×
Raymundo Riva Palacio
Raymundo Riva Palacio
ver +

" Comentar Imprimir
15 Diciembre 2017 04:09:00
Las razones del PES
En la última reunión de la Conago este miércoles, la cara del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, era la de pocos amigos. “Estaba muy enojado”, confió uno de los gobernadores que fueron al acto en el Castillo de Chapultepec. Había una explicación. Poco antes de iniciar la sesión, el Partido Encuentro Social había firmado una alianza electoral con Morena y el Partido del Trabajo, y su dirigente Eric Hugo Flores Cervantes, se había retratado, levantándole la mano, con Andrés Manuel López Obrador. Esa alianza fue interpretada en la prensa política y las redes sociales como la demostración de la molestia de Osorio Chong con el presidente Enrique Peña Nieto por haberlo hecho a un lado en la sucesión presidencial, y como una forma de cobrarle facturas. Después de todo, Encuentro Social tenía como huella de identidad, la de Osorio Chong.

El 22 de mayo de 2015 se publicaron en este espacio los orígenes sospechosos de Encuentro Social. “Las pistas se encuentran en los poderosos dirigentes que tiene en Hidalgo, que de acuerdo con periodistas experimentados en el estado, son quienes planean las estrategias y toma de decisiones nacionales desde Pachuca: Alejandro González M., secretario general del PES –el número dos en el partido– y Natividad Castrejón Valdés, el líder del partido en ese estado. González M, inicial que significa Murillo, es sobrino del exgobernador, exprocurador, exconsejero político de Peña Nieto y actualmente secretario de Desarrollo Urbano y Territorial, Jesús Murillo Karam; y Castrejón Valdés creció en Hidalgo de la mano del exgobernador y actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong”, se apuntó.

“La relación que pueda tener el PES con la Secretaría de Gobernación o si les está sirviendo de parapeto para fines ulteriores, no ha sido probada, pero los indicios de que el PES sea un nuevo partido patito, como en el pasado lo fueron el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que sirvieron como arietes contra los partidos opositores al PRI y para la simulación de un sistema autoritario como uno democrático donde existía un sistema de multipartidos, van creciendo. Aquellos partidos, ya extintos, fueron organismos paraestatales donde sus líderes cobraban favores con puestos parlamentarios. La duda entre la clase política y los señalamientos en la prensa en Hidalgo es si Flores Cervantes y el PES son la versión posmoderna de aquellos partidos.

“Las vinculaciones políticas son las que hasta el momento arrojan las dudas sobre las motivaciones de Cervantes. González Murillo no era un hombre metido en la política, sino en los negocios, particularmente en el de la construcción, con importantes contratos en el gobierno estatal de Osorio Chong. En agosto del año pasado (2014) fue nombrado secretario general del PES en el primer congreso nacional celebrado en la ciudad de México, donde también se nombró a Natividad Castrejón Valdés como presidente del partido en Hidalgo. Castrejón Valdés, que había trabajado para el PRD y el PAN en Hidalgo, se acercó al final de la administración anterior a Osorio Chong, quien cuando llegó a la Secretaría de Gobernación lo nombró su coordinador de audiencias y un enlace informal con los estados. Regresó a Pachuca para hacerse cargo del partido, con el apoyo del secretario general David Cárdenas, quien durante el gobierno de Osorio Chong, dirigió el Sistema Hidalguense de Radio y Televisión”.

Nadie desmintió oficialmente aquella columna, y gradualmente se fue confirmando la relación orgánica de Encuentro Social, cuya principal base electoral son los cristianos, con Osorio Chong. Una de las iniciativas más abiertas se dio con el intento de reclutamiento de Cuauhtémoc Blanco, el alcalde de Cuernavaca, para que compitiera bajo su bandera en las elecciones para gobernador en Morelos. Esa iniciativa fue interpretada por el gobernador Graco Ramírez, como un intento abierto del secretario de Gobernación para intervenir en las elecciones del próximo año en ese estado. Previamente, ese partido que nació en 2015, fue en alianza con el PRI en varias elecciones estatales, la más importante en el estado de México, donde sus votos, más los del Partido Verde y Nueva Alianza, le dieron la victoria a Alfredo del Mazo, quien con los votos del PRI no alcanzaba el triunfo.

Pero la relación estrecha de Encuentro Social con Osorio Chong no se trasladó mecánicamente a la alianza con López Obrador. De hecho, la razón por la que Encuentro Social se salió del establo del PRI, fue porque los mensajes que llevó el secretario de Gobernación a Los Pinos sobre las intenciones del partido para 2018, fueron tratadas con desdén. El mensaje central es que Encuentro Social quería lanzar como su candidato a la Presidencia al popular actor y productor Eduardo Verástegui, quien por razones de su trabajo mantiene una buena relación con la Primera Dama, Angélica Rivera. Sin embargo, la respuesta del presidente Peña Nieto, respaldada por la opinión de su consejero político, Aurelio Nuño, coordinador de la campaña de José Antonio Meade, fue que no presentara candidatura alguna.

Flores Cervantes ya había hablado de la posibilidad de llevar a Margarita Zavala como su candidata a la Presidencia, y al ver que podrían obtener entre 8 y 10% del voto, se lo propusieron. Pero Zavala prefirió buscar una candidatura independiente. La frustración del líder de Encuentro Social se profundizó cuando después de la victoria en el estado de México, los acuerdos a los que había llegado en la Secretaría de Gobernación por haber participado en la alianza, nunca se cumplieron. La mala respuesta que recibieron de Los Pinos, lo llevó a acercarse a López Obrador.

Con 3.2% del voto en las últimas elecciones federales y ante la posibilidad de que la elección presidencial en 2018 esté muy cerrada, ese porcentaje puede ser la diferencia entre ganar y perder.
14 Diciembre 2017 04:08:00
Andrés Manuel en el cielo
Las precampañas presidenciales arrancan este jueves con un escenario de altas expectativas para un solo candidato, Andrés Manuel López Obrador. El pensamiento convencional es que en 2006 y en 2012 también arrancó con buenas posibilidades de victoria, y que incluso hace 12 años, tenía una ventaja de 20 puntos sobre el segundo lugar. Un contraargumento simple es que si bien en aquellas dos elecciones presidenciales López Obrador representaba la posibilidad de cambio, en esta ocasión esa esperanza ya está asimilada por el electorado, que no la ve como un atributo suficiente para marcar una diferencia.

Pero ante ello, sostienen expertos en opinión pública que han trabajado para el PRI y el PAN –pero nunca para Morena o López Obrador–, a partir de los análisis realizados en las redes sociales, el hábitat de cerca del 30% del electorado que votará por primera vez, lo que esperan en 2018 no es una elección competida, como sugiere la última encuesta pública de preferencias electorales divulgada por Consulta Mitofsky, sino que se abra tanto, que el tres veces candidato presidencial podría ganar por una diferencia de 10 puntos –aproximadamente cinco millones de votos.

Según la encuesta, si bien la coalición Por México al Frente supera por cinco décimas de punto a Morena en preferencia por partido, y por 1.7% al PRI, en inclinación por candidato López Obrador alcanzó el 23% de las preferencias, seguido de Ricardo Anaya, por la alianza, con 20%, y José Antonio Meade del PRI, con 19.4 por ciento. El estudio de Consulta Mitofsky muestra una competencia muy cerrada, que no es como la ven otras casas encuestadoras. Buendía y Laredo difundió la semana pasada su propia medición, donde Morena empata con la coalición en 27%, quienes relegan al PRI ocho puntos abajo. A nivel de candidatos, López Obrador supera por nueve puntos a Anaya y está arriba de Meade por 15. Una tercera encuesta, publicada por Reforma el 30 de noviembre, le dio al morenista una ventaja de 14 puntos porcentuales sobre sus adversarios, que los mostró empatados con 16% del voto.

Las mediciones han mantenido prácticamente la misma metodología en los tres últimos procesos presidenciales, pero no deben ser analizadas analógicamente. En 2006 y 2012 el impacto de las redes sociales en el ánimo y humor del electorado o no existía, o estaba limitado. Es verdad que hasta ahora, el malestar de un electorado beligerante e inconforme que se aprecia en las redes sociales, no ha podido trasladarse al voto, aunque lo más cercano a lograr ese objetivo lo hizo Morena en la reciente elección para Gobernador en el Estado de México. Los asesores de la candidata Delfina Gómez confiaban en que la irritación política en las redes anticipaba una ventaja de 10 puntos sobre el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, lo que no se
concretó.

Habría que revisar con datos y evidencia empírica lo que provocaron, o dejaron de provocar, las campañas sucias contra Gómez, para poder alcanzar conclusiones preliminares. Filtraciones del PRI y del Gobierno federal a la prensa restaron legitimidad a López Obrador, mediante una serie de videos donde estaba Eva Cadena, una candidata a un municipio veracruzano, que recibía medio millón de pesos supuestamente para las campañas de Morena. Paralelamente se difundieron señalamientos sobre un presunto mal uso de recursos públicos en contra de los trabajadores de Texcoco, cuando Gómez era presidenta municipal. Las dos campañas frenaron el crecimiento de Gómez, suficiente para que Del Mazo, con la ayuda de los partidos que respaldaron al PRI, ganara la elección. Sin embargo, en el tú-a-tú, perdió ante Gómez por 56 mil votos. Es decir, perdió el partido en el poder, pero ganó su candidato, con casi un millón y medio de votos menos de los que obtuvo Eruviel Ávila seis años antes.

La pradera incendiada en las redes sociales contra el PRI no alcanzó a darle la vuelta a la elección en las urnas, pero el resultado permite argumentar sobre un cambio tangible en los procesos electorales directamente relacionados con el mundo virtual. Las altas expectativas que le dan los expertos en opinión pública a López Obrador, retoman los análisis de comportamiento político en las redes sociales donde se ve la discusión incendiaria, tumultuosa y descalificadora en Twitter, pero también el enfado en Facebook con lo establecido y la exigencia de un cambio. Facebook es el microcosmos del electorado switcher, que puede ir hacia un lado o hacia otro, mientras que Twitter permite trabajar sobre la hipótesis que ese switcher está definido, en este momento, por López Obrador.

El llamado al cambio sí se ha venido reflejando en las encuestas, donde la mayoría de los mexicanos –entre 55 y 85%– dicen que nunca votarían por el PRI. Los ataques del Gobierno contra Anaya han radicalizado su discurso y lo ha acercado, en beligerancia, a López Obrador. Sin embargo, no es antisistémico como el tabasqueño. Anaya es visto por estrategas del PRI como el candidato más vulnerable, lo que está por verse. Pero aun si así fuera, la mayor parte de quien votaría por él prefiere, como segunda opción, a López Obrador. Igual pasa con los independientes. Si no es por “El Bronco” o Margarita Zavala, la alternativa mayoritaria es por López Obrador.

Lo que se plantea en este texto está lejos de ser una verdad absoluta o un pronóstico de lo que sucederá el próximo verano en las urnas. Son meramente las condiciones objetivas con las que arrancan las precampañas presidenciales, en vísperas de un año que sí se anticipa muy caliente.
13 Diciembre 2017 04:08:00
El Frente: el escorpión
Una de las fábulas más célebres atribuidas a Esopo es la del escorpión y la rana, donde el batracio ayuda al depredador a cruzar el río y ve materializados sus dudas y temores cuando, a la mitad del camino, le cruza su venenoso aguijón. Las fábulas tienen una finalidad didáctica ética y universal, que llega a una expresión sublime cuando la rana que le pregunta por qué ha podido hacer algo así, ya que morirán los dos ahogados. “No he tenido elección”, dice el escorpión, en una de las frases más citadas a los largo de los siglos, “es mi naturaleza”. Es la moraleja de cómo hay quienes sacan su maldad sin importarles las consecuencias, incluso dañándose a sí mismos, que se puede aplicar mecánicamente a Ricardo Anaya, el autoproclamado candidato de una coalición armada a su gusto y necesidades. Pocos como él simbolizan mejor las ambiciones sin escrúpulos.

Anaya presionó y chantajeó a un grupo de dirigentes del PRD que, mermado su peso electoral en los últimos años, se enfrentaron a la disyuntiva de, o aceptaban las condiciones del exlíder del PAN para ungirlo como candidato de un frente ciudadano que se rebautizó como Por México al Frente, o quedaban expuestos a que Andrés Manuel López Obrador, quien los ha descalificado de manera sistemática por aventureros oportunistas, les chupara cuadros, militantes y votos sin que pudieran hacer nada por impedirlo. Los líderes perredistas no lo admiten abiertamente, pero carecen de argumentos objetivos para refutar que su destino, sin el Frente y sin el PAN, significaba la muerte como partido. Esa dirigencia está transformando a la izquierda reformista mexicana en el Partido Verde del PAN, utilitario y desechable en el momento que sea un lastre.

El escorpión está montado sobre la rana amarilla cruzando el río hacia la contienda presidencial. ¿Cuánto tardará en traicionarlos? Ya lo verán e irán comprobando si así sucede, concede Héctor Serrano, líder de Vanguardia Progresista, una de las corrientes del PRD, y la más cercana al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, a quien no le dieron la oportunidad, si pudiera llamarse así, de que Anaya lo traicionara. Ellos hicieron el trabajo sucio, sin que Anaya se manchara las manos. El precandidato del PAN, y del PRD y el Movimiento Ciudadano, se ocupará de ellos en el futuro, si fuera necesario. ¿Cómo se puede afirmar con tal contundencia tal escenario? Porque, como le dijo el escorpión a la rana, está en su naturaleza.

Hace 13 meses se describió en este espacio la forma como Anaya ha traicionado sistemáticamente a quien le ha ayudado. Lleva alrededor de 15 años haciéndolo y sería ingenuo pensar que no se repetirá. El domingo, al anunciar que buscaría la Presidencia, comenzó a picar a los suyos. Anaya disparó sus dardos envenenados contra los dos expresidentes panistas. Sobre Vicente Fox, expresó: “En el 2000, cuando ganó Vicente Fox, muchos soñamos con que la derrota del PRI traería todos los cambios anhelados. Pero seamos francos y hagamos autocrítica de esta circunstancia: no cambiamos el régimen. Un ejemplo que pinta de cuerpo entero es el Pemexgate”. 

El Gobierno de Fox investigó el desvío de más de 500 millones de pesos de Pemex a la campaña de Francisco Labastida y 2 años después de comenzar la averiguación, la concluyó sin procesar a nadie. El Instituto Federal Electoral –hoy Instituto Nacional Electoral– multó al PRI con mil millones de pesos por no haber reportado esos gastos. “Al líder del sindicato petrolero no se le tocó ni con el pétalo de una rosa”, añadió Anaya, “y ese sistema corporativo y clientelar del PRI permaneció prácticamente intacto”. No lo dijo el precandidato, pero en esa elección también se investigó a la organización privada Amigos de Fox, a la que el IFE documentó al menos 46 millones de pesos de financiamiento ilícito en la campaña presidencial. Tuvo menos consecuencias que el Pemexgate porque el Gobierno panista, donde el principal asesor de Anaya, Santiago Creel, era secretario de Gobernación, se negó a aportar la documentación solicitada. Un diputado priista denunció en su momento las irregularidades. Ese diputado estuvo el domingo codo a codo con Anaya, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes.

Anaya fue selectivo en la crítica contra Fox, al igual que la que enderezó contra Felipe Calderón. “No cambiamos las estructuras clientelares y corporativas del PRI, y quedó intacto el pacto de impunidad”, dijo. “Se le entregó a Elba Esther Gordillo el control de la educación básica en nuestro país, nombrando a su yerno subsecretario de Educación Básica”. Es cierto, sólo que habría que recordar algo: el subsecretario respondía a las órdenes de la secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, a quien apoyó como candidata al Gobierno del Estado de México, y él mismo fue subsecretario de Turismo en la administración de Calderón. Y el gobernador Yunes formaba parte orgánica de esa estructura clientelar que tanto denostó el domingo. 

El precandidato es el escorpión que está matando a la rana, su rana. Comenzó su campaña presidencial el domingo mordiendo la mano que le dio de comer durante años, el panismo en Los Pinos. Nada nuevo. Ese es Anaya, descrito por uno de los interlocutores que ha tenido a lo largo de los 2 últimos años como un político “muy inteligente, valiente, pero pragmático y sin escrúpulos”. Picar a la mitad del río es una apuesta osada, incluso para quien, hasta ahora, se ha salido con la suya.
12 Diciembre 2017 04:07:00
El Frente: la propuesta a Mancera
Miguel Ángel Mancera pensaba renunciar este fin de semana pasado tras entregar la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Estaba listo para que lo sustituyera Patricia Mercado, secretaria general de Gobierno, mientras se presentaba la terna a la Asamblea legislativa y el secretario de Desarrollo Social, José Ramón Amieva, asumiera el cargo. La Conago pospuso su reunión para el miércoles porque el presidente Enrique Peña Nieto, quien presidirá el encuentro, viajaba a una cumbre climática de líderes en París. Le iba a dar más tiempo a Mancera para seguir forzando un método abierto para definir la candidatura presidencial del Frente Ciudadano, pero cuando los partidos de la coalición fueron el viernes al Instituto Nacional Electoral a registrarla, ya lo habían decidido. La candidatura presidencial, por consenso, sería para el PAN. “No se quiso arriesgar el PRD”, dijo un cercano a Mancera. “No se la rifó”.

La tarde del viernes todo estaba consumado. Mancera, que le encargó a Alejandra Barrales, líder del PRD, la negociación del Frente y le depositó toda su confianza, lo hizo públicamente a un lado el sábado –en privado, se había deslindado de él hace tres semanas– y señaló que podría coordinar la campaña presidencial de Ricardo Anaya. Segunda humillación para Mancera en menos de una semana. Primero, el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dijo que podría ser coordinador de la bancada frentista en el Senado; luego Barrales, el remate. Mancera rechazó las dos propuestas y dijo que se quedaría al frente del Gobierno de la Ciudad de México. Quizás, sin embargo, fue prematuro el anuncio; probablemente empujado más por emociones que por razones.

Dentro del equipo de Anaya quieren a Mancera para otra función: jefe de Gabinete en la Presidencia del panista. Esta posición no existe todavía, pero es parte de lo planteado dentro de la coalición. Los documentos de la coalición no han sido dados a conocer públicamente, pero establecen la repartición de posiciones electorales, redondeadas, con el 49% para el PAN, el 33% para el PRD y el 17% para Movimiento Ciudadano. La coalición va más allá. Incluye los fundamentos para un Gobierno realmente de coalición, donde haya equilibrios y posiciones de Estado conjuntas. Todo el Gabinete tendría que ser sometido a aprobación del Senado, para evitar complicidades y amiguismos, y se crearía la jefatura de Gabinete, en la forma de una Secretaría de la Presidencia.

La jefatura de Gabinete es la forma como se define en la Casa Blanca, por ejemplo, al número dos en la Presidencia, que maneja toda la operación interna –que incluye la seguridad nacional, el presupuesto, las negociaciones comerciales internacionales y la comunicación–, la agenda del Presidente, a quién ve y a quién no, articula al Gabinete y lleva a cabo las negociaciones políticas más delicadas con el Capitolio y los gobernadores. En países como Francia, Canadá o la Unión Europea, el jefe de Gabinete es el principal colaborador político del presidente o el primer ministro, por encima de todos los miembros del Gabinete y considerado, como en Estados Unidos, el poder detrás del trono. 

Uno de los principales asesores de Anaya dijo que para el léxico político mexicano, la jefatura de Gabinete puede ser exógena, pero que ya existió en el organigrama de Los Pinos una figura idéntica, la de secretario de la Presidencia, que tuvieron en sus manos poderosos políticos como Emilio Martínez Manatou y Hugo Cervantes del Río durante el gobierno de Luis Echeverría. La diferencia sustancial en la actualidad es que esa jefatura de Gabinete o Secretaría de la Presidencia tendría una función no sólo más política y ejecutiva, sino que sería el equilibrio con la Presidencia, al pertenecer a diferentes corrientes políticas dentro de una coalición. “Es más similar a la de un sistema semiparlamentario”, explicó uno de los arquitectos del modelo, señalando a Francia como modelo, donde el Presidente y el primer ministro suelen ser de diferente partido.

La propuesta no ha sido hecha formalmente a Mancera, quien ha visto desfilar por su escritorio otras posibilidades, particularmente la de ser fiscal general. En el equipo de Anaya no ven mal esa posibilidad y apoyarían su nominación en el Senado, pero cercanos al jefe de Gobierno decían todavía la semana pasada que no estaba convencido de que esa fuera una salida política para él en caso de que se frustrara la candidatura presidencial. Mancera, de cualquier forma, desechó cualquier posibilidad, en principio, el sábado, al anunciar que permanecería al frente del Gobierno de la Ciudad de México.

El anuncio pareció anticlimático pero, sobre todo, apresurado. Atajó especulaciones y frenó presiones internas dentro del Gobierno, pero no dejó abiertas sus posibilidades. El capital político de Mancera al aceptar lo que acordaron los partidos, aunque no le guste en lo personal, se vio fortalecido interna y públicamente, lo que le permitiría negociar con el Frente por México una integración orgánica, que falta les va a hacer. El acuerdo de coalición que entregaron al Instituto Nacional Electoral es un pacto cupular que todavía tiene que amarrarse hacia abajo, con los militantes de cada uno de los partidos, y con los ciudadanos.

Mancera puede jugar un papel importante en el campo de los ciudadanos y como puente entre sectores partidistas que no están de acuerdo con la coalición. Él siempre fue un creyente del Frente Ciudadano y no tendría por qué decidir de manera individual su exclusión por el hecho de no haber sido nominado candidato a la Presidencia, ya sea como eventual jefe de Gabinete, o en otra posición.
11 Diciembre 2017 04:00:00
El Frente: los pactos secretos
Nadie sabe realmente para quién trabaja. El 26 de octubre del año pasado se dio a conocer en este espacio la negociación entre el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, para materializar una vieja idea del veracruzano, la creación de un cuarto polo de cara a las elecciones de 2018. Un año después, Delgado lo traicionó y se alió con el dirigente del PAN, Ricardo Anaya, para empujarlo a la candidatura presidencial de una coalición de oposición, que se formalizó este viernes como Frente por México. Lo paradójico de todo es que no fue una vindicta natural la de Delgado, sino resultado de la construcción de una serie de condiciones que llevaron a decisiones pragmáticas, incluido al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que estuvo involucrado en varios momentos del fortalecimiento de la coalición.

Durante más de seis meses, Anaya se convirtió en el enemigo declarado número uno del Gobierno federal, impulsado por la molestia del presidente Peña Nieto quien había pactado con el líder del PAN un proceso electoral en el Estado de México donde se unieran contra Morena, y sintió que lo había engañado cuando comenzó a criticar a los priistas de corruptos y hacerlos los principales enemigos a vencer. A través de El Universal, buscaron aniquilarlo con revelaciones sobre el oscuro crecimiento de su fortuna familiar, a lo que Anaya se creció y respondió con denuncias sistemáticas de la injerencia directa del Gobierno. No lo pudieron liquidar políticamente y lo fortalecieron, aunque en ese momento no era suficiente para que alcanzara la candidatura presidencial del Frente, que deseaba también Mancera.

La campaña contra Anaya desde el Gobierno federal se fue desvaneciendo de manera misteriosa. “Estamos esperando algo muy fuerte”, dijo uno de sus principales asesores. “Nos lo vienen anunciando en la prensa”. Nunca llegó esa nueva bomba porque, en otra de las paradojas de la construcción de la candidatura presidencial de Anaya, un par de aliados inopinados cambiaron el rumbo del Frente. Fueron la senadora Dolores Padierna y su exesposo René Bejarano, líderes de Izquierda Democrática Nacional, una de las corrientes históricas y poderosas del PRD, los detonantes de lo que hoy se vive.

A principio de septiembre renunciaron al partido en el que militaron por 28 años en protesta por la alianza con el PAN, anunciada en mayo por Anaya y la líder del PRD, Alejandra Barrales, para formar un frente amplio opositor en 2018. Desde agosto habían amagado con irse, pero dentro del PRD no hubo los reflejos necesarios para evitar su renuncia. La salida de ellos dos hacia el campo de Andrés Manuel López Obrador en Morena, debilitó al PRD como una opción real de poder, con lo cual se detuvo la campaña contra Anaya desde el Gobierno, y se inició una negociación secreta con Delgado.

A través del Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, Delgado habló con el presidente Peña Nieto en Los Pinos y sostuvo un diálogo continuo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El propósito era uno. Movimiento Ciudadano, que coqueteaba con el Frente y Morena, no podía sumarse a López Obrador. Lo apoyarían en Jalisco, donde el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, parece ir caminando sobre nubes hacia la Gubernatura el próximo año, a cambio de permanecer en el Frente. Para ampliar la convergencia de partidos en el Frente, Anaya buscó a principios de octubre a Luis Castro, líder de Nueva Alianza, para proponerle que se uniera a la coalición. Lo que Castro pedía a cambio era un número proporcionalmente igual de posiciones que las de Movimiento Ciudadano. En automático, Castro se volvió un estorbo para Delgado, el político más sagaz dentro del Frente. Si se unía Nueva Alianza, perdería posiciones, poder y presupuesto.

La propuesta de Castro se dejó pudrir, hasta que 50 días después de haberla presentado, el líder de Nueva Alianza retiró la posibilidad de unirse al Frente. Para entonces, Anaya y Delgado ya habían forjado un pacto al margen de Mancera. La primera señal pública de ello la reveló el jefe de Gobierno en un foro político convocado por El Financiero en la última semana de noviembre, en el inicio de su sprint final para que la selección del candidato presidencial del Frente no fuera, como lo llamó, una “imposición”. Para ese momento, se puede ver hoy con mayor claridad, era demasiado tarde. El PAN no cedía para que le quitaran la candidatura presidencial a ese partido, y el PRD no tenía opciones. “Aceptaré lo que los partidos decían”, dijo Mancera.

La salida de Padierna y Bejarano volvió al PRD rehén del PAN. Con Movimiento Ciudadano amarrado con el Gobierno y el PAN en el Frente, el PRD se quedó sin alternativa: o firmaba la coalición, con lo cual obtendría posiciones de gobierno y legislativas en 2018 para repartir entre sus militantes, o sin ser una opción de poder real, colapsaría con la diáspora hacia Morena. Sacrificar a Mancera fue una decisión pragmática, tras una gestión débil de Barrales para sostener al partido en una posición de fuerza dentro de las negociaciones del Frente. Tampoco, es cierto, el PRD daba para más.

Mancera fue humillado la semana pasada por Delgado, quien anticipando lo que vendría días después, repartió candidaturas y dijo que Mancera podría coordinar al Frente en el Senado. Esto no es, sin embargo, lo que realmente quisieran para él.
08 Diciembre 2017 04:08:00
El riesgo (real) de Meade
Algo muy bueno hay que decir del presidente Enrique Peña Nieto: desde la victoria del PRI en la Gubernatura del Estado de México, reposicionó a su partido como un contendiente real para las elecciones presidenciales de 2018. Esto, sin embargo, en el imaginario de la clase empresarial y la prensa política, porque entre el resto del electorado, el PRI y su precandidato José Antonio Meade, bañados por el confeti vertido sobre la escena pública adornando la coreografía excelsa que hizo Peña Nieto para sacar como abanderado del partido en el poder a quien deseaba, sin necesidad de cesárea, sigue donde estaba antes de toda la parafernalia litúrgica tricolor: en tercer lugar de las preferencias electorales por partido, con el rival a vencer, Andrés Manuel López Obrador superando Meade dos a uno, y con la mayoría de los ciudadanos que dicen que por el PRI jamás votarían.

El periódico El Universal, que el miércoles publicó la última encuesta de Buendía y Laredo, donde reflejaba que el llamado bound convention, que es la burbuja que sube cuando se nomina a un candidato o candidata, no había dado los resultados obtenidos, publicó el jueves el antídoto del PRI. Según un informe del equipo de Meade que citó, la tendencia en el voto, en una combinación –cuya fórmula no menciona ni explica el periódico– de conocimiento de nombre y porcentaje de voto actual, le va a permitir al precandidato del PRI superar a López Obrador en la elección presidencial. La medición demoscópica vis-a-vis la interpretación de la misma en la primera plana de uno de los diarios de mayor impacto en el país sólo llevan a la confusión. Pero después de todo, de eso se trata. La pregunta es si a río revuelto, la ganancia será del pescador que gane la opinión pública.

La respuesta inmediata es que no será así. Un análisis cuantitativo que realizó la edición impresa de Eje Central de los 35 últimos años de comportamiento electoral del PRI, refleja que el desgaste de décadas de gobierno del PRI ha cobrado su cuota. En 1985, a la mitad del sexenio del presidente Miguel de la Madrid, cuando se dio el cese masivo de decenas de miles de burócratas, el PRI gobernaba a 11 millones 575 mexicanos, que representaban al 64.8% de los electores. En 2015, a mitad del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el PRI gobernaba a 11 millones 683 mil mexicanos, pero que ante el crecimiento poblacional representaban al 30.6% del padrón electoral.

Aun con un PRI hegemónico, el partido en el poder fue perdiendo votación nacional: gobernó al 50.3% en 1988 y 6 años después, en el turbulento 1994, había bajado al 48.6 por ciento. Pero, además, ahí comenzó su caída de casi 45 grados.

En 2000 perdió la elección presidencial, y se repitió la derrota en 2006, cuando el candidato presidencial, Roberto Madrazo, tiró al mínimo histórico la votación tricolor: 22.2% del electorado, que representaba a 9 millones 301 mil mexicanos. Recuperaron el poder en 2012, cuando Peña Nieto alcanzó el 29.8% de la votación, con 14 millones 409 mil votos. La estabilidad entre 2012 y 2015 en número de votos no corresponde con la pérdida de estados con alta densidad de población. Actualmente, en los seis estados donde se concentra poco más del 50% de los electores, sólo gobierna en el Estado de México y Jalisco, donde todas las mediciones electorales indican que Movimiento Ciudadano ganará la Gubernatura. De esas seis entidades, en cinco habrá elecciones concurrentes para gobernador, y la tendencia de voto es que en todas irán contra el PRI. Vistos los números de manera muy fría, los momios no favorecen a Meade.

Hay un factor adicional que tampoco se puede soslayar, la cohesión del partido en torno a su candidato. En 2000 fue un diferendo dentro de la campaña presidencial de Francisco Labastida que lo hizo perder una ventaja de 20 puntos sobre Vicente Fox al arrancar el proceso. En 2006, se dio la ruptura del partido cuando Roberto Madrazo construyó desde la dirigencia su candidatura y provocó la traición de los gobernadores. En 2012 no hubo ese rompimiento porque, pese a una chicanada en el manejo de la convocatoria para el registro de la candidatura presidencial para hacer de lado a Manlio Fabio Beltrones, el entonces senador reclamó y se enfrentó al líder nacional del PRI, Humberto Moreira, pero respaldó a quien había beneficiado, Peña Nieto. La diferencia entre todas aquellas candidaturas y la de Meade es una, grande y profunda: todos ellos eran priistas; el actual precandidato es apartidista.

En este mismo espacio se describió el jueves cómo un nuevo grupo de poder se había incrustado en el corazón político de Peña Nieto, que perfilaba una lucha soterrada dentro del PRI en contra de esta nueva generación de políticos que buscaba hacerse del poder con la bandera tricolor. En 1988 se dio un fenómeno parecido con el arribo de Carlos Salinas a la Presidencia, que generó la reacción del viejo PRI que definió como la nomenklatura, que emergió en el fatídico 1994. El grupo compacto de Salinas se fracturó y Ernesto Zedillo, que nunca apoyó la campaña de Labastida, entregó la banda presidencial a Fox. La candidatura de Salinas rompió los equilibrios dentro del PRI, que nunca acabaron de restablecerse. Con Meade hay un déjà vu, con la creencia de Peña Nieto de que no habrá traiciones dentro del PRI contra su candidato, ni lucharán para que la derrota de él, sea también la del Presidente.
07 Diciembre 2017 04:08:00
El nuevo grupo de poder
El nuevo ajuste de gabinete dado a conocer en Los Pinos, va más allá de preparar la campaña presidencial. Es el segundo relevo donde la influencia de la dupla de Luis Videgaray, el todavía muy poderoso secretario de Relaciones Exteriores, y José Antonio Meade, el virtual candidato del PRI a la Presidencia, mostró lo que desde el último tramo del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto empezaron a construir: el nuevo grupo de poder dentro del partido en el Gobierno, tecnócrata, mayoritariamente apartidista, y con clara inclinación a despojarse de los históricos lastres tricolores y las manchas de corrupción. Peña Nieto no tuvo que esperar al resultado de la elección presidencial para ver el relevo del mando, y por una muy probable decisión propia, está entregando el poder de facto a este nuevo grupo.

La primera decisión en esta dirección se dio con el relevo en la Secretaría de Hacienda, donde José Luis González Anaya, economista muy respetado por Videgaray y Meade, asumió el cargo que dejó su amigo. Las dos siguientes son las de Aurelio Nuño, que entró al corazón del Gobierno peñista por la puerta de Videgaray, quien renunció a la Secretaría de Educación para ser el coordinador de la campaña de Meade, como enlace con el estratega en jefe de la contienda presidencial, Peña Nieto, y la candidatura de Mikel Arriola, quien renuncia este jueves como director del Seguro Social, al Gobierno de la Ciudad de México. “Van por todo”, dijo uno de los políticos más experimentados en este país.

Ese grupo se formó en los años del ITAM, y sólo existe analogía con el equipo compacto que formaron en la Facultad de Economía en la UNAM los compañeros de salón en un proyecto piloto para estudiantes avanzados, que por sus características socioeconómicas llamaban “Los Toficos”, por los chiclosos que en sus comerciales remataban con la frase “¡uy qué ricos!”, que encabezaban Carlos Salinas, Manuel Camacho y Emilio Lozoya Thalman –padre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin–. Ellos tres se comprometieron a luchar por la Presidencia para uno de ellos. No se conoce pacto similar entre Videgaray y Meade, pero el respaldo recíproco en diferentes momentos ha sido de apoyo, protección y comportamiento de equipo, como el del trío de antaño.

La tríada puma llegó al poder y se rodeó de una generación de economistas de primer nivel, que al ser complementado por algunas figuras políticas en el gabinete –Fernando Gutiérrez Barrios en Gobernación; Carlos Hank González, en Agricultura; Arsenio Farrell en Trabajo, y Fernando Solana en Relaciones Exteriores–, se le llegó a considerar, como describió el semanario londinense The Economist, un dream team. El de Peña Nieto ha quedado muy lejos de ser algo parecido, pero fuera del gabinete civil de seguridad y algunas posiciones para mexiquenses, el equipo para gobernar lo decidió Videgaray con el Presidente. 

Lo que está siendo diferente es que el equipo compacto durante el salinismo rompió desde la Presidencia lo que describió Luis González y González en La Ronda de las Generaciones, un grupo obtenía el poder a costa del otro, sabiendo este que al siguiente Gobierno volvería a adquirir fuerza y poder, y ahora se está haciendo lo mismo un año antes de que termine la administración peñista. Los cambios que se han dado en el gabinete y los que vienen en camino, como el relevo de Gerardo Ruiz Esparza en Comunicaciones por el exsubsecretario de Meade, Sergio Alcocer, y el nombramiento de Vanessa Rubio, que acompañó a Meade por tres secretarías en este gobierno y se convirtió en una pieza funcional e incondicional de él, como secretaria de Desarrollo Social en sustitución del compadre del Presidente, Luis Miranda, no son de manufactura químicamente peñista. Incluso en el reciente pasado, cuando Peña Nieto le dijo a Meade que tenía que dejar Desarrollo Social para irse a Hacienda y el secretario le propuso como relevo a Rubio, le respondió que si era tan buena como decía, falta le haría en el nuevo encargo. Las cosas ahora son diferentes.

La implantación de un nuevo grupo de poder no se nota entre la opinión pública, pero dentro del Gobierno y del PRI se siente que es un proceso tan acelerado como brutal. “No está gustando”, dijo un secretario de Estado que no pertenece al equipo tecnócrata, “que el candidato sea apartidista y que al hablar sobre Mikel se resalte que también es apartidista. No se siente bien”. Otros priistas comentaron con cierta molestia  que el código de vestimenta para el mitin del domingo en el PRI para el registro de Meade como candidato, subrayaba que fuera casual y de saco, contraviniendo la ropa que por años fue como respirar, la chamarra roja.

Despojar de una manera tan acelerada al PRI del PRI se está sintiendo como si el partido fuera lo que el año pasado su exlíder Manlio Fabio Beltrones llamó un “taxi” para candidaturas que recogieron delincuentes. Lo que se percibe es más grave que lo advertido. Toda una estructura puesta al servicio de no apartidistas, para un nuevo grupo que, de mantener el poder, probablemente lo primero que haga es deshacerse de los remanentes tricolores. Todo esto tiene que ver con un punto de alta relevancia: la cohesión en el partido. Si unidos la contienda es cuesta arriba, desunidos, 2006 será una broma comparada con 2018. Las fisuras en el PRI ante el advenimiento de este grupo ya están y podrán convertirse rápidamente en fracturas.
06 Diciembre 2017 04:08:00
El error de López Obrador
Si quería captar la atención de la respetable opinión pública y la sociedad política, Andrés Manuel López Obrador lo logró con creces, aunque negativamente, por su declaración de que analizaría darle amnistía a los líderes de los cárteles de las drogas a cambio de regresar la paz a las calles mexicanas. No ha habido nadie con autoridad moral o representatividad, salvo la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, que haya salido a defender o explicar las razones de López Obrador. Tampoco él tuvo los reflejos para enfrentar y salir de la avalancha que le cayó encima. En su propio portal no se registró la declaración que hizo el sábado en Guerrero, donde adelantó la propuesta que tanto daño le está causando. La errata comenzó a ser reconocida en casa, pero orgulloso, no la admite todavía.

Si quería López Obrador confrontarse con todos, comenzar a ser criticado por el simplismo de su propuesta y mofa en las redes sociales –donde circuló desde el lunes al mediodía un meme de Joaquín “El Chapo” Guzmán con la leyenda de campaña, “estaría mejor con López Obrador”–, este fue el mejor camino. Si quería seguir agraviando a las Fuerzas Armadas, fue el atajo más rápido. El Gobierno no puede pactar con la delincuencia organizada, dijo el secretario de la Marina, el almirante Vidal Soberón, porque sería convertir al Estado en parte de la delincuencia organizada. ¿Habrá pensado López Obrador que su propuesta convertiría a su eventual gobierno en un delincuente?

López Obrador necesita corregir rápidamente su dicho y rechazar esa propuesta. Su autoridad moral como líder depende de ello y no puede refugiarse en su base electoral, que es incondicional y a la que no le importa estar dentro de la ley o en la ilegalidad, o que sus dichos y ocurrencias le causen daño político a aspiraciones presidenciales, o lo descalifiquen como un aventurero que no entiende la complejidad de los temas de fondo. No puede jugar con su gradería que, en dos elecciones presidenciales, ha mostrado ser insuficiente para llegar al poder.

Desde el lunes varios analistas nos han mostrado lo inútil que ha sido esta medida en experiencias internacionales. Tiene una doméstica, emprendida por el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en Michoacán, donde en 2013, con la finalidad de liquidar a Los Caballeros Templarios, armó grupos paramilitares denominados grupos de autodefensa civil con protección del Ejército y la Policía Federal, inspirados e infiltrados por los cárteles Jalisco Nueva Generación y de los hermanos Beltrán Leyva. Esas acciones representan el elemento más vulnerable que tiene el presidente Peña Nieto para que pueda ser llevado a cortes internacionales acusado de genocidio. ¿Qué nadie le explicó a López Obrador aquél episodio que consideraría repetir, a nivel nacional, de ser presidente?

Una línea de discusión en los medios comenzó, en cambio, a socializarse. Si López Obrador plantea la amnistía para los líderes de los cárteles de las drogas, ¿no está buscando también financiamiento del narcotráfico para su campaña presidencial? Cercanos a López Obrador aseguran que es un disparate, pero al igual que las técnicas que él maneja, las percepciones se van construyendo hasta convertirlas en realidad. Para que una percepción cobre legitimidad –que no es lo mismo que legalidad o certeza–, debe haber elementos que la alimenten. López Obrador los tiene. Recientemente en Guerrero, donde hizo esa declaración, nombró como su coordinador de campaña al exalcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, de quien se escribió en este espacio en febrero de 2007:

“¿Qué tanto se metió el alcalde de Acapulco con los carteles de las drogas? No hay acusaciones contra él a nivel federal, ni averiguación previa en marcha. Sí se tiene indicios en el Gobierno federal de que hubo dinero del narco en la campaña de Salgado Macedonio, de los dos cáteles que se disputan Acapulco, el de Sinaloa y el del Golfo, que encabezan los hermanos Betrán Leyva y su socio Joaquín “El Chapo” Guzmán, y el recientemente extraditado a Estados Unidos, Osiel Cárdenas”.

Los nexos oscuros de López Obrador en Guerrero no le ayudan en absoluto. En 2006, Salgado Macedonio acumulaba 20 amenazas de muerte con vida y había bajado cerca de 30 kilos de peso por las angustias. Salvó su vida por la protección federal y porque los cárteles comenzaron su guerra de unos contra otros. Otro asociado a López Obrador en Guerrero es Lázaro Masón, que fue secretario de Salud en el gobierno de Ángel Heladio Aguirre, quien lo separó después de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa por su relación con el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a quien presentó a López Obrador para que lo apoyara en su carrera política. Abarca está preso por aquél crimen, y se han ido recopilando evidencias que lo vinculan directamente con aquella desaparición y el asesinado de varios de esos estudiantes.

López Obrador va a seguir abriendo espacios para que lo critiquen o denuesten si no lo frena. Las analogías se van a trazar rápidamente con Venezuela, donde ya lo han estado equiparando con el finado Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro, que han tenido conexiones con los cárteles de las drogas y crearon un incipiente narco Estado. Es claro lo que tiene que hacer el precandidato presidencial aquí: rectificar y establecer una postura contundente contra los criminales sin matices. O está a favor, o está en contra de los cárteles de las drogas. No hay más para dónde hacerse. Como es su comportamiento público, está entre el todo o el nada, sin nada en medio.
05 Diciembre 2017 04:07:00
La Pax Narca de Andrés Manuel
De manera innecesaria, Andrés Manuel López Obrador, quien sería presidente de la República si en estos momentos se realizaran las elecciones presidenciales, dijo estar abierto a analizar la propuesta de darle amnistía a los líderes de los cárteles de las drogas a cambio que se comprometan con la paz. La propuesta no viene incluida en el proyecto de nación que dio a conocer en noviembre, pero no es algo que haya estado fuera de su cabeza durante algún tiempo. La diferencia es que, si en otros momentos parecía una más de sus ocurrencias, hoy, ante la inminente campaña electoral, se convierte en un arma. La más letal, en su contra, la disparó el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien afirmó que esa idea haría de México un narcoestado.

López Obrador tiene una lengua muy suelta que como dice unas cosas, dice otras, y se corrige sin prurito alguno. Así sucedió con su propuesta de descentralizar las secretarías de Estado, que menos de 24 horas después rectificó y dejó en su lugar actual a dependencias como las que albergan las Fuerzas Armadas. Ya explicaría las razones de ese cambio, dijo para justificar su súbito cambio de señal, sin que hasta ahora haya aportado claridad sobre la marcha para atrás. Pero ahora, con la amnistía que propone para los líderes de los cárteles de las drogas, volvió a lastimar a las Fuerzas Armadas y, sobre todo, a los familiares de decenas de miles de víctimas de la cruenta lucha contra las bandas criminales.

No entiende mucho López Obrador del tema del narcotráfico, aunque critica de manera regular todo tipo de estrategia. No combatir al narcotráfico durante los primeros 8 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, ignora, provocó el reforzamiento de los cárteles de las drogas y el inicio del fin de la inútil estrategia de seguridad en la Administración, que en buena medida le costó la candidatura presidencial a su arquitecto, el secretario de Gobernación.

La propuesta de amnistía la acompaña de una estrategia integral que, si se excluye el perdón a criminales, es lo mismo que propuso el expresidente Felipe Calderón en 2009, y buscó concretar Peña Nieto desde el principio de su gestión. La única analogía con su propuesta es con Vicente Fox, quien la planteó como expresidente en 2011. Lo preocupante no es la falta de novedad en sus ideas, sino lo reiterativo de su propuesta para perdonar criminales, que sugiere que no es una “locura”, como calificó presidente del PAN, Ricardo Anaya, sino una semilla que está floreciendo en su cabeza.

Alexia Incómoda, el nombre bajo el cual conversa una de las personas más informadas en seguridad y política que habitan el universo de Twitter, recordó el lunes, como contexto de los dichos de López Obrador, que esa propuesta la ha hecho a lo largo de todo el año, comenzando en Sinaloa, cuando la Marina realizó operativos quirúrgicos en contra de las bases de apoyo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y cuando en febrero sus comandos abatieron a Juan Francisco Patrón Sánchez, “El H-2”, quien era el jefe de plaza del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, enemistados con Guzmán y el cártel del Pacífico desde 2008, en Nayarit. La historia del perdón a criminales por parte de López Obrador no es nueva. La idea de cómo se puede trabajar desde el poder con el narcotráfico, tampoco. Quizás, tampoco originalmente de él.

El pacto con los narcos desde el poder ha dominado los libretos más exitosos en la producción de telenovelas de Epigmenio Ibarra, director general de Argos Comunicación, que desarrollan las vinculaciones criminales con funcionarios de los tres niveles de gobierno. La historia de las narconovelas producidas por la empresa cofundada por Ibarra en 1992, comenzó en 1996 con Nada Personal. En 2012 produjo Infames, que planteó la relación de los líderes del narcotráfico con una poderosa Secretaría de Hacienda, donde la mano derecha del titular era familiar de uno de los líderes. La más famosa de todas sus narconovelas es El Señor de los Cielos, que recrea la vida de Amado Carrillo, el jefe del cártel de Juárez, y jefe de todos los barones de la droga, que acordaba con la Presidencia la Pax Narca, cuya primera temporada se transmitió en 2014. De ella se desprendió El Chema, en 2016, que recrea la vida de “El Chapo” Guzmán.

Ibarra, quien ha trabajado o estado cerca de López Obrador desde hace unos 15 años, es uno de los principales responsables del aparato de propaganda del precandidato presidencial, quien a través de sus redes sociales hizo virales temas como el movimiento #YoSoy132, o cruzadas contra Peña Nieto en el mundo virtual, como el aglutinado en el hashtag #RenunciaYa.

Paralelamente, ha hecho a Peña Nieto responsable del “crimen de Estado” por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. Probablemente, vista la propuesta en este contexto, es Ibarra quien sembró la idea de amnistiar criminales en su cabeza.

López Obrador, en todo caso, es el responsable de sus palabras, al ser el diseminador y promotor de esta propuesta y pensar incorporarla a su proyecto de nación. Bien se vería México de concretarla: el Ejército y la Marina a los cuarteles; los jefes de los cárteles de la droga, asesinos de militares y policías, a las calles. La Pax Narca renacería bajo su gobierno. A menos que rectifique la propuesta.
04 Diciembre 2017 04:00:00
La unción de Meade
Entre tanto grito matraquero que arrastra una vieja cultura priista revigorizada cada vez que ungen candidato a la Presidencia, hubo a quienes no les gustó que el abanderado del PRI fuera un no militante. Empezando por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que pensaba incluso después del destape que esa candidatura era para él, y varios gobernadores y figuras en el partido en el poder a quienes les parecía inadmisible que a quien consideraban un funcionario panista en el gobierno de Enrique Peña Nieto, buscara sucederlo. Pero la línea presidencial se mantuvo y la fuerza interna del Presidente impuso a quien deseaba –asumiendo seguramente que con José Antonio Meade, que no arrastraba los negativos de otros aspirantes, tiene una candidatura competitiva.

Peña Nieto no estuvo en el evento dominical en la explanada del PRI, pero no era necesario. Durante poco más de un mes jugó ajedrez político donde engañó a su propio equipo, lanzó distractores y llevó al finalmente ungido a una situación de nervios extremo al no saber, cuando lo citó el Presidente el sábado 26 de noviembre a Los Pinos, con qué encargo iba a salir de la casa presidencial. Personas que siguieron de cerca los últimos días del destape, recuerdan que Meade fue llevado al máximo de la incertidumbre por el Presidente, y que incluso llegó a pensar que el día que lo iluminó la decisión de Peña Nieto, el Banco de México podría ser su destino sexenal.

La ruta final del destape comenzó a finales de octubre, en una reunión de gabinete para evaluar los trabajos por los sismos de septiembre. Peña Nieto encontró con la mirada a Julio Guerrero, jefe de la Oficina del secretario de Hacienda, quien iba en sustitución de Meade, que no había podido acudir. Peña Nieto fue directo a los ojos de Guerrero y le dijo que no lo había visto en Oaxaca ni Chiapas, a diferencia de todos los que estaban en la reunión, que no habían abandonado esos estados. Varios de los presentes lo interpretaron como una crítica a Meade.

Los secretarios hablaron sobre lo que habían hecho, y luego de que el de Educación, Aurelio Nuño, informó que en un plazo de 20 días se restablecerían las clases y se empezaría el retorno a la normalidad, Osorio Chong señaló que era inadmisible esa demora. La crítica fue agria, y el Presidente volvió a preguntar por el plazo a Nuño. Al oírlo nuevamente, Peña Nieto dijo que le parecía adecuado y volvió a felicitar al secretario de Educación.

Ese fue el principio de una serie de acciones presidenciales en donde Nuño fue arropado por Peña Nieto de una forma tan notoria, que comenzaron a aparecer columnas en la prensa política señalando que el secretario de Educación no debía ser descartado de la lucha final por la candidatura. Se empezó a ver a Nuño en reuniones donde no tenía competencia, pero siempre cerca del Presidente, que alimentó la confusión dentro del gabinete que se había abierto en la reunión de finales de octubre sobre su reemergencia sucesoria. Dos elementos más sirvieron de distractor.

Uno fue interno. En una reunión del Gabinete económico al arrancar noviembre, al abordarse el tema del relevo en el Banco de México, Meade sugirió que el subsecretario de Hacienda, Miguel Messmacher, sería un buen candidato. Peña Nieto lo volteó a ver, de acuerdo con una persona que conoció los detalles, y retador con la mirada, como suele ser en ocasiones el Presidente, respondió, palabras más, palabras menos, “tú puedes ser un buen candidato al Banco de México”. El otro fue externo, cuando ante una pregunta de la prensa, Peña Nieto dijo que estaba cierto que enviaría el nombramiento del gobernador del banco central al Senado, lo que la mayoría, incluido Meade, entendió como que el relevo no sería interno, que no necesita el trámite parlamentario, sino una figura externa. Al saber que Messmacher no estaba en el ánimo del Presidente para ese puesto, no había muchos, o quizás ninguno, además de Meade, que pudieran llegar al banco desde afuera.

Lo que pasaba dentro de los muros del poder fue invisible para la opinión pública, en donde se buscaban afanosamente las claves para entender lo que sucedería. La sucesión la traía Peña Nieto bajo control, pero pareció descarrilarse el jueves 26, cuando apareció en los medios el video donde el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, hacía elogios superlativos de Meade. Videgaray cometió un error, resultado según sus cercanos, por la enorme estimación por el hoy candidato. Pero de origen, la falla fue del equipo de Meade, al haber insistido que el evento al cual fue invitado el entonces secretario con el cuerpo diplomático fuera abierto a la prensa. Esa no es una reunión que se abra a la prensa, pero fueron muy insistentes los personeros de Meade, que pensaban incrementar su exposición pública.

Ese traspié añadió incertidumbre y nervios a Meade, con los que llegó a Los Pinos el sábado 25 desconociendo qué buscaría el Presidente de él. Era que buscara que la sucesión quedara en manos del PRI. En Los Pinos estaban el líder del PRI, Enrique Ochoa, y Nuño, quien será el coordinador de la campaña. Nadie más fue convocado para concretar lo que el lunes 27 sería el destape de Meade. Nadie, pese a varios intentos, le pudo arrebatar al Presidente su facultad meta legal, como priista, que elegir a su sucesor. La conclusión de esta primera fase de la sucesión interna se concluyó este domingo.
01 Diciembre 2017 04:08:00
Nuño, a la campaña
El diseño de la estrategia del destape y arropamiento de José Antonio Meade para la candidatura presidencial del PRI, se construyó el sábado en Los Pinos. El presidente Enrique Peña Nieto citó a quien sería ungido, junto con el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, y quien se ha convertido en su principal asesor político, Aurelio Nuño, el secretario de Educación. Esa larga jornada tuvo una prolongación natural hasta el domingo, donde Peña Nieto y Meade se concentraron en el relevo en la Secretaría de Hacienda. Con ello, el primer equipo para la campaña presidencial quedó resuelto. Ochoa, elogiado por Peña Nieto y Meade sobre cómo ha manejado al partido, seguirá al frente de él; Nuño dejará en breve Educación y se moverá para ser el coordinador de la campaña presidencial.

Peña Nieto volverá a recargarse en las dos personas que construyeron y redactaron sus reformas más controvertidas, la educativa y la energética, para apostar, con quien desea concluya la instrumentación, a un proyecto transexenal. Nuño, quien en la campaña presidencial de 2012 formó parte del equipo de asesores del jefe del equipo, Luis Videgaray, fue encargado por Peña Nieto para preparar esas dos reformas, que Ochoa estructuró y redactó el elemento que acabó con el control sindical de los maestros al eliminar el traspaso hereditario y patrimonialista de las plazas, y su manejo de premios y castigos.

La primera rueda del engranaje electoral está puesta, pero falta mucho más. Peña Nieto debe tener claro que el PRI se encuentra en tercer lugar de preferencia electoral por partido, y como señaló Roy Campos, director de Consulta Mitofsky en Foro TV, nunca cuando ha arrancado en tercer lugar en una campaña, ha logrado remontar la desventaja. Apostar por Meade recoge parte de la preocupación por el desgaste del PRI como partido en el poder, y de lo inconveniente de presentar un candidato priista cuando el sinónimo en el imaginario colectivo de tal filiación es la corrupción. El modelo que esboza es el del Estado de México, donde Ochoa de forma orgánica, y Nuño como enlace presidencial, jugaron un papel activo para que Alfredo del Mazo ganara la elección.

Diseño y estrategia fue lo que se utilizó en el Estado de México. Recursos federales abiertos y discrecionales, que incluyó que el propio Meade, como secretario de Hacienda, fuera a hacer campaña disfrazada en las últimas semanas de la contienda, fluyeron en cantidades que parecían ilimitadas. La estrategia repartió responsabilidades al gabinete en municipios y regiones, inventó un candidato de oposición altamente competitivo, como fue Juan Zepeda del PRD, dinamitó una alianza entre ese partido y el PAN, y en una elección polarizada lanzó una guerra sucia contra Morena, donde la bala de plata fueron los videos donde Eva Cadena, aspirante de ese partido a una alcaldía en Veracruz, recibía dinero supuestamente para Andrés Manuel López Obrador y las campañas morenistas. Esa campaña rompió el momentum de la candidata de Morena al Estado de México, Delfina Gómez, y contribuyó a que Del Mazo ganara.

Uno de los arquitectos de la victoria, Nuño, estaba feliz días después de conocerse los resultados de la elección. En una charla se le hizo notar que aunque había ganado Del Mazo, no había sido por los votos del PRI, que fueron 56 mil menos de los que consiguió Morena, sino por los casi 300 mil que le aportaron los partidos coaligados. “Eso no importa”, atajó vehemente, “ganamos”. El modelo de la elección en el Estado de México prácticamente tenía a Del Mazo acotado únicamente a ser candidato, mientras que desde Los Pinos se administraba la estrategia, el mensaje, la operación política de tierra y la guerra sucia.

La campaña presidencial de 2018 apunta en esa misma dirección. Meade como el candidato y Nuño como el coordinador de la campaña y el enlace con el estratega en jefe, que será el presidente Peña Nieto. Sin embargo, a diferencia del Estado de México, donde el gobierno y el PRI jugaron de manera homogénea, en la campaña presidencial tiene que haber amarres que quizás no se están viendo en este momento. El principal es qué va a hacer el presidente con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el gran perdedor en la lucha por la candidatura, y que ha dado pruebas en elecciones anteriores de estar dispuesto a ir contra el PRI cuando los candidatos no son los suyos o no se consensuaron con él. Meade es el caso.

Osorio Chong tiene la relación con todos los gobernadores priistas, y la mayoría de ellos, sobre todo en el sur del país, forjaron alianzas con él para llegar al poder. También tiene ascendencia sobre la estructura burocrática del partido y controla los sistemas de inteligencia política. Una persona con su personalidad, agraviada y molesta como se encuentra en estos días, que tiene de instrumentos para hacer daño si se lo propone, es altamente peligrosa para una candidatura que hoy sólo tiene la fortaleza de quien lo ungió y de las cúpulas, pero que es vulnerable, cuando menos por ahora, en el despliegue territorial.

En los reajustes que deberá hacer el Presidente para limpiar de basura interna la campaña de Meade, se encuentra el rol que le deberá asignar a Osorio Chong, cuya importancia estratégica permite argumentar que sería la siguiente rueda del engranaje electoral priista a poner en marcha si se quiere apuntalar el proyecto transexenal que se dibuja en Los Pinos. Algo deben tener claro Peña Nieto y Meade: una comida y sobremesa del candidato con el secretario no será suficiente.
30 Noviembre 2017 04:09:00
El gran perdedor
Hasta el último momento, Miguel Ángel Osorio Chong, el poderoso secretario de Gobernación, intentó desbarrancar a quien veía como su único adversario real para quedarse con la candidatura presidencial del PRI. Fue el jueves. Un video donde el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, llenó de lisonjas al entonces responsable de Hacienda, José Antonio Meade, llegó a los medios de comunicación, que lo tradujeron como el destape del candidato a la Presidencia, lo aprovechó el equipo de Osorio Chong para quemar esa posibilidad. Se hicieron llamadas a periodistas para que dieran gran difusión al video con énfasis en que el exceso de Videgaray había cancelado la oportunidad de Meade. La difusión del video molestó al presidente Enrique Peña Nieto, pero no suficiente para cambiar su decisión. El viernes por la noche, comunicó a los cuatro rivales de Meade que la nominación no caería en ellos.

Osorio Chong le informó a su equipo que él tendría la candidatura, que había visto como suya la noche del 7 de septiembre del año pasado, cuando festejó con sus cercanos la caída de Videgaray, que había renunciado como secretario de Hacienda tras el escándalo por la visita de Donald Trump a Los Pinos, que él organizó. Sin Videgaray y con el secretario de Educación, Aurelio Nuño, golpeado por la oposición magisterial a la reforma educativa, parecía que el camino hacia la candidatura presidencial estaba allanado. La tríada de poder que todas las noches definía con el Presidente la agenda se había desarticulado.

Videgaray estaba fuera del gobierno y Nuño había sido marginado en forma humillante por Osorio Chong en las negociaciones con la disidencia magisterial de una forma tan abierta. El golpeteo contra Nuño provocó un enfriamiento en la relación con el Presidente, que le había tolerado que se le escapara Joaquín “El Chapo” Guzmán y permitido que organizara la distribución de armas a los paramilitares en Michoacán disfrazados como grupos de autodefensa civil. Pero, sobre todo, que no rindiera cuentas por el colapso de la estrategia de seguridad, que planeó desde los días de la transición en 2012.

El inicio de la pesadilla de Peña Nieto fue permitir la fusión de las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública. Era un error, le dijo a Osorio Chong el entonces secretario de Seguridad, Genaro García Luna, porque el cargo demolía carreras políticas. Osorio Chong lo ignoró. A mes y medio de entrar el nuevo gobierno, se cuestionó a Osorio Chong sobre ese movimiento. Dijo que era una recomendación de Santiago Creel, quien le dijo que cuando fue secretario de Gobernación tuvo problemas permanentes con el secretario de Seguridad Pública por carecer de las herramientas para reforzar la gobernabilidad con una fuerza pública. La propuesta de Creel era otra, la creación de una Secretaría del Interior en Bucareli, encargada de la seguridad pública, y una Secretaría de la Presidencia dedicada a la política, como la tuvo el presidente Luis Echeverría.

Amasar poder en menoscabo de la gobernabilidad le costó a Osorio Chong, quien quedó atrapado en menesteres policiales con una estrategia de seguridad que estalló en pedazos a mitad del sexenio. Su limitada capacidad lo hizo decidir el cargo de comisionado de Seguridad Nacional por encuesta, y nombró a Manuel Mondragón, que desmanteló el sistema de inteligencia criminal construido por años. Pero aún así, el Presidente cerró los ojos, y le mantuvo una confianza, pese al recelo por el maltrato a Nuño.

Osorio Chong mantenía sus expectativas presidenciales y, por razones de trabajo, tenía una estrecha relación con los gobernadores, que le fueron benéficos durante las elecciones de 2016, donde jugó contra el PRI de Manlio Fabio Beltrones, Videgaray y el propio Peña Nieto en Veracruz, Tamaulipas y Puebla, donde la dirigencia del partido se quejó de él, acusándolo de traición. El siguiente episodio que orilló más a Osorio Chong fuera de la contienda fue el 4 de junio, cuando el Presidente convocó a muchos de sus colaboradores a seguir desde Los Pinos los resultados en el Estado de México.

La cita era a las 9:00 de la noche, pero el secretario llegó cerca de la 1:00 de la mañana del lunes, con bastantes copas encima. En un momento dado se hizo un círculo, donde Osorio Chong, a quien le encantan los caballitos de tequila, retó a varios secretarios. José Narro, el secretario de Salud, fue el primero. Videgaray vino después y luego Nuño. Meade, que no bebe, se abstuvo. Después, tomó la palabra y dijo frente al Presidente que le daba gusto verlo sonreír, porque hacía mucho tiempo que no lo hacía. La frase no cayó bien. Muchas de las críticas al Presidente habían sido por el fracaso de las políticas bajo responsabilidad del secretario de Gobernación, quien sistemáticamente dejó que todos los negativos por sus fallas le cayeran al Presidente, sin casi nunca protegerlo.

Aún así, tras los sismos de septiembre, insistió en privado que sus posibilidades se habían fortalecido, y continuó trabajando su cuarto de guerra, creado desde 2013 para acompañar sus aspiraciones presidenciales. Al cierre de la semana pasada, la instrucción era estar atentos porque el destape era inminente. No esperaba en ese momento que el desenlace tendría otro derrotero. Pero muy él, aprovechó las lisonjas de Videgaray a Meade para dar un tiro de gracia al equipo enfrentado con él durante casi todo el sexenio. Frente a los resultados, su fracaso se escribe en piedra: Meade derrotó al secretario de Gobernación, y a quien mejor representaba la nomenklatura del partido. Punto.
29 Noviembre 2017 04:08:00
La selección de Meade
En qué momento el presidente Enrique Peña Nieto tomó la decisión final de apostar a José Antonio Meade para que fuera el candidato del PRI a la Presidencia, es algo que sólo él podrá responder. Lo traía en la mente, aseguran cercanos a Peña Nieto, tiempo antes de alejar  la celebración de la XXII Asamblea Nacional del PRI prevista para noviembre, del arranque de la precampaña presidencial el 14 de diciembre, y adelantarla a agosto, donde se eliminaron los candidatos para que un no militante, como Meade, pudiera ser abanderado del partido en el poder. Hermético, Peña Nieto sólo dio una sola señal a sus cercanos de que la consideración sobre Meade era más que una reflexión. Hace dos meses aproximadamente, dijo uno de ellos, Peña Nieto instruyó al jefe del Estado Mayor Presidencial, el general Roberto Miranda, que redoblara la seguridad del entonces secretario de Hacienda. Con nadie más lo hizo.

Meade no pertenecía al grupo compacto de Peña Nieto que venía del Estado de México, o los gobernadores Miguel Ángel Osorio Chong de Hidalgo, y José Calzada de Querétaro, que habían hecho el trabajo nacional de forjar alianzas que le permitieran ser candidato a la Presidencia. Pero como secretario de Hacienda en el gobierno de Felipe Calderón, junto con su subsecretario José Antonio González Anaya, habían ayudado financieramente al Estado de México cuando Peña Nieto era gobernador y su secretario de Finanzas y más tarde presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, era Luis Videgaray, muy cercano a Meade desde el ITAM. 

Al irse armando el gobierno de Peña Nieto, Meade no estaba predestinado para una posición de alto relieve, aunque no menos importante en la nueva administración. Videgaray lo propuso como jefe de la Oficina de la Presidencia, pero una confusión cambió el rumbo. Semanas antes de llegar a Los Pinos, Peña Nieto le preguntó a su amigo, el entonces embajador en el Reino Unido, Eduardo Medina Mora, qué le gustaría ser en su gobierno. “Estar cerca de mis hijos”, le dijo Medina Mora, que los tenía estudiando en Oregon. El embajador no especificó qué cargo le interesaría, aunque pensaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para que estuviera cerca de sus hijos, como deseaba, Peña Nieto lo nombró embajador en Washington, sin saber que era más rápido llegar a Oregon desde la capital mexicana, que desde la estadunidense. Meade llegó así a la Cancillería.

La naturaleza del trabajo le permitió establecer una relación más cercana con el Presidente, convirtiéndose en los largos viajes internacionales en su pareja insustituible en los juegos de dominó. La inteligencia de Meade, la cultura general y una visión integral de todos los temas nacionales e internacionales, sólo rivalizada por Videgaray dentro del Gabinete, le fue abriendo las puertas a la confianza de Peña Nieto, quien lo visualizó como prospecto, por primera vez visto según sus cercanos, cuando lo nombró secretario de Desarrollo Social en agosto de 2015. La renuncia de Videgaray en Hacienda por el fiasco de la visita del candidato presidencial Donald Trump a Los Pinos lo regresó, una vez más, de manera natural, pero emergente, a su viejo despacho en Palacio Nacional.

Meade comenzó a vislumbrar una posibilidad de luchar por la Presidencia durante 2016, pero lo alcanzó el gasolinazo. En una reunión en Los Pinos en diciembre, Meade se enfrentó a la parte política del Gabinete, principalmente la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, y de Salud, José Narro, quienes alegaron que debía postergarse la medida por el impacto social y político que tendría. Peña Nieto respaldó al secretario de Hacienda. En enero, ese diagnóstico se volvió realidad, pero Meade y su equipo, incluido el entonces director de Pemex, González Anaya, fueron dejados solos a su suerte. Quienes debían haberlos apoyado en la Secretaría de Gobernación, se fueron de vacaciones y nadie, incluido el secretario Osorio Chong, les tomó incluso las llamadas telefónicas. Aún así, en una segunda reunión de Gabinete en enero, Meade volvió a defender el gasolinazo ante la parte política del equipo del Presidente, y Peña Nieto lo volvió a respaldar. Pese a ello, Meade pensó en ese momento que sus pretensiones presidenciales se habían evaporado.

El momento de desestabilización política pasó y la beligerancia fue menguando con la nueva calendarización de liberación de los precios de combustibles. Meade volvió a respirar y comenzó a trabajar en un grupo muy cerrado, a veces en su casa, otras en la de su subsecretaria Vanesa Rubio, los escenarios que pudieran permitirle estar en la lucha por la candidatura. Una estación importante fue el 5 de octubre. Al terminar la glosa del informe en la Cámara de Diputados, pidió hablar a manera de colofón. El Pleno guardó silencio mientras Meade improvisaba un alegato a favor de los políticos y cómo no podían retroceder frente a lo que se había visto durante los sismos de septiembre, la cooperación de la sociedad con las instituciones. También hizo una inteligente defensa del Presidente y de las acciones de su gobierno. Al día siguiente, Peña Nieto lo llamó por teléfono y le agradeció lo que había dicho de él.

No pasaron muchos días cuando el presidente llamó a Meade a Los Pinos. En ella, revelaron personas que conocieron del encuentro, Peña Nieto le preguntó si estaba “listo” para que el momento que esperaba se concretara, y Meade le respondió que sí. Entonces vino otra pregunta: ¿También estás listo para no ser? Estaba preparado para esa eventualidad, contestó. Este lunes comprobó que no fue necesario.
28 Noviembre 2017 04:07:00
La confirmación de Meade
La decisión tomada fue ratificada en Los Pinos. El presidente Enrique Peña Nieto despidió a José Antonio Meade de su Gabinete con enorme calidez y le deseó lo mejor en el proyecto que ha decidido emprender. Eufemismo arcaico del Presidente al intentar ocultar al elefante en la sala. Meade, faltando el trámite estatutario para ello, asumió de facto la candidatura presidencial del PRI. La cita para el registro está fijada para el próximo jueves a las 2 de la tarde, y ningún militante más, de los que importan, se registrará para hacerle sombra. El Presidente, como tantas veces lo dijo, engañó con la verdad.

El 17 de agosto pasado, bajo el título simple de 2018: Meade, se publicó en este espacio, a propósito de la XXII Asamblea Nacional del PRI, que los rituales habían regresado por la puerta grande. “Sin lastres para que el presidente Enrique Peña Nieto decida con quién buscará mantener Los Pinos, la cargada corporativista con las pancartas de organizaciones y sindicatos, y la clientelar con delegados levanta manos, llenó un escenario que mostró otro tipo de bufalada, la de los tecnócratas, que discretamente el sábado se formaron detrás de la persona para la que parece haber sido confeccionado un traje a la medida con la eliminación de los candados para la candidatura presidencial en 2018, José Antonio Meade, secretario de Hacienda”.

En ese texto se mencionó cómo el Presidente estaba dando instrucciones a Meade que no le había dado a nadie más. La columna decía: “De acuerdo con información en el entorno del secretario de Hacienda, Peña Nieto le indicó no moverse ni buscar grupos que lo apoyen, mantener la calma y ejecutar las acciones directas y prioritarias que le pida. Lo primero, con suma urgencia, fue restablecer la relación con los gobernadores, que se encuentra rota hace bastante tiempo. Los gobernadores son parte esencial de la ecuación sucesoria. Durante la primera parte de la Administración peñista, los principales gobernadores afectados por el maltrato político y presupuestal fueron los priistas, adicionalmente que han sido algunos de ellos, que se comprometieron con el proyecto de Peña Nieto para llegar a la Presidencia, los que están pagando el costo de la corrupción sexenal. Sin el respaldo de los gobernadores no habría ni posibilidades de ser competitivo en 2018. 

“Meade hizo caso rápidamente al Presidente, y realizó también ajustes estratégicos en el equipo hacendario que pasaron desapercibidos por la mayoría. Trasladó a Emilio Suárez Licona, de la dirección de la Unidad de Banca de Desarrollo en Hacienda, a donde llegó de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde trabajó con Meade a la Coordinación de Entidades Federativas. En su lugar entró Mario Govea, quien era director general adjunto de Coordinación y Política del Sistema Financiero de Fomento. También promovió a Arturo Téllez, titular del Órgano Interno de Control de Hacienda, y que trabajó con Meade en las secretarías de Energía, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Hacienda, a la Dirección General de Auditoría del SAT. Estas áreas son las que atienden directamente a los estados, tanto en los apoyos presupuestales como en algo que hoy es más importante, revisar sus cuentas, detectar las irregularidades, anomalías y, de ser necesario, trabajar con los gobernadores para ver cómo pueden ayudarlos a resolver hoyos financieros en sus cuentas que pueden significar, como se ha visto últimamente, procesos penales en su contra.

“No ha sido lo único que ha construido Meade para su futuro. A diferencia de lo que no pudo hacer (Luis) Videgaray porque el Presidente no lo permitió, Meade sí nombró a todos los directores de la banca de desarrollo, colocando en esos cargos a personas muy cercanas a él. Virgilio Andrade, a quien le dio su primer trabajo en el servicio público, lo nombró en Bansefi. Llevó a Francisco González al Banco Nacional de Comercio Exterior. Mario Zamora, a quien le dio trabajo en Financiera Rural por recomendación de su tío, Francisco Labastida, lo nombró en la Financiera Nacional de Desarrollo, y la semana pasada fue el coordinador de la Mesa de Estatutos que eliminó los candados para la candidatura presidencial. 

“El más significativo, sin embargo, fue el nombramiento de Alfredo Vara Alonso, en Banobras, porque significó un desafío a Videgaray, quien había logrado que el Presidente nombrara directora a la senadora Ana Lilia Herrera, como premio de consolación por no haber sido candidata en el Estado de México, y Meade, en un acuerdo extraordinario en Los Pinos, tumbó la designación y llevó a un hombre de confianza, que trabajó en el Instituto de Protección del Ahorro Bancario, una institución imaginada y construida por el padre del secretario, Dionisio Meade.

“La fortaleza de Meade dentro del Gobierno es poco notoria en la opinión pública, pero tiene un alto significado. Meade no era parte del equipo compacto de Peña Nieto, pero la autorización para hacer los cambios de conformidad a su criterio, sugieren que, como nadie más en el Gabinete, tiene la confianza que otros muy cercanos no tuvieron. ¿Es esto la señal definitiva sobre su futuro próximo? Sólo Peña Nieto lo sabe, pero los símbolos están jugando mucho a su favor”.

Aquella columna señalaba que Meade había captado la atención y el imaginario como el gran delfín de Peña Nieto. “¿Será tan obvia la decisión?”, se preguntaba en el texto. Hoy vemos que sí era obvia y que Peña Nieto sí engañó con la verdad. Ciertamente, sólo se puede leer las acciones electorales de Peña Nieto a tiempo pasado. Y hoy se puede argumentar que la decisión sobre su sucesor se tomó desde agosto.
27 Noviembre 2017 04:00:00
La cena de octubre
En la residencia de un empresario a finales de octubre, el presidente Enrique Peña Nieto cenó con un grupo de capitanes de la industria. De lo poco que trascendió, se conoce que el Presidente, sin reclamar a nadie, habló sobre lo que cree dicen de él. Dijo, por ejemplo, colocando sus frases en voces anónimas de empresarios, que podían pensar que no era la persona más culta, la más letrada, o que se equivocaba al hablar. Que sus deficiencias podrían ser grandes ante sus ojos, pero lo que podía asegurarles es que era altamente competente en los temas electorales. El sabor de boca que les dejó, según una de las versiones de la reunión, es que tenía control sobre el proceso de sucesión y que confiaba en que a quien escogiera como su sucesor ganaría la elección en 2018.

Varias semanas después vinieron algunas confirmaciones. El preámbulo fue el viernes, un día después de que un video mañosamente editado enviado a los medios de comunicación, mostraba al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, pronunciar un insólito elogio del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, frente al cuerpo diplomático acreditado, que provocó que varios periódicos en el país publicaran que Videgaray había “destapado” a Meade para la candidatura presidencial del PRI. Las ruedas de la sucesión parecían haber sido puestas en marcha, en una versión postindustrial de aquellas épocas del viejo régimen cuando uno de los sectores del partido se pronunciaba por un candidato, lo que era la señal de que la línea presidencial se había decantado.

En esta ocasión, sin embargo, no hubo confirmación, sino atajo. El Presidente terminaba una gira en La Paz, cuando inesperadamente se desprendió de la burbuja de seguridad del Estado Mayor Presidencial y caminó con una enorme sonrisa hacia la prensa, con la que bromeó y afirmó: “Están bien despistados. El candidato no se elige por elogios o aplausos”. Peña Nieto desautorizaba a Videgaray, aunque su lisonja a Meade no fuera realizada en un acto público, sino que trascendió por la infidencia de alguien en la Cancillería que plantó en los medios un clip editado donde está la frase. El viernes Pablo Hiriart, en las páginas de El Financiero, escribió sobre la forma como Videgaray pareció arrancarle a Peña Nieto la decisión sobre su sucesor, buscando colocar un sello personal sobre Meade –quien tendría que agradecérselo en caso de que fuera el ungido–, y adjudicando en el futuro candidato todo lo bueno en términos de estabilidad, y todo lo malo, podía inferirse con la omisión a su jefe.

Videgaray, tan experimentado, por largo tiempo la persona que ha hablado al oído del príncipe, y quien desde que se descartó por la candidatura presidencial ha dicho en privado que buscaría, si no decidir, sí incidir en el sucesor de Peña Nieto –por ejemplo, mostrando los negativos del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong–, ¿podría cometer un error de tal naturaleza? ¿Quién podría haber filtrado a la prensa el clip extrañamente editado para ensalzar a Meade? Podría plantearse también, como hipótesis de trabajo, que se lanzó un globo de sonda (trial balloon) para medir la temperatura a la opinión pública, como se hace en otras naciones con sistemas políticos avanzados, y ajustar los tiempos del destape. Si uno ve los resultados del llamado destape de Videgaray, los negativos se los chupó el canciller, pero que no hubo críticas ni cuestionamientos sobre Meade, ni extrañamientos sobre su exposición como el candidato designado. En el balance final, la candidatura de Meade entraría bien en los grupos donde hay resistencia, en el PRI, por subordinación o disciplina, que no reaccionaron sino con resignación a la eventual candidatura de un no priista.

¿Está jugando el Presidente con los escenarios y trabajando de manera heterodoxa las alianzas internas en su partido? En la sucesión de 1988, que es donde más remembranzas ha generado la de 2018, el presidente Miguel de la Madrid procesó el destape de Carlos Salinas de Gortari el domingo 4 de octubre de 1987 en una reunión con el Comité Ejecutivo Nacional en Los Pinos, donde le pidió a varios de sus miembros, los líderes en las cámaras y de los sectores popular y campesino, que hablaran con el dirigente obrero, Fidel Velázquez, para que diera su apoyo al candidato designado, al ser el único que, derivado de la reconstrucción de la economía dos años antes, la clase trabajadora había sido la más sacrificada y la más agraviada por el arquitecto de decenas de miles de despidos, el entonces secretario de Programación y Presupuesto.

De la Madrid negoció las alianzas con la designación en marcha, y el trabajo de consenso que buscó para evitar un nuevo quiebre en el PRI, como había sucedido con la Corriente Democrática un año antes, tiene una analogía clara con la forma como surgió el nombre de Meade como el inminente la semana pasada. No hay que olvidar lo que dijo el Presidente a los empresarios en la cena de octubre, ni lo imposible que es leer sus decisiones electorales a partir de sus acciones. A Peña Nieto sólo se le puede interpretar en el manejo de los proceso electorales, a tiempo pasado. El viernes, cuando se refirió a lo sucedido, su lenguaje de cuerpo era relajado y pletórico de gran humor, sin presión ni tensión, como se le había visto dos semanas antes. Contuvo la bufalada y restableció el control unipersonal sobre la sucesión. Es cierto lo que dijo en aquella cena. En el manejo electoral, se pinta solo.

24 Noviembre 2017 04:08:00
La cruzada de López Obrador
No tiene duda alguna Andrés Manuel López Obrador en dónde radica el problema toral de México. Es la corrupción. En el plan de gobierno que presentó el lunes todo gira en torno a ese fenómeno. Por la corrupción no se avanza, ni existe desarrollo o crecimiento, pero genera desigualdad e injusticia. Por tanto, se lee con claridad en decenas de las 415 páginas que integran el documento, hay que destruir al sistema que lo ha construido y que lo tiene, tomando las imágenes del discurso de López Obrador, secuestrado por un grupo de personas. Sólo así, es el mensaje, acabando con el dominio de esas minorías vendrá el renacimiento de la sociedad. No se trata de venganzas políticas, sino de justicia social, es la premisa que recorre todo el proyecto de nación.

El documento que presentó López Obrador al Congreso Nacional de Morena abraza la retórica, como cuando habla de la corrupción como “uno de los mayores flagelos” de la sociedad mexicana, o se introduce en el terreno de los lugares comunes, como cuando menciona “el robo directo de las arcas públicas o en los sobornos para favorecer a determinados agentes económicos” en la obra pública y en las licitaciones. Sin embargo, pese a todo lo cosmético que parezcan estos planteamientos, ¿alguien puede refutarlos objetivamente? Al contrario. López Obrador, que comenzó arando en ese desierto cuando apenas unos cuantos mexicanos estaban interesados en enfrentar la corrupción, está ahora en un océano cada vez más poblado de anticuerpos contra ese fenómeno. 

López Obrador ha sido congruente y consistente en su denuncia de corrupción de actores políticos y agentes económicos a lo largo de su vida pública, y su biografía es reflejada en el plan de gobierno con la afirmación que durante los últimos cinco años, los casos que se han hecho públicos, han crecido de manera preocupante. “La sociedad ve con enojo y frustración cómo gobernadores y funcionarios públicos de los partidos políticos tradicionales han hecho de la corrupción una práctica normal, mediante el robo directo de miles de millones de pesos, en donde la mayoría de los casos goza de impunidad y protección gubernamental”, indica el documento. Una vez más, la subjetividad de una percepción que se ha ido construyendo como una verdad.

De acuerdo con Transparencia Internacional, citada en el mismo plan de gobierno, 61% de los mexicanos piensa que la corrupción ha aumentado y 51% admite haber pagado sobornos para poder hacer menos complicada su vida cotidiana, que es el porcentaje más alto en todo América Latina, y muestra una sociedad plagada por la putrefacción de ese mal. México está ubicado en el lugar 123 de 176 países analizados, junto con naciones africanas controladas por líderes tribales o jefes de organizaciones guerreras, y a la par que los déspotas del Medio Oriente y Asia.

El plan de gobierno recuerda la postura de López Obrador sobre la declaración reiterada del presidente Enrique Peña Nieto de que la corrupción es cultural en México. “La corrupción no es un asunto cultural ante el cual debamos resignarnos, ni una forma de ser de los mexicanos en general, sino una desviación de los gobernantes que puede y debe ser erradicada”, dice. “Por ello resulta fundamental respetar la ley. Si hay voluntad para aplicarla, se puede atacar la impunidad desde su raíz”. El documento no se equivoca. El Instituto Mexicano para la Competitividad, que también es citado, identifica la crisis de representación de los gobernantes frente a los gobernados: 91% no confía en los partidos políticos, 83% no confía en los legisladores, y 80% no confía en las instituciones del sistema judicial. El rechazo es generalizado. En la última encuesta de aprobación presidencial elaborada por la empresa Buendía & Laredo para El Universal, la aprobación de Peña Nieto mostró su cuarta alza del año, y se colocó en 31%, como resultado del activismo y protagonismo del Presidente durante los sismos de septiembre. Sin embargo, la desaprobación –6.4 de cada 10 mexicanos–, sigue siendo la más alta que ha tenido un Presidente mexicano en su quinto año de gobierno.

Los datos le dan la razón a López Obrador. El énfasis que colocó en el plan de gobierno atiende perfectamente las frustraciones y molestias de la mayoría de los mexicanos. A cuántos de ellos que no forman parte del núcleo duro de electores que tiene –alrededor de una tercera parte del electorado– va a convencer con este planteamiento, aún no se sabe. Sin embargo, la corrupción es el tema que más enciende a los mexicanos. En las cinco variables que presenta el Barómetro de la Corrupción de Transparencia Internacional sobre qué opinan los mexicanos sobre el fenómeno, rechazan las cuatro que tienen que ver con lo que se ha hecho para combatirla, y expresan su disgusto con los niveles de corrupción. El 74% señala que son las personas, no los políticos, quienes pueden cambiar las cosas.

La lectura de López Obrador es certera en términos electorales. “El estancamiento, el deterioro, la desigualdad y la corrupción no son los únicos destinos posibles de México”, indica el documento. “Cambiar esta circunstancia nacional siempre ha estado en nuestras manos”. La cruzada que tiene el candidato extraoficial a la Presidencia de la República marcha por una buena dirección para ir ganando adeptos en su tercera búsqueda por el poder. La corrupción se ha vuelto vomitiva y es el único, hasta ahora, que ha dicho de frente que la combatirá. ¿Alguien quiere construir una candidatura competitiva? Este tema es el principio del camino.
23 Noviembre 2017 04:00:00
El Frente se enfrenta
Las alas del Frente Ciudadano por México están cansándose y las señales son que no sobrevivirá el año. Los síntomas de lo que parece ser una enfermedad terminal lo reveló uno de los dos potenciales candidatos a la Presidencia por esa incipiente coalición, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, quien dejó entrever que dos de los tres socios en el Frente están pensando dejar fuera al PRD. Al responder una pregunta en el foro político organizado por El Financiero, sobre la posibilidad de que el PRD y Movimiento Ciudadano decidieran jugar con una candidatura conjunta excluyendo al PAN, Mancera sorprendió a todos con la respuesta. Lo que he escuchado, reviró, es que son ellos dos los que están hablando para aliarse sin el PRD, en la candidatura presidencial.

¿Han traicionado a Mancera y al PRD? El jefe de Gobierno capitalino eludió responder la pregunta. “La gente cambia de opinión”, respondió. ¿Por qué tendría que cambiar de opinión? En eso ya no abundó Mancera, pero con sus declaraciones ha establecido los términos de un eventual rompimiento. La primera señal fue cuando declaró hace ya casi un mes que el método de selección de candidato debía incorporar a los ciudadanos, que evolucionó a una postura más incisiva. “Ni imposición ni dedazo”, ha dicho en dos ocasiones. Apurado a precisar a qué se refería, Mancera dijo que a una decisión cupular donde el candidato se decidiera en forma cupular de acuerdo con el peso electoral del partido. Es decir, que la candidatura fuera para Ricardo Anaya, el presidente del PAN.

Anaya y sus voceros han planteado en la mesa de negociación del Frente que así tiene que ser y que la candidatura sea para el partido que más posiciones políticas tiene en el país. El PAN gobierna 41 millones de mexicanos en 10 estados, además de encabezar casi 25% de las presidencias municipales. El PRD gobierna en cuatro entidades, pero ninguna de ellas se encuentra dentro de los seis estados con mayor peso electoral, salvo la Ciudad de México, donde a nivel delegacional y legislativo, perdió el control ante Morena en 2015.

La insistencia de los panistas a que el candidato se decida cupularmente motivó otra declaración de Mancera el martes, donde propuso que no sólo Anaya, sino cualquier otro candidato a la Presidencia, se sometiera a un examen de control de confianza –“para eliminar opacidad y dar certeza a los ciudadanos”, dijo Mancera-, al polígrafo, un examen médico, y que divulgue todos sus bienes patrimoniales –“para que después no vengan con sorpresas durante la campaña”, añadió el gobernador capitalino. Esta declaración fue frontal contra Anaya, pero Mancera lo negó en el foro político, aunque insistió que debería ser una exigencia moral para cualquier candidato.

Anaya, que ha sido criticado en la prensa por operaciones inmobiliarias opacas y ha sido señalado de haber aprovechado cargos en la administración pública para beneficiar a su familia política, era el objetivo de las palabras de Mancera, pero no dio acuse de recibo. Tampoco envió ninguna señal a su socio electoral por haberse reunido el viernes pasado con Margarita Zavala, con quien se enfrentó Anaya hasta que renunció al PAN, y con Rafael Moreno Valle, el exgobernador de Puebla que aspira la candidatura presidencial. Sólo silencio ha recibido Mancera de Anaya. Un tratamiento similar ha sido aplicado también por el presidente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, el tercer socio de la coalición frentista.

La falta de reclamos no es una buena noticia, sino todo lo contrario, pésima. Si las negociaciones estaban selladas con sangre e iban a ir juntos hasta que la elección los separara, la falta de reacción es muestra, pensando convencionalmente, de desinterés. Si dos de las tres partes muestran desdén, la revelación de Mancera de que Anaya y Delgado pretenden dejarlo solo, explica el porqué decidió provocar al líder del PAN con sus declaraciones. Si Anaya no le responde, cuando menos en privado, se puede argumentar que dejó de ser útil para sus fines. Sería algo típico de Anaya, cuya biografía política está salpicada de traiciones. Tampoco sería raro de Delgado, quien ha asumido un papel preponderante en de las negociaciones del Frente, al mismo tiempo de intensificar su diálogo secreto con el presidente Enrique Peña Nieto, y con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. 

Siguiendo con esta línea de argumentación, Anaya y Delgado tendrían razones para no seguir la coalición con el PRD y Mancera. La de Anaya está clara en cuanto al peso electoral del PAN, mientras que Delgado, cuyo Movimiento Ciudadano tiene poco peso electoral pero importante en la suma de votos, particularmente en Jalisco, la cuarta entidad con mayor número de electores donde tienen gran presencia, la negociación bilateral le daría mejor rédito en posiciones políticas y presupuestos, que una trilateral donde su posición valdría menos.

Juntos, PAN y Movimiento Ciudadano, de acuerdo con la última encuesta presidencial publicada por El Financiero el lunes, tendrían 23% del voto, contra 27% del PRI y Morena. Anaya como candidato, se hundiría al tercer lugar, a más de 12 puntos del puntero, Andrés Manuel López Obrador. Aún así, ¿sería mejor para él jugar sólo con Delgado? Así parece. Nadie le reclamaría una actitud vertical y autoritaria como está haciendo Mancera, pues el incentivo que mueve a Delgado son posiciones políticas y recursos presupuestales. Dinero, no poder. Anaya ambiciona el poder. Mancera quiera a los ciudadanos. Eso no va con el negocio electoral de sus socios en el frente, que parece estar pasando al anecdotario.
22 Noviembre 2017 04:08:00
Revive Plataforma México
El mundo mexicano está al revés. Quienes iban a acabar con la violencia en los primeros 100 días de Administración de Enrique Peña Nieto, se encaminan a ser el Gobierno donde mayor número de muertos, por homicidios dolosos, se hayan registrado, a un ritmo actual de cuatro cada 60 minutos. Y quien vio en el gobierno de Felipe Calderón el origen de todos los males en materia de seguridad decidió que para la pacificación del país, cuando llegue a la Presidencia, recurrirá a la estrategia que precisamente desarrolló el gobierno anterior. Qué paradoja. La Némesis mexicana, como identificaron al Gobierno de Calderón, resultó tener una estrategia que funcionaba mejor. 

Al presentar su plan de gobierno el lunes pasado, el proyecto de López Obrador pasa por el rediseño institucional del área de la seguridad, la coordinación y profesionalización de los cuerpos de seguridad. Prioriza la inteligencia por sobre la fuerza y por el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los miembros de los cuerpos policiales. “Ha sido un error reducir la estrategia de seguridad a una correlación de la capacidad de fuego entre los cuerpos policiales y el crimen organizado con el único fin de capturar a los grandes capos del narcotráfico”, dice en el proyecto del plan de gobierno. “Llevamos más de 10 años aplicando esa lógica centrada únicamente en descabezar cárteles, sin desmantelar su infraestructura financiera. Los resultados han sido efímeros y pobres”.

Tiene razón López Obrador, pero en lo cosmético. El documento que le prepararon sus asesores en seguridad toca los linderos del problema de la seguridad pública, pero no lo ataca de fondo. El problema de la última década obedece a otros factores más complejos. La violencia en el sexenio de Calderón escaló por el cambio de incentivos en la lucha contra el crimen organizado de los gobiernos anteriores. Previamente, la racional era que sexenalmente se atacaba a un cártel, máximo dos, con lo cual las organizaciones criminales pactaban entre sí plazas y territorios, sin enfrentarse entre ellas y así evitar que al llevar la violencia en las calles, la respuesta del Estado fuera equitativamente violenta.

El viejo esquema –que algunos han caracterizado como un pacto con los cárteles– se rompió por la incompetencia del Gobierno de Vicente Fox en la lucha contra el crimen organizado, que en Michoacán, Guerrero y Tamaulipas pasó a jugar el rol de autoridad, apoderándose de municipios en esas entidades. Esa pérdida de control territorial llevó a Calderón a dejar de combatir con discrecionalidad e iniciar una guerra de 360 grados, con lo que el incentivo criminal de no pelear entre ellos cambió a la guerra de aniquilación para evitar perder el negocio y la vida. La estrategia de Calderón fue similar a la que se siguió en otros países para enfrentar a las organizaciones criminales en Palermo, Medellín, Nueva York o Miami, donde el costo de vidas se iba a incrementar de manera radical y gradualmente, golpeando con mayor velocidad a que los cárteles podían remplazar a jefes y estructuras, irían ganando la guerra.

El índice de violencia comenzó a bajar en mayo de 2011, pero el equipo de Peña Nieto descalificó por completo la estrategia –porque no la entendió nunca– y señaló que sería mediante la prevención como lograrían bajar la violencia. Dejaron de combatir ocho meses a los cárteles, y ante la pasividad, se fortalecieron. La prevención se redujo a minucias –como repartir lentes a los niños para que pudieran leer y no dejaran la escuela y se integraran a las pandillas— y durante los dos últimos años dejaron de dar presupuesto a ese rubro. Desmanteló Plataforma México, que aportaba inteligencia criminal, y con una visión torcida de la seguridad, la Secretaría de Gobernación absorbió a la Secretaría de Seguridad Pública. El resultado es que en el gobierno de Peña Nieto la violencia se incrementó a niveles nunca antes vistos y la expansión criminal cubre prácticamente todo el país.

López Obrador, como nadie, quiere que siga esta tendencia de victoria criminal. En el plan de gobierno está su solución. Quizás sin saberlo, pero el proyecto recoge el Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Justicia y la Legalidad que se firmó –incluidos los entonces gobernadores Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong– en el Palacio Nacional el 21 de agosto de 2008, donde convierte a la seguridad pública en un asunto de Estado y enumera una serie de acciones de coordinación y estrategia de inteligencia que ejecutó Plataforma México hasta que el Gobierno actual la liquidó. El fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, así como también la profesionalización de las policías y su mejoramiento salarial, fueron parte del diseño de Calderón, de donde López Obrador también recoge en su proyecto la restitución de la Secretaría de Seguridad Pública.

El que haya recurrido a una estrategia ya planteada, no debe llevar a la descalificación del plan de gobierno de López Obrador. Más bien habla de una maduración al sostener que la seguridad pública no debe ser un asunto de interés sexenal sino del Estado mexicano. La improvisación del equipo de seguridad del presidente Peña Nieto ya mostró el costo que conlleva la incompetencia. Un sexenio tirado a la basura por los aventureros de este Gobierno ha sido demasiado.
21 Noviembre 2017 04:07:00
El mensaje de Andrés Manuel
Andrés Manuel López Obrador ha invertido tiempo en buscar cambiar la opinión del sector empresarial que en dos campañas presidenciales previas, tomó una abierta posición en su contra, financiando inclusive a sus rivales. En las elegantes  residencias de Lomas de Chapultepec, se ha reunido a comer con algunas de las figuras cuyas acciones, al frente de sus empresas, pueden mover el producto interno bruto. Ha hecho lo mismo con los capitanes de la industria en Monterrey, el otro polo de poder económico en México, pero no parece terminar de persuadirlos de que es la mejor opción que tiene el país. Después de todo, como admiten algunos de esos empresarios, están decepcionados de dos sexenios panistas y frustrados porque el regreso del PRI al poder está muy lejos de lo que pensaban sería. Ni sabían cómo gobernar el país y llevarlo a mejor destino, ni habían visto la corrupción tan extendida como en la actual Administración.

Este panorama ha hecho lo que Jorge Buendía, la cabeza de la empresa de opinión pública Buendía & Laredo, caracteriza como “un muy mal humor” de los mexicanos en estos tiempos. El 64%, dijo Buendía la semana pasada en una presentación en el Centro Woodrow Wilson de Washington, piensa que el país va en una dirección equivocada, que es una proporción similar de los electores que votaron en 2012 por otra opción que no fuera Enrique Peña Nieto, se mantienen inamovibles como fuerza opositora. Quien la ha canalizado, según Buendía, es Morena, el partido de López Obrador, que cuando nació oficialmente en 2015 tenía 15% de opinión positiva, mientras que en 2017 subió 22 puntos, hasta ubicarse actualmente en 41 por ciento.

López Obrador se mantiene, como si le perteneciera, en el primer lugar de las encuestas electorales. Aunque en este momento los estudios miden conocimiento de nombre (rebasa el 95% de mexicanos que lo conocen), mantiene un núcleo muy sólido entre los electores, que le ha permitido tener garantizada una tercera parte del electorado. Esto no le ha servido, empero, para ganar dos elecciones presidenciales, ni ha sido suficiente para poder montar una oposición social de envergadura como respaldo a sus impugnaciones. Su respuesta ante ello ha sido ratificar sus viejas banderas nacionalistas y mantener su decisión de que en caso de ganar la Presidencia de la República, desmontará las reformas del presidente Peña Nieto, en particular la energética y la educativa.

Los mensajes de López Obrador no han caído bien entre las clases empresariales y los inversionistas, ante los cuales no ha podido ni querido- modificar si imagen. ¿Hay razones objetivas para el temor a que López Obrador sea presidente el próximo año? “Siempre existe la posibilidad de que AMLO, por sí mismo, le recuerde a los mexicanos por qué nunca podrán confiarle la Presidencia”, escribió recientemente Richard G. Miles, director de la Iniciativa del Futuro México-EU del Centro Estratégico de Estudios Internacionales en Washington. “López Obrador en un populista autoritario de corazón. Si insiste en deshacer la reforma energética o sabotea las delicadas negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o apoya a Venezuela, podría empujar a los votantes hacia opciones menos atractivas pero más seguras. O podría, difícilmente, mantener la autodisciplina y martillar el único mensaje con el que está ganando: todos los demás son unos ladrones”.

El mensaje de López Obrador ha sido una constante en la preocupación de empresarios e inversionistas. En enero, el Financial Times, el diario británico que junto con The Wall Street Journal es el de mayor influencia en esos sectores en el mundo, comparó a López Obrador con Donald Trump, caracterizándolo como “otro populista, antiestablecimiento que esperaría seguir los pasos del presidente electo de Estados Unidos”. En mayo, Shelly Shetty, una de las directoras de la agencia calificadora Fitch Ratings, dijo que la victoria de López Obrador generaría “incertidumbre y volatilidad” en México.

Hace unos días Niall Walsh, director asociado de Global Risk Insights, escribió que la victoria de López Obrador comprometería la potencia regional de México. “Los inversionistas internacionales favorecen instituciones fuertes y estables, y temen de líderes populistas que amenazan con desmantelar las normas y las estructuras burocráticas”, agregó. “Considerando su disposición a prevenir la implementación de las reformas pro-mercado, el potencial de la elección de AMLO traería negatividad en los mercados. Sería probable un declive en el valor del peso, acompañado por una reducción en el crecimiento, comparado con otras economías latinoamericanas”.

Las preocupaciones del capital mexicano y extranjero nacen de su programa de gobierno, donde ven una modificación de la competencia del mercado por un modelo de sustitución de importaciones, que fue la política económica que mantuvieron los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo que metió a México a 12 años de crisis profunda. No les gusta su lenguaje, como donde  dice que la privatización es sinónimo de robo, o cómo concilia sus propuestas de ampliación del gasto público y proyectos de obra pública e infraestructura, sin un plan de ingresos que no sea la captación de recursos mediante la reducción de la corrupción, o iniciativas muy atractivas para el electorado pero sin impacto real en las finanzas públicas, como la venta del avión presidencial.

Al presentar López Obrador este lunes una síntesis de nueve páginas de su Plan de Desarrollo, no disipó los temores. Más bien, en el concepto general de su programa se mantienen los mismos objetivos que ha venido plateando por meses y que hacen que lo vean en amplios sectores con reservas y antagonismos.
17 Noviembre 2017 04:09:00
2018: el factor Videgaray
En más de una ocasión, el presidente Enrique Peña Nieto ha dicho en privado que cuando se revele el nombre del tapado, será sorpresa para todos porque nadie se lo esperaba. ¿Cuál podría ser esa sorpresa? De entrada, ninguno de los cinco secretarios cuyos nombres se encuentran en la palestra desde hace semanas. ¿Eruviel Ávila? El exgobernador del Estado de México y líder del PRI en la Ciudad de México, es el priista mejor visto de todos los aspirantes a la candidatura presidencial, según las encuestas que tiene Peña Nieto, pero, ¿otro mexiquense sentado en la silla presidencial? Si todos ellos no, ¿quién realmente sería una enorme sorpresa que a la vez mandara un mensaje al PRI, a los empresarios y a los inversionistas extranjeros? Sólo uno está en esa categoría, Luis Videgaray.

El secretario de Relaciones Exteriores se ha descartado para aspirar a la candidatura presidencial, por considerar, de acuerdo con sus cercanos, que tiene dos lastres: la cercanía con Peña Nieto y la reforma fiscal. Parece haber quedado olvidado otro negativo, la mancha de ilegitimidad por su casa de descanso en Malinalco, adquirida a través de un crédito con tasas por debajo del mercado, que le dio el empresario Juan Armando Hinojosa, que realizó la operación inmobiliaria de la “casa blanca”.

La cercanía con el Presidente es el motor principal para su autodescarte, y ha sido un argumento esgrimido en la selección de otros candidatos como un lastre, no un activo, en la designación de un candidato. El último donde elaboró ese argumento fue con Alfredo del Mazo, primo en octavo grado de Peña Nieto. El resultado electoral, aunque muy apretado y negativo para el PRI, le dio la gubernatura a Del Mazo, con lo cual la posición de Videgaray quedó disminuida.

Videgaray, además, tiene lo que ningún otro en el Gabinete, la dependencia que de él tiene Peña Nieto. Se conocen desde que Peña Nieto, como secretario de Administración del gobernador Arturo Montiel, pagaba los honorarios a Protego, la consultora de Pedro Aspe que elaboraba los libros blancos del Gobierno, y cuyo enlace era Videgaray. Peña Nieto lo hizo secretario de Finanzas, coordinador de su campaña presidencial y diputado. En el Gobierno federal no sólo le cumplió su deseo como secretario de Hacienda, sino que su equipo analizó los perfiles de quienes había sido seleccionados por Peña Nieto para su Gabinete. Es decir, tenía la capacidad de veto, como pasó con algunos potenciales secretarios que nunca llegaron a serlo por la opinión negativa que emitió el consejero de Peña Nieto, una especie de Nicolás Maquiavelo y José Fouché.

Fue idea de él invitar a Donald Trump como candidato a la Presidencia, y el fiasco político y público por esa iniciativa, mas la presión del presidente Barack Obama provocó que Videgaray pagara con su renuncia el chasco de Peña Nieto. Hace no mucho, sin embargo, en una plática con Susan Rice, quien fue su directora del Consejo de Seguridad Nacional, transmitió el sentir de Obama a la entonces canciller Claudia Ruiz Massieu, reconoció que la visita de Trump a Los Pinos no tuvo ninguna incidencia sobre la campaña o el resultado electoral. La victoria de Trump en las elecciones reivindicó a Videgaray ante los ojos de Peña Nieto, quien no alcanza a distinguir entre una decisión mal tomada y una correctamente aplicada, sin importar el resultado de ella.

Imposible de vivir políticamente separado de él, le encargó supervisar la campaña electoral en el Estado de México, en la cual se involucró durante el proceso de designación de candidato, y le pidió establecer una relación directa con Trump, que construyó a través de su yerno y asesor, Jared Kushner. Esa relación le ha dado un acceso privilegiado en la Casa Blanca como prácticamente ningún extranjero tiene, que si bien no ha cambiado los fundamentos dogmáticos del Presidente estadunidense sobre México, ha impedido que sus arranques terminen de demoler la relación bilateral.

Peña Nieto depende enormemente de Videgaray, su alter ego, que le dio densidad y destino a su Presidencia, con la construcción del Pacto por México. En la Cancillería, el peso de Videgaray en la política palaciega le ha permitido modificar años de ostracismo en líneas diplomáticas y seguir operando temas de política interna tantas veces como Peña Nieto –que son más de las normales para quien ocupa la cartera de exteriores- lo necesite. Nadie como él, con la exposición en el mundo, con la experiencia en dos carteras fundamentales como Hacienda y Relaciones Exteriores, con dos campañas sobre su espalda y cargos de elección popular, tiene el palmarés idóneo para una candidatura presidencial.

Peña Nieto también dice que engañará con la verdad, que bien cabría en la figura de Videgaray. El único problema que se le ve, en este momento, es que ha dicho en público y en privado que no quiere la candidatura. Prefiere, como ha sido su constante en los últimos años, estar en la mesa donde se deciden las cosas, el hábitat en el que mejor se siente y opera. Sin embargo, no hay que olvidar que meses antes de que se decidiera la candidatura en el Estado de México en 2011, dijo que le gustaría, pero haría lo que el gobernador, decidiera. En ese entonces, Peña Nieto lo hizo a un lado. En esta ocasión, una vez más y pese a lo que diga Videgaray, el Presidente priista tiene la palabra y decisión sobre su futuro y el candidato del PRI.
16 Noviembre 2017 04:08:00
2018: qué hacer con Anaya
Las dudas sobre si Ricardo Anaya, el líder nacional del PAN, va a aceptar someterse a un proceso democrático y abierto para definir la candidatura presidencial del Frente Ciudadano por México, que tiene escasa una semana para concluir esos acuerdos y formalizar una coalición con el PRD y Movimiento Ciudadano en el Instituto Nacional Electoral, no debe ser motivo de discusión. La biografía política de Anaya permite afirmar que si él no es el candidato del Frente, va a romper con sus eventuales socios e ir solo a la elección de 2018. Anaya no tiene palabra ni respeta compromisos. ¿Por qué esperar a que cumpla con su palabra con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, que le disputaría la candidatura?

Pero sólo para efectos de argumentación, aun si Anaya entrara a un proceso de competencia real y no de imposiciones donde ganara la candidatura, no es la mejor opción que pueda tener el Frente para elección presidencial. En el entorno de Anaya piensan lo contrario, y de manera indirecta lo avalan expertos en opinión pública, porque su discurso, como el de Andrés Manuel López Obrador, apela a los inconformes, que es el principal atributo que hoy se le asigna a cualquier aspirante a la Presidencia. Según Consulta Mitofsky y Buendía&Laredo, entre el 40 y el 50% del electorado, dan al PRI como la primera respuesta del partido por cuál partido nunca votarían.

Es decir, el discurso antigobierno y disruptivo es lo que da más réditos políticos, por lo que el enfrentamiento de Anaya con el presidente Enrique Peña Nieto le ha aportado conocimiento nacional –que ha crecido en los últimos meses–, y el perfil contestatario tan apreciado por el electorado en estos tiempos. Sin embargo, a diferencia de López Obrador, que ha sido consecuente y consistente en su discurso de oposición, Anaya se colocó en ese lugar después de acompañar a Peña Nieto y a su Gobierno durante el proceso de implementación legislativa de las reformas económicas. Su choque con el Presidente obedece a que al incumplir los acuerdos con Peña Nieto con respecto a la elección para gobernador en el Estado de México –aparentemente ser instrumento para restar votos a Morena–, el conflicto entre ellos se volvió personal.

Después de las elecciones mexiquenses, Anaya buscó una cita con Peña Nieto, pero nunca se le dio. Por el contrario, se endureció la campaña de El Universal en su contra. La campaña, extendida a otros medios, cuestionó la riqueza de su familia política, que creció a la par de su carrera en la administración pública en Querétaro, de donde es originario, y se han divulgado documentos de sus gastos en Atlanta, donde vive su familia, hechos con dinero en efectivo para no dejar rastro de sus ingresos y egresos en el sistema bancario estadunidense. Anaya siempre ha defendido su riqueza y asegurado que todos tienen una lógica patrimonial y no proceden de evasión fiscal ni tienen origen oscuro.

Anaya se encuentra en un punto sin retorno. La confrontación con Peña Nieto y el PRI seguirá, aunque no se sabe qué alcances pueda tener. En todo caso, el líder del PAN se está convirtiendo en un lastre de manera acelerada. Por un lado es la vulnerabilidad de su figura ante las acusaciones sobre el manejo de su fortuna, y por otro, el manejo patrimonialista con el que ha manejado el PAN con el único propósito de alcanzar la candidatura presidencial, que ha provocado fracturas y renuncias en el partido que lo han debilitado como fuerza política.

En las condiciones actuales, el análisis es si Anaya y lo que representa en el PAN hoy en día, sigue siendo un activo o un lastre. Indiscutiblemente, el PAN, suma votos y fuerza al Frente Ciudadano. El problema estriba en la obsesión de Anaya por la candidatura presidencial y lo pernicioso de su comportamiento político. El Frente no puede dudar en estos momentos y debe optar por romper con él. El PRD puede consolidar sus acuerdos con el Movimiento Ciudadano y abrirse a otros partidos, como Nueva Alianza, que reclama para sumarse a la coalición que el método sea abierto, y el Partido Verde, que anda en busca de nuevos aliados.

Según la última encuesta pública de preferencia por partidos, elaborada en octubre por Consulta Mitofsky, el Frente ganaría la elección con 21.2% del electorado, Morena y el PT detrás con 16.4%, y el PRI, Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, con 14.8%. Visto individualmente, el PAN tiene 19 puntos de preferencia electoral por 5.1 del PRD y 1.2 de Movimiento Ciudadano. Parecería una locura que si el PAN aporta tanto al Frente –12.7%–, el camino debe ser romper con Anaya. Si se ve con la frialdad de la racionalidad numérica, ciertamente es un error. Sin embargo, a lo objetivo se le tiene que sumar lo subjetivo en este caso, que es la volatilidad objetiva del carácter de Anaya en todos los sentidos, menos en la traición.

Separarse de él es la mejor opción electoral, seguido de un intenso trabajo en los próximos cuatro meses para elevar el porcentaje de preferencia electoral nacional y convertir la coalición en una opción de voto real y atractiva en el escenario electoral polarizado que se pronostica. Mantener la esperanza que Anaya aceptará una competencia equitativa por la candidatura y reconocerá su derrota, es un suicidio político que arrastrará a los partidos que decidan apoyarlo, bajo cualquier escenario posible hoy en día.
15 Noviembre 2017 04:09:00
2018: Las máximas de Peña
El morbo de la sucesión presidencial corre, indiscutiblemente, por debajo de la piel mexicana, que lleva a que se escudriñen los gestos y las acciones del presidente Enrique Peña Nieto, para adivinar hacia dónde se inclinará el destape. No va a ser posible. Peña Nieto engaña, incluso, deliberadamente. Lo hizo en el Estado de México en la sucesión de gobernador, cuando un mes antes del destape de Eruviel Ávila, le confió a un grupo de comunicadores que la decisión estaba entre Alfredo del Mazo y Luis Videgaray. Lo está haciendo ahora. Lanza guiños a los periodistas, y juega con sus ansias, con un control pleno sobre el proceso de sucesión en sus manos, que se ajusta a sus deseos y el calendario.

¿Hacia dónde se inclinará? Un político con amplia experiencia que tiene contacto con él cree que ya tomó la decisión. “Se nota despresurizado, tranquilo y contento”, dijo. Nadie sabe cuál es, pero de lo que quienes lo conocen no tienen duda, es de su pragmatismo. Peña Nieto ha dicho a sus interlocutores políticos desde hace tiempo, que él decide electoralmente por aquella persona con la que cree va a ganar. Él no se fija quién va arriba en las encuestas, sino quién es el que menos negativos tiene. No quiere lastres que arrastrar sino activos que potenciar.

Otra máxima que tiene es que nunca juega con el segundo lugar. “El segundo nunca gana”, suele decir. “Yo fui gobernador porque no era el segundo”. Ciertamente, cuando se dio la sucesión en el Estado de México en 2005, no era la persona a quien se identificaba dentro del equipo del gobernador Arturo Montiel como la de mayor confianza y con mayores posibilidades para alcanzar la candidatura. Su designación fue por encima del operador político de Montiel, Isidro Pastor, líder del PRI estatal, y del entonces procurador, Alfonso Navarrete Prida.

Si se aplican las categorías de análisis convencionales a sus máximas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, estaría fuera de la contienda por la candidatura, y el resto de los aspirantes estarían jugando por ser abanderados del tricolor. Bajo esa misma racional, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, estaría fuera de la competencia por los negativos que le acarreó la reforma educativa, de la misma forma por la que el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray –quien se ha descartado reiteradamente de la lucha por la candidatura–, quedaría excluido por los negativos que tiene. Dentro de los parámetros de esa lógica, se encuentran los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade, de Salud, José Narro, y de Turismo, Enrique de la Madrid.

En cualquier caso, salvo el de Osorio Chong, quien es el precandidato priista más conocido de todos –duplica a quien le sigue–, su nombre se inscribe en otra de las frases famosas de Peña Nieto: no importa que tenga el conocimiento de 1% de la población; en una campaña presidencial ese porcentaje se eleva sin problema. Efectivamente, en el momento de una unción los porcentajes se elevan con el envión de la designación, que van subiendo conforme avanza la campaña y tiene exposición nacional. Por eso es relevante lo que dice Peña Nieto de que su apuesta es por quien tiene menos negativos, ya que al ir siendo conocido por más personas, los negativos comienzan a subir. Entre más malas opiniones se tengan en el arranque de la campaña, poco espacio tendrá para crecer.

Las variables para Peña Nieto pueden ser muchas, si se analizan dentro de este paquete de categorías. Lo que no se conoce con precisión son sus referentes y parámetros. ¿Son los temas de corrupcion un determinante para elegir sucesor? ¿Existe la necesidad para consolidar las reformas económicas? ¿Acaso es la seguridad el problema central? Uno podría responder cuales candidatos se enmarcan en una de las variables o cuales son excluidos, pero quien importa lo que piensa y cómo lo encuadra es el único elector real del PRI, Peña Nieto, y sólo él hará las evaluaciones finales.

A través de sus propias palabras, podría definirse el perfil como el que más sume y quien menos negativos tenga. Es inútil colocar a los aspirantes en sus respectivos casilleros, según el pensamiento convencional, porque la percepción de Peña Nieto ha quedado demostrado de manera reiterativa a lo largo del sexenio, no se ajusta casi nunca a lo que piensan los mexicanos. Su visión de país es diferente a cómo la ven millones de mexicanos, si se analizan sus declaraciones públicas, y se podría alegar que hay momentos donde pareciera que la nación está mal y él está bien, como cuando se molesta por la crítica reiterada –que considera injusta–, y de la incomprensión del porqué no se valoran sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción y la seguridad.

Los resultados en el Estado de México, sin importar los detalles de cómo fue el voto por el PRI –perdió por 56 mil votos ante Morena–, lo revigorizaron y le permitieron recuperar espacios dentro de su partido, donde pudo mover a su antojo la 22 Asamblea Nacional y modificar los estatutos que quiso. Con todo ese poder está manejando su sucesión. Habrá que esperar ahora si en sus próximos discursos da una señal clara y sin contradicciones sobre qué tipo de país enfrentará la próxima administración para ver, si en análisis póstumo, su dicho fue consistente con su designado, o si demuestra una vez más, que engañó a todos con la verdad.
14 Noviembre 2017 04:07:00
2018: la estrategia de Peña
Las encuestas presidenciales, prácticamente todas, muestran dos tendencias: el PRI no va a ganar la elección en 2018, y el partido por el que menos votarían los mexicanos es el PRI. Si esta proyección es una mala noticia para el presidente Enrique Peña Nieto, el que sea el Mandatario peor evaluado desde que se miden los jefes del Ejecutivo en México desde hace un cuarto de siglo la hace peor, pues lo convierte en un lastre para el candidato, no un activo. A las malas noticias electorales para el Presidente se suman la inflación de 7%, el alto costo del dinero con las tasas de interés más elevadas del mundo y las dudas sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que frena inversiones e impacta en el tipo de cambio. No obstante, en Los Pinos creen que el PRI y a quien unja Peña Nieto como candidato repetirá en la silla presidencial.

No hay magia. La estrategia es clara. El golpeteo constante a los líderes del Frente Ciudadano busca minar su eventual candidatura presidencial, con la mira puesta en la polarización del electorado y que la disputa en 2018 sea pareja con Morena. El virtual candidato presidencial de ese partido, Andrés Manuel López Obrador, quiere lo mismo. Peña Nieto y López Obrador quieren batirse como en el Estado de México, una lucha entre ambos donde sólo existan dos contendientes. Pero la apuesta de López Obrador, añadir a su voto antisistémico el de los inconformes, no es la misma que la de Peña Nieto y Los Pinos. La estrategia tricolor es ganar los primeros lugares en todos aquellos estados que se pueda, pero, sobre todo, llevar al candidato del PRI siempre en el mejor segundo lugar en donde no gane.

Es decir, la estrategia es ser el mejor segundo lugar donde la suma de todos esos votos le dé la victoria. Estos cálculos presuponen que ningún candidato del PRI sería suficientemente competitivo para derrotar a López Obrador, por lo que están diseñando un andamiaje electoral distinto, aprovechando la fortaleza territorial del PRI y la debilidad de Morena a nivel de estructura nacional. Morena es un partido que apenas obtuvo su registro en 2015, por lo que no hay un historial de voto suficientemente longevo para ver las tendencias de su electorado, ni amplio para analizar sus fortalezas y debilidades. En la actualidad, Morena es López Obrador, quien ha reducido sus negativos al tiempo de consolidar su base electoral. El PRI, en cambio, es lo suficientemente viejo para que el electorado aprecie más sus debilidades y fortalezas.

Como ilustración para explicar la estrategia priista, en las elecciones federales de 2015, el PRI tuvo una caída de más del 25% de su electorado y dejó de gobernar a 11 millones de mexicanos. Porcentualmente, el PRI dejó de gobernar a más de 50 millones de mexicanos en el país, como había sido hasta entonces. Es cierto que todos los partidos perdieron electores, pero ninguno como el PRI. Morena y Encuentro Social, los únicos que fueron a su primera elección, conquistaron casi 5 millones de votos, de cuales 70% fue de Morena. La tendencia de voto para el PRI ha tenido una caída sostenida de aproximadamente 45 grados; o sea, una inclinación clara, sin ser abrupta.

En los estados que son los principales campos de batalla electoral por densidad poblacional, las contiendas por las gubernaturas le han sido desfavorables al PRI en los 3 últimos años. En Nuevo León fue arrollado dos a uno por el independiente Jaime Rodríguez, “El Bronco”. En Veracruz, Miguel Ángel Yunes ganó por clara diferencia, mientras que en Puebla la ventaja se amplió a más de 10 puntos. La Ciudad de México y Guanajuato tendrán elecciones concurrentes el próximo año, pero en ninguna de las dos gobierna el PRI y no se ve que pueda revertir la tendencia. Jalisco, que también tendrá elecciones el próximo año, es gobernado por el PRI, que ha perdido fuerza frente a Movimiento Ciudadano en los 2 últimos años y posiblemente pierda el Ejecutivo estatal. El PRI sólo gobierna uno de los estados donde se deciden las elecciones, el de México, donde superó por escasos tres puntos a Morena.

Sin embargo, en todas esas entidades salvo en la Ciudad de México, el PRI ocupa el segundo lugar. Es muy distante en algunos estados, como en Puebla, pero ahí supera casi 4 a 1 a Morena. En Veracruz avanzó formidablemente Morena en 2015, pero se desinfló en 2016. Morena dejó de ser competitivo en ese estado del golfo, y sólo mantiene su nivel en la Ciudad de México, donde su rival es el PRD, y en el Estado de México, donde tuvo ese avance por el desplome del PAN y una campaña tardía y acotada por presiones e intereses del PRD, cuyos dirigentes estatales estuvieron en convivencia con el PRI.

Vista fríamente la estrategia, aunque conservadora, es tácticamente inteligente. Pero para que esto pueda darse, se puede argumentar, se necesita que la contienda sea entre dos candidatos fuertes, por lo que una candidatura del Frente Ciudadano por México, no sería deseable para estos fines. Lo que mejor acomodaría para esta estrategia, sería que el PAN y el PRD presentaran candidaturas presidenciales individuales, para que el voto anti López Obrador no se dividiera en los estados clave para ganar la elección. Si esto es posible, como sucedió en el estado de México, piensan que la victoria está a la mano para el candidato de Peña Nieto, cualquiera que este sea.
13 Noviembre 2017 04:07:00
2018: Ya llegaron ¿los rusos?
Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el primer político de envergadura que toca el tema de la posible intervención de agentes rusos en la campaña presidencial del próximo año. En un evento en San Luis Potosí, señaló que la sucesión presidencial sólo compete a los mexicanos y que estaría pendiente y, en dado el caso, denunciar si algún gobierno extranjero pretende inmiscuirse en los asuntos nacionales. No hay mucho de dónde asirse en sus declaraciones, pero lo relevante es que ya entró a un tema que para la mayoría de los mexicanos, políticos o sociedad, parece un tema lejano, paranoico y del cual México está blindado. No hay ninguna indicación de que esto sea cierto.

La información oficial que se tiene sobre el tema de los hackers se refiere únicamente a los ataques cibernéticos conocidos como DOS, que significa Ataque de Negación de Servicio, que es cuando mediante la solicitud masiva para el acceso a una página en internet satura al servidor y termina por tirarlo ante la incapacidad para poder procesar todas las peticiones. Estos ataques pueden venir de individuos, organizaciones o gobiernos que buscan la disrupción de los sistemas y de infraestructuras, para robar información o alterar el contenido de las páginas.

La Policía Federal tiene una rama, la Policía Cibernética, que opera 24 horas en el búnker de la Comisión Nacional de Seguridad frenando y combatiendo miles de ataques –literalmente– que hay todos los días contra México, en una lucha que no se ve, pero que es intensa. El campo de batalla cibernético se aprecia en el cuartel general de la Policía Cibernética con una pantalla donde se ven cientos de líneas que cruzan desde distintos puntos del mundo sus ataques contra servidores en México, cuya gran mayoría son neutralizados.El Instituto Nacional Electoral, por su parte, comenzó a revisar y verificar sus sistemas de protección para evitar que sean hackeados el próximo año. No son los únicos en protegerse. Todas las instituciones, públicas y privadas, organizaciones, medios de comunicación e incluso individuos, instalan lo que se conoce como firewall, que son sistemas de seguridad que construyen barreras para evitar el hackeo o los virus.

Todo esto, sin embargo, no tiene que ver ni con lo que señaló López Obrador, ni con el riesgo y la vulnerabilidad en la que se encuentra México. A principios de septiembre se planteó en este espacio si, ante las crecientes y documentadas pruebas de que el gobierno ruso se estaba inmiscuyendo en cada una de las elecciones en el viejo Occidente, México podría ser una futura víctima cibernética. Desde entonces, ha habido novedades. Analistas privados han encontrado cuentas en varios puntos del mundo desde donde se han estado colocando mensajes en las redes sociales pobladas por mexicanos con informaciones falsas, ataques a gobiernos específicos, a personas en particular y textos que buscan la polarización y el estímulo del odio.

Estas características no son diferentes a las que se vieron durante las elecciones en Estados Unidos, donde intervinieron hackers al servicio del Kremlin. La intervención más reciente se dio alrededor del referéndum en Cataluña del 1 de octubre. Javier Lesaca, profesor en la Universidad de Navarra e investigador visitante en la Universidad George Washington, en la capital estadunidense, analizó poco más de 5 millones de mensajes en redes sociales donde concluyó, de acuerdo con un reporte del diario El País, que los medios de propaganda rusos, RT (Russia Today) y Sputnik, utilizaron un alto número de cuentas chavistas y Venezuela para propagar una imagen negativa de España. La principal conclusión del estudio, señaló el matutino madrileño, es que líderes políticos e instituciones tradicionales han perdido peso a la hora de influir en la opinión pública, y su lugar ha sido ocupado por otros actores, mucho más difíciles de seguir y controlar, que no se circunscriben al ámbito político y mediático de un solo país.

Los analistas privados mexicanos que han hecho trabajo forense en redes sociales por más de un año, identificaron cuentas en Australia y Nueva Zelanda en Oceanía, y Croacia o Polonia (en especial Cracovia), desde donde se han enviado mensajes de esa naturaleza y entrado en la conversación en México. El hecho que hayan surgido de direcciones IP en esos lugares, no significa necesariamente que salieran de ahí. Hay tecnología para poder utilizar un DNS (dominios en internet) extranjero, estar en un VPN (que es una red privada virtual) o utilizar un servidor Proxy que permite navegar en forma anónima, para esconder el origen de un mensaje.

Una de las peculiaridades que se han encontrado con la intromisión rusa en elecciones pasadas es que no sólo utilizan robots, sino cuentas reales de personas de carne y hueso. En el caso del referéndum en Cataluña, la participación de RT fue significativa al difundir en ese periodo un 50% información sobre supuesta violencia policial con titulares como, anotó El País, “Fuertes videos: la brutal represión de la policía contra los votantes del referéndum catalán”, o “Cataluña elige su destino entre porras y balas de goma”.

Una de las líneas editoriales de RT en México es precisamente la violencia y reproducción de artículos que inyectan odio.

No hay hasta ahora ninguna evidencia que demuestre que el Gobierno ruso esté comenzando a interferir en la sucesión presidencial en México. Pero son demasiadas las llamas de atención para no hacer caso y tomar el tema, al menos como una probabilidad, seriamente. El campo abierto por la debilidad de las instituciones, es fértil.
10 Noviembre 2017 04:09:00
Las trampas de Osorio
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, presumió que la tasa de secuestros se redujo en los primeros 9 meses de este año en 17% con respecto al mismo periodo en 2012, el último del Gobierno de Felipe Calderón, y dijo que el objetivo es que no haya ni un solo secuestro. Hay que combatirlo, pero no con discursos, dijo el secretario, quien con discursos amañados pletóricos de lugares comunes –“no debemos bajar la guardia ni escatimar recursos”–, utilizó el recurso que criticó. Tasa cero en secuestros, sin embargo, es una utopía en México y el mundo. La disminución del secuestro en el gobierno de Enrique Peña Nieto, no lo aclaró, también es relativa.

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que recibe y procesa la información de las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades federativas, el número de secuestros sí se redujo en el periodo de enero a agosto de 2012, cuando se registraron 901 denuncias, al mismo periodo en 2017, cuando se hicieron 782 denuncias. La trampa del secretario se da en los lapsos que escogió para comparar. Con la misma fuente de información, la tasa de secuestros se elevó dramáticamente en los primeros 8 meses de 2013 al denunciarse mil 123 secuestros. En 2014 se bajó a mil 123 casos denunciados, pero en 2015 hubo una reducción drástica, con un desplome a 704 secuestros denunciados, que se mantuvo estable durante 2016, cuando hubo 710 denuncias. Es decir, no comparó con los años del peñismo, sino con los de Calderón.

La considerable baja en la tasa del secuestro a partir de 2015, además, coincide con un cambio en la metodología para contabilizar los secuestros. Hasta 2014, los secuestros se sumaban individualmente en cada averiguación previa, por lo que cada una de las que se abría podía tener más de un caso. Desde 2015, los secuestros en las averiguaciones previas se contabilizan por carpeta y no personalmente. Hay una justificación técnica que busca no duplicar el trabajo al procesar secuestros en un mismo caso de manera individual en lugar de ser colectivo, que permite que la investigación y el proceso sean más expeditos, pero retóricamente es engañoso cuando se hacen comparaciones cuantitativas con averiguaciones previas abiertas antes de ese año. No puede haber analogías porque el método de contabilidad es diferente.

En las comparaciones con la aplicación de la misma metodología, 2013 fue el año que mayor denuncias se registraron desde 1997, cuando se comenzaron a contabilizar las denuncias de secuestro, y todavía en 2014, segundo año del sexenio de Peña Nieto, la cifra es superior al peor año del sexenio de Calderón, que fue 2011, cuando hubo 967 secuestros. Los únicos datos comparables, por utilizar la misma metodología, se refieren a 2015, 2016 y 2017. Al tomar estos tres años, se puede ver que de 2015 a 2017, la tasa de secuestros va en aumento: 704, 710 y 782%, respectivamente, lo que significa que la cifra de este delito de enero a agosto este año, se elevó 10.1% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Más aún, si se elabora un comparativo, mezclando incluso las metodologías, el número de secuestros durante los primeros 57 meses de gobierno de Peña Nieto se elevó en 30% en comparación con el mismo periodo del gobierno de Calderón. De diciembre de 2006 a agosto de 2011, se denunciaron 4 mil 760 secuestros en las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades federativas, mientras que de diciembre de 2012 a agosto de 2017, hubo 6 mil 193 denuncias de secuestro, lo que significa que hubo mil 433 denuncias más de secuestro en la Administración peñista que en la calderonista. En este mismo periodo, el promedio de secuestros denunciados por mes fue de 84 en la administración de Calderón, contra 109 en la de Peña Nieto.

Todos estos datos fueron soslayados por Osorio Chong al presumir los logros en materia de combate al secuestro. En este contexto, los más de 2 mil millones de pesos que se han invertido para el combate en lo que va del sexenio en todo el país no han tenido los frutos deseados. De hecho, al hacer una proyección sobre el número de secuestros al finalizar el año, con la información disponible hasta este momento se puede anticipar que habrá un aumento de aproximadamente 3.5% en comparación con 2016, con lo cual el gobierno de Peña Nieto seguirá rompiendo récords negativos en esta materia. El anterior fue en 2013, cuando la tasa de secuestros denunciados fue de 1.43 por cada 100 mil habitantes, que es la cifra más alta registrada en 20 años, cuando comenzó a medirse el delito.

Los datos fríos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contradicen al secretario de Gobernación, quien en su discurso en Mazatlán, al inaugurar la reunión de planeación y estrategia para el combate al secuestro, dijo: “Mientras haya un solo secuestro, no debemos bajar la guardia ni escatimar recursos hasta lograr el objetivo de tasa cero. Se trata de un delito grave que no debe quedar impune y que exige una respuesta firme, eficaz y corresponsable de todas las autoridades para lograr el gran objetivo de reducirlo a tasa cero”. Nunca en la historia del país ha habido cero secuestros. El secretario no está hablando con la verdad que exige el fenómeno. Menos aún reconoce, como debía ser en un ejercicio de autocrítica, que este Gobierno tiene un déficit con los mexicanos en la materia.
09 Noviembre 2017 04:08:00
La tragedia del Istmo
Cualquiera que haya observado el evento del martes pasado en Los Pinos, pudo notar los rostros fruncidos de los presentes. Ni una sonrisa de protocolo se le escapó al presidente Enrique Peña Nieto o a su Gabinete que lo acompañó a un evento con empresarios, igualmente serios, que fueron a contarle lo que habían hecho por los miles de mexicanos que en el sismo del 7 de septiembre en Oaxaca y Chiapas se quedaron sin nada. Los empresarios, que dijeron haber tenido pérdidas por 10 mil millones de pesos en esa región, la más pobre del país, dieron apoyos por 4 mil millones. El Presidente no se contuvo. Agradeció lo aportado, pero dijo que más apoyos serían bien recibidos. Nadie dijo nada. La tarea de reconstrucción, para la mayoría de quienes asistieron a ese acto, está en marcha. En Oaxaca quizás los oyeron, pero saben que la realidad que viven no es la misma de la Ciudad de México. Allá la crisis es profunda y sin fin.

El sismo de hace 2 meses fue de 8.2 grados, y desde entonces ha tenido unas 10 mil réplicas de 4 a poco más de 5 grados de intensidad. La parte más afectada es el Istmo de Tehuantepec, donde vive aproximadamente el 30% de los casi 4 millones de habitantes de Oaxaca, y donde impactó en tres naciones indígenas, la zapoteca, los huaves y los mixes. En esas zonas el sismo los mantiene en vilo. En Guevea de Humboldt, en la Mixe baja, el piso cruje. No se mueve, pero hace ruido constante, por lo cual no quieren empezar a reconstruir sus viviendas. En la montaña hay una fractura que parece un deslave, por donde se está desgranando permanentemente la ladera. En la parte de arriba, el sismo abrió una grieta a cuyo alrededor surgieron borbotones de agua caliente. ¿Qué está sucediendo ahí? Nadie lo sabe. Los lugareños juran que está naciendo un volcán. Lo que sí se sabe es que el miedo sigue apretándoles el alma.

En Juchitán, en la zona costera, la comunidad más cerca del epicentro, la tierra zumba, como aviso de un nuevo sismo. Esta ciudad, devastada en el centro, es la más atendida de todas en Oaxaca, pero está lejos de ser la más necesitada. Por ejemplo, en Santiago Astata, en la zona mareña, 2 meses después del sismo, siguen los ríos de mierda por los derrames de aguas negras causadas por el colapso de los malos drenajes.

En San Mateo del Mar, la sacudida hizo que el agua saliera de los pozos, que se llenaron de tierra o se azolvaron. Los que no, tienen sal. Los pobladores empiezan a sufrir de necrosis en los pies por las enfermedades bacterianas ante la falta total de capacidad para potabilizar el agua. Ahí mismo, el mar se retiró de la costa 30 metros y aún no regresa. Los peces, tampoco.

Los daños son tan cuantiosos en algunas zonas, invisibles en las mediciones oficiales. Según el censo gubernamental, hay 60 mil viviendas afectadas –en cada una de ellas viven un promedio de ocho personas–, pero, de acuerdo con quienes conocen la zona, la estimación se dio sobre aquellas propiedades que estaban construidas con materiales sólidos. En la zona ribereña abundan las casas de morillo –que son pequeñas vigas de madera– y palma, muy ligeras, que no se cayeron. Quedaron enterrados. Hoy apenas se puede apreciar al ras del suelo la parte superior de los morillos. ¿Qué tipo de fuerza fue la que los hundió? El misterio sólo se explica por la violencia del sismo, que hizo desaparecer esas viviendas que, por lo mismo, no fueron contabilizadas en el censo.

Las postales de la tragedia no permiten entender la magnitud de lo que se vivió y se sigue sufriendo en la zona del Istmo de Tehuantepec, donde la sicosis probablemente ha tenido un impacto mayor en las niñas y los niños, los adultos de la tercera edad y los discapacitados, que en esa región se encuentra la mayoría de los que habitan en el estado. El Gobierno federal se metió de lleno a la tarea de reconstrucción, que, sin embargo, parece haberlos rebasado en sus cálculos iniciales. En esa zona la gente mantiene una enorme desconfianza frente a las autoridades, pero por la incertidumbre sobre hasta dónde van a llegar, cuánto más van a estar y en qué momento los volverán a abandonar. La desgracia es continua. Las capacidades productivas no han podido ser reinstaladas y dependen completamente del Gobierno federal y el estatal.

Los desastres no son naturales, dijo hace unas semanas en una entrevista de prensa Robert Glasser, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Según Glasser, los desastres ocurren cuando el fenómeno natural se combina con la gente y su vulnerabilidad. Siguiendo su racional, el sismo del 7 de septiembre fue un incidente en el Istmo de Tehuantepec. Lo que ocurre ahora es un desastre, cuyo reflejo fue el acto del martes en Los Pinos. El evento de caras largas fue de números, como si el mero enfoque cuantitativo fuera la solución. Cuánto aportaron, cómo lo dieron y a quién lo entregaron. Quién da más. Qué bolsillo es el más solidario. Dar así no basta y es un insulto ante las comunidades devastadas en el Istmo, donde la realidad retumba todos los días bajo sus pies, literalmente, y no, precisamente, por la retórica oxidada de todos los días en la Ciudad de México.
08 Noviembre 2017 04:08:00
Historias del paraíso
El 18 de mayo pasado, desde su sede en Baar, Suiza, la multinacional Glencore anunció un acuerdo con el Grupo Gasolinero G500 para invertir mil millones de dólares en proyectos de infraestructura en México durante los próximos cinco años en Tabasco y Veracruz, así como una inyección de recursos para una amplia red de gasolineras en el país. El consorcio G500, que integran 54 operadores de estaciones de servicio y tienen más de mil 800 gasolineras en el país, abastece al 15% del mercado nacional. Con este acuerdo y una primera gasolinera en Tlalnepantla que importa gasolina y diésel, se materializaba uno de los puntos más controvertidos de la reforma energética. La crítica se disipó y nadie reparó en su socio estratégico, Glencore, cuyo negro historial acaba de quedar expuesto.

El pasado de Glencore emergió con la revelación de 34 millones de documentos, una gran parte del despacho Appleby, que colocó en cuentas secretas durante 66 años dinero de decenas de miles de personajes en el mundo de la política, los negocios y la industria del espectáculo, en lo que se ha denominado los Papeles Paraíso. En ese voluminoso paquete de documentos y correos electrónicos dado a conocer mundialmente el domingo, aparecen las huellas de Glencore, una de las multinacionales de materias primas y recursos naturales más grandes del mundo, con operaciones en 150 países y fundada en 1974 por Marc Rich, un estadunidense que emigró de Bélgica durante la Segunda Guerra Mundial, que inventó en 1970 el mercado spot de petróleo y en 1983 fue acusado por la fiscalía de Nueva York por evadir impuestos, junto con otros empresarios, por unos 50 millones de dólares.

Los Papeles Paraíso revelan como Glencore, la minera más grande del mundo, le prestó en forma secreta 45 millones de dólares a Dan Gertler, un multimillonario israelí en 2009, luego de garantizar un controvertido acuerdo con República Democrática del Congo para operar una mina en Katanga. Según la arqueología que realizó el periódico The Guardian, de los documentos, Gertler fue el negociador clave para conseguirle los beneficios de un contrato con el gobierno tutsi de Laurent-Désiré Kabila. Getler, un personaje altamente polémico, es supuestamente la inspiración de Hollywood para el papel del traficante de diamantes en Sierra Leona, Danny Archer, interpretado por Leonardo Di Caprio. La película, Diamantes de Sangre, muy criticada por africanos, habla de cómo se utilizaba el mercado negro de piedras preciosas en zonas de guerra para financiar conflictos.

De acuerdo con The Guardian, Glencore ha sido acusada de reventar sanciones impuestas al régimen de Saddam Hussein en Irak, a los afrikaners en Sudáfrica y a los ayatolas en Irán. En 2004, añadió el diario inglés, la CIA la acusó de haber pagados sobornos por 3.2 millones de dólares a funcionarios del régimen de Saddam en violación con las sanciones al ente petrolero iraquí. En África ha sido acusada de contaminar el medio ambiente, envenenar ríos y explotar laboralmente a niños, que son imputaciones negadas por la multinacional. En una segunda exposé sobre Appleby y Glencore, The Guardian reveló que, además, los documentos mostraron cómo el brazo australiano de la multinacional se involucró en swaps de divisas por 25 mil millones de dólares, que aunque no necesariamente es ilegal, propició una investigación de las autoridades fiscales australianas.

Glencore emitió comunicados de prensa y respuestas directas a The Guardian para explicar los asuntos en los que se le involucró en los Papeles Paraíso, y aseguró que en ninguna de sus operaciones ha evadido impuestos. En el caso del Congo, explicó detalladamente sus operaciones y el papel que jugó Gertler, admitiendo todas las operaciones detalladas a través de los documentos, pero resaltando que no hubo irregularidad o ilegalidad alguna. En cuanto a los swaps de divisas, afirmó que todo está dentro del marco de la ley y que la razón por la que se involucró en estas operaciones financieras fue para protegerse de la volatilidad de los mercados y el riesgo de especulaciones cambiarias.

La controvertida multinacional tuvo un día de campo cuando se presentó en México para aprovechar la apertura de la reforma energética. Cuando anunció su coinversión con el consorcio de gasolineras, dijo que “la nueva era del mercado petrolero mexicano proveía una oportunidad para Glencore para construir sobre su larga historia de proveedor de productos petroleros”. Los mil millones de dólares que invertirá, se destinarán a dos terminales de almacenamiento en Tabasco y Veracruz, y a desarrollar la red de gasolineras con el consorcio G500. No será lo último. “Mantenemos la mente abierta”, dijo el director general de Glencore, Alex Beard, en una entrevista con Expansión en agosto pasado. “Quizás veamos oportunidades atractivas para participar en el futuro”. Traducido a la praxis, Glencore está interesada en participar en futuras licitaciones petroleras en México.

La multinacional no se ha metido en problemas en México ni su ingreso al mercado nacional provocó suspicacias. La puerta se le abrió sin problemas ni cuestionamientos, y México se convirtió en el sexto país latinoamericano, después de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Perú en invertir. En el hemisferio vende y compra paquetes accionarios de diversas empresas, particularmente mineras, contrata deudas y realiza maniobras para evadir impuestos. Sus voceros insisten en que no hay nada ilegal en su actuar, y entraron a una guerra de percepciones entre sus dichos y las evidencias que empiezan a aparecer en los documentos revelados. La participación en el consorcio G500 es tímida para sus estándares, pero con Glencore al descubierto, valdría la pena una nueva mirada, menos complaciente, de sus socios y autoridades regulatorias mexicanas.
07 Noviembre 2017 04:07:00
2018: López Obrador (y II)
A poco menos de una semana de las elecciones en el Estado de México, Andrés Manuel López Obrador se levantó en uno de esos días que quiere destruir todo. Le tomó una llamada a Carmen Aristegui, la afamada conductora de noticieros de radio y televisión acosada y perseguida por dos gobiernos, a quien maltrató porque no le gustó lo que la periodista estaba obligada por su profesión a hacer: preguntar y cuestionar. “Mirona profesional”, le recetó López Obrador por hacer su trabajo. Horas después le tomó una llamada telefónica a Pepe Cárdenas, otro de los conductores por excelencia, con quien se peleó ácidamente. La catarata de críticas le llovió al virtual candidato a la Presidencia.

Su intolerancia ante preguntas incómodas, pero pertinentes, preocupó al equipo de campaña de Delfina Gómez, excandidata de Morena al Gobierno del Estado de México, que llevaron a uno de sus miembros a comentar: “Espero que no venga más; es un lastre”. Gómez, la cenicienta política, perdió apenas con el candidato del PRI, tras una fuerte campaña en medios contra actos de presunta corrupción de miembros de Morena que frenaron su ascenso. La corrupción, una de las grandes banderas de López Obrador, que proclamó “la honestidad valiente”, fue horadada, pero López Obrador, cuya formación teológica ve sólo buenos o malos sin matices, ha sido refractario a esas críticas.

Hace unos días, nombró a Félix Salgado Macedonio como coordinador estatal de Morena en Guerrero. Salgado Macedonio fue presidente estatal del PRD, diputado federal y alcalde de Acapulco, político primitivo, atrabiliario, quien durante su Administración en el puerto se dejó arrastrar en una pelea entre narcotraficantes que peleaban la plaza y lo tenían amenazado de muerte. Su nombre apesta, pero no es algo que inquiete a López Obrador, quien hace unos días respaldó a Claudia Sheimbaum como aspirante al Gobierno de la Ciudad de México, sujeta a investigación para determinar si como delegada de Tlalpan incurrió en ilegalidades que pudieran haber causado la muerte de 19 niños en el colegio Enrique Rébsamen o recibió dinero de narcomenudistas de Tláhuac para su campaña electoral.

Las críticas sobre corrupción en su entorno siempre las ha rechazado sin argumentación alguna, salvo que “la mafia del poder”, en donde agrupa a todos que no piensen como él, se encuentra detrás de ello. La forma frívola como aborda el tema le va a costar. Algunas personas que lo ven con aprecio han comenzaron a observar públicamente que López Obrador no es como se pinta. Uno de ellos es el reconocido académico Edgardo Buscaglia, actualmente investigador en la Universidad de Columbia, quien reveló a la revista The Atlantic, en una crónica titulada El Populista Salvador de México Puede ser Demasiado Bueno para ser Verdad un episodio que lo dibuja de cuerpo entero.

Buscaglia recordó que cuando llegó a ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México, su equipo lo buscó en busca de ideas frescas, por lo que le propuso contralores ciudadanos, mediante los cuales le daría acceso a ciudadanos a revisar el gasto de Gobierno para así inhibir la corrupción y renovar la confianza en el Gobierno. La respuesta que recibió fue que López Obrador pensaba que eso era darle a la gente “demasiado control” y que prefería hacerlo él mismo. Según Buscaglia, López Obrador mantuvo la jerarquía local corrupta a fin de que pudiera servirle a sus propios objetivos. No es el revolucionario devoto de las reformas democráticas que dice ser, agregó el investigador que vivió varios años en México.

El artículo en The Atlantic recoge las críticas que señalan que las prescripciones de López Obrador en materia de corrupción y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte son muy idealistas y simples, que en lugar de mejorar la economía y la democracia, la desestabilizarían y debilitarían. “En un momento de profunda desconfianza en el Gobierno, la visión de López Obrador puede ser intoxicante, pero si la historia es una guía, es improbable que provea la realidad que promete”, indicó la revista, que no fue la única, en caprichosa coincidencia, que habló del precandidato presidencial al arrancar noviembre.

El semanario británico The Economist publicó un artículo de su columnista de temas latinoamericanos, Michael Reid, que firma como “Bello”, quien aseguró que el tabasqueño “ha minado las instituciones democráticas de México”. The Economist  advirtió que pese a que señala a Benito Juárez, Francisco Madero y a Lázaro Cárdenas como sus modelos a seguir, no podría ser más diferente a ellos en materia de la defensa de valores democráticos. Resalta el contraste con Cárdenas, quien argumenta que tenía un agudo sentido para distinguir lo popular y lo populista, y buscó reducir la división social, sin incitar al odio entre rivales y perdonó a aquellos que se habían levantado contra el Estado. Esto, en comparación López Obrador, quien “por el contrario, es menos aficionado a los gestos unificadores”.

La respuesta de López Obrador a la críticas fue el fin de semana… reiterando su apego a los principios de sus guías políticos. Nada más. No enfrentó las imputaciones de favorecer a la corrupción ni inclinarse por el autoritarismo. Tampoco respondió a los señalamientos sobre un pensamiento simple y sin contenido. Durante años López Obrador ha nadado de muertito, por utilizar una frase de él, pero ese largo periodo de gracia parece estar terminando. Es una primera llamada de atención para el precandidato, para que atienda, ataje, responda y muestre que no es como lo pintan.
06 Noviembre 2017 04:07:00
2018: López Obrador (I)
Como cada elección presidencial desde 2006, Andrés Manuel López Obrador luce como un rival formidable. Convertido en víctima por el empecinamiento del presidente Vicente Fox por meterlo a la cárcel por un delito menor –una mejora urbana que causaba una falta administrativa– lo volvió el adversario que sintetizaba la inconformidad con el Gobierno y abría puertas a una esperanza de cambio. Poderoso contrincante fue en 2012 y hoy no ha perdido esa categoría, aunque hay señales de que el López Obrador de esas batallas dejó de ser el que hoy busca por tercera ocasión la Presidencia. No tiene la estamina de antaño, y el López Obrador de aquellas feroces contiendas ha perdido el toque.

Sus frases han perdido brillo. Las metáforas que llegaban a ser brillantes son repetitivas, y su fraseo se arrastra como si estuviera cansado. Estas observaciones son subjetivas y abiertas a discusión, porque no pueden ser contrastadas con sus ritmos habituales de trabajo dado que su bitácora de viajes, reuniones y actividades no suelen hacerse públicas. La opacidad, también, ha sido su compañera a lo largo de su vida política. El único argumento contrario es que pese a la operación de corazón que sufrió en 2013 que estuvo a punto de costarle la vida, y los divertículos que padece, se mantiene en campaña permanente, recorriendo el país como hace casi 40 años.

La percepción que se tiene sobre el ritmo actual de López Obrador y opiniones en su entorno han hecho que en las últimas semanas se hable entre algunos de sus cercanos sobre la posibilidad de que el candidato virtual ceda su lugar en la boleta presidencial a Marcelo Ebrard, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México. Datos concretos sobre el porqué se menciona esa posibilidad no han trascendido, pero Ebrard ha intensificado, aunque discretamente, su actividad política preparando el regreso del autoexilio a principio de diciembre, días después de que los presuntos delitos por los que fue investigado en la PGR prescriban.

Ebrard, un político inteligente y sofisticado, debió haber sido el candidato de la izquierda en 2012, tras haberle ganado en las encuestas a López Obrador, que era el método que definiría al nominado. Pero el tabasqueño incumplió su acuerdo y al dejar claro que él no apoyaría a quien no fuera él, Ebrard optó por ceder el lugar y evitar la división de la izquierda. El exjefe de Gobierno capitalino fue perseguido en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, pero se optó, hasta ahora, dejarlo en paz. En la prensa se ha discutido en dónde entraría Ebrard en el equipo de López Obrador, y lo ubican en el área de Seguridad. No obstante, en los círculos lopezobradoristas también lo colocan en el área de Gobernación.

López Obrador, más allá de las lecturas que puedan hacer quienes han trabajado años cerca de él, no ha dado indicaciones de que esté listo para dejar el camino abierto a otro candidato que, respaldado por él, ponga en marcha su programa de gobierno. Todas las declaraciones públicas del virtual candidato es que él se ve despachando en Palacio Nacional a partir de diciembre del próximo año. La seguridad con la que él se contempla en la Presidencia no difiere de la que mostraba en 2006 y 2012. La diferencia es el contexto. El político más conocido en México –sólo igual está Peña Nieto– también es uno de los de mayor desgaste.

Los números, sin embargo, son contradictorios. Las encuestas muestran reducción de los negativos de López Obrador, que reflejan el descrédito de Peña Nieto y la desaprobación de su Gobierno. Pero en cuanto a positivos, analizado a través de su partido, Morena –en este momento las encuestas sobre personas miden posicionamiento de nombre, no preferencia de voto–, se ha mantenido estable durante todo el año. De acuerdo con la última encuesta presidencial pública, dada a conocer por Consulta Mitofsky en octubre, Morena arrancó en febrero con 15.1% y brincó a 18.5% en agosto. Para octubre llegó a 19.3% de preferencia de voto. El PAN tenía 18.8% en febrero, 19.3% en agosto y 19% en octubre. El PRI inició febrero con 13% y subió en agosto 4.5 puntos porcentuales, hasta situarse en octubre en 18.1 por ciento.

Analizados los partidos con alianzas, Morena y el PT se van al tercer lugar de la contienda, con un intervalo de 18.1 a 23.1%, contra el PRI y Partido Verde que se sitúan en segundo lugar con un intervalo de 18.6 a 23.6%, y fuera del margen de error de PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, que encabeza las preferencias, con un intervalo de 21.8 a 27.2 por ciento. No obstante, en los nueve careos que simuló Consulta Mitofsky no hay nadie hoy en día que pueda derrotar a López Obrador. Esto tiene una interpretación: Morena es López Obrador y sin él no estaría en condiciones de pelear por la Presidencia. Por lo mismo, todo depende de él y lo que haga o deje de hacer.

Morena no ha alcanzado a ser un partido con estructura que pueda sobrevivir a López Obrador. La posibilidad de alcanzar la Presidencia depende únicamente de su fuerza, su inteligencia y su capacidad para persuadir a quienes hoy se encuentran indecisos. Pero también de que no cometa errores. Esa es otra característica del eterno aspirante presidencial: se descarrila solo. Le sale su espíritu poco tolerante y sus reflejos lentos. Esto lo ha aniquilado en el pasado y si no aprende, le sucederá en el futuro. Recientemente nos lo demostró.
03 Noviembre 2017 04:08:00
La antidemocracia de las redes
Las redes sociales cambiaron al mundo. Transformaron la forma como se lee, informa, entretiene, compra, hace negocios y cambiaron las estructuras verticales de control y poder, por la horizontalidad. Las redes sociales permitieron democratizar lo que antes, mediante los medios de comunicación, se filtraba, procesaba y jerarquizaba. Pulverizaron a los intermediarios y se convirtieron en atractivas y veloces formas de comunicarse. El mundo ideal donde todos se hablan directamente, sin discriminaciones sociales ni selecciones darwinianas, donde uno vale uno sin importar quién sea o a quién represente, fue demasiado ideal para que dejara de ser utópico. El mundo digital puede estar densamente poblado de románticos, tautológicos y churchillianos, donde abundan quienes saben mucho de muchas cosas que no son ciertas. Ingenuo o emocional, ese mundo se ha vuelto presa fácil de quien aprovecha su fuerza para encaminarla hacia donde lo desea.

Los hay de todo tipo. El lunes, Tim Wu, profesor de Derecho de la Universidad de Columbia, escribió un artículo en The New York Times donde dijo que vivimos una edad de oro para el hostigamiento de la prensa, la propaganda y los esfuerzos coercitivos para controlar el debate político. Hay un nuevo tipo de censura y abierta manipulación del discurso político donde, según Wu, disentir no es posible. “En lugar de eso, los censores más sofisticados del mundo, incluidos Rusia y China, han pasado una década desarrollando herramientas y técnicas que se han vuelto importaciones no deseadas en Estados Unidos, con resultados catastróficos para nuestra democracia”, subrayó. Tanto, que cada vez hay más evidencia de que el Gobierno ruso, a través de sus legiones de hackers en el mundo, fue capaz de aprovechar el dinamismo de las redes sociales y su inclinación a lo que más se ajuste a su pensamiento, abierto o estrecho, ideologizado o ignorante, para modificar el curso de la elección presidencial en esa nación y llevar a la Casa Blanca a Donald Trump.

El gobierno de Vladimir Putin, dijo Wu, fue entre los primeros en reconocer que la palabra podría ser utilizada como una herramienta de supresión y control, donde a través de sus “brigadas en la red”, frecuentemente llamadas “ejército de troles”, diseminaron noticias progobierno ruso, generaron noticias falsas y coordinaron oleadas de ataques sobre críticos de Moscú. Peter Pomerantsev y Michael Weiss publicaron un ensayo en 2013 donde argumentaron cómo el Kremlin emplea la información como un arma y una herramienta para confundir, chantajear, desmoralizar y paralizar. Viejos maestros de la propaganda, las redes sociales, donde el éxito del modelo de negocio depende de lo viral de sus contenidos, se convirtieron en sus mejores vehículos de distribución, que demostraron su efectividad en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que tienen volcados en preocupación y búsqueda de antídotos a la clase política, ante realidades que han rebasado a los gigantes de la tecnología, que, educados en una cultura de libertades, jamás pensaron que esos valores serían manipulados para conculcar lo que han construido por más de 200 años.

Al iniciar este miércoles una audiencia en el Capitolio, donde participaron los ejecutivos de Facebook, Twitter y YouTube, el senador Mark Warner dijo: “Agentes rusos están intentando infiltrar y manipular las redes sociales para secuestrar nuestra conversación nacional y hacer que se enojen los estadunidenses, que nos enfrentemos unos a otros y que socavemos nuestra democracia. Lo hicieron durante la campaña presidencial de 2016. Lo siguen haciendo ahora. Esta amenaza no es nueva. Los rusos han realizado una guerra de información durante décadas, pero lo que es nuevo es el advenimiento de las herramientas de las redes sociales con el poder de magnificar propaganda y noticias falsas en una escala inimaginable en los días del Muro de Berlín”.

El manual ruso, describió Werner, “es simple y formidable”. Opera de esta forma: Sus agentes desinforman a través de miles de cuentas falsas, grupos y páginas en una amplia variedad de plataformas. Esas cuentas falsas inyectan contenido en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Reddit, Linkedln y otras. Cada una de esas cuentas invierte meses para desarrollar cadenas de gente real para seguir y para que les guste su contenido, impulsadas por herramientas como anuncios pagados y robots automatizados. La mayoría de sus seguidores reales no tienen idea de que están atrapados en estas redes. Estas redes son utilizadas más tarde para empujar y distribuir desinformación, incluidos correos electrónicos robados, propaganda manejada por el Estado (como RT y Sputnik), noticias falsas y contenido que divide a la sociedad.

En Estados Unidos, 80 mil mensajes rusos en 120 páginas creadas en San Petersburgo en Facebook, alcanzaron a una tercera parte de los estadunidenses, de donde salieron 120 mil contenidos colocados en Instagram. En Twitter, el 15% de alrededor de 48 millones de cuentas eran falsas o automatizadas, y durante la campaña presidencial 2 mil 752 cuentas controladas por agentes rusos y más de 36 mil robots tuitearon un millón y medio veces en la elección. En YouTube, la plataforma preferida de RT, se descargaron más de mil videos relacionados con la guerra cibernética rusa. En 1988, los intelectuales de izquierda Noam Chomsky y Edward Herman escribieron un libro seminal sobre propaganda, a través de la cual argumentaban, se construían consensos para gobernar. Hoy sigue siendo lo mismo, pero el control es trasnacional, que es lo que buscó Putin. No hay que ignorar en México lo que está sucediendo en el mundo. El 2018 está cada vez más cerca.
02 Noviembre 2017 04:08:00
Las instituciones se fueron al diablo
La velocidad con la que los mexicanos se acercan a la ruptura del orden no es fortuita. El escepticismo con el cual ven los avances democráticos tampoco es circunstancial. El desinterés por luchar contra la corrupción y el desdén con el que se ve a la autoridad se aprecia en todos los estudios que miden los sentires del mexicano. No hay credibilidad en las instituciones, que no se perciben capaces o interesadas en resolver los desacuerdos de la sociedad. Los mexicanos, como se apreció en la última encuesta de Latinobarómetro, son cada vez menos afectos a la democracia y más proclives a la anomia. La decepción, que lleva a ese estado, tiene fundamento: las instituciones no están a la altura de la circunstancia.

La seguridad, por citar el fenómeno que más impacta y preocupa a los mexicanos, se ha ido para abajo por la debilidad de las policías locales, que no llegaron a ello por el deterioro de un proceso sino por la estrechez de miras del Gobierno federal, que pidió posponer durante 2 años la certificación de los policías municipales, y el Congreso, que sin reparar en las consecuencias, lo autorizó. Para entender en un microcosmos lo que esto causó, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa jamás habría sucedido, porque de haberse dado la certificación, los policías que los detuvieron no habrían pasado las pruebas de confianza. El Estado no cometió el crimen de los normalistas, pero definitivamente contribuyó con él.

El bienestar, que se refiere a la calidad de vida, se ha desplomado en varias regiones del país. El pésimo manejo de Pemex en la primera parte de este Gobierno, junto con la reforma energética, por mostrar con un ejemplo, provocó una pérdida de empleo en los estados que vivían de los hidrocarburos, porque la producción cayó junto con el empleo, que dejó a comunidades que vivían en bonanza convertidas en pueblos fantasmas, como documentó Eje Central con un reportaje reciente sobre la muerte de Ciudad del Carmen, la puerta de entrada a la rica Sonda de Campeche. La apertura del sector no fue acompañada por un paquete de políticas públicas que tejiera una red de protección social que acompañara la reconstrucción económica de esas zonas. La falta de empleo, en Veracruz y Tabasco, sobre todo, provocó un brinco del secuestro, como registró el Índice GLAC.

En estos años no hubo necesidad que hicieran caso a quien decía que había que mandar al diablo a las instituciones. Las instituciones, solitas, se fueron al diablo de la mano de quienes las encabezaban. Al Proyecto Mundial de Justicia, una organización no gubernamental con sede en Washington, le ha preocupado tanto el estado de derecho en México que este año lanzó una investigación especial para determinar el alcance de su deterioro. Durante el verano realizaron más de 20 mil encuestas en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, cuyos resultados aún no han sido dados a conocer. Pero en su informe de 2016 sobre el estado de las leyes en el mundo los resultados de México son desalentadores y demuestran el deterioro institucional.

El índice revisó a 113 países y ubicó a México en el sitio 88 general, y en el 24 de 30 naciones latinoamericanas. México se encuentra como Rusia (autoritario), Myanmar (dictatorial) y Liberia (controlado por jefes tribales de guerra), pero muy debajo de las principales economías de América Latina e, incluso, detrás de países como El Salvador (que se encuentra aún en transición tras su guerra civil). A México le va mal en prácticamente todo, con retrocesos en la desconcentración del poder gubernamental y en los derechos fundamentales, como el debido proceso y la libertad de expresión. La corrupción mancha a todas las instituciones, que es el factor que coloca a México casi en el sótano entre todas las naciones de la región.

Los síntomas del deterioro, que en algunos momentos se presentan como enfermedad, son ignorados por la búsqueda de objetivos particulares en la clase política. El mejor ejemplo es lo que sucedió con Santiago Nieto, destituido como fiscal electoral, cuyo caso fue llevado al Senado, como establece la ley, pero manejado cupularmente en la Junta de Coordinación Política, como deseaba el presidente Enrique Peña Nieto que se procesara. Ahí se impusieron el PRI y el Partido Verde, con menos de un punto porcentual de representación que tres partidos en ese mismo cónclave, para realizar un proceso opaco que terminó con un insulto a la inteligencia: para evitar llevar el tema a votación, como dice la ley, se fueron a un receso del que regresarán 4 días después del plazo máximo que se establece para votar la restitución del fiscal. Cínicamente salomónico, el tiempo fue a lo que se acogieron para que solucionara lo que debió haber estado apegado a la ley.

La Fiscalía electoral está acéfala, aunque desde hace siete semanas comenzó el proceso electoral. Tampoco hay fiscal anticorrupción, una exigencia nacional que las instituciones prefieren ignorar, pese a los reclamos contra la impunidad. No habrá tampoco un fiscal general hasta después de la elección presidencial porque de lo que se trata no es de atender las necesidades y urgencias del país, sino las particularidades de las instituciones que detentan el poder. Las instituciones no dejan de jugar con los mexicanos que, visto a través de los ojos de Latinobarómetro, se están cansando de todas ellas. Mandar al diablo las instituciones no es el camino para resolver los problemas, pero verdaderamente, son tantas las frustraciones que esa corriente de opinión se va a ir legítimamente fortaleciendo.
01 Noviembre 2017 04:08:00
El Russiangate en México
El FBI prendió la mecha a una bomba que está apuntando hacia la Casa Blanca, cuya ola expansiva puede alcanzar al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Un personaje tapado por la tolvanera que levantó la entrega de Paul Manafort, exjefe de campaña de Trump, llamado George Papanopoulos, tiene el explosivo. Papanopoulos era el asesor en política de exterior de Trump cuando anunció su primer equipo de campaña, y durante los últimos meses fue un colaborador activo del FBI en la investigación para determinar si hubo colusión entre los cercanos de Trump y representantes del Gobierno ruso. Apenas este lunes se supo que también sería llevado a juicio por un Gran Jurado, lo que significa que durante todas estas semanas, probablemente con micrófonos del FBI escondidos, estuvo colaborando y recopilando evidencias. Entre ellos, sugirió The Washington Post, Jared Kushner, podría estar en la lista de los próximos a ser procesados.

Kushner es consejero especial del presidente Trump, de quien es yerno, y es una persona clave para el Gobierno mexicano en la relación bilateral. Su enlace es el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien lo conoció a principios de agosto del año pasado cuando estaban armando la visita de Trump a Los Pinos, aún como candidato presidencial. Escasa una semana pasada la elección en noviembre, Videgaray viajó a Nueva York en una misión secreta ordenada por Peña Nieto, y se reunió con él en la Torre Trump en Nueva York, para fijar los términos generales de las relaciones bilaterales. Resultado de esos encuentros fue la reunión de alto nivel en la Casa Blanca, pocos días después de haber asumido Trump la Presidencia, con quien llevó a platicar Kushner a Videgaray para resolver diferencias públicas con Peña
Nieto.

La relación que ha establecido Videgaray con Kushner le ha dado un acceso al canciller mexicano como a ninguno otro antes en la historia de las relaciones bilaterales. Videgaray puede tener conversaciones privadas con Trump por intermediación de su yerno, sin necesidad de cita o de agenda largamente negociada. El presidente de Estados Unidos no recibe a prácticamente ningún canciller, con excepciones ocasionales para aquellos que representan a una de las cinco potencias nucleares. Este acceso le ha permitido a Videgaray que se le abran las puertas en el mundo.

Funcionarios mexicanos dicen que en un alto número de las entrevistas que tiene Videgaray, particularmente del mundo industrial, sus interlocutores le preguntan sobre su pulso de Trump, reconociéndole abiertamente algunos de ellos el acceso que tiene en la Casa Blanca, y subrayando la cercanía que tiene con él para abrevar de sus observaciones sobre el Presidente estadunidense. Este tipo de activo habría sido imposible para Videgaray y los intereses del Gobierno peñista, de no haberse cultivado la relación con Kushner, que es el ingrediente por el cual el propio Peña Nieto dice en privado que el fiasco público y político de la visita de Trump a Los Pinos, se ha compensado.

La importancia estratégica, por proxy, que le ven a Videgaray en muchas cancillerías del mundo, y la manera como puede matizar e impulsar dentro de la Casa Blanca las posiciones del Gobierno mexicano es incierta, al desconocerse el tamaño del posible involucramiento de Kushner con funcionarios rusos que ofrecieron intervenir en la campaña presidencial en contra de la candidata demócrata, Hillary Clinton. Desde hace meses Kushner ha sido uno de los dos más cercanos a Trump –el otro es su hijo Donald–, investigado por el FBI y por el Congreso, pero aún no han revelado la existencia de evidencias por la cual pudieran procesarlo. La irrupción de Papadopoulus en el escenario cambia todo.

Papadopoulus fue nombrado consejero de política exterior por Trump en la primavera de 2016, y en vísperas de asumir el cargo, conoció en Italia a un profesor inglés que dijo tener amplias conexiones con el Gobierno ruso. El 31 de marzo, en una reunión donde Trump estaba presente, Papadopoulus dijo que tenía contactos que podían arreglar una reunión entre el candidato y el presidente Vladimir Putin. El 25 de abril, informó a un consejero de mayor jerarquía en la campaña, que sus contactos le habían dicho que Putin estaba dispuesto a ver a Trump cuando quisiera. Once veces insistió en ese encuentro, que nunca se hizo.

En otra reunión, el 26 de abril, su contacto le ofreció correos electrónicos de Clinton lleno de “porquerías”, que Donald Trump Jr., cuando se enteró de ello directamente por uno de los rusos que salieron de esas conexiones en un encuentro donde estaba Kushner, comentó: “Me encanta”. La campaña de Trump le autorizó en agosto a Papanopoulus viajar a Rusia para obtener toda esa información, pero el viaje nunca se hizo. El FBI cateó su casa en verano, en la investigación que había tenido contactos con funcionarios rusos para alterar la elección presidencial. Él lo negó, pero este lunes admitió que había mentido, que es delito de perjurio. El FBI también reveló que desde hace varios meses está colaborando con la investigación.

Con ello, el FBI recogió evidencia contra excolaboradores de Trump en la campaña. The Washington Post ya identificó a dos que probablemente serán próximamente procesados, y adelantó que Kushner y Trump Jr., puedan ser los siguientes. Si es así, el impacto para Videgaray y Peña Nieto será monumental, pues la llave de la puerta a la Casa Blanca estaría, a partir de ese momento, luchando por no ir a la cárcel.
31 Octubre 2017 04:07:00
¡Viva la anarquía!
El sistema democrático, definitivamente, no es lo nuestro. Lo vemos claramente a través del pulso que miden las redes sociales, y su expresión grandilocuente en los medios y las instituciones. Funciona muy bien en el discurso y en la retórica, pero es anulado constantemente con nuestros dichos y actos. En la última semana se han dado ejemplos claros en el tipo de debate que se suscitó sobre la remoción de fiscal electoral y la acción del Gobierno español contra la autoridad secesionista catalana. En ambos casos no es el estado de derecho lo que es supremo, sino que los resultados se acomoden a nuestras creencias. Sin leyes, no hay normas; sin normas, hay desor-den y domina la ley del más fuerte. Paradójicamente, de esta confusión se fortalecen los regímenes autoritarios que se quieren anular. En estas nos encontramos: pensamos que caminamos hacia adelante y realmente vamos para atrás. Retrocedemos a un estado primario. Veamos:

1.- Santiago Nieto, el fiscal electoral, fue removido por violar la ley al hablar sobre una investigación en curso que daña el debido proceso. Políticos de oposición reconocieron que estaba bien que violara la ley porque la información era de interés público, que tuvo eco en las redes sociales donde defendieron su derecho a expresarse. El tratamiento fue el que podría tener un ciudadano cualquiera, que no lo era Nieto. Difundir detalles de una investigación no fortalecían el proceso; lo anulaban. Quien lo defendió avaló la impunidad de sus investigados, pero reclamaba lo contrario.

2.- Carles Puigdemont, el presidente del Gobierno catalán, llevó a cabo un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Como rompía el acuerdo constitucional, los tribunales españoles dijeron que esa consulta era ilegal. Puigdemont desafió a los tribunales y tras obtener el apoyo de tres de cada 10 catalanes, proclamó la independencia y desató una crisis política. Violar la ley no era importante. Las redes sociales mexicanas se ubicaron mayoritariamente por la secesión de Cataluña, calificando de retrógradas y autoritarios a quienes decidieron respaldar el precepto legal, acusando de ilegal una acción que se ajustaba a la ley.

En ambos casos, el poder actuó con fuerza, aunque no en los mejores términos que pudo haberlo hecho. A Nieto lo sancionaron por un delito que había cometido reiteradamente durante año y medio, lo que alimentó la percepción de que no fue la ley, sino un ajuste de cuentas con un fiscal que consideraban en el gobierno que se inclinaba a la izquierda. En España, el presidente Mariano Rajoy, al fracasar en las negociaciones para impedir un referéndum ilegal, suplió la política con la fuerza, reprimiendo a miles de inconformes. 

La aplicación de la ley fue desvirtuada por la torpeza política de las acciones de Gobierno, pero este no fue un matiz considerado por políticos o mexicanos en las redes sociales. La alternativa a que si las leyes están mal hay que cambiarlas, fue superada por el por qué molestarse en cambiarlas si es más fácil ignorarlas. Les leyes no existen cuando no se ajustan a lo que pensamos y creemos. Lo que predomina son la ideologizaciones y las posiciones cómodas y frívolas, ante la pereza de quien piensa diferente. ¿Debería sorprendernos? En absoluto.

De acuerdo con el último estudio de Latinobarómetro, la organización sin fines de lucro con sede en Chile, en todo América Latina se acentuó el declive de la democracia durante 2017, con una baja sistemática en el apoyo y satisfacción de ese modelo. La mayor pérdida la registró en México, que perdió 10 puntos porcentuales entre 2016 y 2017, donde sólo 3.8 de cada 10 mexicanos creen en la democracia, y 1.8 de cada 10 está satisfecho con ella. Los datos sobre los mexicanos se encuentran entre los de mayor pesimismo. El 90% piensa que México está gobernado por unos cuantos grupos que sólo ven por su beneficio.

¿Que nos están diciendo las mediciones y las reacciones? Que lo nuestro no es la democracia, que tuvo su repunte en su apoyo durante los tiempos que era moda. El estudio de Latinobarómetro lo prueba. En 2005, en pleno choque entre el gobierno de Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el 59% de los mexicanos respaldaban el sistema democrático. Para 2017, el respaldo sólo lo daba el 38%, con una dramática pérdida de 10 puntos en sólo un año. Junto con ese desplome se encuentran también la caída en nuestros valores. Buenos los mexicanos de dientes para afuera, cuando afirman que la corrupción es el tercer problema más grande del país, pero cuando se les pregunta si sienten obligación de denunciar un caso de corrupción cuando son testigos, el 88% dice que no es su problema.

Somos autoritarios y no tenemos interés alguno de construir un nuevo sistema de organización social. Efecto colateral es nuestra intolerancia frente a quien piensa distintos a nosotros, cargada de manera creciente por el fenómeno las redes sociales, de rencores y odios. La nuestra es una sociedad que puja por la anomia, sin darse cuenta que se está suicidando. Esto es muy grave, la regresión por ignorancia, arrastrados por una enorme inteligencia emocional que desplaza a la razón. En vísperas de un proceso electoral como el que viene en 2018, no habría que sorprenderse si, como perfilan ahora, los contendientes son dos proyectos de nación encabezados por culturas autoritarias. Tendremos, entonces, el gobierno que nos merecemos, aunque digamos lo contrario. Felicidades. Vamos firmes, pero para atrás.
30 Octubre 2017 04:07:00
Bufalada riesgosa
Si por multitudes y aplausos de apoyo se tratara, José Antonio Meade sería el candidato del PRI a la Presidencia. La bufalada priista, tan poco recta de la espalda cuando interpretan como línea los pensamientos desconocidos de su jefe en turno, el presidente Enrique Peña Nieto en la actualidad ha visto sumar adeptos detrás de Meade a personajes como Claudio X. González Laporte, a quien los subalternos de secretario de Hacienda han inundado con auditorías a sus oscuros negocios, y al expresidente Vicente Fox, cuyo centro para promover liderazgos en Guanajuato recibe apoyo federal. Ellos ven a Meade como el próximo ungido, y Meade está actuando como si sólo le faltara cruzar el umbral de esa puerta.

Su equipo de comunicación está empeñado en elevar su presencia en las redes sociales, y ha inyectado sin cuidado recursos a plataformas como Facebook, para artificialmente mostrar conocimiento de su persona y popularidad. También está acercándose a consejos editoriales y a periodistas para intercambiar puntos de vista, aunque restringido a temas hacendarios para evitar, ante cualquier filtración, dar una imagen que pueda perjudicarlo. Meade sabe que en estos momentos, cualquier acto público fuera de lo oficial, cualquier gesto y declaración, puede ser contraproducente. Sus acciones personales están en el límite de la prudencia, cuando las coyunturas le han favorecido notablemente.

Es el secretario de Estado de mayor exposición en las últimas semanas. Muchas obedecen a la naturaleza de su trabajo, que lo ha llevado a ser protagonista en tres eventos importantes, el de la reconstrucción de centro y sur tras los sismos de septiembre –le compete la ingeniería financiera para los apoyos–, el paquete de estímulos de las Zonas Económicas Especiales, y el presupuesto. Las luces han estado sobre él de manera natural, y ha contado con las muestras de apoyo y calidez por parte de Peña Nieto, con el antecoro de los grupos empresariales que lanzan loas a Meade y expresan abiertamente su deseo de que sea el sucesor.

Los respaldos públicos se multiplican a favor de Meade, que es visto también por sus opositores y en los medios de comunicación, como el inevitable para la candidatura presidencial del PRI. Son tantas las expresiones de apoyo para que sea candidato, que conforman una presión pública, quizás involuntariamente articulada, para que el Presidente tome una decisión definitiva a su favor. El Presidente deja que todo fluya. Esto levanta muchas suspicacias para quien ha observado a lo largo de los años la manera como procesa las presiones Peña Nieto.

Quien mejor lo interpretó fue Aurelio Nuño, cuando era jefe de la Oficina de la Presidencia, quien en medio de una crisis social, política y económica por las reformas, decía en las reuniones de staff que vivían una tormenta perfecta, que sin embargo, no dejaba de ser una tormenta que pasaría. Nuño confirmó esa racional en una entrevista con el diario madrileño El País a finales de 2014, donde aseguró que la opinión pública no les modificaría el rumbo escogido. “Vamos a tener paciencia en este ciclo nuevo de reformas”, dijo. “No vamos a ceder aunque la plaza pública pida sangre y espectáculo, ni a saciar el gusto de los articulistas. Serán las instituciones las que nos saquen de la crisis, no las bravuconadas”. Lo que dijo es lo que hizo Peña Nieto, quien no se ha salido, hasta ahora, del libreto político y electoral de su administración.

Peña Nieto ha probado ser refractario a las presiones de la opinión pública, y es un político que cuando ha tratado de mover sus piezas, particularmante las electorales, es una tumba. Juega con señales falsas que han malinterpretado incluso quienes mejor lo conocen, y con declaraciones ambiguas que pueden tener distintas interpretaciones, que distraen y confunden. El repite en privado que engaña con la verdad, por lo que si uno se atiene a su dicho, Meade no sería su candidato, sino alguien más de su gabinete. La inclinación hacia el secretario es notoria, pero la última vez que se le escuchó decir su frase de tahúr, Meade no estaba en el escenario electoral.

¿Será acaso el secretario de Hacienda un señuelo? Con Peña Nieto todo puede suceder. Pero por cuanto a Meade, su trabajo por conquistar la candidatura, tejido semanalmente en reuniones cerradas en lugares privados, su convicción es construir su futuro político y qué necesitará para lograrlo, no que se trata de una pieza que será sacrificada en función de los intereses de Peña Nieto. Meade tiene un gran equipaje para ser candidato e, incluso, teóricamente, para ser presidente si uno lo compara a varios de quienes llegaron a Los Pinos en el pasado. Sin embargo, en los partidos políticos, especialmente en el PRI, la meritocracia no es el nombre del juego.

Por ello, la suspicacia de la inacción del Presidente por frenar la bufalada llama la atención. A Peña Nieto le sirve. Por un lado se construye una alianza de electores para alguien que no es priista, y por el otro, es un distractor para cuidar a quien sea su tapado. Imposible saber qué piensa su jefe. Lo que se ve es a Meade en todas las fotografías del 2018, saturando los espacios y forzando un resultado. Este no es un modelo que haya usado Peña Nieto. Meade tendría que reevaluar lo que está haciendo y en dónde se está excediendo, para evitar la sorpresa de haber sido un aspirante útil cuya aspiración presidencial quedó truncada por la bufalada.
27 Octubre 2017 04:00:00
Secretos de un asesinato
Entre los más de 30 mil documentos sobre el asesinato de John F. Kennedy el 23 de noviembre de 1963 que aún son secretos, hay decenas que se refieren a la visita que realizó a la Ciudad de México Lee Harvey Oswald, oficialmente el asesino solitario del presidente, del 27 de septiembre al 3 de octubre de ese año, donde contactó la Embajada de la Unión Soviética (hoy Rusia) y al Consulado Cubano. De los cubanos buscaba una visa; en la soviética habló con Valeriy Kostikov, de quien los servicios de inteligencia estadunidenses sospechaban que pertenecía al Departamento 13 de la KGB, encargado de asesinatos y sabotaje. La CIA vigilaba a Oswald por sus vinculaciones con Moscú, y buscó vincular el asesinato de Kennedy a un complot organizado por Fidel Castro. El entonces embajador de Estados Unidos en México, Thomas Mann, muy cercano a la CIA, sospechaba que el complot para asesinar a Kennedy se había armado en la capital mexicana.

Los detalles de los días de Oswald en México son altamente explosivos, dijo el juez John Tunheim, quien encabezó hace 20 años un comité investigador independiente que examinó los documentos aún secretos sobre el asesinato y que, por petición del Departamento de Estado y la CIA, decidieron no divulgarlos por el impacto que habría tenido en México. Tunheim dijo que haber dado a conocer cuánta información compartía con la CIA habría hecho caer en su momento al Gobierno mexicano. El juez se quedó corto.

La divulgación de esos documentos posiblemente cambiaría la historia de México, al conocerse de manera oficial el nivel de subordinación del presidente Adolfo López Mateos al legendario jefe de la CIA en México, Winston Scott, quien lo reclutó como un activo de la agencia, como lo hizo con los presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. No sólo se podría haber desplomado el Gobierno mexicano, sino López Mateos podría haber sido destituido por el único delito por el cual se le puede juzgar: traición a la patria.

En aquellos años, México era uno de los grandes campos de batalla de la Guerra Fría. El Gobierno de Estados Unidos luchaba contra la expansión soviética en América Latina, y con el aval del Gobierno de López Mateos y su total cooperación, combatían al comunismo. Cuando asesinaron a Kennedy, la Embajada de Estados Unidos en México era un centro de conspiración. Mann había trabajado como diplomático y subsecretario de Estado junto a la CIA para derrocar al presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, en 1954. Cuando después del fiasco de Bahía de Cochinos, la frustrada invasión a Cuba en 1961, Kennedy autorizó el derrocamiento de Fidel Castro, la Ciudad de México se convirtió, de manera natural, en el eje de la intervención.

Junto con Mann llegaron veteranos del derrocamiento de Arbenz, que se sumaron al equipo dirigido por Scott. El más importante fue David Atlee Phillips, uno de los mejores cuadros de la CIA en técnicas clandestinas y propaganda, que sirvieron, por ejemplo, para el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile. Phillips trabajaba con Richard Helms, quien se encargaba de operaciones clandestinas en la CIA desde Langley, y con otro de los legendarios de la agencia, el jefe de contra inteligencia, James Angleton. Una de las acciones de la CIA en México fue infiltrar el ámbito intelectual, donde había una proclividad por la Revolución Cubana. Para ello, utilizaron a una estadunidense, June Cobb, quien llegó a México en 1961 y se infiltró en ese sector hasta llegar a ser adjunta del secretario general de la Asociación de Escritores Mexicanos, fundada en 1964 y prohijada por Díaz Ordaz. Cobb dependía de Phillips, a quien le informaba todo lo que sucedía en ese ámbito.

Cuando Oswald llegó a México, la CIA llevaba meses bajo estrecha vigilancia, gracias a lo cual supieron que había estado en una reunión con intelectuales mexicanos, sin que haya todavía claridad de cómo llegó a ellos. Varios de esos intelectuales fueron utilizados por la CIA en varios proyectos, sin que muchos de ellos, probablemente, supieran a quién estaban sirviendo. Muchos años después, en una conversación con quien esto escribe en París, la escritora Elena Garro, una de las participantes en esa reunión, dijo que nunca supo quién era Oswald hasta que vio su fotografía tras el asesinato de Kennedy, y que durante ese encuentro social se había comportado con un perfil muy bajo. 

A la CIA le interesó mucho el viaje de Oswald, quien entró a México a bordo de un autobús por Nuevo Laredo. Durante su estancia, recolectó la información sobre su objetivo a través de cuatro operaciones simultáneas en México, LEINVOY –enfocada a la intercepción telefónica, con el apoyo de Echeverría, en ese entonces subsecretario de Gobernación-, LIEMPTY –que vigilaba la embajada soviética-, AMSPELL –que tenía infiltrado al Directorio Estudiantil Cubano-, y LIERODE –que vigilaba la Embajada cubana–, dirigidas por Scott las dos primeras, y por Phillips las otras dos. Estas operaciones contaban con el pleno respaldo del Gobierno de López Mateos –y después por el de Díaz Ordaz y Echeverría–, donde la policía política, que es lo que era la Dirección Federal de Seguridad, trabajaba subordinada a la CIA.

Los documentos secretos sobre el viaje oficializarían el que tres presidentes mexicanos hayan trabajado para la CIA, y puesto a sus gobiernos al servicio de los intereses de Estados Unidos.

También podrían mostrar las técnicas y procedimientos del reclutamiento de activos extranjeros, y el tamaño del espionaje en México. Todo dependerá de qué tanta información secreta, hasta ahora, se hace pública en Washington.
26 Octubre 2017 04:00:00
Un Pétrus para el fiscal
Santiago Nieto, quizás involuntariamente, es un genio de la distracción. Habló pública, aunque indirectamente, de la investigación en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales contra Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, a quien denunció el PRD de haber recibido dinero de Odebrecht para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, por lo que lo cesaron. Este detonó un escándalo, y al unísono fuerzas políticas y sociales gritaron que el Gobierno, para impedir que profundizara en sus pesquisas, lo defenestró. Abusados. Lo que hizo Nieto es mucho más grave de lo que ven, pero al mismo tiempo, no están viendo.

Su destitución se debió a que violó el debido proceso, por lo cual, aun si fuera repuesto en el cargo, muy probablemente la defensa de Lozoya podría alegar ante el juez que violaron sus derechos humanos, por lo cual se violentó el debido proceso. Como sucedió con Florence Cassez, el delito de secuestro y delincuencia organizada quedó de lado ante la Suprema Corte de Justicia, frente al hecho de que violaron sus derechos. El garantismo se aplica a tabla rasa. Lo que fue para Cassez también tiene que ser para Lozoya, por lo cual, Nieto habría rescatado a Lozoya de una eventual cárcel por un delito electoral, al haber prostituido el caso.

El garantismo de la Corte tendría que ser aplicado por cualquier juez, no como prueba de inocencia, sino porque la posibilidad de que fuera juzgado de manera justa, fue socavada por el exfiscal. En este caso, como deslizó el periodista Rafael Cardona en Foro TV, Lozoya tendrá que comprarle al exfiscal electoral un Pétrus, ese vino de Burdeos que se encuentra entre los más finos del mundo, en agradecimiento por sus buenos oficios, cualesquiera que hubiera sido la razón de ello. Con su acción ilegal lo blindó, y Lozoya tendría que ser exonerado –si se le confirmaran una ilegalidad–, si se aplica la Doctrina Zaldívar del efecto corruptor que liberó automáticamente a Cassez.

Eso es la primera parte. La segunda tiene que ver con los senadores, convertidos en maestros en la simulación. Juegan con las sombras de la Cueva de Platón al salir a la defensa airada de Nieto, y exigir su restitución. Para efectos prácticos de esta investigación, que regrese o no a la Fiscalía es irrelevante. Lozoya, como ya lo anunció, lo demandará por haber violado sus derechos humanos y vulnerado el debido proceso, por lo que en el eventual caso de que fuera llevado a tribunales, un juez podría determinar si al violar el principio de secrecía en la investigación se perdió la posibilidad de un juicio justo. De esta manera, lo que hizo Nieto fue extenderle inmunidad e impunidad a Lozoya, en caso de que fuera culpable del uso de dinero de procedente ilícita en la campaña presidencial.

En este sentido, toda la agitación y movilización en defensa de Nieto se está dando para la protección de un exfuncionario que actuó exactamente en contra del postulado que dicen respaldar: la imparcialidad de las investigaciones de delitos electorales. El apoyo es para quien, si se analiza el escenario más ominoso para el excandidato y su partido, sería la protección del exdirector de Pemex.

Si uno revisa la gestión de Nieto en la Fiscalía, difícilmente se le podría adjudicar el papel de títere del Gobierno o del PRI. Su exceso de protagonismo e ingenuidad al desbocarse ante un micrófono es lo que podría alegar como algunas de sus mayores debilidades. Pero aun así, para efectos de argumentación, en el peor de los escenarios, el efecto para Peña Nieto y el PRI sería marginal. Peña Nieto no sería destituido, ni habría acción legal. El PRI tampoco perdería el registro, como afirmó la dirigente del PRD, Alejandra Barrales. En el mejor de los casos, para quienes buscan una sanción por ese delito, sería una multa.

El caso al que se podría asemejar este delito, de probarse, sería el del llamado Pemexgate, cuando en 2001 se demostró que el sindicato petrolero desvió mil 500 millones de pesos para la campaña presidencial del Francisco Labastida en 2000. En aquel entonces, el desenlace del primer asunto de corrupción electoral fue una multa al PRI por mil millones de pesos. Y en 2011, un juez federal declaró prescrito el caso, por lo que tampoco procedió el delito de peculado electoral que le imputaron al líder del sindicato, Carlos Romero Deschamps. El dirigente petrolero, para que no se olvide lo que sucede, es actualmente senador del PRI.

La energía de los senadores de oposición está muy mal canalizada. Nieto no tendría que ser el objeto de la defensa, sino el procedimiento mediante el cual se realizó su destitución. No es la persona, sino el cargo al que hay que proteger. Pero no es lo único. En toda esta discusión se ha desviado el foco entre tanta politiquería y banalidades, la corrupción de Odebrecht a funcionarios y exfuncionarios de Pemex. Testigos de la fiscalía de Brasil han acusado a Lozoya de haberle dado sobornos millonarios por ayudarles para ganar concursos. Adicionalmente, pagó más de 10 millones de dólares a funcionarios de Pemex durante tres administraciones, entre 2011 y 2014, para asegurar que les dieran obra pública, con lo cual obtuvo un beneficio de 300 por ciento.

Este es el tema de fondo, oculto por participar los senadores en ruidosos juegos pirotécnicos que sólo distraen y aplazan que esta corrupción tenga nombre y apellido.
25 Octubre 2017 04:08:00
No hay muerto malo
La opinión pública está volcada a favor de Santiago Nieto. El 64% de las menciones en las redes sociales, según la empresa GLAC, piden que sea restituido como fiscal para delitos electorales. Tras cinco días de haber sido cesado por violar la secrecía de las investigaciones sobre el presunto financiamiento de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, y afectar los derechos humanos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, a través de quien presuntamente se canalizó ese recurso, Nieto es visto como una víctima del poder, que lo destituyó por enfrentársele. Tiene como apoyo la indignación nacional y la fuerza de la opinión pública para que sea reinstalado en su cargo. En el balance, le ha ido muy bien al exfiscal, que abrazado por la cólera mexicana, se le ha perdonado su deshonestidad.

Describir al exfiscal como un tramposo, no es un juicio de valor. Su lucha para que el Senado lo restituya, encierra más que un deseo por regresar a su cargo, y desnuda en dónde estamos parados. La ley no nos importa. Nos interesan los ajustes de cuentas. Si alguien socava el estado de derecho para hacer una justicia que se acomode a nuestros intereses y ponga bálsamo a nuestras frustraciones, lo arropamos, lo apoyamos y lo apuntalamos para que derrote a nuestro enemigo común. Nieto ha jugado con estos ideales justicieros, donde la justicia es sólo un pretexto.

Su acto supremo fue la carta que envió el lunes al presidente del Senado, Ernesto Cordero, donde le pide que esa cámara lo restituya en el cargo. El párrafo relevante es el segundo, donde señala: “Con fecha del 20 de octubre de 2017, el C. Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, me notificó personalmente la remoción con efectos inmediatos de Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales…en términos del artículo décimo octavo transitorio… que también establece que el Senado de la República podrá objetar la remoción… dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el titular de la fiscalía será restituido en el ejercicio de sus funciones”.

Hay dos elementos falsos en este párrafo, que por su conocimiento de las leyes, las normas jerárquicas y los procedimientos, llevan a pensar, objetivamente, que Nieto quiso engañar a la opinión pública y embaucar a los senadores. Por un lado, se refiere a Elías Beltrán como “encargado de despacho”, lo que jurídicamente es incorrecto. El actual subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales, ocupa el cargo como procurador suplente, con las “facultades necesarias” para remover al titular de la Fiscalía, “sin mediar causa o gravedad de ella que conlleven a dicha remoción”. Nieto se arropó en el primer párrafo del décimo octavo transitorio y en la parte final del tercero, del cual omitió las tres primeras líneas, que dicen: “Los titulares de las fiscalías nombrados en términos del presente transitorio durarán en su encargo hasta el 30 de noviembre de 2018, sin perjuicio de que puedan ser removidos libremente por el procurador general”.

El impacto de la carta expuso el desgaste del gobierno en cuanto a credibilidad y legitimidad, sobre todo, desnudó la carencia de una cultura jurídica en el país. La ley no importa, sino que lo trascendente es que se haya eliminado a quien veían como un funcionario autónomo que era capaz de enfrentarse a los intereses del gobierno. Esa es la imagen proyectada en la opinión pública por Nieto, construida a partir de un elemento, la investigación contra Lozoya en el contexto del caso Odebrecht. Es irrelevante que durante su gestión de poco más de dos años y medio, hubiera violado de manera sistemática los derechos humanos de indiciados en investigaciones, porque lo importante no era salvaguardar sus garantías, sino su obligación a difundir información de interés público. El precepto tan anhelado y presumido de que todos son inocentes hasta que se les demuestre su culpabilidad, ha sido anulado por la politización del caso y la victimización de quien aunque fuera por las mejores razones, violó la ley.

No hay espacio para la legalidad cuando el ajuste coincide con el imaginario colectivo. El análisis de GLAC sobre las redes sociales es contundente. Entre el 15 y el 22 de octubre, cuando las redes sociales procesaron la entrevista que concedió a Reforma donde mintió al afirmar que Lozoya le había pedido en una carta que lo exonerara de todos los delitos relacionados con el caso Odebrecht que provocó su dimisión, se dieron 24 mil 341 menciones sobre su cese, de las cuales el 64% eran positivas para Nieto, contra el 33% de negativos. El tema polarizó a la sociedad política, que rechazó la acción del gobierno dos por uno.

El dinamismo en las redes sociales, particularmente en Twitter, que tuvo en los portales de los medios su catalizador y magnificador, obligó al Senado a tomar posición, donde una ligera mayoría se inclinaba el martes por su restitución. La legalidad con la que actuó Elías Beltrán ha sido ignorada por la mayoría, así como también hizo de lado que Nieto violó la ley. La discusión no es sobre leyes, ni estado de derecho. Es política inmersa en el conflicto. Frente a la pobreza en cultura jurídica, está la intensidad del debate en la arena pública, donde frente al poderoso, la víctima, por más inmoral que haya sido su conducta, es a quien hay que defender. No hay muerto malo, dice el dicho. La sociedad política grita, en la defensa de Nieto, que es cierto.
24 Octubre 2017 04:07:00
2012: el dinero sucio
La corrupción de Odebrecht en México está llena de percepciones y conclusiones circunstanciales, pero existe como un hecho. Más de 12 millones de dólares fueron entregados a funcionarios o exfuncionarios de Pemex durante 6 años y nada ha pasado. Le lentitud de la PGR para investigar, comparada con la justicia expedita en otras naciones latinoamericanas salpicadas por la misma corrupción, fortalece la idea, en México y el extranjero, de que hay algo podrido en este país que tiene como su raíz el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La destitución de Santiago Nieto como fiscal para delitos electorales no contribuye a cambiar la percepción, sino la hace verosímil, al haberlo despedido luego de que hablara públicamente de la investigación sobre presunto financiamiento de la empresa brasileña a la campaña presidencial de Peña Nieto, a través del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

El binomio de Mexicanos Contra la Corrupción y Reforma aportó una nueva capa al territorio de esas percepciones. El lunes se publicó el trabajo del reportero de esa ONG, Raúl Olmos, quien ha cultivado buenas fuentes de información en la Fiscalía brasileña en Curitiba, donde se radica la investigación contra Odebrecht, a partir de la transcripción de la conversación de una reunión en 2013 del exdirector ejecutivo de Braskem, Carlos Fadigas, con inversionistas, a quienes dijo que habían acompañado “de tiempo completo” la campaña presidencial de Peña Nieto. ¿Qué quiso decir Fadigas? No lo aclara la información publicada, pero abre el camino a todo.

Braskem es una filial de Odebrecht, que se instaló en México en 2010, y comenzó a operar una empresa conjunta con Grupo Idesa, de Guillermo Gutiérrez Zaldívar –los brasileños tienen el 75% de las acciones–, para participar en el Proyecto Etileno XXI en Coatzacoalcos. La publicación del binomio relacionó las confidencias de Fadigas con la construcción de esa petroquímica, pero según los ejecutivos en México de Braskem no son lo mismo. “No existe relación alguna de carácter operacional o administrativo con Odebrecht en México”, explicó un vocero. “Braskem Idesa, diferente de la Constructora Odebrecht, es solamente un cliente de Pemex, por lo cual no tiene relación de proveedor der servicios”.

La relación de Braskem con el esquema de corrupción de Odebrecht en México se ha hecho a partir de un pequeño gran error, la adjudicación directa del contrato para la construcción de vías de acceso y obras externas para un proyecto de utilización de residuos en la refinería en la obra en la refinería Miguel Hidalgo en Tula, por 115 millones de dólares, que de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública tiene una “irregularidad” de 119 millones de pesos que vinculan a un funcionario de Pemex con la operación. Braskem precisó que quien hizo esa obra fue Constructora Odebrecht México, y no ella, como se ha publicado reiteradamente, incluso en este espacio.

Ejecutivos de Braskem México aseguraron a quien esto escribe que no existe ninguna investigación sobre la empresa en la PGR. Según sus ejecutivos, sus negocios en México “fueron y son desarrollados con total independencia” de los de Odebrecht. ¿Significa que el vínculo que tejió el binomio es erróneo? Tampoco. La publicación recuerda que la Fiscalía brasileña detectó tres transferencias por un millón y medio de dólares a la empresa Latin America Asia Capital, registrada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, que según exejecutivos de Odebrecht que colaboran con las autoridades brasileñas, han sido vinculadas a Lozoya. Luis Alberto de Menseses Wyell, exdirector en México de Odebrecht, según la publicación, se reunió dos veces con Lozoya en marzo de 2012, cuando arrancaba la campaña presidencial, donde se pactó un financiamiento oculto por 4 millones de dólares, que se canalizaría a través de Latin America Asia Capital y Zecapan S.A., en Islas Vírgenes.

Braskem México subraya que ni De Meneses Wyell ni otro funcionario de Odebrecht, participaron en ninguno de los momentos en que junto con Idesa concursaron y se les adjudicó el contrato de suministro de materia prima con Pemex para Coatzacoalcos. Lozoya sostiene que no recibió dinero para apoyar proyectos de obras de Odebrecht o de Braskem, o para financiar la campaña de Peña Nieto. Los ejecutivos de Braskem México reconocen que directivos de la empresa en Brasil participaron en hechos de corrupción, por lo que están pagando a la ley, pero que ellos estuvieron y están al margen de esas ilegalidades. En el deslinde, no metieron las manos al fuego por ellos, pero no quieren que se extienda la corrupción a su operación en México.

Fadigas y Lozoya, por otra parte, deben ser viejos conocidos. Antes de asumir la dirección ejecutiva de Braskem en 2010, Fadigas fue director de Finanzas de Odebrecht y miembro del Foro Económico de Davos en su capítulo de América Latina, que en ese tiempo dirigía Lozoya. Pero esto ¿es prueba de que haya recibido dinero ilícito? Tampoco. ¿Hubo dinero brasileño apoyando la campaña presidencial de Peña Nieto? Los involucrados aseguran que no y que no hay pruebas –sólo testimonios– que los vincule a actos ilegales. En la Fiscalía brasileña están seguros que sí.

Ante la falta de documentos probatorios, es una batalla de dichos, y en el campo de batalla de las percepciones, el presidente Peña Nieto está derrotado a priori ante la opinión pública. Falta la bala de plata contra el Presidente para que este caso se judicialice, pero en términos de imagen, no hay nada que pueda hacer para revertir el negativismo en su contra.
23 Octubre 2017 04:07:00
Peña Nieto se disparó en el pie
Santiago Nieto debió haber sido destituido no el viernes pasado, sino cuando menos hace 17 meses por violar la secrecía de una investigación en curso y afectar el debido proceso. De ligereza al hablar con la prensa, Nieto solía procurarla de información reservada, delicada y confidencial, con lo cual obstruía o saboteaba acciones judiciales. En esa misma línea estuvo cuando la semana pasada le informó a Reforma detalles de la investigación contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el presunto delito de haber inyectado dinero de la empresa brasileña Odebrecht en la campaña presidencial de 2012. La diferencia es que ahora sí hubo consecuencias para el fiscal especializado para Delitos Electorales: lo cesaron.

La destitución de Nieto provocó que los principales diarios de la Ciudad de México coincidieran en esa acción como su información más relevante del sábado, una homologación circunstancial pocas veces vista. Fue el contexto en el cual lo despidieron lo que levantó la polémica. El procurador general interino, Alberto Elías Beltrán, dijo que actuó en el marco de la ley, mientras los abogados de la PGR y de Nieto chocaron en las interpretaciones legales. El problema está empapado, por las formas y los antecedentes, de política. Cierto. La ley se politizó, pero pocas veces tan justificadamente como esta, donde fue tolerante con Nieto desde que asumió el cargo en febrero de 2015, y se volvió intolerante cuando, en vísperas de arrancar el proceso electoral de 2018, la Presidencia de Enrique Peña Nieto volvió a ser objeto de cuestionamiento por corrupción.

A mediados de agosto, revelaciones sobre la corrupción de Odebrecht en México fueron publicadas por O Globo. Testimonios de ejecutivos de la empresa ante la Fiscalía brasileña señalaban a Lozoya como un activo estratégico, y lo procuraron con dinero por los beneficios que les podía dar cuando fuera un alto funcionario del nuevo gobierno. Según la Fiscalía brasileña, los ejecutivos aseguraron que le transfirieron alrededor más de 10 millones de dólares para que les ayudara con licitaciones, una imputación que ha negado sistemáticamente Lozoya. No ha habido un señalamiento directo que el dinero fuera a parar a la campaña presidencial de Peña Nieto, especie que ha tomado carnet de identidad por el hecho de que varios pagos, según los ejecutivos brasileños, se hicieron en 2012.

En la entrevista con Reforma, Nieto afirmó: “El caso Odebrecht es un caso paradigmático porque atacó a los sistemas electorales de varios países del continente. Entonces, es importante que se pueda mandar un mensaje de que este tipo de conductas bajo ninguna circunstancia van a ser toleradas o van a ser permitidas”. El fraseo mostró la validez que le dio a la denuncia que presentó el PRD en la Fepade a mediados de agosto para que investigara a Lozoya y la posible canalización de recursos de Odebrecht a la campaña presidencial de Peña Nieto. Ejecutivos de Odebrecht que buscaron negociar un acuerdo de cooperación con el Gobierno mexicano a cambio de reducción de acusaciones, dijeron a altos funcionarios de la PGR a principio de año como muestra de lo que podían aportar, que habían canalizado recursos a campañas en Veracruz y Tamaulipas, sin precisar los años ni los destinatarios. No mencionaron nunca la campaña presidencial de 2012, que ha sido el elefante que todos quieren encontrar en la sala.

La verdad se ha convertido una víctima de la percepción, pero la percepción ha sido un monstruo creado por la opacidad del Gobierno. México es el país que menos ha avanzado en la investigación sobre los presuntos delitos de corrupción de Odebrecht y el que menos transparente ha sido. No quisieron pactar un acuerdo con Odebrecht para que suministrara información lo que no se alcanza a entender, pero que lleva a preguntar si la razón por la cual la PGR rechazó esa cooperación fue para frenar la investigación y para alargar el encubrimiento a funcionarios o exfuncionarios federales. Los prejuicios sobre este caso son inevitables por el andamiaje de protección a todos los involucrados que han levantado las autoridades.

La destitución de Nieto es parte de esta cadena que apesta. La acción de Elías Beltrán fue la primera de envergadura realizada, a los cinco días de haberse encargado de despacho. Es muy difícil pensar que actuó con autonomía. Un encargado de despacho no toma nunca decisiones tan delicadas, sino administra la oficina mientras se designa al titular. Se puede alegar, por la forma como funciona la PGR, que fue el ejecutor de una orden presidencial, donde Peña Nieto es el único que pudo haber autorizado esa acción por las consecuencias políticas que arrojaría.

En 2015 hubo un caso similar, pero Nieto no fue cesado por violar el debido proceso del entonces subsecretario de Gobernación, Arturo Escobar, cuando declaró públicamente que había tres averiguaciones previas en su contra por presuntos delitos electorales. En aquel tiempo, Escobar anunció que lo denunciaría por violar sus derechos humanos, lo que no sucedió, y el visitador general de la PGR, César Alejandro Chávez, le abrió una investigación por la misma razón, cuyo resultado nunca se conoció. Este es procedimiento que se le debió haber seguido en el caso de Lozoya, pero se violó (PGR) una ley (la PGR) para sancionar la violación (Nieto) de otra ley. En el caso de Escobar, todo quedó en familia. Con la destitución de Nieto, el Presidente se disparó en el pie.
20 Octubre 2017 04:08:00
Desastre en Nochixtlán
El 22 de junio del año pasado se publicó en este espacio la narrativa de Nochixtlán, que describía la torpeza con la que la Policía Federal trató de disolver un bloqueo carretero en protesta por la reforma educativa, y abría con una pregunta: ¿Qué sucedió el domingo 19 de junio donde murieron cuando menos 11 civiles y a policías federales les cortaron dedos a machetazos y terminaron con pies heridos por las bombas caseras que les explotaron? Nadie tiene una explicación clara de la cadena de sucesos, se apuntó, y lo que estaba informando el Gobierno federal, en voz del entonces comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, no tenía sentido. Decía que la Policía Federal había recuperado la vialidad en Nochixtlán “sin ningún tipo de incidente”, en una reconstrucción de hechos que insultaba la inteligencia de los mexicanos. En aquel entonces, Galindo replicó en privado que era falso lo escrito y que habían actuado correctamente. Quince meses después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos confirmó la hipótesis, descalificando a Galindo y al Gobierno federal.

El operativo en Nochixtlán, establece la recomendación de la CNDH dada a conocer el miércoles, el uso excesivo y letal de la fuerza, graves violaciones a los derechos humanos que provocaron la muerte de siete personas y dejaron más de 500 lesionados –algunos de los cuales aún no se curan– fue consecuencia del “pésimo” diseño, planeación y ejecución del operativo armado y ordenado por Galindo, que derivó en un choque en tres comunidades. Fue un ejemplo, señaló, “de lo que no deben ser las acciones policiales”. Nochixtlán, como Tanhuato y la forma cómo armaron desde el Gobierno federal, con la Policía Federal como su brazo operativo, a los grupos paramilitares en Michoacán, son tres de los botones de muestra del mal trabajo policial en la Administración peñista, donde se encargó a incompetentes la seguridad del país. Los altos índices de violencia nacional prueban lo que la soberbia oficial niega: el fracaso de su estrategia.

En Nochixtlán, el 19 de junio las cosas comenzaron temprano. Como se apuntó el 22 de junio de 2016 aquí, el operativo, según explicó el entonces gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, comenzó a las 10 de la mañana. Galindo precisó que desde las 7 de la mañana habían solicitado que levantaran el bloqueo en Nochixtlán, que conecta a Puebla con Oaxaca y el sur del país, que había estado bloqueada durante una semana. El desalojo duró media hora. “Después de las 10 y media cambió el escenario”, dijo Galindo. “Vivimos una emboscada. Llegaron grupos con armas y bombas molotov”.

En este punto empezaron sus contradicciones y la versión oficial se debilitó. A esa hora, en voz del excomisionado, comenzaron a escuchar detonaciones de armas de fuego, con lo cual el escenario del desalojo cambió en forma “radical”. Según dijo, se solicitó apoyo aéreo, y cuando llegaron los helicópteros, a una hora que no precisó, fueron recibidos a balazos. No informó a qué iban los helicópteros, y si respondieron o no el fuego. A las 11:30 de la mañana, dijo, llegó un grupo adicional de la Policía Federal con armas. Ese domingo por la tarde, la Comisión Nacional de Seguridad, afirmó: “Los elementos de la Policía Federal que participan en el operativo no se encuentran armados ni portan tolete”. Era otra mentira. La primera fotografía de federales armados la tomó Jorge Arturo Pérez, de la agencia Cuartoscuro, cuyas imágenes tienen grabada la hora automáticamente de la cámara, entre las 10:15 y las 10:30. Es decir, antes de que la Policía Federal descubriera hombres armados entre los maestros. Pérez, además, dijo no haber visto a nadie armado que no fuera agente federal.

La narrativa de Nochixtlán siguió desvaneciéndose. Galindo declaró en una radio que se había recuperado la circulación sin ningún problema (entre 10 y 10:30), pero cuando se dieron los primeros disparos, hubo “un cambio dramático de escenario”. Lo que se dio “fue una especie de emboscada”, dijo. Minutos después, añadió en otra entrevista de radio, hasta 2 mil personas rodearon a los federales y a los policías estatales. Nadie lo cuestionó, pero lo que aseguraba era un disparate.

La emboscada tiene como primer elemento la sorpresa, que no existió porque el bloqueo llevaba una semana, y sus organizadores habían dicho que se endurecería el fin de semana. Afirmar, como lo hizo Galindo, que los atacaron 2 mil personas, era absurdo. Las 2 mil personas no formaban parte orgánica de quienes atacaron a las policías; eran habitantes de las comunidades que se sumaron a los bloqueos. Las autoridades nunca supieron cuántas personas participaron en la operación contra ellos, planeada y ejecutada con perfección. Grupos no identificados actuaron de manera coordinada. Cerraron los caminos para obstruir los apoyos de los cuerpos de seguridad, y los fueron atrayendo hacia puntos que ellos escogieron, mediante repliegues tácticos a sitios donde tenían pertrechos para volverlos a atacar y causar bajas.

Nochixtlán es una metáfora de la incapacidad de este Gobierno en materia de seguridad. Pero también de soberbia. Galindo fue removido poco después como comisionado de la Policía Federal y desapareció durante un tiempo de la arena pública, hasta hace unos días cuando reapareció como enviado del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a Morelos, para colaborar en la coordinación de la reconstrucción. Un insulto la narrativa de Galindo sobre Nochixtlán; un insulto su rehabilitación en el Gobierno. Inadmisible, por supuesto. Pero ante este Gobierno, sólo queda indignarse, porque nunca hay consecuencias para sus atropellos.
19 Octubre 2017 04:08:00
2018: intromisiones
Fuera máscaras. El presidente Enrique Peña Nieto se asumió como jefe de la campaña presidencial, formalmente, desde este lunes. Comenzó discretamente desde su mensaje político el 2 de septiembre por su Quinto Informe de Gobierno, pero la emergencia generada por el sismo del 7 de septiembre lo revitalizó como actor político. Todos los días recorrió zonas siniestradas y estuvo presente en la opinión pública, lo que le generó recuperación en la aprobación presidencial. No lucró con la desgracia, pero mostró su potencial político y sembró las bases para que reconociera su papel en la decisión final sobre el candidato del PRI a la Presidencia, y pusiera el 14 de diciembre como límite al PRI para designar abanderado. Peña Nieto empezó a jugar fuerte, aunque con retraso, frente a dos de los secretarios en quienes ha pensado para la candidatura presidencial, que están peleando sus propias batallas.

Sus casos son representativos por la manera como se están sacrificando viejas alianzas, y porque se encuentran involucrados dos aspirantes a la candidatura presidencial, los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Educación, Aurelio Nuño, en Morelos y Chiapas, que otrora fueron aliados del Presidente. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, fue punta de lanza contra el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, que llevó al Partido Verde a coaligarse para frenar la caída electoral del PRI, están siendo avasallados por una estrategia agresiva donde lo importante no son las lealtades, sino la extensión de su poder.

Los dos son parte de la novena de estados que van a elecciones gubernatoriales el próximo año, y se encuentran dentro de las siete que no gobierna el PRI. En Morelos, Osorio Chong está en guerra contra Ramírez, y adoptó al alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, a quien está utilizando como ariete contra el gobernador. Blanco, cuya estrategia electoral se diseña en Bucareli, está siendo preparado para que busque la gubernatura, probablemente con la bandera de Encuentro Social y, eventualmente, con el respaldo del PRI, sacrificando a los aspirantes tricolores que si bien tienen la experiencia y el oficio político, carecen del carisma y arrastre del exfutbolista estrella.

En Chiapas, Nuño se le ha atravesado al gobernador y le ha ido arrebatando, con el respaldo del líder del PRI, Enrique Ochoa, el control sobre su sucesión. Velasco ha sido débil frente al poderoso secretario de Educación y ha permitido que Nuño y Ochoa impulsen al senador y dirigente estatal del PRI, Roberto Albores Gleason, como candidato a la Gubernatura. La imposición generó divisiones en el PRI, sobre todo con el grupo que responde a Manlio Fabio Beltrones, donde el aspirante a la candidatura, Willy Ochoa, ha sido marginado y castigado por Albores Gleason. Eliminar a Velasco del proceso de sucesión y secuestrarlo desde el centro coloca en riesgo electoral al estado ante la creciente fuerza de Morena, donde Zoe Robledo, hijo de un exgobernador priista, será el candidato.

La forma como Osorio Chong y Nuño están machucando a sus viejos aliados es inexplicable a simple mirada. No se entiende cómo una compensación con Jalisco, una de las gubernaturas en poder del PRI que se pondrán en juego, y donde la fuerza de Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, hace suponer hoy en día que no habrá poder alguno que le impida convertirse en el próximo gobernador. Jalisco tiene el cuarto peso electoral en el país, mientras que Chiapas y Morelos tienen un valor electoral marginal. Yucatán, el otro estado gobernado por el PRI, es la única entidad en competencia el próximo año donde el partido en el poder podría mantener al ejecutivo estatal, pero tampoco podría ser tomado, en caso de derrota, como un quid pro quo con su vecino Chiapas o con Morelos.

La irrupción de los secretarios en esos estados, si bien se puede argumentar que forma parte de un gran diseño electoral, también se puede ubicar como una serie de movimientos estratégicos de Osorio Chong y Nuño en función de sus propios intereses sucesorios. Sin embargo, bajo esta misma racional, si Peña Nieto no los ha frenado es porque los avala y respalda, aunque los márgenes de riesgo sean amplios.

Pero, ¿qué le garantiza a Nuño que si concreta la imposición de Albores Gleason sobre los deseos del gobernador Velasco, una alianza encabezada por el PRI y sometiendo al Verde podrá frenar la ola morena? Es más probable que la imposición socave la alianza con los verdes, y la derrota ante Morena sea más que una posibilidad. En Morelos, Osorio Chong mandó a su hombre de confianza, Jorge Márquez, oficial mayor de Gobernación, arropado como responsable de la reconstrucción por el sismo del 19 de septiembre, para desafiar a Ramírez y a la estructura que tiene el PRD en el estado.

Si Nuño está en busca de demostrar que él puede construir alianzas ganadoras, aún a costa de sacrificar a sus aliados como sucedió en el Estado de México, Osorio Chong está moviendo su músculo a través de Encuentro Social, ratificando que ese partido que nació en 2015, sirve fundamentalmente a sus propósitos y objetivos políticos. Su choque con Ramírez y el PRD en campo es una apuesta tan arriesgada como la de Nuño en Chiapas. En ambos casos, la temeridad y ambición política es el vaso que los une, aunque no para sumar, sino dentro de su propia confrontación, como ha sucedido en el pasado entre priistas, para incidir e influenciar en la sucesión presidencial.
18 Octubre 2017 04:08:00
2018: Por qué no Osorio
Las encuestas en El Financiero y El Universal publicadas este lunes, muestran al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, como el priista mejor evaluado para ser candidato a la Presidencia por ese partido. El propio Osorio Chong, en las consideraciones del presidente Enrique Peña Nieto, revivió como un aspirante sólido por su trabajo durante los sismos de septiembre. Todo parece pintarle muy bien al secretario, salvo por la forma como la Casa Blanca piensa de él, si no directamente, por el desastre en la política de seguridad, donde el incremento en la violencia ha fortalecido la propuesta del presidente Donald Trump para levantar una barrera en la frontera entre los dos países. “México está teniendo un momento difícil ahora mismo en cuanto al crimen”, dijo Trump este lunes. “Más que nunca, necesitamos el muro”.

Trump sostuvo una reunión con su gabinete en la Casa Blanca donde ratificó la idea presentada desde junio de 2015, cuando lanzó su candidatura presidencial, de que México es un país sin leyes por lo que se requiere incrementar la seguridad fronteriza. “Tenemos muy buena relación con México, pero hay allá muchos problemas”, agregó Trump, quien insistió en que pese a las fuertes relaciones bilaterales, necesitan aislar a Estados Unidos del narcotráfico y la violencia criminal. Las palabras de Trump reforzaron la declaración de John Kelly, jefe de Gabinete de la Casa Blanca y exsecretario de Seguridad Territorial, quien afirmó la semana pasada que definitivamente se requiere una barrera física entre los dos países.

El tema de la seguridad en México está descontrolado. La última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, estimó que en 2016 hubo 23.3 millones de víctimas por un delito, lo que representa una tasa delictiva de 28 mil 202 víctimas por cada 100 mil habitantes. No se trata sólo de percepciones. En este espacio se registró que durante los primeros 54 meses del Gobierno peñista, el número de homicidios dolosos denunciados llegó a 83 mil 209. En comparación, en los primeros 54 meses de gobierno de Calderón hubo 70 mil 693 homicidios dolosos.

La cifra en el actual Gobierno puede ser incluso mayor, por la cifra negra, los delitos no denunciados, o por las variables en la medición. Una de estas variables es que si no está identificada la persona asesinada, no se contabiliza. Otra es que a diferencia del pasado, ya no se cuantifica el número de víctimas de manera individual en cada averiguación previa, sino se suma a una sola en cada expediente. Aun así, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que recoge información de todas las procuradurías del país, durante el sexenio de Peña Nieto se denunciaron en ese periodo 12 mil 516 homicidios más que el total de denuncias en el Gobierno de Calderón, lo que representa un incremento de 17.7 por ciento.

El gobierno del presidente Felipe Calderón les dejó un país en medio de una guerra civil, con una estrategia de fuego y muerte que tuvo su cénit en mayo de 2011, cuando las denuncias de homicidios dolosos alcanzaron la cifra de 9 mil 466 durante los primeros cuatro meses de ese año. A partir de entonces, la estrategia de ser más rápidos para abatir o capturar criminales, versus la velocidad de los cárteles para renovar sus cuadros, comenzó a reducir la estadística de la muerte. Para 2012, la cifra cayó a 9 mil 158, que bajó a 7 mil 902 al año siguiente, a 6 mil 887 en 2014, y 6 mil 708 en 2015, cuando el diseño de mucha coordinación en el Gabinete de Seguridad y no confrontación con los cárteles de la droga, tocó piso.

Los criminales le tomaron la medida al Gobierno. Se realinearon y se fortalecieron. La guerra civil reinició. Para 2016, la estrategia de contención y administración del combate contra la delincuencia estaba destrozada. El discurso oficial siguió ensalzando los logros que contrarrestaban con el total de denuncias de homicidios dolosos, que son con los que se identifica a la delincuencia organizada en el artículo 9 del Código Penal. En 2016, ese tipo de delito sumó 7 mil 658 denuncias, lo que significó un incremento de 22% con respecto al año anterior. El Estado de México, Guerrero y Chihuahua, registraron el mayor número de estos crímenes, acumulando la tercera parte de este tipo de delitos en los 16 años que llevaba el siglo. El Estado de México, no fue sorpresa, fue el primer lugar nacional en violencia.

El número de asesinatos en la categoría de homicidios dolosos en 2016 llegó a 20 mil 549, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que significó un incremento de 20.6% con respecto a los 17 mil 34 homicidios dolosos denunciados en 2015, cuando ya se había notado un incremento de 8.8% con respecto a 2014. En los primeros cuatro meses de este año, lo que pasó fue el acabose. El total de denuncias presentadas por homicidio doloso se disparó a 9 mil 916, lo que significa un aumento de 29.5% con respecto al mismo periodo en 2016. Estos cuatro meses fueron el periodo más violento en la historia de México, o cuando menos, si se quiere ser purista, desde que se cuenta con registros de incidencia delictiva, hace 20 años.

Si las cosas estaban mal, como se apuntó en un principio, van a empeorar.
17 Octubre 2017 04:07:00
2018: Revivió Osorio
La bufalada lleva semanas rindiéndole honores adelantados al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, a quien ven perfilado como único finalista para la candidatura presidencial del PRI ‘y quien se le sume’ para 2018. La semana pasada lo trataron con cordialidad y hasta genuflexión en su comparecencia en el Senado por la glosa del Quinto Informe de Gobierno. Pero hay que tener cuidado. En el pasado, ya han sido varios quienes se fueron de bruces. En 1975, el secretario de Trabajo, Porfirio Muñoz Ledo, recibió una visita inesperada del presidente Luis Echeverría a su casa, quien le comentó que veía que su jardín era muy chico para recibir contingentes. Muñoz Ledo, dijo años después, pensó que el dedo lo había iluminado y rápido compró el terreno de atrás para ampliarla. El equipo de Alfredo del Mazo entendió mal las señales del presidente Miguel de la Madrid, y destapó al procurador Sergio García Ramírez como candidato, mal informando a La Jornada, que lo informó en una edición especial de ignominia. La moraleja es que cuando el Presidente es priista, hasta que decida a quién quiere como sucesor se conformará al candidato.

Meade, a diferencia del coro fácil de la política, lo tiene claro. No se acelera y entiende que esa decisión recae únicamente en el presidente Enrique Peña Nieto. Hace bien. A Peña Nieto no le gusta que interfieran en sus decisiones electorales, que toma en la soledad absoluta. Sus señales suelen ser contradictorias, a veces engañosas, otras cristalinas. Pero, ¿cómo saber cuándo es cuál? Por meses, su equipo en Los Pinos, bastante indiscreto, por cierto, ha dejado salir de la casa presidencial la especie del alejamiento de Peña Nieto con su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y dicho, como murmullo, que la única razón por la que no lo ha destituido o cambiado de cargo es porque prefiere tenerlo cerca y vigilarlo que enfrentar a un experimentado y perverso operador electoral a la distancia.

De acuerdo con un secretario de Estado que ha visto la interacción con el Presidente en reuniones de Gabinete, esta es de enorme respeto para el secretario de Gobernación. No obstante, en los tramos finales de la sucesión presidencial, Osorio Chong estaba prácticamente fuera de la contienda. Así lo reconocía él mismo en privado, aunque mantenía que no dejaría de luchar por cambiar su suerte. No lo habría hecho con su mera voluntad, pero los sismos de septiembre abrieron las condiciones para cambiar su destino. El propio Peña Nieto lo ha aceptado en su entorno más íntimo: Osorio Chong volvió a ser considerado como un aspirante real para la candidatura del PRI a la Presidencia.

Peña Nieto no abundó en las razones y consideraciones por las cuales lo regresó a la carrera presidencial. Existen hechos, sin embargo, que ayudan como contexto para entender cómo la sucesión volvió a abrirse. Desde el sismo del 7 de septiembre, el Presidente lo responsabilizó de manejar la crisis y emergencia en Oaxaca y Chiapas, donde Osorio Chong trabajó diariamente, estableciendo casi un puente aéreo diario entre esos estados y su despacho en Gobernación para supervisar 24 horas al día lo que se estaba haciendo. Para el tamaño del desastre, en esos estados de alta conflictividad, el trabajo político que se hizo detrás de las tareas de rescate y reconstrucción creó condiciones altamente positivas para que Peña Nieto pudiera viajar regularmente a esa región y ser bien recibido. La forma como actuó le permitió un repunte en su aprobación presidencial, lo que parecía muy difícil que sucediera por el resto del sexenio. El intenso trabajo de medio Gabinete, organizado por Osorio Chong, le dio al Presidente nuevos márgenes de operación política. Los estragos del esfuerzo de Osorio Chong fueron palpables en las fotografías, donde el deterioro físico se le notaba con días de diferencia. El 19 se septiembre trajo esfuerzos adicionales para el Gobierno federal con una nueva crisis. Peña Nieto tuvo que volverse a sumergir en la emergencia, que tenía como epicentro político a la Ciudad de México, que le es totalmente adversa y en donde sus márgenes de acción pública son muy estrechos. El Presidente no realizó ningún recorrido por las zonas más afectadas en la capital federal, dedicándose sólo a recorrer los estados del centro que también tuvieron devastación. El Presidente le dijo a su Gabinete que había que tener mucha paciencia y soportar las críticas de una sociedad muy molesta con el Gobierno federal.

Del Gabinete, sólo dos secretarios se hicieron presentes en las calles de la Ciudad de México. Uno fue el secretario de Educación, Aurelio Nuño, que estuvo varias veces en el colegio Enrique Rébsamen, donde murieron 19 niños. El otro fue Osorio Chong, quien en la visita al edificio donde murieron al menos 25 costureras al día siguiente del sismo fue insultado y forzado a retirarse. No perdió la calma ni dejó de seguir visitando sitios dañados por el sismo los días subsiguientes.

Su trabajo fue apreciado por el Presidente. No se sabe cuál es la consideración que pudiera hacer el Presidente sobre el sucesor que crea necesite el país. El secretario de Gobernación tiene déficit en seguridad pública, pero su argumento de que es responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales fue adoptado por el Presidente. ¿Piensa Peña Nieto en que la gobernabilidad será la clave en el próximo sexenio? ¿Vio en él fortalezas para enfrentar crisis? Imposible saber. Lo único de cierto es que revivió Osorio Chong en la cabeza del Presidente.
16 Octubre 2017 04:07:00
La alianza de Peña y ‘El Peje’
Finalmente, las fuerzas políticas más antagónicas, que se han batido con sevicia durante casi dos décadas, se han puesto de acuerdo. El presidente Enrique Peña Nieto y el líder de la izquierda social, Andrés Manuel López Obrador, y todos los acólitos detrás de ellos, están de acuerdo en un objetivo: hay que destruir al Frente Ciudadano por México antes de que nazca como coalición electoral. No quieren que exista una alianza del PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano que se entrometa en la elección presidencial del próximo año, por razones tácticas distintas, quizás, pero con un evidente miedo a lo que una tercera fuerza de esa naturaleza pueda impactar en el resultado final. Las denuncias contra el Frente carecen de contenido, son contradictorias, inconsistentes, pero no importa. Son sistemáticas, encuentran reproducción en los medios de comunicación y su alcance en el electorado es amplio.

La técnica empleada es la de Joseph Goebbels, el ministro de la propaganda nazi de Adolfo Hitler, quien estableció 11 principios para construir verdades a través de verosimilitudes. Partía del principio de la simplificación, el sumar a sus enemigos en una sola categoría, para magnificar sus errores y anécdotas para convertirlas en una amenaza, ocultando todo lo que beneficiara al adversario. Uno de los principios es el de la orquestación, que significa la repetición de una idea de manera sistemática, desde diferente perspectiva y contexto. De ahí la frase “si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad”.

El último en atacar fue el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien en la reunión de cuadros del PRI, en Mazatlán, dijo el sábado: “Las coaliciones electoreras no funcionan. Se trata de ideologías diferentes que en algún momento tendrán que explicar su pensamiento en temas en los que tienen posturas diferentes. Hay que preguntarles a los que están formándola, ¿qué van a decir cuando algunos estados son provida y otros actúan al contrario?, ¿qué le van a decir con congruencia a la sociedad si no tienen capacidad de ponerse de acuerdo entre ellos porque piensan distinto?”.

La declaración es un galimatías. Las coaliciones son exactamente lo que niegan que sean. Los partidos políticos forman coaliciones en el mundo para mejorar sus posibilidades electorales y formar mayorías de Gobierno que provean gobernabilidad. Su construcción requiere de un equilibrio entre el respeto de las obligaciones de cada partido para hacer que la coalición sea duradera, así como para que mantengan su identidad individual. El maniqueísmo de Osorio Chong, por ignorancia o premeditación, contradice a su propio Gobierno.

Por ejemplo, las alianzas del PRI en los dos últimos años incluyen a Encuentro Social –que nació en Hidalgo de la mano de colaboradores de Osorio Chong–, que tiene como su principal base a los cristianos, lo que es una contradicción para el PRI, que acoge el principio de la laicidad. El Partido Verde tiene como una de sus principales banderas la pena de muerte, que es rechazada por el PRI. Cuando mencionó el secretario el ejemplo de los estados provida, esconde que el PRI mantiene una posición ambigua en la materia para evitar rechazo electoral en estados conservadores. Sus argumentos son falaces, pero buscan la descalificación.

En la 22 Asamblea Nacional del PRI, a mediados de agosto, el presidente Peña Nieto se refirió al Frente: “Por su falta de experiencia y sus conocidos fracasos de Gobierno, disimulan su impericia con estridencias e incongruencias. Mientras que nuestro partido reafirma su compromiso con las causas de México, otros han optado por abandonar sus ideales y prefieren negociar posiciones antes que defender convicciones”. Sin embargo, en varias elecciones, como Colima y Querétaro, el PT, defensor abierto de Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, ha competido en coalición con el PRI, que en las elecciones de Aguascalientes, además, lo ayudó para no perder el registro.

Las diferentes políticas e ideologías no son un déficit de las coaliciones, sino parte de su valor, al acumular masa electoral. El PRI lo sabe. En el Estado de México, su franquicia perdió por 56 mil votos ante Morena, pero la alianza con el Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social le dio los casi 300 mil votos para la victoria de Alfredo del Mazo. Las palabras de Peña Nieto las repite a su manera López Obrador, quien señala que el Frente le da vergüenza porque quienes lo integran tienen ideologías distintas, carecen de ideales y su lucha es por el poder. En efecto, por definición, los partidos luchan por el poder, y suelen aliarse pese a tener ideologías distintas, como la duradera –ya extinta– coalición de los democristianos y los socialdemócratas en Alemania.

La férrea oposición al Frente Ciudadano se entiende porque rompe con el ideal de polarización que buscan Peña Nieto y López Obrador para 2018. Una tercera opción afecta al PRI porque verían en ella una alternativa aquellos que no quieren votar por la continuidad, pero tampoco los convence López Obrador. A este tampoco le conviene por la misma razón. Si es el único opositor al PRI, habrá quien, fastidiado por el peñismo, le dé el beneficio de la duda. Ambos quieren una elección entre dos, jamás entre tres, porque no beneficia a ninguno de ellos. Sería bueno para el electorado, al abrir las opciones de elección. Pero, claro, los electores son lo menos que les importa.
13 Octubre 2017 04:08:00
El final del TLC
Aceptemos la realidad: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte está muerto, y sólo falta que el presidente Donald Trump firme su certificado de defunción. Congruente con su reiterado mensaje desde la campaña presidencial, Trump está listo para liquidarlo. El pacto va rumbo al colapso y es inminente la salida de Estados Unidos de él, escribió ayer Ann Swanson, la experta corresponsal económica de The New York Times. Trump no quiere un pacto entre tres naciones, sino buscará acuerdos bilaterales donde, tampoco nos engañemos, su objetivo será obtener el mejor arreglo comercial para los intereses de su base electoral. Si el resultado es positivo o negativo, es otra discusión. Lo que importa en este momento es que se comenzará a redefinir el futuro mediato de las relaciones bilaterales.

Como parte de la narrativa preventiva del Gobierno mexicano, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo esta semana en el Senado que de ser así la relación bilateral se modificaría. La frase fue deliberadamente ambigua, frente a la incertidumbre de la ruta que seguirá Trump, cuyo gobierno no es más un aliado de México ni le interesa un trato especial, como suelen tener las naciones con sus vecinos. Trump ha cancelado, en los hechos, el diseño de la Relación bilateral que mantuvo la Casa Blanca desde hace casi 40 años, cuando durante el presidente James Carter pidió la revisión de la relación con México, que concluyó un año y medio después con el Memorando Presidencial 41, que ajustó la política que por décadas se seguiría con México.

Ese memorando propuso nuevas políticas en el área de energéticos –de altísima prioridad por la crisis del petróleo que provocó en 1977 el racionamiento de combustibles–, y que llevó a la compra de crudo mexicano para la Reserva Estratégica en las cuevas de Texas y Luisiana, y a la firma del acuerdo sobre gas natural. También planteaba nuevas formas de relacionarse en materia comercial y de trabajadores migratorios, traducido poco después en la Ley Simpson-Mazzoli, la última gran reforma migratoria en Estados Unidos. El documento, que durante años fue confidencial, planteaba que la salvaguarda de los intereses de Estados Unidos debía ser compatible con un “México estable, que progrese y sea amigo”, donde buscarían evitar a toda costa cualquier ingrediente que deviniera inestabilidad. Tan importante era la relación, que por diseño Carter, cuya política hacia América Latina incluyó la presión a las dictaduras de América del Sur para que terminaran sus regímenes de terror, redujo la crítica pública sobre la violación de derechos humanos en México.

La política de Washington hacia México corría sobre rieles geoestratégicos, y desde 1979 se planteaba una integración norteamericana junto con Canadá, a partir de la seguridad energética. Durante la administración de George H. W. Bush se inició la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, concluido con el respaldo del presidente Bill Clinton, que consolidó lo que casi tres lustros antes había comenzado. En los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama, la relación se expandió de una forma sin precedentes en materia de seguridad, donde se combatió trasnacionalmente al crimen organizado.

Bajo el Gobierno de Trump, todo este trabajo de construcción se ha venido demoliendo. El Presidente estadunidense es muy ignorante de lo que significa la relación con México, que fue el argumento por lo cual un empresario amigo de él lo persuadió a aceptar la invitación formulada por Videgaray a su hija y su yerno en agosto del año pasado, para visitar al presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos. No aprendió mucho. Todavía en su encuentro en Hamburgo, en el marco de la cumbre del G-20, Peña Nieto parecía que hablaba al aire durante la conversación con Trump, hasta que comenzó a explicarle lo que se había hecho con la reforma energética. Según funcionarios presentes, Trump pareció despertarse y volcó su atención a lo que decía Peña Nieto, para concluir que “hay que venderles mucho gas a los mexicanos”.

La participación de las multinacionales con sede en Estados Unidos en la apertura energética mexicana –como Exxon, que hasta diciembre dirigía Rex Tillerson, el actual secretario de Estado–, se ha dado bajo los parámetros empresariales. Trump no ha dado incentivo alguno para fortalecer la relación bilateral ni en ese, ni en ningún otro sector. Al contrario, como es ampliamente conocido, su forma como se ha acercado a México es hostil, grosera y déspota. Igual, según funcionarios mexicanos, a como se ha comportado con el presidente Peña Nieto en privado.

La tolerancia del Gobierno mexicano ha ido modificándose. No llega aún el Gobierno mexicano a dar un manotazo en la mesa, y tampoco se prevé que lo haga públicamente. Pero en forma sutil, cuando varios secretarios de Estado dicen que no están dispuestos a seguir sentados en la mesa si Trump abroga el tratado como una técnica de negociación, y que de darse ese momento la relación en su conjunto sufriría cambios, el mensaje a la Casa Blanca es que la paciencia llegó a su límite. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo tras hablar con Trump el miércoles, que el Presidente de Estados Unidos, que fue ambivalente con él sobre el futuro del tratado, suele tomar decisiones sorpresivas, que representan desafíos ante los cuales hay que estar preparados “para cualquier cosa”. La ruta está clara. La colisión final se acerca. No podemos decir más adelante que no estábamos preparados para este final. Eso, política e históricamente, sería imperdonable.
12 Octubre 2017 04:08:00
Los titiriteros del PAN
La forma como se dirimió la lucha entre Margarita Zavala y Ricardo Anaya por el poder, se dio en un cuadrilátero tricolor. Anaya salió campante tras la renuncia de Zavala del partido, y la forma como sus más cercanos apoyadores optaron por no seguirle los pasos. Fue una decisión inteligente. Afuera son nada, y dentro pueden conformar una corriente política que busque su espacio de poder. Así son los partidos, y muchos enemigos de Anaya lo entendieron cabalmente. Las cosas no pararán ahí, sin embargo, y no sería extraño que hubiera una purga. No hemos terminado de ver las cosas en el PAN. En alguna medida, porque detrás de varios de los protagonistas del conflicto hay fuerzas superiores que los respaldan. Lo paradójico es que son priistas y se encuentran en la cima del poder.

Anaya tiene el apoyo del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien es uno de los principales consejeros del presidente Enrique Peña Nieto. La relación entre ellos data del Pacto por México, del que Videgaray fue el arquitecto principal –junto con el actual secretario de Educación, Aurelio Nuño–, y trabajó con el líder del PAN para que las reformas de Peña Nieto, con la excepción de la fiscal, pasaran con el voto azul. Anaya tiene en Videgaray a su principal aliado en el equipo compacto del Presidente, aunque no le alcanzó para hablar con Peña Nieto después de las elecciones en el Estado de México y Coahuila, en donde el entendimiento que tenían los dos se rompió.

Peña Nieto dejó de creer en Anaya, y no fueron pocas las veces que en su intimidad política comentó que lo había traicionado al incumplir acuerdos. Videgaray no ha podido –o querido– restablecer la relación entre los dos, ni logró evitar que el Presidente ordenara atacar a Anaya por todos los flancos. La vanguardia del ataque la lleva el líder del PRI, Enrique Ochoa, pero es desde la Secretaría de Gobernación que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong, donde se ha procesado buena parte de la información que los panistas o los órganos de inteligencia financiera del Gobierno han aportado para que sea filtrado a la prensa.

Ante el quiebre de la comunicación con Los Pinos, Anaya se fugó hacia delante, endureciendo su posición crítica contra el Gobierno. En Los Pinos y Bucareli lo mantienen como un blanco a tirar, y se prevé que información comprometedora adicional sobre él termine en los medios. Pero la historia de Anaya y sus apoyos dentro del equipo de Peña Nieto son sólo una cara de lo que sucede en el PAN. Otra cara tiene que ver con la señora Zavala y los apoyos inconfesables que está recibiendo.

El 27 de julio pasado, en este mismo espacio, se reveló someramente la existencia de una relación entre la señora Zavala y el expresidente Carlos Salinas. “Fuera del PRI, de acuerdo con priistas y panistas, ha establecido relación con Margarita Zavala, aspirante a la candidatura azul, y ha estado trabajando con algunos exjerarcas del PRI para ir construyendo una oposición al dedazo de Peña Nieto en la sucesión presidencial”, se apuntó en ese momento dentro de un texto sobre la influencia que ejercía Salinas dentro del Gobierno peñista y sus intenciones para 2018. Zavala desmintió en este espacio la información. “Es totalmente falso”, dijo en una breve conversación telefónica. “No he recibido ningún tipo de respaldo de Salinas”. La relacion es inconfesable, pero es real. A la información originalmente aportada por fuentes priistas y panistas se han añadido nuevos detalles sobre ese respaldo, que incluye el financiamiento de una estructura paralela, cuyos recursos no son fáciles de rastrear hacia ella o hacia Salinas.

No se sabe todavía cómo se dio el encuentro entre Zavala y Salinas, si hubo en efecto necesidad de un téte-a-téte, o quien el articulador de tal respaldo. La señora Zavala había tenido conocimiento de Salinas de primera mano hace años, porque cuando llegó a la Presidencia, pactó con Diego Fernández de Cevallos y Carlos Castillo Pereza –mentor de ella y de su esposo Felipe Calderón–, los jefes reales del PAN en aquellos años para que a cambio de reconocimientos electorales –el primero de varios, la primera Gubernatura del PAN en su historia, en Baja California, que le fue entregada a Ernesto Ruffo contra la oposición del presidente del PRI, Luis Donald Colosio–, apoyarían todo su programa de reconstrucción de la economía hacia un modelo neoliberal.

Fernández de Cevallos sigue siendo un hombre muy cercano a Salinas, como también lo es el senador Roberto Gil, cercano a la dupla Calderón-Zavala. Lo que no está claro, en absoluto, es para quién está jugando el expresidente. Se sabe a quien no desea en Los Pinos, Andrés Manuel López Obrador, quien dice en privado que al expresidente a quien realmente quiere investigar es a Calderón, a quien nunca dejó de llamar “usurpador” durante su sexenio.

Pensar que Salinas está construyendo el Plan B de Peña Nieto para la sucesión presidencial no es algo que cuadre, por las diferencias que tiene con varios miembros de su gabinete y la distancia que tiene hoy en día con Los Pinos. Puede estar jugando sus propias cartas, que hoy, con el rencor de Peña Nieto contra Anaya, se unan intereses electorales en la figura de la señora Zavala, y Salinas, una de las figuras detrás de ella.
11 Octubre 2017 04:08:00
La guerra contra Anaya
Ricardo Anaya, presidente del PAN, suma enemigos todo el tiempo. No es de extrañar. En su sangre corre la traición. Fue desleal con quien le abrió la puerta al servicio público, el exgobernador de Querétaro Francisco Garrido Patrón. Hizo lo mismo con quien le abrió la puerta a la política nacional, el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Engañó a Gustavo Madero, quien le heredó la dirigencia del partido. Rompió un acuerdo con el presidente Enrique Peña Nieto, con quien había acordado una alianza de facto para la contienda por la Gubernatura en el Estado de México. Sin límite alguno, el engreído dirigente de la derecha siempre se salió con la suya hasta que con todos los flancos abiertos, sus enemigos se juntaron para aniquilarlo.

Anaya está en proceso de cocimiento en cámara lenta. Abrir la confrontación con Los Pinos, cohesionó a sus enemigos y desató el fuego amigo. Moreno Valle, jugó en contra de Josefina Vázquez Mota, candidata de Anaya en el Estado de México, y contribuyó, neutralizando a panistas en algunos municipios del nororiente mexiquense, para que no ganaran esos distritos. Francisco Domínguez, el Gobernador de Querétaro, contribuyó en la campaña contra su correligionario con documentos sobre las irregularidades en los bienes raíces de Anaya y su familia política, algunos de los que terminaron en la primera plana de El Universal.

La línea ideológica ha sido borrada en el PAN. El objetivo de cuadros importantes en ese partido es enfrentar a Anaya, quien con los recursos que le permitió ser líder y controlar al Consejo Político, ha construido su candidatura presidencial sin dejar de encabezar el partido. No hay impedimento legal para que eso suceda, y la inhibición ética y política está fuera de sus consideraciones. ¿Cómo puede pedir un político reglas claras, justas y equitativas para una contienda presidencial cuando es incapaz de establecerlas para el proceso de selección interna de candidato? Sólo el anayismo lo explica.

La forma como se apoderó del PAN es lo que llevó a Margarita Zavala a renunciar al partido en el que militó 33 años. Si no había apertura en el proceso de selección y dejar que la sociedad, no la militancia, decidiera a su candidato, no habría manera para que ella, Moreno Valle, o cualquiera de los otros aspirantes que se han apuntado, tuvieran posibilidad alguna de arrebatarle la candidatura. La manera sonora como se procesó la salida de la señora Zavala, ayudó a que sus adversarios políticos trataran de debilitar inmediatamente al PAN, que como partido, está en segundo lugar de las preferencias electorales para 2018.

Anaya ha dicho que la salida de Zavala favorece al PRI. Uno podría pensar que al dividirse la derecha, al que beneficia realmente es a Andrés Manuel López Obrador, en el entendido que el PRI del presidente Peña Nieto encabeza un partido conservador que se ubica en el centro derecha de la geometría política. Pero a lo que se refería Anaya, que no lo expuso abiertamente, es a lo que se ha venido deslizando en la prensa política en los últimos días, que con la salida de Zavala se fortalece la posibilidad de que el candidato del PRI a la Presidencia sea el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, miembro del gabinete del presidente Felipe Calderón y con viejas vinculaciones con algunos panistas prominentes, como el senador Ernesto Cordero, porque la alianza de facto con ese grupo sería natural. En el escenario de Anaya no está considerada la posibilidad de que no sea Meade, sino el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, o algún otros miembros del gabinete peñista, el candidato para 2018, lo cual haría inviable esa alianza electoral de facto que sugirió el líder panista.

Lo que no admite aún Anaya es que la vileza con la que se ha comportado políticamente, es lo que tiene a todos unidos en su contra. No es un político confiable para muchos de los que han llegado a acuerdos con él, porque su mercurial forma de actuar, sus temores, debilidades, berrinches y enojos súbitos, provocan que su palabra no pueda ser tomada a pie juntillas en un campo, como la política, donde la palabra lo es todo. La amarga experiencia que habían sufrido los panistas durante los años de emergencia de Anaya como político, fue padecida por Peña Nieto tras un acuerdo forjado en Los Pinos sobre la sucesión en el Estado de México.

Anaya incumplió ese acuerdo, y si bien no hubo la alianza con el PRD, atendiendo ese convenio no escrito, comenzó a atacar al Gobierno, al PRI, a Peña Nieto mismo y al candidato Alfredo del Mazo, lo que desató la furia de Los Pinos. La reacción fue inmediata: El Universal publicó una investigación de la PGR en contra de la familia de Vázquez Mota por lavado de dinero. Aunque fue exonerada después, el aviso tuvo acuse de recibo. Anaya elevó más el costo, frenando la agenda legislativa a cambio de la anulación de la elección para la Gubernatura en Coahuila. Quiso volver a negociar con Peña Nieto, e insistentemente pidió una cita con él, pero nunca lo recibió. Sintió el frío.

De la marginación pasó el Gobierno a la acción. Peña Nieto está decidido a acabar con Anaya. ¿Qué saldrá para 2018? Nadie sabe. Lo único claro que tienen en Presidencia es que por ahora, el objetivo para aniquilar es el líder nacional del PAN. De ese tamaño es su problema.
10 Octubre 2017 04:07:00
La renuncia inútil
Tras la renuncia de Margarita Zavala al PAN, desde distintas trincheras aparecieron las voces contra Ricardo Anaya, presidente del partido. El líder del PRI, Enrique Ochoa, dijo que se le estaba desmoronando el partido entre las manos. “Es el inicio del escalamiento de la gran crisis de ese partido”, aseguró el senador Miguel Barbosa, uno de los pivotes de Andrés Manuel López Obrador. Se irán los votos del PAN con ella, y Anaya se quedará con la estructura, sentenció el presidente del Senado, Ernesto Cordero, calderonista distanciado de Margarita Zavala, jefe del grupo antianayista en el Legislativo. Las reacciones son variopinto, pero fallan en el pronóstico de que será la ruptura del PAN. No hay nada en la actualidad que permita suponer que la renuncia quiebre a la derecha e impedirá que el PAN, solo o en alianza, presente una competencia real en las elecciones de 2018.

La renuncia de Zavala ha tenido un impacto mediático desproporcionado por cuanto a su peso dentro del PAN, pero entendible porque durante más de un año ha encabezado a los panistas en las encuestas de preferencia electoral, aunque en realidad lo que registran por ahora es conocimiento de nombre, no preferencia de voto. La presencia de Zavala en la opinión pública, se puede argumentar, está ligada al distinguido papel que hizo como primera dama en el Gobierno de Felipe Calderón, al mismo tiempo de estar en la conversación por los negativos de su esposo el expresidente por su guerra contra las drogas, y a su condición de mujer, que de manera natural genera un atractivo fresco en la escena electoral. 

Pero cuando se le lleva al terreno de las realidades, la señora Zavala está en déficit. Aunque ha sido operadora política del PAN durante dos décadas, nunca ha tenido un cargo popular por el cual haya tenido que ganarse el voto en las calles. No es la persona dulce y de formas suaves, como se le ve en público, sino dura, intolerante en ocasiones, con lo cual no genera lealtades de largo aliento. Equivocadamente se le identifica en tándem con su esposo, porque a muchos se les olvida que son dos entes políticos autónomos que, incluso, han luchado en bandos contrarios, como cuando Calderón impulsó desde Los Pinos a su secretario particular, Roberto Gil, para la presidencia del PAN, mientras Zavala respaldó a Gustavo Madero. Tampoco tiene un apoyo dentro del partido que permita suponer que la escisión viene en camino.

De acuerdo con los conteos extraoficiales sobre el peso de las figuras del PAN dentro del partido, el Consejo Político Nacional lo tiene controlado Anaya, luego de que la XXIII Asamblea Nacional Ordinaria en enero pasado eligió a sus 300 consejeros nacionales de los cuales, cuando menos 210 responden a los intereses del presidente del partido. Un total de 270 de ellos fueron propuestos en las 31 asambleas municipales –el resto por la Comisión Permanente–, de los que 150 al menos están vinculados con Anaya, cuyo respaldo es tres a uno frente a los consejeros que están ligados a Zavala o a Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla, que también aspira a la candidatura presidencial. 

Cuando se hace una mayor desagregación, el respaldo a nivel nacional no lo tiene Zavala, sino que las lealtades, aunque repartidas entre tres, favorecen a Anaya. En 14 entidades, que incluyen a Jalisco y Veracruz, dos de los estados con mayor pesos electoral en el país, se reparten consejeros Anaya y Zavala, aunque en el primero, el poder de la oposición lo tiene Movimiento Ciudadano, que respalda al líder panista. Al menos ocho entidades, entre las que se encuentran la Ciudad de México, Guanajuato y Nuevo León, que están dentro de las seis entidades con mayor número de electores, responden a Anaya, mientras que tres, incluida Puebla, que también se encuentra en ese grupo de semillero de votantes, están con Moreno Valle. En el resto de las entidades, el panismo es prácticamente irrelevante.

Este es el fondo de la renuncia de Zavala, la imposibilidad de poder ganar, sin la decisión de Anaya de abrir el proceso y entregar el control político de poco más de seis de cada 10 puestos en el Consejo. El poder no se comparte, y es lo que hizo Anaya, provocando la salida de Zavala. Sin embargo, pensar que vendrá la diáspora, es un error. Varios de los más fuertes críticos de Anaya, como los senadores Gil y Javier Lozano, que está jugando el 2018 con Moreno Valle, dijeron que no se van. Cordero tampoco, e inclusive la senadora Mariana Gómez del Campo, prima de Zavala, aún no toma la decisión. 

No se prevé ninguna desbandada, ni una crisis tan profunda en el PAN como la que provocó la Corriente Crítica del PRI en 1987, cuando un grupo encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez –en ese bloque se ubicaba discreto Andrés Manuel López Obrador– rompió con el PRI por no abrir, precisamente, el proceso de selección del candidato presidencial. De ese grupo surgió la candidatura de Cárdenas en 1988 que, aunque perdió ante Carlos Salinas, colocó los primeros ladrillos para una izquierda competitiva en el país. 

Miles de priistas se fueron del partido a una opción diferente a lo planteado por el régimen. No se ve cómo Margarita Zavala encabezaría un movimiento de tales alcances que, además, no anticipa una ruptura con el régimen. Hoy su renuncia parece inútil, salvo para mantener su dignidad. Dependerá de ella darle un sentido de largo aliento.
09 Octubre 2017 04:07:00
Las razones de Margarita
Cuando el jueves pasado Margarita Zavala anunció que al día siguiente establecería su posición sobre las versiones periodísticas que anticipaban su renuncia al PAN, llevaba 24 horas que ya lo había decidido. El miércoles tuvo una reunión en su cuarto de guerra donde evaluaron el resultado de un encuentro en la víspera, con el presidente del partido, Ricardo Anaya, donde una vez más, le dijo que no habría ningún proceso interno para definir la candidatura presidencial del PAN, sino que se procesaría a través del método que establecieran dentro del Frente Ciudadano por México, el bloque opositor compuesto por el PAN –o al menos sus liderazgos–, el PRD y Movimiento Ciudadano. Con esa respuesta, de acuerdo con personas que conocen el proceso de decisión que tomó Margarita Zavala, planteó a su equipo más cercano comenzar de cero.

La reunión entre Zavala y Anaya había tenido como preámbulo la difusión de una carta el domingo por la noche firmada por ella, el exgobernador de Puebla, el panista Rafael Moreno Valle y el gobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles, en donde pedían al Frente que el método de selección de candidato de esa eventual coalición electoral se diera mediante una consulta abierta a la ciudadanía. El trasfondo de esa demanda buscaba que se hiciera de lado la propuesta de tres encuestas a sus militancias de donde quien resultara mejor evaluado fuera el candidato de unidad para 2018, para evitar que las estructuras de los partidos, en las cuales carecen de fuerza, los anularan.

Los líderes del Frente rechazaron la propuesta. A Zavala se le acababa el tiempo. “Se acercaba la fecha de vencimiento para registrar independientes y le dijeron que todavía no había decisión sobre los mecanismo”, dijo una de las personas que mejor conocen el proceso de su salida. “Lo hacían para que no se registrara y se quedara sin nada”. Anaya nunca fue receptivo. Incluso, cuando días antes de dar a conocer la carta buscaron Zavala, Moreno Valle y Aureoles que la firmara el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Anaya y el presidente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, le pidieron a Miguel Ángel Mancera que no lo hiciera. De cualquier forma, no la iba a suscribir, pues de hacerlo habría mandado un mensaje contradictorio a su declaración que por ahora, lo único en lo que estaba concentrado era en la emergencia por el sismo del 19 de septiembre.

El diferendo entre Zavala y Anaya no había comenzado por su participación en el Frente, sino a que estaba construyendo su candidatura presidencial desde la presidencia del partido, lo que consideraban sus críticos que era una competencia desigual, y a la forma como fue tratada por los panistas cercanos al líder del partido durante meses. Esto quedó de manifiesto en el mensaje que escribió la señora Zavala el viernes a las 13:10 horas, una hora exacta antes de que Fernanda Caso, la coordinadora de su equipo de campaña, entregara la carta de renuncia en el PAN. “Llevo dos años buscando diálogo”, escribió en respuesta a Anaya, que le pidió que no renunciara. “La división del PAN es tu responsabilidad, eres el presidente del partido. Ya hablaremos”.

La oferta era retórica. La negativa de Anaya a abrir el proceso de selección de candidato la dejó con sólo dos opciones: renunciar o someterse a un proceso que, de antemano, sabría que perdería. Anaya tiene el control de todos los órganos del partido, que aprueban o rechazaran las propuestas de su presidente. “Ella seguía arriba en las encuestas”, dijo la persona que siguió el proceso. “Si hubiera ido abajo, por supuesto que ni hubiese pensado en irse, pero se le hacía tremendamente injusto lo que le hacían”.

El miércoles, Zavala se reunió con su equipo más cercano para discutir las alternativas. Parecía ocioso, pero aún así lo platicó con Jorge Camacho, su coordinador de campaña; Fausto Barajas, secretario técnico del gabinete de Infraestructura del presidente Felipe Calderón y más adelante subsecretario de Comunicaciones y Transportes, que dirige la Fundación Desarrollo Humano Sustentable que preside el exmandatario; su vocero Fernando Morales y Caso, que es miembro de Casa Sobre la Roca, la organización de corte cristiano dirigida por Rosi Orozco, quien junto con su esposo ayudó a generarle apoyos en el sector evangélico a Calderón durante su campaña presidencial.

Zavala, quien todo el tiempo mantuvo la discusión y reflexión con su esposo el expresidente, y su hermano Juan Ignacio, también habló con el grupo de exgobernadores que la han respaldado desde que hizo formal su intención de buscar la candidatura, entre los que se encuentran Fernando Canales Clariond de Nuevo León, Alberto Cárdenas de Jalisco, Marcelo de los Santos de San Luis Potosí, Alejandro González Alcocer y José Guadalupe Osuna de Baja California. Era el epílogo de un proceso de semanas, donde según una de sus más cercanos, “le cerraban las puertas” por todos lados. En Guanajuato, por ejemplo, el gobernador Miguel Márquez, que había mostrado afinidad por ella, prohibió a los diputados locales ir a un evento de ella. En otros estados panistas le cancelaron visitas intempestivamente.

La última plática con Anaya el martes, de acuerdo con uno de los que conocieron todas las tribulaciones, “le dio la certeza de irse”. “Preferible perder sola, que ser víctima de una mofa y de una canallada. Y se fue”. Margarita Zavala presentó su renuncia. Buscará una candidatura independiente y a comenzar de cero.
06 Octubre 2017 04:08:00
El lado oscuro del separatismo
Cataluña se revuelve entre los vientos separatistas y la rebelión incipiente. Un referéndum ilegal, según los tribunales españoles, por ignorar la indivisibilidad de esa comunidad autonómica de España, provocó una crisis constitucional y actos de represión contra los catalanes que votaron por la autodeterminación de lo que consideran su nación. El espíritu separatista español no es cosa nueva. Es un sueño desde que se fundó el movimiento político Estat Catalá en 1922 y que se enfrentó a Francisco Franco durante sus 36 años de dictadura. 

Franco nunca pisó Cataluña, la única región española cuyo activismo impidió una visita del dictador, donde la política y la cultura se nutrieron entre la desobediencia y el desafío permanente a la Guardia Civil, que alcanzaba su mejor expresión cuando miles de catalanes asistían a los conciertos clandestinos de Lluís Llach. La resistencia no usaba la violencia de ETA en el País Vasco –donde vacacionaba Franco todos los veranos–, por lo que la guerrilla de Terra Lliure, nunca fue una opción para la independencia. 

Lo que vive Cataluña estos días anima a muchos en el mundo, que ven en su lucha por autodeterminación el quiebre de las monarquías trasnochadas. Para otros, la separación de España no se mide en términos de régimen político, sino ideológicos. La discusión es compleja porque ambas partes tienen sus razones, pero se llena de ansiedades cuando se incorpora la variable económica: ¿qué sucedería con una Cataluña independiente? Si ello sucediera, España entraría en una crisis, Cataluña como consecuencia y no menos la Unión Europea, al entrar en un periodo de turbulencia económica y desestabilización. El enredado tema podría ilustrarse a través de lo que enfrentaría el Futbol Club Barcelona, que no es sólo uno de los grandes equipos del mundo, sino de los de mayor valor. 

De acuerdo con Forbes, es el segundo equipo con mayor valor en el mundo. Su valor estimado es de 3 mil 635 millones de dólares. Ocupa el cuarto lugar general en las franquicias más valiosas, detrás de los Dallas Cowboys, los Yankees de Nueva York y el Manchester United, el gran equipo del futbol inglés. Y como marca, un estudio del Global Intangible Financial Tracker en 2016 lo ubicó en el tercer lugar del mundo, con un valor de 993 millones de dólares, sólo superado por el Real Madrid y por el Manchester United. 

El Barsa obtiene por derechos de transmisión de sus juegos mil 69 millones de dólares, y por la venta de las camisetas de sus estrellas y el mercadeo gana otros mil 388 millones. Si se declara independiente Cataluña, el Barsa se vuelve paria. Dejaría de jugar en la liga de futbol español y no tendría espacio en los torneos internacionales, porque representaría a un estado que nadie reconoce. Su taquilla anual de casi 600 millones de dólares se esfumaría, al dejar de enfrentar a equipos de talla mundial. Sus grandes estrellas extranjeras, como Leonel Messi o Luis Suárez, posiblemente tendrían que dejar al equipo, porque no habría dinero para pagar sus salarios, porque Cataluña no tendría ingresos de divisas, y posiblemente se desplomaría su economía. Pero aún si tuviera euros o dólares, ¿les interesaría a sus jugadores estelares estar en un equipo que no tiene proyección?

Barcelona tiene una economía poderosa de la talla de Dinamarca o Finlandia, que ayuda a subsidiar una buena parte de España. Aunque tiene el 16% de la población, contribuye con el 20% del PIB nacional, derivado principalmente de sus exportaciones manufactureras e industriales. ¿A quién le vendería? Cataluña no sería, cuando menos en los primeros meses, una nación legalmente establecida, por lo que estaría fuera del comercio mundial. Pero también, como receptora de una de cada tres inversiones en España, se desinhibiría la llegada de nuevos capitales y, según los expertos, vendría una desinversión. Cataluña está fuertemente endeudada, y su capacidad de crédito fue reducida el año pasado por Moody’s y Standard and Poor. La separación añadiría presiones para el pago de la deuda y arrastraría invariablemente a España, que estaría muy debilitada. Aunque permanecería como la cuarta economía de la eurozona, detrás de Alemania, Francia e Italia, su capacidad económica se vería reducida. 

Los mercados ya castigaron a los bancos catalanes por la eventual declaración de independencia. El Ibex perdió 2.9%, en la mayor caída en un día desde el Brexit el miércoles, y se recuperó el jueves tras los anuncios de que varias empresas estaban moviendo sus sedes de Barcelona. Oryzon Genomics, que se dedica a la biotecnología, transfirió su dirección fiscal a Madrid, y sus acciones ganaron 20%, reflejando lo que piensan los mercados. Eurona Telecom hizo lo mismo y sus acciones subieron 7.4%. Sabadell ya dijo que se irá a Alicante y su acción subió 6.6%. La pura sugerencia de Caixabank que seguiría ese camino, elevó en más de 4% sus acciones.

Hay temores de una fuga de capitales por lo luminoso que está resultando la oscuridad del separatismo. El Barsa, una de las grandes instituciones afectadas, ya pidió una solución pactada a la situación política actual. Eso quisieran muchos, pero quienes deberían de ser los protagonistas, el rey Felipe VI, el presidente del gobierno Mariano Rajoy, y el presidente del gobierno catalán, Carles Puidgemont, están en otra cosa: la confrontación.

Nota: El presidente del Senado, Ernesto Cordero, reconfirmó, en relación con la columna de este jueves sobre el voto que aprobó la reelección del presidente del Ifetel, Gabriel Contreras, que no hubo irregularidad alguna en el proceso.
05 Octubre 2017 04:08:00
La adjudicación apestosa
El contexto en el que se realizó la votación en el Senado, donde el martes se reeligió Gabriel Contreras como presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, resultó ad-hoc al personaje. El senador del Partido Verde, Gerardo Flores, y funcionarios de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios del Senado, rellenaron una de las urnas de donde se estaban contabilizando los votos, lo que desató un escándalo. Hubo discusión sobre la irregularidad, pero al final, con el apoyo del PRI y el Verde, Contreras obtuvo 81 votos para amarrar un nuevo periodo de cuatro años. Su designación fue bien recibida en algunos sectores de la industria, pero el trabajo de Contreras no parece ser ni impoluto, ni tan ajeno a los intereses del Gobierno.

El último episodio que lleva a esta conjetura fue el 14 de julio, cuando el Ifetel resolvió la adjudicación de dos estaciones de FM que migraron de AM. Al difundirse los lineamientos de migración para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, sólo se publicaron dos frecuencias sin explicación sobre las otras cuatro que también debían haber sido concursadas, que establecían como criterio para la adjudicación: en primer lugar, a concesiones del gobierno federal; en segundo, a concesionarios que no tuvieran frecuencia de FM en la localidad; y en tercero, a quienes ya contaran con frecuencias en la localidad.

La primera resolución, aprobada durante una sesión del Ifetel, le otorgó una frecuencia, como lo establecía el orden de prioridades de los lineamientos, a la Secretaría de Educación Pública. La segunda fue para la empresa XEFAJ S.A. de C.V., concesionaria de la estación XEINFO-AM. De acuerdo con fuentes de la industria, el debate entre los consejeros en la sesión se incendió por este caso. Según las versiones estenográficas de la sesión, el comisionado Javier Juárez, el jefe de la unidad de Asuntos Jurídicos, Carlos Silva, y el jefe de la Unidad de Concesiones y Servicios, Rafael Eslava, argumentaron que no se podía realizar una asignación directa a XEFAJ S.A. de C.V., y que, de acuerdo con la norma en el caso de irregularidades de quien ganara la licitación, tendría que sortearse.

Su posición golpeaba directamente las decisiones que estaba tomando Contreras, quien presionó y manipuló a otros consejeros para que respaldaran su iniciativa de asignar directamente esa frecuencia a XEFAJ S.A. de C.V., pese a que no era una empresa económica individual, y tenía vínculos comerciales y legales con dos grupos radiofónicos que tenían frecuencias FM en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Estos grupos, cuya presencia violentaba el proceso, son Radio Centro, cuyo presidente es Francisco Aguirre, y Siete Nacional, de Javier Sánchez Campuzano.

Pero si de sí el proceso impulsado por Contreras en el seno del Ifetel era un escándalo por la violación de la normatividad, la adjudicación directa a XEFAJ S.A. de C.V. era aún más indecente. La empresa es propiedad de un cercano amigo del presidente Enrique Peña Nieto y de su esposa Angélica Rivera, el empresario Eduardo Henkel, quien junto con sus hermanos, son dueños del Grupo Bavaria, que manejan desde hace años las marcas Rolls Royce, BMW y Mini. Como anécdota, Henkel se mueve en la Ciudad de México a bordo de un Rolls Royce Ghost azul índigo con franjas plateadas. Henkel, quien no tiene la radiodifusión como su core business, entró en el sector cuando José Gutiérrez Vivó, tras un largo litigio con Aguirre, el presidente de Radio Centro, entregó en 2008 A Henkel, como pago a un préstamo de tres millones de dólares, la estación XEINFO-AM.

De haber concursado Henkel de manera autónoma, la adjudicación, aunque muy probablemente cuestionada por su inexperiencia en el campo, habría estado dentro de la normatividad. Pero no fue así. Tras el pago de Gutiérrez Vivó, XEINFO-AM estuvo fuera del aire casi cinco años, hasta que Aguirre la relanzó a través de la infraestructura de Radio Centro.

Este grupo, uno de los principales del país, junto con Grupo Siete Nacional, tienen participación en XEINFO-AM, y de haber transparentado el vínculo ante el Ifetel, según fuentes de la industria, jamás habría recibido la migración a FM por asignación directa. Contreras tampoco admitió los alegatos que mostraban las violaciones a la normatividad del grupo que buscó la segunda frecuencia de FM, que vulneró también los lineamientos del concurso.

No hay explicación alguna por parte del Ifetel, al igual que no haber licitado las otras cuatro frecuencias que establecía la ley, del porqué se benefició a XEFAJ S.A. de C.V., cuando violaba los lineamientos establecidos por el mismo Ifetel. Esa estación había sido absorbida por Radio Centro, en cuyas instalaciones se encuentran las oficinas, los estudios y la planta de transmisión de la radio de Henkel.

Más aún, XEFAJ S.A. de C.V. tiene registrado como su domicilio legal, desde antes de obtener la migración a FM, la misma dirección del Grupo Radio Centro, y tienen a la misma persona como apoderado.

La adjudicación directa a XEFAJ S.A. de C.V. tendría que ser motivo de una investigación del Ifetel para encontrar las razones de fondo de entregarle la FM a un amigo del presidente. De acuerdo con fuentes de la industria, cabe la posibilidad de que si se demuestra que XEFAJ S.A. de C.V. ocultó los vínculos con Radio Centro y Siete Nacional, no sólo podría haber consecuencias del orden administrativo, sino penal en contra de Henkel y sus representantes. Igual podría suceder con los comisionados del Ifetel si se demuestra que el proceso de esta nueva FM, estuvo amañado.
04 Octubre 2017 04:08:00
19S: los millenials
El sismo del 19 de septiembre le ha dado a una generación que se sabía existía, pero no hacia dónde se dirigía, su razón de ser. La sacudida telúrica la agitó socialmente. La tragedia galvanizó.

Detonó una necesidad de hacer algo por quienes probablemente en muchos casos ignoraban antes, y concretar algo que trascienda. El sismo, como escribió Diego Petersen en El Informador de Guadalajara este lunes, “activó políticamente a una generación que pensábamos era ajena a la cosa pública”. Estos jóvenes de clases medias y altas, descritas por Petersen como apáticos, indolentes y hedonistas, demostraron ser capaces de organizarse y organizar.

Los millenials, como se conoce a los menores de 30 años, egocéntricos, muy listos y preparados académicamente que nacieron bajo el paraguas de la prosperidad económica, como los silueteó en 2012 Valerio Moreno en el diario monarquista español ABC, tiene el conocimiento y recursos tecnológicos de la generación rupturista del ’68 que tanto hizo por acelerar el desgaste del sistema político y abrirle la puerta a sangre y balas a la democracia, y la capacidad de organización de la que carecieron los jóvenes de la sociedad civil de 1985, de la cual el sistema co-optó a sus líderes y los incorporó a la política. Esta generación tiene urticaria por los políticos y, por definición, se separan lo que más pueden de ellos.

El sismo del 19 de septiembre produjo un despertar inesperado entre ellos que no se quedó en la solidaridad del corto plazo. En las dos últimas semanas, los millenials comenzaron a construir un andamiaje que sus pares generacionales, en su momento, ni tuvieron ni se imaginaron. Existe un despertar inesperado donde grupos de jóvenes que iban construyendo sus proyectos con vocación social y sustentable, tomaron el sismo para potenciarlos mediante nuevos sistemas de organización, integrando profesionales en crowfunding, que es una práctica para financiar proyectos mediante contribuciones de un amplio número de personas, o expertos en trabajo social con comunidades. Otros fundaron organizaciones en donde empíricamente siguieron ese camino y, por ejemplo en un caso, en menos de siete días recolectaron fondos y manos para reconstruir –ya empezaron- 25 casas en una comunidad totalmente abandonada por la autoridad.

Lo que no saben lo investigan y reclutan a quien tenga la experiencia para llevar a cabo lo que pretenden, pero bajo un principio ético y político: transparencia y rendición de cuentas. Para muchos de esa generación, esto se encuentra en las antípodas de lo que hacen los gobiernos. Son apartidistas y su principal motivación es construir algo que perdure, fuera de los causes institucionales. Su actitud evoca –quizás casuísticamente– las ideas del sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman –que murió en enero pasado–, quien construyó el concepto de Modernidad Líquida, que busca el cambio dentro de la vida social moderna.

Para Bauman, el cambio es permanente, e incluye la desaparición o transformación de las estructuras actuales, pero no porque necesariamente esas moles organizacionales hayan dejado de ser funcionales, sino por la insatisfacción de esa generación con su rigidez, lo que recuerda la lucha contra el status quo de la generación del 68, irreverente, beligerante, inconforme e innovadora. El cambio que diagnosticó Bauman camina hacia sistemas de organización flexibles, en entidades sociales flexibles, que se oponen a lo estático y complaciente en un andamiaje que resulta, bajo la perspectiva de Bauman de las nuevas dinámicas de equilibrio, en algo obsoleto. De muchas maneras es lo que se está apreciando con las nuevas formas de organización emprendidas por los millenials que puedan ser, en el concepto del pensador polaco, una estructura social que pueda ser auto corrector del sistema que restablezca el equilibrio.

Esta elasticidad y hererogeneidad permite que las organizaciones y las instituciones puedan cambiar, a través de los esfuerzos intencionales para modificarlos, explica Bauman, y por el efecto cumulativo del comportamiento de agentes sociales. Los millenials son los agentes sociales que despertaron tras el sismo del 19 de septiembre y cuyo trabajo puede modificar las estructuras rígidas sobre las que operan las organizaciones e instituciones del régimen, de mantenerse el rumbo iniciado por esa generación. Por el momento, el planteamiento que tienen es social, organizarse y organizar a segmentos de la sociedad para que de la tragedia renazcan y se reinventen, como esta generación está aprovechando la coyuntura para hacer lo propio.

A dónde irán después, probablemente no lo saben o ni se lo han planteado los millenials. Petersen, sin embargo, reflexiona en El Informador sobre la influencia que puedan tener en la elección presidencial del próximo año. “Los jóvenes entre 18 y 30 años son mayoría en el padrón electoral”, recuerda Petersen. “Aunque esto ha sido desde hace décadas así, por una cuestión de pirámide generacional, los jóvenes son tradicionalmente los más apáticos en las elecciones, quienes menos votan y quienes menos se entusiasman. Por supuesto que en cada generación han existido grandes excepciones, pero hasta ahora, los menores de 30 no se han decidido a inclinar la balanza”.

La observación es relevante. Todos los aspirantes a la candidatura presidencial, apunta Petersen, representan el fracaso de la política nacional. A ellos no les importa hacer política, aunque sus acciones sean eminentemente políticas. ¿Cuánto tardarán en trasladar su energía social detrás de un proyecto político? Cuando se den cuenta que su proyecto de país puede ser concretado con líderes que los escuchen y actúen en consecuencia. El campo es fértil en ese grupo de electores que puede definir la elección presidencial, para quien quiera ponerse a la altura de lo que dejó el 19 de septiembre.
03 Octubre 2017 04:07:00
19S: el hartazgo
En su cuenta de Twitter, @Dolorcillo publicó el domingo la fotografía de una perra labradora cuyo hocico estaba tratando de meter una tarjeta bancaria en un cajero automático. La fotografía pretendía probablemente ilustrar uno de los tantos momentos curiosos o insólitos que suceden cotidianamente, pero @Dolorcillo, que tiene la respetable cantidad de más de 245 mil seguidores, escribió con cruel sagacidad: “Captaron a Frida cobrando todo lo que le pagó el PRI para distraer al pueblo”. Se refería a “Frida”, la perra labradora de 6 años de la Marina, a la que acreditan el rescate de 52 personas de entre los escombros que dejó el sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México, y que durante 10 días ha sido protagonista en los medios de comunicación mexicanos e internacionales. El heroísmo de un animal entrenado para salvar vidas, hoy sujeto de descalificación y politización de la vida pública mexicana.

No hay filtros, ni tampoco límites. Se vio en la respuesta ciudadana ante los sismos. Escasas 72 horas después de volcarse en apoyo para quienes se habían quedado sin patrimonio ni qué comer, la enjundia se detuvo y reorientó su energía. Los centros de acopio federales y del Gobierno de la Ciudad de México dejaron de recibir aportaciones, mientras surgían nuevas formas de organización ciudadana que mantuvieron las tareas de apoyo y reconstrucción de manera privada, que después de su primera reacción sanguínea regresaron a la incredulidad en las instituciones. La Marina, la institución mejor calificada por los mexicanos, pagó el costo por la invención de la niña “Frida Sofía”, y las críticas en su contra en las redes sociales. Una encuesta difundida la semana pasada por GEA-ISA, reveló que el 40% de los mexicanos obtuvo su información, precisamente, en las redes sociales.

La encuesta reportó que sólo el 17% de los mexicanos en las seis entidades más afectadas por los sismos, reconocían el trabajo de marinos y soldados en los sismos, aunque jugaron un papel central en las tareas de rescate y de apoyo en los albergues. Todo lo que era oficial terminó apestando. El estudio mostró las contradicciones del momento mexicano al preguntar sobre cómo se calificaba la forma como el presidente Enrique Peña Nieto respondió a la emergencia. El 53% dijo que había sido “buena” y el 3% que había sido “muy buena”, contra el 32% que la calificó de “mala” y 10% “muy mala”. Pero cuando le preguntaron a los entrevistados si su intervención había cambiado su percepción sobre su Gobierno, seis de cada 10 dijeron que su opinión, que es mala, no había cambiado en absoluto.

No importa lo que se haga, el resultado final no es positivo para el Gobierno. Peña Nieto ha dicho coloquialmente que nada satisface a los mexicanos y que no importa lo que haga, la valoración será negativa. Todo apunta a que esa afirmación lo perseguirá hasta el final de su Gobierno. La pregunta es si obedece a una mala percepción que existe sobre su Gobierno, o es algo más profundo. Quizás es la combinación de los factores. Las nuevas organizaciones sociales que están surgiendo estos días tienen como eje la transparencia. Les preocupa la opacidad y les interesa que todo lo que hagan quede registrado en forma pública para que se realice la rendición de cuentas sin restricción alguna. Aunque ese discurso abunda en la arena pública, no es algo que se aplique. Al contrario.

El hartazgo que se ha visto en las dos últimas semanas con las instituciones, y en particular los gobiernos, no es resultado de una coyuntura o de un momento específico. El Índice de Competitividad del Foro Mundial Económico, que coloca a México en el lugar 51 de 137 economías analizadas, lo evalúa de manera más negativa en otras variables clave, como es la fortaleza de sus instituciones. En este capítulo lo sitúa en el lugar 127, que ayuda a entender el porqué fue tan acelerada la forma como la sociedad comenzó a dudar, criticar y reaccionar preventivamente contra los gobiernos en los primeros días del sismo.

El Gobierno de Peña Nieto no ha revertido esa tendencia durante el sexenio. De hecho, la ha profundizado. El año pasado, el índice tenía a México en el lugar 116; es decir, cayó 10 lugares. El año previo se ubicó en el lugar 109; o sea, perdió siete lugares entre 2015 y 2016, y 18 entre 2015 y 2017. Más grave es cuando se ve en qué lugar entregó el país el presidente Felipe Calderón a Peña Nieto: 92. Bajo Peña Nieto, la caída en la fortaleza de las instituciones ha sido de 25 lugares. Si las instituciones han perdido credibilidad, fuerza y valor para los ciudadanos, ¿por qué su reacción durante los sismos tendría que ser diferente?

La descomposición del Gobierno, ante la cara de la sociedad, es mayor por la creciente percepción de que la Administración de Peña Nieto ha sido obscena en corrupción. En cinco años de Gobierno, de acuerdo con el mismo índice, la percepción sobre la corrupción en el peñismo es casi 25% mayor que la que había durante el calderonismo.

Corruptos, ladrones e impunes, parece ser la sentencia. ¿Puede haber un cóctel más explosivo? Frente a la percepción ciudadana no hay antídotos, como acciones que neutralicen y reviertan los patrones que se están viendo. Por eso se entiende que el mensaje de @Dolorcillo en Twitter no sea una ironía, sino la síntesis del hartazgo ciudadano.
02 Octubre 2017 04:00:00
Los secretos de Anaya
La temeridad y rápidos reflejos para el contraataque le han permitido a Ricardo Anaya enfrentar durante casi un año las denuncias sobre el origen de su fortuna, y evitar que los señalamientos sobre sus actividades empresariales que sugieren conflictos de interés, no lo aplasten como político, ni ponga en etapa terminal su ambición por la candidatura presidencial. Anaya ha cuestionado la solidez de las denuncias en su contra, sin aportar información clara que las contrarresten. A los documentos los refuta con retórica y niega de manera las extrañas operaciones financieras que le adjudican. La realidad es que su comportamiento se sale de los parámetros de la normalidad.

La última, una investigación de El Universal sobre la operación de compra y venta de una nave industrial en Querétaro por 54 millones de pesos propiedad de él y la familia de su esposa Carolina Martínez Franco, se congeló ante el sismo del 19 de septiembre. Pero esa revelación no es un tema menor. Mostró un esquema que utilizan quienes lavan dinero. Anaya se dice inocente de cualquier imputación, y no hay ninguna investigación federal que se sepa que esté revisando lo que la prensa ha denunciado. No obstante la tibieza de la autoridad para iniciar una investigación que lo deslinde o lo impute, cada vez surge más información sobre movimientos financieros de él y su familia, que dejan muchas preguntas abiertas.

Hay acciones tomadas por Anaya y su esposa extrañas, como el que durante los casi tres años que envió a familia a vivir a Atlanta, hayan usado sistemáticamente dinero en efectivo, con lo cual no hay rastro de su dinero de sus operaciones y, por tanto, del origen de los recursos. Su esposa pagó casi siempre con efectivo o con tarjetas de débito pre-pagadas. No utilizaba tarjetas de crédito, y tampoco tenía cuentas bancarias. Utilizaba órdenes de pago (money orders), y en el extremo del cuidado, no acudía casi nunca a realizar operaciones en los cajeros automáticos. Este patrón habla de un método seguido a pie juntillas para no dejar rastro de cuánto dinero requerían para la manutención familiar.

Todo lo que tenía que ver con su alimentación, la de sus tres hijos y la del propio Anaya cuando los visitaba el fin de semana en Atlanta, se compraba sin dejar rastro en el sistema financiero. Sus compras en supermercados eran realizadas con dinero en efectivo, money orders y tarjetas de crédito pre-pagadas que no tienen registrado el nombre del consumidor, así también la ropa de todos y los cosméticos de la señora Martínez Franco. Las compras en efectivo no suelen ser comunes en Estados Unidos, pero es el patrón que siguió la familia Anaya en Estados Unidos.

De esta forma se pudieron esconder los gastos realizados como, por citar un ejemplo, el esparcimiento de la familia y algunas compras de bolsas finas entre octubre del año pasado y enero. Solamente en ese periodo, de acuerdo con personas que conocieron de las acciones de la señora Martínez Franco, adquirió ocho tarjetas pre-pagadas por un valor total aproximado de 3 mil 500 dólares, que fueron utilizadas para la compra de ropa costosa en Burberry y BCGB Maxazria, bolsas en Tory Burch, perfumería en Sephora, y el divertimento de sus tres hijos en parques de recreaciones.

La utilización per se de dinero en efectivo y tarjetas pre-pagadas no constituye ningún delito. Fue el método utilizado por la familia Anaya para impedir, se puede argumentar, que sus gastos en Estados Unidos fueran transparentes y pudieran ser analizados y cotejados con sus ingresos declarados. De acuerdo con las personas que conocen sus operaciones, este método comenzó a utilizarse después de que en octubre y noviembre pasados la prensa documentó la frecuencia de viajes de Anaya a Atlanta, y realizó una estimación del costo de vida de su familia en aquella ciudad de Georgia.

Según los cálculos, el costo de los viajes y la manutención de la familia de Anaya ascendía a un total entre 10 millones y medio y 14 millones y medio de pesos al año, lo que generó un escándalo porque en su declaración 3de3 reportó que sus ingresos anuales fueron de un millón 158 mil pesos y los de su esposa un millón 503 mil pesos, notoriamente inferiores a lo estimado de su gasto en Atlanta.

Anaya se defendió cuando aparecieron aquellas denuncias, y dijo que su patrimonio era producto de su trabajo, del de su esposa y de las tres generaciones de su familia. Cuando se le acusó de omitir en su declaración la información sobre los ingresos que había obtenido como accionista de dos compañías en 2014, solicitó al Instituto Mexicano para la Competitividad y a Transparencia Mexicana, que elaboran la declaración 3de3, si había incurrido en alguna omisión. La respuesta fue que no tenía obligación de incluir a otras personas en su declaración patrimonial.

Anaya ha ido sorteando todos los obstáculos que la rendición de cuentas le exige. Utiliza muy eficientemente la esgrima verbal para atajar las denuncias y críticas y no va dejando cabos sueltos, como el dejar de utilizar el sistema bancario y financiero para ocultar sus gastos. Una vez más hay que insistir que usar efectivo o instrumentos que no dejan huella no es un delito, pero sí impide una revisión sobre el origen de los recursos. En este sentido, pueden ser de procedencia ilícita o evasión de impuestos. Anaya se dice inocente lo que, de ser cierto, lleva a la pregunta de por qué hacer cosas buenas que parecen malas.
29 Septiembre 2017 04:08:00
Septiembre negro
Dos palabras formarán en breve parte del lenguaje cotidiano de los mexicanos: reconstrucción y resiliencia. Las dos tienen que ver con la reacción de miles de mexicanos ante los sismos que golpearon el centro y el sur del país durante este septiembre negro, y el llamado a la acción que escucharon los empresarios en voz del presidente Enrique Peña Nieto para que acudieran a apoyar a quienes menos tienen. La resiliencia se refiere a la capacidad del individuo, pese al estrés agudo en el que se encuentre, para enfrentar la adversidad y los cambios drásticos ante las tragedias, los traumas o las amenazas. Pero esto es sólo su primera capa. La segunda tiene que ver con la resiliencia organizacional, que permite un sistema sustentable para el futuro y la viabilidad de una sociedad.

La primera capa es la que se vio espontáneamente en las comunidades de Oaxaca y Chiapas, o en la zona metropolitana de la Ciudad de México, donde corrió la ciudadanía a ayudar a sus pares en desgracia. La segunda es lo que se anunció formalmente este miércoles en Los Pinos con el fideicomiso denominado Fuerza México, mediante el cual la iniciativa privada recaudará fondos para apoyar a los damnificados y a la reconstrucción. Hay una tercera capa, que es el compromiso público y político para arropar a las dos primeras, que aún no toma un cuerpo claro en México, pero que en su actual estado de gestación, enseña síntomas de que hay un sector de mexicanos que quieren descarrilar todos los esfuerzos nacionales.

La resiliencia de la sociedad ha sido ampliamente reconocida en el mundo, y documentada con detalle por los medios de comunicación mexicanos. Pero la sociedad sola, pese al extraordinario esfuerzo realizado, es insuficiente. La locomotora institucional tenía que entrar al apoyo. Se hizo desde las primeras horas tras el sismo, cuando en la Secretaría de Hacienda se analizaron diversas alternativas para poder enfrentar lo que vendría: la reconstrucción. Esta fase es larga. En Japón, una de las siete economías más fuertes del mundo, aún no terminan la reconstrucción que dejó un sismo de 9 grados en la escala de Richter hace seis años, que provocó un tsunami que mató a 20 mil personas, barrió comunidades y produjo un accidente nuclear en Fukushima. Pero también es la que más tensión genera y resquebraja a las sociedades.

La idea de crear un fideicomiso administrado y vigilado por el sector privado surgió como una respuesta inmediata que acompañara la reorientación presupuestal que se hará en los próximos meses para hacer frente a los costos por reparación de los daños, que preliminarmente se calculan en 38 mil millones de pesos.

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, en doble comunicación diaria con Peña Nieto, armó el fideicomiso con el sector empresarial. El sábado pasado se abrió la ventanilla para la recaudación de fondos en Nacional Financiera, y el lunes, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, lo anunció.

El primer día entraron 8 mil pesos, procedentes de envíos no mayores de 50 años procedentes de Estados Unidos. Al tercero, antes del anuncio en Los Pinos, ya había 60 millones de pesos, aportados por varios de los empresarios que acompañaron a Peña Nieto en el evento del miércoles y del Gobierno chino, que depositó un millón de dólares. Taiwán dará una suma similar esta semana y la próxima Corea del Sur. Castañón dijo que se esperaba recaudar al menos mil 500 millones de pesos. Un día antes, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció un paquete de apoyos económicos directos e indirectos para los damnificados, y el arranque de la reconstrucción en la capital, que fue trabajado también con la Secretaría de Hacienda. La Ciudad de México es la mejor preparada del país para enfrentar una contingencia de esta naturaleza, donde una buena administración de los recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales le permite tener disponibles 9 mil millones de pesos.

Las cosas van a ser mucho más difíciles en el sur del país. El fideicomiso Fuerza México es una de las opciones financieras que existen, así como otros fideicomisos que tiene el Gobierno, asimilados fiscalmente, que podrán ser utilizados. Adicionalmente, como lo anticipó Peña Nieto, habrá una reorientación de recursos en el presupuesto, donde habrá un énfasis en dinero para viviendas, micro, pequeñas y medianas empresas, y empleo. La reconstrucción ya no es tarea de los ciudadanos, sino de las instituciones. Por eso, la tercera capa de la resiliencia, nonata aún, que es el compromiso público y político, está comenzando a hacer crujir las estructuras con un ataque directo a lo que todavía no comienza.

Sectores radicales de la sociedad vinculados a grupos políticos extremos, iniciaron una campaña en las redes sociales para descalificar lo que se está haciendo, y difundiendo información falsa sobre aportaciones internacionales que no existen, o torpedeando las instituciones. Hay un interés claro para descarrilar los esfuerzos mediante la creación de desconfianza ante lo que se está haciendo y dinamitar los esfuerzos. La debilidad de las instituciones y la falta de liderazgos en la clase política no ayudan a contrarrestar esos esfuerzos desestabilizadores.

La corrupción e impunidad que ha volado en México como hacía décadas no sucedía, disminuye la efectividad de los antídotos. Las instituciones podrán transparentar todos sus procesos y aportar toda la información necesaria para tratar de neutralizar los ataques, pero se va a necesitar más que eso. Será la sociedad la que deberá de decidir a quién creerle y a quién apostar, porque de este arbitraje se reconstruirá el país. En sus manos está, pues, el futuro mexicano.
28 Septiembre 2017 04:08:00
Malditas omisiones
En 1995 se dio la primera alerta sísmica pública en el mundo. Fue en México, donde se iba construyendo un sistema de alertas frente a la naturaleza geológica del territorio mexicano: 50% del país se encuentra en una zona altamente sísmica y de riesgo permanente. México estaba a la vanguardia, con un sistema altamente sofisticado para la época. Hasta hace 10 años tenía 16 estaciones y 97 sensores –60 de ellos financiados por el Gobierno de la Ciudad de México–, construidos por mexicanos y ubicados en la costa del Pacífico, que es la región más vulnerable en la cuenca más sísmica del mundo. El sistema medía las ondas sísmicas –la primaria, que viaja a ocho kilómetros por segundo, que es la que detona la alerta; la segunda, y la secundaria, la parte nociva de un sismo, que viaja a cuatro kilómetros por segundo–, y daba un espacio de 80 segundos para reaccionar y prevenir a la Ciudad de México. Sin embargo, en los sismos de este septiembre el sistema fue totalmente insuficiente.

Una investigación de la edición impresa de Eje Central explica el porqué y cómo, de manera regular, los gobernantes mexicanos soslayaron los efectos destructores de un gran sismo, pese a tener las experiencias de la devastación de los fenómenos de 1957, 1979 y 1985. Los gobiernos fueron reactivos y sólo actuaron después de sustos, como sucedió hace tres lustros con el gobernador de Oaxaca, José Murat, cuando tras los sismos en Tehuantepec y Puerto Escondido, compró 36 sensores. Pero, la marca de los tiempos, no fueron integrados al sistema de alertas, que para entonces, ya no era mejorado ni modernizado, sino sólo mantenido.

El sismo de Haití, a principios de 2010, que tuvo una potencia de 7.3 grados en la escala de Richter, con epicentro a escasos 15 kilómetros de la capital haitiana, Puerto Príncipe, que causó la muerte de 316 mil personas, dejó un número similar de heridos y millón y medio de damnificados, causó una destrucción en la infraestructura en la ya de sí empobrecida isla, que todavía hoy no logra superar, que asustó a los asesores del presidente Felipe Calderón, quien reinició la inversión en alertas sísmicas y a integrar los esfuerzos con otros estados. Los sensores de Oaxaca fueron incorporados a la red nacional y se financiaron sensores para Colima, Guerrero, Michoacán y Oaxaca. No obstante, dijeron expertos consultados por Eje Central, no había mucho interés en los gobernantes por presupuestar en alertas sísmicas. 

Cuando inició el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, recuerdan los expertos, su equipo llegó con ideas innovadoras en esa materia, pero rápidamente cambiaron sus prioridades. La crisis económica derivada de la guerra de los petroprecios que tumbaron en 50% el valor del barril mexicano de petróleo y redujo drásticamente las posibilidades de crecimiento hizo que la orientación del dinero se fuera a otros campos, y se paró la instalación de alertas sísmicas. La prevención no ha sido una característica del actual Gobierno, y la Secretaría de Gobernación, responsable de los asuntos de protección civil, tampoco mostró un acentuado interés en blindar a la mitad del país, vulnerable a la actividad sísmica.

El costo para saldar aquellas omisiones, comparado con lo que significará la reconstrucción de viviendas e infraestructuras afectadas en ocho entidades por los sismos de septiembre, era marginal. Sólo en Chiapas y Tabasco, donde se registró un poderoso sismo el 7 de septiembre, 180 mil casas resultaron afectadas, situación que se agravó con el sismo del sábado pasado –ignorado en la Ciudad de México que atendía las consecuencias de su propio sismo–, que terminó de destruir lo que había dejado dañado, y afectó a comunidades que habían quedado casi intactas dos semanas atrás, como Ixtaltepec, contigua a Juchitán. La estimación preliminar del Gobierno federal para la reconstrucción en esas entidades se sitúa en 54 mil millones de pesos, y la normalización de las actividades en muchas zonas del centro y sur del país será a largo plazo.

De acuerdo con el ingeniero Juan Manuel Espinosa Aranda, director general del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, que es una asociación civil, sólo se necesitaría un equipo adicional de 50 sensores en la costa del Pacífico, y sus difusores, con un costo de 800 millones de pesos, más un mantenimiento anual de 180 millones de pesos, para que el centro del país y la Ciudad de México, estuvieran blindados. El sismo del 19 de septiembre seguramente desbloqueará el plan para colocar sensores en Jalisco y Puebla, que están programados, pero aún no hay planes para colocarlos en Tabasco, Veracruz, el altamente sísmico Istmo de Tehuantepec y, sobre todo, en Chiapas, la zona de mayor incidencia telúrica, que además recibe los impactos de los fenómenos en Guatemala.

El sismo del 19 de septiembre fue un fuerte sacudimiento a la negligencia de las autoridades que durante años soslayaron la importancia de tener eficientes mecanismos de prevención. El número de muertos rebasa la cifra de 400 –182 fallecieron en la capital–, y el número de edificios colapsados por la onda sísmica sólo en la Ciudad de México ronda los 40, con mil 500 más aproximadamente que quizás tendrán que demolerse. El saldo es demasiado costoso para un país donde la estrechez de miras de sus gobernantes ha contribuido, probablemente de manera involuntaria, a pagar un precio tan alto, en vidas y materiales. Este sismo es, como sostiene Sergio Alcocer, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles, una fuerte llamada de atención a los responsables. Las autoridades deben escuchar.
27 Septiembre 2017 04:08:00
La tragedia se advirtió
El 8 de enero de 2015, 627 días antes del sismo que sacudió a la Ciudad de México hace dos semanas, se anticipó su impacto. Un fuerte sismo, concluyeron tres investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM, haría que decenas de edificios tuvieran un “comportamiento inadecuado”, porque, aparentemente, no cumplían con los requerimientos mínimos establecidos en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, publicado en 2004 y que se conoce como el MCBC-2004. La pesadilla se resumía en una frase: “Los propietarios de los edificios y sus inquilinos, pueden estar viviendo en edificios que no son tan seguros como asumen”. Un año y medio después el saldo que dejó el sismo es al menos 7 mil 649 inmuebles con daños, 321 con grave riesgo de sumarse a los 39 que se colapsaron.

La realidad no deja de ser una paradoja caprichosa, porque si por códigos y regulaciones fuera, la Ciudad de México podría estar totalmente tranquila. El MCBC-2004, explicaron los investigadores Eduardo Reinoso, Miguel Jaimes y Marco Torres, es el mejor código, el que tiene el conjunto de requerimientos más avanzados y completos del país, y sirve como modelo en otras ciudades mexicanas y en el extranjero. La otra cara de esa reconfortante moneda es lo que los investigadores encontraron en muchas viviendas recientemente construidas de altura mediana, cuya arquitectura parecía demasiado débil para soportar sismos, con “evidentes deficiencias estructurales e insuficientes mecanismos oficiales para supervisar el diseño y la construcción de esas nuevas estructuras”.

Tras difundir su investigación en línea, Reinoso, Jaimes y Torres publicaron el año pasado su trabajo, “Evaluation of building code compliance in Mexico City: mid-rise dwellings”, en la revista académica bimensual Building Research & Information, que aborda temas de diseño y construcción. El estudio evaluó las prácticas actuales y las comparó con las guías del MCBC-2004, utilizando una muestra de 150 edificios seleccionados al azar, pero construidos después de 2004. En un grupo de 20 edificios realizaron adicionalmente análisis estructurales y revisiones del diseño, que los llevó a confirmar que “un alto número” de nuevos edificios en la Ciudad de México no tenían un registro confiable de información técnica, por lo cual no podían evaluar su comportamiento ante un sismo fuerte, y que la limitada información en un alto número, hacía imposible verificar su comportamiento estructural sísmico.

Para el estudio establecieron como características, que debían ubicarse en la zona sísmica de más alto riesgo, su ocupación y que el número de pisos fuera de cuatro o mayor que cuatro, debido a que construcciones menores de tres pisos habían tenido un comportamiento “adecuado” durante los principales eventos sísmicos con los que comparaban, el de 1957 (cuando se cayó el Ángel de la Independencia), el de 1979 (cuando colapsó la vieja Universidad Iberoamericana), y el de 1985 (que produjo alrededor de 12 mil 500 muertos), de acuerdo con los certificados de defunción emitidos por el Registro Civil. El total de edificios que se ajustaban a ese criterio fueron 13 mil 428, de donde se hizo la selección de los 150 edificios y de ellos, los 20 adicionales.

De esta forma, se revisaron 68 de los 6 mil 105 edificios con esas características en la Delegación Benito Juárez; 61 de los 5 mil 477 en la Cuauhtémoc, y 21 de los mil 846 en la Venustiano Carranza, que comprenden la zona más sísmica de la capital. Es un shock notar que la onda sísmica más devastadora el 19 de septiembre pasado, coincide asombrosamente con la línea de edificios más vulnerables a un sismo que encontraron Reinoso, Jaimes y Torres, año y medio antes.

Los investigadores encontraron que algunos edificios eran más altos de los que indicaba la base de datos proporcionada por la Secretaría de Hacienda a partir del predial, y características estructurales donde había condiciones irregulares, como la posibilidad de golpeteo (el choque entre edificios por la falta de previsión en la distancia entre uno y otro al construirlos), un primer piso débil (donde era evidente que en la planta baja se había diseñado como estacionamiento, con columnas que proporcionaban espacios amplios mientras que los pisos superiores estaban hechos con muros), irregularidades verticales observadas en las fachadas, columnas cortas y configuraciones asimétricas (edificios en las esquinas). Provoca otro shock que varios de los edificios colapsados la semana pasada reuniera una o más de estas características.

“La última versión del código MCBC-2004 tiene modificaciones sobre los procedimientos legales relacionados a las licencias y a los requerimientos para los proyectos, que pretenden acelerar la construcción y evitar la corrupción”, indicaron los investigadores de la UNAM. “Sin embargo, también se relajó o prácticamente se eliminó la revisión de los documentos por parte de las autoridades locales. Estos cambios (administrativos) no técnicos en el código de construcción incrementó rápidamente el número de proyectos de vivienda y desarrollos urbanos en la ciudad, particularmente en las zonas de medio y alto riesgo sísmico pero, aparentemente, con una calidad de diseño y construcción pobres.

“No hay suficientes mecanismos oficiales para supervisar el diseño y la construcción de las nuevas estructuras. La responsabilidad de la aplicación correcta del MCBC-2004 recae en el DRO (Director Responsable de Obra), quien al mismo tiempo es apoyado por el CSE (Corresponsable en Seguridad Estructural), usualmente un ingeniero estructuralista. La opinión generalizada de los expertos en la Ciudad de México es que muchos de esos edificios no cumplían los requerimientos del MCBC-2004”.

El sismo de hace dos martes, probó que la investigación resultó letalmente acertada. De ese trabajo surgieron iniciativas para corregir las fallas, pero nunca se concretaron al grado de incidir en el cambio.
26 Septiembre 2017 04:07:00
Matar con 140 caracteres
La desconfianza con las instituciones ha tenido un alto costo. La forma como el Gobierno de Morelos detuvo torpemente la ayuda ciudadana para las víctimas del sismo del 19 de septiembre incendió, con justa razón, las redes sociales. La crítica fue directa contra el responsable político del atropello, el gobernador Graco Ramírez, a quien acusaron de lucrar con los víveres y detonó el repudio que se fue ampliando como un tsunami digital que, horas después de iniciado, detuvo la ayuda ciudadana en la Ciudad de México. La contaminación morelense paró en seco las donaciones y dejó de llegar ayuda a los centros de acopio, al comparar a todos los gobernantes con Ramírez. En las zonas más pobres del oriente de la capital se agudizó la crisis, pero continuaban sacando a sus muertos de entre los escombros.

Xochimilco, una de las zonas más afectadas, fue un caso paradigmático. Cuatro comunidades a las que partió la onda sísmica del martes, prácticamente fueron abandonadas. San Gregorio Atlapulco, Santa Cruz Acalpix-tla, San Marcos y Santa María Nativitas tuvieron atención los primeros días del sismo, pero después vino el olvido. En lo alto de los cerros, otras comunidades quedaron aún peor, porque la poca ayuda que alcanzó a llegar el viernes no fue posible transportarla hacia ellos. La atención se concentró en los grandes núcleos urbanos de la capital, los segmentos de clases medias, perfectamente urbanizados, de fácil acceso y foco de atención mediática. En la zona xochimilca, de origen prehispánico, pobre y marginada, la ciudadanía pasó la factura política a los más pobres.

Un hecho, el que la Policía de Morelos detuviera el viernes los camiones de ayuda que salían de los centros de acopio galvanizó la desconfianza ciudadana en los políticos y las instituciones. No fue un invento o producto de la maledicencia de quienes tomaron Facebook y Twitter como sus armas.

Existen experiencias claras desde 1985 de que ayuda para necesitados varias veces jamás llega a su destino. Ha habido casos en el pasado donde se descubre que ropa, casas de campaña y alimento para víctimas de un siniestro terminaron en venta de garaje de autoridades ladronas. Ha habido otros donde la desorganización en el manejo de la ayuda y la ineficiente logística dejó por años donaciones para inundaciones o sismos sin ser entregadas. En ocasiones más frecuentes de las que uno quisiera ver, se detiene la distribución para que el gobernante en turno y su Gabinete se tomen fotografías junto a la ayuda y sean ellos quienes la repartan. No importan las necesidades urgentes, sino transmitir que las están atendiendo.

Estas imágenes en la mente colectiva crean condiciones para que, además de los hechos objetivos y las denuncias factuales, corran todo tipo de versiones. Dos organizaciones, Horizontal, que es un colectivo multidisciplinario dirigido por dos periodistas, y Bicitekas, que además de organizar paseos en bicicleta por la capital busca influir en las políticas públicas sobre movilidad y medio ambiente, lanzaron en las redes sociales #Verificado19S, mediante el cual intentan contrarrestar con información real la falsa y los rumores que corren con impunidad por el mundo virtual, generando de-sinformación y contrainformación. Los rumores, aquellos de personas bien intencionadas que responden a emociones sin corroborar la veracidad de lo que difunden, y de los que impulsan intereses políticos o incuban rencores, desestabilizan, desvían la atención, agotan y obstaculizan la respuesta rápida en momentos de crisis. La mezcla de verdades y mentiras, desatadas por la acción del Gobierno de Ramírez en Morelos, inyectó combustible a una sociedad empapada de ansiedad y temor frente a lo incierto de la naturaleza y a su certidumbre de que todo lo oficial apesta, es corrupto y, por definición, hay que rechazarlo.

La realidad no es maniquea. La vida no se mueve únicamente entre extremos, donde uno es bueno y el otro es malo, o blanco o negro. “La polarización de la sociedad con medios que la alimentan, sólo crea más polarización”, dijo Sudeep Reddy, director editorial del respetado portal estadunidense Politico, en una conferencia en el Texas Tribune Festival en Austin. “Estar bajo el ataque de los extremistas es muy difícil de enfrentar. Son ataques retóricos por la batalla de los políticos”. Los ataques superan a la información verificada y aplastan al debate informado. “Hay mucho ruido en las redes”, secundó Peter Hamby, director de noticias de Snapchat, y conductor de su popular programa Good Luck America.

Los 140 caracteres de Twitter, la poderosa y rápida plataforma de información, desinformación, rumores, pasiones, sensaciones y odios, no crean información ni desenmarañan las complejidades de la realidad. No dan contexto ni explicaciones. “Gritan”, abundó Reddy. Las redes sociales han reducido los periodos de atención en las plataformas digitales y son fáciles de hacerlos explotar. Al cruzarse con tragedias, todo se complica, como sucedió con los miles afectados por lo sismo, donde hubo actitudes que, sin pretenderlo, se volvieron letales, y aquellos que, escondidos en el anonimato, trataron de tensionar y romper el tejido social.

Lo que sucedió el viernes y sábado con las víctimas del sismo es un ejemplo. Parar la ayuda en la Ciudad de México en rechazo a las instituciones no debía pasar y pasó. La gente reaccionó ante la sandez de las autoridades morelenses y cobraron facturas a quienes menos debían. Es cierto que la autoridad ha abusado por años de los gobernados, pero no deja de haber responsabilidad en aquellos incapaces de discernir o que, entre tanto alboroto, buscan sacar raja política bajo la máscara de la ciudadanía.
25 Septiembre 2017 04:07:00
El desastre en Morelos
La tragedia humana tiene cara de incompetencia y rivalidades políticas en Morelos. En el centro de la denostación e ira se encuentra el gobernador Graco Ramírez, pero no puede dejar de incorporarse en el cóctel lesivo a su esposa Elena Cepeda, descrita públicamente como déspota, y al comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella, el detonador de la crisis política por la manera absurda y represiva con la que, para esconder las vendettas de su jefe, incendió la sensible pradera. El trío logró que en el momento de una de las peores crisis en el centro del país en los últimos 30 años, la indignación contra ellos fuera tan grande que distrajo atención de las acciones de rescate y apoyo a una población devastada por el sismo del 19 de septiembre, los enfrentara y marchara sobre ellos. El Gobierno de Ramírez se convirtió en unos cuantos días, en un gobierno fallido.

El desastre de Morelos, narrado por personas que conocen los entretelones de la política estatal, comenzó el jueves, cuando Gabriel Rivas, exdiputado del PRD, actualmente vinculado a Morena y vocero de la Asociación Civil Morelense “Gustavo Alejandro Salgado Salgado”, entró a uno de los centros de acopio del DIF en Cuernavaca para sacar la ayuda y distribuirla directamente, porque no se estaba repartiendo. Para ese momento, llovían las acusaciones contra el Gobierno, y en particular contra la señora Cepeda, de que estaban administrando la ayuda solidaria de la ciudadanía con fines electorales. No escapaba que el hijo de la señora Cepeda, Rodrigo Gayosso, quiera ser el candidato a gobernador que suceda a su padrastro.

La primera acción de fuerza contra Rivas, un agitador profesional viejo amigo de Ramírez, con quien trabajó para la destitución del gobernador Jorge Carrillo Olea en los 90, fue alrededor de las cinco de la tarde del jueves. De acuerdo con el Gobierno morelense, Rivas, junto con las Vicentinas –una orden de caridad de monjas, totalmente apolíticas–, habían impedido que un tráiler de ayuda de Michoacán pudiera ser descargado en las bodegas del DIF estatal. El reporte de la prensa es que la gente lo descargó y colocó agua y víveres en sus vehículos para distribuirlas en varias zonas afectadas en el estado. Ramírez acusó a Rivas de “asaltar” la bodega.

Lo que siguió hundió aún más al Gobernador. La señora Cepeda, directora del DIF estatal, añadió la prensa de Cuernavaca, ordenó que la ayuda que llegara del país fuera almacenada en una bodega, y Capella comenzó a detener los tráileres. Una hora después de comenzado todo, el secretario general de Gobierno, Matías Quiroz Medina, escribió en su cuenta de redes sociales que “habían identificado” al líder de quienes liberaron los víveres, a quienes calificó de “saqueadores”. La señora Cepeda afirmó que denunciaría penalmente a los “saqueadores”. La ceguera política e insensibilidad de las autoridades morelenses se enfrentó con la decisión de la ciudadanía de enfrentarlos.

Para el viernes, Cuernavaca hervía mientras el impacto del sismo comenzaba a mostrar los estragos en Morelos. Videos tomados por la gente mostraban toneladas de víveres en bodegas sin ser distribuidos. Para entonces ya era irrelevante si las imágenes correspondían al momento o no. La ira iba creciendo. Capella insultó a quienes llevaban víveres al estado, al instarlos a no hacer “turismo sísmico”, y pedir que no viajaran al estado porque lo único que hacían era estorbar el trabajo que estaba haciendo el Gobierno. A nadie importó. En varias partes de Cuernavaca hubo connatos de enfrentamiento entre ciudadanos y policías. Capella insistió en politizar los incidentes y acusó a trabajadores del municipio de Cuernavaca, a quienes nunca identificó, de ser los responsables de asaltar los tráileres, aunque horas después reculó y dijo que sólo eran rumores.

El gobernador Ramírez no lo contuvo. La noche del viernes, el comisionado de Seguridad Pública, frente a la creciente acción ciudadana de tomar los tráileres y llevarlos a distintas comunidades para su distribución, dijo que no lo permitiría y que “impondría el orden”, para lo cual anticipó que la Policía realizaría operativos para, en castellano claro, hacer redadas contra quienes tenían identificados como autores intelectuales. Es decir, los adversarios políticos del Gobernador. La acción policial fue insuficiente. Si antes, cuando detuvieron los tráileres que liberaron Rivas y las Vicentinas tuvieron que dejarlos ir por la tensión que estaba creando la policía, tampoco hubo forma que pudieran impedir que el viernes por la noche unas 500 personas se enfrentaran con 30 policías en las instalaciones del DIF, donde no evitaron que se llevaran la ayuda para distribuirla.

Capella decía que la razón por la cual había sacado a la policía a las calles era para “proteger” las donaciones. Lo ignoraron. La sociedad se organizó con otras instituciones no gubernamentales. El seminario conciliar de Cuernavaca sirvió como centro de acopio. Empresarios como Alfredo Harp, a través de su fundación, llevó directamente donaciones a zonas afectadas. Instalaciones deportivas como el Aqua Splash de la familia Abe, fueron transformadas en albergues en Jojutla. Los mormones levantaron un albergue en Cuautla, y el Centro Cristiano hizo su propio acopio para hacer entregas directas a poblaciones. En los pueblos fueron los mayordomos –electos por la población–, los ayudantes municipales y los comités de las iglesias, quienes comenzaron a entregar la ayuda a la gente.

La sociedad se organizó mientras el Gobierno luchaba contra sus enemigos políticos sin atender con la celeridad exigida a las víctimas del sismo. Morelos sufre enormemente las consecuencias del desastre natural, pero no debe sufrir lo mismo por la incompetencia de sus gobernantes.
22 Septiembre 2017 04:09:00
La sociedad de Monsiváis
Las fotografías de la casta son poderosas. Las goyas a los binomios humanos-caninos de la UNAM, tras la detección de seis personas que pudieron ser rescatadas vivas. Las decenas de personas que llegaron en la madrugada a los edificios colapsados con tortas y emparedados para los rescatistas. Los grupos de San Luis Potosí y Jalisco que se sumaron a la búsqueda de sobrevivientes. La notable aportación de la sociedad a los centros de acopio, que saturaron con agua, alimentos y frazadas. O el canto espontáneo en las calles del desastre mexicano del Cielito Lindo, inyectando de eléctrico orgullo a un pueblo que el ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, impactado por las imágenes, llamó “la resiliencia y coraje del pueblo mexicano”.

La sociedad civil que retrató el inmenso Carlos Monsiváis hasta convertirla en mito tras su activismo incondicional en las tareas de rescate de víctimas en los sismos de 1985 volvió a resurgir con fuerza tras este nuevo 19 de septiembre para no olvidar, y rebasó sin proponérselo a las autoridades. Lo mismo pasó hace 32 años, cuando el corpus social de la Ciudad de México se transformó. Se perdió para siempre el respeto al poder, en el principio de la beligerancia y el cambio. El régimen político comenzó su agonía, que tuvo un tiro mortal en 1997, al llegar la izquierda al Gobierno en la capital, y el de gracia en 2000, con la alternancia en la Presidencia. Aquel septiembre no es equiparable, sin embargo, a este septiembre. En 1985 fue la metamorfosis política; en 2017, hoy mismo, lo que está en juego es el proyecto de nación.

El sismo en el centro de México se empatará con el sismo en el sur. En Chiapas y Oaxaca pasó el dramatismo y se guardó el luto, y se encuentran en el proceso de reconstrucción. ¿Cuánto saldrá? Hay estimaciones de que en Chiapas el costo será superior a los 12 mil millones de pesos; en Oaxaca, sobre 8 mil. El Fondo para la Atención de Emergencias, el Fonden, que se dedicará casi íntegramente a su reconstrucción, podrá cubrir menos del 25% de esa proyección financiera. Ese dinero, en todo caso, servirá para las decenas de miles que perdieron sus viviendas, volverán a tenerlas, reconstruidas por el Gobierno federal, pero en el mismo lugar donde estaban. Recuperarán su patrimonio familiar, pero donde se levantarán sus nuevas casas, será un territorio más pobre que antes del sismo, devastado y depauperado el entorno.

No habrá futuro para esos estados si no va acompañada la reconstrucción con una recuperación económica. El gobierno lo buscará en breve, mediante el programa de Zonas Económicas Especiales, cuyos estímulos fiscales, para incentivar la inversión privada, se anunciarán la próxima semana. Para allá van la

Ciudad de México (gobernada por la izquierda), y los otros estados sangrados por el sismo, Puebla (gobernado por el PAN), Morelos (gobernado por el PRD), y el Estado de México (gobernado por el PRI), donde este viernes se acabará el luto. Se está agotando el tiempo para encontrar sobrevivientes y los rescates milagrosos, serán perlas en el océano. Entonces vendrá la reconstrucción, donde no hay proyecciones serias sobre el costo final para enfrentar la destrucción que abarca de manera crítica a estas cuatro entidades. Pero como en el sur, tampoco será suficiente. El dinero entregado en forma de vivienda y asistencia es un alivio efímero. También se requerirá la reactivación económica. El problema es cómo y cuándo, y la realidad es que en el momento actual, con la política anunciada, la única proyección posible es que a la vuelta de los meses, la gente será más pobre de cómo era antes del 19 de septiembre.

La diferencia entre 1985 y 2017 son 32 años de concientización política y confrontación al poder. Es también, como se ha demostrado estos días, la enorme capacidad de organización por fuera de los partidos y sus estructuras corporativas. Las plataformas tecnológicas y las redes sociales, que conectaron en tiempo real las necesidades con las respuestas ciudadanas, son sangre social que ha tenido expresiones altamente políticas, como el repudio que vivió con hostilidad verbal el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, cuando visitó un edificio colapsado. Las señales de hartazgo las está viendo el presidente Enrique Peña Nieto, pero no se sabe qué tanto las está procesando correctamente.

Los sismos lo colocan en una disyuntiva. El 2018 se lo está jugando en el último trimestre de 2017, y el Gobierno no tiene el dinero para salir adelante de esta nueva desventura. Pero lo puede lograr con buena ingeniería financiera y la ayuda de los mercados internacionales. No basta una modificación al presupuesto para el próximo año, como sugirió el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, sino una partida independiente dedicada a la recuperación económica de la mitad del país, que esté estrechamente vigilada, como algunos senadores lo están sugiriendo, por una Comisión especial. La corrupción debe eliminarse por completo de esos fondos, incluso del terreno de la percepción. Estos recursos tienen que ser apoyados con líneas de crédito internacionales, que podría buscar Meade con el Fondo Monetario Internacional.

Dinero es el nombre del juego de la reconstrucción, pero también de la sucesión. El camino para Peña Nieto parece ser uno sólo, quizás distinto al que tenía pensado hasta el 7 de septiembre, cuando dos sismos devastadores modificaron los escenarios de la sucesión y metieron en su decisión final quién es el mejor calificado para que la candidatura presidencial del PRI no termine de quebrar a la nación.
21 Septiembre 2017 04:08:00
La distopía mexicana
Una vez más, la sociedad salió a las calles para iniciar las tareas de rescate en decenas de puntos de la Ciudad de México, evocando la épica ciudadana de los sismos de 1985. Pero a diferencia de hace 32 años, cuando fueron innecesarias las brigadas para evitar la rapiña, lo que pasó el martes tras el sismo que sacudió la capital, afloró lo peor de la sociedad. En la tierra del gandalla, del vándalo sin escrúpulos –que no es pleonasmo–, y de los amorales, la distopía mexicana volvió a mostrar su espantosa cara. El sismo, caprichosamente sucedido escasas seis horas de que se conmemorara el de 1985, proyectó ese tipo de sociedad en la cual no queremos vivir.

El 19 de septiembre acabó temprano en actividad, pero se prolongó al infinito en la incertidumbre sobre el porvenir, cuyos miedos y emociones se fueron combinando con otro tipo de temor y frustración, de impotencia y rencor social.

En algunas zonas de la ciudad que no fueron afectadas directamente por el sismo, como en el poniente de la capital, los congestionamientos se volvieron tierra fértil para que los ladrones comenzaran a asaltar a pasajeros en los vehículos detenidos, víctimas colaterales del tráfico. En las zonas afectadas, los malhadados tocaron puertas en las casas para que los dejaran entrar a robar, impersonando a quien les abría angustiados, que miembros de Protección Civil que iban a revisar las estructuras de la propiedad. Hubo saqueos en tiendas de autoservicio y supermercados, donde los delincuentes aprovecharon la distracción de los guardias de seguridad, atentos a la crisis.

Lo sucedido este 19 de septiembre fue muy distinto a lo que pasó el 19 de septiembre de 1985, cuando la sociedad se empoderó y ante el pasmo del Gobierno federal, que en ese entonces tenía al Distrito Federal como una regencia, tomó el control de las cosas y durante casi 48 horas lo sustituyó.

En aquel entonces, el presidente Miguel de la Madrid regresó urgentemente de Lázaro Cárdenas, a donde aterrizaba en el momento en que se daba el sismo en la capital, y regresaba inmediatamente. De la Madrid recorrió en autobús las zonas siniestradas y en ocasiones pareció catatónico, como si no alcanzara a comprender la magnitud de lo sucedido.

Hace un par de días, el sismo tomó al presidente Enrique Peña Nieto en el avión rumbo a Oaxaca, que giró en el aire de regreso a la Ciudad de México. A diferencia de hace 32 años, con una curva de aprendizaje en protección civil y herramientas técnicas y tecnológicas que no existían en aquél entonces, convocó a su equipo especializado en desastres naturales, mientras que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, cuya Administración no depende de la federal, hizo lo mismo con su equipo capitalino. Los dos gobiernos trabajaron conjuntamente y organizaron las tareas, mientras Peña Nieto, como no lo hizo De la Madrid, ordenó el Plan DN-III para que el Ejército, solicitado por Mancera, se desplegara en las calles de la capital para contribuir en las acciones de rescate. En 1985, el experimentado y eficiente Batallón de Zapadores del Ejército se quedó con las palas y los picos esperando junto a las zonas devastadas esperando que el Presidente les diera la autorización para trabajar.

Las rápidas acciones coordinadas del Gobierno no lograron empatar rápidamente con las necesidades urgentes provocadas por el sismo en la Ciudad de México, que coincidieron con las tareas de rescate y reconstrucción en Oaxaca y Chiapas como consecuencia del sismo del 7 de septiembre. La gente, solidaria, salió a las calles en tal cantidad que, paradójicamente, comenzaron a estorbar en las tareas de rescate. Nada hay de qué quejarse de estas acciones, sino congratularse de que hubo destellos de una utopía social mexicana. Lamentablemente, los mal nacidos son como las frutas podridas. Ante los vacíos de autoridad, enfocada a la emergencia, aterrorizaron a capitalinos en varias zonas de la ciudad y les robaron. Son miserables delincuentes, escoria de una sociedad que los ha tolerado con su pasividad. 

Algo estamos haciendo tan mal, que estamos prohijando engendros sociales que carecen de límites. Un botón de muestra sucedió el mismo martes en una gasolinera donde la gente hacía pacientemente cola en espera del servicio.

Un taxista, que no estaba en emergencia, rebasó a tres automóviles enfrente de él y se metió hasta delante de la fila sin mayor prurito. La gente reaccionó. Uno se bajó de su automóvil a reclamarse la cínica osadía; otra exigió a los despachadores que no le cargaran el combustible. Uno, que no había sido directamente afectado, lo amenazó: si no se salía de la fila, lo sacaba a golpes de ella. El taxista insultó a todos y sólo porque su pasajero insistió en que debía salirse de la fila, lo hizo. Estuvo a unos instantes de que un incidente absurdo, se convirtiera en una gresca y, en las condiciones de nervio existentes, quizás hasta en un linchamiento del irracional taxista. No es falta de tolerancia, sino agotamiento frente a los sin escrúpulos. 

La gente se empieza a organizar para defenderse. En las casas donde fueron a asaltar, hubo quienes se armaron para enfrentar el ataque criminal. Algunos de quienes atestiguaron los robos en el tráfico pensaron si la solución no era andar armado. La Ley de la Selva de Hobbes se está convirtiendo en una realidad en la metrópoli nacional, contaminada la sociedad por la distopía en la que nos metimos hace tiempo y no sabemos, quizás porque no nos damos cuenta todavía de cómo salir.
20 Septiembre 2017 04:07:00
El amigo de Videgaray
Eso de andar de quedabien con el presidente de Estados Unidos le debían haber dicho al diplomático bisoño Luis Videgaray, nunca ha sido una buena idea. Con el Gobierno de Estados Unidos hay que seguir la máxima atribuida a John Foster Dulles, secretario de Estado en la Administración de Dwight D. Eisenhower, de “Estados Unidos no tiene amigos; tiene intereses”. No hay un registro histórico del dicho de Dulles, que todo indica fue expresado por el presidente francés Charles de Gaulle. La leyenda sobre su origen viene aparentemente de una visita de Dulles a México en 1958, donde fue recibido con manifestaciones callejeras y pancartas que decían: “Estados Unidos no tiene amigos; tiene intereses”. Sea cual fuera el autor intelectual de la frase, el principio se mantiene y Videgaray se ha equivocado. Plegar la política exterior mexicana a la agenda de Donald Trump sólo ha recibido desprecio como pago.

Videgaray llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores en enero pasado, con el reconocimiento en público de que estaba ahí para aprender. No se sabe si alguien le platicó la historia principista de la política exterior mexicana ni la manera como pragmáticamente aplicaron la Doctrina Estrada, con casos excepcionales con la España de Francisco Franco, la Cuba de Fidel Castro, la Nicaragua de Anastasio Somoza, El Salvador de la junta militar, o incluso la Venezuela de Hugo Chávez. Lo que sí está claro es que no aprendió.

Desde que llegó cambió la orientación de la política exterior con Venezuela y de una postura de búsqueda del restablecimiento de la democracia a partir de la interlocución con el régimen y sus opositores, tomó partido por estos últimos. Recientemente fue el primer país en declarar persona non grata al embajador de Corea del Norte, y sin aparente razón, expulsarlo del país. Como secretario de Hacienda metió al presidente Enrique Peña Nieto a la elección presidencial en Estados Unidos al invitar al candidato Trump a una reunión en Los Pinos.

Para lograrlo, Videgaray habló con el yerno de Trump, Jared Kushner, quien inició las negociaciones con su suegro para que viajara a México. El conflicto en el que metió al Gobierno por organizar esa visita le costó el trabajo en Hacienda, pero cuando ganó la Presidencia, con la misma ligereza con la que se analizó el viaje de Trump, se concluyó que había sido inteligente invitarlo y Peña Nieto lo volvió a utilizar como emisario secreto para establecer los cimientos de lo que podría ser la relación bilateral. Todo parecía que iba bien hasta que Trump asumió la jefatura de la Casa Blanca en enero. Desde entonces, el Presidente estadunidense ha sido un dolor de cabeza para los mexicanos por sus bravuconerías, mentiras y ataques. Esto escaló la semana pasada.

Luego de que The New York Times publicó que en una reunión en la Casa Blanca el miércoles pasado el jefe de Gabinete, John Kelly, presentó un diagnóstico muy negativo sobre la seguridad y estabilidad en México, funcionarios del Gobierno de Estados Unidos ampliaron la versión al corresponsal de Reforma en Washington, José Díaz Briseño, y dijeron que el general calificó a México como “narcoestado fallido”. El lunes hubo otra filtración, a Ariel Moustsatsos, corresponsal de Noticieros Televisa y Foro TV, quien al preguntar sobre la eventual presencia del presidente Peña Nieto en la cena que ofreció Trump en Nueva York a los presidentes latinoamericanos, le dijeron que no había sido requerido. Un funcionario de Los Pinos dijo que Peña Nieto había cancelado su viaje a la Asamblea General de las Naciones Unidas desde hace un mes. Si no iba a estar, tampoco había sentido de invitarlo. Las filtraciones fueron dagas al corazón del Gobierno peñista.

Las cosas se pusieron peor. La Casa Blanca difundió el lunes la lista de invitados a la cena, que incluía a tres presidentes, cuatro cancilleres, un ministro de Economía, un funcionario de segundo nivel de la Casa Rosada, un alto funcionario del Senado Argentino, y los embajadores de Brasil y Colombia en Washington. Videgaray, quien ante la ausencia de Peña Nieto asumió la jefatura de la delegación mexicana, llegó el domingo a Nueva York y participó el lunes en los trabajos de las Naciones Unidas, pero no fue requerido. Tampoco el embajador de México en Washington ni otro funcionario mexicano. Cero mexicanos en un encuentro con sudamericanos y centroamericanos para hablar, principalmente, de Venezuela, excluyéndolo de un diálogo central para la estabilidad continental. La Secretaría de Relaciones Exteriores no informó oficialmente las razones de esta no invitación, pero extraoficialmente explicó que se debió a que como Peña Nieto no iba a estar, tampoco él porque no tenía a Presidente para acompañar.

El canciller más pronorteamericano que se recuerde en mucho tiempo se quedó sin participar por razones, sugieren, protocolarias. Su relación con Kushner, con el general Kelly, y con el secretario de Estado, Rex Tillerson, no sirvió. Las buenas calificaciones buscadas con Washington no le han dado resultados positivos en los últimos días, donde las críticas a México han tenido un tono que no se veía en décadas. Cambiar su estrategia con Washington es algo que debería considerar Videgaray, a quien los veteranos diplomáticos en la Cancillería le podrían decir que no se preocupe, que discrepar con Estados Unidos no es insultarlos, y que mantener una postura independiente y respetuosa de ellos, es mejor camino que ponerse de rodillas en la Oficina Oval.
19 Septiembre 2017 04:08:00
Patadas en la cara (y II)
El 25 de noviembre de 2008, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos difundió un informe sobre las operaciones tácticas en el mundo, que en 51 páginas proveía una perspectiva para las tendencias futuras de riesgo, los conflictos, sus contextos e implicaciones. “En términos de los peores escenarios para el Comando Conjunto, y para el mundo, dos estados importantes y grandes requieren de consideración por un rápido y súbito colapso: Pakistán y México”, afirmó este informe sobre los riesgos que enfrentaba Estados Unidos. Desde la aparición de este documento se comenzó a mencionar que México era un Estado fallido, que a finales de la década pasada provocó un agitado debate político en México sobre la definición, y que en los últimos días volvió a resurgir porque el general John Kelly, jefe de Gabinete de la Casa Blanca, lo subrayó durante una reunión privada con los líderes demócratas en el Capitolio.

Un Estado fallido se refiere a estados débiles donde no existe un Gobierno efectivo ni tiene el uso legítimo de la fuerza, y donde los poderes fácticos, los poderes de hecho, son quienes imponen sus decisiones por encima de la ley. Kelly se refirió a México como “un narcoestado fallido”, según las descripciones de prensa, durante la reunión en la Casa Blanca, presidida por el presidente Donald Trump. El mismo día que se publicó la primera referencia de Kelly en el diario The New York Times, el secretario de la Defensa, el general Jim Mattis, viajó a México para participar en las conmemoraciones de la Independencia. En el avión, los periodistas que lo acompañaron le preguntaron sobre lo dicho por Kelly.

“¿Cree que México está explotando?”, le preguntó un periodista. “No”, respondió Mattis. “El Gobierno (mexicano) está perfectamente consciente de su problema de criminalidad. Están enfrentándolo. En el problema de las drogas que están llegando a Estados Unidos, estamos trabajando conjuntamente. México tiene, como cada nación, los desafíos que tiene que enfrentar, y está consciente de ellos, y aquí estoy para apoyarlos en combatirlos”. Mattis fue cuidadoso en las horas previas a su llegada a México, invitado por los secretarios de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, y de la Marina, el almirante Vidal Soberón. Pero Mattis sabía perfectamente del contexto de lo que había hablado Kelly. Cuando el Pentágono publicó el documento sobre los riesgos futuros, el general Mattis firmó la presentación como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto sabe desde hace tiempo que las relaciones con Estados Unidos en materia de seguridad han sido bastante malas y de creciente desconfianza. Comenzó la tensión durante el Gobierno de Barack Obama, porque el diseño de la política de seguridad peñista partía del principio de cortar de tajo prácticamente toda la relación diversificada con las agencias de seguridad y de inteligencia de Estados Unidos. Una de las primeras señales de recelo fue cuando el Gobierno mexicano decidió no participar en el proceso de la doble certificación, que exigía el estadunidense para poder compartir información de inteligencia de alta calidad. Sólo la Marina mantuvo la norma y sólo la Marina siguió recibiendo esa información.

El desmantelamiento de Plataforma México, que se construyó con los recursos de la Iniciativa Mérida, fue otra señal de duda. La destrucción de los sistemas y protocolos del sistema penitenciario, que facilitaron la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue síntoma de que los recursos se estaban utilizando para fines poco claros.

El Gobierno de Obama, y el del presidente Donald Trump al relevarlo, vieron como responsable de este retroceso en materia de seguridad al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Nunca le negaron una visita a Washington, pero tampoco le abrieron la puerta a la Casa Blanca. Incluso, cuando viajó en enero del año pasado el presidente Peña Nieto a ver a Obama, aceptaron la visita a la Oficina Oval con su comitiva de secretarios, siempre y cuando no llevara a Osorio Chong. Durante la transición del Gobierno electo de Trump, Luis Videgaray, ministro sin cartera en ese entonces, se reunió con el yerno del futuro presidente para reencauzar las maltrechas relaciones bilaterales, y de acuerdo con lo que reportó a Peña Nieto, tampoco querían a Osorio Chong.

No es protagonismo el que Videgaray, ahora secretario de Relaciones Exteriores, lleve la voz del Gobierno de México en Washington sobre los temas de seguridad, desplazando al secretario de Gobernación, quien es el responsable de ella. Osorio Chong ha dicho que su relación con el equipo de seguridad de Trump es excelente y que a través de las pláticas que ha sostenido con ellos les ha mostrado una realidad que no habían contemplado previamente. Osorio Chong ha hablado varias veces con el general John Kelly, cuando era su contraparte como secretario de Seguridad Interna, pues a mediados de julio fue nombrado jefe de Gabinete de la Casa Blanca.

Osorio Chong no persuadió a Kelly, ni modificó su idea sobre México. Al contrario. En el cuestionario que respondió al Comité de Seguridad Interna y Asuntos Gubernamentales del Senado en su audiencia de confirmación en enero, Kelly subrayó que el problema de la seguridad de Estados Unidos no estaba sólo en México, sino “en las junglas de América Latina y el istmo centroamericano”, y que se necesitaba trabajar con los mexicanos en una estrategia integral regional. La semana pasada el mismo general escaló el problema con México. Es un Estado fallido, como ha descrito antes a los centroamericanos. No hay que trabajar con los mexicanos, sugirió, sino enfrentarlos.
18 Septiembre 2017 04:07:00
Patadas en la cara (I)
Al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, le debe haber urgido mandar el mensaje al mundo de que México no era un estado fallido, ni su gobierno protegía al narcotráfico, porque tan pronto como esos señalamientos salieron de la Casa Blanca en el formato de filtraciones, le dijo a la agencia de noticias inglesa Reuters, que el Gobierno del presidente Donald Trump le había asegurado que nada de eso pensaban en esa oficina. Tan fue filtración la del The New York Times, la boca por donde se expresó el equipo de Trump tan mal de México, como fue la de Videgaray. Las dos fuentes citaron a funcionarios de la Casa Blanca como la fuente de la información. ¿Quién tiene razón?

The New York Times publicó el viernes pasado la reconstrucción de una cena en la Casa Blanca entre el presidente Trump y los líderes demócratas en el Capitolio, Nancy Pelosi y Chuck Schumer para hablar sobre los dreamers, donde el senador ofreció su respaldo para el reforzamiento de la seguridad en la frontera con México.

En ese momento, dijo el diario, Trump llamó a su jefe de Gabinete, el general John Kelly, quien para reforzar el porqué tenían que sellarla presentó un panorama “notablemente pesimista” de la situación de la seguridad en México y la inestabilidad en ese país, cuyo gobierno comparó con la Venezuela de Hugo Chávez, sugiriendo que estaba “al borde del colapso”.

Videgeray instruyó al embajador de México en Washington, Gerónimo Gutiérrez, a pedir una clarificación de la Casa Blanca. En un mensaje en su cuenta de Twitter la tarde del viernes, Gutiérrez dijo: “Lo señalado en la nota en cuestión no corresponde, ni en tono ni en sustancia, a ninguna de las conversaciones sostenidas con el general John Kelly. Hemos recibido confirmación por parte del Gobierno de los Estados Unidos que lo reportado no refleja la visión ni lo expresado por Kelly en la citada ocasión. En su caso, cualquier precisión adicional, corresponde a los involucrados hacerla”.

Videgaray, que no quiso hablar con la prensa mexicana, repitió en Reuters la especie, y precisó que la respuesta había llegado de la Casa Blanca.

¿Quién se aproxima más a la verdad? ¿The New York Times o Videgaray y Gutiérrez? Hagamos caso a la sugerencia del embajador de que las aclaraciones pertinentes las hagan los presentes en la cena del miércoles. ¿Qué ha dicho oficialmente la Casa Blanca sobre el tema? El viernes, el briefing de la Casa Blanca estuvo muy sustancioso. Como se iba a tratar de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, estuvieron presentes con la vocera Sara Sanders, el consejero de Seguridad Nacional de Trump, el general H.R. McMaster, y la representante ante la ONU, la embajadora Nikki Haley. Hablaron del ataque terrorista en Londres, de China, Corea del Norte y de la cena que Trump ofrecerá a los presidentes latinoamericanos para hablar sobre la crisis de Venezuela –no se dijo si el presidente Nicolás Maduro fue invitado–, pero sobre lo que dijo Kelly de México, nada. La vocera no desmintió lo publicado por el Times. Tampoco, hasta este domingo, había negado oficialmente su versión.

Siguiendo la racional del embajador Gutiérrez, si la Casa Blanca no desmintió, entonces la versión del periódico se ajustó a la verdad. Si el general Kelly, que conoce perfectamente México y desde que era el jefe del Comando Sur en Panamá ha hablado sobre la crisis de seguridad en México que producen inestabilidad en la frontera sur de Estados Unidos por lo que se convierte en una tema de seguridad nacional para Washington, tampoco hizo ninguna corrección. La diputada Pelosi colocó en su página de internet del Congreso una declaración sobre el Mes de la Herencia Hispana el viernes, y se refirió a los dreamers, pero tampoco negó lo que el Times publicó.

El senador Schumer difundió en su página oficial en el Senado tres diferentes comunicados, pero ninguno refiriéndose de alguna forma a lo que les dijo el general Kelly 48 horas atrás. En el remate sobre las verdades y las verosimilitudes, el veterano corresponsal de Reforma en Washington, José Díaz Briseño, publicó el sábado tras hablar con dos funcionarios de la Casa Blanca: “Kelly sí comparó a México con Venezuela y se refirió a México como un narcoestado fallido”.

La retórica de Videgaray es insuficiente. El mensaje de Kelly es el más devastador que ha dicho un funcionario en el Gobierno de Trump desde que inició la administración. Kelly, de todo el gabinete, es quien mejor conoce a México y más relaciones tiene con las estructuras de seguridad.

Los señalamientos de Kelly forman parte de una línea de pensamiento en el Pentágono. En noviembre de 2008, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dio a conocer un informe sobre los riesgos que enfrentaba Estados Unidos, en donde compararon a México con Pakistán, donde el primero podría colapsar por la fuerza de los cárteles de la droga, y el segundo por su guerra civil.

“Cómo se desarrolla el conflicto interno en México durante los próximos años, tendrá un impacto mayor sobre la estabilidad del Estado mexicano”, señaló el documento, del cual partió la noción de que México era un estado fallido. “Cualquier caída de México al caos demandará una respuesta estadunidense basada en las implicaciones para la seguridad interna, porque podría representar un problema de inmensas proporciones para Estados Unidos”. Las palabras de Kelly revelan que los síntomas se convirtieron en diagnóstico.
15 Septiembre 2017 04:08:00
Twitter para idiotas
Las redes sociales transformaron brutalmente la comunicación y la política en el mundo. Facebook logró que la gente se conectara con la política como nunca antes, y que los estrategas de campañas electorales pudieran diseñar modelos para atacar quirúrgicamente grupos para atraer su voto. “Facebook”, escribió la autora de best-sellers Traci Andrighetti, “ha alterado profundamente los procesos políticos no sólo en Estados Unidos, sino en el mundo”. Facebook es la arena pública donde los políticos se promueven. Facebook construye cadenas de personas, mientras Twitter, otra de las monstruosas redes sociales, arma cadenas de ideas y temas en 140 caracteres, que se disparan con la velocidad como se escriben. La brevedad requiere ordenamiento mental sintáctico, pero la rapidez pone a prueba la razón. Produce, señalan provocadora e incendiariamente los expertos, una idiotez colectiva.

Evan Williams es el último, pero el más radical, de los beligerantes. Es uno de los fundadores de Twitter y hoy en día uno de los empresarios más temerarios de Silicon Valley. Este miércoles le dio una entrevista al programa Today de la cadena 4 de radio de la BBC de Londres, donde señaló cómo el ecosistema de los medios se basa en pequeños lapsos de atención que hacen al mundo más estúpido. “Este ecosistema está apoyado y florece a partir de la atención que se le da. Punto. Y esto es lo que nos hace más tontos y no más listos”, agregó. “Donald Trump es el síntoma de esto”. 

La elección de Trump como Presidente, dijo, demostró cómo el mayor uso de las plataformas de las redes sociales está embruteciendo a todos, por la forma como se disemina, se usa, se consume y se procesa lo que ahí se afirma. Pero no hay que confundirse. “El mayor problema no es si Donald Trump usó Twitter para ser electo, aunque él lo diga así”, añadió Williams. “Es la calidad de la información que consumimos lo que está reforzando creencias peligrosas y aislando a la gente, limitándola para no tener una mentalidad abierta y un respeto por la verdad”. Como todas las plataformas digitales, como antes los medios convencionales, no son las herramientas y los vehículos perversos o irresponsables, sino quienes así las utilizan.

“Twitter no es lo peor de lo que existe”, dijo Williams, “son los medios impulsados por la publicidad que revuelven cosas minuto a minuto, donde su única medida es si alguien le da un clic o no. Por tanto, citar los tuits de Trump, o la última estupidez que dice cualquier candidato político o cualquier persona, es una forma efectiva de explotar los instintos básicos de la gente. Esto está atontando a todo el mundo”. Se aprovechan de ello los mercenarios del periodismo, quienes inventan episodios que saben que son mentiras, o presumen de repudiar los controles editoriales de los medios de comunicación, porque para sus plataformas matar una persona no es importante, porque la pueden revivir en cualquier momento y volverla a matar y revivir, porque florecen en la estimulación de las emociones,  de avivar las pasiones, difamar sin rendición de cuentas y cobrar por los clics. Son exitosos, pero perniciosos.

Es la lucha del momento. “Se necesita información en la que podamos creer, que significa que no tiene que ser financiada únicamente por la publicidad, porque eso distorsiona todo”, indicó Williams. “Una de mis más grandes enseñanzas durante las dos últimas décadas es que el acceso a la información solamente, no nos hace más listos. Las noticias falsas son sólo una parte del problema. Otra es la calidad y la profundidad de la información. ¿Está actualmente construyendo nuestro entendimiento o profundizando nuestra comprensión del mundo, o sólo es ruido?”.

Hay una parte maravillosa de las redes sociales, que convierten a cada persona en guardián contra los abusos y en freno importante a la impunidad. Pero abundan los abusos, proyectados como un Armagedón en una reciente película de Tom Hanks y Emma Watson, The Circle, sobre cómo el puritanismo maniqueo de la transparencia, sin control ni filtros, puede transformar a una sociedad y convertirla en una actora permanente de una realidad que no existe. En las redes sociales, en efecto, hay mucho ruido, como sostiene Williams, que explica de esa manera todo el volumen de información que no sirve ni tiene valor alguno. 

Se recurre de manera preponderante a Twitter para hacer todo ese ruido, la red que oscila entre la velocidad para transmitir información de utilidad, provista en su mayor parte por testigos presenciales y responsables de hechos o por medios de información, y lo que el cronista deportivo español Santiago Segurola describió alguna vez en un breve texto, como una “cantina de borrachos”. Hay mucha violencia en las redes y poca información. En Estados Unidos, de acuerdo con el Pew Research Center, el 40% de las personas son agredidas en Twitter, donde se privilegia un discurso ramplón y violento. México es considerado por la Unión Europea como una de las tres naciones donde más agresividad hay en las redes sociales. Y Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, afirma que el 40% aproximado de todas las cuentas de Twitter en México, son utilizadas para atacar.

Bill Keller, cuando aún era director ejecutivo en The New York Times,  escribió en 2011 La Trampa de Twitter, donde, como conclusión, recordó a la escritora Meg Woitzer, que recién acababa de publicar The Uncopling, y que describía a los jóvenes de esos años como “la generación que tenía información, pero sin contexto. Mantequilla, pero sin pan. Antojo, pero sin anhelo”. Qué tanta razón tenía.
14 Septiembre 2017 04:00:00
El sur no puede ser tan miserable
En las comunidades indígenas en Oaxaca y Chiapas la nostalgia no existe. Se vive y se muere el mismo día. Pese a esa realidad, el sismo de 8.2 grados en la escala de Richter del jueves pasado expuso la vulnerabilidad a cielo abierto de quienes no tenían nada y aún así, perdieron lo único de lo que eran dueños: la tranquilidad para dormir. Las categorías para entender desde las ciudades lo que este sismo significó para miles de indígenas en el sur mexicano están caducas.

¿Cómo podrían explicar que en Reforma de Pineda, en la frontera de Oaxaca con Chiapas, los hornos donde preparan las tortillas y los totopos es el equivalente a vivir o morir? Cuando los temblores los aplastaron, la población se quedó inerme: sin tortillas, no tendrán ningún ingreso; sin totopos, perdieron su alimento. 

Ante dramas con dobleces tan primarios, los discursos sobre las políticas públicas que dicen funcionarios federales se van a poner en marcha para la recuperación de esas comunidades trazan la brecha que existe en dos realidades que conviven sin mirarse, y que sólo se cruzan cuando hay tragedias.

En Reforma de Pineda, reportó el corresponsal de Eje Central Jair Ávalos, se cayó el 76% de las casas. Pero también la Alcaldía, el mercado, la estación del ferrocarril por donde pasa La Bestia, el DIF y el auditorio. Los casi 3 mil habitantes que se quedaron sin techo se fueron al campo de futbol municipal, cuyas maltrechas gradas se convirtieron en albergue.

Poca ayuda les ha llegado, como a Santa María Xadani, a 20 minutos de Juchitán, que se reinventa con el trabajo de sus habitantes, pero, observó Ávalos, la falta de comida y la escasez de agua agudiza su sobrevivencia. “Ya no hay nada más que pueda caerse –agregó–, pero el miedo inunda las calles de este pueblo que todavía la semana pasada sentía el calor de los hornos y olía a tlayudas y pescado”. 

En esas regiones del sur mexicano quedó  demostrado que los pobres pueden ser todavía más pobres, y perder hasta lo que nada tenían. Chiapas es el estado más pobre del país, con 80% de personas que viven en condiciones de marginación, y Oaxaca es el tercero más desamparado, con el 63% de su población menesterosa. El Índice GLAC tiene a Oaxaca y Chiapas en el sótano de su ranking de falta de bienestar y de riesgos sociales e inestabilidad. Los dos, agobiados por la corrupción de sus exgobernadores, enfrentan altos niveles de pobreza y marginación que, ante la mala calidad de vida, un brote social de inconformidad está latente. Ambos estados se encuentran en los últimos lugares de estabilidad, en situación cotidiana que se encuentra en países en guerra como Pakistán y Somalia.

Esa realidad ya existía antes de los sismos. Después de ellos, las condiciones van a empeorar de una manera acelerada. No hay forma que la asistencia a todas las comunidades afectadas llegue con la celeridad como exige la angustia de las víctimas. La tensión va a crecer conforme avancen los días sin resultados tangibles de mejoramiento que los pudiera llevar al precario bienestar en el que se habían acostumbrado –pero no necesariamente resignado– a vivir.

Funcionarios estatales y federales han comenzado a experimentar la inconformidad. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, camina todos los días por las zonas afectadas con la cabeza gacha, sin mostrar control sobre la información.

Los protocolos estatales para casos de desastre no funcionaron. No hay prácticamente policías municipales atendiendo a las víctimas y trabajando en las operaciones de rescate, porque se encuentran ellos mismos rescatando a sus familiares y viendo qué van a hacer. La seguridad en las comunidades que no están bajo la mirada de las cámaras de televisión la han tomado los propios pobladores para evitar saqueos y actos de rapiña. Al secretario de Educación, Aurelio Nuño, lo increparon el martes en Juchitán por el colapso de 400 escuelas en ese estado que, de sí, ha vivido un rezago educativo de casi una generación.

Entonces, ¿políticas públicas eficientes para dos estados que han sido tirados a la basura por quienes más tienen? ¿Podrá un nuevo diseño institucional reponer el rezago por el abandono mexicano de mexicanos que se remonta a generaciones? No será algo inútil, pero no hay que abrigar mucha esperanza en las condiciones actuales. Recordemos el ambicioso plan del presidente Enrique Peña Nieto sobre Zonas Económicas Especiales con un paquete de incentivos fiscales para las empresas que invirtieran en el sur mexicano, que se ha quedado como un gran proyecto donde el interés por conectar al México del sur con el del centro y el norte, se detuvo en un sueño alterado por la frustración. 

Nadie, salvo el Gobierno, está dispuesto a invertir en Chiapas y Oaxaca. Nadie en México, fuera del Gobierno, está dispuesto a ir al rescate de toda esa región cuya pobreza insulta y lastima. No hay que engañarse. La salvación de esa franja del país, que no será en menos de 30 años –la diferencia de bienestar con el norte de México–, no pasa por un nuevo diseño de políticas públicas, salvo que se trate de una especie de Plan Marshall, que no sería para aliviar problemas de manera efímera y que una vez pasada la emergencia, vuelvan a ser olvidados. Hay que reconstruir esa región y volverla a pegar al resto del país. Chiapas y Oaxaca, aunque con nuestras acciones no queramos verlo, también son México.
13 Septiembre 2017 04:08:00
La búsqueda sigue
Las investigaciones sobre el corrupto conglomerado brasileño Odebrecht y los sobornos en México, ya no se van a detener. El presidente Enrique Peña Nieto dio luz verde hace pocas semanas para que se profundizaran, sin menoscabo de qué colaborador actual o anterior de su Gobierno, pudiera salir involucrado. En seguimiento de ello, la Secretaría de la Función Pública dio a conocer que encontró una “irregularidad” de 119 millones de pesos que vinculan a un funcionario de Pemex con la adjudicación de una obra en la refinería Miguel Hidalgo en Tula. No se ha establecido responsabilidad alguna todavía sobre esa persona, quien de acuerdo con lo que se colige del comunicado, sigue trabajando en Pemex y que tuvo relación con Braskem, la filial a la que se refiere la Función Pública y que es una de las 22 empresas ligadas a Odebrecht bajo investigación.

El caso al que se refiere la Función Pública aparentemente es al contrato firmado por Pemex Gas y Petroquímica, hoy llamada Transformación Industrial, con Braskem en diciembre de 2015 por 115 millones de dólares para la construcción de vías de acceso y obras externas para un proyecto de utilización de residuos en la refinería de Tula. Ese mismo proyecto fue señalado por Luis de Meneses Wyell, quien hasta esta primavera fue director de Odebrecht en México, y quien declaró a la Fiscalía brasileña en diciembre que la empresa le pagó al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para beneficiarlos con esa obra. Las fechas que mencionó Meneses Wyell no coinciden con los tiempos en los que Lozoya estuvo en Pemex. Cuando se le adjudicó el contrato Lozoya aún no dirigía la empresa, y cuando se hizo la ampliación, fue el Consejo de Administración que lo aprobó.

Las personas involucradas con la adjudicación original a Braskem son Miguel Tame, quien fue nombrado por el presidente Felipe Calderón director de Pemex Gas y Petroquímica, y que saltó al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto al ser nombrado por Lozoya como director de Producción de Transformación Industrial, que es el nombre con el que se rebautizó, esa área de la empresa. Tame es uno de los exfuncionarios –renunció en febrero de 2016– que están siendo investigados por la Secretaría de la Función Pública y la PGR por presuntos actos de corrupción, pero no es el motivo de la “irregularidad” señalada con Braskem.

Otro funcionario involucrado en la adjudicación en la refinería de Tula es Leonardo Cornejo, quien es el director de Proyectos de Transformación Industrial, era el coordinador de Proyectos de Modernización, quien firmó los contratos para la ampliación de la obra en 2014 y 2015. Braskem, según Meneses Wyell, participó en ese proyecto con la empresa hidalguense Construcciones Tapia, la que les había sido recomendada, agregó ante la Fiscalía brasileña, por Lozoya. Construcciones Tapia, sin embargo, no entró a trabajar a Pemex de la mano del exdirector de la empresa, sino de Tame.

Cornejo es uno de la decena de funcionarios y exfuncionarios de Pemex que ya fue llamado a declarar a la PGR por el caso de corrupción de Odebrecht, y de acuerdo con personas que conocen detalles de los interrogatorios, fue con quien más incisivos y agresivos ha sido el Ministerio Público federal. Cornejo tampoco es el funcionario que incurrió en “irregularidades” con Braskem, que señaló la Función Pública, sino que se está apuntando a Armando García Espinosa, subdirector de Administración y Finanzas del área de Proyectos de Transformación Industrial, y quien también pertenece al grupo de la decena de funcionarios y exfuncionarios de Pemex investigados por la PGR.

Las investigaciones sobre la corrupción de Odebrecht se han enfocado al periodo donde Lozoya fue director de Pemex, y las personas bajo sospecha pertenecían al grupo de colaboradores más cercanos. Las ramificaciones de la presunta red de corrupción de la empresa brasileña en México alcanza a exfuncionarios del Gobierno de Felipe Calderón del segundo nivel ejecutivo, como han sido las pesquisas, hasta ahora, de las administraciones de Pemex durante el gobierno peñista. Sin embargo, de acuerdo con información recabada, las investigaciones que abarcan a 22 filiales de Odebrecht incluyen relaciones con empresas mexicanas que tenían vínculos con exdirectores de áreas y con familiares de antiguos miembros del Consejo de Administración de la empresa, que es por donde pasan todos los proyectos, se revisan y, dado el caso, se autorizan.

Es decir, el potencial de corrupción de Odebrecht en Pemex no se limita a la decena de funcionarios y exservidores públicos investigados hasta ahora, sino abarca un abanico mucho mayor de personas que pudieran estar involucradas durante, cuando menos, las direcciones de Lozoya y Juan José Suárez Coppel. La investigación de la Función Pública empezó el 22 de diciembre pasado, un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Odebrecht y Braskem reconocieron haber sobornado a políticos y funcionarios de 11 países. De acuerdo con los documentos de la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, Odebrecht pagó sobornos por más de 10 millones de dólares a funcionarios mexicanos para asegurar que les dieran obra pública, con lo cual obtuvo un beneficio de 300 por ciento.

La única obra que hasta el momento se confirma que tuvo irregularidades en su adjudicación es la de la refinería de Tula, pero está lejos de ser la única. La presión pública al Gobierno ha tenido frutos, y aunque tarde, en comparación con el avance de las investigaciones en otros países de América Latina, se empezó a caminar contra la impunidad.
12 Septiembre 2017 04:08:00
Expulsen a Roberta
Ya se fue el embajador de Corea del Norte Kim Hyong Gil, a quien el Gobierno de México declaró persona non grata el jueves pasado. Sin embargo, se quedaron otros que deberían de correr la misma suerte. Veamos. Si el embajador norcoreano se fue porque desestabilizaba la región asiática con ensayos nucleares que amenazaban a Corea del Sur y Japón, entonces la racional es que aquellos que atentan contra la paz de una nación deben correr la misma suerte. Por tanto, el Gobierno de México debe declarar persona non grata y darle 72 horas para que abandone el país a la embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson. No es nada personal contra la embajadora, aunque habría razones suficientes para haberle hecho extrañamientos por su proclividad a meterse en asuntos internos. En este caso se trata de su jefe, el presidente Donald Trump, que como ningún líder en el mundo ha atacado a México y lo ha desestabilizado.

Trump lleva dos años insultando a México, a los mexicanos, a los inmigrantes de origen mexicano y a las instituciones nacionales. Nos ha dicho narcotraficantes a todos, violadores de mujeres, criminales y escoria que debe ser frenada en la frontera sin consideración. Sus amenazas de sancionar a quienes inviertan en México produjeron que empresas multinacionales que habían trabajado por años en este país y tenían planes de expansión, cancelaran sus planes y optaran por llevar sus nuevas operaciones a Estados Unidos ante el miedo que les inyectó Trump. Con esto se perdieron miles de empleos para mexicanos y algunas ciudades en el centro del país, que dependían de esas inversiones, van a sufrir problemas económicos.

La beligerancia de Trump contra México ha provocado que otros países aplacen sus inversiones hasta ver qué sucede con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que Trump insiste en su deseo de repudiarlo, con lo que desde hace casi un año ha puesto de cabeza a los mercados y durante varios meses golpeó inmisericordemente al tipo de cambio, con lo que generó fugas de capitales y desestabilización financiera.

Visto con la frialdad de la analogía mecánica, Trump es una amenaza tangible mucho mayor que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, que tiene un diferendo serio con el jefe de la Casa Blanca y lo ha amenazado, si continúa haciéndole lo mismo, con disparar un misil nuclear sobre su territorio de Guam, en el Pacífico. No hay amenaza directa o indirecta para México, y nunca se ha referido el dictador norcoreano a este país como objetivo estratégico por ser vecino de Estados Unidos. Las diferencias y tensiones entre los dos países se han dado por la desobediencia del régimen de Pyongyang a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre su programa nuclear, lo que no había sido motivo de acciones radicales mexicanas y de vulnerar la neutralidad que había mantenido en el conflicto entre poderes nucleares, hasta la semana pasada cuando expulsó al embajador norcoreano.

Está claro que Estados Unidos no significa lo mismo para México que Corea del Norte. El año pasado, el comercio bilateral entre México y Estados Unidos se pudo medir por minuto: un millón de dólares se intercambiaba cada 60 segundos. Cada 24 horas cruzan la frontera entre los dos países mil 400 millones de dólares en bienes y servicios, y la economía mexicana depende en más del 70% de la estadunidense.

Con Corea del Norte el comercio bilateral totalizó 7 mil dólares el año pasado, algo tan ínfimo que ni siquiera figura en los indicadores de la Secretaría de Economía. No hay ningún mexicano en estos momentos en Corea del Norte, y obtener una visa de turista es sumamente difícil y costosa (hay que ingresar por la frontera China). En Estados Unidos vive también el 97.33% de los poco más de 12 millones de mexicanos que viven en el extranjero, sin contar con unos 4 millones de indocumentados en aquella nación. Los mexicanos son el segundo mercado turístico más importante de Estados Unidos, y en 2015 lo visitaron 18 mil 400 millones de turistas nacionales.

Cuando tanto se depende de un país, la soberanía tiene diferente connotación. Trump puede seguir insultando a México y a los mexicanos todo el tiempo que lo desee, y desestabilizar económica y socialmente a México –con las deportaciones masivas–, porque no va a tener una respuesta radical, más allá de la retórica de una declaración. La embajadora Jacobson puede meterse sin problema alguno en los asuntos internos, como hablar del sistema de procuración y administración de justicia o de la inseguridad, sin que se le llame para hacerle un extrañamiento. Estados Unidos se comporta con México como si fuera su protectorado, y su representante es una especie de pro cónsul. El Gobierno de México debe tener calculado que el costo de estar de hinojos ante Washington es superior frente al beneficio de la relación, pese a los constantes escupitajos.

Objetivamente hablando, declarar a la embajadora Jacobson persona non grata sería poco inteligente. Entregar la cabeza del embajador norcoreano cuyo país nada hizo contra México es algo similar, pero forma parte de la reconversión pronorteamericana de la política exterior mexicana. Videgaray ha modificado la política exterior con Venezuela y ahora Corea del Norte, con quienes Estados Unidos tiene diferendos. ¿Le está sirviendo Videgaray a Washington? ¿A cambio de qué? ¿Le sirve a México? Hasta ahora no hay nada tangible de regreso. Cuando menos para el Gobierno de Peña Nieto, o para el país.
11 Septiembre 2017 04:07:00
Expulsión amañada
Algo no está bien aunque parezca correcto. El jueves pasado el Gobierno de México declaró persona non grata al embajador de Corea del Norte, con lo que, afirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresaba su “absoluto rechazo a su reciente actividad nuclear, que significa una franca y creciente violación del derecho internacional y representa una grave amenaza para la región asiática y para el mundo”, particularmente para países aliados como Japón y Corea del Sur. El embajador Kim Hyong Gil respondió que la acción era “ignorante” y que el desacuerdo sobre el programa nuclear era un tema de Estados Unidos que “nada tenía que ver con México”. La acción tuvo poca repercusión porque el sismo horas después del anuncio, atrajo por completo a la opinión pública y a la sociedad política. Pero la duda existe: ¿por qué aprobó el presidente Enrique Peña Nieto su expulsión?

La explicación oficial es tramposa. De haber sido consistente la política exterior mexicana, como explicó el subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, el Gobierno de México se habría mantenido neutral. La expulsión del embajador norcoreano rompió la neutralidad y lleva a plantear, cuando menos para efectos de argumentación, que el Gobierno peñista le quiso hacer un favor a Estados Unidos, enfrentado directamente con el régimen de Pyongyang, o a China, donde la rebeldía de su aliado le está mermando respeto internacional al no estar pudiendo contenerlo. En este caso la política exterior luce inconsistente y es inexplicable.

Desde 2006, el régimen de Pyongyang ha violado siete resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas contra sus actividades nucleares y el lanzamiento de misiles. Cuatro de ellas se dieron durante el Gobierno del presidente Peña Nieto: diciembre de 2012, febrero de 2013, en marzo y en noviembre de 2016, y la última en agosto pasado. En cada la ONU condenó a Corea del Norte y le urgió a cesar su actividad ilegal, pero México no hizo nada hasta que sucedieron dos eventos que coincidieron –o influyeron–, con el radical cambio en la política exterior mexicana.

El primero fue el 16 de agosto, cuando de visita a Chile, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, urgió a Brasil, Perú, Chile y México romper relaciones con el Gobierno de Kim Jong Un, para incrementar el aislamiento internacional de Corea del Norte. Brasil dijo que acataría las decisiones de las organizaciones multilaterales, lo que significa que no haría caso de una petición bilateral. Perú, que en los últimos meses ha reducido su personal diplomático en Pyongyang, dijo que no planeaba tomar ninguna acción. Chile llegó a un acuerdo conjunto hace cuatro años para restablecer relaciones con Corea del Norte, pero hasta la fecha no han intercambiado embajadores. México sustituyó al embajador José Luis Bernal, quien era embajador concurrente en Corea del Norte en abril pasado, pero su relevo, Bruno Figueroa, ya no fue nombrado para atender los asuntos en Pyongyang, que lleva un encargado de negocios no mexicano.

El segundo se dio en el marco de la Cumbre de los BRICs, en Xiamen el 4 de septiembre, donde el presidente Peña Nieto sostuvo un encuentro bilateral con el presidente chino Xi Jingping, tras lo cual condenaron la actividad nuclear de Corea del Norte y, de acuerdo con el comunicado de Los Pinos, coincidieron en la necesidad de aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Horas antes de que México expulsara al embajador norcoreano, el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, declaró en una conferencia de prensa que el Consejo de Seguridad de la ONU debía responder con mayores sanciones ante la última explosión nuclear de Corea del Norte. “Creemos que las sanciones y la presión son sólo la mitad de lo que se necesita para resolver el problema”, agregó. “La otra mitad es el diálogo y la negociación”.

Japón, que no tiene relaciones formales con Corea del Norte pero mantiene un diálogo permanente, insiste en la necesidad de mantener negociaciones y puertas abiertas con Pyongyang. Corea del Sur tiene relaciones con su vecino del norte, y su nuevo presidente, Moon Jae-in, ha sido criticado en su país por ser proclive a intensificar sus vínculos con Kim Jong Un. No hay ninguna nación que haya tomado una decisión tan extrema, en estos momentos de tensión, como México, que súbitamente se metió en medio de un conflicto con posiciones distintas a las que aquellos que dice enfrentan sus aliados, están manteniendo.

La postura de México ha sido tensa durante muchos años, pese a las constantes violaciones de Corea del Norte a los acuerdos suscritos por ambos países. México restableció relaciones diplomáticas con Pyongyang en 1980, con un compromiso recíproco de prohibición completa de ensayos nucleares, lo cual marchó bien hasta 2003, cuando Corea del Norte se retiró del Tratado de No Proliferación Nuclear. Tres años después iniciaron sus pruebas con misiles, que impactaron en el Mar de Japón. En 2009 México condenó por primera vez al régimen norcoreano y dijo que sus acciones ponían en riesgo la estabilidad en la región. Siempre se mantuvo la neutralidad, rota ahora por el extraño activismo del canciller Luis Videgaray, cuya opacidad para explicar cuáles son las razones de fondo por las que se tomó la decisión, causan inquietud sobre qué el trasfondo de sus recomendaciones al presidente Peña Nieto.

La percepción es entreguismo a las superpotencias nucleares. Si quiere evitar que esa idea se anide como realidad, una explicación menos amañada es lo que procede.
08 Septiembre 2017 04:08:00
Recuerdos de las dictaduras
Le llamaron la “Operación Piña” y se ejecutó la tarde del 24 de marzo de 1980, cuando el arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, oficiaba una misa privada. Unos matones, bajo las órdenes del mayor Roberto D’Aubuisson, acribillaron a monseñor Romero, un sacerdote que había sido conservador hasta que un sacerdote muy cercano, Rutilio Grande, fue asesinado por predicar por los pobres. Romero se concientizó y cambió de rezar por las élites a los que más necesitaban, con una prédica contra la violencia. Su asesinato aceleró lo que urgía frenar y se inició una larga noche donde fueron cayendo religiosos, líderes sociales, sindicalistas, maestros, defensores de derechos humanos y políticos. Todo aquello que significaba peligro para la Junta Militar fue eliminado. Nadie con capacidad dialéctica, habilidad para organizar y recursos persuasivos sobrevivió. La dictadura no permitía desafíos.

Aquellos eran los prolegómenos de una década de terror en América Central, donde los líderes sociales aparecían asesinados o degollados en las orillas de las carreteras. Los escuadrones de la muerte, organizados por D’Aubuisson, liquidaban a quien no se plegara a la dictadura militar.

El método de descabezar a quienes mejor preparación tenían y mayor capacidad intelectual mostraban se extendió por la región. En Guatemala, los líderes sociales fueron los primeros en caer. Siguió Honduras, donde, como en El Salvador y Guatemala, la verdadera guerra fue contra las ideas. No hay arma más letal que la mente, cuyo arsenal era visto por los regímenes militares incubado en la disidencia social.

Los recuerdos de esas dictaduras caen como premonición en la realidad mexicana. De acuerdo con un seguimiento informativo de Eje Central, durante el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha incrementado el número de asesinatos contra líderes sociales y activistas. En 52 meses de Administración, sintetizó la reportera Bet-biraí Nieto Morales, se cometieron 261 asesinatos: 17 contra sacerdotes, 123 contra líderes sociales –en su mayoría relacionados con la defensa de los derechos humanos–, 83 contra presidentes municipales y 38 contra periodistas.

A diferencia de lo que sucedió en el llamado Triángulo del Norte, donde las acciones represivas fueron emprendidas por los gobiernos militares, en México, “la mayoría de los ataques ocurrieron en municipios y regiones que coinciden con los lugares donde el crimen organizado estableció una estrategia para apoderarse del territorio.

En todos los casos el común denominador es el contexto de violencia en la región en que se cometieron, ya sea por cambios en las administraciones gubernamentales estatales y municipales o por la presencia de nuevos grupos de organizaciones criminales”. Eje Central citó el informe La Violencia de las Drogas en México, del proyecto Justicia en México de la Universidad de San Diego, que afirma que en la mayoría de los homicidios contra alcaldes y sus familiares se usaron métodos del crimen organizado, que repercute en el aspecto social, dado que “el asesinato de posiciones políticas amenaza el proceso democrático y socava el imperio de la ley”. No es el sector político, sin embargo, el más afectado.

Periodistas y religiosos son los más atacados. De acuerdo con el reporte Panorama de homicidios en el actual sexenio del Centro Católico Multimedial, los sacerdotes son vulnerables a diversos ataques en la creciente ola de agresión, asesinatos y desapariciones “acaecidos bajo la mirada indiferente de las autoridades, sobre todo, en las zonas de alto riesgo, donde prolifera la inseguridad y operan los grupos del crimen organizado”. Nieto Morales explicó que el papel e influencia que llegan a tener los clérigos en las comunidades, los convierte en blanco del crimen organizado, pues los ataques en su contra generan temor entre los pobladores.

En el caso de los periodistas, según la organización no gubernamental Artículo 19, “su labor diaria de informar a la población hechos que atañen a toda la sociedad, suelen incomodar a actores políticos, privados o del crimen organizado que buscan que sus intereses no sean expuestos ante una sociedad cada vez más harta de los abusos e ineficacia de las autoridades”. Lo inquietante es que el grueso de las agresiones no provino del crimen organizado, sino de gobiernos: en 2016 hubo 226 agresiones contra periodistas por parte de funcionarios públicos y 17 de los grupos del crimen organizado. Las agresiones cometidas por grupos criminales contra periodistas disminuyeron 51.43%, mientras que la de los gobiernos, se incrementó 37% (para un total de 53%) con respecto a 2015.

“Aunque los homicidios contra periodistas y sacerdotes llegan a ser los más difundidos e indignan a varios sectores sociales, los ataques contra activistas y líderes sociales representan el mayor número de crímenes contra personajes comunitarios clave en el país, pues ascienden a 123 en este sexenio”, indicó la reportera Nieto Morales. “Es decir, desde diciembre de 2012 hasta la actualidad, han sido asesinados cada mes dos líderes en promedio en el territorio nacional”. La numeralia de la muerte en México de quienes piensan, hacen y organizan, son un mal presagio, si se recuerdan las experiencias en América Central.

Ocho meses después del asesinato de monseñor Romero, seis líderes políticos del Frente Democrático Revolucionario, una organización paraguas que representaba a los diferentes sectores de la sociedad, fueron secuestrados, torturados y asesinados en San Salvador.

La historia de El Salvador comenzó a reescribirse con la partición de ese pequeño país que se vio inmerso en una interminable guerra civil. Ese momento de inflexión no se necesita en México. El conflicto interno se vive todos los días, sin que nos demos cuenta del ecosistema mortal en el respiramos.
07 Septiembre 2017 04:08:00
A jugar a la gallina
Está claro. Todos juegan al máximo límite para que el adversario ceda y claudique. La oposición al PRI en la Cámara de Diputados forzó una crisis constitucional que paralizó a San Lázaro para que el Gobierno ordene a sus diputados que acepten el ultimátum de quienes demandan eliminar el pase automático de procurador general a fiscal general, que se establece en la ley. La política mexicana se encuentra en este péndulo. Algunos están por la suma cero; otros por la claudicación del adversario. Brinkmanship es el nombre del juego, entendido como el ejercicio de una política arriesgada que a veces es suicida.

La falta de una solución a la instalación de los órganos de dirección de la Cámara de Diputados llevó a que el miércoles amaneciera el país sin nadie que pueda recibir el Paquete Económico para 2018, con lo que, teóricamente, no podrá iniciar la discusión sobre el Presupuesto y paralizará al Gobierno. La motivación es el conflicto por la negativa del PRI a discutir una iniciativa presidencial para eliminar el llamado pase automático, previsto por la ley desde 2014 y aprobado por el PAN, que hoy encabeza la cruzada en contra, y que en aquellos remotos tiempos hacía el amor todas las noches con el PRI. La discusión no es suficiente. La oposición quiere que se elimine esa provisión. Punto. ¿Hasta dónde llegarán? ¿Quién cederá?

Brinkmanship es lo que se está ejecutando en San Lázaro. Una política arriesgada que si no llega a que una de las partes ceda, se volverá una política suicida. Este es el elemento central del juego de la gallina, uno de los ejercicios más notables en Teoría de Juegos, donde las dos partes se involucran en un diferendo donde, si nadie cede, todos pierden, y sólo si uno claudica, los dos pueden ganar al evitar la autodestrucción.

El nombre de “gallina” se originó cuando Bertrand Russell lo usó como metáfora de la política nuclear suicida en su influyente libro “Common Sense and Nuclear Warfare”, en 1959, al referirse a un juego de jóvenes que se popularizó 4 años antes en la película Rebelde sin Causa, donde, para dirimir una disputa, los jóvenes corrían en sus vehículos a toda velocidad por una pendiente que terminaba en despeñadero, buscando determinar quién era aquel que antes de caer brincaba de su automóvil. Si ninguno cambiaba el rumbo, en la metáfora nuclear, se daba la autodestrucción masiva. La racional es si un jugador cede, la mejor decisión del otro depende de lo que hizo su adversario. En el fondo trata sobre conflicto o conciliación.

En San Lázaro, la oposición juega a la gallina. Va a toda velocidad rumbo al despeñadero y, aunque no quiera, el PRI es arrastrado por la pendiente. Los diputados movieron el reloj legislativo –que es como eufemísticamente resuelven su violación a la ley– para el próximo jueves, a fin de dar tiempo a que avancen las negociaciones. O legislan los priistas contra el pase automático en el Senado, la Cámara donde se encuentra la propuesta presidencial, o no se instala el Congreso. No hagan apuestas.

El homogéneo bloque de la oposición se enfrenta a un PRI que tiene el poder en el Ejecutivo, pero no le alcanza en el Legislativo para lograr todos sus objetivos. El martes amanecieron unidos partido y Gobierno. El secretario de Gobernación, citado a comparecer en San Lázaro, no acudió, porque no le correspondía. No cedió a la presión. El coordinador priista en el Congreso, César Camacho, afirmó que la oposición estaba secuestrando a la Cámara de Diputados y que ese tema pertenecía a los senadores. Horas después, señal de lo que pasaba en Los Pinos, Camacho pidió al coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, que considerara discutir la iniciativa presidencial. Gamboa terminó el día señalando que ni estaba en la agenda priista ni era prioridad de su bancada.

Pero en poco más de 12 horas, fueron el Gobierno y el PRI los que mostraron señales de no correr al suicidio del despeñadero, frente a la voluntad intransigente, hasta el final de la jornada, de la oposición. Es posible, por su aversión al conflicto, que el presidente Enrique Peña Nieto ordene a su partido que recule y que sacrifiquen al procurador general Raúl Cervantes. Ya una vez lo hizo, en el intento fallido por llevarlo a la Suprema Corte de Justicia, demostrando que es una pieza desechable cuando el caso lo amerita. Lo que en este momento no puede tener punto de retorno, salvo pagando un alto costo político, es que la oposición dé marcha atrás o cambie migajas por votos en San Lázaro. Llegaron al límite de la pendiente.

La oposición cerró todos salvo un espacio de negociación, y de lo acertado de su toma de decisión saldrán fortalecidos o derrotados. El ejercicio para el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, que encabezan la oposición, está resultando aleccionador para 2018. Mostraron músculo y tienen arrinconado al PRI. Pero deben tener cuidado. Un gran ejemplo de brinkmanship es cuando la Unión Soviética comenzó a armar silos nucleares en Cuba, que desató la Crisis de los Misiles en 1962 y enfrentó al presidente John F. Kennedy con el presidente soviético Nikita Kruschev. Es un clásico juego de la gallina y el mundo estuvo en el umbral de una tercera guerra mundial, hasta que Kruschev reculó. Ahí empezó su declive. Dos años después, lo depusieron.
06 Septiembre 2017 04:08:00
El top de los violentos
Algo se pudrió en México. Si todo iba bien en materia de seguridad durante los cuatro primeros años de Gobierno, como afirma el presidente Enrique Peña Nieto, ¿qué sucedió en el quinto año cuando todos los indicadores de criminalidad se dispararon? Homicidios dolosos, extorsiones, robos, secuestros. Todo se incrementó en el penúltimo año de gobierno. Peña Nieto asegura que esta descomposición se debe a que gobernadores y alcaldes, el hilo delgado por cuanto a debilidad institucional, no han hecho bien su trabajo. Hay de todo. Incluso hay variables que inciden en el fenómeno que llegan a ser extraordinarias, lo que hace más difícil el diagnóstico y la puerta de solución al problema.

Por ejemplo, ¿por qué Colima se descompuso? Porque el fentanilo, una droga sintética con base en el opio, que se convirtió en El Dorado para los consumidores en Estados Unidos, llega de China al puerto de Manzanillo y genera una lucha por el control de lo que se volvió un negocio altamente redituable. ¿Por qué perdió la paz Chihuahua? Porque se reactivó la ruta de la cocaína, de la Comarca Lagunera a Ciudad Juárez, por la sobreproducción en Colombia, luego de que como parte de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, se aceptó la exigencia de la guerrilla que dejaran de erradicarse los cultivos de la coca. Estos fenómenos exógenos ayudan a entender parte del incremento en la criminalidad, pero sólo en una parte.

Según el índice GLAC, la consultoría del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, el exdirector de Contraterrorismo de la CIA –que encontró a Osama binLaden–, José Rodríguez, y Luis Enrique Montenegro, el general que formó parte del Bloque de Búsqueda que encontró y aniquiló a Pablo Escobar, en 2016 había 13 entidades donde la seguridad estaba controlada y se vivía con bienestar, pero en 2017, seis estados se sumaron a la mayoría de las entidades que sufren con la violencia. Todos los estados del Pacífico norte se volvieron más violentos y socialmente más inestables, afectando la calidad de vida. Aquí se puede argumentar que la violencia responde a las variables internacionales, a las que hay que añadir la información de testigos protegidos, como los hermanos Flores, que trabajaban con el viejo Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, la debilidad institucional es el factor más poderoso que incide en el deterioro y la violencia, donde no sólo los estados, sino la Federación, tienen actuaciones deficitarias. Un análisis realizado por Eje Central de las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, encontró que los delitos que más impactaron a la sociedad en el primer semestre de 2017 fueron homicidios, secuestros y extorsiones, y que los estados más generadores de estos crímenes fueron el Estado de México, Guerrero y Veracruz.

Ninguno de ellos, salvo el Estado de México en materia de extorsiones (505 delitos de este tipo), ocupan el primer lugar e, incluso, Veracruz (253) figura en cuarto lugar en este tipo de crimen, mientras que Guerrero no se encuentra entre los cinco primeros lugares afectados por el delito. Después de los mexiquenses, Nuevo León es el más afectado por extorsiones (400), seguido de Jalisco (304), Veracruz y la Ciudad de México (248). En este tipo de delitos subyace la deficiencia o vacíos de autoridad, o la corrupción de las autoridades.

En homicidios, Guanajuato supera al segundo estado donde más muertes (2 mil 10 contra mil 757) que es México, seguidos de Michoacán (mil 326), Guerrero (mil 450) y Veracruz (mil 426), aunque en esta entidad el incremento del delito entre enero y junio fue de 90%. En el tema de los secuestros, Tamaulipas figura en lo alto de la tabla de criminalidad (116), seguido de Veracruz (113), el Estado de México (94), Tabasco (54) y Guerrero (39). El análisis de Eje Central revela los voluminosos incrementos en robos en carretera (85.49%), los robos a negocios con violencia (54.80%), y los homicidios dolosos (27.92%). En este último rubro, el total aproximado ya alcanzó los 80 mil, contra los 70 mil homicidios dolosos estimados del sexenio de Felipe Calderón.

De acuerdo con el Índice GLAC, los estados más afectados durante el primer semestre fueron Guerrero, México y Chiapas, donde cayó la calidad de vida. El Índice encontró que en Guerrero influyó la falta de inversión y crédito en diversos sectores, mientras que en Chiapas, como sucedió en Veracruz y Tabasco, fue la caída en los precios del petróleo lo que contribuyó al deterioro. Si no hay bienestar, hay violencia. El repunte en estados como Quintana Roo y Baja California Sur, como en Guerrero, afectó al turismo y perjudicó a sus habitantes por la caída de visitantes, que los empujó a buscar ingresos por otros caminos.

El incremento de la violencia, al analizar los diferentes factores que llevaron a ella, no se puede explicar únicamente como un tema de buenos y malos, sino de manera más compleja. Las variables que inciden en ella no necesariamente tienen que ver con criminalidad, sino con fenómenos que alteran la dinámica de la sociedad. Tales son los ejemplos del fentanilo o de las FARC, o el incremento de los secuestros en Sinaloa por la tardía temporada de lluvias, donde los agricultores, se mudan de su actividad legal a una ilegal para poder comer. Estas explicaciones del fenómeno no disminuyen la relevancia del problema. Al contrario. Con tantas variables involucradas, lo sorprendente es que no estemos peor en el repunte de criminalidad, porque si no hay respuesta para lo básico, menos aún para la complejidad que se vive.
05 Septiembre 2017 04:07:00
2018: el caballo negro
En el mensaje político a propósito del Quinto Informe de Gobierno, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, traía una “cara de funeral”, como lo describió Arturo Cano en su crónica en La Jornada. “Continúan siendo un misterio sus aspiraciones”, escribió Horacio Jiménez en su relato del evento en El Universal. “Para él no hay tiempo ni espacio para fotos ni abrazos”, agregó al compararlo con lo sociable y dicharachero del resto de sus colegas en el Gabinete. El pachuqueño sí es un misterio en público, no de ahora, sino de siempre. No muchos saben que es un hombre de noche, como su amigo, el presidente Enrique Peña Nieto, de quien solía despedirse casi amaneciendo, y su cómplice en las juergas con Juan Camilo Mouriño, el hombre fuerte en el Gobierno de Felipe Calderón, antípodas de lo que es en público, serio, solemne y de rasgos severos.

Osorio Chong se ha preparado desde el comienzo para ser sucesor de Peña Nieto. A lo largo de su gestión ha mantenido un cuarto de guerra en las sombras para definir estrategias, y tomó clases para mejorar su dicción, notable avance de alguien que hablaba como lectura de un mensaje telegráfico, a una fluidez que hace olvidar sus espasmos lingüísticos. Pero la candidatura del PRI le parecía que se le escapaba de las manos. Hace unas semanas, admitió en privado que los momios sucesorios no estaban inclinados por él. En los pasillos del poder, comenzando por Los Pinos, los nombres de sus colegas de gabinete, José Antonio Meade, José Narro y Nuño encabezaban las ternas que buscan adivinar el pensamiento del presidente Peña Nieto sobre su sucesor.

Nadie sabe cómo está pensando Peña Nieto porque nunca, en situaciones similares, guardando las diferencias, ha comentado las opciones que está considerando. Hace varios años, un profesor de política en la Universidad de Harvard trazó analogías entre el PRI y el Partido Comunista Ruso, afirmando, para sorpresa de sus alumnos, que sería más difícil de romper el régimen de Moscú que el de la Ciudad de México, por la flexibilidad del sistema político mexicano y los enormes recursos políticos de su Presidente para hacer su voluntad. Había otros ángulos de comparación.

En Moscú, los kremlinólogos observaban el presídium durante el desfile militar de la Revolución de Octubre para ver quién empezaba a acercarse al centro y determinar cómo iba subiendo en jerarquía y poder. En el México de la república priista, también se ven los presídiums y se trata de adivinar con gestos y lenguajes de cuerpo lo que el Presidente en turno piensa sobre su sucesor. Es cierto que no hay ninguna sucesión que atrape el imaginario colectivo mexicano como una priista, producto, se puede pensar, de una vieja cultura autoritaria que permeó estilos de vida. El Quinto Informe de Gobierno del presidente Peña Nieto era la ocasión para intentar penetrarle el pensamiento sucesorio.

Las señales se dieron, a juicio de quienes las interpretaban. La enorme sonrisa del secretario de Hacienda, la despedida del secretario de Relaciones Exteriores antes que al de Gobernación, o que los subsecretarios de Educación fueran colocados con el grupo de invitados especiales y no en lo alto de la última tribuna, junto a las cámaras de televisión, como sucedió cuando el titular era Emilio Chuayffet. La suma de las señales buscaban un destino manifiesto, y las crónicas periodísticas decían que no hubo ninguna. ¿Realmente no hubo ninguna? Habría que regresar al discurso de Peña Nieto el 2 de septiembre, donde habla bien de la economía y dice que pese al entorno internacional, México sigue creciendo. Entonces, no ve la economía como un tema que requiera de un experto para el próximo sexenio. No habló en concreto de las reformas, sino en lo general como una necesidad para seguir consolidando el cambio, enmarcado en lo político: que no haya polarización, ni división. O sea, un candidato con perfil político es lo que México necesita, si uno se atiene al texto del mensaje presidencial.

Lo que subrayó Peña Nieto como la prioridad nacional es la seguridad, a la cual le dedicó la primera parte de su mensaje, y reconoció que se volvió un problema serio. “En los primeros 4 años de esta Administración, se logró disminuir la incidencia de delitos del fuero común por cada 100 mil habitantes”, dijo. “Sin embargo, ese resultado se ha revertido. Hoy, una parte significativa de los homicidios no está relacionada con el crimen organizado, sino con delitos del fuero común, aquellos que son responsabilidad de los estados y municipios”.

Es decir, son los gobernadores y los alcaldes quienes no han hecho su trabajo y por ello el incremento de la violencia. Para quienes piensen que la responsabilidad primaria recae en Osorio Chong –como quien esto escribe–, Peña Nieto considera otra cosa. No es él el culpable de la espiral de violencia que se vive, sino otros. ¿Tiene camino relativamente libre para la candidatura? Funcionarios en Los Pinos insisten en el distanciamiento del Presidente con él, pero quienes los han visto interactuar en el Gabinete, ven calidez y cercanía. Hay señales, pero no definitivas. Lo único que puede afirmarse en este momento es que Osorio Chong es quien encabeza las encuestas para 2018 dentro del PRI –por conocimiento de la persona–, que sería un error descartarlo a priori de la contienda, y que el dogma de Peña Nieto es escoger al candidato con el que pueda ganar, sea quien sea.
04 Septiembre 2017 04:07:00
2018: el enemigo
En su esperado Quinto Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto no dejó asomar ninguna señal de hacia dónde está mirando para encontrar en el gabinete –lo único que ha destacado como incubadora para 2018– a su sucesor. Pero en cambio, definió sin mayores revelaciones celestiales quién es el enemigo a vencer. Andrés Manuel López Obrador, que no son más una obviedad, sino por razones cinceladas por el Presidente: piensa viejo, el mundo que imagina ya no existe, y es una amenaza real para las reformas económicas. Peña Nieto dijo que hoy se vivía mejor que hace cinco años, y será mejor en 2022 que en 2017, por lo que deslizó que López Obrador no es la solución para que eso suceda en México. Los dichos sobre López Obrador dejaron de ser fobias o miedos, y se trasladaron a un campo de batalla electoral generacional, ideológica y de decisiones cruciales sobre lo que será en los años venideros este país. 

“De mantenerse y profundizarse los cambios realizados, México podrá convertirse en un país plenamente desarrollado en menos de dos décadas”, dijo Peña Nieto dentro de las 170 palabras más importantes, en su visión, para el futuro nacional. “Nuestro país tiene que seguir cambiando; tiene que seguir transformándose… Ese futuro se tiene que construir y proteger cada día, sobre todo, cuando existen riesgos visibles de retroceso. Hace años que México no se encontraba en una encrucijada tan decisiva y determinante como la actual. La disyuntiva es muy clara: seguir construyendo para hacer de México una de las potencias mundiales del Siglo 21 o ceder a un modelo del pasado que ya ha fracasado. El futuro es incierto, pero sabemos a dónde queremos llegar. El pasado es conocido, y por eso sabemos qué queremos o qué debemos evitar”.

Peña Nieto se refería a los últimos años del modelo estatista de la economía, donde los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, en donde se inspira una buena parte del programa económico de López Obrador, produjeron crisis profundas que, como en casi todo el resto del mundo, obligaron a reconversiones industriales para vivir en forma globalizada. López Obrador, que teóricamente acepta el cambio que se ha vivido en los últimos 40 años, ideológicamente lo rechaza. En una entrevista la semana pasada con el periódico The Wall Street Journal, vocero de los intereses empresariales de Estados Unidos, López Obrador fue inmensamente cándido o perversamente claro en el mensaje que lanzó a los capitanes capitalistas de esa nación, cuando habló del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de la reforma energética.

La renegociación del TLCAN, cuya segunda fase concluye este lunes en la Ciudad de México, debe suspenderse. Así lo dijo López Obrador al Journal, y que debían esperar a que pasaran las elecciones presidenciales. ¿Por qué Estados Unidos y Canadá tendrían que aguardar a lo que suceda en México? De hecho, en Estados Unidos quieren que todo concluya antes de las elecciones, por el temor que tienen de una regresión comercial con López Obrador. “No es conveniente buscar un acuerdo bajo presión”, agregó el precandidato presidencial con una explicación sin asidero a su primera reflexión, y que se refiere a las amenazas del presidente Donald Trump. “Cualquier tratado injusto puede ser revisado por el Gobierno de México”. En realidad es el Senado quien debe revisarlo; el Gobierno lo firma.

Pero esos matices no importan. El sentido de lo que expresó es lo relevante porque permiten asomarse a su pensamiento. Más significativo, por el impacto de sus palabras en Wall Street, es lo que dijo sobre la reforma económica que abrió las puertas al sector privado para invertir en petróleo y gas. La apertura del sector energético está fuera de discusión para López Obrador. Si es presidente, dijo, cancelará las licitaciones. Momentos después, se volvió a contradecir. “Favorezco la inversión extranjera, pero no permitiré que se afecten los intereses mexicanos”, afirmó. Le gusta la inversión extranjera, pero en otro país, porque no aceptará ningún dólar más en ese sector.

Las galimatías de López Obrador buscan esconder su ideología estatista con un lenguaje aperturista, pero las contradicciones afloran. El Journal soslaya el doble lenguaje, pero recuerda los reportes de las agencias calificadoras en Estados Unidos sobre sus temores por las reformas en caso de que gane la Presidencia, y la última encuesta del Banco de México con analistas del sector privado, donde señalaron que la incertidumbre política es uno de los principales obstáculos para el crecimiento.

“La transformación que hemos emprendido seguirá adelante, porque México no se detiene”, dijo el Presidente con motivo de su Quinto Informe de Gobierno. “Los ciudadanos nos exigen continuar en la ruta de la renovación y el cambio, y estamos comprometidos a hacerlo”. No está claro que así sea. En la última encuesta de Buendía&Laredo, el 69% de los mexicanos respondió que el país va por un mal o muy mal camino, contra sólo el 18% que piensa lo contrario. Si López Obrador permanece en lo alto de las encuestas de preferencia hacia 2018, es pertinente preguntar qué es lo que quiere la mayoría de los mexicanos.

Peña Nieto dijo que pondrá todo su “empeño, dedicación, pasión, entrega y esfuerzo sin reservas” para que no haya cambio de rumbo. Se podría leer de esta manera: no importa lo que piensen los mexicanos, lo mejor es lo que se hizo con las reformas y se van a defender con todo ante el enemigo, López Obrador, que quiere desmantelar la obra del sexenio.
01 Septiembre 2017 04:08:00
La cabeza de la hidra
El presidente Enrique Peña Nieto lanzó un grito al desierto. Este jueves, en la clausura de la reunión del Consejo de Seguridad Pública, abogó vehementemente por el Mando Único para enfrentar a la delincuencia y por el control de confianza de las policías. Pidió a los gobernadores del país a combatir a los criminales, en uno de sus últimos llamados para restaurar la seguridad en la nación. Se apoyó en un diagnóstico dramático, que subraya su gravedad porque es el mismo que el presidente Felipe Calderón tenía hace 8 años. ¿Cómo es posible que en lugar de avanzar nos hemos quedado estancados que significa un retroceso? La tasa delincuencial es más alta que la que se registró en la Administración anterior, y de acuerdo con un alto funcionario federal, va a empeorar. ¿Qué sucedió? Hay que regresar a 2009.

El 29 de septiembre de aquel año, en la glosa del Tercer Informe de Gobierno, el titular de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, explicó en el Congreso el Mando Único que impulsaba Calderón para combatir a la delincuencia, mediante el fortalecimiento institucional de las policías estatales y municipales, al tiempo de proporcionar un blindaje a los alcaldes. La situación era dramática. El 4% de los municipios no tenía Policía y alrededor del 22% no tenía turnos suficientes para cubrir los horarios que se requerían. Sólo una tercera parte de los estados los tenían completos. Las deficiencias estructurales tenían que ver con baja escolaridad, paupérrimos ingresos de no más de 4 mil pesos, y ausencia de controles de confianza.

En su discurso en el Consejo de Seguridad Pública, Peña Nieto señaló: “Las entidades, en muchos casos, no cuentan con cuerpos policiacos suficientemente sólidos y confiables. En el caso de los municipios, muchos ni siquiera han desarrollado sus propias corporaciones. Únicamente 14 de las 32 entidades tienen cuerpos policiales en todos sus municipios; y en la gran mayoría de donde sí las hay, el número no rebasa los 100 elementos. No sólo se trata de tener un mayor número de policías, sino de que sean más confiables y cercanos a la ciudadanía y que, además, estén debidamente profesionalizados. Se requiere de policías mejor preparados. En la actualidad, 70% tiene una escolaridad de secundaria o menos y, desde luego, falta avanzar en lograr una mejor remuneración.Aproximadamente 40% de los policías municipales percibe un sueldo base mensual inferior a 4 mil 600 pesos”.

Es decir, problemas de 2017 son los mismos de 2009. En 2010, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Conago, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, asumió como propia la iniciativa de Calderón y García Luna y la presentó al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Marcelo Ebrard, presidente en turno de la Conago, la presentó formalmente ante los gobernadores. El gobernador del Estado de México, Peña Nieto, la apoyó. Pero en el tema del control de confianza, Peña Nieto se opuso a lo planteado por Calderón, señalando que quería utilizarlo como presión política y, como otros mandatarios estatales, lo sabotearon. Incluso, al presentar su reforma judicial en diciembre de 2014, recordó que el proceso de depuración y profesionalización de los cuerpos policiacos impulsado por Calderón había fracasado.

En 2009, Calderón, que el año anterior había intentado sin éxito que avanzara una ley contra el crimen organizado que incluía provisiones extraconstitucionales, como aprehensiones y cateos sin órdenes judiciales, buscó una nueva salida y respaldó la propuesta de varias organizaciones civiles, encabezadas por SOS de Alejandro Martí, para un nuevo sistema penal acusatorio. Lo que resultó de esa ley fue un adefesio aprobado en el Congreso. Por ejemplo, votaron el artículo 123 Apartado B fracción 13, que establece la remoción de su empleo a policías, fiscales y peritos conforme a la ley vigente al momento de la remoción. Es decir, la convirtió en la única ley en el mundo que se puede aplicar con retroactividad, una especie de ley en perjuicio. Ese artículo maltrata a quienes, en el Artículo 21, se les mandata para investigar delitos. La contradicción nunca fue resuelta.

El examen de ingreso y permanencia de policías, fiscales y peritos se basa en el Artículo 123, por lo que en la actualidad, en la vida real, si por ejemplo un detenido argumenta que fue torturado y en la captura sufrió algún jalón o golpe porque, digamos, se oponía a la aprehensión, el juez puede determinar que sí fue torturado y se le inicia una averiguación previa que lo inhabilita para permanecer en la dependencia donde trabaja. En suma, el sistema acusatorio pleno de garantías, que aprobaron los diputados bajo la dirección de varios de quienes hoy desde el Gobierno federal ven sus fallas, permite utilizar un sistema inquisitivo contra quienes persiguen a delincuentes. Lo que se construyó en todo este tiempo, contra los buenos deseos de sus impulsores, creó incentivos inversos.

El resultado directo fue el incremento de los delitos del fuero común, subrayado por el presidente Peña Nieto. “Ante los retos que implica el combate a la delincuencia, no podemos bajar la guardia, ni retroceder un solo paso”, expresó. Su declaración tiene una buena intención, pero no irá más allá. El reto es modificar las leyes, pero ante la proximidad del año electoral, no hay ni habrá voluntad política para hacerlo. Por tanto, si las cosas están mal, se pondrán peor. No es un silogismo. Los delitos seguirán incrementándose. Las muertes, también. El final del sexenio ya tiene definido su color: rojo será.

" Comentar Imprimir
columnistas

top-add