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Vicente Bello
Vicente Bello
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25 Marzo 2017 04:00:00
Pretenden Peña, PRI y PAN “la claudicación del poder civil ante el Ejército”
En lo que va del año no se había escuchado, en la tribuna del Senado, tanta enjundia. El senador del Pvem Juan Gerardo Flores Ramírez había solicitado al Pleno que pida a la Conago una opinión sobre la Ley de Seguridad Interior, lo que en la práctica no sería más que un espaldarazo a lo que, en conciliábulos, negocian priístas, panistas y pvemistas con gente de la Presidencia de la República.

Turno de la senadora invicta Layda Sansores San Román: “Hace 100 años, Francisco José Mugica, Constituyente de 1917, alertó sobre los peligros del militarismo en México. Decía textualmente: ‘A primera vista no significa una amenaza a la tranquilidad pública, pero se convierte indefectiblemente en un desquiciamiento corriendo el tiempo. Creyéndose privilegiados, el poder militar termina por despreciar al poder civil’. Mugica era general y sabía de qué hablaba”.

Layda continuó: “Peña no lee. Quien leyó bien a Mugica fue el general Cienfuegos; en el desayuno de fin de año con los comunicadores, dijo claro y de una manera inusual, pero necesaria: ‘Nosotros no pedimos estar aquí, no estamos a gusto, no estudiamos para perseguir delincuentes, se está desnaturalizando nuestra posición. Estamos haciendo funciones que no nos corresponden”.

La Sansores fueteaba con rigor el lomo de los priístas y el lomo encallecido de Peña Nieto: “¿Por qué insistir en una Ley de Seguridad Interior? Señores, por dos cosas. Una, es la respuesta inequívoca de un Presidente débil, arrodillado, rehén de la delincuencia y de su propia corrupción. Y lo que hace, pues, es cumplir con compromisos inconfesables que le dictan en inglés fuerzas extranjeras”.

Entonces Layda también descerrajaba a Felipe Calderón un fuetazo entre ceja, oreja y… “Cuando Calderón declaró una guerra que no pedimos, y esa sí es una falta de respeto, una falta de respeto al Ejército, porque los pusieron a hacer tareas de policías para lo que no estaban preparados y que no querían. Cuando Calderón lanzó a las calles al Ejército, se dijo que era una medida temporal, y hoy vuelven a decir que será temporal”.

No hay un priísta que aprecie a Layda… aparentemente. La escuchan en serio. Siguió: “Si es temporal ¿Por qué manosear la Constitución? Aprobar una Ley de Seguridad Interior es legitimar un Estado de excepción, es sentar las bases para un proceso de militarización, es dotar de un marco legal a lo ilegal para justificar la actuación de soldados como policías, es darle un marco legal a la dictadura”.

Entonces Layda se fue a la raíz del desmadre que azotó al país la semana pasada: Una declaración de López Obrador, una reacción inédita de la Secretaría de la Defensa Nacional y miles de aullidos haciéndose de ecos de un posicionamiento barbotado en la Secretaría de Gobernación.

Layda Sansores insistió: “Hay una caterva de aduladores que critican a López Obrador, pero no saben ni de qué lo critican, que por lo que dijo, pero no saben qué dijo.

“Él habló, no contra el Ejército, que ha expresado sus respetos al Ejército como institución, habló de la violación a los derechos humanos que todos reconocemos y que aquí, cuando sale también en una campaña espectacular que se ha desatado, sale el encargado de los asuntos de derechos humanos en la Sedena, dice: ‘Que le demuestren cuándo el Ejército no ha castigado a alguien que haya violado los derechos humano’.

“Pues, yo digo que vaya y le corrija la plana a la Comisión Interamericana, a la ONU, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo de Tlatlaya, las instituciones sumarias, los índices de calidad no tienen justificación.

“Y en lo de Ayotzinapa, ahí sigue en pie. Claro que en Ayotzinapa tuvieron responsabilidad, antes, durante y después, y que me expliquen cómo es que la Sedena le regaló un terrenito al señor Abarca para que hiciera una plaza enfrente del Batallón 27.

Dijeron y mintieron que no habían salido a la calle, y no es cierto, estuvieron en el Hospital Cristina, y después ellos se hacen, controlan el C-4, el Centro de Inteligencia, pero no se dieron cuenta, ni dieron seguimiento a dónde llevaban a los jóvenes los policías y los criminales.

“Nunca dijo López Obrador que ellos ‘mandaron desaparecer a los jóvenes’. ¡No!; se debe investigar cuál es su actuación, porque hasta ahora han guardado un enorme hermetismo y no han permitido que el GIEI supiera de las declaraciones de gentes del Ejército”.

La invicta Layda advirtió entonces al Senado de la república: “Quiero decirles que cuidado con que nosotros estemos aprobando esta ley que significa la claudicación del poder civil en México, que nos ha costado construir en tantas décadas de lucha, sería una subordinación vergonzosa del Congreso si se atreve a convalidarla”.

Y ya para terminar, Sansores dijo también: “Y ya espántense desde las declaraciones de Peña Nieto que ahora resulta que el Ejército es la institución de las instituciones, o es una expresión rastrera que ya no sabe qué decir, o que nos explique de qué se trata, quiere decir que ya desde ahora el Ejército está sobre esta división de poderes contemplada en la Constitución”.

Layda lanzó la última advertencia: “Cuando al Ejército se le entregan las calles estamos alimentando un monstruo y después no habrá manera de detenerlo dándoles de beber de nuestra propia sangre si queremos echar reversa sería el único camino, a eso se le llama guerra civil”.

Ni una sola contra argumentación del PRI. Layda, invicta, sólo obtenía el silencio como respuesta.
24 Marzo 2017 04:00:00
“El Ejército es criticable, y lo que pretende el Congreso es un golpe de Estado”
En los territorios del Senado de la República seguía ayer la puja por la Ley de Seguridad Interior, que los opositores miran como la “ley de la militarización del país”. Se trataba de la discusión de un Punto de Acuerdo promovido por el Gobierno federal a través de uno de sus apéndices legislativos, el Pvem, que en voz del senador Gerardo Flores Ramírez pedía exhortar a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) a que emita una opinión sobre la iniciativa de Seguridad Interior.

Más de 20 oradores dispusieron de la tribuna en cuatro horas, para que al final la votación no se consiguiera, por falta de quórum. El rompimiento del quórum es sintomático de la falta de acuerdos. En corto, hay senadores del mismo PRI que se resisten a aprobar la ley de marras.  

Gerardo Flores lamentó en tribuna no llegar todavía a acuerdos. Y decía: “Más allá de la eficacia en la actuación de las fuerzas armadas, en el combate en el crimen  organizado y en la preservación del orden social y del Estado mismo, debemos tener presente, que se trata de tareas que no corresponden a su ámbito de competencias”.

Y cuando apostillaba, lo hacía aludiendo evidentemente a Andrés Manuel López Obrador, cuando, acomodaticio el pvemista, decía: “Sin duda alguna, todos los mexicanos respetamos y nos sentimos orgullosos de nuestro Ejército y Marina, con excepción, desde luego, de algunos muy pocos, y prueba de ello es que se trata de las instituciones con los mayores índices de credibilidad y confianza en nuestro país”.

Así justificaba su proposición para que la Conago opine, lo que significaría, en realidad, inducir a la no menos acomodaticia Conago a empujar hacia el dictamen de lo que opositores del PRD, PT, MC y Morena juzgan como la “ley de la militarización del país”.

Turno de Manuel Bartlett Díaz: “Es absurdo, es un golpe de Estado, no debemos permitirlo”.

Y el apostille: “Osorio Chong, el primer policía de este país, está pidiendo que el Ejército se quede y lo ayude, cuando el fracaso de la seguridad en estos cuatro años se llama Osorio Chong, entonces es una cuestión en donde no hay ni siquiera dignidad.

 “¿La suspensión de garantías la da el Congreso?, ¿establece limitaciones?; y puede ordenar a que regresen a sus cuarteles o se acabe el sistema de garantías.

“Y lo que están haciendo es algo que no tiene control alguno.

 “En esa lideralidad que están manejando las iniciativas, lo que están nada más ayudando a Peña Nieto es que cumpla con los Estados Unidos.

“Ya lo hemos dicho, son ellos los que tienen la prisa de que el Ejército mexicano se convierta en la Policía para defender a sus petroleras, a sus mineras para servir a los intereses de los Estados Unidos.

“Cuáles son las facultades que da el Ejército, pero no estemos soñando, nos regaña el general Cienfuegos, qué manera tan torpe de Peña Nieto de manejar al Ejército, nos está enlodando.

“Las fuerzas armadas son instituciones como cualquier, y claro que se les puede criticar, que no nos vengan aquí, que es, es estar insultando al Ejército, no; cuando criticamos al Ejército, criticamos a Calderón, y criticamos a Peña Nieto, y criticamos a Cienfuegos que se dedica a amenazar a las Cámaras para que aprueben la ley que les garantice a ellos ser un ejército policiaco”.

El PAN en voz de Fernando Torres Graciano: “Tenemos que seguir insistiendo en que las fuerzas armadas requieren de un marco jurídico que les permita definir con toda puntualidad su actuación, los procedimientos, los protocolos con los que habrá de actuar.

“Tenemos que definir quién es el responsable de solicitar la declaratoria para la pertinencia de la participación del Ejército mexicano, para qué va, a qué va, el espacio territorial, la temporalidad, sus obligaciones, su responsabilidad, el uso racional de la fuerza pública; esta discusión que es la que hoy tenemos que hacer”…

Uno de los oradores del PRI fue Angélica del Rosario Araujo Lara. Dijo: “Vengo a hablar a nombre del grupo parlamentario del PRI a favor del presente punto de acuerdo, ya que estamos convencidos de que la presencia de nuestras fuerzas armadas en labores de vigilancia se traduce en beneficios hoy tangibles para la sociedad mexicana en su conjunto (…) Ley de Seguridad Interior no puede seguir siendo postergada.

“La intervención de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública fue necesaria ante la escalada de violencia, como aquí se ha señalado, que se ha presentado durante los años anteriores frente a la debilidad institucional de la mayor parte de los cuerpos policiacos en el ámbito municipal y estatal.

“Para comprender la relevancia de este asunto debemos destacar que el objetivo es dar un marco regulatorio para las actuaciones de nuestras fuerzas armadas, el momento que vivimos así lo exige y no podemos ni debemos ser omisos ante los retos actuales.

“Que quede muy claro, la intención no es militarizar, ni establecer estados de excepción, por el contrario, lo que queremos es contribuir de manera determinante a garantizar la confianza, la certidumbre y la tranquilidad para la población mexicana.

López Obrador gravita sobre el PRI. La senadora dijo: “Los legisladores del PRI reconocemos las acciones institucionales de nuestras fuerzas armadas y siempre vamos a señalar y condenar cualquier declaración sin sustento, que irresponsablemente acusen a las fuerzas armadas, de violentar los derechos humanos”.

Prendía el debate. Apenas venía Layda, Padierna, De la Peña, Gil Zuarth…
(Continuará)
23 Marzo 2017 04:00:00
Un desesperado Peña Nieto azuza al ejército contra López Obrador
En los territorios del Congreso de la Unión, ayer, se jugaban las cartas por la militarización o no del país. Sí, aquellas cartas que se han puesto a jugar en la oscuridad tanto el PRI como el PAN, en su avance silencioso del dictamen de la Ley de Seguridad Interior.

Pero también se escuchaba el eco ominoso de una conferencia inédita de la Secretaría de la Defensa Nacional, que ha tomado partido político en favor de quienes acometen contra Andrés Manuel López Obrador.

En las Cámaras del Congreso corre la versión en el pasillerío de que Enrique Peña Nieto está tan desesperado por el avance inexorable del tabasqueño, que ha echado mano del ejército mismo para atacar a quien las encuestas ya lo colocan en la presidencia de la República a partir de 2018.

En corto, hay senadores del PRI que admiten que es el presidente Enrique Peña Nieto quien está azuzando al ejército contra López Obrador. Y el grave peligro que intuyen es el hecho de que el ejército, en esta toma de posición política, decidiera de pronto no reconocer como presidente, en un triunfo hipotético, al tabasqueño.

El ejército acaba de traspasar los linderos de su naturaleza.

Por un lado, ha salido anteayer a asegurar que son infundios las acusaciones de que el ejército ha violado impunemente los derechos humanos en México. Y, en voz del director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, general brigadier José Carlos Beltrán Benítez, ha lanzado el reto a todos esos “actores sociales” que lo afirman, a que presenten pruebas en contra de militares que hayan abusado de la fuerza y violado derechos humanos de civiles.

Nunca mencionó el nombre de Andrés Manuel López Obrador, pero evidentemente era él el destinatario, luego de que la Secretaría de Gobernación, diputados y senadores del PRI y Pvem, y un ejército de sujetos tan sucios como anónimos desde las redes sociales han estado empujando en la misma dirección: Echar a pelear al ejército contra el tabasqueño, luego de que este dijo la semana pasada en Nueva York a un padre de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fuera a reclamarles al ejército y al gobierno de Enrique Peña Nieto, por la desaparición de los normalistas y no a él.

El general brigadier Beltrán, con la cara de palo propia de los militares, y mirada encendida, decía en su conferencia histórica que son “injurias y ofensas”. Y apostillaba: “Se han mencionado estas supuestas responsabilidades sin la más mínima evidencia, por hechos investigados no sólo por autoridades judiciales nacionales, sino por grupos de expertos que han presentado conclusiones que desvinculan al personal militar de los hechos delictivos que fueron materia de análisis”.

Aludía Beltrán sin duda a los hechos de Ayotzinapa, como también procedía a aludir inmediatamente a los hechos de Tlatlaya, cuando decía: “Inclusive se ha difamado sobre hechos represivos que ofenden al instituto armado y también a la sociedad. Ante esto, se responde que hemos dado muestras (sic) de tolerancia y prudencia en un sinnúmero de ocasiones; desde agresiones físicas a instalaciones militares, a integrantes del ejército y fuerza aérea, hasta injurias y ofensas provocadas”.

Para infortunio del general Beltrán, no pasaron muchas horas para que instituciones defensoras de los derechos humanos, nacionales y extranjeras, se pusieran el saco y le respondieran:

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, tildó ayer de “sorprendentes” las declaraciones del general Beltrán, en nombre de la Sedena. “Parece que carece de información básica”, lo atajó Vivanco, en una entrevista con la titular del noticiario Aristegui Noticias.

Y fue Vivanco quien, desde su entrevista, recordó a Beltrán y a la Sedena que en Tlatlaya los militares ejecutaron extrajudiciales a cuando menos 12 personas, de un grupo de 22 presuntos delincuentes que ya se habían rendido.

En el caso de Ayotzinapa, los investigadores enviados por la ONU nunca pudieron interrogar a los soldados del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, que la noche del 26-27 de septiembre de 2014 permanecieron de guardia.

Vivanco dijo: “Los expertos intentaron por todos los medios interrogar al personal del ejército que se encuentra a pocos metros de distancia donde se produjeron los hechos”.

Hasta el momento, el ejército nada ha dicho sobre la versión propalada en libros y en las tribunas mismas del Congreso mexicano de que los 43 estudiantes habrían sido asesinados por personal del ejército y de la Policía Federal, porque los muchachos descubrieron que en uno de los cinco autobuses que habían secuestrado, iba un cargamento de heroína con rumbo a Chicago. Y que era el ejército el que lo custodiaba.

No tan directo en los casos Tlatlaya e Iguala, pero ayer el ombdusman nacional Luis Raúl González Pérez desmintió también a Beltrán, cuando dijo que la CNDH sí ha documentado abusos cometidos por personal castrense.
 
ESTRIBO
Rumbo al anochecer, ayer en San Lázaro, los gobernadores de Tamaulipas, Michoacán y Sinaloa, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Silvano Aureoles Conejo y Quirino Ordaz Coppel, se apersonaron ante la Junta de Coordinación Política de San Lázaro para posicionarse sobre la Ley de Seguridad Interior. Sin ambages, se pusieron a los flancos de las posiciones del PRI y PAN, que no son otras que otorgar un poder inusual al ejército sobre la vida social e institucional del país.

La presencia de los tres gobernadores se circunscribe en la pretensión presidencial de aprobar cuanto antes la Ley de Seguridad Interior.
22 Marzo 2017 04:00:00
Y ahora el PRI jura que Peña Nieto es fiel seguidor de Juárez…
La amenaza externa representada por Donald Trump contextualizó ayer la evocación del 211 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, pueblo zapoteco de Oaxaca.

Y se confirmaba, una vez más, la capacidad camaleónica del PRI para acomodarse en el discurso. El diputado federal priísta Antonio Amaro Cancino, dijo, sin una gota de vergüenza, sin un ápice de rubor: “Las lecciones de su obra, de su gran pasión por México, su defensa de la soberanía, su concepción de la ley como lo más sagrado, como la expresión más elevada de las aspiraciones humanas, su convicción democrática fue inquebrantable en la nación y en la república. Son legado y son también, más que nunca, camino a seguir”.

Amaro Cancino hablaba del considerado más grande presidente que México ha tenido: “Así entendió el legado de Benito Juárez Luis Donaldo Colosio hace 23 años. Y así reconocemos los priistas (sic) a quien además de todo fuera el primer gran reformador de este país”.

El priísta, encarrerado, continuó: “Y ya lo dijo nuestro presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto: el legado de Benito Juárez perdura y alienta nuestros compromisos para seguir construyendo una sociedad en la que todos los derechos que consagran nuestra Constitución alcancen a todos los mexicanos”.

Ahora resulta que Peña Nieto es juarista, y los priístas también. Amaro remachó: “Como Juárez, los diputados del PRI estamos convencidos de que contra la patria nunca se tendrá la razón. Por eso, siempre legislaremos privilegiando el interés superior de la nación”…

Qué fácil es hablar de los muertos, y que éstos no reclamen, no respinguen. Pero el PRI se topó con el contradiscurso. Eva Florinda Cruz Molina, del PRD, dijo: “Hoy 21 de marzo celebramos el natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García. Reconozcamos aquí al estadista que mantuvo la dignidad de la nación frente a la intervención francesa y la persecución conservadora.

“La historia del México del siglo XIX, no se entiende sin sus esfuerzos para salvaguardar a nuestro país de los conflictos armados, de las revueltas y la intervención extranjera. Benito Juárez García fue el prócer de la patria que encarnó la defensa de nuestra soberanía y de nuestra independencia”.

El de Eva Florinda, acaso fue quien mejor a contraluz de la historia de Juárez al México de Peña Nieto y Donald Trump. Agregó: “Hoy el legado juarista debiera ser parte de nuestra fortaleza histórica de nuestro país, que el Juárez de ayer nos enseñe cómo enfrentar al presente de nuestro país, que como nunca está en juego hoy con un derrotero incierto y de gran vulnerabilidad frente a las amenazas de un gobierno norteamericano que nos anuncia su pretensión de retroceder en la historia hasta el siglo XIX, volver a imponer la doctrina Monroe y la proclama del Destino Manifiesto con la que se pretendían adueñar de todo el continente”.

La diputada enfocó su discurso entonces hacia Los Pinos: “Frente esta grave amenaza racista y totalitaria del vecino del norte en estos momentos, el gobierno mexicano luce inferior al tamaño de este enorme desafío”.

Y añadió: “Mientras que Juárez dejó un legado claro, contundente, que debe ser revalorado porque trasciende su época hasta nuestros días, Peña Nieto es la viva, es la viva imagen del pasado oscuro del apátrida, entreguista y conservador”.

Hacía unos instantes, María Candelaria Ochoa, de Movimiento Ciudadano, hubo dicho: “En tiempos como los actuales, en que México padece una severa crisis institucional de representatividad y de confianza, en que además existe angustia y tribulación para muchos de nuestros ciudadanos de este y el otro lado de la frontera norte, resulta imperioso que rescatemos aquél espíritu juarista, que reclama el arrojo ante tiempos difíciles, pero que mantiene la cordura institucional como medio óptimo para reencausar la vida política”.

Elías Ojeda Aquino, de Morena, dijo: “Para Justo Sierra, en esa época encrespada, dolorosa, desfalleciente y aniquiladora, la roca inquebrantable que sostuvo el edificio nacional fue don Benito Juárez García”.
El PAN, el partido que, desde su fundación, ha visto a Juárez más como un enemigo que como un héroe de la patria, ahora dijo, en voz de Ricardo del Rivero Martínez: “Muchos de los historiadores de la reforma y la historia oficial difundida por los gobiernos postrevolucionarios han colocado al presidente Juárez como una de las figuras más importantes de la historia de México.

“Han encontrado en el entorno adverso de aquellos años, las causas y explicaciones de su obra de gobierno. Las sólidas razones para promulgar las Leyes de Reforma y para asegurar la hegemonía del Partido Liberal, la gloria de derrotar la intervención francesa y al segundo imperio, y en el cual estamos de acuerdo”.

Y apostillaba el panista: “En términos objetivos, es indudable que el balance final sobre la obra juarista -donde debe de incluirse el rescate a la soberanía nacional y a la supervivencia misma de México, la separación de la Iglesia y el Estado, la noción constitucional de organizar a la República conforme a los principios de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, del sistema federal, la democracia y la división de Poderes, así como la construcción de instituciones, cuya función para gestionar el bienestar que prevalece hasta hoy en nuestros días- es bastante para que el presidente Juárez ocupe merecidamente el lugar que tiene en nuestra historia”.

Refugio Garzón, de Encuentro Social, hacía un instante había dicho: “El ideario juarista hoy día merece ser rescatado y promovido”.
17 Marzo 2017 04:00:00
PAN y PRI sepultaron a la paraestatal Pemex, todavía viva
La Cámara de Diputados, ayer, se posicionó en torno de la Efeméride perdida: el 18 de marzo de 1938, día de la Expropiación Petrolera. Y hablaron en tribuna todos los grupos parlamentarios. Dos sobresalieron: Morena y Movimiento Ciudadano. Y el PRI también, por su justificación. He aquí:

Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano: “El petróleo otra vez ya no es de nosotros los mexicanos.

“La expropiación petrolera se dio el 18 de marzo de 1938, decretada por el presidente de la república, general Lázaro Cárdenas del Río. Fue el resultado de implementar la Ley de Expropiación de 1936 y la reforma al artículo 27.

“Es hasta en el artículo 27 de la Constitución de 1917, promulgado por el presidente Venustiano Carranza, donde ya se concedían que los yacimientos, incluidos los de petróleo, eran propiedad de la nación. Cuando Lázaro Cárdenas asume el poder hace valer esas acciones y facilita la oportunidad para la creación del sindicato de los petroleros. Y es por eso entonces que se atiende a la nacionalización del petróleo.

Para 1935, y a pesar de las múltiples negativas y represiones de los trabajadores, lograron formar el sindicato y se generó el contrato colectivo de trabajo; pero fue hasta 1937 en que se pudo concretar la firma del mismo. Sin embargo, las empresas extranjeras no quisieron acatar la obligatoriedad que les impusieron de pagarle 26 mil millones de pesos al sector obrero, y entonces se amparan ante la Suprema Corte, que les niega la oportunidad del amparo y es con la intervención del presidente Lázaro Cárdenas del Río que se decreta la expropiación de Petróleos Mexicanos.

“Con el paso de los años el gusto nos duró muy poco. A pesar de que en sexenios de Fox y Calderón Pemex recaudó más de un billón de pesos, fue agobiada por la corrupción y mala administración”.

Norma Rocío Nahle García, de Morena: “Todos sabemos que a partir de esa fecha, 18 de marzo de 1938, contra todo pronóstico, México hizo la proeza en unos cuantos años de alcanzar la autosuficiencia energética que hoy no tenemos.

“En las siguientes cuatro décadas, después de 1938, construimos una poderosa industria petrolera (a través de Pemex), que ahora aunque la quieran vender, o como dijeron los del PAN, darle cristiana sepultura, ha sido de las mejores empresas petroleras del mundo.

“Construimos refinerías, complejos petroquímicos, una red de ductos que hoy están subastando, tanques de almacenamiento que hoy les están prestando, precisamente, a aquellos que expulsó Lázaro Cárdenas.

“Fuimos orgullo petrolero por décadas. Este país creció tan sólo en la última década, en los últimos dos o tres sexenios, Pemex aportó más de 600 mil millones de dólares a este país, dinero que no sabemos dónde está; dinero que se fue en gasto corriente y que hoy tienen a la empresa endeudada y que están alrededor zopilotes viendo a qué hora se muere para caer encima.

“Eso es lo que tenemos que decir hoy aquí. Eso es lo que tenemos que señalarle a nuestras futuras generaciones y nosotros recordárnoslo puntualmente. Ningún país, ningún país del mundo renuncia a su riqueza petrolera y nosotros lo hemos estado haciendo. Por eso es importantísimo recordar el 18 de marzo y la proeza del general Lázaro Cárdenas del Río.

“En las rondas que están entregando y subastando, como si fueran de ellos, este irresponsable gobierno, voy a reproducir palabras nada menos del ingeniero Garaycochea, Premio Nacional de Ingeniería Petrolera y maestro de generaciones, que ayudó a levantar la industria en este país: ‘Las petroleras internacionales y sus países obtendrán los mayores beneficios al utilizar sus recursos humanos y los caros equipos y materiales que fabrican y aplicarán al extraer nuestro petróleo’.

“Se estima que por cada dólar que entre al erario público nacional por extraer petróleo, entrarán al fisco extranjero más de 80 dólares por fabricar y utilizar sus equipos de perforación, tuberías, barrenas, separadores, bombas, turbinas, barcos, helicópteros, tanques de almacenamiento, plantas de licuefacción, fluidos para perforar y para fracturar los pozos. “Todo eso nosotros lo levantamos. Todo eso, nuestros padres y nosotros pudimos hacerlo, hoy los entregan.

“Yo creo que para ustedes es incómodo, y digo ustedes como PRI y como PAN que votaron a favor la reforma energética, ver que hay menos producción; los gasolinazos a la orden del día porque vendieron espejitos de oro; son producto del abandono de las refinerías que las tienen al 40 por ciento para abrir la puerta a los extranjeros”.

¿Y qué dijo el PRI? En voz del diputado Alfredo Anaya Orozco, lo siguiente: “Encabezados por el presidente Peña Nieto, políticos de todos los partidos, senadores, diputados federales y locales, respondieron al mandato de la sociedad, anteponiendo el interés superior de la nación a cualquier otro y aprobaron el paquete reformista a la Constitución más relevante desde 1917, entre ellas, histórica por su origen, y por su trascendencia.

“Se aprobó la reforma energética que reivindica lo que en su momento logró el presidente Lázaro Cárdenas, que el petróleo sea el símbolo del progreso de la nación.

Esta reforma mantiene la propiedad de todo sobre los hidrocarburos, pero el Estado reafirmó su rectoría en esta área estratégica del desarrollo nacional y asegura que la riqueza petrolera se traduzca en bienestar para todos.

“Permite que los particulares puedan participar en la exploración y extracción de hidrocarburos, a efecto de disminuir los riesgos financieros que implicaba que Petróleos Mexicanos lo hiciera sola, sin comprometer la propiedad de la nación sobre los energéticos que hay en el subsuelo”.
16 Marzo 2017 04:00:00
La tardanza del PRI y PAN para combatir la corrupción
Diputados que integran el grupo plural que da seguimiento a los temas de la transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas (mejor conocidos como el “caucus”), se reunieron ayer con la presidenta del (todavía no instalado) Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Jacqueline Peschard. Y de ese encuentro chisporroteó la gran pregunta que todo el país se hace: ¿Qué esperan los senadores para nombrar al Fiscal Anticorrupción, que sin él, el Sistema Nacional Anticorrupción es prácticamente igual a la carabina de Ambrosio?

En la reunión, Peschard anunció que el Comité que preside ya por fin será instalado el 4 de abril próximo. Pero de lo que nadie sabe es cuándo habrá Fiscal Anticorrupción, cuyo proceso de selección fue detenido desde noviembre de 2016 por el PAN, con el consentimiento -gozoso por supuesto- del PRI y de la rémora de éste el PVEM.

Peschard dijo que el Comité de Participación Ciudadana, a cuya cabeza estará ella, “tendrá la capacidad de vincular al SNA con las organizaciones sociales y académicas; integrará el órgano de gobierno y la Comisión Ejecutiva del Secretariado Técnico del Sistema Nacional Anticorrupción; asimismo, propondrá políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de evaluación”.

Los diputados opositores que pertenecen al caucus se han congratulado que a tiro de piedra esté la llegada formal de Peschard al SNA. Se avanzará en el combate a la corrupción, dicen, y contrarrestará –aunque no sin dificultades- el vacío fabricado al sistema anticorrupción con la retardación siempre sospechosa del nombramiento del nuevo fiscal, del que no se le ven ni sus luces todavía a pesar de que el SNA va para los dos años de su creación.

Jacqueline Peschard prendió ayer la mecha a un buscapié cuando hizo la descripción del perfil con que debe aparecerse el nuevo fiscal anticorrupción:

En primer lugar, advirtió, “debe ser una selección totalmente transparente y con un perfil intachable”.

Y apostilló: “Tiene que ser un perfil de alguien que no tenga realmente ninguna cola que le pisen; alguien que sea impecable en términos de un pasado que no pueda reclamársele, ni de algún tipo de mala actuación. Para nosotros es muy importante el perfil y el procedimiento”.

Y ya andando por los caminos torcidos del combate a la corrupción, la Peschard miró hacia los estados y, en alusión directa a las auditorías superiores locales, aseguró que es muy preocupante que sigan capturadas (como antes de la creación del SNA) por los gobernadores”.

Y remachaba la Peschard: “Yo no creo que los auditores estatales deban ser nombrados desde el centro; pero lo que sí creo es que se pueden hacer ciertos procedimientos que den garantías de que el auditor en algún estado no es el alfil del gobernador”.

La llegada de Peschard ante el freno del nombramiento del nuevo Fiscal Anticorrupción, es para opositores de Morena, PRD y Movimiento Ciudadano, un aliento en el camino trompicado y retorcido del combate a la corrupción. He aquí:

Juan Romero, de Morena: “Damos un voto de confianza a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, pues tienen la experiencia en la construcción de organismos, y confío en que, a pesar de que la ley limita los alcances de las determinaciones que tomen, podrán diseñar una institución que realmente sea garante de la transparencia y la anticorrupción en el país”.

Cecilia Soto, del Prd: “El Comité de Participación Ciudadana será el garante de que el SNA funcione en el tiempo; pero sus integrantes debieran tener una duración mayor de cinco años, para que puedan moldear y fortalezcan al SNA”.

María Candelaria Ochoa, de Movimiento Ciudadano: “al Sistema de Transparencia y Anticorrupción se le ha invertido muchísimo dinero y los efectos no han sido tan positivos, por lo que el que haya una consejería es una gran avance”.

Hasta el momento, los panistas en el Congreso dicen que revisan, estudian currículos de 34 aspirantes.

Tienen como fecha fatal para el nombramiento de marras el 30 de abril próximo. Pero en realidad el tema es más que urgente, porque sin el Fiscal todo ese sistema nacional anticorrupción que tanto estuvieron cacaraqueando el PAN y el PRI sirve para muy poca cosa.

A ojos de la República, ha sido evidente que el presidente Enrique Peña Nieto –el que mueve los hilos legislativos del PAN y PRI- es el que no quiere que se nombre a ningún fiscal anticorrupción.

No les corre la menor prisa en el Congreso, ni a panistas ni a priístas, a pesar de que el tema de la corrupción es el ariete con que el precandidato puntero hacia la Presidencia de la República, en 2018, Andrés Manuel López Obrador, está golpee y golpee al régimen y a sus principales hombres, con Peña y Videgaray a la cabeza, seguidos éstos por otros de ya muy infaustos nombres como Ricardo Anaya, presidente nacional del Pan, bautizado por el Peje como “aprendiz de mafioso”.

Aunque no son los únicos personajes por los opositores como corruptos. También están sujetos como Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón, Pedro Joaquín Coldwell, Enrique Ochoa Reza, Diego Fernández de Cevallos, Felipe Calderón Hinojosa, Margarita Zavala de Calderón, Luis Alberto Villarreal, Josefina Vázquez Mota, Miguel Ángel Yunes Linares, Javier Duarte de Ochoa…

Hasta el momento, ninguno de quienes colocados están en tal lista ha querido desmentir a López Obrador cuando afirma que cada año en México, por corrupción, se roban 500 mil millones de pesos del presupuesto nacional. Y que el más infame corrupto que actualmente padece el país es, precisamente, el presidente Enrique Peña Nieto.
15 Marzo 2017 04:00:00
“El Senado está convertido en un criadero de lacayos y farsantes”
Sergio Jaime Rochín del Rincón fue ratificado ayer por el Senado de la República para fungir como el primer comisionado ejecutivo de la incipiente Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por un periodo de tres años.

La Comisión es producto de una reforma constitucional publicada el 25 de julio de 2016 y de una Ley General de Víctimas publicada el 3 de enero pasado. No se podría echar a caminar la nueva institución sin antes nombrar a su comisionado ejecutivo. Y para eso, mandató la ley (más bien, los hacedores de estas dos normas: Pri, Pan y Pvem) que el Presidente de la República, propusiera el nombre del comisionado. Enrique Peña Nieto entonces propuso a Rochín en febrero, a quien el Senado ayer lo ha ratificado.

Priístas, panistas y pvemistas justificaban que la ratificación de Rochín es corolario de un gran ejercicio democrático… Rochín surgió de 283 propuestas “debidamente documentadas” decía Cristina Díaz, priísta. Un Jaime Rochín –remachó la senadora priísta- que “contó con el apoyo mayoritario propuesto por un total de nueve colectivos, 34 organizaciones de la sociedad civil y 88 expertos”.

El Pan votó en favor del dictamen; pero en la tribuna unos se pronunciaron en pro y otros en contra. María del Pilar Ortega Martínez pidió votar en favor; Adriana Dávila Fernández, en contra.

Dávila explicó: “¿Y por qué mi voto en contra? Mi voto en contra no es contra Jaime Rochín, mi voto en contra es por no haber sido capaces de pensar, reflexionar, razonar en las enormes fallas de los Poderes de la Unión, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de la falta de acceso a la justicia, al permitir la impunidad, al generar complicidades entre poderes y perdonar errores, como lo estamos haciendo hoy, errores graves en el funcionamiento de las instituciones”.

¿A qué se refería Dávila? La senadora Layda Sansores y el senador Fidel Demédicis lo explicaron a su manera:

Demédicis: “Decía mi compañera Adriana: ‘…pareciera que este Senado disfruta, con la indiferencia que hay, ante los grandes problemas de esta nación”.

Y apostillaba Fidel: “Estamos hablando ni más ni menos de un tema que ha lastimado al país de manera histórica porque hay miles y miles de víctimas que no se les ha ni siquiera hecho justicia teniéndolos en un padrón de víctimas a nivel nacional o a nivel estado.

“1968, Aguas Blancas, Acteal, son temas donde hubo muchas víctimas, y seguramente el que va a dirigir la Comisión Ejecutiva Nacional de Víctimas, pues dirá que la ley no se puede aplicar de manera retroactiva.

“Seguiremos haciendo un llamado para que en México se cree la Comisión de la Verdad, sobre las matanzas que ha tenido este país, sobre la alevosía que ha tenido el Estado mexicano en contra de sus disidentes.

“¿Por qué mi voto en contra? Porque para que esta Comisión Nacional Ejecutiva de Atención a Víctimas, pueda funcionar se requiere a alguien ajeno a los poderes fácticos; que no esté bajo la influencia del Ejecutivo Federal. El presidencialismo cuando toca algo lo subordina, lo subyuga y lo hace también su víctima.

“Por eso, es muy importante que se defina a quién servirá el señor Rochín, quien fue candidato del Partido Acción Nacional en el 2012 a la Delegación Cuauhtémoc, y que su nombramiento en su momento fue una cuota de poder, una concesión al Partido Acción Nacional.

“Yo sí quisiera que antes de que tomara protesta nos explicara cuál es el estatus que tiene el caso de Nochixtlán, el estatus que guarda el expediente de Ayotzinapa. Sí me gustaría de que antes de que tomara protesta nos explicara el estatus de lo que pasó en Tanhuato, en Michoacán.

“Y lo que pasó en Apatzingán y en Tlatlaya, y todos los casos de tortura que han sucedido en este país en donde agentes del Ministerio Público, de manera alevosa también aceptan confesiones que vienen de personas torturadas”…  

Layda Sansores, senadora del PT, dijo: “Ya me da flojera pasar a la tribuna para repetir lo mismo de estos procedimientos, de estos procesos desaseados y vergonzosos que se practican en el Senado cada vez que tenemos que elegir a algún magistrado, hoy a un comisionado, a un embajador, es clara la vocación arraigada de simulación y de farsante que tenemos en esta institución.

“Y yo más que aprobar o desaprobar a la persona, que por cierto dejó mucho qué desear en el caso Nochixtlán, me parece que el proceso es poco transparente.

 “Esto me irrita más porque preferiría que Peña Nieto dijera: ‘Ahí les va el mejor de mi pandilla, mi preferido’. Y de todas maneras aquí vamos a hacer lo que él nos pida.

Dicen que se tomó la opinión de 283 organizaciones que se han dedicado a atender a víctimas, pero no se dice cómo votaron cada una de ellas, entre ellas hay varias organizaciones ‘patito’, que ya se conocen entre ellas mismas, que reciben recursos del gobierno, porque no se dice cómo votaron las más representativas, las que defienden las de pro, las que defienden a los de Ayotzinapa, ah, esas votaron por otra persona que tuvo una alta votación, pero que ya ni siquiera aparece.

“Tiene que llegar un momento en que propongamos otros métodos de elección, porque el Senado siempre queda en entredicho. Un Senado convertido en un criadero de lacayos, y eso es lo que más me lastima en este proceso”.

Al final, aprobada la ratificación de Rochín con 74 votos, 14 en contra y cinco abstenciones.
13 Marzo 2017 04:00:00
El territorio robado por EU en el siglo XIX sigue siendo mexicano
Estados Unidos se robó cuatro veces el territorio mexicano:

1: Cuando instigó, indujo, tramó para que Texas demandase su separación de México en 1836 y así podérselo anexar posteriormente, como sucedió.

2: Cuando se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, después de una guerra totalmente desigual que derivó en la invasión del Ejército norteamericano a nuestro país. Un Tratado llamado así porque se firmó en el altar de la antigua Basílica de la Villa de Guadalupe-Hidalgo, en el que México fue obligado por la fuerza militar de los estadounidenses a ceder más de 2 millones de kilómetros cuadrados, una vastedad que hoy se conoce como California, Wyoming, Oklahoma, Nevada, Colorado, Kansas y Utah. Como indemnización los gringos pagaron a México 15 millones de dólares.

3: Cuando se firmó en 1852 la venta de la Mesilla, luego de que volvieron a obligar a México –mediante amenaza de una nueva invasión-, para quedarse con otra muy grande extensión de suelo mexicano sobre el cual actualmente está Nuevo México y Arizona. Y como compra, los estadounidenses ahora pagaron a México otros 10 millones de dólares.

El Caso Cuatro es la medición de la línea fronteriza que los topógrafos gringos realizaron en el siglo XIX. Midieron tan a lo desgraciado, tan a su conveniencia, que se quedaron con otras casi 85 mil hectáreas a lo largo de los más de 3 mil 152 kilómetros lineales.

Difícilmente, en la historia de la humanidad, podría encontrarse un país más abusivo, ladrón y deshonesto que el de los Estados Unidos de América. Aprovechándose de la debilidad económica, organizacional y militar del México incipiente, no solo le robó más de la mitad de su territorio, sino que también sigue sosteniendo una medición topográfica absolutamente anómala, impuesta por aquel país, en perjuicio de México y en beneficio de ellos.

En la tribuna del Senado, el senador priísta de Chihuahua Patricio Martínez, reveló a finales de febrero de este año que un error en el trazado de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos, hecho en el siglo XIX, arrojó que un total de 84 mil 757 hectáreas mexicanas quedasen desde entonces del lado del territorio estadounidense.

Dos datos dio Patricio Martínez en la tribuna: Uno: Muchas de esas hectáreas pertenecen a Nogales, Sonora, y están ocupadas por gente que actualmente pertenece al grupo poblacional estadounidense de Arizona.

Y dos: Porfirio Díaz demandó al Gobierno estadounidense una revisión de las mediciones, pero jamás ningún gobierno de los Estados Unidos ha respondido a tamaña solicitud.

En enero, cuando Donald Trump asumió la Presidencia de Estados Unidos, en medio de toda esta vorágine desatada por el nuevo inquilino de la Casa Blanca, el ex presidente mexicano Ernesto Zedillo (1994-2000) hizo al gobierno de Enrique Peña Nieto una muy severa advertencia: Que estuviera alerta cuando Trump trace la línea por donde construirá el muro, porque –dijo el ex mandatario- no sería la primera vez que los estadounidenses tratarían de robarse más suelo mexicano. Y recomendaba Zedillo que si el muro se hace inevitable, entonces el gobierno mexicano debería estar muy al pendiente, para que no se metan ni un solo centímetro en territorio mexicano.

Como ya se ha escrito en este espacio, persiste en las aulas de las escuelas de Derecho de México un debate añoso, centenario, sobre el despojo de que fue objeto México en su territorio, por parte de Estados Unidos.

Generaciones de abogados mexicanos han jurado que esos más de 2 millones de kilómetros cuadrados que Estados Unidos quitó a nuestro país, en realidad siguen siendo de México. Desde el plano jurídico, aquella supuesta compra no ha sido más que un despojo, y por tanto, todo ese territorio hoy identificado como los estados estadounidenses de California, Colorado, Wyoming, Oklahoma, Nevada, Kansas, Utah, Texas, Nuevo México y Arizona, en realidad sigue siendo territorio mexicano y debe ser considerado por el derecho internacional como territorio mexicano ocupado por los Estados Unidos.

A propósito de esto, un abogado mexicano –Guillermo Hamdan Castro- acaba de declarar que “existen elementos suficientes” para anular la validez de los acuerdos firmados en 1848 entre México y Estados Unidos, en lo que fue el Tratado de Guadalupe-Hidalgo.

Hamdan dio a conocer lo anterior en una conferencia conjunta con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Dijeron ambos que el único que puede presentar ante instancias del derecho internacional tal demanda de invalidez y anulación del Tratado Guadalupe Hidalgo, es el Presidente de México.

El anuncio de que la semana próxima Hamdan se apersonará en Los Pinos para pedirle a Peña que le entre al toro, de inmediato provocó resquemores en el Congreso de la Unión. Sobre todo porque junto a este abogado, sin duda prestigiado y bien intencionado, se ha aparecido nada menos que Cuauhtémoc Cárdenas, a quien por varias razones históricas lo consideran en amplios sectores de la oposición como un cabresto del sistema, que ha trabajado desde 2006 para favorecer políticamente al PRI y al PAN, y para que Andrés Manuel López Obrador no llegue a la Presidencia de la República.

La jiribilla que provoca el tema es mucha, tanto dentro como fuera del país. Peña cimbraría, sin duda, al país si aceptara demandar ante instancias internacionales a los Estados Unidos, para exigir la invalidez del tratado con el propósito de que los Estados Unidos o restituyan a México el territorio despojado en 1848 y 1852 o indemnicen al país económicamente, por el uso de ese territorio en los últimos 168 años.
Veremos.
11 Marzo 2017 04:00:00
El salvajismo en México contra las mujeres
El 8 de marzo fue instituido por la ONU –a partir del año 1975- como el Día Internacional de la Mujer. Ese día, los diputados hablaron del tema erigiéndose en sesión solemne. El jueves 9, el Senado reformó cuatro leyes para combatir la violencia política que, muchos hombres desde los partidos políticos ejercen contra la mujer en México.

La Cámara de Diputados, el mismo jueves, aprobó reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y al reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de perspectiva de género.

He aquí:
Laura Nereida Plascencia Pacheco, diputada federal del PRI: “Esta reforma a) la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tiene el propósito de establecer la obligatoriedad para que cada municipio del país cuente con un sistema municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres.

“Y el segundo dictamen, de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que adiciona el Reglamento de la Cámara de diputadas y diputados, para que garantice la elaboración de iniciativas y dictámenes con perspectiva de género”.

Cynthia Gissel García Soberanes, de Encuentro Social: “La violencia contra las mujeres y las niñas deviene en una grave violación de sus derechos humanos, que además de afectar su bienestar, también impacta negativamente a sus familias y comunidades.

“El 63 por ciento de las mujeres de 15 años o más, han padecido algún incidente de violencia, ya sea física, sexual, emocional, económica o patrimonial, la cual proviene de su trabajo, escuela, comunidad, familia de su pareja actual, o de la última pareja a largo de su vida.

“De estos datos, 12 entidades federativas se encuentran por arriba de la media nacional destacando los casos de la Ciudad de México y del Estado de México, por donde más del 72 por ciento de las mujeres han sufrido violencia de género. El 8 por ciento de las mujeres de 15 años o más, casadas o en noviazgo o en unión libre, han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja.

“Destaca los datos de México, los estados de Michoacán, México, Puebla y San Luis Potosí, en el que se cifra alcanzó más del 9 por ciento. Pero la violencia contra las mujeres no ocurre exclusivamente en el ámbito de las relaciones de pareja, tan sOlo en el último año reportado el 15.5 por ciento de las mujeres de 15 años o más fue víctima de violencia por parte de un desconocido, vecino o un amigo; 3.4 por ciento padeció violencia perpetrada por algún familiar distinto a la pareja; y el 1 por ciento reportó haber vivido violencia por parte de un profesor o compañero de la escuela.

“Asimismo, el feminicidio ha alcanzado proporciones alarmantes en México, la tasa bruta anual de defunciones por homicidio de mujeres en el 2013 alcanzó el promedio nacional de 4.37 por ciento, sin embargo 13 entidades federativas se colocaron por encima de la media nacional; por ejemplo, el estado de Guerrero, en donde la tasa fue del 12.79 por ciento, y en el estado de Chihuahua con el 10.9 por ciento”.

De Nueva Alianza, Angélica Reyes Ávila: “Al integrar a nivel municipal un sistema de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres y también en este mismo nivel de gobierno el que participen de manera responsable, pero activa, en las alteras de género, estamos contribuyendo desde el Legislativo a mejorar las condiciones presentes y futuras de nuestro país”.

Magdalena Moreno Vega, del grupo Morena: “Uno de los problemas principales que tenemos para erradicar la violencia hacia las mujeres es la insuficiente armonización legislativa y la falta de coordinación entre los tres órganos de gobierno, el federal, estatal y municipal”.

Del PRD, Karen Hurtado Arana: “Según la Secretaría de Gobernación,  67 por ciento de las mujeres en el país han sido violentadas alguna vez en sus vidas; el 47 por ciento agredidas por su actual o última pareja”.

Apostilló: “Es tal la magnitud de la persistencia de la violencia de género en el país que la alerta de género ha sido implementado en seis estados del país: el estado de México con 11 municipios; Morelos ocho; Michoacán 14; Chiapas siete; Nuevo León cinco; Veracruz con 11 municipios.

“Además de que existen diferentes procedimientos en trámite de alertas de violencia de género contra mujeres en Colima, Guerrero, Jalisco, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tlaxcala”.

Terció entonces Cecilia Soto, del PRD: “Hay 900 mil violaciones al año de mujeres adolescentes y niñas en este país, y sólo 5 por ciento llegan a tribunales y se sentencian”.

Y reclamaba Cecilia la exclusión en el debate de la norma oficial 046, la norma de los protocolos para casos de violación, que los municipios evaden.

El PAN en voz de Patricia García García: “Tenemos que prestar atención a la discriminación y a la violencia que se presenta contra las mujeres en el ámbito municipal. Hoy en día el espacio local sigue siendo representativo de los más bajos porcentajes de participación de las mujeres en cargos de gobierno, se ha constituido un escenario de discriminación y violencia contra las mujeres que deciden incursionar en los mismos”.

Y Érika Rodríguez Hernández, del PRI, quien también reclamó: “Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y quedó de manifiesto el largo trecho que falta por recorrer para alcanzar en México la igualdad y la justicia para ellas”.
10 Marzo 2017 04:00:00
Leyes contra la violencia política y el machismo
De 2012 a 2016 el Senado de la República recibió 10 iniciativas de reforma de ley que planteaban combatir con denuedo la violencia política contra las mujeres en México. Ayer, por fin el Pleno realizó cambios al respecto, y los hizo en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales, Ley General de Partidos Políticos y en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

De entre la docena de oradores, sobresalió la interpretación legislativa que, de dicha reforma, hizo en tribuna Alejandro Encinas Rodríguez: “Dentro de las leyes que se reforman, se incorpora la definición de violencia política dentro de los tipos de violencia que regula la ley, y se establece que la violencia política debe entenderse como todos aquellos actos referentes a la imposición de tareas distintas a la de su cargo u oficio; aquellas acciones referentes a otorgar, difundir o hacer mal uso de la información de las mujeres; aquellos que pretendan impedir el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales; aquellos que constituyan cualquier tipo de violencia, ya sea física, psicológica, económica, patrimonial, sexual o feminicida, y aquellos actos que coarten el derecho de las mujeres a ejercer sus garantías jurídicas”.

También, ha agregado Encinas, “se establecen prohibiciones expresas para que la propaganda política o electoral contenga expresiones que impliquen violencia política de género, y se establecen incluso infracciones para los partidos políticos, las agrupaciones políticas, los aspirantes como precandidatos, candidatos, candidatos independientes, ciudadanos, los dirigentes partidarios o los afiliados a partidos, cuando se pretende impedir el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en el ámbito político electoral o que incumplan sus obligaciones para garantizar los derechos”.

Encinas abundó: “(También) se establece el derecho pleno de la mujer a incorporarse o afiliarse a un partido político en un contexto libre de discriminación y de cualquier forma de violencia de género.

Y establece como obligaciones de los partidos políticos, entre otras, el prevenir, atender, sancionar y erradicar actos u omisiones que constituyan violencia política de género, y como obligación también, el abstenerse de limitar, condicionar, excluir, impedir o anular la pretensión de participación de las mujeres en sus órganos internos de dirección, en las precandidaturas o espacios de toma de decisiones en los ámbitos legislativos o ejecutivos en los tres órdenes de Gobierno”.

Pero, ¿qué es la violencia política? Nadie mejor que la senadora Martha Tagle Martínez para describirla, mediante la recordación de los siguientes hechos infaustos:

“Uno de esos casos (de violencia política) es el de Rosa Pérez, presidenta municipal de San Pedro Chenalhó, Chiapas, quien llegó por el Partido Verde Ecologista, ganó las elecciones el 19 de julio de 2015, y el 25 de mayo de 2016 el Congreso del estado de Chiapas decretó aprobar su renuncia al cargo, pese a que Rosa fue obligada a firmar dicha renuncia.

“El 17 de agosto de 2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial resolvió la sentencia con la que revocó el decreto del Congreso local y pidió reincorporar a Rosa Pérez a su cargo. Sin embargo, a la fecha no existen las condiciones para que  Rosa pueda ejercer el cargo para el cual fue electa.

“Samantha Caballero, presidenta municipal de San Juan Bautista del Soto, Oaxaca, del PRI. Ganó la elección el 5 de junio de 2016. Dos días antes de que tomara posesión del cargo, como síndico municipal, acudió a su casa para pedirle que dejara el cargo, pues existía un acuerdo previo para que ella fuera la síndica y él fuera el presidente municipal, por supuesto ella se negó.

“Luego de la toma de protesta, el síndico y los regidores de Obras, Hacienda y Educación tomaron el Palacio municipal, sellaron las puertas, cambiaron las chapas, se llevaron todos los vehículos, la ambulancia, el carro de volteo y las patrullas.

“A la fecha la presidenta municipal no ha podido ejercer sus funciones de manera cabal, ni en condiciones de seguridad. El síndico, además de referir su incapacidad por ser mujer, asegura que con ella no progresará, pues no cuenta con los contactos influyentes para que garanticen que a la población le lleguen obras garantizadas.

“Yareli Cariño López, abogada originaria de Pinotepa Nacional. En el proceso electoral de 2016 recibió la invitación para que se incorporara a la planilla del PRD en la posición número 2.

“Durante la campaña empezó a vivir hostigamiento sexual por parte de un diputado local, quien le pedía insistentemente tener relaciones sexuales con él, a lo que ella se negó, su planilla resultó ganadora, el hostigamiento siguió.

“Yareli se presentó a tomar posesión, fue agredida por personas que no le querían permitir que se sentara en el lugar que le correspondía. El día 2 de enero en sesión de Cabildo fue destituida.

“FelÍcitas Muñoz, presidenta municipal de Cuilapan, Guerrero, de Movimiento Ciudadano. Ganó las elecciones el 7 de junio de 2015 e inició su gestión el 31 de septiembre del mismo año. En mayo de 2016 tres regidores de su Cabildo encabezados por el síndico, exigieron su renuncia, argumentando que una mujer no va a poder conseguir obras y acusándola de desvío de recursos, sin que dichas acusaciones sean fundamentadas.

“Su casa fue baleada, luego allanada, su sala, colchón y el tanque de gas fueron llevados al zócalo de la población, donde fueron quemados. Hasta la fecha Felícitas Muñoz mantiene un gobierno itinerante, pues el municipio fue tomado por sus agresores”.

Este proceso legislativo continuará en la Cámara de Diputados. Veremos.
09 Marzo 2017 04:00:00
“Cuando muchas mujeres participan en la política, cambia la política”.
En la Cámara de Diputados, ayer, el Pleno de los 500 legisladores sesionó exclusivamente para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Sólo mujeres participaron en la oratoria. He aquí, en orden de aparición:

Ana Guadalupe Perea Santos, del grupo Encuentro Social: “Son muchos los desafíos que tenemos que enfrentar y superar para buscar que México, país plural y diverso, sea un lugar que ser mujer no signifique una vulnerabilidad de origen y destino, sino un motivo para confiar en que un porvenir equitativo, de igualdad, sea posible”.

Carmen Victoria Campa Almaral, de Nueva Alianza: “En todo el país, de cada 10 alcaldías sólo una es encabezada por representantes del sexto femenino, en el Poder Judicial no se llega ni al 20 por
ciento de los cargos ocupados por mujeres, tanto en la Suprema Corte como a nivel de magistradas y jueces del Consejo de la Judicatura Federal y apenas un tercio en magistradas en la Sala Superior del Tribunal Electoral.

“En lo económico, hasta el año pasado, más de 13 millones de mujeres percibieron menos de tres salarios mínimos, lo que contrasta con casi un millón de mexicanas que recibieron un ingreso superior a los cinco salarios mínimos”.

María Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciudadano: “En México, desde que Matilde Montoya necesitó una orden de Porfirio Díaz para convertirse en médica cirujana y tener derecho a su examen profesional, están prominentes científicas como Elia Bravo o Luz María del Castillo. Pero no solo en la ciencia hemos podido insertarnos, el avance y la prominencia de las mujeres en México y en el mundo es una realidad. Vivimos dobles y triples jornadas y tenemos que hacer que se reconozcan, y que los hombres participen en el trabajo doméstico.

“Hace más de 100 años, después de que Hermila Galindo promoviera la educación laica, la educación sexual, la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho al aborto, así como la participación de las mujeres en la política, las sufragistas lograron desestabilizar el sistema político y gracias a ellas hoy podemos votar.

“Pero todavía no es legítimo el derecho a ser electas, la violencia política sigue siendo una realidad. Apenas este año tres mujeres fueron violentadas de manera pública para que renunciaran a sus derechos políticos de representación que se habían ganado entre sus electores.

“Hoy se ha sofisticado la violencia contra las mujeres. Aún hoy se nos califica de ambiciosas, se sigue cuestionando nuestra capacidad”.

Rocío Nahle García, de Morena: “¿Por qué ha sido necesario etiquetar este día como el Día Internacional de la Mujer? Porque de acuerdo a datos como la ONU, hay falta de seguridad en las mujeres. Por ejemplo, tan solo aquí en la Ciudad de México hay un tema grave que no ha sido atendido: seis de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia sexual, 50 por ciento sufre de violencia comunitaria, 62 por ciento ha sido víctima de violencia sexual y 82 por ciento sienten que constituye la violación recurrente a los derechos fundamentales y
dignidad humana”.
Paloma Canales Suárez, del Pvem: “El Día Internacional de la Mujer es en recuerdo a la convocatoria que formularon en 1908 las organizaciones de mujeres socialistas como un acto genuino y revolucionario que invitó a las trabajadoras a realizar amplias manifestaciones públicas para luchar por el legítimo derecho de participar en la elección de gobernantes, y, sobre todo, por la igualdad de derechos frente al hombre.
“Fue en el año de 1857 cuando miles de mujeres que prestaban sus servicios en las fábricas, se manifestaron en contra de las condiciones en las cuales desarrollaban sus labores, lo que constituyó una gran marcha de las trabajadoras textiles.
“Este grupo de valientes mujeres tomaron la fábrica textil donde trabajaban en Nueva York para exigir incondicionalmente igualdad de salarios y una jornada de 10 horas de trabajo, lo cual terminó lamentablemente con la vida de 129 mujeres trabajadoras a consecuencia de un incendio provocado.
“En México, el trabajo constante que hemos realizado las mujeres en contra de la discriminación, la marginación, la violencia y a favor de la igualdad ante la ley, ha escrito páginas extraordinarias de nuestra historia, desde la celebración del Congreso feminista de 1916, así como la aprobación del voto femenino, hasta la expedición en 2007 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.

Hortensia Aragón Castillo, del PRD: “Hasta que la dignidad se nos haga costumbre este Congreso tendrá que voltear a ver a las mujeres, dejar de decir discursos y tomar acciones concretas en beneficio de todas, porque todas somos también todos. Este país está construido así, el mundo está construido así, la ausencia de una parte es la ausencia de uno mismo”.

Karina Padilla Ávila, del PAN: “El Día Internacional de la Mujer es ocasión, sí, para recordarnos que en pleno siglo XXI las mujeres y los hombres no hemos alcanzado esta plena igualdad entre nuestros derechos y nuestras obligaciones”.

Lucely Alpizar Carrillo, del PRI: “A seis décadas de ser aprobado el voto femenino, es posible acreditar que gracias a la reforma transformadora de Enrique Peña Nieto se completó el régimen político que nos hace efectivamente iguales a las mujeres y hombres, tanto en lo local como en lo federal”…

Y Guadalupe Murguía, la panista que preside la mesa directiva de San Lázaro: “(Citando a Michelle Bachelet) Cuando una mujer entra a la política, cambia la mujer. Cuando muchas mujeres participan en la política, cambia la política”.
08 Marzo 2017 04:00:00
Ley que pondrá al bosque en manos del mercado… y de los talamontes
Diputados y diputadas del PRI, PAN y PVEM volvieron a sujetarse de las manos y se pusieron a caminar muy orondos a través de uno de los recodos más torcidos del bosque mexicano, adonde -jura la oposición de Morena, PRD y PC que así ha sido- han ido al encuentro de los intereses no sólo de delincuentes (talamontes y aserraderos clandestinos) sino también de desarrolladores inmobiliarios y de agentes de bienes raíces, nacionales y extranjeros, a quienes ahora les va a ser más fácil hacerse del boscaje nacional.

En una sesión ordinaria marcada por los levantadedos, este martes 7 de marzo aquella tríada de grupos parlamentarios decidieron abrogar la Ley General de Desarrollo Forestal, publicada el 25 de febrero de 2003, y expedir la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Todo lo ha hecho bien el PRI en este cambio de leyes forestales, según Andrés García Romero, diputado federal priísta. “Los bosques son vida, pulmones para la tierra, albergue para la flora y la fauna, densidad de árboles y vegetación poblada de vida”, pontificaba. “También representan abundancia de recursos para las personas”.

Y también afirmaba que, con dicho cambio de leyes, no sólo se cumple el plan estratégico de cambio climático que presentó en 2014 Enrique Peña Nieto, sino que también quedarán los bosques ahora como “bienes naturales registrados y protegidos”.

Entonces enumeró el priísta lo que dijo que serán los nuevos beneficios para el país:

“Primero. Dotar a la Comisión Nacional Forestal de mayores facultades en materia de avisos y autorizaciones de plantaciones forestales comerciales, aprovechamiento de recursos maderables y no maderables, así como para acreditar la legal procedencia de las materias primas y productos forestales.

“Incrementar el uso sustentable de los recursos forestales sin arriesgar los bienes y servicios que ofrecen los ecosistemas a la sociedad.

“Eliminar el Servicio Nacional Forestal, por tratarse de una instancia inoperante y con atribuciones poco claras.

“Eliminar materias que competen a otras leyes, por ejemplo, transparencia, igualdad de género y pueblos indígenas; promover economías de escala en la provisión de materias primas y servicios de comercialización.

“Fomentar la participación de las mujeres en los proyectos relacionados con el manejo forestal sustentable.

“Unificar el Sistema Nacional de Gestión Forestal de la Semarnat, con el Sistema Nacional de Información Forestal de la Conafor y otorgar mayores instrumentos a la Profepa para el correcto desempeño de sus atribuciones, generando esquemas de cooperación eficaz en la tarea de vigilancia y propiciando una rápida respuesta de las autoridades.

“Y, en suma, se trata de poner al día la legislación en la materia, haciéndola compatible con la normatividad existente para contrarrestar el cambio climático, adelgazando la burocracia y agilizando los trámites relacionados”.

Cosas casi idénticas dijo el PAN y el Pvem. ¿Un guión? Sólo ellos lo saben. Pero he aquí la argumentación de los opositores a la reforma:

Juan Romero, de Morena: “Este dictamen no prevé reservas forestales; ve a los bosques como un medio económico de lucro y de depredación en procesos productivos y cadenas de valor, pero no lo ve como una reserva que debemos generar para las futuras generaciones.

“Tampoco (esta ley), no ha considerado la opinión de organizaciones sociales o de especialistas en el medio ambiente; es una ley centralizada que va a favorecer la opacidad en los permisos para deforestación. Y será una ley que favorecerá a cadenas productivas que pretenden lucrar con el medio ambiente y con los recursos naturales”.

Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano: “La elaboración de esta ley está dejando por fuera a más de 100 organizaciones de expertos del sector forestal, los cuales ven una involución y un retroceso respecto de la legislación actual”.

Fue Mirza quien recordó al Pleno que apenas el 6 de diciembre pasado fue reformada la ley que ahora se abroga. Una reforma para no “otorgar autorización de cambio de uso de suelo en un terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años, a menos que se acredite fehacientemente que la secretaría haya verificado que el ecosistema se ha regenerado totalmente”.

Pero ahora, en la nueva ley, advierte Mirza, se dice “que no se podrá cambiar el uso de suelo en 20 años -fíjense la palabra-, a menos que la secretaría acredite que la vegetación forestal... Ya está hablando de vegetación y no de ecosistemas. Está dejando una condicionante sumamente frágil para que se quemen bosques y las inmobiliarias lleguen y construyan encima de bosques, de manglares, etcétera. Como este tipo de detalles, que parecerían insignificantes, tienen una total relevancia y le debemos no solo a México sino al planeta absoluta seriedad y responsabilidad”.

E un dato hizo hincapié Mirza Flores: La reforma del 6 de diciembre fue presentada por el PVEM. Exactamente tres meses después, el mismo Verde vota teniendo un interés opuesto.

En voz de Lucía Arzaluz Alonso, el Pvem justificó su voto así: “El dictamen que hoy se presenta, acerca de la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, es un paso importante en la actualización del marco jurídico en materia forestal, pues es necesario saldar los pasivos derivados de la degradación y el agotamiento ambiental; y, por otro lado, detonar un área de oportunidad que representa manejar de forma sustentable los ecosistemas, transitando a un esquema de conservación activa con una nueva visión de gestión integral del territorio”.

Juan Romero criticó: “Es una ley que agiliza los trámites, pero para la depredación de los bosques, no para su reposición y recuperación, no para la sustentabilidad”.

Apenas comienza el debate. Sigue el Senado. Veremos.
07 Marzo 2017 04:00:00
Avanza la negociación subrepticia de la Ley de Seguridad Interior
Por estos días, el PRI y el gobierno de Enrique Peña Nieto han estado negociando subrepticiamente con sectores muy rancios de la oposición en el Congreso mexicano en torno de la construcción de la Ley General de Seguridad Interior.

Priístas de las dos Cámaras del Congreso se han estado reuniendo en conciliábulos con legisladores del Partido Acción Nacional, del Pvem, Pes y Panal. Lo hacen a sabiendas de que, cada día que pasa, hay más gente de las organizaciones sociales –la sociedad civil la llamaba Carlos Monsiváis- que se están oponiendo por antonomasia a una ley que encaminada está a empoderar todavía más al Ejército y a la Marina mexicanos.

A decir de opositores en el Congreso de la Unión, el Gobierno y el PRI han desplegado una estrategia propagandística infame, cuyo común denominador es el engaño y la mentira. Y ejemplifican que priístas y hombres de Enrique Peña Nieto como lo es Miguel Ángel Osorio Chong, encargado del despacho de Gobernación, han estado pretendiendo engatuzar a la gente insistiendo en que dicha ley no militarizará al país, y que establecerá límites en cuanto a los tiempos en que todavía tendrán que permanecer en las calles los soldados y los marinos.

En sus declaraciones, los oficialistas soslayan sin embargo lo que organizaciones defensoras de los derechos humanos y diputados y senadores de la oposición señalan, en el sentido de que es una ley que considera la posibilidad jurídica de que los militares puedan –de acuerdo con criterios propios- decidir detener a quienes se estén manifestando en contra de autoridades o entidades públicas.

De acuerdo con este criterio, planteado por los promotores de las iniciativas (recuérdese que en el Senado una iniciativa la presentó Roberto Gil Zuarth, senador del PAN, y en la Cámara de Diputados la presentó César Camacho Quiroz, el diputado capataz del PRI), los militares estarían facultados para interpretar cuándo una manifestación estaría atentando en contra de la seguridad nacional…

Y, lo más grotesco, es que incluso en una de esas iniciativas –la de Roberto Gil- hasta se plantea el uso de disparos con armas de fuego para hacer valer ese nuevo “Estado de derecho”…  

Una ley que, además, permitiría a militares, sin tener ahora que estarse ocultando, tender redes de espionaje no solo contra presuntos delincuentes, sino también contra partidos políticos, organizaciones sociales y contra periodistas.

En realidad, los teléfonos de mucha gente ya han comenzado a sonar “huecos” desde hace un buen tiempo. ¿Quién vigila? La psicosis abarca ya amplios sectores sociales. ¿Será alguna de las agencias estadounidenses que asentadas están en México desde que Vicente Fox firmó el Plan Mérida? ¿Es el Ejército, la Marina, o la Secretaría de Gobernación?

La sociedad mexicana es una sociedad vigilada desde hace un buen tiempo. Pero, hasta el momento, esta práctica muy propia de los Estados fascistas todavía es ilegal en el país, salvo que haya un permiso de por medio de algún juez.

A partir de que aquella ley cuaje –cosa que el PRI y el gobierno de Peña quieren que así ocurra a más tardar el 30 de abril próximo-, entonces será una práctica legal, sin consecuencias jurídicas para quienes lo hagan desde el Ejército y la Marina.

Bastará que un mando del Ejército ejerza un criterio de sospecha contra alguna persona o institución social para que el espionaje se tienda como la mala yerba sobre los caminos, andurriales, pueblos, ciudades y recodos de todo el país.

Detrás de esta urgencia legislativa estaría la pretensión de inhibir a la sociedad mexicana a participar en los reclamos hacia las autoridades. Meterle miedo a la gente mediante la provocación de la psicosis para que no participe social ni políticamente.

De esta manera, al gobierno le saldría más fácil la siembra de sus “verdades históricas”, como aquella que pretendió sembrar Jesús Murillo Karam respecto de los hechos de Iguala, Guerrero, aquella noche del viernes 26 de septiembre de 2014, en que fueron desaparecidos 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.

ESTRIBO
De 2000 a la fecha han sido asesinados en México más de 120 periodistas. El viernes reciente, en Ciudad Altamirano, estado de Guerrero, fue encontrado muerto el periodista Cecilio Pineda.

Fue encontrado con múltiples disparos tres horas después de que había transmitido en vivo, a través de las redes, comentarios en los que relacionaba criminalmente al Gobierno del Estado con un grupo criminal de la región conocida como Tierra Caliente.

Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos, dijo que debido a las alertas de riesgo que el mismo Cecilio Pineda había lanzado al aire, respecto de que había sido amenazado de muerte, se le ofreció sacarlo de Ciudad Altamirano; pero el periodista –dijo Campa- “decidió quedarse”.

En lo que fue su última transmisión, Cecilio Pineda acusó al gobernador Astudillo de estar coludido con un criminal de marca mayor conocido como El Tequilero. E hizo mención de un diputado local del PRI, de nombre Saúl Beltrán Orozco, de estar también en complicidad con el presunto criminal.

Ayer, en los territorios del Poder Judicial, un juez puso contra las cuerdas una ley que en la Ciudad de México ha sido considerada a todas luces injusta: El reglamento de tránsito de la Ciudad de México fue tildado de inconstitucional en su capítulo sancionatorio de las fotomultas.

El promotor de dicho reglamento, Miguel Ángel Mancera, utilizó una empresa privada para instalar miles de cámaras fotográficas por toda la ciudad, para multar a quienes se pasen un alto o invadan la franja destinada para los motociclistas.
04 Marzo 2017 04:00:00
Jóvenes, destinatarios de la Ley de Seguridad Interior
En los territorios del Congreso de la Unión, la Ley de Seguridad Interior ha tenido estos días el avance de una serpiente venenosa.

Las dos Cámaras trabajan sigilosas en conciliábulos construidos por el PRI y Pvem. Sólo ellos –es decir las cúpulas de estos partidos- saben qué negocian, qué revisan, que construyen.

Avanzan en silencio y en la oscuridad; sinuosos y temibles. A como dé lugar, a ultranza, a fuerza. Ellos pretenden construir una ley que permita lo que organismos defensores de derechos humanos de dentro y fuera del país alertan que será: un instrumento de control de la población, mediante la militarización de México.

El motivo central para el PRI y el gobierno de Enrique Peña Nieto es, a decir de personajes con gran autoridad moral como lo es el general Francisco Gallardo, el siguiente: “pretenden convertir la Ley de Seguridad Interior en una herramienta de control social para convertir a las fuerzas armadas en una especie de ejército de ocupación en contra de los propios habitantes del país (Jornada/24/II/17).

La estrategia legislativa siempre es la misma: decir exactamente lo contrario a lo que hacen. Sólo para apaciguar, tranquilizar a la gente, diciendo lo que la gente quiere escuchar. Pero detrás de esas voces está el hilvanado de una realidad transfigurada en ley totalmente contraria y amenazante contra la población. 
 
La Organización de las Naciones Unidas en voz de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Jan Jarab, ha dicho esta semana que es “preocupante la pretensión de legalizar la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública”.

Prácticamente lo mismo ha dicho Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuando afirma que “la participación de las fuerzas armadas en la materia de seguridad pública no es lo más deseable, dada la especial naturaleza  de sus funciones constitucionales”.

Esta semana, en San Lázaro, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, negó que esta ley vaya a militarizar al país, y se pronunció por que el ejército y la marina sólo permanezcan un tiempo más, eventualmente, en las calles, para regresar lo más rápidamente a los cuarteles.

Aparentemente hay una pugna al interior de las cámaras; unos por aprobarla y otros por seguir revisándola. De hecho, el PAN puso prioridades:

Marko Cortés, coordinador de la bancada panista, acusó al gobierno federal de haber perdido “el interés por la minuta de la Ley del Mando mixto policial”. Y aseguraba que antes de “hablar de un marco jurídico para los militares en trabajos de seguridad, antes se debe establecer para las policías y para los civiles”.

En San Lázaro, Osorio Chong dijo el pasado miércoles: “La ley (en discusión) busca determinar cuándo, en qué circunstancias y el tiempo de actuación de las fuerzas federales, y no es donde lo quieren llevar algunos. No es ni para militarizar al país ni siquiera para considerar casos normales en estados de excepción que permitan la entrada de fuerzas federales”.

La pretensión sobre esta ley es que sea coercitiva en todas direcciones: hacia la población y hacia las autoridades estatales y municipales.

Si los gobiernos estatales y municipales no cumplen con lo que les asigne esta ley, en las materias de seguridad pública o nacional, entonces serán sancionados como suele el gobierno federal sancionar a sus adversarios o enemigos políticos: con el retiro o suspensión de recursos del presupuesto.

Ha advertido el grupo Movimiento Ciudadano: Si continúan las políticas públicas de seguridad enfocadas hacia la militarización del país, sólo se prolongará un camino que ya ha sido condenado por las organizaciones internacionales de derechos humanos”.

Y planteaba a un ensordecido PRI: “Lo primero que hay que hacer es fortalecer las instituciones civiles, para que las fuerzas armadas efectivamente puedan regresar a los cuarteles y a sus tareas constitucionales”.

En paralelo al debate soterrado por la seguridad interior, en San Lázaro este viernes una diputada –Karen Hurtado Arana, del PRD- declaraba que la mayoría de los jóvenes del país están en riesgo de llegar a adultos mayores pobres.

Durante la clausura del diplomado Liderazgo y Negociación Política, Hurtado Arana aseguró que “hoy en día los jóvenes enfrentan uno de los panoramas más desoladores en la historia de México, por lo que, según diversos estudios, están en riesgo de convertirse en varios años en una población de adultos mayores pobres”.

Aportó otro dato: “Según la OCDE, en México, 6.8 millones de jóvenes no trabajan ni estudian; el resto se enfrenta a mercados laborales cada vez más precarios, sin los mínimos satisfactorios como el salario digno, jornada laboral adecuada y seguridad social”.

Y uno más: “De acuerdo con datos del INEGI, el 26 por ciento de la población en México se integra por personas de entre 15 y 29 años”.

¿Y qué tienen que ver los jóvenes con una Ley de Seguridad Interior? El dato siguiente, de María Elena Medina Mora, directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, aportado en 2014, sigue siendo ilustrativo de la realidad nacional actual: “adolescentes y jóvenes han sido las víctimas principales de la guerra contra el crimen organizado. De 1990 a 2010 el homicidio se convirtió en la cuarta causa de muerte entre los hombres de entre 15 y 29 años de edad- Desde 2007 ese grupo ha carecido de oportunidades de trabajo, mientras que el bloque de entre 15 y 19 no tuvo oportunidades para estudiar”.

A ese segmento poblacional estará dedicada, al parecer, la Ley de Seguridad Interior.
03 Marzo 2017 04:00:00
Otro golpe del PRI y PAN a la función del contrapeso constitucional
El PRI –con ayuda del PAN y Pvem- dio ayer otra vuelta de tuerca a esa maquinaria de autoritarismo con la que tienen sometido al Congreso de la Unión, cuando hicieron que el Pleno del Senado aprobase una reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión que quita definitivamente la obligación al Presidente de la República de apersonarse ante los 628 legisladores del Congreso mexicano para rendir su informe anual.

Aunque esta quita de dicha obligación presidencial ya había sido mandatada desde que esos mismos tres partidos –entonces apoyados también por el sector perredista afín al chucho mayor Jesús Ortega- reformaron el artículo 69 constitucional, en el año 2008, dicha reforma constitucional no la habían reflejado todavía en la ley orgánica de marras.

El motivo de aquella reforma a la Constitución no fue otro que despresurizar la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, quien se la pasó sin ir nunca a la Cámara de Diputados –con excepción el día en que muy atropelladamente ingresó al recinto grande de San Lázaro para ser ungido como presidente de la República, y el día, seis años después, en que entregó la banda presidencial al actual mandatario Enrique Peña Nieto.

Calderón virtualmente vivió su administración a salto de mata, teniendo como escudo al Ejército y la Marina, por haberse literalmente robado la Presidencia de la República. Nunca en su sexenio, y hasta la fecha, ha podido arrancarse de la salea la acusación de que era un usurpador.

Si a Vicente Fox, su antecesor, le fue como en feria el 1 de septiembre de 2006, último informe presidencial, a Calderón se le vaticinaba algo mucho peor. Y en su primer informe presidencial, el 1 de septiembre de 2007, de plano ni siquiera se presentó. Solo envió su informe por escrito a través del secretario de Gobernación.

Esto de llevar a San Lázaro el informe presidencial a través de un propio, para no tener que ir el Presidente de la República, fue legalizado con una reforma al 69 constitucional que hasta la fecha perdura.

Los secretarios de Gobernación en turno son los encargados de apersonarse con el mamotreto de cinco kilos, en un salón anexo al recinto grande –justo cuando diputados y senadores sesionan bajo la figura de Congreso general-. Se hecha un discursito y se va.

Pues ahora, el PRI ha dado la repasada final: Bajó el 69 a la Ley Orgánica. Y esto fue lo que criticaron unos y justificaron otros:

Martha Angélica Tagle Martínez, del PRD: “Ni siquiera intentó hacer esta reforma un verdadero formato de rendición de cuentas; un verdadero formato en el que el Ejecutivo presente y rinda cuentas a la Nación en el Congreso de la Unión; un formato en el que los secretarios no solamente vengan a presentarnos algunas ideas donde no hay un verdadero cuestionamiento como hay en otros sistemas en el mundo; o lo que es peor, por si no se dieron cuenta, este año ni siquiera tuvo que comparecer el Secretario de Gobernación”.

“Y hoy con esta reforma venimos a validar eso, eso que no podemos llamar rendición de cuentas, es un derecho que tienen los ciudadanos a conocer qué es lo que se está haciendo en el país, y lo que estamos haciendo el día de hoy, supuestamente para armonizar la Ley Orgánica del Congreso de la Unión al artículo 69 constitucional que, insisto, nunca se debió de haber reformado, es simple y sencillamente validar un formato que nada tiene que ver con la rendición de cuentas, y limitamos con ello el derecho de la ciudadanía a conocer de vida voz y de parte de los titulares del Ejecutivo cuál es el estado que guarda la nación.

Alejandro Encinas Rodríguez: “La solución debería de ser otra, debería de regresarse no solo a la presencia del Ejecutivo ante el Congreso a informar y a rendir cuentas de su gestión, sino también abrirse al debate, a la réplica con las y con los legisladores.

“No veo por qué seguir eludiendo esta situación y seguir protegiendo la imagen de un Presidente renuente a rendir cuentas, y más en los momentos tan difíciles que vive nuestro país”.

Y el senador del PRI Sofío Ramírez, quien, de entrada, rememoraba el informe como “la fiesta de México”, de la que, recordó, “hasta se suspendían clases porque viene el señor presidente de la República a rendir su informe”…

Apostilló Sofío: “¿Dónde se descontextualizó este nacionalismo? Cuando en un pleno ejercicio de libertad de expresión, de facultades y competencias, en el Congreso de la Unión, en Cámara de Diputados, muchas veces no se permitía el acceso a los presidentes del partido que fuese, o muchas veces en el Pleno no se guardaban, ni se respetaban los protocolos o los procedimientos legislativos.

“Lo que antes era una motivación o una alegría, se pasaba quizás a una vergüenza nacional, cuando veíamos a diputados locales, no importando el partido, que finalmente en su derecho y en su libertad, en sus facultades se expresaba sin guardar los procedimientos y los protocolos que para el caso era necesario poder respetar.

“Hoy lo que se pretende es armonizar, seguir en la transparencia y la rendición de cuentas, en el Informe del señor Presidente de la República, armonizar el artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, o el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que pueda ser por escrito”.

Este proceso legislativo continuará en la Cámara de Diputados.
02 Marzo 2017 04:00:00
“EPN entregó a Ejército y Marina mexicanos al Departamento de Defensa de EU”
Atisbos apenas de un debate absolutamente anómalo, construido por los mandamases del Senado, o sea el PRI y el PAN y el PRD. Luis Videgaray Caso respondió como quiso, lo que quiso y cuando quiso. Y cuando el canciller se fue, cargaba en el lomo los mismos signos de interrogación con que los senadores lo recibieron.

Signos de interrogación de preguntas que no respondió de plano, como aquellas que Manuel Bartlett Díaz le descerrajó entre ceja, oreja y…

“Yo diría”, dijo a Videgaray el que fue el secretario de Gobernación en los tiempos de Miguel de la Madrid, “que si se está negociando con alguien, y ya le vieron los dientes y la cara feroz al imperio, pues sería un absurdo que hagan lo que ellos quieren.

“Como el ejército, señor secretario de Relaciones Exteriores, el  Ejército y la Marina vinculados con el Comando Norte, actuando de consuno en la defensa de los mismos valores, dice el departamento de la Defensa de los Estados Unidos.

“Tampoco es conveniente que quienes nos tratan tan mal, quienes nos  enseñan los dientes y nos amenazan, tengan además el regalito del Ejército y la Marina, vinculados al Comando Norte, eso es parte de la negociación, yo creo que deberían de tenerlos en cuenta.

“En México operan todas las agencias norteamericanas que antes operaban disfrazadamente, hoy están en el Paseo de la Reforma, opinan, están metidos en todo, dan línea, y cuando no se les hace caso, nos regañan desde Washington, a través de los periódicos.

“¿Conviene en estas negociaciones, señor secretario de Relaciones Exteriores, que las agencias extranjeras de los Estados Unidos operen libremente en México?  ¿Es una relación que conviene a nuestro país en estas negociaciones de altos vuelos?

“El otro tema es la aprobación aquí en el Senado, de que los agentes norteamericanos migratorios puedan estar en nuestras estratégicas oficinas armados, no sé si ya se lo informaron en Relaciones Exteriores, armados. Los agentes migratorios, esos que matan hasta desde el otro lado, a muchachos mexicanos, esos van a estar armados y despachando en nuestras instalaciones migratorias.

“¿Ésa es una buena negociación señor secretario de Relaciones Exteriores, mantener esa vinculación? Yo se lo dejo a usted porque es una cuestión, como diría Calderón, es una cuestión que hay que analizar entre las dos partes. Pero no nada más son los agentes migratorios, esos son los agentes aduanales también, esos también.

“Cuando se les preguntaba que porqué estaban haciendo esa barbaridad, aquí en el Senado, en la Ley de Armas de Fuego, nos dieron una explicación fantástica. Una presidenta de una de las comisiones nos dijo: “Es que la pistola va con el uniforme”. Ésa fue la explicación, cuando son organismos realmente paramilitares.

“¿Van a mantener sus acuerdos, señor secretario? ¿Van a hacer que el Ejército se convierta aquí en México, por instrucciones de ellos, en una presencia política, económica y social en todo el país?

¿Va usted a permitir, para que ellos estén tranquilos y sus empresas estén tranquilas aquí, que el Ejército mexicano militarice al país, más aún, lo van a hacer ahorita que están negociando?

“Es positivo, señores, aquí están, creo que les entregaron a “El Chapo” antes de que llegara el otro, ahí va “El Chapo”, y ahora vamos a sacarles la Ley de Seguridad Interior, entelequia, le digo e inconstitucional ¿van a seguir en eso, señor Secretario? ¿Ésa es una negociación de igual a igual? ¿Un país intervenido por las policías extranjeras? ¿Un ejército vinculado al Comando Norte? ¿Que no es parte de esta negociación, no nada más la cuestión tecnocrática del TLC y todos sus fracasos internos?

“¿Qué van a seguir con el Consejo de Integración? México, Estados Unidos y Canadá somos una misma entidad. Ese ha sido el argumento permanente ¿eh?

“Este Kelly que es nuevo, está usando los zapatos de otro, está el Jeh Johnson, que es el secretario de la Homeland Security, Kelly que vino es el secretario de esta organización prácticamente es una secretaría fascistoide que muerde hasta sus propios ciudadanos ¿eh?

Ese Jeh Johnson venía aquí y lo recibía el presidente con banderas, siendo simplemente un secretario de Homeland Security.

“Un poco lo que hicieron ahora que llegó el nuevo Jeh Johnson, llegó, después de todas las regañadas, y el ex director de la Exxon Mobil, que por cierto es de los que desarrollaron la técnica en Texas para el fracking, que ya está listo para lo que a él le interesa.

“¿Por qué los recibió el Presidente? Sabe usted que en la diplomacia es una vieja norma que se recibe a los funcionarios en su nivel.

“No vino el Presidente de los Estados Unidos ¿eh? Vinieron dos secretarios de Estado.

Aunque los asusten y sean muy fuertes, y lleguen con 50 camionetas, (son solo) secretarios de Estado. Deben de recibir el tratamiento de secretarios de Estado y no recibirlos el Presidente.

“¿Dónde está la negociación y la diplomacia, señor secretario? ¿Qué no han aprendido? ¿Qué no saben lo que es la integración? ¿A qué grado estamos sometidos y a qué grado está el territorio nacional sometido a las empresas trasnacionales, conviene seguir en esta negociación de esa manera?

“¿Y la seguridad nacional? ¿Y la soberanía nacional no forma parte del mismo tratado, no forma parte de toda esta negociación?

Videgaray sólo contestó una pregunta de Bartlett: ¿Por qué México insiste en el TLC? “Lo vamos a mantener si le conviene a México”, respondió el canciller. Pero de las otras… nada dijo.
01 Marzo 2017 04:00:00
“¿A cambio de qué, cedieron a EU la responsabilidad en la frontera sur?”
Luis Videgaray Caso compareció ayer ante el Pleno de los 128 senadores. El Senado es la institución legislativa facultada por la Constitución para revisar la política exterior de México. ¿Lo hizo? ¿Cumplió esta Cámara con su función de contrapeso constitucional? Únicamente dos senadores –Layda Sansores Sanromán y Manuel Bartlett Díaz- abrieron, sin ambages, en canal a la cancillería y al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Más allá de jurar que están defendiendo la soberanía nacional, ¿qué han negociado con Estados Unidos a propósito de la frontera sur de México? ¿Por qué si Trump sólo golpea y humilla, México no se arma de dignidad y saca a todas las agencias policíacas estadounidenses del país? ¿O es que negocian la entrada de más agentes gringos?

He aquí lo que dijo Layda Sansores a Videgaray: “Usted sabe bien que se tiene la percepción generalizada de que el actuar del Gobierno es tibio y medroso, ¿qué esconden? ¿Por qué mienten?

“Con el senador Bartlett presentamos un punto de acuerdo para que se dé a conocer la conversación telefónica de Peña con Trump, que causó tanta polémica. Exigimos sea publicitada.

“¿Qué quieren ocultar? ¿La falta de carácter de un Presidente que acepta la humillación; que acuerda cosas inaceptables?

“¿Sí o no la grabaron, o acaso va a ser capaz de sostener ante esta soberanía que fueron tan estúpidos para no grabar una conversación tan delicada, que además tenía intérprete?

“Ustedes piden unidad, nosotros transparencia.

“… Preocupa y mucho la opacidad con que se manejan las visitas del secretario de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y esa que se efectuó en Tapachula que no dijeron nada, con jefes del comando sur y norte, para discutir asuntos de nuestra frontera sur.

 “Usted dijo que no hablaron del muro, ni de deportaciones masivas. ¿Y entonces a qué vinieron estos señores? Me parecen muy sospechosas las amables recomendaciones de los secretarios que mandó Trump.

“A los hermanos centroamericanos, no arriesguen sus maravillosas vidas; no expongan a sus preciosos hijos”. Ah, ¿Y desde cuándo son tan cariñosos?

“Alarma que usted en su declaración, y esto me parece todavía más grave, haya dicho al final de la reunión que habrá una responsabilidad compartida, así textual.

“¿Qué quiere decir eso?

“Nos están pateando y nosotros insistimos en seguirles haciendo el trabajo sucio, cuidando el traspatio en que han convertido a México, y en esta responsabilidad compartida dígame: ¿Vamos a ser paladines o vamos a seguir siendo peones y seguir limpiando la caca?

“Dígame, le pido que esta pregunta tampoco la evada:

“Ya que está repartiendo soberanía, ¿qué responsabilidad le toca a Estados Unidos y cuál le toca a México?

“¿A cambio de qué se cede la responsabilidad en la frontera sur?

“México no debe ser policía de los Estados Unidos ni permitir que operen en nuestro país agentes de seguridad y además armados.

“La política migratoria en la frontera sur es una política de exterminio y se calcula que uno de cada tres desaparecidos es un migrante centroamericano.

“En esta coyuntura proponemos la salida de los agentes armados más pronto que tarde y más pronto que temprano y que se ponga punto final a la iniciativa Mérida. Ellos pretenden que mientras Trump levante el muro, nosotros sigamos cavando fosas para que a ellos no los salpique la sangre.

“Es deleznable. México debe ser santuario para los centroamericanos y no un enorme cementerio sin cruces y por cierto, señor Secretario, ¿cuál es el plan para los hermanos haitianos, cubanos y africanos que se quedaron varados?

“Trump expresó frases humillantes que lastiman nuestra dignidad y advertencias que atentan contra la soberanía de México, pero usted dice no, no ha habido ninguna falta de respeto a la diplomacia mexicana, no; aquí no ha habido amenazas, agresiones, insultos a México...

“Trump los tiene avasallados y no se dan cuenta que los ataca con el arma más letal que hay en la política, que es el ridículo.

“¿Qué deben, qué le saben, a qué le teme Peña, que ha perdido hasta la hombría de indignarse cuando hieren a su pueblo?”

Una pregunta escocía: ¿A cambio de qué cedieron a los Estados Unidos la responsabilidad de la frontera sur?  

Y esto respondió Luis Videgaray Caso: “¿A qué me refería yo cuando hablé de una responsabilidad compartida? Me refería a Centroamérica y me refería particularmente al triángulo norte, a Honduras, El Salvador y Guatemala.

“No podemos pretender atender este fenómeno migratorio que se ha acelerado de manera considerable en los últimos tres o cuatro años, si no asumimos también una responsabilidad con respecto al desarrollo y a la estabilidad en la región.

“México tiene un fondo de acuerdo a las capacidades presupuestales del Estado Mexicano, en el cual colaboran proyectos de desarrollo en la región centroamericana, no sólo el triángulo norte, asumimos nuestra responsabilidad, pero el gobierno de los Estados Unidos también tiene que asumir su responsabilidad, tiene que compartir la responsabilidad con los gobiernos centroamericanos, con el gobierno de México y por cierto con otros gobiernos que quieren participar, el gobierno de Colombia, el gobierno de Canadá, por ejemplo.

“A eso me refería yo con una responsabilidad compartida y es un principio fundamental de nuestra relación con los pueblos hermanos de Centroamérica”.

Hablaron mucho. Pero en torno de esta pregunta giró el Pleno. Querían saber si Peña ya permitió que policías y militares gringos, con sus equipos, monitoreen la frontera sur de México desde las bases militares mexicanas. Y eso contestó Videgaray. Se acabó el espacio. Continuará.
28 Febrero 2017 04:00:00
Las preguntas que esperan hoy a Videgaray en el Senado
Este martes 28 de Febrero de 2017 comparecerá Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores, ante el Pleno de la Cámara de Senadores. Lo hará luego de que los secretarios de Estado y del Interior del gobierno de los Estados Unidos sostuvieron una visita en México con sus homólogos –el mismo Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación- y con el presidente Enrique Peña Nieto.

Videgaray ya se reunió la semana pasada con los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PRD Y PVEM de la Cámara de Diputados. Un encuentro perdido absolutamente para la función de control político de la Cámara de Diputados, en el que reinó la simulación y la carcajada, criticaron los opositores al régimen.

Videgaray negoció con los coordinadores de marras un encuentro bajo llave, al que no tendrían paso ni el resto de los diputados ni, mucho menos, los periodistas. ¿De qué hablaron? Solo él y los coordinadores lo saben.

El sello de la oscuridad con que los capataces de San Lázaro y Videgaray marcaron el encuentro del pasado día 22, no deberá manchar el encuentro que hoy protagonizará el mismo funcionario pero ahora con los senadores de la República.

Ahora este canciller, que trae en la frente la marca negra de los traidores a la Patria, comparecerá ante el pleno de los 128 legisladores y deberá tener presente que el Senado es la institución del Congreso encargada por la Constitución de dar seguimiento a la política exterior mexicana.

Muchas preguntas esperan la contestación pormenorizada de Luis Videgaray Caso. ¿Las va a responder? Difícilmente los opositores conseguirán que el secretario responda a satisfacción. La mayoría conformada por el PRI y por el PVEM jugará un papel de complicidad con Videgaray, y sus trazos se verán desde el formato mismo de la comparecencia.

A lo único que jugarán a ganar los opositores es a exhibirlo como lo que juran los de Morena y un sector del PRD que Videgaray es: Un total improvisado en la materia de la política exterior, y un olímpico traidor.

Un falsario para los intereses del pueblo de México que habría sido impuesto por el mismo Donald Trump, cuando en lo que fue la primera conversación telefónica que sostuvieron el 10 de noviembre de 2016, el entonces recién presidente electo estadounidense y Enrique Peña Nieto, el ahora canciller fue vanagloriado por aquel luego de haber sido el artífice de la visita en agosto del entonces casi noqueado candidato republicano para ser recibido como virtual Jefe de Estado, nada menos que en Los Pinos, por el presidente mexicano.

Hasta el momento, a Videgaray nadie lo ha confrontado con rigor y obligado a revelar cuál fue el papel que ha jugado en toda esta historia infausta para México. Se ha escabullido con ayuda de gente subordinada, como son los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados.

Ciertamente comparecerá ante el Pleno; pero a su lado tendrá a los senadores del PRI y PVEM. El PAN, en este tema, ha jugado aparentemente a ser opositor, y se ha puesto a criticar también la sumisión que profesa este gobierno ante Trump.

Cuando Videgaray llegó a San Lázaro, la semana pasada, hizo declaraciones que endulzaron el oído tanto a opositores como a los mexicanos todos; pero carga sin que pueda evitar no hacerlo su historial de mentiroso y corrupto.

Los senadores que se oponen al régimen tendrán un trabajo laborioso cuando, desde la tribuna, traten de sacarle como con tirabuzón respuestas como aquella, precisamente, de que se constituyó en el primer nombramiento que hizo Donald Trump en el gabinete de Enrique Peña Nieto.

Preguntas como aquella de por qué no informa al Congreso sobre lo que habla en secreto con los funcionarios estadounidenses. O aquella otra pregunta que traen en ristre los opositores, de por qué puso en alta vulnerabilidad al país cuando se dice que revisa los discursos a Trump, con el riesgo de que Trump o su gente también terminen por dictar los pronunciamientos al gobierno mexicano… cosa nada imposible de que suceda o haya sucedido ya, dada la sumisión extrema en que el gobierno de Peña ha caído ante el Gobierno estadounidense, que ya incluso el Episcopado mexicano criticó con vehemencia este domingo al calificar a la administración mexicana de “sumisa” y muy “cobarde”.

 
ESTRIBO

El Senado ayer se transfiguró en un recipiendario de ecos, cuando Miguel Barbosa Huerta, coordinador parlamentario de la fracción del PRD, anunció que apoyará a Andrés Manuel López Obrador en su carrera por la Presidencia de la República.

Desde hace meses se miraba a Barbosa con muchas ganas de tomar distancia de la dirigencia nacional del PRD, a cuya cabeza sigue estando –más allá de la presidencia formal que ostenta Alejandra Barrales- el chucho mayor Jesús Ortega.

En conferencia, Miguel Barbosa Huerta dijo este lunes 27: “Soy perredista, pero apoyaré a López Obrador”. Y apostillaba: “He decidido apoyar a AMLO rumbo al 2018. Y hago un llamado al PRD a apoyarlo rumbo a la presidencia de la República”.

En el comité ejecutivo nacional esto que dijo Barbosa les supo a más de cinco como chile en embarrado en la cara. “El PRD se está vaciando y su dirigencia debe reconocer que eso es una realidad”.

Luego criticó a Miguel Ángel Mancera, actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, que llegó a serlo sin ser militante del PRD, recordó Barbosa.

A Mancera lo tienen en amplios sectores del PRD como a un “neroncito”, de la misma calaña de Videgaray y de Peña Nieto.
25 Febrero 2017 04:00:00
‘Si siguen así (Peña y Videgaray), entonces serán los satanaces del siglo XXI’
Cuando camino iba a su ratificación como embajador de México en los Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez contuvo la respiración, miró a Miguel Barbosa Huerta, y entonces escuchó de éste: “Yo quisiera preguntarle a Gerónimo Gutiérrez si él en su relación con el hoy canciller, fue también de los que sugirieron invitar a Donald Trump cuando estuvo de visita con el Presidente Peña, siendo candidato Donald Trump de una contienda que lo llevó a la Presidencia de la República”.

El jueves 23 de febrero, el Senado de la República lo tenía ahí, en espera de que lo ratificaran. Y no, no sólo había sido Manuel Bartlett quien lo centraba, a él y a su jefe, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. También Miguel Barbosa Huerta le centró la pregunta entre ceja, oreja y…

“Ese fue un error garrafal, un error diplomático”, remachó Miguel desde la tribuna. “Como error hoy es que el Presidente Peña haya recibido al secretario de Estado y al secretario de Seguridad Interior. La política del doble lenguaje”.

Peña Nieto acababa de recibir a los secretarios de Estado y del Interior de los Estados Unidos. Inauditamente Peña volvía a bajar al suelo la investidura de la Presidencia de México, al ponerse a platicar con dos empleados de Donald Trump, como si éstos tuvieran el nivel de presidentes de la República.

Miguel Barbosa, muy incisivo, continuó: “Aquí acaban de declarar los señores (se refería a los secretarios estadounidenses), por cierto para el PRD no bienvenidos a México, acaban de declarar que las deportaciones no serán masivas y que el Ejército no participará. Pero por la mañana Donald Trump da una conferencia donde dice que el asunto de la deportación de migrantes es un asunto con características militares”.

Y saeteó Barbosa: “¿Cómo puede haber un diálogo entre dos países, cuando hay una permanente agresión de uno a otro?”

Y entonces, en alusión a Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray Caso y al, en ese momento, embajador en ciernes, Barbosa Huerta dijo: “Que no se equivoquen los señores del gobierno federal; ¡que no se equivoquen!, porque si continúan así, haciendo cosas de las cuales el pueblo de México tenga una condena y una sanción, pasarán a ser los satanás del siglo XXI”.

El senador perredista hubo dicho al Pleno hacía un instante: “Yo me preguntaría si Gerónimo Gutiérrez tiene la estructura de personaje político con una visión patriota del ejercicio de la función pública, porque lo que necesitamos no es alguien que vea que la relación entre México y Estados Unidos sólo tiene una prioridad, la prioridad de resolver la parte comercial y económica, sino que exprese una posición patriótica, respecto al conjunto de los asuntos que componen esta crisis”.

Y se preguntaba otra vez: “O es que acaso él (Gerónimo) será también parte de la estrategia anuente, acompañante del gobierno de la República, en relación a lo que está ocurriendo con Estados Unidos? ¿Cuál es su opinión para calificar el asunto del muro?”

Hasta la sobrina de Felipe Calderón, la senadora panista Mariana Gómez del Campo, criticó la pasividad del gobierno en este conflicto inédito con Estados Unidos: “Vivimos una crisis sin precedentes en la historia reciente, una etapa de definiciones en las que exigimos que el gobierno federal deje la tibieza y actúe firmemente en pro de la defensa de la dignidad de México y de los mexicanos dentro y fuera de nuestras fronteras”.

El senador pvemista Juan Gerardo Flores dijo: “Gerónimo Gutiérrez tiene los conocimientos y la experiencia para poder interpretar en forma oportuna las discusiones que tienen lugar en las distintas arenas de los Estados Unidos: la arena mediática, la arena política, la arena social, en fin”.

El PRI habló a través de Jesús Casillas dijo: “Como ya se dijo aquí, México y Estados Unidos hemos sostenido una relación de más de 196 años, siempre en el marco de la colaboración mutua, defendiendo los intereses de cada una de las naciones en lo comercial, en lo social, en lo político, en lo académico, en seguridad, en migración, y en ese intercambio académico y científico que a lo largo de la historia hemos llevado a cabo. Sin embargo, hoy la coyuntura nos presenta un gran reto y una oportunidad para que México saque la casta”. Y sostenía que Gerónimo “no es un improvisado”.

Manuel Cárdenas, ex priísta, hoy senador del otrora partido de Elba Esther, el Panal, dijo: (Gerónimo Gutiérrez) “es perfectamente transitable, el conocimiento, las habilidades, las destrezas, su experiencia en el aparato público hacen evidente la idoneidad de quien nos hace llegar el Presidente Peña Nieto”.

Turno de Fidel Demédicis, perredista, aconsejó al nuevo embajador a “que no haga como los gallos que tienen miedo, que tire con las patas encogidas. Pues Trump, hablando de una similitud, ya se puso una navaja de dos o de tres pulgadas, y al embajador lo vamos a mandar sin navaja frente a un gallo mañoso como ese, y luego sin defensa, pues la tiene complicada el ciudadano Gerónimo Gutiérrez”.

El senador entonces advirtió, en alusión al embajador mexicano: “El empleado se va a poner duro en la medida en que el Jefe se ponga duro; es decir, si el ciudadano Presidente de la República no marca con claridad cuál es la estrategia para defendernos de las agresiones de Trump, pues entonces el compañero embajador ¿cuál es la línea política o cuál es la línea estratégica que va a seguir en Estados Unidos? ¿También va a ser de ocurrencias?”
24 Febrero 2017 04:00:00
Gerónimo Gutiérrez y la claudicación del Senado mexicano
El Senado ratificó ayer el nombramiento presidencial de Gerónimo Gutiérrez como embajador de México en Estados Unidos. Todos lo arroparon, menos un senador: Manuel Bartlett Díaz. He aquí partes medulares:

Gabriela Cuevas Barrón, senadora del PAN: La importancia de Estados Unidos para México es indudable: Existe una comunidad de 34 millones de personas de origen mexicano que residen en nuestro país vecino. Contribuye con el 8 por ciento del Producto Interno Bruto estadounidense y con 570 mil empresas en ese país; es decir, una de cada 25 empresas en los Estados Unidos son propiedad de migrantes mexicanos.

“En México tenemos claro que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. En 2015 enviamos el 80 por ciento de nuestras exportaciones totales hacia allá. El año pasado comerciamos 525 mil millones de dólares en bienes. Somos el primer, segundo o tercer socio comercial de sus 50 estados, y más de cinco millones de empleos en el país vecino dependen de la relación bilateral con México. Una de cada cinco familias mexicanas depende de las remesas que se envían desde los Estados Unidos. En 2016, las remesas que ingresaron al país acumularon su máximo histórico: 26 mil 970 millones de dólares, 8.8 por ciento más que el año anterior”.

Y el apostille de Cuevas Barrón: “Queremos ver a un embajador que esté, tanto en la Casa Blanca y Wall Street, como en las comunidades de trabajadores agricultores en Fresno, California, que requieren la máxima protección.

El Presidente de los Estados Unidos no puede utilizar a México a capricho, como responsable de los problemas que vive su vecino al sur. No se hace política exterior a tuitazos. En la política exterior se dialoga, se construye y, sobre todo, se respeta.

Exigimos respeto a México, y exigimos que nuestro embajador haga valer ese respeto a México”.

Marcela Guerra, senadora del PRI: Los secretarios estadounidenses de Estado Rex Tillerson y del Interior John Kelly dijeron que respetarán los derechos humanos de la ley, que continuará la colaboración entre Estados Unidos, entre México y los países centroamericanos para detener los flujos migratorios de esta región. ¿Ustedes creen que debemos de creer esto? ¿Ustedes creen?

Remachó la priísta: “Debemos abogar por un ejercicio de política con seriedad y que el próximo embajador Gerónimo Gutiérrez haga valer con firmeza la postura del sentir de los mexicanos; que los 50 consulados hagan valer también la defensa real de los connacionales; que nosotros en el Senado en breve entablemos un diálogo nacional para ver las implicaciones de la construcción de un muro”.

Turno de Manuel Bartlett, del PT: “El gobierno de Peña Nieto ha conducido las relaciones con los Estados Unidos con frivolidad e irresponsabilidad. Tres Embajadores: Medina Mora, dos años, clave para el acuerdo de Peña Nieto con Estados Unidos que condujeron a la entrega de petróleo, premiado con el cargo de Ministro de la Corte, nunca se le reconoció idoneidad al respecto. Miguel Basáñez, siete meses, sin oficio diplomático, ni formación adecuada, impuesto y aprobado automática, despedido sin ningún explicación.

“Carlos Manuel Sada, nueve meses, Cónsul en Estados Unidos, justificando la propuesta por un cambio de estrategia ante el asunto migratorio, problema que durante cuatro años, Peña dejó pasar.

“En las actuales circunstancias, críticas, ante agresiones y amenazas del gobierno norteamericano, presentan un nombramiento ajeno a la altura de la situación; ajeno a la altura de la situación. Curriculum limitado a tres años como subsecretario América del Norte, y un cargo tecnocrático e intranscendente en el Banco de Desarrollo para América del Norte.

“Lo que destaca en la opinión pública de esta presentación es ser compañero de escuela del Secretario Videgaray. Como además, juntos habiendo servido en el PRI y en el PAN, son bipartidistas, sin ninguna contradicción entre ellos, secuela de nombramientos de amigos.

“Este carrusel de Embajadores inadecuados, que ha colaborado en el entreguismo del Ejecutivo que nos coloca en una grave dependencia de los Estados Unidos, no sólo económica y comercial, sino lo más delicado su injerencia gravísima en materia de seguridad.

“Debería el Senado haber buscado a la mejor persona para enfrentar a esa potencia agresiva, a la que nos hemos entregado con las manos atadas. Esa debería de ser la función del Senado, de equilibrio, no de oficialía de partes.

“El sentimiento crítico de la República debe reflejarlo el Senado, se dijo en comisiones; la población está molesta, ofendida, no se escuchaba al canciller confrontar la xenofobia. La posición de las comisiones fue crítica para el gobierno y su Secretario de Relaciones. Sin embargo, votaron a favor del recomendado del Secretario a quien critican. La votación refleja una vez más la claudicación del Senado de su responsabilidad, un chambelán del Presidente.

El voto en comisiones debió haber sido negativo por lo que ahí se dijo. Las inadecuadas e indolentes propuestas de Peña Nieto obedecen a su tranquilidad, a su confianza en quien tendrá siempre la aprobación irreflexiva del Senado. El Senado se descalifica a sí mismo, y pone en riesgo al país.

Si las relaciones con Estados Unidos han sido claudicantes, vergonzosas, entreguistas, lo dice el propio Cossío, Ministro de la Corte, el Senado no ha sido factor de equilibrio, sólo comparsa”.

Al final, Bartlett invitaba a todos a reflexionar, a actuar con la inteligencia y energía que se necesita hoy para la defensa de los mexicanos frente a la virulencia norteamericana ante un gobierno débil que justifica su actitud timorata como prueba de su responsabilidad”.

Fue ratificado con 80 votos, cinco en contra y una abstención.
23 Febrero 2017 04:00:00
El arrogante Videgaray y los alcahuetes diputados
Aupado sobre su arrogancia, Luis Videgaray Caso se apersonó ayer ante la alcahueta Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, se puso a mirar a los diputados como dicen que Dios mira a los conejos… y entonces desplegó ante los medios de información el discurso dulzón que todos los mexicanos quieren escuchar: Que el gobierno está dedicado a defender la soberanía nacional y que en marzo el gobierno mexicano demandará ante organismos multilaterales las violaciones de que son objeto los mexicanos radicados en los Estados Unidos por parte del gobierno de Donald Trump.

Esta reunión con los capataces de los grupos parlamentarios fue, desde la víspera, la representación de la farsa de contrapeso en que está batida la Cámara de Diputados, de modo particularmente grave, en lo que va del sexenio.

Llegando, fue de inmediato arropado por los coordinadores parlamentarios. Nada trascendió a través de los monitores lo que Videgaray tenía a bien decir a sus interlocutores.

Una reunión que terminó por convertirse en un conciliábulo, del cual no se sabe todavía si alguno de los legisladores preguntó qué ha acordado realmente con el gobierno de los Estados Unidos.

¿Alguno de los diputados preguntó a Videgaray si es verdad lo que se filtró en medios de información de los Estados Unidos, de que está allí, como secretario de Relaciones Exteriores, porque Donald Trump lo quiso así, y así se lo exigió a Enrique Peña Nieto desde la primera llamada que sostuvieron, posterior a su triunfo en noviembre de 2016?

De lo único que se sabe (los legisladores guardan confidencialidad a modo de lo que le conviene al Ejecutivo federal) es, precisamente, de lo que Videgaray dijo en conferencia, después de la reunión sostenida con los coordinadores. Que México no aceptará imposiciones migratorias de Estados Unidos, hubo dicho a los reporteros.

Dijo también que a los diputados explicó por qué ocurrió el primer encuentro con los representantes del gobierno estadounidense en enero, a pesar del inicio del feroz golpeteo del presidente Donald Trump contra México. Incluso cuando la opinión prevaleciente en el país era en el sentido de que no los buscara y que actuara con dignidad y orgullo.

“Porque era el primer encuentro”, dijo Videgaray a los reporteros. “El primer encuentro y había que establecer las primeras posiciones del gobierno mexicano. Y así lo hicimos con respeto, con firmeza. Y ese fue el primer punto de partida entre los dos gobiernos”.

Pero, además, dijo, “si nos hubiéramos retirado de la mesa hubiéramos sembrado un precedente delicado y hubiéramos perdido legitimidad, apoyo (de organismos que pedían dialogar con Trump) y nos hubieran reclamado que habríamos desaprovechado la oportunidad de diálogo”.

A decir de Videgaray, la reunión con los diputados coordinadores fue “un diálogo cercano”. Y apostilló: “Fue una reunión en la que escuché distintos puntos de vista y preocupaciones compartidas”.

Y remachaba también: “Tenemos plena coincidencia con todas las voces de la Junta de Coordinación Política en el propósito de actuar con inteligencia y con firmeza en defensa de México y nuestros connacionales”.

La reunión de Videgaray con los diputados coordinadores ocurrió horas antes de que este se reuniera con el general John Kelly, secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos, y con Rex Tillerson, secretario de Estado de ese país.

Lo acompañarán los secretarios de Gobernación, de Hacienda, de Defensa y de Marina. Y él llevará la voz cantante y no el de Gobernación.

No se supo ayer en San Lázaro si los diputados le exigieron lo que todos los mexicanos exigen a su gobierno: Que se ponga a defender a ultranza, por antonomasia, a la soberanía nacional, más allá del discurso. Un discurso que sólo genera desconfianza, por lo desacreditado que está el gobierno de Peña Nieto en cuanto a la defensa de la patria.

No sufriría tanto el pueblo de México estos días de gravedad si no se supiera que el gobierno mexicano está bajo la égida de personajes tan desacreditados moralmente como el mismo Videgaray Caso y el mismo Peña Nieto, quienes desde que asumieron el poder presidencial en México se dedicaron a cambiar leyes totalmente contrarias a los intereses del estado mexicano. Leyes que, en cambio, están beneficiando nada menos que a los Estados Unidos de América.

¿O usted, lectora, lector, cree a Videgaray cuando afirma –lo hizo en san Lázaro– que México no va a aceptar decisiones unilaterales de los Estados Unidos, como esta de ayer mismo cuando arreciaron las deportaciones hacia territorio mexicano? ¿O, prometió Videgaray, de que el gobierno de Enrique Peña Nieto “se pondrá firme en materia migratoria”?

Pues nada de esto han dicho los diputados que recibieron comedidamente a Videgaray. ¿De veras todo lo que dijeron corresponde al casillero de la seguridad nacional?

Estas preguntas barbotarán ahora que Videgaray acepte comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores de San Lázaro. O de la de los senadores.

Deberá hacerlo. Y máxime cuando a su pesado costal de pendientes informativos al país, deba incluir lo que a partir de anoche y hasta el viernes, esté negociando, discutiendo, acordando, con los dos secretarios del gabinete presidencial de Donald Trump, apersonados desde ayer en la ciudad de México.

Videgaray, en San Lázaro, dijo que México no recibirá a deportados de otras nacionalidades, pero la Secretaría de Desarrollo Social decía lo contrario: Que sí, y que tratará a los extranjeros deportados con respeto.
 
ESTRIBO
The Washington Post y The New York Times criticaron con dureza ayer a Donald Trump, a cuyas políticas migratorias calificaron de “crueles”.
22 Febrero 2017 04:00:00
La farsa (y el cinismo) del contrapeso en la Cámara de Diputados
Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores, comparecerá hoy en San Lázaro ante los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados. No lo hará ante el Pleno de los 500 legisladores, ni, tampoco, ante el Pleno de los 30 que integran la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara. La Cámara de Diputados, una vez más, está fallando a la nación.

La función esencial de la Cámara es servir de contrapeso constitucional al ejercicio del poder presidencial. No es la primera vez que su posición es de total claudicación ante el presidente de la República; pero en esta ocasión, los diputados que ningunean a la Cámara de Diputados sin duda han vuelto a rozar los linderos más profundos del cinismo y de la traición a quienes dicen representar, al incurrir en una chicana legislativa para que Videgaray no tenga que responder al Pleno camaral sobre las negociaciones herméticas y oscuras que ha estado construyendo con el gobierno estadounidense de Donald Trump.

¿Quiénes son ellos?: César Camacho Quiroz, coordinador del PRI; Marko Cortés Mendoza, del PAN; Jesús Sesma Suárez, del Pvem; Alejandro González Murillo, del Pes; Luis Alfredo Valles Mendoza, del Panal, y Francisco Martínez Neri, del PRD.

El grupo de Morena y el de Movimiento Ciudadano también tienen a sus coordinadores, pero éstos no fueron tomados en cuenta para tal determinación.

Cuando la semana pasada los coordinadores dieron a conocer al Pleno camaral que será la Junta de Coordinación Política –el órgano de gobierno de la Cámara de Diputados integrado por ellos, los coordinadores parlamentarios- la que recibirá a Luis Videgaray para que haga comentarios sobre la política exterior de México, a propósito del conflicto que el país tiene con Estados Unidos, los invitadores arguyeron que el canciller visitaría a San Lázaro pero bajo la condición de que lo que ahí dijera no saliera a la luz pública, porque puede ser información reservada, de seguridad nacional.

Comparecer ante los coordinadores es una burla, advierten los opositores. En la sesión ordinaria de ayer, la inconformidad rebasó el orden del día, cuando cuatro legisladores reclamaron muy airados que Videgaray sólo vaya a reunirse con los mandamases de San Lázaro y no con la mayoría de los diputados o, peor aún, ni siquiera con el órgano constitucional encargado de atender los asuntos del Ejecutivo en la materia de política exterior: La Comisión de Relaciones Exteriores.

Pidió la palabra desde su curul la diputada perredista Cecilia Soto González: “Hablo en mi papel de integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores”, dijo. “Y estoy muy preocupada por la suplantación de las labores sustantivas de la Comisión por la Junta de Coordinación Política (Jucopo)”.

Y entonces denunciaba Cecilia Soto dos cosas: que sólo es una invitación y no una comparecencia, en la que Videgaray estaría obligado a hablar con la verdad. Y que la Jucopo “no está facultada para llevar a cabo labores sustantivas que corresponden al Pleno”.

Apostilló Cecilia: “La Junta puede invitar a tomar café al secretario, pero no puede suplantar las labores de la Comisión de Relaciones Exteriores”.

Fue entonces cuando Cecilia Soto recordó que ya la Jucopo suplantó al Pleno en tres ocasiones: En una comparecencia de la anterior canciller Claudia Ruiz Massieu; también el procurador general de la República compareció ante la Jucopo y no ante comisiones. Y ahora Videgaray.

Terció Jesús Sesma Suárez, coordinador del Pvem: “No tiene nada que ver con la Comisión de Relaciones Exteriores e hicimos la invitación porque así lo acordamos”. Y, reclamante, Sesma pidió a Cecilia Soto que mejor se enterara con su coordinador Martínez Neri, sobre el acuerdo de invitar a Videgaray.

Se calentaba el intempestivo debate. Alicia Barrientos, de Morena, dijo: “Están violando las facultades de la Comisión de Relaciones Exteriores”. Y entonces propuso que Videgaray, tan pronto termine con sus amigos de la Jucopo, se presente ante el Pleno de la Comisión de Relaciones Exteriores, la institución camaral realmente facultada para la conversación entre Poderes.

Quien presidía la asamblea era Gloria Imelda Félix Niebla, una diputada priísta sinaloense que se ponía a defender la causa de la Jucopo a ultranza: “Le suplicaría atentamente que dirija un oficio a la Jucopo para que sean ellos… quienes definan si se acepta o no se acepta (su solicitud)”.

Araceli Damián, de Morena: “El gran riesgo que se está corriendo con esta reunión a puerta cerrada es que la ciudadanía no conozca el contenido”.

Desde su curul habló también Claudia Sofía Corichi, diputada de Movimiento Ciudadano, hija de Amalia García, la ex gobernadora de Zacatecas: “Es importantísimo que comparezca Videgaray hoy en un momento como lo que está sucediendo en México y ante la visita de los secretarios de Estado de Estados Unidos, en este Pleno (de los 500 diputados) o al menos en la Comisión de Relaciones Exteriores.

Entonces Corichi dijo: “Es legítimo que la Juciopo lo reciba; pero (detrás de esa invitación) está la idea de no raspar la investidura de Videgaray, y que no comparezca y que no dé explicaciones sobre las vías y la visión de política exterior”.


ESTRIBO
Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presentó a LA Cámara de Diputados el avance de la investigación sobre los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016, la cual se encuentra en su última etapa de integración. A contrapelo de lo que aseguraba el gobierno de Peña Nieto, denunció González Pérez que la policía sí llegó con armas de fuego, y que las accionó.
21 Febrero 2017 04:00:00
La carcajada de la Ley de Seguridad Interior
El más importante proceso legislativo que el Congreso mexicano pretende sacar en este periodo ordinario de sesiones es el de la construcción de la Ley de Seguridad Interior. Y en eso están, ahora precisamente, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores.

Los diputados están sobre la iniciativa que en diciembre reciente les dejó en comisiones César Camacho Quiroz, coordinador de los diputados del PRI. Y los senadores, en tanto, fraguan la iniciativa que, desde hace dos años y medio, les presentó Roberto Gil Zuarth, prominente diputado del PAN.

Esencialmente son la misma cosa. Las dos iniciativas proponen sin ambages otorgar al Ejército y a la Marina el poder jurídico de desempeñarse a sus anchas y sin consecuencias legales cuando se pasasen de listos, cosa que sin lugar a dudas ya ha estado sucediendo desde que Felipe Calderón los sacó de sus cuarteles, con el pretexto de hacerle la guerra al crimen organizado.

Un soldado no piensa; actúa. Y actúa con fuerza demoledora, sin que mida consecuencias ni piense en los derechos humanos de los demás. Contrario a los policías, que son civiles y con civiles se entienden, los militares miran como enemigos a quienes van a detener, y así los tratan.

Por eso cuando Calderón sacó a soldados y marinos a las calles para combatir supuestamente al narcotráfico, gente de las organizaciones civiles nacionales y extranjeras, de la oposición y de las universidades salieron al paso del Gobierno a criticar tamaña decisión.

¿Estaba consciente, en sus cabales, Felipe Calderón Hinojosa cuando decidió echar mano de las fuerzas armadas para combatir a los criminales?, es la pregunta que muchos se siguen haciendo, a pesar de que el entonces presidente de México justificó diciendo que las instituciones policiacas del país estaban ya totalmente rebasadas.

Quienes criticaron a Calderón plantearon que el motivo verdadero para echar a caminar la maquinaria militar por las calles, pueblos, veredas y ciudades del país, fue su necesidad imperiosa de legitimar una Presidencia de la República absolutamente cuestionada: El partido en el poder –el PAN- y el entonces presidente Vicente Fox se acababan de robar literalmente la elección presidencial, con la complicidad y ayuda del PRI, a cambio de que a este le entregara la presidencia seis años después; como sucedió.

Ahora quienes critican la medida sostenida por Enrique Peña Nieto, de mantener a soldados y marinos en las calles, sostienen que el pretexto es el mismo: Combatir al crimen organizado; pero detrás de ello está la pretensión de inhibir con las fuerzas armadas la manifestación social.

Una pretensión que se adivinó desde que llegó Peña, en diciembre de 2012, cuando en vez de regresar a los “guachos” a los cuarteles, dio continuidad a aquella política de seguridad pública de Calderón afincada en el Ejército y la
Marina.

Se hablaba entonces de que el régimen iba a poner a prueba a la población con reformas terribles y totalmente contrarias al interés nacional, como la reforma energética, como la reforma de telecomunicaciones, como la reforma educativa y la reforma fiscal.

Y así ocurrieron las cosas: desde entonces hay una gran inconformidad social contra el gobierno de Peña Nieto, agravada ahora por los efectos nocivos de las reformas aquellas, y  aderezadas con la corrupción exponencial a cuya cabeza se ha puesto el mismo presidente de la República.

Organizaciones civiles de dentro y fuera del país, opositores y académicos han comenzado a considerar a la actual administración federal como la más ladrona y corrupta de todas las administraciones desde que existe el PRI. E inepta. Inauditamente, en lo que va de este sexenio, la deuda pública se disparó de los 5 billones a los casi 10 billones de pesos, cuyo costo de su servicio (pago de intereses anual) alcanzó ya la cantidad en 2017 de los 650 mil millones de pesos.

De que hay un gran malestar social en México, lo hay. Y mucho. La gente quiere movilizarse, mediante marchas, manifestaciones, mítines; pero el gobierno de Peña ha echado mano del viejo y perverso recurso del fascismo para controlar a la población: El miedo, el terror.

Ocurrió ahora que el precio de las gasolinas subieron con una saña tan inédita como histórica (el viernes pasado bajaron dos centavos y ayer, lunes, otro centavo, lo que es una verdadera patada en los güevos para la población. Una burla de lo más infame).

Peña Nieto nada bueno ha hecho para contener el tremendo malestar de la población. Al contrario, ha tomado previsiones para cuando la población se encabronase todavía más y se ponga a reclamar airadamente al Gobierno: Ha empoderado al Ejército y la Marina comprándoles más armamento, con el pretexto de que combate a los criminales. Pero sus actos de fuerza los hace públicos de tal manera que tienen la pretensión de inhibir a la expresión social.

Ya lo hacen en la práctica, soldados y marinos; pero ahora el Gobierno pretende cerrar la pinza con la nueva Ley de Seguridad Interior.

Con ayuda de diputados y senadores del PRI, PAN, PVEM, Panal y PES, ahora Peña Nieto va en pos de construir una realidad jurídica totalmente a modo para que soldados y marinos repriman sin tener que ir a juicio.

Lo grave es que podrían, a partir de esta ley, multiplicarse a lo largo de todo el país eventos sanguinarios como los que ocurrieron en Tlatlaya, Iguala, Tanhuato. Y hasta el regreso temido de hechos infaustos de México como el del 2 de octubre de 1968 y el del 10 de junio de 1971.
17 Febrero 2017 04:00:00
Insiste el gobierno en hacerse el sordo y no baja precios de gasolinas
Era un rumor en los territorios del Congreso de la Unión desde que comenzó la semana: Que el precio de las gasolinas, programado por el gobierno federal para este viernes 17, tampoco esta vez subirían; como no sucedió en las anteriores fechas programadas: El 4 y el 8 de este mes. ¿Por qué?

Ayer, jueves 16, Fernando Herrera, coordinador de los senadores del PAN, soltó en el pasillerío y en cuantas entrevistas pudo, que, en la víspera, el mismísimo secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, les había susurrado a los coordinadores senatoriales todos que “era muy probable de que el ajuste de los precios de las gasolinas finalmente no se haría tampoco esta vez”.

Los del gobierno han vuelto a achacar el frenazo de los aumentos exactamente a las dos mismas razones por las que no los subieron el 4 y el 8 recientes: Uno: Que el peso se estaba defendiendo fuertemente ante dólar, y se recuperaba; y dos: “Y por otras circunstancias”.

Pero, ¿cuáles son esas circunstancias, que el secretario de Hacienda no se ha atrevido a mencionar por su nombre?

Este jueves, otra vez el senador Mario Delgado Carrillo salió al paso del gasolinazo frenado para explicar lo que el gobierno no quiere decir ni hacer:

El gobierno de Enrique Peña Nieto, dijo Delgado Carrillo, justificó el aumento de las gasolinas y el diesel con que se tenían que ajustar “con base en la referencia internacional”. Pero dicha referencia, insistió el senador, bajó en febrero. Y por tanto bajaron los precios de los combustibles en los países y en el mismo territorio de Estados Unidos que utilizan como referencia al precio regulador de Texas.

Actualmente, las gasolinas en aquel estado de la Unión Americana ronda entre los nueve y los 10 pesos mexicanos. En México dichos precios tendrían que estar bajando.

Mario Delgado dijo: “Debería bajar, siguiendo la fórmula y cálculos de Hacienda. No hay razón para que mañana (hoy, viernes) no bajen los precios de la gasolina. Debería darse un anuncio para que bajen a partir del 18 de febrero de 2017”.

Cuando los precios aumentaron el 1 de enero pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aseguró que el precio de la Magna estaría en 15.99 pesos; la Premium en 17.79 y el diesel en 17.09.

Muy deshonestamente, la Presidencia de Enrique Peña Nieto a través de su despacho de Hacienda hizo mención de unos precios que, al menos en la Ciudad de México, no existen, porque los precios reales son: Premium: 18.19 pesos; Magna: 16:32, y el diesel: 17.35.

El senador Delgado Carrillo incluso advirtió: “La estrategia de la Secretaría de Hacienda ahora es subir de poco a poco la gasolina, para que no nos demos cuenta”.

Y remachaba: “Hemos oído en muchos spots el Gobierno no tiene que ver con el aumento. Si así fuera realmente, entonces estaría bajando, porque simple y sencillamente el precio regulador internacional ya bajó”.

Estos comentarios de Delgado y de Herrera fueron en lo individual. Para las dos Cámaras federales, este asunto del gasolinazo pasó de noche: No fueron incluidos en la orden del día de las dos sesiones ordinarias que se chutaron este jueves los plenos.

Si de veras estuvieran ejerciendo su función de contrapeso constitucional, tanto senadores como diputados tenían la oportunidad de exigir al gobierno federal que tratase de hacer honor a la congruencia y bajar las gasolinas como también ya bajó el precio referencial regulado en Texas, de donde proviene, por cierto, el 90 por ciento de las gasolinas que se importan para su consumo en toda la República Mexicana.

Tristemente diputados y senadores volvieron a hacerle al tiololo. Dejan pasar los días, en una manifiesta complicidad con el gobierno de Enrique Peña Nieto, que sólo espera que la gente se canse, deje de “berrear” y se resigne y siga acatando los precios de los combustibles que le imponen a todo el país desde la Presidencia de la República.
 
ESTRIBO

Al Senado llegó ayer Gerónimo Gutiérrez, recientemente nombrado nuevo embajador de México en los Estados Unidos. Cimbró a los senadores que lo escucharon: “La relación entre México y Estados Unidos de América pasa por un momento crítico y se corre el riesgo de un descarrilamiento mayúsculo”.

Se reunió con la bancada senatorial del PRD. Ahí, Dolores Padierna Luna le restregó la cobardía con que el gobierno de Peña Nieto se ha estado conduciendo con Estados Unidos, sobre todo a partir de la asunción de Donald Trump: “Parecer a veces un gobierno apanicado, como a la espera, como a ver si las cosas se componen por ósmosis, como si fuera a ocurrir un milagro”.

El pleno del Senado aprovechó políticamente la ocasión para –en el momento en que Gutiérrez se reunía con los perredistas- aprobar la creación del grupo de trabajo que dará seguimiento a la relación bilateral México-Estados Unidos.

Pero la gente en la calle, en los pueblos, en las ciudades, en la República toda, no debería sentirse satisfecha con lo que hicieron los senadores, porque dicho grupo de trabajo estará controlado por el PRI y el PAN y sólo lo integrarán los coordinadores parlamentarios. Nada que ver con el Pleno de los 128 senadores. Y cuando comparecieran los secretarios como Luis Videgaray, lo harán en comisiones, en privado; como igual comparecerá en San Lázaro, sin cámaras de por medio ni ante el pleno de los 500 diputados. Sólo entre puros alcahuetes, pretextando que podrían estar manejando información de seguridad nacional…
16 Febrero 2017 04:00:00
Ley de Seguridad Interior aletea sobre México como ave de mal fario
Todo el día la mera posibilidad de que el PRI y PAN dieran un albazo, un madruguete, con la aprobación de la ley de Seguridad Interior, provocó en los territorios de la Cámara de Diputados una expectación inusual, dentro y fuera de San Lázaro.

Fue la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la que, aparentemente, destrabó la negociación, y en voz de su presidente, el perredista Francisco Martínez Neri, informaba a las ocho de la noche que todos los coordinadores parlamentarios acordaron que “no hay ninguna prisa para sacar adelante este tema”. Y que, además, dijo Martínez Neri, “acordamos que debe haber una amplia discusión”, a la que “adicionalmente” se estará incorporando el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien prometió ayer a los coordinadores de marras que se apersonará en San Lázaro el miércoles 1 de marzo, “para generar una mayor coordinación de esfuerzos”.

Martínez Neri dijo lo anterior, en conferencia, luego de que la Jucopo permaneció reunida más de ocho horas con los diputados presidentes de las comisiones que emplazadas están para dictaminar la candente iniciativa aquella: la de Comisión de Gobernación y la de Comisión de Seguridad Pública; ambas, de la Cámara de Diputados.

--¿Atenderán ustedes el llamado que hicieron organizaciones no gubernamentales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de postegar la aprobación de esta ley, luego de que soltaron el rumor de que sería aprobada a más tardar a fines de este febrero? –preguntó una reportera.

Martínez Neri respondió: “No se habló de fechas. Se habló, sí, que se abriría la discusión. No hay fechas fatales. Y se abrió la posibilidad de platicar ampliamente con quienes tengan opinión sobre el tema”.

La Ley de Seguridad Interior es una suerte de noche negra que amenaza con extenderse sobre la vida de la República. Llegó al Congreso de la Unión montada en dos iniciativas presentadas, una, en la Cámara de Diputados, y otra en la Cámara de Senadores.

Una la presentó el diputado federal del PRI César Camacho Quiroz y la otra el senador del PAN Roberto Gil Zuarth y son tan semejantes como ya lo son el PRI y el PAN.

Desde que tanto el diputado priísta como el senador panista irrumpieron con sus iniciativas, un gran clamor se levantó desde diversas partes del país, rechazando y condenando ambas propuestas jurídicas, porque mucho de lo que se plantea allí es para que el ejército y la marina puedan actuar como si hubiera una guerra –aun a costa de los derechos humanos de la gente- y sin tener que dar cuentas, a pesar de que en este sexenio y el anterior, el de Felipe Calderón, han tenido un protagonismo totalmentre criminal.

Los hechos acaecidos este sexenio en Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato y en Iguala, han sido ejemplos de la brutalidad militar, a la que organizaciones civiles se oponen, junto con legisladores de Morena, Prd y Movimiento Ciudadano.

Pero además de eso, esta misma semana en San Lázaro un diputado, Alejandro Ojeda, del PRD, ha visto algo terrible en las iniciativas aquellas, que lo hacen suponer que esta prisa infame con que pretenden PRI y PAN legislar estos días, ya sería parte de algún acuerdo oscuro entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump.

En opinión de Alejandro Ojeda, la iniciativa presentada por el priísta César Camacho Quiroz de Ley de Seguridad Interior está “abriendo la puerta para que bajo el argumento de realizar un acuerdo interinstitucional, ejércitos extranjeros pudieran incursionar en México”.

Y precisaba: “La redacción de la iniciativa no expresa claramente que sea el ejército mexicano el único que actúe en las funciones de seguridad interior, lo que se puede interpretar, según los artículos 19 y 20, que se abriría la puerta a lo que se denomina grupos interinstitucionales, sin dejar claro los alcances ni los límites de estos grupos”.

Y más todavía: “se puede advertir que dicha ley permite que instituciones de la administración pública celebren acuerdos con instituciones de otras naciones, como lo podría ser un acuerdo entre el ejército mexicano y otras fuerzas armadas del extranjero”.

Otros legisladores que gritaron el martes con voz de alerta fueron Manuel Bartlett Díaz y Layda Sansores San Román, del PT, quienes dijeron: “La masacre de Tepic, Nayarit, es imperdonable e inadmisible, es exactamente lo contrario al Estado de Derecho. Utilizar armamento pesado para ametrallar una casa en medio de un barrio urbano habitado, donde hay muertos y no sabemos ni cuántos son y, donde el propio Secretario de Marina explica de una manera inaceptable que era necesario utilizar ese tipo de armas, armas de guerra para combatir tanques”.

Y apostillaba Bartlett: “Inmediatamente después el gobernador salió a justificar que en efecto eran ´malísimos todos´ y en efecto había que matarlos. ¡Ese es el proceder de los ejércitos que estén encargados de la seguridad pública! Le pido a los medios de comunicación llamar la atención sobre este tema porque ahí van a aprobar la Ley de Seguridad Interior, para convertir al ejército en una policía a la que pueden acudir el Presidente de la República y el secretario de la Defensa en el momento que quieran”.

La presión contra esta ley, ejercida desde las organizaciones civiles rendía aparentemente un fruto: el rompimiento del fast track pretendido por el PRI y PAN.

Por cierto, Martínez Neri anunció que Luis Videgaray comparecerá entre el 21 y 22 de febrero. Pero lo hará en privado, ante la Jucopo y no ante el Pleno.
15 Febrero 2017 04:00:00
Crujen PRI y PAN con las gasolinas de la frontera norte
En los territorios del Congreso de la Unión, PRI y PAN se volvieron a tomar de las manos; miraron hacia la franja de la frontera norte y entonces, los dos, se pusieron a ejecutar todo un acto de prestidigitación económica, con la que, otra vez, pretendían engañar a la gente diciendo que han exhortado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a ir más allá de los tres pesos por litro con que subsidiaron la gasolina en esa parte del país colindante con los Estados Unidos, el pasado 27 de diciembre de 2016.

En la tribuna de la Cámara de Diputados, este martes 14 de febrero de 2017, priístas y panistas abofeteaban al sentido común con sus discursos, pretendiendo hacerse pasar por diputadas y diputados sensibles con una población que lacerada está por el megagasolinazo del 1 de enero. Pero además a tiro de piedra está el país de recibir el otro aumento, el del 18 de febrero anunciado.

CuAnta sensibilidad la de Yahleel Abdala Carmona, diputada del PRI, cuando posicionaba a su partido: “Les pido que apoyen este punto de acuerdo que hemos presentado; les pido que apoyen a la frontera norte de nuestro país que en estos últimos tiempos estamos viviendo momentos difíciles de incertidumbre, golpeados por muchísimos temas, la inseguridad, el dólar que genera una gran inflación, la importación de vehículos”.

Exudaba Yahleel bondad hasta por los poros: “En el mismo sentido, no podemos dejar de mencionar el tema migratorio, ante el cual, desde hace años todos los días recibimos a nuestros hermanos connacionales, enfrentando esta situación con unos recursos y con una infraestructura muy limitada. Aunado a ello, hoy se presenta otra problemática: el precio de las gasolinas en la frontera”.

Entonces citó el decreto presidencial del 27 de diciembre pasado, en el que Enrique Peña Nieto ejecutó el aumento en todo el país de cuatro pesos a los precios de las gasolinas y el diesel, que en octubre anterior estos mismos legisladores del PRI, PAN –y acompañados también por los del Pvem, Pes, Prd y Panal- habían autorizado cuando aprobaron la Ley de Ingresos para 2017.

Un decreto en el que entonces incluyeron una cláusula con dedicatoria a la franja de la frontera norte del país: Se aplicaría un subsidio de tres pesos por litro de gasolina y diesel. Es decir: En tanto que para el resto del país el nuevo Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios sería de cuatro pesos, para los de la franja solamente de 1 peso. Algo así como una diferencia entre los combustibles de Estados Unidos y de la frontera de México de 15 por ciento, cuando era del cero por ciento.

Pero, oh sorpresa para Hacienda, ni así los mexicanos de la franja fronteriza han estado comprando sus encarecidos caldos energéticos por la simple y sencilla razón de que las gasolinas del otro lado oscilan entre el equivalente a los 10 y los 12 pesos mexicanos, cuando acá andan en los 15 y 16.  

Pero además, con el agravante de que apenas el 25 por ciento de las gasolinerías fronterizas aplican el subsidio. Al Presidente Peña se le olvidó, extrañamente, poner en su decreto que el subsidio tenía que ser obligatorio.

“Hipócritas”, “Farsantes”, Restregaban a priístas y panistas, desde la tribuna, los diputados de Morena, Movimiento Ciudadano y algunos del Prd. ¿Por qué no quitar el Ieps totalmente a las gasolinas y diesel en todo el país? ¿Por qué sólo en la frontera?, preguntaban éstos a los cínicos panistas y a los desvergonzados priístas.

Fue el priísta Edgardo Melhem Salinas quien dijo la cosa está que arde en cuanto a disparidad de precios entre uno y otro país. Y ejemplificó con el estado petrolero de Texas, adonde la gasolina gringa está más barata; un precio que contrasta fuertemente con el de México, teniendo como afectados principales a la gente de Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua… claro, cuando la gente no se pasa a comprarla de aquel lado.

Entonces, muy preocupado por las escasas ventas que tienen las gasolineras de este lado, en la franja, el aprensivo Edgardo urgía: “Tenemos que buscar la homologación para poder estar en condiciones igualitarias con los precios del sur de los Estados Unidos”.

Como siempre, los diputados del Panal, Pes y Pvem se pusieron de tapete para que pasara la propuesta prianista.

Pero antes, tuvieron que chutarse la argumentación de los opositores:

Vidal Llerenas, de Morena: “Nosotros queremos que efectivamente se puedan homologar los precios de Estados Unidos a la frontera norte, pero también al resto del país. Que en todo el país, cuando menos, los precios no sean más caros que en los Estados Unidos. Eso sí sería un acto de justicia para todos los mexicanos y cuando menos podemos enfrentar menores precios de las gasolinas”.

Julio Saldaña, del Prd: “Este exhorto que hace al ejecutivo o el PRI no sólo debe ser para dos estados. Que la gasolina regrese a su precio que tenía en diciembre de 2016. Si se puede en el norte, si se puede en dos estados, ¿quién dice que no se puede para el resto del país?”

Y Jorge Álvarez Máynez, del MC: “Es un engaño del PRI, que ahora quiere intervenir en el precio de las gasolinas para una región y es absurdo. ¿Por qué no mejor lo hacemos para todos los mexicanos?”

Y preguntaba al PRI y PAN: “¿Cómo van a disminuir el Ieps en una zona del país solamente. Es absurdo y cínico”…

Y así fue votado.
14 Febrero 2017 04:00:00
Debe decir Videgaray por qué lo quiere tanto Donald Trump
Como en cámara lenta, así ha reaccionado la Cámara de Diputados, ayer, cuando quienes la gobiernan –los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PRD, PVEM, PES y Panal- por fin se han dignado en llamar a comparecer a Luis Videgaray Caso, para que informe de qué tanto habla en secreto con la administración estadounidense de Donald Trump. Y a qué está comprometiendo al país –tanto él como su jefe, Enrique Peña Nieto- con ese presidente de los Estados Unidos que no sólo no ceja en sus agresiones hacia México y los mexicanos, sino que ha comenzado a transfigurarse en la representación más descarnada del nazismo  en pleno siglo XXI.

¿De qué tanto habla Videgaray con la gente de Trump, y de qué se ríe cuando va y viene, orondo, por aquí por allá, justamente cuando Trump vuelve a golpear al país?

Ayer, Trump recibió en Washington al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Allí, el presidente de los Estados Unidos recibió al canadiense con una actitud de “amigos históricos”, y prometió que refrendarán su relación comercial.

Nada que ver con la forma absolutamente agresiva con que se refiere a México y los mexicanos. “Tenemos una relación extremadamente injusta”, ha reiterado Trump. “En la frontera sur, por muchos años (con México), la transacción no fue justa para Estados Unidos”.

El nombramiento que hizo Enrique Peña Nieto en la Secretaría de Relaciones Exteriores, colocando a Luis Videgaray Caso en lugar de Claudia Ruiz Massieu, causó en la población de México ira y una gran ola de exaltación. No pasaron muchos días para que se supiera lo que todo mundo sospechaba: que el nombramiento fue exigido por el mismo Donald Trump desde la primera conversación que sostuvo telefónicamente con Enrique Peña Nieto.

La tragedia de México no tiene parangón. En este que es el momento más terrible, grave y peligroso de su historia en 100 años, está representado por dos individuos que han dado muestras de inmoralidad y de total ausencia de amor a la Patria.

Cuando uno y otro dicen que defenderán al país su soberanía y a su gente, ponen a temblar a la República.

A Peña lo acusan de traición a la Patria desde que comenzó su sexenio, y junto a él siempre ha permanecido Luis Videgaray Caso.

El primer gran golpe al país fue el día en que, a través de Manlio Fabio Beltrones (octubre de 2012, en días de víspera del ungimiento de Peña), presentó al Congreso una reforma constitucional para permitir la privatización de las costas y playas del país.

Virtualmente todos los terrenos costeros de las dos Baja Californias ya están comprados por estadounidenses. Y también grandes extensiones de franjas costeras en el resto del país.

Desde entonces, Peña y Videgaray abrieron la puerta del país para que hombres voraces del sector de los bienes raíces como Donald Trump llegaran a sentar sus reales en México. Hombres con una terrible voracidad sólo vista en individuos mexicanos como ahora el país está padeciéndolos: el mismo canciller infausto y el actual presidente de la República.

Otro acto de traición a la patria ha sido la entrega del petróleo a compañías trasnacionales; una entrega que responde en realidad –ha denunciado reiteradamente Manuel Bartlett - a los intereses geo políticos y militares de los Estados Unidos.

Claro que se entienden. Donald Trump lo dijo ayer, cuando conferenciaba con el canadiense Trudeau: “Lo volveremos un acuerdo justo para los dos partes”, dijo Trump respecto de la relación comercial entre Estados Unidos y México a través del Tratado de Libre Comercio. Y decía, ahora en alusión a Videgaray y a Peña Nieto: “Pienso que nos vamos a llevar muy bien con México. Ellos (sic) entienden y nosotros entendemos”…

Cuando Trump y los hombres de su gabinete conversan con los representantes del gobierno canadiense, lo hacen públicamente. Hace unos días apenas, la canciller canadiense Chrstya Freeland, dijo a su homólogo estadounidense Rex Tillerson algo bien clarito: Si ellos ponen aranceles, Canadá se los pondrá también.

Pero cuando Tillerson ha recibido a Videgaray, ya dos veces desde que asumió el poder Trump, el pasado 20 de enero, esas dos ocasiones nada absolutamente se ha sabido de lo que hablan.

Videgaray ha asumido un papel vergonzante sin precedente. Cada que se reúne con ellos, siempre en secreto, coloca a México en situación de total humillación ante los Estados Unidos. Actúa, ni más ni menos, como representante de un país invadido. Ante el invasor. Todo en él causa furor y mucha indignación en México. Su tono de voz, sus inflexiones. Su rostro rezumante de arrogancia, como si estuviera ganando algo que el país no conoce y que un día se lo agradecerá. Videgaray es una auténtica ave de las tempestades.

De modo inaudito –cosa que no permitió Canadá, al parecer-, el canciller y su jefe, Peña, aceptaron una condición totalmente humillante para México: El secretismo en las conversaciones.

No es gratuito que opositores en el Congreso mexicano sospechen que uno de los compromisos de Luis Videgaray es la aprobación pronta de aquella ley que estará convirtiendo al país en una virtual dictadura.

Decía ayer Alejandro Ojeda, diputado perredista, que “es necesario que el canciller Luis Videgaray Caso informe sobre los acuerdos que se han realizado con Estados Unidos, ya que la Ley de Seguridad Interior podría ser parte de esas negociaciones que nadie conoce y, por obviedad de razones,  el pueblo de México de ninguna manera respaldaría”.

Cuando comparezca Videgaray, debe revelar por qué lo quiere tanto Donald Trump.
10 Febrero 2017 04:00:00
Los 100 años de soledad de la Constitución mexicana
El Senado de la República, en sesión solemne, conmemoró ayer el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. ¿Qué dijeron? Dos oradores de peso completo concentraron la argumentación:

Enrique Burgos García, senador del PRI: “En el crepúsculo de 1916, la ciudad de Querétaro, entonces declarada capital de la República, entre asombrada y expectante, recibía un puñado de mexicanos que provenían de todos los confines del país; no eran combatientes, eran hombres de paz, dispuestos paradójicamente a librar una batalla con el pensamiento y con la palabra libre; pluralidad de voces de un pueblo fatigado de tanto abrazo mortal.

“…Lo que resultaría de aquella asamblea plural, era impredecible, pero todos radicales, moderados, equilibristas, coincidían en poner fin a la lucha armada y sin celar un horizonte de largo aliento para la nación.

“…Durante meses, aquella asamblea fue un incendio de pasiones, debates y serenas reflexiones que se resolvía en un documento, el más avanzado de su tiempo, síntesis de la historia patria, de sus aspiraciones diversas, de lo viejo y de lo nuevo.

“… La Constitución que hoy conmemoramos fue, en esencia, un gran acuerdo, sin duda el más importante acuerdo de nuestra historia.

“En este Senado republicano seamos también capaces de diseñar y construir el entendimiento y el acuerdo para, en lo fundamental, cimentar un gran acuerdo por la unidad nacional, ese será el mejor homenaje a nuestra centenaria Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

…“Nuestra Constitución no ha envejecido, sus principios perviven aunque las formas de asegurar su cumplimiento cambien; es la nuestra una Constitución viva y dinámica, es la síntesis de las reivindicaciones que demandó la revolución social, la Revolución Constitucionalista y el Ejército Constitucionalista del que hoy son dignas herederas nuestras Fuerzas Armadas”.

Manuel Bartlett Díaz, senador del PT: “Esta sesión solemne conmemorativa del Centenario de la Constitución de 1917 puede constituir un reconocimiento al extraordinario proceso de concreción de las demandas de las clases populares combatientes... O como ocurrió en el Teatro de la República el día 5, con la simulación ideológica del Ejecutivo, la más impúdica y falsa presentación como heredero de esa gesta histórica y de su proyecto de Nación en búsqueda de una legitimación que zozobras no generen.

“Aquí, precisamente aquí en este salón, se ha producido en cuatro años la más profunda contrarreforma constitucional, las reformas estructurales en un proceso inverso al de la revolución, el acuerdo popular del PRI, PAN y PRD con el Ejecutivo, que anuló la división de poderes, y el Judicial omiso en exigir constitucionalidad al Congreso.

“Acuerdo antidemocrático traiciona respectivos electorados bajo la tutela de organismos internacionales, particularmente la OCDE, contubernio que conformó una mayoría ficticia, ilegítima, que facilitó el injerto constitucional de textos antitéticos a los valores esenciales de 1917, diciéndose falsamente: continuadores del proyecto nacional trastocado.

… “En el sexenio de Salinas, liberalización del régimen jurídico de la tierra, del sentido social y nacional de la educación, de las relaciones Iglesia-Estado, la soberanía y autodeterminación económica del país fueron sustituidas por principios y reglas constitucionales que han minado las bases del Estado-nación y del estado de bienestar.

“La Élite política y económica aceptó sin condiciones el modelo neoliberal impuesto. Correspondía, creyeron, a sus intereses oligárquicos.

“De Zedillo a Calderón se acentúo la visión neoliberal y el desmantelamiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, gobiernos que vulneraron sistemáticamente la independencia nacional.

“El Estado mexicano ha cedido soberanía económica, política y jurídica al exterior, vía acuerdos comerciales y peligrosamente de seguridad nacional.

“México es hoy severamente dependiente, y los derechos sociales en vías de extinción: Se privilegia a la educación privada sobre la pública; se alienta el outsourcing. Los sindicatos independientes son debilitados. Se privatiza la electricidad, hidrocarburos, agua, costas y playas, los espacios públicos y comunes en las urbes. La brecha de desigualdad social se extiende y millones de jóvenes carecen de esperanza sin acceso a educación y al empleo.

“Las reformas estructurales han conformado un régimen político económico y jurídico, es elitista y extranjerizante.

“Las reformas constitucionales educativas, fiscales, electorales, energéticas, penales, etcétera, son la antítesis de la letra y espíritu de la Constitución de 1917.

“Hoy, merced a continuidad del Pacto por México, el Congreso, este Senado, obsecuentemente legisla conforme a la voluntad del Presidente, y este a su vez conforme a los intereses del Gobierno norteamericano y los mandatos inviolables de los organismos internacionales.

“El Poder Judicial deviene en una salvaguarda del régimen neoliberal.

“Se destruye el federalismo, aquí en este recinto, el federalismo, concentrando al poder en el Presidente que acata la recomendación externa de la militarización del país, militarización del país, realidad atroz, que con su letalidad pulveriza la vida de miles de mexicanos, y amenaza hoy con nuevas legislaciones para el futuro.

“La oligarquía nacional celebra las reformas estructurales como modernización que nos permiten, dicen ellos, el entendimiento con el primer mundo y los organismos internacionales.
09 Febrero 2017 04:00:00
Aplicación de la “ley del talión” a USA, plantea el Congreso mexicano
Con el foro denominado Escenarios y Prospectivas de la Relación México-Estados Unidos, por fin la Cámara de Diputados se ha acercado a su papel de revisora de la situación apremiante por la que atraviesa el país, y, en voz del priísta Víctor Manuel Giorgana Jiménez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, ha propuesto que junto con la Cámara de Senadores graven exactamente igual las utilidades de compañías norteamericanas avecindadas en México, si el Congreso norteamericano grava con 2 por ciento las remesas que envían trabajadores mexicanos a sus familias de México.

Tampoco se ha caracterizado la Cámara de Diputados por su función de control político. A pesar de lo que planteó en el foro de marras –la aplicación inmediata de la ley del talión a Estados Unidos-, continúa viéndose frenada, como esperando que le dicten línea desde los territorios del Ejecutivo Federal, cuyo canciller, el de inexplicable proceder en múltiples ocasiones, Luis Videgaray Caso, se ha reunido en Washington con los equivalentes mexicanos de Relaciones Exteriores y de Gobernación (los titulares de la Secretaría de Estado y de la Seguridad Interna de los Estados Unidos).

La Cámara de Diputados, hasta el momento, nada se ha atrevido a exigir a Luis Videgaray y a Enrique Peña Nieto que informen pormenorizadamente sobre los acuerdos en secreto que han estado amarrando con la administración de Donald Trump.

Apenas un esbozo de ejercicio de su función de contrapeso constitucional. En el foro de marras, al que asistieron diputados de casi todos los partidos políticos, así como académicos, Giorgana –voz cantante en el evento, por su condición de diputado del partido en el poder y por ser presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados- insistió, siempre en alusión a Trump: “Estamos para generar sinergia entre la sociedad y los representantes políticos y empresariales, a fin de defender los intereses de México. En eso los diputados tenemos bien puesta la camiseta”.

La “ley del talión” se paseó, fantasmalmente, sobre el foro. El diputado del PRD Agustín Basave Benítez, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, dijo: “Al bullying ejercido por Estados Unidos no se le enfrenta con apapachamientos y apaciguamiento sino con fuerza. Y México tiene cartas para lograrlo con una postura firme”.

Basave apostilló: “México no está en la indefensión; puede hacer muchas cosas. Pero nada de eso va a ser posible mientras se tenga la actitud de miedo, sumisión e inseguridad que ha tenido la Cancillería mexicana. Tiene que haber un cambio inmediato en la Secretaría de Relaciones Exteriores para tener la firmeza, fuerza, capacidad y dignidad que enfrente un enemigo de este tamaño”.

Barbotó en el foro como un lastre de la actual política exterior mexicana la enorme cobardía e incompetencia con que se mueve el actual canciller, Videgaray, a quien no lo defienden ni los priístas, que sólo optan por quedarse callados cuando la oposición se pone a golpear severamente al hombre de Enrique Peña Nieto en el despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Incluso, Basave ha propuesto, dentro del marco de esa “ley del ojo por ojo, diente por diente”, lo siguiente:

Uno. “Revisar la costosa cooperación en narcotráfico y migración, vital para el vecino país, ya que el gobierno mexicano le hace el trabajo sucio en ambos casos a Estados Unidos, al detener a migrantes centroamericanos y en la guerra contra el narcotráfico, nosotros ponemos los muertos y ellos a los drogadictos”.

Dos. Impulsar una agenda propia con temas de interés nacional y aceptar las propuestas estadounidenses, sólo previa negociación”.

Tres: “Obstaculizar la construcción del muro en instancias jurídicas internacionales, a través de la litigación ante órganos internacionales y saturar las cortes norteamericanas con asuntos de migrantes que no quieren salir de ese país”.

Martha Cristina Jiménez Márquez, panista, presidenta del Grupo de Amistad México-Estados Unidos, lanzó una advertencia: “No hay presupuesto para afrontar las deportaciones masivas de mexicanos y, tampoco, la capacidad suficiente para reinsertarlos social y laboralmente, ni cómo regresarlos a su lugar de origen en caso de que los deportados no vayan a ser mexicanos”.

Dijo también: “El muro no es sólo una estructura física, sino un símbolo político que nos divide, nos afecta y nos distancia en nuestras relaciones sociales, comerciales y políticas”.

A propósito de deportados, aquí mismo, en San Lázaro, durante una reunión que sostuvo con la Comisión de Asuntos Migratorios, la Coordinadora Nacional de la Estrategia Somos México, Gabriela García, dijo que durante enero pasado el gobierno de Estados Unidos deportó 13 mil personas indocumentadas.

Y añadía: “El tema de la repatriación de mexicanos no es nuevo; no es un tema que surgió en la presidencia de Trump. La política migratoria de Estados Unidos siempre ha sido la misma. El año pasado se repatriaron 217 mil 389 personas”.

Gabriela García dijo también a los diputados que México –o sea el Instituto Nacional de Migración- recibe a los repatriados en los siguientes puntos del país: “Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”.

Ayer, en San Lázaro prevalecía la convicción de que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá ya se perdió. Pero Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la esperanza de que continúe todavía la tiene. Y, a contrapelo de quienes afirman que llegó la hora de que México vea hacia su mercado interno, sostuvo: “Necesitamos permanecer en el modelo de apertura para atraer inversiones”.
08 Febrero 2017 04:00:00
Danzón dedicado a servidores públicos que ayuden a evasión de reos
La Cámara de Diputados ha reformado el Código Penal Federal. El propósito: Incrementar de cinco hasta 20 años la inhabilitación para todo aquel servidor público que coadyuve en la evasión de algún detenido, procesado o condenado.

Los artículos reformados son el 150 y 160 de la ley de marras. Fue por unanimidad. La parte sustantiva de la modificación consiste en establecer que “cuando algún miembro de una asociación o banda delictiva, de tres o más personas, sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial o si pertenece a las fuerzas armadas mexicanas en situación de retiro, reserva o en activo, además de las penas establecidas, serán inhabilitados para desempeñar cargo o comisión públicos por un periodo que podrá ser hasta de 20 años también”.

He aquí la argumentación desde la tribuna, de todos los grupos parlamentarios:

Álvaro Ibarra Hinojosa, diputado federal del PRI (Nuevo León): “Nada daña más la gobernabilidad democrática de un país que la acción deshonesta de un servidor público, pues ello debilita la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

“Dichas propuestas son inhabilitar hasta por 20 años al servidor público que favorezca la evasión de algún detenido, procesado o condenado; y asimismo al funcionario que, perteneciendo a alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas, forme parte de una asociación delictuosa”.

Carmen Campa Almaral, de Nueva Alianza: “La fuga de reos deja al descubierto, no solo la complicidad de servidores públicos de diversas instituciones de seguridad y de procuración de justicia, sino también el grave problema de corrupción que se vive en el sistema penitenciario, además de que evidencia formas profundas de deficiencias estructurales de la justicia mexicana, por lo que resulta necesario y conveniente fortalecerlo”.

Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano: “Por supuesto que combatir la impunidad debe ser el gran reto que debemos tener todos. Pero sí queremos decir que el nuevo sistema de justicia penal no va en dirección de incrementar penas, incrementar penas implica ir en contra y contrario a lo que se ha establecido en el nuevo sistema de justicia penal”.

Alfredo Basurto Román, de Morena: “Es una ley muy al vapor. Se está abusando del procedimiento parlamentario. Si no mal recuerdo, el pasado 17 de noviembre del año próximo pasado, se reformaron los artículos 153 y 154 y se derogó el 151 del ordenamiento penal federal, ya invocado.

“En tales reformas se aprobó, incluso por esta soberanía, por 392 votos, donde se ponía una pena de 8 a 12 años de prisión para aquellos funcionarios y cuerpos policíacos que ayudaran y que fueran parte o cómplices de los ilícitos de evasión de presos.

“Después, no pasan ni tres semanas, cuando el pasado 16 de diciembre de 2016, se nos presenta el dictamen que hoy se va, en un momento dado, a someter a votación, donde se reforma el 150 y 164 del mismo ordenamiento penal federal.

“Es decir, primero lo reformamos para incrementar de 8 a 12 años, y hoy con esta iniciativa que se está presentando se incrementa a 20 años, como que vemos que en esta legislatura o concretamente en la Comisión de Justicia, creemos que con el incremento de las penas a los delitos se va a disuadir la comisión de los mismos, y tenemos por experiencia y la historia en el país nos dice todo lo contrario. Es decir, no porque incrementes la pena quiere decir que vas a erradicar la comisión de los delitos”.

José Alberto Couttolenc Buentello, del PVEM: “El presente dictamen cumple con la intención del legislador de fortalecer las instituciones de seguridad pública mediante la actualización del Código Penal Federal”.

Arturo Santana Alfaro, del Prd: “Inhabilitar por 20 años, después que está establecido de cinco años la inhabilitación actualmente en el Código Penal, nos parece un acto de verdadero populismo penal. Creo que como lo han dicho algunos compañeros, compañeros que me han antecedido en el uso de la voz, debemos de cuidar esta manera de dictaminar en la comisión.

“Partieron del escenario coyuntural de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” Guzmán que por cierto, al ser recapturado se olvidaron de cuestiones trascendentales para este país, se olvidaron de darle continuidad a la investigación para llegar hasta el fondo y definir y procesar a quienes verdaderamente fueron culpables”.

El Pan en voz de José Hernán Cortés Berumen: “Vemos favorable que se impongan sanciones ejemplares a aquellos servidores públicos que infrinjan la ley. Se deben buscar mecanismos para disminuir al punto de la extinción los incentivos que orillan a delinquir a los servidores públicos”.

Y cerró el Pri con Edna Ileana Dávalos Elizondo: “Votaremos a favor del presente dictamen para que, tratándose de servidores públicos, independientemente de la pena privativa de libertad, se les destituya de su empleo e inhabilite hasta por 20 años para obtener otro cuando propicien la evasión de algún detenido procesado o sentenciado, sean o hayan sido miembros de alguna corporación policial o de la Fuerzas Armadas mexicanas y participen en una asociación delictuosa”.

Aprobado el dictamen, se le turnó al Senado para la continuación de su proceso legislativo.

ESTRIBO
¿Y qué han dicho los diputados federales respecto de la bronca con Donald Trump? Nada. Ni en lo individual ni en lo colectivo. Es una Cámara que, a ultranza, permanece a la sombra del Presidente de la República. Ciertamente no comparten los diputados, con los senadores, la facultad de revisar la política exterior. Pero sí la deberían comentar. Optaron por seguir haciéndose los tiololos solos.
07 Febrero 2017 04:00:00
Crece en todo el país la rebelión contra el megagasolinazo
Conforme las protestas contra el gasolinazo se hacen mayores en todo el país, el silencio que guarda el Congreso de la Unión en torno de ellas escuece más en la República, porque siendo los diputados y senadores los supuestos representantes de la nación, no han hecho más que exhibirse como unos simuladores, que en lugar de apoyar decididamente a los ciudadanos que dicen representar, solo aciertan a seguir actuando de acuerdo con los intereses del reducido grupo político y económico que controla a la institución presidencial.

El artículo 51 constitucional dice que los diputados federales -y se infiere que también los senadores- son representantes de la nación. No dice que sean representantes de sus partidos políticos, ni de los empresarios o poderes fácticos –legales o ilegales- que los llevaron a las curules o escaños mediante inyecciones de dinero en sus campañas, muchas veces de manera oscura. O representantes de los electores de sus respectivos distritos. No. Dice la Carta Magna que son representantes de la nación. Y, por lo tanto, deberían estar obligados permanentemente a responder a los intereses de la mayoría de la gente.

Este gasolinazo marca diablo que llevó el precio de las gasolinas y el diesel a ir más allá de los 18 pesos el litro, fue propuesto al Congreso de la Unión el pasado 6 de septiembre de 2016 por el presidente Enrique Peña Nieto, en lo que entonces fue su propuesta de Ley de Ingresos 2017.

El 20 de octubre, la mayoría de la Cámara de Diputados conformada por diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, PES y Panal, votó en favor de la propuesta de Peña Nieto. Y 10 días después, en el Senado, esa otra mayoría infame conformada por los senadores del PRI, PAN, un sector del PRD, Panal y PVEM, refrendaron lo que habían aprobado los diputados.

Durante esos dos momentos del proceso legislativo, en una y otra cámaras, los opositores de Morena y Movimiento Ciudadano explicaron claramente a aquellas dos mayorías legislativas que la inserción del 37 por ciento del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Ieps) –como lo proponía Peña Nieto- iba a significar a partir del 1 de enero de 2017, cuando estuviera aplicándose, un auténtico hecho criminal contra la población mexicana.

Pero les valió olímpicamente madre a estos próceres del PRI, PAN, PRD, PES, Panal y PVEM, y votaron en favor de aumentar cuatro pesos al precio de las gasolinas y diesel, por concepto del IEPS, un impuesto incorporado al IVA, para dar ambos a las arcas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público poco más de cinco pesos por cada litro de combustible.

El enjaretador del aumento fue ese gran héroe nacional que ahora nos representa ante el leviatán Donald Trump, Luis Videgaray Caso, cuando este era todavía el secretario de Hacienda y Crédito Público, avalado por supuesto por Enrique Peña Nieto.

Ahora que ven que la gente en todo el país está bastante soliviantada. Y que ha comenzado a protestar de manera masiva en el país, a pesar de que el gobierno intentó los primeros días de enero intimidar con la infiltraciones de saqueadores en las movilizaciones (saqueadores que respondían, al menos en el estado de México y en Puebla, a las siglas de Antorcha Campesina, ese grupo sucio y violento que invariablemente responde a los intereses del PRI), de pronto han comenzado a pretender enarbolar los reclamos.

Suena lógico que lo intenten los partidos que se opusieron desde un principio al megagasolinazo. Sería un gesto de congruencia política el de ellos. Pero que lo esté intentando el PRI y el PAN y el resto de partidos que votaron en favor del aumento de marras, no tiene… nombre.

Todos estos que votaron en pro de los cuatro pesos del IEPS, deben a la población una megadisculpa por haber interactuado con Peña Nieto de esa manera tan brutal como lo hicieron. No lo han hecho. Al contrario, han estado tratado de transfigurarse en aquellos cabrestos que pretenden meter al corral a los toros bravos que se han escapado.

El gobierno de Peña Nieto, tan dado a la mentira y al engaño, ha pretendido ahora desflemar las movilizaciones antigasolinazo –lo intentó ensuciando las movilizaciones filtrando a delincuentes para que estos saquearan e indujeran a despistados pobladores a que los siguieran- con la posposición 15 días de los incrementos de precios de gasolinas.

Según el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de diciembre, el incremento de los cuatro pesos tendría que ocurrir el 1 de enero, y como sucedió. Y otros, los días 4 y 8 de este febrero en curso; de dos pesos cada uno, para que el precio rozase entonces los 22 pesos el litro. Y a partir del 18 de este mes, estaría ocurriendo un deslizamiento diario hasta finalizar el mes, que en los territorios del Congreso presumían que estarían acercando el precio a los 24 pesos le litro.

Cuando entraba febrero, el Pri andaba de hipócrita y cínico dizque defendiendo a la gente contra el gasolinazo. Venía el pretendido engaño, y lo pospusieron.

¿Quién les cree? No al menos mucha gente que sigue movilizándose. Movilizaciones en todo el país crecen contra este ejercicio envilecido del poder. De este domingo, para acá, hay ciudadanos movilizados en las calles de Acapulco, Cancún, San Luis Potosí, Veracruz, Tijuana, Cuernavaca, Querétaro, Guadalajara, Hermosillo, Morelia, Pachuca, Oaxaca, Chihuahua capital, Ciudad Juárez, Amozoc, Puebla, Toluca, Valles, Cadereyta, Tabasco, Monterrey, y, ayer, en Ciudad Madero, Tamaulipas. ¿Alguien más?
04 Febrero 2017 04:00:00
“Si las gasolinas bajaron en Texas, tenían que bajar en México también”
El congreso mexicano bifurcó este viernes su reacción en torno de la decisión del Gobierno federal de posponer sólo 15 días los anunciados incrementos de los precios de las gasolinas en febrero.

Por un lado, hubo quienes se congratulaban con la determinación oficial. Pero hubo quienes calificaron la medida de una burla para la población, una farsa, una medida reaccionaria simplemente y no de fondo.

¿Quiénes felicitaban al gobierno por haber postergado 15 días los gasolinazos programados para el 4 y 8 de febrero? Por supuesto el PRI y sus apéndices legislativos Pvem, Pes y Panal. ¿Y quiénes fueron los que criticaron esta postergación de los agobiantes precios de los energéticos? Fueron diputados de Morena, Pan, Prd y Mc.

El gobierno de Enrique Peña Nieto dio a conocer el 27 de diciembre pasado un calendario de incremento de precios de las gasolinas: A partir del 1 de enero, tanto la Magna, la Premium como el diesel, sus respectivos precios estarían subiendo casi cuatros pesos.

Dichos aumentos corresponderían con la entrada en vigor del nuevo Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Ieps) que los diputados federales del Pri, Pan, Prd, Pvem, Pes y Panal acordaron enjaretar al precio de los energéticos a partir del primer día del año en curso.

Con los casi cuatro pesos del Ieps más el casi un peso del Iva, por cada litro de gasolina o diesel la Secretaría de Hacienda le corresponderán cinco pesos, lo que confirma la veta inmensa de dinero que encontró, a flor de suelo, el gobierno desde los tiempos de Felipe Calderón Hinojosa, quien a partir de 2007 comenzó a deslizar hacia arriba el precio de las gasolinas, que entonces la más cara, la Premium, no iba más allá de los siete pesos el litro. Y poco más de cinco pesos el precio del litro del diesel.

Pero en esto que la generalidad de la población ha dado en apodar el megagasolinazo, en realidad fue ese “gran servicio a la nación” que hicieron los diputados federales de esos seis partidos políticos el 20 de octubre de 2016, día de la aprobación en San Lázaro de la Ley de Ingresos de la Federación para su ejercicio 2017. Incremento que 10 días después, el 30, los senadores del Pri, Pan, Pvem y Panal lo
refrendaron.

Causó tal furor en la gente este incremento, por su vileza y muy poca madre, que los diputados que lo aprobaron –del Pri, Pan, Prd, Pvem, Panal y Pes- ahora haciendo gala de desmemoria y cinismo se vanaglorian que el Gobierno lo frena 15 días, como si en realidad lo estuviera acotando para siempre.

En el Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo Federal dijo que quedaba nulificado el aumento programado del 4 de febrero, para que continuaran en vigor los precios establecidos el pasado 1 de enero.

Se afirma en el Diario Oficial que el precio de las gasolinas se estacionará hasta la madrugada del 17 de febrero. Y quedarán así: Magna, 15:99 pesos; Premium, 17.79, y el diesel en 17.05.

Esto dice el gobierno en el diario oficial de marras, pero en los hechos, en las gasolinerías las cosas son diferentes: En la inmensa mayoría de gasolinerías de la ciudad de México, el precio de los tres combustibles es 20 centavos mayor que el referido por Hacienda.

Ayer, en el periódico oficial del Estado mexicano, el gobierno provocó una gran polémica cuando dijo los motivos por los cuales supuestamente le permitieron frenar 15 días el aumento de los precios de marras.

La Secretaría de Hacienda expresó que el subsidio para la gasolina Magna pasó de 1.12 a 1.77 pesos, en tanto que la Premium, de .05 centavos a 15 centavos; y el diesel de 1.15 a 1.60 pesos.

En un video subido a su página digital, el senador del grupo parlamentario Morena Mario Delgado, dijo: “Ahora resulta que se volvieron buenos… El Gobierno federal acaba de anunciar que este 4 de febrero no habrá incremento a las gasolinas. Pero otra vez nos están viendo la cara. Peña no se cansa de decir que aumentó el precio de la gasolina en los Estados Unidos y que el dólar también subió. Sin embargo, en lo que va de este mes de enero, el precio referencial de la gasolina en Texas ha bajado, y el dólar está prácticamente igual que el 1 de enero.

“Usando los cálculos de la Secretaría de Hacienda, la gasolina debió haber bajado por lo menos un peso por litro. Lo que está haciendo (Peña Nieto y el PRI) es cambiar de estrategia. A partir del 18 de febrero, todos los días van a incrementar el precio poco a poquito, para que la población ya no se dé cuenta”.

En opinión de Mario Delgado, el frenón parcial se debe a la movilización social; pero ahora sólo fintan “y no le van a parar, a menos que la población siga organizándose y movilizándose”.

Los diputados del PRD, en voz de Francisco Martínez Neri, su coordinador, sostuvieron que “sólo beneficiaría si el aumento parara definitivamente”.

Más tarde, la presidenta de ese partido, Alejandra Barrales daba una mejor explicación: “Es una medida reaccionaria (el frenón parcial del precio) y no una estrategia de fondo”. Y alertaba a la población “a no dejarse confundir”, y a no olvidar que con el gasolinazo de enero “vinieron muchos aumentos: Gas, luz, precios de alimentos, afectando gravemente la economía de millones de familias”.
Y el apostille de Barrales: “No es un favor posponerlo”.
03 Febrero 2017 04:00:00
Febrero 2 de 1848 y febrero 2 de 2017… ¿una infeliz coincidencia?
Dos frases de Donald Trump en la conversación del 27 de enero, que sostuvo con Enrique Peña Nieto, están calando sin lugar a dudas en todo el territorio nacional hasta el tuétano. Que el Ejército mexicano “está asustado” a la hora de combatir a los “hombres malos”, en alusión a los narcotraficantes; pero –acotó Trump restregándoselo a Peña– sus soldados no tienen miedo y los enviaría a México para combatirlos.

México y Estados Unidos se metieron en un tobogán. Tan pronto una periodista mexicana (Dolia Estévez) dio a conocer una partecita de aquella conversación, en el portal noticioso Aristegui Noticias, seguida por la agencia estadounidense de noticias AP y luego por The New York Times, el país se adentraba este jueves 2 de febrero de 2017 por el recodo de un camino desconocido y peligroso.

Lo que dijo Trump a Peña Nieto de que podría intervenir militarmente en México, ha sido –en opinión del senador Manuel Bartlett Díaz– “lo más grave que nos ha sucedido en muchos años”.

Cuando ayer, 2 de febrero, el Congreso mexicano se partía en dos (PRI y PAN sólo aceptan que el Ejcutivo informe a la Comisión de Seguridad Nacional, pero PRD, Morena y PT exigen que informe a todo el país), súbitamente aquella efeméride barbotó, tallando aquella herida sangrante de casi dos siglos.

Ayer se cumplieron exactamente 169 años –2 de febrero de 1848– en que los Estados Unidos, mediante una guerra desigual e injusta, despojó a México el 55 por ciento de lo que entonces era el territorio mexicano.

Se adjudicaron, en lo que la historia del mundo ha juzgado como el más grande robo que han perpetrado los estadounidenses en toda su historia, más de dos millones de kilómetros cuadrados, sobre los cuales posteriormente, entre 1850 y 1910, fueron afincados los estados de California, Colorado, Wyoming, Oklahoma, Kansas, Nevada, Utah y Texas, por supuesto.

Y en 1852, bajo la amenaza de otra invasión, fueron comprados territorios identificados en México históricamente como la “venta de la mesilla”, sobre la cual ahora están los estados norteamericanos de Nuevo México y Arizona.

Los gringos, eN de febrero de aquel 1848, dispusieron que debían (ellos solitos se “castigaron) pagar 15 millones de dólares a México, como indemnización de guerra, a cambio de quedarse con más de la mitad del territorio nacional. En 1852 pagaron por la Mesilla otros 10 millones de dólares.

Fue aquel despojo una vileza tan grande, que durante años en las universidades mexicanas se ha debatido si México no tendría que demandar un juicio ante instancias jurídicas internacionales por la recuperación de aquel territorio, bajo la argumentación de que son territorios mexicanos ocupados por los gringos.

Sería una verdadera locura, dadas las actuales condiciones políticas, económicas y militares de estos dos países. De hecho, esta posibilidad de demanda ni la piensan los gobiernos mexicanos, emanados de un sistema político absolutamente sometido y subordinado al sistema político de los Estados Unidos prácticamente desde la segunda mitad del siglo XIX.

El tratado de paz firmado entre México y Estados Unidos el 2 de febrero de 1848 tuvo el nombre de Tratado de Guadalupe-Hidalgo, que firmaron Luis Cuevas, Miguel Atristain y Bernardo Couto por México, y Nicholas Trist por Estados Unidos, en representación, los primeros, del entonces presidente interino mexicano (oh, casualidad infame: Qué apellidos) Manuel de la Peña y Peña y, este último, por el entonces presidente de los Estados Unidos, James K. Polk.

Mientras Wilfield Scott ocupaba Palacio Nacional con sus tropas, aquellos firmaban el tratado, denominado así porque lo negociaron y suscribieron nada menos que en el altar mayor de la basílica de Guadalupe (como se ve, los gringos no respetaron ni a la Virgen de Guadalupe, el emblema nacional más sagrado que ha tenido México), a la que entonces se le conocía como Basílica de Guadalupe de la Villa Hidalgo.
 
ESTRIBO

Febrero 2 de 2017. Ciento sesenta y nueve años después, un presidente norteamericano ha amenazado con invadir militarmente al país. Aparentemente reculaba es jueves 2, diciendo en Washington a través de un ujier sólo hablaba “coloquialmente”. Es decir, bromeaba con Peña Nieto.

Pero Peña Nieto calla y ha insistido en ocultar y mentir. Ya lo desmintieron reiteradamente, cuando afirma a través de sus peones que dicha conversación nunca ocurrió así, como la presentó Dolia Estévez, AP y The New York Times, escalonadamente; al contrario, ha dicho, transcurrió en los mejores términos: Armonía y respeto.

Por cierto, en víspera de esta efeméride, que sin duda los estadounidenses no olvidan como aquí sí han tratado de que a la población se le olvide, ocurrieron –además de la madriza que dio Trump por teléfono a Peña– dos hechos más que colocan a México en situación de grave peligro:

Uno. Luis Videgaray Caso, el canciller mexicano al que la oposición acusa de gran traidor a la patria y que fue impuesto en la cancillería por exigencia de Trump a Peña, se reunió intempestivamente en Tapachula, Chiapas, este lunes, con los jefes de los cuerpos de ejército norteamericano denominados Comando Norte y Comando Sur, así como con la embajada de ese país en México. Y nada de lo que acordaron ha dicho el gobierno mexicano.

Y dos: este miércoles 1 de febrero, sobrevolaron la frontera con México el secretario de Seguridad de Estados Unidos, John Kelly, y el gobernador de Texas, Grez Abbott. ¿Por qué? Nada dice el gobierno mexicano. Como tampoco, hasta el momento, nada han dicho los secretarios de la Defensa y de Marina mexicanos, sobre lo que Trump les dijo “coloquialmente”, de que los soldados mexicanos “están asustados”...
02 Febrero 2017 04:00:00
Estados Unidos en los tiempos de Carranza y en los de Peña Nieto
La Cámara de Diputados sesionó ayer, por primera vez en este periodo ordinario de sesiones de febrero-abril. Lo hizo remecida por ese remolino de acontecimientos históricos totalmente infaustos que se ha levantado sobre la República.

Las amenazas desquiciadas de Donald Trump sobre un México agobiado por la debilidad insultante de su Presidente. La actuación de un Gobierno federal que clama por la unidad de los mexicanos al mismo tiempo que los agravia, como nunca antes, con el megagasolinazo, derivado de una reforma energética inobjetablemente entregada a los intereses norteamericanos. La crisis de confianza de la población sobre Enrique Peña Nieto, cuyos niveles de aceptación están en los 11 puntos… todo esto, y más, fue el contexto en que ayer los diputados se pusieron a comentar sobre los primeros 100 años de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, un centenario que habrá de cumplirse el próximo día 5 de febrero de 2017.

Fue María Guadalupe Murguía Gutiérrez, diputada federal del PAN, quien hizo la conexión histórica más precisa de los tiempos del nacimiento de la Constitución mexicana con los tiempos de hoy, en los que México enfrenta –como hace exactamente 100 años- la vileza y la ruindad de los Estados Unidos de América.

Dijo: “Conmemorar la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un acto trascendente para la nación. Sus postulados son la expresión de lo que nos define y nos identifica como pueblo. La Constitución de 1857, como un instrumento unificador, liberal y federalista, puso los cimientos de la nueva Constitución de 17.

“Carranza conocía perfectamente lo que los símbolos significan para la República, por eso hoy, en nuestras propias y retadoras circunstancias, vale la pena voltear la mirada hacia lo que don Venustiano Carranza pretendía conseguir en términos de reivindicaciones nacionales.

“En efecto, habían pasado solo 70 años desde la guerra contra el invasor estadounidense y la posterior suscripción del Tratado Guadalupe Hidalgo, ese que trajo como consecuencia la mutilación de nuestro territorio por mitad.

“Carranza se pronunció siempre en contra de cualquier colaboración con las potencias injerencistas. No aceptó apoyar a la Alemania del Káiser en la primera gran guerra (mundial); pero tampoco escuchó al invasor norteamericano que en 1914 pretendía servirle en bandeja de plata el triunfo sobre el usurpador Victoriano Huerta.

“También estaba en su memoria el pacto de la embajada, con la participación del embajador norteamericano Henry Wilson; ese que le costó la vida al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez”.

Y el apostille de la diputada Murguía: “Es en ese entorno histórico como debe leerse al Constituyente de 17 y a su obra, la Constitución de Querétaro, la primera Constitución social del mundo”.

Diputados de los siete grupos parlamentarios se posicionaron. Pero, junto con la panista, solo los de Morena, PRD y Movimiento Ciudadano, llegaban a la tribuna con puntería de arquero, ante una realidad soslayada a priori por la clase política.

Rodrigo Abdalá Dartigues, de Morena, dijo en la tribuna: “Recordemos que hace 100 años y, gracias a nuestro texto constitucional –primigenio–, la propiedad exclusiva de la nación sobre sus recursos naturales era un hecho indiscutible, lo mismo que la propiedad y el usufructo social sobre la tierra. Qué mejor ejemplo que el ejido como institución y que la soberanía sobre nuestros recursos como baluarte de nuestro desarrollo y como la seña de identidad más importante de nuestra Carta Magna.

“Hoy nos ofende un muro; pero no nos ofende la pérdida de la renta petrolera y la pérdida de la soberanía energética a manos de compañías petroleras de Estados Unidos. Hoy nos agravian las amenazas sobre nuestros connacionales migrantes, pero no nos avergüenza –debiera decir no les avergüenza– haberlos despojado de sus tierras y haberlos orillado a buscar un horizonte distinto a la miseria a la que se les condena con esas reformas”.

Clemente Castañeda, del MC, dijo: “Hoy la sociedad mexicana está agraviada, quizá como nunca en la historia reciente de la democracia mexicana, la sociedad había manifestado un desencanto tan profunda con el desempeño de las instituciones y de la clase política.

“No estamos ante simples casos de desprestigio, producto de ciertas coyunturas, sino ante la frustración y la desesperanza de los ciudadanos. En la conmemoración de este centenario no podemos perder de vista ni olvidar que durante las últimas décadas la clase política, en muchas ocasiones ha dado la espalda al sentir de la población y a sus exigencias”.

Fue Agustín Basave quien habló por el perredismo: “Este gobierno ha incrementado la pobreza y la desigualdad, nos ha sumido en una corrupción rampante, ha disparado la deuda y devaluado el peso, ha sido incapaz de combatir eficazmente la violencia, ha propiciado la ingobernabilidad y ha arrojado un gasolinazo al pasto social seco.

“Y por si fuera poco, en un acto humillante en la misma residencia oficial del presidente, impulsó a la Presidencia de Estados Unidos, al hombre que hoy tiene en vilo al mundo y amenaza dañar gravemente a nuestro país. Un hombre a quien se enfrenta desde la carencia de sagacidad, de estrategia y de dignidad. Tenemos que revertir todo esto.

“La unidad nacional no se da por decreto y menos por un decreto sustentado en la postverdad y en la sumisión, se construye en torno a un proyecto de nación soberana, limpia y justa. La diferencia entre las naciones que se subliman y las que se hunden es el alcance de su visión”.

Donald Trump no deja de permanecer en el centro de México.
01 Febrero 2017 04:00:00
Ahora sí, tendidos, van EPN, PRI Y PAN por la criminalización de la movilización social
Hoy comenzará el periodo ordinario de sesiones de febrero-abril. Una iniciativa espera con expectación el inicio del trabajo legislativo: la Ley de Seguridad Interior, que apoyan conjuntamente el Pan y el Pri, y las rémoras de éste: Pes, Panal y Pvem.

Son dos iniciativas de creación de una nueva ley de seguridad interior; una que presentó el coordinador parlamentario del PRI de la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, y otra que presentó en el Senado el senador panista Roberto Gil Zuarth.

En el fondo son exactamente la misma gata. Ambas plantean empoderar todavía más a las fuerzas armadas del país, otorgándoles a soldados y marinos facultades mayúsculas que, sin lugar a dudas, toparán con la violación de los derechos humanos de los civiles.

El grave peligro que se cierne sobre el país, con dichas iniciativas de ley, consiste en que el PRI y el PAN pretenden otorgar tanto poder a soldados y marinos que éstos podrán incluso reprimir protestas civiles, pacíficas, contra alguna autoridad.

No es gratuito el hecho de que estas iniciativas ya fueron consideradas por la oposición (PRD, Movimiento Ciudadano y Morena) y por académicos como la ley que hará desembocar al país en su militarización.

Senadores como Manuel Bartlett Díaz y Layda Sansores han denunciado reiteradamente que esta ley, si se aprueba, va a significar el comienzo de una dictadura militar en México, con la que, de facto, el mandante número uno del país sería el secretario de la defensa nacional.

Muy criticado en estas dos iniciativas ha sido el punto en que se mandataría –cuando se aprobase la ley- que los soldados y marinos puedan realizar “las acciones que consideren necesarias” cuando se trate de la seguridad pública en cualesquier rincón del país.

Hay incluso una pretendida facultad al Presidente de la República, al que se mandataría ordenar la movilización de soldados o marinos a un sitio determinado del país “para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia (sic) no agresiva, (resic), agresiva o (ultra resic) o agresiva grave”.

Desde que Camacho Quiroz presentó su propuesta, así como Roberto Gil, se pudo inferir que estos dos cuates lo que en realidad han propuesto es el abatimiento de la movilización social. La represión de la protesta. El acaballamiento de los soldados sobre la manifestación o movilización pacífica de la gente.

Al parecer, estos dos sujetos, que cobran uno como diputado y otro como senador, echan competencias para ver quién es más ruin. Gil, verbigracia, ha planteado en el cuerpo de su iniciativa que se permita a soldados y marinos disparar aun en casos de protesta social, cuando el caso lo requiriera.

Y Camacho Quiroz ha propuesto que en toda acción del ejército, marcada bajo esta excepcionalidad, sea considerado un hecho de seguridad nacional, para que la información quede reservada; es decir, que todo sea en lo “oscurito”, en secreto.

El diablo muestra la cola en prácticamente todo el articulado. Las dos iniciativas están emplazadas desde diciembre para su revisión con fines de dictamen, tan pronto comience el periodo ordinario de sesiones, que hoy principia. Veremos.

ESTRIBO
Ayer, víspera del comienzo del periodo ordinario, y cercano el país de la fecha estipulada por el gobierno de Enrique Peña Nieto del segundo gran aumento de gasolinas (4 de febrero), sucedió la primera gran movilización en la ciudad de México en contra del aumento del precio de las gasolinas y el diesel.
Quienes se manifestaron por las calles de la ciudad fueron trabajadores de sindicatos de la UNAM, UAM, de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), los electricistas y de sindicatos ajenos al oficialismo. También participaron profesores de la CNTE.

Esta movilización –cuyos organizadores presumían que marchaban más de 100 mil personas- no podrá repetirse cuando el PRI, el PAN y los apéndices de éstos Pvem, Pes y Panal terminen aprobando la Ley de Seguridad Interior, con la que el gobierno, presumiblemente, pretende el abatimiento de la movilización social, teniendo como instrumento represor al ejército y a la marina. Nada menos.

De acuerdo con organizadores, a la que asistieron cientos de frentes cívicos además de los sindicatos disidentes del país, la movilización se justificó con el siguiente pliego petitorio: Exigir al gobierno de Enrique Peña Nieto que detenga los incrementos de los energéticosd; defienda la soberanía nacional; modifique la política económica; suspenda reformas como la energética; haga justicia a los padres de familioa de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

“Es el comienzo de una renovada movilización social por un nuevo país”, se leía en uno de los comunicados que circulaban a través del cuerpo kilométrico de la marcha, del Monumento a la Revolución al Zócalo de Palacio Nacional.

Este mismo martes 31, en San Lázaro, el PRD en voz de Jesús Zambrano salió a rechazar la Ley de Seguridad Interior, respecto de la cual, dijo: “Por supuesto que estamos en contra. No se puede militarizar el país. Antes, tendría que aprobarse el mando coordinado mixto que genere condiciones en todos los estados y municipios de proximidad, que garantice la armonía y seguridad del Estado mexicano”.

A contrapelo de lo que han planteado en sus iniciativas el panista Roberto Gil Zuarth y el priísta César Camacho Quiroz, el perredista Jesús Zambrano agregó: “Lo que queremos es sacar a los soldados y a los marinos de las calles”.

Y apostillaba Zambrano: “Un mando mixto policiaco que sirva para tener policías más profesionalizadas, más capacitadas y debidamente acreditadas. Esto permitirá el regreso paulatino de los militares a sus cuarteles”.
31 Enero 2017 04:00:00
Cínico hasta las cachas el PRI
A tiro de piedra de que comience el periodo ordinario de sesiones, de febrero-abril, la sola mención de que aumentará el precio de las gasolinas otra vez, escuece. Tres voces coincidieron ayer en San Lázaro en exigir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que frene los aumentos anunciados: Uno el día 4, otro el día 11, y un deslizamiento diario del día 18 hasta el final del mes.

Una voz fue la de Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); otra, la de Enrique Ochoa Reza, líder nacional del PRI y la tercera fue la de Rocío Nahle García, coordinadora del grupo parlamentario del Morena en la Cámara de Diputados.

Desde el viernes pasado, José Antonio Meade, secretario de Hacienda, ha estado diciendo que es posible que los aumentos programados para febrero no ocurran. Pero las fechas oficiales continúan vigentes.

Ayer, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados en su asamblea plenaria –previa al inicio del periodo ordinario de sesiones- demandó al Gobierno que no aplique los aumentos.

Invitado central en la asamblea plenaria priísta –celebrada en el palacio legislativo de San Lázaro-  se apersonó el presidente del CCE, y su pronunciamiento principal fue no aumentar el precio de las gasolinas.

Castañón solicitó al gobierno de Enrique Peña Nieto “repensar los ajustes a los precios de las gasolinas previstos para febrero y los procesos de liberalización, debido a la coyuntura económica y de política exterior con Estados Unidos”.

Dijo que “los ajustes de los precios deben darse en los marcos que permitan las coyunturas política y social, por lo que en febrero lo deseable es que mantengamos los precios como están”.

E incluso demandó de la Secretaría de Hacienda tenga un poco de sensibilidad política: “En materia económica, el secretario de hacienda tiene los números adecuados para saber si tiene los espacios para postergar cualquier revisión al respecto, o probablemente la revisión le dé para que los precios se mantengan todavía similares a los que tenemos a partir de enero”.

Ante los diputados del PRI, el presidente de la CCE dijo que “México está pasando por un momento muy curioso, de coyuntura de desafíos económicos y una necesidad de generar la unidad sobre la nación que estamos
construyendo”.

Esto lo dijo en alusión a la crisis entre México y Estados Unidos por causa del anuncio de Donald Trump de que construirá un muro en la frontera que México lo pagará. Fue allí cuando el líder del CCE dijo que la comunidad empresarial del país “apoya las decisiones del Ejecutivo federal y del equipo negociador con Estados Unidos, para dar pasos en la relación bilateral, y ahí vamos juntos”.

Fue también cuando Castañón pidió a los diputados del PRI “que trabajen en medidas que impulsen a pequeñas y medianas empresas del país, para que puedan crecer y cada vez sean menos las que están en el sector informal. Y para tener facilidades para que las empresas pequeñas puedan invertir, puedan tener acceso a los créditos de la banca de desarrollo y comercio, que puedan tener incentivos fiscales para sus inversiones”.

Castañón, con lo que decía, hasta parecía diputado de partido de izquierda, pues esto es exactamente lo que han demandado cada que son revisadas las leyes fiscales.

Enrique Ochoa Reza, camaleónico, se puso a darle coba al presidente del CCE. Y hasta se puso a “exigir como partido que el Gobierno de la República lleve a cabo todas las medidas a su alcance, para que, en responsabilidad presupuestaria, se evite un cambio al precio de los combustibles en febrero”.

El PRI dio cátedra de simulación. En voz de Ochoa Reza “pidió que se proteja, a través de todas las medidas públicas posibles, y con responsabilidad técnica la economía familiar de todos los mexicanos, en especial de los que menos tienen”…
¿Habrá mayores cínicos que los del PRI? He aquí a un Ochoa Reza dando cátedra: Este llamado lo hacemos porque su partido tiene una convicción de justicia social y se preocupa por el bienestar familiar”.

El partido Morena abordó ayer también el tema de las gasolinas. Diferente peso, las mismas palabras, la misma propuesta: Con el peso de la congruencia, la diputada Rocío Nahle García dijo: “Estamos en contra, no debe haber más gasolinazos; no hay motivo, no hay pretexto para aumentar el precio de las gasolinas”.

Exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “a que tiene que reorganizar su economía y hacer un recorte al gasto corriente excesivo, sobre todo a la Secretaría de Gobernación”.

Rocío Nahle entonces recriminó que Hacienda siga sin tocar el gasto corriente en el capítulo de los sueldos y salarios de la alta burocracia.

Agregó: “No hay motivo alguno para aumentar un centavo a la gasolina; al contrario, tienen que poner a trabajar las refinerías para importar menos gasolina, pues las tienen subutilizadas al 42 por ciento. Que el sistema Nacional de Refinación lo pongan a trabajar al 100 por ciento”.

Apostilló Rocío: “Vamos a exigirle a la Secretaría de Hacienda y al presidente Enrique Peña Nieto que no haya gasolinazo, porque sería una irresponsabilidad del tamaño del mundo”.

Apostilló otra vez: “Es muy irresponsable que Peña Nieto, después de que está viendo que Troya arde…, todavía le ponga más gasolina al fuego”.

Cuando un reportero preguntó a Rocío su opinión sobre la unidad nacional, en la que ahora el PRI pretende acaballarse, dijo: “La unidad nacional no es una reunión de los nueve partidos políticos, sino determinaciones que se toman”.
28 Enero 2017 04:00:00
México se está encabronando
Una hora de conversación telefónica sostenida ayer entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto fue suficiente para que el Presidente mexicano insista en mostrar el cobre con que está hecho. La ruindad, la cobardía y la vocación inmanente por la traición le han barbotado del alma otra vez a la mínima provocación.

De acuerdo con un comunicado conjunto, en que ambos informaban sobre la plática inesperada –de la que no se sabe aún quién buscó a quién-, acordaron continuar el tema del muro en lo oscurito; o sea, ya no abordar el asunto ante la opinión pública. Y tampoco, públicamente, la persecución de los inmigrantes en los Estados Unidos.

De nada valió absolutamente que, ante la agresión de Trump, el país de pronto amaneció unido como nunca se había unido en un siglo. Una República que, a pesar de las traiciones y golpes que el gobierno de Peña ha asestado a los mexicanos (para qué ir lejos: Ahí está el megagasolinazo y la entrega del petróleo a extranjeros), salió presurosa a ponerse a los flancos del Presidente de México, con un solo objetivo: Enfrentar la agresión a México, perpetrada por el presidente de un país que hace 178 años despojó a los mexicanos más de la mitad de su territorio.

El presidente de una nación construida a lo largo de los siglos punta de asesinatos, invasiones, robos y despojos por todo el mundo, que una vez, en 1913, fue a través de su embajador en México -Lane Wilson- el instigador del asesinato del entonces presidente de México, Francisco I. Madero.

No necesitó Enrique Peña Nieto ir a Washington para regarla, apareciendo a ojos de todo el mundo como un pelele que va corriendo detrás de Trump, para subordinarse a éste, que por todo el mundo ha comenzado a ser visto como el “Calígula” del siglo XXI.  

Lo menos que tiene que explicar Peña Nieto ahora son dos cosas: Quién habló a quién y qué es lo que negociará con Trump, que no quiere que se haga públicamente. Y a qué se ha comprometido.

Lo inaudito del caso es que después de esa conversación de una hora, que Trump dio a conocer primero en Washington, el Presidente Peña se reunió con los coordinadores parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados, y, salvo información nueva, ninguno de éstos le exigió que informara al país a qué se comprometió y por qué aceptó con Donald Trump tratar en secreto a partir de ahora.

¿Y qué acordaron legisladores y Presidente de la República? En una declaración escueta, el coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés, dijo al término de la reunión celebrada en Los Pinos: “El acuerdo es que el canciller (Luis Videgaray) va a buscar a la Cámara de Diputados, a través de la Junta de Coordinación Política y al Senado, para delinear una estrategia puntual en donde nos digan exactamente en qué vamos a participar”.

Y según la Presidencia de Peña, en un comunicado, el Presidente ofreció al Congreso involucrarlos en la estrategia que seguirán en la relación bilateral con los Estados Unidos”. Aunque… para ser precisos, no lo ofreció realmente al Congreso, sino a los coordinadores parlamentarios, que en realidad responden a él mismo, a Peña, pues son coordinadores parlamentarios nada menos que del PRI, del PAN, PRD, Pes, Pvem, Panal, y con sus salvedades del Morena y el Movimiento Ciudadano.

Al parecer y dados los antecedentes de este Congreso con el actual gobierno, la mayoría de esos coordinadores asumieron otra vez ese papel infame de incondicionales, que han estado jugando a tal grado que lograron reformas que hoy lastiman a la población como nunca antes había sucedido.

¿Habrá considerado Peña Nieto el alto valor de que se le hayan unido, para fortalecer su papel ante los Estados Unidos, personajes como el de ahora, Carlos Slim, o también Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, e intelectuales como Enrique Krause, que aun siendo afín a la filosofía política de los Estados Unidos, ahora ha exigido a Peña que confronte con valor a Trump, “porque ya estuvo suave de una historia de 178 años de agresiones”.

¿O es que Peña nieto ha considerado poca cosa que un mexicano como Slim haya salido a arengar al pueblo de México a permanecer unido en torno del Presidente de México, a quien lo ve bastante débil, y a quien –insistió Carlos Slim- “tenemos que respaldarle, todo el país debe hacerlo ante un riesgo especial en la relación con Estados Unidos que no habíamos visto en 100 años”.

Nadie lo ha declarado todavía, pero en los territorios del Congreso de la Unión han comenzado a surgir preguntas terribles. ¿Qué quiere realmente Donald Trump? Y las conjeturas muerden los calcañales. Hay una terrible, la que coloca a Trump como un halcón, que anda en pos del pretexto para echar mano de su ejército y repetir la historia de 1846.

Para nadie en Estados Unidos y en México es un secreto que Donald Trump tuvo como empresario un gran interés por la California mexicana. ¿Es en las bajas Californias en las que está pensando Donald Trump?
Ante el silencio y las reiteradas claudicaciones de la Presidencia de México, cobra capital importancia el llamado de personajes como Slim, Cárdenas y López Obrador. Un López Obrador que, ayer mismo, alertó a la República: “Es un error garrafal que el Presidente Peña admitiera haber acordado con Trump ‘en lo oscurito”. Y restallaba: “Peña Nieto está transgrediendo la dignidad del pueblo mexicano con este tipo de acciones”.
27 Enero 2017 04:00:00
Entre la ruindad de Trump y la escandalosa sumisión de Peña Nieto
Donald Trump se anotó ayer un nuevo round en la golpiza que le ha estado asestando a México, pero de manera muy particular a su presidente, Enrique Peña Nieto.

No es gratuito que, este jueves 26 de enero, en el Senado de la República, el coordinador parlamentario del PRD, Miguel Barbosa Huerta, haya gritado con voz bronca: “Digámoslo sin cortapisas, Donald Trump se ha constituido como el enemigo de México”.

Barbosa, en conferencia, insistía: “Tal parece que la diplomacia americana está socavada, tal parece que el imperio americano que ha dominado con su diplomacia por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial no tiene formas, tal parece que Estados Unidos y toda su armonización del mundo como vigilante, como policía, como subsidiador de los órganos internacionales, como la ONU, hasta la OEA, y muchos otros, hoy está en retroceso”.

Desde Washington, Trump arrebató a Peña Nieto, a través de Twitter, la oportunidad de enarbolar lo más preciado que tiene un país con la identidad profunda como la tiene México: la dignidad y el orgullo.

Justo cuando Enrique Peña Nieto salió a decir que analizaba la opción de no asistir a la reunión con Trump en Washington, el próximo día 31, de súbito el presidente de los Estados Unidos le ganaba la partida, saliendo a decir: “El presidente de México y yo decidimos cancelar el encuentro de mutuo acuerdo. A menos de que México trate a Estados Unidos de forma justa y con respeto, ese encuentro habría sido inútil o infructuoso. Y yo quiero ir por otro camino. No tuve opción”.

Y avisaba el presidente estadounidense que ya comenzarán masivamente las deportaciones.

Entonces apareció súbitamente Peña Nieto en Twitter, dando a entender que él había tomado la decisión: “Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el (presidente Donald Trump”, dijo el presidente mexicano.

Estupefactos, en los territorios del Congreso mexicano han optado la mayoría por solo observar, excepto algunos como Barbosa, quien dijo: “Entonces a mí me preocupó las opiniones que desde anoche dio el secretario de Relaciones Exteriores y hoy por la mañana el secretario de Comercio antes de los tuits de Donald Trump, cuando comenzaban a escudriñar dentro de lo dicho por Donald Trump razones, que ellos calificaron como esperanzadoras.

“Nunca se nos dijo que la reunión del martes 31 no había sido una reunión pactada, ni una fecha pactada, fue una cita que Donald Trump hizo a dos presidentes, entonces el propio Donald Trump crea condiciones mayores para que la reacción del gobierno sea la cancelación.

“Ahora que ya creó razones mayores, ahora sí, hay que construir la política de Estado, la estrategia común, no puede seguirse en la improvisación porque esa improvisación parece debilidad, parece falta de dignidad y nosotros le dimos todo el apoyo a Luis Videgaray”.

Esto decía Barbosa ayer, al mediodía. Por la tarde, en Washington, Luis Videgaray Caso, en conferencia, decía: “Pretender que sea el pueblo de México quien pague por un muro es pasar de una acción soberana a algo que es profundamente inaceptable”.

Y añadía Videgaray: “Las familias, en sus viviendas, tienen muchos muros que dividen la casa de uno con la casa del otro; es parte de la convivencia normal entre los vecinos; pero los ciudadanos no le exigen al vecino que pague el muro de su casa”.

¿A quién, quiénes trataba de explicar Videgaray en Estados Unidos? Al parecer, no a los mexicanos, cuyos legisladores de la oposición se quejan del secretismo que envuelve las conversaciones que sostienen, en torno del tema, Videgaray y los legisladores del PRI y PAN.

Miguel Barbosa Huerta lo volvió a centrar desde el Senado mexicano, ayer, cuando le decía: “Cuando alguien se va con ese compromiso, ahí su desempeño debe ser otro a la percepción particular, entonces ya los llevó a otro nivel, ya llevó Donald Trump otro nivel y ahora hay que asumir una posición perfectamente clara a favor de los intereses de México”.

E insistía Barbosa: “Segunda posición, yo no he hablado con Luis Videgaray, ni con el secretario de Comercio, seguramente ellos ya hablaron con el coordinador del PRI Fernando Herrera, quien dijo que había hablado Luis Videgaray con él; ellos tendrán su forma de pensar, pero el Senado somos todos, y aquí en el Senado el PRD va a apoyar al gobierno, va a apoyar a la política exterior siempre y cuando haya un diseño común del Poder Ejecutivo y de la Cámara de Senadores como poder legislativo”.

Videgaray sostuvo reuniones con funcionarios del gobierno de Trump este martes y miércoles; pero cuando iba camino a Washington, Trump en su primer Twitter dijo que el tratado de libre comercio que tiene firmado con Canadá y México será rediseñado totalmente. Y entonces firmaba el decreto aquel, en que mandata que será construido el muro en la frontera con México en los términos como lo planteó durante su campaña presidencial. Y que los mexicanos lo pagarán. ¿Y cómo? Entonces Trump dijo que obligará a México pagarlo imponiéndole un impuesto del 20 por ciento a todo lo que se compre en Estados Unidos desde o para México.
En la conferencia aquella, Videgaray mostraba un rostro sombrío. Pero, aun así, tendría que explicar el rumor que inunda el Congreso mexicano de que, efectivamente, en un telefonema, Trump pidió a Peña imponer a Videgaray como canciller, “porque solo con él negocio; con otros no”…, habría dicho el presidente de los Estados Unidos en favor de Luis Videgaray Caso.
25 Enero 2017 04:00:00
Lo que más agravia a México es la falta de firmeza y dignidad de EPN
Hoy comenzarán en Washington las conversaciones entre México y Estados Unidos en torno del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que a punto estaría de desjarretar Donald Trump. Y en seis días, los presidentes de los dos países se reunirán en aquella misma ciudad. En vísperas de esas dos reuniones, un rayo de pesar bajó como un relámpago en los territorios del Congreso mexicano. Y en la República toda. La mortificación no disminuye, sino se agudiza. Conforme se acercan los días, la desconfianza en la capacidad de Enrique Peña Nieto para hablar de tú a tú con Donald Trump, lacera y aflige verdaderamente a todos.

En lo que fue el segundo y último día del foro Donald Trump: El Día Después, celebrado en la Cámara de Senadores, ahora fue Carlos Heredia, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) quien afirmó que la pretensión de Donald Trump de construir un muro “es un acto hostil”. Y arengó al Senado a que así lo exprese, así lo exponga ante todo el mundo, y que no sólo salga a decir que se oponen y que no se va a pagar.

E incluso Carlos Heredia ha planteado que el Senado de la República, “con facultad constitucional para coadyuvar en política exterior, salga a decir que no hay negociación posible, de buena fe, no hay renegociación que pueda tener lugar ante un acto hostil”. 

Refulgía este foro como muy pocas veces suele brillar en los territorios del Congreso mexicano una exposición de ideas y posicionamientos. Senadores y diputados han quedado callados, amordazados quizá por sus partidos políticos, que en todo le ven cálculo político. Por eso llamaron tanto la atención ayer estos académicos participadores del foro
de marras.

Emilio Álvarez Icaza, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aseguraba que “para México viene una especie de tsunami debido a la ausencia de una estrategia para defender a los migrantes mexicanos en Estados Unidos e impedir su deportación”. Pero además, lamentó, “existe la percepción generalizada de una falta de defensa, de firmeza y de dignidad”.
Álvarez Icaza consideró que a pesar de ello, hay “muchas posibilidades de desarrollar estrategias de litigio contra las deportaciones como en algunos momentos se ha hecho; inclusive, se han contratado despachos para defender a mexicanos en territorio estadounidense”.

Otro profesor e investigador del CIDE, el académico Jorge Durand, expuso una bifurcación: “Se pueden prever dos escenarios: Uno malo y otro catastrófico. En el primero, se puede considerar un incremento importante de deportaciones de los llamados ‘criminales’ desde el interior de la Unión Americana, es decir, procesados, pandilleros y personas que cometieron faltas mayores o menores”.

Durand agregó: “Y en el escenario catastrófico, se pueden presentar leyes más severas contra los migrantes, las cuales podrían ser aprobadas por el Congreso.

A esas medidas se sumarían organizaciones civiles antiinmigrantes que, de algún modo, estaban controladas y reprimidas, pero que ahora pueden desbocarse”.

¿A quién se refería el estudioso del CIDE si no es que a grupos hitlerianos como el kukluxklan, a cuya filosofía da a entender que responde, o coincide alegremente, el presidente Donald Trump?
El kukluxklan es xenofóbico, homofóbico, racista, anticomunista, es promotor de la supremacía de la raza blanca… y muy violento.

El PRD salió ayer a confrontar al presidente Enrique Peña Nieto, cuando le ha dicho que es un tipo que inspira desconfianza en la forma como sugiere enfrentar a Trump.

En conferencia, el PRD en voz de Jesús Zambrano dijo en San Lázaro: “Para cumplir con estos deseos, necesitaríamos un presidente nacionalista, patriótico, que crea y quiera profundamente al país, que rescate la dignidad de los mexicanos y que tenga la capacidad de comprender que se requiere de un cambio de modelo económico para enfrentar las amenazas de Donald Trump”.

Más allá de las verdades que dijo a Peña, el PRD no pudo escapar de la desconfianza que ya se le tiene, por su ruindad en la firma del pacto por México, del que derivaron males mayúsculos para el país, como la reforma energética y la reforma fiscal. Pareciera que Zambrano sólo pretende engañar a la gente con fines electorales.

No ha sido así con Manuel Bartlett Díaz, el senador del PT identificado con Morena y con Andrés Manuel López Obrador.

Cuando ayer Luis Videgaray Caso –un canciller bajo la sospecha de que fue la primera imposición que habría hecho Trump en México-, se apersonaba en el Senado para, más que hablar de su estrategia ante Estados Unidos, tratar de arroparse con el Congreso, en víspera de una reunión que hoy sostendrá en Washington, para la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el senador Bartlett exigió al secretario de Relaciones Exteriores a “defender con firmeza la violación indigna de las libertades y nuestra soberanía y a no consentir que como política de Estado se pretenda atentar contra la dignidad y los intereses legítimos
de los mexicanos”.

E insistió Bartlett a un Videgaray de rostro azorado que debe sostener ante los representantes del gobierno estadounidense una postura digna y de defensa de los mexicanos y de la soberanía nacional.

Pero también el senador opositor hizo un reclamo muy airado sobre los acuerdos interinstitucionales “con los que el gobierno de Peña Nieto, y el PAN y el PRI pretenden darle la vuelta al Senado para trabajar con instituciones norteamericanas. Y arengó a sus colegas a recuperar, para el Senado, la rectoría de la política exterior mexicana.
21 Enero 2017 04:00:00
¿Quién es más peligroso para México: Trump o la dupla Videgaray-Peña?
Subido en el carruaje de las mitológicas diosas de la ira, Donald Trump comenzó ayer su presidencia haciendo cuatro rompimientos: Uno al interior de su país; otro con su vecino más inmediato, México; el tercero, con el resto del mundo, y el cuarto, con los musulmanes “más radicales”, a quienes prometió que los “borrará de la faz de la Tierra”.

En la primera acción de ruptura, Trump se abalanzó sobre las élites políticas de su país, a quienes conmocionó -allí estaban todas, representadas por los presidentes vivos todavía, que le antecedieron- calificándolos de inescrupulosos que buscaron en el poder público el enriquecimiento personal por antonomasia, y de trabajar “a espaldas del pueblo”.

Además, anticipó que el país más poderoso de la Tierra comenzará una nueva era de proteccionismo a ultranza, en la que todo girará en torno de los estadounidenses. Y ligaba estrechamente el proteccionismo económico con el nacionalismo, parando de pestañas a medio mundo, pues fueron dos factores que jugaron un papel grave en los años 30 del siglo pasado en Estados Unidos y en Europa.

En su otro acto de fuerza anunciado, nunca mencionó por su nombre a México, pero era éste el claro destinatario. Reiteró que construirá un muro y al decir que los empleos serán para los estadounidenses, claramente aludía a su promesa aquella de que deportará a millones de ilegales, la mayoría de origen mexicano.
Literalmente el mundo entero esperaba el discurso de Trump, este 20 de enero de 2017. Por supuesto México. Y una vez lanzada la bola, ésta ha quedado en la cancha del presidente de nuestro país.

Y la pregunta que muerde los calcañales de la República, es: ¿Qué van a hacer Luis Videgaray Caso y Enrique Peña Nieto? ¿Se comportarán a la altura de los agravios que han recibido los mexicanos y la nación o insistirán en ese papel de entregados, sometidos, que les ha salido tan a modo para la causa de los Estados Unidos?

Por vía de mientras, este lunes emitirá un mensaje a la nación, el Presidente Peña. Y el miércoles, Videgaray se reunirá en Washington con representantes del nuevo gobierno estadounidense, en su condición de secretario de Relaciones Exteriores.

El viernes 20 de enero de 2017 quedará inscrito en la historia de México como una fecha infausta; esas que se conmemoran y no se celebran. Acaso para el resto del mundo también y para los mismos Estados Unidos, que se convulsionaba con marchas y manifestaciones antiTrump.

En los territorios del Congreso de la Unión, la incertidumbre se paseaba. Es notorio cómo en ningún partido político, ni siquiera en el PRI, saben a qué le van tirando con Peña Nieto y con Videgaray.

Fue notorio ayer cómo Manlio Fabio Beltrones salió, en un video, atropelladamente a pedir tranquilidad, serenidad, y a recomendar al Gobierno mexicano a que tome con seriedad y respeto la Presidencia de Trump.
Claro, no dejaba de tener intencionalidad electoral, su salida. No puede ocultar Beltrones que sigue suspirando por ser un día presidente de la República. Pero, en qué momento saca la cabeza. Trae cargando en el lomo un hecho legislativo, de traición a la Patria, que lo marcó para siempre: fue el prohijador de la reforma constitucional en noviembre de 2012 que está permitiendo, y causando estragos, que las costas y playas de virtualmente todo el país estén siendo compradas por extranjeros, la mayoría de nacionalidad estadounidense.

Hay preocupación en el Congreso por lo que dicen, hacen y no hacen Peña y Videgaray, aunque no faltan los otorgadores del beneficio de la duda, como Miguel Barbosa, coordinador de la bancada perredista, que insiste en ensalzar a Luis Videgaray Caso.

“Los mexicanos somos patriotas y México es un país soberano”, decía ayer Barbosa, al tiempo que decía que el ahora canciller mexicano “tiene la capacidad y los conocimientos para llevar la representación del Estado mexicano, para que en las negociaciones entre los dos gobiernos, la administración del Presidente Peña debe tener en cuenta que para ello necesita de la participación del Senado de la República”.

El Senado, desde hace unos días, anda en pos de un protagonismo en materia de política exterior al que renunció, agobiado por presidencialismo autoritario pergeñado por el PRI desde hace décadas.

Al cuarto para las doce, el Senado está intentando erigirse en un referente en el cual el Ejecutivo Federal se pueda apoyar, antes de que lo rebasen otros actores de la vida política nacional, como son los gobernadores de la frontera norte y el líder opositor más importante del país, Andrés Manuel López Obrador, que ante la enorme pasividad manifiesta de Enrique Peña Nieto, han tenido que salir al paso brutal de Trump.

Pablo Escudero, presidente del Senado y yerno de Manlio Fabio Beltrones, informó ayer que senadores se reunirán este lunes con Videgaray, tres días antes de su ida a Washington.

La salida súbita del Senado, a propósito de este tema, coincidió con la crisis que atosiga al Ejecutivo federal en política exterior.

El Senado, en voz de Escudero, planteó, fundamentalmente, “acompañar la política del Estado mexicano para atender a los migrantes y sus familias para asegurarles, en su caso, un retorno digno, ordenado y seguro”.

A pesar de que el Senado mueve las aguas, continúa esa sensación de orfandad en la República. Esa sensación de no tener realmente a nadie capacitado para que enfrente a lo que ya es una de las peores versiones de los Estados Unidos en toda su historia.
19 Enero 2017 04:00:00
Trump, hijo de la discordia, viene cargando el costal de los vientos alisios
A tiro de piedra de que Donald Trump asuma la presidencia de los Estados Unidos, México ha comenzado a crujir como la cubierta de un barco azotado por los vientos que preceden a las grandes tormentas.

Las amenazas de Trump se habían dejado sentir desde temprano, cuando el peso, en su pelea desigual con el dólar americano, llegaba a los 22.25.

Desde los territorios del Congreso de la Unión se respiraba un ambiente hostil hacia México. El mundo entero, literalmente, tiene puestos los ojos en el país.

Este viernes 20 de enero, Donald Trump asumirá el poder político, económico y militar más grande de la Tierra. Y permanece, desde que era un aspirante a candidato presidencial, cargando en el lomo el costal de los vientos alisios, que soltará sobre la nación mexicana, según ha prometido el enloquecido sujeto desde lo más hondo de sus entrañas.

Pero dos hechos políticos inéditos barbotaron en lo que ya es la víspera de la llegada de Trump:
Uno: En el inicio de la semana se pusieron en guardia los gobernadores fronterizos de Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, con la telegrafiada intención de cubrir un vacío político incapaz de ser llenado por el presidente de la República, en materia de política fronteriza.

Dos: No bien terminaban los gobernadores aquellos de informar sobre su acuerdo, cuando –un día después, ayer- en los territorios del Congreso, apareció el Senado con un acuerdo súbito insuflado por el mismo PRI: el acuerdo de acercarse a los gobernadores de las ocho entidades que más expulsan emigrantes a los Estados Unidos para “asesorar a los mexicanos que radican en aquel país”.

El anuncio de los legisladores fue sorpresivo. Este miércoles, en los pasillos, había quienes suponían que este grupo repentino de congresistas surgió para quitar luces y protagonismo a los gobernadores de la frontera.

En los territorios del Poder Legislativo mexicano se paseaba el fantasma de un cabresto. En el mundo de los toros, cuando algunas reses bravas escapan del corral, suele aparecer un toro viejo, amansado y mañoso, que se incorpora a los toros bravos hasta colocarse en el liderazgo de la carrera. Entonces, poco a poco hace a los escapados entrar en su ritmo, hasta hacer que lo sigan de vuelta al corral.

Esta fue la impresión que causaban ayer los senadores liderados nada menos que por Pablo Escudero Morales, presidente de la mesa directiva del Senado, senador del Pvem y, también, yerno de Manlio Fabio Beltrones. Por si fuera poco, Escudero es un incondicional absoluto de Enrique Peña Nieto. Y Peña. Con la decisión de los gobernadores, quedó muy mal parado.

Hay que ver las similitudes de los acuerdos.

El martes 17, los gobernadores fronterizos Francisco Vega, de Baja California; Javier Corral, de Chihuahua; Jaime Rodríguez, de Nuevo León, y Francisco García, de Tamaulipas –en el marco de la Comisión Nacional de Gobernadores, que preside el gobernador morelense Graco Ramírez- acordaron en Nuevo Laredo los doce puntos siguientes:

1: Ratificar acuerdos de mesa de análisis de la situación migratoria actual en la frontera norte del país; 2: Crear la Alianza Política de Gobernadores de la Frontera Norte para demandar conjuntamente al gobierno federal su cooperación inmediata en migración, crimen organizado, seguridad, costos de energía eléctrica, combustibles, derivados del petróleo y carestía de productos básicos.

3: Ante la amenaza expresa de Trump sobre la deportación de millones de connacionales, demandar que la federación tome acciones inmediatas. 4: Rechazo a las presiones y acciones directas contra inversionistas que han decidido instalarse y/o permanece en México.

5: Fortalecer los lazos y relaciones con los aliados nacionales e internacionales para defender el libre comercio de América del Norte; 6: Solicitar al gobierno federal que las negociaciones con Estados Unidos sean de manera integral e incluyan todos los temas de la agenda.

7: Pedir al gobierno federal no reducir los fondos de seguridad e incrementar el fondo de apoyo al migrante; 8: Demandar la creación de un fondo de fronteridad; 9: solidarizarse con Baja California y Sonora para el cumplimiento de acuerdos de atención integral de extranjeros intercontinentales.

10: Exigir el cambio de políticas públicas de migración, para que pasen de un enfoque de seguridad nacional a uno con acento en seguridad humana; 11: Promover encuentros con los gobernadores de la frontera sur de Estados Unidos para crear una agenda que fortalezca la franja como región binacional, y 12: La tercera mesa de trabajo sobre análisis migratorio será en Monterrey.

Ayer, en el Senado, durante una conferencia de prensa inusualmente alargada, los senadores en voz de Pablo Escudero, dijeron que el propósito del acuerdo es “buscar alianzas entre las entidades federativas de México con mayores niveles de emigración y las llamadas ciudades Santuario en Estados Unidos, para asesorar a los mexicanos que radican en aquel país”.

Acaso una diferencia: Prometió el Senado que emitirá un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que utilice los recursos que se recortarán al Congreso de la Unión, en fortalecer la red de 50 consulados mexicanos en los Estados Unidos.

Y anunciaba el senador presidente que senadores integrantes del grupo pro defensa de migrantes denominado Operación Monarca, se reunirán en los próximos días con los gobernadores de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Zacatecas, Veracruz y Ciudad de México, así como con los titulares de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores.

Todo esto ocurría en medio de un silencio ominoso del canciller VIdegaray y del presidente Peña, alimentadores de la incertidumbre gestada por Trump.
18 Enero 2017 04:00:00
Terrible error poner a Videgaray, un sujeto con gran vocación de traidor
La pesada sombra de Donald Trump se recortó ayer sobre los territorios del Congreso de la Unión como ave de mal fario.

A tiro de piedra de que asuma el poder presidencial de Estados Unidos, Trump fue colocado ayer, durante el sesionar de la Comisión Permanente, en el centro de una discusión trasminada por el coraje. Pero también por el miedo.

El Pvem volvía a asumir su ya conocida actitud timorata, acomodaticia, justificatoria de un presidente electo, al que no deja de lanzarle incienso. “Lo que nos ocupa hoy”, decía Emilio Enrique Salazar, diputado del PVEM, “es la toma de protesta de un presidente que además fue democráticamente elegido”.

Esta vez el PRI daba la impresión de que se enfadaba, y hasta habló –en voz de Víctor Manuel Giorgana- de que “es momento de mostrar liderazgo”. ¿A quién se lo dijo? ¿Al Congreso mexicano, al que arengó a unirse con parlamentos y congresos del mundo para armar un frente contra Trump? ¿O al presidente Enrique Peña Nieto? Pues no era a Peña Nieto. Y Giorgana se regodeaba, diciendo: “A eso los exhortamos, legisladores, a hacer de la diplomacia parlamentaria una importante arma para defender los intereses de México”.

El PAN demostró ayer que sigue siendo muy bueno para el discurso, para las formas. En voz de la diputada Martha Jiménez, sentenció: “Se lo decimos a Trump y también al aprendiz… (inobjetable alusión a Luis Videgaray, el nuevo canciller mexicano): Cualquier negociación con Estados Unidos se tiene que conducir sobre los intereses de México y los mexicanos, con energía, con firmeza y respeto total a nuestra soberanía”.

¡Qué descaro el del PAN para hablar de los intereses de México y de respeto total a nuestra soberanía!, cuando ellos han sido pieza fundamental para que México haya perdido soberanía sobre dos asuntos fundamentales: Uno: Junto con el PRI privatizaron los energéticos y retorcieron de tal modo el presupuesto que evitaron innovar tecnológicamente a las refinerías existentes y frenaron la construcción de una nueva. Dos: Junto con el PRI permitieron que extranjeros hayan comprado ya casi todas las costas y playas del país. Y si alguien no lo cree, que vaya a Baja California Sur y a la otra Baja California.

Entre todos los oradores se distinguió el diputado perredista Luis Fernández, a cuya argumentación la presentaba con peso de gran calado:
He aquí:
“Trump no está solo en esta lucha, pero no serán los aliados tradicionales de Estados Unidos como sería México quienes lo acompañen, hoy parece más cómodo con Putin que con Europa, y los organismos internacionales, les tiene un profundo desprecio y no le representan utilidad.

“La designación de su equipo cercano como Steve Bannon o Priebus, muestran un contenido ideológico ultraconservador, racista, antisemita, islamofóbico y mexicanofóbico; pero sin embargo me preocupa más lo que pasa en México, y es la suma de tres fuerzas desestabilizadoras que nos van a llevar a una condición delicada, la debilidad y falta de credibilidad de las instituciones, en particular del gobierno, la fragilidad de la economía que ya ha sido abordada, y el elemento que tendrá Trump.

“Pero frente a esta tormenta y lo que nos preocupa es que tenemos un gobierno que mantiene un optimismo tan peligroso como absurdo. En este escenario coincidimos, no hay espacio para la ocurrencia ni la estridencia ni la sentencia ni el epigrama, pero tampoco para la tibieza o la omisión. En esta delicada hora de la nación, el gobierno no ha tenido más que un papel de víctima, sin propuesta ni acción, salvo la humillante y torpe visita del señor (Trump).

“Más allá de esto ha decidido seguir una política errónea, un grave error, apostar a la simpatía y a la cercanía de quien nos desprecia. El credo de Trump es la fuerza y la ventaja, y con eso seguimos esperando su benevolencia.
“La muestra de esto es el nombramiento del señor Videgaray, quien no tiene más credencial ni experiencia que la amistad con la familia Trump.

“No ubicamos en su expediente capacidad negociadora o diplomática, él mismo reconoce su carácter de novicio. ¿Cómo va a negociar sin autoridad moral o patriotismo? ¿Cuándo ha negociado él en condiciones de desventaja? ¿Cómo va estar negociando él el futuro del país y lo más probable es que esté pensando en que él acaba en unos meses y que se va a ir a trabajar a una empresa norteamericana? ¿A quién va a representar? ¿A México o a la familia de sus amigos?
“Sus declaraciones lo acreditan, ya que mientras Trump amenaza a las empresas que invierten en México él ve en él un hombre amable y negociador. Creo que es una evidencia que no ve la realidad o no la quiere ver.

“Y lo digo con claridad, no hay firmeza ni la habrá del canciller, sólo hay silencio vacío y condescendencia. Lo sensato es construir una posición de negociación sólida, basada en principios y diplomacia. Pero eso no, eso no lo hemos visto.

“Es el momento de pasar a la acción con dignidad, sentido de oportunidad y patriotismo; mostrar que México busca la prosperidad compartida, que no responde ni se amedrenta frente a amenazas, que cree en la igualdad de Estados y los principios de la política exterior”.

Y remachaba el perredista a un silenciado Pleno camaral: “México debe iniciar la acción. Por qué no pensamos en los espacios del derecho internacional donde se deben litigar las decisiones que nos afecten, teniendo una posición clara”.
17 Enero 2017 04:00:00
La (nueva) burla del Pri y Pvem en el Congreso
El Senado mexicano se echó ayer una de las carcajadas más retumbantes en lo que va del sexenio, cuando anunció un supuesto acuerdo de austeridad y disciplina presupuestaria para 2017.

En voz del yerno de Manlio Fabio Beltrones, el senador del Pvem, Pablo Escudero Morales, el Senado ha prometido 30 medidas de austeridad, que, sin embargo, no representarán más allá de ser un recorte de 3.3 por ciento del presupuesto que el Senado tiene asignado para este año.

La Cámara de Senadores tiene asignado un presupuesto para 2017 por 4 mil 451 millones de pesos.

Con el recorte que Pablo Escudero Morales anunció, la reducción a aquel monto será de apenas 150 millones de pesos.

“Serán 30 acciones para reducir el gasto de esta Cámara”, dijo Escudero Morales en un mensaje videograbado, “sin afectar el cumplimiento de las metas y objetivos de los trabajos legislativos”.

En el manipuleo de las cantidades y porcentajes, Pablo Escudero hizo hincapié en que dicho recorte equivaldrá una “reducción de 10 por ciento el gasto del Senado (para 2017) respecto del ejercicio 2016 en viáticos y pasajes, materiales y suministros de oficina, servicios de alimentación y telefonía, el consumo de combustibles, de asesorías, consultorías, estudios e investigaciones, así como los gastos de comunicación social, de impresión digital y de fotocopiado”.

Más, todavía: Prometió que se racionalizará el servicio de energía eléctrica, el consumo de agua y se ahorrará mucho papel al suprimir al máximo el uso de fotocopias, a cambio de maximizar correos electrónicos.

Aquel 10 por ciento de reducción anunciado por el senador del Pvem, en realidad no es más que el 3.3 por ciento, si se le compara con el presupuesto de 2017, que es el que cuenta realmente para cualquier efecto.

Y más tardó Pablo Escudero en decirlo a través de un video mensaje, que Miguel Barbosa en descalificarlo. En conferencia, Barbosa Huerta –coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado- dijo que “un verdadero ejercicio de austeridad” no sería del 3.3 por ciento, sino de, cuando menos, 20 por ciento, con los que podrían ahorrarse no sólo 150 millones de pesos, sino 908 millones.
Si el presupuesto del Senado para 2017 es de 4 mil 551 millones de pesos, con el recorte del 20 por ciento se ajustaría en 3 mil 633 millones.

Y pormenorizaba Miguel Barbosa: “(Y los gastos en Servicios Personales pasarían de 2 mil 847 millones a 2 mil 277 millones de pesos; y los Gastos de Operación pasarían de 1,558 millones a 1,246 millones”.

Pero además, empujó Barbosa, el ajuste tendría que incluir un buen descuento al salario de los senadores (que en el argot legislativo se le conoce como “dieta”), y también, como un acto de vergüenza de los legisladores, tendrían que cancelar también el seguro de gastos médicos mayores.

Entre las propuestas que el yerno de Manlio Fabio Beltrones hizo, para nada figura cosa parecida a estos dos planteamientos últimos de Barbosa.

¿De cuánto sería la reducción salarial, dieta, de los senadores? Mínimo sería justo que la mitad, cuando ellos tienen ingresos mensuales por casi 180 mil pesos… claro, sin considerar en dicho monto mensual las comisiones que muchos se llevan por gestiones ante el Ejecutivo Federal para favorecer a particulares. O el ejercicio discrecional que tienen ellos en el presupuesto de cada una de las comisiones ordinarias a las
que pertenecen.

En cuanto al caso del seguro médico, es un seguro que abarca enfermedades de cualesquiera costo y en cualesquiera de los hospitales privados de México y aun de los
Estados Unidos.

Hasta ahora, al parecer, los únicos legisladores que han renunciado abiertamente a este segundo son los del grupo parlamentario Morena. Y, en el pasado reciente, en la 61 Legislatura, el entonces diputado federal del PT Gerardo Fernández Noroña, quien, además, renunció a la mitad de su ingreso-dieta.

Hablar de reducción en el presupuesto es como patearle los “tompiates” a los del PRI. Sencillamente no lo soportan ni como mera posibilidad. Defienden cada peso que les cae en la bolsa con la ferocidad de un cancerbero.

Este fin de semana que pasó, en la Cámara de Diputados, la bancada del PAN planteó reducir en cuando menos 2 mil 345 millones de pesos el presupuesto de las dos Cámaras del Congreso General.

Si el gasto 2017 para el Senado es de 4 mil 451 millones de pesos, en la Cámara de Diputados el presupuesto es de 7 mil 541.9 millones. Y los panistas han planteado “eliminar partidas que tengan que ver con remuneraciones adicionales y especiales, con alimentos y utensilios, combustibles, lubricantes y aditivos o vestuario, blancos de prendas de protección y artículos deportivos”.

Podrá un priísta soportar sin problema, estoicamente, que les mienten la madre miles de veces; o hasta que les digan ladrones… pero que se atrevan a decirles que reduzcan sus ingresos, porque, entonces, sí, se ponen
bien “muinos”.

Defienden la “memela” en serio. Tan pronto el Pan planteó lo anterior, de la bancada priísta salieron múltiples voces de legisladores descalificando a los panistas y tildando de “propuesta de relumbrón” el planteamiento de reducir 2 mil 345 millones de pesos el presupuesto del Congreso.

Más allá de sus propuestas de recorte del presupuesto, en los territorios del Congreso mexicano, los diputados y senadores todavía no responden con la contundencia requerida por el momento histórico, si estarían dispuestos a dar marcha atrás a las reformas de octubre, en materia de ingresos, que devinieron en el aumento bestial, totalmente desconsiderado hacia la población, de las gasolinas y el diesel.
14 Enero 2017 04:00:00
Presidencia no se baja del macho y admite que las gasolinas aumentarán más
Cuando Mario Delgado, senador del PRD, exigió a José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Hacienda, que confirmara si –como aparece en el Diario Oficial de la Federación del pasado 27 de diciembre de 2016- habrá nuevos aumentos a las gasolinas y el diesel, los próximos 4, 11 y 18 de febrero, y de cuánto serán, el hacendario mayor del gobierno de Enrique Peña Nieto respondió, pero no directo, como se lo pedían, sino andándose por las ramas:
“Está publicada (ese día, en el DOF) la metodología, (que) depende de un conjunto de factores que se siguen todavía moviendo y que, por tanto, no conocemos”…

Ya estaban en el tercer tercio de una reunión de trabajo, que no era comparecencia. La diferencia: En una reunión no están obligados los visitantes a hablar con la verdad. Meade Kuribreña siguió: “La metodología refleja, la metodología prevé el costo de las gasolinas, que primero se ajustaron mensualmente, luego semanalmente y eventualmente diario”.

Y remachaba José Antonio Meade siempre bordando sobre la misma tela, el mismo argumento. La misma argucia gubernamental: La causa del aumento en las gasolinas no es la reforma energética, sino el alza del precio internacional del crudo…

El hacendario mayor continuó: “Tendría que reconocer el costo internacional de la misma, el costo de logística, el margen y los impuestos. De esto sabemos a ciencia cierta que el costo y el margen no hablan de moverse, con independencia de que los gasolineros escojan por la razón que fuera en su estrategia comercial, ofrecer disminuciones”.

Y entonces, advertiente, ominoso, Meade dijo: “El impuesto se disminuyó desde el 31 de diciembre y lo que suceda, no solamente en esas tres fechas que usted comenta sino en adelante, dependerá crucialmente en la evolución del tipo de cambio y del precio de la molécula, respecto de los cuales habremos de estar atentos”.

Tan fácil la respuesta: era sí o no. Pero había que echar una retahíla típica sobre economía para marear.

Estaban en el punto climático del encuentro. Hacía un instante, Candelaria Ochoa, de Movimiento Ciudadano, había tocado un tema sensible e incomprensible para el país: ¿Por qué tanta disparidad de precios de las gasolinas en el país?
Candelaria Ochoa exigió al otro visitante, Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, por qué en Zapopan, donde existe el mayor depósito de gasolinas, los combustibles tendrán el mayor precio del país. Y entonces Pedro Joaquín respondió: “Pues sí, respecto a Zapopan, lamentablemente los precios de las gasolinas regionales son más altos que en otras partes del país, fundamentalmente, por la logística”.

Pedro Joaquín agregó: “Es zona metropolitana de Guadalajara, hay una Norma Oficial Mexicana que establece una calidad especial para esa norma, y eso lleva que ese costo viene de la logística de trasladarlo desde el puerto de Tuxpan, hasta el occidente del país”.

Coldwell continuó con su respuesta a Candelaria Ochoa: “Como aquí se ha mencionado por el secretario de Hacienda, lo que influye sobre los precios de la gasolina es el costo internacional del crudo, la paridad cambiaria, y hay una tercera variable, que es la logística, particularmente, el transporte”.

A decir del secretario de Energía, “ahí es donde la reforma energética va a incidir atrayendo inversiones que nos permitan ya no estar usando con tanta capacidad los autotanques, que es el medio de transporte más caro, e incentivar el transporte por ferrocarril y la construcción de poliductos que nos llevaran a precios y a costos más racionales”.

Turno a la tribuna de Vidal Llerenas Morales, del Morena. “Nosotros creemos que es posible un precio (de las gasolinas) único en el país; el PRI cree que no; creen ustedes que las comunidades más pobres tienen que pagar la gasolina más cara”.

Conversación entre economistas. Vidal Llerenas restregó: “Por supuesto que cuando se aprobó la Ley de Ingresos y que se estimó un impuesto a las gasolinas, una recaudación de 433 mil millones de pesos y el mismo día que se aprobó la Ley de Ingresos se estimó a la alza el precio del dólar, se sabía que se iba a incrementar el precio de las gasolinas, no había manera de que no”.

Entonces Vidal soltó un buscapié al PAN cuando propuso que la Comisión de Hacienda, que preside una panista, convoque la semana próxima para revisar con fines de dictaminación “las iniciativas que varios hemos presentado en materia de IEPS, de hidrocarburos, de Ley de Ingresos, y que ahí se tomen las decisiones”.

Y también Vidal arrojó una jiribilla al Pleno: “Habrá muchos priístas que los van a apoyar. Ya, por ejemplo, hay una diputada que ya se manifestó a favor de esto, la diputada Ivonne Ortega, el gobernador de Jalisco, el gobernador de Sonora. Construyamos una mayoría para revertir lo que está pasando”.

Y remachaba el legislador: “Sería muy sencillo: La semana que entra que se convoque a la Comisión de Hacienda y ahí discutimos cada una de nuestras propuestas y ahí se va a ver quién está a favor y quién está en contra, y qué mecanismos podemos encontrar para hacer caso a lo que los mexicanos quieren, que es evitar un fenómeno como el que estamos viendo, en donde no hay certidumbre en torno a este precio que se va a seguir incrementando”.

Al final, los opositores coincidían al pedir el recorte al IEPS ante un Meade Kuribreña que se hacía el sordo como su jefe, el presidente. “No es una opción”, reviraba, al tiempo que admitía que en febrero las gasolinas aumentarán todavía más.
13 Enero 2017 04:00:00
Galopante hipocresía y las ganas de dar atole con el dedo
Quienes controlan la Cámara de Diputados –PRI, PAN y PRD– anunciaron ayer que ya están en los preparativos de la estrategia “de una serie de medidas para proteger a los mexicanos en Estados Unidos” y, han agregado, San Lázaro prepara también un blindaje a la economía mexicana, a propósito de las amenazas de Donald Trump, quien a tiro de piedra está de su asunción al poder presidencial de la nación más poderosa de la Tierra.

El anuncio de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados ocurre en el marco del aumento del precio de las gasolinas y el diesel, respecto del cual fueron ellos –PRI, PAN, PRD, PVEM, PES y PANAL– pieza fundamental para que así sucediera.

Los grupos políticos que actualmente controlan los poderes públicos de México, tanto en la cancha de la Presidencia como en la cancha del Poder Legislativo, ven con horror cómo están a punto de entreverarse la llegada de Trump a la Presidencia de aquel país y el aumento, rezumante de barbarie, que Enrique Peña Nieto inflingió a la población de México a partir del comienzo de este año.
¿Cómo es que ahora ofrece la Cámara de Diputados un blindaje para la economía mexicana, si fue ella, a través de la mayoría conformada por aquellos seis grupos parlamentarios, la que aprobó el 18 y 20 de octubre de 2016 reformas a las leyes fiscales anuales para aumentar el precio de las gasolinas, mediante la inserción en el precio final de los combustibles de un Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) equivalente a más de cuatro pesos?
De este aumento bestial, a través del IEPS, y atentatorio de todo intento de inversión privada, nada dijeron ayer los líderes de la Cámara de Diputados. Se hicieron absolutamente los tiololos. Para nada hicieron mención de la demanda que, ante la Comisión Permanente, acaba de hacer el único grupo realmente de oposición en México, Morena, de que se convoque ya a un periodo extraordinario de sesiones –que tendría que celebrarse en enero– para echar para atrás el gasolinazo.

Soslayando a priori el emplazamiento que Morena les hizo, de quitar el IEPS a las gasolinas en un periodo extraordinario, ayer los mandamases de San Lázaro se envolvieron en la bandera nacional y, en voz del presidente de la Jucopo, Francisco Martínez Neri (PRD), dijeron:
“Debemos trabajar para que las acciones tomadas por Trump no impacten negativamente a la población mexicana, tanto la que radica en Estados Unidos como los que vivimos en territorio nacional”.

El mismo Martínez Neri añadió: “Además, requerimos elaborar planes específicos para blindar la economía del país, en caso de continuar las amenazas a las empresas extranjeras a fin de que no inviertan en territorio mexicano”.

Y apostillaba: “Impulsaremos acciones que permitan reactivar el mercado interno y mitiguen con ello las acciones anunciadas por el gobierno entrante de la Unión Americana”.

Este jueves 12 de enero de 2017, una cuenta regresiva comenzó en los territorios del Congreso de la Unión y en los territorios de la Presidencia de Enrique Peña Nieto. El viernes de la semana próxima, día 20, Donald Trump recibirá de manos de Barack Obama la Presidencia de los Estados Unidos de América.

Habría que esperar al lunes próximo, cuando la Jucopo se reúna y entregue información sobre lo que han anunciado como una estrategia anti Trump. Pero tienen un fierro en la lumbre que les quema, lo del gasolinazo, y nada han dicho todavía sobre cómo creen que pudiera resarcirse para la causa de la población, que los diputados federales dicen representar.

El Pan, ciertamente, habla de que se tiene que recortar a la mitad el IEPS, para que las gasolinas no cuesten 18 y pico de centavos, sino 16; Movimiento Ciudadano plantea reducir 60 por ciento el impuesto de marras, con lo que, presumiblemente, bajarían a 15 y centavos. El PRD habla de quitarlo y dejar el precio como estaba, con un IEPS de 10 por ciento.

Ayer, el grupo Morena en voz de su diputada federal Rocío Nahle García y su diputado Cuitláhuac García, urgió al Congreso mexicano a ser convocado para la celebración de un periodo extraordinario de sesiones, la semana próxima, en el que todos los grupos parlamentarios se planteen lo siguiente:
Eliminar el Ieps; vender el avión presidencial –que ha costado a las arcas de la nación 7,500 millones de pesos-; parar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, para ahorrarse un gasto público de 180 mil millones de pesos; quitar las pensiones a los ex presidentes de la República y reducir gasto corriente del Gobierno federal en materia de bonos, altos salarios, viáticos, pago de seguros médicos (“que se vayan al ISSSTE”), eliminación de pagos de boletos de avión a funcionarios, quita de vehículos y vales de gasolinas, y otros.

Si se hicieran todos estos cambios en el presupuesto federal, decían los legisladores, podría el Gobierno entonces ahorrar 400 mil millones de pesos, para reencausarlos hacia inversión social e inversión pública que sirviera de detonante de economías locales y regionales en el país.

En la sesión de la Permanente, un día antes, el miércoles, este mismo grupo parlamentario, además, había planteado la revisión extra urgente del estado técnico, tecnológico y operativo en que se encuentran cada una de las refinerías del país, para su reactivación, y se pongan a la voz de ya a refinar petróleo para producir gasolinas y diesel.

Al respecto, los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD nada han dicho todavía.
12 Enero 2017 04:00:00
La ley de la militarización del país y el apagamiento atroz de las refinerías
Súbitamente un comentario de Rocío Nahle García estremecía al Pleno de la Comisión Permanente: “Tenemos que ir a utilizar nuestras refinerías al 100 por ciento, nadie menciona eso, nadie lo menciona”. Y apostillaba la diputada federal de Morena: “Todo mundo habla de la importación y la importación, y nadie ha discutido que se debe disminuir el porcentaje de importación de gasolina”.

El gasolinazo era, desde el principio, el tema fundamental del sesionar de la Comisión Permanente. Pero, desde que irrumpió en la vida de la República este aumento del precio de las gasolinas, que se recuerde, nadie había hablado de la imperiosa necesidad de que las refinerías que ya tiene el país sean reactivadas a velocidad de vértigo. Y para ello es que proponía Nahle, desde la tribuna, que el Congreso de la Unión se meta en un periodo extraordinario de sesiones, para revisar todos las varias propuestas de modificación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS).

El PAN ya planteó –y ayer lo refrendaba- que el IEPS sea recortado a la mitad: 50 por ciento; es decir, si el impuesto de marras hizo que las gasolinas y el diesel subieran en su precio más de 4 pesos por litro, entonces el aumento sólo rondaría los 2 pesos, para que la gasolina que anda por los 18.40 pesos, baje a 16.40. Y así la otra y el diesel.

El PRD salió desde que comenzó el año como madre ardiendo (fue uno de los que agarraron la pata a la vaca, cuando el PRI insufló la reforma a la ley de Ingresos de la Federación 2017 y a la Ley de Ingresos en Materia de Hidrocarburos para que quedase el Ieps insertado a los litros de gasolinas, a partir de este 1 de enero) con la propuesta de que el susodicho Ieps bajase al 10 por ciento, como estaba hasta 2015.

El Partido Movimiento Ciudadano propuso ayer que el Ieps sea recortado 37 por ciento. Y el Morena planteó este miércoles que sea recortado 60 por ciento.

De veras que en el Congreso muy poco hacen los diputados y senadores por recordar que, en el estado de Hidalgo, quedó un terrenote sin utilizar, y apenas con la barda, que costó millones de pesos. Era el sitio con que Felipe Calderón Hinojosa, entonces presidente de México, dijo que sería construida una refinería, para incrementar la producción de gasolina, que entonces (2009, año en que se hablaba de la construcción aquella) andaba por una importación del 47 por ciento.

Ocho años después, México importa el 64 por ciento de la gasolina que se consume; 90 por ciento, proveniente de refinerías de los Estados Unidos de América, según datos de la Secretaría de Energía.

Ayer, en la sesión de la Permanente, el senador Manuel Bartlett Díaz recriminó al Senado por haber asegurado que se instalaba una mesa de trabajo para revisar el tema de la seguridad interior, con fines de iniciar la discusión de cuatro iniciativas encaminadas a crear la Ley General de Seguridad Interior, con la que se pretendería militarizar al país.

Bartlett dijo: “Cuando tenía que haberse llevado a cabo hubo una cuestión ahí extraña, no se llevó a cabo la sesión y, sin embargo, en la tarde saca un boletín que dice que al término de la reunión, ¿verdad?, se estableció otra con carácter privado, que sostuvieron los representantes de las Cámaras de Diputados y Senadores, con carácter privado.

“Por lo que simplemente no se llevó a ninguna discusión y se prepara ya abiertamente el militarizar el país sin ninguna participación de ningún tipo, habiendo sido acordado al término de una reunión de carácter privado, y no es de carácter privado discutir si este país va a entrar en un proceso de régimen policiaco militar o no. Es una situación muy grave”.

El tema de la militarización del país encaja en el contexto del aumento de las gasolinas, del que se han derivado reclamos muy airados de grandes sectores de la población.

Por cierto, no pasó desapercibido ayer en el Congreso el gesto de rebeldía de la Coparmex, que ha comenzado a plantear soluciones literalmente iguales a las que ha estado proponiendo el partido de Andrés Manuel López Obrador.

Miguel Barbosa Huerta, senador del PRD, dijo, a propósito del tema de seguridad interior: “¿Se necesita una regulación? Sí. Los temas de seguridad pública siempre estarán a cargo de las autoridades civiles. Que no se piense que una ley de seguridad interior va a ser aquella que permita a los militares, que permita al Ejército manejar el proceso indagatorio y de investigación y de todo lo relacionado a la persecución de delitos.

En opinión de Rocío Nahle, todos esto forma parte de una estrategia planeada desde que comenzó el sexenio. Y ejemplificaba con lo del aumento de las gasolinas: “¿Qué quiere decir? Que esto ya lo tenían previsto, que esto no es porque vino del exterior, que esto no es porque aumentó el precio del petróleo, esto ya lo tenían previsto. Eso no es lo peor, lo peor es que todavía nos esperan tres gasolinazos más en febrero: El 4 de febrero, el 11 de febrero y el 18 de febrero, de acuerdo a lo que publicó a finales de diciembre la propia Secretaría de Hacienda”.

Y es en febrero, da la casualidad, en que el PRI tiene planeado aprobar la Ley General de Seguridad Interior, que voces como la de Manuel Bartlett califican como la ley de la militarización del país.
11 Enero 2017 04:00:00
Ante la gran llamarada social, amaga EPN con la ley de la militarización
Fue un comienzo a matacaballo y como queriéndole madrugar a la madrugada. El Congreso mexicano, subordinado absolutamente al presidente de la República, se puso a justificar desde ayer –mediante una mesa de trabajo instalada por la Cámara de Senadores- la anunciada Ley General de Seguridad Interior.

Pero hablar de decisiones del Congreso es hablar de quienes lo controlan: El PRI y su inmarcesible aliado de siempre el PAN, esa dupla casi eterna a la que sin ambages y sin rubor se le han incorporado, engrosándola, el PVEM, el PES, Panal y aquel cascarón del PRD que todavía espuelea Jesús Ortega.

La alocada instalación de aquella mesa de trabajo en materia de seguridad interior –a veinte días de que comience el tan esperado por Enrique Peña Nieto segundo periodo ordinario de sesiones- convocó a casi todos… menos al único opositor real del régimen: El grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

De lo que se trata con esta mesa de trabajo es comenzar la discusión sobre la legalización del trabajo de seguridad pública del Ejército y la Marina.

Trabajos que serán una suerte de prólogo de la Ley General de Seguridad Interior, que el Congreso tiene planeado dictaminar y votar tan pronto comience el segundo periodo ordinario de sesiones en febrero próximo.

Sin embargo, uno de los grupos parlamentarios, Morena, denunció por la tarde que a dicha mesa de trabajo no fueron invitados los diputados de ese partido político, incluso cuando dicha discusión “tiene como finalidad llevar los dictámenes sobre la materia de seguridad interior, a su dictamen y conversión en leyes.

Vidal Llerenas Morales, diputado federal de Morena, conminó al resto de los grupos parlamentarios a que “el proceso de discusión sea amplio e integral y que el eje central de la discusión sea cómo mejorar la seguridad ciudadana y encontrar una ruta par que sean las policías quienes deban estar preparadas para ejercer acciones de seguridad pública, y no el Ejército”.

Apostilló: “Para el ejército debe encontrarse una ruta de salida de las calles y no dejarlo ejercer actividades específicas de las policías, como pretenden ambos dictámenes”.

Dijo también que “la obligación de los legisladores es hacer leyes en favor de los ciudadanos y no aquellas que pasen encima de los derechos humanos”.

Aseguró que “es preocupante un debate en el que no participan diputados, que nunca se acordó en la Junta de Coordinación Política y donde no se deja en claro cuáles leyes van a garantizar la seguridad de la población, sino que buscan mantener al Ejército en las calles por tiempo indefinido y tratar de que se suspendan garantías en pro de la actividad militar en las calles”.

La materia prima de la mesa de trabajo consistirá en la revisión y planteamientos de cuatro iniciativas en materia de seguridad interior, una presentada por Miguel Barbosa, del PRD, y otra por Roberto Gil, del PAN, una más por César Camacho, del PRI, y la cuarta por Jorge Ramos, también del PAN. Las cuatro abordan el tema que ha interesado de modo muy especial en los últimos meses al presidente Enrique Peña Nieto: La legalización del trabajo del Ejército y la Marina en las calles, en funciones de seguridad pública.

Marta Tamayo, una de las senadoras priístas que protagoniza en la mesa de trabajo, ha informado que el Ejército participará en la mesa de marras. Y ha avisado también que derechos humanos, tratados internacionales y la seguridad pública en el derecho internacional o comparado, son los temas que conformarán la tríada sobre la cual se afincará el debate.

Este comienzo atropellado del debate sobre lo que será la Ley General de Seguridad Interior, ocurre en un momento de gran turbulencia política, económica y social. La sólo mención del tema, da de qué hablar.

El aumento del precio de las gasolinas y el diesel paró de pestañas a toda la población. Y el gobierno del muy cuestionado Enrique Peña Nieto enfrenta una llamarada inédita de indignación social, que rebasa quizá a todos los partidos políticos.

Para quienes se expresan en la calle, manifestándose en marchas y en mítines, o con la opción de la desobediencia civil, hablar en este preciso instante de la Ley General de Seguridad Interior es hablar de la posibilidad de que el gobierno reprima a quienes lo cuestionan.

Sobre todo por lo que implica aquella iniciativa de ley: Que el Ejército pueda legalmente inmiscuirse en la vida social y política del país, y que, con tal empoderamiento, pudiera ser utilizado por el partido en el poder o por el presidente Enrique Peña Nieto bajo propósitos partidistas y electorales. O peor aún, para proteger a ultranza intereses de las recién llegadas compañías petroleras extranjeras.

Opositores como Layda Sansores y Manuel Bartlett Díaz, han estado denunciando incesantemente que el ejército, de hecho, ya lo hace. Que es un Ejército puesto por el presidente Enrique Peña Nieto al servicio de las petroleras; pero también lo ha subordinado al ejército de los Estados Unidos de América.

Pero con esta ley lo que ocurrirá será la formalización de una dictadura militar, pues será el Ejército de un protagonismo atroz en contra de los intereses de la población. Una población que hoy ha comenzado a manifestarse de manera inédita, y para sorpresa de la República, por mucho en el norte del país, lo que ha puesto bastante nervioso a un régimen que, como no había sucedido nunca en la historia de México, ha subordinado al país a los intereses de los Estados Unidos de América.
10 Enero 2017 04:00:00
Enrique Peña Nieto sigue echando gasolina al pastizal seco
Enrique Peña Nieto, presidente de México, seguía ayer, nueve días después, rociando con gasolina a toda esa pradera seca en que, de manera creciente, se ha estado transfigurando el país.

¿Habrá quién entienda de qué ríe, casi permanentemente? Ayer, un vector político fundamental para el régimen, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), lo desafió: “Hemos decidido no suscribir el acuerdo”, pronunció el poderoso organismo empresarial en un comunicado.

En lo que fue la reminiscencia de los viejos pactos, que un día inauguró Miguel de la Madrid, el presidente Peña Nieto había convocado para este lunes 9 de enero a  líderes empresariales y líderes sindicales oficialistas para  la firma del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar.

“El acuerdo que hoy suscribimos”, justificaba Peña en Los Pinos, “surge de un sustantivo diálogo para proteger la economía nacional y, desde luego, la economía de las familias mexicanas”.  

Y apostillaba: “2017 será de grandes desafíos, y el aumento del precio de las gasolinas es apenas el primero de ellos; pero el país los podrá enfrentar con la participación de todos los sectores, como ahora que se suman al Acuerdo para el”…

Pero no era así del todo. La Coparmex se negó a firmarlo. Entonces la Presidencia de la República tuvo que recurrir al esquirolaje del Consejo Coordinador Empresarial, que lo firmaba.

La cúpula empresarial del país se traicionaba a sí misma.
En tanto, la crisis provocada por el aumento del precio de las gasolinas seguía bifurcándose, como la barrancada dividida varias vertientes cuando baja, impetuosa, de las partes altas.

En los territorios del Congreso de la Unión, voces opositoras advertían al presidente Peña que el acuerdo de marras no servirá; al contrario: exacerbará más los ánimos, por la alta carga de cinismo e irresponsabilidad con el que se ha presentado.

En el Senado de la República, el senador del PRD Mario Delgado dijo en reacción a la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto de que aplicará un programa de apoyo a la economía familiar, que “la única estrategia viable sería revertir el gasolinazo, cancelar los gasolinazos previstos para el mes de febrero y asegurar que no habrá más durante el año”.

En conferencia, Mario Delgado hubo conminado a los mexicanos a no dejarse engañar por el gobierno federal.

Incluso recordó que “la reforma energética tenía planteado como uno de sus objetivos liberalizar el mercado de distribución de toda la cadena de energéticos de México a privados y extranjeros”.

Lamentó que “con la aprobación de la reforma energética en 2013 se abandonó la producción nacional de gasolinas y desde ese mismo año la mayoría de la gasolina que consumimos es importada, mientras que desde el año pasado PEMEX también ha bajado su nivel de importación para dar paso a los particulares”.

Pero los del CCE no fueron ayer los únicos que traicionaban; también entraron al aro los gobernadores, que reunidos con el Presidente en torno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que este mes preside el morelense Graco Ramírez, nunca se pronunciaron coincidentes con los reclamos de las poblaciones de las cuales dicen ser mandatarios estatales, sino que se amorcillaban, temerosos, en las tablas previamente dispuestas por la Presidencia de la República.

Nunca, ni un gobernador, se atrevió a pedir a Enrique Peña que echara para atrás el aumento bestial del precio de las gasolinas y el diesel, que amenaza con asfixiar a la población.

Con una advertencia tímida asomó de la Conago, hacia la Presidencia de Peña: “con el gasolinazo está en juego la gobernabilidad del país”.

Pero nada de confrontar a Peña Nieto. El motivo era el siguiente: como “una patada en los ‘guevos”, la diputación del PRI y el gobierno mismo de Peña retorcieron de tal modo la reforma del 20 de octubre pasado, de Ley de Ingresos de la Federación 2017, que hicieron que el IEPS a las gasolinas para este año se indexara a las participaciones federales para los estados de la República.
El que se mueva en la foto, el que hable de más, el que puje más de la cuenta, será bloqueado, obstaculizado a la hora de desplegar el gasto público. Fue la amenaza velada que ayer barbotó en Los Pinos contra los gobernadores.

Ecos de una marcha de miles de gargantas, la más numerosa en el Distrito Federal en lo que va del conflicto por las gasolinas, cimbraron dinteles, llenaron las calles y atiborraron la plaza del Zócalo.

En casi todo el país se escuchó el mismo eco, reclamante, de un precio de gasolinas que chorrea cinismo de la clase política mexicana. Y falta absoluta de correspondencia: hasta ahora Peña nada ha dicho de bajar el despilfarro brutal de su gobierno.

De modo inaudito, las televisoras nada dicen sobre lo que sucede en ciudades como Ixmiquilpan, Hidalgo, tierra del secretario de Gobernación, a donde oficialmente ya hubo dos muertes; pero elementos de la Policía Judicial Estatal reconocen “siete actas de defunción”.

En Ixmiquilpan, el enfrentamiento ha sido tan rudo entre población y fuerzas del Estado, que los bancos ya ni abren El Valle del Mezquital ya está considerado un polvorín, del que el gobierno federal hace todas las maniobras para que no se conozca en toda su magnitud. En el encontronazo del jueves pasado, 2000 elementos de la Gendarmería Nacional fueron a madrear a los manifestantes; pero la reacción de la gente fue tremenda: unos 500 de la Gendarmería regresaban, muy golpeados.
06 Enero 2017 04:00:00
La pretensión del PRI de acalambrar a todos con chantaje y miedo
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) pretendió ayer, una vez más, espantar al país con el petate del muerto. Si no hubieran aumentado los precios de las gasolinas -dijo ayer, día de sesionar de la Comisión Permanente, el coordinador priísta César Camacho Quiroz-, entonces se hubiera requerido elevar impuestos, aumentar la deuda externa o desaparecer programas sociales como el Prospera, o incluso eliminar las campañas de vacunación.

Le buscaron los priístas. Ya. Ya. Y se colocaban exactamente en el mismo terreno que, en la calle, habían estado roturando sujetos embozados para sembrar el pánico en la población mediante el rumor y el saqueo.

En la Cámara de Diputados, ayer, durante la sesión de la Comisión Permanente, el PRI pretendía también inyectar el miedo, a través de las voces mordientes de sus diputados y senadores.

“No habría cómo sufragar la pensión para adultos mayores, el seguro popular, los apoyos económicos a productores agrícolas o tampoco habría recursos para construir carreteras, dar mantenimiento a caminos”, arremetió también, en conferencia, Camacho Quiroz buscando inocular en el alma de los mexicanos ese veneno que tantas veces el PRI ha utilizado para amorcillar a la sociedad: El veneno del temor.

Discurso con inobjetable cariz intimidante el de César Camacho Quiroz. “Recortar el gasto público para seguir subsidiando la gasolina”, insistió el capataz que Enrique Peña Nieto impuso a la diputación priísta de San Lázaro, “equivaldría al doble del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social, a la mitad del presupuesto anual del IMSS”. Y el redoblamiento de la admonición: “Por todo esto (el gasolinazo) resultaba inevitable”.

Rengueaba (figuradamente) César Camacho Quiroz durante el sesionar de la Comisión Permanente. Una espina muy grande traía clavada en el calcañal: El senador priísta de Chihuahua, y ex gobernador, Patricio Martínez, acababa de dar a conocer una carta que le había enviado a su dirigente nacional, Enrique Ochoa, en la que pide sea revertido el aumento de los precios de las gasolinas, “y escuchar a los ciudadanos que, en todo el país, han expresado su descontento por la medida”.

Esta determinación del PRI de infundir el miedo hizo que todos los priístas, al final de la sesión, convocaran a los medios a conferencia. Y ahí, como el apostille en un cuento de terror, volvían a inocular ese veneno que tantas y tantas veces les ha funcionado para acalambrar a los mexicanos: El miedo, siempre envuelto este en la amenaza velada. O directa.

“Gastábamos cerca de 200 mil millones de pesos al año para mantener un precio artificial”, dijo otra vez César Camacho Quiroz. “Y sostenerlos un año más habría tenido implicaciones, (como) la elevación de los impuestos, el aumento de la deuda…” Y toda la letanía aquella.

Lo que el PRI buscaba, como primera intención, era justificar el brinco de casi cuatro pesos que Enrique Peña Nieto hizo que diera el precio de las gasolinas y el diesel; sin contar la no menos irritante, sádica, subida del precio del gas doméstico (en la ciudad de México, un tanque de 20 kilos que costaba en diciembre 260 y tantos pesos, amaneciendo enero se disparó a los 325. ¿Así, en esa proporción se disparaba en los 31 estados de la Federación? Por la reacción más que airada de la gente, se temía que sí.

Pero del gas no se hablaba ayer en la Permanente. Tampoco del alza de la tarifa de la luz, anunciada, la víspera del año, así: Más de 4 por ciento para empresarios, y más de 2 por ciento para uso residencial.

César Camacho, en su conferencia, no aceptó preguntas… Pero, impune, hubo dicho también: “quienes militamos en el PRI e integramos el Congreso de la Unión (se refería por supuesto a diputados y senadores priístas), asumimos con responsabilidad esta medida y expresamos nuestra completa solidaridad con el presidente Enrique Peñas Nieto con las medidas que ha adoptado”.

Hacía unos instantes, en el sesionar de la Comisión Permanente estalló el primer debate del año. Un debate a todas luces irritante para el PRI. Tan no le gustó al PRI que eran casi las nueve de la noche y la Cámara de Diputados todavía no bajaba la versión estenográfica de una sesión, la de la Permanente, que había concluido desde las tres y pico
de la tarde.

Diputados del Morena, PRD y Movimiento Ciudadano les habían metido “una soberana chinga” en la tribuna, haciéndolos ver como unos cínicos, traidores a la Patria, traidores a la gente; unos infames sujetos (hombres y mujeres) que optaban por obedecer ciegamente a Peña Nieto.

Un presidente de la República que ante el clamor creciente de la población, ha preferido echar mano de las herramientas del facismo (el terror) para la continuación de una reforma energética que ahora comienza a mirarse
huérfana.

Excepto los diputados y senadores de Morena y PT, y en lo individual algunos del PRD y de Movimiento Ciudadano, el resto de los legisladores (PRI, PAN, la mayoría perredista, la dirigencia del PT, el primer círculo de Movimiento Ciudadano, todos los infames del Pvem, y del Panal) habían votado en favor.

Los saldos de la Comisión Permanente fueron controlados por el PRI: No permitieron estos que el Pleno convocase a un periodo extraordinario para revisar y modificar las leyes que hicieron desembocar en el megagasolinazo.

Apenas el Pleno consiguió un acuerdo para que se reúnan los titulares de Hacienda, Energía, Pemex y otros cuatro de segundo pelo relacionados con la energía, para que expliquen el aumento.
24 Diciembre 2016 04:05:00
Cuando diputados y senadores se corrompen del alma
El Congreso mexicano tiene dos funciones muy marcadas en el espíritu constitucional: La legislativa y la de control político. La más importante es la segunda. Su función de contrapeso constitucional se hace valer no sólo en el debate, sino en el rumbo que siguen las leyes, desde que son construidas.

Cuando no hay contrapeso; es decir, cuando la oposición es barrida en las votaciones, las leyes terminan siendo instrumentos de quienes detentan el poder público para dominar a la población.

Luego entonces, la función de control político es la más importante, la más grave, la esencial. Todo Congreso y Parlamento en el mundo debe su existencia a esas función: cuidarle las manos al titular del Ejecutivo federal, sea este presidente o monarca o primer ministro.

Dicen los estudiosos del derecho parlamentario comparado que el parlamento nació el día en que un rey inglés (le decían Juan sin Tierra, en el año 1261) tuvo que pedir dinero a su pueblo para continuar haciendo la guerra.

Le dieron el dinero, pero bajo condición de que aceptara que un grupo de señores notables del pueblo le llevara las cuentas de lo que gastaba. Ese fue el momento histórico en que apareció la etapa previa del parlamentarismo en el mundo.

Muchos años después, finales del siglo XVIII, Estados Unidos de América adoptó un sistema de gobierno único en el mundo: El republicano. Común denominador entre Congreso y parlamento era servir de contrapeso al ejercicio del poder público.

Después, muchos países que entonces de colonias se transfiguraban en naciones independientes, en cascada adoptaban el sistema de gobierno republicano. Uno de ellos fue México por supuesto, después de una intentona monárquica que apenas duró dos años, a partir de su declaración de independencia.

Desde entonces el Congreso asumió un papel de contrapeso, aunque muchas veces más como un simulador que como un real vigía del ejercicio del poder público.

Tuvo una época dorada,  que no se ha podido repetir: La del 57. Fueron los tiempos de los hombres de la Reforma, en cuyo Congreso Constituyente (1857) crearon los pilares de una República que todavía perviven, a pesar de que gran parte de esa estructura legal y política ha sido sometida a demolición por regímenes como el que lidera todavía desde la sombra Carlos Salinas de Gortari.

Fueron los años también en que el Congreso fue unicamaral, cuando -de 1861 a 1874- desapareció la Cámara de Senadores.

Tenía tanto poder la Cámara de Diputados que el mismo Juárez -después de que se fueron los franceses y pasaron por las armas a Maximiliano de Habsburgo- trataba de desflemarla. Y lo lograron pero hasta 1874, cuando Juárez ya había muerto. A partir de entonces, el Senado regresó, y el Congreso volvió a ser bicamaral.

Los presidentes de la República han visto con desprecio al Poder del Contrapeso constitucional. Fue el caso de Porfirio Díaz y después los regímenes priístas.

El PRI de Plutarco Elías Calles reformó las leyes en 1933 de tal modo que los diputados y senadores sólo lo fueran si el presidente de la República en turno, a través de la dirigencia del partido oficial, lo permitían.
La carrera política de diputados y senadores no dependía del trabajo que consiguieran realizar en el Congreso para beneficio de sus electores o de la nación, sino del grado de sometimiento que tuvieran ante al PRI y el Presidente de la República, así tuvieran que echar mano de la traición. Todo estaría bien para sus carreras políticas si obedecían al partido y al presidente.

Para infortunio del país, esto no ha cambiado, incluso cuando ahora los diputados y senadores pueden serlo si logran ser reconocidos por sus electores. Los partidos políticos siguen siendo favorecidos por el alto grado de sumisión de la mayoría de sus diputados y senadores.

¿De dónde les nace ser tan abyectos y tan traidores a los intereses nacionales, a la mayoría de los diputados y senadores actuales, si supuestamente los partidos políticos ya no tienen la misma influencia sobre ellos, que como en los tiempos de la primera época del PRI?

Hay opositores que suponen que esto sigue porque ahora el presidente de la República y las cúpulas partidistas han echado mano del envilecimiento monetario. El grupo en el poder ha optado no sólo por prostituir a la sociedad cuando les hace regalos a cambio de un voto. A los diputados y senadores también los han puesto a bailar con dinero, dándoles prerrogativas, facilidades para coyotear, e inclusive permitiéndoles partidas del presupuesto para que ellos las repartan a su libre albedrío, como si fueran integrantes del Poder Ejecutivo Federal.

Cuando un ciudadano llega a diputado o senador el sistema político procura corromperle el alma lo más rápidamente posible. Le da influencias para empoderarse política y económicamente, incluso más allá de los territorios marcados por el partido político que lo llevó al Congreso.

El sistema corrompe a esos sujetos separándolos económicamente de la gente de donde viene, o que dice representar. Los coloca en un casillero inalcanzable para la población, donde hay salarios (dietas) altísimas, bonos, pago de viáticos, gasolina y vehículos gratuitos.

No importa el partido del que provengan. Son tan iguales uno del PAN con uno del Pvem o del PRI, o del Pes o del Panal. Apenas algunas diferencias con los que renuncian a la mitad de su dieta. Pero el resto, ya son iguales. Por esto es que el Congreso valió sorbete como contrapeso constitucional.

Lectora, lector: Tren Parlamentario reaparecerá en este espacio el martes 10 de enero próximo. Gracias.
23 Diciembre 2016 04:00:00
¿Del por qué los legisladores mexicanos no legalizan sus vacaciones?
Uno de los grandes pendientes legislativos que el Congreso mexicano tiene consigo mismo, es otorgarse formalmente de vacaciones. En ningún artículo de ninguna de las leyes que integran el derecho positivo mexicano hay un mandato en la materia. ¿Por qué?

La respuesta del por qué no legislan sobre sus propias vacaciones no es por el hecho de que los diputados y senadores quieran, a toda costa, ponerse a trabajar, sino porque no quieren ser llamados a rendición de cuentas.

Si se pusieran a legislar sobre este tema, entonces tendrían que legislar también sobre otros que tienen que ver con la naturaleza jurídica de ellos, como representantes de la nación, y con el Congreso mismo.

¿A quién sirven los diputados y senadores? Dice la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 51, que los diputados son representantes de la nación. De ello se infiere que los senadores también lo son, y no precisamente representantes de los estados, como ellos se autollaman por la manera como se elige un cuarto de los 128 legisladores.

El 51, es el único artículo de la Constitución que refiere qué es un legislador y a quién se debe. Pero, ¿esto es así, en el llamado México real?

Sabemos todos en México que uno es el México de las leyes y otro el México real, y ambos suelen ser muy distintos entre sí.

Un debate sobre las vacaciones legislativas, rigurosamente tendría que abordar también temas como este de a quién se debe un legislador.

En los territorios del derecho parlamentario mexicano, hay un debate añoso, recurrente en las aulas de las escuelas de Derecho, pero que no termina de aterrizar en las cámaras del Congreso.

Es el debate de si los diputados y senadores son realmente representantes de la nación, o si son representantes de sus respectivos partidos políticos, o si de sus distritos electorales… O, también, si también pueden serlo de quienes aportaron dinero para sus campañas electorales, cosa legalmente permitida, y común, en sistemas electorales como el de los Estados Unidos de América, donde no es ilegal que una multinacional o una empresa nacional tengan representados sus intereses en un legislador.

Cuando toman decisiones en el Congreso, a través de las votaciones, los diputados suelen afirmar que lo hacen pensando en que representan a la nación, pero ni ellos se la creen.

Las decisiones que ellos toman provienen de los intereses de sus partidos políticos, y dichos intereses no necesariamente son de la nación (un debate pendiente desde hace un siglo en México es sobre a qué se le llama nación, y cuál es su origen, y su visión de futuro).

O peor aún, representantes de poderes fácticos, casi siempre relacionados con los económicos, y hay quienes afirman que no sólo provienen de los poderes fácticos legales sino también de los ilegales.

Un ejemplo cercano de que los diputados y senadores a veces pareciera que también representan a criminales ha sido, al menos en lo que va de este sexenio, la infame tardanza para cuajar la ley que combate a los tratantes de personas.

El Senado, en diciembre, la aprobó después de tres años de estarla revisando y regresándosela con los diputados. Y en este mismo diciembre, la Cámara de Diputados la mandó a la congeladora, arguyendo que van a revisarla.

Y a casi cuatro años de que dicha ley ha sido aprobada y regresada con modificaciones por una de las dos Cámaras, no acaba de ser aprobada totalmente, y, por tanto, tampoco entra en vigor.

¿Quién, quiénes han evitado que los diputados aprueben esta ley que reiteradamente les ha mandado el Senado? No puede uno suponer más que una mano negra, poderosísima, mueve los hilos de la Cámara de Diputados, y es la que evita que estos legisladores, convertidos en marionetas de quién sabe quiénes, aprueben una ley necesarísima en México, un país convertido en el segundo lugar mundial de tratantes de personas.

Por este motivo, y otros, es que los diputados y senadores han estado sacando la vuelta al debate de las vacaciones.

Vacaciones tienen los trabajadores, obreros y empleados. Ellos no, por ser representantes de la nación, según el 51 constitucional. Pero en los hechos, en la realidad, sí las tienen. Y hasta se otorgan sobre sueldos.

Suelen vacacionar cada que finaliza un periodo ordinario de sesiones; pero también en Semana Santa, a mitad del segundo periodo ordinario –del 1 de febrero al 30 de abril-, y también cuando las efemérides nacionales abren días de descanso para los obreros y empleados. Los diputados y senadores se las ingenian para adelantar o retrasar sesiones ordinarias, y abrir también sus puentes vacacionales.

ESTRIBO
Otro tema en el que el Congreso mexicano debería estar inmerso, totalmente atento, y estudiando efectos y respuestas, es el de la Presidencia de Donald Trump, quien desde que triunfó en la elección presidencial de ese país, se ha dedicado a sembrar semillas de discordia e incertidumbre, y ha puesto al mundo entero en zozobra y confusión.

Ayer, Trump lanzó un mensaje por Twitter en el que plantea que Estados Unidos “debe reforzar y expandir enormemente su capacidad nuclear hasta el mundo entre en razón respecto a las armas nucleares”.

La publicación que Trump hace en Twitter ocurre en el marco de dos mensajes, uno de Rusia y otro de Corea del Norte, ambos, relacionados con la renovación de la carrera armamentística nuclear.

El Congreso mexicano debería estar analizando estos eventos declarativos, para coadyuvar al Gobierno mexicano en su política exterior a todas luces errática.
22 Diciembre 2016 04:00:00
La reforma energética y su gran mentira sobre las gasolinas
El gobierno de Enrique Peña Nieto acaba de anunciar, a través de la Comisión Reguladora de Energía, la liberación del precio de las gasolinas a partir de 2017, y analistas de Citibanamex han interpretado que dicho aumento equivaldrá un 22 por ciento; es decir, entre los 17 y 18 pesos será colocado el litro en todo el país.

Este ajuste brutal, a la alza, de los precios de las gasolinas es el efecto anunciado que reiteradamente la oposición en el Congreso estuvo advirtiendo que llegaría si se salían con la suya el PRI, el PAN, el Pvem, Panal y el sector perredista subordinado a Jesús Ortega Martínez (el chucho mayor) aprobando la reforma energética; cosa que consiguieron en agosto de 2014, tras un debate envenenado por priístas encanallados como David Penchyna Grub.
David Penchyna fue, en los tiempos de la preparación de la reforma energética, el senador priísta más burlón y canalla de cuantos se recuerden en el Senado. Así lo consideraron, lo consideran los opositores como Manuel Bartlett, Layda Sansores, Dolores Padierna.

La principal bandera de Penchyna fue una mentira: que con la reforma energética, decía reiteradamente, los precios de las  la luz y del gas estarían bajando. Y la mentira mayor: que México se perfilaría para ser una super potencia energética.

Tramposo hasta las cachas, David Penchyna manipuló el proceso legislativo de manera grave. Tan grave que si un día la Corte emitiera una interpretación sobre el modo en que se aprobó la reforma energética, los opositores presumen que estaría echándola para atrás.

En corto, en reuniones con empresarios y gobernadores, Penchyna decía que bajarían el gas, la luz, pero no las gasolinas. Era el doble juego de un partido, el PRI, que también utilizaba el miedo como arma para contrarrestar a la oposición: “La nación está en grave riesgo, si no hay reforma energética”…  

El hidalguense decía entonces que las gasolinas en lo que restaba de 2014 se iban a mantener controlados; en 2015 y hasta 2019 se mantendrán los precios máximos con ajustes conforme a la inflación. Y en 2017, esto decía Penchyna, habrá expendios con marcas distintas a Pemex. En 2018 sólo Pemex podrá importar combustibles. En 2019 habrá libre importación y en 2020 liberarán los precios, mismos que se decidirán por condiciones del mercado.

Pues estos tiempos marcados por Penchyna no ocurrirán, porque ha sentenciado la Comisión Reguladora de Energía que la liberación total de los precios de las gasolinas en México en realidad se desatará a partir de 2017.

Jorge Lavalle, senador del PAN, en el debate por la reforma energética, apuntalaba al PRI, diciendo: “Cuando las plantas generadoras de energía se transformen al gas natural, entonces podemos esperar bajar los productos de energía. Está comprobado, tal y como sucede en Estados Unidos, donde hoy la energía les cuesta 40 por ciento menos que a nosotros; a eso es a lo que podremos aspirar en materia de disminución de costos de energía (se refería únicamente a gas y luz), no así de las gasolinas”.

Ciertamente el PRI y PAN no decían que las gasolinas bajarían en precio; pero crearon en entorno que hacía que la gente pensara así.

“Con las reformas propuestas por el Presidente Enrique Peña Nieto, particularmente en telecomunicaciones y en materia energética, con retraso de años, damos finalmente el paso hacia una Revolución industrial y tecnológica que marque para bien un antes y un después en la historia de esta gran nación y todavía más grande en el futuro”, decía Penchyna en la tribuna el 4 de agosto de 2014.

Ese mismo día, otro David, pero de apellidos Monreal Àvila, lo atajaba, diciendo: “Estén seguros que al aprobar estas leyes, los mexicanos serán testigos de la pérdida de la seguridad energética y dirán adiós al petróleo, adiós al gas y darán la bienvenida  a más pobreza, a más escasez de recursos de estado  para la educación, salud, vivienda e infraestructura”.

Manuel Bartlett Díaz a la tribuna fue a decir: “Privatizan el asunto de la explotación del petróleo, lo hacen privado, lo meten al régimen del mercado. Y si tú metes al régimen del mercado, de libre mercado, la electricidad y el petróleo, no tienen por qué establecer un compromiso de carácter constitucional del Estado, de imponer condiciones, para que puedan despacharse las empresas transnacionales, como se les dé la gana.

“Eso es otra contradicción, en donde les conviene privatizar la materia, lo hacen. Pero en donde les conviene tener el poder del Estado, en beneficio de los intereses extranjeros, entonces lo mantienen”.

En el debate sobre la reforma energética, el gobierno de Enrique Peña Nieto y el PRI utilizaron la promesa de que el país viviría muchos mejores épocas económicas si se le aprobaba. Y su aprobación, como un beneficio importante, pasaría muy pronto por la reducción de los precios del gas y la luz, principalmente.

En el caso de las gasolinas, éstas con su liberación sujetarían su precio a la oferta y la demanda. Una ley del mercado que los legisladores del PRI y PAN casi consideraban sagrada, como un hecho consumado de que las gasolinas bajarían también.

Finalmente no bajarán, sino que se incrementarán por regiones, según ha anunciado ayer el gobierno de Enrique Peña Nieto a través de la Comisión Reguladora de Energía.

ESTRIBO
El centro de análisis del Grupo Citibanamex ha lanzado dos avisos: Dijo que con la liberación de las gasolinas la inflación subirá en el país. Y dos, que a pesar de que las tasas crediticias se incrementarán, todavía serán buenos los créditos en México. Veremos.
20 Diciembre 2016 04:00:00
La vida exitosa en EU de un migrante huéfano desde los tres años de edad
El pasado jueves 15, la Cámara de Diputados otorgó la Medalla Eduardo Neri al empresario mexicano avecindado en los Estados Unidos José Luis Solórzano Zavala, a través del cual los diputados hacen una recordación política al presidente electo de los Estados Unidos de América, Donald Trump, que en ese país hay mexicanos brillantísimos, que una vez llegaron de mojados, como muchos otros, a los que tiene amenazados con deportarlos tan pronto asuma el poder, el próximo 20 de enero de 2017.

Solórzano -leyeron en la tribuna- nació en El Varal, una ranchería del municipio de Abasolo, Guanajuato; fue huérfano de padre y madre desde los tres años de edad. “¿Por qué Dios me hizo esto?”, solía decir Solórzano.

Contó el migrante a los diputados que el sufrimiento parecía no tener fin y esta fue una de las razones por las que salió de El Varal cuando apenas cumplía 15 años de edad.

He aquí la narración del laureado con la Medalla al Mérito Eduardo Neri:

“Ya no podía seguir aguantando tanto sufrimiento y tomé la decisión de salir de la tierra que me vio nacer justo como estaba vestido. Llegué hasta un pueblo de Sinaloa, donde comencé a trabajar pizcando chiles, tenía que lavar mi ropa y quedarme en el agua hasta que se secara, porque no traía nada más qué ponerme, ahí me quedé por cinco semanas y de ahí junté para el pasaje.

“Había que tomar la decisión de entre comprar ropa o seguir adelante con rumbo hacia el norte y decidí que seguiría persiguiendo mi sueño de llegar al famoso norte, y con lo que me gané en cinco semanas llegué hasta Catorce, Sonora, donde dormí por seis meses. Dormí dentro de un saco de pizcar algodón, donde cada noche miraba un cielo estrellado y siempre me preguntaba por qué me encontraba en esta situación. De ahí, después de los seis meses junté lo equivalente a 200 dólares, que es lo que me costaba llegar a los Estados Unidos, pasé con un coyote y después de 3 días sin comer llegué con mi hermano mayor a este país.

“Comencé a trabajar en una taquería donde ganaba un dólar por hora y la comida no fue nada fácil, trabajaba 14 horas diarias, 7 días a la semana, me propuse a no ser solamente el que limpiara las mesas, barriera o limpiara los pisos, y comencé a ganarme la confianza de mis patrones para terminar siendo el encargado de dos negocios: Una tienda de abarrotes y la misma taquería.

“Pero no estaba contento y decidí comenzar a vender cobijas y zapatos por las calles, y obtuve mi primer puesto en un remate. No contento, comencé a vender mayoreo y gracias a Dios hoy estamos presentes en todos los Estados Unidos con bodegas y tiendas por todo el país.

“También, nunca se me olvidó mi gente y abrimos dos fábricas donde trabajan más de 600 personas, y la mayor parte son mujeres, que muchas de ellas fueron abandonadas por sus parejas que emigraron a los Estados Unidos y que por falta de papeles no podían regresar. Y en muchas ocasiones encontraban pareja por acá, se olvidaban que tenían a su familia lejos. Esto me llena de orgullo, saber que estoy poniendo mi granito de arena en la tierra que me vio nacer.

“Este ejemplo de perseverancia, este ejemplo de superación no es menor, nos enseña que no debemos vivir para soñar. Debemos soñar para vivir”.

En la tribuna, el migrante José Luis Solórzano Zavala dijo al pleno de la Cámara de Diputados: “Este reconocimiento nos llega a los emigrantes en el mejor momento, pues con documentos o sin documentos somos todos ciudadanos de México. Ante la confusión y el temor del nuevo gobierno en Estados Unidos, este reconocimiento nos da mucha confianza en saber que no estamos solos, que tenemos el respaldo de nuestro gobierno para enfrentar lo que pueda venir”.

Y agregó: “Los migrantes mexicanos estamos unidos; siempre dispuestos a dar todo para que nuestro país mejore. Podemos contribuir generando empleos, que se exporten alimentos, productos, artesanías hechos en México. Los migrantes siempre preferimos y vamos a preferir productos
mexicanos.

“El gobierno mexicano ya tiene programas como el 3 por 1, 2 por 1 y 1 por 1, que sirven para que los migrantes invirtamos. Podemos hacer más por nuestra gente y no solo Sedesol, sino otras secretarías como Agricultura,
Economía.

“Hay que hacer que las empresas en Estados Unidos compren más productos hechos en México. Los migrantes somos responsables de hacerlo, el gobierno tiene la responsabilidad de ser nuestro aliado.

“Los migrantes podemos hacer que haya empleo en cualquier municipio del país, apoyado para que más productos mexicanos se vendan en Estados Unidos y
en el mundo.

“Yo en lo personal ofrezco lo que he logrado en Estados Unidos. Tenemos bodegas y una plataforma de negocios y con cerca de 40 millones de visitas al mes en un sitio de internet, para ayudar a pequeñas empresas mexicanas que se beneficien y que ayuden a sus familias principalmente del campo, para que tengan presencia mundial.

“Que hagan negocios con otros países y empresarios que quieren comprar los productos mexicanos. Nosotros tenemos arreglos con una compañía para llevar los productos a 180 países del mundo.

“Yo ofrezco lo que tengo para ayudar principalmente a las pequeñas empresas del campo, a los que hacen artesanías y a los municipios, para que se beneficien de lo que ya nosotros tenemos hecho y que México progrese”.
20 Diciembre 2016 03:00:00
Avanza el PRI con su pretensión de militarizar a México
Es la semana de la navidad. Como todos los años, el Congreso no se sustraía a la vieja costumbre de amodorrarse hasta el punto de detenerse casi. Al menos en la apariencia, porque el PRI sigue pretendiendo “lazar por debajo del agua” la reforma aquella que dejó pendiente hace unos días, de otorgar a las fuerzas armadas tantas facultades y atribuciones constitucionales como para no dejar duda alguna de que, desde su condición de partido en el poder, ya trae la consigna de preparar a ultranza el camino hacia la militarización del país.

En su sesión de la Comisión Permanente, adelantada a este martes –la práctica parlamentaria ha impuesto los miércoles como el día de las asambleas en tiempos de receso legislativo-, el Pleno de los 37 legisladores (19 diputados federales y 18 senadores) sólo se dedicó a escuchar la presentación de casi una docena de iniciativas.

Ni por asomo intentó el Pleno incursionar en el debate. Pasó de largo la sesión como si el país estuviera en completa calma. Como si la República no estuviera al borde los cantiles.

Apenas el viernes reciente, Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, acaba de reiterar sus muy serias advertencias de lo que viene con Donald Trump: “una película de terror”…, dijo en alusión a la asunción del vociferante presidente electo de los Estados Unidos, quien a México sigue viendo como el peor país del mundo para los estadounidenses.

El Congreso permanece callado, por una manipulación sin nombre del PRI. Está callado cuando deberían diputados y senadores estar debatiendo a tambor batiente sobre el destino de en juego de la República.

Ayer, a las calladas, Jorge Carlos Ramírez Marín soltó: “Los primeros días de enero ya estaremos empezando la tarea de reuniones bilaterales de Congreso, reuniones de trabajo con expertos, funcionarios, autoridades en materia de seguridad”.

Ramírez Marín es la voz cantante del PRI en la Cámara de Diputados, desde su condición de vicepresidente del grupo parlamentario priísta. El segundo después de César Camacho Quiroz.

Avisaba de este modo que tan pronto llegue el mes de enero, “los diputados y senadores se reunirán para crear una agenda sobre el marco legal de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública”.

El tema no es tan simple, como lo plantea Ramírez Marín. Se trata, nada menos, que de la militarización a ultranza del país. De darle una muy ancha manga a los militares y marinos para que, en la calle, hagan lo que quieran y no les pase nada jurídicamente.

No es gratuito que opositores de gran calado como Manuel Bartlett Díaz, estén alertando al país de que lo que en realidad pretende el PRI es la dimisión del poder político ante el poder de la bota militar.

Tanto Manuel Bartlett como Layda Sansores y, en la Cámara de Diputados, legisladores como Ariel Juárez y Rocío Nahle, han advertido que lo que vendría es una dictadura militar.

Pero hay algo mucho peor, ha señalado Bartlett –cuyas declaraciones están respaldadas por un currículo singular: fue secretario de Gobernación en los tiempos de Miguel de la Madrid; secretario de Educación Pública en los tiempos de Salinas y gobernador del estado de Puebla en los tiempos de Zedillo-: detrás de esta intentona del PRI y de Enrique Peña Nieto por favorecer en grande a los militares con reformas constitucionales, está el gobierno de los Estados Unidos de América.

Bartlett lo acaba de declarar a un semanario la semana pasada; pero lo ha estado reiterando desde hace semanas en la tribuna del Senado. Estados Unidos pretende con la asunción de los militares mexicanos al pináculo del poder garantizar sus intereses en el sector energético de México.

Las declaraciones de Ramírez Marín este martes 20 se colocaron en casilleros abiertos por las declaraciones del senador opositor aquel. “La agenda considerará la participación y opinión de los titulares de las secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), así como de expertos y organizaciones de la sociedad civil”, hubo dicho Jorge Carlos Ramírez Marín.
Incluso dijo Ramírez Marín que “el objetivo es crear un dictamen que dé certidumbre a la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, que pueda ser analizado y discutido al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones que comienza el 1 de febrero de 2017”.

El PRI pretende para ese día llegar con un paquete legislativo en el que también vaya incluido el tema del Mando mixto policial. Un tema que apuntale al principal de esta propuesta que está insuflando el PRI: una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, a través de la cual –esto dio ayer Jorge Carlos Ramírez Marín- “se prevean las situaciones y procedimientos para la suspensión temporal de los derechos y garantías”.

Y para que no quede duda, Ramírez apostilló: “El PRI se pronunció por que veamos el tema de seguridad nacional, también resolvamos el asunto de los mandos policiales mixtos, únicos, o en la modalidad que sea, pero tiene que haber una mancuerna; es decir, tenemos que prever cómo van a funcionar las policías locales y prever el estado de excepción y las situaciones excepcionales en las que el Ejército debe participar”.

A pesar de que República tiene este fierro candente, los diputados y senadores no lo consideraron lo suficientemente importante como para pasarlo al fuelle, y airearlo.

El Congreso se abocó a escuchar la presentación de iniciativas y a turnarlas a comisiones, para retirarse con prontitud y citarse no la semana próxima, como parecería que tendría que ser, sino el jueves 5 de enero de 2017.

17 Diciembre 2016 04:00:00
Los peces gordos del petróleo: Aspe, Lozoya, Serra, Videgaray, Gurría, Blanco…
El argumento mayor con que el PRI y PAN justificaron la armonización de las leyes de Pemex y CFE consistió en afirmar que así se estará combatiendo la corrupción. Y para esto, se trata de darles “mayor peso a los consejeros independientes”.

Así lo decía en la tribuna Georgina Trujillo Zentella, la diputada federal del PRI que preside la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Era, la de Trujillo, la voz cantante en torno del dictamen, quien decía: “En relación con la designación de los consejeros independientes, lo que hacemos en primer lugar es aclarar que el requisito de no haber sido servidor público en los años, los dos años anteriores al nombramiento, no opera cuando la persona haya tenido alguna responsabilidad de carácter académico, docente o de investigación aunque haya sido una pública”.

¿Qué más justificaba Georgina, en ese transitar trompicado del pleno hacia la aprobación de un dictamen que definitivamente representa la continuación de la reforma energética de agosto de 2014?

La legisladora priísta añadió: “Por otra parte, estamos precisando que el impedimento para ser designado consejero independiente cuando se tenga una relación comercial importante con la empresa productiva del Estado de la que forme parte… ahí lo que estamos haciendo es bajar el porcentaje al que se refiere la relación importante con la empresa productiva del Estado”.

Aceptaron la disertación, por supuesto, los priístas, panistas, pvemistas, y demás grupos que han estado votando al lado del PRI. Pero los opositores no se la tragan; es más, lo toman como mentiras, lo que es bastante común en la clase política en el poder.

Macedonio Tamez, de Movimiento Ciudadano, evocó a Emilio Portes Gil, cuando dijo que “cada año salen comaladas de millonarios de Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos”.

Y resellaba su dicho con un aviso: “Decidimos ir en contra porque se ha quedado corto, porque quisiéramos que los consejeros independientes, no solo ellos fueran motivo de escrutinio y de sometimiento a requisitos, sino también los consejeros designados por el Ejecutivo, ya que estos también pueden ser o caer en los supuestos que marca la ley. De igual manera sentimos que estos consejeros independientes deben ser catalogados como servidores públicos”.

¿Qué estaba pasando con el dictamen de marras? Muy sencillo: PRI y PAN dispusieron que los consejeros independientes no pueden ser considerados servidores públicos. De este modo, el Estado a través de sus instituciones de rendición de cuentas inauditamente no podrán llamarlos a cuentas.

Fue entonces cuando Rocío Nahle García, coordinadora del grupo parlamentario Morena, hizo una descripción de cómo este dictamen no sólo es una simulación, un engaño, sino también de cómo el PRI y la Presidencia de Enrique Peña Nieto pretenden pasarse de listos otra vez con esto de los consejeros independientes.

Fue cuando Rocío dijo al pleno que los consejeros apodados como “independientes”, deberían ser servidores públicos, para que rindan cuentas. “Los consejeros independientes deben ser funcionarios públicos”, dijo la legisladora veracruzana. Y se preguntó: “Por qué?”

Nahle se auto respondió: “La UNAM, en un estudio, puso una lista de funcionarios públicos con consultorías privadas en el aspecto y en el sector energético y no son cualquier funcionario: Pedro Aspe, en Protego; Jaime Serra Puche, en SAI; Herminio Blanco, en Soluciones Estratégicas; Jaime Zabludovsky, en Soluciones Estratégicas; Luis Téllez, bueno, él tiene varias, entre ellas la de Trilateral; Adrián Lajous, Petrometría; Jesús Reyes Heroles, en Energy Intelligence Group; Luis Videgaray, en Protego; Raúl Livas, Intellego”.

Puro pez gordo. Nahle continuó: “¿Por qué menciono a estos funcionarios? Pues porque brincan del interés político al interés privado, como consultores. También, como si no fuera suficiente, puso vínculos con la Red Corporativa Nacional y Trasnacional, y adivinen quién está ahí, Ernesto Zedillo, ¿con qué empresas?, tiene asientos de consejo con corporaciones extranjeras, con varias que están en el sector energético”.

Y no, no era todo. He aquí: “También está nuevamente Pedro Aspe en el asiento de Black Rock, quien ya se llevó licitaciones en la ronda uno. Jaime Serra, Herminio Blanco, Francisco Gil Díaz y, ¿qué tienen que ver estos funcionarios? Ellos proponen a los consejeros independientes y por eso no quieren que sean funcionarios públicos, que no rindan cuentas, porque es una mezcla de intereses donde nace la corrupción, donde tienen a este país sumido en la desgracia económica”.

Todavía alcanzó a decir la diputada: “También la UNAM señala vínculos con centros de pensamiento y fundaciones extranjeras, y nuevamente está Ernesto Zedillo en Yale Center y otras en Columbia, en el Club Madrid; Pedro Aspe en Carnegie; Jaime Serra Puche en CT, actualmente es vicepresidente Herminio Blanco, José Ángel Gurría, Luis Téllez, y volvemos a ver a los mismos personajes políticos de primer nivel y que son ellos los que ahora, a través de las fracciones parlamentarias del PRI, del PAN, del Verde y de los demás, están impulsando para dar esta protección a quienes van a tomar decisiones trascendentales en nuestra petrolera nacional”.

¿Y eran todos? Pues no. Nahle, encarrerada, abundó: “También la UNAM señala la participación en organizaciones internacionales y vuelven los mismos personajes, por ejemplo, Guillermo Ortiz Martínez, quien estuvo en el BPI; Santiago Levy que es vicepresidente del BID; Agustín Carstens que está en el Fondo Internacional; y Emilio Lozoya Austin ex director de Pemex, y así continuamos con la serie de una lista de estos funcionarios que hoy aquí han operado para que sus representantes en la petrolera y en la de CFE, pues tengan una impunidad absoluta”.
16 Diciembre 2016 04:00:00
Un periodo ordinario infame, ya subordinado a las petroleras
El Congreso mexicano concluyó ayer uno de sus periodos ordinarios de sesiones más polémicos de los últimos años. De entre las más de 125 leyes dictaminadas de septiembre a diciembre, sobresalen un manojo de dictámenes que representan la continuación de las llamadas reformas estructurales aprobadas en 2013 y 2014, con las que el gobierno de Enrique Peña Nieto y el PRI y sus llamados aliados (PAN, Pvem, Pes, PRD y Panal) han pretendido apuntalarlas desde el comienzo del sexenio.

Pero además no se midieron los legisladores, y –a pesar de que cargan sobre el lomo, como una losa, el descrédito y el enojo de la población- refrendaron viejas prácticas políticas estrechamente relacionadas con la prostitución política, como el bono aquel, de 150 mil pesos, que se auto asignaron.

Aunque están las excepciones: Manuel Clouthier, diputado independiente, y los diputados de Morena  y Movimiento Ciudadano. Y de última hora, los siete diputados federales del PRI y Pvem del estado de Hidalgo, e Ivonne Ortega Pacheco, quienes también renunciaron al bono de marras.

Entre las leyes más controvertidas que aprobaron, figuran las siguientes: Ley de Asentamientos Humanos, con la que, a juicio de opositores, los grupos parlamentarios que la aprobaron (PRI, PAN, PRD, Pvem, Pes y Panal) legalizaron el despojo de los campesinos y comuneros del país, en aras de salvaguardar los intereses de las empresas extranjeras petroleras, las mineras y las generadoras de electricidad eólica.

Esta ley ha sido una suerte de continuación de la reforma energética. Como también la reforma que hicieron a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2017, en cuya Ley sobre Hidrocarburos han beneficiado de manera espectacular a los particulares que exploten los bienes de la nación, en detrimento de los ingresos del país.

En octubre, el PRI, PAN, Pvem, Pes y Panal reformaron la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para agrandar los tiempos de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dijo ayer Rocío Nahle, de Morena, a propósito de aquella ley: “Nos opusimos (a ella) porque al reformar un artículo transitorio que ya había perdido vigencia se desconoce el sentido original de la reforma, además de que se viola flagrantemente la Constitución por legislar de manera especial en beneficio de únicamente seis personas”.

Este miércoles 14, aprobaron una ley que pertenece al marco de la reforma energética: la reforma para armonizar Ley de Pemex y la Ley de CFE.

El PAN justificó su voto en pro, diciendo que los consejeros “no deberán tener una relación comercial importante con Petróleos Mexicanos, o alguna de sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales.

“Deberán carecer de toda relación comercial con dichas empresas durante los 12 meses anteriores a la fecha de su nombramiento.

“No deberán tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el tercero; y acreditar que las demás actividades profesionales que realice le permita contar con el tiempo suficiente para desempeñar su encargo como consejero”.

El PRI, feliz con esta disertación panista. Pero nada que ver con la argumentación en contra de Rocío Nahle García, experta en petroquímica, quien dijo: “Estos consejeros independientes deben ser servidores públicos. Reciben un salario, tienen oficinas en Pemex, tienen asesores, tienen vehículos y no tienen el carácter de servidores públicos.

“Nos dicen que es para ajustar a las leyes de transparencia y anticorrupción, pero ¿cómo vamos a garantizarla si no son servidores públicos? Esto en una incongruencia en la propia ley, no les estamos dando facultades para que rindan cuentas, que puedan venir aquí al Congreso y que los podamos debatir cara a cara.

“Pero, miren, esta ley se hizo antes de las elecciones de Estados Unidos, ¿saben ustedes a quien está considerando el presidente electo de Estados Unidos para su secretario de Relaciones Internacionales? Al dueño de ExxonMobil. Y ahora vamos a tener al gobierno de Estados Unidos metido en la reforma energética porque ExxonMobil viene a México y ya ganó campos en la ronda uno.

“¿Y a quiÉnes tenemos de consejeros en Pemex? Pues en consejeros de Pemex tenemos a Octavio Francisco Pastrana, que viene de British Petroleum, un colombiano, a Jorge José Borja Navarrete, que es de ICA, a Carlos Elizondo Mayer y a Felipe Duarte Olvera que viene de Ernst and Young, y todos ellos tienen compromisos con Pemex y con la CFE. Y ahora nos dicen que para que no sean tan importantes. Esto es una arbitrariedad.

“Tenemos que hacerlos servidores públicos porque están decidiendo cuestiones elementales de nuestras empresas; y si nos vamos también a los consejeros independientes del Fondo Mexicano del Petróleo, pues ahí nos vamos a encontrar con finísimas personalidades como Luis Téllez que trabaja en la consultora Mc Larty Association, Adrián Lajous, de Petroamérica, a Jaime Serra que también en SAI, a Pedro Aspe y a Videgaray de Protego, a Raúl Libas Elizondo, que está en Protego, Enrique Ochoa Reza y a todos esos les interesa que no sean servidores públicos.

“¿Por qué a este ajuste? ¿A quién piensan involucrar ahorita como consejeros? Es un error lo que estamos haciendo. Yo los exhorto a que voten en contra y que al contrario, se dictamine que sean servidores públicos porque ya está esa iniciativa en la propia comisión”.

Esto ocurrió ayer, en San Lázaro. Pero igual que como sucedió cuando la aprobación de las otras leyes, los priístas y panistas se zambulleron en el cinismo y la aprobaron.
15 Diciembre 2016 04:00:00
El debate en el Senado por la ley coja de la mariguana
El Senado aprobó el martes la regulación del consumo de la mariguana, únicamente para su uso médico, y dejó pasar de largo –juraron los opositores– la oportunidad histórica de quitar el negocio a los narcotraficantes mediante la legalización de su consumo lúdico, y de parar esta maldita guerra contra el crimen organizado, cuyo saldo en diez años ya arroja un millón de muertos, más de 100 mil desaparecidos y amplias zonas del país bajo gobiernos criminales.

Varios legisladores argumentaron que la despenalización total –médica y lúdica– ya sucedió en Uruguay, como está a punto de suceder en todo Canadá, como ya sucede en algunos estados de la Unión Americana (Massachussets, Nevada y California).

Festinaban los priístas el dictamen, pero la oposición los atajaba: “Este dictamen mediocre es una simulación”, porque para su uso médico ya está autorizada desde hace muchos años en muchos países, entre estos Austria, Canadá, República Checa, Dinamarca, Israel, Rumania, Uruguay. Y otros tantos avanzan despenalizando el cultivo, posesión y consumo de la yerba en pequeñas cantidades: Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Corea del Norte, Costa Rica, República Dominicana, Eslovenia, España, Estados Unidos (en algunos estados), Estonia, Holanda, Irlanda, Inglaterra, Letonia, Noruega, Suiza, Uruguay, Portugal, Rusia y Venezuela.

“¿Qué nos faltó?”, preguntó en la tribuna Miguel Barbosa Huerta, diputado del PRD. “¿Por qué fue imposible construir un dictamen más amplio, que expresara el contenido real del debate que se generó en torno al uso médico y lúdico de la mariguana?, ¿por qué nos quedamos tan cortos?”
Cinco comisiones ordinarias se habían trenzado para dictaminar esto que fue algo así como un Parto de los Montes. Del dictamen de reforma de la ley General de Salud y del Código Penal Federal apenas si barbotó un ratón.

El PRI, apéndice legislativo de Enrique Peña Nieto, justificaba en voz de Cristina Díaz Salazar con el caso de Graciela Elizalde, la “niña Grace”. La niña que necesitaba de mariguana para calmar la epilepsia que nadie le detenía.

Cristina Díaz, fiel a la usanza priísta, se fue por el camino de la abyección, y tildó a Peña Nieto de “hombre sensible a partir de conocer datos y experiencias personales”…

Pero sólo era eso: un gesto lacrimoso que en vez de convencer encabronaba a la oposición.

Gabriela Cuevas Barrón, senadora del PAN, decía: “En lugar de tener una industria productiva que pueda sacar a personas de la delincuencia y de la pobreza, nosotros hemos decidido apostar por únicamente una mínima regulación que no se ajusta ni siquiera a las demandas de mercado básicas, a la realidad de nuestra región de Norteamérica”.

O lo que decía Layda Sansores, del PT: “Esto termina siendo un negocio para las farmacéuticas” (porque se permitirá importarla, no producirla; 500 dólares el frasco)”.

Entonces Layda agregó: “Pero hay que ver que en realidad Peña nunca tuvo interés de entrarle al tema, esta iniciativa es hija del oportunismo. Si ustedes se acuerdan en ese entonces, él debía presentarse a la Asamblea General de la ONU, donde se iba a discutir la política sobre control mundial de las drogas, y él dudaba si debía ir.

“Entonces se puso a deshojar los siete picos de su flor de mariguana, que voy, que no voy, que voy, que no voy.  Pero como en ese entonces le llovía peor que en el diluvio, y ante el tsunami de los Panama Papers, que está muy ligado, decidió sacar su cajita china e improvisó una propuesta que incluía el uso medicinal de la cannabis, aumentó el gramaje en onzas, no en gramos.

“Y su preocupación no eran los enfermos que urgían al Gobierno a legalizar el uso medicinal, sino para que se olvidaran de los 100 millones de dólares que había depositado en efectivo en contubernio con su contlapache, el señor de las Higas; Higa de la casa blanca; Higa de Malinalco; Higa de Puebla; Higas de la guayaba”…

Nadie como Layda para sacudir a la Presidencia… y al PRI. Continuó: “Hoy Peña y este Senado desaprovechan una oportunidad que pocas veces se tiene, arrebatarle un negocio al narco”.

Más de seis legisladores citaron la resolución de la Corte, del 15 de noviembre de 2015, cuando, en decisión inédita, “autorizó a cuatro quejosos el uso lúdico del estupefaciente, permitiéndoles sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar la sustancia; ese era el momento para que incluyera una política gubernamental integral, una regulación responsable de una realidad que ya existe, respecto al uso de la mariguana”.

Otro gran argumentador fue Armando Ríos Piter. “No se le deben quitar méritos a este dictamen en tanto, pues es un avance pequeñito, sin duda, pero es un avance respecto al uso médico, terapéutico y científico que le va a traer beneficios a muchos miles de pacientes que hoy tendrán acceso a un conjunto de medicamentos y productos para enfermedades terribles, dolorosas”.

Pero, entonces dijo Ríos, “creo que eso es vernos la cara a todos”. Y rememoró la fecha: 11 de diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón Hinojosa, declaró la guerra al narco. Y comenzó, y no se puede parar, una cadena de historias ligadas a las desapariciones, fosas clandestinas, ejecuciones espantosas…

Y fue Ríos, guerrerense, quien dijo que su estado produce la mitad de la amapola en el país, y adonde Iguala y Chilapa están bajo condición de crisis humanitaria grave. Con su 50 por ciento, dijo Ríos, Guerrero compite con Afganistán en producción de goma de opio. ¿Y en todo esto, nada se va a hacer?, preguntaba el senador.

La turnaron a la Cámara de Diputados. Veremos.
14 Diciembre 2016 04:00:00
Ana Gabriela Guevara, la gloria nacional de este país
No sólo se metieron con una senadora de la República muy querida y respetada; es mujer y sigue siendo la atleta más brillante que ha tenido México en toda su historia.  Ana Gabriela Guevara fue golpeada por cuatro sujetos -que anoche, en el Senado, confiaban en que pronto serán identificados y detenidos- con tal saña que le han fracturado tres veces el rostro, la molieron a patadas en piernas, brazos y cabeza y no le rompieron las costillas porque ella todavía es, acaso, una de las mujeres más fuertes del mundo.

Campeona mundial en París 2003 en los 300 metros planos, con sus 35.30 segundos sigue todavía dueña del récord mundial en aquella prueba. Ningún atleta mexicano, hombre o mujer, ha logrado todavía superarla.

Fue campeona mundial también de los 400 metros, en el Mundial de París. Obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas. Fue segundo lugar mundial en la prueba de los 800 metros. A nivel mundial, se le considera una de las diez velocistas más grandes de toda la historia.

Usted es una gloria nacional de este país, dijo una reportera en la conferencia, retratando así a esta increíble mujer de tantos logros físicos a nivel mundial. Y le preguntaba: ¿Cree que la hayan reconocido como senadora o como atleta? ¿Usted identifica el móvil? ¿Sólo la golpearon por ser mujer? ¿Tuvieron ese nivel de violencia sólo por un incidente automovilístico?

Y ella respondió: “Yo lo atribuyo, primero, al tema motociclismo. Es difícil que me identifiquen con el casco puesto: Traigo lentes para proteger los ojos cuando ando en la moto; traigo el casco puesto, no traigo mi pelo suelto, era difícil que me identificaran y en el momento en el que se acercan, ante la ira con la que se baja del carro, obviamente que no dio pie ni siquiera a entablar una conversación ni tampoco con la intención de reconocerme.

“Todo fue muy rápido. Él me empieza a ofender, yo le digo que por qué me tumba y que por qué no se para y que llamemos al seguro. Acto seguido él se viene contra mí, me tira el primer golpe; yo logro esquivar ese primer golpe, pero después viene la patada sobre mi costado izquierdo y es cuando caigo.

“En el momento en el que estoy en el piso yo ya no tengo mi casco puesto y la gente que está en los coches de alrededor son los que sí me identifican y le empiezan a gritar: ‘Es mujer, no la golpeen’. Estos nunca se detuvieron.

“Ya una vez que empieza a bajarse más gente, la gente tal vez sí se da cuenta de que soy yo, entonces baja la esposa de esta persona, que ya no eran las ofensas contra mí, eran contra la otra compañera motociclista que venía conmigo; igual, con palabras altisonantes y es cuando se empieza a enfriar, como que se da cuenta de que soy yo.

“Pero yo en ningún momento lo hice manifiesto ni tampoco le corroboré que era yo, o sea, yo nunca dije “soy senadora de la República y soy Ana Gabriela Guevara”. Nunca mencioné nada; la gente alrededor se empezó a dar cuenta, pero finalmente se dan a la fuga y yo creo que con más razón se dan a la fuga, si se llegaron a dar cuenta, con más razón se dan a la fuga.

“La patrulla venía en camino, pero el embotellamiento era inmenso”.

“No era mi tema, repito, no era por ahí el tema. Yo más allá de aunque le hubiera dicho, aunque se hubiera dado cuenta, el tema es hacia el motociclismo, porque yo, vamos, en un tema de embotellamiento cuánto puedes llegar a avanzar si te permite el paso o no te permite el paso, ¿un metro, dos metros? No era el tema.

“El tema es contra el motociclismo y creo que también son otras cosas que hay que hacer: La tolerancia hacia el motociclista y hacia el ciclista.

“Yo creo que también tenemos que hacer un exhorto tanto a la Asamblea Legislativa del D.F. como a la Zona Metropolitana de meterle mano al tema, porque sí en motociclismo estamos muy vulnerables. En esta ocasión fue por un accidente, por un atentado de tránsito y por una vejación, y de ahí hasta la muerte. O sea, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres motociclistas han muerto por este tipo de sucesos?

“Pero bueno, les repito, yo creo que tenemos que hacer este basta y hacer una reflexión de qué es lo que nos tocará hacer y esperar a que la autoridad también responda, que hay una gran voluntad, les repito, he hablado con todos y todos están en la mejor intención de poder contribuir.

“Esperaré a que la autoridad haga su trabajo. Esperaré a que lleguen estos videos, ojalá que la gente responda y lleguen estos videos. Tenemos dos videos, pero bueno, tenemos que entregarlos a la Procuraduría para que a través de peritaje de fe de que el video concuerda con los hechos y con la declaración y ojalá que lleguen los demás videos y con esto podamos terminar de fortalecer la situación”.

Después, cuando Ana Gabriela se apersonó en el Pleno, los senadores se pusieron de pie y le aplaudieron.
 
ESTRIBO
 
Ahí mismo, en el Senado, el Pleno aprobó una de las reformas más esperadas en la materia de regulación de la mariguana. No hay mucho que festejar, se quejaba la oposición. Sólo aprobaron el uso de la hierba de marras para medicamentos. Veremos.
10 Diciembre 2016 04:00:00
Siquiera un poquito humanos con uno que es amigo desde hace 10,000 años
La Cámara de Diputados ha reformado el Código Penal Federal para sancionar y prohibir las peleas de perros. Se le esperaba desde hace 20 años, cuando arreciaron los reclamos de organizaciones civiles contra el maltrato animal. Esta modificación al artículo 419 Bis del citado código fue posterior a  200 mil firmas recopiladas por diputados federales de Movimiento Ciudadano.

He aquí partes medulares de los discursos de todos los grupos parlamentarios:

Álvaro Ibarra Hinojosa, PRI, Nuevo León: “Desafortunadamente, una de las formas más comunes del maltrato animal en la actualidad es la pelea de perros. Ya ha proliferado exponencialmente casi en todo el mundo en las últimas décadas, debido a las fuertes sumas de dinero que se manejan en apuestas, y por ende, el reporte de grandes ganancias para quienes participan en ellas. Es decir que desde la clandestinidad se ha construido una industria”.

Norma Edith Martínez Guzmán, Encuentro Social, Jalisco: “La Organización Personas por un Trato Ético Latinoamérica, las peleas de perros a menudo están ligadas a otro tipo de delitos, incluyendo, por supuesto, las apuestas ilegales, inherentes a este tipo de situaciones, pero también drogas y asesinatos. (Y estas reformas) incluyen penas para todas aquellas personas que transporten, críen, promuevan, organicen, patrocinen y entrenen a perros con la finalidad de obtener ganancias por una actividad considerada como ilegal”.

Francisco Javier Pinto Torres, Nueva Alianza, Colima: “Esta no es cuestión vana ni habla de cómo tratamos a la naturaleza y de qué tan humanos somos (…) Este comportamiento es particularmente lastimoso cuando nos referimos a una especie animal que ha acompañado al hombre desde hace más de 10 mil años. Me refiero por supuesto a las canis lupus familiaris, mejor conocido como perro doméstico”.

Verónica Delgadillo García, Movimiento Ciudadano, Jalisco: “Las peleas de perros no solo representan un acto violento en el que se somete a dos animales en el que se les obliga a lastimarse por mera diversión. Representa muchas cosas más, representa un trato inhumano en el que son sometidos por un largo periodo de tiempo.

“Representa un problema de salud. Y también es un problema de seguridad por el contexto en el que se desarrolla, en donde se ha demostrado está involucrado el crimen organizado, ya que en el 100 por ciento de las redadas que se han hecho en muchos países en torno a las peleas de perros se ha descubierto droga, pornografía infantil, trata de personas, compra y venta de armamento, de armas que le arrebatan la vida a miles de personas en el mundo entero”.

Alfredo Basurto Román, Morena, Zacatecas: “En la pelea de perros se lleva con el objeto de apostar de cómo se desgarran los animalitos, pedazos de carne y tal parece que eso satisface a los aficionados, quien apuestan por el perro que incluso que a veces que sobreviva, perdiendo el que es derrotado y el que es muerto en la contienda”.

Gran argumentador fue José Refugio Sandoval Rodríguez, Pvem, Coahuila: “Esta reforma incorpora como tipo penal la promoción, la inducción, la asistencia, la participación y la ayuda para la realización de peleas de perros. Con esto se atenderá un serio problema sobre el cual diversas organizaciones civiles en México han venido manifestándose y exigiendo una solución.

 “… La prohibición no ha evitado que estas peleas se sigan llevando a cabo, especialmente en círculos relacionados con actividades criminales; bajo esta lógica cabe señalar que la afición por las peleas de perros habla de una descomposición social por la que atraviesa nuestra sociedad, pues resulta insano divertirse y no sentir repulsión cuando intencionalmente se le hacen daños o lesiones e incluso se le provoca la muerte a un ser vivo.

“Alguien que es capaz de maltratar cruelmente a un animal, es también muy probablemente capaz de ejercer violencia contra un semejante. Al respecto, según la Agencia Federal de Investigación estadounidense, el FBI el maltrato a los animales es una característica común entre violadores y asesinos, y los procedimientos de diagnóstico y tratamiento de psiquiatría enlistan esta práctica dentro de los desórdenes de la conducta humana”.

Arturo Santana Alfaro, PRD, Iztapalapa: “Se sanciona al lucro que se lleva a cabo con los perros, peleas de perros, con las crías, de criadero de perros, etcétera, y evidentemente, incluso se penaliza hasta aquellos que asistan y promuevan y hagan apología de este tipo de delitos en México”.

Patricia Sánchez Carrillo, PAN, Quintana Roo: “El día de hoy estamos consternados, lamentando la muerte cerebral de Íker Misael, un niño de tres años que jugaba tranquilamente con sus amiguitos cuando fue atacado por un perro de raza Pitbull, generalmente educados para pelear.

“Sabemos que dichas peleas son organizadas por personas que al hacerlo no solamente demuestran su total carencia de escrúpulos, sino que exhiben una conducta patológica que pudiera derivar en actos criminales en el futuro, al no tener absolutamente nada de sensibilidad. Nadie, en su sano juicio, puede disfrutar de este tipo de eventos. Abusar del instinto de los perros es altamente reprobable”.

Pablo Elizondo García, PRI, Nuevo León: “Además de la crueldad que esta actividad encarna, existe toda una serie de delitos asociados a las peleas de perros, entre ellos las apuestas ilegales, el crimen organizado, así como el tráfico de drogas y de armas.

“Si bien en algunas entidades existen sanciones para quienes maltraten a los animales, resulta necesario fijar una postura a nivel federal para establecer parámetros que sean contemplados en las disposiciones locales”.

Al final, el dictamen aprobado fue turnado al Senado, para su refrendo.
09 Diciembre 2016 04:00:00
La disputa por el agua entre Jalisco y Guanajuato
En los territorios de la Cámara de Diputados, ayer, el debate esbozó los trazos de lo que puede ser en el futuro una guerra por el agua, aquí mismo, en el país, entre Jalisco y Guanajuato, cuando un diputado federal guanajuatense invocó la construcción parada de la presa el Zapotillo por solicitud ante la Corte de los tres pueblos jaliscienses que quedarían bajos sus aguas. Aguas que estarían beneficiando a León, Guanajuato.

En un punto de acuerdo, que al final aprobó el Pleno, el diputado federal panista Ricardo Sheffield Padilla propuso exhortar a la Comisión Nacional del Agua a informar en qué va el proyecto de la presa El Zapotillo, y a que vigile el plan de rescate financiero de la empresa Abengoa, a la que se le concesionó dicho proyecto”.

Quienes se opusieron al exhorto, diputados de Movimiento Ciudadano y de Morena, y un priísta, aseguraron que lo que planteó Sheffield es un engaño, una trampa, porque detrás de su solicitud de información está la pretensión de que la Cámara presione políticamente hacia la continuación de la construcción de la presa, frenada por un amparo que los pobladores afectados ganaron desde 2014.

Pero también, argumentaron los opositores, lleva el punto de acuerdo la pretensión de rescatar financieramente –con dinero público- a la empresa española que ganó la licitación de la construcción. Empresa parada por falta de liquidez y por el amparo interpuesto por la gente de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, los tres pueblos de Los Altos de Jalisco que quedarían bajo las aguas de la presa de marras.

De entrada, Ricardo Sheffield Padilla -diputado del PAN, ex presidente municipal de León-, argumentó: “Tres millones de mexicanos dependen del agua del subsuelo de un acuífero que se abate más de dos metros por año y que actualmente estamos sacando agua a más de 400 metros de profundidad”.

Llamó la atención que ninguno de los diputados federales del PRI de Jalisco intervinieron en el debate, y sólo una legisladora del PAN en  favor, la de Tlaquepaque, Mayra Enriquez Vanderkam. Y una en contra, Candelaria Ochoa, de Movimiento Ciudadano.

Ricardo Sheffield Padilla se refería a la población de la ciudad de León y zona metropolitana. Insistió: “En este ritmo que llevamos en menos de 10 años empezaremos a remover las aguas fósiles del acuífero y el removerlo vamos a contaminar con arsénico todos los pozos de la zona”.

A decir de Sheffield, “una vez contaminados con arsénico lo único que tendremos como opción tres millones de mexicanos es buscar otro lugar dónde vivir, porque una vez contaminados los mantos acuíferos se lleva millones de años que se asienten los metales pesados con los que se han contaminado”.

El Zapotillo, cuya construcción está en territorio jalisciense, fue descrito por Sheffield como “el guión de una película apocalíptica”.

Y explicó: “Pudiéramos estar viviendo en 10 años la situación más delicada y compleja de esa famosa guerra de agua potable en una zona tan popular como es esta zona metropolitana (de León, Guanajuato)”.

Dijo que en 1995, el entonces presidente Ernesto Zedillo decretó “que fuera para uso público urbano el agua del Río Verde, dejándole dos tercios a Jalisco y uno a Guanajuato”.

Repartición de un río, dijo, “que nace en Zacatecas, que se alimenta de todo el estado de Aguascalientes, que pasa por Guanajuato y que finalmente llega a Jalisco”.

Todavía el de Guanajuato dijo: “Es un proyecto que viene desarrollándose, pensándose, planeándose por un cuarto de siglo y que en el año 2010 tuve la oportunidad, como presidente municipal de León, de firmar el convenio que le dio forma y arranque a este proyecto y que en el 2011 permitió que se concesionara el acueducto a una empresa española, que es hoy día lamentablemente gran parte del problema, que se llama Abengoa”.

Respingó una diputada de Jalisco, pero no del PRI, partido en el poder, sino de Movimiento Ciudadano, María Candelaria Ochoa, quien tildó de tramposo a Sheffield, y al gobierno de Jalisco (priísta) de pretender junto con Conagua “construir la gigantesca presa con una cortina de 105 metros de altura que inundaría estas tres poblaciones en la región de Los Altos y dotaría de agua principalmente a la ciudad de León”.

Y aseguraba que el punto de acuerdo propuesto por Sheffield “violenta los derechos de los pobladores de Acasico, Palmarejo y Temacapulín”.

Otra diputada de Jalisco, pero del PAN, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, se posicionó en apoyo de Guanajuato: “Piensen en el derecho que tienen los pobladores de la zona metropolitana de León, así como los derechos que tenemos todos los mexicanos y las mexicanas a acceder a este servicio básico”.

Ningún priísta de Jalisco. Pero Raúl Domínguez Rex, del PRI del estado de México, dijo:  “Si la presa El Zapotillo que se construye en la cuenca del Río Verde sigue adelante, cientos de personas perderán sus hogares, su sustento, su historia, su tranquilidad y sus vidas, se inundarían los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, comunidades que han habitado durante siglos por lo que guardan un profundo vínculo material, territorial y espiritual con las tierras que se les quieren quitar, espacio que necesitan para sobrevivir y seguir siendo pueblos”.

El legislador priísta apostilló: “Se ha demostrado que la presa El Zapotillo no tiene una razón de ser y que es insustentable, pues no es viable, ni social, ni política, ni ambientalmente, favoreciendo únicamente a intereses económicos”.
Pero había línea en el PRI, de votar en pro. Y lo aprobaron.
08 Diciembre 2016 04:00:00
En este sexenio aumentó el asesinato de mujeres, y disminuye el de hombres
La Cámara de Diputados ha hecho cambios jurídicos en materia de feminicidio. El Ministerio Público no esperará al juez, sino que actuará de oficio cuando sepa de una agresión contra las mujeres, planteó el pleno camaral en su sesión del pasado martes 6.

Y un dato que insufló esta reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia, y al Código Nacional de Procedimientos Penales: En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, los feminicidios aumentaron 46 por ciento en todo el país.
 
Laura Plascencia Pacheco, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género dijo: “En nuestro país todavía las mujeres y las niñas siguen viviendo acciones de discriminación y violencia en su contra”.

Y decía también que diariamente en México son asesinadas siete mujeres “por el simple hecho de ser mujeres”.

De cuatro iniciativas, un dictamen, cuyo sustantivo es: 1). Se faculta al Ministerio Público a que, por oficio, ordene protección de emergencia para proteger la vida de las mujeres, antes incluso de requerir autorización judicial, de un juez; medida a la que se puede agregar alguna otra medida de protección establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

2). Deberá fortalecerse la información del Banco Nacional de Datos en la materia de violencia contra mujeres.

3). Ahora la temporalidad de las órdenes de protección ya no serán sólo de 72 horas, sino “hasta que las víctimas dejen de estar en riesgo”. Pero además, dichas órdenes deberán expedirse en un máximo de seis horas.

4). La reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales amplía de 60 a 90 días la vigencia de las diferentes medidas precautorias, con posibilidad de prórroga de 30 días más.

5). Se ordena en esta reforma al “Ministerio Público actuar de inmediato y sin necesidad de que la víctima u ofendido solicite alguna medida cautelar”. Además, se establece que en todo delito contra mujeres por razones de género, prevalezca el criterio establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Entonces, los posicionamientos de todos los grupos parlamentarios. Refugio Garzón, de Encuentro Social, alabó como virtud de este dictamen, el que ahora el ministerio público podrá actuar de inmediato, aun antes de que lo pida el juez, lo que incluso salvará vidas.
Jesús Méndez, de Nueva Alianza, dijo que las cifras de violencia contra las mujeres en México son escandalosas. Y dato de Inegi: “10 por ciento de las defunciones de mujeres jóvenes de entre 15 y 29 años registradas durante 2015 fueron por homicidio, lo que significa que fueron la primera causa de muerte en este grupo de edad. De 2013 a 2015, siete mujeres fueron asesinadas diariamente en México”.

La jalisciense María Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciudadano, exigió que las procuradurías estatales actualicen el Banco Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Y añadió: “De 2011 a la fecha, los homicidios de los hombres han bajado y los homicidios de mujeres aumentaron”. Y dejó entrever que la estadística de los asesinatos de mujeres está rebasada por la realidad.

Irma López López, diputada de Morena, dijo: “Las reformas presentadas pueden salvar la vida a muchas de ellas, al incluir modificaciones alargando la duración de las medidas precautorias, a su vez disminuyendo el tiempo expedido de las órdenes de protección de emergencia”.
El Pvem, en voz de Lía Limón García: “En México, de acuerdo con el Inegi, seis de cada 10 mujeres han sido en algún momento víctimas de violencia, y a menudo lamentablemente en manos de personas conocidas, de personas queridas, y en muchas ocasiones en manos de su pareja sentimental. Incluso, los homicidios que llegan a dar contra mujeres, muchas veces son en manos de la pareja sentimental”.

Pero además, advirtió la diputada, “muchas mujeres no solamente son víctimas de violencia por parte de individuos, sino que además cuando por fin se deciden a denunciar, son revictimizadas por las instituciones, de diversas formas: En el trato que reciben por parte de las autoridades, la falta de capacitación de los operadores para manejar los asuntos con perspectiva de género, a pesar de los protocolos que hoy existen en la materia, o porque las autoridades son lentas en su actuación y no toman en cuenta que cuando una mujer acuda a denunciar violencia doméstica, tanto su integridad como su vida corre peligro”.

En opinión de Hortensia Aragón Castillo, del PRD, “no son palabras menores” el hecho de que, en los últimos cuatro años –en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto-, “la violencia hacia las mujeres que genera la muerte de éstas haya aumentado 46 por ciento”.
Para el PAN, a través de Patricia García García, esta reforma tiene como propósito proteger a las personas (mujeres) de daños irreparables frente a situaciones de gravedad y urgencia”. Y agregaba: “Como se observa, todas las propuestas van en sentido de dotar de mayor seguridad jurídica a las mujeres víctimas de violencia, cuya integridad física, psicológica, libertad y seguridad se encuentren en grave riesgo”.

Y al final, Érika Rodríguez Hernández, del PRI: “Estamos trabajando para eliminar cualquier forma de discriminación y de violencia de las mujeres de nuestra patria. Hoy, las niñas y las mujeres de México contamos con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, como aliado impulsor de la ley de paridad en el Congreso de la Unión, en los Congresos locales y en los ayuntamientos”.
07 Diciembre 2016 04:00:00
Una ley que beneficiará a productores e investigadores nacionales de semillas
Con una reforma a la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, que ayer aprobó la Cámara de Diputados –el Senado tendrá que refrendarla o rechazarla-, el país estaría dando un gran paso para que empresas nacionales e instituciones universitarias y de investigación públicas puedan competir con productoras trasnacionales de semillas como Monsanto, Sygenta, Bayer, Pyonner y Dow Agrosciences, que controlan el 94 por ciento del mercado de las semillas en México, cuyo valor es de 1,850 millones de dólares anuales.

El danzón está dedicado, fundamentalmente, para dar impulso al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), Colegio de Postgraduados, Universidad Nacional Autónoma Chapingo, Universidad Agraria Antonio Narro y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt). Y para todos los sectores privado, público y social dedicados a multiplicar, disminuir y vender las semillas que se siembran en los campos de México.

“La agricultura es el sector más afectado por el cambio climático”, se lee en los considerandos de un dictamen que el pasado 28 de abril presentó José Erandi Bermúdez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y diputado federal del PAN.

Y precisaba: “Los resultados de los análisis multimodelo indican que la combinación del incremento en la temperatura con el estrés nutricional por la falta de nitrógeno, reducirán de manera significativa el rendimiento de los principales cultivos en las regiones productores de nuestro país”.

Ayer, durante la discusión y aprobación plenaria, Omar Noé Bernardino Vargas, diputado del PVEM, dijo: “El 94 por ciento de la producción de semilla que se concentra en nuestro país, lamentablemente la tiene un oligopolio de empresas privadas extranjeras como el caso de Monsanto, de origen alemán, de Syngenta de Suiza y dos empresas norteamericanas como es Hainer y Car Works, y solamente el seis por ciento están en empresas nacionales y públicas”.

En el agregado a la ley, artículo 18, que la Comisión dictaminadora refrendó, refiere que “en los programas para el desarrollo de la investigación, capacitación, extensión y vinculación en materia de semillas, se incluirá la formación de recursos humanos, y (sic) redes de conocimiento para la generación de empresas semilleros nacionales con apoyo de instituciones de enseñanza superior y tecnológica y centros de investigación, la creación y fortalecimiento de la capacidad nacional en materia de semillas, la generación de nuevas y mejores variedades vegetales acordes a las demandas del mercado y los requerimientos agronómicos, el aprovechamiento de variedades de uso común sobresalientes, así como al desarrollo de métodos de análisis, conservación, calificación y tecnología de semillas”.

Entonces el pvemista habló de los beneficios: “Primero, se van a impulsar la creación de empresas nacionales para que se dediquen a la producción y mejoramiento de semillas a efecto que puedan competir con mayores ventajas a estas empresas extranjeras”.

Y otro beneficio, según el pvemista: “Se van a vincular a las instituciones de educación superior dedicadas al estudio de agricultura, pero ya en el ámbito agropecuario, abriéndoles un nicho de empleos a los egresados de esas instituciones, profesionalizándose la producción del principal insumo de los productos agroalimentario”.

Y otro más: “Al controlarse la producción de semillas se va a dejar de depender de las empresas extranjeras, también se va a impedir la manipulación de precios y por ende los productores ya no van a estar a merced de la voracidad comercial de estos oligopolios que lamentablemente controlan en la actualidad el mercado”.

Por el PRD habló Felipe Reyes: “México tiene un déficit de semillas certificadas en cultivos básicos”. Y reiteró: “El 85 por ciento de las semillas de maíz son producidas en México; sin embargo, el 95 por ciento de las semillas de hortalizas que utilizamos, son importadas”.

Fue él quien dijo que en México hay más de 300 variedades de semillas para los principales cultivos, muchas de las cuales se producen en centros de investigación mexicanos y universidades, que no tienen los canales de comercialización y distribución debidas y no hacen contacto con los agricultores marginados y de bajos recursos.

En México, insistió el perredista, el mercado de las semillas es de 1,850 millones de dólares; genera 100 mil empleos directos y 300 mil indirectos, e involucra a 10 millones de agricultores mexicanos de manera directa.

Entonces, en la tribuna, el promoverte de la reforma, el panista José Erandi Bermúdez dijo: “Hoy queremos que esta iniciativa lleve esa transferencia de tecnologías a esas instituciones que le han dado gloria también a este país, a la UNAM, al Politécnico, a la Narro, a Chapingo, al Colegio de Posgraduados, a estas instituciones agrarias que se han dedicado a la investigación durante muchos años para que nuestro país, para que nuestros agricultores tengan las condiciones adecuadas para poder generar”.

El PRI a través de José Hugo Cabrera Ruiz, dijo estar convencido de que “no hay mejor cosecha que la sembrada en casa”…

Y añadía: “México tiene 22 millones de hectáreas cultivables y el sexto país con mayor número de tierras fértiles; sin embargo, el 94 por ciento de la semilla original se concentra en empresas privadas”.

Y el mensaje del PRI: “Debemos impulsar que más empresas e instituciones mexicanas sean productoras y distribuidoras de semillas y apoyar a las que ya existen con más financiamiento público para el desarrollo, investigación y producción para estar a la vanguardia”.

Al final, Natalia Karina Barón, del PRD, decía que esta reforma representa una oportunidad histórica para corregir el modelo orientado a las exportaciones y redirigir nuestro desarrollo a fortalecer el mercado interno y el apoyo del productor nacional”.
06 Diciembre 2016 04:00:00
La Ronda Cero comenzó a rodar
En reacción al anuncio de Petróleos Mexicanos de que se ha aliado con la petrolera australiana BHP Billiton, para trabajar el campo Trión y como primer efecto de la Ronda Cero,  en la Cámara de Senadores, la senadora Dolores Padierna Luna (PRD) planteó ayer que “será importante analizar el contenido del contrato para aclarar los derechos y obligaciones de los socios y en especial los posibles beneficios para Pemex”.

En lo que fue su posicionamiento, Padierna dijo también que la empresa ganadora, BHP Billiton, es de origen australiano y británico, que ya opera en aguas profundas del Golfo de México, dentro de áreas propiedad de los Estados Unidos, y que la firma del contrato se prevé que se realice en los próximos 90 días.

Esto ha sido, dijo Padierna, la concreción de la primera asociación de Pemex con empresas privadas para la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas que le fueron asignadas como resultado de la llamada Ronda Cero.

En su posicionamiento, emitido en un comunicado, la senadora dijo que el área licitada está ubicada en aguas profundas del Golfo de México, en la que Pemex ha realizado inversiones exploratorias que le llevaron a estimar que existen 485 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (Reservas 3P).

Y precisó: “Las principales características de la licitación fueron:

“1.      El contrato es de licencia.

“2.      La participación de Pemex será del 40% y el 60% restante será del socio privado.

“3.      La empresa ganadora será la que opere el proyecto. No está claro cuál será la participación operativa de Pemex.

“4.      La SHCP estableció un bono a la firma del contrato por 570 millones de dólares, que serían pagados en efectivo a Pemex, para compensar las inversiones que ya ha realizado.


“5.      Las bases económicas de la licitación son: (i) un porcentaje mínimo adicional de las regalías establecidas en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos de 3.0% y en caso de empate, el bono adicional a la firma del contrato”.

La senadora detalló que se habían presentados dos postores, que ofrecieron el mismo 4 por ciento de regalías adicionales, por lo que se tuvo que recurrir al criterio de desempate. La compañía BP Exploración México ofreció un bono adicional de 606 millones de dólares y BHP Billiton Petróleo Operación de México, 624 millones de dólares, por lo que se declaró ganadora.

Padierna, con información confidencial que el Senado entregó al Senado, insistió: “Del bono adicional, el 90 por ciento se le pagará a Pemex y el 10 por ciento restante se enterará al Fondo Mexicano del Petróleo”.

En total, abundó la senadora, Pemex recibirá 1,132 millones de dólares, más el 40 por ciento de las utilidades netas que genere el proyecto.

En tanto, el Gobierno Federal recibirá el 11.5 por ciento del valor del petróleo por concepto de regalías, cuando el precio sea menor a 48 dólares por barril, más un porcentaje adicional cuando el precio sea mayor. Además, recibirá las cuotas que establece la Ley para la fase exploratoria y de producción y el ISR.

A decir de Dolores Padierna Luna, se presume que la inversión total será de 11 mil millones de dólares durante los 30 años de la vida del proyecto, un promedio de 367 millones de dólares anuales.

En opinión de Dolores Padierna, también se estima que hacia 2023 y 2024 se alcance una producción de 120 mil barriles diarios, equivalente al 6 por ciento de la producción actual. 

Se le llamó Ronda Cero a la asignación, exclusiva, que en 2014 el gobierno federal dio a Petróleos Mexicanos para la exploración y explotación de los campos petrolíferos del país.

Una promesa, argumento, que argumentaron quienes en 2014 aprobaron la reforma energética, consistió en asegurar que a Pemex se le entregarían los mejores campos del país para su exploración. Y que Pemex eligiría primero, y después, en otras rondas, las compañías particulares.

De pronto apareció en las leyes secundarias de la reforma energética el aviso de que Pemex podría aliarse con otras empresas, para la exploración y explotación de yacimientos de la llamada Ronda Cero.

Dicha ronda Cero abarcaban 83 por ciento de las reservas, de las cuales se desprendía un cálculo de producción de 20 mil 600 millones de barriles de petróleo, para su trabajo durante 15 años.

Ayer el gobierno federal firmó su primer contrato, y fue con la empresa arriba mencionada.

Es un tema rigurosamente polémico, que si lo llevasen al Pleno esta semana, sacaría chispas, por las implicaciones políticas, económicas y geoestratégicas que conlleva la participación en la Ronda Cero de las empresas petroleras que se apuntan.
03 Diciembre 2016 04:00:00
“Javier Duarte, ‘niño de pecho’ comparado con la SCT”
Uno de los encargados de despacho presidencial más esperados en la Cámara de Diputados, a propósito del análisis del cuarto informe presidencial, ha sido Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y lo hizo el pasado martes 29 de noviembre, ante tres comisiones ordinarias, en San Lázaro.

Muy esperado, porque el gobierno de Enrique Peña Nieto ha tenido desde el comienzo de su sexenio varios fierros en la lumbre en ese sector de las comunicaciones y los transportes. Todos, relacionados con negocios a trasmano hechos con dinero público, y a donde han barbotado nombres tristemente célebres de empresas como la de las siglas OHL e Higa.

Precisamente en ese sector de la economía del país, cubierto por la SCT, está enclavado el negocio emblemático del sexenio con dinero público: la construcción del aeropuerto de la ciudad de México en Texcoco, cuyo costo proyectado originalmente de 102 mil millones de pesos ascendió súbitamente a 180 mil millones.

Higa y OHL ya son en México el referente de la corrupción oficial. La casa blanca de Angélica Rivera, esposa de Peña Nieto, y la casa de Malinalco, de Luis Videgaray, están estrechamente relacionadas con Higa, la considerada –junto con OHL- empresa más consentida del sexenio.

Estas dos compañías constructoras tuvieron concesiones a pasto en el sexenio de Peña Nieto en el estado de México, en cuya administración Gerardo Ruiz Esparza fue el secretario de comunicaciones estatal.

Solamente la diputada federal del PAN Claudia Sánchez Juárez, y el de Morena Renato Molina Arias, invocaron a OHL, a Higa y al aeropuerto internacional en cierne.

Claudia Sánchez Juárez, quien de entrada dijo a Ruiz que encabeza la Secretaría “campeona en opacidad de esta administración”, hizo un recuento del historial del secretario, así: “Para ejemplificar (que es oscura la SCT), hablemos de una de sus empresas consentidas, señor secretario, OHL, que tiene la participación total del Circuito Exterior Mexiquense, con una extensión de 155 kilómetros y una vigencia hasta el año 2051.

“Al igual que la autopista Viaducto Bicentenario, con la vigencia hasta 2038, para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento, más los 32.2 kilómetros que componen esta vía”.

Siguió Claudia Sánchez restregando a Ruiz: “En el estado de México, donde usted antes de ser secretario de Comunicaciones y Transportes también ocupó la titularidad de esa dependencia local, OHL obtuvo la concesión para la construcción, operación de la autopista Atizapán-Atlacomulco, que será manejada por la empresa española durante 30 años y unirá el Valle de México con una zona norte del territorio mexiquense y servirá como una alternativa vial para conectar la región del Distrito Federal con la autopista Atlacomulco-Guadalajara”.

Claudia fue la única que detalló así la gestión de negocios entre OHL y Gerardo Ruiz Esparza, en su paso por el Edomex y en Los Pinos.

“Sigamos con OHL, señor secretario”, dijo la panista. “En los primeros 18 meses de este gobierno, la empresa española obtuvo siete contratos por 41 mil 594 millones de pesos, entre tales obras destaco el tramo 1 del tren interurbano México-Toluca, de más de 10 mil millones de pesos y fue ganado por la filial del Grupo Hermes y una división de OHL.

“Por lo anterior, aprovecho este foro para hacer un llamado y solicitar a la Auditoría Superior de la Federación, así como a la Secretaría de la Función Pública, realice una Auditoría, lo anterior para transparentar las distintas obras otorgadas a OHL en su dependencia y lleve a cabo indagatorias exhaustivas, objetivas, expeditas e imparciales”.

Todavía le dijo otras cosas; pero Claudia remachó así Gerardo Ruiz Esparza: “Y por último, señor secretario, dadas las anteriores cifras, me parece que Javier Duarte es un niño de pecho comparado con lo que hace su Secretaría”.

Hueso duro de roer demostró que es Ruiz Esparza, quien respondió: “La parte del Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario, son obras del estado de México, no de la federación, y la Atizapán-Atlacomulco que dice usted que es de la federación, esa sí es nuestra, no es del estado de México.

“Entonces, yo creo que en los dos primeros caso lo correcto sería, por respeto a la soberanía del estado de México (sic: él es de allí, el decidió allí), que se le pregunte al estado de México, cómo va el Circuito Exterior Mexiquense, qué ha pasado con el Viaducto Bicentenario, por qué se han incrementado las cuotas, porque no lo ha decidido la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo ha decidido el gobierno del estado de México, del que somos respetuosos”…

“Atizapán-Atlacomulco, efectivamente, es una concesión federal, que ganó la empresa OHL. Toda la información, quizá mejor de lo que yo pueda expresar, está en el portal de transparencia de la Secretaría y se explica quiénes participaron, que en este momento yo no recordaría, cuáles fueron las ofertas y por qué ganó esta empresa”.

Y decía que OHL, lejos de “ser consentida de SCT, sólo ha ganado una concesión federal, de 80 otorgadas en el sexenio de Peña. Una concesión y dos contratos”.

Estaban en la primera ronda; después, en la tercera, Renato Molina, de Morena, cuestionó la insistencia del gobierno federal de construir el aeropuerto en Texcoco, a pesar de que la UNAM, en un estudio, sostiene que ese paraje se hunde cada año 30 centímetros.

Ruiz Esparza negó la validez del resultado de la UNAM, aupándose sobre un estudio encargado por el gobierno al “IMT de Massachussets”.
02 Diciembre 2016 04:00:00
La envilecida Cámara de Diputados
La Secretaría General de la Cámara de Diputados ha informado que a los 500 legisladores que la conforman se le repartirán 246 millones de pesos; es decir, cada uno recibirá casi 500 mil pesos en diciembre, por concepto de dieta (así le dicen a su sueldo mensual), aguinaldo y bono de fin de año.

Pero, en estricta justicia, hay que aclarar que no será a los 500, porque han rechazado las bonificaciones extraordinarias los diputados de los grupos parlamentarios Morena y Movimiento Ciudadano. El resto –priístas, panistas, perredistas, pvemistas y los del pes y panal- con singular alegría los recibirán.

Si usted, lectora, lector, se sorprenden, habría que decirles que estas entregas no son nuevas. Cada año los diputados así se despachan con la cuchara grande.

Solo que ahora causa más furor porque han sido ellos los artífices, junto con el gobierno de Enrique Peña Nieto, de la autorización de uno de los presupuestos de egresos (el que se ejercerá durante 2017) más desgraciados que se recuerden.

Al presupuesto de marras, los diputados hicieron recortes terribles. Un ejemplo: de los 10 mil y pico de millones de pesos que en 2015 destinaron para las 59 zonas metropolitanas del país, ahora, para 2017, solo autorizaron 3 mil 400 millones de pesos.

A pesar de que un sector de la oposición planteó que se recortaran gastos y sueldos y salarios de la alta burocracia, el pleno mayoritario de los diputados jamás los tocó. Y entre éstos, figuran las dietas de ellos mismos, evidentemente; como también los bonos y los demás estímulos.

Tampoco quisieron acabar, por cierto, con la discrecionalidad de los presidentes de comisiones ordinarias a la hora de aplicar el presupuesto. Como tampoco quisieron dar luz, acabar con la oscuridad en el ejercicio del presupuesto por parte de los coordinadores parlamentarios, que solo ellos saben cómo, cuándo, dónde, por qué y en qué gastan las millonadas que manejan.

La manera como los diputados se tratan, en materia de presupuesto, es infame. Y es como una carcajada, una burla, a quienes dicen ellos representar.

Según el artículo 51 constitucional, los diputados federales son los representantes de la nación, que llegan a serlo a través de un sistema electoral que, para sus efectos, se divide en distritos electorales.

Hay una creencia generalizada de que en México muy poca gente simpatiza con sus diputados, a quienes, más bien, suelen ver como unos rufianes, pasados de listos, que viven a costillas de la gente y que no representan más que a sus intereses y ambiciones personales y de partido.

Muy poca gente ve a los diputados como dicta la Constitución: representantes de la nación.

Entre los diputados y la gente se ha abierto un abismo, que cada año se abre más.

Son como dos clases económicas muy distintas: en tanto la clase política, a la que pertenecen los diputados, se enriquece cada día más y goza de privilegios francamente ofensivos, en la otra orilla cada día que pasa hay más gente que llega a los territorios de la pobreza (56 millones de personas), adonde se escucha el tronadero de dedos  porque no hay dinero para comprar tortillas, o pan, o frijoles o huevos para los hijos. O, tampoco, para el pasaje hacia la escuela.

Esta cada vez más envilecida clase política mexicana no sabe de estos horrores. El horror que sufren millones de padres de familia de ver cómo anochece y de cómo los hijos tienen que dormir sin comer ni cenar.

Es común escuchar en los restaurantes de la Cámara de Diputados cómo hablan algunos de ellos enorgulleciéndose de que sus hijos ya estudian en Londres, o en Estados Unidos, o en Alemania. O en España. Ellos mismos, los legisladores, se vanaglorian diciendo que vienen de hacer alguna maestría del extranjero.

Y ahora, en estos días en que se preparan para irse de vacaciones (aunque oficialmente no las tengan), es también común escuchar que preparan viajes a Europa o a Miami…

Envilecidos hasta las cachas, estos individuos –hombres y mujeres- por eso necesitan de los bonos y los emolumentos especiales que se agencian, se inventan, se procuran en fin de año más ingresos. Más allá incluso de los 120 mil pesos mensuales de su dieta.

Esto de decir dieta es parte del lenguaje legislativo de México. Los diputados, al figurar como representantes de la nación, no son considerados ni empleados ni obreros. Y a su  pago, entonces, no se le dice ni salario ni sueldo, sino dieta.

En estos días tan difícil para la república y su gente, los diputados  poco hacen para tener una poca de autoridad moral. ¿Cómo, con qué cara los diputados le podrían decir a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray Caso que ya no sean tan corruptos?

Los diputados –refiriéndose a la mayoría, sometida al Ejecutivo Federal- son parte fundamental de la tragedia que sufre actualmente el país.

ESTRIBO
Carlos Slim, el empresario más prestigiado  y rico de México, ha dicho: “México debería poner atención en casa e invertir para crecer en momentos en que la economía sufre la baja de los precios del crudo y la volatilidad generada por la incertidumbre sobre la política del presidente electo de estados Unidos, Donald Trump”.

Y remachaba: “Es necesario atender el mercado interno para volver a crecer a tasas del 5 por ciento”.

Los opositores propusieron esto, cuando votaban el presupuesto; pero aquella mayoría envilecida votó para apuntalar el modelo macroeconómico, adonde el mercado interno es secundario y lo que importa es proteger a las multinacionales en el país.
01 Diciembre 2016 04:00:00
Que el Senado mexicano aprueba una ley fraguada en el Congreso estadounidense
El Senado, por propuesta desde marzo del presidente Enrique Peña Nieto, aprobó ayer cambios a diversas leyes con las que se transfiere la operación de las 110 Capitanías de Puerto del país de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina. Y quienes votaron en pro –uno de ellos, Javier Lozano, senador panista–, juran que los puertos no se militarizan; que Marina ahora sólo se encargará de la seguridad de esos lugares, como lo hacía hasta 1976, y SCT seguirá administrándolos.

Incluso, Lozano, voz cantante del dictamen, aseguró que no implica adiciones presupuestarias y “tampoco que se pierdan empleos ni derechos laborales y demás prestaciones”.

Por supuesto, a Javier Lozano muchos no le creyeron. Y así se lo dio a entender su peor pesadilla en el Congreso: El senador Manuel Bartlett Díaz, quien barrió parejo: “Cuando se planteó la reforma energética, Peña Nieto  dijo que ‘no se trataba de privatizar nada, que ni un tornillo’ Y están ya vendidos los ductos, está ya en desaparición la CFE y Pemex”.

(Las leyes que discutían, y al final aprobaban PAN, PRI, Pvem y PRD, eran Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos, en materia de seguridad de la navegación marítima y de los puertos).

Seguía Bartlett con su argumentación: “Ahora nos vienen a decir que esa reforma en materia de Marina de puertos y de manejo de las Capitanías de Puerto no cambia nada, y es otra mentira más, es, sin duda alguna, la militarización de todos los puertos de ese país, es absolutamente cierto, y hay que leerla, porque no leen, y aquí viene el cambio de lo que se modifica y obviamente se le está entregando a la Secretaría de Marina-Armada de México el control de todos los puertos del país”.

Bartlett abría en canal al régimen, e insistía: “Y les voy a decir otra cosa, no es ni siquiera Peña Nieto, la ocupación ahora militar de los puertos es una instrucción de los Estados Unidos. Eso es, a través de las fuerzas armadas están militarizando todo el continente, porque con eso se garantizan sus inversiones y el manejo de sus negocios en México. Es lo que están haciendo.

“Están ustedes, los que aquí vinieron y los que van a votar, al servicio de los intereses norteamericanos bélicos para controlar a México a través de la militarización de todo el país. Eso es la militarización de los puertos”.

No era todo. Bartlett dijo también que “ya están siendo asignados los puertos mexicanos, lo hemos dicho, ya están siendo asignados a las empresas norteamericanas que se van a establecer en México.

“Eso se ha dicho en el Congreso de los Estados Unidos, que nos informan, porque aquí lo que menos importa es informarse, es que hay que votar esta batea de babas, eso se dice, que es una reorganización de las funciones, cuando es una militarización de los puertos de México, de todos sus puertos de México.

“El designio de la Reforma Energética es no llevarse el petróleo, no llevarse la electricidad. No, es utilizar el territorio nacional, es utilizar los ductos en la explotación del petróleo y la electricidad para favorecer a las empresas transnacionales que ya están designadas para ocupar los puertos de México. Estamos perdiendo el territorio nacional.

“En consecuencia, no es nada más la militarización, lo que es la realidad y no la mentira que vienen aquí a decir con una desvergüenza increíble. Eso está controlado por el extranjero”.

Justificó entonces el PRI a través del senador Raúl Aarón Pozos Lanz: “Podemos hablar de que con esta iniciativa se cumple con los estándares establecidos a nivel internacional y con los lineamientos que establece la organización marítima internacional”.

No todo le cuadró al PAN con Javier Lozano, porque hubo un senador de ellos, el mochiteco Francisco Salvador López Brito, quien pintó su raya: “No estoy de acuerdo”, dijo. Y además dudaba de la afirmación de Lozano, de que no se militarizarán los puertos.

Layda Sansores dijo: “Peña no sólo ha regalado el país a las transnacionales. Ese es el fondo de la olla, sino que se comprometió a blindarlas de cualquier ataque de narcos o de protestas ciudadanas y destina al Ejército y a la Marina para que cuiden sus bienes”.

Y el apostille brutal de Sansores: “Y aquí estamos muy atrasados, pero el señor Pascual, ex embajador de México, dijo el 23 de julio en el Senado de los Estados Unidos: ‘Compañeros, a frotarnos las manos, (porque) los puertos mexicanos servirán para las exportaciones norteamericanas y para que aumentemos y mejoremos nuestra competitividad’…

Enrojecían rostros priIstas. Pura ira congelada contra Layda, quien siguió: “Ellos ya lo tenían planeado, le llegó la orden en inglés al señor Peña Nieto, tardó en digerirla, pero aquí estamos cumpliendo el augurio”.

Y arremetía contra Peña otra vez: “La militarización del país es consecuencia de tener un presidente débil e inútil, que se atemoriza cuando lo sacan de su Palacio y como si no tiene montado un set televisivo o un teleprompter a la vista, no sabe qué hacer. Está muerto de miedo y por eso vive arrodillado ante los militares prestos acatar sus órdenes a las que viene aquí este Senado a apoyar y avalar”.

Nada respondieron los senadores del PRI cuando Layda dijo que el Senado está arrodillado ante los militares. Y advertía la Sansores: “Militar el país es empedrar los caminos a la dictadura. Están creando un gran monstruo”.
30 Noviembre 2016 04:00:00
Fidel Castro y el Senado mexicano
El Congreso mexicano a través de sus dos cámaras guardó un minuto de silencio en memoria de Fidel Alejandro Castro Ruz, ex jefe del Estado cubano, muerto por causas naturales a los 90 años de edad la noche del jueves 25 de noviembre de 2016.

En tanto la Cámara de Diputados sólo guardaba el minuto de silencio, en el Senado, además, permitió su Pleno que los grupos parlamentarios se posicionaran ante la figura mundial, histórica, de Fidel Castro.

He aquí partes medulares de los discursos:

Por el PT; senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: “Fidel Castro erigió el peor de los insultos contra el soberbio poder yanqui de una forma que no lo pudieron tolerar; hoy ya no está, pero siguen y seguirán sin tolerarlo”.

“…Amenazas de invasión, elaborados espionajes con intenciones de asesinato que supera cualquier ficción política fueron conjurados por Fidel.

“(Fidel Castro fue) un liderazgo colosal, que concentró las energías del pueblo cubano irritado y víctima del abuso y que en una violenta muy necesaria violenta sublevación, arrasó con las élites cubanas enriquecidas, los aliados y todas las maniobras intervencionistas.

“Dejémoslo así, y desde México, decimos: “Hasta siempre comandante”. Porque será difícil encontrar un liderazgo como el que Fidel Castro ha dejado para la historia del mundo.

“En lo personal”, entonces habló la ex atleta, la campeona mundial de los 200 metros planos, “tengo que hacer mención que gracias a ese país, a esa potencia, logré hacer de mi país, darle nombre y trascender en la materia deportiva, materia deportiva en la que Cuba desde esa, y hago referencia, desde esa pequeñez que representa la isla, que así se ve, ha logrado exportar grandes conocimientos a nuestra patria y a gran parte del mundo. En la medicina, en el deporte, en la asistencia social, en la biología, en la química, y en diversas cosas que hoy solamente me queda más que agradecerlo, porque son de las cosas que van a hacer que la historia los juzgue”.

Luis Sánchez Jiménez, senador del PRD: “Fidel Castro mostró también que a diferencia de lo que dicen los partidarios del cinismo, del realismo político, la vida de la gente es lo más valioso que hay por encima de proyectos, por preciados que estos sean, y con mucha más razón, de consideraciones económicas egoístas”.

Sánchez aludía a Enrique Peña Nieto, a quien contrastaba con Fidel. Y siguió: “Desde la partida del Yate Granma, cuando un hombre cayó al mar, antes de llegar a Cuba, y desoyendo los consejos de compañeros suyos que clamaban, que el fin superior, que era la revolución, no admitía demora alguna, Fidel encabezó la búsqueda del caído y mostró que la única racionalidad válida que dicta el ideal de la justicia es, que mientras haya una esperanza, no debe dejarse a
nadie atrás”.

El Pvemista Alberto Puente Salas: “En cuanto a mí sé que la cárcel será dura como no lo ha sido nunca para nadie, preñada de amenazas, de ruin y cobarde ensañamiento, pero no la temo, como no temo la furia del tirano miserable que arrancó la vida a 70 hermanos míos. Condenadme, no importa, la historia me absolverá”. Escribió Fidel Castro, en 1953.

“El hombre y el líder que pronunció en aquel alegato de defensa: “la historia me absolverá”, es precisamente el mismo líder que escribió parte de la historia del siglo XX, tanto de América Latina como de mundo; 63 años después de ese histórico discurso el comandante Fidel Castro murió a la edad de los 90 años”.

La senadora del PAN Mariana Gómez del Campo: “El pasado viernes murió uno de los personajes que marcó el siglo XX en el mundo, y que definió  parte de la historia de América Latina y el Caribe. Se enfrentó a los Estados Unidos en un contexto global, bipolar; fue un hombre que se opuso a un régimen autoritario, pero que tras la conquista del poder gobernó con mano de hierro su país por casi 50 años y que  propició el momento más crítico de la Guerra Fría, por las facilidades y cercanía establecida con la extinta
Unión Soviética.

“Fidel Castro, una figura polémica, odiado por muchos, amado por otros, las reacciones a su muerte son diversas, algunos lloran al combatiente que los liberó y otros celebran la posible desarticulación de un sistema que les negó la libertad y separó de sus familias. Sea cual fuere la postura, la historia lo juzgará y el paso del tiempo revelará su verdadera calidad como líder y como dictador”.

Por el PRI, la senadora maría del Rocío Pineda Gochi: “Fidel Castro como líder de la Revolución Cubana fue una figura central que marcó un hito en la historia política del siglo XX. Y el legado que deja con sus ideales y convicciones socialistas sintetiza el sentir de un pueblo oprimido por dictaduras y la necesidad imperiosa de instaurar los fundamentos democráticos de justicia, libertad e igualdad.

“Fidel Castro constituye una figura fundamental para comprender no sólo a la  historia de Cuba, sino también de la región Latinoamericana. Tras el derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista, el 1 de enero de 1959, las fuerzas del ejército rebelde ingresas victoriosas en Santiago de Cuba, en donde la revolución triunfante pone fin a la expropiación de la burguesía y de los terratenientes.

“El mandato de Fidel Castro en Cuba marca un parteaguas en la política internacional, porque con su llegada al gobierno se inicia una de las empresas más polémicas y debatidas de los últimos tiempos”.
29 Noviembre 2016 04:00:00
Cuando el honor militar se convierte en una paradoja
En torno de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014, el Congreso de la Unión lleva desde entonces en el centro de la vorágine. Pero no como el protagonista principal, condición exigida por su función de contrapeso constitucional, sino circunstancialmente, en la medida que sirva a los intereses del Ejecutivo federal.

Punto central desde la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa fue el papel que jugó entonces el 27 Batallón de Infantería. Mientras la oposición pujaba por el esclarecimiento total de los hechos, el sector legislativo que bajo control está del gobierno –PRI, PAN, PRD, PES, Panal y Pvem- empujaba hacia la sombra, casi sistemáticamente.

A ultranza, el partido oficial y los que le suelen acompañar se negó a que el Ejecutivo federal abriera el cuartel de marras para que investigadores y padres de familia entraran a buscar a sus hijos.

Ahora el Congreso tendrá que dejar, a querer o no y siquiera por un instante, su condición de peón de la Presidencia de la República y deberá, cuando menos, posicionarse a propósito de nuevos datos que han surgido esta semana, a partir de la publicación de La Verdadera Noche de Iguala, un libro de la periodista Anabel Hernández.

Veremos qué hacen PRI, PAN y PRD ante el peso de la revelación del libro de marras, en cuyas páginas se asegura que entre quienes dispararon y desaparecieron a los normalistas también figuran soldados del 27 Batallón de Infantería.

Apenas el jueves reciente, en el Senado, el tema de la desaparición de los 43 barbotó con ímpetu de barrancada, cuando los senadores impusieron la Medalla Belisario Domínguez a Gonzalo Rivas Cámara, un teniente de la Marina que murió en Chilpancingo cuando intentó apagar el fuego de una gasolinería provocado por estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Opositores juran que la entrega de la medalla fue manipulada por el PRI y la Presidencia de la República para golpear políticamente a los
normalistas.

Rivas Cámara trabajaba en la gasolinera luego de que había regresado a la vida civil. Pero su alma de soldado le afloró ante el peligro inminente y, obedeciendo al espíritu de sacrificio muy propio de los militares, aun a sabiendas, presumiblemente, de que iría en prenda su propia vida, se abalanzó sobre el peligro, lo alcanzaron las llamas y al final murió, aunque aseguran quienes testificaron el hecho que conjuró, con su intervención, una verdadera tragedia en ese lugar.

Y así fue tratado y ensalzado el señor Rivas Cámara, en el Senado de la República: como un auténtico héroe. Hay, sin duda, un fuerte contraste entre lo que hizo Rivas y lo que presuntamente habrían hecho soldados del 27.

¿Qué hará ahora el Senado, ante la revelación de hechos totalmente contrarios al honor al que se debe todo militar? ¿Tratarán acaso los senadores y diputados de soslayar el libro de Anabel, o de descalificarlo a priori? Veremos.

En tanto, esto fue lo que un hermano de Gonzalo Rivas Cámara –el también teniente de la Marina, Iván Inocencio Rivas Cámara- dijo de él en la tribuna del Senado, el pasado jueves:

“Gonzalo Miguel Rivas Cámara, mi hermano, murió el 1 de enero del 2012, su corazón se detuvo tras una agonía de 20 días, provocada por las quemaduras que presentaba en la mayor parte de su cuerpo.

“Cada minuto, cada pensamiento suyo, después de esa tragedia, estuvieron dedicados a la gente a quien amaba, a nuestra madre, a la memoria de nuestro padre, a sus cuatro hijos, a sus hermanos y hermana, a la vida en la que él quería pertenecer, a su México, al que él tanto amaba.

“Mi hermano nació el 28 de abril de 1962, fue el mayor de cinco hermanos, quienes crecimos rodeados de amor, apoyo y comprensión. Somos una familia naval, así lo sentimos siempre; mi padre se retiró del servicio activo de la Armada de México con el grado de Capitán de Corbeta C. G., máquinas.

“La rutina en casa iniciaba literalmente con un toque de diana, había rutina de deporte, hora de estudio y de faenas. Son días inolvidables, días de familia, de un hogar, en los que los años pasaron entre la rutina escolar, los deberes que todo niño cumple en casa, y el olor a mar que se respira en el heroico Puerto de Veracruz.

“Lo recuerdo vistiendo su uniforme de marino, lo recuerdo emocionado al contarnos sus experiencias como paracaidista. Recuerdo también uno de mis cumpleaños, cuando yo soñaba que a mi fiesta llegarían los luchadores que yo veía en la televisión, y a los que admiraba.

Entonces, en medio del festejo, sin que yo pudiera creerlo, aparecieron, eran un grupo como de tres o cuatro, la pasamos bien. Nos hicieron una demostración de impactantes llaves y lances, después vino lo mejor. Justo antes de irse se quitaron las máscaras y, frente a nosotros, eran Gonzalo y sus amigos, en ese momento nació mi héroe.

“Habría quienes se pregunten, ¿qué es ser un héroe? Mi respuesta es: ‘Es una persona común’, en este caso un hombre de vida familiar, un hombre de trabajo honrado con una vida prácticamente ordinaria. Como cualquiera otro que, en un día sin pensarlo, lo da todo por lo demás.

“Cuando cumplí siete años él me regaló uno de los mejores días de mi vida. El 12 de diciembre del 2011 le regaló a muchos otros la oportunidad de regresar a casa, sanos y a salvos”.
26 Noviembre 2016 04:06:00
La ‘manga ancha’ para soldados y marinos pretendida por el PRI
En los territorios del Congreso de la Unión, el Ejército y la Marina fueron colocados en el centro del debate, a partir de que el Partido Revolucionario Institucional ha propuesto, en una iniciativa, otorgar mayores facultades jurídicas en materia de seguridad a soldados y marinos.

Casi de inmediato, la ONU salió al paso con la advertencia de que las Fuerzas Armadas de México deberían regresar al cuartel. Y ese mismo día, este jueves, el Senado terció en el debate otorgando la Medalla Belisario Domínguez, post mortem, a un marino con licencia ilimitada que sacrificó su vida para salvar a otras.

¿Y en qué consiste la iniciativa priísta, que accionó las alertas dentro y fuera del país?

Los proponentes de la iniciativa, los diputados priístas Martha Tamayo y César Camacho Quiroz, han planteado otorgar un marco jurídico suficiente para que tanto soldados como marinos puedan realizar operativos cuando, a criterio de ellos mismos y de la Secretaría de Gobernación, haya amenazas “que pongan en peligro la estabilidad, seguridad o la paz pública”. Y ejemplifican: “Como el narcotráfico o incluso la corrupción”.

El Planteamiento está muy suelto, han revirado opositores, quienes advierten que lo que en realidad pretende el PRI es dar manga ancha al Gobierno Federal y a los ejércitos de tierra y de mar para que puedan inmiscuirse incluso en asuntos políticos, al extremo de detener a opositores o ingresar a instituciones partidistas o en casas particulares, sin mayor trámite que una orden de la Secretaría de Gobernación. O peor aún: Solamente motivados por la sospecha.

No es todo: los priístas Camacho y Tamayo proponen que, a partir de dicha ley (creación de la Ley de Seguridad Interior, le han dado en llamar), los soldados y marinos puedan integrar “escoltas de seguridad, establecimiento de bases de operaciones móviles y fijas, destacamentos de seguridad, intercepción terrestre, aérea y marítima, patrullajes, puestos de vigilancia, reconocimientos, seguridad en instalaciones estratégicas y las demás que se consideren necesarias”.

Esta ley que propone César Camacho Quiroz tiene tantas ventajas para la actuación de solados y marinos que ha alarmado gravemente a la Organización de las Naciones Unidas.

Apenas se supo la pretensión de César Camacho, la ONU en voz de Antonio Luigi Mazzitelli, representante en México de la Oficina de Naciones Unidas contra las drogas y el delito, apostilló: “Podemos entender que haya una situación de emergencia, pero lo que se debe cuidar es que esta emergencia no se vuelva rutina”.

Así como esta iniciativa de ley presentada por Camacho Quiroz y por Tamayo insufló la voz de alarma de la ONU, así en la Cámara de Diputados motivó la celebración del Foro Alternativas para una Seguridad no Militariza en México, organizado por Morena, el partido político que hace el mayor contrapeso político en el Congreso.

“Cuando las policías locales no son confiables la alternativa es el Ejército; sin embargo, no hay evidencia de que con su entrada en las calles las cosas mejoren y, sin embargo, se cree que es necesario legalizar sus funciones y darles atribuciones que la autoridad civil debe hacer”, dijo Vidal Llerenas, diputado de Morena.

Antes de dar más facultades a los soldados y marinos en su actuación en la calle, insistió el legislador, debe explicar el PRI y el gobierno federal por qué “la transparencia y rendición de cuentas no avanza en seguridad pública”.

Y argumentó: “Existe una partida para este rubro en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que todos los años comienza con 100 millones de pesos y termina con cerca de 9 mil 500 millones de pesos”.

Llerenas insistió: “La partida se denomina ‘Seguridad Pública y Nacional’, y cuando pedimos información sobre ella no la dan, es decir, hay una partida secreta de 9 mil 500 millones que no sabemos en qué se usa y que no la aprueban los diputados, ya que se destina a lo largo del año”.

En el Foro, opinó Carlos Silva Forné, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM: “Si bien es cierto que la población legitima ciertas prácticas de las Fuerzas Armadas, estas podrían desaparecer si se amplían sus capacidades o atribuciones”.

Y sostenía el investigador: “No solo se trata de que exista un marco regulatorio para el uso de la fuerza, sino crear una política incluyente sobre el uso de esa fuerza que implique integrar más elementos, una política que incluya tanto un marco jurídico como reglas claras para su ejecución y control”.

¿Casualidades en la política? Nunca. El PRI, con ayuda del PAN y PRD, preparó el terreno para que la Medalla Belisario Domínguez fuese otorgada, post mortem, al ciudadano Gonzalo Rivas.

Rivas, además de su actuación grandiosamente heroica, cuando a costa de la suya salvó la vida de varias personas intentando apagar el fuego provocado en una gasolinería de Chilpancingo –fuego achacado a estudiantes de Ayotzinapa, en 2011-, había sido militar.

Airear su caso en la tribuna del Senado “no solo era golpear políticamente a los normalistas de Ayotzinapa”, han acusado opositores en el Congreso, sino también era oportunidad para ensalzar a la Marina, justamente en estos momentos en que marinos y soldados enfrentan descréditos en la población por sus abusos por doquier y cuando el PRI ha presentado la iniciativa aquella.

Una oportunidad para Acometer en la población sus partes más blandas emocionalmente, para favorecer una imagen y un prestigio de las Fuerzas Armadas que, desde que andan en la calle, parecieran ir en retirada.
25 Noviembre 2016 04:00:00
‘Por amor a sus hijos, díganos dónde están los 43’, exige Layda a Peña
Un encontronazo entre el presidente Enrique Peña Nieto y la senadora Layda Sansores San Román estremeció ayer no sólo al Senado de la República, en los minutos previos de la entrega de la medalla Belisario Domínguez al teniente de Fragata Gonzalo Rivas. También estremeció al sistema político mexicano, por lo inédito de una conversación arrancada a pulmón por Layda, la senadora opositora que más ejerce la crítica a la Presidencia de la República, en esta 63 Legislatura.

He aquí un diálogo que nadie esperaba:
--Señor Peña Nieto –dijo Layda Sansores a Peña Nieto, interponiéndose en su camino al podium, a un minuto del inicio de la sesión solemne.

--Qué gusto hablarle –respondió un Peña Nieto sorprendido y con intención clara de evadirla.

--Quiero entregarle esta iniciativa –Layda entregaba un manojo de papeles al presidente.


--La leeré con mucho gusto –respondió Peña al tiempo que buscaba con la mirada zigzaguear para dejar atrás a la senadora.

--Déjeme un minuto –dijo Layda. “Yo veo al México de Huerta igual al México de nuestros días. Mire: Esta iniciativa es para que la medalla Belisario Domínguez recupere su esencia. Sé que es el Senado al que le corresponde entregarla. Pero es política ficción lo de la división de poderes, y yo espero que usted la aliente”.

--Me deja verla y…

--Espéreme tantito, por favor. El año que viene esperamos que sea un indígena que por primera vez reciba esta medalla. Porque… se está usando como arma política. Hoy, este premio que se da, lo merecen igual los dos jóvenes de Ayotzinapa que fueron asesinados por la espalda.

--Señora senadora, déjeme ver (su iniciativa), y con mucho gusto… –dijo Peña Nieto.

--Espéreme un momentito –imperativa, respondía Sansores. “Se usaron para justificar el uso excesivo de la fuerza. Y además vinieron a echarle sal a la herida de Ayotzinapa, que está abierta. Nadie está contento con las investigaciones de la PGR. Y decía una madre: Que cada minuto que pasa es un siglo de tortura para ellos”…

--Bueno, senadora, quiero decirle una cosa: Yo aquí viene como invitado. Esto es un reconocimiento que otorga el Senado de la República. Es un debate que hace internamente, que yo respeto…

Se comenzaba a poner crítico eldiálogo entre Peña y Layda. Y uno a otro se interrumpía.

--Yo lo sé. Pero… -dijo Layda.

--Que este cuerpo colegiado resuelva de forma mayoritaria… –dijo Peña.

--Eso yo lo entiendo… -insistió la senadora.

--Y acudo aquí en mi carácter de presidente de la República y como invitado a esta sesión. –insistió Peña Nieto.

--En eso yo lo entiendo –volvió a interrumpir Layda. “Pero también como se permite hacer esto, yo también quiero expresarle, porque lo de Ayotzinapa a nosotros sí nos cala. Y le estamos exigiendo que las investigaciones se apresuren; que nos digan la verdad; que nos digan dónde están los jóvenes”…

Peña Nieto asentía con la cabeza, y decía en susurro: “Así será”. Pero ni podía evadir a Layda, ni Layda callaba, quien preguntó entonces al presidente de la República: “Dígame si están en un cuartel; si fueron masacrados sus cráneos. Díganos, porque usted la conoce”…

--Senadora… -alcanzó a decir un Peña Nieto abrumado por lo incisivo de la senadora.

--Eso es lo que estamos pidiendo –dijo Layda.

--Senadora; recojo su expresión con mucho gusto.

Peña entonces extendía la manoa Layda, para despedirse. Pero Layda no le extendía nada.

“Usted se desespera”, insistió Layda Sandores.

--No me desespero –respondió Peña.

Y Layda continuó: “Pero este pueblo ha tenido mucha paciencia para esperar respuestas. Y Ayotzinapa no puede seguir como una herida abierta para siempre, porque no se puede superar…

--Nadie lo quiere así, senadora.

--Pues usted nos pide que se supere. Y no puede superarse porque…

--Nadie lo quiere, y créame que haré que la Procuraduría esté manteniendo al tanto a los padres de familia… -dijo Peña Nieto.

--No basta con eso –insistía Layda.

--Bueno, senadora –hizo entonces Peña Nieto un leve levantamiento de hombros-… No está en mis manos…

--No basta con eso. Por amor a sus hijos. Mire, yo he dicho muchas cosas de usted. Y quisiera decírselas de frente. Pero hoy sólo le quiero pedir que por amor a sus hijos, usted nos diga la verdad a los mexicanos.

--Así será, senadora.

--Porque usted la conoce
--Así será a través de la Procuraduría.

--Y le exigimos justicia.

Entonces se interpuso entre ambos el senador coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, quien terció con un “gracias, Layda…”

Peña por fin se salía del alcance de Layda Sansores: “Está muy bien”, le dice a Layda, a quien le daba las gracias y se encaminaba al podium, adonde lo esperaban el presidente del Senado, la mamá del laureado post mortem y el ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, quien estuvo ahí en representación del presidente del órgano máximo del Poder Judicial de la Federación.

Layda entonces se despidió también con un “gracias”.
24 Noviembre 2016 04:00:00
“Nuestros hijos fueron raptados por el gobierno; esta es la verdad”
Cristina Bautista, una de las madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, dijo: “Pero ustedes no han movido ni un dedo para apoyar a resolver el caso”.

El reclamo contenido dos años y dos meses –es la primera vez que la Cámara de Diputados recibe a este grupo trashumante de personas que como fantasmas andan buscando a sus hijos-  chocaba con el cinismo de una diputada del Pvem, Sofía González, quien envalentonada decía: “Dejen de insistir en que el crimen fue cometido por el Estado”. Y apostillaba: “Ahí está la investigación oficial”…

Acostumbrados al trabajo sucio del régimen, los pvemistas insistían. Sofía González remachó: “Debemos evitar caer en la salida fácil de establecer que el Estado es el culpable del caso Iguala, (cuando) todas las pruebas y declaraciones apuntan que el crimen fue cometido por personas dedicadas al tráfico de enervantes”.

Este encuentro se transfiguró en el encontronazo anunciado. Desde febrero de este año, los padres de los 43 normalistas desaparecidos habían solicitado a la Cámara de diputados que los recibieran; pero, a final de cuentas la Cámara de Diputados en manos del PRI, nada respondía oficialmente. Y encarecían y encarecían la posibilidad de cualesquier encuentro. Hasta que no tuvieron de otra y
lo aceptaron.

Pero no ocurrió en el Pleno de los 500 legisladores, como los padres de los 43 pedían, sino en el Salón Verde, o Salón Legisladores, un salón alterno construido ex profeso para asuntos que los diputados no consideran tan importantes.

Felipe de la Cruz, el padre de uno de los 43 que es también el vocero del grupo, dijo: “Dicen que aquí es la casa del pueblo; pero al pueblo lo ponen en la cocina, mientras a los poderosos les abren el pleno”.

Un reclamo central de los padres de los 43 contra los diputados fue que ya dejen de insistir en que los estudiantes fueron secuestrados y desaparecidos por la delincuencia organizada e incinerados en el basurero de Cocula, cuando no es así, porque hay pruebas de que policías municipales, policías estatales, policías federales y soldados del 27 batallón de infantería con sede en Iguala, tuvieron que ver directamente con la desaparición de los normalistas.

Lo que no quieren escuchar los diputados, particularmente los del PRI, es que insistan los padres de los 43 –como insistieron ayer en el Salón Legisladores- que en tanto Enrique Peña Nieto pretendió minimizar los hechos, ahora incluso se atrevió a nombrar a Tomás Zerón de Lucio como titular de la Comisión Nacional de Seguridad, aun cuando Tomás fue denunciado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de manipular evidencias del modo más cínico y tonto a la vez.

Pero no es todo, los padres de los 43 han reclamado muy airadamente a Peña Nieto que, en sustitución de Tomás Zerón, impuso como titular de la Agencia de Investigación Criminal nada menos que a Omar Hamid García Harfuch, en cuya biografía figura haber sido jefe de la policía federal en el estado de Guerrero y aparecido “en la agenda de contactos de Silverio Casarrubias”, el líder de la banda de criminales conocida como Guerreros Unidos, a la que las autoridades achacan la desaparición de los 43 normalistas.

“Hagan algo ante tanta infamia”, imploraba una de las madres de familia a los diputados, cuya cara de palo contrastaba con el rostro doliente de esas personas provenientes del estado de Guerrero.

He aquí lo que dijeron algunos padres de los 43:

María de Jesús Tlatempa Bello: “Preferimos recibir un peso de la gente que nos apoya que los millones que nos ha ofrecido el gobierno para callarnos”.

Emiliano Navarrete: “Nuestros hijos fueron raptados por el gobierno mexicano. Esta es la verdad”. Y exigía a la Cámara de Diputados: “Les pedimos que dejen de desprestigiar al movimiento de los padres de los 43 desaparecidos. Desafortunadamente en esta Cámara no hay izquierda, no hay derecha; hay puros chapulines que brincan a los partidos que más les conviene”.

El papá Bernabé Gaspar dijo: “El gobierno nos ha traído a puros engaños. Es más, este gobierno no ha trabajado lo que lo que los del Giei dejaron. Hay investigaciones que se deberían estar siguiendo”.

Después hablaron los diputados. Sobresalieron dos: la panista Karina Padilla y la de Morena, Araceli Damián.

Padilla dijo: “El terrible acontecimiento del ataque  a los  estudiantes normalistas de Ayotzinapa, vulneró profundamente a la sociedad mexicana, que ha sido testigo de cómo la procuración e impartición de justicia en México se encuentra secuestrada por intereses particulares en detrimento de la eficiencia de nuestro Estado de Derecho.

“…Se trata de un hecho verdaderamente  abominable que despertó  el descontento, la tristeza, el luto de todo un país, así como la solidaridad nacional e internacional de decenas de familias que hoy sufren esta situación en donde hay seis personas muertas y 43 desaparecidas”.

Y Araceli Damián: “Es deplorable cómo ha actuado el Estado mexicano e incluso esta Cámara de Diputados, cuyas puertas no les fueron abiertas sino hasta que ustedes realizaron un plantón a las puertas del recinto y solamente se atrevieron a recibirlos aquí y no en el Salón de Plenos. No todos los diputados que están aquí quieren que se
sepa la verdad”.

Y el apostille: “No era la primera vez que tomaban autobuses, pero sí fue la primera en la que los elementos del Estado mexicano, policías municipales, estatales y federales, reaccionaron tan violentamente y de manera coordinada con el crimen organizado”.
23 Noviembre 2016 04:00:00
¿Será posible que el Senado revise realmente geopolítica y tratados?
Pues ayer el Congreso desde el Senado –la Cámara que tiene por obligación constitucional dar seguimiento y contrapeso de la política exterior de México-, se dispuso a mirar frontalmente hacia la nueva relación México-Estados Unidos a partir de Donald Trump. Pero renuente ha continuado el Poder Legislativo mexicano en centrar la mirada en ese punto donde los mexicanos quisieran que la pusiera: La visión de futuro como país, cuyos regímenes históricamente siempre le han regateado a México.

Y se la han regateado, precisamente, por presión de los Estados Unidos de América, que desde los tiempos inmediatamente posteriores a la conclusión armada de la revolución mexicana se puso con ardor a educar a miles de hijos de la clase más pudiente del país con el fin de que, a su regreso, se auparan sobre una clase política mexicana que hoy, sin duda, tiene en individuos como Luis Videgaray Caso a sus entes más representativos.

Fue un acuerdo cupular por antonomasia: la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores se dio tarea a sí misma ayer, y dispuso, en un punto de acuerdo que secundó el Pleno, que “llevará a cabo reuniones de trabajo a fin de analizar la Geopolítica Global y los Tratados de Libre  Comercio suscritos por México, en razón del cambio en el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de  América, y cuyas conclusiones serán presentadas a más tardar el 15 de enero del año 2017”.

Si realmente la Junta de Coordinación Política del Senado quisiera hacer una revisión detallada, seria, de la geopolítica global y de los tratados que ha firmado México (46), entonces estaría el Congreso ante el umbral de un trabajo legislativo que tendría que ser portentoso, porque, por definición, estaría echando mano de las más de 300 técnicas legislativas que todo Congreso y Parlamento en el mundo suele tener a la hora de construir leyes.

Si de veras hacen su trabajo como lo han prometido, revisar los tratados, entonces el Congreso por fin estaría haciendo su papel de contrapeso constitucional, revisándole al Ejecutivo Federal los costos y beneficios que debió haber sopesado en la elaboración y negociación de cada unos de los 46 tratados comerciales que México ha firmado con 15 países.

Este trabajo que se ha dado a sí misma la Jucopo del Senado tendría que ser comparado con los trabajos que el mítico Hércules hizo cuando limpió los establos del rey Augías.

¿Por qué? Porque por fin el Congreso estaría analizando, revisando, cómo es que la Presidencia de México a través de todos estos sexenios de neoliberalismo a ultranza –desde los tiempos de Miguel de la Madrid, cuando en 1985 firmó México el Gatt, hasta el más reciente firmado por Calderón y refrendado por Peña, el conocido como ATP, pasando antes por el TLCAN firmado por Salinas en 1993- ha planteado y negociado los 46 acuerdos comerciales de marras.

Por costumbre, desde los tiempos del Gatt y el TLCAN, nunca el Ejecutivo Federal ha considerado al Senado preguntarle nada antes de la firma de los tratados.

Es históricamente sabido cómo Carlos Salinas de Gortari, cuando negociaba entre 1991 y 1993 el TLC, envió a las mesas de negociación con Canadá y Estados Unidos a puros improvisados, que aterrados ante el peso negociador de los gringos, fueron barridos espantosamente a la hora de la negociación política y técnica de los sectores.

Pero además de que a dichas mesas los negociadores mexicanos llegaban sin entrenamiento previo, Salinas había decidido de antemano ceder a los gringos dos cosas: no negociar en el TLC la mano de obra, es decir la migración; y tampoco proteger al campo mexicano, sector que el entonces presidente de la República dio por perdido desde el principio.

¿Y cuándo de todo esto le fue consultado al Senado? ¿O cuándo le pidieron una opinión o le permitieron que –desde el cristal del contrapeso constitucional- revisara los acuerdos, las negociaciones, para entonces sí poder decir que los tratados eran constitucionales?

Nunca lo hizo Salinas. Pero tampoco los demás presidentes que le sucedieron. Al Senado, el Ejecutivo Federal siempre lo ha tenido bocabajeado, como un paquidermo que sólo se mueve si se le ordena desde la Presidencia de la República.

Y ahora la jucopo dice que revisará los tratados. De origen, con el hecho de saber que será la cúpula el que lo haga, debe saber el país que esta revisión no será más que una méndiga vacilada. Otra más de quienes controlan el Congreso mexicano: priístas, panistas, pvemistas y perredistas.

Se les podría sugerir la técnica del Análisis Económico del Derecho, por si de veras quisieran hacerlo. Es la técnica con que congresos como el estadounidense estudian las iniciativas de leyes cuando están en vías de construcción.

Es una técnica que permite calcular los costos y beneficios de cada ley, siempre en perspectiva de los costos y beneficios de la mayoría de la población. Si fuese así, el ATP podría estar siendo ahora, por fin, desmenuzado. Y vería la República qué tanto le cuesta y qué tanto le beneficia.

Pero verdaderamente, más allá del discurso oficial.

¿Y dicen que también revisarán la geopolítica global? ¿Querrá decir entonces que por fin el Congreso se pondrá a mirar a contraluz los intersticios de acuerdos firmados por México como aquel conocido como Plan Mérida, del que muchos opositores mexicanos abominan porque dicen que no es más que la entrega de México a los intereses geopolíticos de Estados Unidos?

Viniendo de los jucopos, es demasiada chulada para ser verdad. Veremos.
22 Noviembre 2016 04:00:00
Silencio ominoso del Congreso ante la impostergable visión de futuro del país
Desde que Donald Trump ganó la presidencia de su país, que asumirá en enero próximo, México enfrenta una andanada de anuncios de tragedia, de calamidades como no los había escuchado desde los tiempos, acaso, en que fue objeto de anuncios de agresiones extranjeras al grado de invasión.

Un muro que se extenderá a lo largo de la frontera con Estados Unidos, de 10 a 15 metros de altura. La extinción de tratados comerciales que hicieron que México incrementara sus exportaciones como no había sucedido antes. La amenaza de deportaciones masivas de millones de mexicanos que radican en ese país en pos de trabajo que aquí, nuestro sistema económico, no les da. Y el amago del retorno de un gobierno, el estadounidense, que en otras épocas agredió de tal modo a México que le quitó territorio, que lo invadió y que desde siempre lo ha vilipendiado y tratado a puntapiés.

Esto, y más, es parte del futuro ominoso de México. Y entre tanto, ¿qué han hecho los representantes del Estado mexicano para revirar, para responder, para ponerse en guardia, para prevenir lo que, ya no hay duda, se acerca como un turbión?

Ayer, Donald Trump confirmó que no irá con el Acuerdo comercial transpacífico, conocido también como el TPP, como ya reiteró la semana pasada que revisará el tratado comercial que firmaron con Canadá y México en 1993. En cambio, ha dicho que propugnará tratados bilaterales.

En México, la reacción del presidente Enrique Peña Nieto fue de pánico. De sumisión. De acomodarse como se pudiera bajo la nueva sombra, bajo la nueva geometría. Gente de la academia mexicana ha criticado con furor la salida de un presidente mexicano que ha proyectado la impresión de que no sabe qué hacer, no sabe qué decir, no sabe hacia dónde ir.

El Congreso mexicano ha agravado la situación con su pasividad. Ha hecho las cosas estos días como si estuviera expectante de lo que dictara el Ejecutivo Federal en una materia, la de política exterior, donde el Gobierno ha dado muestras fehacientes de nulidad.

A estas alturas del arrebatamiento político de la presidencia estadounidense, por parte de Donald Trump, México tendría que estar buscando respuestas a las interrogantes sobre el futuro de México.

El Congreso mexicano, desde su condición de contrapeso constitucional, tendría que estar instalando mesas de estudio, de reflexión sobre la visión de país tan amenazada por Trump estos días.

No lo ha hecho, por supuesto. Priístas, panistas y la runfla de partidos políticos convenencieros que les acompañan, han permanecido en silencio.

Los regímenes mexicanos prohijados por el PRI y por el PAN se han caracterizado durante decenios por difuminar, hasta su desaparición casi total, cualesquiera visión de futuro de México, para no contrariar esa relación rastrera y cobarde que han sostenido durante décadas con los gobiernos estadounidenses.

Hay una subordinación casi total –apenas rota por la fortaleza histórica, cuasi genética, de la identidad del mexicano con sus culturas ancestrales- de los capitanes de los regímenes mexicanos con Estados Unidos.

La amenaza que implica para el país la asunción de Trump en la presidencia estadounidense, obliga a todos a mirarse a sí mismos, a remirar las instituciones, y para lo que han servido, y a reinventar el país, pero teniendo a la historia como referente.

Un tema profundo que el Congreso mexicano tendría que empujar estos días es el de la revisión de visión de futuro de México.

México tiene enfrente una amenaza muy seria en Trump. Las dos Cámaras del Congreso ya tendrían que estar convocando a la nación a revisar su sentido de identidad nacional. Su proyecto de nación. Y a repensar la política económica de tal modo que quedase enfocada hacia el fortalecimiento de lo interno, con miras a comenzar a sacudirse de una buena vez la feroz dependencia económica de México en los Estados Unidos.

Ochenta por ciento de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. En realidad, los 14 tratados comerciales que México ha firmado con 46 países no han valido de gran cosa para que Estados Unidos dejen de permanecer como la gran sombra de México.

En San Lázaro, dos diputados priístas decían en susurro la semana pasada que no sería mala idea que México hicieran cosa parecida a lo que Trump pretende en su país, de sobreproteger a su mercado interno.

Cuando se confirmó el triunfo de Trump, el presidente Enrique Peña Nieto se puso como madre ardiendo a defender a ultranza el TPP, como si a México le fuera en ello la vida. ¿Y si no fuese así?

Hay en los territorios de la oposición mexicana mucha argumentación en contra del tratado transpacífico: Una de estas consiste en afirmar, documentadamente, que el TPP realmente es una suerte de caballo de troya para los 12 países, porque los beneficiarios no serán la mayoría sino puras trasnacionales.

Ponen como ejemplo a Monsanto y a Bayer, dos empresas que pretenden meter en todos estos países las siembras transgénicas, que por cierto han sido cuestionadísimas por el Departamento de Salud de los Estados Unidos de América.

En tanto, en México, Monsanto puja incluso corrompiendo a diversas autoridades federales y locales para que la dejan entrar y entonces comience a sentar sus reales.

Lo que llama la atención es cómo el gobierno de Peña se ha puesto a defender a ultranza tratados criticadísimos en México, como si en ello le fuera la vida.

De estos temas es probable que algunos diputados y senadores comiencen esta semana a hablar en lo individual. Veremos.
19 Noviembre 2016 04:00:00
La feroz urbanización del país
Rosario Robles Berlanga compareció ayer en comisiones de San Lázaro por la Glosa del cuarto informe presidencial. Es la actual titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el despacho presidencial que hace un sexenio tenía por nombre Secretaría de la Reforma Agraria. Cambiaron el nombre y el perfil de ese despacho -ayer Rosario Robles recordó uno de los motivos de dicha modificación- porque el país es eminentemente urbano, más que rural. 80 por ciento de la población vive en las 59 zonas metropolitanas del país; el resto, en comunidades rurales. Incluso Robles hubo dicho que un motivo central había sido la recuperación de una visión federalista que estableciera esta coordinación entre los tres órdenes de Gobierno (Federal, estatal y municipal); pero más tardó en decirlo que en ser desmentida.

El único partido que realmente ejerce la función de contrapeso constitucional, Morena, la atajó en voz de Juan Romero, un diputado federal antiguo correligionario y colaborador de Rosario cuando esta fungió como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien reclamaba a la enviada del Ejecutivo, diciendo: “La ley (de Desarrollo Urbano, recién aprobada, pero todavía no en vigor) “va a dejar en estado de indefensión a núcleos agrarios, porque ya no van a tener la capacidad jurídica y económica para defender su propiedad, que antes se reconocía como propiedad social, tiende a desaparecer ese esquema, en un Estado que más que cumplir una función social de distribución, se está cumpliendo en un Estado regulador, permitiendo la acumulación de la riqueza en unos cuantos”.

Restregó así Romero al Ejecutivo Federal con un reclamo que trae trasladado la Sedatu desde que apareció ante la vida pública del país: El reclamo de que propugnará para acelerar el debilitamiento de la propiedad social (ejido y comunales) con el fin expreso de que compañías transnacionales que se asientan en territorio nacional (para energéticos, principalmente, incluidos entre éstos a las comunidades que tienen en sus ejidos torres eólicas). Fue una comparecencia extensa, pero muy llevadera para la secretaria Robles Berlanga.

Acaso por sus tablas en el manejo de la oratoria y por el dominio del tema urbano que evidentemente tiene. Rosario sostuvo: “¿Qué hemos tenido hasta ahora? Un crecimiento desordenado de nuestras ciudades, una expansión de la mancha urbana, la población se ha duplicado en algunas ciudades; se ha duplicado, ha crecido dos veces y la mancha urbana ha crecido hasta siete veces en esas mismas ciudades”.

Entonces Rosario le ponía cifras: “Un hecho contundente que lo hemos mencionado de manera reiterada es que hoy en México, ocho de cada 10 habitantes vivimos en las ciudades, que hoy México es un país urbano, que hoy México requiere esta visión urbana, que tiene 59 metrópolis en las que viven el 60 por ciento de la población (antes, había dicho que era el 80 por ciento) y que en consecuencia necesitamos una nueva visión, una visión moderna, una visión acorde al siglo XXI que el Presidente Peña ha llamado el siglo de la reforma urbana”.

Y le volvía a poner, ahora en el tema de la vivienda: “Igualmente uno de los ejes más importantes que planteó el Presidente Peña desde el inicio de su administración, es la nueva política nacional de vivienda”.

Esta nueva política nacional de vivienda que marca un antes y un ahora. Un sector que en 2012, 2013 estaba decreciendo, que tenía tasas de menos 6 por ciento, que estaba perdiendo empleos, más de 230 mil empleos perdidos, de acuerdo al INEGI, en ese año, donde sus tres empresas más importantes que concentraban alrededor del 60 por ciento de la producción de vivienda estaban quebradas, en una situación de crisis, incluso salieron de la bolsa de valores.

Hoy tenemos un sector de la vivienda pujante, que representa el 14 por ciento del producto interno bruto, que ha diversificado en muchas más empresas la construcción de la vivienda; que genera 3 millones de empleos y que le aporta al país desde el punto de vista de la economía un soporte muy importante.

Incluso la titular de la Sedatu hubo dicho: “Ya no, la vivienda, alejada de los centros de trabajo, o de los medios de transporte; ya no construyendo allá de acuerdo al interés del desarrollador porque compró un terreno barato, lejos del centro urbano, sino a partir de perímetros de contención que se han definido, el subsidio solo va a ahí, a esos perímetros de contención y va a la gente, va a quienes en primer lugar ganan menos de cinco salarios mínimos hacia abajo”.

Un dato más de Rosario Robles: 10 millones de mexicanos viven, según el INEGI-Coneval, bajo condición de hacinamiento; algo así como 2 millones y medio de hogares.

¿Y qué hace el Sedatu? Según Robles, la estrategia de un cuarto más, impulsada por el Gobierno Federal para combatir el hacinamiento (en las viviendas de interés social). Y añadía: “Construir el cuarto adicional pues sí ha sido muy importante para mejorar la calidad de vida de estas familias, alrededor de 285 mil cuartos adicionales en lo que va del sexenio, que además es un elemento que contiene un fuerte contenido de género, por eso se le ha denominado Cuarto Rosa, porque el cuarto adicional permite combatir la violencia y el abuso hacia niñas, hacia jovencitas, porque el hacinamiento es un factor que también genera esta violencia y esta tensión hacia nuestras niñas y hacia nuestras jóvenes”.

Hasta el momento, ha sido la menos raspada en lo que va de la Glosa.
18 Noviembre 2016 04:00:00
La hipocresía del Senado en el caso de la Medalla Belisario Domínguez
El Senado de la República, el pasado martes, con la aprobación de un Punto de Acuerdo confirió la Medalla de Honor Belisario Domínguez correspondiente al año 2016 al ciudadano guerrerense Gonzalo Miguel Rivas Cámara, post mórtem. Y la decisión se sustentó en la argumentación siguiente:
Uno. Como un justo reconocimiento del Estado mexicano por conducto del Senado de la República a su heroísmo, responsabilidad y solidaridad, en grado eminente, para sacrificar su vida y salvar la de otros, valores equiparables a los del Senador chiapaneco Belisario Domínguez.

Y dos. La entrega de la Medalla Belisario Domínguez al señor Gonzalo Rivas representa también un digno reconocimiento a todos los ciudadanos mexicanos y héroes anónimos que, como él, construyen día con día la grandeza de
nuestra patria.

Se acordó entonces que la Medalla de marras se le entregará a la esposa de Gonzalo, a quien ese día, en la tribuna del Senado, fue equiparado con Jesús García Corona, el trabajador de trenes que a principios del siglo XX desvió en Sonora un ferrocarril cargado con explosivos y a quien se le ha conocido como el Héroe de Nacozari.

Quien argumentó en  favor de Gonzalo Rivas fue el senador perredista Roberto Albores Gleason: “En los campos, en las calles, en las plazas y los caminos transitan silenciosamente millones de héroes, en su momento Belisario Domínguez fue uno de ellos, recibiendo a angustiadas madres con sus hijos enfermos que nada tenían que pagar, pero que el médico solidario atendía y curaba”.

El senador ejemplificó con “héroes y heroínas que ofrecen comida y consuelo a los migrantes, los que salvan a sus semejantes de las llamas, los que comparten sus conocimientos para dar futuro a los infantes”.

Y fue él quien evocó la tragedia que acaeció en 1907, cuando el maquinista Jesús García Corona salvó al pueblo de Nacozari, Sonora, de la embestida de un tren cargado con explosivos”.

Y apostillaba el senador: “De esa altura es la acción de Gonzalo Rivas Cámara, el trabajador de una gasolinera en Chilpancingo, Guerrero, quien responsable y humanamente solidario impidió que el 12 de diciembre de 2011 las llamas producidas por el incendio de una bomba se extendieran a los depósitos de combustibles, cuya explosión hubiera significado cientos de muertos y heridos.

“Gonzalo cerró las válvulas de seguridad, tomó un extinguidor y se dirigió a
apagar el fuego; pero quedó bañado en gasolina ardiendo. Agonizó durante veinte días. Rivas Cámara, ingeniero en sistemas, originario de Veracruz, falleció a los 48 años el 1 de enero de 2012 a causa de las quemaduras”.

Pero la entrega de esta Medalla está transminada por la controversia, porque hay un sector de la oposición que juzga que quienes la entregarán no es porque realmente quieran abonar los valores cívicos, y al heroísmo de un ciudadano de a pie, sino porque pretenderían dar un golpe político al movimiento que se gestó en torno de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a quienes, en cambio, las voces del gobierno nunca han reconocido ni admirado ni respetado.
O sea, que esto no sería más que un mero acto de hipocresía del Senado de la República.

El senador Miguel Barbosa Huerta, del PRD, acotó: “El mismo día de los hechos cuando sacrificó su vida el galardonado, fallecieron dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa”.

Y restregaba Barbosa otra vez: “Y después de los hechos ocurridos en diciembre del 2011, la conflictiva ha seguido los lamentables y diabólicos hechos del 26 de septiembre de 2014, cuando esa misma noche mueren seis estudiantes de Ayotzinapa y desaparecen 43 estudiantes. Son todos ellos junto con policías, junto con integrantes de fuerzas armadas, víctimas de esta situación, hechos que, por cierto, no ha podido esclarecer la autoridad”.

El resto de oradores se derretían en loas al galardonado. Pero una oradora, Layda Sansores San Román, no. Y dijo: “El problema de fondo es que esta medalla es parte del botín que se reparten entre las cúpulas del PRI-AN, y también del PRD”.

Y apostilló Layda: “Este año se usa como arma política.  Al joven no se le premia, se le usa para justificar la represión y pretender dejar impune un crimen de Estado. No se puede desvincular la actuación del joven sin condenar el terrorismo oficial, sin condenar la brutal represión del Estado que persiguió a los jóvenes normalistas, los cazó como animales, y los mató por la espalda, en el mismo lugar, en un escenario confuso. Es un acto de perversión tratar de separar una cosa de otra”.

Y remachaba la senadora de invicta argumentación: “Tenemos héroe, porque tenemos un gobierno criminal, que después asesinó a otros seis estudiantes, y mantiene desaparecidos a 43; jamás en este Senado se ha escuchado la voz del PRI-AN y del Verde para pedir justicia por ellos.

Héroes también los jóvenes que quedaron al lado de sus hermanos heridos y ahora están desaparecidos, y los Omares que trataron de salvar la vida de sus compañeros, sin rendirse ante la oscuridad, el miedo a la muerte, la negativa de dejar en el hospital, de recibirlos por orden de militares.

Héroes los padres que no claudican y no se dejan seducir por el gobierno. Héroes los muertos y heridos de Nochixtlán quienes salieron a enfrentar las balas con palos y piedras cuando sintieron que su pueblo era invadido por policías federales, la gendarmería y la policía de élite”.

Y al final decía Layda: Medalla para un maldito gobierno, del que el Senado es cómplice”.

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