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Vicente Bello
Vicente Bello
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19 Julio 2018 04:00:00
La ira de la alta burocracia priísta-panista contra Amlo
De entre las 50 acciones contra la corrupción que Andrés Manuel López Obrador anunció el domingo 15, varias constituyeron múltiples golpes al hígado para la alta burocracia federal porque tocan sus ingresos de manera directa, vía bonos, vía sueldos, vía compensaciones. He aquí:
a). Todo funcionario deberá presentar su declaración de bienes patrimoniales y de sus familiares cercanos.

b). No habrá bonos; el salario será integral con excepción de gastos sujetos a comprobación.

c). Los gastos de viáticos se limitarán al mínimo.

d). Se suprimirá toda partida para gastos médicos privados.

e). No habrá caja de ahorro especial.

f). Se reducirá a la mitad todos los sueldos de los altos funcionarios públicos que ganen más de un millón de pesos anuales.

g). Desaparecerán las partidas para vestuario o cualquier gasto de protocolo ceremonial para el presidente, familia o colaboradores cercanos.

h). El presidente de la República ganará menos de la mitad de lo que recibe el presidente Enrique Peña Nieto, sin ningún tipo de compensaciones.

Desde entonces, no ha pasado un día sin que las manifestaciones de franco disgusto estallen en los medios, de modo especial en Televisa y en algunos diarios capitalinos caracterizados por ser de la élite de grandes beneficiarios del presupuesto nacional cuando menos en los últimos tres sexenio.
Es un asunto que tanta ámpula levantó que lo menos que se esperaba de la sesión de la Comisión Permanente de ayer era que el tema se le aireara en la tribuna. Pero no sucedió así.

Sí, en cambio, en el pasillerío del Senado -sede de la Comisión Permanente en este receso legislativo-, diputados y senadores del PRI y PAN han bramado virtualmente contra las 50 acciones de marras; de modo muy molesto en contra de las acciones que ya trastocarán de manera sensible los sueldos del círculo de la alta burocracia, que es donde se han apoltronado los miembros de la elite de la clase política priísta y panista de los últimos 18 años.

Los panistas se han expresado con rabia, como si el dinero del Estado mexicano fuera de ellos. No hay que olvidar que fue Vicente Fox quien en su sexenio incrementó los sueldos de director general para arriba, y también creó muchas nuevas direcciones en todas las secretarías del gabinete presidencial.

No hay que olvidar que Felipe Calderón Hinojosa continuó con singular alegría esta nueva modalidad implantada por Fox, de más sueldos a los funcionarios de la élite y más direcciones generales y más subsecretarías. Al fin que tanto este como aquel fueron, acaso, los presidentes más afortunados en cuanto a ingresos petroleros. Calderón llegó a tener el precio del barril del crudo mexicano en 117 dólares.

Y Enrique Peña Nieto se fue exactamente por el mismo camino del dispendio y el agandaye del presupuesto, al grado de que su sueldo en estos cinco años subió de los casi 220 mil pesos que ganaba Calderón cuando se fue a los 270 mil que acaba de revelar López Obrador el domingo, como sueldo actual del presidente de la República.

La reducción del sueldo de Amlo 40 por ciento respecto del de Peña Nieto escoció como chile piquín, en los diputados y senadores del PRI y PAN. Anteayer, la Cámara de Diputados a través de Mauricio Farah, el secretario general, impuesto ahí por Manlio Fabio Beltrones, otro gandaya del presupuesto, informó que cada uno de los 500 diputados federales recibirá 900 mil pesos como finiquito de sus respectivas dietas de tres años.  

Que es parte de una caja de ahorros, cuyo monto incluye partes proporcionales de aguinaldos, dijo Farah.  

Ayer, senadores del PRI y PAN decían que más de 34 mil burócratas están por arriba de los 108 mil pesos que ganará mensualmente Andrés Manuel López Obrador.

Y esto implicará escozores  al extremo de que puede haber solicitudes de amparo.

 

Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se enojó tanto, por la reducción de salario anunciada por Amlo, que declaró: “Las condiciones de seguridad, estabilidad, remuneraciones dignas y capacitación no son un beneficio personal de los juzgadores, ni mucho menos privilegios inconfesables de éstos. Son condiciones necesarias para un servicio público indispensable, ineludible de un país democrático que busca tener paz en el respeto a los derechos humanos de todos y a contribuir en una sociedad
más justa”.

Lo que dijo Luis María Aguilar fue de inmediato catalogado como un chantaje, en el sentido de que si no tienen un sueldo alto, entonces podrían permitirse en la Corte ser cooptados con dinero.

López Obrador ha denunciado reiteradamente que los ministros de la Corte tienen sueldos arriba de los 600 mil pesos mensuales; también los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral. Y burócratas como el que ocupa la Secretaría General de la Cámara de Diputados, en tanto que los diputados federales andan en los 400 mil mensuales y los senadores en 500 mil.

A todos estos les va a caer de peso tener que ganar menos de los 108 mil del presidente López Obrador, en cumplimiento del artículo 127 constitucional, que mandata que nadie del servicio público de los tres niveles de gobierno, y tampoco de ninguno de los poderes de la Unión y los autónomos, deberán ganar más que el presidente de la República.

Por eso están que se los carga la tía de las muchachas… Será un gran golpe a la voracidad de esta clase política, mendaz y traicionera, que acaba de ser desjarretada por el pueblo de México.
18 Julio 2018 04:00:00
La quita del fuero: Porqué sí y porqué no
“Se suspenderán fueros y privilegios para funcionarios públicos”, será la segunda acción contra la corrupción que ha anunciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué tendrá que ver en esto el Congreso de la Unión? Mucho. Nada menos, serán la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, las dos instituciones de la Unión encargadas de reformar la Constitución para la
quita del fuero.

De hecho, la Cámara de Diputados ya comenzó. En la sesión ordinaria del 19 de abril pasado, los diputados federales reformaron los artículos constitucionales 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114, relativos a la eliminación del fuero de todos los funcionarios públicos, incluido el Presidente de la República.

El 28 de abril, la Cámara de Senadores la frenó, haciéndole cambios y regresándola a San Lázaro.

El debate por la quita o no del fuero trae de pestañas a muchos, a grado tal que ya confronta a gente del movimiento que lidera Andrés Manuel López Obrador.

Quienes la impulsan, afirman que ya no hay justificación para que el fuero permanezca. Quienes se oponen, plantean peligros mayúsculos contra el Presidente de la República, porque podría ser sujeto de chantajes y presiones inéditas, que podrían incluso llevar al país a la
ingobernabilidad.

He aquí tres posicionamientos: Dos de Morena y uno del Senado (con la que frenó la quita del fuero el 28 de abril). Los de Morena son el diputado federal Virgilio Caballero, en pro, y el diputado federal electo Gerardo Fernández Noroña en contra.

Virgilio Caballero dijo en la tribuna el 19 de abril: “La izquierda mexicana por fin ve el cumplimiento de una demanda histórica. La supresión del fuero o inmunidad constitucional a los funcionarios públicos, hace por fin a un lado la posibilidad de evadir la acción de la justicia al amparo de un cargo público.

“La idea del Constituyente de 1917 cambió de manera sustantiva, pues en un inicio la idea era proteger a los legisladores que a partir de la expresión de sus ideas o manifestaciones ideológicas en el trabajo para la formulación de leyes en el Congreso, herían la susceptibilidad del Presidente de la República o de sus afines.

“… El presidente Plutarco Elías Calles promulgó una reforma al artículo 111 para amparar también al Poder Judicial, considerando que la decisión de un juez podría oponerse a las opiniones del Poder Ejecutivo, razón por la cual fue necesario otorgarles la protección
constitucional.

“En 1982, paradójicamente al principio de renovación moral de la sociedad, el presidente Miguel de la Madrid amplió la inmunidad constitucional a los altos funcionarios, lo cual se tradujo en impunidad, protegiendo a los ladrones del erario de la acción de la justicia.

“Con este dictamen se pone un alto a la protección de quienes han abusado de un puesto público para malversar los fondos públicos desde hace décadas”.

Gerardo Fernández Noroña, diputado electo de Morena-Pt para la 64 Legislatura, ha criticado la quita del fuero, en múltiples ocasiones. He aquí, durante un mitin en Iztapalapa, el pasado 20 de abril:
“Lo del fuero es para chingar a AMLO. En 2013 (martes 5 de marzo) hubo una iniciativa para quitar el fuero a todos, que la Cámara de Diputados aprobó. En el Senado no pasó, porque los senadores pedían quitarle el fuero a Peña. Y los priístas ahí sí dijeron: No. Y ayer (se refería al 19 de abril pasado) el PRI y el PAN votan quitar el fuero al presidente, cuando Peña ya se va, y tendrá fuero hasta el último día. En realidad están pensando en López Obrador. Están pensando en hacer una canallada.

“Porque van a decir: ‘Si no lo podemos parar (en la elección presidencial), lo tiramos después’. Y hay gente que está celebrando: ‘Ah, quitaron el fuero…’ Hay 2 mil 440 alcaldes. Están los delegados incluidos. Ninguno tiene fuero. ¿Y a los ladrones por qué no los han metido a la cárcel? Porque no es cierto que sea el fuero. El fuero es una protección frente al poder”.

Y ejemplificaba Fernández Noroña: “… Yo soy diputado (lo decía hipotéticamente).

Voy a la Cámara en este momento. Se va a debatir algo muy importante. Me chocan la camioneta. Dicen que yo la choqué. Me llevan detenido y ya me quitaron de la discusión.

“Peor: si quieren quitarme meses de la discusión, me acusan de cualquier cosa, me llevan a la cárcel y me dejan fuera un montón de tiempo de las discusiones de la Cámara.

“O sea, el fuero no le da impunidad a nadie. Hay que recordar que lo que salvó a López Obrador de que lo sacaran a la mala de la candidatura en 2006 de la candidatura presidencial fue el fuero. Justo porque tenía fuero fue a la Cámara, se defendió y el pueblo lo vimos y, como entonces se decía: ‘Peje el toro es inocente…’

“Se fue todo mundo a apoyar a Andrés Manuel porque vieron que era una canallada y que le estaban inventando un delito. Pero, sin fuero, eso es terrible. Por eso a mí me molesta que hayan votado en favor incluso legisladores de Morena. Están equivocados.

El Senado, el 28 de abril, rechazó la reforma, con argumentos como estos: Manuel Cavazos Lerma, senador del PRI: “Hay lagunas jurídicas que podrían generar ingobernabilidad en el país”.

Luis Humberto Fernández, del Pt-Morena: “Tiene inconsistencias jurídicas. Debe revisarse otra vez”.

Y Ernesto Cordero, del PAN: “Debe analizarse minuciosamente; habría riesgo de ingobernabilidad”.

Será esta propuesta una de las que más concitarán discusión en todo el país.
17 Julio 2018 04:00:00
Comienza la fiesta y los invitados a bailar son los priístas y panistas
Andrés Manuel López Obrador dio anteayer a conocer las 50 acciones de su gobierno con las que considera combatirá la corrupción durante su sexenio. En casi todas, el Congreso de la Unión deberá comenzar nuevos procesos legislativos; es decir, reformas que, en su conjunto, van a cambiar el modo de caminar de la República.

La primera acción de gobierno que anunció fue la reforma al artículo 108 constitucional, con la que AMLO plantea que el presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por delitos federales electorales y por corrupción.

Esto es un danzón dedicado no solo a Enrique Peña Nieto –cuyo sello de tramposo y ladrón lo traerá marcado para siempre en la frente- sino también a todos sus antecesores del PRI y PAN. Pero de modo muy especial  a expresidentes como Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox Quesada y por supuesto Felipe Calderón Hinojosa.

Salinas quedó en la historia de México como el que se robó la presidencia en la elección de 1988, despojando con ayuda del entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado y del Partido Acción Nacional,  al candidato opositor Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Pero fundamentalmente, despojó al pueblo de México de un cambio de gobierno y muy posiblemente de un cambio de régimen.

Una inobjetable mayoría de votantes votó aquel julio de 1988 en  favor de Cárdenas, quien hacía un año (1987)  se había salido del PRI en lo que fue el primer gran desgajamiento político de la historia del hasta entonces granítico Partido Revolucionario Institucional.

Junto con Cuauhtémoc se salieron cientos de priístas, y entre los principales figuraba Porfirio Muñoz Ledo, y allá por la tercera fila Andrés Manuel López Obrador, aupado en una dirigencia local priísta en su natal Tabasco.

Desde que era secretario de Programación y Presupuesto, Salinas traía la fama de muy desalmado. Tanto, que en el pináculo del poder Delamadridiano se susurraba a algunos directores de diarios capitalinos que era él, Carlos Salinas, el poder tras el trono; el que ninguneaba al presidente de la República en funciones. El tapado presidencial, ni más ni menos.  

Cuando De la Madrid convocó a seis de su gabinete a jugar por la candidatura presidencial del PRI, la gente metida en el medio político se reía. Era una farsa que se estuvieran dizque confrontando por la candidatura priísta gentes como Alfredo del Mazo, Manuel Bartlett Díaz, Ramón Aguirre Velázquez, Miguel González Avelar, Sergio García Ramírez y Carlos Salinas de Gortari.

Una farsa, porque todo mundo sabía que Salinas sería el elegido. Y así ocurrió, a pesar del madruguete que Del Mazo y García Ramírez  intentaron dar a De la Madrid (y a Salinas).

La corrupción se enseñoreó en aquel sexenio, conseguido a punta de ladronerías electorales. Eran los tiempos en que Salinas pretendía escaparse hacia adelante, con la pretensión de que acabado su sexenio iría a ocupar la presidencia, mínimo, de la Organización Mundial de Comercio.

Fueron los tiempos en que el partido opositor a Salinas, el PRD de reciente cuño, vio cómo le asesinaban a más de 600 militantes.

El asesinato de Colosio, candidato del PRI a la presidencia de la República, el 23 de marzo de 1994, la irrupción del EZLN el 1 de enero de ese año, el asesinato del yerno de Salinas, José Francisco Ruiz Massieu,  y la muerte trágica más tarde de Mario, hermano de éste, así como el asesinato del cardenal Posadas en el aeropuerto de Guadalajara, fueron eventos de sangre que terminaron marcando para siempre el sexenio de un presidente con fama no sólo de alevoso sino también de muy mal alma, y vengativo.

Zedillo –sustituto de Colosio, impuesto por Salinas- continuó con el sello privatizador que había comenzado salvajemente en el sexenio anterior, y también quedaba marcado por la corrupción. Aunque, acaso, en algo salvaba un poco su pellejo ante el juicio de la historia: Zedillo permitió el triunfo del candidato opositor del PAN Vicente Fox en el 2000.  

Cuando llegó Fox, mucha gente, millones, creían haber llegado por fin a buen puerto, después de un México bajo naufragio en décadas, buscando a la deriva una democracia que el PRI siempre escondía al pueblo como esconde un fullero las cartas bajo su manga.

La gente creyó en el 2000 que, con Fox, había llegado la transición hacia una verdadera democracia, y que, por fin, el PRI se iba a ir para siempre y que sólo sería recordado como inevitablemente se recuerdan las pesadillas.

Pero, “maldita sea la cosa”… solían exclamar gente en la calle y en los corrillos políticos del país. Fox fue un farsante. Un terrible inepto. Un mentiroso de siete suelas. Un corrupto y un ladrón como el más corrupto y ladrón de los presidentes priístas que se acababan de ir.

Se enriqueció haciendo negocios para él y para su familia; firmó acuerdos secretos con el gobierno de los Estados Unidos, en los que la soberanía nacional dejaba bastante lastimada la salea. Y fue el protagonista de uno de los más graves y cínicos robos de una elección presidencial.

En 2006 ayudó al alcohólico furibundo de Felipe Calderón a robarse la presidencia. Y está más que documentado que así sucedió.

Esta primera acción anunciada por AMLO significará mucho para la salud pública del país, porque ha hablado de combatir nada menos que estos dos cánceres: la corrupción presidencial y el robo electoral; dos cosas que a Peña Nieto le salieron muy bien… excepto esta última, por la avasalladora participación del pueblo de México.
14 Julio 2018 04:00:00
Una nueva Ley Orgánica del Congreso, tema ineludible
El 31 de agosto de 1999, en un periodo extraordinario, el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Congreso General, cuya modificación no se hacía desde 1933. Pues ahora, con la derrota del PRI y PAN, una nueva reforma a la ley de marras debería estar en puerta si realmente los que llegan al poder sostienen que necesita la República un robustecimiento importante del Poder Legislativo mexicano.

En 1933, uno de los cambios importantes que hizo el Partido precursor del PRI, consistió en quitar a los diputados y senadores la facultad de reelección. Esto, con el propósito de que el partido incipiente de entonces, que había fundado en 1927 Plutarco Elías Calles, se fortaleciera mediante la disciplina que provocaría en los legisladores hacia el partido y, por ende, hacia el mandamás del partido, el presidente de la República en turno. O mejor dicho aún, del expresidente Calles, que para entonces andaba su maximato en plena boga.

Aquella reforma la había prohijado, precisamente, el sonorense Elías Calles. Y fue el comienzo de la Era del PRI hegemónico. Diputados y senadores solo lo eran si se portaban bien con sus jefes y si eran obedientes y contribuían con el apuntalamiento de un sistema político que abominaba de la fortaleza de la gente, del pueblo.

Ningún aspirante a legislador podía serlo con la ayuda de los electores, porque simple y sencillamente no llegaban a candidatos si la jerarquía del partido no lo permitía. Pero además el sistema político controlaba absolutamente a los electores, mediante el patrimonialismo y con ayuda de los caciques de horca y cuchillo que pululaban por todo el territorio nacional.

Hoy en día, por cierto, todavía hay infortunadas reminiscencias de éstos últimos en algunos pueblos del país, adonde el PRI todavía pudo ganar presidencias municipales con ayuda de desventurados instrumentos de control político y social como lo es Antorcha Campesina.

Pasaban los años. Una que otra reforma ocurría en la Ley Orgánica,
fundamentalmente en los reglamentos de los diputados y de los senadores. La práctica parlamentaria se había convertido en ley no escrita y era el sitio donde se expresaban los acuerdos de la cúpula del PRI, anidada en la figura de gobierno conocida durante muchos años como la Gran Comisión, y adonde no cabían más que puros priístas.

En 1997, cuando el PRI perdió por primera vez en toda su historia la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, el país se asomaba por primera vez en territorios inéditos de la democracia en México.

PRD y PAN sostuvieron un acuerdo de unidad opositora al PRI durante un año, y pudo entrar a la atmósfera legislativa mexicana un aire oxigenante que, sin embargo, no duró más allá de ese lapso, porque el PRI consiguió reanudar el vergonzoso amasiato con el PAN que venían ambos sosteniendo desde 1988, cuando Diego Fernández de Cevallos –por cierto, enmudecido a más no poder desde el pasado 1 de julio- maniobró desde la Cámara de Diputados para que ésta reconociera a Salinas, quien ya no podrá quitarse el sello de ladrón de la presidencia de la República.

A lo más que consiguió la oposición de entonces fue reformar la Ley Orgánica del Congreso. Pablo Gómez estaba allí, Porfirio Muñoz Ledo también, por el lado opositor. Y junto con algunos panistas como Carlos Medina y Juan José Rodríguez Prats jalaron hacia las modificaciones –al final del día, muy acotadas por el PRI- de una ley orgánica que hoy, a 19 años, permanece con la esperanza en el futuro, de que pueda ser corregida y aumentada.

Lo interesante del asunto es que muchos de aquellos diputados que fueron mayoriteados por el PRI y PAN para conseguir, en 1999, una reforma sin muchos dientes, ahora regresarán a la Cámara de Diputados llenos de un vigor inédito provisto por millones de votos. Millones de votos producto de una participación de los electores que no se había visto nunca antes en el país.

Y qué cosas del destino, para desgracia del PRI y del PAN. Ahora nada menos han llegado a la Cámara de Diputados dos de aquellos diputados de la 57 Legislatura de peso pesado que entonces mayoritearon: Pablo Gómez Álvarez y Porfirio Muñoz Ledo, por el lado de Morena.

¿Alguno de estos dos terminaría siendo el líder parlamentario del ahora nuevo partido en el poder? Ambos tienen una consistencia política y personal a toda prueba. Pero ellos, los de Morena, lo decidirán en cosa de días.

Entre tanto, en el Senado, el legislador que coordinará la bancada de Morena será nada menos que Ricardo Monreal Ávila, quien en aquella 57 Legislatura era diputado del PRI, subordinado al entonces coordinador de la borregada priísta Arturo Núñez Jiménez, actualmente gobernador saliente de Tabasco.

En la reforma de 1999, la Ley Orgánica mandataba que en la Cámara de Diputados no debería haber más de 27 comisiones ordinarias, de 63 que había previo a la reforma de marras. Y en el Senado, no más de 34, de casi 70 que tenía.

No lograron sostener el número, por la repartición de cuotas en espacios políticos de los partidos políticos, que jalonearon hasta que la ley se hizo holgada a su conveniencia. Sobre todo del PRI y PAN, que así se repartían comisiones mediante la ampliación de su número. Y presupuestos de las comisiones, siempre en el terreno discrecional a la hora de ejercer los recursos.

Una nueva ley orgánica es un tema obligadísimo, del cual deberían ya comenzar a debatir los que han llegado.
13 Julio 2018 04:00:00
¿Qué hace Monsanto en el gabinete de López Obrador?
El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunirá hoy con una delegación de funcionarios del gabinete de Donald Trump, encabezado por Mike Pompeo, secretario de Estado.

Lo hará con el aura de un triunfo contundente e histórico. Pero también, en sus alforjas, irán aupadas algunas críticas que han comenzado a arañarle la enorme credibilidad que ha demostrado tener todo estos años el tabasqueño.

He aquí algunos ejemplos de cómo gente que lo apoyó ahora le ha comenzado a hacer observaciones, sino es que críticas y hasta reclamos.

Ayer, en los territorios del Congreso de la Unión, trascendió que hubo cuando menos un grupo de 20 diputados que –en su reunión con el presidente electo, anteayer- le pidieron considerar que sí considere bajar el precio de las gasolinas a partir de que asuma la presidencia de la República, el próximo 1 de diciembre, por la simple y sencilla razón de que muchos de ellos, los ahora diputados y senadores electos de Morena, Pt y Pes, estuvieron prometiendo a la gente que los precios de las gasolinas y el diésel sí bajarían en caso de ganar Andrés Manuel López Obrador.

En este caso particular de las gasolinas y el diesel, nunca quedó lo suficientemente claro qué ofrecía o prometía realmente López Obrador: si parar solamente los gasolinazos o si los bajaría.

Ahora, en esta semana llena de frenesí, el equipo de Amlo ha reiterado que sólo pararán los gasolinazos, pero los precios irán indexados a la inflación. Y que dichos precios comenzarán a bajar, sí, pero a partir del cuarto año de gobierno, cuando estuvieran echadas a andar las dos nuevas refinerías prometidas y también las seis refinerías existentes, cuya productividad fue mermada por Fox, Calderón y Peña con toda la mala leche que, de sobra, demostraron éstos tener.

Y algo más que debe López Obrador aclarar es si los gasolinazos quedarán congelados el 31 de noviembre próximo, y a como queden, porque es ominoso cómo, ahora que estamos llegando a mediados de julio, ya el precio de la Premium roza los 20 pesos con 40 centavos en tanto que la Magna y el diésel galopan muy cerca, entre los 19:45 y 19: 60.

Al paso que van los precios no sería difícil vaticinar que el 31 de noviembre estarían rozando los 22 o hasta los 23 pesos. Y si fuese así, ¿entonces quedaría allí el precio de los combustibles, como gente del PRI y PAN auguraban desde mediados de mayo que ocurriría pasando las elecciones?
Si ocurriera así, López Obrador debe saber desde ahora que sería una mentada de madre absoluta a la gente su parón de gasolinazos.

Este viernes 12, en Oaxaca, un grupo de campesinos organizados en torno de 20 organizaciones –según información publicada en el portal del semanario Proceso-, han exigido a Andrés Manuel López Obrador que “destituya anticipadamente” a Víctor Manuel Villalobos como secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) porque su perfil no es el de un hombre comprometido con la gente de a pie del campo, sino “un defensor del modelo neoliberal agroindustrial que ha degradado el medio ambiente”.

E incluso –de acuerdo con Pedro Matías, autor de la nota- dichas organizaciones “aglutinadas en Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca’ pidieron ‘congruencia’ al tabasqueño, así como el cumplimiento de los compromisos firmados en el Plan de Nación para el Campo”.

A Villalobos, desde los tiempos recientes de la campaña, le han tenido desconfianza en muchas partes del país, y es a él a quien diputados federales del PRI y PVEM lo han relacionado con Monsanto, adonde trabajó.

Y Monsanto no es cualquier cosa: es una empresa que en todo el mundo fue denunciada como la creadora de miles de productos agroquímicos que han contribuido a contaminaciones sin nombre. Y ha sido también promotora de modificaciones genéticas en las plantas inaceptables en muchos países, entre estos Estados Unidos, que han recalado en graves daños a la vida en sus cuatro manifestaciones: humana (cáncer en distintas modalidades), animal y vegetal; y el suelo y el subsuelo.

Un dato más de los campesinos oaxaqueños, según la nota de Proceso: “Villalobos también impulsó en 2004 la aprobación de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, denominada ley Monsanto. Y después de haberse dado a conocer su posible nombramiento declaró que los transgénicos ‘son una tecnología que va de salida, hoy hay tecnología de otra índole que está superando a los transgénicos”.

Y el apostille de los demandantes: “Lo que se necesita, es una política que apoye al campo y a los campesinos, fomente la agroecología, proteja y construya la soberanía alimentaria, fije precios justos para sus comunidades y no un modelo empresarial maquillado y dictado por los intereses del gran capital que quiere controlar el sistema agroalimentario mexicano y mundial”.

Otro asunto choca con la presidencia electa: el de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Ayer, un grupo de pobladores de San Salvador Atenco –el pueblo texcocano colindante con la construcción aquella- se plantaron a las fueras de la oficina de Amlo (donde hoy se reunirá con los gringos) para entregarle una carta en la que le hicieron un reproche: ¿por qué no se ha reunido con ellos, los pueblos originarios, para pedir opinión, y, en cambio, ya se ha reunido con los privilegiados de siempre, los empresarios, para hablar del destino del nuevo aeropuerto?
Los atenquenses pidieron ayer a Amlo que cancele las obras del NAIM, como prometió en campaña.
12 Julio 2018 04:00:00
Primeros trazos para el desjarretamiento del régimen
El equipo ganador de la Presidencia de la República 2018-2024 dio a conocer ayer la primera fotografía de lo que será su agenda legislativa en la 64 legislatura, cuyo comienzo será el 1 de septiembre próximo.

En voz del mismo Andrés Manuel López Obrador, ese equipo de alcances tan inéditos como históricos presentó una “primera lista” de 13 proyectos de reformas de ley, y cada una de estos ya provocó el efecto de un trueno.

Cuando las enumeraba el tabasqueño a los reporteros que lo cubrían, todas causaban expectación. Pero una, definitivamente, provocó hasta risas:
Cuando una reportera preguntó a Amlo si lo de la quita de la pensión a expresidentes iba a ir en los términos que él lo prometió durante la campaña, el virtual presidente electo respondió que sí. Y pormenorizaba que los expresidentes podrán solicitar su incorporación a las pensiones del ISSSTE, siempre y cuando puedan demostrar que tuvieron cotizando un mínimo de 15 años en el servicio público.

Y los que no, y tengan más de 66 años de edad, podrían solicitar su pensión universal, que de acuerdo con el ofrecimiento del mismo Amlo, a partir del 1 de diciembre próximo será de poco más de 1500 pesos mensuales.

Si esto que ha dicho López Obrador no es una broma, quienes se quedarán sin pensión alguna serán el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, que andará en los 55 años de edad, y Enrique Peña Nieto, que a punto está de cruzar el umbral de los 52 años y que también está a tiro de piedra de convertirse en expresidente.

En el caso de Vicente Fox es probable que no alcance ni el ISSSTE, porque su
actividad en el servicio público solo abarcó seis años de gobernador de Guanajuato y seis años de presidente de la República. Le faltaron tres. Y será, de acuerdo con los datos de López Obrador, uno de los que sólo puedan aspirar a la pensión universal conocida también como
“De 65 y más”.

A los que presumiblemente les van a sobrar años para poderse incorporar al Issste son el ya muy de edad avanzada Luis Echeverría Álvarez, quien antes de ser presidente –de 1970 a 1976-, fue seis años secretario de Gobernación en los tiempos de Gustavo Díaz Ordaz, y burócrata del nivel de dirección general en el sexenio de Adolfo López Mateos y Adolfo Ruiz Cortines.

Carlos Salinas de Gortari, de 72 años, también, como Echeverría, alcanzará las dos pensiones. Antes de robarse la presidencia de la República –de 1988 a 1994- fue seis años secretario de Programación y Presupuesto en el sexenio de Miguel de la Madrid. Y burócrata de la Secretaría de Programación cuando De la Madrid fue el secretario de Programación y Presupuesto en el sexenio de José
López Portillo.

Ernesto Zedillo Ponce de León –presidente de 1994 a 2000- fue secretario de Educación Pública en el sexenio de Salinas de Gortari y subsecretario de Programación y Presupuesto cuando el titular era Salinas, en los tiempos de De la Madrid.

Si López Obrador se sostiene, de quitarles toda la pensión a cada uno de los expresidentes, entonces no sólo éstos dejarán de percibir los poco más de 100 mil pesos mensuales que les deposita Hacienda en sus respectivas cuentas de nómina; también dejarán de recibir el apoyo dizque logístico de gente del Estado Mayor Presidencial que los ha acompañado toda la vida de expresidentes.

A partir de diciembre de 2018, los expresidentes ya no tendrán quiénes les boleen los zapatos o les laven el coche y les sirvan de choferes y, fundamentalmente, de guaruras, porque todos esos soldados miembros del Estado Mayor deberán incorporarse a los cuarteles de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Dejarán estos militares de ser “secretarios” de confianza de los expresidentes y ahora sí tendrán que levantarse entre las cinco y seis y media de la mañana –según el cuartel al que terminen asignados- para comenzar la rutina militar, que suele concluir a las seis de la tarde o a las nueve de la noche, según el cuartel y servicios y grados que tengan.

Ahora sí, para agrado sin duda de los soldados de la Sedena, dejará de haber un grupo de militares privilegiados, como consideran desde hace muchos años a los integrantes del Estado Mayor Presidencial.

Entre las trece propuestas de reformas anunciadas ayer por Andrés Manuel López Obrador, figura, precisamente, la de reformar la ley para que el Estado Mayor Presidencial desaparezca y sea absorbido por la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las trece iniciativas, como ya se dijo al principio, tendrán el efecto de un trueno. Pero hay una de contenido social superlativo: Prometió Amlo que se reformará el Artículo Tercero Constitucional para incluir la obligatoriedad de la educación en todos sus niveles de que se asuma “pública y gratuita”. Y dio, por primera vez, la noticia de que “se crearán cien universidades públicas” en todo el país, durante su sexenio. “Y todos los estudiantes de Preparatoria van a tener una beca mensual (de 2400 pesos”.

Y asegundaba: “Todos. Y les puedo decir que (también) van a tener becas 300 mil jóvenes de escasos recursos económicos que estudien en universidades”.

Al final dijo algo que escocerá, sin duda, en los territorios de los medios de información del país: Se promoverá desde su administración la discusión al interior del gremio periodístico sobre el trabajo de los periodistas y sus salarios.

Y apostillaba: “La información es conocimiento, es democracia, es el trabajo de ustedes y debe ser
reconocido”.
11 Julio 2018 04:00:00
¿Qué quieren los gringos de Andrés Manuel López Obrador?
El viernes próximo, en la oficina del virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se celebrará una reunión histórica entre el equipo del candidato presidencial de Morena y funcionarios del más alto nivel del Gobierno de los Estados Unidos.

A decir de López Obrador, este encuentro puede ser visto como un indicador de que Donald Trump quiere iniciar una nueva era en la relación entre México y Estados Unidos. Y agradecía el “tratado respetuoso” con que el presidente gringo se ha estado dirigiendo el equipo triunfador de los comicios presidenciales del pasado 1 de julio.

Y, en conferencia, Amlo apostillaba: “Vamos a esperar y agradecemos mucho el trato respetuoso que hemos recibido del Gobierno estadounidense. Estamos interesados en mantener una buena relación con el pueblo y Gobierno de Estados Unidos. Son nuestros vecinos. Nos unen muchas cosas. En lo económico, lo comercial, lo cultural, la frontera (3,180 kilómetros), en la historia. Queremos una relación de amistad, respeto mutuo y cooperación para el desarrollo”.

Todo comenzó con la llamada telefónica que AMLO recibió de Donald Trump, el lunes 2 de julio, un día después de la elección presidencial. Este encuentro será la continuación de aquella llamada, decía Marcelo Ebrard, futuro secretario de Relaciones Exteriores.

Por el lado del equipo mexicano -dijo López Obrador-, los temas a tratar serán los siguientes: Tratado de Libre Comercio, Seguridad, Migración y los programas de cooperación para el desarrollo que propuso el candidato triunfador desde la noche del día de su triunfo; programas económicos, de creación de empleos, con la sugerencia de que abarcasen territorio extranacional: Desde Panamá hasta el río Bravo, para frenar la migración.

Remachaba López Obrador: “Ustedes ya conocen nuestra postura: Pensamos que la mejor manera de enfrentar el problema migratorio y la inseguridad, la mejor manera de resolver estos asuntos, pasa por impulsar el desarrollo regional de México. El que haya trabajo, bienestar en nuestro país. Y agregaría, porque también es un tema que vamos a tratar: El incluir el desarrollo y bienestar de los países y de los pueblos de Centroamérica”.

Y subrayaba: “Tenemos que atender las causas que producen la migración. La gente se mueve, sale de sus lugares de origen por necesidad, no por gusto. Lo que queremos es que la migración sea opcional, que no sea por necesidad. Que no sea por falta de oportunidades de trabajo y de pobreza, y mucho menos por inseguridad y violencia. Ese es el enfoque de fondo que queremos dar a la relación con el Gobierno estadounidense. Y agradecemos mucho el que se entienda de esa manera y de que haya indicios, con la visita del secretario del Tesoro del Gobierno estadounidense, de que podemos llegar a un acuerdo para el desarrollo, la creación de empleos y el bienestar. Eso es lo que más nos importa y en lo que más
vamos a insistir”.

El encuentro anunciado, sin embargo, no deja de provocar zozobra en los territorios del Congreso de la Unión. Incluso cuando en este mismo encuentro con los medios de información, Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que todo lo informarán, que no habrá secretos.

Zozobra, porque vienen a hablar con los ganadores de la reciente contienda presidencial gente dura del gabinete estadounidense, como Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano.

Y junto con Este, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin; la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, y el yerno de Donald Trump y amigo íntimo de Luis Videgaray, Jared Kushner.

Nadie en el Congreso mexicano creería que es una visita de cortesía y de buenos vecinos ante la llegada a la Presidencia de la República de un gobierno supuestamente de izquierda -que en los hechos distaría de serlo, dados los nombramientos que hizo Amlo de su gabinete presidencial.

No lo han hecho explícito, ni los futuros visitantes ni los del equipo de López Obrador, pero los funcionarios estadounidense sin duda traerán en sus alforjas temas que son candentes para los mexicanos. ¿Qué posición va a sostener López Obrador ante la andanada de preguntas y exigencias que, sin duda, traerán los norteamericanos?

Si ya vendrá el secretario del Tesoro de la mano del halcón Pompeo, es de presumir que el tema de la reforma energética estará en la mesa del encuentro.

El petróleo y gas mexicano son tema de seguridad nacional para los Estados Unidos, y López Obrador ha prometido que revisará los contratos que se han firmado, y que los que estén viciados, con irregularidades, irán para atrás. ¿Se va a sostener el Peje ante la presencia de los halcones?
Migración, seguridad y comercio es una tríada generadora de grandes controversias entre los dos países.

Lo que para los estadounidenses la Seguridad es un asunto de seguridad nacional, para México es un asunto de soberanía nacional, tan lastimada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que ha permitido prácticamente todo de parte de los Estados Unidos.

Para el común de los mexicanos, la reforma energética fue algo así como una invasión estadounidense, similar a la de 1847; De hecho, esta determinación del sexenio de Peña cayó en el alma de los mexicanos como cuando un rayo desgaja el tronco de un árbol.

Por la reforma energética este régimen ahora capitaneado por el PRI y PAN es que los mexicanos votaron masivamente para que se fueran mucho muy lejos. Lo saben los gringos. Solo hay que esperar que esta visita no sea para echarle montón a AMLO y piense este muy bien lo que les va a contestar y cómo se va a comprometer.
10 Julio 2018 04:00:00
Mucho vértigo; mejor que se serenen
Treinta millones de mexicanos votaron por Andrés Manuel López Obrador con el inexcusable propósito de cambiar profunda y radicalmente el país. Así lo prometió el ahora el candidato presidencial triunfador. Así lo entendieron todos: Quienes lo apoyaron con sus votos y quienes se opusieron a que llegase al extremo de que muchos participaron en una guerra sucia en su contra, que no fructificó porque fueron tantos mexicanos los que votaron en su favor que esa candidatura, la del tabasqueño, se transfiguró en una barrancada que derribó y arrastró a cuantos se
le opusieron.

¿Y qué es un cambio profundo y verdadero, como reiteradamente lo prometió López Obrador?

A una semana del triunfo histórico de AMLO, ha comenzado a correr mucha agua bajo el puente. Es de vértigo la serie de sucesos que envuelven al candidato ganador de la contienda presidencial, y así como se ha seguido hablando de los cambios, así también han comenzado a escucharse voces -al interior del equipo que triunfó- en un sentido ambiguo hacia los cambios que prometieron.

Por eso conviene recordar a todo el mundo lo que prometió AMLO cuando hablaba de la necesidad de un cambio profundo y verdadero.

De entrada, Amlo prometió que contribuiría desde el Ejecutivo Federal para echar para atrás todas las reformas –estructurales, fueron apodadas por sus impulsadores- que aprobaron los diputados y senadores de la 62 y 63 Legislaturas subordinados a la Presidencia de Enrique
Peña Nieto.

Y, presumiblemente, cuando dijo esto, todos pensaron en que, llegando a la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión tendrá que trabajar para revertir la reforma laboral de octubre de 2012, que aprobaron el PRI, PAN, PVEM y Panal.

Por supuesto, también la reforma educativa en sus niveles constitucional y de leyes secundarias, que aprobaron PAN y PRI, junto con sus rémoras PVEM, Panal,
Mc y Prd.

Sin duda, la reforma que más daño ha estado causando a toda la gente es la energética, que aprobó el PRI, PAN, PVEM, MC y PANAL en agosto de 2014. Una reforma que la mayoría de los mexicanos que votaron por Andrés Manuel estarían esperando con furor sea echada para atrás.

De esa reforma –en realidad un conjunto de reformas, que fueron desde hacerle cambios al 27 constitucional a la creación de nuevas leyes, como la de hidrocarburos, pasando por una docena más de leyes modificadas para ponerlas a tono con la privatización del sector energético- barbotaron mandatos jurídicos inobjetablemente malditos para la vida de los mexicanos, como el alza sin nombre de las gasolinas y el diésel, y también de la energía
eléctrica.

Esta reforma energética no fue una reforma cualquiera. Es una reforma que ha provocado mucho sufrimiento a los mexicanos y que fue construida con engaños, mentiras y un cinismo superlativo de individuos como David Penchyna Grub, Emilio Gamboa Patrón y toda una cauda de infames que están ahora a punto de irse al basurero de la historia junto con su jefe máximo Enrique Peña Nieto.

Fue la reforma energética, de hecho, la reforma que cambió radicalmente, para mal, el rumbo del país. En el viraje de timón, quienes la prohijaron con Peña como timonero, prometieron que este barco llamado México se enfilaría por un mar descampado y promisorio hacia un puerto inédito, donde el crecimiento del país sería único. Como único sería el destino de los mexicanos a raíz de la reforma
de marras.

Sin embargo, la travesía del barco mexicano va para los cuatro años y no se avizora absolutamente el puerto que prometieron, sino un desfiladero, un farallón, y con los vientos alisios empujando, enfurecidos, contra el filo de
los cantiles.

Para el caso de la reforma energética, AMLO no prometió echarla para atrás pero sí revisar cada uno de los más de 120 contratos que el gobierno de Peña Nieto ya firmó con petroleras transnacionales. Y en el caso de que encuentren abusos, ilegalidades y aún inmoralidades de quienes firmaron, entonces se cancelarán, y dijo que estará dispuesto a enfrentar juicios aún en paneles internacionales.

Hay, sin embargo, un asunto muy sensible, que debió haber aclarado al detalle desde las campañas: El precio de las gasolinas y el diésel. Mucha gente que votó por el votó suponiendo que tan pronto asuma la Presidencia de la República, el 1 de diciembre próximo, el precio de las gasolinas
bajarían.

En realidad no bajarán, según ha dicho el mismo López Obrador y el burócrata que piensa colocar en la titularidad de Hacienda, Carlos Urzúa. Sí, en cambio, se detendrá el corrimiento al alza de los precios de los combustibles y, en tres años, o para ser más precisos, al comienzo del cuarto año entonces sí bajarán los precios, una vez que estén echadas a caminar las seis refinerías que se habrán de remodelar, y las dos más que prometió serán construidas, en Campeche y Tabasco. Y, promesa mayor, entonces dejará de importarse toda la gasolina que ahora se trae de refinerías de los
Estados Unidos.

En el caso de la reforma educativa, AMLO reiteró que será cancelada. Pues ahora, a una semana del triunfo, ya el que anunció como su próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán –secretario de Gobernación en los tiempos de Zedillo y, más recientemente, empleado de la televisora Tv Azteca- acaba de declarar que se irá a consulta pública para discernir qué se desecha y qué no.

Sería bueno que Amlo se serene y haga ajustes de posicionamientos del gabinete virtual, porque han comenzado a encender focos que no tendrían por qué encenderse.
07 Julio 2018 04:00:00
¿Está obligado un legislador en ser experto en derecho parlamentario?
A partir de los resultados de la elección presidencial, el Congreso mexicano ha adquirido un protagonismo inédito por, cuando menos, dos razones: Uno: la gran mayoría de sus legisladores no estarán identificados con la clase política tradicional. Y dos: A partir de septiembre próximo, cuando sea instalada la 64 Legislatura, deberá legislar leyes que definitivamente confrontarán al actual estado jurídico del país, si se considera el hecho de que serán mayoría en ambas cámaras los partidos políticos que ganaron la Presidencia de la República.

En los inicios de cada Legislatura, el recuento siguiente suele ser común: de los 500 que conforman el Pleno de la Cámara de Diputados, hay un promedio de 70 legisladores con chapa de muy experimentados, que por lo regular provienen de las listas de los partidos políticos para la selección de los plurinominales.

El resto suelen ser diputados que o bien lo son por primera vez o, también, provienen con experiencias en los Congresos locales. La mayoría de legisladores, en anteriores legislaturas, fueron identificados como integrantes de la clase política tradicional.

Ahora no será así. De aquellos 310 que conformarán la nueva mayoría –claro, si el Morena, PT y PES transfiguran su coalición electoral en coalición legislativa- ayer se calculaba en San Lázaro que cuando menos el 90 por ciento no ha tenido nunca que ver con puestos políticos.

Son gente del pueblo, absolutamente, de quienes algunos medios de información televisivos y de prensa cuestionan y presumen que de política y asuntos parlamentarios nada saben; y lo han comenzado a decir con tono irónico, como si la ignorancia en el tema legislativo fuese un impedimento para convertirse en un diputado o un senador.

Cualesquiera persona con la nacionalidad mexicana tiene el derecho de aspirar a ser un representante de la nación, sepa o no sobre los mecanismos del Poder Legislativo. Lo único que, por antonomasia, se le pide a toda esa gente que ahora representará al país, no es propiamente licenciaturas o maestrías o doctorados en el tema del derecho parlamentario.

No; lo que la gente les estaría pidiendo, sino es que exigiendo, es que se comporten con honestidad y aprendan pronto a conducirse como verdaderos representantes de la nación.

Un representante de la nación debe tener muy en claro que a la hora de la toma de decisiones tiene que actuar pensando en el beneficio de la mayoría de la población, y en beneficio por supuesto de las minorías sociales.

Para desgracia de la República, en todos estos años en que el PRI y el PAN detentaron las mayorías en el Congreso, la mayoría de los legisladores se erigían en peones de sus propios partidos políticos. Y estos, a su vez, en instrumentos de minorías económicas y políticas muy poderosas.

Así votaron priístas, panistas y pvemistas la reforma energética y muchas otras que sumieron al país en una gran crisis política y económica, como la del
Fobaproa, reforma laboral, educativa y la Ley de Seguridad Interior.

Desde la primera toma de decisiones colectiva en las Cámaras (las votaciones), el PRI y PAN conseguían que sus diputados se envilecieran, aún cuando había entre ellos individualidades que llegaban con la intención decidir para el beneficio de la gente de a pie.

Pero la mayoría de legisladores se envilecía demasiado pronto, con justificación de que perteneciendo a un partido tenían que disciplinarse. Y era cuando votaban lo que les pusieran enfrente, a pesar de que algunos, en corto, reclamaban airadamente a sus líderes.

Los partidos políticos han utilizado a los plurinominales para meter al Congreso a los capataces de los grupos parlamentarios. Es la generalidad que diputados y senadores que van a fungir como coordinadores, vicecoordinadores o presidentes de comisión, lleguen por la vía plurinominal.

En torno de esta costumbre añosa del Congreso surgirá un debate los próximos días, cuando se conozca, con precisión, quiénes conformarán la 64 Legislatura. Y la gran pregunta consistirá en cómo se va a conducir el grupo Morena. ¿Lo hará tan verticalmente como lo hicieron todos estos años sus ahora contrincantes o intentará una nueva forma de conducción política, más horizontal, en la que prevalezca el convencimiento y la razón?

Ciertamente, Morena tiene en el horizonte inmediato la obligación histórica de erigirse en contrapeso de estos 37 años de política neoliberal que azotó a México hasta el grado de su casi devastación –y para ello la gente le ha otorgado una mayoría legislativa histórica-, pero deberá estudiar una nueva relación política entre sus diputados, alejada de la verticalidad que siempre tuvo como sello el presidencialismo priísta.

A partir de esa nueva relación –si es que la hay- entonces el nuevo grupo en el poder deberá comenzar a construir el camino de reformas que la gente ha esperado durante años. Un camino definitivamente contrario al que apisonaron durante casi cuatro décadas los partidos que asumieron la política aquella –la del neoliberalismo-, que prohijó en 1974 Margaret Thatcher en Inglaterra y que propulsó Ronald Reagan hacia todo el mundo. A México se la impusieron a partir de 1982.

Claro, si es que los de Morena no quieren darle la razón a críticos suyos como el EZLN, que ha afirmado anteayer que nada cambiará con AMLO en la presidencia de la República. Y que con el triunfo del tabasqueño en realidad sólo ha cambiado el capataz, “pero el finquero sigue siendo el mismo…”
Veremos.

ESTRIBO
El Congreso de la Unión deberá detallar el papel que jugará en la discusión sobre la Ley de Amnistía, convocada por López Obrador.
06 Julio 2018 04:00:00
Ley de Seguridad Interior, primer danzón para la nueva mayoría legislativa
La certeza de que en la próxima legislatura los partidos políticos que impulsaron a Andrés Manuel López Obrador conseguirán las mayorías absolutas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, ya levantó tanta expectación por la 64 Legislatura como levantaría polvareda una gran caballada en el terraplén.

No hay duda alguna de que Morena, PT y PES, juntos, rebasarán, por mucho, en ambas cámaras los mínimos de votación para reformar leyes secundarias y todas las leyes que tengan que ver con los presupuestos de ingresos y egresos. Y están muy cerca de alcanzar los dos tercios de votación requeridos para poder hacer reformas a la Constitución.

Ayer, gente de la sociedad civil expresó su felicidad por la posibilidad enorme de que, entrando la 64, el 1 de septiembre próximo, comience esa nueva mayoría legislativa a desmontar leyes terriblemente infames que prohijaron Enrique Peña Nieto junto con el PRI, PVEM, Panal, PAN y PRD, como aquella que aprobaron en diciembre reciente, de la Ley de Seguridad Interior.

El colectivo Seguridad Sin Guerra se congratulaba ayer del “ánimo de reconciliación y pacificación del país”. Y sostenía que esto pasa rigurosamente por la abrogación de la Ley de Seguridad Interior.

La mayoría cantada en el Congreso -de Morena, Pt y Pes- insufló ánimos muy en alto, para organizaciones sociales y, muy presumiblemente para los 30 millones de personas que votaron por el tabasqueño. Está el gobierno virtual de Andrés Manuel López Obrador ante el umbral de un cambio de 180 grados en cuanto al sentido de las leyes.

Amlo prometió que cambiaría el régimen. Y un cambio de régimen implica, forzosamente, pasar primero por la demolición de las columnas del derecho positivo mexicano que construyeron –a punta de mayoriteos y mentadas de madre del pueblo de México- durante los 37 años de régimen neoliberal, los gobiernos emanados del PRI y PAN.

La ley más reciente de todo ese conjunto de normas ominosas y contrarias al pueblo de México fue esta, que aprobaron el pasado 8 de diciembre.

La Ley de Seguridad Interior formó parte de la estrategia del PRI y Peña Nieto para hacerse de la presidencia de la república en un caso extremo (reprimiendo a la población), que no lograron por una sola razón: La votación fue históricamente apabullante.

Como una barrancada que arrastra palos y piedras; una enorme y turbulenta avenida de agua que se llevó al PRI, al PAN y al mismo Peña Nieto al basurero de la historia. Incluso cuando ahora a Peña hay quienes lo consideran un demócrata por la aceptación de los resultados de la elección presidencial.

Manuel Bartlett Díaz, senador del Pt-Morena, así se planteó su posicionamiento, este miércoles en la Comisión Permanente. Y por ahí, por ese sendero, se fueron también los otros oradores.

He aquí la continuación de los comentarios en el Congreso, sobre la elección presidencial:

Jesús Zambrano, diputado del PRD –uno de los artífices del Pacto por México-, dijo en la tribuna: “No permitiremos regresiones en este México plural y de la tolerancia y de que se instale un clima de intolerancia con el que se amenaza y existe de hecho en un ambiente de crispación social en las redes sociales, porque quien hoy llama a la reconciliación nacional, a la calma, a la tranquilidad es el mismo que durante toda la campaña lo estuvo sembrando y cultivando, descalificando, denostando a todos los que no pensaran igual que él”.

El cínico sujeto añadió: “Estaremos desde luego nosotros exigiendo y trabajando por una democratización a fondo del poder público para que todo lo que está pendiente en materia de gobierno de coalición se legisle, trabajando en contra de la desigualdad y para mejorar desde luego el poder de capacidad de mejora de ingreso de la gente, defensa y ampliación de las libertades individuales y los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual, que de ninguna manera pueden ni debe imponerse a someterse a plebiscito o a referéndum ni nada de eso como lo ha planteado el hoy candidato ganador”.

El PAN en voz del senador Héctor Larios Córdova, dijo: “Lo primero que quiero resaltar, precisamente, es un resultado absolutamente histórico, fruto de muchísimos factores, había que reconocer y felicitar a Andrés Manuel López Obrador por su tenacidad, por su constancia, que sin duda son elementos que han contribuido a este resultado.

“Pero es un resultado en una democracia absolutamente atípica, en términos llanos y como lo decía algún titular, ganaron todo, mayoría, ganaron la Presidencia con un resultado electoral de más de la mitad de los votos emitidos, la mayoría en ambas cámaras, la mayoría en los congresos locales, en algunos estado se llevaron prácticamente todo, y digo que es atípico porque las democracias a medida que maduran, suele, el electorado distribuir el poder y mantener equilibrios.

“Y este es un dato que resulta de la voluntad ciudadana y que tampoco se puede cuestionar, pero que hay que anotar”.

Entonces el PRI cerraba los posicionamientos en voz de Enrique Burgos García, senador priísta y ex gobernador de Querétaro: “Sin duda, los mexicanos dimos todos una muestra de madurez y sobre todo de institucionalidad ante la decisión de la mayoría, así es la democracia.

“En esta se gana y se pierde, lo esencial es el respeto a la voluntad de los ciudadanos, a la voluntad del pueblo. Así lo acreditó con grandeza un gran mexicano, como lo es José Antonio Meade Kuribreña”…

Lamía el priísmo las heridas después de la súper madriza aquella.
05 Julio 2018 04:00:00
Bartlett afirma que Peña, Meade y Anaya actuaron como demócratas
El triunfo de Andrés Manuel López Obrador fue ayer objeto de comentarios en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Todos –priístas, pvemistas, panistas y los demás- lo felicitaban y reconocían que comienza una era promisoria para los mexicanos.

De hecho, cambió en todos el tono de los discursos y hubo incluso de recalcitrantes opositores del sexenio que extendían reconocimientos inéditos para Enrique Peña Nieto.

El que más llamó la atención fue, sin duda, Manuel Bartlett Díaz, senador del Pt-Morena, quien dijo: “Con encuestas de salida, que adelantaban los resultados a las 20:08, José Antonio Meade, candidato del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza reconoció con dignidad cívica el triunfo de Andrés Manuel López Obrador.

“A las 20:39 horas Ricardo Anaya, con la misma actitud democrática, reconoció el triunfo de López Obrador y lo felicitó y le deseó el mayor de los éxitos por el bien de México.

“A las 23:00 horas el presidente del INE, Lorenzo Córdova, dio el resultado del conteo rápido, los rangos estimados para la votación presidencial queda López Obrador de la Coalición Juntos Haremos Historia entre el 53 % y el 53.8 de la votación.

“De inmediato el presidente Enrique Peña Nieto dijo: ‘De confirmarse este resultado, López Obrador se convertirá en Presidente de la República. Hace unos momentos me comuniqué con el ganador de la elección presidencial para expresarle mi felicitación”.

“A continuación Andrés Manuel López Obrador dio sendos discursos en el hotel de La Alameda y en el Zócalo. Allí en estos dos discursos recuperó su agenda y reconoció con el mismo espíritu cívico de los dos candidatos que he mencionado, reconoció la civilidad, buscó con toda claridad la reconciliación y convocó a la unidad nacional.

“Tomaré solo algunos de los principios que han orientado su gobierno y que es su campaña y que es importante hacerlo en el Senado de la República:
“1.- El problema central de México es la corrupción, que es la causa principal de la desigualdad económica y social de la violencia y de otros males. Por eso nos empeñaremos en acabar con ella.

“2.- Nuestro país requiere una revolución de las conciencias, lo que implica construir una voluntad colectiva transformadora, se requiere un enorme trabajo educativo en común y predicar con el ejemplo de los gobernantes, exige temple con visiones y perseverancia.

“3.- Apostamos por la vía pacífica y electoral para realizar los cambios que nuestro país busca, entendemos que sólo el pueblo puede salvar al pueblo y que solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación.

“4.- Las instituciones deben de estar al servicio de todos, no deben estar secuestradas por un pequeño grupo que las emplee para mantener beneficios y privilegios.

La igualdad social y económica de todos es nuestro objetivo.

“5.- La modernidad nacional se forja desde abajo y para todos, con el concurso de las distintas generaciones profesiones, clases sociales, con las mujeres y con los hombres.

“6.- La Lucha de Morena viene de lejos, de una historia de oposición y resistencia a la injusticia social.

“7.- La cuarta transformación que pide Morena será pacífica y ordenada, será radical, porque quiere arrancar de raíz el régimen de injusticias y de privilegio.

“8.- Habrá un auténtico Estado de derecho, bajo la premisa liberal de que al margen de la ley nada por encima de la ley de nadie.

Se respetará el principio de visión de poderes y el federalismo.

“9.- Queremos una auténtica democracia sin influyentismos, ni negocios ilegales al amparo del poder público.

“10.- Habrá austeridad republicana para financiar el desarrollo del país.

“11.- La política de seguridad no violará los derechos humanos y será definida por los familiares de las víctimas, por personalidades y organizaciones internacionales y nacionales de defensa de los derechos humanos o representantes de la ONU y especialistas.

“12.- En México, se requiere de un consenso ético para la convivencia, que no es un instrumento de intromisión del Estado, de la vida privada de las personas, sino que debe ser expresión de los valores fundamentales que nos hermanan como mexicanos.

“13.- La globalidad no debe entrañar una guerra ni hegemonía, sino fraternidad y cooperación entre los pueblos.

“Con Estados Unidos, dijo, mantendremos relaciones de respeto, porque no queremos que nadie ofenda al pueblo de México y a la nación.

“México es un país libre y soberano, se volverán a aplicar los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias.

“… Esos son los principios que estos millones de mexicanos y mexicanas consideraron para hacer a Andrés Manuel, Presidente de la República.

“Andrés Manuel López Obrador es un hombre honesto, es un hombre comprometido y estamos seguros que cumplirá con estos planteamientos que ha hecho a la nación mexicana.

Subrayo la actitud cívica de los candidatos expresada en unas cuantas horas el día de la elección, muy valiosa.

“Subrayo también la actitud del Presidente, que Andrés Manuel ha reconocido, pero que están planteando los elementos fundamentales para que haya esa unidad nacional, esa búsqueda de la justicia social, la lucha contra la corrupción que tanto reclama el pueblo de México.

“Reconozco en este Senado la pluralidad y la posibilidad que se tuvo durante seis años y en la Cámara de Diputados de expresar estos principios en la minoría que ahora se expresarán en la mayoría”.

Sorprendente posicionamiento de Manuel Bartlett. A tono, sin embargo, con la sorprendente salida de Peña Nieto, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, reconociendo el triunfo de López Obrador. (Continuará)
04 Julio 2018 04:00:00
Los primeros trazos de un presupuesto de egresos inédito
Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, hizo ayer los primeros trazos del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 2019, cuando reiteró que este “va a reflejar el programa que se propuso durante la campaña”.

Reunión histórica en el mejor sitio histórico del país: Palacio Nacional.

Aunque todavía no está considerado oficialmente Amlo como el Presidente Electo, el trato que le han dado dentro y fuera del país es ese, precisamente.

En lo que puede calificarse como el adelanto de las partes más sensibles socialmente del próximo presupuesto de egresos, López Obrador dijo:
“Viene –para su aplicación a partir del 1 de diciembre próximo- el aumento a la pensión a los adultos mayores; el apoyo a los jóvenes, para garantizarles el derecho al estudio y al trabajo.

“El ajuste que se hará de los sueldos de los altos funcionarios públicos, empezando con el sueldo del presidente de la República. Yo ganaré menos de la mitad de lo que gana el presidente Enrique Peña Nieto; sin compensaciones”.
Este tema del presupuesto, dijo el tabasqueño, fue uno de los que conversaron López Obrador y Peña Nieto, en su reunión de este martes 3 de julio, en Palacio Nacional.

Y el mecanismo no es otro que el siguiente: Debe ser incluido en el paquete fiscal que el presidente Peña Nieto deberá entregar al Congreso de la Unión, el próximo 6 de septiembre, fecha fijada para la recepción, por parte de la Cámara de Diputados, de los proyectos presidenciales de Supuestos Macroeconómicos (Criterios Generales de Política Económica), Leyes de los Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019.

De hecho, en la víspera de esta reunión entre presidente y candidato triunfador, el economista Carlos Urzúa -quien fungirá como el secretario de Hacienda y Crédito Público en la administración de Amlo a partir del 1 de diciembre venidero- ha dicho que ellos, los entrantes, van a tener prácticamente toda la revisión y planteamiento de los tres capítulos del paquete fiscal, puesto que serán ellos los que lo van a poner en ejercicio.

En este mes de julio, el tema del Congreso no será otro que el paquete fiscal 2019. Pero primero los 500 candidatos que se hicieron de las diputaciones de la próxima 64 Legislatura deberán recibir sus constancias de diputados electos.

Después, allá por la segunda mitad de agosto deberán presentarse ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados para que les entreguen los espacios físicos correspondientes (oficinas, muebles y personal adscrito).

Sin embargo, los diputados entrantes que vayan a ser integrantes de las comisiones de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, comenzarán a apersonarse en San Lázaro desde fines de julio, para sus primeras reuniones dentro y fuera de San Lázaro.

Se comenzarán a reunir con gente de las organizaciones sociales, que, anticipadamente, andan en pos de partidas presupuestales. Y es de presumir que también, anticipadamente, vayan a tener que reunirse con cabilderos de algunas subsectores económicos, como los de la industria refresquera y tabacalera, para consultar si ellos también entrarían en el amplísimo grupo de sectores de la economía que no serán objeto de nuevos impuestos, según lo prometió López Obrador.

Entre tanto, según lo ha anunciado Urzúa, las reuniones entre gente de las secretarías de Hacienda saliente y la entrante estarán reuniéndose desde estos días, para construir los proyectos del paquete fiscal.

Entre los Supuestos macroeconómicos (precio internacional del barril de petróleo mexicano, para fines de presupuestación; tipo de cambio, inflación, crecimiento, déficit, tasa de interés), provocará expectación desde el principio el déficit.

Un déficit que, se prevé, será del Cero por ciento, de acuerdo con lo prometido por López Obrador, en el sentido de que no endeudará al país.

Pero esto se corroborará el 6 de septiembre, cuando la Secretaría de Hacienda vaya a entregar a la Cámara de Diputados los tres capítulos de marras del paquete fiscal 2019.

Claro que ese dato del déficit –respecto de si vendrá en cero o no- se esperará con curiosidad, luego de que los contrincantes políticos de López Obrador le preguntaban en campaña, reiteradamente, de dónde sacará el dinero para los programas sociales que prometió.

Nunca, en la historia de México, se ha aprobado un presupuesto con programas sociales tan cargados de expectación, como lo estará el que a partir de esta misma semana estarían construyendo los economistas que se han empezado a incorporar al equipo de Carlos Urzúa.

La presidencia de Andrés Manuel López Obrador no va a tener absolutamente ningún problema para que el Congreso le autorice los tres capítulos presupuestales 2019.

En la Cámara de Diputados, Morena, PT y PES obtuvieron más de 300 diputaciones federales (hoy el INE precisará cuántas curules tendrán cada partido político), cuando para aprobar los presupuestos sólo necesitan 251.

Y en la Cámara de Senadores, también auguran que rebasarán los 64 escaños requeridos para poder aprobar aquellas leyes fiscales de cada año.

Pero así como van las cosas, en aparente total armonía, no será difícil que diputados y senadores de los otros partidos políticos también se sumen a la votación aprobatoria de los presupuestos inéditos de Andrés Manuel López Obrador.

ESTRIBO
No lo dijo Amlo ayer, en la rueda de prensa en Palacio Nacional, pero otro gran tema que deberá incluir en este paquete presupuestal, será la quita de la partida de más de 250 millones de pesos destinada a las pensiones de expresidentes de la República y viudas de expresidentes.
Digo, por si se le olvida. Veremos.
03 Julio 2018 04:00:00
PRI y PAN, con la estocada adentro, quedaron para el arrastre
La coalición Juntos Haremos Historia, ganadora de la presidencia de la República, rebasará holgadamente la mitad más uno en las dos cámaras del Congreso de la Unión, con la que podrán hacer reformas a leyes secundarias y podrán también aprobar los presupuestos anuales de los Ingresos y los Egresos sin que tengan que negociar con ningún otro partido político.

Pero también estarían muy cerca de alcanzar la mayoría calificada; la de los dos tercios, equivalente a 334 votos en la Cámara de Diputados y 96 en la Cámara de Senadores. En este caso Amlo sí tendría que negociar. Y, para ello, tendría una gran oferta de diputados y senadores, de lo que ha quedado del mismo PRI, o del PRD o del MC. O incluso del PAN y el PANAL.

En resumidas cuentas, si quisiera el nuevo régimen, que inaugurará Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre próximo, no estaría muy lejos de conseguir reformas constitucionales de cualesquier tipo.

A reserva de que el INE fije los números definitivos de curules y escaños (curules, para el caso de los diputados, y escaños para el caso de los senadores), las tendencias registradas en las encuestas de salida de Mitofsky, publicadas por Televisa, son las siguientes:

La coalición que alcanzó la presidencia de la República podría alcanzar un mínimo de 256 diputados federales y un máximo de 291, según la encuestadora de marras. Y, en la Cámara de Senadores, un mínimo de 56 escaños y un máximo de 70.
Recuérdese que la mayoría de la mitad más uno –también denominada “mayoría absoluta”- en la Cámara de Diputados es de 250 curules más una: 251. Y en el Senado, la mitad más uno son 64 escaños más uno: 65.

Si acaso, un poco forzada la situación, sería en el Senado, adonde eventualmente tendrían que buscar senadores de algún otro partido para asegurar la mayoría absoluta en caso de no alcanzar los 65 mínimos para aprobación de leyes secundarias o para la autorización de las leyes de los ingresos anuales.

Con estas aproximaciones, ¿cuántos diputados y senadores necesitarían Morena y compañía para alcanzar una votación colegiada, de dos tercios más uno, para reformas constitucionales? No estarían muy lejos ni de los 334 votos de los dos tercios exigidos en San Lázaro, ni, tampoco, de los 96 escaños requeridos para tal efecto en el Senado.

Recuérdese otra vez que el pleno camaral de los diputados es de 500 integrantes y el de los senadores es de 128.

Mañana, miércoles, el INE deberá informar sobre los números exactos de diputaciones y senadurías a cada partido político.

De repente, a la sorpresa mayúscula de que Morena se ha constituido en la mayor fuerza representativa del Congreso, se le añaden otras sorpresas en el corto plazo, como, verbigracia, las que suelen ocurrir en cada comienzo de legislatura, cuando diputados y senadores de otros partidos políticos renuncian a sus institutos políticos para sumarse a las bancadas del partido triunfador de la elección de la presidencia de la República.

Es muy probable que algunos de los diputados y senadores que conformarán las bancadas opositoras comiencen a sentirse “huérfanos”, y traten de “colarse” a las bancadas de los partidos que colocaron presidente de la República y que capitanearán el nuevo régimen.

Veamos la misma aproximación de Mitofsky respecto de cómo quedarían las bancadas de los nuevos opositores: PRI, entre 37 y 47 diputaciones federales, y entre ocho y 14 senadurías.

PAN: entre 63 y 76 diputados, y entre 23 y 29 senadores; PRD: entre 33 y 43 curules, y entre ocho y 11 escaños; MC: entre 27 y 37 diputados, y entre cuatro y ocho escaños.

Los más jodidos serán el Pvem y Panal. El Pvem: entre 19 y 26 diputaciones federales, y entre dos y seis senadurías. Y el Panal: Entre 14 y 19 curules, y entre uno y seis escaños.

Estas bancadas de los otrora partidos en el poder quedaron para el arrastre. Muy por debajo de sus cifras históricas, de más de 170 y hasta 225 curules, como fue el caso del PRI y PAN en los últimos tres sexenios.

A reserva de que la última palabra la dé el INE, le encuestadora de marras ha calculado en su encuesta de salida hecha el pasado domingo al pie de las urnas, que Morena va a obtener entre 127 y 142 curules, y entre 48 y 54 escaños.

En tanto, el PT, solito, podría alcanzar entre los 64 y 75 diputaciones, y entre tres y siete senadurías. Y el Pes, entre 65 y 74 diputaciones, y entre cinco y nueve senadurías.

PT y PES andan prácticamente en empate técnico con el PRI y PAN en cuanto a número de curules y escaños.

Nunca, en la historia nacional, un partido en el poder había quedado tan vapuleado como quedó el PRI ahora, y también su aliado histórico –Acción Nacional- en todo este régimen que inauguró en 1982 el grupo político priísta liderado entonces por Miguel de la Madrid y su entonces joven s

La Megamadriza que les dio Andrés Manuel López Obrador no tiene parangón. Ayer, en los territorios del Congreso de la Unión, voces surgidas del mismo PRI advertían que, ahora sí, el partido como tal corre el grave riesgo de su extinción.

La muerte del PRI comenzará con el desgajamiento de sus bancadas, en busca de acomodo en alguna de las bancadas triunfadoras en este proceso electoral que aún no
concluye.
30 Junio 2018 04:00:00
Llegó la hora de llamarlos a cuentas
Mañana, 1 de julio, será la oportunidad de oro de todos los mexicanos para expresar al grupo político que ostenta la Presidencia de la República su aprecio o su desprecio. Su reconocimiento o su reclamo.

Y –dada la condición de nuestro sistema de gobierno presidencialista y dadas las coyunturas históricas- no existirá otra oportunidad como esta, de mañana domingo, sino hasta dentro de seis o muchos más años.

Pase lo que pase, Hagan lo que hagan, los que lleguen, los mexicanos no podrán corregir absolutamente nada. Este será el único momento que tendrá cada ciudadano -rico o jodido, muy rico o muy jodido- de hacerse sentir políticamente sobre el rumbo de México.

Como ya se ha dicho en este espacio, el voto es la única manera que tiene el mexicano para participar realmente en la vida nacional sobre todo en las elecciones para presidente de México.

Nuestro sistema político, desde que lo ideó y forjó el PRI, está convertido en un costal de mañas, laberintos y recodos, por donde casi siempre anda perdido el mexicano de a pie. Y decir mexicano de a pie es aludir a la inmensa mayoría de la población. La que para sobrevivir tiene que echar mano de esfuerzos a veces sobrehumanos. La que no consigue trabajo fácilmente. La que gana apenas para malcomer, o la que queda muchas veces muy lejos de lo suficiente.

Más de 55 millones de mexicanos, considerados en el casillero de la pobreza extrema, no tienen en este momento ni siquiera 10 pesos para comer hoy, y esto gracias a las políticas desventuradas que fueron impuestas en México desde 1982 a la fecha.

Una acusación opositora no desmentida durante todos estos años ha sido la afirmación de que la clase política que ha gobernado tuvo desde hace varios sexenios como estrategia electoral, incrementar el número de pobres en el país, para que se pudiera más fácilmente manipularlos mediante el patrimonialismo o, ahora más recientemente, a través de la compra del voto, que está desatado con furor en estos precisos momentos para dañar a “ya saben quién”, evitando a toda costa que llegue a la Presidencia de la República.

Si un jefe o jefa de familia no tiene más de 10 o 20 pesos para comer hoy, suponen los infames que andan comprando el voto que será más fácil que les agarre 500 pesos a cambio de comprometer el sufragio o hasta de prestar la credencial de elector.

En estas circunstancias cargadas de maldad estriban las expectativas de quienes andan comprando votos.

Obviamente estos mapaches no dicen, a quienes venden el voto, que a cambio de esos 500 pesos es muy presumible que todo un sexenio vayan a ser objeto de grandes despojos, como de hecho sucedió ahora en el sexenio peñista, que ya privatizó el petróleo, que ya privatizó el agua, que…

Sin embargo, llegó la hora de llamarlos a cuentas.  

Esta es la hora en que todos los mexicanos deben hacer un recuento de la vida que les impusieron vivir en los últimos años. Y una proyección de lo que les espera si esto continúa bajo el mismo rumbo.

En esta llamada a las cuentas, no necesariamente tendría que irles mal a quienes tienen el manejo de la Presidencia de la República, o sea el timón con que se conduce a este navío gigantesco que es México.

Puede que haya gente que piense que el gobierno de Peña hizo muy bien en prohijar una reforma constitucional para privatizar el petróleo, gas y electricidad. Seguramente estas personas votarán por el partido actualmente en el poder.

Por ahí anda un video de una persona que tiene en la gorra el emblema del partido en el poder, y afirma que estuvo muy bien la reforma energética, porque con esto subieron los precios de las gasolinas para “el beneficio de la mayoría de los mexicanos”.

¿Y cómo es que se benefician? Con la gasolina más cara, ahora toda la gente tendrá que caminar más, y combatirá así a la diabetes y la obesidad…  

Como se ve, lectora, lector, hay personas contentas con el gobierno y con su partido. Esa misma persona afirma que la gente “no sabe utilizar las tortillas, porque mucha gente sigue poniéndole dos tortillas al taco, cuando sería mejor comerse una nada más; así, habría menos obesos”…

No es broma ni ganas de incomodar a nadie. Este video existe en youtube. Hay la intencionalidad, al parecer, de dar a entender que no toda la gente estaría enfadada; al contrario, hay gente que le ve beneficios al alza de las gasolinas y de las tortillas. Pasando las elecciones, ha dicho el mequetrefe ese, subirán de 14 a 16 pesos el kilo, e invita a que lo asuman de manera positiva: “Ahora comerán medio kilo de tortillas, en lugar de uno, y subirán menos de peso”…

Contrario a lo que cree mucha gente –sobre todo los que venden sus votos-, en nuestro sistema presidencialista el voto es tan poderoso que ha otorgado un poder casi absoluto a los presidentes de la República. Hacen lo que quieren los presidentes, y tienen tanto poder que bien podrían ser unos auténticos traidores a la Patria como Peña Nieto y no hay modo de reclamarles, porque bajo sus tompiates tienen a todas las instituciones, incluido al ejército.

El que venda su voto, acaso no lo sabe pero, literalmente, estarán vendiendo el futuro de sus hijas o hijos a un grupo de bandidos que han demostrado demasiada voracidad y no tener compasión nunca de nadie.
29 Junio 2018 04:00:00
El frenesí por el envilecimiento del voto (y del ser humano)
Si los cálculos le salen bien al PRI y al PAN, entonces el domingo serán comprados unos cinco millones de votos, que se estarían repartiendo los candidatos presidenciales de aquellos dos partidos políticos… Aunque el primero, al parecer, ya anda pagando en efectivo, en tanto que el segundo anda pidiéndolos fiado.

Eso sí, para este negocio, tanto el PRI como el PAN han tenido que echar mano exactamente del mismo común denominador: el cinismo y la desvergüenza, macerado en el amargo caldo de la desesperación más absoluta.

Pero, ¿quiénes son los potenciales clientes o destinatarios del dinero en efectivo del PRI y del dinero prometido del PAN? En esto están, buscándolos con frenesí, en estos precisos instantes de los tres días de víspera de la elección presidencial del domingo 1 de julio.

Sin lugar a dudas, la gente que ahora es perseguida por sujetos con antifaz de mapaches y con el pecho congestionado por la cólera, tiene como sello en la frente la pobreza económica; el sector poblacional, por cierto, que más creció en los tiempos recientes del PRI y PAN en la presidencia de la República.

Esos son, ni más ni menos, los principales destinatarios de la oferta de la compra del voto. Destinatarios doblemente envilecidos y humillados: Uno, por el hecho mismo de ser comprados, como si fueran un objeto, una cosa. Y otro, por el hecho de comprarlos según los miren.

Según el sapo es la pedrada, parecen estar planteándose los mapaches de la compra del voto, porque a unos les dan 500 pesos; a otros 600; a otros, 1000. Y en entidades como el estado de México, de donde es oriundo Enrique Peña Nieto, presidente de la República, hay mapaches que han sido capaces de ofrecer 2,000, o 3,000. O hasta 5,000 pesotes.

Hay que ser justos: no sólo el PRI y PAN andan en la busca frenética de votos, sino también el PRD, como ocurre en Iztapalapa y Nezahualcóyotl, las dos grandes goteras de la Ciudad de México adonde el perredismo anidó de tal modo que virtualmente secuestró sectores importantes de la ciudadanía, persuadiéndola a que ayuden “al partido” en estos momentos difíciles, si no quieren que se vaya a desatar súbitamente el accionar de la delincuencia.

Y es hora, estos momentos, en que el perredismo de esos lares ofrece, como señuelo, hasta 2,000 pesos por voto. ¿Y bajo qué mecanismo? A cada contactado para vender el voto previamente le han entregado un folio impreso en un cartón, que deberán colocar son sigilo, sobre la boleta marcada en el logotipo del PRD el domingo próximo, en el interior de la mampara para el sufragio. Y ya cruzada la boleta, el vendedor del voto entonces deberá tomar una fotografía con su celular, para entonces en algún sitio cercano, pasar a cobrar una cantidad que no les han precisado; aunque el tentador les haya sugerido que “como de 2,000”… Se reservan el derecho de calificar al vendedor del voto y juzgar si le dan 500, 0 1,000… O nada.

Es probable que la gente que en estos momentos está comprometiendo su voto a cambio de dinero en efectivo o bajo promesa (la tarjeta de Ricardo Anaya es una manera de pedir fiado), no sepan que el voto es el único instrumento de poder que tiene el ciudadano en México para decidir no sólo quiénes lo representen sino el rumbo del país.

Durante años, este sistema político controlado por el PRI y amalgamado para servir de instrumento de control de la población, se cuidó bastante bien de no darle mecanismos de poder al pueblo.

Sin embargo, para guardar las apariencias ante el mundo no tuvo otro remedio que darle uno, aunque procuró que éste estuviera siempre acotadísimo: El voto.

La gente, los ciudadanos, el pueblo, sólo puede incidir sobre sus gobiernos y sus gobernantes durante las elecciones. Es mentira que haya otro modo de participar realmente en política en México. El Congreso de la Unión, en su papel de representante popular, siempre en este nuestro sistema político vigente ha sido una auténtica y reverenda farsa. Una carcajada para el pueblo.

Como es un sistema presidencialista, el único poder público real en México es la presidencia de la República. Quien controla la presidencia controla todo el país, y si el titular del Ejecutivo es un rufián pues los demás poderes terminan siendo comparsas, obligados a reaccionar conforme a los intereses y conveniencias del Poder Preeminente de México, la presidencia.

La clase política que controla la presidencia y demás instituciones de la República se han encargado de degradar el sentido del voto a extremos infames. Han hecho que la gente suponga que el voto no sirve, porque –les inoculan la desazón, les envenenan el alma- nada cambia y, además, todos son iguales…

Lo han degradado tanto que mucha gente piensa que un voto es también insignificante. Tan insignificante como se sienten ellos luego de tantos años de laceraciones políticas; tantos años, muchos desde el nacimiento mismo, de ser pobres, que no tienen nada hagan el esfuerzo que hagan, y que, además, se están muriendo de hambre. Entonces el voto cobra significación cuando se tasa en dinero.

Y cuando alcanzan esa significación entonces cuaja el triunfo de los compradores del voto, que ahora pretenden hacer caer a cinco millones de votantes. Pero no les alcanzará, jura Andrés Manuel López Obrador.

Ciertamente, tres días para reflexionar sobre la importancia superlativa del voto, como instrumento de control social sobre los gobernantes, aunque esto sólo sea cada seis años.
28 Junio 2018 04:00:00
Concluyeron las campañas; pero la guerra sucia no
¿Cuántos votos conseguirán finalmente comprar el PRI y el PAN para sus respectivos candidatos presidenciales?, es la pregunta que escocía ayer en los territorios del Congreso de la Unión y mordía los filos del sistema político mexicano.

Andrés Manuel López Obrador volvió a decir ayer, en la clausura de su campaña, a quienes lo han seguido –para sosegarlos-, que desde un principio se preveía que el PRI y PAN tratarían de comprar millones de votos. Pero no conseguirán más de cinco millones. Si acaso. Y no les alcanzará el fraude, insistía, para detener a esto que calificó como un movimiento social que podrá entre 25 y 30 millones de votos de diferenciar, entre el primero y segundo lugar.

Según una encuesta elaborada por la organización civil Acción Ciudadana Contra la Pobreza –publicada ayer por la revista Proceso-, unos 15 millones de mexicanos en edad de votar fueron acosados por el PRI y PAN para vender su voto, de los cuales unos 5.3 millones de mexicanos sí terminaron prostituyéndose, vendiéndolo.

Quien decía lo anterior era Alberto Serdán Rosales, coordinador del organismo encuestador, y fue éste quien al portal de marras alertó que si bien la mayoría de los ciudadanos tentados por el PRI y PAN lo rechazaron, con los que se vendieron “sí pueden determinar una elección local”. Y refería a las elecciones para gobernadores.

Este delito electoral seguía provocando este miércoles ecos en todo el país; pero no en los territorios apagados del Congreso de la Unión. Diputados y senadores permanecen impávidos ante el avance del candidato de Morena; y evaden a toda costa posicionarse en torno de la compra del voto, que inauditamente las autoridades electorales no combaten, y que tienen como principales beneficiarios a los candidatos presidenciales Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade Kuribreña.

Otra vez los silencios en el Congreso asfixiaban las gargantas de diputados y senadores, que insisten en no posicionarse en torno de la lista extensa de políticos asesinados de septiembre a la fecha.

De acuerdo con la consultora Etellekt, del 8 de septiembre de 2017 hasta ayer, 27 de junio, han sido ejecutados 130 personas dedicadas a la política. Y casi 50 de ellos eran candidatos a algún puesto de elección popular en estas campañas electorales de más de 3400 puestos de elección popular, que ayer han concluido.

Tampoco, ayer, ningún diputado ni senador se posicionó a propósito de la violencia creciente en contra de quienes participan en el proceso electoral. Y tampoco han dicho nada sobre la amenaza del crimen organizado sobre el proceso electoral.

Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, urgió ayer a toda la gente que vaya a participar en la votación del 1 de julio próximo, a que lo hagan con extremado cuidado y no voten por ningún candidato, sea del partido que fuere, que tenga sembrada la sospecha de estar coludido con el narcotráfico.

Este llamamiento de la Coparmex a la población tenía que hacerlo el Congreso mexicano, no ahora, sino reiteradamente. Y no lo hace.

De acuerdo con la ley electoral, este miércoles 27 de junio fue el último día de campañas electorales. Y a partir de este jueves y hasta el domingo 1 de julio, los ciudadanos tendrán un lapso para la reflexión sobre el sentido del voto.

Difícilmente estos días no serán utilizados para continuar con la campaña presidencial. Sobre todo por quienes las encuestas colocaron en segundo y tercer lugares. Ahora pondrán a la propaganda el disfraz de la denuncia, para seguir atacándose entre ellos, o contra el candidato presidencial puntero, Andrés Manuel López Obrador.

Anaya seguirá estos días acometido por el PRI, por su presunto involucramiento en el delito de lavado de dinero. Y Anaya, a través de voceros de su campaña, ya responderá golpeando a Enrique Peña Nieto, a quien tiene amenazado con que lo meterá a la cárcel si llega a la presidencia de la República.

Sin embargo, ni los priístas ni panistas hablarán de ese río subterráneo de dinero con que están atacando al candidato puntero de Morena. Dinero para la compra de votos.
El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, reiteró ayer lo que declaró el día anterior: que “admitir los resultados de los comicios es parte de las reglas de la democracia”.

El martes 26, Lorenzo Córdova junto con la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora, había llamado a “aceptar democráticamente a quienes triunfen en las elecciones”.

Pero su posicionamiento escocía en las filas de la oposición morenista, porque el INE –más allá de las declaraciones y pronunciamientos de quien lo preside- está paralizado y totalmente rebasado por la compra desesperada, a matacaballo, de la compra de votos.

El INE, por ejemplo, hizo muy poco caso a la detención de dos sujetos el martes con 20 millones de pesos en efectivo, que a decir de ellos a la policía, iban a ser entregados al PRI nacional.

ESTRIBO
A manera de prólogo de las clausuras electorales, ayer, siete gobernadores de filiación panista anunciaron la creación de la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional, y su primer pronunciamiento fue afirmar que “tienen plena disposición a dialogar y colaborar con el gobierno que resulte electo el 1 de julio próximo por el bien del país”.

No tendrían absolutamente ninguna necesidad de posicionarse así, si tuvieran la convicción de que el próximo ganador de la contienda presidencial fuese el candidato panista o el priísta.

Se ha visto esta decisión de los siete como un saludo a Andrés Manuel López Obrador.
27 Junio 2018 04:00:00
La farsa (otra vez) del Congreso mexicano
El PRI dio un viraje súbito ayer al timón de la Comisión Permanente: No incluyó en el orden del día el tema del presunto lavado de dinero de Ricardo Anaya. ¿Qué hizo que el PRI echara para atrás la decisión de airear al candidato presidencial panista, en lo que ya es la recta final de las campañas presidenciales?

En el pasillerío del Senado, sede de la Permanente, un dato hacía hervir la atmósfera legislativa: Según el diario Reforma, este domingo reciente se habrían reunido Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto en la casa del expresidente de la República. ¿De qué habrían hablado Peña y Salinas?, era una pregunta que iba y venía a través de los territorios del Poder Legislativo como un viento ardiente, que insuflaba comentarios, preguntas. Rumores.

¿Es que acaso ya no se pelearán panistas y priístas en estos tres últimos días, como han venido mordiéndose desde que comenzó la campaña presidencial? Los pasillos, patios y recintos del Senado sólo eran eso: recodos donde los murmullos reverberaban hasta convertirse en ecos que se propalaban hacia todo el país.

En lugar de pelearse entre ellos, el PRI y PAN se reunieron en un punto de convergencia y se pusieron a dar de golpes a Morena, cuando ambos –y reforzados por el PRD, Panal, MC y PVEM- empujaron hacia la aprobación de un punto de acuerdo en el que la Permanente exhortaba a la Fiscalía General y Auditoría Superior del estado de Jalisco  que investiguen a Carlos Lomelí Bolaños, candidato de Morena al Gobierno del Estado, “por su presunta participación en el desvío de recursos y la venta de medicamentos a sobreprecio al Instituto de Pensiones del estado de Jalisco”.

En realidad lo que proyectaban priístas y panistas era el miedo a perder Jalisco.

El Pleno de la Comisión Permanente –bajo el control del PRI y PAN-  tampoco hizo mención alguna sobre el proceso electoral.

Los legisladores de Morena no se plantearon incluir en el orden del día  pronunciamientos sobre hechos de perfil delincuencial, en torno del proceso de marras.

Nada dijo el Pleno de la Permanente sobre el robo de 11 mil boletas electorales en Tabasco; tampoco nada dijo sobre la actitud groseramente pasiva del INE, sobre las acusaciones de uso de recursos de procedencia desconocida en la compra de votos por parte del PRI.

Tampoco dijo nada ayer sobre la tarjeta que ofrece Ricardo Anaya, de entregar 1,500 pesos a cada mexicano, si él gana. Una tarjeta de intención idéntica a la que prometió el PRI en el estado de México, en la elección estatal del año pasado, que tanto escozor causó en el PAN, sobre todo en Coahuila.

Para los diputados y senadores que conforman la Comisión Permanente tampoco les fue lo suficientemente importante hablar de este conjunto de hechos que la oposición ha dado en llamar guerra sucia.  

Tampoco opinaron nada sobre la pretensión reiterada del PRI y PAN de engañar a la población mediante el uso de supuestas encuestas, que publican en diarios capitalinos y que éstos, para deslindarse del golpe bajo, advierten que no es información, sino propaganda, bajo la figura de inserción pagada.

En todos estos golpes, el destinatario es Andrés Manuel López Obrador. Vengan del PAN o vengan del PRI.

Tampoco, para la Comisión Permanente, la detención ayer de dos sujetos que cargaban pacas de billetes que sumaban 20 millones de pesos, fue motivo para airearlo en la sesión. Máxime cuando dichos sujetos confesaron a la policía capitalina que el cargamento de marras lo iban a entregar al PRI nacional, en Insurgentes Norte.

O, tampoco, fue motivo para PAN y PRI hablar de los presidentes del PRI en funciones de las delegaciones Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Tlalpan y Cuajimalpa, que han renunciado en bola a su militancia para adherirse a Morena, en esto que es el último tramo de las elecciones a presidente de la República, a diputados federales, senadores, y otras locales como es la Jefatura del gobierno de la Ciudad de México, varias gubernaturas como la de Veracruz, y presidencias municipales y diputados locales. Todos, hasta la suma de casi 3400 puestos de elección popular en todo el país.  

El pleno de la Comisión Permanente tampoco quiso que se hicieran comentarios sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Isidro Burgos, cuya efeméride infausta y terrible ayer cumplió cuatro años.

Diputados y senadores también se hicieron los sordos al clamor generalizado, en todo el país, de cómo denunciar y parar una maquinaria priísta que no ha renunciado a robarse la presidencia de la República mediante un fraude.

Un fraude con ramificaciones todavía no imaginadas del todo, aun cuando ya se presentaron ante el INE múltiples denuncian del robo de boletas electorales, de la compra de votos por adelantado, de promesas envilecidas como la que hizo Anaya, con la que reitera su falta de respeto a la gente buscando su prostitución electoral.
 
Un fraude engrasado con millones de pesos, como los 20 millones que ayer incautaron en Ciudad de México para el PRI, de procedencia oscura. Oscura porque no necesariamente provendrán de las partidas presupuestales que a cada partido le corresponden.

Ayer asesinaron a dos candidatos a diputaciones y presidencias municipales de Oaxaca. Y sin embargo, para el Pleno de la Comisión Permanente, este hecho inédito en el país –de la ejecución de 123 políticos en los últimos siete meses, 47 de los cuales fueron participantes en este proceso electoral como candidatos- tampoco fue motivo suficiente para airearlo en tribuna.
26 Junio 2018 04:00:00
PRI y PAN tironean, desesperados, prostituyendo a la gente, ya comprándole el voto
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha anunciado que, en su sesión de este martes 26, incluirá en el orden del día el tema del presunto lavado de dinero de Ricardo Anaya Cortés, el candidato presidencial del PAN, PRD y MC.

La inclusión del asunto no tiene otro propósito que “partirle la madre a Anaya”, se escuchaba ayer en el pasillerío, “para desbancarlo del segundo sitio de la carrera presidencial, y sacar del tercer lugar a como dé lugar a José Antonio Meade Kuribreña, el candidato presidencial del PRI, PVEM y PANAL:

Subir a Meade al segundo sitio tiene como objetivo colocarse estratégicamente en el escalón que antecede al sitial enorme donde permanece Andrés Manuel López Obrador (ente 25 y 30 puntos porcentuales de separación entre el primero y segundo lugares), para, desde allí, apuntalar la maquinaria del fraude, que Peña Nieto y el PRI ya echaron a andar. Maquinaria con la que pretende robarle otra vez la presidencia de la República a esa mayoría de la población que ha votado en contra del sistema priísta.

Ayer mismo, la coordinadora de la campaña lopez obradorista de Morena, Tatiana Clouthier, admitía que con el fraude el PRI es posible que tramposamente se vaya a hacer de cinco o seis puntos porcentuales de la votación por la Presidencia de la República.

Pero este cálculo está considerado desde un principio por parte de Morena, que desde hace un año insistía en que el PRI y Peña Nieto buscarán a toda costa, a ultranza, engañar, mentir, prostituir a la gente mediante la compra de votos con dinero incluso de una gran diversidad de bandas del narcotráfico, para continuar con el control y usufructo de la Presidencia de la República.

Es por esto que el mismo López Obrador, desde un principio, advertía, pedía, clamaba que el 1 de julio de 2018 –a tiro de piedra- la gente salga a votar masivamente, tomando en cuenta que esta elección no es una competencia entre partidos políticos, sino entre el pueblo –que más allá de sus filiaciones partidistas ha decidido apoyar a Amlo- y una pandilla de delincuentes que se apropió del gobierno de México desde hace varios años.

Una competencia entre un proyecto que pretende la continuación de un sistema político y económico que solo ha beneficiado a unos cuantos y que ha matado y desaparecido a miles de mexicanos, y que no tienen ningún empacho para coludirse con el crimen organizado. No es gratuito que en Estados Unidos miren a México como un Narco Estado o un Estado fallido, lo que finalmente ha convenido a los gringos, que a cambio de impunidad les ha exigido entregarles literalmente áreas económicas muy sensibles de México como el petróleo.

Y otro proyecto que aspira a cambiar radicalmente al régimen, teniendo como objetivo hacer justicia a un México despedazado casi, muerto en vida, en la ingobernabilidad en varias zonas del país; un régimen que combata con furor a la desigualdad económica, social y política que asfixia al país desde hace muchos años.

Esta semana de la víspera no se perfila fácil para nadie, porque el PRI ha convertido a la República en un chiquero y ha soltado a un buen número de gente con máscaras de cerdo con el cometido de ensuciar el proceso electoral.

En la Comisión Permanente el PRI y Peña Nieto saltaron a sus trompudos diputados y senadores para imponer un orden del día que sirva de instrumento para quitarle a Anaya el segundo lugar, y poder desde allí justificar el fraude que pretenden cuajar el 1 de julio próximo.

Pero, debe aclararse, a Anaya lo combaten no porque les represente un peligro a sus intereses, sino porque los traicionó. Esta es la versión que recorre, candente, los pasillos del PRI en los territorios del Congreso General. En un principio, Peña y Calderón habían pactado que su candidata iba a ser Margarita Zavala. Pero el ambicioso Anaya se entremetió y desjarretó no solo a Peña, sino también a Calderón.

¿Por qué tanto insiste el PRI en pelearse por el segundo sitio?, la pregunta tendría una sola respuesta: Apuntalar desde allí la justificación de un conteo que desde ahora se advierte sucio. Buscará el PRI –con ayuda del Tribunal electoral y el INE- no sólo avanzar tramposamente aquellos 5 o 6 puntos porcentuales de los que ha advertido Amlo y su equipo de campaña, sino todavía más.

Hay una desesperación absoluta en las filas gubernamentales. En tanto que por un lado acometen a Anaya para bajarlo al tercer sitio, por otro lado Peña y el PRI encienden una veladora a Ricardo Anaya, a quien a través del INE (el INE ha dado demostraciones inobjetables de que es un instrumento del Presidente de la República y del PRI) le han permitido un juego sucio, del que se quejó el panismo en el estado de México cuando Alfredo del Mazo, en la elección del 2017, prometió dinero a futuro si votaban por él.

El INE, ayer, alcahueteó a Ricardo Anaya con la entrega de tarjetas de cartón que dan la apariencia de ser un monedero electrónico. Si votan por Anaya, dice la tarjeta de marras, y gana la Presidencia de la República, entonces el poseedor de dicha tarjeta lo podrá cambiar por un bono de 1,500 pesos “a todos los mexicanos”.

Anaya incurre exactamente en el mismo delito electoral del que se quejó contra el PRI en el estado de México y en Coahuila, hace un año. Hay desesperación.
23 Junio 2018 04:00:00
En la desesperación total
Cuando en la 57 legislatura (1997-2000) el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, que había tenido toda su vida, desde 1927, muchos supusieron que los días del partido que fundó Plutarco Elías Calles estaban contados. Y más cuando en el 2000, en la 58 Legislatura, también pasaba a perder la mayoría absoluta en el Senado de la República. Y, claro, fue el año en que perdió por primera vez la presidencia de la República.

¿Qué hizo entonces el PRI para recuperar el terreno que había perdido con la merma de curules en el 97, debajo de la mitad más uno? En septiembre de 1997, por primera vez, se convertía en la primera minoría en San Lázaro, con 242 diputados federales.

Aquella vez inauguraba una modalidad que le dio resultados bastante beneficiosos para la causa de los priístas de los intereses económicos que representaba. Conformó alianzas legislativas con distintos grupos parlamentarios.

¿Y cuáles fueron aquellos grupos? El primer grupo con el que hizo alianzas para sumar votos con el fin de conseguir mayorías absolutas y colegiadas, fue el grupo parlamentario del Verde Ecologista. Y por supuesto también con el PAN, con el que ya venía muy amarrado desde 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari no solo asumió como suyo el programa político y económico de Acción Nacional, sino que se alió con los blanquiazules mediante el sellamiento de una alianza ideológica nada menos que con Diego Fernández de Cevallos.

“El Jefe Diego”, comenzaron a apodar los priístas a Fernández de Cevallos, en alusión irónica a lo que veían en Los Pinos: Un panista con influencias tremendas en la presidencia de Salinas de Gortari, que no parecía tener ninguno de los priístas de aquel entonces.

No faltaban los priístas en aquellos años que sugerían la existencia de un go-gobierno, protagonizado por Salinas y por Fernández de Cevallos. Así se les veía de ayuntados a Carlos Salinas y Diego Fernández, y, por consecuencia, de convergentes al PRI y al PAN.

Una convergencia de intereses que causó verdaderos estragos en la vida de la República: verbigracia: En 1995, en la 56 Legislatura, reformaron PRI y PAN la Constitución para matar a la Conasupo, aquel órgano regulador de precios del campo y gran institución para la justicia social que fue creada por el gobierno de Lázaro Cárdenas.

Tres años y tres meses atrás, en noviembre de 1991, diputados y senadores del PRI y PAN habían reformado el artículo 130 y el 127:

El 130 para dar reconocimiento jurídico al Clero, mediante la creación de las figuras de las asociaciones religiosas. A partir de ahí México reconoció a El Vaticano como Estado y envió a su embajador y recibió uno. Y con la modificación al 127 se permitió la asociación de ejidatarios con particulares.

Ambas enmiendas provocaron un intenso debate, que aún no concluye.

En 1998, la tríada conformada por PRI, PAN y PVEM, protagonizaron un robo mayúsculo a la población, cuando a ésta le echaron encima la obligación de pagar una deuda de particulares –el grueso de ésta, contraída por los mismos banqueros y empresas de gran calado- convirtiéndola en deuda pública.

El 12 de diciembre de 1998 estos tres partidos aprobaron la creación de la nueva Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), con la que se derogaba el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

De golpe y porrazo, los mexicanos –gracias a esta decisión del PRI, PAN y PVEM- se amanecieron sumando a su deuda pública otros 600 mil millones de pesos. Una deuda que en vez de decrecer, ha crecido exponencialmente. A 20 años del rescate del Fobaproa, los mexicanos ya han pagado más de 2 billones de pesos, cuando se debían 600 mil y pico de millones. Y es hora en que se debe, de aquel rescate, más de un billón y medio de pesos.

Como estas hijeces prohijadas por el PRI y PAN hay muchas otras a lo largo de estas Legislaturas. Una reciente fue la que construyeron el 6 de agosto de 2014 cuando reformaron la reforma energética, con la que abrieron prácticamente una puerta del infierno: Regresaron las compañías petroleras trasnacionales –con otro nombre, claro- que el 18 de marzo de 1938 corrió del país el presidente Lázaro Cárdenas.

O también aquella otra reforma, apenas pergeñada en diciembre pasado, de 2017, cuando entre el PRI, PAN, PVEM, PANAL y ahora su nueva rémora PRD, aprobaron la nueva Ley de Seguridad Interior, con la que esperan reprimir a la población en caso de que al gobierno de Peña Nieto se le ponga color de hormiga el 1 de julio de 2018, en el desenlace de la elección presidencial.

La Ley de Seguridad Interior, desde un principio, fue calificada por la oposición en el Congreso y aun por especialistas del derecho internacional como el instrumento jurídico con que Peña se previene para apuntalar el fraude electoral, que ya intentan con el uso más inmoral del dinero para la compra del voto.

Así se ha prevenido este inescrupuloso y desalmado gobierno priísta y panista encabezado por Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, un factor que no esperaban, y es lo que los tiene en la total desesperación, es el hecho de que Andrés Manuel López Obrador –el candidato que prometió cambiar del raíz al régimen- se les fue por mucha delantera, con más de 25 millones de votos de diferencia, con la que un fraude sería prácticamente imposible. De ahí que, a una semana del sufragio, arrecie tanto la mentira, el engaño pretendido. La infamia.
22 Junio 2018 04:00:00
La batalla por el Congreso, el último reducto de la impunidad
La batalla electoral por la Presidencia de la República, que ya prácticamente entró en su recta final, ahora tiene enfocadas sus baterías hacia las cámaras del Congreso General. Y quienes las disputan son, esencialmente, dos fuerzas políticas: La que lidera Enrique Peña Nieto y la que lidera Andrés Manuel López Obrador.

La fuerza política que lidera el actual presidente de la República ha estado conformada no sólo por el PRI, sino también por el PAN, PRD, Panal, Pvem y MC. Todos estos partidos políticos han respondido al timón político y legislativo de Peña Nieto. Y éste, a la vez, ha respondido a intereses económicos de grupos poderosísimos dentro y fuera del país, y a los de gobiernos como el de los Estados Unidos.

Si bien es cierto que ahora, al calor de la disputa por la presidencia, se han visto divididos PRI y PAN, en realidad no lo han estado. Durante todo el sexenio peñista, tanto priístas como panistas respondieron exactamente a los mismos intereses políticos.

Esta conjunción de intereses se manifestó en la aprobación de cada una de las once reformas constitucionales que dieron en llamar estructurales, y que fueron posibles gracias a la alianza reforzada este sexenio de estos dos partidos políticos, a los que se sumaron el PRD, PVEM, Panal y MC bajo el manto del denominado Pacto por México.

(El PES, ahora en esta elección aliado con Amlo, también jugó un buen trayecto del sexenio un papel de alianza con el PRI y con el PAN, los dos partidos que han manejado el rumbo del régimen).

Aquellas once reformas “estructurales” fueron conseguidas por el PRI y PAN prácticamente desde el arranque mismo del sexenio. Y, como parte de su estrategia político-legislativa, planeaban una segunda tanda de reformas, que desde entonces dieron en llamar reformas de “segunda generación”.

Una reforma de primera generación que, necesariamente, debería recalar en una continuación, fue la reforma energética, que debía ser complementada con una reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

Como sabían que la República iba a quedar bastante golpeada con la de primera generación, decidieron esperar para el último tercio del sexenio y entonces sacar la complementaria, que no era otra que la reforma para la privatización del agua.

Se trataba entonces de esperar para sobarle el adolorido lomo a la gente, suponiendo que la población otra vez iba a ser desmemoriada y que olvidaría muy pronto la mega madriza de la privatización petrolera.

Además, contarían con el recurso infame de prostituir socialmente a la gente más necesitada, comprándole el voto, que es en lo que están en este preciso momento, por cierto, tanto el PRI por su lado como el PAN por el suyo.

Evidentemente no les han salido las cosas como ellos hubieran querido (después de un arranque de simulación, pretendían unirse al final en torno de un candidato). La ambición de Ricardo Anaya Cortés, candidato a fuerzas del PAN, dio al traste con la estrategia de los capitanes del régimen, y es hora en que han comenzado unos y otros a llorar, desesperados, por el avance gigantesco de Andrés Manuel López Obrador, cuya presidencia viene perfilándose en todas las plazas del país en donde se reúne y habla a tambor batiente.

Es evidente que priistas, Peña y panistas ya no piensan mucho en conseguir la presidencia de la República, con la ventaja tamaño familiar que les lleva el Pejeman. Pero tampoco han descartado el fraude, que a decir de mucha gente ya su maquinaria fue echada a andar.

Si algo ha demostrado no tener el PRI es tantita madre. Y Peña, en su desesperación, tampoco demuestra tener la mínima vergüenza. El mínimo pudor. La mínima moral.

Además de que están pretendiendo hacer trampa en la elección del domingo 1 de julio (claro, el antídoto claro y contundente es el voto masivo en su contra, que al parecer conseguirá avasalladoramente López Obrador), es hora en que el PRI y el PAN buscan hacerse del mayor número de diputados y senadores. Es una alianza soterrada que ya traen en esta recta final.

Es allí, en los dos territorios del Congreso de la Unión, donde pretenden guarecerse del feo temporal que les vendría encima a partir del próximo sexenio, si Andrés Manuel López Obrador consigue vencerlos a pesar de las trampas que ya le están tendiendo por doquier.

Priístas y panistas, si consiguieran hacerse de minorías que, sumadas, alcanzaran conformar mayoría absoluta (la mitad más uno), tendrían a su alcance encubrirse políticamente para alejarse de eventualidades penales, por ladrones. Y tendrían la posibilidad de detener al nuevo régimen cuando éste quisiera echar para a atrás algunas de sus llamadas reformas estructurales. O cuando hacérselas muy difíciles.

Pero si Andrés Manuel consiguiera hacerse de las mayorías en las dos Cámaras, entonces podría echar para atrás rápidamente leyes como la educativa, que requiere de los dos tercios por ser constitucional, y las fiscales, que impuso el PRI, como aquella en que incorporó al precio final de las gasolinas y el diesel –además del IVA y el ISR- el Impuesto Sobre Producción y Servicios (IEPS).

La de la privatización del agua fue un decreto presidencial, de Peña Nieto. Dijo Amlo que será muy fácil echarla para atrás: con otro decreto presidencial.

Como se ve, no la tienen nada fácil ni PRI, ni PAN ni Peña Nieto, si, como muchos vaticinan, ganase López Obrador. Y, tampoco, al parecer, los poderes fácticos que han sido beneficiados por el régimen.

El desenlace está a tiro de piedra. Veremos.
21 Junio 2018 04:00:00
¿Quién es más ruin: Peña Nieto o el Congreso de la Unión?
El Congreso mexicano dio ayer otra demostración de su vileza, de su ruindad. El presidente Enrique Peña Nieto acaba de meter un gol no solo al Poder Legislativo sino al pueblo de México, con el decreto aquel del reciente día 5 con que ha privatizado el agua, y sin embargo el Pleno de la Comisión Permanente, en su sesionar de ayer, no ha hecho el menor comentario al respecto.

Diputados y senadores dejaron pasar el decreto como quien, de noche, hace por no mirar el caudal de la tempestad pero deja pasar la barrancada ensordecedora.
Para ellos –exceptuando a los legisladores del PtMorena, quienes en conferencia han reclamado muy airados esto que han calificado como el otro gran robo a la nación-, el decreto presidencial no tuvo la importancia suficiente como para debatir sobre él.

Y, con su silencio, han vuelto a confirmar que en realidad nunca fueron los representantes populares que la Constitución en su artículo 51 mandata, sino integrantes de una pandilla de facinerosos que, desde las instituciones más altas del poder público, se dedicaron a enriquecerse con la simulación de un contrapeso. Un contrapeso que, sin duda en la 62 y 63 legislaturas, nunca se manifestó, para la desgracia y tragedia de México.

La gravedad del decreto perpetrado por Peña tiene el peso de sobra para llamar la atención del Poder Legislativo mexicano. Y cómo no si el presidente de la República, con su accionar legislativo, dio la vuelta al Congreso. Prácticamente lo suplantó. Peña en los hechos dio un Golpe de Estado al Legislativo, aun cuando es de su facultad la emisión de decretos presidenciales.
Ni modo que Peña Nieto no supiera desde el principio que la entrega del agua a las compañías trasnacionales de la minería y del petróleo –como lo acaba de hacer con su decreto de marras-, representaría un golpe demoledor al país, al Estado mexicano, a la moral de una población vilipendiada a más no poder en todos estos años, y de modo muy especial en el
sexenio actual.

Ni modo que no supiera lo que toda persona parada en la piedra del sentido común piensa de una entrega de ese tamaño: De que sería, y como ya es, una auténtica chacalada. Una Traición a la Patria.

Una traición solo comparada con la que él mismo protagonizó –junto con los diputados y senadores del PRI, PAN, PVEM, Panal y un sector del MC- el día en que quedó aprobada la reforma energética, el 6 de agosto de 2014.

¿Quieren otra comparación? O con la de Antonio López de Santa Anna cuando entregó Texas en 1836 o cuando aceptó que se firmase el Tratado Guadalupe-Hidalgo en lo que se conoce como el retablo mayor de la antigua Basílica de Guadalupe, el 2 de febrero de 1848, con el que el gobierno mexicano de aquel entonces aceptó ceder a los gringos más de 2 millones de kilómetros cuadrados del territorio mexicano original.

Pues ayer los diputados y senadores integrantes de la Comisión Permanente consideraron que este tema no saldría a tribuna.

Salió otro: el de la infamia de Donald Trump hacia los niños de migrantes. Allí sí el PRI y el PAN –que en aquello de las privatizaciones del petróleo y el agua siempre van de la mano- se columpiaron con ganas, con ardor, con entusiasmo. Hasta parecían de veras hombres y mujeres defensores a ultranza de la soberanía nacional.

Por cierto… ninguno de ellos, priístas y panistas, se atrevieron a reclamar a Enrique Peña Nieto por qué su canciller, Luis Videgaray Caso, salió al paso de la salvajada de Trump con paso de reumático. Como si en realidad no quisiera decir nada, para no contravenir al presidente estadunidense, que a veces da la impresión de que solo falta que ordene a Peña que le bese los zapatos. O cuando menos que se los bolee.

Obligado por su condición de contrapeso constitucional a cuestionar el ejercicio del poder, el Congreso mexicano está quedando a deber al país muchísimas preguntas. Preguntas como aquellas, obligadísimas, de por qué Enrique Peña Nieto ha hecho hasta un decreto presidencial para entregar a compañías mineras y petrolíferas trasnacionales no una, ni dos, ni tres acuíferos, sino 300, de los 756 que tiene el país.

Preguntas de gran trascendencia histórica como aquella que se hizo desde un principio la oposición al régimen, de por qué Peña Nieto entregó a los Estados Unidos el subsuelo petrolífero del país.

En una era de cambio climático como el que comienza a agobiar al mundo, el presidente Enrique Peña Nieto acaba de entregar nada menos que el agua a compañías trasnacionales, incluso a contrapelo de los intereses más vitales de cientos de pueblos y comunidades de México.

¿Qué le dieron a Peña Nieto? ¿Qué le saben o le supieron los gringos desde un principio, para hacer que hiciera todo lo que ya hizo en favor de ellos y en contra absolutamente del pueblo que dice representar? ¿Es que acaso este presidente, que se ha comportado como un auténtico demonio, no tiene corazón, no tiene alma, no tiene conciencia alguna de las cosas que
dice y decide?

¿Por qué ahora, en que todo mundo dice que perderá las elecciones presidenciales, Peña Nieto decide –a la usanza del cuartelazo- entregar a extranjeros la mitad del agua del país, aun sin ley de por medio, lo que pone de antemano jurídicamente muy debilitada su entrega a las trasnacionales?

Estas preguntas y muchas más el Congreso debería sentirse obligado de hacerlas.
20 Junio 2018 04:00:00
Las carcajadas de Peña y el PRI
Ana Lilia Herrera Anzaldo, una senadora del PRI del estado de México que funge como presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, llamó ayer “a consolidar nuestra democracia y fortalecer los pesos y contrapesos entre Poderes, para que no sea la ocurrencia o la buena voluntad de una persona la que nos garantice que las instituciones funcionen sin tintes partidistas”.

Y recordó que, desde 1997, “ningún partido político ha tenido mayoría en la Cámara de Diputados y lo mismo sucede en el Senado de la República desde el 2000”.
Esta senadora pertenece al círculo íntimo de la pandilla política que lidera Enrique Peña Nieto. Y llamó ayer la atención por esto que dijo y por lo que agregó: “Lo que significó en años anteriores parálisis –restalló Herrera Anzaldo-, hoy representa una enorme riqueza (…) y en el último sexenio el Poder Legislativo en México ejerció su papel de contrapeso frente al Ejecutivo Federal”.

¡Con qué facilidad y desvergüenza miente la gente del grupo de Peña Nieto! El Congreso mexicano, durante el sexenio actual, ha protagonizado las peores decisiones legislativas de toda su historia. Decisiones terriblemente contrarias a los intereses del pueblo mexicano.

El PRI y el presidente de la República consiguieron retorcer de tal modo la vida legislativa de México que el Congreso de la Unión se transfiguró en asquerosa letrina, a partir de que con el tristemente célebre Pacto por México reformaron la Constitución varias veces para favorecer a grupos minoritarios muy poderosos económicamente, dentro y fuera del país. Y, sin lugar a duda alguna, a intereses del gobierno de los Estados Unidos.

Jamás el Congreso mexicano, en la 62 y en la 63 Legislaturas –a las que alude Ana Lilia Herrera, peona de Peña Nieto-, se pudo constituir en verdadero contrapeso del Presidente de la República.

Al contrario, el Poder Legislativo desde siempre fue calificado desde un principio como una virtual Oficialía de Partes del Ejecutivo Federal. Una institución transfigurada en miasma, donde los diputados y senadores eran unos grotescos farsantes, simuladores, mercenarios, que de representantes populares solo tenían la máscara.

El llamado de Ana Lilia Herrera es una carcajada. Una burla. Llama a “consolidar la democracia y fortalecer los pesos y contrapesos entre Poderes”, cuando ella y sus correligionarios constituyeron una mayoría legislativa que, como nunca antes otra, causó daños que podrían ser irreversibles a México como nación soberana.

La reforma energética ha significado el mayor monumento a la desgracia y a la tragedia como país. Un monumento que fue construido por el PRI en alianza con el PAN, PVEM, PANAL y un sector del MC. Y el PRD por supuesto, que ni modo que no supiera que firmando el Pacto por México sobrevendrían calamidades apocalípticas al pueblo de México.

Como fue.

El Congreso mexicano no hizo su papel de contrapeso sino de cómplice de un gobierno, el de Enrique Peña Nieto, a quien la oposición acusaba de haber virtualmente vendido “su alma al diablo”. En beneficio de esa minoría económica y del gobierno de los Estados Unidos –que no necesitaba de una invasión militar para hacerse del control cuasi absoluto de los órganos vitales de este país-, y en claro perjuicio de los intereses de todos los mexicanos.

Es significativo cómo ahora que están a punto de perder la elección presidencial, ante el contundente e inexorable avance del movimiento político liderado por Andrés Manuel López Obrador, voces de esa pandilla de rufianes que han destrozado al país hablan de que hay que “fortalecer los contrapesos” y de garantizar “que las instituciones funcionen sin tintes partidistas”.

La salida a la calle de Ana Lilia Herrera es idéntica a la que protagonizó hace unos días –el pasado día 13- Enrique Krauze, un escritor caracterizado por camaleónico, acomodaticio, convenenciero y mercenario, quien “invitaba” a la gente a echar mano del “voto dividido”, para no darle todo el poder a un candidato presidencial.

Claro, esto lo decía como ahora Ana Lilia Herrera lo ha dicho, dando por sentado que Andrés Manuel López Obrador estaría ganando la presidencia de la República y también las mayorías –cuando menos la absoluta, la de mitad más uno- tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.

Han pretendido con su engañifa, tanto Ana Lilia Herrera como Enrique Krauze, que la gente si bien va a votar por AMLO, que no lo haga por los candidatos a diputados y senadores del movimiento de marras –Morena, Pt y Pes- para que el hipotético próximo presidente de la República no consiga la mayoría absoluta, y mucho menos la mayoría colegiada.

Si el PRI y el grupo minoritario que ha sido beneficiado por las reformas aquellas consiguieran que AMLO no tuviera mayoría en el Congreso, entonces tendrían un respiro y la esperanza de convertirse en dique, obstáculo, para las reformas que ha prometido el puntero con el propósito de contrarrestar lo que reformaron ellos en la 62 y 63 Legislaturas.

López Obrador ofreció un cambio de régimen. Modificaciones de raíz, cosa que evidentemente el PRI no desea, como tampoco el grupo minúsculo beneficiado.
Pero, además, el PRI teniendo diputados y senadores suficientes para conformar una alianza contra el gobierno hipotético de López Obrador, estaría cubriéndose las espaldas.

Amlo ha insistido en que si también la gente le otorga la confianza votando por el Pes, Pt y Morena para sus diputados y senadores, entonces sería más fácil para el nuevo gobierno la instauración de las bases de un nuevo régimen, donde la justicia reine y la corrupción sea erradicada.
19 Junio 2018 04:00:00
La confirmación de la traición a la patria de Enrique Peña Nieto
Mediante un decreto presidencial, el presidente Enrique Peña Nieto entregó, a partir del pasado 6 de este mes, el 40 por ciento de las cuencas acuíferas del país a empresas extranjeras de la extracción de la minería y del gas y petróleo.

Como Peña Nieto no pudo hacer que el Congreso de la Unión reformase la Ley de Aguas Nacionales para privatizar el agua –férrea fue la oposición de algunos partidos, fundamentalmente Morena y Movimiento Ciudadano-, recurrió a su facultad del decreto presidencial.

Así, este presidente cuya memoria será una mancha negra y repugnante en la historia de México, ha puesto –según el decreto de marras- más de 300 (de casi 800) acuíferos del país a disposición de compañías mineras y de compañías de hidrocarburos que tendrán necesidad de millones de metros cúbicos de agua para extraer petróleo y gas, bajo el método conocido como fracking.

El fracking es un mecanismo de inyección de millones de metros cúbicos de agua mezclados con productos químicos altamente contaminantes del subsuelo, para sacar, por sistema de presión, a los hidrocarburos.

Y fueron el PRI, PAN, PVEM, PANAL y un sector del MC los partidos políticos que aprobaron –agosto de 2014- el paquete aquel de reformas energéticas, con la que abrieron la puerta para el regreso de las compañías trasnacionales petroleras.

Este decreto es el reflejo envilecido de un presidencialismo puesto al servicio de poderes fácticos poderosísimos, que se han servido de las leyes para convertirlas en mero instrumento de dominio de la población mexicana.

La figura del decreto presidencial es el gran recurso del titular del Ejecutivo federal para darle la vuelta al Congreso de la Unión cuando éste no acatara su voluntad.

Es una facultad presidencial que convierte al presidente de la República en el gran legislador de México. Es la simulación democrática que se padece en México. Es también una de las reminiscencias del presidencialismo priísta.

El gran poder legislativo no es el Congreso General sino el presidente de la República, quien además de tener la facultad de decreto, cuenta con un gran protagonismo en el proceso legislativo mexicano.

Verbigracia: tiene la facultad de presentación de iniciativas, secundarias o constitucionales; tiene la facultad de la Iniciativa Preferente, una obligatoriedad del Congreso en tener que legislar cuando menos dos iniciativas por periodo ordinario que haya considerado el presidente de la República como urgentes. Y si el Congreso no la quisiera procesar, entonces dicha iniciativa quedaría aprobada de facto en 30 días, sin necesidad de diputados y senadores.

El Ejecutivo federal tiene la facultad de construir los reglamentos, es decir la última interpretación de las leyes secundarias. Es común que muchos reglamentos estén hechos a contrapelo de lo que el Legislativo mandata en leyes secundarias o aun en reformas constitucionales.

El presidente de la República tiene también la facultad de observar leyes, es decir vetarlas. Cuando una ley aprobada por el Congreso no es del agrado del presidente, éste puede regresarlas al Congreso, y si éste quiere refrendarla entonces necesitará de la votación colegiada (dos tercios) y no de la mayoría absoluta (la mitad más uno).

Pero donde el presidente de la República se vuela la barda es cuando emite decretos.

Esta facultad, por cierto, ha comenzado a hacer mucho ruido a raíz de que pudiera Andrés Manuel López Obrador llegar a la presidencia de la República. Tanto ruido que la gente del PAN y PRI, y peones del régimen como Enrique Krauze, han comenzado a alzar la voz alarmados porque juran que el tabasqueño es un tipo “autoritario”…

Estas mismas voces –las de Anaya, Meade y Krauze- nada dijeron, por cierto, cuando Peña Nieto decretó abrir concesiones de más de 300 acuíferos a compañías mineras y petroleras, la mayoría extranjeras, para la extracción, explotación y contaminación de millones de metros cúbicos de agua.

Se entiende que Peña optó por el decreto por dos motivos: Uno: para cubrirle la retirada al PAN y PRI en las elecciones presidenciales, del próximo 1 de julio, en la que pretenden ya no ganar la presidencia de la República sino arrancarle al movimiento liderado por Amlo alguna tanda de diputados y senadores.

Teniendo alguna cantidad de legisladores afines, bajo las siglas del PAN, PRI, PRD, PVEM, MC y PANAL, se estarían cubriendo las espaldas en el próximo sexenio.

Y dos: Peña Nieto abre un camino a las compañías extranjeras para defenderse jurídicamente en caso de que el próximo presidente de México les corte el suministro del agua. Si este motivo fuera el principal, entonces se estaría hablando de otra gran traición a México por parte del presidente Enrique Peña Nieto.

Si hubiera un poquito de voluntad política, este accionar presidencial daría sin duda materia prima para iniciar un debate sobre traición a la Patria de un presidente de la República. Y más todavía: materia jurídica para afincar un juicio por traición a la Patria.

¿Y quiénes son los perjudicados con el decreto presidencial? Sin duda todos los pueblos y comunidades adonde las compañías del fracking comiencen a extraer el vital líquido. Desde los tiempos del debate por la reforma energética, se vaticinaba que en la era del fracking habría problemas sociales graves en entidades como Coahuila, Nuevo león, Tamaulipas, Tabasco, Puebla y Veracruz.

Pero habrá también afectaciones graves en zonas mineras, como la de Zacatecas, la misma Coahuila, Guerrero y Sonora.

¿Por qué lo hizo Enrique Peña Nieto? Más allá de que hoy pueda alguna institución del país obligarlo a dar explicaciones, será una pregunta histórica, que escocerá muchos años.
16 Junio 2018 04:00:00
De cómo debatían PRI y PAN en la última estación
El Congreso de la Unión se transfiguraba en un cuadrilátero cuando el PRI golpeaba a Ricardo Anaya el pasado miércoles, en la sesión de la Comisión Permanente. Pero el PAN reviraba madreando a su vez a Enrique Peña Nieto. Mucho material los dos bandos.

Angélica de la Peña, senadora del PRD, ahora triste rémora del PAN, defendía a Anaya así: “Me parece triste y una gran irresponsabilidad que el gobierno de Peña Nieto utilice a la PGR (para golpear a Anaya)”.

Asegundaba el PRD en voz de la senadora Cristina Gaytán, defendiendo a Anaya y, de refilón, coscorroneando a Andrés Manuel López Obrador: “Sin duda muchos de nosotros estamos en contra de la utilización de las instituciones del Estado, para beneficiar no a un candidato, no está buscando el PRI beneficiar a Andrés Manuel López Obrador, está buscando beneficiar el proyecto de corrupción que representa Enrique Peña Nieto y que le garantiza Morena y Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que está de fondo”.

Tanto el PAN como el PRD insistían en la estrategia de relacionar a Amlo con el PRI, diciendo que han pactado el relevo de la presidencia.  

Continuaba Gaytán con su retorcido discurso: “Eso, Andrés Manuel, ni Morena, ni con la estampita que traiga en la cartera hoy lo borra, Andrés Manuel es el candidato del PRI, el candidato de la corrupción, el candidato que garantiza que todo esto que México no quiere siga manteniéndose.

“Ojalá compañeras y compañeros Diputados, aprobemos este punto de acuerdo para dejar en claro que Ricardo Anaya no tiene nada que ver con esas investigaciones”…

Atajaba entonces el priísta senador del Pvem Juan Gerardo Flores, cuya mala leche contra Anaya era tan venenosa como la del PAN-PRD contra Amlo: “Lamentablemente se trata de un candidato (Anaya) que ha cometido delitos y que tiene que responder por ello ante la justicia”.

Ahora atajaba Jorge López, diputado del PAN, quien enderezó la mira y apuntó a Los Pinos: “Enrique Peña Nieto ya perdió porque tiene miedo”. Y soltaba otro fogonazo: “Al senador Flores le da miedo o le da vergüenza contestar preguntas porque sabe que no está bien informado. No, Senador Flores, Ricardo Anaya no es el único que está denunciado.

Aquí tengo, les voy a mostrar, dos denuncias: Una contra José Antonio Meade y otra contra Andrés Manuel López Obrador.

“Este servidor las presentó, como presenté hace tres meses una denuncia en el Instituto Nacional Electoral contra la PGR.

“¿Y qué creen? La justicia me dio la razón y reconvino a esa Procuraduría títere de Enrique Peña Nieto, a que no difundiera videos falsos en contra de nuestro candidato Ricardo Anaya”.

¡Qué se iba a quedar callado el PRI! En voz de la diputada Martha Sofía Tamayo, soltó uno, dos, tres, cuatro derechazos entre ceja, oreja y madre al PAN: Uno: “Hay varios delitos en contra del candidato de ustedes, Ricardo Anaya y de sus socios; socios y compinches, los hermanos Barreiro”.

Dos: “Ricardo Anaya está tocado, y tocado de manera fatal. Aquí sacan ustedes sus cartulinas, de un solo periódico, mismas que están desmentidas por la prensa local de todo el país donde se dejó constancia plena que el ganador de este debate era, por segunda ocasión el candidato Meade, y por diversas encuestas realizadas por gente como Paulo Ordorica; el economista José Cárdenas, líder en mexicanos, Publimetro México; la Ibero 90.9 FM, entre muchos, muchos otros que coinciden en desmentir esa cartulinita que han sacado”.

Tres: “Creo que ya basta de que nos estén adjudicando alianzas inexistentes. Nosotros hemos atacado de fondo al mismo partido y candidato con el que ustedes pretenden aliarnos”.

Y cuatro: “Este personaje que ustedes hoy defienden ha traicionado durante toda su todavía corta vida a muchísima gente, a muchísimas instituciones incluso, y vamos a ver si los resultados de ese asunto descubren que ustedes también están siendo traicionados, y que este, Ricardo Anaya, a quienes ustedes hoy defienden resulta que es, como nosotros estamos viéndolo, un auténtico delincuente”.

Un Ricardo Anaya, sentenció la priísta, “que está dando muestras de ser un pillastre sin ninguna pena, un desvergonzado que tiene el agua hasta el cuello”.

El PAN dijo en voz del senador Héctor Flores: “El señor Ricardo Anaya no tiene la calidad de indiciado; ha sido señalado, eso sí, en una serie de argumentaciones, nos parece a nosotros, que desde luego fomentadas y distorsionadas desde las oficinas de la Procuraduría, como lo ha sido el candidato del PRI y como lo ha sido el candidato de Morena.

“De suerte que prácticamente los tres candidatos están señalados ante las autoridades de procuración de justicia”.

Y el PRI, a través de la senadora Yolanda de la Torre, dijo: “Y en cuanto a Ricardo Anaya, por más, por más que se desbaraten en defenderlo, no pueden, por más que pongan sus papelitos del (diario) Reforma, todos lo sabemos, de verdad que se ven muy mal, porque Anaya es un corrupto, y eso lo sabe todo México.

“Fíjense nada más, Ricardo Anaya está solo, los empresarios lo abandonaron, sus amigos, inclusive, amigos como Denise Dresser el que expresaba su decepción por el fracaso rotundo de Ricardo Anaya en su análisis: “Anaya, la soledad de un fracaso”. No oculta su amargura y decepción por un candidato que ya no está a la altura y a las expectativas de México, Ricardo Anaya está solo, Ricardo Anaya va en caída libre y eso no lo pueden evitar”.

Todavía siguieron mordiéndose panistas y priístas un buen rato en tribuna.
15 Junio 2018 04:00:00
El llanto y crujir de dientes de Anaya… Pero también de Meade y el PRI
¿Un debate? Más bien era un batidero. Y daban a notar priístas y panistas que se conocían muy bien.  El PRI, con su pretensión de destruir a Ricardo Anaya por haber amagado este con meter a la cárcel a Enrique Peña Nieto en caso de ganar la elección presidencial, a toda costa, a ultranza, quería ver al candidato presidencial panista boqueando sangre y mordiendo el suelo.

Y, ahora, el agarrón entre la senadora del PRI Diva Hadamira Gastélum Bajo y la senadora del PAN Adriana Dávila Fernández:
Gastélum Bajo: “El equipo de Anaya sabe hace 15 días que el joven maravilla está tocado, el joven maravilla inició la campaña tocado, y es un tema que más allá de un tema jurídico, es una percepción que tiene la sociedad  y eso no lo pueden controlar.

“Escuchaba yo el debate y miraba el desespero y la angustia que tiene Ricardo Anaya, y no es para menos, porque creyéndose un hombre único en un partido que lo desmanteló, sacó todo lo que no quería y se quedó solo, el joven maravilla creyendo que él podía solo.

“Pero sí es más, los mismos de su casa tuvieron que salir corriendo porque no pueden con esta carga de deshonestidad, y él empieza a salpicar para los lados, pero les recuerdo al Frente, que el único indiciado se llama Ricardo Anaya; no hay otro, porque realmente el resto de las cosas que ustedes traen, por cierto, el problema que tenemos de procuración de justicia en el país lo originó Ricardo Anaya, así es, tomó las cámaras y paralizaron el país, paralizaron el país, así es, por Dios, realmente fue Ricardo Anaya quien paralizó el país, no es mentira, lo que tenemos hoy de responsables fue producto de todo este movimiento que hizo Ricardo Anaya, como ha hecho todos.

“Y yo creo que realmente Ricardo Anaya, además de un buen abogado  para su defensa, necesita una buena defensa, necesita una atención psicológica, porque el problema que tiene es sicológico, su problema es personal,  es individualista, es un hombre único, inteligente, brillante, que no puede con la carga social que en este momento tenemos”.

“… Y sí les quiero decir, si alguien más está coludido, pues persíganlo, pero no saquen ustedes las cartulinitas diciendo que Ricardo Anaya ganó el debate ayer, porque él mismo no pudo sostener su cara, su angustia que no puede con la angustia de saberse perseguido por una verdad que ya lo alcanzó, no lo va a alcanzar, ya lo alcanzó.

“¿Y qué creen? Va en picada y sin protección, va a perder, no solamente perder el debate sino la elección”.

Tal para cual. También el PAN traía con qué querer al PRI. Adriana Dávila Fernández dijo: “La verdad es que si hemos escuchado algunas barbaridades, hoy acabamos de escuchar otras más. Permítanme nada más recordar algunas frases.

“En la PGR había un excelente Procurador’. ‘Alejandro Gutiérrez, exsecretario general de Chihuahua, es un preso político’. ¿Lo dijo alguien del PRI? No. Lo dijo la presidenta de Morena.

“Pero fíjense lo que acabamos de escuchar hoy con nuestra compañera senadora: Que es la percepción que tienen los ciudadanos respecto de Ricardo… ¿De cuándo acá los temas judiciales deben tratarse respecto de las percepciones? Estarían todos los priístas metidos en la cárcel.

“La verdad es que es terrible la forma en la que han usado a la Procuraduría General de la República. Es verdaderamente lamentable que en los problemas que este país tiene no se haya pronunciado el PRI con tanta fuerza, con tantas ganas, con tanta, yo diría, efectividad, para resolver problemas como Ayotzinapa, para resolver problemas como la Casa Blanca.

“Pero también cuando dejó acéfalo el tema de la Procuraduría, y hoy usan a un encargado de la Procuraduría porque saben que lo pueden agarrar para hacer este tipo de cuestiones.

“No hay miedo de que puedan entrar a la investigación con Ricardo Anaya, el tema es que si no les importara, si de verdad Meade fuera en el segundo lugar, ¿para qué se ocupan de Anaya?
“Su candidato, dicen ustedes los priístas, que es lo más honesto que tiene el PRI. Efectivamente, en eso sí coincidimos, yo diría el menos corrupto, efectivamente, el menos corrupto, pero lo cierto es que no se ocupen entonces de Ricardo Anaya, si ustedes van en segundo lugar, ocúpense de Morena.

“Pero… ¡Ah! No verdad, creo que ya pactaron. Y permítanme decirles. Reitero, en la PGR había un excelente procurador.

“¿Pues no que queríamos un fiscal autónomo? ¿No que estábamos buscando que la mafia del poder, dirían los morenistas, no se juntaran? ¿Nada más que qué creen? Se juntaron todos. Permítanme nada más explicarles este tema.

“Hay un pleito muy claro en el PRI, y lamentablemente José Antonio Meade no se ha dado cuenta, está pecando de ingenuo, aunque dicen que en política esa palabra no existe. Y voy a decirla con toda claridad.

“Dos grupos priístas, el joven PRI, el nuevo PRI y el viejo PRI. El joven PRI encabezado por su presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que le salió verdaderamente desastroso, terrible, lo peor que le ha pasado a este país en este gobierno”.

Había en las voces de priístas y panistas un tono aprensivo, atormentado y de desesperación. Pero no solo por el lado de Anaya, sino también de Meade y del PRI. Saben unos y otros que están llegando al umbral de su llanto y crujir de dientes. (Continuará)
14 Junio 2018 04:00:00
La fiesta de las traiciones del PRI y PAN
La fiesta de las traiciones irrumpió ayer, con ímpetu de barrancada, en los territorios del Congreso de la Unión. PRI y PAN –aliados desde 1988- protagonizaron uno de los debates más descarnados que se recuerde entre ellos. Era también una fiesta de reclamos muy airados. El pretexto fue una propuesta del PRI a la asamblea de la Comisión Permanente para que exhortase a la PGR a acelerar las indagatorias contra el candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya por lavado de dinero, acusación que apenas hace unos días presentó ante el ministerio público federal el senador panista Ernesto Cordero. Y que la PGR informe en un plazo de diez días sobre los avances de dicha investigación.

Dijo el PRI, sobre Ricardo Anaya: “Es un auténtico delincuente, un desvergonzado que tiene el agua hasta el cuello”.

Y reviraba el PAN al PRI: “Enrique Peña Nieto es el presidente más inepto y corrupto de la historia, que orquesta una elección de Estado”.

El PRI en voz del senador José María Tapia Franco, soltó: “En los últimos meses diversos medios de comunicación han evidenciado las irregularidades que involucran a Ricardo Anaya Cortés, en delitos como tráfico de influencias y lavado de dinero.

“Al respecto, ante la Procuraduría General de la República, se han presentado denuncias que vinculan al candidato de la coalición Por México en Frente con diversas actividades ilícitas.
“Los señalamientos indican que en el 2014 Ricardo Anaya adquirió un lote por 10 millones de pesos, y en el 2016 ese inmueble fue vendido por un poco más de 54 millones de pesos, producto de supuestas mejoras, como la construcción de una nave industrial.

“Ricardo Anaya habría incurrido en el delito de lavado de dinero por la venta ficticia de esa nave industrial entre las empresas Juni Sierra S. A., de C. V., y Manhattan Master Plan Development.
“Durante esa transacción se dejó de manifiesto la entrega de recursos financieros a Ricardo Anaya Cortés a través de un esquema que permitió la triangulación de dinero a diversas cuentas y varios paraísos considerados paraísos fiscales.

“Es importante señalar que el servicio de Administración Tributaria dio a conocer que Manhattan Master Plan Development, relacionada con el candidato presidencial Por México al Frente, emitió comprobantes sin contar con los activos personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar bienes que ampararan tales cantidades, comprobantes”.

Un enfurecido Héctor Larios Córdoba, senador del PAN, ocupó la tribuna. Y dijo: “La competencia solamente tiene dos candidatos viables y aquí no hay más que la desesperación en extremo de la impotencia de haber pasado el último debate y ni siquiera poder figurar no digo en segundo, figura en tercer lugar, después de un contundente triunfo de Ricardo Anaya.

“Entiendo la motivación, nosotros estamos a favor y nos parecen muy largos 10 días para que la PGR informe el resultado de sus indagatorias, porque ha estado manipulando el uso de la justicia para tratar de incidir de manera electoral.

“¿Hay alguien en este país que dude de que en la presentación de Ricardo Anaya en la PGR filtren el video?

“Hay alguien que dude que la PGR no está con ánimo de tener incidencia electoral y no le ha funcionado.

“Sigan manipulando las instituciones del Estado, sigan trabajando de manera sucia, de manera corriente en contra de la administración de la justicia y es claro que se les está revirtiendo.
“Lo que pedimos es que se resuelva en menos de 10 días.

“Y si no hay elementos, que tenga la dignidad la Procuraduría de decir: ‘no tenemos elementos’ y no estar manipulando la información, no estar emitiendo boletines de que se turne a la SIEDO media hora antes de que inicie a un debate, no estar como un actor del proceso electoral y no como un actor como debería de administración de la justicia.

“Pero si se trata de administración de la justicia, yo le pediría al PRI, que tenga la generosidad de adherirse a que ampliemos este punto de acuerdo para que también la PGR termine con las investigaciones de Odebrecht.

“El anterior procurador, en su informe final, dijo: ‘Están concluidas. Vendrán las actuaciones de la PGR’.

“Y vemos a Lozoya pasearse por todo el país y vemos a todos los que participaron en este terrible fraude, que solamente en dos países de los que se ha denunciado no ha habido ejercicio de la acción penal, en Venezuela y en México.

“Si el PRI quiere justicia, nosotros queremos más justicia. Queremos que se aplique justicia. Y si no hay elementos para perseguir a Ricardo Anaya, que dejen de manipular y lo digan con claridad.

“Y si no hay elementos para perseguir a alguien de Odebrecht, que lo digan.

“No que guarden el expediente debajo del tapete, y no necesitan 10 días, el anterior procurador claramente en su informe dijo que estaba la investigación concluida”.

Apenas era el comienzo de esta fiesta de puñaladas y traiciones. Iban a decirse apenas cosas como aquella, del PAN, de que la PGR es “testaferro” vergonzante. Que Peña es un super corrupto. Que Andrés Manuel López Obrador, es un encubridor de Peña y un corrupto.

O aquel revire del PRI, de que Anaya es un psicópata que miente del modo más desvergonzado.

No existe precedente en los territorios del Congreso de la Unión un agarrón tan sangriento (y “excrementoso”, se escuchó decir en el pasillerío) entre el PRI y PAN, que han estado aliados desde 1988. (Continuará)
13 Junio 2018 04:00:00
Quiere el PRI desesperadamente el segundo lugar para, desde ahí, catapultar el fraude
La Comisión Permanente sesionará hoy, miércoles 13, un día después de la celebración del tercer debate presidencial. El hecho de que entonces ya se vaya a saber lo que se dijeron y no se dijeron los cuatro debatientes, esto no querrá decir que el Congreso de la Unión vaya a incorporar en el orden del día de la asamblea el capítulo de comentarios políticos sobre lo que será el último ejercicio de debate entre los protagonistas de la actual carrera presidencial.

Tendrían que incorporarlo. Deberían. El presidente del Senado, Ernesto Cordero, acaba de apersonarse ante la PGR para denunciar a su todavía correligionario –pero evidentemente gran enemigo político- Ricardo Anaya, de lavador de dinero. Casi, casi, de miembro de la delincuencia organizada.

El PAN de Ricardo Anaya, a través de un diputado federal, contra atacó, y ayer se presentó en la PGR para acusar no solo a José Antonio Meade Kuribreña de encubrimiento en los casos Odebrecht y el Estafa Maestra, sino también a Andrés Manuel López Obrador –a quien, como recurso último y desesperado, tratan los panistas a toda costa de relacionar con el PRI y con Enrique Peña Nieto- al que lo acusaron de “financiamiento ilícito”.

Todos estos rejuegos salvajes que se dan en el contexto del proceso electoral son materia prima para el Congreso, si éste de veras asumiera en serio su papel de contrapeso constitucional o de control político.

Sin el menor rubor, es decir con el mayor cinismo y desvergüenza, tanto el PRI como el PAN han recurrido a la PGR para convertirla en instrumento de golpeteo electoral.

Es inaudito cómo el PRI y todo el aparato de gobierno peñista utiliza a las instituciones para acabar con un candidato presidencial, disputándole con el cuchillo entre los dientes el segundo lugar de la carrera por la presidencia de la República.

Ayer, en víspera del tercer debate, barbotó otra vez en los pasillos del Congreso la conjetura aquella de que el PRI -en su desesperación ante su derrota inminente anunciada por cuanta encuestadora sale a la vera del camino- quiere a como dé lugar el segundo lugar, para desde allí acometer con la brutalidad que acostumbra al proceso electoral, y hacer que cuaje un fraude, al que no ha renunciado hacer por supuesto.

Con la presidencia de la República, los priístas pierden mucho. Pierden impunidad. Pierden la posibilidad de continuar con negocios en todo el país y en todas las actividades y ocupaciones.

Pierden un poderoso mecanismo de enriquecimiento como es la corrupción. Pierden todo prácticamente.

Y perderlo todo –decían ayer en un corrillo en un pasillo de San Lázaro- los hace a punto de asumir la condición de una rata acorralada.

Cuando una rata se sabe perdida, entonces es capaz de agredir y brincarle a la cara a quien o quienes la tengan bajo condición de inminente peligro.

Es dura la comparación, pero así han comenzado a mirar al PRI en el pasillerío de la Cámara de Diputados: como una rata que está dispuesta a cualesquiera cosa con tal de salvar el pellejo.

En este caso, con tal de continuar con el control de la presidencia de la República.

Por eso supone el PRI que estando en el segundo lugar será menos difícil brincar al primero, por muy alto y lejano que se vea; haciendo una guerra en distintas direcciones: compra de votos, compra de gente que ya se encargará de representar a distintos partidos en cada una de las 144 mil casillas que se instalarán a lo largo y ancho del país. Robo de urnas. Anulación de urnas mediante artificios.

El PRI, que ha vivido del robo y la mentira durante muchos años, lo que le ha redituado tanto tiempo en la presidencia, no ha renunciado a su pretensión de agandallarse la presidencia de la República. Y en esto está, evidentemente.

De ahí que tanto atosigue a Ricardo Anaya, quien no quiere dejar su segundo lugar a Meade. Aunque esto no signifique que Anaya sea un impoluto. Al contrario, lo atacan con la verdad. Y la verdad consiste en que el candidato presidencial panista está atiborrado de hechos jurídicos, de los que en tiempos normales debería también responder.

El debate de Mérida –esta columna se cerró antes de que se celebrase- tenía para el PRI, de acuerdo con la opinión de múltiples politólogos, la importancia de desbancar del segundo lugar a Ricardo Anaya.

El PRI y las huestes corruptas de Enrique Peña Nieto han considerado que el segundo escalón será fundamental para desde ahí catapultar toda la estrategia de robo de la presidencia de la República.

Por eso tanta sevicia contra Anaya estos días, al grado de que lo amagan con la SEIDO, pretendiendo decir con ello que en cualquier momento inician una persecución al grado de aprehenderlo.

El debate ya no será con Andrés Manuel López Obrador, a quien nadie quitará el primer sitio, sino entre Anaya y Meade.

Anaya revirará con dos planteamientos: Uno: que ya el PRI, Peña y AMLO se aliaron. Que ya pactaron. Y dos: que si él llegase a la presidencia de la República, entones abriría un cauce judicial para investigar a Enrique Peña Nieto por hechos de encubrimiento y grave corrupción.

Pues todo esto que se escucha en los pasillos de San Lázaro y en los del Senado, deberían ser materia prima de diputados y senadores para su aireamiento en la sesión de hoy de la Comisión Permanente.

¿Lo harán? Difícilmente. Pero, veremos.
12 Junio 2018 04:00:00
El robo de los 400 millones de pesos a la banca; ¿quién fue?
Desde las oquedades del ciberespacio, la Internet, un grupo de bandidos –ahora se sabe- coludidos con empleados de diversos bancos, sustrajeron cientos de millones de pesos de diversas instituciones financieras del país. El Banco de México, presuroso, salió a jurar que de lo que se robaron nada era de los usuarios de la banca comercial, y fueron los banqueros quienes apechugarían el hurto, cuya cifra se cuidaron muy bien de no decir, aunque se filtró la cantidad de los 400 millones de pesos.

Esta tremenda rajadura al dique de la confianza hacia los bancos, fue la prioridad para el Banco de México. Pero la taponaron mal. Simplemente la gente de a pie no cree a los banqueros que nomás eso hayan robado.

Por eso, en la sesión del pasado miércoles, la Comisión Permanente exhortó al Banco de México que informase detalladamente “en torno de la intervención cibernética que vulneró los sistemas de transferencias electrónicas de las instituciones financieras, incluyendo el alcance de la afectación, las autoridades responsables y las medidas de prevención establecidas”.

Por el PRI, argumentó en tribuna la senadora Yolanda de la Torre Valdez: “El tema de la ciberseguridad en el sistema financiero ha adquirido particular relevancia a nivel global, por supuesto, en México, debido al aumento de los ataques a dicho sistema, que en los años recientes hemos tenido, sobre en pasadas semanas.

“Los ataques de ciberseguridad a través del sistema de pagos electrónicos interbancarios, mejor conocidos como SPEI, registrados en semanas anteriores, y que afectan a diferentes grupos financieros, ponen en evidencia la vulnerabilidad del sistema financiero de nuestro país.

“Para dimensionar la magnitud de este asunto, cabe mencionar que en 2018 el volumen de transacciones efectuadas vía dicho sistema, ascendió a 33 millones de operaciones, cifra equivalente a 15 billones de pesos, promedio mensual, cifra superior en 8 millones a las realizadas en 2012, que equivale a 13 billones de pesos.

“De acuerdo con las autoridades del Banco de México, se realizó un intento de hurto electrónico por transferencias no autorizadas a cinco instituciones bancarias a través de tres proveedores externos que interconectan a los bancos con el SPEI.

“Se estima entre 300 y 400 millones de pesos lo que sustrajeron al crear órdenes fantasmas que transfirieron fondos a cuentas falsas, y que fueron retirados rápidamente.

“En el PRI continuaremos actualizando el andamiaje jurídico para salvaguardar los derechos y patrimonio de los usuarios en los servicios financieros y obligar a las instituciones a que cumplan con los protocolos de seguridad en todas las operaciones y plataformas, así como endurecer las penas para aquellos que cometen y sean cómplices de este tipo de delitos.

Otro orador fue Luis Humberto Fernández Fuentes, senador del Pt-Morena, quien dijo: “El primero es el exhorto a la Procuraduría  para que le dé prioridad y atención  a la persecución de los delitos, materia de este punto de acuerdo, toda vez que aunque ya ha pasado el tiempo no hay ni definidos ni tampoco noticias de la investigación criminal de estos hechos.

“Y la segunda y más importante es que de manera respetuosa, solicitemos al Ejecutivo  presente una estrategia de ciberseguridad financiera.

“¿Por qué es la importancia de esto? De otra manera nos quedamos con un informe sin avanzar en la solución o sin mejorar las condiciones para evitar estos delitos en el futuro”.

Tercer orador, David Monreal Ávila, senador también del Pt-Morena: “Todos estaremos de acuerdo en que este tema es de suma importancia y de primordial atención, ya que en lo que va del año, el sistema de pagos electrónicos  interbancarios en México, ha registrado 33 millones de operaciones, lo que equivale a 15 billones de pesos en promedio mensual.

“Si bien, la intromisión cibernética solo afectó de manera directa a instituciones financieras, no podemos dejar de pensar en la seguridad de los usuarios, en la protección de su patrimonio.

“Por otro lado, hasta el día de hoy solo se sabe que el ataque cibernético a cinco instituciones bancarias tuvo como consecuencia la sustracción de 300 millones de pesos, mediante la creación de órdenes fantasmas de transferencias, de fondos a cuentas falsas que fueron retirados rápidamente en efectivo.

“No hay claridad sobre el daño real causado ni de quién fue esa responsabilidad.

“No debemos perder de vista que esta parte puede comprometer la seguridad nacional, la protección de datos de los usuarios y su patrimonio financiero.

“Todo parece indicar que hay una responsabilidad en las instituciones financieras que no se han apegado a los protocolos de seguridad sobre operaciones y plataformas, por lo que en un segundo momento se debe exhortar al Banco de México para que aplique las sanciones correspondientes, si se llega a comprobar alguna omisión por parte de estos bancos”.

Y el senador del PAN Héctor Larios Córdova, quien afirmó: “No es un asunto irrelevante, estamos hablando de la seguridad patrimonial de los usuarios de la banca, dicho sea de paso los principales interesados en tener certidumbre sobre su patrimonio.

“Es pertinente hacer un llamado a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios  de Servicios Financieros, para que refuerce las acciones, la asesoría y la atención a los usuarios y generar un ambiente de tranquilidad.

“A todos nos tienen que quedar muy claro los trabajos que realicen dentro de la Comisión Permanente en torno a este tema, tienen que velar por los intereses del ciudadano siendo su patrimonio financiero lo primordial en los sistemas de seguridad”.

El Banco de México deberá responder pronto. Veremos.
09 Junio 2018 04:00:00
A cuidar todos el sector automotriz
La insensatez de Donald Trump golpeaba en los territorios del Congreso mexicano. Y adonde golpeaba chisporroteaba. Cuando se trata de confrontar a Estados Unidos, el oficialismo desaparece, al menos en el discurso, o termina fundiéndose con la oposición hasta hacerse todos uno solo.

El turno del senador del PT Luis Humberto Fernández Fuentes: “Estados Unidos le declara la guerra comercial al mundo hace unas semanas, ¿qué es lo que pasó? Eliminó una excepción que se había puesto a todo el mundo, el tema de los aranceles.

“¿Pero qué significa esto? No solo es un arancel, es una guerra comercial a todo el mundo y es un regreso a 40 años del comercio internacional.

“¿Es deseable? Sí, sin duda. ¿Es saludable? Sí, sin duda. ¿Es suficiente? No lo sabemos”.

Y el apostille del senador: “Entonces la pregunta obligada es cómo debe de responder México a este tipo de acciones.

“Lo que no podemos obviar es la asimetría entre el tamaño de la economía de Estados Unidos y la mexicana entre la potencia diplomática y la potencia de influencia que tiene Estados Unidos y la que tiene nuestro país.

“Entonces frente a esta diferencia tan grande ¿una acción aislada es suficiente? No.

¿Creo que es necesaria? Sí. ¿Pero esto cambia la correlación de fuerzas? De ninguna manera.

“Entonces la respuesta más viable en este momento es entender que la agresión de Trump no es específica sobre México, fue contra todo el mundo, y a partir de eso creo que lo más saludable es empezar a ver una respuesta que sea efectiva, y el primer paso es construir una posición global y un debate internacional en beneficio del comercio libre y justo”.

El PAN, históricamente el más permisivo de los partidos políticos con las políticas de Estados Unidos, dijo en voz de Agustín Rodríguez Torres: “El momento que estamos viendo el día de hoy en el tema de aranceles, no nos debe únicamente preocupar el tema de los aranceles al acero y al aluminio, lo debemos de ver como un preámbulo de las afectaciones a futuro que pudiera tener nuestro vecino país.

“En Acción Nacional estamos preocupados por el tema arancelario en el que se corre un riesgo real de afectaciones a nuestro comercio internacional y a nuestra economía.

“La decisión de no extender las exenciones arancelarias, tanto a México como a Canadá, es producto por no decir ‘represalia’ del aplazamiento de las conversaciones del Tratado de Libre Comercio entre los tres países y en la prácticamente conclusión de las mismas por la falta de acuerdos ante la intransigencia de Donald Trump”.

Y el apostille del panista: “Sin lugar a dudas, la posición el gobierno del presidente Trump es una medida en extremo radical que es resultado de su visión proteccionista de la economía en un contexto global, donde el libre comercio y el aprovechamiento de ventajas competitivas y los tratados comerciales entre diferentes países imperan.

“La medida tomada por aquel gobierno impactó de forma inmediata el tipo de cambio.

Nuestra moneda hasta hoy se ha depreciado un poco más de 3 por ciento, valor que está muy cerca de alcanzar su máximo histórico desde el 2015.

“Y ante la posición el Gobierno de Estados Unidos, celebramos que la reacción del Gobierno mexicano no se hizo esperar. Y en días pasados a través de la Secretaría de Economía, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una lista de diversos productos estadounidenses que serán sujetos a nuevos aranceles, que incluyen un 20 por ciento a importaciones definitivas.

“Los aranceles se impondrán a productos como la lámina, piernas y paletas de puerco, embutidos y preparaciones alimenticias, manzanas, uvas, arándanos, quesos, entre otros, por un monto equiparable al nivel de afectación que causará la decisión de la administración de Donald Trump.

“Pero en Acción Nacional, vemos con preocupación que estas medidas de Estados Unidos sean el preámbulo para imponer impuestos a la industria automotriz nacional.

“Esa ha sido una de las principales obsesiones de Donald Trump en su permanente ataque contra México. Y si no protegemos nuestra industria corremos el grave riesgo de perjudicar al sector automotriz, el cual representa alrededor de una tercera parte de todas las exportaciones de nuestro país”.

Entonces cerró los posicionamientos el priísta Arturo Huicochea Alanís, suplente, ahora propietario, de la diputación que tenía César Camacho Quiroz, el hombre de Peña Nieto en San Lázaro: “Desde el inicio de su administración, el presidente de los Estados Unidos ha sostenido una actitud hostil y prepotente. Deshonra al pueblo y a la historia norteamericanas.

“En contraste, nuestro gobierno ha privilegiado el diálogo y la negociación. Frente a los embates viscerales de allá a acá, se ha mostrado madurez y respeto; y de cara a la amenaza constante nuestro gobierno ha defendido nuestra soberanía y dignidad nacionales.

“Argumentando que la importación de aluminio y acero de Canadá, la Unión Europea y México, como explicó muy bien hace rato el senador Héctor Larios, argumentando que eso representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense, Trump impuso aranceles a nuestras exportaciones de acero y aluminio.

“Por eso respaldamos las medidas arancelarias y no arancelarias aplicadas por el Ejecutivo Federal, para suspender el trato preferencial y el incremento de las tasas del impuesto general de Importación a diversas mercancías originarias de Estados Unidos de América, las cuales deberán permanecer vigentes hasta que ese país haya dejado de aplicar las injustificadas tasas a productos de acero y aluminio originarios de México”.

Y concluían en el Legislativo mexicano. Pero Trump no deja de hablar.
08 Junio 2018 04:00:00
Trump, el presidente ‘más primitivo e ignorante’ que ha tenido EU
Arreciaban los posicionamientos contra Donald Trump, en el Congreso de la Unión.

Hacía un instante, el diputado del Pes Abel Cruz Hernández también hubo dicho que el discurso de Donald Trump “apela a las más bajas pasiones, como la xenofobia, el machismo, la intolerancia política y el dogmatismo religioso”. Pero, además, acotó diciendo que las medidas que acababa de decidir México solo beneficiarían en el corto plazo, porque los mexicanos dependen de la economía estadounidense en un 70 por ciento.

Y apostillaba el legislador: “Las medidas agresivas del presidente Trump, parecen dejar de lado la importancia que la población mexicana tiene en el vecino país, pues de acuerdo a la información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 40% de las empresas del Fortune 500, fueron fundadas por migrantes de primera y segunda generación, estas crean diez millones de empleos, los mexicanos representan el 12% de inmigrantes dueños de pequeños negocios en Estados Unidos.

“Alrededor de 570 mil empresas en este país, más una de cada 25, son propiedad de inmigrantes mexicanos y generan anualmente 17 mil millones de dólares tan solo en ingresos.

“En conclusión, se puede afirmar que el mercado hispano es fundamental para la prosperidad estadounidense, los hispanos son el mayor mercado minoritario del país.

“Y de acuerdo con un estudio de Ceilán Center de la Universidad de Georgia, el poder de compra de los hispanos superó los 1.5 trillones de dólares en el 2015, cerca del 11% del total de Estados Unidos”.

De mensaje escueto, el Panal en voz de Josefina González Luna arengaba: “No impulsemos el discurso de la dependencia”.

Discurso en dos tiempos, el de Macedonio Tamez Guajardo, diputado del Mc: “Me parece paradójico y hasta debo de decir primitivo la actitud del vecino del norte, de su presidente, primitivo e ignorante que está contradiciendo el principio de libertad de comercio y de división del trabajo, en perjuicio, en primer lugar, de sus propios ciudadanos, que es lo que ellos aparentemente no han visto”.

Y dos: “Mi temor, amigos, no solo es que se perjudique el comercio, acuérdense que cuando los nacionalismos cierran fronteras, la primera barrera es para los bienes; la segunda para las personas; la tercera para las ideas; y la cuarta para la paz”.

Turno entonces de Juan Romero Tenorio, de Morena, quien decía: “¿En qué posición está jugando el Estado mexicano, en este toma y daca, con Estados Unidos en la cuestión comercial?

“En una cuestión de desventaja, porque tenemos que asumir una posición más crítica y determinar si las metas de desarrollo que estableció el Ejecutivo Federal, que está por concluir ¿se han cumplido? o ¿no se han cumplido?

“¿En dónde ha habido debilidad en una estrategia que permita un desarrollo con equidad y proporcionalidad y permita una distribución del ingreso que tiene nuestro país?”

Y remachaba Romero Así: “Tenemos un déficit interno en cuanto a fortalecer a una economía nacional capaz de competir en un mercado globalizado. Tenemos que ir más a fondo, no solamente aplaudir las medidas que la coyuntura obliga al Ejecutivo Federal”.

Entonces habló el PRI a través del senador pvemista Juan Gerardo Flores Ramírez, quien dijo: “En el Partido Verde desde luego que respaldamos las medidas anunciadas por la Secretaría de Economía en cuanto a la imposición de aranceles a diversos productos, no solo en materia de acero, sino particularmente los que tienen que ver con el sector agropecuario para importaciones provenientes de los Estados Unidos, porque la medida, sin duda, ha sido estratégica.

“Desde ayer estamos viendo reacciones en los Estados Unidos, porque estos productos que, efectivamente, fueron incluidos por el gobierno de México en su respuesta, pues están vinculados con actores, con estados de actores políticos muy relevantes dentro del Congreso de los Estados Unidos, que desde luego, pues ya están muy preocupados de la respuesta que México ha empezado a adoptar.

“Se trata de estados donde tenemos legisladores republicanos que han anunciado públicamente que tienen dudas sobre las medidas del presidente Trump, que están preocupados sobre el efecto que pueda tener sobre las economías de sus estados, y desde ese punto de vista creo que ha sido muy atinada la repuesta del Gobierno de México al establecer estas medidas o estos aranceles a productos específicos, como los mencionó el senador Héctor Larios aquí en tribuna”.

Era una feria de coincidencias. A Trump, en el Congreso mexicano, tirios y troyanos lo ven inobjetablemente como un enemigo de México, ni más ni menos.

Angélica de la Peña Gómez, senadora del PRD: “Hoy estamos ante una forma de cómo se emprenden con infortunio o con eficacia las negociaciones que a veces no son fáciles con uno de los poderes más poderosos del mundo, que además tenemos historias que a lo largo de nuestras historias, de la construcción de ambas naciones, pues reflejan siempre una situación de relación compleja con la gran cantidad de obstáculos y en la política si algo es ejemplo de lo que se determina por lógica causa-efecto, es, precisamente, el ejemplo lo podemos dar en la relación con Estados Unidos”.

Y apostillaba Angélica: “No voy a hablar de los distintos hechos históricos que hemos enfrentado con Estados Unidos, pero a lo que sí hemos aprendido de la historia es que cuando tienes gobiernos en el caso de México, que son fuertes, que son determinantes, obviamente hay un contrapeso importante frente a los embates de EU, sobre todo cuando tiene gobiernos que se caracterizan por ser radicalmente inhóspitos contra México”. (Continuará)
07 Junio 2018 04:00:00
Pegarle a Trump donde más le duela electoralmente, recomienda el Congreso
El Congreso mexicano reaccionó por fin en torno de la guerra comercial que sostienen México y Estados Unidos. En punto de acuerdo aprobado ayer, en sesión de la Comisión Permanente, ha respaldado “las decisiones que ha tomado el Ejecutivo de imponer aranceles, no necesariamente exclusivamente al acero y al aluminio, sino a otro conjunto de productos sensibles que permitan generar serias molestias políticas a nuestro vecino del norte”.

Y, segundo, ha respaldado “acompañar la decisión del Ejecutivo de presentar una controversia en un panel de la Organización Mundial del Comercio, al igual que están haciéndolo los demás países afectados”.

Es un tema algo viejo para un poder que se jacta de ser el contrapeso constitucional.  Los hechos viajan en avión; el Congreso con sus reacciones viaja en carromato.

De cualesquier modo, he aquí las justificaciones del Congreso sobre el dictamen, en voz de Héctor Larios Córdova, senador del PAN: “Bueno, el tema del retraso que a veces se provoca porque se prolonga la sesión de la Comisión Permanente hizo que este punto de acuerdo que estaba sometido a votación en la sesión pasada, que fue reservado para su discusión por algunos integrantes de la Comisión Permanente, llegó  a tiempo y no se aprobó.

“¿Y qué proponía este punto de acuerdo? Exhortar a la Secretaría de Economía a que en el supuesto de que Estados Unidos establezca aranceles al acero y al aluminio reaccione con rapidez y con firmeza ante tal agresión comercial.

“Evidentemente está absolutamente fuera de tiempo el que vayamos a aprobar hoy una propuesta en este sentido.

“De tal manera que hemos consensuado una modificación al punto de acuerdo para ponerlo en dos puntos.

Primero.- Respaldar las decisiones que ha tomado el Ejecutivo de imponer aranceles, no necesariamente exclusivamente al acero y al aluminio, sino a otro conjunto de productos sensibles que permitan generar serias molestias políticas a nuestro vecino del norte.

Y segundo.- Acompañar la decisión del Ejecutivo de presentar una controversia en un panel de la Organización Mundial del Comercio, al igual que lo están haciéndolos los demás países afectados.

“Yo solamente haría referencia a que no es un tema, sí ciertamente el presidente Trump ha sido particularmente ofensivo con nuestro país. Sí ha sido particularmente, se ha ensañado con México y nos ha usado para sus beneficios electorales.

“En este caso en particular, no es una acción en contra de México, esa acción la tomó en contra de todos los países que producen y le venden a Estados Unidos acero y aluminio, y exentó de los aranceles del 25 % al acero y el 10 % al aluminio; exentó por un tiempo a México y Canadá por el marco de la negociación del acuerdo de Libre Comercio de América del Norte y también a la Unión Europea.

“Se venció el plazo de la exención y simplemente decretó, y  me parece que esto es importante porque en este caso particular no es una acción contra México, sino contra todo el mundo.

Particularmente contra el sistema de libre comercio y yo creo en lo personal contra la Organización Mundial del Comercio que es al final donde quiere llegar.

“Quizá algún día desconocerla, lo cual sería fatídico para este planeta.

“Pero también es justo decirlo que en el caso del acero y el aluminio de México se pega un balazo en el pie, porque México le compra más acero y aluminio a Estados Unidos que lo que nosotros le vendemos. Es más, somos el primer cliente del acero de Estados Unidos, y somos el primer cliente del aluminio.

“Quizá la lógica diría, bueno, ponle arancel al acero y al aluminio que le importamos de Estados Unidos, pero son insumos para nuestra industria, nos afectaríamos nosotros mismos.

“Por eso, se le están poniendo aranceles a productos terminados de acero, pero a otros productos sensibles que no afectan al mercado mexicano como por ejemplo, a las manzanas, México es un fuerte importador de manzanas, y la mayor parte de las manzanas de Estados Unidos se producen en el estado de Washington, y el estado de Washington tiene mucha variabilidad en los resultados electorales, y ahorita poner un arancel del 20% a las manzanas, seguramente no tendrá contentos a los agricultores del estado de Washington, y seguramente estarán molestos con su presidente.

“Lo mismo con los productores de puerco, porque en Estados Unidos solamente consumen prioritariamente el lomo de puerco, y nosotros estamos poniendo aranceles  a la paleta, a la pierna de puerco; o en el caso de las uvas que se producen en todos los estados, en Florida, que es un estado también switch electoralmente.

“Me parece que son medidas que funcionan, y ya han funcionado en el pasado; en la administración pasada ante una agresión del gobierno de Estados Unidos en  materia comercial, México respondió poniendo aranceles a productos muy sensibles de ellos y a las dos semanas se echaron para atrás y se resolvió el problema.

“En este caso es un tema mundial, pero creo que es la reacción correcta. Y es lo único que proponemos en la Comisión”.

Y así, en esos términos, aprobaron el exhorto. Pero hubo oradores. Abel Cruz Hernández, del PES, hubo dicho: “Pareciera que Donald Trump, este oscuro personaje, ha sido extraído de las épocas más sombrías de la humanidad, ya que no solo desprecia a los inmigrantes hispanos, sino que exhibe una peligrosa actitud contra sus oponentes a quienes tacha de manera grosera de estúpidos o de débiles”.

Comenzaba el debate. (Continuará)
06 Junio 2018 04:00:00
Siempre se dijo que había sido un genocidio, un crimen de Estado
¿Y qué ha hecho, realmente, el Poder Legislativo desde su condición de contrapeso constitucional en torno del caso Ayotzinapa? Por los resultados que ha obtenido, diríase que absolutamente nada. Que solo ha sido un simulador. Un alcahuete de las autoridades que supuestamente investigaban. Un encubridor a ultranza de quienes, casi desde el principio, fueron señalados como principales protagonistas de la desaparición de los 43 normalistas: policías, criminales y soldados.

Ahora que un Tribunal de Circuito del Poder Judicial de la Federación ha ordenado “reponer el procedimiento” –es decir, comenzar otra investigación desde el principio, pero incluyendo a las víctimas y a la ONU y la CIDH inclusive-  mediante la instalación de una comisión de la verdad, el caso vuelve a bullir como agua hirviente. Y ya está el primer quemado: el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Aquel 7 de octubre de 2014, cuando el Pleno de la Cámara de Diputados ordenó la creación de una comisión especial que diera seguimiento a la desaparición de los estudiantes de la normal Isidro Burgos, la oposición desde un principio planteó en la tribuna que este crimen brutal solo podría ser con la participación de autoridades coludidas con el crimen organizado.

He aquí partes medulares de aquel debate.

Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, entonces diputado de Movimiento Ciudadano: “El 26 de septiembre realizaron un boteo en la cabecera del municipio de Iguala. Ésta fue la infracción que persiguió la Policía municipal. Éste es el origen de la exposición en una zona controlada por la delincuencia organizada. Buscar culpables, indignación ante el crimen anunciado por la localización de fosas clandestinas. Encabezar las investigaciones para encontrar los responsables.

 “… (Otro factor de sospecha es) la posible omisión de las Fuerzas Armadas, puesto que en esta misma ciudad se encuentran las instalaciones de la 27 zona militar, instituciones de un Estado fallido”.

Arturo Escobar y Vega, diputado del Pvem, dijo que él había propuesto la creación de la comisión; pero rechazaba que fuese presidida por el PRD o por el PAN. Los dos partidos tenían que ver con las autoridades de Iguala, adonde ocurrieron los hechos.

Según Escobar, el PRD gobernaba Iguala con José Luis Abarca (actualmente preso), y el PAN había apoyado la gubernatura de Ángel Aguirre, en ese momento gobernador de Guerrero. Y, obvio, proponía a un priísta o a un pvemista para presidirla. Y la presidiría un panista, Guillermo Anaya Llamas.

Entonces fue el turno de Ricardo Monreal, en aquella 62 Legislatura diputado de Movimiento Ciudadano. Con su palabra filosísima, dijo: “El tema de la violencia y la inseguridad salió del discurso oficial y de los medios de comunicación, pero no de la realidad ni de la preocupación de las familias de los mexicanos.

“El año pasado, mientras en este recinto se aprobaba y se jactaban de las reformas estructurales que presumiblemente sacarán al país del subdesarrollo, allá afuera hubo una especie de guerra civil irregular, donde un grupo se dedicó no solo a asesinar, sino sobre todo a secuestrar y extorsionar a otros mexicanos como nunca antes en el país.

“Se registraron el año pasado 132 mil casos de secuestro, 361 por día; es impresionante.

“Por esa razón hoy nos preocupa lo que pasa sobre la violencia en el país, donde se está sufriendo una mutación y de ello damos cuenta de la barbarie que hay y que hubo en estos estados, particularmente en Iguala.

“Comete el delito de genocidio –escúchenlo bien– el que con el propósito de destruir total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso, perpetren por cualquier medio delitos contra la vida de miembros de aquellos, o impusiese la esterilización masiva con el fin de impedir la reproducción del grupo. Por tal delito se impondrán de 20 a 40 años de prisión y multa, y cuando se trate de funcionarios públicos se agrava la pena. Se está frente a un grave problema de genocidio”.

Fue Monreal de los primeros opositores que plantearon el caso de Iguala como un genocidio, un crimen de Estado, cosa que al final terminaron secundado prácticamente todos, dentro y fuera del país, más allá de la “verdad histórica” que pretendió implantar el régimen.

Continuó Ricardo Monreal: “En la barbarie de Iguala, están dadas todas y cada una de las situaciones de un crimen de lesa humanidad:

“Primero: Hay una destrucción parcial de un grupo nacional como son los estudiantes de origen humilde, rural e indígena de la Escuela Normal de Ayotzinapa.

“Segundo: Se perpetraron ataques a la integridad corporal y a la salud mental de sus miembros.

“Tercero: El hostigamiento sistemático confirmado y prolongado al que ha sido sometido este grupo estudiantil a lo largo de los últimos años por parte de diferentes instancias oficiales, ha sido impresionante.

“Cuarto: La participación directa de funcionarios públicos en la planeación y perpetración de estos hechos es inadmisible”.

Y apostillaba el zacatecano: “Frente a esta barbarie ciudadanos legisladores, no sé si baste crear la comisión, lo que estamos evidenciando es que son crímenes de lesa humanidad, lo establece el Código Penal Federal y lo establecen también 11 tratados internacionales sobre derechos humanos, no solo lo previene el Código Penal Federal el delito de genocidio, sino también instrumentos internacionales como la Convención para la prevención y sanción de delitos de genocidio y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad”.

Pues sí, desde un principio se dijo que había sido un genocidio, un crimen de Estado.
05 Junio 2018 04:00:00
Ayotzinapa: ¿Comienzo del enjuiciamiento del régimen?
En respuesta a múltiples solicitudes de amparo contra las resoluciones del Gobierno de Enrique Peña Nieto sobre el Caso Ayotzinapa, un tribunal colegiado –el de Tamaulipas- del Poder Judicial de la Federación emitió ayer una resolución en la que ordena que vuelva a comenzar desde el principio toda la indagatoria sobre la desaparición de los 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero.

Este fallo para reponer todo el procedimiento sobre el caso Ayotzinapa, será visto como el comienzo también de un juicio histórico a la gestión de Enrique Peña Nieto; gestión de componendas, trampas, maldad y mentiras para el ocultamiento a ultranza de un delito en el que habrían participado policías municipales, estatales, federales y hasta soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Hasta aquí llegó la “verdad histórica” que un día pretendió el Gobierno de Peña Nieto implantar a la República, arguyendo –y reforzando a punta de torturas- que los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa habían sido asesinados por sicarios integrantes de una célula criminal autodenominada “Guerreros Unidos” y cremados en el basurero de Cocula, un municipio colindante de Iguala.

Todo, con tal de desviar acusaciones de testigos que involucraban en los hechos a no solo policías municipales sino también a elementos estatales, federales y soldados del 27 Batallón de Infantería. El motivo supuesto: La posible complicidad de diversos elementos del Estado mexicano en el tráfico de heroína.

Aquel viernes 26 de septiembre, un grupo de estudiantes normalistas llegó a Iguala en su tránsito hacia la ciudad de México, a donde participarían en la marcha del 2 de octubre. Se hicieron de cinco autobuses. Pero en uno de éstos estaría un cargamento de heroína con destino a Chicago.  Y fue en este quinto autobús donde se abrió una puerta del infierno.

¿Adónde están 42 de los 43 estudiantes normalistas? (los restos de uno de ellos fueron identificados en el basurero de Cocula) Pues el Gobierno de Peña asegura que los 43 fueron cremados en aquel basurero; pero los padres de ellos y diversos investigadores independientes pusieron en duda la versión oficial.

Desde entonces los padres de los muchachos que el gobierno rechaza que estén desaparecidos han vivido como almas en pena buscando a sus hijos y buscando a la justicia.  Pero la justicia en este sexenio se transfiguró en un monstruo con múltiples escondrijos.

El 7 de octubre de 2014, el Pleno de la Cámara de Diputados  ordenó la creación de una comisión especial que diera seguimiento al caso Ayotzinapa.  

Pero… por los resultados los conoceréis. No hicieron nada. Y no es porque no hayan querido, sino porque las comisiones especiales en realidad son comisiones que simulan investigar, simular hacer contrapeso, pero en los hechos son como leones viejos y sin dentadura.  

Nunca pudieron obligar al gobierno de Peña Nieto a que informara, a que diversas autoridades los recibieran…

Un año después la 62 Legislatura se acabó y con ésta la comisión especial de marras. Pero llegando la 63, el Pleno de los diputados creó una comisión semejante,  ahora enfocada a dar seguimiento a la investigación que entonces hacía un equipo interdisciplinario de extranjeros enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El gobierno de Peña se empeñó entonces en deslucir el trabajo de los investigadores y hasta de hostilizar a los padres de los 43 normalistas.

La comisión especial de diputados solo hacía el papel del cabresto. Pedía información pero no la exigía, y terminaba por estorbar y hacer que pasara el tiempo.  Una vez recibieron en San Lázaro a los padres de los 43; pero virtualmente solo para darles atole con el dedo.  Y para ello se unieron sin ambages los diputados del PRI, PVEM, PAN y PANAL.
Solo los diputados del Morena y alguno que otro del PRD se ponían reclamantes, exigentes, pero hasta ahí llegaban.

Ha sido una sorpresa enorme este fallo judicial venido desde Tamaulipas. Ayer, en San Lázaro, voces hubo que conjeturaban sobre los motivos de que el Poder Judicial por fin respondía a las voces atribuladas de los padres de los 43 normalistas: Es posible que el mismo Peña Nieto haya prohijado la resolución, para tener todavía el control de la resolución final del caso, ante la promesa del candidato presidencial puntero, Andrés Manuel López Obrador, de que abriría el caso y que invitaría a la ONU para comenzar otra vez una auténtica indagatoria, que conlleve al encarcelamiento de los culpables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
 
ESTRIBO
El 7 de octubre de 2014, cuando la creación de la comisión especial, el entonces diputado federal perredista Ricardo Monreal Ávila, dijo: “Es muy grave lo que está sucediendo en el país. En tres meses el país y el mundo han sido testigos de tres casos de abuso de poder con efectos letales, donde los actores principales son integrantes de las fuerzas armadas de los tres órdenes de Gobierno del Estado mexicano: Tlatlaya, Atlixco y Ayotzinapa.

“… Finalmente, el 26 y 27 de septiembre el hecho más indignante, Un grupo de policías municipales y de integrantes de una agrupación delincuencial atacaron, en el municipio de Iguala, a un grupo de estudiantes de la escuela normal, con un saldo de seis personas muertas, 19 heridos y 43 estudiantes desaparecidos. De estos últimos lamentablemente los indicios apuntan  que 29 de ellos habrían sido ejecutados y depositados en tres tumbas clandestinas en el mismo municipio”.

Cuatro años después, la investigación se deberá reponer.
02 Junio 2018 04:00:00
La tragedia mexicana en la negociación del TLCAN
Cuando comenzaron las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, en 2017, entonces el gobierno de Enrique Peña Nieto permitió que una comisión de diputados y senadores se incorporará al equipo presidencial, para presenciar los primeros escarceos de una dura batalla que hoy, en vez de concluir, parece que se catapulta, con la determinación sádica de Donald Trump de imponer aranceles al acero y aluminio mexicanos.

Desde aquellos comienzos, legisladores mexicanos como la senadora Dolores Padierna lamentaban que solo les estuvieran permitiendo presenciar algunas negociaciones. E incluso Padierna denunciaba que, más bien, se sentían utilizados por el Ejecutivo Federal, para legitimar un papel negociador de los mexicanos caracterizado por la secrecía y el misterio.

Si bien México cuenta actualmente con negociadores de talla mundial, también era cierto que no había unidad propiamente dicha, porque una era la vía por la que transitaba el equipo negociador capitaneado por la Secretaría de Economía y otro era el sendero por donde pretendía el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, a ultranza, llevar las negociaciones.

Unas negociaciones que, sin duda, están caracterizadas también por la desconfianza no solo de la oposición, sino también de amplísimos sectores económicos y empresariales del país.

A veces da la impresión el gobierno de Peña Nieto que las negociaciones las lidera el secretario de Economía Guajardo, otras veces sin embargo da la impresión de que es Videgaray, con lo que ello implica: Desconfianza y temor de que el gobierno mexicano vaya a negociar contra los intereses nacionales.

Uno quisiera suponer que la Secretaría de Economía estaría ciñéndose más a los linderos de una negociación técnica y afín a los intereses de la gente de México; pero solo la evocación de Videgaray rompe con la confianza que un pueblo se supone que debería tener en su gobierno, en sus representantes.

Entre tanto todo esto ocurre, en los territorios del Congreso de la Unión el silencio prevalece en torno de estos asuntos, y los legisladores no van más allá de sus débiles posicionamientos desde la Comisión Permanente.

Posicionamientos que no van lejos, y que más parecen ser actos de simulación para taparle el ojo al macho.

A estas alturas de la negociación del tratado comercial de marras es para que el Congreso mexicano ya estuviera exigiendo al gobierno de Peña Nieto que le permitiera incorporarse a la negociación.

Y no sOlo a los legisladores, sino también que a ese equipo se le incorporaran docenas de representantes de las distintas áreas económicas del país, para que estuvieran observando, con lupa, cómo los negociadores mexicanos los defienden supuestamente.

Debería aprovecharse, por el lado mexicano, este papel infame y vil de Donald Trump, de echar para atrás del modo más arbitrario las negociaciones. Acaba de dar de patadas a los negociadores no solo de México y Canadá, sino también de su país, cuando decreta la imposición de aranceles a dos productos que en cualesquiera país pueden ser considerados verdaderos cruceros de las economías: El acero y el aluminio.

El acero atraviesa a casi todas las actividades económicas de un país, sea de modo trasversal, horizontal o vertical. No es gratuito que esa industria ejerza el liderazgo de todas las actividades productivas.

¿En dónde no se ocupa un pedazo de fierro? Dirían algunos que en el sector terciario. Pero este se mueve en la medida que subsectores como el de la industria del acero se agilizan o se frenan.

Andan algunas voces oficialistas diciendo –a partir de la perversidad de Donald Trump- de que es hora de que el gobierno mexicano dé prioridad a la diversificación de las exportaciones, para ya no depender como se depende bárbaramente de la economía de los Estados Unidos.

Es, literalmente, lo mismo que han estado recomendando los opositores desde los tiempos de la firma del GATT, en 1985, aquel tratado comercial que el gobierno de Miguel de la Madrid firmó y que fue preludio de la firma en junio de 1993 del tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, ahora puesto en la picota por el presidente estadounidense.

Lo que la oposición critica de Peña es que este, con su equipo negociador, se está dando manga ancha, es decir amplios márgenes, para tomar decisiones sin previas consultas con los sectores y subsectores que desde la firma de 1993 se han sentido muy perjudicados.

¿El gobierno mexicano –en este trance de negociaciones con Canadá y Estados Unidos- ha estado haciendo consultas con los sectores y subsectores del campo? Es una pregunta que podría responder si los diputados y senadores estuvieran cerca del equipo negociador. Pero, al parecer, a ellos tampoco les han permitido cercanía.

Es lo delicado de este momento para el país, porque depende, por mucho, de la ética y la moral que pudieran tener estos negociadores, y de la autonomía técnica que les permitieran entidades grotescas de la vida nacional como Luis Videgaray Caso, cuya característica principalísima es la inmoralidad y su vocación de traidor a la patria.

ESTRIBO
Trump, con su decisión de imponer aranceles a los aceros y aluminios mexicanos y canadienses, prácticamente rompió el espinazo de las negociaciones del tratado comercial.

Sería una muy buena oportunidad para que el Congreso mexicano entrará, de lleno, a la búsqueda del futuro económico del país, mediante foros y consultas urgentes a los hombres del presidente Peña, para saber qué piensan hacer, si modificar la estrategia comercial de México con miras a la urgente diversificación o seguirse acomodando al paso del bruto que gobierna a los Estados Unidos.
01 Junio 2018 04:00:00
Legislativo por las ramas, evitando las raíces
A pesar de que el Congreso de la Unión es como un acorazado, mantiene hoy sus cañones apagados. Es decir, su función de control político solo lo usa para posicionarse en torno de asuntos que no impliquen la lucha por el poder presidencial.

Nada dice, verbigracia, de la línea delgada sobre la cual caminan los empresarios más ricos del país en su ataque contra Andrés Manuel López Obrador. Tampoco nada dice de los atisbos de guerra comercial entre Estados Unidos y México y Canadá.

Diputados y senadores sOlo observan, como si no tuvieran facultades y funciones que los obligan a inmiscuirse de inmediato en estos asuntos públicos graves para la vida del país.

Nadie, en lo que va de la semana, ha dicho absolutamente nada sobre la guerra epistolar que sostienen los Larrea, los Bailleres y otros empresarios de la runfla empresarial más alta del país contra el candidato de Morena.

Diputados y senadores no hacen nada por recordar que una guerra epistolar así, como la que han arreciado Larrea y Bailleres (presionan a sus miles de trabajadores para que voten en contra de Amlo), ocurrió en los prolegómenos de la elección presidencial de 2006 y 2012.  

Cartas todas, punzantes, filosas, contra López Obrador, a quien desde entonces miraban como enemigo de sus intereses económicos y políticos.

Un antecedente que tampoco han querido ver los diputados y senadores mexicanos, por estos días, es aquel suceso que acaeció en Chile en 1974, cuando el empresariado chileno echó mano de una guerra epistolar contra el entonces presidente Salvador Allende, quien semanas después de ese carteo infame fue asesinado.

Las cartas de los Larrea, los Bailleres y otros, no son un buen síntoma de salud pública del país. Y sin embargo, los diputados y senadores callan. Nadie se pronuncia en contra de esta guerra sucia atroz, con la que el régimen combate contra un López Obrado que está en fuga: Entre los 26 y 30 puntos porcentuales de distancia lo están colocando respecto de su más cercano competidor.

Apenas si el Congreso ha estado retomando, de refilón, los temas que le brincan a la vera del camino. Como ha sido el asesinato del periodista tamaulipeco Héctor González Antonio, hecho terrible que dio pie para que el Pleno de la Comisión Permanente no solo lo condenara, sino que también evocara el asesinato del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas, impune todavía a un año de que ocurrió.

De Héctor González, sin investigación todavía de por medio, solo se sabe que fue golpeado hasta que murió. Y de Javier Valdez se recuerda que fue muerto a tiros a plena luz del día, hecho brutal que evocó, por la manera que sucedió, la manera como mataron a Manuel Buendía en 1986, en un estacionamiento de Insurgentes, de la Ciudad de México.

En la sesión de la Permanente del pasado miércoles, la senadora Angélica de la Peña Gómez dijo a propósito de los asesinatos de estos dos periodistas:

“Ciertamente, estamos ante un poco más de un año ya del asesinato de Javier Valdez.

“Hacer un recuento de las distintas situaciones onerosas que sufren las periodistas, los periodistas en nuestro país no es algo que nos aliente venir hablar aquí en esta tribuna.

“En un recuento muy rápido encontraremos que son más de 136 periodistas asesinados en nuestro país, en lo que va del siglo. Datos que reflejan un Estado casi como si estuviéramos en guerra, pero no estamos en guerra.

“Si a esto le sumamos las desapariciones forzadas, los asesinatos y persecuciones a defensoras y defensores de derechos humanos, si atendemos a todos lo que nos señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre desplazamiento forzoso interno, además; ejecuciones extrajudiciales, tortura generalizada en distintas instancias del Estado y, por supuesto, hacer un recuento del hostigamiento, el desprestigio, robo de información, amenaza de muerte, finalmente asesinato y desaparición forzada que sufren quienes se dedican precisamente a la labor periodística y a ser defensoras, defensores de derechos humanos, encontraremos que estamos ante una situación muy complicada para el país.

“Este año, así como va, seguramente será el año más violento de los últimos 21 años, así como va ahorita; estos meses del 2018 van a superar al 2017 que fue el año más violento en los últimos 20 años.

“Y hoy nos encontramos además con una terrible noticia a un año del asesinato de Javier Valdez Cárdenas, también del asesinato de Héctor González Antonio.

“Desde esta tribuna nos solidarizamos con Grupo Imagen y con Excélsior, por el asesinato de este integrante importante de su medio.

“Además, es importante también poner en esta tribuna el último comunicado del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el alto comisionado que desde Ginebra ha señalado que les preocupa que México no garantice que sus calles, que sus carreteras, que los caminos sean seguros para el país.

“Y justamente lo hace a partir, por desgracia, de un fenómeno también en el estado de Tamaulipas, que no es distinto, por desgracia, a lo que acontece en los estados de la frontera, pero también, por desgracia, no acontece prácticamente en todo el país.

“Resaltó el Alto Comisionado su preocupación respecto de familias que han emprendido sus propias búsquedas, de la desaparición de distintas personas, que además han sido, según se establece en el propio comunicado, por los propios dichos de testigos, desaparecidas por elementos de un grupo de seguridad federal; después se encontraron los vehículos quemados y se identificaron los uniformes”.

Sí. Hablaban. Pero sin ir a las raíces.
31 Mayo 2018 04:00:00
‘Cambió Peña la retórica diplomática; ¿cuándo irá a los hechos?’
El Pleno de la Comisión Permanente rechazó ayer “las expresiones xenófobas y racistas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que han acompañado la negociación de la agenda bilateral”. Y ha exhortado a la Secretaría de Economía “a continuar con las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tomando en consideración en todo momento los intereses del país por el tiempo que sea necesario”.

Fue un Punto de Acuerdo aprobado por unanimidad y teniendo como común denominador a un siempre intratable Trump. Además, el Congreso exigió al presidente gringo “respeto a nuestra nación, a los migrantes y a las y los mexicanos todos”, y a que la cooperación entre los dos países se sustente en principio de reciprocidad.

Y el párrafo climático: “México no pagará en ningún momento la construcción de un muro en la frontera”.

Dos posicionamientos levantaron ámpula. El de Diva Hadamira Gastélum Bajo, senadora del PRI, y el de Agustín Basave Benítez, senador del PRD.

He aquí a Gastélum: “Con Estados Unidos hemos tenido una relación respetuosa y de cooperación que no solamente compartimos una frontera, sino muchos intereses comunes.

“Le guste o no al señor Trump, somos una pieza fundamental en la construcción de ese país, del desarrollo de esta primera potencia.

“Porque aunque no le guste hay una extensión de México adentro de Estados Unidos, las actitudes y amenazas del presidente Donald Trump hacia México y hacia los mexicanos son inaceptables, y contraviene los principios básicos de nuestra relación.

“Rechazamos y condenamos este tipo de declaraciones que ofende la dignidad de nuestro pueblo, y la de nuestros hermanos centroamericanos y latinoamericanos.

“La retórica utilizada por el presidente Trump es característica de líderes como él: Racista, intolerante, promotor del odio; sus palabras no corresponden a quien dirige la democracia de la más grande potencia del mundo.

“Desde el inicio de su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump ha dirigido varios ataques a México, a los mexicanos y a la comunidad migrante en Estados Unidos.

“En un inicio los llamó criminales y violadores; mientras que en sus declaraciones más recientes se refirió a ellos como animales.

“Al mismo tiempo ha señalado que construirá un muro en la frontera, y que nuestro país va a colaborar, y que lo vamos a disfrutar”.

Y Agustín Basave, diplomático metido a legislador: “Qué bueno que se condenen las expresiones ofensivas y los actos de intimidad del presidente Trump hacia México.

“Qué bueno que se plantee en alguna parte que se debe continuar la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y mantenerlo en lo visible al margen de estas vicisitudes políticas entre los dos gobiernos.

“Yo, en lo particular me congratulo del cambio de discurso del Presidente Enrique Peña Nieto y de su canciller, Luis Videgaray en relación al presidente Trump, precisamente. Porque durante mucho tiempo lo complacieron, lo consintieron, no lo enfrentaron, lo dejaron decir y hacer muchas cosas, pensando que de esa manera él nos iba a tratar bien, y así no se trata a un bully, como el presidente Trump, a un bully se le tiene que confrontar.

“Por eso digo que, celebro el cambio de retórica, que empezó cuando el presidente Trump envió tropas, a la Guardia Nacional a la frontera, y que, se reiteró el día de ayer con la respuesta que dio el Presidente Peña Nieto en un twitt a estas nuevas expresiones, en esta ya interminable lista de agresiones verbales, de insultos, de ofensas a México y a los mexicanos, y no solamente de expresiones verbales, subrayo, sino también de actos de hostilidad.

“Hace más o menos dos meses, el Presidente de la República anunció que había pedido a su gabinete un informe sobre la cooperación en los distintos ámbitos de la Administración Pública Federal de México con Estados Unidos, con el fin de analizar qué podemos restringir, cómo podemos apretar, si me vale la expresión coloquial, al gobierno de Trump, de manera que pueda tener México también fichas de negociación que las tiene, dicho sea de paso, tenemos cartas, lo que pasa es que no las hemos usado.

“… Concretamente, presidente Peña Nieto, díganos ¿qué acciones se van a tomar y cuándo se van a tomar esas acciones? Porque la retórica, el discurso es importante hacerlo en la diplomacia las palabras cuentan y cuentan mucho, pero las acciones son más fuertes, más poderosas, más potentes.

“¿Cuáles son las acciones que se derivan? ¿En qué rubros, en qué espacios, en qué ámbitos se va a restringir la cooperación con Estados Unidos y cuándo, cuándo se va a hacer eso?

Porque esa es la única manera en que una persona con las características del presidente Trump puede entender.

“Solamente confrontándolo, como se confronta, si me vale la comparación, la analogía a los bully que cuando golpean, atacan, molestan a otra persona no lo van a dejar de hacer hasta que esa persona lo enfrente y cuando esa persona simplemente ceda, no le van a hacer caso, al contrario, van a aumentar las agresiones.

“Entonces veremos, por lo menos yo, que se pase de los dichos a las acciones y que sepamos por dónde, cómo y cuándo se van a tomar medidas, por cierto, como las que se tomaron en Venezuela, para enfrentar a este señor, Donald Trump, que tanto nos ha ofendido y nos va a seguir ofendiendo”.

Las preguntas fueron lanzadas a la cancha de Peña Nieto. A ver qué responde. Veremos.
30 Mayo 2018 04:00:00
Los efectos inextinguibles del Pacto por México
Un debate, inapagable todavía, chisporroteó como la hulla aquella noche del 20 de diciembre de 2012. Y el fuelle de aquella gran hoguera, donde ardía el atribulado país con la reforma educativa recién presentada, no era otro que la tribuna de la Cámara de Senadores.

El senador Mario Delgado Carrillo comenzó su argumentación citando a José Vasconcelos, el primer secretario de Educación del país: “La ignorancia de un ciudadano debilita a la Nación entera, y nos debilita a nosotros mismos; la excesiva pobreza de uno de nosotros daña y debilita a todo el pueblo, y es una carga sobre todos y cada uno de nosotros; destruyamos, pues, la ignorancia y la miseria, nuestros verdaderos enemigos”.

Evocación textual de un fragmento del discurso de Vasconcelos cuando la creación de la Secretaría de Educación, después derivada en Secretaría de Educación Pública.

Y reforzaba Mario Delgado Carrillo: “La educación es una bandera histórica de la izquierda y el diagnóstico del desastre educativo no viene de la OCDE, nos lo dijo Gilberto Guevara hace más de 20 años, la catástrofe silenciosa en la que estaba metido el Sistema Educativo Nacional, y hoy con esta reforma le vamos a dar un giro a lo que hizo Manuel Ávila Camacho en 1940, donde en aras de la unidad nacional, como nos lo dice Gilberto Guevara, observó dos cosas:

“Gestó un sistema escolar altamente centralizado que despojó de todo poder de decisión a la escuela y al maestro, y desde su creación en 1943, el Sindicato, el SNTE, fue dotado de privilegios excesivos y se articuló al Sistema Educativo deformando los mecanismos de gestión de éste, y vulnerando la autonomía del proceso educativo.

“Y durante la expansión escolar del (19) 40 al 2000 el Estado renunció a dar una orientación pedagógica y explícita al Sistema, al Modelo Educativo. ¿Por qué no es una reforma menor?

“En el Pacto por México y en la presentación de esta reforma educativa se defendió mucho el tema de la calidad, y del Sistema Profesional Docente, sin embargo fue una sorpresa que la iniciativa presentada por el Ejecutivo parecía que se le daba la vuelta a este tema, se abordaba de manera explícita y de manera muy contundente en la exposición de motivos; pero se evadía ponerlo directamente en el artículo tercero constitucional.

“… Ya cambió la vocación del maestro, ¿quién es un buen maestro ahora? El que se capacita de manera permanente, la labor del maestro ya no es sólo enseñar, sino aprender de manera permanente. Por eso la importancia de que exista una servicio, un Sistema Profesional Docente que garantice precisamente esa actualización y que lo podamos medir, y que lo podamos evaluar, pero no para entrar en un debate de derechos laborales, es para garantizar constitucionalmente a la educación que sea de calidad, solamente con buenos maestros preparados, se va a poder hacer efectivo ese derecho, ese es el objetivo del Sistema Profesional Docente.

“¿Para qué evaluar? Evaluar por evaluar no, evaluar para mejorar, y eso no sólo se logra con un instituto, tiene que haber un Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que sí lo ejecute el Instituto y qué bueno que sea autónomo, que tenga recursos, y que además el Senado intervenga en garantizar la independencia de su Consejo Directivo.

“… No podemos pensar a la escuela como una microempresa que pueda resolver ello sus necesidades porque sabemos el daño que le ha hecho a la participación de los padres de familia la existencia de las famosas cuotas que no son voluntarias y que cada vez son más obligatorias. Este artículo transitorio sólo aplica en el caso de que exista financiamiento.

“¿De qué se queda pendiente? No es suficiente a la reforma, claro que no, ¿Por qué? Porque no le entramos al tema del financiamiento. Tenemos que repensar el esquema de financiamiento a la educación básica en nuestro país en donde rompamos la fórmula inercial e introduzcamos criterios de financiamiento a partir del desempeño y de compensar, por supuesto, aquellas zonas con mayor rezago.

“La educación nacional sigue siendo una empresa inacabada que reclama esfuerzos mayores, significativos de todos, y si aspiramos, como nos lo dijo Vasconcelos, a superar nuestros rezagos tenemos que seguir trabajando en la misma”.

“De vuelta a tribuna Juan Carlos Romero Hicks, senador del PAN, quien dijo: “Ni todo lo educativo se resuelve con el pacto, ni todo lo que contiene el pacto se resuelve con esta iniciativa. Voy a argumentar por qué Acción Nacional está a favor de esto, y trazando algunos pendientes muy importantes.

“Texto y contexto. El pacto incluye la educación de calidad con equidad, un sistema de información y gestión educativa, consolidar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, la autonomía de gestión de las escuelas, sin quitar la responsabilidad del Estado de proveer lo necesario, escuelas de tiempo completo, computadoras portátiles con conectividad, el servicio profesional docente, fortalecer la educación inicial de los maestros, incrementar la cobertura de educación media superior y el Programa Nacional de Becas.

“Hace un rato me preguntaban si los que firman el pacto pueden estar contentos con lo que se va a votar el día de hoy, y mi respuesta es que lo que hoy estamos haciendo es parte de una continuidad hacia una consolidación y que va a requerir de muchas otras cosas. El pacto no es un piso, y tenemos que buscar nuevos horizontes, y el Poder Legislativo va a seguir conservando sus atribuciones”.

Y después, la votación aprobatoria de una reforma educativa que hoy escuece como el primer día.
29 Mayo 2018 04:00:00
Mayoría colegiada, la última trinchera contra Amlo
La mayoría colegiada en el Congreso mexicano (dos tercios de los votos: 334 en Cámara de Diputados y 95 en la de Senadores) sirve, fundamentalmente, para la toma de las siguientes decisiones:

1.- Aprobación de reformas constitucionales.

2.- Obtención del quórum en sesiones de Congreso General.

3.- Para superar un veto presidencial. Todo proceso legislativo no concluye en las cámaras del Congreso de la Unión sino con la promulgación de ley por parte del titular del Ejecutivo Federal, y con su publicación en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo, el Presidente de la República tiene la facultad de “observarla”, es decir vetarla, regresándola a la Cámara que comenzó dicho proceso –Cámara de origen-. Entonces dicha ley devuelta, aunque haya sido una ley secundaria que para su aprobación solo requirió de mayoría absoluta, la mitad más uno, ahora tendría que necesitar de mayoría colegiada o de dos tercios para volverla a aprobar.

4.- Cuando se vaya a designar nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación.

Para el PRI en sus tiempos de partido hegemónico, de “carro completo”, estas mayorías colegiadas eran muy fáciles de conseguir.

Ya no lo fueron tanto a partir de la reforma política de 1978, cuando –obligado por su necesidad de legitimar un poder presidencial que se afincaba en una guerra armada y sucia contra un sector de la población bastante inconforme- modificó las condiciones de participación política y la oposición comenzó a tener mayor representatividad en el Congreso.

Además, la frustración del país era tanta como la de ahora. Y el PRI en aquella época, hiciera lo que hiciera la oposición, siempre terminaba ganando todo en las contiendas electorales. Absolutamente todas las instituciones estaban al servicio de ellos, al grado que el juego democrático no era más que una farsa. Una simulación.

En 1988 el PRI perdió la mayoría calificada luego de un desgajamiento histórico. Tantos mexicanos votaron en su contra que existe la sospecha fundada de que el entonces triunfo priísta no fue más que un robo. El gobierno Delamadridista retorció de tal modo las elecciones federales de ese año que le habría quitado la presidencia de la República a Cuauhtémoc Cárdenas, para dársela a Carlos Salinas de Gortari.

Tocado en su hegemonía, el PRI visualizó entonces que tenía que tener aliados al interior del Congreso, y fue más allá de los llamados partidos políticos pequeños, como el PPS y PST, transfigurado éste en el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.

Se alió con el PAN. Y desde entonces no se sueltan. PRI y PAN son como la uña y la mugre. Juegan al peso y al contrapeso solo para engatusar a los electores, pero en el fondo son auténticamente iguales. Se entienden perfectamente, y son cómplices en prácticamente todo. Saben qué es para uno, y qué es para el otro. Han asumido al país como un enorme botín, del que han procurado hacerse de tajadas para asegurar el porvenir personal durante generaciones.

Tener la mayoría colegiada, para el PRI, ha resultado de enormes beneficios económicos y políticos. Un ejemplo clarísimo y cercano de esto es la reforma energética. Entre el PRI y PAN fundamentalmente, reformaron en agosto de 2014 la Constitución, abriendo la puerta del infierno, para que regresaran las compañías petroleras trasnacionales. O la reforma educativa. O la reforma laboral. O la reforma en materia de telecomunicaciones.

Estas reformas que se lograron a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto cambiaron el modo de andar de México. Sin duda el PRI y el PAN pretendían muchas otras más, como la que privatizaba el agua. Pero no les alcanzó el tiempo. No al menos en esta 63 Legislatura, cuya memoria será de lo más infausto en toda la historia de México.

El paso de gigante que lleva Andrés Manuel López Obrador los tiene atiesados. Espantados. Todas estas barbaridades que aprobaron, reformando la Constitución, enfrentan el riesgo de que sean echadas para atrás en el sexenio que viene, sea durante la 64 o durante la 65 Legislaturas.

Por eso se quieren parapetar en el Congreso de la Unión, ganando a como dé lugar, para conseguir suma de minorías que lograsen mayorías, sea la absoluta (la mitad más uno) o sea la calificada (la de los dos tercios más uno). Y tratar de frenar desde allí la conformación de un nuevo régimen, en el que ellos por supuesto no van a estar invitados más que para irse al basurero de la historia. O a la cárcel.

Sin embargo, para toda esa clase política corrompida y enriquecida hasta las cachas, el panorama que viene no es muy bueno. Hicieron tanto daño con sus reformas constitucionales –caso muy particular la energética- que la inmensa mayoría de la población está demasiado “encabronada” con ellos.

Y hay el vaticinio de que Andrés Manuel no solo ganará de calle la Presidencia de la República, sino que también ganará las mayorías absoluta y calificada en las cámaras del Congreso de la Unión, al menos en la 64 Legislatura.

Este fin de semana reciente hubo voces de encuestadores que vaticinan que el movimiento encabezado por López Obrador estaría alcanzando el 80 por ciento de la votación en su favor.

Están muy nerviosos no sOlo Peña Nieto sino también todos los capitanes de esa maquinaria terrible del neoliberalismo que ha estado aplastando a la población mexicana.

La mayoría colegiada, en ambas cámaras, sería la última trinchera de quienes quieren que nada de cambie. A menos que la gente se la otorgue a los que vienen.
26 Mayo 2018 04:00:00
¿Para qué serviría al PRI y PAN la mayoría absoluta en el Congreso?
En la otra fase de la guerra contra Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de Enrique Peña Nieto así como el PRI, PAN y PRD, están pugnando por conseguir en el Congreso de la Unión a partir de la 64 Legislatura las dos mayorías: La absoluta, de la mitad más uno, y la colegiada, de los dos tercios. O cuando menos una.

Cuando menos una, que sería la absoluta, porque entonces pondrían a parir a Andrés Manuel desde el momento en que quisiera que fuese aprobado su proyecto de paquete fiscal anual, el que deberá enviar cada 6 de septiembre.

Proyecto en el que el tabasqueño fundamenta prácticamente todas las promesas sociales que, en este preciso momento, está lanzando a todo el país, en su campaña presidencial.

Definitivamente el primer paquete económico y fiscal –el del ejercicio fiscal para 2019- sería importantísimo para el nuevo gobierno, si lo gana AMLO como parece que sucederá.

Ahí es donde se quieren atrincherar. De ahí la insistencia del PRI a través de su candidato presidencial de machacar contra candidatos al Senado morenistas como Nestora Salgado, a quien Meade insiste en acusar de secuestradora cuando ya le demostraron al priísta que esto que dice es una infamia absoluta. Una mentira.

¿Qué es lo que con tanto ahínco ofrece López Obrador, y que tanta expectación y entusiasmo está provocando en la población? Verbigracia he aquí algunos datos: 2400 pesos mensuales para estudiantes de preparatoria; 3600 pesos mensuales para jóvenes que se capaciten en empresas y talleres buscando su primer oficio. Y la homologación de la pensión universal en todo el país.
Parar a Amlo en estas demandas de alto sentido social es, evidentemente, uno de los propósitos que tienen PRI, PAN y PRD para luchar por el Congreso.

No teniendo la mayoría absoluta, López Obrador tendría probablemente un paquete económico y fiscal muy diferente a como lo estaría proyectando y presentando cada 6 de septiembre.
Tendría que modificar los presupuestos anuales su secretaría de Hacienda transfiriendo programas y partidas y entonces sería acusado de dictatorial o autoritario.
Por eso es que en este capítulo de las campañas tirios y troyanos se disputan con fiereza las curules y los escaños.

Para que el PRI, PAN y PRD pudieran detener a AMLO, tendrían que hacerse, juntos, de esa mitad más uno: 251 curules en la Cámara de Diputados y cuando menos 65 escaños en la Cámara de Senadores. No será muy difícil que los consigan si, junto con sus aliados Pvem, Mc y Panal, logran fraccionar el voto, dividirlo: Que voten para presidente de la República de un determinado partido político o coalición, y voten por otros partidos para el caso de elegir legisladores.

En esto está trabajando, con desesperación, el PRI estos días, cuando Meade restriega una y otra vez que candidatos como Nestora Salgado con secuestradores. Pretende tocar hilos muy sensibles de la población. De cada cien habitantes de México, unos 38 han tenido en sus cercanías de vida a un conocido secuestrado o desaparecido. Esa es la maña pretendida de Meade: Quitarle fuerza a AMLO en el Congreso, aunque sea con una mentira atroz, como esa, en que criminaliza bárbaramente a una mujer que fue víctima.

ESTRIBO: La reforma educativa.
En lo que fue su primera reforma constitucional surgida del Pacto por México, la reforma constitucional en materia educativa, aquella noche del 20 de diciembre de 2012 dijo en la tribuna senatorial el senador del PRD y maestro de primaria Fidel Demédicis Hidalgo: “Como educador, déjenme decirles que no nos oponemos, ni nos opondríamos, ni plantearíamos que no se sometiera al magisterio nacional a evaluaciones continuas, es parte de nuestra forma de ser, es parte de nuestra esencia.

“Donde no coincidimos es que se acaten instrucciones al pie de la letra de organismos como la OCDE, y que esas instrucciones se apliquen en un país como México en donde las condiciones de cada territorio, en donde las condiciones de cada ciudad son absolutamente diferentes.

“Hay negación, y yo sí les pido que revisemos con tranquilidad el tema y que se imponga la conciencia y no la disciplina; que se imponga el compromiso que hicimos cuando hablamos con los electores, y no el compromiso con un poder cualquiera que sea este.

“Nosotros sostenemos y seguiremos defendiendo la hipótesis de que la permanencia en el empleo no puede ser producto de una evaluación o de un examen.

“El artículo 123 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos dice: ‘Toda persona tiene derecho al trabajo digno socialmente útil. Al efecto se promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley’.

“Y en el apartado b), entre los poderes de la unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, y la fracción VIII dice: ‘Los trabajadores gozarán de derecho de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de condiciones tendrían prioridad quienes representen la única fuente de ingresos en su familia’
“Fracción IX. Los trabajadores sOlo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada en los términos que fije la ley’.

“Y hoy, el Senado de la República, pretende hacer esto con nuestra Carta Magna, meterla en contradicción y poner en el tercero constitucional, que no tiene que ver con materia laboral, que laopermanencia en el empleo de los educadores depende de una evaluación”.

Así debatían opositores ante oficialistas que callaban, solo esperando levantar el dedo. (Continuarán)
25 Mayo 2018 04:00:00
La lucha por el Poder Legislativo entre AMLO y sus adversarios
En los últimos días –y a 36 de la elección del 1 de julio- han comenzado a mirar hacia el Congreso General no sólo Andrés Manuel López Obrador sino también quienes le compiten.

Las Cámaras federales adquirieron estos días una gran importancia para estos comicios. Y lo ha explicado reiteradamente López Obrador porqué: como ya el régimen –personificado en los candidatos del PRI y PAN, y rémoras que a cada uno de éstos les acompañan- prácticamente se dio por vencido de volver a ganar la presidencia de la República, ahora han estado pretendiendo atrincherarse en los territorios del Poder Legislativo, para desde ahí contener a quien muchos dentro y fuera del gobierno ya consideran un virtual presidente electo: Andrés Manuel López Obrador.

Tienen las cámaras federales la fuerza legislativa y política de parar al presidente de la República, pero el presidencialismo mexicano las ha convertido en unas alcahuetas del régimen, que, además, han terminado haciendo lo que el titular del Ejecutivo Federal les ordena.

Las desgracias para el pueblo de México en este sexenio no sólo provinieron de las decisiones de Enrique Peña Nieto, sino también de las decisiones que tomaron tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores.

El Congreso en su conjunto se transfiguró en verdugo del pueblo, y fue un instrumento todo el sexenio de las determinaciones de Peña, sospechosamente arregladas fuera del país.

Un cambio de régimen pasa rigurosamente por la transformación de leyes. Y tendrá en el sexenio venidero una importancia capital, sobre todo si a sus facultades agrega la de tener al presidente de la República en funciones sin fuero.

Como admiten en el PRI y el PAN que ya no podrán parar a Andrés Manuel López Obrador en la elección del 1 de julio, han comenzado a trabajar para intentar pararlo, o incluso descarrilarlo si se puede, desde el Congreso de la Unión en las dos próximas legislaturas: la 64 y 65.

No es ocioso que Movimiento Ciudadano, afín al PRI y PAN, haya solicitado apenas un periodo extraordinario para que el Senado apruebe la quita del fuero, una Minuta que los diputados federales le turnaron el pasado 24 de abril.

Quitar el fuero al presidente de la República sería extremadamente peligroso para Amlo. Ya se lo advirtieron sus correligionarios, pero el tabasqueño jura que no le sucederá nada. Y que proceda la reforma.

Y si como pinta la elección, seguramente lo harán el PRI y PAN antes de que concluya formalmente la 63 Legislatura: en un extraordinario, a celebrar entre julio y agosto, estarían quitando el fuero, para entonces recibir a Amlo con una espada buscándole la cabeza a partir del 1 de septiembre próximo.

Para eso necesitan conseguir mayorías y de esto no están seguros de lograrlo.

Hay dos votaciones principales con las que las cámaras del Congreso toman decisiones: la mayoría absoluta, que consiste en la suma de la mitad mas uno, y la mayoría colegiada, de los dos tercios.

La mayoría absoluta, en el caso de la Cámara de Diputados, consiste en 250 votos más uno: es decir, 251 como mínimo, para conseguir cambios aprobatorios a leyes secundarias.

La mayoría de los dos tercios, en San Lázaro, es de 333 votos como mínimo, y este tipo de votación es requerida para cambiar la Constitución.

En el Senado la mitad más uno son 65 votos. Y lo dos tercios son 96.

Entre las votaciones más importantes en ambas cámaras, donde se requiere de la votación absoluta, figuran las de las leyes anuales fiscales.

Enrique Peña Nieto le dio la vuelta a la oposición cuando firmó el Pacto por México con el PAN y PRD. Así, entre los tres, consiguieron fácilmente los votos de los dos tercios para reformar la Constitución.

Así consiguió Peña reformar la Constitución en la materia educativa en diciembre de 2012; así también alcanzó los dos tercios en las dos cámaras para la reforma constitucional en la materia energética en agosto de 2014. Y así consiguió también una docena más de reformas constitucionales que han sido letales para los intereses del pueblo de México.

¿Cómo consiguió Enrique Peña Nieto convencer al PAN y PRD de votar al lado del PRI, como no lo habían logrado nunca antes otro presidente de la República, si desde sus tiempos de gobernador tenía fama de analfabeta funcional y torpe para la negociación política hasta las cachas?

Para muchos todavía este triunfo de Peña es un misterio. Pero para otros no, cuando simplifican diciendo que fue un gran corruptor y tuvo la suerte de encontrarse con dirigentes de esos dos partidos políticos bastante proclives a la prostitución política y económica.

Peña se encontró en el PAN con un individuo terriblemente voraz y ambicioso, como Ricardo Anaya, actual candidato presidencial. Y en las filas del PRD se topó con otros no menos prostitutos de la política como Jesús Ortega Martínez.

Ese comienzo de sexenio fue un auténtico requiebre en la historia de México. Y, al parecer, es lo que pretenderían repetir en la 64 y 65 Legislaturas, para, desde ahí, parar a Amlo.

Lo sabe López Obrador tan bien que tiene varios días pidiendo a la gente que no sólo vote por él para presidente, sino también que el voto sea masivo en favor de los candidatos de sus tres partidos (Morena, Pt y Pes) para diputados federales y senadores.

Sería muy bueno para el nuevo régimen que esas dos mayorías, la absoluta y la colegiada, le favorecieran. Y en eso están.
24 Mayo 2018 04:00:00
Congreso retorcido que solo airea lo que conviene al PRI, PAN y PRD
Para esta Comisión Permanente no hay nada importante qué decir en la sesión ordinaria, más allá de lectura de comisiones, presentación y votación de algunos puntos de acuerdo y presentación de una docena de iniciativas.

Los mandamases del Congreso –los coordinadores del PRI, PAN y PRD- han torcido una vez más la jornada legislativa de México para evitar, a toda costa, que la oposición ejerza la función del contrapeso constitucional.

Nomás no existe para este Pleno de la Permanente un solo caso que amerite ser aireado en la tribuna, sobre las campañas electorales. Expertos en hacerse los tiololos, los senadores y diputados priístas, panistas y perredistas soslayaron acusaciones graves, como aquella que ha publicado la revista Proceso ayer mismo, de que el gobierno de Enrique Peña Nieto anda por todo el país con dinero público posicionándose para comprar votos para el 1 de julio próximo, en favor de su candidato, José Antonio Meade.

Los datos que publica la publicación de marras son del Colectivo Acción Ciudadana Contra la Pobreza, una asociación civil que se ha abocado a seguirle los pasos que Peña Nieto está dando por todo el país a partir de enero pasado con la Sedesol, la Sagarpa y la Sedatu.

El Colectivo de marras acusa que ya están comprando los votos. Y este enfebrecido proceso de prostitución de la gente más pobre se mide con los siguientes precios, según el “sapo” la pedrada, o según se dejen: compras subrepticias que van desde los 150 pesos hasta los 5 mil pesos por cabeza. Aunque, dice el Colectivo, el grueso de la compra anda en los 500.

En su nota, Proceso registra una declaración de Alberto Sendón Rosales, coordinador del Colectivo, quien previno: “La compra de votos puede ayudar a conseguir cargos, pero no sirve para combatir la pobreza. Son actos inmorales e ilegales. Aún queda un mes y medio de campañas, y es justo cuando se va a intensificar”.

Esta compra silenciosa de votos no la ve el Congreso de la Unión, que debería estar conformando una comisión especial de seguimiento de estos hechos electorales delincuenciales, perpetrados por Enrique Peña Nieto a través de instituciones del Estado que han sido pervertidas y distorsionadas de sus funciones constitucionales.


ESTRIBO: la reforma educativa
Aquel jueves 20 de diciembre de 2012, en el Senado, la reforma constitucional en materia educativa seguía soliviantando al país. El entonces senador del PAN Javier Corral Jurado se congratulaba de la reforma: “Ahora estamos ante otro de los compromisos de ese pacto por México al que también los diputados y luego los senadores le hemos dado una importante dimensión para ensanchar sus propósitos reformadores”.

Y apostillaba una vez: “La reforma creo sinceramente que avanza en el rescate del secuestro en que ha mantenido al proceso educativo y a su evaluación los criterios autoritarios del corporativismo sindical, se trata de una reforma que sienta las bases para otra reforma de carácter integral a la Ley General de Educación, y constituye un piso, un referente para la acción legislativa de los próximos meses”.

Y apostillaba dos veces: “No, no es la reforma integral. ¡No! No es la reforma definitiva. ¡Tampoco! No es una, por decirlo así, lo que se le ha dado en llamar ‘la reforma ideal que todos quisiéramos’, pero sí es una reforma que hace avanzar propósitos reformadores que van a desprender otros, y sobre todo el reto estará en la ley reglamentaria”.

Corral Jurado –quien entonces como ahora como gobernador de Chihuahua les ha agarrado tirria a los maestros- les recomendó a éstos: “Los maestros de México no deben dejarse engañar. Lo más importante es que debieran ser ellos en tomar conciencia de los beneficios, de la dimensión de esta reforma, porque el verdadero maestro no le tiene miedo a la evaluación educativa; porque su talento será el único criterio para tomarse en cuenta y poder ascender, poder avanzar, poder ingresar y no las lealtades políticas partidistas, grupales o corporativas. No los intereses fuera del aula. No los intereses extracurriculares.

Hay que liberarse de los criterios arbitrarios y por supuesto, someter a los profesores a criterios de evaluación”.

Uno de los senadores que contra argumentaron fue Adán López Hernández, del PRD, quien, en tribuna, dijo: “Cuánta vergüenza debe darnos que lo que llevó prácticamente 60 años construir en este país, que constitucionalmente se viera reflejada el acceso a la educación pública, gratuita, laica y de calidad, hoy en menos de 12 horas vamos a modificar la Constitución, cuando ni siquiera la mayoría de quienes integramos este cuerpo colegiado hemos tenido la oportunidad de revisar en qué consiste a profundidad la famosa Reforma Educativa”.

Reforzó: “¿Cuál Reforma Educativa? Realmente no hay una respuesta. No hay respuesta, porque la Reforma Educativa planteada en la iniciativa de decreto enviada por el Ejecutivo y en el Pacto firmado por los presidentes de los tres partidos políticos, no se menciona lo que más le preocupa a la sociedad”.

Y remachaba Adán: “No votaré a favor de esta reforma no sólo por los argumentos antes expresados, sino también porque se equivocan quienes de nuevo dejan de lado la participación del verdadero magisterio nacional, sustituyéndolo por la participación simulada de una burocracia sindical que ha dado muestras una y otra vez de que sus prioridades no son ni la defensa de los intereses magisteriales, mucho menos la calidad educativa”.

Hace casi seis años esto decían en torno de una reforma que hoy ha irrumpido en medio de la efervescencia electoral del 2018. (Continuará)
23 Mayo 2018 04:00:00
Construyeron una reforma educativa que desactivara al pensamiento
La reforma educativa que refrendaron los senadores aquel jueves 20 de diciembre de 2012 –diez días después de que el entonces nuevo presidente de la República la turnó a la Cámara de Diputados- se había transfigurado en una zona de batalla, adonde los opositores se topaban, impotentes, con la disciplina impuesta al PRI, PAN y PRD por los dirigentes de éstos, que acababan de firmar con Enrique Peña Nieto el Pacto por México.

Gerardo Flores Ramírez, senador del Pvem, pero priísta desde hacía muchos años, dijo: “Nos congratula constatar que hoy nos encontramos discutiendo una propuesta de reforma constitucional planteada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien en los días que lleva en el cargo ha demostrado con creces, que su gobierno tiene objetivos muy claros, que no solo tiene un rumbo claro, sino que también tiene determinación para impulsar políticas que ayudarán a nuestro país a alcanzar nuevos estadios de desarrollo privilegiando en todo momento el diálogo con todas las fuerzas políticas de nuestro país”.

Era el comienzo del sexenio peñista. Y la primera ley que iba a parir el Pacto por México. Flores Hernández siguió: “Desde luego que reconocemos al PAN y PRD”.

Y la justificación del senador: “Con la aprobación de la presente minuta que reforma el artículo 3º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consolida y mejora el sistema educativo nacional que busca incrementar el nivel educativo de los mexicanos para que estén más preparados, conscientes y cuenten con una mucho mejor formación que mejore las condiciones sociales, económicas y culturales bajo las cuales se desenvuelven”.

Y el apostille final: “Qué no quepa duda, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha enviado un mensaje claro a los mexicanos sobre su convicción para que la educación sea una elevada prioridad en los planes de desarrollo de nuestro país, honrando así uno de los compromisos incluidos por las partes firmantes del pacto por México”.

Todo esto, palabra por palabra, escocía el hígado a quienes se oponían, como Dolores Padierna Luna, de esperada argumentación, por muchos, por su condición de profesora de educación primaria y opositora a ultranza.

Padierna dijo en la tribuna: “La OCDE señala que México debe avanzar a pasos acelerados dado el rezago educativo en el que se encuentra. Desafortunadamente no vemos que esta sea la intención de la reforma que presenta Enrique Peña Nieto, con su reforma burocrática exclusivamente administrativa, mediática, pero claramente insuficiente para lo que se necesita en el país”.

Hablaba Dolores describiendo desde adentro el problema: “Claro que sí queremos que se terminen los aviadores; claro que sí queremos que se desmantele el ejército de comisionados que se dedican a las tareas políticas y no a las tareas educativas.

“¿Pero de verdad ustedes van en serio en esta encomienda?

“El problema, el ejército electoral que tiene bonificaciones económicas tan importantes, aún sin estar frente a grupos, sin dar clases, sin estar en sus tareas docentes.

¿De verdad aquí alguien puede creer que con esta reforma se va a acabar el ejército electoral que año con año les ayuda a tener el porcentaje que necesitan para imponerse en el poder?

“El problema de la educación es más profundo, no se soluciona solo con esa medida, sino al contrario, se destruye la esencia del Artículo Tercero Constitucional.

“En México 6.2 por ciento del Producto Interno Bruto se destina a la educación, pero solo el 20.3 por ciento va directo a las escuelas, y la mayoría es para el pago, un mal salario de las y los maestros; los alumnos casi no reciben ningún recurso. El alumnado en las escuelas no reciben recursos, si acaso se malpaga al magisterio, y no se invierte en la profesionalización del magisterio.

“El 80 por ciento de los educadores mexicanos consideran que no han recibido suficiente desarrollo profesional, y ahora se pone un concurso de oposición que sí reconoce quién ingresa a una plaza, lo cual está bien, que reconoce quién asciende, lo cual está bien, pero también lo pone como condición para decidir quién permanece en su trabajo y quién no, violando una serie de normas laborales.

“Un examen unilateral donde los incondicionales se quedarán, y los disidentes se van.

“No es igual la evaluación que una medición o pongo el ejemplo, como en las universidades se evalúa a los que quieren entrar para estudiar a estudiar para excluir a los jóvenes, es su derecho a la educación, culpan al estudiantado de las omisiones del Estado en la educación.

“Esta iniciativa no reconoce la responsabilidad del estado en la educación.

“En las Comisiones Unidas se avanzó en la redacción que suprimía esta iniciativa de que hubiera autonomía de gestión en las escuelas, y hacía recaer en los maestros la crisis educativa de nuestro país.

“Cómo van a retener la atención de las alumnas y los alumnos si están desnutridos, si tienen hambre, si no reciben el cariño en sus casas; cómo lograr a plenitud su aprendizaje si viven en un ambiente de violencia.

“Una verdadera reforma educativa requiere de muchos elementos.

“Necesitamos también formar seres analíticos, pensantes, libres, independientes, capaces de discernir entre contenidos en un mundo saturado de información. No solo del control burocrático de las plazas para darles a sus incondicionales estas mismas.

Los opositores sabían que ganaban el debate cuando escuchaban el silencio del PRI, PAN y el sector “pactista” del PRD, entonces mayoritario. Pero echaban mano de la única forma de hacer el contrapeso en México: La palabra. (Continuará)
22 Mayo 2018 04:00:00
La simulación de la reforma educativa, ahora en el Senado
La reforma constitucional en materia educativa fue discutida por el Pleno de la Cámara de Diputados a partir de las nueve de la noche del miércoles 19 de diciembre de 2012 y aprobada a la 1 y minutos de la madrugada del jueves 20. Ese mismo día, a las 11 de la mañana, el Pleno senatorial comenzó la discusión y votación final de la ley de marras.

Los mandamases del Senado –los coordinadores del PRI, PAN y PRD- se pasaron olímpicamente bajo el arco del triunfo todo el procedimiento legislativo (revisión concienzuda en comisiones, foros, consultas a partes interesadas, etcétera) y retomaron con gran prisa un dictamen a matacaballo que, hacía unos minutos, acababan de concluir los diputados de esos tres partidos integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales, de Educación y de Estudios Legislativos.

Entonces se puso el Pleno de los 128 senadores a discutir el dictamen de esa minuta para su inmediata votación.

El primer senador en tribuna fue Juan Carlos Romero Hicks, senador del PAN, presidente de la Comisión de Educación del Senado, exgobernador de Guanajuato. Así justificaba el dictamen, que la mayoría de senadores no conocía: “Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Educación y Estudios Legislativos, hemos procesado la minuta y quiero resaltar cuáles son los rasgos más importantes de lo que estamos recibiendo.

“Primero se determina procesos de calidad de la educación, particularmente a través de dos rasgos. Uno de ellos tiene que ver con un sistema profesional docente; y el segundo, con la creación de un sistema nacional de evaluación.

“A ese propósito, siguiendo los términos análogos a la fracción séptima del artículo 3° de la Constitución, que regula el trabajo universitario, se establece que es la autoridad quien mediante mecanismos de evaluación y de concurso, va a poner los procedimientos de ingresos, permanencia y promoción del personal académico, del personal docente.

“Por otro lado, se establecen las bases para un sistema nacional de evaluación educativa. Y se parte para la evaluación del sistema de un organismo que fue creado en el 2002 por el Ejecutivo Federal por el Presidente de la República, el Presidente Fox, creando un organismo desconcentrado para evaluar el sistema.

“Y este año (2012) el Presidente Calderón en su momento pasa de un desconcentrado a un órgano descentralizado. Y ese órgano ya tiene hoy autonomía técnica y lo que se quiere es llevarlo a una autonomía de un órgano constitucional y que evalúe absolutamente todo el sistema.

“Y por otro lado, el artículo 73 establece que habrá un servicio profesional docente y que establece que habrá un servicio procesal docente, y que para ello, la autoridad va a asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y de diversidad.

“Esto ha sido ya revisado el día de hoy por las comisiones ya mencionadas, y lo que se ha incorporado al dictamen que para el día de hoy a su consideración es algo que consideramos muy importante, y esto es que aparte de lo que he venido comentando se incorpore como Derecho Constitucional, el derecho del mexicano a recibir una educación de calidad, esto parte de acuerdos internacionales en derechos humanos, y el dictamen se va a presentar de un momento a otro con ustedes para quedar a su consideración”.

Le aplaudían a rabiar priístas, panistas y perredistas, los mismos que callaron cuando vieron el orador que seguía: Manuel Bartlett Díaz, senador del Pt, ex gobernador de Puebla, ex secretario de Gobernación en el sexenio de Miguel de la Madrid y secretario de Educación Pública en el sexenio de Salinas:

“Tenemos una repetición de algo que es una vergüenza, una Reforma Constitucional ni más ni menos que el Artículo Tercero Constitucional, uno de los artículos más importantes de nuestra Constitución, una reforma que llega y sale con esta ficción de que ya estamos en una segunda sesión para que no sea la primera en la que se aprobó el Artículo Tercero Constitucional”.

Y apostillaba Manuel Bartlett Díaz: “Es la verdad, una vergüenza, es un atentado contra el Artículo Tercero de la Constitución.

“Ha habido una gran difusión, como en todo, mediático. Es una Reforma Educativa importantísima, y la verdad no es ninguna Reforma Educativa.

“Se está recuperando con Esta o se va a recuperar hoy que se vote, se va a recuperar la rectoría del Estado en materia educativa, se dijo por todos lados, y yo les pregunto, y ¿quién se las quitó?; nadie menciona quién les quitó la rectoría que ahora recuperan de una manera digna en una reforma al Artículo Tercero.

“No es una reforma. Es una simulación.

“Y es una simulación peligrosa, porque afecta al sistema educativo, precisamente para no entrarle al fondo del asunto, se inventa un órgano de  éstos, constitucionales, superiores, con cinco magníficos que serán los que se van a dedicar a limpiar el sistema educativo que a todos preocupa, y todo mundo reconoce que está muy mal.

“Es una reforma, repito, absolutamente simuladora. Pero, dice por ahí la iniciativa que con esto cumple el Pacto. Caray, ¡qué Pacto, eh!, tengan cuidado con ese Pacto, ya lo hemos estado tratando”.

“Al crearse una Junta de Gobierno a nivel constitucional, absolutamente innecesaria, lo que hacen es, crear allá arriba una cúpula que va a castrar a la Secretaría de Educación, yo no sé cómo el Secretario estaba tan contento”.

Aludía a Emilio Chuayffet Chemor, seis años después en el ostracismo. (Continuará).
19 Mayo 2018 04:00:00
La carcajada del PAN y el acomodaticio PRD en la reforma educativa
Ruth Zavaleta Salgado defendía con ardor la posición del nuevo gobierno. Atrás había quedado su papel de opositora del régimen. Ahora –aquel miércoles 19 de diciembre de 2012-, aparecía en la tribuna como diputada federal del Pvem, desde cuya posición decía a propósito de la reforma educativa: “Se equivocaron aquellos que predijeron que este nuevo gobierno iba a fracasar desde el principio”.

Defendía a ultranza la presidencia incipiente de Enrique Peña Nieto. Y apostillaba: “Aun con sus discursos radicales aquí se van a seguir equivocando, porque con esta reforma este Congreso de la Unión está haciendo un pacto de trabajo con el Gobierno federal para trabajar en conjunto y para comenzar con esa política pública de Estado que los mexicanos desean que se haga realidad en cada uno de los temas que este Poder Legislativo tiene que aprobar”.

¿A quiénes aludía? Pues a sus antiguos compañeros del PRD. Pero no a todos, solo a los afines a Andrés Manuel López Obrador; porque había otro sector, los afines a Jesús Ortega y Jesús Zambrano, que estaban de acuerdo con la reforma educativa en ese mismo instante sometida a discusión y votación. Era entonces la medianoche del miércoles 19 y jueves 20 de aquel mes.

Ruth Zavaleta siguió: “Esta reforma es revolucionaria, porque no hay nada más transformador que mejorar la cuestión educativa. Cuando nos preguntaron, a la entrada de este recinto el primer día de la diputación, ¿cuál sería la única reforma que votaríamos como diputados si solamente tuviéramos oportunidad de votar una reforma? La respuesta de la mayoría de nosotros fue la educativa, porque solamente la reforma educativa nos permite tener ciudadanos libres que no se dejen llevar por discursos manipuladores en esta tribuna”.

Ruth se entregaba totalmente, diciendo: “Por eso no hay nada más radical y revolucionario que lo que estamos haciendo el día de hoy los legisladores. Y no es una bandera solamente de la izquierda, es una bandera de todo este Congreso de la Unión”.

Y el apostille: “Es una farsa quien diga que es una reforma impuesta, porque es un reforma que surge de un pacto, Pacto por México, que firmaron todos los partidos políticos, que firmó también el PRD, que firmó también el PRI, el PAN, y que no lo firmaron algunos porque no fueron invitados. Pero realmente esta reforma se presenta como producto de ese pacto, Pacto por México, que estaban esperando los ciudadanos de este país”.

Si alguien jugó un papel crucial ese día fue el PRD. Su alianza desde entonces con el PAN y con el PRI lo llevó a decir justificaciones como la que, en tribuna, dijo esa noche Jorge Federico de la vega Membrillo, diputado federal perredista: “Es una reforma encaminada sobre todo a nuestros hijos, que son no un futuro, son un presente. Es una reforma que seguramente va a incidir en las niñas, en los niños, en las jovencitas, en los jovencitos. Va a incidir en su proceso de formación. Y podemos pensar que ello va a coadyuvar de manera importante a transformar este país, que es una exigencia que hoy todos nosotros tenemos y las mexicanas y los mexicanos así nos lo demandan”.

En voz de Fernando Rodríguez Doval, el PAN afirmó: “Con gran satisfacción subo a esta tribuna a hablar de esta reforma que sin duda es una victoria cultural del Partido Acción Nacional”.

¿Adónde quedaba la palabrería del PRD? El orondo diputado del PAN afirmó: “Es una reforma que constituye una síntesis de los avances, y cuando quieran, compañeros, lo debatimos, que desde el gobierno federal se implementaron en estos últimos años, y que además incluye también demandas históricas del Partido Acción Nacional”.

Y remachaba: “No olvidemos que fue en el año 2002 cuando en un gobierno panista se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación representando el primer esfuerzo serio para evaluar la calidad de nuestro sistema educativo.

“No olvidemos que la prueba Enlace se instauró durante la administración panista para evaluar el logro académico de los alumnos, de las escuelas y de las entidades federativas.

“No olvidemos tampoco que en el año 2008 se creó el Sistema Nacional de Formación Continúa y Superación Profesional. Por eso nos da gusto que hoy estos esfuerzos se reconozcan y se les otorgue un rango constitucional.

“La reforma que hoy habremos de aprobar tiene sin duda implicaciones fundamentales para el buen desarrollo de nuestro país. En primer término, garantiza en la Constitución Política que el ingreso docente y la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, así como la permanencia en este mismo servicio docente, se lleven a cabo mediante concursos de oposición y mediante una constante y obligatoria evaluación.

“Esto sin duda supone un cambio fundamental en nuestro horizonte cultural, al incluir al mérito como un elemento indispensable para tener mejores oportunidades de desarrollo profesional. Que nunca más volvamos a tener enfrente de un salón de clases a un profesor que no esté preparado para esa misión; que nunca más volvamos a tener una sola plaza de maestros que se compre o se herede. Que nunca más nuestra educación sea secuestrada por los intereses perversos de grupos, sindicatos o facciones políticas”.

Sí. Hace casi seis años, una reforma de la que hoy el panista Ricardo Anaya, en plena crisis de su campaña presidencial, ha admitido que la reforma educativa fue un “desastre” y un “agravio contra el magisterio nacional. (Continuará)
18 Mayo 2018 04:00:00
La reforma educativa es laboral, nunca pensada para mejorar la educación
Comenzaba el sexenio de Enrique Peña Nieto. Aquel 19 de diciembre, en la Cámara de Diputados, la estupefacción crecía. La impotencia mordía a los opositores, rebasados absolutamente en la votación por un PRI, un PAN y un PRD inusualmente, inéditamente, unidos por un acuerdo que habían dado en llamar Pacto por México, cuyo primer resultado se estaba dando en ese preciso instante: la aprobación en San Lázaro de la reforma constitucional en la materia educativa. La primera de muchas que aquella tríada del Pacto por México consiguieron.

Cuando, esa noche, el Pleno discutía el dictamen de marras, la inmensa mayoría de diputados no lo conocía. Apenas unas cuantas manos lo habían tenido. Esa noche, la impresión de la Gaceta Parlamentaria se retrasaba. Por eso opositores exigían una moción de suspensión y retorno del dictamen a comisiones. Por eso todos los que se oponían reclamaban, muy airados, lo sucio con que se llevaba el procedimiento legislativo del dictamen de la reforma educativa.

Entonces a la tribuna llegó uno de los oradores más contundentes de la 62 Legislatura: el diputado federal Ricardo Monreal Ávila, quien abrió su discurso así: “He sostenido que la mayoría de las reformas propuestas son acompañadas por un carácter efectista, engañoso, y esta propuesta que estamos discutiendo tiene características que se asemejan a esta descripción”.


Y continuaba:
“La ausencia de los actores más importantes en esta discusión, los maestros, me refiero  a los maestros que están frente al aula, todos ellos están ausentes. Y he estimado que es tan indispensable como inaplazable e indiscutible una reforma educativa integral en nuestro país.

“Pero también considero ineludible que tenga que consultarse a los maestros, a las maestras del país, que ahora están ausentes y que no hemos escuchado su opinión.

“Por eso consideramos que se trata de una reforma excluyente, porque no están ellos presentes. Pero también consideramos que se trata de una propuesta insuficiente, porque no es una reforma de hondo calado. Y también sostenemos que es una propuesta incompleta, porque a nosotros nos hubiera gustado contuviera elementos mayores para poderle dar certeza al país en el rumbo de la educación en México.

“En ninguna parte del mundo un sindicato maneja obras, en ninguna parte del mundo un sindicato es quien pone a los directores  y a los secretarios de educación. En ninguna parte del mundo tiene negocios, en ninguna parte del mundo tiene y pone secretarios, directores y parte de la administración pública. En ninguna parte del mundo tiene  los millones que tienen estos imperios sindicales, y eso no se toca.

“Por eso nosotros sostenemos que es un acuerdo que intenta darle un  coscorrón a la cúpula sindical, pero que le dice: ‘te voy a dejar transitar, te dejo con vida’. Porque ésas son las viejas consignas del viejo sistema, el sistema más arcaico que ahora estamos viendo restaurar.

“Nosotros sí consideramos que es necesario cambiar de fondo la dinámica que sigue el sistema educativo mexicano, más aún si tomamos en cuenta que existe un consenso generalizado tácito, entre todos los sectores sociales que reconoce plenamente que el tema educativo tiene el carácter de prioritario.

“Hoy en día nadie puede negar que la educación en México está envuelta en múltiples problemas, que derivan entre otras cosas los niveles bajos de aprovechamiento escolar; altos índices de deserción escolar, sobre todo, en niveles básicos; desinterés de alumnos, padres y maestros por generar una dinámica educativa competitiva, integral y de calidad, rodeado de pésimos antecedentes, rodeado de pésima alimentación chatarra, que no logramos eliminar, sólo prohibir, que ya está prohibido al interior del plantel, pero en el perímetro no logramos prohibir la comida chatarra, que está generando estragos en la salud pública del país, porque son grandes los intereses, millonarios los intereses que prohíben y no permiten avanzar en esta materia.

“Para darnos una imagen, que estoy seguro que mucho de ustedes, maestros o académicos o estudiosos de la materia lo saben, estamos enfrentando un grave problema. Los datos de la Organización Mundial del Comercio, la OCDE, en el informe del 2012, hace unos días, de los 34 países y de la Unión Europea que la integran, México ocupa el último lugar en la expectativa de graduación de bachillerato.

“Es una vergüenza, pero además 47 de cada 100 alumnos que ingresan no logran terminar sus estudios en este nivel. Ocupamos el último lugar de gasto por alumno. El penúltimo lugar en la tasa de graduación a nivel superior, donde 2 de cada 10 personas inician sus estudios, 2, y sólo concluyen 2 de 10, es decir, 8 frustran sus estudios universitarios y nos situamos en el décimo lugar en cuanto a tasas de desempleados con educación universitaria.

“Y por si no fuera poco, tenemos que lidiar con una cúpula sindical, no hablo de los maestros que están frente a grupo, que absorbe una enorme cantidad de recursos del erario sin mostrar actitudes de transparencia, democracia ni mucho menos compromiso con la educación.

“Por eso, nosotros consideramos que las reformas presentadas en estos dos artículos de la Constitución son insuficientes, insistimos en que son incompletas y de que se trata de un intento tenue, tomando en consideración la magnitud de los daños causados a nuestra generación, pero sobre todo al país y al futuro del país.

“Sostenemos que en el artículo 3o. constitucional, el contenido de las reformas propuestas a este artículo contienen sesgos importantes”.

Argumentaba la oposición en favor de una verdadera reforma educativa. Pero la sordera de quienes firmaron el Pacto se enseñoreaba. (Continuará)
17 Mayo 2018 04:00:00
De cuando comenzó la avalancha contra el magisterio
Al igual que la reforma energética de agosto de 2014, la reforma educativa de diciembre de 2012 se ha constituido estos días en materia prima del debate por la presidencia de la República. Por un lado, jurando que la echará para atrás, está Andrés Manuel López Obrador; y por el otro, los candidatos presidenciales de los dos partidos que la insuflaron –PAN y PRI-, criticando al primero y tratando de que aquella legislación no los empuje al desastre que les esperaría el próximo 1 de julio.

Aquel miércoles 19 de diciembre de 2012, cuando a la medianoche los diputados del PRI, PAN y el sector chuchista del PRD la aprobaban a matacaballo, el reclamo airado de quienes se oponían consistió en acusar al PRI, PAN y ese PRD de haberse transfigurado en unos autócratas que a fuerza de anular el debate se dedicaban a imponer leyes absolutamente contrarias al interés de la población mexicana.

Había dicho Ricardo Mejía Berdeja: “En una semana una reforma constitucional en un tema de gran trascendencia para millones de mexicanos”. Y exigía al Pleno que regresase el dictamen de la reforma educativa a comisiones, para que se le revisara sin componendas, sin trapacerías. Sin vileza.

Una mueca ominosa se esbozaba en el rostro de muchos priístas. Pero también se asomaba la preocupación de una veintena de diputados priístas afines entonces a la lideresa del Snte Elba Esther Gordillo Morales, quien a los treinta y tantos días fue detenida, a fines de enero de 2013; como ocurrió, ni más ni menos con Joaquín Hernández Galicia –líder del sindicato petrolero-, detenido en diciembre de 1988, a días de que Carlos Salinas de Gortari asumió el poder.

Otro diputado opositor de entonces intentó también la moción suspensiva. Rafael Huerta Ladrón de Guevara criticaba la velocidad de un dictamen que ni siquiera había sido entregado a los diputados integrantes de las comisiones dictaminadoras.

“Ustedes están violentando el principio de legalidad o primacía de la ley si no rectificamos esto. Este principio determina que todo ejercicio del poder público deberá estar sometido a la voluntad de la ley y de su jurisdicción, y no a la voluntad de las personas”, sostuvo el diputado Huerta.

Y remachaba el legislador: “Y bastaron sólo dos días, escúchese bien, dos días, para que la Comisión de Puntos Constitucionales aprobara e hiciera público el dictamen del proyecto de la reforma. Esta celeridad legislativa impide obviamente una revisión objetiva de la propuesta del Poder Ejecutivo federal por encima de la legalidad con la que debe de actuar este Poder Legislativo, más aún cuando dicha propuesta afectará la relación laboral y condiciones de trabajo de maestros del sistema de educación básica, puesto que uno de los propósitos fundamentales de la reforma al artículo 3, fracción III constitucional, es la de establecer nuevas bases para ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio educativo”.

Y volvía a restregar: “Esperaríamos que ocurriera un milagro navideño y que repusiéramos este procedimiento, pero tenemos severas dudas, porque de los 2 días a la fecha, 8 días después, no han querido debatir, como no lo van a querer debatir, porque ya viene la consigna, viene la línea de lo que quieren aprobar, y seguramente, imponerle, pues no le podríamos hablar a esto ni de una reforma sino de una composición a la ley constitucional, que seguramente no obedece a los anhelos del pueblo de tener una gestión integral de una reforma educativa y no lo que ustedes aquí, tramposamente, propagandísticamente van a querer realizar”.

Pues así como ocupaban la tribuna, se bajaron. Y entonces comenzaba la feria de la justificación. Pero, antes, Elba Esther Gordillo se asomaba en la tribuna, estupefacta, en la persona de Dora María Guadalupe Talamantes Lemas, diputada de Nueva Alianza. Recuérdese que entonces todavía este partido estaba bajo la égida de la cacique del Snte; franquicia partidista que pasó a manos del PRI a partir de la aprehensión de Elba Esther.

Dijo Talamantes: “Para Nueva Alianza esta reforma educativa debe garantizar lo establecido en el Tercero constitucional, así como también debe impulsar una política de Estado para que las mexicanas y los mexicanos accedan a una educación de calidad con equidad y pertinencia, como condiciones imprescindibles para atestiguar el auténtico crecimiento de nuestra nación”.

Tomaba distancia Elba Esther del gobierno de Peña. Y decía “No podemos soslayar la importancia que tiene el magisterio en la formación de la niñez mexicana. Por ello debemos diseñar mejores estrategias para su formación, actualización y profesionalización docente e innovar los procesos de enseñanza-aprendizaje utilizando las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento”.

Una distancia que se fue ensanchando hasta que la detuvieron en el aeropuerto de Toluca, a fines de enero de 2013.

El PT en voz de Héctor Roblero resumía que sí, a reformar la educación, pero no sin los maestros. Y sostenía: “El interés de jóvenes estudiantes por formarse adecuadamente y que esto les permita acceder a mejores y remunerados empleos.

“Intereses negativos como la venta de plazas y la infinidad de licencias sindicales para fines político partidistas que no tienen sustento ético alguno. Por eso esta reforma es importante.

Pero quiero dejar bien asentado que no debe responder a los intereses de los poderes fácticos, sino a los intereses de la sociedad mexicana, de los verdaderos agentes educativos que son los maestros, a los que no permitimos que se les denueste como lo hacen los poderes fácticos y principalmente Televisa”.

Había sorpresa en el Pleno. Se veía venir una gran avalancha sobre el magisterio. (Continuará)
16 Mayo 2018 04:00:00
La reforma educativa en diciembre de 2012
El 1 de diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto fue ungido como presidente de México por el Congreso de la Unión. El 10 de diciembre de ese mismo año turnó a la Cámara de Diputados una iniciativa de diversas reformas constitucionales en la materia educativa. El día 13, la Comisión de Puntos Constitucionales dictaminó aprobatoriamente la propuesta presidencial, y el miércoles 19 de ese mismo mes el Pleno de los 500 diputados la discutió y aprobó durante la noche y madrugada del jueves 20.

Esta reforma es la que hoy está convertida en una estaca atravesada en el hígado no solo de Peña Nieto, sino también de los actuales candidatos presidenciales de los partidos que la insuflaron y aprobaron a matacaballo: José Antonio Meade del PRI y Ricardo Anaya del PAN.

Por cierto, Ricardo Anaya era el coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados y fue uno de los 351 diputados que la aprobaron.

Aquella que dieron priístas, panistas y el gobierno de Peña en llamar una reforma educativa, desde entonces ha sido objeto de mucha polémica y muchísima movilización social. Ha habido desde entonces paros, manifestaciones, plantones, y también despidos masivos de profesores en diversas partes del país, e incluso asesinatos, como los que ocurrieron en Nochixtlán, Oaxaca, en 2016, cuando profesores se manifestaban en contra de la reforma educativa.

Ayer mismo, 15 de mayo de 2018, Día de los Maestros, ha ocurrido un encontronazo entre el gobierno de Peña Nieto y el magisterio disidente agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Común denominador de este conflicto es la reforma educativa, a la que los mentores acusan de ser no un mecanismo de mejoramiento del sistema educativo nacional, sino un mero y absoluto instrumento de control político y laboral contra el magisterio, cuya matrícula casi llega al millón 200 mil maestros en todo el país.

De la implantación a ultranza de esta reforma, también hubo detenciones como la de la maestra Elba Esther Gordillo, quien ayer mismo, a través de su abogado, se ha declarado presa política y dijo que demandará la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual ha acusado al gobierno de Peña Nieto de represor y violentador de sus derechos humanos.

Pero, ¿cómo inició todo esto? Comenzó aquella noche del miércoles 19 de diciembre de 2012, cuando en la tribuna de San Lázaro el entonces presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y diputado federal perredista Julio César Moreno Rivera, justificaba: “En la actualidad en México no existe una política integral que regule la carrera docente”.

Iniciaba su discurso en medio de un gran enojo de la oposición (una facción del PRD afín a Andrés Manuel López Obrador, que terminó por desprenderse de ese partido para formar al actual Movimiento de Regeneración Nacional, Morena). Enojo porque para aprobar el dictamen tuvieron los priístas y panistas que destrozar todos los procedimientos legislativos).

Moreno Rivera siguió: “El Estado mexicano se encuentra ante la responsabilidad y obligación de establecer los mecanismos idóneos para estructurar una política educativa que transforme el sistema educativo actual, resolviendo y enfrentando los problemas que le aquejan con la finalidad de dar un paso adelante en el desarrollo de la educación.

“… En concreto, la presente reforma constitucional se refiere en dos fracciones del artículo 3o constitucional, se adiciona el párrafo segundo de la fracción III para establecer las bases para la creación de un servicio profesional docente, con lo que se pretende consolidar la educación pública de calidad. Se fijan los procedimientos y mecanismos objetivos para el ingreso, promoción, permanencia en el servicio educativo a través de un concurso de oposición.

“Para facilitar la movilidad en el sistema educativo se incorporan al servicio profesional docente a quienes desempeñen funciones de dirección y supervisión en la educación básica y media superior que imparte el Estado. Se adiciona la fracción IX al artículo 3º de la Carta Magna para transformar el ya existente Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en un organismo público, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio con la finalidad de alcanzar una plena coordinación entre las autoridades educativas federales y locales.

“En este sentido, a este instituto le corresponderá evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional desde el nivel preescolar hasta el medio superior. El instituto deberá realizar las siguientes funciones:

“Diseñar y realizar las mediciones que corresponden a componentes, procesos o resultados del sistema. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas del gobierno federal y local para llevar a cabo las funciones de evaluación que le corresponden.

Generar y difundir información y con base en esta emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social”.

Era la justificación de una reforma educativa que los críticos a ella en realidad consideraban una reforma laboral contra el magisterio.

Entonces fue el turno de Ricardo Mejía Berdeja, diputado del Mc, el primero de muchos que han desfilado oponiéndose a la reforma de marras: “Nos parece que en aras de privilegiar el impacto mediático de esta reforma, se han atropellado las formas y la legalidad implícita en todo proceso legislativo. Estamos en contra de esta reforma educativa, pero estamos a favor de una reforma a la educación de fondo, genuina, sin cortapisas y sin atender presiones de grupos de interés”…

Así comenzaba todo. (Continuará)
15 Mayo 2018 04:00:00
INE y TEPJF se suman al PRI y PAN a la siembra de la zozobra
La elección presidencial está a 45 días de su desenlace. Este proceso semeja un barco frágil en medio de una tempestad que arrecia. Y sus guías y sus faros en vez de producir señales tranquilizadoras, parecen arrojar relámpagos y truenos sobre la barcaza, provocando más zozobra e inquietud.

Así podría mirarse al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cuando se pronuncian, refocilándose en una atmósfera política de por sí cargadísima de electricidad.

Y entre tanto, aquellos dos buques enormes que tendrían que estar al pendiente para ayudar al barco a salir sin daños de la tormenta, tienen sus luces apagadas, y sus capitanes son incapaces de emitir no más señales que la señal de la oscuridad.

Estos dos enormes barcos no son otros que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. A pesar de que tienen un arma poderosísima para hacer que escampara el cielo –la función del control político, también llamada función del contrapeso constitucional-, no la usan, contribuyendo a cargar todavía más de estática a la atmósfera violenta que está aprisionando la elección presidencial.

La semana pasada, Lorenzo Córdova, presidente del INE, hizo un pronunciamiento que provocó polémica: cuando dijo que el INE “se encuentra preparado para el peor escenario el 1 de julio, la posibilidad de una elección cerrada”, de inmediato prevaleció en todo el país la interpretación de que estaría sembrando desde ahora un escenario que mucha gente no ve realmente, pero que le conviene al PRI y al gobierno de Enrique Peña Nieto porque se prestaría a la construcción de un fraude electoral.

Lorenzo ha insistido en más de dos ocasiones en la posibilidad de una elección cerrada. Es decir, una elección en que no haya un candidato vencedor con holgura en votos respecto del que llevare en segundo lugar.

El presidente del INE provocó polémica porque, desde prácticamente el principio del proceso electoral, no se avizora una contienda cerrada. El candidato puntero, Andrés Manuel López Obrador, lleva una ventaja grandísima sobre su más cercano competidor Ricardo Anaya. Ventaja que amplía respecto del tercero.

Todas las encuestas, excepto una, la de Gea-Isa, han coincidido en que AMLO ya se le fue más allá de los 20 puntos, que en votos representan algo así como 12 millones de votos de diferencia.

Gea-Isa acaba de sacar una encuesta en la que coloca a Anaya a seis puntos del puntero. Y justo cuando esto apareció, Lorenzo Córdova parece que se ha montado en la encuesta de marras para salir a decir con prontitud que la elección sería “cerrada”.

Esa casa encuestadora es propiedad de Jesús Reyes Heroles, quien en 2012 se erigió en la encuestadora de cabecera de Enrique Peña Nieto, y fue la que, con sus resultados, más desprestigió a las encuestas en aquella elección presidencial.

Para la mala fortuna de la ya de por sí muy escasa credibilidad de Lorenzo Córdova, este principio de semana ha salido una nueva encuesta: el diario El Financiero ha colocado a AMLO con 46 puntos contra 26 de Ricardo Anaya, y 20 de José Antonio Meade.

Hay una diferencia que no indica, para nada, que vaya a haber una elección cerrada. Sin embargo, este lunes 14, el Tribunal Electoral se ha subido también al carro de Lorenzo, cuando, en voz de uno de sus magistrados, José Luis Vargas Valdez, también atiza el fuego diciendo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “está listo para enfrentar una posible creciente judicialización por parte de los actores que buscarán ganar en los tribunales lo que no ganaron en las urnas”.

Vargas da por sentado que la elección, además de cerrada, estaría internándose en el sendero espinoso de su judicialización. Y coloca a la elección presidencial lejos de la posibilidad que muchos suponen que ocurrirá, que Andrés Manuel ganará con un muy amplio margen de votos, de acuerdo con las señales que arrojan las encuestas.

Tanto Vargas como Lorenzo se han colocado justo en la posición que al gobierno y al PRI les conviene: advertir a la gente que sus dos candidatos –el priísta y el panista- no están perdidos ya, y que están compitiendo y pueden ganar, a pesar de que las encuestas colocan reiteradamente a Andrés Manuel López Obrador a más de 12 millones de votos del segundo lugar. Y a más de 16 millones del tercero.

El fraude que haría el PRI y Peña Nieto, ayudado por instituciones afines a ellos como el INE y el TEPJF, consistiría en estos pasos fundamentales: compra de votos, robo de urnas donde los votos sean abrumadores contra el PRI, anulación de urnas mediante la generación de conflictos artificiosos, conteo tramposo del INE, desapareciendo votos reales mediante algoritmos infames.

Estar a 12 millones de votos del primer lugar, representa para el PRI y para Peña Nieto una catástrofe, que quieren subsanar bajando en la gente la percepción de que la distancia con el primer lugar no es tanta.

Así como Amlo se atiene a ganar por nocaut, es decir mediante una votación masiva, con más de 10 millones de votos de diferencia, así el PRI y el presidente Peña Nieto se atienen a robarse cuando menos cinco millones de votos.

Una de las barajas que tiene escondidas en la manga Peña Nieto es la posibilidad de anular la elección presidencial. Y para ello tendría que provocar mediante huestes al servicio del PRI un caos que aherrojara la anulación de miles de urnas.
12 Mayo 2018 04:00:00
De cómo advertía la oposición sobre la locura (y tragedia) del gasolinazo
El viernes 11 de mayo del 2018, el precio de los más de 20 pesos por litro de gasolina Premium continuaba trasminando –como la humedad- más zonas del país. Apenas unos 1,500 barriles diarios de Premium son producidos en las seis refinerías mexicanas, ha admitido Petróleos Mexicanos, equivalente al 1 por ciento de los 150 mil barriles de gasolina de primera calidad que se consumen diariamente, lo que significa que más de 148 mil barriles de gasolina Premium son importados, absolutamente, de refinerías texanas.

Aquella fecha infausta del miércoles 26 de octubre de 2016, cuando el Senado aprobaba la Ley de Ingresos para 2017, en la que se autorizaba al Ejecutivo incorporar un IEPS de cuatro pesos al precio final de las gasolinas y también su deslizamiento hacia arriba, lo que ha permitido que esta semana haya rebasado los 20 pesos-, esto fue lo que, a los “maiceados” legisladores que votaron en pro (del PRI, PAN, PVEM, PRD, PES Y PANAL), dijo el senador Ángel Benjamín Robles Montoya:

“La realidad es inobjetable y cada año las cifras son más preocupantes, ahí está cualquier análisis de los datos. Sin embargo, a mí lo que verdaderamente me alarma, en lo que no encuentro una explicación, es en esa actitud de la administración, su recalcitrante postura de seguir haciendo lo mismo aunque los resultados sigan siendo muy malos.

“Porque creo que es tal el rosario de yerros, de inconsistencias, de mentiras, que por falta de tiempo, pues habría que remitirnos a los más alarmantes. Por ejemplo, lo primero es que este grupo, esta administración pasará a la historia como los auténticos sepultureros de Pemex, porque los estragos de sus arbitrariedades ya están latentes en estados como Tabasco, Campeche y Veracruz, miles han perdido sus empleos.

“La otrora empresa emblemática del Estado es hoy un remedo de lo que alguna vez fue.

“Ya se calculan y ya se programan los gasolinazos para el 2017, ahora con el argumento de que adelantarán a medias la liberalización de los precios programados para el 2018.

Esto ya es una locura. Esta administración pretende crear dos mercados gasolineros. Los gasolinazos camuflajeados.

“En una parte del país, el precio será fijado libremente por el juego de los propietarios y demandantes, bajos las reglas que ponga la Comisión Reguladora de Energía, junto con la Comisión Federal de Competencia Económica.

“Pero en la otra parte, el precio se fijará, los proponen por medio de la banda de precios máximos y mínimos que se usó este año para aplicar los gasolinazos recientes.

“La diferencia es que ahora subirán el límite superior de los precios, ¿hasta dónde? hasta donde lo necesiten para cubrir el pago de la deuda.

“Puede ser de 16, de 18, de 24 por ciento, pero lo cierto es que (los precios de las gasolinas y el diesel) van a subir y, por supuesto, dirán que la culpa la tienen, allá lejos en Estados Unidos, en Rusia, en Dubái, porque los aumentos nos van a decir así, van a depender de los precios internacionales, ocultando otra vez ingresos tributarios, sin destino desconocido, pero escondidos en la fórmula de la banda de precios.

“Así que, al final del día, tendremos dos mercados gasolineros: Uno, que supuestamente pertenece a la serie del libre mercado. Y el otro, que pertenece al truco de la banda de precios.

“Lo que sí queda claro es que la política que nos están proponiendo no es más que un subterfugio para poder recaudar más recursos sin tener que precisar hacia dónde se dirigirán esas cantidades de dinero adicionales.

“Es decir, para tener mayor opacidad y discrecionalidad en el gasto.

“Y qué decir de la deuda, varios aquí recordamos cómo al principio de la pasada legislatura, cómo los priístas al tomar el gobierno, en el 2012, pataleaban desesperados sobre el nivel del endeudamiento que decían les había heredado el PAN. Pero el PRI, ha resultado mucho peor.

“En el 2017 el gobierno federal tendrá que pagar por concepto de deuda a poco más de 568 mil millones de pesos, el 2.8 por ciento del PIB; en el 2015, se erogó por concepto de pago de la deuda a 408 mil 287 millones de pesos; mientras que para este 2016, el monto ascenderá a 477 mil 700 millones.

“Es decir, y esto no tiene ninguna justificación, los ingresos excedentes que ha tenido el Estado a partir de la reforma fiscal, se han ido al pago de la deuda.

“Miren, de enero del 2004 a agosto del 2018, los causantes han desembolsado 1 billón 20 mil 240 millones de pesos adicionales en impuestos respecto a los que pagaban previo a la reforma fiscal, monto que se ha ido al pago de la deuda contratada por esta administración.

“Esto no sólo es inaudito, sino que representa un agravio al pueblo de México.

“Decía Enrique Peña Nieto que ningún presidente despierta pensando en cómo joder a México.

“Yo le diría que ningún político de oposición lo crítica a él, solamente por joder. Lo criticamos porque está haciendo mal las cosas, porque pensamos que las cosas se pueden hacer mejor.

“Pero hoy le decimos que la paciencia del pueblo mexicano se está acabando.

“Los resultados no se han dado, y yo creo que México ya no aguanta más”.

Fue aquella sesión senatorial, del 26 de octubre de 2018, una de las más premonitorias que se han escuchado en la historia de México, con tanta precisión, en los territorios del Congreso de la Unión.
11 Mayo 2018 04:00:00
Si la partida de los ‘moches’ no hubiera existido, quizá el gasolinazo tampoco…
¿Cómo le hicieron el PRI y el presidente Enrique Peña Nieto para persuadir a una mayoría de diputados y senadores a votar aprobatoriamente por el incremento bestial de las gasolinas, el 20 y 26 de octubre de 2016, si sabían de antemano que esto sería como un crimen contra la población?, fue la pregunta que trasminó a todo el Congreso General.

Pues aquel mismo día, miércoles 26 de octubre de 2016, dos senadores pusieron el cascabel al gato: Los diputados federales habían sido literalmente comprados por el PRI y por Enrique Peña Nieto con una partida presupuestaria de 33 mil y pico de millones de pesos. “La partida de los moches”, se le conoció entonces así.

He aquí al primero, el senador del PAN –y secretario de Hacienda en el sexenio de Calderón- Ernesto Cordero Arroyo: “Me parece que los 51 mil 380 millones de pesos con los que se amplió la Ley de Ingresos están  plenamente sustentados, y no es la opinión de la Secretaría de Hacienda, sino la opinión de los expertos tanto nacionales como internacionales.

“Que puedan ser o no puedan no ser, pues efectivamente el pronóstico económico no es preciso en ninguna parte del mundo.

“Creo que donde deberíamos de prestar atención, es, ¿qué vamos a hacer con esos 51 mil millones de pesos?

“Déjenme decirles, de esos 51 mil millones de pesos: 7,442 los ejercerá Pemex; 4,314, serán al pago de servicio de la deuda; 5,300 se irán a estados y municipios a través de participaciones y aportaciones; y 430 millones irán a los fondos de estabilización. Esto son gastos ineludibles y están plasmados en la ley.

“De estos 51 mil 380, cuando quitamos estos rubros, van a quedar 33 mil 686 millones de pesos.

“Esa es la bolsa que se van a repartir en la Cámara de Diputados.

“Aquí se ha dicho, con toda  razón, que el presupuesto de egresos que enviaron este año pues es austero,  y efectivamente tiene 270 mil millones de pesos menos que el del año 2016.

“Y se cortaron partidas y programas sensibles para lograr el bienestar, la equidad y el desarrollo del país.

“Mi propuesta es que los señores diputados, en lugar de repartirse estos  33 mil millones de pesos, como si fuera botín, como si fuera su dinero, lo emplearan para resarcir partidas sensibles, que fueron cercenadas en este recorte presupuestal.

“Estos 33 mil millones de pesos podrían igualar el presupuesto de los siguientes programas, al mismo presupuesto que tuvieron este año, ni siquiera se trata de aumentar el presupuesto de estos programas, se trata de dejarlos igual que este año.

“No tendríamos vergüenza como legisladores si permitimos que se lo repartan en cuotas partidistas en la Cámara de Diputados.

“Que vuelvan a rescatar y a instaurar los Fondos del Ramo 23, programas que no tienen reglas de operación, que se asignan discrecionalmente y que se entregan per cápita a cada Diputado.

“No tenemos vergüenza si permitimos que eso siga sucediendo en México”.

… Pero Ernesto Cordero no fue más allá del discurso en tribuna. Ya en los hechos, votaba en pro de esta Ley de Ingresos, avalando la partida corruptora de diputados de los 33 mil millones de pesos, así como también los cambios legislativos para aumentar el precio de las gasolinas a partir de enero de 2017. Precios que continúan en ascenso en estos días.  

Y fue el mismo Manuel Bartlett Díaz quien recriminó a Cordero su fariseísmo: “Estuve a punto de ver realmente una revolución fiscal aquí con la propuesta y el discurso de motivo de nuestro compañero Cordero”, ironizó la posición dual del panista. “El argumento de eliminar los moches sin tener facultades, pues es un poco quimérico, ¿verdad?”

Y arremetía Bartlett contra Cordero: “Se nos echó para atrás Cordero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compañero? Estaba perfecto. Usted hubiera sido el héroe. Los moches es una corrupción absolutamente cínica, se acusaron, bueno, hasta una gubernatura se llevó el Rey de los moches, de por allá, de Michoacán, acuérdense, el Rey de los moches se fue de gobernador (Bartlett se refería a Silvano Aureoles Conejo, un perredista que, hace unos días, salió a decir que apoya a José Antonio Meade como candidato presidencial, y no a Anaya, el candidato de su partido).

Bartlett seguía mortificando a Cordero: “¡Lástima, lástima, Cordero, estaba muy bien!(…) Yo le diría al Senador Cordero: si quita los moches no sale el paquete económico, si es la condición, la condición de arruinar al país, de sacar este mamotreto  fiscal, la condiciones que les den la lana, México se mueve con el dinero, la corrupción está en todos lados,  verdad.

“Bueno, y dicen los diputados: ‘Señores y yo por qué no’. Diría al estilo Fox: ‘¿Y yo por qué no?’

“Si los moches se suspenden, mi querido y estimado ex Secretario de Hacienda, Cordero, no hay reforma eh, se acaba todo, porque es la lana la que logra estos mamotretos en contra de los intereses nacionales.

“He estado esperando oír a los defensores de estas reformas, pero no aparecen, el silencio aquí  en el PRI es sepulcral, no aparecen, porque en realidad no quieren discutir, porque, bueno, mandan a algún Verde por ahí, a leer algún papelito y se acabó, no quieren discutir. Y esa es la negación de un Parlamento absolutamente, no quieren discutir”.

Entre tanto, año y medio después -10 de mayo de 2018-, el precio de la gasolina Premium llegaba a los 20:05 pesos. Y contando…
10 Mayo 2018 04:00:00
Advirtieron al PRI que era el desastre el gasolinazo; pero le valió…
¿Y qué pretextaba entonces el PRI, cuando –orondo y de la mano del PAN, PVEM, PRD y Panal- también en el Senado de la República votaba en favor del aumento del precio de las gasolinas a partir de enero de 2017?

Manuel Cavazos Lerma, senador priísta y ex gobernador de Tamaulipas, dijo el miércoles 26 de octubre de 2016 en la tribuna senatorial: “Hay cuando menos estas razones por las que votaremos a favor de la Ley de Ingresos 2017 y a favor del paquete económico que la respalda:

“Primera razón. Porque es realista, a que contiene medidas viables que toman en cuenta las penurias presupuestales y el complicado entorno internacional.

“Segunda razón. Porque es responsable, atiende los compromisos de corto plazo sin perder de vista el largo plazo, piensa en el futuro sin descuidar el presente.

“Tercera razón. Porque es prudente, elige escenarios austeros en vez de echar las campanas al vuelo.

“Cuarta razón. Porque cumple el compromiso de estimular la economía en una primera etapa y reducir el déficit y el endeudamiento en esta nueva etapa para no hipotecar el porvenir.

“Quinta razón. Porque cumple con el compromiso de mantener la estabilidad macroeconómica, garantizar la solidez de las finanzas públicas y manejar prudente y responsablemente la deuda pública en montos, costos, plazos y estructuras favorables.

“Sexta razón. Porque refleja la idoneidad de la reforma hacendaria que incrementó los ingresos petroleros del 13 al 20% del PIB sin los cuales no hubiéramos podido compensar la caída en los precios y en la producción del petróleo.

“Séptima razón. Porque fomenta la constitución de reservas del sistema financiero a fin de que siga habiendo más crédito y más barato, que es el objetivo de la reforma financiera.

“… Novena razón. Porque se concluyó la asunción de pasivos laborales de Pemex y de CFE, fortaleciendo las finanzas y la viabilidad de estas empresas productivos del Estado.

“Décima razón. Porque flexibiliza (sic) los precios de las gasolinas y el diesel a través de un proceso de transición gradual, ordenado y por regiones que comienza el 1 de enero del 2017 y terminará el 31 de diciembre de 2018 (resic), con la liberación de estos precios en todas las regiones del país.

¿Y quién atajó a Manuel Cavazos Lerma? Manuel Bartlett Díaz, senador del PT-Morena y ex gobernador de Puebla, quien dijo: “Me llamó la atención, no por lo estentóreo de la voz, sino por la claridad del maestro Cavazos, que nos da siempre lecciones de primer año, no de primaria, de economía, dice, lecciones de primer año de economía. Las dos razones están muy chafas, señor Senador. Mire, usted, vamos a ver si le entendí rápidamente:

“Número uno. Es realista. ¿Qué es eso, realista? En este país no queda más, es realista, es un argumento brutal.

“Número dos. Es responsable para el corto plazo, pero sin dejar de ver el largo plazo. ¡Ah, chihuahua! ¿Cómo está? El corto plazo, pero nos lleva responsablemente a largo plazo. No es cierto.

“Tres. Es prudente, austero. Mentira. No es austero, los sueldos no se tocan, las grandes obras no se tocan, es austero el pobre pueblo, ese sí es austero. Ese argumento también es muy chafa.

“Cuarto. Cumple para estimular a la economía, y no se vayan a reír, reduce el endeudamiento. ¿Qué es eso?

“Quinto. Cumple mantener la estabilidad macroeconómica, responsable en el manejo de los grandes, algo así dijo de la macroeconomía. No es cierto, ¿verdad que no?

“Seis. Dice, no sé qué dijo rápidamente del petróleo, el incremento del petróleo. ¿Cuál incremento del petróleo?

“¿Cuántos barriles van a sacar Pemex? Lo decía el Secretario de Hacienda, ¡hombre! El que dice cuántos, usted lo sabe, lo sabía, pero entonces sabía con qué sacarlos, no pueden sacar más porque ya entregaron las zonas más productivas del petróleo en México a los extranjeros, en donde éramos expertos en aguas someras ya lo tienen los extranjeros y ahí no van a pagar, ya lo amenazaron aquí eh, así es que esos barriles nuevos no llegarán.

“Siete. Se han hecho reservas y ajustes al sistema financiero, sistema financiero. ¿Cuáles reservas? Si está tronado el sistema financiero.

“… Noveno. Ahí les va otra genialidad, concluyó el ajuste laboral en Pemex y en la CFE. Falso. No se ha concluido, van a cerrar las dos empresas, eso es a donde van, y van a dejar en la calle a los petroleros y a los electricistas, que han sido tan valientes que se han quedado callados ante el despojo y no han hecho absolutamente nada para defender sus intereses y los del país.

“Décimo. Éste también es muy bueno, flexibilidad de precios a la gasolina y el diesel, bueno, esa flexibilización ya la analizamos aquí, es el desastre. La flexibilización es la entrada de las empresas transnacionales a poner los precios que se les dé la gana, ¿eso es flexibilizar? No, señor. Eso es entregar rápidamente, antes de que pierda la elección Peña Nieto, porque la va a perder con todos ustedes, hay que apurarnos para que las transnacionales lo ayuden tal vez no en el precio, sino en el moche electoral”.

Esto lo dijo Manuel Bartlett el 26 de octubre de 2016. Y están ocurriendo dos cosas, en estos días de mayo de 2018: El PRI está perdiendo, de calle, la elección presidencial de 2018… y hay mucho dinero misterioso electrizando la atmósfera de las campañas presidenciales. ¿De dónde viene? Bartlett dijo entonces que vendría de las compañías trasnacionales.
09 Mayo 2018 04:00:00
De cómo se fraguó el gasolinazo y por qué
Esto que está viviendo el país ahora, del rebasamiento de los 20 pesos del precio de las gasolinas, también se debatió en el Senado seis días después de que se le discutió en la Cámara de Diputados.

El miércoles 26 de octubre de 2016 –cuando el Pleno discutía el dictamen de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017… también conocida como Ley del gasolinazo, en la tribuna senatorial, advirtió, ominoso, el senador Mario Delgado Carrillo: “¡Este es un paquete económico para joder a México!”

Y apostillaba: “Endeudamiento histórico, gasto irresponsable, falta de crecimiento, el mayor gasolinazo de los últimos años. Votar a favor de esta Ley de Ingresos es avalar que la deuda del país supere los 50 puntos del PIB, que se destinen más recursos al pago de intereses, que a la inversión pública. Que al ser mayor la deuda que la inversión, se esté financiando gasto corriente con crédito”.

Y volvía a apostillar: “Es una paradoja que el Gobierno llame al Congreso a la responsabilidad en la aprobación del paquete. Cuando el Gobierno ha fallado en 10 veces el pronóstico de crecimiento, cuando ha tomado 15 puntos adicionales de deuda de lo que prometía. Y cuando en promedio han sobrepasado el gasto público autorizado por la Cámara de Diputados en 1.9 puntos del PIB, en promedio cada año, o cuando en 2015 prometieron un recorte y terminaron gastando más”.

Hacía unos días, a rataplán, este mismo dictamen había sido aprobado por esa mayoría de diputados conformada por priístas, panistas, perredistas, mcdistas, panalistas, pesistas y pvemistas. Y acá, en el Senado, prestos estaban para refrendar el dictamen los senadores del PRI, PAN, algunos del PRD, PVEM y Panal.

Mario Delgado Carrillo asegundó: “Quienes voten a favor, por supuesto, (convalidarán) el mayor endeudamiento de la historia, y se abre al mismo tiempo la puerta al mayor gasolinazo de los últimos años”.

Y remachaba: “(Este gobierno de Peña) sí nos está jodiendo a todas las familias mexicanas con su política económica, porque nos está endeudando a todos los mexicanos y a nuestros hijos, porque para mantener los privilegios y abusos de la clase de gobernante, no está dispuesto a revisar el gasto público.

“(Y) porque prepara para el 2017 un gran golpe a todos los mexicanos con un gasolinazo de dimensiones mayúsculas, (del que) se lavará las manos, diciendo: ‘Es culpa de los precios internacionales”.

Entonces Mario Delgado se ponía a explicar por qué el gobierno de Peña liberalizaba las gasolinas en 2017 y no en 2018, como se había decidido en la reforma energética de 2014.

He aquí: “En esta Ley de Ingresos, de manera tramposa se pretende cambiar un artículo transitorio de la Ley de Hidrocarburos aprobada en 2014 para adelantar la liberalización del precio del mercado de la gasolina y el diesel en nuestro país.

“¿Por qué se quiere hacer eso? Por qué se argumenta que se pretende hacer un mercado competitivo de las gasolinas en nuestro país.

“Quiero decir que este adelantamiento obedece fundamentalmente a dos razones: Una estrictamente política, para que el gobierno a partir del 2017 argumente que los gasolinazos no son su responsabilidad, que estos se van a deber a movimientos en los precios internacionales de la gasolina, y como ya tenemos precios, un mercado abierto y libre no es responsabilidad del gobierno.

“Y también lo hace porque quiere afianzar el negocio de los privados, no quiere correr el riesgo que en el 2018, como estaba planeado liberar este mercado, nadie quiera venir a invertir en México por el riesgo político que existe.

“Se adelanta la liberalización del mercado de las gasolinas para lavarse las manos de los gasolinazos y para asegurar el negocio de los privados”.

La explicación de Mario Delgado era premonitoria. Todo esto que decía en octubre de 2016, ha estado ocurriendo con gran precisión desde entonces.

Mario Delgado siguió: “¿Qué se va a ganar? ¿Qué es lo que se pretende con este supuesto mercado competitivo? Que ya no haya subsidios cruzados al costo de transporte.

“Esto qué quiere decir que allá, donde sea más caro llevar la gasolina, la gasolina va a ser más cara, porque eso es lo que están proponiendo en ese mercado abierto, donde sea más caro llevar la gasolina, va a haber gasolina más cara.

“¿Eso es lo que queremos para el país? ¿Estos son los beneficios del mercado abierto? Paradójicamente vamos a tener por estas medidas un aumento inmediato, desproporcionado en el precio de las gasolinas, y en aquellas regiones de mayor pobreza, de menor infraestructura, la gasolina será aún más cara.

“Es una farsa decir que podemos tener un mercado competitivo de gasolinas en nuestro país, porque hay una gran intervención en el gobierno en el precio de la misma, por lo menos el 40 por ciento del precio final es el impuesto que cobra el gobierno, esta nueva forma que tiene de hacerse de recursos, que ha pasado de la petrolización de las finanzas a la gasolinización de las finanzas, 30 por ciento en términos reales, espera el gobierno recaudar vía gasolinas para el año que entra”.

Demoledora argumentación del senador Delgado, quien remachó: “Todo esto lo hace el Gobierno por razones políticas para decir que ya no es su culpa los gasolinazos y para asegurar el negocio de los privados que, por cierto, ya ha dado permisos de importación, solamente en este año el equivalente a todo lo que se importó el año pasado. El gran negocio de los importadores está en marcha.
08 Mayo 2018 04:00:00
Cuando justificaban la Ley del Gasolinazo, hace año y medio
Quienes aquel jueves 20 de octubre de 2016 se oponían a la llamada Ley del Gasolinazo, no tenían dotes de adivinos; pero sí mucho sentido común y, es de suponer, sensibilidad social. Y un año siete meses después –o sea estos días- han confirmado lo que entonces reclamaban al PRI, PAN, PRD, PVEM, PES, PANAL y MC: Que imponer el IEPS a los combustibles devendría en una tragedia económica para la población de México. Y que sería, sin duda, una virtual puñalada en la espalda, un sacrificio brutal a la población, cuya mayoría no tiene dinero ni para comer tres veces al día.

La reforma energética, este lunes 7 de mayo de 2018, pesa como una lápida sobre la mayoría de la población. Y, aunque lo trata de soslayar el PAN y PRI, está también pesando sobre los candidatos presidenciales.

Dijo entonces Fabiola Guerrero Aguilar, la diputada federal del PRI que fundamentó en tribuna, a la media noche, el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2017: “Recibimos la propuesta del Ejecutivo federal referente a la liberación de los precios de la gasolina y el diésel a las leyes de la oferta y la demanda, en virtud de que se estima que las condiciones fiscales están dadas para ello.

“(Hemos considerado que) la Comisión Reguladora de Energía, con opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, determinen el ritmo de la liberación de los precios para las distintas regiones del país durante el año de 2017 y 2018, además se consideró conveniente modificar las disposiciones transitorias que proponía la iniciativa en análisis, a fin de establecer que la Comisión Reguladora de Energía durante 2017 y 2018 pueda adelantar el momento para liberar los precios de las gasolinas y el diésel, en relación a las condiciones de mercado y el desarrollo de la infraestructura de suministro en el país, entre otros factores”.

Hugo Eric Flores Cervantes, del Pes, dijo: “Nos preocupa el tema de que otra vez el IEPS a gasolinas seguramente estará conteniendo el precio real de la gasolina; aun así creemos que ha llegado el momento de dar el siguiente paso en la liberalización de las gasolinas, de los precios de las gasolinas en México”.

Luis Alfredo Valles Mendoza, del Panal: “Es necesario adelantar la liberalización de los precios de combustibles, para que los precios máximos reflejen las condiciones prevalecientes del mercado, pero limitando la volatilidad que pudieran enfrentar los consumidores finales”.

El MC votó, en lo particular, en contra del gasolinazo; pero en lo general votó la ley en favor. Dijo en voz de maría Elena Orantes: “No estamos de acuerdo en el aumento de las gasolinas. Movimiento Ciudadano se pronuncia enérgicamente en este tema en el que obviamente no pretendemos seguir engañando a los ciudadanos. Debemos entender que ya no podemos seguir actuando irresponsablemente. Por esas actitudes la gente ya no cree en sus representantes”.

Morena, en voz de Vidal Llerenas Morales, atajó el fariseísmo del MC, diciéndole: “Quien vote esta Ley de Ingresos, y nada que con reservas y sin reservas, quien la vote está votando por el incremento al precio a las gasolinas y del impuesto”.

Y fue cuando Vidal dijo también: “Hay una estimación de 80 mil millones de pesos más del impuesto especial a gasolina que demuestra que la gasolina va a subir. No mintamos a la gente. El gobierno en esta Ley de Ingresos dice que va a recaudar 80 mil millones de pesos más por gasolinas. Lo que le estamos dando a las empresas de incentivos fiscales en la energía se lo estamos cobrando a la gente en las gasolinas.

“Esta es la Ley de Ingresos que refleja la tóxica reforma fiscal de que habla Acción Nacional. Aquí no se están corrigiendo los problemas de esa reforma. Aquí tampoco hay un avance en transparencia”.

Javier Herrera Borunda, del Pvem, se hizo el maje en el incremento del precio de gasolinas. Pero justificó, sin rubor, así: “El Partido Verde, después de realizar un extenso análisis del proyecto de decreto que hoy votaremos, reconoce que estamos ante una legislación capaz de inducir tasas de crecimiento positivas en el país. Seguimos creciendo cuando ya muchas economías emergentes lo han dejado de hacer”.

Otro experto de la simulación fue Jesús Zambrano, del PRD, quien criticaba, pero justificaba el voto en pro: “A pesar de que la reforma energética de 2013 y 2014 ha sido un fracaso, ahora se quiere aprobar para 2017 la liberación de los precios de las gasolinas. Dicen que para abaratar el costo de los combustibles a favor de los consumidores, y que conforme se comporte el mercado habrá disminuciones de precios. Pero eso no sucederá, ya lo sabemos de antemano, compañeras y compañeros, las trasnacionales serán las únicas ganadoras y Pemex terminará subsidiando las gasolinas donde los privados no vean una ganancia favorable.

“A pesar de ello y reconociendo las dificultades internacionales no somos irresponsables. El PRD no quiere que el país se deslice hacia un desastre total que a nadie conviene. Por eso el PRD ha hecho propuestas constructivas, varias de las cuales se han aceptado. Por ejemplo, se ha aceptado que la Ley de Ingresos de la Federación genere un margen de 51 mil millones adicionales que servirán para revertir el recorte abusivo a sectores como salud, educación e infraestructura en las entidades y municipios”.

Así justificaban muchos el gasolinazo, que, por estos días, ya rebasó la barrera psicológica de los 20 pesos un litro.
04 Mayo 2018 04:00:00
A debate ya, la separación del poder económico y político en México
Este jueves, en la ciudad de México, ha sucedido acaso uno de los agarrones más rudos de cuantos ha habido en estas campañas presidenciales. Andrés Manuel López Obrador calificó al Consejo Mexicano de Negocios de ser una minoría rapaz que no quiere dejar de robar, y de no dar la cara a pesar de ser ellos quienes actualmente financian –como en 2006 y 2012- la guerra sucia. Y los acusó de tener de rehén al gobierno y de tener prácticamente secuestradas a las instituciones del país.

Fue en Santa Fe, ciudad de México, donde el candidato presidencial lo dijo, ni más ni menos el centro de negocios neurálgico de la clase más pudiente del país. Había sido invitado para hablar ante un auditorio convocado durante la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión.

Al Consejo Mexicano de Negocios pertenecen los cinco individuos que López Obrador acusó a principios de la semana anterior de haberse reunido en secreto para plantear proponer a Enrique Peña Nieto que retire de la contienda presidencial a José Antonio Meade Kuribreña, y así persuadir a los potenciales votantes que todavía tendría el PRI y el Pvem a que voten en favor del candidato Ricardo Anaya. Solo así, consideraron, habría una posibilidad de vencer al candidato de Morena, que conforme más lo madrean más se crece al castigo y sube y sube en las preferencias electorales.

¿Y quiénes son esos? Germán Larrea, dueño de la minera Grupo México; Claudio X. González, dueño de Kimberly Clark de México; Eduardo Tricio, dueño mayoritario de la lechera Lala; Alberto Bailleres, dueño de Grupo Bal, y Alejandro Ramírez, dueño de Cinépolis.

A decir de López Obrador, estos cinco super empresarios se reunieron con Diego Fernández de Cevallos y Vicente Fox Quesada. Y lo que surgió del conciliábulo aquel fue la propuesta de pedir a Peña que desjarrete a Meade para favorecer, con un supuesto “voto útil”, al no menos controvertido Ricardo Anaya, actual candidato del PAN.

López Obrador siguió, según un video que circula en redes desde el atardecer: “Son una minoría rapaz que se siente amo de México”.

Una minoría, insistió el Peje, “que es responsable de la inseguridad y la violencia porque se han dedicado a saquear y a robar”.

Un apostille de López Obrador: “Son tan ingratos que cuando les convenía apoyaron a Peña, y ahora son los que más lo han ninguneado. Son tan siniestros que lo convirtieron en el payaso de las cachetadas”.

Muy notorio era el silencio de quienes lo escuchaban en aquel auditorio. El candidato presidencial de Morena continuó: “Lo que pienso es que (lo antes aludidos por él) le han hecho mucho daño al país porque ellos son responsables de la tragedia nacional. Es el grupo que se opone a que haya un cambio en el país. No quieren que haya un cambio de régimen”.

Otro apostille: “Lo que se necesita en México es que haya Estado de Derecho y que haya legalidad”, pero los que invocan el Estado de Derecho son los principales violadores de las leyes”.

Sus oidores no eran otros que miembros de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, ante quienes López Obrador opinó que “los del Consejo Mexicano de Negocios tienen preferencia por otros candidatos”. Y sostenía que han sido ellos los que “han ayudado en los fraudes electorales”.

Confrontación total. Amlo sostuvo que los de esta agrupación empresarial han sido los de la guerra sucia, que ahora pretenden reeditar con el financiamiento de documentales en contra suya.

Y remachaba el candidato: “Ellos (los del Consejo Mexicano de Negocios) le han hecho mucho daño al país, porque en buena medida son responsables de la tragedia nacional. Es un grupo que se opone al cambio en México, porque les ha ido muy bien. No quieren un cambio de régimen. No quieren dejar de robar, ni quieren perder el privilegio de mandar. No es solo hacer negocios al amparo del poder público, sino que se sienten los dueños de México”.

Así reviró, ayer mismo, el CMN: “Condenamos que un candidato a la Presidencia de la República recurra a ataques personales y a descalificaciones infundadas. Es preocupante que alguien que aspira a ser presidente de México denueste a quienes no comparten sus ideas”.

Y sostenía también, en contra de Amlo: “Estamos siempre abiertos al diálogo con todas las fuerzas políticas para buscar soluciones a los múltiples problemas que enfrentamos y aprovechar las oportunidades que tiene nuestro país. Pero exigimos respeto. No es denigrando ni calumniando como se establece y fortalece una relación constructiva y de confianza con el sector productivo y empresarial de México”.

Se quedaban helados quienes lo escuchaban. Tanto como heladas estaban las cámaras del Congreso de la Unión, sumergidas en un receso con silencio absolutamente inducido por el PRI, Pvem, PAN y PRD.

De estos asuntos nadie quiere hablar en los territorios del Congreso. Soslayan un debate que ayer insufló López Obrador: “Se requiere la separación del poder económico y político en el país”.

Concluido el periodo ordinario, sOlo queda, como mudo testigo, la Comisión Permanente, que debería en su próxima sesión ordinaria (miércoles próximo) incluir en su orden del día hacer comentarios políticos sobre la necesidad de debatir ya la separación del poder político y económico en México.

El comienzo de la tragedia de México, ha reiterado la oposición estos días, fue el día en que la clase política mexicana fue subordinada –desde De la Madrid, pasando por Salinas- poder económico nacional y extranjero.
03 Mayo 2018 04:00:00
De por qué los gobiernos temen tanto que la gente vote
El PRI, desde su fundación, se cuidó perfectamente bien de que el sistema de participación política de la gente fuese representativa, y a lo largo de todos estos años, los partidos que se convirtieron a su imagen y semejanza también han contribuido para que este sistema de democracia indirecta no cambie. O si cambia, que lo haga con mucha lentitud.

Tener un sistema de democracia indirecta o representativa significa que la gente sólo puede participar en decisiones públicas a través de representantes; en este caso diputados y senadores. Y la única manera de tomar decisiones directas es el voto a la hora de elegir a quienes la Constitución califica como representantes de la Nación.

En la democracia directa, la gente puede decidir, también mediante el voto, pero a través de figuras de participación como la consulta popular o consulta pública.

En este momento de la vida pública nacional, nuestro sistema de participación política sólo considera el voto para decidir quién será el próximo presidente de México.

La elección del 1 de julio próximo representa una oportunidad única para la gente si se logra conformar una mayoría que aspire a cambiar el régimen que gobierna al país desde hace más de 30 años.

Más allá del voto, en México la gente no puede participar directamente en las decisiones públicas. Lo tiene que hacer a través de sus representantes. Y, le vaya como le vaya con estos representantes, se tiene que aguantar tres años en el caso de los diputados, seis años en el caso de los senadores y seis años también para el caso de presidente de la República.

Una vez elegidos por la vía del voto, estos representantes del pueblo se transfiguran, la mayoría, en una suerte de adversarios o enemigos de quienes dicen representar. Hacen lo que quieren, no rinden cuentas y se auto erigen en mandamases en lugar de sirvientes.

Cuando un individuo sin escrúpulos o sumiso con sus jefes partidistas llega a diputado o a senador, es muy fácil que olvide su condición de representante y termine convertido en un triste gato de sus líderes partidistas o del presidente de la República en turno, o incluso de los poderes fácticos, legales y aun ilegales.

Se atiene a que la Constitución no los considera representantes de distrito o de algún estado. El artículo 51 constitucional dice que los diputados son representantes de la nación. Nada habla la Carta Magna de los senadores, pero se infiere que los senadores también lo son.

Tanto diputados como senadores tienen dos trabajos fundamentales: construir leyes y ejercer contrapeso constitucional a todas las acciones de gobierno.

Muchos diputados y senadores, a lo largo de las legislaturas, han labrado su carrera política sirviendo a las cúpulas y traicionando a la gente que dicen representar. Hacen leyes para beneficiar a minorías económicas poderosas, a contrapelo de la población mayoritaria.

He aquí un caso: Una legislación reciente que ha resultado muy fatal, infame, terrible para el pueblo de México ha sido la reforma energética.

Quienes la votaron aprobatoriamente (diputados y senadores del PRI, PAN, PVEM, Panal y media docena de Movimiento Ciudadano) juraban durante el debate que lo hacían para defender a México, para que saliera de su atraso, para que entrara en la modernidad, y, entre muchas otras mentiras y vilezas, para que bajara el precio de la luz y el precio de las gasolinas y el diesel.

La oposición, entonces, juraba que mentían los priístas. Y aseguraban que esto significaba la entrega de la riqueza nacional a un grupúsculo de compañías trasnacionales.

O lo que era peor: colocaban a México dentro de los intereses económicos y políticos del gobierno de los Estados Unidos, que otra vez –con el petróleo mexicano ya en la bolsa gracias a la traición de los diputados y senadores de esos partidos políticos, en la 62 Legislatura- transfigurado está en un terrible halcón, como se transfiguró en los tiempos del desprendimiento de Texas, de territorio mexicano; o en los tiempos del robo de la mitad del territorio nacional durante la invasión militar estadounidense de 1847; o en los tiempos de la compra forzadísima de la zona mexicana conocida como La Mesilla, en 1852. O, más cercanamente, en los tiempos de 1914, cuando invadió Veracruz.

O en los tiempos de la expedición punitiva en territorio de Chihuahua, cuando invadió México buscando a Villa queriéndolo matar.

Como se observa, el voto es importantísimo para la vida de los mexicanos. Y no deja de ser trágico, porque es la única oportunidad que los mexicanos tienen para cambiar gobiernos o tirar a la basura a sectores completos de la clase política privilegiada, que hoy encabeza Peña Nieto y sus antecesores activísimos Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa.

El voto es, literalmente, el único momento que tiene el mexicano para incidir directamente en política. Es un verdadero poder del pueblo. Sin embargo, millones de personas no lo saben y hasta lo venden o lo dejan pasar, no ejerciéndolo.

El único momento en que los gobernantes y representantes tienen miedo del pueblo es cuando se va a votar. Miedo a que los tiren a la basura, a donde muchos por derecho propio tienen un lugar desde hace mucho tiempo. Pero a dicho poder ya le encontraron muchos modos para contrarrestarlo.

Lo compran, como fue el caso de Peña Nieto; o le infunden miedo a la gente para que no se presente a votar. O, peor tantito, lo hacen desistir infundiéndole el desánimo en el alma.
02 Mayo 2018 04:00:00
La legendaria Layda Sansores
El 24 de abril de 2018, hace nueve días, Layda Sansores San Román pidió licencia ilimitada para alejarse de su encargo de senadora. Y para sorpresa de tirios y troyanos, fue en el Senado mexicano motivo de un reconocimiento unánime e inédito para quien, desde la oposición, ha sido  una de las mujeres en el Poder Legislativo más recalcitrante y valiente de cuantas se tengan memoria en la historia del México contemporáneo. Su oratoria de despedida hizo vibrar a la tribuna y a los corazones, y fue también un discurso evocador de los oradores del siglo de las luces.

He aquí a Layda, para quienes en el futuro la quieran consultar en el Diario de los Debates:

“Compañeras, compañeros, hoy cierro el capítulo más trascendente de mi vida pública. En esta Legislatura, soy quien más años tiene como legisladora; dudé en despedirme, pero me siento obligada a dejar una última reflexión.

“Me voy sin descifrar cómo habiendo tantos liderazgos, tanta inteligencia y experiencias concentradas, el Senado es una institución inservible a una sociedad que no representa, que no sirve de contrapeso al gobierno porque el Presidente tiene la mano metida.

“Fui parte de un Senado que se congeló en el tiempo.

“Muy pocos son dueños de sí mismos, cargan con ataduras heredadas que impone la vida partidista en la que la mansedumbre, la obediencia, la disciplina fermentada termina por controlar sus conciencias y les impide ser libres.

“Peor que la oscuridad que envolvía al país en estos tiempos fue la ceguera, la complicidad, la ausencia de muchos.

“Para distraer a la ciudadanía, los maestros a los trabajadores, mientras se aprobaban leyes  para dejarles una patria deformada, se inventaban verdades, se engatusaba con sofismas y se ponía  demasiada fragancia a las palabras.

“El Senado contribuyó a dejar una ciudadanía indignada y a una patria querida.

“Este  Senado deja charcos de culpas.

“Sé que al romper protocolos y contradecir rituales, mi voz no tuvo para muchos contornos, tuvo para muchos contornos provocadores  e insolentes, pero no había otra manera.

“Dice el filósofo que las críticas se hacen de frente y los elogios por la espalda.

“Creo que la verdad debe decirse sin aderezos y lo que sí les aseguro que nunca fue mi intención agredir en lo personal  a nadie, sino evidenciar en su momento lo que representaban.

“Nunca hablé por arrebato, sopesé  compañeros y hoy permítanme despedirme de ustedes hasta con una sonrisa…

“Nunca hablé con arrebatos, sopesé cada palabra y calculé el precio de ser libre.

“Quiero expresar mi afecto personal a cada uno de ustedes, los hay talentosos y sensibles.

“Quiero saludar a mi amigo Dante Delgado, quien ahora está en otra trinchera, pero que mientras caminamos juntos siempre fue respetuoso a mis rebeldías.

“Al Senador Cordero llévenle el mensaje, le valoro haber puesto fin a la arbitrariedad de que senadores sin fracción parlamentaria perdieran derechos fundamentales, aquí habían senadores de primera y senadores de segunda, todos algo hicieron, pero él fue el Presidente que más hizo por los trabajadores más modestos de esta Cámara, a quien este Senado les ha arrancado su condición de humanos.

“Al senador Emilio Gamboa, le pido senador Burgos le lleve usted este mensaje: ‘Senador Gamboa, no sabe cuánto me pesaba alterar sus estrategias. Mi familia tiene para usted motivos de gratitud, aquí está uno de mis hijos y ellos no olvidan que gracias a Diana Laura Colosio, y a que usted personalmente se ocupó de ello, mis hijos no tuvieron el dolor de ver morir a su padre por asfixia, dilema, le confieso, fue decidir ser vocera del sentir ciudadano y estar por encima de los sentimientos de gratitud que a usted le guardaremos toda la vida’.

“A usted senador Manuel Bartlett, qué decirle, a usted ni siquiera lo adiviné, usted para mí fue un asombro, fue mi mejor escuela, lo considero el más experimentado, el más informado, el más sabio, me hizo entender que usar la tribuna es una forma eficaz de resistencia, y es lo único que te queda cuando la línea que lanzan desde Los Pinos acribilla los más sólidos
argumentos.

“A los ciudadanos generosos que me alientan.

“A mis hermanos campechanos guerreros que después de 20 años nada ni nadie los ha roto.

“Al equipo extraordinario que hoy desafía la jungla en Álvaro Obregón.

“Al hombre que amo.

“A mis hijos.

“A mi familia que recibe los golpes y comparte los riesgos.

“A mi abuela.

“A mis padres en donde estén, gracias.

“Por mi parte me voy a seguir buscando la patria, esa patria que soñé, al lado –dice un  ejército ciudadano- de López Obrador, un líder de esos que nacen rara vez, que vino a organizar y a conmover.

“Y como dijo un poeta: ‘¡Qué importa que el gobierno mate!’

“¡Qué importa que el gobierno ladre!’

“Nosotros vamos a mantener el valor y nos aferramos a la lucha.

“Seguiremos empapando con nuestro sudor la tierra.

“Y filtraremos por todas las rendijas la esperanza, que está en la puerta el verano invencible y trae frutos frescos y olores de justicia, y espero, entonces, que florezca también un nuevo Senado digno de los mexicanos.

Y entonces Layda Sansores se iba aupada en el vocerío de gente que le reconocía y que le felicitaba. Fue, junto con un puñado de senadores de su temple y convicción, la senadora opositora por antonomasia. La que a pesar de la grave crisis que envolvió al Senado en la 62 y 63 Legislaturas, hizo que no se apagase la flama del contrapeso constitucional.
28 Abril 2018 04:00:00
De cómo, según el partido de los “moches”, nacieron los “chayotes”...
Un apresurado y trompicado Congreso de la Unión se puso a aprobar y aprobar leyes justo en la línea del final como si antes no hubiera tenido el suficiente tiempo para revisar, debatir y votar con la reflexión suficiente a la que diputados y senadores siempre obligados están, a la hora de las decisiones políticas y legislativas.

Ciertamente el lunes próximo, día 30, darán por concluido formalmente el segundo periodo ordinario del tercero y último año de la 63 Legislatura. Pero, este jueves 26, prácticamente lo dieron por concluido.

…Aunque todavía, en los pasillos oscuros del Senado, se escuchan los pasos acaballados de senadores del PRI, que han amagado ayer, viernes, con que también van a aprobar, de un momento a otro, el nombramiento del Fiscal General, a sabiendas de que será un madruguete de Enrique Peña Nieto para pretendidamente cubrirse la retirada, ante el embate brutal de Andrés Manuel López Obrador, cuyas caballerías pisan virtualmente las goteras de todos los pueblos y ciudades del país.

Un Andrés Manuel que estaría a dos meses y tres días de lanzar el asalto final a Palacio Nacional.

No será el llanto y crujir de huesos. Pero… casi. Casi porque a los diputados y senadores del PRI les sale un rictus de desesperación que no pueden con ella. Quieren acabarse a puños todas las leyes que no pudieron aprobar. Y así, en esta última semana, la recta final del periodo, se pusieron a hacer salvajada y media, en el tema legislativo, leyes reformadas que hacen evocar los días envilecidos de la reforma energética, cuando pasaron sobre la oposición y sobre el país valiéndoles… nada.

Esta semana diputados y senadores aprobaron la Ley General de Comunicación Social; el Senado aprobó la terna enviada por Enrique Peña Nieto para ocupar el cargo de comisionado en la Comisión Nacional de Hidrocarburos; Los senadores han aprobado también la Ley General de Seguridad Privada, con la que virtualmente se autorizaría a transnacionales tener a sus ejércitos privados y policías de
investigación propios.

El Senado quitó el arraigo, con una reforma constitucional, pero es el comienzo, y en el debate afloró ya la sospecha de la doble intención del presidente Peña y del PRI. Ahora que suponen que se van del poder, se lo quitan a la nueva administración para desflemarlo por si quiere meter al bote a exfuncionarios. El Senado, sin embargo, congeló la reforma constitucional que ha quitado el fuero.
Cada uno de estos temas merece espacio aparte. Veremos en los días siguientes. Ahora continuamos con la Ley General de Comunicación Social.

Isidro Pedraza Chávez, del PRD, sentenció: “(Esta ley) no cumple con las formalidades que la Suprema Corte estableció”. Y apostillaba el hidalguense: “Se quiere regular el aspecto de la propaganda gubernamental y están confundiendo el concepto con comunicación social”. Y volvía a apostillar: “Es una simulación que permite la discrecionalidad, concentran en la Secretaría de Gobernación el control de la comunicación social”.

Reviraba el PRI a través de Anastasia Guadalupe Flores Valdez: “La aprobación de esta ley es una obligación ineludible. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante sentencia, nos ha llamado a cumplir con nuestro deber legislativo y concluir con esta gran tarea que tenemos pendiente”.

Y el revire del revire. El senador panista Jorge Luis Preciado Rodríguez, contó: “Allá por 1953, el exgobernador Felipe Mazarraza envió a unos reporteros a la Ciudad de México para que constataran el sistema de riego que había contratado para el estado de Tlaxcala, y el autobús avanzaba y avanzaba, y nada más no veían el sistema de riego que se supone ya estaba instalado y estaba generando ahí una plantación bastante verde.

“Y como nadie veía nada, el director de prensa de Tlaxcala, comenzó a repartir unos sobres, obviamente estos sobres tenían algo de dinero.

“Entonces, uno de los periodistas que acompañaba en ese autobús dijo: ‘Ya empiezo a ver muy verdes los chayotes’. Y de ahí viene el término el chayote.
“Estamos frente a la ley del chayote, el chayote no es más que hablar bien de algún funcionario público que paga porque hablen bien de él.

“La realidad que en muchas ocasiones pareciera algo simple, pero cuando hablamos que el presidente Peña Nieto ha gastado 36 mil millones de pesos en su sexenio para que hablen bien de él, pues ya estamos frente a un problema.

“Cuando hablamos que los gobernadores casi igualan esa cifra en todo el país para que la prensa hable bien de ellos y se genere una imagen positiva, ya tenemos un problema.

“Cuando los presidentes municipales utilizan ese mismo recurso que podría destinarse a combatir la pobreza, a combatir la inseguridad, a combatir el desempleo, cuando sumamos estas cantidades exorbitantes de dinero de más de 50 mil millones de pesos destinados a que alguien hable bien de algún gobernante, entonces, estamos frente a un problema.

“¿La pregunta es si funciona o no esta compra de opinión? Desde que se miden a los presidentes en el posicionamiento positivo o negativo frente a la sociedad, desde el momento en que se empiezan a medir hace casi 20, 25 años, Peña Nieto ha sido el peor calificado, ni con todos los 36 mil millones de pesos que ha gastado sigue calificado con el 2.4 a nivel nacional, es decir, el 76 por ciento de la población piensa que Peña Nieto está haciendo las cosas mal”.

Paradojas de la tribuna. El partido político que instauró los “moches” en San Lázaro, Acción Nacional, hablando del chayote… (Continuará)
27 Abril 2018 04:00:00
La ley “del no te pago para que me pegues”…
A matacaballo, de madrugada, y con los votos de los senadores del PRI, PVEM y Panal, el Senado de la República refrendó ayer la Ley General de Comunicación Social y la ha enviado al Ejecutivo para su promulgación. Treinta y cuatro oradores. Número inusual. Como inusual son las aprobaciones de la una a las tres de la mañana.

Con esta ley, el PRI pretende limitar la libertad de expresión, juzgó Alejandro Encinas desde la tribuna. Y añadía: “Durante casi seis años hemos sido testigos de cómo se han venido imponiendo una serie de medidas que han tenido como fin limitar el pluralismo en la información, la libertad de opinión y el pensamiento crítico de los ciudadanos.

“Desde dotar de un mayor poder económico al duopolio televisivo, limitar los derechos de las audiencias y el ejercicio de la réplica, hasta las más terribles prácticas, como la persecución, la violencia, la censura periodística y las múltiples represalias contra comunicadores a lo que se suma la violencia contra el ejercicio del periodismo.

“No en balde hoy nuestro país es el segundo país más violento contra los periodistas, donde se registra en promedio 1.5 agresiones todos los días, y lamentablemente acredita un nivel de homicidio de periodistas en ejercicio de
sus funciones.

“Y ahora con este dictamen se pretende legalizar un modelo de comunicación que se ha caracterizado por el uso excesivo y discrecional de los recursos públicos, con el único fin de mantener el control de los medios de comunicación y legitimar la imagen de un presidente que ha alcanzado los niveles más altos de reprobación por parte de la ciudadanía a partir del dispendio de recursos públicos que en materia de propaganda gubernamental, durante el gobierno de Peña Nieto, nos ha costado a todos los mexicanos 40 mil millones de pesos, de los cuales cerca de 28 mil 270 millones han sido por la vía del sobre ejercicio, del presupuesto autorizado por la Cámara de los Diputados”.

Encinas, incisivo, agregó: “De esos recursos el 56 por ciento del gasto de publicidad oficial se ha destinado únicamente a 20 medios de comunicación, entre los cuales empresas como Televisa o Televisión Azteca concentran casi el 20 por ciento del gasto total en materia de propaganda
gubernamental.

“Este es el modelo que quieren legalizar con este dictamen, un modelo que reivindica, como lo dijo aquí el Senador Héctor Larios, la máxima de José López Portillo: ‘No te pago para que me peguen’. Y por supuesto quien apoya al gobierno es el principal beneficiario de estos recursos”.

¿Y qué hubo dicho el senador Héctor Larios Córdova, del PAN? Esto: “Es el cumplimiento estricto del espíritu del cuarto párrafo del artículo 134.

“Dice este cuarto párrafo de manera coloquial que toda comunicación de un ente de gobierno de cualquiera de los tres órdenes o de cualquiera de los tres poderes, tiene que ser de carácter institucional, con fines informativos, educativos o de orientación social, y cuando uno se adentra al estudio de esta ley, se encuentra con la primera definición que aparece en el artículo 4º y la definición se refiere a una campaña de comunicación social, y dice: Es un campaña de comunicación social, es el conjunto de acciones de comunicación de las acciones o logros de gobierno.

“¿Acaso el difundir los logros de gobierno, las acciones de gobierno es un tema de carácter educativo, de orientación social, informativo? Es literalmente tirar el dinero a la basura de los contribuyentes.

“Es obvio que el gobierno municipal de cualquier ciudad tiene que hacer campañas de información para decir: Se está pavimentando esta calle, tienes estas opciones para poder circular.

“Tiene que hacer campañas de información para anunciar las campañas de vacunación de las mascotas y muchísimos temas, pero que gaste cantidades ingentes de dinero en decir que es un gobierno que trabaja bien, que lo hace mejor que los anteriores, que nada existía antes que ellos.

“Y eso sucede para todos los partidos políticos, a lo mejor lo aprendimos del PRI, pero está en los gobiernos del PAN y están en los gobiernos del PRD y de todos los signos políticos.

“Pero luego el gobernador, la gobernadora tiene su campaña de publicidad para decir que las acciones de la capital, porque es gobernada por otro partido, son obra del gobierno del estado y gasta cantidades enormes de dinero, lo afirmo con las pruebas en la mano”.

Y ejemplificaba Larios así: “El año pasado, el municipio de Hermosillo gastó más en comunicación social, es decir, en propaganda que en obra pública y esto es una verdadera aberración, de los informes de gasto público, del dinero público, porque luego es escondido por convenios, por las empresas paraestatales”. Y otra ejemplificación: “El gasto del Gobierno federal, en lo que va de esta administración ronda los 45 mil millones de pesos. Cuando menos hay otros 60 mil de gobiernos estatales y municipales.

“¿Qué podría este país cambiar con esas cantidades de dinero que son mayores que el presupuesto de varias Secretarías? Me parece que ese es el tema central”.

Precisamente, en el centro del debate fue colocada la Secretaría de Gobernación, las Secretarías Generales de Gobierno estatales y las direcciones de Gobernación municipales. Serán las dependencias encargadas de empadronar a los medios de información que quieran publicidad oficial.

Un río de críticas contra el PRI y Peña Nieto barbotó de la tribuna, como aquella, de Ernesto Ruffo, en que se afirmaba que la ley es inconstitucional y, en demanda de controversia, La SCJN podría anularla. (Continuará)
26 Abril 2018 04:00:00
La nueva traición de Peña y Videgaray, y del PRI, PRD y PAN
La Cámara de Senadores ha aprobado el decreto del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, hecho en Santiago de Chile, el 8 de marzo de 2018.

Veinte oradores lo airearon en la tribuna, este martes 24. Se bifurcó el debate en dos bandos: El que aprobó (PRI, PAN, PRD y PVEM) y el que se opuso (PT-Morena).

Argumentación irrebatible, la de Manuel Bartlett Díaz, del PT-Morena, quien dijo: “Yo no sé por qué dicen tantas mentiras, es increíble, hablando del libre mercado, el gran beneficio a nuestro país. ¿Cómo está México hoy con el TLC? Desindustrializado, el campo abandonado no puede competir con la inversión de los Estados Unidos, con una agricultura subsidiada.

“Hemos perdido todo lo que construimos en años y, una sola cifra, más bien la mitad de la población está en pobreza, una parte en pobreza extrema. Falta de empleo, en fin es un desastre.

“El Tratado de Libre Comercio se ha seguido con toda puntualidad, y ahora nos cuentan las virtudes del libre mercado para meternos al Tratado de Libre Comercio, a ese CPTPP que es todavía peor que el otro.

“Pero, si hemos llegado con el Tratado de Libre Comercio aprobado por el PRI y luego por el PAN y el PRI, y estamos en ese desastre, en la tragedia humanitaria, pues cómo se atreven a proponer un tratado de libre comercio con los mismos argumentos, exactamente con el que dijeron hace casi tres décadas, que íbamos a crecer, hemos ido para atrás, hemos perdido todo lo que construimos en favor de los mexicanos, eso nos debería de llevar a preguntar, para quien ha gobernado, el PAN y el PRI en esos periodos, cuando los únicos que se benefician es la oligarquía nacional, grandes multimillonarios, grandes empresas de unos cuantos, pues han gobernado el PAN y el PRI para la oligarquía nacional, porque el pueblo está perdido, porque no hay empleo, y, lo decimos, lo hemos dicho aquí, y lo saben.

Cómo justifican el tratado este, impulsado por Estados Unidos y hoy está nfuera Estados Unidos formalmente.

“Videgaray y Peña no se atreverían a meterse al TPP, si Estados Unidos no los apoyan para hacer ese juego, el yerno de Trump es el que maneja aquí las cosas, y ahí van Videgaray y Peña Nieto a hacer lo que les está ordenando Estados Unidos, si Estados Unidos estuviera realmente fuera de este proyecto pues no entrarían este par de vendepatrias de ninguna manera en el TPP.

“Si analizamos capítulo por capítulo que no se ha analizado aquí, yo recuerdo cuando vino el secretario Guajardo a una reunión de las comisiones encargadas de analizar este tratado, no fue nadie, ahí estuvo Guajardo con cuatro o cinco gentes, y no hubo ninguna discusión.

“No se conocen, no saben lo que es, vamos a ir rápidamente, el capítulo va a eliminar progresivamente los aranceles aduanales que existían para ponerlos en igualdad de circunstancias con países que tienen mejores condiciones competitivas que nosotros.

“Japón nos supera en todo en bienes manufacturados, Vietnam en textiles como lo señalo aquí, Nueva Zelanda va a arrasar con los productos con su fortaleza en todo lo que es el campo, ¿verdad?”

“Esa es la primera parte nada más. O sea, igual que Japón, que nueva Zelanda que va a arrasar productos lácteos, es un hecho”.

“No hemos oído a los lecheros aquí, que no van a poder con Nueva Zelanda, ni de chiste”.

El Capítulo II dice: “Ningún país adoptará o mantendrá cualquier prohibición o restricción, alguna importación de cualquier mercancía de otra parte”.

“¿Qué es esto? No habrá protección alguna a la industria, ninguna, por más que esta sea desplazada por importaciones, y frente al crecimiento y aumento del desempleo, y además está el problema del déficit de comercio, etcétera”.

“Este Capítulo II que elimina y prohíbe todo, o cualquier subsidio a las exportaciones de mercancías agrícolas, eliminado a cualquier financiamiento que se otorgue a una empresa comercial del estado.

“Las únicas empresas que van a subsistir de exportación, como aquí se decía, estábamos exportando, son transnacionales, no son mexicanas, porque nosotros importamos todo lo que comemos, somos dependientes de los Estados Unidos.

“Si Estados Unidos cierra la frontera con sus eventuales agresiones a nuestro país, nos quedamos sin comer, ¿verdad? todo lo importamos, lo que comemos, de Estados Unidos.

Entonces. ¿Cómo puede decir que exportamos?
“¡Ah! Porque la balanza comercial, ¿verdad? exportamos verduras y otra serie de cosas ¿verdad? pero eso lo exportan las trasnacionales, todos los mexicanos.

“Queda prohibida toda posibilidad de ayudar a los agricultores mexicanos, a los campesinos, toda la posibilidad de apoyarlos frente al poderío de estas naciones que llegan con un desarrollo superior.

“Y nosotros, ya habiendo desmantelado toda nuestra capacidad en el campo, habían entregado todo lo que se crea en Conasupo a las empresas trasnacionales, como Cargill.

Capítulo IX. La inversión, otorga derechos al inversionista con respecto a recursos naturales.

“Que una autoridad nacional como petróleo, gas natural, minerales, madera, un total mandato de que hay que proteger la inversión extranjera en todo esto.

“Abrir ya totalmente los sectores estratégicos de capital internacional, lo que demuestra que no hay un proyecto nacional, ninguno, por parte del Gobierno, y las reformas estructurales ahora forman parte de estos acuerdos”.

Dijo muchas cosas más Manuel Bartlett Díaz, a quien ningún priísta ni panista lo interpeló. Pero al final, lo aprobaron y lo turnaron al Ejecutivo, para su publicación y entrada en vigor.
25 Abril 2018 04:00:00
La mentira, instrumento de Anaya, El Bronco, Meade y Zavala
El Congreso de la Unión, dos días después, ha vuelto a hacerse el desentendido y a renunciar a su función de control político. Nada dijeron sobre el debate presidencial. Dejaron pasar la oportunidad para comentar sobre ese debate histórico que ha provocado grandes turbulencias en el México contemporáneo: El debate del uso sistemático de la mentira como recurso para hacerse del poder.

La mentira como instrumento de ataque político ha sido, por sí misma, un tema para discernir en México. Un debate que solo ocurre en las aulas universitarias no ha logrado asomarse en las tribunas del Poder Legislativo mexicano.

Ayer, verbigracia, la Cámara de Diputados volvió a hacerse la sorda, la muda, la ciega. Su orden del día solo consideró lectura de comunicaciones, lectura de iniciativas, lectura de puntos de acuerdo y discusión de reformas de leyes secundarias que, finalmente, no cuajarán la mayoría porque el Senado todavía tiene que revisarlas y discutirlas, y están a punto de acabar el periodo ordinario.

Pero el debate presidencial, acaecido apenas anteayer, no tuvo la importancia suficiente como para que los diputados lo atendieran, lo revisaran y lo comentaran. Otra vez el PRI y el PAN evitaron a ultranza que el tema fuese incorporado en el orden del día.

¿Por qué? Presumiblemente estos dos partidos políticos, mas los que los acompañan (Panal, Pvem, Mc y Prd), lo menos que quieren es que se debata sobre la mentira.

Y es que los candidatos del PRI y PAN, así como aquellos dos que se dicen independientes, lanzaron una avalancha de mentiras y pretendidos engaños en contra de un Andrés Manuel López Obrador que, por su parte, tampoco tuvo la capacidad para aclarar varias cosas. Como se decía ayer en este espacio: Se veía tieso, acartonado, y dejando pasar las patadas virtuales en las tibias que le acomodaban Anaya, Meade, Zavala y el Bronco, este último con una violencia verbal inédita en un debate presidencial.

En México, todavía no hay forma de contrarrestar a la mentira. No hay castigo. Al contrario, muchos mienten a sabiendas de que al otro día los descubrirán, pero saben que nada las pasará.

Las campañas electorales son un caldo infernal de mentiras. Lo que pretenden quienes son mentirosos por definición, es sorprender a no pocos mexicanos que, para desgracia de la República, son fáciles presas de los engaños por su poca capacidad para el análisis, derivada –entre varios factores- de la pasividad que ha prohijado la televisión durante muchos años.

Hay una organización civil denominada Verificado.com.mx que se ha dedicado a revisar durante este proceso electoral las principales declaraciones y pronunciamientos de los candidatos presidenciales.

Pues a dos días del debate, ya presentaron un estudio sobre las principales afirmaciones que hicieron los cinco candidatos, la noche del domingo 22, en el Palacio de Minería. Y han puesto al descubierto que Anaya ha sido el candidato que más mintió con sus afirmaciones, seguido muy de cerca por Meade, la esposa de Felipe Calderón y por el gobernador con licencia de Nuevo León, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez El Bronco.

En su ansiedad atacar al puntero, Andrés Manuel López Obrador, los cuatro de plano atropellaron a la verdad, y echaron mano de la mentira con el mayor cinismo. Sin el menor gesto de rubor o de vergüenza.

En prácticamente todas las afirmaciones con las que atacaban a López Obrador, mintieron, pretendiendo a todas luces sorprender a la mayor cantidad de gente posible y empujándola por la pendiente del desánimo y la desesperanza. De esta manera, consideran que evitarían que la gente saliera a votar por el tabasqueño, hoy por hoy el candidato que va a la cabeza de las preferencias electorales en todo el país.

He aquí algunos ejemplos de cómo mentían los apodados por Andrés Manuel candidatos del régimen o también candidatos de la mafia que lidera Carlos Salinas de Gortari y, un escalón abajo, Enrique Peña Nieto.

Dice Verificado 2018, sobre el caso de El Bronco: Es falso lo que el nuevoleonense afirmó en el debate, de que no ejerció programas patrimonialistas, si hasta a su mamá tiene en el presupuesto. Y también mintió El Bronco cuando dijo que en su administración bajó el número de homicidios; en realidad subió el índice 35 por ciento.

Ricardo Anaya mintió en múltiples ocasiones: Dijo que con la amnistía en países como El Salvador, el índice de homicidios aumentó. No, sí bajaron, sostiene Verificado 2018. Mintió cuando afirmó que los homicidios aumentaron durante la administración de Amlo en la ciudad de México, cuando realmente bajaron.

Verificado 2018 afirmó que Anaya mintió cuando aseguró que en la ciudad de México subió 88 por ciento el número de secuestros, cuando Amlo era el jefe de gobierno. Al contrario, dijo la organización social, Amlo hablaba con la verdad cuando decía que habían bajado a 35 por ciento.

Verificado 2018 consideró que Meade mintió cuando acusó a Amlo de tener tres casas. Eran de su esposa finada, propiedades aun en litigio para hacerse de dicha propiedad los hijos del candidato, pero Amlo no está en ello y no es propietario de nada.

Y Margarita Zavala también mintió cuando afirma que sigue viviendo en su casa de muchos años. Sí, podría estar viviendo allí, dice Verificado 2018, pero no aclara que ahora su propiedad es cuando menos cuatro veces más espaciosa, porque Felipe Calderón adquirió casas y terrenos de sus vecinos para ampliarse.

Entre tanto, la Cámara de Diputados volvía a hacerse la occisa. Deja pasar este debate sobre la mentira como instrumento político.
24 Abril 2018 04:00:00
La mentira y el cinismo se enseñorearon en el debate
¿Quién fue el ganador del debate? Un día después, en los territorios del Congreso de la Unión esta pregunta escocía a tirios y troyanos. Pero nadie salía a mitad de la plaza pública a decir quién.

Tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores se sumergieron en el silencio de un lago profundo. Acaso hoy, martes 24, día de sesiones ordinarias, lo comentarán.

Pero los pasillos bullían. Susurros de multitud. ¿Realmente ganó Ricardo Anaya, como pretenden a voz en cuello gritarlo en los noticiarios de la radio y la televisión capitalinos? En los cantiles del Congreso hay quienes opinan que fue Andrés Manuel López Obrador el triunfador, por algunas razones como las siguientes:

Giró en torno suyo el debate. Y los otros candidatos también. Y fue Andrés Manuel el que impuso la agenda política, la misma que impuso a la clase política toda desde que fue precandidato presidencial.

La propuesta de López Obrador de considerar inclusive a la amnistía para que pare en el país el baño de sangre por la guerra contra el narcotráfico, fue lo que más gravitó en el debate de antenoche.

Sencillamente los cuatro candidatos Anaya, Meade, Zavala y Rodríguez se presentaron virtualmente tomados de la mano, y se hicieron uno solo para confrontar a Andrés Manuel López Obrador.

La pretensión de ese cuarteto de provocarlo, pateándole las tibias, no cuajó, aunque consiguieron que el tabasqueño se viera aletargado. Lento para defenderse, sin responder conforme al más fiel estilo de un debate: el argumento y el contra argumento.

Evadía, a ultranza, una andanada conjunta de los cuatro. Le echaban montón.

Parecía perplejo. Tieso. Su pronunciación aletargada, lenta, parecía ser insuficiente ante el dinamismo cabrón de voces que, vistas desde cualesquier ángulo del sentido común, mentían por antonomasia.

La mentira se había enseñoreado en el alma de aquellos cuatro. Es increíble la alta capacidad que tiene Ricardo Anaya para auparse sobre una mentira y, desde ahí, catapultarse hacia otra más profunda.

Cuando López Obrador caía en el silencio, parecía otorgar. ¿Tardaba minutos en responder a Meade, verbigracia, sobre la supuesta propiedad de tres departamentos, hasta que, súbitamente, llegaba la respuesta: “Si demuestras que son de mi propiedad, te los regalo”.

Las respuestas del tabasqueño llegaban a chispazos. El frescor se atoraba en los pensamientos engarrotados de un Andrés Manuel que daba la impresión de estar aturdido ante lo tupido del ataque.

Jaime Rodríguez el Bronco golpeaba a Andrés Manuel con las palabras. Y tan golpeado le hablaba que hubo más de dos momentos en que proyectó la imagen de un gandaya callejero, de un ladrón armado, que se va sobre su víctima desarmada con insultos y golpes.

Esto es lo que a la gente en el pasillerío –reflejo, a final de cuentas, de lo que se sintió en la calle, en las casas, en los pueblos- le escoció: que Andrés Manuel, en aras de no caer en la provocación, aguantase tantas ganas de sus opositores de quererlo humillar.

Por un lado, Anaya proyectaba la imagen de un fajador. Pero por otro, no pudo deshacerse de su imagen de mentiroso contumaz. “el más falto de escrúpulos de todos ellos”, lo tildaba Andrés Manuel más noche. Esto, en alusión a su terrible e inmensa capacidad de decir mentiras sin el menor y absoluto recato.

¿Realmente no quiso defenderse o no pudo? En el pasillerío del Senado, había quienes presumían que no pudo. Y no pudo porque López Obrador sumó a su escasa virtud por la oratoria su falta de preparación y planeación del debate.

Ni siquiera fue, la víspera, al Palacio de Minería, para ver o considerar el juego de las cámaras que los tomarían. Cámaras que se abrían para golpearlo cuando buscaba atolondrado entre un cerro de papeles, al interior de su atril.

Cámaras que se retiraron de inmediato de su rostro cuando éste sonreía, suelto y seguro, a la hora en que Anaya y Meade se ponían a forcejear acusándose mutuamente de corruptos. Pero esas mismas cámaras se quedaban registrando su imagen, su rostro terriblemente mal maquillado, cuando los camarógrafos sabían que las tomas no le beneficiarían.

Había sido una celada la que le tendieron a Andrés Manuel. Y sin embargo, arreciaba la sensación de que Anaya había perdido el debate por cuando menos dos razones:

Una: fue incapaz de colocarse en el ánimo de la gente como la alternativa a Andrés Manuel López Obrador; ni siquiera cuando literalmente el PAN ha comenzado a piratearse algunas de las más sentidas propuestas de campaña de Andrés Manuel, como esa de que quitará la pensión a ex presidentes de la República.

Y dos: hay un regusto amargoso sobre la imagen de Anaya, luego de que demostró que es, entre los cuatro candidatos aquellos, el de la mayor vocación por la mentira y el cinismo.

Tanto en San Lázaro como en el Senado, la presunción de que Meade es el gran perdedor, ha comenzado a convertirse en convicción. No sólo no se ha acercado a Amlo, sino que también se alejó del segundo lugar.

ESTRIBO
Hoy las dos Cámaras sesionarán ordinariamente. Estarían obligadas a incluir en sus respectivas órdenes del día, el capítulo de comentarios políticos, y en éste, el tema del debate por la presidencia de la República.

Más allá de a quién consideran triunfador, tendrían que discutir, desde su papel de contrapeso, por qué la mentira ya se convirtió en México en el instrumento principal del ejercicio de la política. Veremos.
21 Abril 2018 04:00:00
La hipocresía del PRI y PAN en el tema del fuero
Quitar el fuero al presidente de la República es como el comienzo del desmantelamiento del sistema político priísta. Un sistema que enfrenta con la candidatura de Andrés Manuel López Obrador la amenaza más seria de demolición de toda su historia. El jueves 19 de abril de 2018, en la tribuna de la Cámara de Diputados, el PAN, se posicionaba así, en voz de José Hernán Cortés Berumen:
“Hoy se pone a consideración el dictamen que sin duda será la iniciativa más emblemática de esta legislatura, por fin el presidente de la República deja de ser intocable, por fin se incluye para que sea motivo de juicio político, por fin se escucha el clamor ciudadano de la eliminación del fuero de todos los servidores públicos, del cual lo gozaban y que estaban protegidos y resguardados en el artículo 111 constitucional. Sin duda esta será, repito, la iniciativa más emblemática de
esta legislatura”.

Cortés Berumen, matrero hasta las cachas, se echaba incienso solo. Democratizar la vida del país no era en realidad la motivación del PAN para acabar con el fuero, sino colocar al próximo presidente de México –y muchos panistas creen que será Andrés Manuel López Obrador- en situación de vulnerabilidad jurídica.

El legislador panista insistió: “Si hablamos de que alguno de los candidatos pueda estarse atribuyendo que es por iniciativa, por solicitud o por sugerencia de él, que pueda estar sucediendo en este sentido, pues la pregunta sería, ¿por qué hasta ahora tuvieron voluntad?

“Porque desde hace más de 20 años Acción Nacional ya había presentado iniciativas para que fuera el presidente de la República sujeto de juicio político, y muestra de ello es que el 21 de octubre de 1998 se presentó senda iniciativa en
este sentido.

“El 7 de noviembre de 2002 se presenta también por parte de Acción Nacional una iniciativa para la eliminación del fuero. Es decir, que quede muy claro, incluso Acción Nacional estaba pidiendo la desaparición del fuero mucho antes que muchos de los partidos que hoy se ven representados aquí, que incluso hubieran existido”.

La hipocresía del Panista es majadera: En 2002, el PAN ostentaba la presidencia de la República. Y tenía en el Congreso una de las mayorías más grandes de su historia legislativa. ¿Por qué entre ese partido y el presidente Fox no la promovieron?

Pero el PRI no se quedaba atrás. En voz de Braulio Mario Guerra Urbiola, hubo dicho: “En este tiempo, en el siglo XXI, el fuero representa una clara distorsión de nuestra democracia y del ejercicio del poder público”.

Guerra Urbiola pertenece a la 63 Legislatura, una de las dos más abyectas con el presidente de la República y de las más nefastas para el pueblo de México, desde los tiempos de la Revolución Mexicana.

El diputado federal priísta agregó: “Así como hoy en nuestra generación no podemos concebir que durante el siglo XX las mujeres no tuvieron derecho a su voz y al voto. Así como en el siglo XIX no podemos concebir que existieren personas sujetas a la esclavitud, las próximas generaciones a mediados de este siglo XXI no podrán comprender que en este, en nuestro tiempo, existieren privilegios para los servidores públicos que los diferenciaren de cualquier ciudadano”.

¿Se atrevía este priísta hablar de este modo cuando ellos, los diputados de ese partido junto con el presidente Enrique Peña Nieto, han constituido uno de los sectores de la clase política nacional más corruptos e impunes de toda la historia de México?

Y no era todo, porque se atrevió a más: “Por eso, el grupo parlamentario del PRI va de la mano con sus principios y con sus ideas, para que no exista ningún otro privilegio en este país, más que el de ser mexicanos. Por ello mismo esto representa, en el juicio de procedencia y en el fuero, una discordancia con nuestro tiempo”.

Inaudito. El priísta dijo también: “Se avanza en el combate a la corrupción a pasos agigantados. Al presidente de México solamente se le podía juzgar por traición a la patria, que es un concepto muy amplio, o ya fuera por delitos del fuero común, de naturaleza grave.

“Hoy, desde la punta de la pirámide del organigrama político de nuestro país, hasta la posición más humilde del servicio público, todos tenemos y tendremos que dar la cara y ajustarnos a la ley. Ser vinculados a proceso si faltamos a ella y también ser apresados o encarcelados, si fuera el caso que existiere una condena o una sentencia ejecutoriada”.

No será, sin embargo, una ley que se aplique en el último tramo del sexenio, a pesar de lo que decía el diputado federal priísta. Porque si la ley entrase en vigor antes de que termine el sexenio de Peña Nieto, entonces el actual presidente de la República quedaría al alcance del brazo justiciero
de la reforma.

Peña Nieto podría entonces ser sometido a enjuiciamiento penal por corrupción, el delito que más escuece a los mexicanos en este sexenio. Nunca antes en toda la historia del país se había tenido un presidente con números tan rojos sobre la corrupción como los tiene Enrique Peña Nieto.

Entonces fue el turno del PRD, que en voz de Francisco Martínez Neri intentaba recomponer la maltrecha figura, al menos en el discurso. “Esta es la consecuencia de una lucha histórica de millones de mexicanos que piden justicia sin cortapisas ni privilegios”.

Y la turnaban al Senado, adonde continuará el proceso legislativo. Veremos.
20 Abril 2018 04:00:00
Permite PRI quitar el fuero ante la posibilidad de perder la Presidencia
Fue una quita histórica la que ayer hicieron a la Constitución tirios y troyanos en la Cámara de Diputados. Pero absolutamente interesada y convenenciera por parte del PRI. De súbito, la Comisión de Puntos Constitucionales se sacó de la chistera el dictamen de reforma a los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 11, 112 y 114 constitucionales y ha propuesto al Senado quitar el fuero, para que se pueda procesar –para efectos penales o políticos, según lo ameriten sus ilícitos- a todos los servidores públicos del país, incluido el presidente de
la República.

Más allá de la estrategia política del PRI, con aprobar una reforma que históricamente se lo exigían los opositores desde hace sexenios, esta decisión del todavía partido en el gobierno es la significación absoluta de que estaría dando por perdida la elección del 1 de julio próximo. Y de que da por sentado que el candidato ganador será Andrés Manuel López Obrador, a quien los priístas ven como su enemigo número Uno.

El fuero ha sido uno de los estamentos del sistema político priísta. Y, al parecer, ahora que siente que se va de la presidencia de la República otra vez, el PRI agarra el mazo que le ha puesto a la mano la oposición y él mismo se ha puesto a demoler una de las columnas fundamentales del sistema político mexicano, caracterizado por la impunidad con que ha ejercido la presidencia de la República.

Votación unánime. Prácticamente todos votaron en pro de quitar el fuero incluso al presidente de la República. Pero, torcidos y mañosos hasta las cachas que son, los priístas telegrafiaron desde el pasillerío el trazo del camino a seguir: si en el Senado no la frenan, y si a la hora del refrendo por parte de los congresos estatales, se logra la mayoría absoluta requerida (17 Legislativos locales en pro), van a procurar que esta reforma entre en vigor a partir del próximo sexenio, para librar a Enrique Peña Nieto de la quemazón que le esperaría: un hipotético enjuiciamiento por corrupto. Aunque, temerían, que no librase el enjuiciamiento por traidor a la Patria porque esta última posibilidad sí está considerada actualmente por la Constitución.

“El fuero tuvo razón de ser en tanto existían los riesgos de que caudillos y déspotas pudieran llegar a ocupar la silla presidencial y decidieran ejercer un poder autocrático sobre el Parlamento (Congreso) para callar las voces críticas y esfuerzos por limitar sus actos”, argumentó Daniel Ordóñez, diputado perredista, presidente de la comisión de marras.

Acaso sin querer, Ordóñez hacía un retrato de varios presidentes de la República emanados del PRI, como Enrique Peña Nieto, que se apropió del espíritu del Congreso mexicano arrodillando a partidos como el del que hablaba, el PRD.

Apostillaba Ordóñez: “Con el pasar del tiempo, el Congreso de la Unión terminó por ser controlado por el presidente de la República, que durante años se mantuvo como la figura central de la esfera pública en México.
Desafortunadamente el fuero que debió usarse como instrumento de protección de la independencia del Poder Legislativo, quedó a consideración de las necesidades políticas y negociaciones entre los bloques parlamentarios y los grupos gobernantes.

“En más de una ocasión, con las pruebas en la mano se solicitó sin éxito el desafuero de algunos legisladores y servidores públicos para que respondieran por señalamientos diversos que iban desde actos de corrupción, hasta la vinculación con el crimen organizado.

Y remachaba: “El abuso del fuero es uno de los elementos que contribuyen a la pésima imagen que la sociedad mexicana tiene de sus legisladores y de sus servidores públicos. Para muchos habitantes de este país, el fuero es una especie de patente de corso de la clase política”.

Diez oradores, en tribuna. Pero uno era el esperado: Virgilio Caballero, diputado de Morena, quien decía: “La izquierda mexicana por fin ve el cumplimiento de una demanda histórica. La supresión del fuero o inmunidad constitucional a los funcionarios públicos, hace por fin a un lado la posibilidad de evadir la acción de la justicia al amparo de un cargo público.

“La idea del Constituyente de 1917 cambió de manera sustantiva, pues en un inicio la idea era proteger a los legisladores que a partir de la expresión de sus ideas o manifestaciones ideológicas en el trabajo para a formulación de leyes en el Congreso, herían la susceptibilidad del presidente de la República o de sus afines.

“No obstante la protección constitucional se dieron casos de legisladores que fueron sujetos a procesos penales bajo criterios de juzgadores que consideraban una amenaza la manifestación de las ideas en contra del gobierno.

“El presidente Plutarco Elías Calles promulgó una reforma al artículo 111 para amparar también al Poder Judicial, considerando que la decisión de un juez podría oponerse a las opiniones del Poder Ejecutivo, razón por la cual fue necesario otorgarles la protección constitucional.

“En 1982, paradójicamente al principio de renovación moral de la sociedad, el presidente Miguel de la Madrid amplió la inmunidad constitucional a los altos funcionarios, lo cual se tradujo en impunidad, protegiendo a los ladrones del erario de la acción de la justicia. Esta legislatura pasará a la historia al atender una demanda social que pone fin a esos privilegios”.

El comienzo apenas, de unos posicionamientos que topaban, indefectibles, con la sospecha de que el PRI, si lograse hacer que AMLO no ganase la presidencia, terminaría congelando la minuta, atorándola ya sea en el Senado o en los Congresos estatales. Así de sucio ven al PRI.
19 Abril 2018 04:00:00
Con el pretexto del conflicto en Siria, aplicarían otro gasolinazo
Muy orondo Manuel Cavazos Lerma –ex gobernador de Tamaulipas y hoy senador del PRI- enumeraba las virtudes que, según él, tiene la reforma de la Ley contra los huachicoleros. Una de ellas, por ejemplo, consistirá en que el SAT podrá revisar detalladamente los volúmenes de combustibles en cada gasolinera del país, para evitar la evasión y elusión fiscal en ISR, IVA e IEPS.

E igual que él, más de una decena de oradores se posicionaban. Pero se topaba con tres pesos completos de la palabra: La Padierna, Mario Delgado y Manuel Bartlett. He aquí, ahora, Mario Delgado:
“Es una minuta aprobada en la Cámara de Diputados y el objetivo general de la reforma es establecer la obligación para los agentes que participan en la cadena de valor de hidrocarburos, de llevar controles volumétricos de los productos petroleros que comercian.

“Aunque esta obligación existe en términos de la Ley de Hidrocarburos, ahora se establece como una obligación de carácter fiscal. Se dan, pues, instrumentos al SAT para que pueda fiscalizar volúmenes en toda la cadena de valor.

“… En los dos primeros meses de este año se han reportado 2 mil 274 perforaciones de ductos de Pemex, un aumento de 38 por ciento respecto a los dos primeros meses del año anterior; y comparado con 2014 hubo 503 perforaciones, casi cuatro veces más.

“Llevamos cinco años de gobierno y este delito cada vez crece más, 12 mil barriles diarios o 30 mil millones de pesos las pérdidas el año pasado que, por cierto, Pemex lo registra en Pemex Refinación, es parte de sus argumentos permanentes para decir que es un mal negocio para Pemex refinar porque siempre se está perdiendo dinero.

“La pregunta y lo interesante de esta reforma es, ¿por qué ahora si ya se van?
“¿Por qué ahora?, ¿por qué de repente después de cinco años, con un delito creciente se les ocurre, al final de la administración, aprobar estas medidas? Porque es una presión de los privados.

“No ha funcionado lo que aquí advertimos en esta tribuna, que no se podía crear un mercado competido de gasolinas por decreto, que no se nos olvide que el gasolinazo tuvo su origen para incrementar el margen de utilidad para los privados y que nos trajeran sus inversiones.

“No se ha creado ese mercado competido y ha tenido un altísimo costo para México el gasolinazo.

“No han llegado tampoco las inversiones que generen sistemas redundantes de distribución, almacenamiento, ductos, puertos que pudiera generar un mercado competido de gasolinas.

“Lo único que hemos tenido es el cambio en las franquicias ahora por empresas trasnacionales, pero siguen vendiendo la misma gasolina de Pemex; el 99 por ciento de la gasolina que se vende en México es la misma de Pemex, pero ahora nos la venden más cara.

“¿Por qué les urge a los privados?
“Dentro de la historia fantástica que se imaginaron quienes aprobaron la Reforma Energética, era que tenían que desplazar a Pemex de la venta de gasolina y para ello iban a obligar a que Pemex prestara o rentara su infraestructura para los privados, para que usaran los ductos, los puertos, la capacidad de almacenamiento y que ellos pudieran vender la gasolina. Esto ha fracasado.

“La primera temporada abierta fue la única que se pudo concretar, van cuatro temporadas abiertas, fallidas, porque no quieren utilizar los privados la infraestructura de Pemex, pues está muy claro, porque les van a robar la gasolina y no está claro quién debe asumir esos costos.

“Quiero aprovechar para hacer una denuncia aquí de un fraude a la nación, de un despojo a la nación que está haciendo la Comisión Reguladora de Energía.

“Ante el fracaso de las temporadas abiertas, el 28 de marzo pasado, la Comisión Regulatoria de Energía aprobó un acuerdo que obliga a Pemex a ceder su capacidad de almacenamiento y distribución a las empresas que los sustituyan en el suministro de estaciones de servicio que antes
eran de Pemex.

“Es decir, están obligando a Pemex a doblegarse ente sus competidores y ceder la infraestructura que se construyó con el dinero de los mexicanos.

“Es decir, si una empresa transnacional llega y en cierta región se queda con las franquicias, con las gasolineras, Pemex tiene que cederle a ese privado la infraestructura de almacenamiento para que la empresa privada transnacional tenga dónde almacenar la gasolina para venderla a los puntos de venta.
“Esto es un fraude a la nación que se está orquestando desde la Comisión Reguladora de Energía.

“… El robo de gasolina es delincuencia organizada y es a los más altos niveles.

No hace falta ninguna reforma a ninguna ley para poder combatir este delito, falta el compromiso del gobierno y las autoridades por desmantelar estas redes de corrupción que están hasta el más alto nivel.

“No debemos permitir que se siga entregando la infraestructura de Pemex a los privados, con el pretexto de que se va a genera un mercado competido. Eso falta mucho para que eso suceda y no debemos seguir tolerando la destrucción del valor que tiene esta empresa.

“Si no hacemos algo distinto, México va quedará expuesto a mayores aumentos de los precios de la gasolina, máxime que ahora el mercado de futuros está en su nivel más alto en los últimos años, debido al conflicto internacional con Siria.

“Desde ahora le decimos al Gobierno que denunciaremos cualquier intento
adicional de nuevamente golpear al pueblo con más gasolinazos, pretextando el conflicto en Siria”.

Ni un pujido del PRI como respuesta. Todo otorgó.
18 Abril 2018 04:00:00
Otra del Congreso mexicano: Estado de excepción para petroleras trasnacionales
Los senadores, más avezados en las lides del control político que los diputados, encontraron entre los intersticios de la minuta de la Ley contra el huachicol a la “cola del diablo”.

Dolores Padierna Luna, en la tribuna, afirmó que en las reformas a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, se observa que solo está hecha para que la acate Petróleos Mexicanos y no las compañías petroleras trasnacionales, que han estado avecindándose desde 2015 en el país, con la instalación de gasolineras.

Ciertamente el combate al huachicoleo ocurrirá con la revisión detallada de toda la cadena productiva. Verbigracia: A las gasolineras se les revisará su sistema financiero “para frenar la venta ilícita de las gasolinas”. Y se ha empoderado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a “establecer controles de volumen de entrada y salida de combustibles y se obliga a las gasolineras a instalar medidores en los depósitos y entregar comprobantes por cada venta”.

Para el Diario de los Debates de la historia legislativa, he aquí Dolores Padierna Luna: “El pasado 14 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó diversas modificaciones al Código Fiscal de la Federación, Ley Aduanera, Código Penal Federal y Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, con el objeto de fortalecer y uniformar los mecanismos de supervisión y control de toda la cadena de producción y comercialización de los hidrocarburos y petrolíferos, así como reforzar los supuestos y sanciones relativos a las conductas ilícitas que se presentan en dichas materias.

“En el dictamen se menciona que en 2015, se localizaron 5 mil 252 tomas clandestinas; en 2016, 6 mil 873 y a julio de 2017 subió a 5 mil 417, hacia finales de 2017 se habrán acumulado 9 mil tomas clandestinas.

“Medir la actividad delictiva del robo de hidrocarburos a partir de las tomas clandestinas muestra la proliferación de estas y los daños que se ocasionan a la infraestructura, pero es insuficiente para cuantificar el daño que ocasiona en términos del volumen de hidrocarburos que se comercializan de manera ilegal.

“No hay una estimación debidamente fundamentada del volumen de petrolíferos, principalmente gasolinas, que se extraen de los ductos de transporte y distribución y que se comercializan de manera ilegal. Se puede tener una primera aproximación comparando el volumen disponible, integrado por la producción y las importaciones contra las ventas.

“Desde 2013, la diferencia ha venido creciendo. En 2017, la diferencia llegó a 1,745 millones de litros, que valuados al precio de 15.80 pesos por litro, correspondiente al precio promedio de la gasolina magna, equivalen a una pérdida de 27 mil 571 millones de pesos.

“No se puede considerar que todo este volumen se extrae y comercializa de manera ilegal, ya que una parte pudiera ser la diferencia de inventarios; sin embargo, es conocido que la capacidad de almacenamiento de gasolinas es muy limitada y de acuerdo con el Secretario de Energía solo equivale a la demanda de 3 días, por lo que se puede suponer que una parte considerable de los 1,745 millones de litros pudieran comercializarse de manera ilegal.

“En 2017, cerca del 70 por ciento de la gasolina disponible fue importada.
“Con la apertura del mercado de gasolinas, la dificultad para contabilizar las pérdidas por robo se incrementará y no se tiene un procedimiento para ello.

“Hasta 2017, la mayoría de las gasolinas que se produjeron e importaron provinieron de Pemex. En consecuencia, la que se destinó al mercado formal también fue provista por Pemex, por lo que la información correspondiente la produce esta empresa. A partir de 2018, que se liberalizó el mercado, se espera que las empresas privadas que ya operan en el sector importen de manera directa las gasolinas que comercialicen.

“El dictamen habla de ‘fortalecer y uniformar los mecanismos de supervisión y control de toda la cadena de producción y comercialización de los hidrocarburos’, pero el propio dictamen dice que no aplica para las empresas extranjeras que estén operando en nuestro país.

“Dada la tendencia que tenemos de privatización, estas leyes no se van aplicar para quien está liberalizando o las que tiene el mercado liberalizado, es decir, a las compañías extranjeras no tiene esta ley y, con el tiempo, van a ser mayoría, esta ley solo aplica para Pemex.

“Actualmente solo tienen obligación de llevar controles volumétricos los establecimientos abiertos al público en general. La iniciativa consiste en extender esta obligación a todos los que participen en la cadena de valor, es decir, a los que participen en la fabricación, producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, distribución y enajenación.

“Es muy importante resaltar que la iniciativa permite contar con información más precisa sobre el robo de combustibles, que es un delito creciente, que no solo afecta la infraestructura de transporte de hidrocarburos, sino que causa graves accidentes, pérdidas fiscales e impacta directamente a los consumidores.

“Desde cierto punto de vista es positiva, pero no incluye de manera explícita a los importadores de hidrocarburos y gasolinas que, en el caso de gasolinas son extranjeros, lo que cada vez será más importante en la cadena de suministros”.

Y remachaba la Padierna, preguntando al silenciado Pleno:
“¿Por qué a las empresas privadas que están en México no se les va aplicar esta ley? Pregunto, ¿qué caso tiene esta ley, si solo aplica para Pemex y no para empresas privadas?, además Pemex está en extinción porque ya todos los procedimientos son para permitir el ingreso de las empresas privadas en todo este trabajo”. (Continuará)
17 Abril 2018 04:00:00
‘Afromexicanos, los más marginados, discriminados y marcados por la desigualdad’
¿Recuerda usted, lectora, lector, a Laura Esquivel, la extraordinaria dramaturga y novelista mexicana autora de títulos como La Ley del Amor y Como Agua para Chocolate? Pues es diputada federal por el grupo Morena y fue ella –Laura Beatriz Esquivel Valdés es su nombre completo- quien presentó una iniciativa de reforma a los artículos 2, 27, 28 y 115 de la Constitución. ¿Y qué propone? Que se reconozcan los derechos de los afromexicanos. En resumidas cuentas, para que, siendo ellos nuestra tercera raíz, dejen de ser discriminados.

Laura Esquivel así lo dijo en la tribuna de San Lázaro, en la sesión del pasado jueves: “Compañeros diputados, estamos a punto de concluir este periodo legislativo y como todos sabemos aún quedan temas en el tintero. Hay uno que en especial llama mi atención, y es el de los afromexicanos, quienes después de 50 años siguen siendo ignorados y discriminados.

“La iniciativa que hoy presento ante ustedes tiene por objeto la modificación de los artículos 2, 27, 28 y 115, para que dentro de la Constitución mexicana se reconozcan los derechos de los afromexicanos.

“Los primeros pobladores provenientes de África llegaron a estas tierras como esclavos, fueron secuestrados de sus lugares de origen y traídos por la fuerza.

Nadie se preocupó por ellos, nadie preguntó si podrían sobrevivir el largo trayecto dentro de las insalubres mazmorras de los barcos. Ninguno de sus captores se tentó el corazón antes de separar a madres de hijos, a esposos de esposas, a amigos, a parientes, a comunidades, porque los negros africanos eran considerados como seres inferiores que no tenían el derecho ni de protestar.

“Actualmente, y a pesar de ostentarnos como una sociedad democrática, seguimos sin escuchar sus peticiones. Varios grupos de afromexicanos piden que se les reconozca el justo lugar que ocupan en la historia, pues miles de ellos viven en la invisibilidad total por no estar reconocidos por la Constitución Política Mexicana.

“Aún y cuando nuestro país ha firmado varios convenios y recomendaciones internacionales sobre el combate del racismo y la discriminación, en donde los países firmantes se comprometen a facilitar la participación de afrodescendientes en todos los aspectos políticos, económicos y culturales de la sociedad, y a que promuevan el conocimiento y el respeto de su patrimonio y su cultura. Sin embargo, el gobierno mexicano no ha cumplido dentro de nuestro territorio.

“Grupos organizados de afromexicanos consideran que es menester que tales acciones se traduzcan en apoyo real para sus comunidades, ya que a pesar de que el tres por ciento de la población mexicana es negra, mulata o afrodescendiente, es también el sector de la población más marginado, discriminado y marcado por la desigualdad, sobre el que no se han establecido siquiera políticas públicas para aminorar esa brecha.

“Creo que es hora de que saldemos la deuda histórica que tenemos con nuestra tercera raíz, reconozcámoslos como hermanos, como ciudadanos, como mexicanos, con plenos derechos y agradezcámosles sus aportaciones culturales, como por ejemplo, la llamada ‘Chilena’ introducida a la costa chica de Guerrero en el siglo XIX por marineros chilenos que pasaban en camino a California, y que músicos afromexicanos la hicieron suya y le agregaron la utilización de diversos instrumentos como la quijada, un maxilar seco de burro con dientes que repiquetean.

“Estos sonidos son parte central de la vida musical de los afromexicanos junto con sus bailes que se remontan a los días de las haciendas coloniales, y que incluyen ‘la danza de los diablos’ que se ejecuta alrededor del día de los muertos en los pueblos de Guerrero y Oaxaca.

Aún estamos a tiempo de escuchar y apoyar este justo reclamo que surge de la poderosa voz de una raza fuerte, bella y luminosa (…) Arriba nuestra tercera raíz”.

Se le turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, adonde le esperan media docena más de iniciativas sobre el mismo asunto: combatir la discriminación contra los afromexicanos y sus descendientes.

ESTRIBO
El primero de tres debates presidenciales está a tiro de piedra. El domingo 22 próximo, en la Ciudad de México, se celebrará el primer encontronazo verbal por la presidencia de la República, en juego el 1 de julio próximo, con pronósticos que dan por triunfador a Andrés Manuel López Obrador.

Los temas: Seguridad pública y violencia; combate a la corrupción e impunidad; democracia, pluralismo y derechos de grupos en situación de vulnerabilidad. Todos corresponden al capítulo Política y Gobierno.

El primer debate ocurrirá en un momento candente de la elección presidencial: en cosa de semana y media han muerto, por asesinato, candidatos a presidentes municipales y a diputaciones locales en Puebla, Jalisco y Michoacán, que se suman a docenas más de aspirantes a un puesto de elección popular que antes también fueron asesinados.

Según un recuento de ejecuciones hecha por Consultora Etellekt (noticiario de CNN en español), de septiembre de 2017 a la fecha han muerto asesinadas 79 personas que eran candidatas o aspirantes a uno de los 3400 puestos de elección en juego este julio de 2018. Pero si se cuentan también a los que han sido amenazados de muerte, la lista de personas agredidas asciende a 174.

Maribel Barajas, candidata a diputada local por el Pvem al Congreso de Michoacán, es la más reciente de la lista ominosa. Y muy recientes también, está Juan Carlos Andrade Magaña, presidente municipal de los Dolores, Jalisco, y candidato a la presidencia municipal.

Ante hechos tan brutales, ¿qué tendrán que decir los candidatos que se esmeran por que el sistema de cosas actuales continúe?
14 Abril 2018 04:00:00
Mayans a sus compañeros senadores: “Me duele que se hagan pendejos”
Casi finalizaba la sesión del martes 10, en el Senado. Penúltimo punto del orden del día: Comentarios sobre el pleito entre el gobierno de Chihuahua, de Javier Corral, y el gobierno de Enrique Peña, por la suerte del segundo de a bordo de Manlio Fabio Beltrones, Alejandro Gutiérrez, a quien sorprendieron con los dedos en la puerta cuando desde su calidad de secretario general del PRI recibió 250 millones de pesos del gobierno de César Duarte, hoy a salto de mata, para las campañas del PRI en 2012.

Pidió la palabra el senador tabasqueño Fernando Mayans Canabal. Y no, no iba a hablar del tema. Utilizó el orden del día para poder ocupar la tribuna y hablar de otro asunto: La detención de un médico oaxaqueño por presunto homicidio contra un niño, durante el ejercicio de su profesión. Mayans, indignadísimo, recurrió a esta práctica legislativa de ocupar la tribuna bajo otro tema, ante un orden del día acotadísimo para temas como el de Oaxaca. Y causaba furor entre sus compañeros por la manera como remató su exposición en tribuna: De plano dijo a todos los senadores que se hacen pendejos. Afirmación con la que más de 120 millones de mexicanos sin duda estarán de acuerdo.

He aquí partes medulares de su oratoria:
“El médico certificado y reconocido por sus pacientes y colegas, como alguien con una profunda calidad humana, con actividades altruistas en organizaciones como el manejo del Síndrome de Down y en el CRIT, al que se le recuerda como alguien que operó fuera de horario y de manera desinteresada a los niños afectados por la caída del helicóptero de la Marina donde iba el gobernador de Oaxaca y el secretario de Gobernación, hoy está preso y podría alcanzar entre ocho y 20 años de prisión.

“Es el primer médico en México acusado de homicidio doloso, eventual delito grave, sin derecho a fianza; por lo que la muerte de un niño de tres años, quien presentó una reacción alérgica fatal, que le llamamos ‘anafilaxia’ a un medicamento durante el procedimiento anestésico.

“Lo acusan no por impericia o negligencia, por mala praxis no, lo acusan de homicidio, porque en donde operó no contaban con la Unidad de Cuidados Intensivos y lo juzgan por dolo.

“… Oaxaca con infraestructura deficiente en salud, donde cabe mencionar la sobreespecialidad y la subespecialidad de Luis (Alberto Pérez Méndez), nuestro caso, no existe casi en el estado de Oaxaca: Ortopedista- Pediatra.

“Los padres ya habían acudido a un hospital público en donde no se contaba con los recursos humanos y materiales para atender al paciente.

“Luis (Alberto Pérez Méndez) fue contactado por los padres y aceptó atender a su hijo en un hospital privado certificado y autorizado por la Secretaría de Salubridad.

“La reacción anafiláctica se presenta en uno de cada 30 mil casos. Es una entidad clínica descrita y no hay forma de saber que si es alérgico a algo a lo que no ha sido expuesto anteriormente.

“La mala praxis, se debe juzgar y castigar, pero en Código Civil y no por el Código Penal. Los médicos no somos criminales.

“Luis debe salir libre, tener un juicio justo, con peritos médicos y preparados en el tema, no por un Ministerio Público que no tiene idea de lo que es la medicina.

“Por esto y muchas cosas más, hoy en una sola voz todos los médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, paramédicos, decimos: #TodosSomosLuis.

“… Además, hago una propuesta para que se emita un pronunciamiento del Senado de la República a efecto de que en el caso del médico Luis Alberto Pérez Méndez, se garantice el principio de presunción de inocencia, previsto en nuestra Constitución política y el derecho humano del debido respeto.

“A poco el gobernador Alejandro Murat es un criminal porque le dejó caer un helicóptero a más de 15 gentes, y mató niños, claro que no, fue un accidente, y los que no sepan de medicina, así es también las reacciones anafilácticas, desafortunadas, y por no contar con unidades de cuidados intensivos.

“Yo les pido el apoyo a todo el Senado Mexicano y a la Cámara de Diputados por la profesión médica, nosotros respetamos y amamos a nuestros enfermos, desafortunadamente quieren que caigamos, y cuando demos consulta, tengamos un abogado al lado, y cuando nos diga el enfermo, cuál es su diagnóstico, mi abogado va a contestar, esa pregunta no se la puede contestar el doctor.

“Entonces, cuánto vamos a cobrar por una inyección que se puede infectar en la nalga, cuando se paga, se le da de propina, 5, 10 pesos a una enfermera; ah, pero se puede infectar, se puede hacer un absceso, si es diabético, pues ella no va a poner ninguna inyección, tráigame seguro médico, yo tengo que tener seguro, y una puesta de inyección en la nalga va a costar 5 mil pesos en un pueblo pobre que el gobierno lo tiene sumido en la miseria.

“Cómo vamos a hacer para ejercer la medicina, compañeros, ¿qué, no lo entienden?
“Discúlpenme que les hable así, pero me duele de corazón que se hagan pendejos en el Senado de la República, y que no quieran ayudar a los médicos de este país, que tanto necesitan ustedes”.

El que presidía, Ernesto Cordero, muy presuroso que se pone el saco de pendejo, y, exclamando “ya estuvo suave”…, ordenó quitarle a Mayans el sonido del micrófono. Y todavía en la sesión del jueves seguían reclamándole al indignado senador por haberlos pendejeado desde la tribuna.
13 Abril 2018 04:00:00
Las infinitas y ruines mañas del PRI
En la Cámara de Diputados, por unanimidad, fue aprobada ayer una reforma al artículo 11 de la Ley Federal  de Responsabilidades de los Servidores Públicos y ha consistido en mandatar que el Pleno de la Sección Instructora pase de cuatro a cinco integrantes.  

¿Y qué es la Sección Instructora? Es el órgano que la Cámara de Diputados tiene para revisar solicitudes de desafuero de algún servidor público que, estando en funciones, estuviera emplazado por el ministerio público a enfrentar un juicio penal o juicio político. Pero para ello antes deberá ser despojado de la inmunidad que le otorga la Constitución a través del fuero. Y fuero se le da a servidores que hayan sido investidos como tal por vías electorales.

A pesar de las buenas intenciones que conlleva esta reforma, para la oposición no deja de ser una carcajada que el PRI está haciendo al país, por cuando menos dos motivos:
Uno: Este destrabe de pasar de cuatro a cinco integrantes lo hace anteponiendo una condición: entraría en vigor 90 días después de que Enrique Peña Nieto lo publicase. Y todavía falta que el Senado de la República refrende la reforma de marras.

Y dos: El mismo PRI, ayer, ha anunciado que presentará una iniciativa de reforma constitucional en la que plantea quitar, suprimir el fuero a todos los servidores públicos del país, incluido el presidente de la República.  

Quitando el fuero, ya no tendrá razón de existir la Sección Instructora.  Y sus cinco integrantes, pues también.

¿Y por qué no hasta que pasen 90 días de su publicación para que entre en vigor? Pues he aquí la burla del PRI, que insiste en proteger a ultranza a sus delincuentes. De hecho, esta posposición de tres meses está dedicada a dos priístas del estado de Veracruz que andan a salto de mata desde hace dos años, pero que no los han podido agarrar para que enfrenten acusaciones de superladrones y vayan a la cárcel, porque simple y sencillamente son diputados federales. Y tienen fuero.

Se trata de Antonio Tarek Abdalá y Alberto Silva, los dos, diputados federales del Partido Revolucionario Institucional, a quienes sus correligionarios  han protegido en la Cámara de Diputados para que no los desafueren y entonces puedan ser enchiquerados para enfrentar acusaciones de robo de carretadas de dinero.  

El pasado 12 de octubre de 2017, la Sección Instructora no pudo desaforarlos porque siendo cuatro los integrantes, dos son del PRI y uno del PAN y otro del PRD. Y empataron. Y empataron. Y volvían a empatar.

Pero ahora con cinco integrantes, se supone que ya no empatarán… aunque no habría que estar tan seguros porque el PRI es capaz de hacerlo si le conviene, ya sea comprando al PAN o al PRD. O a los dos.

En la reforma de marras se incluyó un transitorio en el que se mandata que entraría en vigor la ley no hasta 90 días después de que se publicase en el Diario Oficial de la Federación.

He aquí la justificación del PRI, ayer, en voz de Ricardo Ramírez Nieto, el diputado priísta guanajuatense que funge como presidente de la Sección Instructora:  

“Hace unos momentos los diputados del PRI, a través de nuestro coordinador parlamentario, el doctor Carlos Iriarte, presentamos una iniciativa para eliminar el fuero de todos los servidores públicos del país, incluyendo al presidente de la República, como ha sido la petición expresa de nuestro candidato y próximo presidente de la República, José Antonio Meade Kuribreña.

Por lo que, en su caso, los funcionarios tendrán que enfrentar sin excepción sus responsabilidades penales y administrativas sin protección procesal alguna, como todos los ciudadanos. (Y) al desaparecer el fuero ya no hay nada que investigar.

“Dicho lo anterior, es urgente y necesario que actuemos sin el número de integrantes que obstaculice o detenga los procesos. Porque, insisto, no vamos a permitir que se politice la justicia”.

Así también se previenen los priístas ante la eventualidad de que pierdan la presidencia de la República. Y entonces puedan presionar –si tuvieran mayoría en el Congreso- fuertemente al que fuese el titular del Ejecutivo Federal, que como pinta la elección pudiera ser Andrés Manuel López Obrador.

Obviamente la que llamó la atención fue la diputada de Morena, Guadalupe Hernández Correa, quien dijo: “En la actual legislatura solo se han pronunciado una sola vez en jurado de procedencia para retirar la protección constitucional a una legisladora local por haber cometido un delito federal.

“No obstante, la Sección Instructora ha detenido importantes asuntos por su composición impar que ha impedido la emisión de los dictámenes, como sucedió en el desafuero de los diputados federales por el PRI, Antonio Tarek Abdalá y Alberto Silva Ramos, presuntamente involucrados en desvíos de recursos públicos en Veracruz cuando Javier Duarte gobernó esa entidad.  

“El entonces presidente de la Sección Instructora, el diputado federal Ricardo Ramírez Nieto, del PRI, dio a conocer el dictamen propuesto en el que se consideraba improcedente retirar el fuero a ambos congresistas.

“Esto fue sometido a un par de rondas de votación que terminaron en empate (octubre de 2017), por lo que la protección legal de sus compañeros del partido nuevamente
quedó intacta”.

PAN, PRD, MC y Morena criticaron el transitorio de los 90 días postergados. Agustín Basave, perredista, muy filoso, dijo: “Yo quiero ver esa iniciativa de la supuesta supresión del fuero de la que hablaba el candidato priista ¿incluye a los legisladores también? porque en las listas plurinominales del PRI y de sus aliados hay muchas personas en busca de fuero...”
12 Abril 2018 04:00:00
De cómo le dieron aire a El Bronco para incluirlo en la boleta presidencial
El regreso al proceso electoral de Jaime Rodríguez el Bronco para quitarle, según sus rancheros cálculos, entre 2 y 3 millones de votos a Andrés Manuel López Obrador, no solo chorrea cinismo, sino también pus de quienes lo hicieron posible: Los cuatro, de siete, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, tres de los cuales da la casualidad que son los mismos que impuso el PRI cuando se repartían las cuotas con el PAN y con el PRD. Y al cuarto magistrado se le identifica nada menos que con el perredismo.

Mónica Aralí Soto, José Luis Vargas, Indalfer Infante y Felipe Fuentes Barrera, son el cuarteto de magistrados que resucitaron al Bronco para que sea el quinto candidato que aparezca en la boleta electoral a presidente de México. Y en contra votaron Janine Otálora, presidenta del Tribunal, Felipe de la Mata y Reyes Rodríguez.

El argumento más cínico de los cuatro corrió a cargo del autor del proyecto de sentencia, Felipe Fuentes Barrera: El INE, dijo Fuentes, no dio derecho de audiencia a Rodríguez para la revisión de las firmas que, previamente, había rechazado por falsificadas.


De las 2 millones 403 mil firmas de apoyo ciudadano que el Bronco presentó ante el INE, nada más 835 mil 511 fueron consideradas por la autoridad electoral como falsas.

Fuentes Barrera es un abogángster del estado de México, egresado de, acaso, la única facultad de la UNAM que nunca ha tenido empacho en coludirse con la clase política priísta; fue catedrático de la Universidad del Valle de Toluca y perteneció a los departamentos jurídicos de la Sep y del Imss a principios de este sexenio. Y fue propuesto precisamente por el PRI para magistrado del Tribunal Electoral de 2016 a 2022, aunque terminó siendo de los magistrados cuyos periodos se ampliaron al 2024.

También se le relaciona fuertemente con Humberto Castillejos, exconsejero jurídico de la presidencia de Enrique Peña Nieto en los tres primeros años del sexenio.

El Tribunal Electoral sesionó el pasado lunes 9 para decidir, ex profeso, sobre el caso Jaime Rodríguez y sobre el caso Armando Ríos Piter. A éste último le aplicaron una llave diferente para que no pasara, aunque el INE también lo desjarretó, como el Bronco, por transa en la recolección de firmas.

Los siete magistrados se posicionaron. Pero, por efectos del espacio, he aquí partes medulares de dos, solamente: el del proponente Fuentes Barrera y el de Janine Otálora, presidenta del Tribunal, quien votó en contra.

Justificó su voto en pro Felipe Fuentes Barrera: “El actor (Jaime Rodríguez el Bronco) participó en 12 diligencias, de las que se advierte que de los 810 mil 847 apoyos ciudadanos calificados como inválidos, únicamente fueron revisados 392 mil 501, y de esos logró validar 48 mil 334 apoyos en la etapa preliminar, por lo que ni en esa etapa preliminar ni en la definitiva pudieron ser revisados conjuntamente cerca de 418 apoyos, no obstante que así fue solicitado expresamente por el actor en al menos dos ocasiones.

“Esa imposibilidad de subsanar la totalidad de los apoyos se debió a que la autoridad de manera unilateral y sin justificar fundada y motivadamente el porqué previamente determinó qué casos era subsanables y cuáles no.

“… En este sentido, atendiendo al principio de progresividad y la obligación de restitución con que cuenta este Tribunal constitucional, en el caso de violaciones a derechos fundamentales, me llevan a concluir que debe otorgarse aquí la revocación de las resoluciones que se impugnan”.

Janine Otálora votó en contra, al igual que De la Mata y Reyes Rodríguez. He aquí: “… Hasta ahorita yo no advierto violación a su garantía de audiencia ni expresión alguna de representante del actor en el sentido de que no está pudiendo defenderse correctamente, ya que incluso en varias actas hace un reconocimiento al trabajo llevado a cabo por el Instituto Nacional Electoral.

“Él había aportado originalmente 2 millones 34 mil 403 apoyos, y se le señala que por el momento sólo están en la lista nominal un millón 209 mil.
“… Estas son esencialmente las razones que me llevan a separarme del proyecto (votar en contra).

“Ciertamente ha habido otros asuntos, ha habido un juicio ciudadano aprobado por la Sala Ciudad de México hace apenas unos días, no tengo aquí el número.

Era, si recuerdo bien, un candidato independiente a senador, que impugna el
dictamen por el cual se le dice que no ha reunido el porcentaje de firmas, y la Sala Ciudad de México, en una muy buena sentencia incluso, determina revocar el acto impugnado y ordenar que se reponga la garantía de audiencia para efecto de que el ciudadano pueda revisar la totalidad de los registros.

“Pero aquí había una gran diferencia, se le da una garantía de audiencia a este ciudadano aspirante y se le dice que tiene aproximadamente ocho mil apoyos que no son válidos y que, por ende, puede ejercer su garantía de audiencia.

“Y yo me pregunto: ¿En qué situación quedan aquellos aspirantes a diputados o senadores cuya negativa, cuya determinación del Instituto Nacional Electoral, de que no cumplieron con el porcentaje requerido fue confirmada? Estaríamos ante una situación de dos maneras de juzgar”.

Y así sucedió, porque mientras Jaime Rodríguez se convirtió en el quinto candidato presidencial, Ríos Piter, igual de transa que El Bronco, no la hizo…

aunque, susurraban anoche en el Congreso, al guerrerense le faltó que le ayudara Carlos Salinas de Gortari. O el presidente Enrique Peña Nieto.
11 Abril 2018 04:00:00
La sofisticación de la censura
La mayoría de LOS diputados federales conformada por el PRI, PVEM Y Panal aprobó ayer en San Lázaro la nueva Ley General de Comunicación Social, reglamentaria del párrafo octavo del 134 constitucional. “Ley del Chayote”, ya la tildaron los opositores.

Jorge Álvarez Máynez, diputado federal perredista, describió: “El chayote es una de las múltiples prácticas que el PRI institucionalizó en el país, y es el dinero que se les entrega a los periodistas, a los medios de comunicación para influir en su opinión, para coartar la libertad de expresión y para hacer que se publique lo que al gobierno le
interesa”.

Más de veinte oradores en tribuna, sobre una ley que únicamente han aprobado el PRI, PVEM Y Panal. Pero falta que el Senado la refrende.

Así presentaba el dictamen en tribuna la diputada federal priísta Mercedes del Carmen Guillén Vicente, desde su condición de presidenta de la Comisión de Gobernación: “Consideramos que los términos de la ley propuesta representan avances de vanguardia para abrir y transparentar la relación del Estado mexicano y todas las entidades que lo componen, con los medios de comunicación a través de la creación del Padrón Nacional de Medios de Comunicación que queda a cargo de la Secretaría de Gobernación, tal y como lo prevé el capítulo octavo del proyecto”.

Todos, excepto aquellos tres grupos parlamentarios, aborrecían el dictamen de marras. Inclusive, tres legisladores solicitaron que fuese regresada a la Comisión, para su vuelta a dictaminar, pero para incluir revisarla en serio por parte de opositores y grupos de la sociedad civil interesados en el tema de la libertad de expresión y el derecho de la información.

Guillén Vicente argumentó que el dictamen era resultado de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida en octubre de 2017 en la que “obliga al Congreso de la Unión emitir una ley que regule el párrafo octavo del artículo 134 constitucional, a más tardar el próximo 30 de abril”. Una sentencia derivada de un amparo que había solicitado la asociación periodística Artículo 19.

Jesús Zambrano, del PRD, dijo cuando presentó su solicitud de moción suspensiva: “Es falso lo que aquí acabamos de escuchar en voz de la presidenta de la comisión dictaminadora, la de Gobernación. Incluso se termina diciendo todavía, ‘esta es la tercera generación de las reformas electorales’, y resulta que lo que se propone en un transitorio es que, esta ley que se pretende sacar adelante entra en vigor hasta el 2019, es decir, después de que se lleva a cabo el proceso electoral más importante del México contemporáneo”.

De entre los más de veinte oradores, se distinguió la argumentación de Virgilio Caballero, diputado de Morena y periodista reconocido del país. He aquí partes medulares de su argumentación en contra: “En nuestra propuesta planteamos que la regulación de la publicidad oficial debe proteger y garantizar el derecho a la información y el ejercicio de la libertad de expresión.

“En los hechos, el dictamen legaliza las campañas de promoción personalizada, permite el uso de los recursos públicos para difundir logros personales, reglamenta el uso discrecional y arbitrario de la repartición de la publicidad oficial y avala su contratación como un botín de negociación política, tal y como se ha venido realizando hasta ahora.

“Nos oponemos a que sea la Secretaría de Gobernación la encargada de expedir y evaluar la normatividad de la comunicación social. Proponemos la creación del Consejo para la Evaluación y Seguimiento de la Publicidad Oficial con autonomía técnica y de gestión que se conformará por 15 personas de prestigio profesional en el campo de los medios de comunicación y radios comunitarias. Este consejo fungiría como un mecanismo de vigilancia social y como un verdadero contrapeso a los entes públicos.

“Esta ley debe establecer directrices y límites de los sujetos obligados en materia de campañas publicitarias durante las campañas electorales. Es necesario señalar una vez más que en México, además de atentados a medios de comunicación, agresiones, amenazas y asesinatos a periodistas, el Estado ha encontrado formas más sofisticadas para la censura, y por décadas la asignación arbitraria y discrecional de la publicidad oficial ha sido el mecanismo más eficaz para controlar e impedir el derecho a la información y el ejercicio de la libertad de expresión.

“Estas reprobables prácticas han atentado contra nuestra débil democracia y han contravenido el mandato de nuestra Constitución en sus artículos 6o. y 7o., así como lo establecido en los artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establecen que el derecho a la libertad de expresión no puede estar sujeto a plena censura previa. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y de opiniones.

“La simbiosis entre gobernantes y dueños de algunos medios de comunicación, curiosamente de los medios con mayor poder económico, ha sido de gran provecho político y económico para los gobernantes y partidos políticos del régimen, a costa del derecho a la información de la
población.

“Recuérdese que Felipe Calderón ejerció cerca de 40 mil millones de pesos en publicidad oficial, cifra igualada en 2017 por la actual administración priísta de Enrique Peña Nieto, de quien se espera que al final de su sexenio habrá ejercido cerca de 60 mil millones de pesos, de acuerdo con datos y estimaciones de las organizaciones, artículo 19 y Fundar”.
Esto continuará en el Senado. Veremos.
10 Abril 2018 04:00:00
La inclinación de Peña ante Salinas
Las cámaras del Congreso de la Unión se han transfigurado en territorios vacíos, ausentes y sin ecos a pesar de que para eso están, para escuchar todos los sonidos, todos los clamores. Todos los vientos.

Diputados y senadores se ven perdidos y soslayan caminar por el camino que la República siempre les ha exigido transitar: El de la función del contrapeso constitucional. El del control político.

De repente de sus foros algún eco ruge. Pero son rugidos de leones viejos y desdentados, que a nadie sobresalta. Como este, que acaban de intentar los diputados que organizaron el Foro Sistema Electoral, Financiamiento de Campañas y Mecanismos de Control de Recursos Ilícitos en los Procesos Electorales 2018, en el que ha participado Héctor Marcos Díaz Santana, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Díaz Santana llegó como llegan los encubridores: Haciéndose el occiso, el ciego, el sordo y hasta el mudo.

Cuando le preguntaban si tiene entre sus planes la Fepade de meterse hasta el fondo en el tema de la falsificación de firmas que protagonizaron los precandidatos independientes a la presidencia de la República Jaime El Bronco Rodríguez, Armando El Jaguar Ríos Piter y Margarita Zavala esposa del ex presidente Felipe Calderón, el titular de la Fiscalía de marras escurrió el bulto y se puso a tapar el sol con un dedo cuando dijo, en claro intento de encubrimiento de la Zavala, que “cualquier persona que cometa un delito electoral y que se compruebe podría ser sancionada”.

Ya desjarretaron a El Bronco por tramposo; ya también desjarretaron a El Jaguar.

¿Por qué a Margarita no, si también incurrió en una engañifa mayúscula con la presentación de más de 400 mil firmas falsas que además fueron puestas en la picota de la sospecha por el hecho de que provinieron del estado de México? Así lo denunció el cuarto precandidato, el único que, al parecer, no cometió la falsificación de firmas, el hijo de donde Pedro Ferriz, del mismo nombre.

En realidad esta farsa de las candidaturas independientes no ha concluido; y el Congreso mexicano sólo acierta al silencio forzado; un vacío lleno de murmullos, como aquellos que se han producido a partir del cumpleaños de Carlos Salinas de Gortari el pasado sábado. La fotografía que publicó el diario Reforma en la que está de copiloto Enrique Peña Nieto en una camioneta negra a punto de cruzar el umbral del sitio donde se realizó la fiesta, causaba furor en el pasillerío del Congreso de la Unión.

Ahora nadie parece dudar en el Congreso que Carlos Salinas de Gortari es “el jefe de jefes”.

Y parece ser la confirmación de un dato que soltó desde hace muchos años el ahora principal candidato opositor a la presidencia de México y enemigo jurado de Carlos Salinas de Gortari: El tabasqueño Andrés Manuel López Obrador. El dato de que Salinas es verdaderamente el jefe de una mafia política que mantiene secuestradas a todas las instituciones fundamentales de la República.

En los territorios del Congreso también llamó la atención que el poder de convocatoria de Salinas incluyese, además de Peña, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar.

¿Cuáles serán los efectos de este encuentro con Salinas, en los ámbitos de las campañas electorales?, se preguntaban en el pasillerío.

¿Realmente Salinas y Peña se han distanciado? Desde que el actual presidente pidió la cancillería a Claudia Massieu, sobrina del expresidente, para dársela a Luis Videgaray Caso, el rumor de que Peña y Salinas se estaban peleando hubo murmullos que llenaron las plazas políticas del país.

Después apareció como candidato del PRI el hijo del priísta Dionisio Meade, José Antonio, en tanto que por el PAN irrumpió, a punta de patadas y codazos, el ahora candidato Ricardo Anaya.

Peña impulsaba a Meade Kuribreña mientras que Salinas de Gortari insuflaba a Ricardo Anaya.

Enrique Peña Nieto vio amenazado a su candidato hace unas semanas, y desató los vientos alisios sobre la figura política de por sí envilecida de Ricardo Anaya. Y a pesar de que le dio una arrastrada de perro, de la que todavía no se repone el queretano con cara de niño tramposo, no logró ni derribarlo ni derrumbarlo. Y sigue Anaya, al parecer, un paso adelante de Meade en la pelea por el segundo lugar de las encuestas presidenciales.

Un segundo lugar que ha comenzado a provocar espanto en las filas del PAN y PRI, y presumiblemente en Peña y en el mismo Carlos Salinas de Gortari: Andrés Manuel López Obrador no sólo no baja en la apreciación positiva de la gente, sino que sube. Hay encuestas que ya le dan más de los 50 puntos de preferencia. Y hasta el 79 por ciento en cuanto a intención de voto.

Si esto se sostiene con esos números, será una verdadera catástrofe para Carlos Salinas de Gortari y para Enrique Peña Nieto; pero también para personajes no tan faustos de la historia nacional reciente, como Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, quien también juega en la elección con su esposa teniéndola como candidata presidencial independiente.

La visita de Peña Nieto a la fiesta de Salinas, con la orfandad política acometiéndole el rostro, abre la posibilidad de que muy pronto Meade Kuribreña renuncie para dejar el paso franco a Ricardo Anaya como candidato de todo ese grupo político en el poder que vaya en pos del, para muchos, inalcanzable Andrés Manuel López Obrador.

SOlo faltaría saber qué papel jugaría Margarita en los días próximos. Veremos.
07 Abril 2018 04:00:00
“Solo hay ley para los de abajo”
Acababa de aumentar el Senado los años de prisión (hasta 30) para quienes roban gasolinas en el país. Pero solo estaban allí, aludidos en la ley de marras, los huachicoleros de abajo y los de arriba no. Y esto era lo que encendía el debate.
Ahora, quienes se daban el agarrón, era Raúl Aarón Pozos Lanz, senador priísta, y Fernando Mayans Canabal, senador morenista.

Pozos Lanz argumentó desde la tribuna: “El robo de hidrocarburos se ha convertido en un problema de seguridad nacional, el número de tomas clandestinas se incrementa día con día a lo largo de nuestro territorio con un impacto adverso para la economía y  las finanzas públicas, así como para la seguridad de las comunidades y de las familias.

“De acuerdo con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el robo de combustible en México en los últimos diez años pasó de estar bajo el control de bandas locales a bandas de narcotraficantes convirtiéndose en su segunda fuente de financiamiento después de la venta de estupefacientes.

“Para dimensionar la magnitud de este asunto basta señalar, durante el período comprendido del 2009 al 2016, el Estado mexicano ha acumulado pérdidas en sus finanzas públicas por más de 159 mil 957 millones de pesos por el combustible perdido, cifra equivalente a lo que la Secretaría de Educación Pública destinó a investigación científica en el mismo lapso.

“En lo que va del 2018, los grupos delictivos siguen sustrayendo el combustible de todos los mexicanos, que no se refleja en recursos que son indispensables para el país al momento de implementar programas sociales, proyectos de infraestructura y de salud principalmente.

Guanajuato sigue siendo la entidad con mayor número de tomas clandestinas a nivel nacional, entidad seguida por Puebla, Tamaulipas y por Hidalgo.
“El robo de combustible afecta a Pemex de dos maneras: con la pérdida del combustible sustraído y con los costos generados por la reparación de los ductos dañados para la ordeña del mismo.

“(Pero) la actual Legislatura ya ha abordado este problema al aprobar la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, (aunque)  sabemos que toda ley es perfectible, razón por la cual hay que modificarla, de ahí la pertinencia de este dictamen, cuyo objeto es desincentivar de manera inmediata esta actividad ilícita, (y se)  plantea modificar diversos artículos de la citada ley, a fin de incrementar la punibilidad de este delito pasando de 10 a 18 años de prisión y multa de 10 mil a 18 mil días de salario mínimo vigente, como se encuentra estipulado actualmente, y a una pena mayor de 12 a 20 años y una multa de 12 mil a 20 mil salarios, veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente.

Al priísta, entonces, le sucedió en tribuna Fernando Mayans Canabal, quien dijo: (Me dirijo) al pueblo de México, en especial a la zona petrolera de Veracruz, Tabasco, Campeche y el norte de Chiapas.

“El Senado de la República está viviendo en Alicia en el País de las Maravillas, ¿y por qué?

Porque piensan, creen, están convencidos de que haciendo leyes y más leyes, y aumentando las penas y más penas, (cuando)  lo único que da es pena, vergüenza.

“¿Se va a acabar el robo de las gasolinas? No, aquí no nos estamos chupando el dedo. Hay, y yo se los recuerdo a ustedes, hay huachicoleros de arriba y huachicoleros de abajo, pero lo más importante son los de arriba.

“Cómo es posible que los gobernadores no estén informados, claro que lo están, pero son parte del negocio.

“Un gobernador debe tener el control de su estado, de su territorio, saber qué pasa en cada centímetro de su territorio, por supuesto que están informados, pero son parte del negocio.

“Así también hay que puntualizar que todos aquellos que importan gasolina de parte de esta mafia que se dedica a extraer la gasolina en los ductos, pues son cómplices, hay complicidad, y esto no se va a resolver con más leyes, compañeros.

“La corrupción, hay que dar el ejemplo de arriba abajo, y además hay que acabar con la impunidad y meter a la cárcel a esta gente, no a los que están a orilla de carretera con sus envases vendiéndole la gasolina a los traileros y a los automovilistas, porque además es un tema de educación y de cultura.

“Ustedes van por Veracruz, allá en La Tinaja, Tabasco, Campeche y ven a orilla de carretera que le están vendiendo el jugo de piña, ahí en La Tinaja, y le venden los garrafones de gasolina robada, y a medio kilómetro está la Policía Federal. ¿Qué no se dan cuenta, qué no informan?

“¿Cuánto ha gastado Petróleos Mexicanos en equipos tácticos para rastrear el robo de la gasolina y estar pendiente de la supervisión de los ductos de Petróleos Mexicanos?

Aquí hay que aclarar que hay dos guías de huachicoleros, y no es de ahorita, de hace tres años que se ha incrementado, no. Antes se vendía el petróleo y el gobierno o los malos políticos, los malos gobernantes se robaban el dinero del petróleo para intereses propios, haciendo negocio.

“Si no México es el único país hoy, que el tema de Odebrecht está pendiente y no hay ni uno en la cárcel, ni uno, cuando les dieron 10.5 millones de dólares.

Esos son los huachicoleros de arriba.

“Así que, por favor, vamos a legislar cosas serias y dejen de estar inventando estas cositas que no nos ayudan, ni sirven para nada”.
06 Abril 2018 04:00:00
Más cárcel a huachicoleros de abajo y dejan intactos a huachicoleros de arriba
El Senado de la República reformó ayer la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, con el propósito de aumentar de 15 a 20 o incluso 30 años de prisión a los ladrones de combustible, mejor conocidos como huachicoleros.

Con 68 votos en favor, 23 en contra y una abstención, el Pleno aprobó las reformas a la ley de marras, a la que turnó de inmediato a los ámbitos del Ejecutivo Federal para su publicación y entrada en vigor.

Angélica de la Peña Gómez, senadora perredista, fue la argumentadora del dictamen: “¿Qué es lo que está detrás de esta minuta?”, preguntó en la tribuna.

Y se respondió: “En primer lugar, una situación grave en el país que cuando menos tiene diez años de gran impacto que evidencia cómo las autoridades han sido incapaces de poder detener, de poder controlar, de poder prevenir y también de poder sancionar este delito”.

Y reforzaba la justificación: “Es subiendo, por lo tanto, las penalidades como vamos a poder lograr resolver detener la situación terrible que tenemos en el caso de lo que se conoce comúnmente como el huachicolero”.

Y, ahora, su argumentación con cifras: “Miren, 2004, habían 102 tomas identificadas por las autoridades. Al 2009, de 102 tomas, subió a 462. 2010, 691. Es decir, seis años después de haber tenido identificadas 102, subió a 691 tomas reconocidas formalmente. En 2011, mil 361 tomas. 2012, mil 635 tomas. 2013, 2 mil 613. 2014, 4 mil 219 tomas”.

Angélica de la Peña matizaba su propia argumentación: “Este problema”, decía, “no se va a resolver si elevamos cinco o diez años más”.

Y apostillaba: “El problema es que las autoridades son incapaces, omisas y, acaso, vinculadas con comisión
de delito.

“Sin embargo, se trata de un asunto que tiene que resolverse de otra manera, debe ser un trato más integral de la problemática socioeconómica de cada una de estas regiones, y por lo tanto, vamos a apoyar este dictamen, pero sí queremos enfatizar que las autoridades no están cumpliendo con su responsabilidad.

“La crisis del robo del petróleo, de la gasolina y el diesel, a través de la gasolina y el diesel, es espeluznante en este país, es incontrolable en este país.

“Estamos ante una apología del delito permanente en todas las zonas, en donde están estas tomas clandestinas, y hay que ir a fondo del problema. Aun así vamos a acompañar el dictamen.

“Es importante dejar constancia de que hasta ahora ha habido simulación en la persecución de este delito”.

Pero, ¿realmente se combate el robo de combustibles con el endurecimiento de las penas carcelarias?, fue la pregunta sobre la cual se afincó el debate. En el otro extremo, el de la oposición real, se opinaba sin medias tintas:
Manuel Bartlett Díaz, senador del Pt-Morena: “Este dictamen es una simulación más, una vergonzosa simulación. Ya analizamos, hace tiempo, cuando se aprobó la primera parte de esta ley, que no sirve para nada, ya están las penas, y viene empujada esta iniciativa de penalidades, viene empujada por los intereses extranjeras de las empresas trasnacionales petroleras, gaseras y quieren que las penas, por cualquier acción que no les guste o reacción de algún grupo social, las penas son muy grandes.

“Ya metieron el terrorismo en el aspecto de hidrocarburos, cuando no hemos tenido nunca terrorismo. Es para favorecer intereses extranjeros.

“Y ahora vamos a subir las penas, ¿no? Vamos a subir las penas, cuando llevamos seis años, casi seis años de un robo creciente, como aquí ya se dieron las cifras, y no resuelven nada.

“¿Y por qué no se resuelve nada? Pues, no se resuelve nada, porque el Gobierno, autoridades, funcionarios de Pemex están coludidos en el robo, de la ordeña de los ductos, es evidente.

“Desde el inicio del sexenio, Peña Nieto nombró a un militar de su confianza para que se ocupara de vigilar los ductos y que no hubiera este robo. Desde el principio, desde el principio del sexenio, un militar de la confianza de Peña Nieto, le dieron helicópteros y aviones para poder sobrevolar. Muy pronto se los quitaron, los usaron para otro tipo de funciones sociales del Gobierno de la República.

“En consecuencia mientras no haya un acción realmente, realmente hacia quienes son los responsables, que son las autoridades y los que están vigilando, esta es una mentira y una farsa, que con eso ya va a decir el gobierno de Peña Nieto que sí. Qué barbaridad, está tomando medidas estrictas para que no haya robo de hidrocarburos.

“El huachicol, en Puebla, fue tolerado y, por tanto, con el claro señalamiento de participación por el gobierno de Moreno Valle, fue descarado y sigue siendo, cómo en las carreteras de Puebla están viendo el huachicol con la complacencia de todos los vigilantes.

Las gasolineras clandestinas, en barracas, aquí y allá.

“El Secretario de Seguridad Pública de Moreno Valle fue perseguido por estar participando, el secretario de Seguridad, y no pasó nada. O sea, el gobierno de Moreno Valle, en Puebla, y me consta, yo lo vi, y lo hemos denunciado aquí, fue partícipe del brutal crecimiento que hubo en Puebla de la ordeña de los ductos.
“Y ahora nos vienen a decir: “Que vamos a subir las penas para que esto se resuelva”.

“Las penas son para atacar a los campesinos que se rebelan contra los daños que les hacen Pemex y las trasnacionales y los grupos, ellos son los que van a pagar las enormes penas”. (Continuará)
05 Abril 2018 04:00:00
Senado mexicano pone el fuste a Donald Trump
La militarización de la frontera norte, anunciada por Donald Trump, recibió ayer un acuse de recibo del Senado mexicano, cuyo Pleno, de manera totalmente unánime, exhortó al gobierno de Enrique Peña Nieto a que ponga el respeto en primer lugar en su relación con Estados Unidos, y lo ha exhortado también “a suspender la cooperación con el Gobierno estadounidense en materia migratoria y de lucha contra crimen organizado, mientras no cese el trato hostil e irrespetuoso que ha prevalecido por parte del presidente Donald Trump hacia México y los mexicanos”.

Fue un pronunciamiento aprobado por todos los senadores, y leído en la tribuna por Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores.

He aquí partes medulares:
“La relación de México con Estados Unidos es estratégica para ambos países y trata una multitud de temas, de cuya adecuada atención depende la seguridad y la prosperidad de millones de personas en ambos lados de la frontera”.

“Compartimos una frontera de más de 3 mil kilómetros con 58 puertos de entrada por las que a diario, aproximadamente, un millón de personas cruzan de manera documentada en ambas direcciones”.

“Más de 35 millones de personas de origen mexicano viven en Estados Unidos y un millón de personas de origen estadounidense viven en México”.

“En 2017, el comercio bilateral entre ambos países fue de más de 521.5 mil millones de dólares”.

“Durante los últimos años hemos trabajado de manera conjunta en diversas áreas, de entre las que se destacan el combate al crimen organizado transnacional, con la celebración de dos reuniones del Diálogo de Alto Nivel sobre Combate al Crimen Organizado Transnacional, DANCOT; la aprobación en diciembre pasado de la resolución H. Res. 336, y los tres instrumentos firmados en el marco de la visita a México de la Secretaría de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, el mes pasado”.

“Sin embargo, a pesar de todo lo que está en juego en la relación entre nuestros países, la forma en la que el presidente Donald Trump se ha comportado es para el pueblo mexicano en su conjunto, inaceptable e intolerable”.

“Su conducta ha sido permanente y sistemáticamente no solo irrespetuosa, sino insultante, basada en prejuicios y desinformación, y haciendo uso frecuente de la amenaza y el chantaje”.

“En su campaña, el Presidente Donald Trump calificó de manera generalizada a los mexicanos como violadores y criminales; sin embargo, de acuerdo con cifras de un estudio académico de cuatro universidades de Estados Unidos, si bien la migración creció 137 por ciento de 1980 a 2016, el crimen en ese país cayó un 12 por ciento en el mismo período”.

“En cuanto a la violencia generada en México por el tráfico ilícito de drogas, armas y dinero entre nuestros países, hay que recordar que este es un problema compartido que solo terminará si se tratan sus causas de raíz, la alta demanda de drogas en Estados Unidos y la oferta que es exclusiva de parte de México, sino también de otros países”.

“El Presidente Trump, por otro lado, ha expresado permanentemente que el único beneficiario de manera ventajosa de la relación bilateral ha sido México, siendo que en realidad ambos pueblos se han visto históricamente favorecidos por esta”.
“La inversión de Estados Unidos en México ha aumentado en un 400 por ciento desde 1995, y la inversión de México en Estados Unidos en un 800 por ciento, porcentaje que ha resultado en un incremento de empleos y en un mejor nivel de vida para los ciudadanos de ambos países”.

“Otro de los mensajes de enemistad que el pueblo de México ha recibido de parte del presidente Trump ha sido su intención de construir un muro en la frontera, pero, sobre todo, su absurda pretensión de que seamos los mexicanos quienes paguemos por él”.

“Sobre el particular, hay absoluto consenso entre los mexicanos: De ninguna manera y bajo ninguna circunstancia un solo peso será destinado a la construcción de ningún muro o barrera física que se construya en territorio estadounidense a la largo de la frontera con México. Esta determinación está fundada en un principio básico de soberanía y dignidad nacional”.

“En cuanto al proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, el gobierno del presidente Donald Trump ha ejercido una estrategia contraria a la colaboración y la buena fe poniendo en riesgo la continuidad y mejora de un instrumento que por tres décadas ha traído beneficios a ambos países”.

“Vemos en la negociación del TLCAN una oportunidad para renovar la asociación estratégica de México con América del Norte, la mayor área de libre comercio del mundo, y aprovechar la economía del siglo XXI. Sin embargo, México no negociará el TLCAN, ni ningún otro aspecto de la relación bilateral por medio de las redes sociales o los medios de comunicación como lo ha pretendido hacer el presidente Trump, lo cual representa una falta de seriedad que no corresponde a lo que debería ser el actuar de un gobierno, de un país como Estados Unidos”.

“Asimismo, el Presidente Trump puso fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, y ha condicionado toda solución legislativa en su agenda migratoria, condicionando así el futuro de millones de jóvenes”.

“Sus últimos mensajes cuestionando las políticas migratorias de México y amenazando con militarizar la frontera son la última expresión de esta forma en la que desde su época como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, el presidente Trump se ha conducido con nuestro país”.
04 Abril 2018 04:00:00
El perfil de la Ley General de Comunicación Social
PRI y PVEM dieron ayer otra vuelta a las ruedas de su aplanadora legislativa, cuyas balineras insisten en engrasar con el engaño y el cinismo. En la Comisión de Gobernación, que el priísmo tiene bajo su égida, se ha aprobado a matacaballo la Ley General de Comunicación Social y la han colocado en el umbral de su aprobación total, cuando el Pleno de los 500 diputados presumiblemente la discutan y voten este jueves 5 de abril.

“Será de observancia general en todo el país y garantizará un gasto ejercido con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez”, consideró Mercedes Guillén Vicente, la diputada federal del PRI que preside dicha comisión.
La aprobación del dictamen respondió a un guión que habían previsto desde la víspera los diputados opositores al PRI y al PVEM. La citada ley regulará el párrafo octavo del artículo 134 constitucional.

Pero han acordado una ruta corta, un atajo, para que cuando llegue al Pleno, se vote con rapidez. Guillén Vicente dijo que ha solicitado a la Junta de Coordinación Política (el órgano de gobierno de la Cámara de Diputados controlada por los coordinadores parlamentarios) que se abra una mesa de análisis a la que asistan y participen únicamente los coordinadores parlamentarios “para que discutan el contenido de las posibles reservas o adiciones al proyecto, y posteriormente discutirlo en el Pleno, previa programación de la mesa directiva”.

La presidenta de la Comisión de Gobernación precisó después, en un comunicado, que, además, “enviará a la mesa directiva una copia certificada de la versión estenográfica de la reunión de trabajo, para que la remita al juzgado correspondiente, en cumplimiento de la sentencia recaída al expediente número 1359/2015 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que obliga al Congreso de la Unión a emitir una ley que regule el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución en materia de propaganda gubernamental”.

Mercedes Sebastián insistió: “También, conforme al artículo tercero transitorio del decreto de la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, y al acuerdo quinto, fracción primera numeral 2 del Acuerdo de la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos que establece el procedimiento para discutir las iniciativas con proyecto de decreto relativas a la expedición de la ley que reglamente ese precepto constitucional”.

Luego, en el comunicado, la diputada federal priísta dijo también que “el texto normativo, que consta de cinco títulos, 45 artículos y ocho transitorios, es de observancia general en el territorio nacional, para garantizar que el gasto en la materia se haga con criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, respetando los topes presupuestales, límites y condiciones que se establezcan en el Presupuesto de Egresos que expide la Cámara de Diputados anualmente”.

En su justificación en el boletín especial, la legisladora dijo que a partir de esta ley “se prevé que la Secretaría de Gobernación (Segob) informe bimestralmente a la Cámara de Diputados sobre el gasto y cumplimiento de los objetivos en materia de Comunicación Social, desglosado por dependencias y entidades”.

Sebastián Vicente continuó en su explicación en el comunicado: “Se limita el contenido de la Comunicación Social para que tenga carácter institucional y fines informativos, educativos y de orientación social, además de que deberá respetar la libertad de expresión, la diversidad social y cultural de la nación, fomentando el acceso ciudadano a la información y contribuyendo a la igualdad entre hombres y mujeres”.

La diputada federal priísta dijo que “de igual manera, se prohíben mensajes que impliquen un ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros; provoquen algún delito y perturben el orden público. También se establecen límites a la publicidad en tiempos electorales, para evitar cualquier influencia sobre las preferencias del público, por lo que solo se permitirán, en esos periodos, mensajes de Protección Civil en casos de emergencias, de servicios educativos, de salud y similares”.

Añadió que “en materia de Comunicación Social, se prevé priorizar el uso de los tiempos oficiales del estado y solo destinar recursos presupuestarios para tiempos comerciales cuando se hubieran solicitado primero los del estado, y no estuvieran disponibles en los espacios y tiempos solicitados”.

Dijo que “para la contratación de espacios comerciales, se establece que los medios de comunicación interesados se inscriban, previamente, en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación a cargo de la Segob, el cual será de acceso público, destacando que el solo empadronamiento no implica la obligación de contratación por parte de los entes públicos. Todo ello, con la finalidad de evitar un uso arbitrario de los recursos en materia de Comunicación Social”.

He aquí una reacción opositora, prolegómeno acaso de un debate que se espera candente este jueves: El diputado panista Juan Pablo Piña Kurczyn dijo que el dictamen “es una simulación para cumplir con el mandato de la Corte, y es un documento que delega todas las facultades sobre la regulación de publicidad oficial a la Segob”.

Replicó a Sebastián Vicente que, en materia sancionatoria, “es una norma que podría no aplicarse y no pasaría absolutamente nada, y tampoco precisa un tope de gasto para las secretarías del Gobierno federal y estatales en la contratación de publicidad”.

Y advirtió el panista: “Aprobar el dictamen como está puede generar censura a medios de comunicación, pues dejarle a la Segob el control del padrón de los medios, es darle la decisión para otorgar, o no, dinero público para el pago de publicidad”.

En puerta, un debate en que todos estarán en contra del PRI y PVEM.

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