de lo que la ley indica y dentro de los parámetros de comportamiento ético que una sociedad como la nuestra merece.

Durante su discurso en el INAI, Peña Nieto tuvo además un lapsus sugerente. Al referirse al “nuevo paradigma que estamos construyendo”, aludió también a las tecnologías que “...hacen posible que cualquier agente social esté expuesto”, y corrigió al vuelo: “...no expuesto, porque pareciera un riesgo, más bien abierto a un gran escrutinio de cómo se comporta”.

¿Qué tenía en la cabeza Peña Nieto cuando recordó a Jesús invitando a aquellos aldeanos, libres de culpa, a tirar la primera piedra en contra de la mujer acusada de adulterio? ¿Pensaba en ser como Jesús que –al ver que la gente se alejaba sin arrojar ninguna piedra en contra de la mujer adúltera- la dejaba libre, sin condena, pidiendo sólo que no volviera a pecar? O ¿se imaginaba, a sí mismo, como el sujeto al que está todo mundo a punto de apedrear? ¿En qué posición se imagina Peña Nieto en tiempos en donde hasta sus más grandes aliados y creadores de la televisión parecen enfilar baterías para mostrar historias de corrupción que podrían llegar a él o tal vez a sus más cercanos colaboradores? Eso que algunos ensayan ahora, con un Peña Nieto y audiencias en caída, tratando de congraciarse con un público y una sociedad cada vez más harta del abuso y la impunidad. ¿Está viendo venir Peña Nieto algo de lo que no saldrá bien parado?

“-Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? –Nadie, Señor. –Tampoco yo te condeno. Ahora vete, y no vuelvas a pecar”.

¿Por qué vino a la mente de Peña Nieto, precisamente, este pasaje bíblico? ¿Quisiera para sí y para los demás un borrón y cuenta nueva para terminar de construir “el nuevo paradigma” contra la corrupción, ese del que presumió en la Semana Nacional de Transparencia? ¿Acaso intenta frenar las piedras que empiezan a caer?
16 Septiembre 2016 04:07:32
Constitución CDMX
Tal como estaba previsto, este 15 de septiembre fue instalada la Asamblea Constituyente y entregado, por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, el proyecto para redactar la primera Constitución de la Ciudad de México. Día histórico, sin duda.

La Constitución para la capital del país nacerá cuando estemos conmemorado el centenario de la Constitución que Venustiano Carranza promulgó en 1917 para la Federación. La que viene, será la primera Constitución para la Ciudad de México. Eso debería generar cierto entusiasmo entre la población por los aires fundacionales que conlleva y por eso resulta chocante –por decir lo menos– que la presidencia de la comisión instaladora de la Asamblea haya quedado en manos de un vetusto echeverrista que, por demás, no fue votado por nadie y nombrado por Peña Nieto apenas en la víspera de ser instalada la Asamblea. Vaya tufillo dinosáurico para iniciar un proceso de esta envergadura.

La discusión que empieza ahora, no sólo incluye el cuerpo de la Constitución misma y del documento entregado por Mancera. Incluye, necesariamente, la postura asumida ayer por el abogado Javier Quijano, en representación de la fracción mayoritaria de Morena, en la que se cuestiona el alcance de la legitimidad de una parte de ese órgano legislativo y la crítica a la posibilidad que se confirió, desde la ley, para quienes desarrollaran tareas similares en órganos de representación diferentes, siendo actualmente legisladores, en alguna de las dos cámaras federales y que se desempeñarán, también, como diputados constituyentes en Xicoténcatl. Los que estarán en los dos lados, o en ninguno, a la vez. “Ninguna carta constitucional puede, ni ha podido nunca, conferir a nadie el don de la ubicuidad. Ni siquiera la nuestra. Al menos por el momento”, ironizaba Quijano dese la tribuna.

La reforma constitucional determinó que 60% de los diputados a la Asamblea Constituyente, serían electos por los votantes de la Ciudad de México y 40% restante fuera repartido –literalmente– entre Congreso y los dos ejecutivos: 14 designados por la Cámara de Senadores; 14 por la de Diputados; 6 por el jefe de Gobierno y 6 por el Ejecutivo federal. Producto de los acuerdos cupulares, con los que han quedado marcadas las reformas en este sexenio, los principales partidos y actores políticos a nivel federal garantizaron con esta reforma un porcentaje demasiado alto de una representación federal y partidaria que no les fue conferida en las urnas de la Ciudad de México.

El abogado Quijano (que dicho sea de paso representa legalmente a quien esto escribe desde el despacho Quijano, Cortina y De la Torre) hizo un brillante alegato, desde la tribuna primero y, después, en la escalinata de Xicoténcatl frente a la prensa. De manera breve planteó el meollo del asunto: “¡De cinco partes el pueblo elige tres y el poder toma dos y se reserva, además, el derecho de veto!”. Se refería Quijano a la “aptitud matemática de impedir la aprobación de la Constitución”. Sería suficiente, afirma, “...con su negativa en bloque, y aun con su mera inasistencia, para que resultara imposible lograr la mayoría de las dos terceras partes de los integrantes del congreso constituyente. Esto, que parece improbable, es sin embargo posible”.

Quijano Baz puso en duda la legitimación democrática del pacto del que se desprende ese modelo de representación, en virtud de que no todas las fuerzas políticas representativas fueron consideradas para su diseño y creación.

“No se pueden desempeñar al mismo tiempo dos cargos de la misma naturaleza material en diferentes cuerpos legislativos, que requieren y suponen, ambos, una dedicación cabal, íntegra y total. Estamos ante lo que los juristas denominan una imposibilidad absoluta de hecho y de derecho”, remató el abogado.

Sin restar importancia a la creación misma de la Asamblea Constituyente y a la posibilidad, y exigencia, de que de ahí surja una gran Constitución, no se pueden dejar de lado las críticas que surgieron al modelo adoptado para la representación de la sociedad para un proceso tan importante. Veremos cómo se desarrollan los trabajos durante los próximos tres meses y medio.

La próxima sesión será el martes 20 de septiembre a las 11 de la mañana.
02 Septiembre 2016 04:06:09
La gran pifia
En el peor momento de su mandato, el presidente de México cometió la más grande estupidez política que nadie hubiera imaginado. Peña Nieto quedó atrapado en una madeja absurda, ridícula y humillante de la que va a ser muy difícil, por no decir imposible, que salga. La agravante es que cayó en una trampa que se puso a sí mismo o que permitió que le pusieran sus asesores. ¿En qué momento Peña Nieto decidió tan tremendo despropósito? ¿Quién le recomendó meterse, así, en un callejón sin salida? ¿Acaso nadie en el Gabinete lo alertó de que Donald Trump les comería el mandado de esa manera? ¿Nadie se tomó la molestia, por lo menos, de garantizar primero que la candidata Clinton vendría a México antes de invitar al personaje indeseado? ¿Quiénes y bajo qué criterios están tomando decisiones como ésta que no solo dañan a Peña sino que ponen a México en una posición ridícula y humillante frente al resto del mundo?

La sorpresiva invitación girada a los dos candidatos a la Presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton y Donald Trump, para reunirse con el Presidente mexicano en la residencia oficial de Los Pinos, derivó en una grotesca escena que ha desatado una ola de indignación y burla en ambos lados de la frontera. La andanada de insultos y reclamos a Peña Nieto, especialmente en las redes, ha tomado dimensiones insospechadas. Intelectuales, líderes políticos, organizaciones y población en general, se han manifestado en las últimas horas de manera severa, no solo por la insólita decisión de invitar al candidato Trump a territorio mexicano, sino por la falta de carácter, tibieza y sumisión que mostró Peña ante un personaje que ha reiteradamente insultado y agredido a México llegando, incluso, a insinuar una declaración de una guerra.

Los intentos de disculpa que Peña Nieto articuló en su mensaje para congraciarse con su invitado resultaron vergonzosos. Indigno fue hacer pasar como “malos entendidos” los agravios y amenazas proferidos por Trump en contra de México; indigno fue, también, emitir un tuit “explicativo”, para decir sobre el Muro lo que no se atrevió a decir frente a Trump durante la conferencia de prensa.

Algunas voces califican a Peña de torpe, insensible, pequeño y cosas peores. Otras han subido de tono y usan la palabra traición, para sostener una crítica. Alejandro González Iñárritu, por ejemplo, dijo, en un artículo en El País, que el Mandatario mexicano “...entregó lo poco que quedaba ya de dignidad... la invitación de Enrique Peña Nieto a Donald Trump es una traición... es avalar y oficializar a quien nos ha insultado, escupido y amenazado por más de un año ante el mundo entero”.

A la prensa internacional tampoco le pasó por alto un hecho de esta envergadura. Agudos y críticos como el NYT, pusieron el dedo en la llaga para referirse a la visita de Trump el miércoles de esta semana: “...no hubo fricción en la sesión de fotografía, lo que permitió al nominado republicano ensayar su calmada voz de adulto, así como evitar ofender a su base antiinmigrante y humillar a México, todo al mismo tiempo”.

Increíble que el Gobierno mexicano no haya sabido que después del encuentro con Peña, el candidato Trump volaría a Arizona para presentar los detalles de su cuestionado programa migratorio. Trump se dio tiempo de devolver el tuit a Peña con un mensaje que habrá ruborizado al mexicano. “No lo saben todavía pero pagarán 100% del muro”. Vino después el decálogo de su plan migratorio, con el que pretende lo imposible: hacer que vuelvan a México no sólo los 11 millones de indocumentados, sino los hijos nacidos allá, aun y cuando tengan nacionalidad estadunidense. El plan de Trump pretende establecer una prueba de control ideológico -así como se lee- a los inmigrantes, controles extremos a los extranjeros para enfrentar el terrorismo y la ampliación de sistemas electrónicos para corroborar el estatus legal de los trabajadores y desde luego, el muro entre México y Estados Unidos que, para rubor de Peña, volvió a decir: “pagará México al 100% aunque ...ellos aún no lo saben”.
05 Agosto 2016 04:00:00
Yunes y Duarte
El duelo entre Miguel Ángel Yunes Linares y Javier Duarte de Ochoa, gobernadores entrante y saliente de Veracruz, representa una de las más encarnizadas batallas entre gobernadores que se hayan registrado en los últimos años. Sólo comparable a la desatada entre los gobernadores César Duarte y Javier Corral de Chihuahua, la contienda se desarrolla en los terrenos de lo político, lo mediático y lo judicial de manera muy intensa.

La confrontación se ha agudizado en las últimas horas. Ayer, Duarte de Ochoa amplió su denuncia contra Yunes por haber adquirido, a través de su hijo Omar, 11 propiedades más –de las ya denunciadas– en Polanco y Las Lomas en la Ciudad de México y en la entidad veracruzana. Días atrás, presentó la denuncia principal por “el aumento desproporcionado del patrimonio” de Yunes y su familia. Exhibió datos, documentos, direcciones y fotografías de lo que habría adquirido Yunes de manera directa o indirecta a través de su esposa, hijos o empresas familiares por un monto en propiedades que rebasa los 300 millones de pesos.

Duarte lanzó ese misil por la tarde, apenas horas después de que su Gobierno tuvo que anunciar la renuncia de Arturo Bermúdez Zurita al cargo de secretario de Seguridad Pública, “... con la finalidad de esclarecer el origen de su patrimonio personal y defenderse de las acusaciones que se le imputan ante las instancias correspondientes”, señala el comunicado. La renuncia se dio horas después de que Reforma publicara que el funcionario posee 19 casas y 24 empresas y de que el portal Aristegui Noticias diera a conocer que Bermúdez y su esposa son propietarios de cinco residencias en The Woodlands, un complejo residencial en el estado de Texas, valuadas en 2.4 millones de dólares, adquiridas apenas un año después de su llegada al cargo en 2012 y en abril de este año. Aristegui Noticias recibió, en días pasados, una serie de documentos sobre las propiedades de la pareja. La Unidad de Investigaciones Especiales del portal consultó los archivos oficiales de Texas, a los cuales se tiene acceso de manera gratuita vía internet, y se comprobó la autenticidad de las propiedades de Bermúdez y su esposa. Los periodistas obtuvieron y publicaron también fotografías de las residencias. La exhibición pública de tal enriquecimiento hizo insostenible a uno de los hombres más cercanos a Duarte.

El gobernador electo Miguel Ángel Yunes entregó, por su parte, a Reforma una relación de propiedades en la Ciudad de México, Xalapa, el puerto de Veracruz, Quintana Roo y Texas. El periódico indagó sobre otras propiedades a nombre de familiares del funcionario y de presuntos testaferros, uno de los cuales –según lo reportado por Benito Jiménez en su investigación– es apoderado legal de las empresas cuyos propietarios son familiares del hoy ex secretario de Seguridad.

Apenas el 19 de julio de este año, Yunes presentó una denuncia penal para investigar lo que llamó “una red” de presuntos prestanombres de Arturo Bermúdez Zurita, que habrían creado un grupo de empresas para prestar servicios al Gobierno estatal, mismas que estarían en la lista de quienes cobrarían adeudos al estado por más de 70 millones de pesos.

Aunado a las denuncias de Yunes, el Gobierno de Veracruz ha estado bajo la mira de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que ha presentado 45 denuncias penales contra la administración de Javier Duarte por el mal manejo de recursos públicos, según dice un reporte oficial con fecha del 31 de mayo de 2016. Con ganas de ganar un tanto ante la opinión pública, presentó su declaración 3de3 pero, frente a todo lo demás, el efecto resultó más bien nimio.

Duarte ha sido acusado de malversación de dinero público a través del sistema de pensiones, de mal uso del dinero de la Universidad y de la existencia de una red de empresas fantasma que, presuntamente, ofrecían servicios a su gobierno.

En medio del estreno del Sistema Nacional Anticorrupción, los gobernadores libran su batalla acusándose mutuamente de corrupción. No queda claro si, en algún momento, intervendrán autoridades federales o no. Difícil saber cómo acabará esto y si, alguno de los dos, pisará la cárcel.
08 Julio 2016 04:03:43
México y el caso Bemba
Jacobo Dayán, primer director de contenidos del Museo Memoria y Tolerancia, acaba de escribir un artículo que sacude por su significado y por el reto que lanza para pensar a México más allá de una lógica aldeana.

El especialista centra su mirada en la reciente sentencia en contra de Jean-Pierre Bemba, exvicepresidente de la República Democrática del Congo, dictada por la Corte Penal Internacional (CPI).

La CPI dictó 18 años de prisión para Bemba y lo convirtió en el funcionario de más alto nivel sentenciado en La Haya por crímenes de guerra y lesa humanidad, cometidos por tropas al mando de Bemba.

La sentencia contra Bemba nos remite al papel de la autoridad en contextos de guerra y confrontaciones intestinas. Es una sentencia en la que se juzga lo que hizo y lo que dejó de hacer una autoridad con poder y mando.

Los crímenes cometidos por las tropas del Movimiento de Liberación del Congo sucedieron cuando Bemba “tenía la autoridad y control sobre las fuerzas que cometieron los crímenes”, por lo tanto, tiene responsabilidad en lo ocurrido, concluye el Tribunal.

La sentencia es histórica ya que, por primera vez, se condena a un funcionario de alto rango porque “... falló al tomar medidas en respuesta a acusaciones de crímenes reportados al interior”, y porque “... no intentó genuinamente tomar todas las medidas necesarias y razonables dentro de sus capacidades para prevenir o reprimir la comisión de crímenes, como era su obligación... y someterlos a las autoridades competentes”.

La cruenta espiral de violencia que ha acumulado decenas de miles de muertos, desaparecidos, torturados, en hechos que permanecen en la impunidad en México nos obliga a varias preguntas. ¿Quién hizo qué? ¿Quién mató a quién? ¿Cómo se desató esta barbarie? ¿Quién es responsable de qué, frente a tanto horror sembrado?

Delincuentes, autoridades y sociedad; víctimas y victimarios. Todos en el mismo saco sin poderse diferenciar claramente. ¿Las autoridades mexicanas intentaron “genuinamente tomar las medidas necesarias para prevenir o reprimir la comisión de tal cantidad de crímenes”?

¿Pasa algo por nuestra cabeza al leer estos párrafos de la sentencia? ¿Si en lugar de Bemba dijera Calderón, Peña o cualquier otro nombre dentro de las estructuras de mando de este país, el de los miles de muertos, qué pensaríamos?

A Bemba no se le condena por la comisión directa de los delitos, muertes, saqueos y violaciones que ocurrieron en el periodo investigado (octubre de 2002 a marzo de 2003). Tal como dice Dayán: “... fue encontrado culpable no por haber cometido u ordenado los ataques, sino porque no hizo lo suficiente por detener los patrones sistemáticos o generalizados de los crímenes que sabía, o que debía saber, estaban ocurriendo. ¿Suena familiar?”.

Para analizar el paralelismo con México, Dayán revisa el duro informe, recientemente presentado por Open Society Justice Initiative: “Atrocidades innegables” en donde, además de documentar todo tipo de crímenes de lesa humanidad cometidos por fuerzas del Estado y por grupos criminales, recomienda también: “... la creación de una entidad de investigación internacional, con sede en México, que tenga el poder de investigar y procesar causas de manera
independiente en materia de crímenes atroces y casos de gran corrupción...”. Lejos de aceptar esa posibilidad para transitar una salida, el Gobierno mexicano sólo reaccionó airadamente, rechazando el espejo que se le puso enfrente.

Amnistía Internacional (AI) dio a conocer: “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, un retrato de 100 mujeres, sobre la práctica recurrente de violaciones y abusos a manos de agentes del Estado, sin que nadie -todo parece indicar- haga nada para evitarlo. A Bemba se le condenó, también, por haber comandado fuerzas que cometieron abusos sexuales y violaciones generalizadas como forma de dominación y arma de
guerra y sujetas a proceso judicial.

AI dice que la sentencia contra Bemba: “...deja claro que los jefes militares y los superiores políticos deben tomar todas las medidas necesarias para impedir que sus subordinados cometan actos tan atroces y que tendrán que rendir cuentas si no lo hacen”. Años de cárcel para Bemba, por lo pronto.

¿Qué tan lejos, qué tan cerca, están África y La Haya de México?



24 Junio 2016 04:05:58
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Nueve muertos, un centenar de heridos y todas las interrogantes abiertas sobre lo ocurrido en Nochixtlán han reconfigurado los escenarios de la política nacional. Antes de ese domingo, sucesos que indignaron a la sociedad fueron preparando el terreno de lo que acabó en tragedia. De ahí, en un salto, a una mesa de negociación que le ha dejado “buen sabor de boca” al secretario de Gobernación.

No es para menos, Osorio recibió la estafeta ardiente que dejó el secretario Nuño, marcado con la estampa de soberbio, autoritario e intransigente y probablemente fuera de la carrera presidencial. Osorio Chong llega como el bueno de la película, para tratar de manera tersa a los disidentes, a los que están libres, porque los demás están en la cárcel en un signo siniestro del régimen.

En este nuevo contexto, el Gobierno está obligado a discutir lo que no ha estado dispuesto a discutir: una reforma educativa que nunca fue debatida ni con el Congreso ni con el magisterio.

La tragedia de Nochixtlán y el peligro de una escalada mayor –como la de Oaxaca en 2006 que terminó en revuelta popular, barricadas y represión–, hizo que el Gobierno federal midiera el escenario, ya de por sí tocado por el castigo del 5 de junio, y aceptara sentarse a la mesa con los dirigentes de la CNTE, tal y como le reclamó un coro de voces que pedían frenar la violencia y evitar un tsunami de dimensiones desconocidas.

Los expertos insisten en que el alcance de la reforma se circunscribe al ámbito laboral y administrativo, pero no a un nuevo modelo educativo.

El Gobierno insiste en que la reforma es inamovible. ¿Acaso el nuevo contexto no obliga a discutir lo que no se discutió en su momento?, ¿de qué está hecha la reforma educativa?, ¿cómo están planteados sus ejes?, ¿cuál es el alcance real de la misma?, ¿qué funciona y qué no? En síntesis, ¿cuál es el modelo educativo que requiere México y cuál es la mejor manera para instrumentarlo?

El primer gran tema se refiere a la Evaluación, punto nodal del rechazo a la reforma. Estrictamente, nadie ha dicho que no se debe evaluar el desempeño de los maestros y de los procesos educativos. Lo que se discute no sólo es ¿cómo se debe evaluar?, sino ¿qué sucede después de la evaluación y cuáles son las consecuencias de la misma?

El maestro Hugo Aboites, experto en temas educativos, dice que la salida a la crisis está dentro de la propia reforma constitucional. La norma contempla, no queda claro por qué, dos maneras para procesar el resultado de una evaluación: la punitiva, que es la que se está usando ahora, y la que busca mejorar al sujeto evaluado. En el primer caso, si el maestro o maestra evaluados –mediante un mecanismo que incluye un examen de opción múltiple– no obtienen resultados satisfactorios, pueden ser removidos o, bien, reubicados laboralmente para realizar tareas administrativas o de otro tipo, pero ya no como docentes.

Ahí está la parte fundamental del rechazo, lo cual resulta más que comprensible. La otra modalidad, no usada pero contenida en la reforma, abre paso a un mecanismo mediante el cual una evaluación insatisfactoria no significa un despido fulminante o la reubicación en otras tareas. El maestro o maestra entraría en un proceso de capacitación y aprendizaje cuyo propósito sería mejorar sus habilidades y desempeño frente a los alumnos. Esto, dice Aboites, resulta una mejor opción para los docentes y, en general, para el sistema educativo nacional.

Obligado es también evaluar el mecanismo de evaluación. Manuel Gil Antón, agudo crítico de la reforma y académico de El Colegio de México, ha diseccionado el tema, sin contemplaciones: “No hay confiabilidad ni validez en lo que se solicita al sustentante para el juicio que se emite: cuatro evidencias, más un examen de opción múltiple al que se añade simular la planeación argumentada de una clase. Derivar de este conjunto de ejercicios un juicio sumario sobre la trayectoria de un profesional de la docencia es aberrante, y el impacto de este yerro es mayor. Es como intentar medir los niveles de colesterol con un calibrador de llantas”. ¿Por qué se niega el Gobierno a discutir asuntos de tal relieve? Teniendo, como tiene, el agua en los aparejos.
27 Mayo 2016 04:00:02
El pulso de las cosas cotidianas
Tenemos un nuevo retrato sobre lo que los mexicanos perciben del estado de cosas que impera en temas que impactan todos los días a millones de personas en su vida diaria. Abrir la llave del agua, prender la luz, cruzar una calle, pasarse un semáforo, hacer un trámite, pagar un servicio, pedir un permiso, ir a la escuela, subirse al Metro, sortear un bache. Millones de esas pequeñas e incesantes acciones y su impacto en la vida de la gente en alguna medida es lo que queda registrado en la Tercera Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (2015), publicada por el INEGI esta semana.

El levantamiento refleja las experiencias sobre el fenómeno de la corrupción sufridas por la población al realizar pagos, trámites y solicitudes de servicios públicos, además de lo que ocurre al contacto con autoridades y servidores públicos.

El registro marca más de 30 mil actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, la mayoría producidos con autoridades de seguridad pública, gestiones ante el Ministerio Público y trámites en pagos y solicitudes de servicios públicos. Se mide también la incidencia y se desagregan datos estado por estado. Por lo pronto, 30% en este indicador de corrupción no es un dato menor.

No se miden situaciones de corrupción a gran escala o se rescata la percepción que pueda tener la sociedad acerca de grandes escándalos conocidos o percibidos entre las grandes esferas de poder. Se trata “sólo” de un pulso nacional sobre las pequeñas raterías, mordidas, transas y pillerías que ocurren todos los días desde patrullas, ventanillas, oficinas de trámites y gestorías desde donde se esquilma y abusa de miles en este país. El INEGI lo dice así: “Cabe aclarar que la cobertura conceptual y el alcance metodológico de este proyecto estadístico, contemplan actos de corrupción en actividades relacionadas con la vida cotidiana de los hogares y no de las actividades que permiten el desarrollo de las unidades económicas”. Si el INEGI incorporara alguna que otra pregunta para medir la percepción ciudadana acerca de esos otros hechos de corrupción, el retrato quedaría más completo.

La encuesta revela también cómo andan los ciudadanos en relación con los servicios más básicos, esos que según su grado de funcionamiento pueden no solo entorpecer, sino estropear la vida diaria de millones de personas en temas como agua potable, drenaje, alumbrado, basura, calles, alcantarillado, transporte, etcétera.

La encuesta está disponible y ofrece una buena carga de datos, algunos presentados de cierta manera seguramente para minimizar su impacto. Por ejemplo, se dice: 62.1% considera que el suministro de agua es constante y el 25.3% considera que el agua es potable. Es decir, que ¡el 74.7% piensa que no! Se lee también: “... 12.6% afirma que los hospitales no están saturados de usuarios”, es decir, ¡87.4% piensa que sí!

Sobre energía eléctrica, transporte público y autopistas con casetas el promedio en satisfacción, a nivel nacional, fue de 43.5%. En calles y avenidas, policía y alumbrado público, el nivel de satisfacción fue de 20.7%, 25.3% y 33%, respectivamente, es decir, bajísimo. De “panzazo”, pero los servicios de educación pública obligatoria aprobaron, en el nivel de satisfacción, con un 61%. El Seguro Social sólo alcanzó el 38.8%, mientras que el transporte público masivo automotor apenas llega a 28.9 por ciento.

El número de mexicanos que dijo haber tenido una experiencia de corrupción fue superior a la registrada en 2013. No en balde ese tema se ubicó en el segundo lugar de los asuntos que más preocupan a los mexicanos con 50.9%, detrás sólo de la inseguridad y delincuencia que alcanzó 66.4 por ciento.

Así como la corrupción incrementó sus niveles, la opinión sobre los servicios que ofrece el gobierno cayó 5.5 puntos en dos años. El promedio de los servicios básicos y los llamados bajo demanda a nivel nacional fue de 43.5%, abajo del 49% reportado en 2013.

El panorama es lamentable por donde se le vea: servicios públicos depauperados, niveles de corrupción que no ceden y un creciente nivel de insatisfacción en una población cuya vida cotidiana no mejora.
29 Abril 2016 04:12:05
Una ruta sin regreso
Si a la hora de publicarse este artículo, por la mañana del viernes, el señor Tomás Zerón de Lucio no ha renunciado o no ha sido retirado del cargo, habremos de saber, con más contundencia que nunca, que el Gobierno de Peña Nieto es insalvable, que no parece tener remedio y que México entrará en una ruta de mayores confrontaciones. Si algo tan elemental no ha ocurrido entonces, la distancia entre Gobierno y sociedad resultará insalvable.

El señor Zerón no es el único pero, en este momento, sí el más visible rostro de un gobierno que ha entrado en una espiral de distorsión, mentira y empecinamiento sumamente grave y peligrosa. Con el manejo del caso más emblemático, doloroso y absurdo de los últimos años –el caso Ayotzinapa– el Gobierno ha entrado en fase de agudización de una crisis profunda de descrédito y desconfianza.

Tergiversación, acomodo mañoso de datos, nombres y situaciones –para hacer cuadrar lo que no cuadra– es lo que quedó exhibido, con crudeza, en el último episodio protagonizado por los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, con motivo de la exhibición pública del video grabado el día anterior
a la diligencia ministerial en la que –según versión de la PGR– fueron encontradas las bolsas que, presuntamente, contendrían los restos de los normalistas incinerados. La reacción inmediata del GIEI, el desmentido de la ONU-DH, la explicación de los fotorreporteros que grabaron las imágenes que exhiben la conducta de Zerón de Lucio, fueron rápidas y contundentes. Mentir, distorsionar y acomodar datos tan a modo, de
manera tan burda, no puede sino tener consecuencias.

La catarata de desmentidos que, de inmediato, surgieron ante lo dicho por Tomás Zerón son, entre otras cosas, una vergüenza para México. ONU-DH aclaró que: “... nunca llegó al río San Juan, y por ende no fue testigo de las diligencias practicadas por la PGR en la zona”. Manifestó su extrañamiento por “... la mención a su presencia y rol en actividades de la PGR en las que nunca participó”. El GIEI lo señaló por
tergiversar información y hacer declaraciones “impropias” que agravan el caso Iguala.

Al borde del abismo, con este tema, el Gobierno de Peña dio un paso al frente con la conferencia de prensa dictada este miércoles por Zerón de Lucio. Su conducta fue suicida. Los costos que paga el Gobierno, dentro y fuera de México, son enormes. El empecinamiento y cerrazón frente a las evidencias y el trabajo de los expertos internacionales no hacen sino alimentar la, ya de por sí, descomunal suspicacia.

¿Qué explica la conducta suicida de un Gobierno que no da el golpe de timón, que se exige a gritos, con el caso Ayotzinapa? ¿Qué se oculta? ¿Qué es lo que no puede ser revelado? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Si el Gobierno mexicano insiste en lo que ya quedó descartado científicamente, si permite o propicia la simulación, la mentira y la maquinación en sus explicaciones, algo –verdaderamente grave– ha
ocurrido, siendo grave o muy grave todo desde el minuto uno.

La renuncia o separación del cargo de Tomás Zerón, que resulta inevitable, no servirá de nada, ni siquiera como válvula de escape, si no se hace un replanteamiento radical de la investigación oficial, tomando como base lo realizado por el GIEI y por los forenses del equipo argentino y por los expertos que han colaborado para desentrañar la verdad. Sólo así podría darse la vuelta a lo que el NYT captó con una sola frase:
“México huye de la verdad en caso Ayotzinapa”.

Con el caso Ayotzinapa, el Gobierno no sólo no atina a salir del atolladero sino que, cada día y hora que pasa, cava más profundo en esa fosa de la que no ha podido o no ha querido salir, a pesar del descrédito más amplio. Mentir, torturar y hacer montajes en una investigación con estas dimensiones sería suficiente motivo para reemplazar entero al equipo oficial que ha estado al frente de las investigaciones y, en
consecuencia, abrir expedientes criminales para deslindar toda clase de responsabilidades.

¿Qué cosa terrible hay detrás de todo esto? ¿Cuáles son los pasos que dará el Gobierno de Peña Nieto en ésta, su ruta sin regreso?

Nota: Reconocimiento a los fotoperiodistas independientes, José Giménez y Daniel Rodríguez, que grabaron el video que puso al descubierto la grave conducta no sólo de Tomás Zerón, sino de todo el entramado institucional, puesto al servicio de la mentira y la maquinación en el caso Ayotzinapa.





16 Abril 2016 04:12:28
Tortura en video
Casi al mismo tiempo que empezó a circular el informe anual sobre derechos humanos en el mundo del Departamento de Estado de Estados Unidos –en el que señala la participación de policías y Fuerzas Armadas en ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas como uno de los “problemas más significativos” de
México– se empezó a difundir, a través de las redes sociales, un perturbador video en el que se ve, de manera explícita, a una joven mujer sufriendo tortura a manos de una soldado de las Fuerzas Armadas, de un oficial del Ejército y de un tercer elemento enfundado en uniforme de la Policía Federal.

La imagen estremece por su crudeza, pero ayuda a ilustrar el tipo de cosas de las que estamos hablando cuando se dice que en México existe “tortura generalizada”, como lo reportó en su informe el relator de la ONU Juan Méndez, antes de ser sometido a una retahíla de descalificaciones procedentes del ámbito oficial, o cuando se habla de “tortura sistemática”, según otro informe del organismo internacional anterior al de Méndez.

En esa sola imagen de la joven mujer con camiseta morada, confluyen todos los informes, declaraciones, reportes nacionales e internacionales que hablan de las desa-pariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales a manos de agentes policiacos y militares como un grave problema en México.

“¿Quién es la pinche María...?”, le pregunta la soldado a la joven mujer torturada, según se ve y oye en el video. “¿Ya te acordaste... o quieres más bolsa... agüita o toques?”, le dice a la mujer desesperada.

La impericia de la torturadora se muestra cuando coloca, con torpeza, el cañón de su arma sobre el cuerpo de la muchacha que no ve nada. El oficial la corrige y le dice: “Así no... con la bolsa”, dejando claro que para torturar se requiere escuela.

Ante el impacto causado por la difusión de las crudas imágenes en las últimas horas, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado, ayer mismo, en el que confirma que quienes aparecen en el video, portando uniforme militar, efectivamente son militares y que se encuentran procesados.

Llama la atención que el Ejército sólo habla de los dos militares, pero en ningún momento hace mención de quien enfundado en uniforme de policía forma parte activa de la escena de tortura. Para quien vio el video: se trata de la persona que intenta, primero, arreglar el pelo de la muchacha y después le coloca una bolsa de plástico para asfixiarla. Por alguna razón, ese elemento no es mencionado en el comunicado de la Sedena.

El Ejército ha reconocido que los hechos ocurrieron el 4 de febrero de 2015, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, en Tierra Caliente, Guerrero. Afirma que tuvo conocimiento de lo sucedido en diciembre del año pasado y que se integró una averiguación previa para ejercer acción legal contra los involucrados. Casi un año después de lo sucedido, se dio vista de la averiguación previa a la PGR, “...para que en el ámbito de su competencia determine la responsabilidad en cuanto a las afectaciones a la civil”.

En enero, la Procuraduría militar cumplimentó la orden de aprehensión a un capitán y a una soldado policía militar como presuntos responsables del “delito de deso-bediencia”. En su comunicado la Sedena informa que el oficial y la elemento de tropa están internados en la prisión militar por lo que respecta a los delitos
del orden militar y que el juez Quinto Militar determinará lo que proceda.

La crudeza del video ha sacudido a una buena parte de la sociedad mexicana que ha visto ahí, en directo, la tortura, el sufrimiento y los métodos de la barbarie utilizados por fuerzas policiacas y militares para sacar confesiones. “¿Quién es la pinche María...?” quedará grabado en la mente de miles que han visto esas
imágenes. Hasta el momento no sabemos quién es María, ni qué pasó con la joven torturada. Sin embargo, por ese video cruzan todos los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hablan de una “grave crisis de derechos humanos”; el del Departamento de Estado que señala: “la impunidad, la
corrupción y los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad fueron las principales violaciones de derechos humanos en México en 2015”, y otros, también conocidos, que coinciden en colocar a México atravesando por una situación crítica en materia de derechos humanos.

En el video todo impacta: la tortura, el sufrimiento, los métodos de la barbarie. Sobrecoge, también, la imagen de la Bandera Nacional, cosida a la manga del uniforme de los torturadores.
01 Abril 2016 04:00:25
Abatir delincuentes
“El caso Tlatlaya se encamina a quedar impune”, dice el comunicado emitido este miércoles y firmado por 16 organizaciones de derechos humanos con motivo de la sentencia absolutoria, dictada por el Juzgado Sexto Militar, a seis de los siete militares involucrados en la matanza ocurrida el 30 de junio de 2014, en esa localidad mexiquense. Uno de los soldados fue condenado a un año de prisión, por el delito de desobediencia, pena ya compurgada.

Si bien estos juicios son relativos a deberes militares, el juez de la causa -para resolver los casos- se pronunció sobre el corazón mismo del asunto y determinó que la actuación de los militares -en la trágica escena que costó la vida a 22 civiles- fue en respuesta a la agresión contra ellos que provenía de la bodega en la que se encontraban los civiles. Al resolver sobre ese hecho central, el juez militar libera a los militares de una responsabilidad mayor: la de haber participado en la ejecución de un grupo de civiles que ya habían sido sometidos, después de la refriega inicial en la que -efectivamente- hubo disparos de ambos lados.

El asunto no es si eran o no delincuentes los que estaban en la bodega, el asunto es si los militares recibieron una orden, o la interpretaron, o actuaron por iniciativa propia para eliminar, físicamente, a esos civiles que estaban ya bajo el control total de los militares. Dejar en la impunidad conductas de esta naturaleza es una invitación a repetirlas.

Con Tlatlaya, estamos ante uno de los casos más graves de violación a derechos fundamentales y privación de la vida por agentes del Estado mexicano en contra de civiles de los últimos años.

El procesamiento judicial sólo fue posible gracias a las revelaciones periodísticas que, en su momento, desmontaron la inmensa mentira con la que las autoridades pretendieron ocultar los hechos.

El boletín informaba de la muerte de 22 civiles producto de un enfrentamiento con militares. Las manchas de sangre en las paredes, producidas por impactos a corta distancia, indicaban que en ese lugar habían ocurrido ejecuciones. Se supo después que militares habían, también, alterado la escena del crimen.

Sabemos ahora de la absolución de los militares gracias a que una de las víctimas ganó un amparo que le permitió acceder al expediente dentro del cual se encontraba la sentencia absolutoria.

El juicio se realizó el año pasado y en octubre se emitió la sentencia.

De manera paralela -y ese es otro gran tema- la PGR ejerció acción penal contra los siete militares, tres por el delito de homicidio y cuatro por diversos ilícitos. Un juez de Toluca dictó auto de formal prisión a tres soldados por homicidio calificado y decretó auto de libertad a los otros cuatro, acusados por ejercicio indebido del servicio público y encubrimiento. Los tres primeros se mantienen en prisión. También, en este caso derivada de la recomendación de la CNDH, se “...mantiene una investigación abierta... en torno a la denuncia por graves violaciones a derechos humanos”, según se lee en la nota informativa que entregó la PGR a la cadena CNN, en la que agrega que: “... la PGR deberá contar con la ratificación, por parte de la víctima, de las
pruebas y escritos que ha ofrecido”. Se refiere a Clara Gómez González, la mujer que al haber ido en busca de su joven hija, abatida en la bodega, se convirtió en testigo de hechos que ha narrado ya en varias ocasiones.

La PGR no alude a un tema principal relacionado con la divulgación, por parte del Centro Prodh, de un documento-guía castrense para la realización de operativos en el que se instruye a militares a “...operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad, a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”. La palabra “abatir” desató un debate el año pasado,
cuando fue dado a conocer este documento, en el que participó el propio gobierno. Si es o no sinónimo de matar la palabra “abatir” era el tema. Incluso, en declaraciones inusuales a la prensa, el secretario de la Defensa dijo que se había tratado de “un error” de transcripción el hecho de que la palabra estuviera ahí.

¿Esa instrucción, por escrito, sobre abatir delincuentes en la oscuridad es la que guió la conducta de los militares en el caso Tlatlaya? ¿La PGR investigará o no si lo sucedido en la bodega fue producto de una instrucción institucional?

Por lo pronto un juez militar ha absuelto a los militares y ha concluido, prácticamente, que actuaron en defensa propia. ¿Acaso la justicia civil resolverá en sentido contrario? ¿Es verdad que el caso Tlatlaya se encamina a quedar en la impunidad?

20 Marzo 2016 04:00:31
¿Cómo llegó EPN a Los Pinos?
A Javier Quijano y Xavier Cortina, mis abogados. A un año del golpe de censura.

El portal Aristegui Noticias publicó, esta semana, un reportaje especial, presentado en tres partes. La primera, sobre cómo un operador financiero del cártel de Juárez –procesado por ello y preso sólo cinco años– se convirtió en proveedor del programa estrella de este sexenio, la Cruzada Nacional contra el Hambre. El personaje fue identificado por la PGR, hace algunos años, como el contacto con proveedores de droga en Colombia y responsable de las negociaciones financieras del cártel de Juárez.

Libre ya, consiguió, en este sexenio, contratos por casi 400 millones de pesos, para dotar de millones de afiches, botones, papelería y cuanta cosa usted imagine de una larga lista de materiales que nunca fueron entregados. Una licitación que hizo, vaya usted a saber por qué, la Universidad Autónoma de Morelos, a través de un funcionario suyo ligado al partido Nueva Alianza. Ese mismo personaje, operador del narco, y sus empresas aparecen en la misma investigación en transacciones comerciales en el futbol internacional, según se puede ver en la segunda parte del reportaje.

En la tercera parte de esta espléndida investigación, que omite los nombres de los periodistas que participaron en ella por razones de seguridad, se entra a la parte más peligrosa del asunto: la campaña presidencial de Peña Nieto.

El Grupo Comercializador Cónclave, operado por Rodolfo David Dávila Córdova, “El Cónsul”, además de participar en licitaciones tramposas y operaciones del futbol internacional también aportó dinero para las tarjetas usadas por el PRI durante la campaña presidencial de 2012. El reportaje aporta una hebra más en esa trama político, electoral, financiera conocida como el Monexgate. La historia que, finalmente, los
opositores dejaron morir bajo la lápida del Pacto por México. ¿No es tiempo de que la investigación inconclusa y fallida sobre el Monexgate se retome, con estas nuevas evidencias aportadas por una investigación periodística? ¿No es eso lo que se esperaría de una democracia?

Hay indicios de que quienes tomaron el poder en su más alto nivel lo hicieron –no sólo con la ayuda directa de la principal televisora–, sino abriendo la puerta a financiamientos ilícitos. La sociedad tiene derecho a saber y los políticos y la justicia tienen la obligación de actuar.

Brasil está en vilo por investigaciones judiciales que desenredan la trama de la corrupción sistémica que agobia a ese país. Los procesos abiertos han llevado a la cárcel a políticos y empresarios del más alto nivel. La pinza está alcanzando a figuras tan grandes como el propio expresidente Lula da Silva. Hasta hace poco, Lula era considerado uno de los más populares y reconocidos líderes de América Latina, casi una
leyenda. Se le señala por haberse, presuntamente, beneficiado con la remodelación de su casa y por hacerse de otra propiedad, más bien modesta, la cual no reconoce como suya. Como sea, pende sobre Lula una petición de prisión preventiva y su nombramiento como jefe de Gabinete de la presidenta Rousseff –que le daría protección y fuero por lo menos temporalmente– fue suspendido por un juez minutos después de asumir el cargo. Los brasileños, metidos en un tobogán, no saben cómo terminará esta historia. Quién lo dijera, fue a Lula da Silva a quien invitó Peña Nieto a México para apadrinar el lanzamiento de su Cruzada Nacional contra el Hambre.

Las acusaciones contra Lula parecen juego de niños, si lo comparamos con la “casa blanca” de Enrique Peña Nieto y con las inmensas casas de sus más cercanos colaboradores, también ubicadas en las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

La nueva información, publicada esta semana en Aristegui Noticias, obliga a regresar a la gran interrogante abierta desde hace años: ¿Cómo llegó a la Presidencia de México Enrique Peña Nieto? ¿Cuál es el verdadero origen de los recursos que alimentaron las estructuras paralelas –documentadas ampliamente en la investigación del Monexgate– desde las que se financió la campaña del hoy Presidente? La información
publicada esta semana da una pista que debería ser ampliamente investigada.


¿Quién o quienes, desde el Poder Judicial, partidos de oposición o medios de comunicación van a tomar, en serio, el asunto? ¿Quién se atreve no solo a cuestionar genéricamente a Peña Nieto, sino a investigar, entre otras cosas, cómo es que llegó a la Presidencia de México? ¿Alguien exige a la PGR que investigue el asunto y las pistas a donde conduce ese reportaje? ¿La SEIDO y/o la FEPADE? ¿Alguien se atreve a promover una Comisión independiente en el Congreso para investigar en serio? ¿Alguien dijo miedo?
04 Marzo 2016 05:10:10
El informe y la respuesta
Después del duro informe dado a conocer antier por la CIDH, se esperaría una respuesta oficial a la altura de lo que ahí se muestra y de la gravedad de los hechos que han colocado a México en situación crítica. En lugar de una respuesta seria en donde se reconozcan los problemas, se enlisten las directrices de lo que se ha hecho y de lo que se piensa hacer ante tan difícil problemática, el Gobierno mexicano decidió optar por la postura más ridícula y vergonzosa: la de un avestruz con la cabeza metida en un hoyo.

La airada respuesta a la CIDH muestra que el Gobierno mexicano está transitando por un grave proceso de negación de la realidad. Ha construido, para sí, un mirador desde el cual ve una panorama diametralmente distinto al que ven, viven y padecen millones de personas.

La respuesta oficial que emitieron antier de manera conjunta Segob, PGR y SRE es uno de los peores síntomas de la grave crisis que retrata el informe y que el Gobierno federal se niega a reconocer.

El informe es sobre la situación de los derechos humanos y fue realizado a partir del monitoreo y de la visita in loco que realizó esta Comisión a México el año pasado. Pone acento al tema de las desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura, inseguridad ciudadana, acceso a la justicia y, por supuesto, a la rampante impunidad.

“El Estado Mexicano es enfático en afirmar que en nuestro país no se vive una crisis de derechos humanos”, dice la respuesta oficial. Se necesita cara dura para sostener la afirmación, sin sonrojarse. Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán y tantos otros forman parte de esa realidad que no se va a modificar si su existencia es negada.

Han puesto bajo su propia alfombra a las 26 mil 798 personas “no localizadas” o desaparecidas que forman parte del Registro Nacional. Es cierto que se presentó al Congreso las iniciativas de Ley sobre tortura y desapariciones; que se publicaron protocolos y que la PGR creó una Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas, pero eso no significa que se haya remontado, en la práctica, un fenómeno tan grave y que afecta a una amplia capa de la población mexicana, por los casos añejos que no han sido resueltos y por los que siguen ocurriendo.

Hace apenas unos días, tuvimos noticias de la tragedia en Tierra Blanca. La escena se repite: personas que son detenidas por policías estatales, que luego afirman haber entregado a los jóvenes a manos del crimen organizado que, a su vez, procedió a matarlos e intentar desaparecerlos metiendo sus cuerpos en una máquina para ser molidos. Si estas escenas, en las que participan directamente policías –y quién sabe cuántos más factores coludidos–, no representan un siniestro tramo de una crisis profunda, ¿qué tendría que pasar para que el Gobierno reconozca lo que está pasando?

Se abarcan situaciones que han entrado en fase crítica con defensores y defensoras de derechos humanos, mujeres, indígenas, migrantes, niños y niñas convertidos en mercancías y revisa, también, la situación de asesinatos, agresiones y persecución en contra de periodistas. Eso “... que ha hecho que México sea considerado como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo”.

De acuerdo con lo recopilado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, entre 2010 y 2015 habrían sido asesinados más de 55 periodistas. Según cifras de la CNDH, habrían ocurrido 107 asesinatos.

En el documento de 241 páginas se dedica también un espacio a lo sucedido en contra de un grupo de periodistas, entre los cuales me incluyo, quienes hace casi un año sufrimos un golpe de censura instrumentado desde el más alto poder y de la más burda manera. Sin entrar en detalle, porque se agotó el espacio, permítame reproducir una parte de lo que dice:

“En el 2015, se presentaron otro tipo de afectaciones a la prensa que permiten observar la existencia de un contexto complejo para el ejercicio periodístico, no sólo por el riesgo de agresiones y amenazas sino también por episodios como el ocurrido con la periodista Carmen Aristegui, quien puso al descubierto un caso de presunta corrupción que involucraba a altas autoridades en la compra de una lujosa casa utilizada por el Presidente de la República. Luego de esa y otras investigaciones, la periodista y su equipo fueron cesados por la empresa concesionaria de la emisora con la que mantenían un contrato, incluso cuando las mediciones indicaban que su programa tenía una alta audiencia”. Así, sencillo. Tal cual fueron las cosas.
19 Febrero 2016 05:10:41
Más papistas…
El balance obligado de la visita a México del papa Francisco se puede hacer desde varios ángulos y con interpretaciones muy diversas.

Reforma, por ejemplo, publicó ayer una encuesta nacional, bajo el título: Cumple expectativa, que da cuenta de cómo el 66% de los consultados telefónicamente opina que el Papa sí abordó en sus mensajes los problemas más graves de México, y un 48% respondió que el tema de la pederastia no era tema de su visita a la pregunta sobre si debió hablar el Pontífice de ese tema.

A pesar de que la ocasión era propicia, finalmente, no hubo reunión con víctimas de pederastia clerical, ni tampoco con familiares de los jóvenes desaparecidos en la noche de Iguala. No hubo mención sobre Marcial Maciel y sus secuelas en la Iglesia católica mexicana. Tampoco sobre el caso Ayotzinapa. El Papa no se refirió al “Chapo” Guzmán, ni a los alcances que tiene para México una historia como esa. Tampoco aludió el Papa a la maquinación e injusticias cometidas, desde la Arquidiócesis de México, en contra del padre José Luis Salinas, que dieron lugar a la anulación de la boda religiosa entre Angélica Rivera y el “Güero” Castro, condición necesaria para el posterior enlace entre la actriz y el hoy Presidente de México. No hubo para el padre Salinas una sola palabra que reivindicara su nombre y su memoria. Hubo tantas palabras como silencios durante la visita del papa Francisco a tierras mexicanas. Eso provocó desencanto entre quienes esperaban mucho más de esta visita. Hubo momentos de alto impacto como lo sucedido ante miles de indígenas en Chiapas y el encuentro transfronterizo en Ciudad Juárez, también de profundo significado.

En lo que se refiere a la clase política mexicana nos resultó “más papista que el Papa”. Desprendidos de los preceptos que definen a un Estado moderno laico como el mexicano y de lo que la Constitución establece sobre la separación entre Iglesias y Estado, los gobernantes de este país pasaron por alto que una cosa es su legítimo derecho a profesar como individuos la creencia o religión que prefieran y otra, muy distinta, lo que hicieron durante la visita del Papa. Sin más echaron por la borda los principios básicos de la laicidad. Con recursos públicos y durante actos oficiales trastocaron los ejes fundamentales sobre ese tema, surgidos de los cruentos capítulos de la historia mexicana.

Las crónicas periodísticas describen cómo algunos integrantes de la clase política gritaban –en un acto oficial– “¡bendición, bendición!” para llamar la atención del Pontífice. En el portal de la Presidencia y en los de algunas secretarías de Estado, fueron desplazados los logotipos y símbolos oficiales para colocar en su lugar los colores e imágenes del Vaticano. ¿Qué diría Juárez si no hubiera muerto?

¿Violó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en su artículo 25, el Presidente de México cuando comulgó en la basílica de Guadalupe, durante la visita del Papa, al igual que otros funcionarios? La ley marca una clara separación entre el ámbito público y el ámbito privado e impide, a quienes tienen una representación política en cualquier nivel de gobierno, asistir –con representación oficial– a ceremonias religiosas o de culto.

¿Llevaba una representación oficial el Presidente de México cuando decidió participar en esa ceremonia y comulgar? ¿Estaba ahí como Presidente de la República o sólo como un individuo que hacía valer la libertad religiosa que, desde luego, también consagra la Constitución? Ahí queda la escena para el debate, si es que lo hay.

¿Fueron usados los actos públicos con Francisco por parte de la clase gobernante con “...fines políticos, de proselitismo o de propaganda política”? La pregunta cabe, dado que –en el remoto caso de que algo así hubiera ocurrido– habrían violado esa prohibición expresa que existe en la Constitución desde el año 2012, año en que también se incorporó el siguiente párrafo: “Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho a participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo”.

¿A este último precepto es al que se acogió Peña Nieto y la clase política para participar de la manera en que lo hicieron durante la visita del Papa? Si así fuera, dejaron de lado las definiciones históricas y legales del Estado mexicano, y no dudaron en utilizar recursos públicos para mezclar fervor con representación oficial.

05 Febrero 2016 05:10:16
La agenda del Papa
El último viaje de un pontífice a México estuvo marcado por una lamentable y tristísima omisión: Benedicto XVI no se encontró con víctimas de abusos sexuales cometidos por integrantes de la Iglesia católica. A pesar de todo el esfuerzo que hicieron –especialmente las víctimas de Marcial Maciel, el sacerdote mexicano que escaló los más altos niveles de influencia en el mundo empresarial, político y, desde luego, de las más altas esferas de la Iglesia mexicana y el poder vaticano– no lograron su propósito. Las solicitudes de las víctimas de Maciel y de otros sacerdotes pederastas mexicanos no prosperaron y las puertas al Papa les fueron cerradas.

A pesar de que Joseph Ratzinger conocía como pocos el caso Maciel, a quien le tocó encubrir en tiempos de Juan Pablo II, pero a quien sí mandó investigar antes de convertirse él mismo en Papa, y con un Wojtyla agonizante. Fue Benedicto XVI quien más hizo frente a las conductas criminales de tan siniestro personaje, sin embargo al llegar a nuestro país le fue impedido encontrarse con las víctimas en México y aun de Estados Unidos que estaban dispuestas a viajar con tal de reunirse con el Pontífice.

Al Papa lo coparon y a las víctimas las hicieron a un lado. Hubo tiempo para todo: misas, vallas, confeti, espejitos, multitudes y discursos edulcorados. Hubo tiempo para lo que fuera menos para recibir a las víctimas. ¿Por qué, si Benedicto abrió la puerta y se encontró con víctimas de abuso clerical en Alemania, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Portugal y Malta, no lo hizo en México cuando tuvo ocasión para hacerlo? Benedicto sí escuchó, en otros países, a las víctimas, lloró con ellas y pronunció duras palabras contra esa conducta deleznable de abusar –desde una posición de poder y de superioridad– en contra de los más frágiles y los menores.

En aquella visita papal, al mismo tiempo que Benedicto XVI recorría Guanajuato, en la misma ciudad era presentado un libro clave y fundamental para ese tema: La Voluntad de no Saber. Lo que sí se Conocía sobre Maciel en los Archivos Secretos del Vaticano desde 1944, de José Barba, Alberto Athié y Fernando M. González (Random House Mondadori). En esas páginas se encuentran expuestos documentos (212 legajos) que demuestran cómo el Vaticano tuvo conocimiento, por décadas, de los torcidos capítulos de la vida y obra de Marcial Maciel y de las acusaciones y denuncias que en su contra se acumularon por décadas. Varias de las víctimas que no fueron recibidas por Benedicto estuvieron presentes durante la presentación de ese libro.

La negativa de recibir a las víctimas no necesariamente fue una decisión del propio Pontífice. La cúpula eclesiástica, señaladamente la que protegió a Maciel y a otros curas pederastas, mucho tendría que ver en el diseño de esa agenda.

No pasó mucho tiempo para que Benedicto XVI renunciara, en un hecho insólito, al pontificado y diera paso al papado de Jorge Mario Bergoglio. Las razones por las cuales Benedicto se retiró de su cargo no son fáciles de comprender.

Francisco está por llegar a tierras mexicanas. Hoy los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa piden ser recibidos durante la visita para poder hablar con el Papa sobre la situación que envuelve el caso de los jóvenes estudiantes desaparecidos en Guerrero. La tensión política que causa la posibilidad de ese encuentro es evidente.

La escena del Papa y las víctimas de Ayotzinapa removería, de nuevo, las entrañas del caso y descuadraría lo que para no pocos debería ser la visita del Pontífice. Claridoso como parece ser, Francisco ha dicho que no viene a tapar ni corrupción, ni violencia ni los temas del crimen organizado. Es factible que se pronuncie sobre esos y otros temas y, por supuesto, que envíe mensajes por la justicia y llamados para lograr la paz, como corresponde a un pastor de su talla en un país envuelto en su “pedacito de guerra”, como dijo en el mensaje obtenido por la agencia Notimex y divulgado esta semana.

Además de posibles menciones genéricas a todos estos problemas en México, queda la pregunta sobre si hará menciones específicas de asuntos que cruzan la realidad mexicana. ¿Hablará de pederastia clerical y abusos dentro de la Iglesia como los cometidos por Maciel y otros sacerdotes? ¿Pedirá escuchar a las víctimas ignoradas en la anterior visita?

¿Hablará o no del caso Ayotzinapa? ¿Serán o no recibidos los familiares de esos muchachos? ¿Cuánto peso querrá poner Francisco a sus palabras y acciones en tierras mexicanas? ¿Qué tan dueño de su agenda es el papa Francisco?
22 Enero 2016 05:10:34
Un libro sobre la cama
Las autoridades mexicanas han dicho que el pasado 6 de octubre −4 días después del encuentro con Kate del Castillo y Sean Penn- “El Chapo” Guzmán logró huir de un operativo de la Marina, realizado en el Triángulo Dorado de la Sierra Madre Occidental. En el lugar donde se refugiaba el célebre Joaquín Guzmán Loera, la Marina Armada de México encontró -según video difundido- afiches personales, una decena de camisas marca Barabas, una computadora laptop HP modelo i7 y un libro encima de una de las camas en la que, presuntamente, dormía el criminal.

En el video puesto a disposición de los medios se muestran los aposentos en los que “El Chapo” pasaba sus horas antes de que la Marina arribara a lo que las autoridades llamaron “Nido Montaña”, un lugar a 2 mil metros de altura en esa cadena montañosa.

De la computadora encontrada apenas se tiene referencia en notas de prensa, pero nada se ha dicho de su contenido. Si, como se deja ver, se trata de la computadora de “El Chapo” abandonada en su huida, las autoridades tendrían más elementos para realizar el improbable maxiproceso que debería ocurrir en México, a la altura del capo que acaban de recapturar. El investigador Edgardo Buscaglia afirma que en cualquier país con un sistema medianamente funcional la captura de un capo de estas dimensiones derivaría en cientos de causas criminales en contra, no sólo de más capos, sino de cientos de políticos, empresarios y otras figuras relacionadas con la organización, maquinaria criminal y estructura de negocios de la que forma parte “El Chapo” Guzmán.

El maxiproceso que debería ocurrir en México tendría que asemejarse a los que se han visto en otros lugares del mundo a partir de causas criminales extendidas, pero nadie está siquiera hablando de eso. El especialista de la Universidad de Columbia dice que no habrá aquí investigaciones que busquen desmantelar esa estructura criminal. En su pronóstico, el pacto de impunidad que prevalece en los más altos niveles de la política mexicana es tan fuerte y el nivel de exigencia de los ciudadanos aún tan débil que no veremos un maxiproceso como sería obligado en un sistema medianamente funcional. Lo que queda es la extradición a Estados Unidos, como premio de consolación. Lo del libro encontrado sobre la cama resulta una cosa fascinante. Si fuera cierto que estaba siendo leído por Guzmán Loera -hay que poner distancia, habida cuenta de que versiones oficiales o filtraciones no siempre empatan con la realidad- estaríamos ante un gran asunto. El libro es, ni más ni menos, Zero, Zero, Zero, del escritor y periodista italiano Roberto Saviano. Se trata del autor de Gomorra, un best seller que ha vendido millones de libros y que trajo para él no solo fama mundial, sino una situación de peligro que hace que su vida transcurra acompañada de agentes de seguridad. En Gomorra, desmenuzó las entrañas de la Camorra italiana, su sistema y ramificaciones de negocios en decenas de ciudades del mundo; puso nombres y apellidos, conexiones, detalles y desató un gran escándalo que derivó en la apertura de causas judiciales de alto impacto, a partir de las cuales quedó bajo la mira de los criminales. La mafia lo amenazó de muerte. Desde entonces vive bajo protección policial, fuera de su país de origen.

Después de varios años, Saviano volvió a escribir, ahora sobre los ejes en los cuales está montado el negocio de la cocaína. El negocio que hoy mueve al mundo y que no se puede entender si no se entiende a la mafia mexicana. Saviano ha dicho que no se les debe llamar narcotraficantes a los capos mexicanos, sino mafiosos: “... tienen una organización de reglas, estructuras, son un capitalismo armado, donde la violencia también es la forma a través de la cual reafirman su negocio”. “Si no conoces México, no conoces el mundo de hoy”, dijo Saviano en una entrevista sobre Zero, Zero, Zero. Hablamos de “una especie de turbo capitalismo, que no tiene reglas. Los cárteles mexicanos facturan toneladas de dinero y lo hacen a nivel global. Se trata de un país joven, dinámico, con muchos recursos y mucha corrupción. En este momento, el sistema financiero que pasa a través de México lo convierte en un punto central de la economía contemporánea... Los grandes bancos americanos y europeos han declarado que han blanqueado millones de dólares del narcotráfico. El gran sistema internacional ha aceptado este dinero, porque llega líquido, en efectivo”. ¿Estaba leyendo, realmente, “El Chapo” el libro de Saviano? Y si no fue él, ¿quién dejó -entonces- ese libro sobre la cama? El cártel de Sinaloa se ha extendido por decenas de ciudades del mundo, sus ramificaciones, negocios y alcances tienen dimensiones planetarias. Si no hay un maxiproceso en México, ¿lo habrá en Estados Unidos, con “El Chapo” extraditado?
08 Enero 2016 05:00:50
‘El editorial’
The New York Times, el periódico más influyente de Estados Unidos y una de las publicaciones que generan más impacto por sus noticias, investigaciones y postura editorial en todo el planeta, decidió abrir el año con un claridoso editorial en el que repasa los tres grandes asuntos que
marcarán para siempre a la actual Administración.

El comité editorial del NYT, que firma el texto, puso la medida desde la cual se tomará el pulso sobre cómo está siendo percibido y evaluado el Presidente mexicano a nivel internacional. Por lo que dice, por cómo lo dice y por quién lo dice, podemos considerar que esa será la manera en la que se referirán a Peña Nieto los más amplios y diversos circuitos de opinión a nivel
internacional, de aquí en adelante.

“Las respuestas que Peña Nieto no le da a México” es el título del editorial con el que el NYT analiza cómo el Presidente usó el título de su libro, México, la Gran Esperanza, para explicar el tipo de país que quería construir en su mandato. Sin embargo, a la mitad de su gestión “parece bastante probable” que será recordado no como el “líder transformador”, sino como el
gobernante que hizo todo para evitar rendir cuentas; como el Presidente que se dedicó a “lavarle la cara a las verdades incómodas” y aquel que, en lugar de enfrentar y resolver, se ha dedicado a minimizar los escándalos.

Aunque no son los únicos temas en los que Peña está en falta como gobernante, el NYT centra su atención en los tres grandes asuntos que lo dejarán marcado para la historia, tal y como quedaron marcados Díaz Ordaz y Echeverría con la matanza del 68; López Portillo con la devaluación del peso y la “Colina del Perro”, o Salinas de Gortari con la corrupción y el neoliberalismo.

Peña Nieto será recordado por la trágica desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; por la captura y fuga de “El Chapo” Guzmán; por el escándalo de la “casa blanca” y por la censura a los periodistas que la investigaron. “Los periodistas, que hicieron un trabajo meticuloso e impecable, se quedaron sin empleo”, dice el influyente rotativo. Recuerda que cuando se reveló que “...un contratista del Gobierno había puesto una casa de lujo a disposición de Peña Nieto y su esposa, el Presidente le encargó la investigación a un amigo cercano. Nadie se sorprendió cuando esa investigación no encontró pruebas de ningún comportamiento indebido por parte del Presidente”.

Sobre la fuga de “El Chapo” Guzmán de un penal de alta seguridad, señala lo que millones de personas pensamos dentro y fuera de México: que el Gobierno mexicano “... aún no ha dado una explicación convincente de lo sucedido”. Pero, aún más preocupante que eso, dice con razón el periódico estadunidense, es “el intento, a todas luces torpe, de investigar la desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014”. Y recapitula sobre la versión oficial del presunto asesinato e incineración de los jóvenes y de cómo en septiembre del año pasado el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer que “...era poco probable que los cuerpos hayan sido incinerados”. En realidad, los expertos afirmaron, categóricamente, que en el basurero de Cocula no pudo haber ocurrido un incendio como el que aparece en la versión oficial. Por cierto, estamos a la espera de un nuevo informe de la Procuraduría General de la República en los próximos días sobre los avances en las investigaciones. Mientras eso ocurre, el NYT pone el dedo en la llaga al subrayar que el hecho de que el Gobierno “...haya negado la petición recurrente para que investigadores internacionales entrevisten a los militares en el lugar de la desaparición no ha servido más que para alimentar el escepticismo de la ciudadanía”.

Al final del texto, el NYT parece abrir una pequeña rendija para EPN cuando dice que: “Aún no es demasiado tarde para que el Gobierno reconozca que su investigación ha fracasado y les dé a los investigadores internacionales acceso a los funcionarios gubernamentales implicados”. Sin embargo, le vuelve a apretar la tuerca cuando afirma que: “quizás, a estás alturas, ni
siquiera eso pueda salvar la reputación de Enrique Peña Nieto. Pero es lo mínimo que debe hacer por las víctimas de una de las mayores y más atroces violaciones a los derechos humanos en la historia mexicana reciente”.

El texto publicado el lunes 4 de enero no es “un” editorial cualquiera, es “el” editorial del NYT para empezar el año.

Malas noticias para Peña Nieto. La legendaria Dama Gris, como le llaman al NYT, le ha puesto un dedo en el hombro.
11 Diciembre 2015 05:10:29
Encontrar a los desaparecidos
La hermana Consuelo Morales, fundadora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) recibió ayer el Premio Nacional de Derechos Humanos. Se premió su destacada labor a favor de personas desaparecidas en el estado de Nuevo León. El paso de los años y el número que, por miles, se acumula no puede seguir siendo como el paisaje. Se puede y debe encontrar a los desaparecidos, es el mensaje principal.

Es indispensable que la experiencia vivida en Nuevo León sea entendida, valorada y, sobre todo, replicada a nivel nacional.

La hermana Consuelo, su organización, las familias organizadas, asesorías especializadas y la actuación del anterior procurador, Adrián de la Garza, lograron entender las claves del fenómeno, su naturaleza y las pautas de actuación de los diferentes actores. El impulso dado por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, de Javier Sicilia, resultó fundamental para detonar el trabajo de organizaciones y familias en todo el país y especialmente en Nuevo León con esta experiencia.

Identificaron, por ejemplo, que la relación del fenómeno de la tortura policiaca en Nuevo León y el fenómeno de las desapariciones tenían un punto de conexión. Identificaron que la Policía había sido penetrada y que agentes del Estado eran parte activa en los casos de desapariciones. Entendieron, también, que la acción inmediata frente a una desaparición resulta crucial.

Crearon, hace menos de dos años, el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) con el que han logrado niveles de eficacia muy altos. En el periodo marzo 2014-marzo 2015, se reportaron mil 602 personas desaparecidas, de las cuales encontraron a mil 407. De ese número, mil 359 fueron encontradas con vida. Señalan un 88% de efectividad en el primer caso y 97% en el segundo. Es de destacar el estrujante dato de que el mayor número de desapariciones (746 personas) corresponde al rango de edad “mayores de 12 y menores de 18 años”.

El protocolo de actuación que desarrollaron y el establecimiento de un equipo especializado cuya única tarea es, precisamente, la búsqueda de personas, han arrojado notables resultados. En casi el 90% de las denuncias presentadas y atendidas en este contexto, se logró conocer el paradero de las personas dentro de las primeras 72 horas. La inmediatez en la actuación marca una diferencia profunda.

Ayer, en el marco de la entrega del Premio, Enrique Peña Nieto anunció la firma de las Iniciativas de Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas y para la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura. México llega tardísimo a estos instrumentos si nos atenemos al número de casos acumulados. Sin embargo, no puede soslayarse la importancia de que se instrumenten medidas en este sentido.

Habremos de seguir lo que digan los expertos sobre sus contenidos. Importa, por lo pronto, que se coloque como primer eje la creación del Sistema Nacional de Búsqueda, que se anuncie la creación de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizables; la del Registro Nacional Forense y la de un Consejo Ciudadano para asesorar y emitir opiniones sobre el Sistema Nacional de Búsqueda. Por increíble que parezca, México carece de todo lo anterior y esa es parte de la tragedia.

Peña Nieto dijo que ambos proyectos de ley fueron producto de la consulta y que participaron especialistas, legisladores, organizaciones y representantes de víctimas para su elaboración y que fueron enriquecidas por organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Esperemos que esto sea la antesala para enfrentar, verdaderamente, el tema de las desapariciones y la tortura. Ya no hay más tiempo. La crisis mexicana en esta materia es ya insostenible.

Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo Sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, escribió que, en alguna ocasión, la madre de una persona desaparecida le pidió que transmitiera una pregunta a todas las autoridades: “Si su hijo hubiese desaparecido, ¿qué haría usted?”. “En esa pregunta –coincido con Dulitzky– no sólo se resume el calvario que sufren las familias sino que sintetiza el llamado a la adopción de políticas públicas eficaces y eficientes para asegurar los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la memoria”.
27 Noviembre 2015 05:11:23
Derechos humanos y justicia
En pocos días cuatro casos relacionados con graves violaciones a derechos humanos volvieron a ponerse en la palestra por diferentes razones. Son los asuntos que se han convertido en los casos emblemáticos del sexenio, en un país como el nuestro atravesado por una profunda crisis en materia de derechos humanos. Los cuatro casos son muestra de lo que puede suceder cuando las autoridades policiacas y militares se conducen sin protocolos cuando del uso de la fuerza se trata, o bien, cuando actúan no bajo el ordenamiento legal que les da existencia, sino bajo el ordenamiento o colusión de la propia estructura criminal, como sucedió con los estudiantes en Iguala.

Los casos Apatzingán, Tanhuato, Tlatlaya y Ayotzinapa vuelven a ser motivo de atención gracias a un informe de la CNDH, a una votación en el INAI, al informe sobre Ayotzinapa y a la terna de hombres para la Suprema Corte que cada vez más parece de dos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos llega tarde y cautelosa pero, finalmente, llega a un caso que ha merecido importantes investigaciones periodísticas como las de Laura Castellanos, informes de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otras voces como la del Alto Comisionado de la ONU, en su reciente visita a México, que han alertado sobre lo ocurrido la noche de Reyes de este año, cuando fuerzas federales persiguieron y abatieron a varias personas relacionadas con las autodefensas –habían ocupado por días el palacio municipal exigiendo el pago a sus servicios y no ser desarmadas por el entonces comisionado Alfredo Castillo–, mismas que en la refriega habían tomado como armas de defensa ramas de limonero. Los testimonios conocidos y la reconstrucción de los hechos muestran un modus operandi similar al ocurrido en Tanhuato –caso que fue sujeto de valoración por el INAI esta semana en el tema de acceso a la información.

Se trata de actuaciones policiacas y/o militares cuyo propósito no es la detención y, en su caso, procesamiento de civiles bajo los protocolos necesarios, sino la utilización de las fuerzas del Estado con propósitos de exterminio. En el caso Apatzingán, falta saber si las personas acribilladas estaban o no asociadas a los Viagra, si eran o no autodefensas “legítimas”, si eran o no base social del crimen organizado, como llegó a decir el párroco de la ciudad. Más allá del papel de estas personas y lo que estaban haciendo en el lugar de los hechos, lo que reviste mayor importancia es la conducta de agentes del Estado que en lugar de proceder como la circunstancia obligaba, procedieron con violencia extrema y quitaron la vida a ciudadanos que ya no ofrecían resistencia.

Para el caso Tanhuato se abre una rendija para conocer más sobre la matanza de 43 personas que apunta también a ejecuciones extrajudiciales. El INAI votó a favor de levantar la reserva que por 12 años había impuesto la Policía Federal para no informar acerca de esos sucesos. Hoy deberá hacer una versión pública sobre cómo es que ocurrieron casi medio centenar de decesos.

Hoy 27 de noviembre se cumple un año de que Enrique Peña Nieto anunciara 10 medidas para la seguridad y la justicia. Una acción gubernamental tomada bajo la intensa presión generada por el caso Ayotzinapa. A 12 meses de presentadas las medidas, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia presentó el estudio sobre su cumplimiento y eficacia y concluye que de las 10 sólo una medida ha sido cumplida y dos más, sólo de manera parcial.

Tlatlaya fue el gran fantasma durante la comparecencia del actual procurador general de Justicia del Estado de México ante el Senado de la República. Integrante de la terna de hombres que propuso Peña Nieto para la Corte, Alejandro Jaime Gómez Sánchez reúne dos características que lo deberían hacer inviable para el máximo tribunal. Primero, su cercanía con el presidente Peña Nieto es importante, fue consejero jurídico de Peña cuando éste fue gobernador del Estado de México y lo ha sido también con Peña Nieto como Presidente.

En segundo lugar, fue el funcionario responsable de presentar la información falsa sobre cómo fueron las cosas en esa bodega de Tlatlaya donde quedaron acribilladas y muertas 22 personas. Como procurador afirmó que lo sucedido en la bodega de esa localidad fue producto de un enfrentamiento con el Ejército y no –como ahora se sabe– de la acción criminal de quienes estaban obligados a detener y no a abatir a quienes ya se encontraban rendidos.
13 Noviembre 2015 04:00:13
Guerrero
Se abre un nuevo foco de tensión entre los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y autoridades estatales y federales, civiles y militares, que obliga a regresar la mirada a la situación extrema por la que atraviesa el estado de Guerrero.

Al brutal caso de la desaparición de 43 muchachos y asesinato de tres normalistas y tres personas más la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuyas investigaciones aún continúan su curso, se agrega una nueva situación que exacerba ánimos y polariza a la población.

El miércoles por la tarde se inició una persecución policiaca a los ocho autobuses en los que viajaban cerca de 150 jóvenes que iban de regreso a la Normal Rural de Ayotzinapa, escoltando –acorde a la narración policiaca– una pipa de combustible de la que se habrían apoderado. Al darles alcance los elementos policiacos, se inició una refriega que terminó mal para los estudiantes, varios de los cuales resultaron heridos. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció que los estudiantes fueron “...víctimas de brutalidad policiaca, lo cual dejó un saldo de al menos 18 estudiantes hospitalizados, algunos de ellos de gravedad, y 13 estudiantes detenidos que posteriormente fueron llevados a las instalaciones de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, en la ciudad de Chilpancingo, para ser liberados”. En un principio se dio por desaparecidos a 20 estudiantes –lo cual generó más tensión–, pero a la medianoche se informó que fueron localizados.

Del lado de las autoridades se alega que debido a que los estudiantes se habían apoderado “de una pipa de doble remolque que transportaba combustible y atravesaran la caja de un camión sobre la Autopista del Sol para evitar ser detenidos, elementos de la Policía Estatal en plena flagrancia impidieron que se consumara el robo de la unidad”. Afirman que los estudiantes: “...lanzaron contra ellos piedras y una granada desde los autobuses, e inclusive con dos de ellos intentaron prensar a las patrullas de la policía ... solicitaron a los jóvenes que descendieran... quienes hicieron caso omiso, ocasionándose una confrontación entre elementos y los normalistas, sufriendo algunos lesiones que no ponen en riesgo su vida... Del hecho resultaron 13 estudiantes detenidos, quienes como un acto de buena voluntad de parte de la Policía Estatal fueron trasladados a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos... también resultaron lesionados elementos policiales, quienes fueron atendidos de manera inmediata”.

A quienes afirman que la policía estaba obligada a actuar frente al secuestro de camiones y robo de la pipa y que no tenía opción frente a la flagrancia, se contraponen los que contrastan la conducta de los estudiantes con los agravios mayores que han sufrido los ciudadanos de Guerrero y, en particular, los jóvenes con la desaparición misma de los 43 estudiantes. Los alegatos se repiten y volverán a repetirse una y otra vez y no será de extrañar que volvamos a ver a jóvenes estudiantes que se rebelan contra un Estado al que identifican como adversario, y a ese Estado que no ha sido capaz de resolver los agravios ni del pasado ni del presente, reaccionando con represión y violencia. Nada bueno se ve en el horizonte en esa materia. El potencial de violencia protagonizada por agentes del Estado y civiles, en Guerrero, se mantiene más que vigente. Lo del miércoles pasado es apenas un recordatorio.

Guerrero descansa sobre cientos de fosas clandestinas. Fosas que acumulan restos de la guerra sucia de los años 70 y restos de víctimas más recientes que han caído a manos del crimen o a manos de agentes del Estado, en una frontera que no logra distinguir claramente a unos de los otros. A raíz de la búsqueda de los 43 normalistas, familiares de los “otros desaparecidos” salieron también a buscar a los suyos y en el camino han encontrado más de 100 cuerpos en apenas unos meses.

México se ha convertido en el principal proveedor de derivados de opio y heroína para Estados Unidos, dicho esto por Barack Obama.

La historia de Ayotzinapa está marcada por esa red de colusión que hizo posible que Guerrero se convirtiera en el corazón de ese crecimiento criminal.

La brutal reacción de la noche del 26 al 27 de septiembre en Iguala habría ocurrido –según las últimas informaciones– al tomar los estudiantes, de forma circunstancial, autobuses que podrían haber sido parte de esa cadena criminal de producción y distribución de drogas.

La toma de camiones por parte de normalistas, práctica recurrente y relativamente tolerada desde hace muchos años, se ha convertido en una actividad de muy alto riesgo.
30 Octubre 2015 03:10:34
Perdón sin justicia
“Perdono, Alberto, perdono, pero pido justicia”, dijo, en medio de un llanto profundo, el exrector de la Universidad Anáhuac Juan Manuel Fernández Amenábar al entonces sacerdote Alberto Athié, quien lo escuchaba, sobrecogido, en el largo y único encuentro que sostuvieron un mediodía de diciembre en 1994, 2 meses antes de la extraña muerte de Amenábar. Fernández Amenábar fue fundador del colegio Cumbres, del Irlandés y de la Universidad Anáhuac. Uno de los hombres más cercanos a Marcial Maciel y parte del número indeterminado de víctimas a las que el fundador de los Legionarios de Cristo destrozó la vida. Imposible olvidar ese pasaje -contado por Athié durante una entrevista para el libro Marcial Maciel. Historia de un criminal (ed. Grijalbo)- al saber que el papa Francisco decidió otorgar perdón o “indulgencia plenaria” a los miembros de la Legión de Cristo y su brazo seglar, Regnum Christi.

Más allá del significado que pueda tener dentro de la teología católica, el tema trasciende con mucho ese ámbito. Y aun si se tratara sólo de eso, un perdón sin justicia abre la controversia: “Mira -le dijo el padre Athié a Fernández Amenábar-: en el Evangelio no se contraponen perdón y justicia. No es que Jesús diga: ‘tú perdona y luego a ver si algún día hay justicia’. No. Jesús te dice que perdones a este individuo que te ha hecho un daño espantoso y que destrozó tu vida, pero al mismo tiempo te enseña que se puede caminar hacia la justicia. Yo te invito a que perdones al padre Maciel y vamos juntos a buscar justicia”. No hubo justicia frente a los actos de Maciel, tampoco para cómplices y solapadores. ¿Cuántos dentro de una legión que ha sido perdonada, de cabo a rabo, por Francisco? El actual Papa llegó, de manera extraordinaria, en medio de una crisis global por casos de abusos, pederastia clerical y encubrimiento que derivó en una larga lista de procesos judiciales, especialmente en Estados Unidos. Uno de los casos emblemáticos es, precisamente, el de Maciel y los Legionarios.

¿Ignora Bergoglio que en New Haven, Connecticut -sede de los Legionarios en EU- está presentada una demanda a nombre de Raúl González Lara, hijo biológico de Marcial Maciel, contra los Legionarios de Cristo que continúa abierta, aun estando Maciel muerto?

¿Se puede otorgar un perdón generalizado cuando existe -por lo menos- esa causa abierta en la que se acusa a la Legión por “haber permitido que Maciel abusara de su propio hijo, que continuara... a la cabeza de su poderosa orden religiosa y que tuviera acceso para abusar de tantos otros chicos alrededor del mundo”?, como afirma Jeff R. Anderson, el connotado abogado que lleva el caso. La conducta institucional, el silencio, la complicidad y el manto de protección con los que se cubrieron las conductas criminales de Maciel durante décadas quedan a un lado con una declaratoria general, uniforme y, al final, complaciente, conveniente y pragmática del Papa a favor de la orden. Quedan, para efectos prácticos, sepultadas las denuncias, testimonios, investigaciones y evidencias sobre cómo Marcial Maciel, de la mano de todo un andamiaje institucional a los más altos niveles, construyó una maquinaria corruptora de la cual fue partícipe principal pero, desde luego, no figura única.

¿Se puede decretar un perdón general a una institución como los Legionarios cuando aún no han sido resueltos asuntos de la mayor importancia en el ámbito histórico, judicial y del derecho internacional? ¿Están aún sin responder los señalamientos hechos por el Comité de Expertos de Naciones Unidas que puso a examen al Estado Vaticano por su pésima conducta institucional ante casos y escándalos en todo el mundo, incluyendo el de los Legionarios? ¿No viene antes, o de la mano del perdón, un reconocimiento sobre la verdad histórica del caso reflejada, por ejemplo, en el libro La Voluntad de No Saber, que contiene documentos secretos del Vaticano con los que se supo que se encubrieron las prácticas criminales de Maciel y los Legionarios; o de las revelaciones del investigador Fernando González -que accedió al archivo secreto de la Sagrada Congregación de Religiosos- en las que da cuenta cómo, desde los más altos niveles del Vaticano, se suspendieron y neutralizaron denuncias e investigaciones en torno a Maciel durante décadas?

El manto protector del Vaticano regresa a la escena con un perdón que más que reconciliar ofende porque no menciona, siquiera, la palabra justicia.

“¿Qué pasó, Francisco? Tan bien que ibas”, se le oyó decir, la mañana de ayer, a alguien que leía en el Reforma: “Perdona papa Francisco a Legionarios de Cristo”.
16 Octubre 2015 04:12:28
Ocultar información
¿Qué diferencia hay entre “omitir” información sobre la existencia de un quinto camión en el caso Ayotzinapa; eliminar el audio y escenas clave del video captado por la cámara de seguridad que registró la fuga del “Chapo” Guzmán o la opacidad con la que fue negociado y firmado por México el TPP? Esencialmente ninguna. Aunque disímbolas, las tres situaciones recientes comparten un eje común: la conducta reiterada de un gobierno que no cuenta las cosas como son; que oculta información relevante o que abiertamente miente, como sucedió con el caso Tlatlaya.

El trabajo de los expertos internacionales, trabajos periodísticos e información liberada del expediente subido en línea dan cuenta sobre cómo lo que se presentó como una verdad histórica está marcado por omisiones graves, como la del quinto camión del que no se habló por “prudencia del Ejecutivo”, y para no confrontar la “gran presión” que desde la opinión pública se ejercía sobre el caso Ayotzinapa, según dijo el subsecretario Roberto Campa hace algunos días. Testimonios obtenidos bajo tortura, según denuncias ministeriales, escenas alteradas con siembra de casquillos para manchar la historia de que los muchachos fueron ejecutados todos en un mismo lugar, se suman al cuestionado informe sobre el incendio en el basurero de Cocula. En la suma, la credibilidad oficial sobre el caso Ayotzinapa ha quedado en los suelos. La procuradora Arely Gómez tuvo el tino de subir el expediente en línea y diferentes ojos están revisando lo que hizo el equipo que la antecedió.

Sobre la fuga del “Chapo” Guzmán, el Gobierno mexicano dio una versión de los hechos y entregó materiales videograbados a legisladores de una comisión bicameral para soportar información que, de nuevo, se contradice con lo que se pudo observar en un video con el audio que fue -no hay explicación que convenza- eliminado de la versión oficial que fue entregada al Congreso. El senador Alejandro Encinas reclama que al Congreso se le haya mentido y que no se les haya entregado el video completo. La eliminación de partes fundamentales de la información por parte de las autoridades no hace sino ahondar las sospechas. El revelador audio difundido en la televisión da cuenta del tamaño de la colusión que tuvo que haber existido para permitir la increíble segunda fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán de un penal de alta seguridad.

Lo que muestra el video, con audio, de la celda del capo y las imágenes de quienes se supone lo están monitoreando, dado a conocer por Loret de Mola esta semana, indigna y desespera. El capo pudo poner la televisión a todo volumen y no pasó nada; pudo arreglar y casi tender su cama, caminar al baño, orinar, quitar algo de la regadera, ponerse los zapatos, acercarse de nuevo a la regadera y desaparecer sin que los que monitorean su celda muevan ni una ceja. En lugar de estar observando los movimientos del capo en los monitores parecía que estaban viendo las caricaturas.

¿Por qué dijo el Gobierno que la alerta se activó a los 20 minutos, cuando ahora se sabe que el código rojo fue encendido más de tres horas después de iniciado el proceso de la fuga? ¿Nada de lo que informó el Gobierno tiene validez ahora sobre el caso como plantea el senador Encinas? Al haber escondido información y haber cortado el audio donde se escucha la televisión a todo volumen, el sonido de un rotomartillo y otras escenas, no pudo haber más propósito que ocultar información relevante sobre un caso que, de suyo, era suficientemente escandaloso. El audiovideo divulgado deja entrever el grado y niveles de colusión con los que se tuvo que contar para lograr que tal fuga ocurriera. El Gobierno federal queda atrapado en versiones contradictorias y su papel en entredicho al ser pillado, de nuevo, ocultando información.

El tercer caso reciente en donde queda expuesta la proclividad a no informar o presentar información que no empata con la realidad se da en el terreno comercial y geopolítico con el recién firmado Acuerdo Transpacífico. Un proceso de negociación que no contó con la transparencia obligada y del cual se supo poco y, de lo poco se supo, lo más importante vino de las revelaciones de WikiLeaks.

Tres botones que muestran una conducta sistémica proclive al ocultamiento de información y otros desvíos institucionales que, en la suma, dan una pista de por qué en México se ha instalado una profunda desconfianza entre la población respecto al papel de las autoridades.
02 Octubre 2015 04:11:04
Golpe de timón
En su reciente visita a México el jurista Carlos Castresana le puso el “cascabel al gato” al hablar sobre el caso Ayot-zinapa. Durante una entrevista para CNN, quien fue el primer responsable de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) dijo que sí, que un organismo internacional como ese podía ser solicitado por México para investigar el caso de los 43 jóvenes desaparecidos en Guerrero. Un vuelco inimaginable para México, hasta hace no mucho tiempo.

La CICIG, un experimento de la ONU y creada a petición del Gobierno guatemalteco para salir del colapso en su sistema de justicia, después de un prolongado y cruento conflicto interno que costó cerca de 300 mil muertos. Diseñada para intervenir en procesos penales de alto impacto ocurridos en la actualidad y no para delitos del pasado. De la mano de la fiscalía local, abrió una causa penal en contra del ex presidente Otto Pérez Molina y colaboradores por su presunta participación en una red de defraudación aduanera. Antes encarceló al expresidente Alfonso Portillo y a sus ministros de Defensa y Finanzas por malversación de unos 15 millones de dólares.

La ONU tiene cinco peticiones de países que piden réplica del mecanismo. “México tendría que hacer lo mismo”, opinó el jurista. La creación de una fiscalía especial para el caso Ayotzinapa, como se prometió, no resuelve el problema. Para que funcione, es indispensable eliminar las interferencias políticas y dotarla de independencia plena.

Guatemala, antes de llegar a sorprender al mundo, vivió un proceso de capacitación y entrenamiento técnico para sus agentes judiciales que ha permitido procesar casos como los anteriores e, incluso, uno contra el exdictador Efraín Ríos Montt, que fue sentado a comparecer frente a sus víctimas. La conversión de Guatemala por la justicia alienta la participación y el empoderamiento de su sociedad. Se han abierto procesos inimaginables en un país que era considerado como un caso perdido.

Se pudo meter “a los malos a la cárcel, que es para lo que se supone están ideadas y pagadas” las instituciones de justicia, dijo Carlos Castresana. La gente salió a las calles para exigir la renuncia y enjuiciamiento de Pérez Molina. La participación y exigencia social forman parte ya del nuevo escenario guatemalteco.

En México la distancia entre instituciones de justicia y ciudadanos es abismal. La crisis de credibilidad se refleja en casos como Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Tanhuato y casos de corrupción en el alto nivel que no tienen respuesta adecuada. La impunidad ha llegado a límites intolerables. ¿Qué más nos falta ver para darnos cuenta de eso?

Si México -el Presidente y/o el Congreso- diera el paso para solicitar un mecanismo internacional como el de la CICIG, vendría un proceso intenso -más o menos rápido- para seleccionar y entrenar funcionarios; instrumentar controles de confianza y desarrollar mecanismos de acompañamiento con los expertos internacionales.

Castresana recuerda: “tuvimos que crear una contraparte. No encontramos policías ni jueces confiables porque el sistema estaba muy infiltrado por estructuras que provenían del conflicto armado, era ineficiente, corrupto o, peor, trabajaba para los malos”. La CICIG participó en la selección de policías y fiscales. Los capacitaron y formaron cuerpos sometidos a pruebas, controles y entrenamientos.

El caso Ayotzinapa refleja varios de los vicios estructurales que invadieron al sistema guatemalteco por décadas. No va más oír frases del tipo “estamos del mismo lado”; o retórica barata. No cabe más poner cara de que no pasa nada ante señalamientos tan graves de los expertos internacionales. Un golpe de timón es el que hace falta.

Señales de colapso institucional son las que están a la vista. Una franja ancha del Estado atraviesa por una profunda crisis de eficacia y credibilidad. No basta con querer enfrentarla, sino saber cómo hay que hacerlo. A los 43 jóvenes desaparecidos se suman miles que nadie parece estar buscando, de no ser los propios familiares.

Para quien dice que resultaría inadmisible que vengan otros a hacer lo que a los mexicanos nos toca, cabe la pregunta: si el Estado mexicano tiene la voluntad y la capacidad técnica para enfrentar una crisis de estas dimensiones, ¿por qué, entonces, no lo ha hecho hasta ahora?

Se requiere dar un paso con efectos cualitativos. Hacer nuestro el planteamiento que Castresana hacía a los guatemaltecos: “...el miedo tiene que cambiar de bando. Los malos que son mil no pueden tener arrodillados a 14 millones, tienen que reaccionar”. Esa reacción se ha producido en Guatemala, un país pequeño. ¿Qué ruta deberá seguir un país como el nuestro, habitado por más de 100 millones de personas?
18 Septiembre 2015 04:08:40
Aterrador
En un hecho providencial, una pequeña cámara instalada en un pequeño comercio al sur de la Ciudad de México logró captar el momento en que un agente de la PGR sembró una pistola dentro del automóvil de Paulo Díez Gargari, abogado de la empresa Infraiber, al momento de su detención, el lunes 7 de septiembre.

La divulgación del video, el fuerte impacto en las redes y la gravedad de lo que se mostraba hizo que la propia PGR abriera una averiguación previa por presuntos delitos cometidos por servidores públicos, identificando al abogado Díez como el “agraviado”. La rápida respuesta de la procuradora Gómez es importante, sin duda, pero lo será verdaderamente cuando nos informe quién o quiénes instruyeron a esos agentes para realizar esa acción.

Nada más aterrador para una sociedad que el sistema de justicia se utilice para la fabricación, la intimidación y el amedrentamiento a críticos y denunciantes, sobre todo si el caso involucra a los más altos niveles de gobierno. La procuradora tiene un video con los agentes identificados. La averiguación debe revelar, “tope donde tope”, quién ordenó –y para qué– hacer a esos agentes lo que captó la humilde cámara de una tapicería.

La siembra de la pistola fue antecedida por desplegados, acusaciones, descalabros financieros y la difusión de llamadas intervenidas. En una de ellas –que habría ocurrido el 7 de abril– se habla del contrato celebrado con el Gobierno del Estado de México para realizar de forma independiente el monitoreo del aforo vehicular en las autopistas de concesión, y cuyo contrato pretende ser cancelado a Infraiber. La conversación es entre el secretario Gerardo Ruiz Esparza, tomando partido por OHL, con un funcionario de esa empresa: “...OHL no tiene obligación con Infraiber... Infraiber no tiene nada que demandarle a OHL, no tiene nada que demandarle al Gobierno del Estado... Ora ¿qué hacemos para que este hijo de puta deje de chingar?, pues ese es otro pedo”. Ruiz Esparza ha dicho que las llamadas han sido manipuladas.

En otra llamada hablan José Andrés de Oteyza y Pedro Wallentin, de OHL, sobre la reunión del primero y el presidente de OHL España con Enrique Peña Nieto y Ruiz Esparza: “... Yo sí percibí muy inquieto al principal ...como que se desencajó un poquito”.

La Presidencia no ha dicho si se realizó o no el encuentro entre Peña y la plana mayor de OHL. De haber ocurrido, ¿por qué tendría que estar “inquieto” y “desencajado” el “principal”, es decir, el Presidente?

Infraiber presentó una demanda contra el Estado de México y OHL, luego de que fue sacada del Circuito Exterior Mexiquense por razones que considera infundadas.

Desde enero de 2013, cada automovilista que pasa por el Circuito paga 50 centavos adicionales para pagar por un sistema inexistente. ¿Lo van a seguir cobrando hasta que acabe la concesión ampliada hasta 2051? ¿Quién defiende a los usuarios que han pagado millones de pesos por algo que no está operando? ¿Qué se ha hecho con la suma formada por 50 centavos extras por cada pasada? ¿Cuánto ha obtenido OHL por su explotación no monitoreada? ¿Cuánto más va a obtener con los años ampliados de concesión?

El contrato de Infraiber la obliga a dar seguimiento a la evolución financiera del proyecto para saber en qué momento se recupera la inversión del concesionario y en qué momento debe entregar la carretera al Estado.

Infraiber afirma que la carretera se licitó en 2003 por “...155 kilómetros, a un costo de 5 mil 500 millones de pesos. Hoy tenemos sólo 110 kilómetros... OHL registra en papeles una inversión de más de 52 mil millones de pesos y pretenden tener una cuenta por cobrar en contra del Gobierno del Estado de México por esa cantidad”. Eruviel Ávila se niega a contestar algo tan básico como: ¿cuánto le debe, en verdad, el Estado de México a OHL? ¿5 mil o 52 mil millones de pesos? ¿Por qué calla y manda a reserva la información?

Infraiber insiste en que una buena investigación concluiría que la ampliación del plazo y el incremento de tarifas autorizado en 2012 deberían ser anulados y que OHL ya recuperó su inversión en el Circuito Exterior Mexiquense. ¿Tendrá algo que decir la Secretaría de Hacienda ante tan graves acusaciones de manipulación contable? ¿Hay alguien en la CNBV siguiendo el caso? ¿Acaso Virgilio Andrade tomará cartas en el asunto?

Por lo pronto la pistola sembrada por agentes de la PGR al abogado de los denunciantes es una siniestra señal que sacude.

Alejandro Hope, experto en seguridad y justicia, lo dijo en un solo tuit (@ahope71): “Lo de HIGA es indignante. Lo de OHL es aterrador: corrupción más uso faccioso y represivo del aparato de justicia”.
04 Septiembre 2015 04:10:42
La ‘Casa blanca’ de EPN
El Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo A.C. dio a conocer la lista de trabajos y periodistas que recibirán el galardón el próximo 11 de septiembre en Monterrey.

A partir de 2001, el Premio Nacional dejó de ser entregado por el Gobierno federal para convertirse en una A.C. –acogida por las principales universidades del país– desde la que se reconoce: “... a los periodistas que sobresalen por su desempeño y ejercicio cotidiano del derecho ciudadano a estar informado, por la calidad de su trabajo y por la oportunidad periodística ejercida en beneficio de la opinión pública”.

Son reconocidos: la trayectoria de Pedro Valtierra, el fotoperiodista y fundador de la agencia Cuartoscuro; Miguel Dimayuga, de la revista Proceso, por mejor fotografía; Hugo Roca Joglar, por mejor crónica publicada en la revista Replicante; Uniradio, por su cobertura sobre el derrame en el río Sonora; por entrevista, a Érika Martínez Prado, del Norte de Ciudad Juárez; a Darío Castillejos, por caricatura en El Imparcial de Oaxaca; a Rafael E. De Hoyos, por artículo de opinión en Nexos y a Jaime Kuri Alza y TV UNAM, por divulgación científica.

El Consejo Ciudadano reconoce, también, por reportaje/periodismo de investigación a los periodistas: Rafael Cabrera, Daniel Lizárraga, Irving Huerta, Sebastián Barragán, Gustavo Varguez y a quien esto escribe, por la investigación del reportaje: La “Casa blanca” de Enrique Peña Nieto, el trabajo de investigación que puso a la luz pública la historia de cómo el Presidente de la República y su familia entraron en posesión de una lujosa residencia, diseñada y construida a su gusto en dos terrenos adquiridos –exprofeso– en las Lomas de Chapultepec. La residencia que fue resguardada por el Estado Mayor Presidencial y valuada en más de 7 millones de dólares, como ahora se sabe, se encuentra en el Registro Público de la Propiedad a nombre de una inmobiliaria del contratista Juan Armando Hinojosa Cantú, el empresario cuyo crecimiento se ha dado, precisamente, durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto en el Estado de México y en el Gobierno federal. Un escándalo por donde se le vea.

En el más puro estilo del surrealismo mexicano, los periodistas que seremos premiados con el más importante galardón del periodismo nacional fuimos echados, de la peor manera posible, del espacio en el que desarrollábamos nuestra tarea, precisamente, por realizar ese y otros trabajos de investigación periodística.

De lo que ahí pasó y cómo pasó nos faltan por conocer varios capítulos y detalles. Falta saber, por ejemplo, cómo los que se comportaban de una cierta manera trastocaron sus biografías para comportarse de otra, diametralmente opuesta, y de cómo pasaron de la defensa de un modelo de periodismo libre e independiente –con herramientas prácticas para ejercerlo, con código de ética, ombudsman y un contrato de avanzada– a la postura de aniquilar y desaparecer todo lo que habían construido junto con los periodistas. Falta saber cómo los que sirvieron de instrumento tomaron como propia la consigna de la venganza y el exterminio contra los periodistas que publicamos ese trabajo y de cómo, aún ahora, no han frenado en el claro propósito de quien los usa. Del qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de esta historia de censura algún día conoceremos los detalles.

Lo único que queda claro es el atropello, la consigna cumplida y, ahora, este premio que reivindica el trabajo de los periodistas. Paradojas de un país, como el nuestro, que se debate entre la regresión autoritaria y los esfuerzos por no perder los espacios que creíamos ganados.

El trabajo sobre la “Casa blanca” tiene, por sí mismo, méritos profesionales para obtener un Premio Nacional como éste. Sin embargo se intuye, también, que al otorgarlo el Consejo Ciudadano y su jurado envían un poderoso mensaje contra la censura, el despropósito y la ruindad. En tiempos de silenciamiento, simulaciones y ataques violentos contra periodistas en México, el Premio Nacional puede interpretarse no sólo como el reconocimiento a la tarea profesional de un grupo de periodistas, sino como un llamado, en voz alta, a defender la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada en tiempos en que hay que repetirnos eso no una, sino mil veces. Doblemente gracias a quienes decidieron otorgar este Premio Nacional, por el reportaje de la “Casa blanca”, al grupo de periodistas cuya tarea cotidiana fue brutalmente silenciada de la radio mexicana.
03 Abril 2015 04:11:16
Un dinosaurio sin ataduras
El reciente capítulo protagonizado entre el relator especial de Naciones Unidas, Juan Méndez, y el Gobierno mexicano –a raíz del informe sobre tortura que realizó el primero– es una muestra más de lo que hemos dado en llamar el “vendaval autoritario”, que azota a México desde hace varias semanas.

El tipo de reacción del gobierno de Peña Nieto frente al informe elaborado por el reconocido jurista lo muestra como un gobierno irascible, desconsiderado y dispuesto a matar o por lo menos a desprestigiar al mensajero en lugar de dar respuesta al mensaje. Peña Nieto no se muestra dispuesto a discutir la información o las noticias sobre lo que ocurre en su gobierno. Prefiere dañar –o intentar dañar, en este caso– a un muy consolidado prestigio. Supone que difamando a la paloma desaparecerá el mensaje.

En lugar de actuar frente a las graves afirmaciones de Méndez respecto a la tortura como práctica “generalizada”, el Gobierno federal prefirió arremeter, en lo personal, contra uno de los juristas más prestigiados del continente poniendo en entredicho su honestidad e integridad profesional. Calificó de “irresponsable” su actuación y dijo que su “conducta había sido contraria a la ética”.

Seguramente el subsecretario Gómez Robledo, hasta antes de esto la mejor cara del Gobierno en el exterior en materia de derechos humanos, sabe perfectamente quién es Juan Méndez; probablemente el canciller Meade tenga alguna noción. Dudo que el presidente Peña Nieto tenga idea clara sobre la historia y biografía de una figura tan relevante para América Latina como la de Juan Méndez.

El Gobierno arremetió con un ataque personal en contra de uno de los juristas más connotados del continente. Méndez ha dicho que no esperaba de México un ataque de ese tipo en lo que considera su “fuero más íntimo”, es decir, su reputación.

La biografía de Juan Méndez está marcada por la defensa de presos políticos que realizó en plena dictadura argentina. Detenido, torturado y confinado en régimen de detención administrativa por la dictadura militar, fue reconocido a nivel internacional como “preso de conciencia”. Impulsor por lustros de organizaciones como Human Rights Watch y otras, fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha sido profesor de derecho internacional en
derechos humanos en las más importantes universidades del mundo. Merecedor de gran cantidad de premios y reconocimientos internacionales, Méndez ha recibido un trato injusto –por decir lo menos– por parte del Gobierno de México.

El gobierno de Peña Nieto debería no sólo disculparse con Méndez, debería, también, dar explicaciones sobre por qué no ha sido capaz de erradicar –o por lo menos disminuir– la práctica de la tortura que el relator identifica como “epidemia”.

Debe explicar, también, otros casos que no se incluyen en el informe de Méndez. Casos emblemáticos como Tlatlaya y Ayotzinapa no fueron incorporados en este informe, por el tiempo en que fue levantada la información el año pasado. Denuncias de tortura están presentes en los dos casos.

Para construir la “verdad histórica” de Ayotzinapa se pudo haber recurrido a la tortura, si nos atenemos a las denuncias de declarantes que afirman haber dado sus testimonios bajo amenazas y tortura.

Sobre Tlatlaya, no sólo se mintió a la sociedad queriendo hacer creer que las muertes fueron producto de un enfrentamiento. Los muchachos asesinados y las mujeres sobrevivientes fueron víctimas de amenazas y tortura según se desprende de las propias averiguaciones.

No se puede reaccionar de forma virulenta y desconsiderada contra el relator Juan Méndez si no han podido explicar casos tan graves como recientes, o alguno más lejano –pero que toca de cerca al hoy Presidente– como el caso de San Salvador Atenco ocurrido cuando era gobernador y en donde la violencia y la tortura pretendieron aniquilar la protesta social de los comuneros. ¿Es o no la tortura una práctica generalizada en México? ¿Es Peña Nieto el que puede dar

cuenta de eso?

El incidente con el relator nos muestra, de nuevo, a un gobierno acorralado, que no tolera la crítica, no soporta señalamientos, y muestra aversión a cuestionamientos y a la rendición de cuentas. Con encuestas en picada, este Gobierno no responde desde una lógica democrática. Ante diferendos, conflictos o informaciones que le son adversas, impone cerrazón y coletazos autoritarios.
No hay demasiadas dudas: el dinosaurio se mueve y se libera de ataduras. Más vale tomar conciencia de ello, sobre todo en tiempos electorales.
20 Marzo 2015 04:10:14
Una piedra a la luna
Un grupo de periodistas hemos sido despedidos de Noticias MVS Primera Emisión de manera fulminante esta semana. En el caso de la mayoría del grupo se les pretende liquidar por la vía laboral o con la terminación de contratos de honorarios en otros casos sin una justificación para ello. En el caso de la directora del programa se pretende dar por terminado un contrato de manera anticipada desde la vía civil y ya no sé si también desde la vía penal (...).

Lo más importante para nosotros y para nuestra audiencia es no perder lo que hemos ganado, no aceptar como un hecho consumado la aniquilación de un grupo de periodistas (...). Esta batalla, no lo dude nadie, es por nuestra libertad (...). Todo empezó públicamente con la difusión de un conjunto de desplegados pagados en la prensa nacional en contra nuestra por haber decidido participar en la nueva plataforma Méxicoleaks (...). El tema de Méxicoleaks y de la marca nos ha sonado desde el primer momento a pretexto (...).

Algo grave o muy grave debe haberle pasado a la familia Vargas, algo grave o muy grave debe haber ocurrido para que este grupo de empresarios siempre caballeros, siempre amables, siempre atentos, se haya comportado de esta manera, con virulencia, con agresividad, mostrando una clara intención no sólo de romper sino de aniquilar a este grupo de periodistas (...). No había materia para un conflicto interno tal como hoy lo quieren hacer pasar y a pesar de lo que diga el gobierno éste no es un conflicto entre particulares (...). Esto no es otra cosa que un intento de golpe y digo intento porque para nosotros no se ha consumado (...). ¿Qué fue lo que los condujo a una situación como la que estamos atravesando? ¿Quién les pidió qué? ¿Quién los asesoró? (...). Con el pretexto del uso de la marca se intentó una escalada artificial que no sólo falló, sino que los hizo dar traspiés posteriores (...).

Si por alguna razón extraña e inexplicable ustedes quieren imponer unos nuevos lineamientos a los periodistas, basados en la mordaza, el control editorial y en la sujeción y supervisión de criterios editoriales, yo tengo derecho a decirles que no. Que ese modelo para mí es inaceptable, y que además tengo un contrato que reconoce y garantiza la libertad de expresión y la responsabilidad ética y la libertad editorial. Los lineamientos que ustedes pretenden imponer van en contra del contrato, del código de ética y son contrarios a la ley (...).

Cuando yo les propuse hacer valer los mecanismos que nos hemos dado para resolver controversias ustedes se negaron (...). ¿Se puede aceptar sin más que para mantener un espacio al aire hay que someterse y empezar a recibir instrucciones para desarrollar una tarea periodística que por ese solo hecho ya no lo sería del todo? (...).

Este equipo se mantiene en su dicho: nosotros queremos regresar al aire en las mismas condiciones en las que estábamos apenas hace unos días (...). En un momento del país como éste, no queremos y no debemos estar ausentes (...). Queremos regresar al aire para seguir haciendo periodismo y para seguir dando un servicio a la sociedad mexicana. No está el país para cerrar sino para abrir voces. No está México para cercenar derechos y libertades sino para protegerlas. Nosotros pedimos a MVS que reconsidere la andanada y que no permita que se consuma el golpe. Ustedes, si están dispuestos, si dicen “sí”, nosotros estamos listos para regresar.

Hacemos este llamado antes de dar esta batalla de otras maneras y antes de acudir al amparo de la justicia (...). Podemos pelear en los tribunales, porque se trata de derechos, porque se trata de libertades y porque se trata de la aplicación de las leyes (...). Podemos ganar o podemos perder en los tribunales, pero si no hay otra salida, esa batalla también estamos dispuestos a dar.

Estamos aquí porque no queremos agotar la vía del diálogo (...). Como periodistas sabemos que lo primero son las audiencias (...). ¿Tenemos derecho a no explorar la última vía civilizada y pacífica para regresar al aire? (...).

Esta batalla por la libertad la vamos a dar (...). Desde aquí le pido a Joaquín y a Alejandro Vargas que nos reunamos personalmente para saber de su respuesta, propongo que nos veamos el lunes por la mañana (...). Lo único que realmente ayudará a sanar todo esto y a salvar la situación es la verdad (...). Allá va una piedra a la luna, por los que están, por los que estuvieron y por los que vienen. Demos juntos esta batalla, que es una batalla, no lo duden ni un instante, por la libertad.
__________
Extractos del mensaje leído por Carmen Aristegui el 19-03-2015.
06 Marzo 2015 05:08:07
Una crisis de confianza
Enrique Peña Nieto concedió, en el marco de su visita de Estado a la Gran Bretaña, una entrevista al “Financial Times”. En un arranque de sinceridad –o de hipocresía, según se vea– le dijo a la periodista Jude Webber que reconocía que México está “plagado de incredulidad y desconfianza” por lo que su gobierno debe replantearse “a dónde nos dirigimos como nación”.

Ni más ni menos. Peña Nieto dijo, a uno de los diarios más influyentes del mundo, que su gobierno debe replantearse el rumbo de la nación.

“Ha habido una pérdida de confianza y esto se ha demostrado en la sospecha y la duda”, aceptó el Mandatario mexicano.

Antes que él, su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, reconoció también ante el “Financial Times” que existe en este momento un déficit de confianza: “no se trata sólo de reformas, reformas, reformas... tenemos que hacerle frente a lo que es en la actualidad realmente importante para la sociedad mexicana, que no sólo es la corrupción y la transparencia.

Va más allá de eso. Se trata de una cuestión de confianza... podemos realizar 10 reformas energéticas pero, si no añadimos confianza, no podremos aprovechar todo el potencial de la economía mexicana”.

Si alguien había puesto en duda que México atraviesa por un periodo crítico sembrado de sospechas y dudas, con las declaraciones de Peña y Videgaray la duda habrá quedado despejada. La crisis de credibilidad y confianza tiene, prácticamente, un reconocimiento oficial.

Si lo que dijeron Peña Nieto y su secretario de Hacienda lo dijeron sinceramente, entonces, deberíamos esperar a que el Mandatario y su gobierno actúen en consecuencia. Deberíamos esperar, entonces, un golpe de timón, un cambio, un mea culpa que permita identificar problemas, responsabilidades, desatinos. Un diagnóstico que exponga los ejes de explicación de por qué México se encuentra sumido en esto y, por supuesto, la hoja de ruta que proponen para resolverlo. Ser consecuentes con sus palabras.

La primera gran cuestión radica en saber si lo que dicen a la prensa extranjera lo dicen porque, realmente, han caído en cuenta que su gobierno y, en general, la clase política están metidos en una crisis profunda de credibilidad y confianza y que, por lo tanto, están dispuestos a hacer algo medianamente trascendente para enfrentar la situación, o si estas declaraciones son sólo para tratar de impresionar a un medio extranjero que encontró que Peña hizo en ésta su “confesión más sincera desde la desaparición y sospecha de asesinato de los 43 normalistas”.

Por lo pronto se atrevió a reconocer, en voz alta, que hay sospecha, duda, incredulidad y desconfianza de la población -se entiende que hacia su gobierno-. Lanzó incluso la frase: “les puedo decir que entendemos”, en clara alusión al editorial publicado en ‘The Economist’ que, a su vez, criticó seriamente al gobierno de Peña Nieto como un gobierno que “no entiende que no entiende”.

En aquel editorial, “The Economist” señalaba que el intercambio de favores entre contratistas gubernamentales y el presidente Peña Nieto y su secretario de Hacienda “es inaceptable en una democracia moderna”. En su entrevista con ‘Financial Times’, Peña Nieto se duele de que el tema de las casas y las propiedades se ha “satanizado”, con lo cual da visos de que sigue sin entender que no entiende, por lo menos ciertas cosas que resultan básicas y elementales en una democracia.

¿De qué sirven declaraciones que pretenden mostrar a Peña Nieto como transparente, sincero y autocrítico, si en la práctica va remando en sentido contrario?

Una lista de asuntos apuntan en sentido distinto a lo que reflejan sus palabras ante la prensa internacional. Enviados suyos al Congreso, por ejemplo, han intervenido en dictámenes que pretenden trastocar el sentido original de leyes constitucionales como la de transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción.

¿Cómo va Peña Nieto a convencer a la sociedad y a los inversionistas extranjeros de que está dispuesto a poner manos a la obra para “recuperar esa confianza reforzando el estado de derecho” si lo que hace apunta en sentido contrario? ¿Cómo pretende restaurar lo que ha reconocido como dañado si no es con acciones que apunten en el sentido correcto? ¿De veras piensa que puede convencer a alguien de la sinceridad de sus palabras si postula a Arely Gómez como procuradora General de la República y a Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte? ¿En serio piensa que con decisiones como éstas va a “restablecer el Estado de derecho” y con ello recuperar la confianza perdida? ¿A qué le juega el Presidente?
20 Febrero 2015 05:10:39
Aires de regresión
En varios frentes y de manera acelerada se viven procesos, en México, de regresión autoritaria.

A partir de diciembre se pueden identificar, con suficiente claridad, los embates contra la transparencia, la anticorrupción y la democracia; algunos impulsados, directamente, desde la Presidencia de la República.

La intervención directa de la Consejería Jurídica en varios de estos frentes pone de manifiesto intenciones del gobierno de Peña Nieto para cerrar espacios ganados en esas materias e impedir que se abran otros que quedaron comprometidos a partir de la firma de pactos cupulares como el Pacto por México.

A partir de las últimas semanas del año pasado, se empezó a torcer el camino en temas como el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo que se había avanzado para instaurarlo se trastocó de la noche a la mañana.

Surgido de alguna catacumba apareció un documento que planteaba la creación de una suerte de consejo nacional de “integridad pública”, como órgano rector del tema. Un organismo que estaría presidido por el Ejecutivo y los gobernadores del país.

El disparate era de tal tamaño que, obviamente, no podía prosperar. Sin embargo logró descarrilar o por lo menos retrasar el proceso que estaba en curso. De un momento a otro, se dará a conocer el dictamen que deberá ser discutido por los legisladores y veremos si impera la apertura o prospera un modelo regresivo.

En materia de transparencia y acceso a la información, también en estos días se introdujo, subrepticiamente, en documentos para la nueva Ley General un conjunto de ideas que apuntan a dificultar o impedir el acceso a la información. Se pretende cerrar la puerta a lo que ya se tenía ganado. Por ejemplo, impedir que se tenga acceso a información con versiones públicas de averiguaciones abiertas en donde se hayan cometido violaciones graves a derechos humanos, como los casos Ayotzinapa, Tlatlaya o San Fernando. El IFAI ha medido los riesgos de lo que se pretende. Sus siete comisionados se apersonaron en el Senado con un decálogo de preocupaciones. Se espera que logren revertir este intento regresivo.

En el tema de telecomunicaciones el IFT tomó, hace unos días, una decisión que afecta a las finanzas públicas, al haber exentado de pago o contraprestación a las televisoras que van a hacer uso y explotar comercialmente la multiplicación de canales producto de la multiprogramación. Sin embargo, lo más grave es que no quedó garantizada la diversificación y pluralidad de los contenidos. Habrá muchos más canales para el duopolio, pero nada garantiza nuevos y/o mejores contenidos. Esa no puede ser una buena noticia para la democracia.

En el ámbito electoral, se ha echado a andar una maquinaria a favor del Partido Verde, extensión orgánica del PRI, que sincroniza sus mensajes con programas y promociones gubernamentales. Se trata de una campaña excedida que ha provocado amonestaciones que no han sido atendidas, franco desacato. Aun antes de empezar las campañas, se habían dinamitado condiciones básicas para la equidad.

Partidos de oposición denuncian que una franja mayoritaria de consejeros se ha apoderado del INE y que actúan de manera parcial a favor del PRI. Con polémicas razones, esa mayoría decidió posponer la discusión sobre las “Normas reglamentarias sobre imparcialidad en el uso de recursos públicos”. Frente a lo que está pasando, la posposición provocó una crisis. Siete de 10 partidos se levantaron de la mesa.

Hay preocupaciones serias para la equidad y la transparencia. Fue revocado el contrato a la empresa que operaría el sistema para vigilar en línea a partidos, candidatos y campañas. Será el propio INE quien desarrollará ahora el sistema. La fiscalización de campañas, partidos y candidatos en tiempo real como lo marca la nueva legislación será la prueba de fuego del Instituto. El fantasma del “Monexgate” reapareció, de madrugada, esta semana. El Tribunal Electoral exoneró al PRI de lo que quedaba de aquel escándalo. ¿Con la nueva ley y la fiscalización que hará el INE se garantiza que no habrá más estructuras paralelas que concentren cantidades millonarias de recursos de procedencia desconocida, en cuentas de empresas fantasmas relacionadas con personajes de algún partido político que, después, se encargará de dispersarlos a través de tarjetas Monex o de cualquier otra institución financiera o bancaria en tiempos de campaña?

En lo electoral, en combate a la corrupción, en transparencia y en la configuración y recambio de los órganos autónomos del Estado, como la Suprema Corte, hay motivos para manifestar preocupación.
24 Enero 2015 05:10:58
Gobernar bajo sospecha
Enrique Peña Nieto llegó a la Presidencia de México en medio de fuertes señalamientos, impugnaciones electorales y un estigma a cuestas: ser el candidato de la televisión.

El proceso mediante el cual el gobernador del Estado de México fue catapultado a la candidatura presidencial, desde la principal televisora del país, es de sobra conocido. Cualquier gobierno surgido de una intervención descomunal como la que se dio en el caso de Peña Nieto no podía sino empezar bajo la sospecha de que su actuación estaría atrapada en los intereses particulares de quienes habían intervenido y trastocado, aun antes de empezar, el proceso electoral para favorecerlo e instalarlo en la Presidencia.

La estructura paralela que se creó para la obtención de recursos millonarios, de origen desconocido, que pudieron concentrarse y, después, dispersarse con la colaboración de una institución financiera, fue bautizada como el “Monexgate” por los periodistas que investigaron el caso. La sombra de duda con la que llegó a la Presidencia, por este tema, tampoco fue despejada por autoridades electorales u otras. Se dejó sembrada la sospecha con este tema irresuelto.

Concluido el frenético proceso de reformas estructurales, a partir de las cuales se pretende “mover a México”, se esperaba la llegada de grandes capitales y la efervescencia de los grandes negocios. Con el actual panorama, sobre todo petrolero, no es fácil saber si esa expectativa se verá cumplida. Por la manera en que se han hecho las cosas, otra duda quedó sembrada: al promoverse cambios radicales para la inversión y los grandes contratos, y no acompañarlos con mecanismos fuertes e institucionales que eviten prácticas depredatorias, pillaje y corrupción, deja lugar a la suspicacia. ¿La impericia o ineficacia es lo que explica la, hasta ahora, grave omisión o, simplemente, se prefiere tener menos ataduras?

No contar, a estas alturas, con un sistema anticorrupción, autónomo e independiente del poder político al que deberá vigilar no hace sino abonar a la sospecha.

Peña Nieto va de mal en peor en lo que corresponde al tema anticorrupción y transparencia, a pesar de que preside un organismo mundial que, se supone, fue inventado para eso.

La más reciente revelación, a cargo de WSJ, es sobre la adquisición de una propiedad en un club de golf en Ixtapan de la Sal a la familia de su compadre y contratista, cuando tenía apenas unas semanas de haber llegado al cargo de gobernador. La constructora de sus amigos obtuvo por lo menos 8 contratos por una cifra de 1,666 millones de pesos durante el gobierno mexiquense de Peña Nieto.

En un año con Peña de presidente, el consorcio de la familia San Román obtuvo 13 contratos con la SCT por 596 millones de pesos. Antes de Peña Nieto, sólo había obtenido un contrato.

El caso de la “casa blanca”, el de “la otra casa de las Lomas” y el de la “casa de Malinalco” reproducen, esencialmente, un serio conflicto de interés. La Presidencia niega su existencia, pero queda claro que la menos indicada para resolver si tal conducta existe es, precisamente, la Presidencia.

Ni uno solo de los casos que se han expuesto públicamente sobre la condición patrimonial de Enrique Peña Nieto, su familia y su entorno más inmediato ha tenido una explicación satisfactoria. Los cuatro casos revelados por periodistas, y que lo relacionan con contratistas de sus gobiernos, han afectado, seriamente, la credibilidad de la figura presidencial. Los escándalos, mal resueltos y con explicaciones que no convencen a nadie, han dado en la línea de flotación de una Presidencia propagar que detrás del escándalo de las casas y de las movilizaciones por los jóvenes de Ayotzinapa hay propósitos “desestabilizadores”, como si las casas no estuvieran ahí y como si los jóvenes no hubieran desaparecido.

A Peña Nieto le quedan por gobernar dos tercios de su mandato. Si quiere mantenerse en el poder con una estabilidad política y social básica, no deberá oponerse a transformaciones de calado que no atina a hacer cosas que realmente la comprometan.

Peña Nieto no da visos de querer o poder, realmente, explicar el origen de su patrimonio y posesiones. No atina a impulsar un verdadero sistema anticorrupción que convenza a una sociedad cada vez más enojada y escéptica.

profundo. Hasta el momento, no ha sino desperdiciado, con retórica, las innumerables ocasiones en que ocupa la escena pública. Sin transparencia, sin un sistema eficaz de combate a la corrupción y sin clarificar los escándalos patrimoniales y de Ayotzinapa, no es imaginable que se pueda gobernar, así como si nada, cuatro años más bajo sospecha.
13 Diciembre 2014 05:10:11
México
A la memoria de Vicente Leñero.

La escena protagonizada por Adán Cortés Salas, el joven universitario de 21 años, irrumpiendo con la bandera mexicana en plena ceremonia de entrega de premios Nobel de la Paz fue una nueva sacudida, dentro y fuera del país, sobre lo que pasa hoy en México. Durante unos segundos, el muchacho arrebató la atención que el mundo ponía a los dos defensores de la paz, los derechos humanos y las libertades humanas que recibían en ese momento el prestigiado galardón. Colocaba al lábaro patrio con una mancha roja en la tela como la poderosa imagen de un país dolido y ensangrentado. La imagen de un país en problemas. La imagen de un país que reclama la mirada y, acaso, la ayuda internacional. México, visto por el mundo, en un instante dramático que nos cortó la respiración.

La imagen y su simbolismo su sumó a las tantas otras expresiones que han tenido lugar en el país y fuera de él de forma masiva o individual.

El quiebre que ha significado este caso para México llevó a Enrique Peña Nieto a tratar de encontrar un poco de empatía con la lectura de un decálogo para superar la crisis y en la que repitió, varias veces: “Todos somos Ayotzinapa”. Claramente esos anuncios resultaron insuficientes. Del tamaño de la expectativa creada, resultó la decepción por lo anunciado.

El momento crítico se puede apreciar de diferentes maneras. A través de encuestas, por ejemplo. “Reforma” publicó, recientemente, una que muestra el desplome en los niveles de aceptación que produce la figura de Enrique Peña Nieto entre la población. La caída se observa más pronunciada entre los llamados “líderes”, que entre la población en general. En ambos casos la caída es significativa, comparada con mediciones similares.

Esta semana GEA-ISA presentó un nuevo ejercicio de esta naturaleza. Se ilustra sobre lo que caracteriza la situación por la que atraviesa México en estos momentos: los eventos de Ayotzinapa y de la “casa blanca” hicieron estallar una crisis de gobernabilidad con tres características principales: institucional, de liderazgo y conducción política, y de legitimidad del sistema político, según se desprende del estudio: “... ante la situación política, se ha generado un profundo descrédito de las instituciones políticas así como el mecanismo electoral para resolver las demandas sociales. La ciudadanía tiene la misma disposición para protestar en la calle que para salir a las urnas en junio de 2015... La sensación de enojo y miedo ante la crisis actual ha crecido considerablemente entre la ciudadanía... La sensación de esperanza cayó 17 puntos porcentuales”.

Ha caído la credibilidad de Enrique Peña Nieto de manera muy importante pero, no va solo: 7% de los ciudadanos creen en los partidos políticos... hace tres meses eran 16 por ciento... la credibilidad en los policías bajó de 20 a 10... sólo 9% cree a las televisoras... menos de uno de cada tres ciudadanos iría a votar en junio de 2015.

La crisis alcanza a todos. Los niveles de confianza han caído en universidades, iglesias, maestros, gobiernos, sindicatos, partidos, juzgados. Sólo el Ejército tuvo una caída en la confianza de 18 por ciento, estando, previamente, en los niveles más altos de aceptación.

El alma mexicana -según estas mediciones- podría representarse con la ecuación: -esperanza (-17); +enojo (+8); -orgullo (-6); +miedo (+8).

México está sumido en un pozo desconfianza. Razones a la vista sobran: por los muchachos desaparecidos en Iguala, por los jóvenes ejecutados en Tlatlaya, por una “casa blanca” en la Lomas, por la joven estudiante asesinada en el Ajusco, por la muchacha enfermera desollada en Uruapan, por los 300 desaparecidos de un jalón en Coahuila, por las licitaciones multimillonarias amañadas, por la impudicia de quienes lucran y abusan de sus funciones públicas, por la ineptitud para enfrentar una crisis, por la enorme carga de agravios acumulados por años con decenas de miles de muertos y desaparecidos.

México parece haber llegado al tope. Manifiesta desconfianza, enojo e indignación de múltiples maneras, también solidaridad, creatividad y expresiones de fuerza ciudadana. No queda claro lo que viene. El país de hoy ha elevado niveles de exigencia a los poderes públicos, al mismo tiempo que les ha arrebatado trozos de confianza prácticamente a todos los actores políticos. México ha dejado de creer en casi todos, pero no puede darse el lujo de dejar de creer en sí mismo.
17 Octubre 2014 04:11:07
Al filo de la navaja
La imagen del profesor emérito Adolfo Gilly con una herida sangrante en la cabeza, caminando junto a Cuauhtémoc Cárdenas, hace unos días en el Zócalo de la capital, es algo que no debe quedar como parte, simplemente, del anecdotario.

La agresión, por sí misma, es inaceptable. En este caso con la agravante que se trataba de dos personas que, junto con otras miles, en la Ciudad de México y otras partes del país se manifestaban para exigir la aparición con vida de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. El propio Gilly recién había publicado un texto –al alimón con Imanol Ordorika– en “La Jornada”, donde analizaban el caso como un “Crimen de Estado”. En ese momento estaban confirmados los asesinatos de tres estudiantes y cuatro ciudadanos y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos.

No quedó claro quiénes y por qué agredieron al ex candidato presidencial y al connotado historiador e intelectual. Hubo quien dijo que se trató de infiltrados, que con esta acción jalaban la atención pública a la escena de la violencia y distraían del significado profundo de esa manifestación. Hubo quien dijo que era una reacción radical de quienes no vieron con buenos ojos la presencia del fundador del PRD, el partido que salió a pedir perdón a la ciudadanía y que en su momento postuló al Gobernador del estado y al Alcalde de Iguala, sobre los cuales pesan los más graves señalamientos. En cualquier caso, las manifestaciones de la sociedad deben rechazar las expresiones de violencia. La espiral desatada –si se conduce por ahí– puede traer resultados funestos.

Existen todas las razones imaginables para manifestarse, para que las personas expresen su indignación, furia y enojo frente a un poder político e institucional que no ha sido capaz de frenar el grave proceso de deterioro en el que estamos, en parte por impericia e incapacidad, pero sobre todo por la evidente penetración de la delincuencia en no pocas estructuras de gobierno, partidos políticos y demás autoridades.

La enorme capacidad de tolerancia, paciencia e indiferencia que la sociedad mexicana ha mostrado, por años, ante casos inaceptables e indignantes parece haber empezado a tocar sus límites.

Con el caso Ayotzinapa “las instituciones están a prueba”, dice Peña Nieto. Tiene razón, pero no sólo las instituciones y autoridades, como es obvio, sino también la sociedad mexicana que ha visto con horror estos acontecimientos. La barbarie de hoy nos obliga a pensar en la barbarie acumulada de tantos años en una larga secuencia de acontecimientos que han quedado sepultados en el olvido y, desde luego, en la impunidad.

A diferencia de otros países que intentan procesar delitos históricos y agravios contra la población cometidos desde el poder durante dictaduras y regímenes totalitarios, en México cargamos una enorme cantidad de crÌmenes, delitos y violaciones masivas a derechos humanos que no hemos sabido o querido procesar como país ni como sociedad.

Esta semana fue presentado el informe final de la Comisión de la Verdad (Comverdad), que refleja la investigación de 30 meses que realizaron Enrique González Ruiz, Pilar Noriega, Nicomedes Fuentes, Aquiles González e Hilda Navarrete, sobre la cruenta década que vivió Guerrero entre 1969 y 1979 en la llamada “guerra sucia”. Los investigadores –que contaron primero con recursos autorizados por el Congreso de Guerrero y que después les retiraron– revisaron archivos, desarrollaron peritajes, abrieron fosas y demás actividades para poder llegar a este informe que se presenta en un contexto por demás crítico, en un estado que ha visto pasar una larga historia de abusos, intolerancia e impunidades.

El informe del pasado que nos muestra hoy este grupo de ciudadanos y defensores de derechos humanos sacude por los testimonios que lograron obtener a pesar de haber transcurrido tanto tiempo; por lo que documentaron acerca de desapariciones forzadas, tortura, asesinatos y “vuelos de la muerte”, con los cuales se pretendió erradicar desde un poder criminal a la oposición, la disidencia o todo aquello que cuestionara un cierto tipo de poder.

Se trata de centenares de muertes y agravios que han quedado sepultados. ¿Cuánto de lo que está debajo de esa alfombra explica situaciones como las de Iguala y Guerrero?

La radicalidad de los chicos de Ayotzinapa –que representan esas herencias– es respondida de la misma manera por quienes obtienen el poder, no por la vía democrática sino por la imposición, el fraude y las simulaciones, con el uso de una fuerza que les fue conferida para proteger a los ciudadanos, no para disparar en su contra.
19 Septiembre 2014 04:11:25
¿Niñ@s, protección o garantías?
El Senado de la República se apresta a aprobar o rechazar la iniciativa enviada por la Presidencia para crear la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Los legisladores deberían, claramente, optar por lo segundo o bien modificarla sustancialmente.

Sin una consulta previa con expertos y organizaciones especializadas en la materia, el Gobierno federal lanzó al Congreso esta iniciativa que deberá procesar en el corto tiempo al que la ley lo obliga por su condición de preferente.

Lo que salta a la vista es el paternalismo y una perspectiva asistencialista. Quien la concibió se remontó a décadas atrás cuando se podía decir, sin mucho rubor, que el Estado y el Gobierno estaban para proteger a los individuos, con mayor razón si se trata de niñas, niños y adolescentes.

La evolución en la perspectiva de derechos humanos concibe al Estado no como quien otorga garantías sino como quien reconoce y garantiza derechos que son inherentes a los individuos. Entender al Estado y al Gobierno como los que otorgan “protección” es partir de un esquema rebasado y anacrónico.

Una iniciativa que postula “la protección” de la niñez en lugar de una que hable de derechos para la infancia significaría un grave retroceso en un país que ha vivido un cambio de paradigma a favor de los derechos humanos, por lo menos, en sus leyes y Constitución.

A quien redactó este proyecto de ley le pasó de noche la cultura de derechos humanos que prevalece en el mundo de hoy; la Reforma Constitucional de Derechos Humanos en México, los protocolos y tratados internacionales que México ha suscrito como la Convención sobre los derechos del Niño (ONU, 1989) y las iniciativas previas a ésta que se pretende hacer ley en los 30 días que están corriendo.

No sólo hay voces de alerta –algunas de alarma– entre organizaciones y personas que en México se han manifestado sino también entre organismos internacionales como UNICEF. Isabel Crowley, su representante en México, habló hace unos días ante los integrantes de las comisiones responsables de dictaminar la iniciativa y alertó sobre las implicaciones de imprimir esta lógica asistencialista. Ahí mismo, Javier Hernández Valencia, del Alto Comisionado de Derechos Humanos, recordó a los legisladores las 117 recomendaciones que México tiene en la materia y que no están reflejadas en la iniciativa. Los especialistas han dicho a los senadores que deben hacer una revisión integral de los derechos de la infancia y que no deben legislar con el ánimo inmediatista que responda a los estímulos provocados en la sociedad y a los medios de comunicación, sensibilizados con casos recientes de bullying, maltrato a menores o albergues como “La Gran Familia” de Zamora.

La Red por los Derechos de la Infancia (Redim) elaboró un “Índice de Medición de Calidad de las Leyes” con el que analizó la iniciativa del Ejecutivo a partir de los lineamientos de la Convención de los Derechos del Niño, signada por la mayor parte del mundo, México incluido.

En la realidad mexicana, en la que un número escaso de menores tiene garantizados sus derechos, destaca la vulnerabilidad de los menores de 17 que cruzan el territorio nacional en calidad de migrantes no acompañados, fenómeno que se ha presentado como una crisis humanitaria. Los críticos de la iniciativa afirman que la pretendida ley contempla –más que garantizar su integridad y derechos– un conjunto de medidas que atienden más el interés de EU que los derechos de los infantes. En sentido contrario a la Ley Migratoria, la probable nueva ley permite a las autoridades en general preguntar sobre el “status” migratorio de las personas, cuando lo que se había aprobado era que los únicos que podían hacerlo legalmente eran los propios agentes del Instituto Nacional de Migración.

Si la iniciativa de Peña Nieto prospera, no sólo se habrá retrocedido en terrenos que se creían ganados en términos jurídicos y de derechos, sino que México se meterá en problemas para explicar por qué adopta criterios y políticas tan lejanos a los estándares reconocidos nacional e internacionalmente. La fecha más próxima sería en 2015 cuando venga la comparecencia ante el Comité de los Derechos del Niño.
06 Septiembre 2014 04:11:42
Plurinominales
Concluyó la etapa reformadora que inició el gobierno de Enrique Peña Nieto con 11 reformas estructurales cuyos verdaderos alcances y consecuencias sólo podrán medirse al paso de los próximos años. Encuestas diversas muestran que la mayoría no está conforme con lo sucedido. Eso puede explicar que, al minuto uno de concluido el proceso y promulgadas las leyes secundarias de la reforma energética y entradas en vigor las de telecomunicaciones, se echó a andar una intensa campaña propagandística en medios con mensajes gubernamentales que resaltan los beneficios que vendrán para los ciudadanos a partir de estas reformas. La eliminación de la larga distancia, las tarifas de luz que bajarán en unos dos años, los empleos, el crecimiento económico y más bienestar para la población son algunos de los asuntos que se resaltan.

La irrupción de Peña Nieto en diferentes medios, programas y entrevistas, dirigidos unos al “Círculo verde”, la población más amplia y menos informada, y otros al “Círculo rojo”, dirigidos a públicos que se presume son más críticos e intelectualmente más exigentes, da cuenta de la necesidad gubernamental de entrar en una fase de “legitimación” de las reformas. Para este propósito cuenta el Presidente con amplia colaboración del “statu quo” mediático, como pudo observarse a lo largo de la semana.

La ecuación política que permitió procesar, en un tiempo récord, tal cantidad de reformas en temas impensables como el de la energía y el petróleo, terminó su ciclo. Los pactos o alianzas entre fuerzas políticas que hubieron de darse para transitar el periodo han quedado rebasados y los ojos de todos están puestos en el ciclo 2015-2018.

Lo que viene es la instrumentación jurídica y operativa de las reformas y los intentos de revertir algunos de sus efectos a través de la nueva herramienta de la consulta popular vinculante, que se estrenará en 2015. El PRD y Morena tratarán de echar abajo la reforma energética, cada quien con su pregunta, en algo que, a decir del secretario de Hacienda, es “poco probable que suceda”. El PAN anunció también su intención con la pregunta sobre los salarios mínimos.

El PRI, por su parte, anuncia su propia pregunta que pretende para el 7 de junio del año que entra: “¿Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución, para que se eliminen 100 de los 200 diputados federales plurinominales y los 32 senadores de representación proporcional?”.

Del tamaño que sea, pero hay un rango de incertidumbre en torno a la “reforma madre” del sexenio, que es la energética, con el tema de la consulta. Se puede presumir que la colocación de temas como éste o, incluso, el de los salarios mínimos tenga, entre otros propósitos, el de distraer el foco de atención principal que, por su naturaleza y alcance, debería tener el de una consulta sobre la reforma energética.

De prosperar el asunto, veríamos una modificación sustantiva en la fórmula de equilibrios ideada hace muchos años para evitar o atemperar la sub y sobrerrepresentación en el Congreso. La figura de los plurinominales resulta aún más impopular que la de los legisladores que llegan al Congreso por la vía del voto directo o uninominal. Por eso sería fácil echar a andar una campaña para lograr un “Sí” a la propuesta de recortar plurinominales en diputados y eliminarlos en senadores.

José Woldenberg, ex consejero presidente del IFE explicó, en Noticias MVS, el origen y razón de ser de los plurinominales y puso un tono de alerta a lo que podría suceder si la pregunta del PRI llegara a prosperar con un “Sí”.

El ex presidente del IFE afirma que una reducción de diputados y senadores -exclusivamente plurinominales- podría sobrerrepresentar y premiar al partido que obtiene la mayoría de votos, en este caso, al mismo PRI.

El debate sobre la consulta y sus eventuales preguntas ha quedado formalmente inaugurado. Así como se alega que lo de la reforma energética no es susceptible de consulta nacional por tratarse de un tema relacionado con “los ingresos” y no es consultable; el tema propuesto por el PRI también será combatido bajo el argumento de que el electoral tampoco es un tema que la ley de consulta permita.

Ya veremos qué dice la Corte pero, por lo pronto, hay que detenerse a analizar, seriamente, el trasfondo de una propuesta como la que acaba de lanzar el PRI que peca de todo, menos de ingenuidad
22 Agosto 2014 04:11:09
Plurinominales
Concluyó la etapa reformadora que inició el gobierno de Enrique Peña Nieto con 11 reformas estructurales cuyos verdaderos alcances y consecuencias sólo podrán medirse al paso de los próximos años. Encuestas diversas muestran que la mayoría no está conforme con lo sucedido. Eso puede explicar que, al minuto uno de concluido el proceso y promulgadas las leyes secundarias de la reforma energética y entradas en vigor las de telecomunicaciones, se echó a andar una intensa campaña propagandística en medios con mensajes gubernamentales que resaltan los beneficios que vendrán para los ciudadanos a partir de estas reformas. La eliminación de la larga distancia, las tarifas de luz que bajarán en unos dos años, los empleos, el crecimiento económico y más bienestar para la población son algunos de los asuntos que se resaltan.

La irrupción de Peña Nieto en diferentes medios, programas y entrevistas dirigidos unos al “Círculo verde”, la población más amplia y menos informada, y otros al “Círculo rojo”, dirigidos a públicos que se presume son más críticos e intelectualmente más exigentes, da cuenta de la necesidad gubernamental de entrar en una fase de “legitimación” de las reformas. Para este propósito cuenta el Presidente con amplia colaboración del “statu quo” mediático, como pudo observarse a lo largo de la semana.

La ecuación política que permitió procesar, en un tiempo récord, tal cantidad de reformas en temas impensables como el de la energía y el petróleo, terminó su ciclo. Los pactos o alianzas entre fuerzas políticas que hubieron de darse para transitar el periodo han quedado rebasados y los ojos de todos están puestos en el ciclo 2015-2018.

Lo que viene es la instrumentación jurídica y operativa de las reformas y los intentos de revertir algunos de sus efectos a través de la nueva herramienta de la consulta popular vinculante, que se estrenará en 2015. El PRD y Morena tratarán de echar abajo la reforma energética, cada quien con su pregunta, en algo que, a decir del secretario de Hacienda, es “poco probable que suceda”. El PAN anunció también su intención con la pregunta sobre los salarios mínimos.

El PRI, por su parte, anuncia su propia pregunta que pretende para el 7 de junio del año que entra: “¿Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución, para que se eliminen 100 de los 200 diputados federales plurinominales y los 32 senadores de representación proporcional?”.

Del tamaño que sea pero, hay un rango de incertidumbre en torno a la “reforma madre” del sexenio, que es la energética, con el tema de la consulta. Se puede presumir que la colocación de temas como éste o, incluso, el de los salarios mínimos tenga, entre otros propósitos, el de distraer el foco de atención principal que, por su naturaleza y alcance, debería tener el de una consulta sobre la reforma energética.

Ese no sería el único motivo para levantar la ceja, una vez que se dio a conocer la pregunta formulada por el PRI.

De prosperar el asunto, veríamos una modificación sustantiva en la fórmula de equilibrios ideada hace muchos años para evitar o atemperar la sub y sobre representaciones en el Congreso.

La figura de los plurinominales resulta aún más impopular que la de los legisladores que llegan al Congreso por la vía del voto directo o uninominal. Por eso sería fácil echar a andar una campaña para lograr un “Sí” a la propuesta de recortar 100 plurinominales.

José Woldenberg, ex consejero presidente del IFE explicó, en Noticias MVS, el origen y razón de ser de los plurinominales y puso un tono de alerta a lo que podría suceder si la pregunta del PRI llegara a prosperar con un “Sí”.

El ex presidente del IFE afirma que una reducción de diputados y senadores –exclusivamente plurinominales- podría sobrerrepresentar y premiar al partido que obtiene la mayoría de votos, en este caso, al mismo PRI.

El debate sobre la consulta y sus eventuales preguntas ha quedado formalmente inaugurado. Así como se alega que lo de la reforma energética no es susceptible de consulta nacional por tratarse de un tema relacionado con “los ingresos” y no es consultable; el tema propuesto por el PRI también será combatido bajo el argumento de que el electoral tampoco es un tema que la ley de consulta permita.

Ya veremos qué dice la Corte pero, por lo pronto, hay que detenerse a analizar, seriamente, el trasfondo de una propuesta como la que acaba de lanzar el PRI que peca de todo, menos de ingenua.
09 Agosto 2014 04:08:27
‘Consumatum est’
Lo que parecía un hecho inimaginable, hasta hace poco tiempo, en México: sucedió.

La consumación de la Reforma energética más amplia, profunda y radical que ningún presidente de la República hubiera imaginado en más de 70 años está a punto de ser promulgada en su fase secundaria.

Se le escuchó decir a Lorenzo Meyer: “...ni Salinas de Gortari se atrevió a tocar el tema del petróleo cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio”. Ernesto Zedillo dijo sorprendido que ni en sus “más salvajes sueños” hubiera imaginado una reforma de tales dimensiones. Vicente Fox quiso poner una suerte de consejo consultivo con empresarios para Pemex y, antes de meter la mano, la reacción y el escándalo desatados lo obligaron a desistir.

¿Qué fue lo que pasó en 2013-2014 en el cóctel de la política y de la sociedad que hizo posible que una cosa así sucediera? Enigma a desentrañar, después de ocurrida la reforma.

Abierta queda la duda sobre si habrá o no la Consulta que promueven, cada quien por su lado, el PRD y Morena para 2015, y con cuyos efectos vinculantes pretenden revertir la reforma.

Si se le pregunta a la gente si quiere o no esta reforma, y la gente dice que no, el efecto sería tan grande que por eso se esmeraron en “blindar” la reforma para hacerla “inconsultable”. El balón llegará a la Suprema Corte.

Aunque en los últimos años la participación privada nacional y extranjera es una realidad a través de contratos, servicios diversos y generación de energía, el control esencial monopólico se mantenía para el Estado. Eso queda total y definitivamente aniquilado, lo cual supone una serie de retos, desafíos y un conjunto de interrogantes. Para empezar, las que surgen sobre el equilibrio en las finanzas públicas nacionales.

Para 2015, Pemex y CFE deberán entregar su contabilidad vía electrónica al SAT y deberán pagar como cualquier empresa. Con el nuevo régimen se reduce su carga fiscal. A cambio de modificar sus contratos colectivos, también serán liberadas de una parte de sus pasivos laborales.

El giro copernicano frente al que estamos no sólo impacta en lo que a energía y modelo de desarrollo se refiere. El petróleo y su proceso expropiatorio, conducido por Lázaro Cárdenas, se convirtieron, a lo largo de la historia, en un componente fundamental del nacionalismo mexicano. Calles, escuelas, ciudades, monumentos llevan el nombre y el rostro de quien recuperó para la nación la riqueza usufructuada por las trasnacionales, como una manera de resaltar el significado profundo que tuvo para México la expropiación petrolera. Hoy, Peña Nieto, el PRI y el PAN revierten esa historia para dar paso a un modelo de apertura sin precedente.

A partir de ahora, se podrá explorar, extraer, distribuir, refinar, hacer fracking, vender gasolina, participar en la generación, transmisión, distribución y hasta la importación de electricidad, extraer gas al hacer minería, etc. Se podrá hacer cualquier cosa, la liberación es absoluta.

16 Mayo 2014 04:11:12
Sandra Luz
Sandra Luz Hernández era una madre que, como muchas en este país, se encontraba en la búsqueda de un hijo desaparecido. Édgar Guadalupe García Hernández, joven de 25 años que trabajaba en la Procuraduría General de Justicia en Sinaloa, fue sustraído, en febrero de 2012, por un grupo de hombres armados de su domicilio.

Desde el primer momento la madre dedicó su vida a buscar al hijo desaparecido. Del joven aún no se sabe nada. De Sandra Luz, sí: que fue asesinada, esta semana, en una calle de Culiacán.

El asesinato de Sandra Luz sobrecoge, indigna y agrede a la sociedad. Con esta muerte, nuevamente, damos cuenta de los niveles de pudrición e impunidad a los que se puede llegar por la corrupción y la inacción de la justicia ante el fenómeno de las personas desaparecidas. El sistema de justicia está, claramente, colapsado con el tema. Se muestra incapaz de procesar las decenas de miles de casos que se acumulan.

Todo apunta a que el asesinato de esta madre está relacionado con lo que ella pudo haber investigado y sabido por su cuenta sobre la desaparición de su hijo. Llegó a decir que sabía la identidad de quienes se llevaron a Édgar de su casa.

Según información publicada por “Noroeste”, el domingo 11 de mayo -un día antes del asesinato- una persona se acercó a Sandra Luz, en un centro comercial, para decirle que sabía de alguien que le podía dar información acerca del paradero de su hijo.

La mañana del lunes, sostuvo un encuentro con funcionarios de la Procuraduría del estado. Salió de ahí e hizo una escala para hablar, brevemente, con los pepenadores que mantienen una huelga de hambre frente al Ayuntamiento.

Según la versión, recibió una llamada telefónica para acordar el encuentro con el informante presunto. Quedaron de verse en la colonia Benito Juárez. Allá se dirigió, junto con una acompañante, a bordo de un camión urbano. Todo indica que la cita resultó una trampa. Los testigos narran que la mujer fue interceptada por un individuo que descargó el arma en su cabeza. Los peritos recogieron 15 casquillos de calibre .9 milímetros. Eran las 4 de la tarde, caminaban entre las calles 20 de Septiembre y Constitución.

El caso de Sandra Luz recuerda al de Marisela Escobedo Ortiz, asesinada el 16 de diciembre de 2010 por investigar, también por su cuenta, y exigir justicia por el feminicidio de su hija Rubí en el estado de Chihuahua. Una placa de metal en el lugar de su asesinato recuerda a esa madre que también investigó pero, que a diferencia de Sandra Luz, sí logró dar con el asesino de su hija, que lo tuvo frente a sí en un proceso en su contra y que en una insólita voltereta judicial salió libre, para convertirse después, nuevamente, en prófugo. La muerte de Marisela, todos lo recordamos, ocurrió frente al Palacio de Gobierno, cuando protestaba y exigía la reaprehensión del asesino de su hija Rubí.

Nada sacude más que conocer y hablar con una madre que tiene un hijo o una hija desaparecida.

Nada toca tantas fibras como la narración de quien, desde el desamparo, ha decidido emprender una búsqueda, sabedora de tenerlo todo en contra.

Nada -tal vez ni la muerte- puede compararse al tipo de dolor y sufrimiento que acompaña a las madres de los desaparecidos.

Hay que ponerse en sus zapatos para imaginar, siquiera, esa incertidumbre que erosiona cada hora, cada día, cada año que transcurre sin saber si están vivos o muertos esos hijos.

Algunas madres terminan muertas en vida. Otras abrazan, por siempre, una fotografía. Muchas sacan fuerza de su desamparo y deciden ponerse a buscar y dar una batalla. Son miles, como miles son los desaparecidos en México.

Muestra de indignidad será si nuestra sociedad no reclama y exige a las autoridades que esclarezcan el asesinato de la madre de este muchacho desaparecido. Indignas serán las autoridades si dejan impune este asesinato, que sacude.
04 Abril 2014 04:11:23
Salvador Nava. 100 años
Cuánta falta le hace al México de hoy recordar a sus héroes cívicos, a quienes dieron su vida por las grandes causas; a los que supieron, con sensibilidad y empeño, inyectar ánimo y espíritu de lucha a sus semejantes; a quienes creyeron y construyeron, colectivamente, una idea de democracia.

El próximo 7 de abril se cumplirán 100 años del nacimiento del médico oftalmólogo y líder social que durante 40 años trabajó para “vincular a los ciudadanos en la toma de decisiones de sus gobernantes, para lograr lo que todo ser humano anhela: libertad, justicia y paz, es decir, democracia. Darle rostro y dignidad a los ciudadanos”, tal como lo escribe, este año, doña Concepción Calvillo, su compañera de vida, en una carta con motivo de su centenario.

El doctor Salvador Nava se convirtió en figura referencial de las luchas ciudadanas no sólo para San Luis Potosí, sino a nivel nacional. Su nombre se convirtió en sinónimo de decencia, estatura moral y sentido organizativo de la fuerza ciudadana. Sorteó, como sus seguidores, presiones y encarcelamiento. Fundó, en 1958, la “Unión Cívica Potosina” para dar forma legal a una creciente oposición al inefable cacique principal, Gonzalo N. Santos. Aquel personaje de horca y cuchillo –del que dicen que dijo que la moral es “un árbol que da moras”.

Desde la Unión Cívica, se constituyó una fuerte organización ciudadana que tomó para sí el nombre del doctor Nava. El movimiento navista dio las mejores batallas contra la imposición y la antidemocracia. Memorables momentos de oposición encabezó el doctor Nava a los cacicazgos temibles de Santos, Jonguitud y los otros en años más recientes.

Convocante de manifestaciones y organización ciudadana, ayudó a sacudir conciencias y derribar barreras del régimen autoritario. Nava decidió encauzar su actuación en la política y, en un insólito para la época, al negársele la candidatura del PRI, logró convertirse en candidato independiente. Gobernó la capital del estado durante en dos periodos, en diferentes épocas, y demostró que desde la célula municipal se puede establecer el más firme vínculo entre gobernantes y ciudadanos.

La llegada de Nava a la Presidencia municipal parecía ser aceptada por el régimen para aminorar las protestas contra Gonzalo N. Santos y sus representantes. No ocurrió así, y ya instalado en la Presidencia continuaron las protestas contra el cacique hasta la caída del gobernador Manuel Álvarez, represor del movimiento navista e incondicional del general Santos.

De Nava se dice que era un hombre que escuchaba, que encontraba las maneras para hacer que la gente participara. Pedía opiniones, las respetaba, pero sobre todo las ponía en práctica. Dicen que, para rendir cuentas, pegaba afuera de su oficina –de tanto en tanto– un papel con los ingresos y gastos del municipio.

Cuando las personas le pedían drenaje, les decía: “Sí, cómo no. Abran ustedes la zanja y yo me encargo de conseguir lo demás”. Y la gente sacaba la pala para retirar la tierra para que fuera puesta la tubería.

En 1961, buscó la Gubernatura. Le fue negada la candidatura oficial y decidió recorrer, de nuevo, el camino independiente. Asesinaron a su coordinador de campaña y trampearon, como de costumbre, la elección. Las movilizaciones potosinas hicieron historia y mandaron al Ejército para una ocupación. La persecución llevó a varios a Lecumberri. Vino uno de los periodos más oscuros para el estado. En los 80, resurgió el navismo con el Frente Cívico Potosino. Nava fue postulado de nuevo al municipio capitalino.

En el último tramo de sus batallas, Nava encabezó el movimiento que impidió la imposición de Fausto Zapata, quien duró en el cargo apenas dos semanas. Cuando tomó posesión Zapata, Nava emprendió rumbo a la capital, con la “marcha por la dignidad”. Antes de llegar, ya habían nombrado a un interino.

Nava fue hombre claro y sencillo. Sin recovecos. Apostando, siempre, por lo esencial. En el mensaje que leyó, en mayo de 1992, cuando anunció su retiro de la política por motivos de salud, dio cuenta de ello: “Hay que dejar claro que el ‘navismo’ no es Nava. El navismo lo han hecho todos los que han luchado desde hace tres décadas por sus derechos y por justicia. Los hombres llegan a un fin que marca la naturaleza, los ideales se quedan cuando se comparten y se educa en ellos a las siguientes generaciones”. Nava hablaba de democracia, justicia, participación ciudadana. Lo dicho: cuánta falta le hacen, al México de hoy, figuras como la del doctor Salvador Nava.
07 Marzo 2014 05:11:15
Ana Lilia y Anabel
Las condiciones en que han tenido que vivir estas colegas no pueden ser sino motivo de vergüenza para México

Pocas veces se ve, con tanta claridad, lo que puede sucederle a un periodista que decide investigar y publicar, en México, sobre hechos de corrupción y malos manejos asociados a las altas esferas del poder político y criminal, como en los casos de las periodistas mexicanas Ana Lilia Pérez y Anabel Hernández. Referencias obligadas por sus trabajos de investigación han visto, en estos días, revalorada su tarea a raíz de la recaptura de “El Chapo” Guzmán, y días después por el escándalo desatado por “Oceanografía”.

Consultar, en estos días los trabajos de ambas resulta imprescindible. Sin embargo, la sociedad parece no reparar demasiado en cómo la publicación de sus investigaciones ha afectado la vida de estas mujeres que continúan decididas a seguir abordando asuntos relacionados con la corrupción en las altas esferas del poder político y empresarial, impunidad y crimen organizado.

Anabel, autora –entre otros– de “Fin de fiesta en Los Pinos” y “Los Señores del Narco”, en cuya portada aparece una foto de “El Chapo” Guzmán, ha tenido que acogerse a los programas de protección a periodistas que se han establecido –gracias a la presión nacional, pero sobre todo internacional– sobre las autoridades mexicanas. La gran cantidad de asesinatos y desapariciones de periodistas, que ha quedado en total impunidad, ha colocado a nuestro país como uno de los más peligrosos para ejercer la tarea periodística. Las autoridades han tenido que establecer mecanismos de protección que han arrojado resultados desiguales. Anabel Hernández, por ejemplo, ha tenido, desde hace tiempo, que ir acompañada por elementos policiacos cada vez que quiere hacer un traslado. Sin embargo, las nuevas autoridades acaban de determinar que el actual “status” de la periodista debe ser reclasificado.

Consideran que –no queda claro por qué– la actividad que realiza debe ser considerada como de “bajo riesgo”. Es previsible que disminuya o desaparezca su protección, en algo que debería ser reconsiderado por el Gobierno federal no sólo porque la actividad de la periodista se mantiene, como lo saben sus lectores, en “Proceso” y “Reforma”, con los mismos niveles, sino porque su domicilio, recientemente, fue allanado por gente armada en un episodio que no ha quedado del todo esclarecido.

El caso de Ana Lilia Pérez, autora, entre otros, del libro “Camisas azules. Manos negras” y “El Cártel Negro” (Grijalbo), es el de una periodista que se vio obligada a salir de México a raíz de amenazas y persecuciones judiciales insólitas, que la empujaron a abandonar el país.

“Camisas azules...” fue el resultado de nueve años de investigación de una periodista dedicada, como dice la contraportada, a “...escrutar la corrupción en Pemex, soportada con fuentes vivas y documentales de alto nivel, expedientes de auditorías clasificados como ‘confidenciales’... decenas de entrevistas, testimonios y recorridos por las regiones petroleras en tierra y en plataformas, además de las revelaciones de altos funcionarios de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, que desnudan los negocios privados de los hombres públicos”.

En el prólogo del libro, Miguel Ángel Granados Chapa, el maestro y periodista al que tanto se le extraña, escribió en 2010 sobre Ana Lilia: “A juicio de la gente de poder, los otrora impolutos panistas, la reportera había ido más allá de lo admisible y se propusieron contenerla. Dieron entonces comienzo, por vías sesgadas, a una intensa campaña de asedio judicial, que no se suspendió con la muerte de Mouriño en noviembre de 2008. Desde entonces la persecución no ha cesado, impulsada por beneficiarios de la corrupción en Pemex... La periodista Ana Lilia Pérez no está dispuesta a cejar en sus denuncias. Le impone ese deber la claridad con que ha advertido la práctica de la corrupción en varios niveles de Pemex, cuyo funcionamiento es claramente conocido por la reportera...”. Han pasado varios años, pero Ana Lilia aún no ha podido regresar a su tierra.

Veremos qué sucede y si van en serio las investigaciones sobre “Oceanografía”, y sus derivaciones. Veremos qué tanto se extienden las pesquisas –a otros hechos, empresas, personas y redes de influencia que operaron en los últimos sexenios. Si van en serio con las averiguaciones, todos sabemos que podría abrirse una caja de Pandora. Para que hoy tengamos conciencia de ello, hay que recordar que el trabajo de éstas y otros periodistas ha sido de vital importancia. Las condiciones en que han tenido que vivir estas colegas no pueden ser sino motivo de vergüenza para México.
21 Febrero 2014 05:10:32
Una cumbre chiquita
Intrascendente e insípida resultó la cumbre de mandatarios de América del Norte, en el marco del 20 aniversario del TLC realizada esta semana en Toluca, Estado de México.

No es que deba esperarse mucho de las cumbres entre primeros ministros y mandatarios, pero tampoco es que uno debe conformarse con tan poco de un encuentro que se supone tendría que haber sido señero. Demasiado despliegue, recursos, logística, desplazamientos y seguridad para venir, casi sólo a tomarse la foto.

¿Cuál es el sentido de organizar una cumbre, si no se le saca suficiente provecho? La cumbre desarrolló, de manera básica, sin controversia ni contradicciones, los temas obligados: comercio, desarrollo regional, seguridad, cooperación y demás asuntos sin entrar en profundidades. Los asuntos difíciles, polémicos o que requerían compromisos mayores, simplemente, quedaron fuera: deportaciones masivas, reforma migratoria, espionaje, tráfico de armas legales e ilegales a México, narcotráfico etcétera.

La de Toluca, fue una cumbre sin alma, sin nervio y sin ninguna alusión que incomodara. El mayor atrevimiento, de la parte mexicana, fue pedirle a Canadá que revisara el tema de las visas. Asunto que, para pena de Peña, resultó denegado.

México tenía muchas cosas que decir en una cumbre como ésta, pero prefirió no salirse del guión prefabricado. Se limitó a los temas generales y a subrayar la importancia del Acuerdo Estratégico Transpacífico (TPP) y mostrar voluntad para formar parte de una mayor integración económica y comercial que permita expandir la región de América del Norte hacia la región Asia-Pacífico y formar parte de lo que Obama llamó “los paladines del libre comercio”.

¿En qué momento, o bajo qué condiciones, un país le puede plantear a otro asuntos que requieren de un compromiso político y público mayor? ¿No tendrían que servir para eso las cumbres? Ésta, por lo pronto, resultó un desperdicio.

¿Acaso no era un buen momento el de la cumbre para que México se pronunciara sobre el drama humanitario y las afectaciones nacionales que derivan de las masivas deportaciones que ha realizado Obama desde que llegó a la Presidencia y que suman ya a más de 2 millones de personas?

¿No era ése el espacio ideal para plantear, desde la perspectiva económica, humanitaria y de derechos humanos, el tema de la pérdida de la patria potestad de miles de niños separados de sus padres, merced del activismo expulsor de Barack Obama y su gobierno?

¿Era o no la cumbre el lugar idóneo para abordar –por ejemplo– el fenómeno criminal con el que se topan miles de personas que de Centroamérica a México se dirigen a Estados Unidos? ¿Por qué no hablar ahí de lo que pasa todos los días en materia de secuestro, extorsión, violaciones y trata a aquellos y aquellas que van montados en la otra “bestia”?

Si los presidentes hablaron de comercio y mercancías, por qué no hablaron, con amplitud, de la compra-venta de humanos.

Si hablaron de mejorar mecanismos para el facilitar el tránsito de ciudadanos “confiables”, por qué no hablaron de los que mueren por cientos en sus intentos fallidos de cruzar la frontera.

El espionaje tampoco fue tema de la cumbre. Aunque en otras cumbres, como las europeas o las de Naciones Unidas, Obama ha tenido que oír toda suerte de reclamos. En México no. Tal vez porque aquí todos somos educados.

¿No siente incomodidad el Gobierno mexicano, teniendo enfrente al responsable político del aparato masivo de espionaje con el que fue agraviado, y no soltarle por lo menos un reclamo velado?

No hubo alguien –hasta donde se sabe– que preguntara: “Presidente, ¿puede informar de las investigaciones que prometieron?”.

Sobre el tema de las armas, ¿estaba fuera de lugar proponer para la agenda el comercio masivo y libre tráfico? ¿Se hubiera tomado a mal preguntar –por ejemplo y así, como de paso: “Mr. Obama, cuéntenos: ¿en qué va lo de “Rápido y Furioso”?”.

Con Canadá, sólo podíamos insistir con lo de las visas? ¿Nada sobre las mineras? ¿No era el momento para plantear que la riqueza mineral sacada de la tierra está trayendo problemas entre las poblaciones que deberían ser analizados?

Además de aplaudir las reformas y la apertura petrolera, ¿no era la cumbre el espacio para delinear ideas sobre lo que hay que hacer para evitar que una gran apertura traiga consigo prácticas de corrupción, afectaciones al medio ambiente o conductas depredatorias de quienes explotarán las riquezas?

Nada de esto hubo en la Cumbre de Toluca. Terminó por ser sólo eso: una Cumbre chiquita.
24 Enero 2014 05:11:35
Milicias civiles
Un “programa de urgencia” para Michoacán es lo que necesita México en estos momentos, según comentó en entrevista para CNN Javier Ciurlizza, experto colombiano y director para América Latina y el Caribe de International Crisis Group, organismo internacional que se dedica a realizar investigación y estudios de campo en zonas del mundo donde están presentes conflictos de carácter bélico.

En su primera incursión en México, realizaron un estudio sobre la violencia en el país el sexenio pasado. En su segunda incursión, realizaron un estudio de campo sobre las fuerzas de autodefensa y policías comunitarias, cuya irrupción en Guerrero y Michoacán ha crecido en forma exponencial, a partir de las primeras semanas del año pasado.

El estudio “Justicia en el cañón de un arma: las milicias civiles en México” disecciona la rápida expansión de grupos civiles armados que se han organizado para hacer frente a grupos criminales, como es el caso de “Los Caballeros Templarios”.

El trabajo de campo arroja que, si bien muchos de estos grupos están constituidos por personas que actúan genuinamente y son conformados por “ciudadanos bien intencionados y que han detenido a cientos de sospechosos, su existencia desafía el monopolio básico del Gobierno respecto al uso de la fuerza y la impartición de justicia, y algunos de ellos tienen sus propios vínculos con los carteles”, según el informe y sus conclusiones.

En coincidencia con otros que han abordado el fenómeno en estos días, se plantea que las autodefensas y policías comunitarias pueden contribuir, favorablemente, para el restablecimiento de condiciones mínimas de seguridad y de un Estado de derecho, siempre y cuando se cumplan tres condiciones básicas: el desarme; la incorporación de autodefensas al andamiaje legal e institucional, y, por último, una actuación dentro del más amplio respeto a los derechos humanos.

El Gobierno los ha emplazado a la entrega de las armas, sin lograr su objetivo. Las autodefensas han dicho que no lo harán hasta que sean capturados los siete cabecillas de “Los Caballeros Templarios” y se restablezca el Estado de derecho. Hasta el momento han detenido a uno de los siete nombrados.

Para Ciurlizza: “La policía comunitaria puede contribuir positivamente a luchar contra la inseguridad... pero, sólo si es legal y trabaja con el Gobierno”.

Es innegable que las autodefensas y comunitarias han adquirido experiencia, conocen las localidades, rutas, caminos y reconocen a los personajes clave dentro de las estructuras operativas de la delincuencia y han mostrado “por momentos” una determinación mayor que la de las propias fuerzas del Estado. Autodefensas y comunitarios, por momentos sorprenden y por momentos inquietan. Entusiasman y preocupan, indistintamente. Lo primero porque, con la irrupción de la sociedad organizada, se recupera “si bien en un contexto extremo y con las herramientas de la violencia” la noción básica de la participación ciudadana como factor irrenunciable en cualquier proceso democrático. Preocupa, por otra parte, que el ensanchamiento de las autodefensas y comunitarias conduce a zonas de riesgo y mayor vulnerabilidad institucional.

No hay información pública confiable, por ejemplo, respecto a cuántos son, con cuántas armas y recursos cuentan. También es difícil imaginar el despliegue gubernamental, militar y policiaco de los últimos días, de no ser por el avance, acelerado, de las autodefensas en varios municipios de Tierra Caliente hasta llegar a un paso de Apatzingán.

Después de recorridos y levantamiento de datos, concluyen que el epicentro está en Michoacán y la Costa Pacífica de Guerrero, donde miles de hombres forman parte de organizaciones diversas en esas corporaciones sociales.

El desafío es mayúsculo para el Estado mexicano. No se trata sólo de Guerrero y Michoacán, sino de amplias zonas del país en donde grupos criminales armados dominan franjas importantes del territorio, mientras que guardias y policías comunitarias, por su parte, van ganando espacios y adeptos. En Davos, este jueves, Enrique Peña Nieto fue cuestionado durante su intervención en ese Foro Mundial, precisamente, sobre el tema de las autodefensas. Reconoció que a algunos de esos grupos los impulsan intereses legítimos y los invitó a participar por las vías institucionales. La postura gubernamental no ha variado, es de suponerse que la de las autodefensas tampoco. Sí al desarme pero, primero, exigen resultados.
10 Enero 2014 05:11:11
Las listas del SAT
Fuerte polémica se ha desatado en torno a la aplicación de las reformas que se hicieron al Código Fiscal de la Federación, en sus artículos 69 y 69B, a fines del año pasado, que permiten u obligan al SAT a revelar datos de contribuyentes que estén en falta, según los supuestos que contiene ahora la ley.

El SAT tiene ahora el mandato para dar a conocer: nombre, denominación o razón social del deudor, RFC y causa por la que se considera incumplido al contribuyente.

Que la identidad de un contribuyente –identificado como incumplido por la propia autoridad– se haga pública, acarrea algo más que molestia.

La ley contempla los siguientes supuestos para datos de contribuyentes sean publicados:

Estar inscrito en el RFC pero, no localizado; tener créditos fiscales firmes; tener créditos exigibles no pagados o garantizados; tener sentencia condenatoria ejecutoria por la comisión de un delito fiscal; tener algún crédito fiscal cancelado; tener algún crédito fiscal condonado; que tengan una personalidad fiscal, pero no tengan infraestructura que ampare su actividad.

Hasta ahora, ha calado lo publicado por el SAT, pero ha calado mucho más lo no publicado.

El 1o. de enero se dio a conocer la primera lista de contribuyentes que caen en el supuesto de los “No localizados”.

Figuras como Susana Zabaleta, Yunes, Carbonell y Woldenberg salieron –de inmediato– a exponer su inconformidad por aparecer ahí. Expusieron todos ellos que son contribuyentes cumplidos y que no hay razón para ser exhibidos de esa manera.

La parte más delicada de lo que está pasando radica en la decisión de no publicar los mismos datos pero de quienes se encuentran en otros supuestos de la ley: los que tengan créditos cancelados y/o condonados.

El alegato de la no retroactividad, para no darlos a conocer, se derrumba al sí haber publicado la lista de los no localizados –que cayeron en esta condición antes de entrar en vigencia la reforma– pero no se publican los nombres de quienes –también antes de misma– fueron beneficiados por créditos cancelados o condonados, como lo ha explicado puntualmente la procuradora del Contribuyente, Diana Bernal. La doble vara que ha utilizado para aplicar la nueva norma y con ello evitar las revelaciones verdaderamente esperadas, está dejado mal parado al SAT, cuyo titular se ha esmerado en presentarse, con éxito hasta ahora, como un funcionario riguroso, firme y escrupuloso. El joven funcionario, Aristóteles Núñez, pierde terreno al defender esa aplicación diferenciada de la norma, según el supuesto del que se trate. Se hace retroactiva para lo que menos importa, y sólo aplicable a partir de este año para lo realmente importaba saber.

La retroactividad vale para saber a quién no encontraron, pero no si de lo que se trata es de aquellos a quienes se les ha condonado o cancelado algún crédito fiscal.

El resultado no puede ser más frustrante. Se revela información inocua, por no decir irrelevante, que lo único que ha causado, hasta ahora, son molestias de las personas exhibidas, pero nada de nada sobre los que están en los supuestos 5 y 6.

¿A quién demonios le importa si se encontró o no a alguien en su domicilio, si lo único que se demuestra es eso?

Será relevante, eso sí, cuando se dé a conocer –como se ha dicho que se hará hoy– la lista de quienes, teniendo identidad fiscal, no demuestran actividad real que la ampare. Se verá el tamaño del problema de las facturas con registro legal, pero que no están amparadas por una actividad económica real.

La reforma es trascendente y no hubiera sido posible sin la batalla de ciudadanos, ONG, como Fundar y, destacadamente, el IFAI para acceder a informaciones que son de interés público, pero corre el peligro de no cumplir con uno de los motivos por lo cual fue impulsada: conocer sobre los beneficiarios de cancelaciones y condonaciones que por cantidades multimillonarias se han hecho desde el fisco en los últimos años, y que han generado enormes suspicacias, como aquella bolsa por más de 70 mil millones de pesos de créditos cancelados que se hizo a petición del Congreso o la identidad de los que se acogieron a algún programa de condonación, como lo hizo, en su momento, Televisa, dejando de pagar 3 mil millones de pesos, según reportó ella misma a la Bolsa.

Si la autoridad del SAT no modifica su criterio de interpretación a la ley –como lo solicita la procuradora del Contribuyente, Diana Bernal– y mantiene su medida con doble vara sobre lo sucedido antes de 2014, la reforma que había generado una gran expectativa, podría terminar en un fiasco. O casi.
29 Noviembre 2013 05:10:04
La moneda, en el aire
Gran interrogante se abre sobre el destino de las reformas que, según nos han dicho, transformarán a México.

En negociaciones cerradas, opacas y apresuradas, el Gobierno federal y las cúpulas de los partidos han entrado en un frenético y peligroso juego de equilibrismos que puede derivar, o bien, en la aprobación de reformas de impacto profundo que repercutirán -no queda claro de qué manera- en la realidad del país para las próximas décadas a partir de procedimientos políticos y legislativos muy cuestionables, o bien, estamos entrando a una fase de descarrilamiento que echaría por la borda la reforma político-electoral que han negociado las cúpulas y el Gobierno y, en consecuencia, la principal reforma que a Peña Nieto, al PAN y a la cúpula empresarial les importa más, que es la apertura petrolera.

Por lo pronto, ayer, la dirigencia del PRD anunció que sale del “Pacto por México”. No acepta lo que dice es un “albazo”. Acusa al PAN, al PRI y al Gobierno federal de concretar “una contrarreforma energética” y de incumplir acuerdos firmados en el Pacto.

Después de una negociación que terminó la madrugada del jueves, las cúpulas negociadoras elaboraron un predictamen de reforma suficientemente distinto a los compromisos previos, el cual provocó, primero, la salida del PRD de la mesa del Pacto y una importante reacción en la bancada del PAN que no se tenía prevista.

En el plan original se esperaba llegar a la votación en el Pleno este viernes. No ocurrirá así. El Senado pospuso el trabajo legislativo hasta el lunes a las 11:00 horas.

El documento que terminaron la madrugada del jueves fue enviado por mail a las 9:31 de la mañana a los miembros de las comisiones. Citados a las 12:00, los legisladores que no participaron de las negociaciones hubieran contado con escasas tres horas para leer 232 cuartillas, analizarlas y formular las reservas del caso para ser discutidas y votadas. Tal como pasó con la reforma educativa, sabríamos de legisladores que recibieron copias de un dictamen ya con la sesión instalada. Situación indigna para un Congreso y para la sociedad que representan.

El tipo de negociación cupular y el condicionamiento de la reforma energética a la reforma político-electoral ha provocado cesiones y modificaciones a lo que se había firmado en el propio Pacto.

La dirigencia del PAN tuvo que presentarse ante su bancada para explicar la negociación. No todos aceptan que los negociadores del Pacto hayan permitido arreglos extraños que trastocaron su idea original que tenía para un nuevo IFE, por ejemplo. Se trataba de “arrancarle las elecciones a los gobernadores”, pero lo planteado, lejos está de garantizar tal cosa.

Disgustó que se cediera sobre el tema de fiscalización y anulación de elecciones, cuando de rebase o financiamientos ilícitos de campaña se trate. El acuerdo era -¿es?- no volver a repetir lo que sucedió en 2012. Negociar equidad y decencia política, atados al apetito petrolero, deja en desventaja clara a lo primero.

Quedan también en vilo frente a lo sucedido este jueves, por ejemplo, una fiscalía general –con independencia del Ejecutivo- que sustituiría a la actual PGR; la segunda vuelta electoral; una Constitución para el DF; la reelección de legisladores y munícipes; gobiernos de coalición; fiscalía anticorrupción; nombramientos de gabinete; candidaturas independientes y otros temas están en suspenso, por lo menos durante este fin de semana.

El clima se ha enrarecido. Da la impresión de que desde el poder han caído en la tentación de difamar a críticos y opositores, como un mecanismo para debilitar -o por lo menos intentarlo- a aquellos que pudieran tener una postura divergente a la oficial. El video de La Tuta, tan obsecuente en su discurso con el poder gubernamental -donde arremete, con oportunidad política innegable, contra la senadora Luisa María Calderón, además de otros casos que por ahí circulan- da muestra de ello.

El PAN ha tenido que recoger los pedazos de sus pleitos internos y ha salido en su defensa. Ayer, para endurecer su postura, decidió desconocer como interlocutor al canciller José Antonio Meade. En pleno proceso de validación de embajadores.

Es de suponerse la inquietud en Los Pinos. Se tenía confianza en que el acuerdo permitiría una votación antes del fin de semana. Llegará el lunes -primer año de gobierno- sin tener la certeza de una reforma política amarrada. Cada día que pasa se agrega una dosis de riesgo para la reforma que parece importarles realmente, que es la energética. No hay nada escrito. La moneda sigue en el aire.
15 Noviembre 2013 05:10:25
‘EU espía desde México’
El escándalo mundial que han causado las revelaciones sobre las sistemáticas, masivas e inaceptables prácticas de espionaje cometidas por el Gobierno de Estados Unidos en contra del resto del mundo, acaba de dar un vuelco significativo al darse a conocer el contenido de un documento desclasificado que demuestra la existencia de un centro de espionaje ultrasecreto que opera, desde hace por lo menos tres años, en la Ciudad de México.

Se trata del “Centro de Fusión México”, instalado dentro de la propia embajada norteamericana ubicada en Paseo de la Reforma, a unos pasos del Ángel de la Independencia.

No se trata de un auténtico “Centro de Fusión” como los que teóricamente funcionan con la colaboración de los dos países para combatir al crimen organizado. En éste, sólo operan los estadounidenses y de cuya existencia no deberían tener noticia los mexicanos.

El documento se obtuvo a partir de la Ley de Transparencia de Estados Unidos (FOIA) y forma parte de la investigación conjunta realizada por “The National Security Archive” y la primera emisión de Noticias MVS, con la colaboración de Daniel Lizárraga, Irving Huerta y Luis León, que fue presentada, simultáneamente, en México y Estados Unidos ayer por la mañana.

El documento tiene renglones y párrafos censurados. Aun así, revela información sustantiva sobre la operación del Centro.

Jesse Franzblau, investigador del Archivo de Seguridad Nacional, declaró que el documento “podría ser lo más detallado que se ha encontrado, hasta la fecha, de los programas de inteligencia de Estados Unidos para espiar a otros países”. Señaló que fue difícil conseguir su desclasificación y que ésta corrió a cargo del Pentágono y no de la NSA, como se había solicitado. “Hasta este momento no habíamos visto un documento tan claro que confirme la presencia de la NSA en otros países”, dijo.

El memorándum del 2010 pertenece al Departamento de Defensa de EU (DOD), indica que el “Centro de Fusión México” está orientado hacia “objetivos de alto valor” (high value targets). Hay que recordar que, precisamente, esos objetivos son los que aparecen en los informes que Edward Snowden ha entregado a la prensa internacional.

El documento señala, en su parte superior, que queda prohibido compartir esa información con extranjeros (Noforn).

Esta indicación hace suponer que el gobierno de Calderón, y Calderón mismo, no conocieron de la instalación (a unos pocos kilómetros de la casa presidencial) de este Centro de Espionaje, desde el cual pudo haber sido espiado el propio ocupante de Los Pinos y quien, después, fuera candidato y su sucesor, Enrique Peña Nieto.

El código Noforn se encontró también en los informes publicados por Der Spiegel y O’Globo cuando se dio a conocer que Dilma Rousseff, Peña Nieto y Calderón habían sido espiados por el Gobierno norteamericano.

El informe fue escrito por Pwill Weschler, de la Oficina antinarcóticos y amenazas globales del Pentágono, dirigido a Mike Vickers, de la Secretaría de la Defensa. Ahí se enlista lo que se encuentra en ese Centro: al menos 10 computadoras conectadas con “el protocolo secreto de Internet” (SIPR) y al Sistema Mundial de Comunicaciones de Inteligencia. Se detalla que se encuentran trabajando en el lugar, oficiales del Pentágono; elementos de la Defensa; integrantes del Comando Norte y miembros de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), la misma que ha vigilado al resto del mundo, como han dejado constancia las informaciones obtenidas y reveladas por el joven Snowden.

El “Centro de Fusión México” está conectado al Sistema Global de Transmisión (GBS) del Sistema de comunicaciones satelitales castrenses.

Cuenta con estaciones para monitoreo satelital; equipos para transmisión segura de voz y datos, conocido como “Trojan light”. Se dan visos de que se pretende ampliar su alcance y desarrollar tareas en Ciudad Juárez.

No sólo con filtraciones –como las de Manning y Snowden– sino, también con la desclasificación de documentos como esta, es que el mundo va sabiendo cada vez más acerca de la inmensa maquinaria de espionaje –masivo y selectivo– que ha desarrollado el Gobierno de Estados Unidos en contra de todos los demás. Todo esto ha desatado una ola de indignación global contra el gobierno de Obama. Es claro que se conoce apenas una parte de la historia. El alcance de las informaciones de Edward Snowden, o de los documentos que se puedan ir encontrando en el camino, es aún insospechado. Los primeros tramos de la información a la que pudo tener acceso el ex contratista dan cuenta de algunos mecanismos que operan para el espionaje, los nombres de algunos sujetos y redes materia del espionaje, como Rousseff, Peña Nieto y Calderón en América Latina. Se han conocido nombres de personajes, rubros, temas y materias de interés de los espías, pero aún no conocemos el contenido de las informaciones obtenidas. Hoy también empezamos a saber de la localización geográfica de sus centros de inteligencia y espionaje secretos como éste, que se encuentra a unos cuantos kilómetros de Los Pinos. ¿Peña Nieto estará a la altura del agravio o –de nuevo– se intentará refugiar en el silencio?
01 Noviembre 2013 03:10:26
La libertad de Patishtán
Siempre se dijo un hombre libre. Dentro y ahora fuera de la cárcel. Libre porque la libertad radica en la conciencia, aunque el cuerpo se mantenga en cautiverio. Libre, decía, porque él mejor que nadie sabía de su inocencia. Libre porque decidió ser libre.

Alberto Patishtán, el profesor tzotzil preso durante 13 años, acusado y sentenciado en un proceso judicial plagado de irregularidades, recibió ayer el indulto presidencial. El hombre no quería ser indultado porque dijo –con razón– que a él nada le tenían que perdonar.

El Congreso hubo de modificar y adicionar al Código Penal nuevos elementos para dotar al Ejecutivo de atribuciones que le permitieran de “manera excepcional” conceder el indulto por cualquier delito “cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada” y cuando el individuo “no represente un peligro para la tranquilidad y la seguridad públicas”. Con esto, el Congreso facilitó una salida jurídica que, finalmente, abrió la puerta para la liberación de Patishtán.

Hecho a la medida del caso Patishtán, el decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación y de inmediato se instrumentó el nuevo ordenamiento, tal como lo anunció Peña Nieto en su cuenta de Twitter horas antes del anuncio formal, que corrió a cargo Miguel Ángel Osorio Chong durante la tarde de ayer.

Una ola de celebración se desató por la liberación de Patishtán, injustamente acusado, procesado y sentenciado por una emboscada en la que murieron siete policías en el estado de Chiapas, crimen que no debe quedar impune.

Tal como lo dijo el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, una de las organizaciones que acompañó el proceso por la libertad de Patishtán, los hechos ocurridos en la emboscada del 12 de junio de 2000 deben ser esclarecidos. Esos hechos se dieron en el “...contexto de la militarización y de los operativos contra los municipios autónomos. En particular de los actos violentos en Chavajeval y San Pedro Nixtalucum, del municipio El Bosque y cercanos al municipio autónomo de San Andrés Sakamch’en de los Pobres... las familias de los policías asesinados tienen derecho a la verdad, saber qué pasó el día de la emboscada, sus móviles y quiénes cometieron el crimen...sancionando plenamente a los autores materiales e intelectuales de los hechos”.

El caso Patishtán se convirtió en un caso emblemático a punta de manifestaciones de habitantes de la comunidad de El Bosque, que exigían la liberación del profesor, de pronunciamientos solidarios de diversas organizaciones y personas que, a nivel nacional e internacional, exigieron durante un largo tiempo al Estado mexicano justicia y una ruta para la liberación de Patishtán.

Con una pésima o nula defensa –como la que padecen miles de personas todos los días–, Patishtán vio agotarse todos los recursos a su alcance, incluyendo los de reconocimiento de inocencia que fueron perdidos ante la Corte. En ese punto llegaron al caso los abogados Leonel y Sandino Rivero y lograron lo que parecía imposible, que la Corte aceptara analizar de nuevo el caso para ver si –con una serie de criterios jurídicos propuestos por los abogados– cabía la posibilidad de revisar lo que para el Poder Judicial, a esas alturas, era una cosa juzgada. La Corte analizó y votó el tema y, finalmente, desechó la posibilidad planteada y decidió que otro tribunal colegiado resolviera el desafío planteado por los abogados Rivero. Ese tribunal mantuvo la sentencia por 60 años. Se emitió una comunicación pública argumentando por qué no sería posible revisar el proceso de Patishtán.

En ese comunicado, se aclaró que dicha resolución no significaba un pronunciamiento por la inocencia o culpabilidad de Patishtán pero que, en conclusión, la sentencia seguía firme.

¿Por qué no entró al fondo de la cuestión la Corte? ¿Por qué no revisaron y resolvieron los ministros sobre un asunto –absolutamente viciado desde el origen– e hicieron valer –de alguna forma– el flamante nuevo paradigma que cruza a la justicia –de lado a lado desde la perspectiva de los Derechos Humanos? ¿Cómo nos explica –en lenguaje llano– el máximo tribunal que, a pesar de tener a la vista una suerte de violación masiva a los derechos humanos de Patishtán, el poder de la justicia le cerró la puerta? ¿Con qué palabras la Corte puede explicar que –a pesar de la contundencia del caso– no había manera de dejarlo en libertad?

El indulto resuelve lo que la justicia no pudo. El indulto resulta plausible porque resolvió un caso como éste en específico, pero el indulto también representa una mala noticia. Representa el último recurso frente a lo que también refleja: un sistema de justicia que desconcierta. Lo mismo sorprende con una reforma constitucional que cambia los ejes de la justicia a favor de los derechos humanos pero que, al topar con un caso emblemático, se enreda en formalismos y acepta dejar a un inocente en la cárcel para toda su vida. El indulto resuelve lo que era insostenible y, ante la incapacidad de la justicia, se tuvo que optar por un recurso de corte medieval.
18 Octubre 2013 04:10:27
¿Un nuevo paradigma?
El anuncio hecho por el periodista Greenwald –depositario de los archivos secretos que le entregó Snowden– sobre su salida de “The Guardian” para desarrollar un nuevo proyecto periodístico, de inmediato desató todo tipo de especulaciones a nivel internacional.

¿Qué tipo de proyecto podría desarrollar alguien que se ha colocado en el centro de la atención al haber revelado sólo algunos documentos e información que le fue entregada por el joven ex espía de Estados Unidos y mantiene en su poder una cantidad aún indeterminada?

¿Qué tipo de alianza se habría dado como para que el connotado periodista británico, radicado en Brasil, haya decidido abandonar el periódico en el cual ha publicado parte de esas informaciones, documentos y revelaciones que han sacudido a Europa, Estados Unidos y una parte de América Latina?

En manos de una prensa controlada y tradicional esa información podría pasar a formar parte de otros archivos y no llegar a sus verdaderos destinatarios que son, desde luego, los ciudadanos. Esas y otras informaciones en manos de periodistas serios e independientes convertirían aquello en noticia y llegaría a la sociedad para normar sus criterios, analizar nuestra realidad y traducirla en sus propias decisiones.

La incógnita se despejó rápidamente. Pierre Omidyar, fundador de eBay, anunció que es él quien aportará el capital para ese proyecto noticioso.

Poitras y Greenwald son los periodistas que poseen la información y documentos que Edward Snowden, el ex analista de inteligencia de Estados Unidos, reveló sobre las redes y mecanismos de espionaje masivo discriminado e indiscriminado en internet y telefónico que ha cometido Estados Unidos contra gobiernos, organizaciones y ciudadanos del mundo.

“My next Adventure in Journalism”, es el texto que se puede consultar en Omidyargroup.com con los motivos del millonario para incursionar en tan suculento proyecto. Fue uno de los interesados en comprar “The Washington Post”, que se llevó Jeff Bezos, el fundador de Amazon.

Omidyar, quien desarrolla una Network y financia el Fondo para la Democracia, dijo que después de analizar el impacto social que podría alcanzar con la compra del Post, si se tenía también la alternativa –haciendo una inversión similar– prefirió algo que partiera de cero.

La alianza está a la vista: poderosas inversiones, de un empresario que manifiesta estar interesado en preservar y fortalecer el papel que juega periodismo independiente en las sociedades, junto a los periodistas que, hoy por hoy, han demostrado que son capaces de investigar y publicar sus informaciones sin estar condicionados por alguno de los poderes.

La irrupción de un tipo de capitales, como el de Omidyar, que serán destinados a apoyar y empoderar a periodistas independientes que puedan contribuir, en los nuevos canales de comunicación, a desarrollar un nuevo tipo de comunicación, no puede ser visto sino como una gran noticia.

“Quiero encontrar la manera de convertir a los lectores convencionales en ciudadanos comprometidos... estoy en las primeras etapas de la creación de un nuevo medio de comunicación de masas. Yo todavía no sé cómo ni cuándo se pondrá en marcha... Lo que sí puedo decir es que el esfuerzo será independiente de mis otras organizaciones”, dijo el empresario con la claridad de quien sabe o intuye del tipo de distorsiones que se producen, en términos informativos, cuando los grandes grupos empresariales y de comunicación comprometen líneas editoriales en la defensa de sus otros intereses corporativos afectando, gravemente, los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Los parámetros de comunicación libre en el mundo moderno son relativamente amplios en las sociedades más desarrolladas, donde existen legislaciones y una cultura más avanzada respecto al papel y significado del periodismo libre de ataduras y de condicionamientos políticos o de los intereses corporativos de los dueños o concesionarios de los medios de comunicación.

En otros países, como México, cuyo modelo aún permite injerencias indebidas de dueños, políticos y otros poderes para incidir o tratar de incidir en las líneas editoriales de periodistas y medios, es que se registran los índices más bajos y deficientes de calidad democrática. Eso no puede ni debe continuar en nuestros países.

La periodista canadiense Niloufar Ahmadzadeh tradujo para México y envío información diversa sobre el anuncio de Snowden y Omidyar. Entre sus envíos destaca la traducción que hizo del texto escrito por el periodista Ryan Chittum del Columbia Journalism Review, quien sintetizó la idea: “Periodistas de denuncia + multimillonarios independientes = un mundo completamente nuevo”, en un artículo titulado: “La promesa extraordinaria de la nueva empresa de Greenwald”.

Estamos ante lo que podría convertirse en un nuevo paradigma de la comunicación, cuyo eje gire en las nociones democráticas, del interés público y de las nuevas realidades en materia de comunicación.
04 Octubre 2013 04:10:30
¿Violencia bajo pedido?
La conmemoración del 45 aniversario de la matanza de Tlatelolco estuvo marcada por diferentes elementos que concurrieron en las calles.

El primero y principal fue el espacio ocupado por miles de estudiantes, antiguos integrantes del movimiento del 68, electricistas, maestros y ciudadanía en general que marcharon para recordar a las víctimas de la represión gubernamental. Fue una marcha para reivindicar, in situ, el derecho a la manifestación; un llamado a “romper el miedo” –como promovió Artículo 19– y para ejercer la libertad de expresión.

La acción represiva y criminal que mató a los jóvenes en Tlatelolco –junto con otros acontecimientos– dio pie a un proceso largo y sinuoso que colocó el tema de la democracia y el respeto a los derechos humanos como ejes principales de la mayor parte de las batallas sociales, políticas y jurídicas de las últimas décadas. Los miles en la marcha estaban ahí, también, para recordarle a la sociedad y al Estado mexicano que el camino autoritario, totalitario y represivo no va más con una sociedad que no está dispuesta a ceder en los terrenos ganados.

Un segundo elemento que marcó la marcha fue la enorme presencia policiaca –con efectivos de la Ciudad de México– y policías vestidos de civil, cuya adscripción no quedó evidenciada. Para las autoridades capitalinas el despliegue se justificó por los riesgos de violencia que pudiera presentarse, y se presentó. Hubo más de 30 policías lesionados y una cifra indeterminada de manifestantes, periodistas, fotógrafos, camarógrafos, transeúntes agredidos y un puñado de detenidos.

La violencia contra los policías es inadmisible, al igual que la brutalidad policiaca.

A través del “nuevo actor” que son las redes y la comunicación vía Internet han circulado fotos y videos que dejan en evidencia la actuación desmedida de los policías.

Ahí está el video de la agresión de granaderos en contra de gente que se encuentra en un estacionamiento. Indigna, especialmente, este video, porque se muestra que no importó a los agresores que estuvieran ahí dos pequeñas niñas a las que se les ve llorosas y con pequeñas heridas en sus piernas. Mujeres y hombres reclamaban a los policías las agresiones.

Varios periodistas y medios fueron agredidos. Artículo 19 identificó que el 80% de estas agresiones las cometieron policías y el resto agresores encubiertos. Circulan, por ejemplo, dos imágenes del fotógrafo Arturo Ramos, de la agencia “librefoto”, con su testimonio sobre los daños que sufrió “a consecuencia de una pedrada arrojada por policías... la agresión fue directa a mi persona cuando intentaba tomar una fotografía de ellos arrojando piedras sobre los manifestantes”.

El tercer gran elemento son los llamados “anarquistas”. Estos muchachos se han convertido en parte de la fórmula: manifestaciones nutridas, presencia policiaca inusitada, encapuchados violentos, detenciones indiscriminadas. Tal como ocurrió el 1o. de diciembre en la toma de protesta de Enrique Peña, los provocadores e infiltrados generaron violencia, desazón e incertidumbre, tanto entre los participantes de la marcha como entre los espectadores. Como entonces, ahora, se observó la acción indiscriminada de la Policía. En diciembre se detuvo hasta al bolero de Bellas Artes, pero se dejó actuar a los que destrozaban vitrinas. En este patrón de conducta, los muchachos encapuchados hacen gala de histrionismo cuando las cámaras apuntan.

La repetición de estas conductas que involucran a autoridades y “agentes externos violentos” recuerda tiempos que se creían idos.

Héctor Serrano, secretario de Gobierno del DF, respondió a la pregunta ¿quiénes son, realmente, estos jóvenes que provocan violencia calculada y deliberada? Los mismos que trataron de infiltrarse a las filas de los maestros o a las de los estudiantes que marchaban y que fueron rechazados por ellos.

Serrano desglosó en tres grupos la respuesta, resumo mi comprensión: 1) aquellos que estrictamente responden a una ideología anarquista radical que reivindica procedimientos violentos, 2) aquellos que pudieran estar patrocinados por alguna o algunas fuentes de poder que envían estos grupos de choque para crear confusión, miedo y desalentar a la ciudadanía a participar en manifestaciones, 3) los que, ya estando en el lugar de los sucesos, se ven contagiados y se hacen partícipes de las confrontaciones.

Serrano dijo que la actuación de estos encapuchados violentos deberá ser investigada por la Procuraduría. Es lo menos que se esperaría de un gobierno de izquierda, ante lo que parece ser una violencia por pedido.
20 Septiembre 2013 04:08:33
El coctel mexicano
La suma de cosas que está en curso en nuestro país –por su gravedad, por su trascendencia, por su velocidad y por potencial conflictivo– dibuja en el horizonte un coctel impredecible.

Los fenómenos naturales Ingrid y Manuel que irrumpieron, al mismo tiempo, en territorio nacional –provocando la gigantesca devastación que hoy tenemos ante nosotros– acentúan la idea de que todo está ocurriendo bajo un mismo techo, en el mismo momento y con la misma fuerza. El agolpamiento de sucesos y procesos abiertos construye la percepción de que el todo, en algún momento, se puede salir de control. Demasiada carne al asador.

El gobierno de Peña Nieto ha decidido, en este primer tramo, impulsar reformas constitucionales y secundarias en los temas más trascendentes, complejos y espinosos: petróleo, educación, impuestos, bancos y telecomunicaciones. (No queda claro si se incluirá corrupción.)

Ha dicho que su propósito es lograr que en cuatro meses se transforme a México de raíz en estos y otros asuntos fundamentales. Ciento veinte días que moverán –o convulsionarán– a México. A saber.

Se agrega al panorama el mapa de crisis y emergencia que se vive en más de la mitad del territorio nacional por lluvias, deslaves e inundaciones.

La persistente movilización de los profesores disidentes en contra de la reforma educativa ha dado materia para desatar la más furiosa de las campañas mediáticas en contra de aquellos que se oponen a una reforma cocinada al más puro estilo “fast track”. Desde los medios más poderosos de comunicación se ha inoculado, en una parte importante de la población, un sentimiento de odio y desprecio en contra de un sector de la sociedad que decidió manifestarse y que, a su vez, decidió romper los límites y confrontar con acciones extremas al propio Estado mexicano.

La tentación autoritaria para someter al disidente quedó dibujada en el operativo del viernes pasado que permitió dar paso a un grito desangelado.

Difícil imaginar hasta dónde estará dispuesto el magisterio disidente a llegar, una vez que la reforma constitucional y sus leyes secundarias fueron promulgadas con gran velocidad dentro de un Congreso disminuido y sometido a un mandato cupular.

Al tiempo que continúan las movilizaciones de la disidencia magisterial se aglutinan fuerzas políticas y sociales para oponerse a otra reforma que promueve el gobierno federal, con impresionante campaña de comunicación de su lado, en materia energética y petrolera. No es difícil imaginar que la disidencia magisterial y la petrolera se toquen, se manifiesten juntas o, por lo menos, de forma simultánea.

La iniciativa presidencial para una reforma energética –igual que las otras reformas que están hoy a la mesa– es presentada sin que se conozca el alcance total de la misma ni las pretensiones más amplias de sus promotores.

Igual que se hizo con la educativa y con la de telecomunicaciones, la energética se enuncia en sus términos más generales pero no se presentan elementos de lo que serían sus normas secundarias. El modito del sexenio repite la fórmula de no contar de una sola vez toda la historia. Tal como lo planteó ayer aquí José Woldenberg: “En relación con la reforma energética faltan piezas. ¿No sería bueno ponerlas sobre la mesa?”.

La reforma hacendaria y la de telecomunicaciones tocan, en la misma sentada, un conjunto de intereses y poderes que no se manifiestan en las calles pero que tiene otras maneras de defender lo que considera prerrogativas, privilegios y derechos adquiridos.

En el mismo plato, irrumpen en puntos de la República grupos de autodefensa que en su expresión genuina encaran los vacíos de la autoridad ausente o coludida. Poblaciones que se arman para ocupar los espacios de un Estado fallido y que, en este cóctel, representan un verdadero desafío.

La simultaneidad del momento mexicano incluye la ocupación de espacios y símbolos.

La justicia en un mismo tiempo: libera a Caro Quintero, exonera a Raúl Salinas y deja preso a Alberto Patishtán. La indignación es general.

Este fin de semana concurrirán a un mismo espacio físico, el Zócalo de la capital, los seguidores de Andrés Manuel López Obrador en su defensa por el petróleo; muy probablemente la disidencia del magisterio o la disidencia de la disidencia del magisterio, y los ciudadanos de a pie que acudan a llevar víveres y donativos en lo que han instalado como un gran centro de acopio, no se sabe si por razones logísticas o para hacerle un favor al Presidente. El cóctel mexicano pues, de pronóstico reservado.
06 Septiembre 2013 04:10:06
Los espías del mundo
Estados Unidos, la gran potencia, ha sido pillada en falta.

Los escándalos desatados por las revelaciones de Edward Snowden, conocidos a través de diferentes reportes periodísticos, han colocado al gobierno de Barack Obama en la difícil e incómoda situación de tener que dar explicaciones.

El último capítulo, revelado el domingo pasado por la cadena de televisión O’Globo, ha exhibido al gobierno de Obama como responsable de prácticas de espionaje intensivo en contra de la presidenta brasileña Dilma Rousseff y del actual Presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Ambos personajes han reaccionado de diferentes maneras frente al agravio. La presidenta Rousseff convocó de urgencia a una reunión de gabinete, exigió explicaciones rápido y por escrito. La primera respuesta que le fue enviada no la satisfizo y el propio ministro de Comunicaciones dijo, abiertamente, que la explicación norteamericana resultaba falsa. Se confirmó también que el motivo del espionaje a la carioca y su equipo era obtener información económica, comercial y sobre asuntos del petróleo para obtener –se entiende– ventajas indebidas en estas materias. El gobierno de Rousseff no se anduvo por las ramas. En estos momentos el gobierno de Dilma le exige a Obama que sea él personalmente quien explique a Brasil y a su Presidenta las razones por las cuales intervino sus comunicaciones. Le exige que lo haga por escrito y que lo haga esta misma semana. No sólo eso: ayer Dilma decidió cancelar el encuentro con Obama para fechas próximas. Sin medias tintas, la brasileña.

En el caso de Peña Nieto, lejos de aprovechar el mensaje que dio en Los Pinos, con motivo de su informe, al día siguiente de la revelación, optó por un tibio comunicado de su Cancillería, en el que ni siquiera se menciona que la persona espiada es el actual titular del Ejecutivo. El contraste tan fuerte con la postura brasileña hizo que el Gobierno de México subiera un poquito el tono de su postura. Pidieron al embajador que investigara lo revelado por medios internacionales y que compareciera. Hasta donde se sabe, no ha ocurrido tal cosa.

Finalmente, ayer se anunció que Peña Nieto hizo una llamada telefónica a Barack Obama para hablar del tema. No se conoce la duración de la llamada, ni el tono de la misma. Sólo se dijo que Obama se comprometía a investigar. Llama la atención que se haya elegido la vía telefónica cuando los dos mandatarios estaban cercanos físicamente uno del otro. La llamada se hizo desde San Petersburgo, cuando los dos mandatarios estaban ya en el mismo edificio.

Las revelaciones sobre el espionaje a Peña Nieto podrían parecer menores si se consideran los mensajes de texto dados a conocer como parte de lo espiado. Dos mensajes de texto en los que son citados nombres como Moreira, Jorge Corona, Juan Ramón Flores y Miguel Ángel González, en comunicaciones que según la diapositiva del informe ultrasecreto (“Filtración inteligente de datos: Estudio de los casos México y Brasil”) no resultan del todo comprensibles.

Lo relevante no está en el contenido de los mensajes. Lo relevante es que formaron parte de lo que se obtuvo –al ser aplicado en una operación especial, durante dos semanas contra Peña Nieto y nueve de sus colaboradores– con el programa SATC (“Programa para el Ciberespacio Seguro y Confiable de la Agencia Nacional de Seguridad”) identificado así en el documento original que sirvió de base para elaborar el programa especial de la televisión brasileña.

El documento, más que exponer grandes revelaciones producto de las intervenciones en los mensajes de los espiados, tiene como propósito mostrar las bondades y eficacias de la aplicación del sistema. Se habla, por ejemplo, de cuán eficaces han resultado los mecanismos de intervención. En una diapositiva se puede leer que, con su uso, es posible: “encontrar una aguja en un pajar de una manera eficiente y repetible”.

En el apartado “(U) Classification” se celebra abiertamente el éxito del sistema de espionaje. Se puede leer que la información que antes era imposible de obtener en esta ocasión fue interceptada. Se señala que el SATC fue capaz de aplicar técnicas de espionaje en contra de personas de gran relevancia en México y Brasil, con mecanismos que les permitieron lograr lo que antes no habían logrado.

¿Cuánta información obtuvieron sobre Peña Nieto, Rousseff y sus respectivos colaboradores los norteamericanos? ¿Qué hicieron con ella? ¿Usaron sólo por única vez ese programa o, ante la eficacia demostrada y presumida en el documento, han recurrido a él en nuevas ocasiones? ¿Cuántas agujas del pajar han encontrado con sus técnicas de espionaje intensivo? Nada de eso ha sido revelado. Aún.
23 Agosto 2013 04:10:09
‘Llámenme Chelsea’
‘...por amor a mi país y por sentido del deber con los demás’

La jueza militar Denise Lind, impuso 35 años de cárcel a Bradley Manning, el soldado y analista de inteligencia del Ejército estadounidense, autor de la filtración más grande de la historia de documentos clasificados, conocida ahora como los cables de Wikileaks.

El proceso judicial, en el que la fiscalía pretendía refundirlo en la cárcel –primero con 90 años de prisión, después con la pretensión de 60–, llevó a la defensa de Manning a mostrarlo como un ser frágil, desvalido, de sexualidad no resuelta, que terminó por pedir perdón.

Ante la Corte marcial de Maryland, Manning dijo: “Comprendí que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no aprecié los efectos más amplios de mis acciones... Herí a personas y herí a los Estados Unidos”.

Amenazado por una sentencia desmedida, el soldado y sus abogados abandonaron la idea de defenderse al defender los derechos de los demás.

La estrategia legal prefirió mostrarlo como alguien con problemas, inseguro, arrepentido, en lugar de los alegatos por el derecho a saber, los derechos fundamentales y la libertad de información.

El juicio militar despojó de toda carga heroica a la conducta de Manning. Se presentó lo suyo como el resultado de un arranque propio de alguien que se encontraba –al momento de hacer lo que hizo– en condiciones, prácticamente, de extravío.

La amenaza de una sentencia desmedida inhibió, sin duda, los alegatos sobre la libertad de conciencia y los deberes para con los demás, que debieron estar en el centro del proceso judicial.

De héroe cívico, lo degradaron a muchacho desorientado. La puntilla para tratar de desdibujar al símbolo en que se ha erigido el soldado fue la carta que se le atribuye, enviada al programa Today de la cadena norteamericana NBC News. Del comunicado enviado a la televisión, se daría cuenta el mundo en apenas unos minutos.

“Soy una mujer. Me llamo Chelsea”, se leyó ante millones de televidentes. “Dado cómo me siento y cómo me he sentido desde mi infancia, quiero comenzar una terapia hormonal tan pronto como sea posible. Espero que me apoyen en esta transición”.

La imagen divulgada muestra al soldado Manning con una peluca rubia y la boca pintada con un labial.

El hecho se da después de que, durante el proceso, un sicólogo militar presentara su testimonio, señalando que el soldado parecía estar aislado y bajo una intensa presión cuando tomó la decisión de filtrar. El joven de 25 años, inmerso en un ambiente hipermasculino como el Ejército, se encontraba, dijo, en una lucha interna por definir su sexualidad. Ese era su estado al momento de capturar y, después, filtrar cerca de 750 mil documentos y videos clasificados del Gobierno de Estados Unidos a Wikileaks.

El manejo simbólico del caso pretende que Manning no sea visto como quien actuó desde una conciencia plena. No como quien, apelando ante sí, decidió que lo que él sabía tenían derecho a saberlo los demás.

No sólo para castigarlo por su osadía, sino para inhibir cualquier conducta que se le parezca es que a Manning se le condena. Pero no sólo eso, sino que se transmuta el debate sobre el derecho a saber y sobre los propios asuntos revelados. Independientemente del respeto que merece lo que cada quien decida acerca de su propia sexualidad, y si lo comunica o no públicamente, lo de Bradley Manning parece más una estratagema. Quienes condujeron el proceso lo han hecho en la ruta que pretende aniquilar una imagen, un símbolo y una figura referencial.

No necesariamente, sucederá. Manning se ha convertido para algunos en la imagen de un gran traidor, pero también para otros un ejemplo a seguir. Tal vez, Edward Snowden, el ex contratista de inteligencia de Estados Unidos –que, a su vez, ha revelado asuntos escandalosos y dejado muy mal parado al gobierno de Obama–, haya tenido a en Manning a una figura referencial.

La sentencia al soldado envía muy malas señales a quienes por años han colaborado con la tarea periodística a través de filtraciones.

Para el Comité de protección a periodistas, en NY, “los fiscales militares que persiguieron agresivamente a Manning buscaron una sentencia severa por el mensaje que envía a futuros informantes... se envía un mensaje inhibidor e inequívoco a los periodistas y a sus fuentes”.

A pesar de todo, y una vez emitida la sentencia, el soldado Manning difundió un comunicado para explicar que lo que hizo fue: “...por amor a mi país y por sentido del deber con los demás”. Rescató al final, con esas líneas, el sentido original de su conducta.
09 Agosto 2013 04:08:41
La reforma energética
Un gran debate nacional es lo que debería ocurrir –uno supone– a partir del envío de la iniciativa de reforma energética anunciada por el Gobierno federal. Debate de altura es lo menos que una reforma de este calado necesitaría.

Sin embargo, la maquinaria del status quo mediático y el sector oficial ya se echó a andar y las pantallas de la televisión, principalmente, han iniciado una campaña a favor de una reforma cuyo contenido aún se desconoce. La manipulación informativa asoma ya su barbilla: “Mexicano, ¿quieres parecerte a los noruegos? Aquí tenemos la fórmula”. Reportajes y enviados especiales se enfilan a difundir por consigna, antes que a contrastar posiciones y promover un debate real.

Con la idea de que si México no apresura una reforma como ésta perderá una gran oportunidad que no volverá jamás, sectores empresariales y los grandes emporios mediáticos promueven, más que un sentido de urgencia, una suerte de alarma nacional.

A días de que se conozca la iniciativa, algo han filtrado a la prensa nacional y extranjera: será una reforma constitucional, no sólo petrolera. El bisturí apunta a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Buscan modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna.

Se ha dicho que bajo la figura de contratos de producción compartida –cuya administración la haría el sector gubernamental–, el Gobierno busca romper el monopolio de la paraestatal.

La reforma cruza por cambios profundos al régimen fiscal de Pemex. Se busca, además de la incorporación de la iniciativa privada, que gobierno y funcionamiento de la paraestatal se asemejen a un corporativo privado, con administración gubernamental. Se pretende el incremento de la renta petrolera; cambiar vocación recaudatoria por impulsora de crecimiento.

Las versiones periodísticas señalan que se propondrá al Congreso que queden áreas reservadas al Estado mexicano para aquellos yacimientos que están en tierra o bien en aguas someras. El pastel mayor, de las aguas profundas y la explotación de aceite y gas shale (del cual México tiene reservas enormes, dicen algunos pero, que no están probadas, dicen los otros), quedaría abierto para la explotación privada de estas nuevas áreas.

Los legisladores que se dieron un “supertour” en los países que han desarrollado modelos referenciales –Noruega, Colombia, Canadá, Estados Unidos y Brasil– regresaron para decir que no se pretende copiar el modelo de nadie, sino que se pretende desarrollar un modelo nacional. Cargando un compendio de lugares comunes, algunos legisladores adelantan ya su voto a la iniciativa que está por llegar.

Promoviendo una apertura total en el sector –que permita, incluso, “anotar” como propias las reservas probadas dentro de la contabilidad de activos de las empresas inversionistas–, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales presentó esta semana un análisis para la reforma y su diagnóstico sobre “México ante la Revolución Energética”.

Comexi coloca como pieza angular para un debate el cambio de paradigma: no hay más escasez de petróleo; se acabó la tendencia al alza de los precios de hidrocarburos; la irrupción de hidrocarburos shale ha roto con el anterior panorama; la demanda de energéticos trasladará su centro a la zona de Asia–Pacífico, con China y la India, y no estará más en América del Norte. Lo que se ha encarecido, afirman, es la petroquímica y México no puede perder esta oportunidad.

Con la bonanza de precios de los últimos años, EU invirtió masivamente en aguas profundas, gas shale y gas natural. Para Comexi, o México se monta en esta ola de inversiones estadounidense o “se le pasará el tren” ante la realidad de este nuevo paradigma, que perfila el fin de la era alcista en los precios de hidrocarburos.

Los opositores a la reforma afirman que se alienta una visión catastrofista para crear clima de alarma nacional. La versión oficial de esta semana habla de una estrepitosa caída en la producción y de importaciones que van al alza que nos colocan en la antesala de tener que importar pronto más de la mitad del consumo interno, sin dejar de mencionar la corrupción y ordeña clandestina de combustibles en los ductos y pipas en el país.

La sociedad mexicana tiene derecho a conocer estas visiones contrastadas, divergentes sobre la realidad energética en México y a nivel nacional. ¿Cuál es el diagnostico verdadero?, ¿cuál la reforma necesaria?

Con el garlito de que no hay que polarizar a México ni promover “un falso debate” algunos se inclinan a que mejor no se dé ninguno. Eso, desde luego, es inaceptable.

¿Cuántos intereses entran hoy en juego, además del interés nacional, ante la perspectiva de una reforma como ésta? ¿En que pensó el poeta y visionario López Velarde cuando escribió aquello de que los veneros del petróleo nos los había “escriturado el diablo”?
26 Julio 2013 04:10:37
Montiel-Versini
Dentro de miles de casos, algunos adquieren relevancia pública por los actores y circunstancias que los rodean

En este momento, miles de casos –en todo el país– se litigan en juzgados y tribunales de lo familiar en procesos tardados, farragosos y oscuros que parecen no acabar nunca y que, al paso del tiempo, terminan por fastidiar la vida de las personas.

Niñ@s y adultos quedan atrapados en conflictos interminables y laberínticos en los que, en no pocas ocasiones, gana el que tiene más influencia, el que mejores abogados tuvo o quien logró hacer valer su condición de poder frente al otro, en tribunales que lo permiten o lo toleran.

Sistemas de justicia familiar en los que los conflictos entre ex parejas se vuelven más acendrados. Lugares donde los que llegan, en un primer momento, tan solo distanciados terminan por desarrollar los odios más profundos.

Circuitos infernales que terminan por trastocar y envenenar la existencia de las personas.

A la espera de que se instaure el nuevo sistema acusatorio y la oralidad como recurso que agilice, entre otras cosas, estos procesos, en lugares como la Ciudad de México, se dirimen más de 100 mil casos, en los que van de por medio, además de sanidades mentales, patria potestad, custodias, manutención, visitas, vínculos familiares y demás asuntos que involucran y determinan la vida de miles de niñas, niños, adolescentes y adultos.

Dentro de los miles, algunos adquieren relevancia pública por los actores y circunstancias que los rodean.

Los casos Góngora-Orozco; Peña Nieto-Díaz Hernández y Montiel-Versini tocan sus puntas por tratarse de individuos que ejercen o han ejercido los más altos cargos de poder en el país.

El caso Montiel-Versini reviste el dramatismo de la madre. a quien se le ha arrebatado la posibilidad, mínima, de ver, tocar y abrazar a sus tres menores de edad.

No sólo es para ella este tratamiento brutal. A los niños Montiel-Versini se les ha impedido ver a su madre, ni un solo día, por los últimos 19 meses. Sin que ningún juez mexiquense lo haya impedido. Sin justificación real para que ocurra. Sin que nadie mueva un músculo siquiera. Todos apostando al disimulo.

El caso Montiel-Versini reclama nuestra atención no sólo por los actores que involucra, sino porque coloca ante nosotros, de nuevo, las distorsiones que se causan por la persistencia de los usos y abusos del poder en México.

Versini es una mujer que no genera demasiadas simpatías, precisamente, por haberse relacionado con un personaje cuyo poder lo hizo competir por la candidatura presidencial y, en el trance, enfrentó uno de los más grandes descréditos de la política nacional. Montiel quedó atrapado en las redes de la disputa. Roberto Madrazo, su contrincante, se encargo de hundirlo acusándolo de corrupción, con elementos en la mano, durante una transmisión televisiva nacional. Reforma publicó, por su parte, informaciones y fotografías que exhibían riqueza y lujos que indignaron a la población. A Versini se le reclama haber sido partícipe del disfrute de una riqueza que debió ser investigada y sancionada, pero que escasamente sólo fue denunciada. Su sucesor y actual presidente de la República, se encargó de cerrar la puerta a cualquier proceso sancionador.

Paga Maude, por extensión también, los efectos del caso Cassez, por su condición de francesa.

Versini vive la pesadilla de no poder ver ni un minuto a sus hijos, mientras que los pequeños crecen lejos de la madre y con el claro signo de la alienación parental. ¿Por qué? Porque el poderoso padre así lo ha decidido. Porque no hay juez en el Estado de México que se atreva a impedir la aberración. Porque nadie interviene. Porque nadie mueve un músculo. Porque todos juegan al disimulo. Porque las cartas que ha enviado al Presidente, a su esposa, al cardenal Rivera y al presidente de la CNDH o han sido ignoradas o devueltas en situaciones anómalas que merecen una investigación.

Cosas graves contó Versini esta semana que tendrían que llevar a la CNDH, por ejemplo, a investigarse a sí misma.

¿Qué explica que las dos cartas, por ejemplo, que fueron enviadas a Angélica Rivera y al ombudsman nacional -a direcciones diferentes- hayan sido devueltas sin contestar pero, ¡juntas!, con los sobres abiertos dentro de un paquete de mensajería de la empresa UPS internacional. El remitente decía Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Enviadas el 25 de febrero. De regreso estaban, el 6 de marzo. Juntas, sin más. A manera de respuesta.

A meses de recibir la carta, hecha la revelación por Versini esta semana la CNDH anuncia que empieza, finalmente, investigaciones por “...presuntas violaciones a los derechos humanos de una mujer que se duele de no poder ver a sus hijos en casi 19 meses, al parecer por obstáculos diversos que presenta el Estado mexicano”.
28 Junio 2013 04:10:04
Los ex gobernadores
Los escándalos desatados en las últimas semanas por temas de corrupción, que involucran a figuras que han desempeñado responsabilidades de alto nivel político, como los gobiernos de los estados, exhiben, crudamente, una de las más grandes fallas de la llamada transición política mexicana: la debilidad o, en su caso, la franca ausencia de contrapesos y vigilancia a la hora de ejercer el Poder Ejecutivo en los estados de la República.

Virreyes, les llaman algunos a los gobernadores para dar cuenta del fenómeno que se gestó y que dotó –como en su momento los tuvo el Ejecutivo federal– de poderes metaconstitucionales y autoritarios, como herencia viva del viejo régimen, a los gobernadores. “Autoritarismo descentralizado”, se le oyó decir, algún día, a Porfirio Muñoz Ledo para referirse al tema.

En un casi equilibrio político, los casos más sonados se refieren a tres ex gobernadores de partidos diferentes: Andrés Granier, del PRI; Luis Armando Reynoso, del PAN, y Juan Sabines, postulado por el PRD, y se agregan ahora los nombres de Fidel Herrera Beltrán y José Murat, según denuncia presentada en la PGR.

Granier llegó a la cárcel federal en el DF, pero sigue siendo reclamado por Tabasco. Acusado por delitos en ambos fueros, el ex gobernador enfrenta cargos por desfalco al erario, lavado de dinero y otras acusaciones.

Reynoso Femat ha promovido amparos contra la orden de aprehensión en su contra por delitos y peculado por 13,800,000 de pesos.

Revelaciones periodísticas exhiben propiedades e inversiones que involucran también a su hijo y al amigo de su hijo, en algo a lo que le urge una averiguación ministerial.

En el caso del ex gobernador Sabines, diversos medios han dado cuenta de irregularidades en el uso de dinero público durante su mandato. El caso de la adquisición de reactivos médicos para pruebas de VIH que, de haber sido comprados y aplicados, en realidad, habrían cubierto a la población entera de Chiapas, EZLN incluido, lo cual no sólo no sucedió sino que resulta totalmente inverosímil como gasto público, es sólo uno de ellos.

Lo de Sabines ya trascendió a los medios y el tema ha llegado a la PGR.

Esta semana el abogado Horacio Culebro Borrayas presentó un voluminoso expediente con decenas de facturas a nombre del gobierno de Chiapas, decenas de facturas expedidas por cuatro constructoras: Goli, Moraza, Alzurio y del Sureste, que fueron beneficiadas con obras públicas en contratos millonarios.

El abogado presume –y así lo presenta en su denuncia formal- que las constructoras mencionadas son controladas de los ex gobernadores José Murat, de Oaxaca, y Fidel Herrera Beltrán, de Veracruz. La presunción es que estas empresas, junto con otra de nombre Pakal, relacionadas con los ex gobernadores de Oaxaca y Veracruz, recibieron, por asignación directa, los contratos por intervención de Sabines.

Noticias MVS tiene el mismo expediente que fue entregado a la PGR e iniciará su propia investigación.

En el caso de Murat, ha respondido en llamadas -fuera del aire- al noticiero matutino, afirmado que él no tiene ni ha tenido constructora alguna en propiedad.

La Procuraduría estará obligada a investigar lo que Culebro Borrayas ha dejado en poder de la PGR y de los periodistas que han hablado con él.

Entre los papeles que el abogado entregó se encuentran estados de cuenta bancarios de HSBC en copia simple.

En su comparecencia, el denunciante le pidió a la PGR que solicite al SAT que informe si estas constructoras “... están dadas de alta en el fisco y si cubrieron impuestos fiscales correspondientes, además que se investigue a quién o a quiénes se le hacía cheques, depósitos o transferencias bancarias que están especificadas en dichos estados de cuenta”.

También pide que se solicite a SCT y a la Secretaría de Infraestructura de Chiapas que “verifiquen si se realizaron dichas obras o éstas no se realizaron, ya que se tiene visto y entendido que, de dichas obras, algunas no se completaron y otras definitivamente no se hicieron, y que una vez que se encuentren debidamente comprobadas las aseveraciones que me permito hacer se consigne al juez penal correspondiente”.

El caso en el que se involucra a los ex gobernadores Sabines, Herrera y Murat es de grandes dimensiones. Probablemente de mayor alcance que los de Granier y Reynoso juntos, no sólo por el monto de los contratos involucrados: 123 obras por asignación directa por un monto global de 1’829,235,938.32, sino por la presunción de una acción concertada entre esos tres ex gobernadores.

14 Junio 2013 04:10:36
Hay clases sociales
Por cada persona de ‘clase alta’ hay 49 que pertenecen a la ‘baja’, según encuesta

La descomunal desigualdad que existe en México quedó retratada, crudamente, en el más reciente informe del INEGI publicado esta semana.

La inusual clasificación por clases sociales que hizo el organismo nos dice que si bien se incrementó el porcentaje perteneciente a la clase media –de 35 a 39%–, la base mayoritaria de la población está asentada en la denominada clase baja, con más del 59 por ciento.

Los pudientes, en el pico de la pirámide, alcanzan apenas un 1.7% de la población, para dar cuerpo a la llamada clase alta.

El informe del INEGI, primero en su tipo, muestra la evolución de los indicadores socioeconómicos de los últimos 10 años y tiene como propósito arrojar luz, sobre la composición de las clases sociales y, en particular, de las clases medias en México.

Con los criterios del estudio, en un hogar tipo de la clase media mexicana, lo más probable es que se cuente con al menos una computadora, que se erogue al trimestre alrededor de 4 mil pesos en comidas y bebidas fuera de casa; que algún miembro de la familia tenga por lo menos una tarjeta de crédito; que alguien de la familia trabaje en el sector formal de la economía y que esa familia tenga por lo menos un miembro que haya cursado estudios de bachillerato.

Basada en la encuesta de ingresos-gastos de 2000-2010, la investigación revela que por cada persona de “clase alta” hay 49 que pertenecen a la “baja”. La desigualdad que se revela es una de las más profundas que se registran en el panorama mundial.

Resulta curioso que el mismo día que se presentó este informe, también se desarrollaba un Foro internacional sobre los desafíos de las políticas tributarias en el que se hablaba del caso de México. Los especialistas pusieron el acento, precisamente, en la necesidad de políticas fiscales cuya vocación –más que recaudatoria– sea redistributiva. Las cifras del INEGI no dejan lugar a dudas de que para México es un imperativo disminuir estos abismos sociales.

El actual diseño económico, fiscal y distributivo del país resulta por demás inoperante.

A partir de la década de los noventa, México se convirtió en una fábrica de multimillonarios, quienes nutren las páginas de la revista Forbes y muestran el rostro de un país desigual e inequitativo. Ellos son los que están en la punta más alta de la pirámide y quienes concentran, en mayor medida, el ingreso y riqueza que se genera en nuestro país. Son la "clase alta" de la “clase alta”.

Las más grandes fortunas se han amasado a partir del usufructo de algún bien, patrimonio o espectro del Estado mexicano. Los más ricos de México, que lo son también del mundo, son aquellos que explotan telecomunicaciones, minas, carreteras, industria petrolera, etcétera.

La reforma fiscal que discutirán en el Pacto y/o en el Congreso, necesariamente, tiene que contemplar un propósito redistributivo. Si se plantea sólo como un conjunto de medidas para impulsar el crecimiento económico o su diseño satisface sólo los afanes recaudatorios de un gobierno, estaremos ante una reforma que desde el principio resultará fallida.

Cepal enlistó varios puntos clave para el debate en México.

Sobre el IVA general, incluyendo alimentos y medicinas, dice que sería abiertamente regresivo y afectaría a los más pobres del país. Pero que, si se aplican medidas suficientes para compensar a los más pobres, podría aprovecharse la eficacia recaudatoria de un impuesto general. De ahí podría obtenerse aproximadamente 2% del PIB.

Cepal analiza también el tema de los subsidios a las gasolinas. Considera que el beneficio sólo alcanza a clases medias y altas, fundamentalmente porque ahí están los coches.

Uno de los datos más reveladores del estudio de Cepal se refiere a lo que representa para México la política complaciente y de privilegios que prevalece en el actual diseño fiscal.

El organismo de Naciones Unidas calculó casi en un 6 por ciento del PIB lo que México deja de recibir por privilegios, exenciones, condonaciones y demás mecanismos. Los 3 mil millones perdonados a Televisa hace unos días pudieran estar contemplados en ese cálculo final.
31 Mayo 2013 04:10:21
Niñ@s y jóvenes: sueños rotos
Al momento de escribir estas líneas, la información sobre los jóvenes que fueron levantados, secuestrados o desaparecidos en un bar de la Zona Rosa –de esos que son llamados “after” y que operan en las madrugadas y más allá del amanecer– es más bien escasa y contradictoria. Lo único consistente es que familiares y vecinos hicieron un bloqueo vehicular para llamar la atención de medios y sociedad sobre lo sucedido con estos –por lo menos 11– muchachos. Desde luego que lo lograron y qué bien que haya sucedido.

En un país centralista como éste, el hecho de que el evento haya ocurrido en un lugar conocido de la capital del país lo ha dotado de relevancia nacional. Todos esperamos que sean encontrados pronto y con vida.

Hay asuntos que ocupan otros espacios y merecen otros grados de nuestra atención.

Los secuestros de los que son víctimas migrantes en la ruta del tren, por ejemplo, donde jóvenes mexicanos y centroamericanos son robados, extorsionados o enrolados involuntariamente en el sicariato, están afectando a jóvenes y adultos sin que haya algo que realmente lo impida. Jóvenes mujeres privadas de su libertad –en la misma ruta– para ser convertidas en mercancía sexual en cantidades también indeterminadas son parte de lo que ocurre cada día en territorio nacional.

En Michoacán, tierra vuelta a tomar por los militares frente al palmario fracaso de Felipe Calderón, se han registrado 600 desapariciones forzadas, 128, sólo en los dos últimos años, según información proporcionada por el Comité de Familiares de Personas Detenidas –Desaparecidas en México “Alzando Voces” y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos. Un número importante de esas desapariciones de oriundos de Michoacán ocurrió en otras entidades de la República. Según denuncias en el estado, muchos de los reportados son jóvenes desaparecidos.

Dentro de las listas locales y federales que registran las desapariciones, también abundan los nombres y edades de mujeres y hombres de muy corta edad.

De la inmensa lista, no depurada, que tiene en sus manos el Gobierno federal sobre desapariciones, se pueden ver nombres, edades y algunas circunstancias de su desaparición. El acercamiento a ese universo de datos y dudas arroja algunas luces sobre los rangos y las edades.

Si uno mira los cartelones que muestran madres y padres de quienes están desaparecidos, que con marchas y huelgas de hambre han logrado la creación, finalmente, de una unidad especializada en la Procuraduría, asoman las fotos de jóvenes y algunos que parecen niños. Muchachas quinceañeras, jovencitos con su toga de graduados o los que sonríen en el abrazo de amistades o familia en el marco de una fiesta. Los rostros cansados de quienes portan esos cartelones contrastan con las sonrisas frescas de quienes han desaparecido. Los sueños rotos de familias enteras.

El “Semanario Zeta” de Tijuana publicó recientemente un reportaje: “Jóvenes en redes de cárteles”, en donde habla del crecimiento acelerado de menores de edad relacionados con el crimen organizado: “...Entre 2007 y 2012 la captura de menores de edad por delitos contra la delincuencia organizada creció en un 100%, de 806 a mil 604 en todo el país”. El dato resulta apenas botón de muestra de las dimensiones que puede tener en México la incursión voluntaria o forzada de menores en delitos y criminalidad, dado que se trata sólo de aquellos que en algún momento resultaron detenidos.

Rosario Mosso y Cristian Torres, autores del reportaje, reproducen el siguiente testimonio:

“...para poder mantenerme me puse a trabajar como tirador de globos de cristal y esto lo hago desde que tenía como 6 o 7 años de edad”, declaró “El Morro”, adolescente de 16 años detenido tras su participación en el asesinato del hijo del dueño del bar Ruta 6, ubicado en la calle Sexta de Tijuana... Las autoridades apenas y voltearon a verlo, formaba parte de los 130 a 150 menores de edad detenidos en Tijuana por estar implicado en algún tipo de delito”. Uno más de los cientos de casos de jóvenes reclutados por el crimen organizado. En el extenso reportaje se puede leer: “los adolescentes son carne de cañón, traficantes y matones desechables, una tropa de descartables cuyo reclutamiento le reditúa dinero y ahorro en recursos a los cárteles y sus 47 células delictivas en Baja California”. Todos los grupos reclutan niños y tienen su pequeño ejército de menores de edad, dicen, sin más, autoridades estatales y municipales. Las bajas penalidades a los menores alientan a los criminales a reclutar cada vez más jóvenes de esas edades. En Baja California se informa de un repunte en el reclutamiento tan sólo en los últimos 18 meses.

¿De qué tamaño es la tragedia?

Los mejores años, los mejores cuerpos y los mejores sueños de no sabemos cuántos jóvenes y niños han quedado atrapados en una gigantesca burbuja de impunidad.

¿Cuántas de ellas y ellos estarán hoy viviendo –víctimas o partícipes– en los circuitos del criminalidad?
17 Mayo 2013 04:10:31
Reforma política
Una nueva reforma política “definitiva” se aproxima para ser discutida en el Congreso y producir los nuevos lineamientos para organizar, regular y sancionar las competencias político-electorales en el país.

La clase política y el Congreso harán el recuento de las irregularidades, de las prácticas permitidas y no permitidas que generaron más conflictos, enconos e impugnaciones durante las contiendas por el poder en los comicios más recientes.

Se dirá que, con estas modificaciones a la ley, no volverán a ocurrir las cosas que sí ocurrieron en la elección anterior.

Se rediseñarán los mecanismos de competencia; se abrirán algunas puertas, se cerrarán algunas ventanas y, como es previsible, se volverán a dejar las suficientes rendijas para volver a empezar.

La habilidad e imaginación para sortear leyes y prohibiciones y tomar ventajas indebidas frente a los demás competidores en las disputas por el poder desde la vía electoral ha sido el nombre del juego y la condición previa a múltiples reformas que se han cocinado en el país por ya un buen número de años.

La notable evolución en leyes y preceptos modernizadores de los últimos años es innegable. De los tiempos en que ser oposición estaba proscrito y podía significar cárcel o hasta la muerte, a los tiempos de hoy en que se discute cómo reglamentar las candidaturas independientes o si es deseable una segunda vuelta para la elección presidencial, han pasado muchas reformas. A pesar de ello, nadie puede decirse satisfecho –ni en lo federal ni en lo estatal– sobre las condiciones actuales para la contienda.

Fraudes y marrullerías se han sofisticado en algunos casos. El “Monexgate” marcó un grave precedente –no sancionado– del levantamiento de una estructura paralela para la obtención y dispersión de recursos millonarios –de origen desconocido– que fueron triangulados y ocultados a través de empresas fachada, con prestanombres y triangulaciones, desde la cual se impulsó la candidatura presidencial del PRI.

Otros mecanismos perversos se mantienen intactos como si nada hubiera pasado desde los tiempos más viejos de la política. A la vista, el “Caso Veracruz”.

Será interesante ver cómo se resuelve la tensión que ha generado la maquinaria del “Pacto por México”, con quienes tienen la representación formal para formular y aprobar leyes.

Con motivo del escándalo por la utilización de los programas sociales para favorecer ilegalmente las campañas veracruzanas se adelantaron los tiempos para impulsar una nueva reforma política. Quedó eso como una de las condiciones del PAN y PRD para no pararse de la mesa. Sin embargo, la disputa de liderazgos dentro de los propios partidos y la defensa del Congreso de su papel y representatividad han hecho que los grupos parlamentarios de estos dos partidos anuncien que –independientemente de la propuesta de consenso que se anticipa del Pacto– ellos impulsarán su propia agenda para una reforma política.

Han adelantado que contendrá 30 puntos. Es de esperarse que varios sean coincidentes con los que planteen los del Pacto por México, si es que no se pliegan a la propuesta que ahora procedería desde el Congreso.

Varios de los puntos apuntan a sancionar algunas de las prácticas de abuso más ostensibles que se dieron durante los comicios pasados.

La propuesta bipartidista plantea: la pérdida de la candidatura y registro por rebasar topes de campaña; la revocación de concesiones en radio y televisión a quien intervenga ilegalmente en las campañas; sanciones penales por propaganda o publicidad encubierta; fiscalización anticipada y durante las campañas de candidatos y partidos en competencia; sanciones graves y nuevas tipificaciones ante la compra y coacción del voto, etcétera.

Se propone, también, la segunda vuelta para elecciones presidenciales, reelección de legisladores y eliminación del fuero presidencial.

Los senadores, panistas y perredistas, les madrugaron a los firmantes del Pacto –o por lo menos eso parece– y adelantaron que buscarán también una fiscalía anticorrupción y una Fepade independiente.

El PAN, por su parte, ha lanzado la idea de crear un organismo electoral centralizado para llevar a cabo las tareas de organización de todas las elecciones en el país, habida cuenta de la crisis de autonomía y desempeño de los órganos electorales en el país. Muchos pros y otros tantos contras tiene la idea.

Independientemente de quién lleve a batuta o la iniciativa, lo que está en claro es que está en ciernes una nueva reforma electoral.
03 Mayo 2013 04:10:53
Día de la Libertad de Prensa
Hoy el mundo conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, y México tiene ante sí una tragedia.

El periodo de intimidación, agresiones y muerte contra periodistas y medios de comunicación se ha prolongado por demasiado tiempo.

Difícil es identificar el momento preciso en que empezó y difícil será saber cuándo, el momento en que parará.

Periodistas asesinados, amenazados y perseguidos son parte del retrato de un país que sigue inmerso en una espiral de violencia y de impunidad.

Apenas hace unos días Artículo 19 dio a conocer la amenaza que, por escrito, echaron por debajo de su puerta. Darío Ramírez, su director, anunció que habían solicitado medidas cautelares para su protección.

También hace unos días, la revista “Proceso” informó sobre las amenazas recibidas contra el periodista Jorge Carrasco, quien no sólo ha informado sino que ha colaborado también como coadyuvante en las investigaciones sobre el asesinato de su compañera Regina Martínez, corresponsal en Veracruz de la revista. A un año del crimen de Regina se concluyó un proceso judicial cuyas irregularidades y sentencia inverosímil han sido denunciadas por “Proceso” y por el propio Carrasco.

Uno de los principales problemas es que nos hemos acostumbrado. Nos hemos acostumbrado a ciertas cosas.

A notas e informaciones que medios publican pero que lo hacen sin firma, para proteger a sus reporteros.

A periodistas que salen de sus estados, como en Veracruz, para no seguir siendo amenazados.

A periodistas que pierden sus trabajos por decir cosas.

A la existencia de colegas que han tenido que recurrir a medidas de protección extremas para resguardar su integridad física. Lydia Cacho, Anabel Hernández o Ana Lilia Pérez son algunos de estos nombres.

A periodistas que desaparecen como Gerardo Padilla Blanquet en Coahuila, esta misma semana.

Nos hemos acostumbrado. Malamente nos hemos acostumbrado a estas cosas.

Los ataques contra la prensa no sólo se registran en casos individuales de periodistas.

Las agresiones impunes se dan también contra los medios, en sus instalaciones y también contra sus directivos.

Uno de los grupos de comunicación más importantes e influyentes del país, el Grupo Reforma, ha sido víctima de diferentes ataques. No sé si he perdido la cuenta, pero son por lo menos 6 o 7 los ataques directos a sus instalaciones. Uno de esos ataques se realizó hace apenas unas semanas, cuando fueron lanzados dos explosivos contra las instalaciones del periódico Mural en Zapopan.

El propio presidente del Grupo Reforma, Alejandro Junco de la Vega, ha sido sujeto de amenazas directas que también han sido denunciadas y, como en todos los demás casos, no han sido esclarecidas.

Autoexilio, autocensura e incertidumbre forman parte de este clima. Apenas hace unos días los periódicos Zócalo, en Saltillo, Piedras Negras, Acuña y Monclova, anunciaron que dejarán de publicar información sobre el crimen organizado. Ante las amenazas recibidas y para proteger vida e integridad de sus más de mil trabajadores, directivos y sus familias, el Consejo Editorial del rotativo anunció que: “en virtud de que no existen garantías ni seguridad para el ejercicio pleno del periodismo, se decidió abstenerse de publicar toda información relacionada con el crimen organizado”. En su editorial de cuatro párrafos, no abandona la esperanza de que “la auténtica paz reine pronto en nuestra querida patria”.

Otros periódicos como “El Imparcial”, y “El Mañana” de Nuevo Laredo, han tomado decisiones en el mismo sentido y así se los han informado a sus lectores y nosotros nos hemos acostumbrado.

A pesar de que en algunos casos de los que parecen más graves se ha tenido intervención de las autoridades, eso tampoco ha frenado las agresiones.

“El Siglo de Torreón” lleva en su haber varios ataques. El último también hace unas semanas, cuando un grupo armado disparó contra sus instalaciones. Se llegó a decir que el ataque no era contra el periódico sino contra los policías federales que las resguardaban al periódico.

Freedom House, en su reciente informe global, destaca sobre México: “...los altos niveles de violencia e intimidación contra los medios de comunicación”. Estamos considerados dentro del grupo de países en donde la libertad de expresión está bajo amenaza.

Hoy que el mundo conmemora el 20 aniversario de la instauración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, es buen momento para decir que México deberá tomarse más en serio este asunto. Aquí se mencionaron algunos de los casos más conocidos en una lista que lejos está de ser exhaustiva.

En ésta y en cualquier otra fecha debemos insistir en que atentar contra la libertad de expresión y de prensa es atentar contra los derechos y libertades fundamentales de la sociedad entera. (*Fragmento del discurso de aceptación de la medalla de la Legión de Honor de la República Francesa).
19 Abril 2013 04:10:45
Bomba política
El PAN ha dado un violento golpe de timón en su relación con el PRI y con el Gobierno federal. Ha hecho tambalear el Pacto por México y ha dejado puesta la primera gran bomba política del sexenio del PRI, con Enrique Peña Nieto en la Presidencia de México.

En conferencia de prensa –junto con el ex candidato Miguel Ángel Yunes al Gobierno de Veracruz y los coordinadores parlamentarios Cordero y Villarreal– Gustavo Madero presentó, este miércoles, un conjunto de grabaciones que muestran a funcionarios y ex funcionarios de los tres niveles de gobierno, y a candidatos y representantes del PRI, como parte activa en por lo menos ocho reuniones del llamado “Grupo Boca del Río”, realizadas entre el domingo 3 de febrero y el domingo 7 de abril del año 2013, durante las cuales organizan y evalúan durante horas las estrategias y procedimientos para la utilización masiva de las estructuras, recursos, padrones de beneficiarios y demás elementos de los programas sociales del Gobierno federal como Oportunidades o el Seguro Popular.

En las reuniones en las que participan poco más de 50 personas, entre ellas Fidel Herrera, y que fueron grabadas por alguna persona que se encontraba en la primera fila –a juzgar por el espacio libre que hay entre el receptor de imágenes que se encuentra oculto y el presidium– se escuchan las voces de quienes conducen lo encuentros, leen lista de presentes, dan la palabra y presentan por nombre a los oradores.

El PAN tiene en su poder 13 horas de grabaciones de las cuales aproximadamente dos horas y media son con video y el resto solo registran el audio del lugar.

Se escuchan afirmaciones y conductas que violan flagrantemente la ley y dejan al descubierto el uso franco y llano de recursos gubernamentales puestos al servicio del PRI para las elecciones que se realizarán el próximo mes de julio en el estado de Veracruz.

La evidencia es demoledora y deberá traer consecuencias.

El viraje que da el PAN esta semana con las revelaciones coloca a Enrique Peña Nieto en una encrucijada.

El dirigente del PAN le echa en cara, en una misiva que le envió e hizo pública, que: “Los compromisos democratizadores y reformadores ...del Pacto por México...no se están acatando ni por los funcionarios federales de su gobierno ni por los gobernadores de los estados donde gobierna su partido.

“Cada día, tenemos más evidencias de que en los 14 estados donde se llevarán a cabo elecciones este año se están utilizando estructuras, recursos y programas federales para impulsar a candidatos del PRI.

“Es el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada por Rosario Robles, y del Gobierno del Estado de Veracruz representado por Javier Duarte...”.

Con las grabaciones en la mano el PAN le pide a Peña que:

Integre la PGR la averiguación por la denuncia penal que ya presentaron contra funcionarios federales y estatales; que se separen de sus cargos a Robles y Duarte; que se destituya a los funcionarios federales involucrados; que se destituyan a los delegados federales, operadores políticos encargados de los programas sociales y de salud; que Sedesol suspenda las bajas de beneficiarios en los programas de apoyo social, hasta que se transparente su uso; que la SHCP investigue las cuentas de cheques de los gobiernos de los 14 estados, en particular una mencionada del gobierno de Veracruz, radicada en Puebla, y que se convoque a una mesa con los tres presidentes de los partidos para dar seguimiento a denuncias sobre uso indebido de programas y recursos federales.

Al momento de escribir estas líneas, sólo se había destituido a seis de los funcionarios de Sedesol involucrados en el Caso Veracruz y sólo habían “separado de su cargo” a Ranulfo Márquez, hoy delegado de Sedesol y hasta hace dos años presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y operador político electoral en las campañas de Miguel Alemán y Fidel Herrera para gobernador. ¿Sabía eso Rosario Robles de su delegado en Veracruz, al que solamente retiró del cargo pero no destituyó y mucho menos denunció, en medio del escándalo?

Aunque fuerte, la bomba del PAN no logró revertir los efectos causados desde las esferas gubernamentales y de justicia, que asestaron fuertes golpes a las actuaciones del sexenio anterior. La sentencia absolutoria a Noé Ramírez Mandujano, la liberación del general Tomás Angeles Dauahare y los cuatro amparos para MVS se suman a la liberación de Cassez y el encarcelamiento de la aliada política de Calderón, Elba Esther Gordillo; colocan ante la opinión pública al gobierno de Felipe Calderón como una gestión corrupta, ineficiente y digna de ser repudiada.
05 Abril 2013 04:10:40
Comercio de armas
La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó este martes el primer Tratado global sobre Comercio de Armas. No es poca cosa el asunto.

Se trata del primer instrumento, jurídicamente vinculante, con reglas básicas para el comercio internacional de armas convencionales, que incluye armas pequeñas y municiones.

La votación ha sido calificada como histórica. México jugó un papel relevante.

El documento, de 15 páginas, establece los criterios y obligaciones entre los países que venden armas y los que las compran en un mundo que gasta 70 mil millones de dólares al año en este tipo de armamento. La cifra, claro, se toma con reserva porque se da por sentado que hay una cifra real oculta. Quienes venden y quienes compran armas no son muy afectos, que digamos, a informar sobre sus transacciones.

Falta ver cómo se aterriza, con futuros mecanismos, lo que en el Tratado se establece como las principales restricciones para la venta. El país vendedor deberá abstenerse de realizar la venta si tiene conocimiento o indicios de que las armas, municiones o componentes en cuestión se utilizarían para cometer o provocar actos de genocidio, crímenes contra la humanidad o bien ser desviadas para el uso de la delincuencia organizada o el terrorismo. Vamos a ver qué mecanismos y supervisiones se establecen para determinar cuándo un país es sospechoso de que las armas que pretende comprar podrían ser usadas con tan aviesos propósitos.

Lo relevante del asunto es que se establecen los criterios generales y los principios jurídicos vinculantes que pretenden regular en todo el mundo el comercio de las armas, colocando como centro los derechos humanos.

Después de ganar la votación, se abre a firma de los gobiernos a partir del 3 de junio y vienen después los mecanismos de ratificación de los países. Ahí se pueden ir otros dos años.

Estados Unidos, el principal comerciante de armas en el mundo, votó a favor a pesar de que la poderosa Asociación Nacional del Rifle se opuso y anticipó que hará lo necesario para evitar que sea ratificado en el Congreso.

Hace unos días, el Tratado parecía entrar en una recta de descarrilamiento cuando los tres países que votaron en contra –Siria, Corea del Norte e Irán– evitaron, durante la conferencia preliminar para el borrador del documento, el consenso que permitiera su aprobación. El embajador Juan Manuel Gómez Robledo, jefe de la delegación mexicana, contó que fue México quien propuso abandonar la idea del consenso para que el Tratado fuera sometido a votación. La utilización del consenso, si bien práctica común en Naciones Unidas, no es algo que se encuentre establecido, en ningún lado, como una práctica obligatoria. Quedó casi como parte de los usos y costumbres a raíz de una iniciativa promovida por Estados Unidos hace algunos años pero que, en esta ocasión, fue liberada para dar paso a una votación que abrió la puerta al pleno de la Asamblea. Ahí fue aprobado por 154 naciones, con el voto en contra de los tres mencionados y con 24 abstenciones. Las primeras informaciones hablaban de 23, pero después se corrigió un voto. Venezuela marcó a favor de forma equivocada y después solicitó corregir para manifestar su abstención. Se sumó a los países del Alba sin aprobar ni rechazar el Tratado. China y Rusia, dos de las potencias productoras de armas, también optaron por la abstención.

No se necesita mucha ciencia para saber por qué los tres que votaron en contra lo hicieron así. Corea del Norte y Siria ya cargan, de por sí, con sendos embargos de armas por el tema nuclear. Siria envuelta en una espiral de revueltas, protestas y represión sería seguramente sujeto, inmediato, a prohibiciones para adquirir armamento convencional.

Varios organismos de derechos humanos han emitido comunicados para subrayar la importancia de la votación.

Amnistía Internacional afirma que cada año mueren en el mundo cerca de 500 mil personas en hechos de violencia armada. Se calcula que circulan 875 millones de armas de fuego a las que se suman entre 8 y 10 millones de armas nuevas cada año.

Si entra en vigor el Tratado, habrá sucedido algo importante. La monstruosa cantidad de armas que circulan y con las que se cometen todo tipo de crímenes y la ausencia de parámetros mínimos para su comercio global bajo la perspectiva de los derechos humanos, hasta ahora, es motivo suficiente para dar la bienvenida al Tratado.
22 Marzo 2013 04:10:14
En un año
Cuando empiece a correr diciembre de 2013, se habrá cumplido el primer plazo establecido por Enrique Peña Nieto para poder evaluar el alcance de las acciones de su gobierno en materia de crimen y violencia.

En un año, a partir del inicio de su gobierno, se podrá contar con un primer balance sobre los resultados de su estrategia para enfrentar al crimen organizado y hacer “cortes de cómo vamos en esta estrategia”, dijo al concluir su visita a Roma.

Por lo pronto, en los primeros 100 días de gobierno, la dinámica del sexenio anterior continúa prevaleciendo. El volumen de ejecuciones y violencia en el país se mantiene al mismo ritmo que los años anteriores.

El semanario “Zeta” de Tijuana –que llevó, puntualmente, el conteo de las ejecuciones en el sexenio pasado– confrontó, nuevamente, los informes del Sistema Nacional de Información, con los de las procuradurías y secretarías de Seguridad estatales y otras fuentes. El estudio arrojó el primer dato duro del sexenio: el número de ejecuciones relacionadas con el tema del crimen organizado (“ejecuciones”, “enfrentamientos”, “homicidios-agresiones” y “ajustes de cuentas”) alcanzó en el primer trimestre la cifra de 4 mil 549 muertes en contextos de violencia extrema.

El análisis de las cifras que hace “Zeta” destaca otro dato preocupante: la nueva administración muestra mayor reticencia que la anterior para mostrar información. El desfase entre lo que informan las procuradurías estatales y lo que ofrece el sistema informativo federal es todavía más acentuado que en revisiones anteriores.

En el caso de Baja California, por ejemplo, el registro estatal es de 59 ejecuciones, mientras que el sistema federal sólo da cuenta de 15.

Se requiere una explicación de por qué el Sistema Nacional de Información reporta menos homicidios que las procuradurías. Sería bueno no tener qué esperar un año para saberlo.

Si el Gobierno de Peña Nieto no instrumenta, con rapidez y eficacia, una estrategia de combate al crimen, reducción de violencia, abatimiento de la impunidad y recomposición del tejido social con respeto pleno a los derechos humanos, podríamos tener como escenario la continuación de lo que “Zeta” ha llamado “la hecatombe” del sexenio pasado. Con la metodología del semanario, hoy podemos tener un acercamiento al tamaño de la catástrofe. En seis años: 83 mil ejecuciones.

Hay disponibles otros insumos de información que vienen de fuera. A principios de semana se presentó el primer estudio sobre México realizado por International Crisis Group (ICG) –una Organización No Gubernamental, con financiamiento mixto, creada en 1995 y dirigida para la resolución y prevención de conflictos armados internacionales y quien decidió incorporar a México en el universo de conflictos observados a nivel internacional. Actualmente ICG monitorea más de 60 conflictos internacionales.

En su reporte: “El desafío de Peña Nieto: los cárteles criminales y el estado de derecho en México”, señala que si bien México es la décimo cuarta economía a nivel mundial, también presenta uno de los peores casos de violencia registrados a escala global.

Establece dos ejes para lo que denomina como el “desafío titánico que México enfrenta”: primero, el terreno de presión para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y, segundo, el imperativo para reducir los homicidios, secuestros, extorsiones y demás crímenes asociados ahora también a los cárteles de las drogas.

El punto de partida para reconocer la realidad mexicana y delinear una estrategia para resolverla parte del reconocimiento de “...la existencia de grupos delictivos sin ideología que, sin embargo, son capaces de controlar algunas áreas y desplegar grupos militarizados”. La actividad de estos grupos ha trascendido al tráfico de drogas y se han diversificado y fortalecido de tal manera que pueden enfrentar a las Fuerzas Armadas con sus propios grupos armados.

Peña Nieto y su gobierno tienen un desafío monumental. Trasciende al propio territorio mexicano. Centroamérica, por ejemplo, ha sido impactada enormemente en los últimos años. Hace un lustro, en la ruta de la cocaína, ahí se almacenaba el 20% antes de llegar a EU. Hoy el 80% se almacena en la zona y luego es enviado a México a través de “trabajo esclavo” de migrantes, sobre todo hondureño y guatemalteco.

Tiene frente a sí la responsabilidad de contestar y resolver preguntas como las que se formularon los presentadores del informe de ICG: “¿Cómo un país que es la 14 economía del mundo y tiene una sociedad sofisticada convive con una violencia tan severa?”.

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