×
Raymundo Riva Palacio
Raymundo Riva Palacio
ver +

" Comentar Imprimir
25 Mayo 2017 04:08:00
Pleito huachicolero
El negocio del robo de combustible es un gran negocio. Todos los cárteles de la droga han expandido sus actividades criminales hacia la ordeña de los ductos de Pemex porque es lo que más dinero les está dejando. Una célula de Los Zetas, que es la organización que comenzó la ordeña de manera organizada como un negocio colateral al narcotráfico y contrabando humano, obtiene un promedio de 7 millones de pesos semanales. Diariamente, en la hoy famosa zona del Triángulo Rojo en Puebla, las ganancias que obtienen las bandas criminales por ese hurto es de 2 millones de pesos diarios. Tan grande es el valor de esa actividad, que Pemex reconoce que el año pasado perdió 30 mil millones de pesos por el combustible que extrajeron de sus ductos. La merma financiera para Pemex es monumental, pero el problema, que es viejo, no había sido atacado de manera abierta y enérgica como hasta este mes. La muerte de cuatro soldados derrumbó la negligencia gubernamental, que era asombrosa.

Tuvieron que suceder dos ataques directos a soldados en el Triángulo Rojo, la de mayor incidencia de robo a combustibles, a principio de mayo –cuatro militares murieron en uno de los enfrentamientos con los criminales–, para que el Gobierno cambiara su actitud y, tomara con seriedad el combate a esos grupos criminales. La decisión del presidente Enrique Peña Nieto para que se enfrentara en forma transversal el fenómeno criminal se dio únicamente al final de todo un año de conflicto en esa zona huachicol, cuya reacción, no prevención, es la narrativa de cómo este crimen les estalló en las manos.

El presidente Peña Nieto tendría que haber estado muy bien informado del problema que se vivía, pues desde hace unos tres años promovió a quien había sido su jefe de seguridad en el Gobierno del Estado de México, el general brigadier Eduardo León Trawitz, como subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex, que es el área responsable de los ductos. El general Trawitz sostenía reuniones regulares con los responsables del área logística de Pemex para discutir del robo de combustible, donde había acusaciones cruzadas. Exfuncionarios que conocen de esas reuniones, recuerdan que el general afirmaba que el robo tenía cómplices dentro de Pemex, mientras que los encargados de logística respondían que era responsabilidad de los militares la vigilancia.

El alegato del general es que tenía que haber complicidad en Pemex con los criminales porque para poder ordeñar un ducto se necesitaba, a fin de evitar una explosión letal, que no estuviera transportando combustible, información que sólo podría provenir del salón de control de ductos de la empresa. Esta idea sigue permeando en el Gobierno federal y se está investigando en Pemex la posibilidad de complicidad con los criminales. Pero el alegato de los responsables de logística, sobre todo en el periodo 2014-2015, era por la información que se tenía en las áreas de seguridad del Gobierno poblano, que la ordeña de ductos en el Triángulo Rojo estaba avalada y, en algunos casos, controlada, por los militares. Un enfrentamiento entre soldados y Policía Estatal en Amozoc, uno de los seis municipios de la zona huachicolera, por el manejo del combustible robado, hizo emerger la corrupción institucional, pero el expediente se congeló por el daño que haría a la imagen de los gobiernos, pero particularmente al Ejército.

Pese a esas señales de alarma, no se hizo nada. José Antonio González Anaya relevó a Emilio Lozoya en la dirección de Pemex a principio de 2016, y entre las cosas que cambió drásticamente, fueron las acciones en marcha para enfrentar la ordeña de ductos. Canceló el proyecto de desarrollo de trazadores que estaba realizando una empresa privada mexicana, por falta de presupuesto, y también paró una negociación con una empresa colombiana que vendía un sistema que utilizaba una especie de pelotas que corrían por los ductos y que en el momento que se registrara una perforación, tapaban el orificio.

El descuido se potencia porque en el Triángulo Rojo se incrementó el desafío de los criminales este año: el 11 de febrero asesinaron al regidor de Industria y Comercio de Quecholac, en un enfrentamiento contra huachicoleros; el 9 de marzo asesinaron a tres agentes de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto cuando investigaban a una banda dedicada al robo de combustible; el 16 periodistas y ONG denunciaron amenazas de muerte de huachicoleros en esa zona; el 27, los habitantes de la zona atacaron un convoy militar para evitar que se llevaran dos camioneras con combustible robado; el 26 de abril los huachicoleros atacaron un destacamento militar en respuesta a un decomiso de otros vehículos con combustible robado; y en mayo, el 3, huachicoleros y pobladores de Palmarito atacaron a militares y mataron a cuatro soldados, y tres días después, cuando los militares se llevaban otras camionetas con combustible robado, volvieron a atacar a un destacamento militar en la misma comunidad.

Sólo así reaccionó el Gobierno. El Presidente ordenó el envío de 2 mil 500 soldados a la región, para reforzar a los 500 policías estatales enviados para combate y control en la zona huachicolera. En Pemex restablecieron las negociaciones –aunque los costos se elevaron 100% en todo el tiempo de abandono–, y el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, a manera de reclamo, afirmó: hubieron omisiones y fallas de autoridades para proteger el combustible mexicano. Tiene razón. Este problema ya cumplió 14 años, que pudrió a las comunidades y corrompió a las autoridades. Otro capítulo más de la microhistoria mexicana.
24 Mayo 2017 04:00:00
Fake news mexicanas
Coahuila se ha convertido en el laboratorio mexicano de las fake news, este concepto que define la manipulación de un electorado a partir de la diseminación de información apócrifa. En la última semana, dos candidatos en ese estado han sido víctimas de las fake news, Guillermo Anaya, el panista que busca la Gubernatura de Coahuila, y Humberto Moreira, presidente del PRI durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y que quiere ser diputado local por el Partido Joven. En ambos casos, los creadores de esas fake news han utilizado a periódicos de la Ciudad de México como vehículos para mostrarlos como mentirosos, deshonestos y poco dignos para recibir el voto de los ciudadanos, a los cuales les han entregado documentación para lanzar denuncias, de origen anónimo, que descarrilen sus esfuerzos.

Hace tiempo los partidos entendieron que su voz había perdido credibilidad, por lo que las denuncias directas en conferencias de prensa o a través de sus espacios no causaban el impacto que buscaban. Encontraron que esa misma denuncia, difundida por un medio de comunicación tenía un efecto multiplicador y negativo contra el objetivo seleccionado. La semana pasada se publicó que Moreira tenía abierta una investigación en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre transferencias bancarias que su esposa y su cuñada habían hecho entre 2013 y 2016 por 62 millones de dólares, a cuentas bancarias en Mónaco y en las Islas Caimán, desde una cuenta en el Broadway Bank de San Antonio, Texas.

La publicación generó reacciones inmediatas de los partidos y los políticos, que exigieron a las autoridades mexicanas que se investigaran las acusaciones. Las secuelas de esa información aún rebota en la opinión pública, pese a que esa cuenta no existe. Una persona, después de esa revelación, intentó depositar 25 dólares en la cuenta del banco texano, pero le dijeron en las cajas que no existía. Un caso similar le sucedió a Anaya esta semana, al difundirse que tenía una cuenta en Banorte y otra en Barbados, que sumaban depósitos por 211 millones de pesos, pese a que en su declaración 3 de 3 sólo había reportado un ingreso neto mensual de dos millones. Anaya recibió de Banorte, a petición de él, una carta donde informó que la cuenta referida, no existía.

Verosimilitudes no es lo mismo que veracidad. No es la primera vez que se emplean fake news en los procesos electorales en México, que se volvieron relevantes y notorios como concepto durante la campaña presidencial en Estados Unidos, donde los grupos de extrema derecha simpatizantes de Donald Trump, desarrollaron sitios e información falsa para desacreditar a Hillary Clinton. Mucha de esa información falsa circuló a través de Facebook, donde de acuerdo con el medio digital BuzzFeed, de las 20 noticias apócrifas más relevantes, 19 afectaban a Clinton. El Centro Pew Research realizó una encuesta en diciembre de 2016 que encontró que el 64% de los adultos estadounidenses creían que las fake news habían causado mucha confusión sobre los hechos reales o temas de actualidad, mientras que el 23% de loas encuestados admitieron que habían compartido esas informaciones apócrifas.

Previamente en México se utilizaron noticias falsas para descarrillar campañas. La primera muy notoria fue la campaña de Arturo Zamora, del PRI, por la Gubernatura de Jalisco 2006, al publicarse que era investigado por la DEA por supuestos vínculos con el narcotráfico. Esa información falsa le costó la Gubernatura, y se volvió a utilizar la misma especie en la campaña para senador, aunque en esa ocasión ya no tuvo impacto. En la contienda presidencial en 2012, le dieron a un columnista información que el coordinador de la campaña de Peña Nieto, Luis Videgaray, realizaba transferencias de recursos a través de una cuenta en Santander, con la ayuda de su madre, que era ejecutiva del banco. El columnista buscó a Videgaray para saber su opinión, y encontró que lo que le habían dado, no era cierto, por lo que no difundió nada. Al columnista le ofrecieron también las pruebas de que los hermanos del entonces secretario de Organización del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, tenían cuentas millonarios en Panamá, y cuando dijo que tendría que verificarlo primero para saber si eran reales, ya no le entregaron los documentos, mismos que fueron publicados dos semanas después en un medio que tuvo que admitir ante la amenaza de demandas, que eran falsos.

Aquellas noticias apócrifas eran ocasionales, pero en los dos últimos años las fake news, existentes antes de Trump, han sido utilizadas de manera sistemática en procesos electorales en México. Una de las formas más recurridas ha sido la plantación de encuestas apócrifas, un recurso que se incrementó en las actuales campañas, inclusive en diarios capitalinos sin historia en el uso y manejo de estudios demoscópicos. Las encuestas falsas han servido para generar confusión y crear condiciones disruptivas en las elecciones del 4 de junio, donde los políticos de todo sino han encontrado en la inmadurez política de los medios, vehículos eficientes para sus propósitos inmediatos.

Los políticos han encontrado en la aportación de documentación apócrifa, que el daño a su reputación es limitada y se transfiere el descrédito a los medios. A algunos no les interesa la mala fama pública, pero los más serios deberán reflexionar sobre sus controles editoriales internos para impedir que sean utilizados malamente en el futuro.
23 Mayo 2017 04:07:00
La fiesta inolvidable
En Anzures, una colonia en la Ciudad de México de abolengo venido a menos, hay una casa donde los días son espectaculares. Se encuentra en una calle con nombre de astrónomo y es administrada por Froylán Gracia García, coordinador ejecutivo de la Dirección General de Pemex durante la administración de Emilio Lozoya. La casa no es distinta a las que hay en esa zona de la capital, pero lo que la distingue es su interior y lo que se da un promedio de dos veces por semana: empresarios y políticos, funcionarios federales y gobernadores, llegan ahí por invitación con el propósito de hacer negocios. Qué tipo de negocios realizan, está totalmente libre a la imaginación. Cuántos se han podido concretar, no se sabe. Pero en el momento en que se entra a la casa eso parece irrelevante.

La planta baja dispone de una gran barra, que ha sorprendido por su tamaño a más de un invitado, donde hay todas las marcas de bebida para cualquier tipo de paladar y capricho. Se encuentra en un espacio abierto que de día puede funcionar meramente como bar, y en las noches se convierte, por la decoración y la iluminación, en una discoteca. Hay meseros elegantemente vestidos que ofrecen canapés a los invitados, aunque en la parte trasera de la casa hay un patio en donde se pueden dar comidas. Pero la joya de la casa es otra.

El atractivo para los grupos selectos que acuden, no más de 15 de preferencia, son las mujeres. Algunos de quienes han ido a esas reuniones las describen como espectaculares. Eslavas y brasileñas, únicamente, son acompañantes para quien quiera platicar con ellas, adiestradas a retirarse cuando los visitantes comienzan a platicar de temas que no sean para gastar tiempo en superficialidades. Pero están ahí para lo que deseen los invitados. En la planta alta hay suites, no oficinas, para quien busque una mayor privacidad.

Nadie sabe –o si lo sabe no le importa– si todo lo que suceda en esa casa es videograbado. Se desconoce, porque hasta ahora nadie lo ha descubierto, que existan micrófonos para grabar conversaciones. Por una extraña razón, nadie se pregunta que si todo es gratis, las mujeres, las bebidas, el servicio, en dónde está el negocio de Gracia García. Su nombre ha sido una fuente de conversación dentro del Gobierno federal durante buena parte del sexenio, al haber sido la persona más influyente durante la administración de Lozoya en Pemex, que despachaba junto al entonces director de la empresa y por quien todos los asuntos relevantes tenían que pasar primero por el semáforo de su despacho.

La integridad de Gracia García fue defendida siempre por Lozoya, quien aseguraba que todas las insinuaciones e imputaciones en su contra eran falsas. Las autoridades abrieron investigaciones informales sobre el exfuncionario, y no se sabe si exista un expediente judicial actualmente en su contra. Gracia García ha sido señalado por inversionistas extranjeros y mexicanos como un funcionario que cobraba por gestionar citas con Lozoya –que el exdirector de Pemex también ha negado–, y acusado de realizar negocios paralelos abusando de su delicado puesto de confianza.

Lozoya fue removido de Pemex después de meses de que el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, pidió al presidente Enrique Peña Nieto su cese, por lo que consideraba un desorden administrativo en la empresa, y por los presuntos actos de corrupción durante su gestión. Los señalamientos contra Lozoya crecieron después de su salida, lo que motivó que la intención de Peña Nieto de nombrarlo embajador de México en el Reino Unido se congeló por meses y finalmente se canceló. Una intentona del presidente del PRI, Enrique Ochoa, por incorporarlo al Comité Ejecutivo Nacional cuando fue nombrado en la institución, también fue desechada por el mal ambiente que tenía Lozoya en el gabinete. Nada legal hay hasta ahora en contra del exdirector de Pemex, quien mantiene discretamente una consultoría en una oficina en las Lomas de Chapultepec.

Tampoco tiene vinculación alguna con la casa en Anzures que administra y opera Gracia García, quien pese a la muy mala imagen en el gobierno peñista, no parece haber tenido mayor problema para montar su nuevo negocio y convocar a funcionarios, políticos y empresarios a que utilicen la instalación para relajarse y alcanzar acuerdos benéficos para todos. La manera como Gracia García ha sido capaz de construir tan peculiar empresa, habla de la ligereza o frivolidad, además de irresponsabilidad con la que actores políticos y agentes económicos realizan los asuntos públicos.

La satanización de Gracia García dentro del Gobierno debería de ser el semáforo rojo para evitar tener un trato directo o indirecto con él en cualquier tema de orden público. El que todo lo que puedan usar y gozar en esa casa sea de manera gratuita significa –porque no cabe pensar en la ingenuidad de los visitantes– que hay otro tipo de pago al exfuncionario de Pemex. Se desconoce si es una comisión acordada por cada negocio, como lo acusan de sus tiempos como el brazo derecho del exdirector de Pemex, o algún otro tipo de beneficio. En todo caso, nada es gratis. Sobre todo ahí, en esa casa, donde varias personas que han asistido como invitados describen coincidentemente su experiencia como “una fiesta inolvidable”. Más se recordaría en el futuro si lo que sucede en su interior cada semana, fuera investigado para determinar si lo ahí acordado entre en el marco de presuntos actos de corrupción. Por lo pronto hay un exceso de cinismo, lo que no está penado por la ley, y muy en concordancia con lo que ha sido el sexenio al que le falta medio año para concluir.
22 Mayo 2017 04:07:00
Presidencia cazará corruptos
Finalmente, luego de más de cuatro años de gobierno, en Los Pinos cayeron en cuenta que junto con las reformas, un importante detonador del malestar de los mexicanos tiene que ver con la corrupción. El 1 de mayo, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán, le propuso al consejero jurídico en Los Pinos, Humberto Castillejos, uno de los funcionarios más influyentes en el presidente Enrique Peña Nieto, una estrategia para combatir la corrupción en el Gobierno federal. Guzmán, revelaron funcionarios, solicitó a todas las secretarías un listado de trabajadores que pudieran ser acusados por corrupción, para que pudieran ser explotados penal y mediáticamente y comenzó a trabajar de esta manera el final del sexenio, que se encuentra a sólo 17 meses de distancia.

La petición de Guzmán revela varias facetas sobresalientes del Gobierno actual. Por un lado, la aceptación implícita del presidente Peña Nieto que la corrupción tiene infectado a su gobierno. Peña Nieto era refractario a la sola insinuación de corruptos en su administración, y todavía en diciembre, cuando se le preguntaba directamente sobre qué haría al respecto, respondía que su gobierno era el que más había hecho en el combate a la corrupción. La impresión que siempre dejaba era la de negación total a un fenómeno que se había convertido en su gangrena. No está claro en qué momento cambió su parecer, y autorizar acciones como las propuestas por Guzmán, pero en el primer trimestre del año, en una reunión con el equipo editorial de un medio en la Ciudad de México, uno de sus interlocutores fue –según personas que estuvieron en ese encuentro– brutal, por decir lo menos. Le dijo, no literalmente como aquí se apunta, que si no había pensado que una vez que terminara su mandato podría ser acusado por corrupción. La cara de Peña Nieto, recordaron los presentes, cambió de color y fue evidente su enojo.

La otra faceta que sacó al descubierto la iniciativa de Guzmán, es la aceptación clara del conocimiento que hay en Los Pinos sobre la corrupción en el Gobierno. Cuándo la reconocieron, no está claro. En qué momento les pareció que había rebasado todo lo tolerable posible, en el contexto de un régimen donde la colusión y las ilegalidades son parte del combustible que lo mantiene todavía, tampoco. La corrupción explotó a niveles no recordados por nadie, desde los primeros meses del Gobierno de Peña Nieto, con la llegada de un alto número de mexiquenses a la administración pública federal. Los primeros en sentir la voracidad fueron los empresarios, quienes se quejaban que los niveles de corrupción del pasado, cuando les pedían un promedio de 10-15% de comisión sobre las licitaciones de obra pública que ganaran en un concurso se había elevado hasta en un 40%, y escaló todavía más en los últimos meses, en algunos casos que comentan pero no denuncian públicamente, hasta 80%. Cínicamente, en el Gobierno le están llamando “retorno de inversión”.

Las cifras son increíbles, incluso para un sistema donde la corrupción ha sido un estilo de vida y un método de operación cotidiana durante décadas. Sin embargo, pese a que desde 2013 los empresarios comenzaron a expresar su malestar, dos miembros del gabinete consultados por este espacio en aquellos meses del incipiente gobierno aseguraron no haber escuchado nada sobre este tema. La corrupción dentro del Gobierno comenzó a permear en el gabinete hasta 2015, según algunos funcionarios, pero no pasó nada. Incluso, como mostró la actitud del presidente Peña Nieto, la negación era la constante. Después de la derrota del PRI en la mayoría de las elecciones para gobernador el año pasado y los números decrecientes del respaldo electoral al partido y a sus candidatos en las elecciones para gobernador en tres estados en junio, dentro del Gobierno hay otro tipo de sensibilidad acelerada por la preocupación de perder el poder. Un funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda, admitió que si un partido de oposición llegara al poder el próximo año y actuara con energía, “no alcanzarían las cárceles para tantos funcionarios” vinculados a actos de corrupción.

Ya fue demasiado para seguir manteniendo la ceguera. Incluso para los mexiquenses en Los Pinos. El encuentro de Guzmán y Castillejos en mayo transcurrió en esa dirección. Carne para el sacrificio de fin de sexenio, es lo que están pidiendo a las dependencias del Gobierno, cuyas listas negras se están elaborando para que se trabajen con la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. El enfoque se está haciendo en aquellas dependencias donde se manejen fondos públicos, o en áreas sensibles, como en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, donde se inició una auditoría por la venta de los dos últimos ingenios del Gobierno, por 3 mil 400 millones de pesos.

La cacería de corruptos ha comenzado. No hay pistas todavía de por dónde podrán venir los primeros señalamientos, más allá de las investigaciones en curso dentro de Pemex. Funcionarios federales indicaron que la estrategia no se limita al Gobierno del presidente Peña Nieto, sino que también se está analizando a los gobernadores –priistas y de oposición– por el manejo de los fondos públicos. Se desconocen las razones por las cuales Peña Nieto autorizó a sus dos cercanos colaboradores a iniciar la persecución, pero queda claro que con esto empezó a construir un puente para el día después que deje la Presidencia, levantado sobre la infamia pública de funcionarios.
19 Mayo 2017 04:08:00
Sin capitán de barco
El asesinato de Javier Valdez Cárdenas esta semana fue el catalizador de que algo está sucediendo en la guerra contra el narcotráfico. No está claro qué es, pero que enseña que esa lucha no puede seguir analizándose con las categorías hasta ahora utilizadas. El asesinato de Valdés Cárdenas fue producto de una inteligencia criminal diferente. El fundador y director del semanario sinaloense Ríodoce no firmaba los textos más penetrantes sobre el narcotráfico, por lo que la hipótesis sobre el qué había escrito para buscar pistas sobre presuntos asesinos es endeble. Es decir, pese a haber realizado una crónica a lo largo de los años a través de varios libros sobre el narcotráfico, no estaba directamente en la línea de fuego. Sin embargo, el respetado periodista, galardonado internacionalmente era un símbolo en esta profesión que sobrevive en el ecosistema de la violencia, por lo que se puede argumentar que el crimen fue contra un objetivo de alto impacto pensado para que sacudiera todas las estructuras.

Así fue. La posición de la Fiscalía de Sinaloa que tiene como principal línea de investigación el que haya sido un robo de auto no se sostiene: la dispararon 12 tiros de cuando menos dos calibres diferentes, lo que habla de al menos dos asesinos, quienes, lo más importante, nunca intentaron robarse el vehículo. El crimen generó, como no había sucedido desde el asesinato de Manuel Buendía en 1984, un sentimiento de indefensión e impotencia en el gremio, particularmente entre aquellos que, a diferencia de los charlatanes y oportunistas en la profesión, saben cuándo las amenazas y los entornos significan algo. El crimen de Buendía fue en un inefable mayo, al cerrar un mes de inestabilidad política originado en Estados Unidos con denuncias nunca probadas de desvío de dinero del entonces presidente Miguel de la Madrid, y pocas semanas después de que Buendía había retomado una denuncia de los obispos del Pacífico donde alertaban por primera vez que las estructuras políticas estaban coludidas con el crimen organizado.

Ese crimen abriría una década de turbulencia narcopolítica. Casi una década después fue asesinado en Guadalajara el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, durante un extraño intento de asesinato de Joaquín “El Chapo” Guzmán, por parte de matones de los hermanos Arellano Félix, del cártel de Tijuana. Posadas Ocampo fue acribillado en el aeropuerto de esa capital, a donde había ido a recoger al nuncio apostólico, Girolamo Prigione, quien lo iba a acompañar a la inauguración de una mueblería de un amigo del obispo, Eduardo González Quirarte, lugarteniente de Amado Carrillo, el inmortalizado –por las telenovelas– “Señor de los Cielos”, y quien era el encargado del cártel de Juárez para penetrar y reclutar a generales.

Visto en la línea de tiempo histórica, el crimen Buendía comenzó una década de turbulencia, donde los sobresalientes de esa época incluyeron el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, que había infiltrado al cártel de Guadalajara, por lo que sus jefes, Rafael Caro Quintero –a quien la PGR en el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no actuó para impedirle que recuperara su libertad por un tecnicismo jurídico–, y Ernesto Fonseca, quien logró del Poder Judicial su liberación anticipada por enfermedad, y la irrupción maldita del narcotráfico en el Ejército, con la compra de protección del general de tres estrellas, Jesús Gutiérrez Rebollo, quien era el zar contra las drogas en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo. Esa época trajo el magnicidio del candidato del PRI a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio, y del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. Durante esos años, las instituciones se fueron debilitando y los cárteles de la droga fortaleciéndose y penetrando las estructuras políticas nacionales.

Lo que se sembró en aquellos años llegó a niveles de rebase en el Gobierno del presidente Vicente Fox, donde Michoacán y Tamaulipas se habían convertido prácticamente en narcoestados, lo que propició la guerra contra las drogas en el Gobierno del presidente Felipe Calderón. La llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia trajo consigo una gran estrategia de lengua que se hizo añicos en el primer año de administración, y un rezago en la lucha contra la delincuencia organizada. El asesinato de Valdés Cárdenas se inscribe en el desbordamiento en el que se encuentra el Gobierno frente a los criminales, y la notable falta de estrategia para combatirlos, pero no sólo como consecuencia de la incompetencia en materia de seguridad pública, sino como un desafío al Estado Mexicano.

Es ese algo que no se puede definir pero que se ve que existe, donde cambió la dinámica del crimen organizado y, por tanto, deberían de cambiar también las formas de combatirla. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, estuvo en Washington este jueves para concretar una nueva estrategia con Estados Unidos en este campo, donde abordarán el fenómeno desde un punto de vista del negocio que representa para atacarlo en todas sus facetas. Es decir, un combate integral que deje atrás el énfasis policial de Calderón. Pero un día antes, en respuesta a las presiones por el asesinato de Valdés Cárdenas, Peña Nieto anunció un paquete de medidas para proteger a periodistas que sólo comprende un enfoque policial. La transversalidad acordada por Videgaray en Estados Unidos, ignorada por un presidente que, o no entienda nada de lo que le plantean, o no escucha lo que le dice su canciller. En todo caso, qué preocupante. El barco no tiene capitán.
18 Mayo 2017 04:08:00
Recuerdos de las dictaduras
Le llamaron la “Operación Piña” y se ejecutó la tarde del 24 de marzo de 1980, cuando el arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, oficiaba una misa privada. Unos matones bajo las órdenes del mayor Roberto D’Aubuisson, acribillaron a monseñor Romero, un sacerdote que había sido conservador hasta que un sacerdote muy cercano, Rutilio Grande, fue asesinado por predicar por los pobres. Romero se concientizó y cambió de rezar por las élites a los que más necesitaban, con una prédica contra la violencia. Su asesinato aceleró lo que urgía frenar y se inició una larga noche donde fueron cayendo religiosos, líderes sociales, sindicalistas, maestros, defensores de derechos humanos y políticos. Todo aquello que significaba peligro para la Junta Militar, fue eliminado. Nadie con capacidad dialéctica, habilidad para organizar y recursos persuasivos, sobrevivió. La dictadura no permitía desafíos.

Aquellos eran los prolegómenos de una década de terror en América Central donde los líderes sociales aparecían asesinados o degollados en las orillas de las carreteras. Los escuadrones de la muerte, organizados por D’Aubuisson, liquidaban a quien no se plegara a la dictadura militar. El método de descabezar a quienes mejor preparación tenía y mayor capacidad intelectual mostraban, se extendió por la región. En Guatemala, los líderes sociales fueron los primeros en caer. Siguió Honduras, donde como en El Salvador y Guatemala, la verdadera guerra fue contra las ideas. No hay arma más letal que la mente, cuyo arsenal era visto por los regímenes militares incubado en la disidencia social.

Los recuerdos de esas dictaduras caen como premonición en la realidad mexicana. De acuerdo con un seguimiento informativo de Eje Central, durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha incrementado el número de asesinatos contra líderes sociales y activistas. En 52 meses de administración, sintetizó la reportera et-biraí Nieto Morales, se cometieron 261 asesinatos: 17 contra sacerdotes, 123 contra líderes sociales –en su mayoría relacionados con la defensa de los derechos humanos–, 83 contra presidentes municipales y 38 contra periodistas.

A diferencia de lo que sucedió en el llamado Triángulo del Norte, donde las acciones represivas fueron emprendidas por los gobiernos militares, en México, “la mayoría de los ataques ocurrieron en municipios y regiones que coinciden con los lugares donde el crimen organizado estableció una estrategia para apoderarse del territorio. En todos los casos el común denominador es el contexto de violencia en la región en que se cometieron, ya sea por cambios en las administraciones gubernamentales estatales y municipales o por la presencia de nuevos grupos de organizaciones criminales”. Eje Central citó el informe La Violencia de las Drogas en México, del proyecto Justicia en México de la Universidad de San Diego, que afirma que en la mayoría de los homicidios contra alcaldes y sus familiares se usaron métodos del crimen organizada, que repercute en el aspecto social, dado que “el asesinato de posiciones políticas amenaza el proceso democrático y socava el imperio de la ley”. No es el sector político, sin embargo, el más afectado.

Periodistas y religiosos son los más atacados. De acuerdo con el reporte Panorama de homicidios en el actual sexenio del Centro Católico Multimedial, los sacerdotes son vulnerables a diversos ataques en la creciente ola de agresión, asesinatos y desapariciones “acaecidos bajo la mirada indiferente de las autoridades, sobre todo, en las zonas de alto riesgo, donde prolifera la inseguridad y operan los grupos del crimen organizado”. Nieto Morales explicó que el papel e influencia que llegan a tener los clérigos en las comunidades, los convierte en blanco del crimen organizado, pues los ataques en su contra generan temor entre los pobladores. En el caso de los periodistas, según la organización no gubernamental Artículo 19, “su labor diaria de informar a la población hechos que atañen a toda la sociedad, suelen incomodar a actores políticos, privados o del crimen organizado que buscan que sus intereses no sean expuestos ante una sociedad cada vez más harta de los abusos e ineficacia de las autoridades”. Lo inquietante es que el grueso de las agresiones no provino del crimen organizado, sino de gobiernos: en 2016 hubo 226 agresiones contra periodistas por parte de funcionarios públicos y 17 de los grupos del crimen organizado. Las agresiones cometidas por grupos criminales contra periodistas disminuyeron 51.43%, mientras que la de los gobiernos, se incrementó 37% (para un total de 53%) con respecto a 2015.

“Aunque los homicidios contra periodistas y sacerdotes llegan a ser los más difundidos e indignan a varios sectores sociales, los ataques contra activistas y líderes sociales representan el mayor número de crímenes contra personajes comunitarios clave en el país, pues ascienden a 123 en este sexenio”, indicó la reportera Nieto Morales. “Es decir, desde diciembre de 2012 hasta la actualidad, han sido asesinados cada mes dos líderes en promedio en el territorio nacional”. La numeralia de la muerte en México de quienes piensan, hacen y organizan, son un mal presagio, si se recuerdan las experiencias en América Central.

Ocho meses después del asesinato de monseñor Romero, seis líderes políticos del Frente Democrático Revolucionario, una organización paraguas que representaba a los diferentes sectores de la sociedad, fueron secuestrados, torturados y asesinados en San Salvador. La historia de ese país comenzó a reescribirse con la partición de ese pequeño país que se vio inmerso en una interminable guerra civil. Ese momento de inflexión no se necesita en México. Se vive todos los días sin que nos demos cuenta del ecosistema mortal en el respiramos.
17 Mayo 2017 04:08:00
La guerra mexicana
En 2013, el semanario inglés The Economist se dio a la tarea de establecer cuantitativamente la definición de un estado de guerra civil. “No cada lucha que involucre a grupos armados es una guerra civil”, apunto. “Varias medidas cualitativas pueden ayudar un simple conflicto de una guerra: ¿tienen los rebeldes apoyo político? ¿tienen posibilidad de ganar? ¿buscan sólo dinero?

En la academia también se hacen distinciones cuantitativas. El problema es escoger el número. ¿Debería de ser la marca 25 muertos al año? ¿O 100? ¿O mil?”. Y agregó: “Arriba de la marca de mil, pocos dudan que es una guerra”. Sin embargo, no todos los conflictos violentos son percibidos como una guerra civil. México es un caso típico. Más de 50 mil muertos durante el gobierno de Felipe Calderón no fueron suficientes para que se pensara en México que había una guerra civil. Una suma que será mayor en el de Enrique Peña Nieto, seguramente tampoco será percibido como un conflicto que marcó al país. Pero eso es lo que tenemos.

En un análisis de Virginia Page en la Universidad de Columbia en Nueva York sobre paz y guerras civiles, la autora establece cinco criterios que definen un conflicto armado como guerra civil que, en México se cumplen todos: la guerra ha causado más de mil muertos; representa un desafío a la soberanía de un Estado internacionalmente reconocido; ocurre dentro de las fronteras de ese Estado; involucra al Estado como uno de los principales combatientes; y los rebeldes son capaces de mantener una oposición militar organizada y causar víctimas significativas al Estado. Como recordatorio, durante el primer trimestre de este año hubo 6 mil 511 denuncias de homicidio doloso en el país; es decir, seis veces más de la cantidad estándar para calificar un conflicto como una guerra civil.

Las autoridades han negado, desde el Gobierno de Calderón, que se viva una guerra civil. Es una guerra contra criminales, dijo siempre el expresidente. En el gobierno de Peña Nieto, mientras las fuerzas de seguridad federales dejaron de combatir criminales durante ocho meses, se hizo algo que sólo se había visto en la guerra de Bosnia en los 90: el Gobierno armó a un grupo (las autodefensas en Michoacán) para combatir y aniquilar a otro grupo (Los Caballeros Templarios). El Gobierno peñista no tiene en su vocabulario político la palabra “guerra”, pero las acciones extra constitucionales en Michoacán entran en la tipología del genocidio, razón por la cual se está armando un expediente en Estados Unidos contra el presidente Peña Nieto, para llevarlo a una corte internacional, acusado de crímenes de lesa humanidad.

Por sus omisiones y negligencias, con sus estrategias fallidas e ilegales como apoyar a miembros de la delincuencia organizada para limpiar de criminales a Michoacán, el Gobierno ha contribuido a la creación o consolidación de zonas donde la guerra es abierta. El testimonio de Jorge Alberto Martínez, corresponsal de la agencia Quadratín donde describe lo que sufrieron él y otros seis colegas el sábado en la zona guerrerense de Tierra Caliente, dibuja detrás del drama personal escenas que sólo se ven en los ecosistemas bélicos: retenes militares y de grupos antagónicos a las fuerzas gubernamentales; enfrentamientos armados en las calles, con vehículos incendiados como barricadas para frenar los ataques de los adversarios y servir de trinchera, y capas de colaboradores dentro de la población, sometida por adoctrinamiento, complicidad o miedo, para que los apoyen con información, vigilancia y acciones armadas.

Lo que vivieron los periodistas en la zona de Arcelia el sábado pasado, es similar a como se vivía la guerra civil en El Salvador, donde a la zona de conflicto se llegaba en automóvil y se pasaban retenes militares y de las fuerzas de oposición, para adentrarse a tierra de nadie y llegar al corazón del conflicto del día. La diferencia con El Salvador, es que mientras en Guerrero y otras regiones del país los periodistas pueden atestiguar la guerra que se vive de manera cotidiana, con una frecuencia que aterra, en El Salvador un corresponsal, si tenía suerte, podía cubrir personalmente no más de tres enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla, al año. Ni esa, ni otras guerras civiles en el mundo han producido, en tan corto tiempo, tantos periodistas muertos como durante el Gobierno de Peña Nieto en la guerra civil no declarada: seis en los cinco meses que lleva el año, y siguen contando.

Se pueden trazar otras analogías. En Belfast, cuando la guerra de colonización en Irlanda del Norte –con tintes religiosos–, estaban perfectamente determinados los dos bandos en conflicto y dentro de la violencia había un orden. Más peligroso era en Beirut, en la guerra civil en Líbano, pero la única frontera de terror era la línea verde que dividía a musulmanes de cristianos; una vez en cualquiera de los dos territorios, había certidumbre sobre la vida. México es más como los Balcanes en la partición de Yugoslavia, donde cruzando la frontera de los Cascos Azules de la ONU todo era como en las zonas calientes mexicanas: posibilidades de ejecución sumaria, desapariciones, violencia dentro de las ciudades y el sólo orden de quien tenía las armas para decidir quién vivía y quién moría. Aquí, los periodistas se han convertido, como en otros conflictos en el mundo, en objetivos y daños colaterales. Igual que miles de mexicanos, hay que decirlo, atrapados también en este clima que mata.
16 Mayo 2017 04:07:00
El chistorete de Anaya
Fabricio Montaño no es conocido en la arena pública. Sin embargo, dentro del PAN juega un papel importante como operador de Ricardo Anaya, a cargo del trabajo con los alcaldes panistas. En los últimos días inició una campaña en las redes sociales con una selección de fotografías que decían: “Canadá: 2015, Justin Trudeau”; “Francia: 2017, Emmanuel Macron”; y “México: 2018, Ricardo Anaya”. Así, sin prurito alguno, colocó a su jefe como la vanguardia mexicana para el cambio. Pero ¿realmente es Anaya como el primer ministro de Canadá, que bebió la política corriendo por los vetustos pasillos del parlamento en Ottawa junto a su padre? O ¿como el Presidente francés, que se educó en la escuela que entrena a los líderes galos, y sirvió en el gabinete de un jefe de Estado? Por favor. Anaya es una broma personificada en líder de un partido.

La mofa que se puede hacer de la analogía, permitida a Montaño por su jefe Anaya, ha sido significativamente más cruel hacia el interior de su partido, donde críticos a su dirigencia, que lo conocen de tiempo, circularon un decálogo en el cual, con sarcasmo, acomodaron declaraciones públicas del dirigente del PAN donde desliza sutilmente las razones por las que debería ser el candidato a la Presidencia en 2018. En la mayoría de ellas, sin embargo, los hechos son contrarios a lo que postula. El texto lo titulan “Por qué”. ¿La razón?

“Porque nací para servir a mi país, para ayudar a los demás, es algo que tengo adentro y que siempre he practicado, lo mismo en el terremoto que en mi vida política”, parafrasearon al líder del PAN con un tono de burla.

“Para mí, ver por los demás es una obligación de vida”. Anaya presume lo que carece.

En un texto publicado en este espacio en noviembre pasado, se mencionó que se había convertido en el factor de división dentro del PAN por la forma con la que buscaba la candidatura presidencial, donde no mostraba los deseos de servir, sino de servir sus propósitos personales. “Sé dialogar con todos, porque mi vida ha sido un diálogo con los demás y creo que nuestro país necesita hablarse, no callarse: necesita ver hacia delante, no hacia atrás, necesita las palabras no el silencio, porque nuestro país ya tiene un pasado, lo que necesita es un futuro”, lo volvieron a parafrasear.

Aquel texto de noviembre se llamaba “Anaya, el sin amigos”, y mencionaba que traiciona amigos y rompe alianzas, dándole la espalda a quienes le ayudaron a dirigir el partido. La última en esta cadena, la candidata panista al Gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, a quien prometió no abandonaría en la contienda y ha dejado. “A mí nunca me ha engañado”, dijo una alta figura en el PAN, “pero por la única razón que nunca hemos acordado nada”. Cuando sus conocidos escribieron el texto sarcástico, no pudieron encontrar mejores frases para explicar la polaridad entre sus dichos y hechos, que esta: “Hay quienes creen en sí mismos nada más. Yo creo en México porque me gusta creer en su gente, porque sé de lo que somos capaces los mexicanos cuando nos lo proponemos”.

El texto de los panistas críticos a Anaya jugó cruelmente con otros de sus dichos sobre los porqués debe ser el próximo presidente, acomodados de la siguiente forma: “A México le hace falta un liderazgo ético. Como todos tengo defectos y tengo carencias, pero la ética, el comportamiento correcto, el respeto a lo que es de los demás, al dinero público, a las necesidades del país es una de mis características”.

Es una roma involuntaria. El año pasado la prensa descubrió el mal uso que daba dinero público para mantener a su familia viviendo en Estados Unidos. Cuando se defendió de que provenía de sus negocios, construidos antes de entrar en la política, nunca pudo explicar las lagunas de ingresos en sus declaraciones públicas. Los panistas se han dado vuelo con él. Una vez más se burlaron de su líder, con otro redacción ajustada de sus dichos:

“México necesita conciliar muchas cosas entre ellas la enorme desigualdad de nuestra sociedad; necesita conciliar la realidad con nuestros anhelos, necesita conciliar lo que quieren en el sur con lo que emprenden en el norte, necesitamos algunos pensamientos comunes, como el mañana, el futuro que queremos, en el que cabemos todos. Sólo así construiremos ese mañana y quiero estar al frente de esa construcción”. La gran crítica que se le puede hacer a este compendio de objetivos de Anaya, enlistados con sintaxis por panistas, es que realmente no cree en México ni tiene fe en México. Su familia vive en Atlanta y cada fin de semana, salvo cuando le es imposible, viaja a su casa, que es el hogar de los Anaya.

Al líder del PAN lo centraron sus obsesiones con dirigentes jóvenes, convertidos en alter egos. Es enorme su obsesión con Trudeau, con quien se compara constantemente y cuando no, lo imita, como en una fotografía haciendo yoga que subió a Twitter dos semanas después de que vio al canadiense haciéndolo. En los últimos días Macron es lo que ahora quiere Anaya, resaltando que apenas es un año mayor que él. Montaño, su escudero, ya se está encargando de socializar que la ola de líderes mundiales, encuentra en Anaya el destino manifiesto de México. En el PAN se ríen de él. En el resto del país, si no obtiene victorias importantes el próximo 4 de junio, no tardarán en hacer lo mismo.
15 Mayo 2017 04:00:00
Edomex: la maestra, con los maestros
Las fotografías del sábado pasado en un evento de la candidata de Morena a la Gubernatura del Estado de México en Tlanepanta, no dejaron margen a la especulación. Delfina Gómez estaba flanqueada por Fernando González, el yerno de la maestra Elba Esther Gordillo, y con quien el hoy secretario de Educación, Aurelio Nuño, nunca se pudo poner de acuerdo sobre los términos y el lenguaje de la reforma educativa, y Rafael Ochoa, compadre de la exlideresa del magisterio, y quien con una falta de cuidado la semana pasada, destapó el apoyo de esa dirigencia descabezada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a la candidata de Morena. Ya lo había diagnosticado la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota: Gómez y Gordillo, son la misma cosa.

Mecánicamente no, pero orgánicamente, Vázquez Mota tiene razón. Gómez no sólo es maestra, sino pertenece a la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la que anidó y encumbró a Gordillo, de la cual fue secretaria general de 1977 hasta 1988, cuando el entonces regente del Distrito Federal, Manuel Camacho –años después uno de los ideólogos y estrategas de Andrés Manuel López Obrador–, la llevó con el presidente Carlos Salinas para ungirla dirigente nacional en sustitución de Carlos Jongitud. Ochoa, desde entonces, fue lugarteniente de Gordillo.

La postura de la vieja dirigencia magisterial no es ideológica o de revanchismo contra el Gobierno de Peña Nieto. Gordillo siempre mantuvo la política donde el apoyo a los maestros para cargos de elección popular no estaban condicionados al partido con el que buscaran candidaturas o competían en las elecciones. Para dar cabida plena a esas aspiraciones creó el partido de los maestros, Nueva Alianza, que abrió mayores posibilidades de negociaciones y acuerdos políticos. La maestra siempre decía que antes que respaldar a cualquier partido y cualquier candidato estaban los maestros.

En las elecciones presidenciales en 2006, pese al rechazo de López Obrador a la alianza que le propuso Gordillo, la instrucción a los maestros fue que votaran por quien quisieran, salvo –esto sí en respuesta los agravios que había sufrido de su expartido, el PRI–, a favor del candidato priista, Roberto Madrazo. Los maestros votaron en las dos circunscripciones del norte del país por Felipe Calderón, mientras que en las tres restantes por López Obrador. En las elecciones presidenciales de 2012 jugó con Peña Nieto, a quien conocía, y cuyo operador político era otro viejo amigo de ella, el hoy secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Sólo fue después de formalizar la alianza cuando supo que entre las prioridades de Peña Nieto como presidente estaba la reforma educativa. Peña Nieto se la encargó a Nuño, quien encargó su redacción a Enrique Ochoa, actualmente presidente del PRI. Ochoa incluyó el detonador de una bomba social, al establecer que si no pasaban las pruebas que se les exigiría, los maestros podrían ser despedidos. Gordillo luchó con el jefe del equipo de transición, Luis Videgaray, para que la palabra “permanencia” dentro del sindicato fuera garantizada sin amenaza alguna. Nunca movió a Videgaray de la postura original, pese al argumento biológico de Gordillo, de que no había necesidad de medidas punitivas en la reforma, ya que la edad se encargaría de jubilarlos durante el sexenio y los nuevos maestros podrían ingresar bajo las nuevas reglas propuestas.

La respuesta final fue la cárcel, y el Presidente encargó a su íntimo amigo, nombrado subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, que cambiara de aliados. No forjaría una alianza con el relevo de Gordillo, Juan Díaz, sino que pactaría con la Coordinadora Magisterial, disidencia del sindicato desde hace cuatro décadas. El resultado de la acción fue que desde 2013, Peña Nieto compró un conflicto social que ha generado indiscriminadamente periodos de ingobernabilidad.

La disidencia magisterial se extendió por el país sin que el Gobierno pudiera cooptarla, como buscaba Miranda, arquetipo de una clase política mexiquense acostumbrada a resolver conflictos con dinero. Nunca entendió la lógica política de la disidencia magisterial o sus tácticas, ni tendieron puentes con el magisterio oficial: en las elecciones para gobernador en 2016, los maestros votaron contra el PRI en Veracruz y Oaxaca. Y hace mucho dejaron de tenerlos como clientelas en la Ciudad de México y el Estado de México, donde han votado sistemáticamente por la izquierda.

La fotografía de Gómez con González y Ochoa muestra que la alianza con los maestros por parte de López Obrador está consolidada. Hace unos dos meses hubo acercamientos de uno de los colaboradores más cercanos de López Obrador con uno de los miembros del grupo compacto de Gordillo, pero cuando le llevaron la propuesta concreta al próximo candidato presidencial de Morena, pidió que mantuvieran el diálogo y los puentes, porque aún no estaba listo para oficializar el acercamiento. El sábado ya se socializaron. Lo que aún no se ha dado a conocer es que de tiempo atrás hay miembros del equipo de López Obrador en contacto permanente con el entorno de Díaz, líder del SNTE, con lo cual se puede apreciar que el ejército de maestros que tantos años sirvió al PRI apostará por la izquierda.

Los maestros son fundamentales en las elecciones. No sólo como promotores de candidatos y partidos en las aulas y con los padres de familia, sino como funcionarios de casilla, que sigue siendo hoy en día el lugar donde se deciden las elecciones. Tener vigilantes en las urnas es fundamental. López Obrador ya está claro sobre su valor estratégico. Las elecciones mexiquenses serán la primera prueba.
12 Mayo 2017 04:08:00
La muerte del spot
El espectacularmente torpe, fallido y mentiroso spot donde se comparaba a Alfredo del Mazo con John F. Kennedy y Justin Trudeau para sugerir que las dinastías políticas no son malas sino exitosas, y justificar a un tercer Del Mazo como gobernador en el Estado de México era positivo, chocó con la realidad. En el cuarto de guerra de Del Mazo, rechazaron tajantemente el spot. “Haría más daño que beneficio”, confió uno de los asesores del candidato del PRI a la Gubernatura.

La revelación en este espacio del spot causó confusión en el equipo de Del Mazo, donde no todos estaban enterados de su existencia, que ratificó el argumento de la columna “El spot de Del Mazo”, sobre la confusión y la crisis en la campaña, por los múltiples opinadores y tomadores de decisión en el entorno del candidato.

El spot surgía en el contexto de datos negativos frente a la candidata de Morena, Delfina Gómez, y desnudaba el desorden de los equipos del priista. “La campaña de Del Mazo –se apuntó–, ha venido arrastrando crisis consecutivas, en buena parte por el alto número de personas que opinan e intervienen en las decisiones, tomadas en Los Pinos, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Casa de Gobierno en Toluca, por encima muchas veces, incluso, del propio candidato. Los nervios se han extendido más allá del equipo de campaña, y las presiones que llegan de fuera está orillando, a decir por las nuevas estrategias para posicionar al candidato, a situaciones extremas”.

De acuerdo con asesores de Del Mazo, la primera versión del spot fue presentada en el cuarto de guerra hace aproximadamente un mes, donde unánimamente lo descalificaron. El spot no fue preparado por la responsable de la campaña de aire –opinión pública, imagen y encuestas– de Del Mazo, Alejandra Sota, sino por un externo, cuyo nombre no se ha revelado.

Una segunda versión, con fecha del 9 de mayo, fue circulado este martes al equipo de campaña y a varios líderes del PRI, pero tuvo el mismo final. No se va a enviar al Instituto Nacional Electoral, a donde ya llegaron los siguientes spots, sobre el salario rosa, y donde ofrece Del Mazo mano dura en materia de seguridad.

La génesis del spot, la manera como llegó, la confusión que generó en el equipo de Del Mazo al ser difundido públicamente este jueves, son la narrativa de lo que está sucediendo en la campaña del priista. Los procesos de toma de decisión en la campaña no se toman de una manera vertical con líneas de mando definidas, sino que atraviesan transversalmente por la multiplicidad de equipos que trabajan en forma simultánea tácticas y estrategias, donde  no hay homogeneidad ni en los criterios ni en la información que maneja cada una de las áreas que varias veces se traslapan y duplican trabajos.

Tampoco hay mandos únicos, sino que se multiplican, con lo que se dificultan los tramos de control y responsabilidad.

Por ejemplo, a la campaña de aire, que es como se conoce al área que trabaja la opinión pública y es responsable de los estudios de opinión, que recae en Sota, se sumó Gisela Rubach, una veterana consultora. Parecen un tándem que ha venido trabajando integralmente desde hace varias elecciones, pero no es así. Rubach es independiente de Sota y sus planteamientos no necesariamente son los mismos.

En Chihuahua, la estrategia de Sota fue hecha a un lado y se privilegió la de Rubach, con la que finalmente se perdió la Gubernatura. En el Estado de México la dinámica es similar, y aunque Sota es también la responsable de imagen y estrategias mediáticas, Rubach fue quien tomó la preparación de Del Mazo en vísperas del segundo y último debate el martes. Al traslape de tareas se le llegan a añadir las dierencias conceptuales que se puedan tener de una campaña, a partir de las diferentes premisas y objetivos que se buscan, que en ocasiones llegan a confrontarse.

Las contradicciones se vuelven, de esa manera, algo cotidiano. El spot der Del Mazo es el ejemplo. Quien elaboró decidió que las comparaciones con Kennedy y Trudeau eran un buen apoyo para la línea discursiva del candidato sobre su experiencia ante la falta de ella de Gómez, no forma parte del equipo que se encuentra bajo el mando de Sota, ni tampoco Rubach tiene su carta de nacimiento. “No es del equipo de campaña”, dijo uno de los operadores de Del Mazo, “siempre hay un proactivo”. Pero no son solamente voluntarios que quisieron hacer un promocional casero. Son personas que tienen acceso a los más altos niveles de gobierno y que piensan que sus contribuciones aportan al candidato.

Esta fragmentación en el proceso de toma de decisiones produce confusión y enfrentamiento dentro del equipo de campaña. Un caso similar es sintomático. En la elección presidencial de 2000, el equipo del candidato del PRI, Francisco Labastida, carecía de orden y disciplina, lo cual favoreció la multiplicidad de decisiones, y generó contradicciones, con lo cual se despilfarraron 20 puntos de ventaja de Labastida sobre Vicente Fox, que finalmente ganó la Presidencia.

Este antecedente debería servirle a Del Mazo y a todos en su entorno, porque la desorganización, convertida a veces en anarquía, como en el caso del spot, puede estar cavando su tumba electoral.
10 Mayo 2017 04:08:00
El infierno para Peña
¿Qué sucedería si Delfina Gómez gana en el Estado de México? A la pregunta hipotética ya hay varias respuestas. La derrota del PRI significaría la primera alternancia en la cuna del Grupo Atlacomulco, la aristocracia del régimen. Sería un duro golpe a las aspiraciones presidenciales del equipo que encabezan el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el gobernador Eruviel Ávila. Mandaría igualmente el poderoso mensaje hacia el interior del PRI sobre el capital agotado del presidente Enrique Peña Nieto para ganar una elección, que podría acelerar la diáspora. Pero hay algo mucho más grave de lo que no se está hablando. Una victoria de la candidata de Morena, puede significar la entrada a la pesadilla judicial del presidente Peña Nieto, a más de un año antes de finalizar su sexenio.

No se puede descartar como escenario, que el triunfo de Gómez tenga como una primera con objetivos políticos claros, el arranque de la persecución penal contra los mexiquenses por corrupción y mal uso del poder. Prospectos abundan, debido a la decisión de Peña Nieto de gobernar mayoritariamente con mexiquenses, que en la coyuntura actual muestra vulnerabilidades inexistentes con anterioridad ante el avasallamiento de sus paisanos en el Gobierno federal. El inicio de procesos contra exfuncionarios mexiquenses que ocupan actualmente cargos en el gabinete federal, no significaría necesariamente una tentación revanchista de Gómez, su jefe político, Andrés Manuel López Obrador, pero sí se convertiría en una bandera de campaña excepcional rumbo al 2018.

¿Qué mejor cruzada contra la mafia del poder que llevar a juicio a algunos de sus personeros acusados de corrupción? Este fenómeno no fue un factor en la anterior campaña presidencial, ni nunca antes lo había sido. No es así ahora, donde la corrupción se ha convertido una variable indisoluble de las campañas electorales y que han ayudado a definir elecciones contra el PRI.

López Obrador y Gómez han ventilado públicamente algunos temas de alto impacto relacionados con corrupción. Los principales están relacionadas con las constructoras OHL, la española y su filial mexicana, y la brasileña Oderbrecht, donde los nombres que se asocian con ellas son los de Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones y Transportes, y Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Ruiz Esparza ocupó el mismo cargo en el Estado de México, cuando el gobernador era Peña Nieto, y Lozoya estuvo en el equipo de mayor confianza en la campaña presidencial de 2012.

Las dos empresas enfrentan juicios que han salpicado al Gobierno de Peña Nieto. Abrir una investigación a nivel estatal en su contra, más allá de qué tan sólidas pueden ser las acusaciones, o qué tanto puedan probárseles delitos, generarán una turbulencia nacional e internacional que se empataría con la percepción de que el peñismo suda corruptelas e impunidad.

Si esto es cierto o no, es irrelevante. Una mayoría de mexicanos así lo creen, y en el mundo, según se aprecia con numerosos despachos de los corresponsales extranjeros, también. Material para jugar en los medios abunda. La pregunta de cuántos miembros del gabinete peñista podrían terminar en la cárcel, se antoja extremadamente atractiva para el electorado, ante la creciente distancia de Peña Nieto con sus gobernados.

El mayor problema que tiene el Presidente es que hay más casos donde personas cercanas a él están salpicadas por presunta corrupción y puede abrirse una investigación en su contra. Un ejemplo donde la prensa ha documentado irregularidades e ilegalidades es en Caminos y Puentes Federales, que dirige Benito Neme, que fue abogado electoral de Peña Nieto en el Estado de México, y en las concesiones de peaje entregadas a la familia Alcántara, del Grupo Atlacomulco, cuya inexperiencia ha generado incontables problemas para los usuarios, resultado de la entrega de la concesión por del ex subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Raúl Murrieta, que relevó a Videgaray como secretario de Finanzas en la parte final del gobierno de Peña Nieto en el estado de México, y en el arranque de Ávila.

Los mexiquenses aparecen por todos lados en casos que huelen a gas. El secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, que fue secretario general de Gobierno en los tiempos de Peña Nieto, es el principal protector del exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, y el principal amigo de la familia Miguel, perseguida por la ley en el pasado, mientras otro de los del círculo íntimo del presidente, Felipe Enríquez, con vínculos en Monterrey y Toluca, y a quien hizo embajador en Uruguay, aparece en las indagaciones sobre ventas irregulares de tierras en Quintana Roo, durante el gobierno de Roberto Borge.

Es decir, material hay para alimentar la sed de venganza en el coliseo mexicano, y quizás, incluso, hasta para llevar a la cárcel a algunos de ellos. Si ganara Gómez, difícilmente le daría tiempo a su procurador de terminar de armar los casos, pero en un país donde la justicia se maneja políticamente, cuánto tarde es secundario, porque la administración del escándalo caminaría a la par de la campaña presidencial.

Un golpe maestro sería iniciar una investigación al propio presidente Peña Nieto. Es cierto que tiene fuero, pero que Gómez dijera que esperará a verse las caras el 2 de diciembre de 2018, sería suficiente material para el linchamiento. Ciertamente lo escrito aquí es un escenario político. También que este infierno se puede evitar, o cuando menos aplazar por un tiempo, siempre y cuando la candidata de Morena pierda la elección, y el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, triunfe.
09 Mayo 2017 04:07:00
A referéndum: PRI o no PRI
El segundo debate entre aspirantes a la Gubernatura del Estado de México se llevará a cabo hoy, sin que haya mucha ciencia para saber cuál será el tono y la dirección que tome. Delfina Gómez, la candidata de Morena, será probablemente en quien se enfocará la mayor parte de los ataques de sus adversarios. Las razones no se encuentran en lo alto de sus preferencias electorales, pues si fuera ese el caso, igual tendría que ser sometido a la metralla el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, sino por algo más profundo y que sintetiza el fondo de lo que se trata esta elección: el próximo 4 de junio, los electores decidirán si quieren más PRI en el Gobierno o si ese partido cumplió su ciclo y será expulsado del poder.

Este referéndum es lo que vienen dibujando las encuestas de preferencia electoral en las preguntas sobre por cuál partido nunca votaría (el PRI siempre aparece con el rechazo de cuatro o más electores de cada 10), y los niveles de aprobación del presidente Enrique Peña Nieto (menos del 20%, contra 80% mínimo de rechazo a su gestión), y del gobernador Eruviel Ávila (que oscila entre el 40 y 50%). Los mexiquenses mejor ubicados en los dos gobiernos más importantes del país, son ahora la síntesis de desgaste, descrédito y deseo de cambio. Ninguna de las candidatas o candidatos adversarios a Del Mazo representa el ánimo por esa mudanza de poder mejor que Gómez. La candidata de Morena proyecta lo que nadie entre sus competidores es.

En términos políticos, pese a pertenecer a un partido caudillista, no es identificada como parte de una estructura partidista que, por la manera como se han comportado los electores en México y el mundo, es rechazada abiertamente y cada vez se convierte en un mayor lastre en las urnas. Se puede plantear que la candidata independiente, Teresa Castell, se encuentra en las mismas condiciones, o incluso en mejores que Gómez en el papel, al tener sus raíces en el sector empresarial y haber brincado a la candidatura desde la presidencia de uno de los capítulos de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresariales. Sin embargo, la apuesta del PRI al incorporar a una mujer (el factor género) que jugara como independiente (frente a la crisis de partidos) para restar votos a Gómez o a la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, tuvo como premisa pensar que los electores mexiquenses son idiotas. Los empresarios mexiquenses, es de conocimiento público, se comportan como un sector más del PRI.

En términos personales, la humildad de la cuna de Gómez está en las antípodas de las sábanas de seda entre las que nació Del Mazo, o en las que se ha ido fabricando con los años la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota. Se asemeja el origen de Gómez al del candidato del PRD, Juan Cepeda, aunque a diferencia de él, no lo utiliza como retórica política, pero la define diariamente. Es la más ingenua de todos quienes contienden por la Gubernatura, lo que al mismo tiempo la convierte en la más auténtica ante los electores. El señalamiento de que será una marioneta más del jefe de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en una réplica de lo que ha sucedido en la Ciudad de México con algunos delegados, no parece haber permeado todavía entre el electorado, como tampoco el que esté menos preparada para gobernar que Del Mazo, con quien disputará, de mantenerse la actual tendencia, la victoria.

Gómez es la anticandidata, la antistatus quo, la que se enfrenta, como López Obrador, al sistema político que rige en México. Este sistema lo representa el PRI, pues pese a los 12 años de gobiernos panistas, ni Vicente Fox ni Felipe Calderón fueron rupturistas, ni construyeron un nuevo sistema para el México de la alternancia. Vázquez Mota representa para el electorado la posibilidad de la alternancia, pero con la experiencia de Fox, está claro que este paso no es suficiente para un cambio profundo. Cepeda, que es un formidable candidato, representa a un partido en vías de extinción por un carácter mercenario de la primera parte del sexenio peñista que le costó en las urnas en 2015 sin que aprendiera la lección. Óscar González es el candidato del PT, nacido de las entrañas del PRI, regresó a sus orígenes en fechas recientes y está en la contienda para arrebatarle votos a Gómez, en beneficio de su placenta.

La elección en el Estado de México parece estar diseñada para que el candidato Del Mazo cuente con el respaldo esquirol de tres contendientes, y sólo tenga que luchar contra Vázquez Mota y Gómez. La panista, como en la campaña presidencial de 2012, no ha podido crecer para volverse competitiva frente a ellos dos, y habrá que ver su comportamiento en el debate para saber si se mantiene en la contienda por la Gubernatura, o también se entrega al PRI, por razones no de voluntad política o afinidad ideológica sino, como le sucedió hace cinco años, porque el voto útil tenía que ser para el PRI a fin de cerrarle el paso a López Obrador a Los Pinos, que hoy se trasladaría a Gómez para que no llegue al Palacio de Lerdo.

El segundo debate entre contendientes a la Gubernatura no deja nada a la especulación. Esta batalla va más allá de la elección en sí misma, es el referéndum si los electores quieren o no al PRI, o se cansaron de él, en el Estado de México y, quizás, en el resto del país.
08 Mayo 2017 04:00:00
El Gobernador apesta
Roberto Sandoval tiene una carrera meteórica que así como subió tan alto en escasos 10 años, todas las señales indican que caerá a la misma velocidad. El Gobernador de Nayarit se encuentra viviendo horas extras en libertad, por la gracia del candidato del PRI a la Gubernatura, Manuel Cota, quien pidió que no procedieran judicialmente en su contra por presuntos delitos en contra de la salud y enriquecimiento inexplicable, para no afectar el destino de una elección que piensa estar en condiciones de ganar en junio. Sandoval, según personas que platican con él, no alcanza a ver el problema en el que está metido y está convencido que las llamas en su entorno no llegarán a quemarlo. En cuatro semanas aproximadamente se podrá ver si su cálculo fue correcto.

Sandoval ha sido tocado por la mano del crimen organizado. Lo más público, la reciente captura del exfiscal nayarita Édgar Veytia en San Ysidro, a quien la DEA investigó durante casi cinco años y encontró vinculación y apoyo para dos cárteles enfrentados, el de los hermanos Beltrán Leyva, que habían hecho de ese estado su residencia y zona de reclutamiento de su guardia pretoriana, y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es la organización criminal más importante de México en la actualidad. Tras la captura de su fiscal, el Gobernador corrió por el respaldo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien se lo dio en una primera instancia que, en todo caso, es temporal.

Otro tentáculo que lo tiene agarrado es el de José Emiliano Aguilar, el hijo mayor del cantante Pepe Aguilar, detenido a finales de marzo acusado de tráfico de personas de origen chino a Estados Unidos. Aguilar fue capturado en la misma frontera que Veytia, entre Tijuana y San Ysidro, cuando trataba de contrabandear un grupo de chinos en la cajuela de su automóvil, por lo que había acordado un pago entre 3 mil y 60 mil dólares. Viejo amigo de Pepe Aguilar, el Gobernador se encargó de cuidar a José Emiliano, a quien utilizaba como chofer y asistente para asuntos personales.

Sandoval fue creación del exgobernador Ney González, su predecesor, y por cuya puerta construyeron en Nayarit algunos de los grandes jefes del narcotráfico, que hoy se enfrentan entre sí, un santuario.

Pero si González propició el refugio, fue Veytia durante el Gobierno de Sandoval quien metió a los cárteles de la droga a la estructuras gubernamentales. El exfiscal, que se acercó a los herederos de los Beltrán Leyva, terminó traicionándolos y respaldando sin que ellos supieran al Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que provocó la implosión que ha causado tiempos violentos para los nayaritas, y colocó a Sandoval en un espacio de alta vulnerabilidad.

Funcionarios estatales admiten que tras la detención de Veytia, se consideró la posibilidad de buscar el desafuero de Sandoval e iniciar un proceso en su contra. De entrada, no sería por delitos relacionados con el narcotráfico, pero sí por enriquecimiento inexplicable derivado de su desmedida afición por los caballos, que llegaba a presumir abiertamente, obtenidos mediante apoyos que le dio el exgobernador de Chihuahua. César Duarte, perseguido también por la justicia mexicana, a través del sobrino de Sandoval, Hugo Sánchez Sandoval, quien fue coordinador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en Nayarit.

Sandoval llegó a tener en dos ranchos en Tepic poco más de mil caballos que, cínicamente, dijo el año pasado que había comenzado a vender para no tener problemas posteriores con la ley. Esa afición le fue inyectada por José Manuel Figueroa, mejor conocido como Joan Sebastian, el cantautor que murió en 2015, y cuyo hermano, Federico Figueroa, ha sido señalado reiteradamente por el Gobierno de Morelos de estar vinculado al grupo criminal de Los Rojos, una escisión del cártel de los Beltrán Leyva que opera en Morelos y varias zonas de Chilpancingo y Tierra Caliente en Guerrero.

Sandoval es de los gobernadores más pedestres que hay en el país, entre los menos preparados y entre quienes más voracidad mostraron durante su Administración. Tablajero de origen, el exgobernador González lo hizo diputado y presidente municipal de Tepic, antes de convertirse en su delfín para la Gubernatura. Notable su incapacidad por expresarse, difícilmente puede articular con fluidez dos ideas juntas, lo que no impidió trabajar muy de cerca con Veytia, llegarlo a promover para la Gubernatura y buscar que su sucesor fuera escogido por él.

Desacreditado en el Gobierno federal y el PRI cuando comenzó el proceso electoral en Nayarit, le impusieron como candidato al senador Cota. Sandoval se opuso a esa candidatura y trabajó en contra del designado, hasta que fue presionado desde la Ciudad de México para que respaldara al candidato oficial. A regañadientes lo hizo Sandoval, quien no mantiene una buena relación con Cota.

Paradójicamente, fue el candidato priista quien le dio oportunidad de seguir en libertad, porque tras tantos escándalos de corrupción y de vinculaciones al crimen organizado de encumbrados políticos del régimen, evaluó que una acción penal en contra del Gobernador podía afectar su propia campaña y la elección.

De acuerdo con funcionarios que conocen más detalles de las gestiones de Cota, la petición al Gobierno federal fue que no tomaran acciones en contra de Sandoval hasta después del 4 de junio, una vez que pasen las elecciones. La petición fue aceptada para no generar turbulencia electoral, pero no desechada. Si al final se procede en contra del Gobernador ya se verá, pero tocado por la mano del crimen organizado ineludiblemente quedó.
05 Mayo 2017 04:08:00
Manotazos a Peña
La ecuación sobre la seguridad no está saliendo en México. El presidente Enrique Peña Nieto admitió ante los gobernadores que hay varias zonas del país donde los índices de violencia regresaron a tiempos pasados –los años de la guerra al narcotráfico del presidente Felipe Calderón–, reconociendo un fracaso en la lucha contra los criminales, por lo que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se puede colegir, corrió a la radio el jueves para hacer neutralizar toda crítica al ser el destinatario principal de la autocrítica presidencial. Le fue, como siempre, muy bien, porque no lo cuestionaron y pudo transmitir el mensaje para la masa: está en la primera línea, para lo que se ofrezca. Sin embargo, en donde la propaganda no tiene impacto ni son tan condescendientes, el sentir es diferente: México no está haciendo bien su trabajo en materia de seguridad y es tiempo de hacer algo al respecto.

En Washington ya pegaron manotazos, por medio de los secretarios más afines al Gobierno mexicano, Rex Tillerson, de Estado, y John Kelly, de Seguridad Interna. Con las finas formas que disfrazan la mano dura, anunció que convocaron a representantes del Gobierno mexicano a Washington el 18 de mayo para hablar sobre temas de seguridad y establecer una agenda común para combatir al crimen organizado. Eufemismos aparte, quieren decirle a México a detalle lo que desean que haga por ellos. El plan lo esbozó Kelly al anunciar el ajuste general a la estrategia de seguridad en América Central, en donde México, es la idea, mejore su trabajo y establezca una frontera hermética con Guatemala para frenar la inmigración indocumentada y a los criminales.

El Gobierno mexicano, dice Kelly, ha mejorado su seguridad fronteriza, pero es insuficiente. Tiene que fortalecerla y servir para lo que quieren en Washington, un buffer state, una línea que contenga todo lo que toque la puerta del Suchiate, y no a 160 kilómetros dentro de territorio mexicano, que es lo que ha hecho el Gobierno mexicano regalando superficie a los criminales, al establecer ahí los controles militares en lo que hoy en día, para efectos de seguridad, es la frontera sur de México con el resto del mundo. El plan de Kelly ajusta la Alianza para la Prosperidad impulsada por el presidente Barack Obama en octubre del año pasado, que inyectó 750 millones de dólares en Centroamérica para impulsar proyectos que impulsen el desarrollo económico y lleven a la construcción de un estado de Derecho que combata al crimen organizado.

Ahí está la obsesión del presidente Donald Trump, particularmente la Mara Salvatrucha, subproducto de la intervención de Estados Unidos en la guerra civil en El Salvador de los 80, que nació en Los Ángeles para defenderse de las pandillas mexicanas en aquella ciudad. Trump dijo durante un mitin en Harrisburg el sábado pasado al celebrar los primeros 100 días de su gobierno, que esa pandilla salvadoreña ya se encuentra en Long Island, Nueva York, donde creció. Días antes, el procurador Jeff Sessions visitó Long Island y dijo que la MS, como llaman a los maras, “representan una de las mayores amenazas a la seguridad de los estadunidenses”. No hay que equivocarse. No son los cárteles de la droga mexicanos quienes más les quitan el sueño en la Casa Blanca, sino esta pandilla que se metió en lo que fue la casa del infante Trump. 

“Lo que vamos a ver es un mayor involucramiento directo entre los gobiernos centroamericanos y el mexicano, y un esfuerzo más intenso por integrar el lado económico con el lado de la seguridad”, dijo William Brownfield, subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales Judiciales y Narcotráfico, en una entrevista con la agencia Reuters. “Vamos a ver que esta estrategia, que ya ha sido desarrollada, sea empujada más fuerte y agresivamente en este año y después”. Sus palabras suenan muy fuertes. Quien tiene que hacer ese trabajo es México, de acuerdo con los lineamientos que les den en Washington. La estrategia no es mexicana, es estadunidense, pero Peña Nieto tiene que seguirla.

Esto no es nuevo. La hoja de ruta la dejó muy clara el general Kelly durante sus audiencias en el Senado en enero, durante el proceso de su reconfirmación como secretario de Seguridad Interior, y que ha sido su preocupación desde que era jefe del Comando Sur en Panamá. En un discurso en octubre de 2014 en la Universidad de Defensa Nacional en Washington, Kelly expresó la urgencia por combatir los sindicatos trasnacionales criminales en el Triángulo Dorado –Guatemala, El Salvador y Honduras–, que envían miles de millones de dólares en cocaína y metanfetaminas a Estados Unidos, y exportan violencia. Dijo que para que esto pueda tener éxito, tendría que repetirse “el milagro de Colombia”. Es decir, un Plan Colombia diseñado y administrado por Estados Unidos. Sólo para no olvidar, la MS está asociada a Los Zetas en sus crímenes en aquella nación.

La nueva estrategia va a ser firmada por los gobiernos de América Central, Estados Unidos y México el próximo mes en Miami. El Gobierno del presidente Peña Nieto no ha querido hablar mucho sobre el tema porque es bastante indigno. Aceptaron participar en la estrategia de seguridad de Estados Unidos, sin colocarla como una baza en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hace unos días Osorio Chong dijo que esa es parte de la estrategia. Se sigue burlando el Gobierno de sus gobernados. Ya aceptaron participar en la estrategia de Trump antes de empezar a negociar él. Y a nadie se lo dijeron en México.
04 Mayo 2017 04:08:00
Dámaso, las verdades a medias
Despejada la tolvanera que dejó la captura de Dámaso López, el sucesor de Joaquín “El Chapo” Guzmán dentro del cártel del Pacífico, lo que no está nada claro es por qué y de parte de quién fue la detención. Perseguido por Estados Unidos desde enero de 2013, no había una preocupación similar en México, aunque aparece en la lista de los 17 objetivos del narcotráfico –de un total de 122– que todavía faltan por detener. El silencio de las autoridades mexicanas no ayuda a disipar las dudas, ni resuelve preguntas fundamentales: ¿realmente quería detenerlo el Gobierno mexicano? ¿Había una investigación en su contra? ¿Se le detuvo por presión de Estados Unidos? Por el contrario, sus declaraciones fragmentadas, junto sus temores de comparecer ante la prensa, ha llevado únicamente a contradicciones que muestran que la verdad del Gobierno mexicano sobre la captura, es una verdad a medias.

La primera señal de que las cosas que decían las autoridades mexicanas eran parciales y confusas, se dio cuando al celebrar la detención de López, el presidente del Senado, Pablo Escudero, declaró: “Es un éxito de la PGR y la Secretaría de la Defensa. Es una buena señal de cómo se están articulando las autoridades norteamericanas con la Marina, la PGR y la Defensa Nacional”. Es decir, en la persecución y finalmente detención de López, participaron activamente las agencias de inteligencia estadunidenses. Ningún funcionario confirmó lo dicho por Escudero, pero tampoco lo negó. El jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Omar García Harfuch, profundizó la confusión, al asegurar en un mensaje a medios el martes –que originalmente se organizó como conferencia de prensa–, que la detención obedeció a una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos.

Lo que dijo no se sostiene con los hechos, o las autoridades violaron el debido proceso de López, por lo que dado el garantismo actual de la Suprema Corte de Justicia, puede salir en libertad y las acusaciones desechadas como pruebas para mantenerlo en la cárcel. Esto se explica porque si lo señalado por García Harfuch es cierto, sus agentes debieron haberlo llevado ante el juez que habría ordenado su detención con fines de extradición, y no trasladarlo directamente a la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de la Delincuencia Organizada.

Expertos dijeron que la única justificación de llevarlo a la SEIDO tendría que ser mediante la apertura de una carpeta de investigación tras la difusión en los medios la semana pasada de un video realizado por un hacker en donde aparece López. Funcionarios confirmaron indirectamente esa explicación al señalar que sería cumplimentada una orden de aprehensión por el juez cuarto de Distrito de Procesos Penales de Jalisco, y le serían imputados delitos flagrantes, lo que apoya el dicho de García Harfuch –y ratifica violación al debido proceso–, que tendría que ver con los paquetes de metanfetaminas que se encontraron en el departamento donde se encontraba durante los cateos tras su detención.

La manera como se están tropezando las autoridades mexicanas en la explicación clara sobre el origen de la captura de López, no puede entenderse sin observar a la contraparte estadunidense. El Gobierno del presidente Barack Obama mantuvo sellado, sin explicación alguna, el expediente sobre López abierto en 2011, desclasificado el 7 de marzo de 2013 al iniciar el juicio en su contra en la Corte Este de Distrito en Virginia. El 9 de enero de ese año, el Departamento del Tesoro lo incluyó junto con Inés Coronel Barreras, suegro de “El Chapo” Guzmán y condenado la semana a 10 años de prisión, como los principales lugartenientes del capo sinaloense en la llamada Acta Kingpin, que prohíbe todas las relaciones comerciales y financieras de ciudadanos estadunidenses con ellos y sus empresas.

En noviembre de 2011, el Gobierno de Estados Unidos solicitó la orden de aprehensión contra López, por lavado de dinero y tráfico de cocaína por 280 millones de dólares. Las investigaciones se profundizaron en Estados Unidos, mientras que en México no se dio seguimiento. Una orden de aprehensión solicitada por la PGR en febrero de 2011 fue peleada en tribunales por López, quien obtuvo un amparo el 22 de noviembre de 2012. Desde entonces no hubo nada en su contra hasta los últimos días, cuando se le detuvo como consecuencia directa, aparentemente, de un video hecho por un hacker y difundido por Carlos Loret en su programa Despertar de Televisa.

Ese video cambió la dinámica dentro del Gobierno mexicano al quedar expuesto ante la opinión pública. Loret dijo que había sido videograbado por una persona que tras entregar el material viajó a Estados Unidos para “ser protegido por ese país”. ¿Por qué tendría que ser protegido por Estados Unidos alguien que no sirvió a Estados Unidos? Quienes proporcionaron a Loret el video, no lo explican. Tampoco por qué, si era un hacker infiltrado por los mexicanos, no le dieron protección.

Con la información disponible se puede argumentar que ese hacker no trabajaba para el Gobierno mexicano, sino para el estadunidense. Por lo tanto, era un activo de los servicios de inteligencia de ese país, que tras cumplir con su objetivo –quizás agudizar las contradicciones en el Gobierno mexicano sobre qué hacer con López–, fue extraído para proteger su vida. Esta acción sería consistente con la persecución en aquella nación contra López, y la decisión de explotar mediáticamente la presencia del narcotraficante en la Ciudad de México, para obligar a un gobierno pasivo a actuar y no ser exhibido como cómplice, voluntario o no, de los cárteles de la droga.
03 Mayo 2017 04:08:00
La sonrisa de “El Mayo”
La captura de Dámaso López en la Ciudad de México es un respiro para uno de los líderes de una de las organizaciones criminales más fuertes en el país, Ismael “El Mayo” Zambada, jefe del cártel del Pacífico. En una operación contra la estructura central de López, a quien apodan “El Licenciado”, el Ejército y la PGR detuvieron a quien se había convertido en una amenaza para la aristocracia criminal del narcotráfico y provocado una espiral de violencia en el noroeste del país. Su aprehensión ayudará a que en el mediano se restablezca la Pax Narca en Sinaloa, y que los enfrentamientos de los últimos meses en la sangrienta la lucha de poder por la supremacía criminal, se reduzcan significativamente.

Dámaso López es la persona más cercana a Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuya relación comenzó en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, donde estaba preso, y “El Licenciado” era subdirector y jefe de seguridad. López fue uno de los principales colaboradores de Guzmán para que se fugara en 2001 y más adelante lo acompañó en su fuga. Su relación se fortaleció y actualmente son dobles compadres. Al ser detenido por segunda ocasión “El Chapo” en enero del año pasado, López asumió el liderazgo de la facción de Guzmán dentro del cártel del Pacífico, lo que produjo un choque con sus hijos, quienes desconocieron y disputaron su liderazgo.

Los hijos de Guzmán son parte de la estructura del cártel del Pacífico, cuyo jefe único es “El Mayo” Zambada, ante la probable muerte de Juan José “El Azul” Esparragoza, figura histórica del narcotráfico. La irrupción de López como uno de los jefes en esa organización, quien no tiene los vínculos familiares que han forjado sus dirigentes a lo largo de tres generaciones, propició una ola de violencia donde con plomo buscó consolidar una hegemonía en territorios en poder de los pacíficos y del cártel Jalisco Nueva Generación, cuyos líderes son los únicos grandes capos que no han sido detenidos.

En febrero pasado, los hijos de “El Chapo”, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, entregaron una carta a la prensa donde denunciaban que “El Licenciado” había tratado de asesinarlos junto con “El Mayo” Zambada en una junta a la que, explicaron, fueron convocados el 4 de febrero en la sierra de Sinaloa. Según los jóvenes Guzmán, iban a resolver el secuestro que sufrieron siete meses antes en Nuevo Vallarta, aparentemente responsabilidad de López, pero al llegar al punto seleccionado fueron emboscados. Varios de sus escoltas murieron en el enfrentamiento, lo que no sólo intensificó la violencia que se había desatado en los días previos, sino que se incrementó.

Para ellos, la captura de Dámaso López es justicia poética. Fuera de circulación quedó la persona con la que se habían enfrentado en los últimos meses y que se había convertido en un distractor para la lucha que viene, con el cártel Jalisco Nueva Generación que dirige Nemesio “El Mencho” Oseguera, y que de acuerdo con una investigación realizada por EjeCentral, es la organización criminal que más se ha expandido en el sexenio y que de mantenerse su crecimiento, se calcula que para finales del próximo año tendrá hegemonía criminal en 80% del territorio nacional. En el último año, Oseguera ha desafiado al Pacífico en sus viejos bastiones y le ha ido quitando hegemonía en varias de las zonas que controlaba en el noroeste del país y en sus litorales.

La detención de Dámaso López tuvo como preámbulo la filtración de un video del CISEN, en donde aparecía un hacker que tenía infiltrado la inteligencia civil, que le entregaron al programa Despertar del periodista Carlos Loret, y en donde aparecían imágenes frescas de “El Licenciado”, cuyas fotografías en manos de las autoridades eran muy viejas. Ese tipo de filtraciones a la prensa suelen tener dos objetivos distintos. O se utilizan para avisar a un criminal, desde el interior de las instituciones, que lo están siguiendo para que pueda huir, o se hace para mostrar lo cerca que están de atraparlo y forzarlo a moverse y a cometer errores para poder detenerlo. Aparentemente esto último es lo que sucedió, donde presumiblemente hubo una traición de familiares.

López fue detenido en la Ciudad de México, en donde también se atrapó en un operativo simultáneo en otro punto de la capital, a Víctor Geovanny González, señalado como operador financiero y logístico local de “El Licenciado”. Su detención vuelve a cohesionar al cártel del Pacífico, que no pudo conseguir tras la captura de “El Chapo” Guzmán por la rebeldía de López, quien originalmente se había plegado a su liderazgo para meses después traicionarlo. El cártel del Pacífico no sufrió con la detención de Guzmán, quien desde su primera fuga en 2001 y vivir prófugo, se había vuelto más la marca del crimen organizado que el eje alrededor del cual operaba la organización sinaloense. Pero las diferencias con López estaban debilitando a toda la estructura, que está velando armas para enfrentarse más adelante con el cártel Jalisco Nueva Generación.

El cártel del Pacífico enfrentará ahora las reacciones de los leales de López, por lo que es posible que haya un repunte en la violencia. Pero sin el liderazgo y la captura de varios de sus lugartenientes, es más probable que su fuerza se desvanezca rápidamente y “El Mayo” Zamabada quede como jefe único de esa organización criminal y el líder del narcotráfico que más tiempo ha estado fuera del alcance del Gobierno federal.
02 Mayo 2017 04:07:00
Tango mexiquense
Los equipos de campaña de Alfredo del Mazo, Josefina Vázquez Mota y Juan Zepeda, tienen que resolver, cada quien a su manera, qué van a hacer para impedir que Delfina Gómez les gane la Gubernatura en el Estado de México dentro de casi un mes. No hay duda, en estos momentos, que la candidata de Morena tiene la tendencia vencedora y el momentum frente a sus adversarios. No pudieron noquearla en el primer debate la semana pasada donde, si bien en el análisis de prensa posterior al debate no resultó la triunfadora, tampoco se colapsó. Había pocas expectativas sobre un rendimiento, por lo que al no desplomarse, continuó cosechando del malestar colectivo al ser la única que hasta ahora es la depositaria del voto que quiere un cambio profundo en el estado.

Para entender lo que está sucediendo en el Estado de México hay que tomar como referencia las dos últimas encuestas de preferencias electorales que son públicas, difundidas el mismo día en Reforma y Consulta Mitofsky. Las dos muestran, tomando en consideración sus márgenes de error, que la elección es parejera, entre Gómez y Del Mazo, y no entre tres o entre cuatro, como los estrategas del PRI y del PAN están queriendo hacer creer a la prensa política. En los dos casos hay un empate técnico, con Gómez arriba (29% en Reforma y 24.4% en Consulta), casi igual que Del Mazo (28% en Reforma y 23.6% en Consulta).

Los dos estudios fueron levantados una semana antes, pero la forma como se publicaron sugiere, en el subtexto de la elección mexiquense, las presiones que hay sobre los medios de comunicación ante los resultados de las muestras. Reforma publicó una semana después de realizada la encuesta, dentro de los parámetros con los cuales se programa la difusión de los estudios en los medios, que luego de revisar y organizar los datos, buscan los arranques de semana para mayor impacto en la opinión pública, mientras que Consulta, que tiene un viejo acuerdo de publicación con El Economista, no pudo difundirla en ese medio.

La necesidad de dar a conocer el resultado el mismo día de Reforma, que además coincidía con la celebración del primer debate, llevó a buscar la publicación en otro medio, que fue El Universal, que en los últimos procesos electorales se ha caracterizado por difundir encuestas externas a las que realiza, con su equipo propio o en asociación con Buendía&Laredo y Asociados, que no es algo común ni éticamente visto bien en la industria de la demoscopía. La encuesta de Consulta encontró en el portal de ese diario, el principal de noticias en México, su salida conveniente. Al optar El Economista por no difundirla, el estratega de imagen y medios de Gómez, Hugo Scherer, pidió a Consulta, con quien mantiene una larga y profunda amistad y sociedad, que viera la luz en El Universal para poder reforzar el resultado de Reforma.

El objetivo se cumplió. Delfina Gómez confirmó su tendencia al alza en la contienda por la Gubernatura del Estado de México, que era un dato que ya habían registrado los equipos de campaña rivales en ese estado. Pero al número sobre preferencia electoral, donde está empatada con Del Mazo, hay que añadir otros dos. El primero es sobre la opinión de partidos, donde Morena sale un punto abajo de la alianza PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social en la encuesta de Reforma en la valoración positiva, contra 7.3 puntos que sale arriba en la de Consulta. El segundo, el más relevante de todos, es a la pregunta que hacen las dos empresas sobre por quién nunca votaría en esta elección. En Reforma, el 42% de los encuestados dice que por Del Mazo, y apenas el 12% por Gómez, mientras que en Consulta 46.4% dicen Del Mazo contra 6.5% que señalan a Gómez. Es decir, cuatro de cada 10 electores, en definitiva, no quieren salir a votar por el mismo partido en el Gobierno y buscan la alternancia.

El malestar cabalga en el Estado de México como en el resto del país. La aprobación del gobernador Eruviel Ávila, según encuestas no públicas que se han consultado, está por debajo del 40%, con lo cual, históricamente, es inferior al porcentaje que requiere un mandatario para poder impulsar al candidato del Gobierno. La aprobación del Presidente, el mexiquense Enrique Peña Nieto, pese a toda la inyección de recursos al estado y el desfile de funcionarios federales para apoyar con programas sociales a los mexiquenses, ronda el 20%. Si se quiere ver desde el otro lado, el Presidente tiene una desaprobación de 80% y el Gobernador de 60%, lo que no ayuda al candidato Del Mazo.

La candidata del PAN, Vázquez Mota, se encuentra en un lejano tercer lugar en las preferencias electorales, y aún más abajo el perredista Zepeda, con lo cual la dispersión del voto opositor no es suficiente, en estos momentos, para cambiar la tendencia ganadora de Gómez. La próxima semana van a tener todos una nueva oportunidad en el debate, donde los partidos y los equipos ya están negociando un nuevo formato para agilizar las réplicas. Probablemente se verá un énfasis para tratar de tirar a Gómez. A lo largo de la historia se ha demostrado que si bien de los debates no garantizan a un ganador, sirven para ayudar a que alguien pierda. En este sentido, Del Mazo necesitará mucho más de lo que hizo en el primer debate para detener a Gómez. Si no, perderá él, el PRI y, sobre todo, Peña Nieto.
28 Abril 2017 04:08:00
El rey de los Dragones
Luis Carlos Castillo Cervantes nació en Valle Hermoso, una comunidad tamaulipeca que ha sido escenario en los últimos años de una guerra sin fin entre cárteles de la droga. De ahí huyó a Texas en los 90 para librarse de la justicia, al haber estado involucrado en un accidente de tránsito donde murieron dos jóvenes, y regresó años después con la representación de Cutler Repaving Inc., la empresa de reciclaje más antigua en Estados Unidos, que desarrolló una tecnología para asfaltar mediante una máquina multiusos, que conforme avanzaba, trituraba y mezclaba en un solo movimiento. Esa maravilla de la construcción le permitió a Castillo Cervantes a despegar y a conectarse con gobernadores de todos los partidos, y su volumen de contratos multimillonarios hizo que lo llamaran “el rey de los Dragones”, porque Dragón es como se conoce a esa máquina en la industria.

Castillo Cervantes fue detenido en McAllen, Texas, en noviembre de 2016, acusado de lavado de dinero, y en unas cuantas semanas prefirió soltar todo lo que sabía en la Corte Federal en Corpus Christie, donde se integró un expediente de 30 mil fojas, de las cuales 79 fueron desclasificadas esta semana. Castillo Cervantes, se puede presumir, alcanzó un acuerdo con los fiscales federales de aportar información a cambio de reducción de su pena. Lo que dibuja este nanovolumen de documentos de su caso, es una historia de horror sobre los niveles de corrupción a los que ha llegado la clase política mexicana.

Ochenta millones de pesos le entregó por una sola obra al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y a su sucesor, Jorge Juan Torres, le dio 6.8 millones de dólares en sobornos, además de haberle ayudado, al igual que al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, a lavar “decenas de millones de dólares” en el International Bank, del que tenía 7% de sus acciones, donde también lavó 3 millones de dólares para el exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat. Otro exgobernador tamaulipeco, Tomás Yarrington, quien está detenido y acusado de ser parte orgánica de los cárteles tamaulipecos, también fue involucrado por Castillo Cervantes, aunque en la documentación pública no se precisan los detalles.

Cinco gobernadores son un exceso de corruptos, o presuntos corruptos mientras no sean sentenciados, quienes se suman a una lista importante de exmandatarios metidos en problemas con la justicia. En la cárcel se encuentra el de Sonora, Guillermo Padrés, y el de Michoacán, Jesús Reyna. Javier Duarte de Veracruz está en una cárcel guatemalteca en espera de su extradición, mientras que el de Chihuahua, César Duarte, está por convertirse en prófugo de la justicia, como es el destino mediato de Roberto Borge de Quintana Roo. Rodrigo Medina, de Nuevo León, lleva casi un año defendiéndose de ir a la cárcel en forma definitiva ante lo que se acusa a la mayoría, desvío de recursos. Qué sistema político tan podrido es bajo el cual se rigen más de 120 millones de mexicanos.

Castillo Cervantes, que tiene 56 años y corría el riesgo de ser sentenciado a 20 años de prisión, optó por hablar y declararse culpable, para convertirse en un testigo protegido del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entre las relaciones que tuvo, de acuerdo con los documentos de la Corte Federal, aparecen varios exgobernadores, como Enrique Peña Nieto del Estado de México, aunque no hay insinuación en lo que se conoce públicamente de ningún acto de corrupción o desvíos de dinero. No existe señal alguna sobre qué más pudiera aparecer en las 30 mil fojas del expediente, pues si bien “el rey de los Dragones” trató con políticos y empresarios de todo el país, no significa que se dieran irregularidades en cada contrato que obtuvo.

Un paisano suyo lo ayudó a introducirse en los grandes círculos del poder, Juan Armando Hinojosa, del Grupo Higa, y los exgobernadores, Enrique Martínez y Martínez de Coahuila, y Alfredo del Mazo González del Estado de México, lo llevaban con gobernadores para ofrecer sus servicios. Castillo Cervantes solía invitar a reuniones de negocios a una de sus casas en Texas a gobernadores mexicanos, a quienes les enviaba sus aviones para que los transportaran sin mayor problema. Cuántos de quienes estuvieron ahí participaron de actos delictivos, no se sabe.

Lo que sí aparece con detalle en el expediente, son los diferentes modelos de creación de empresas fantasma para triangular operaciones financieras ilegales con cuatro de los cinco exgobernadores que supuestamente participaron del multimillonario esquema de corrupción que se extendió durante casi 15 años y que utilizó paraísos fiscales en el Caribe. La ingeniería financiera que describió Castillo Cervantes involucra a empresarios en varios estados y a secretarios de Finanzas en las entidades señaladas, pero también arroja elementos que llaman la atención, como el que varias cuentas a las que se transfirieron recursos ilegales, según la justicia estadunidense, estuvieran a nombre de algunos de los exgobernadores.

El descuido para cubrir las huellas de actos criminales habla de negligencia y hasta una tontería, pero sobre todo de la idea de impunidad. Vistas las líneas de tiempo de las investigaciones en Estados Unidos que están mostrando la corrupción de gobernadores, el sabor de boca que deja es que los incentivos para administrar dentro de los límites de la ley, fueron mucho menores que aquellos para enriquecerse a costa del erario, y sin pensar en la rendición de cuentas, que los ha alcanzado.
27 Abril 2017 04:08:00
¿Hasta cuándo aguantaremos a Trump?
Por razones estratégicas, la relación con el presidente Donald Trump se procura mantener con la mayor cordialidad y con la muy firme intención de que no haya nada que pueda molestarlo. Esta lógica de subordinación política no tiene como principal razón de ser que Estados Unidos sea el principal socio comercial de México, y que cualquier diferencia de fondo que haya entre los dos países afecta directamente a la economía mexicana, como ha vuelto a suceder en los últimos días, donde el renacimiento del discurso incendiario de Trump hacia este país evaporó la recuperación del peso contra el dólar y volvió a poner muy nerviosos a los mercados. La razón de la estrategia aprobada por el presidente Enrique Peña Nieto es otra. Sus principales asesores lo convencieron de que si llevaba la fiesta en paz con Trump, una vez que dejara la Presidencia garantizaría que el Gobierno de Estados Unidos no buscaría perseguirlo por delitos que le quieran imputar. Es decir, su postura frente a Trump busca un blindaje jurídico cuando deje Los Pinos.

El Presidente no entiende muy bien cómo opera el sistema en Estados Unidos, ni el político, ni el jurídico. Ubicar a la Casa Blanca en el contexto de Los Pinos, desde donde se pueden entrometer en los poderes Legislativo y Judicial para alinearlos a sus objetivos, es un error. Los poderes en aquella nación sí funcionan como contrapesos uno de otro, autónomos, independientes y de una constante fricción que produce un mejor gobierno, mejores leyes y mejor justicia. En la mente del Presidente y sus asesores está la amenaza de que la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en 2014, sea el pretexto para llevarlo al Tribunal Internacional de La Haya y juzgarlo por esos crímenes, como se ha venido ventilando desde entonces.

Por esa razón contrató a dos respetados abogados que le hicieron un estudio de probabilidad de ese juicio y concluyeron que no habría forma de enjuiciarlo. Todo podría contenerse, le dijeron, en una acusación en contra de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, que encabezó las pesquisas del crimen en Iguala y que hoy es su principal asesor de seguridad nacional. Los abogados, grandes penalistas sin experiencia internacional le dieron una primera tranquilidad. El reforzamiento existencial en el Presidente, de acuerdo con la estrategia que avaló, fue haber aceptado aguantar los desplantes de Trump para que al terminar su sexenio pudiera retirarse a donde quisiera con tranquilidad. El Presidente, sin embargo, omite dos cosas: quienes están armando el caso de genocidio en su contra no son abogados del Gobierno, sino expertos en derechos humanos de organizaciones no gubernamentales, resilientes a las presiones de Washington, y que Trump no aprecia en absoluto sus gestos y lo que piense, sienta y afecte a Peña Nieto, le da exactamente lo mismo.

La última señal se dio este mismo miércoles, cuando el influyente portal Político reveló que Trump está considerando firmar una orden ejecutiva para salierse del Tratado de Comercio de América del Norte. El borrador de la orden ejecutiva fue elaborado por Peter Navarro, el director del Consejo Nacional de Comercio de la Casa Blanca, con la colaboración de Stephen Bannon, el estratega en jefe de Trump. Navarro era una de las personas en la Casa Blanca con quien mejor relación había desarrollado el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y con quien estaba revisando los términos de la renegociación del acuerdo. Bannon fue quien cuando Videgaray encabezó la primera delegación oficial a la Casa Blanca a principio de año, los insultó y provocó que a punto estuvieran los mexicanos de levantarse de la mesa ante el agravio. Bannon era el propietario del portal Breitbart News, que al día siguiente de la victoria de Peña Nieto en la elección presidencial de 2012, publicó que los mexicanos habían electo a un presidente financiado por los cárteles de la droga.

El mensaje de Trump al pedir la redacción de la orden ejecutiva vuelve a sacar la parte más negativa del Presidente estadunidense con respecto a México. Político señaló que la intención es forzar a México y a Canadá a renegociar el acuerdo trinacional en los términos que desea la Casa Blanca. La semana pasada, recordó Político, Trump afirmó: “El TLCAN ha sido muy, muy malo, para nuestro país. Ha sido muy, muy malo para nuestras compañías y para nuestros trabajadores, y le vamos a hacer algunos grandes cambios o nos saldremos del TLCAN de una vez por todas”. Esos cambios implican, entre otras cosas, imponer tarifas y barreras arancelarias, que reiteradamente ha rechazado el Gobierno mexicano.

Si Trump firma o no la orden en los próximos días, como se anticipa, no modifica en absoluto la actitud del Presidente estadunidense hacia México. Pensar que ser modosos con Trump es el mejor camino para la paz interna de Peña Nieto, es una equivocación. Si a Peña Nieto le fincan una acusación internacional por genocidio, no será porque se llevó bien o mal con Trump. Es irrelevante. Ese caso correría por diferentes correas. Lo que no es nimio es que se siga manteniendo una actitud pasiva frente al jefe de la Casa Blanca. El fin del TLCAN afectaría a los tres países, muy probablemente más a México en el corto plazo. Pero no será el fin del mundo. La réplica económica para Estados Unidos, coinciden los expertos, sería devastadora para muchos sectores económicos e industriales en aquella nación. México no puede seguir a la deriva por la bipolaridad política de Trump. Si Trump quiere usar una pelota dura con México, que empiece el juego.
26 Abril 2017 04:09:00
Camino a la colisión
El diálogo de sordos es lo que prevalece en México. Por un lado, hay quienes afirman que se vive una crisis de gobernabilidad y ruptura en el consenso del Presidente para gobernar. Por el otro, hay quienes sostienen que no existe crisis de gobernabilidad y que la baja aprobación de la gestión presidencial es irrelevante. También hay preocupación y alarma entre quienes ven que el mero acuerdo institucional de elecciones no será suficiente para que quien gane la Presidencia en 2018 pueda gobernar, por lo que hay que explorar una segunda vuelta electoral que permita al que gane tener una mayoría que dé legitimidad a su mandato, o establecer la figura de gobierno de coalición. Quienes así lo piden tienen como particularidad que no están en el poder, porque quienes sí lo tienen, no ven necesario ninguna nueva reforma electoral.

Las dos figuras centrales en este diálogo de sordos son el presidente Enrique Peña Nieto, y el exlíder del PRI, Manlio Fabio Beltrones. Desde que era gobernador, Peña Nieto rechaza la segunda vuelta, al que se ha recurrido en varios países para evitar que la atomización del voto lleve a la balcanización política. Tampoco le gusta un gobierno de coalición porque implica algo que le es inaceptable, tener que compartir el poder. Desde que era senador hace cinco años, Beltrones empujó un gobierno de coalición para evitar lo que comenzó con Felipe Calderón y se profundizó con Peña Nieto: la falta de consenso nacional.

“No podemos permitirnos tener presidentes con niveles de legitimidad que a veces ni alcanzan el 30%, o elecciones polémicas como la de 2006”, dijo Beltrones la semana pasada durante un encuentro sobre gobiernos de coalición en la Ciudad de México. “Para el 2018, las encuestadoras dicen que el presidente o la presidenta electa no llegará a tener más que el 30% de apoyo popular. No podemos dejar que eso vuelva a suceder”, agregó. “Tenemos que armar un esquema de gobernabilidad sustentable, con mayor apoyo de la gente. No podemos permitir nunca más que el Gobierno sea una escuela de aprendices. Si se llega al Gobierno es para poder hacerlo funcionar con gobernabilidad”.

Su discurso no tuvo mayor impacto en la población, pero dentro de los tomadores de decisiones y los medios de comunicación se interpretó como una crítica directa al Gobierno de Peña Nieto. Beltrones nunca se había referido a evitar una “escuela de aprendices” en el Gobierno, con lo que se infirió que el mensaje era para el actual inquilino de Los Pinos. Criticó en el pasado el modelo de head hunters que utilizó Vicente Fox para integrar su gabinete –que hoy reconoce el expresidente que fue un error–, y lo enconchado en la integración del de Calderón. Pero un equipo bisoño es un término que no había empleado con anterioridad. Beltrones utiliza la experiencia vivida para evitar un futuro caótico si, como perfilan las encuestas, nadie alcanzará más del 30% del voto en 2018, que podría repartirse en partes similares entre tres partidos.

Una falta de consenso para gobernar lleva por caminos tortuosos. El que recorrió Calderón fue el de la parálisis legislativa, donde constantemente chocó con los partidos en el Congreso que lo mantuvieron acotado e impidió que se hicieran reformas de fondo, como la energética. El de Peña Nieto logró con éxito un acuerdo cupular –el Pacto por México– para sacar adelante un paquete inédito de reformas que transformarán al país, pero que por el modelo excluyente con el que se negociaron –el Congreso sólo sirvió para votarlas, no para discutirlas; los grupos afectados fueron soslayados, y la sociedad representada en las cámaras ignorada–, rompió el tejido político, social y económico. Los beneficios de largo plazo que supuestamente tendrán las reformas, son recetas que no ha aguantado el paciente y ha polarizado aún más, a una de sí dividida sociedad.

La fabricación del consenso es esencial para gobernar. Si no ha habido políticos aptos para irlos construyendo, que es lo que sugiere Beltrones, habría que proponer un modelo de gobierno de coalición. La forma como lo ha planteado incorpora también la segunda vuelta, pero como última instancia. Beltrones dice que si un candidato o candidata no alcanza el 40% del voto, tendría que negociar con uno o más partidos un gobierno de coalición –similar a lo que existe en los regímenes parlamentarios-, para lo cual se establece un tiempo límite para alcanzar ese acuerdo. Si no lo logra, añade, tendría que darse una segunda vuelta electoral. En cualquier caso, quien ganara garantizaría una mayoría para gobernar.

El gobierno de coalición no está en los genes de Peña Nieto, quien es un presidente muy excluyente que gobierna sólo con un muy reducido grupo de colaboradores. La segunda vuelta nunca la ha querido porque considera que no beneficia al PRI. Tiene razón. El voto útil, que es lo que significa una segunda vuelta electoral, nunca ha sido para el PRI. En la actualidad menos: más del 75% del electorado no sabe por quién votará con claridad, pero sí sabe que por el PRI no lo hará. La oposición a que el PRI impulse una nueva reforma electoral que vea hacia el futuro y evite la ingobernabilidad puede verse desde dos ópticas. O Peña Nieto es un político egoísta y medroso, o sabe que en junio de 2018, el PRI ganará y que su mayoría será clara. Usted dirá.
25 Abril 2017 04:07:00
La geografía de López Obrador
El ser puntero casi permanente en las encuestas presidenciales, han construido la percepción que Andrés Manuel López Obrador llegará a la Presidencia en 2018. Un sistema político infectado con escándalos por ineficiencia y corrupción, junto con crecimiento económico mediocre y millones de mexicanos que se sienten desconectados del bienestar, forman un cuerpo al que todos los días se alimenta con discursos de que no importa todo lo bueno que se haga, sólo se ve lo malo, o que no hay crisis salvo en la mente de los mexicanos, que revela una claudicación ante el debate público por la incapacidad para entender el fenómeno mexicano que, además, no es sólo mexicano sino universal.

López Obrador, a diferencia de su lucha por alcanzar la Presidencia en 2006 y 2012, fue alcanzado por las circunstancias que llevaron al poder a Donald Trump y alumbraron al desconocido Bernie Sanders, que volvió provincianos a los globalizadores ingleses, o colocó en la final presidencial de fotografía en Francia a Emmanuel Macron y Marine Le Pen.

Mal haría sin embargo, quien trace analogías mecánicas entre cada una de esas personas que están cambiando el metabolismo en el mundo. Lo que los une no es su pensamiento, programa o ideología, sino un discurso que apeló a electorados agraviados por aquellos a quienes los franceses llaman “los burgueses bohemios”, un segmento estudiado por Christophe Guilluy en un relevante libro para estos tiempos escrito en 2014, La Francia Periférica, a quienes el autor, geógrafo de profesión, ha dicho que su análisis no sólo se aplica a su país sino a todo el Occidente, porque fueron quienes dañaron el tejido social y económico al crear dos sociedades, los que tienen y los que no, con un egoísmo que no vio sus consecuencias en el largo plazo.

“El sistema globalizado construyó sus fortalezas, y protegidas por el muro del dinero y el deseo de permanecer sólo entre ellas mismas, las élites pudieron disfrutar las ventajas de la globalización en toda su magnitud”, escribió Guilluy. Esto, precisó en relación a su país, “lejos de la Francia periférica, donde se olvidaron de la existencia de la clase trabajadora”. El libro explora la división indisoluble de las clases sociales en función de lo que poseen y a lo que tienen acceso, así como la emergencia de una contra sociedad. López Obrador ya había construido un discurso para los desposeídos muchos años antes de que Guilluy comenzara incluso a pensar su libro, y desarrollado una retórica excluyente para definir los campos de los ricos y los pobres –aunque en los últimos meses la ha matizado-, y la necesidad de tomar el poder para cambiar ese rumbo convertido en proyecto de nación de las minorías.

En una entrevista con la agencia Reuters en octubre 2014, Guiluly decía que su país había perdido la fe en los partidos de centro derecha y centro izquierda convencionales, por lo que en ese momento estaban volteando al extremista partido del Frente Nacional de Le Pen. Las elecciones presidenciales en Francia demostraron este domingo su hipótesis: los dos partidos que dominaron la política francesa desde la Segunda Guerra Mundial, se colapsaron. Guilluy decía en su libro que el patrón de voto en Francia se volcaba a quienes representaban el anti sistema provenientes de las zonas rurales y menos educadas, que superaban al electorado en las grandes ciudades, principales beneficiarias de la globalización. Este mismo fenómeno es lo que le dio a Trump la Presidencia, puso al Reino Unido en la antesala de la salida de la Unión Europea, y está pasando en Austria y Holanda. Esos votos, dijo Guilluy, se han ido a los llamados partidos “populistas”.

En el caso mexicano, donde no se dan diferencias tan notorias entre electores de las urbes y las medianas y pequeñas ciudades o comunidades rurales, la ventaja para López Obrador es mayor. Sin una geografía tan clasistamente dividida como en Francia, Inglaterra y Estados Unidos, en México se juntan los desconectados del progreso con las grandes zonas electorales, en las comunidades rurales, y también regiones enteras como el sur del país, donde el avance de Morena, el partido fundado por López Obrador, ha crecido de manera significativa en sus menos de dos años de existencia. Las grandes dificultades para llevar el progreso al sur de México, a través del ambicioso programa de Zonas Económicas Especiales, revela a un México de segunda clase donde el mundo globalizado no quiere invertir.

La diferencia geográfica con electorados en otras naciones, no disminuye el potencial de López Obrador sino lo agranda. El respaldo que ha ido ganando no se da sólo en el campo, sino también en las ciudades, particularmente en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, donde se concentra cerca del 20% del total del padrón electoral, y se encuentran concentrados los principales generadores de información e ideas del país, que tienen influencia nacional y ayudan a moldear voluntades. Esto significa que las posibilidades de López Obrador son superiores, en términos comparativos, con las que tuvo Trump o Mechelon que ganó la primera vuelta residencial en Francia, por ejemplo.

López Obrador está en el mejor lugar y el momento más apropiado para alcanzar la Presidencia el próximo año. A su realidad se le acomodó la realidad del mundo. Lo impulsa el discurso oficial que admite una derrota ante la sociedad y, que hasta ahora, no se ha dado cuenta que la claudicación al debate de las ideas por la vía de la tozudez del mensaje, allana el camino para quien menos quisieran ver gobernando al país.
24 Abril 2017 04:06:00
2018: rumbo al suicidio
Apenas comenzaron las campañas por las gubernaturas en tres estados que se jugarán en junio, y se atisba lo que será la elección presidencial en 2018. Las viejas prácticas electorales de compra de voluntades, con un cínico uso y abuso de dinero fuera de los controles de las autoridades electorales, son acompañadas por la sumisión del Instituto Nacional Electoral ante el Gobierno federal. No sólo el árbitro electoral se ha mostrado omiso, sino ha llegado al caso de admitir como legales acciones que alteran el principio básico de que una elección debe ser justa y equilibrada, porque de otra manera la competencia se vulnera. Los ejemplos empiezan a aparecer de manera amenazante para quienes esperarían que las elecciones produzcan el acuerdo institucional que permita la gobernabilidad, porque lo que se está sembrando es una bomba que va a explotar.

Lo más grave es el reciente fallo del INE, donde se negó a sancionar al Gobierno federal y al del Estado de México, por continuar los programas sociales durante la campaña para gobernador. “Los programas sociales no se suspenden, ni se tienen que suspender durante las campañas electorales”, dijo Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE. “Sería absurdo pretender que la normatividad y, más aún, que la autoridad electoral, determine la suspensión de los programas en un país con las desigualdades que tenemos”. No es aceptable la postura de Córdova, porque su papel como líder de los árbitros es crear condiciones para que la contienda sea pareja y no lo contrario.

Desde que Joseph Schumpeter desarrolló su obra sobre elecciones y democracia hace más de 70 años, la idea sobre la equidad de los procesos electorales ha dominado la discusión pública, particularmente en aquellas naciones con sistemas políticos débiles y resabios autoritarios. Esto es que la voluntad del individuo no es independiente en el campo de la política, y la forma como se decide en las urnas suele estar determinado por la propaganda y fabricada por quienes más recursos tienen para manipular el voto. Por décadas, la forma como el PRI utilizó dinero no contabilizado como un método para ganar votos, ha sido motivo de denuncias periodísticas, primero, y más adelante buscado acotarse –en su caso y el de otros partidos–, por los órganos electorales.

Durante años, la maquinaria electoral mexiquense utilizó dinero en efectivo para su operación política y de medios. Isidro Pastor, que fue presidente del PRI en el estado de México –y ahora busca la Gubernatura como candidato independiente–, tenía en su casa una alacena escondida detrás de un gran librero de su casa en donde, en lugar de alimentos, tenía billetes de todas denominaciones para lo que se necesitara para mantener la operación política y la cooptación. En la campaña de Eruviel Ávila hace seis años, el dinero de los convenios de publicidad llegó a varios medios organizado en fajillas de 50 mil pesos que tenían el sello del banco, de 1995. Es decir, ese dinero fue sacado del sistema financiero una década antes, y guardado para ser utilizado políticamente años después. ¿Cómo rastrear esos recursos? O ¿cómo seguir su ruta política?

Las quejas sobre la desigualdad en el proceso electoral mexiquense no han tenido mucho eco en el INE, y su pasividad o negligencia va a tener consecuencias. En algunas comunidades mexiquenses algunas familias han comentado de manera aislada que en el pasado el PRI llegó a ofrecerles 500 pesos por su voto, pero que en esta elección ha cambiado de manera significativa. Lo que dicen es que les han dado 2 mil 500 pesos por cada credencial electoral, lo que ha llevado a algunos casos donde familias con hijos con deficiencias mentales, sacan de cualquier forma su credencial electoral para poder recibir lo que ofrece el PRI. En un caso recibió un jefe de familia 10 mil pesos por cuatro credenciales, cuyo voto tendrá que ser probado mediante una selfie que se saquen con su boleta dentro de la urna.

Los márgenes que se han venido ampliando para este tipo de acciones ilegales están desbordando. En Chiapas, donde la elección para gobernador será hasta el próximo año, este domingo el senador Roberto Albores Gleason, quien es el líder del PRI en ese estado, organizó un evento para 40 mil personas en un estadio en Tuxtla Gutiérrez, para el cual pagó 400 pesos por cada asistente. Es escandaloso. Albores Gleason es respaldado por el presidente del PRI, Enrique Ochoa, quien está apoyando su candidatura al Gobierno, pero sobre todo por el secretario de Educación, Aurelio Nuño, quien es el responsable designado por el presidente Enrique Peña Nieto para ser su enlace y operador principal en la campaña electoral en el Estado de México.

Si bien estas acciones rompen con el orden legal, la actitud del INE con respecto al aval para que los programas sociales se sigan entregando en el Estado de México durante la campaña electoral, es un absurdo al permitir que la coacción electoral camine sobre los rieles que les regalaron los consejeros electorales. Esta clara ruptura a cualquier posibilidad de una elección justa puede darle espacio de tranquilidad al presidente Peña Nieto y al PRI en el Estado de México con respecto al 4 de junio, el día de la votación, pero su eventual victoria no generará gobernabilidad sino conflicto. La semilla se está sembrando este año. Su veneno contaminará de manera irreversible la elección presidencial el próximo año, si no se modifica lo que hoy parece un destino manifiesto.
21 Abril 2017 04:08:00
La opción de Yarrington
La detención de Tomás Yarrington en Florencia culminó una larga investigación de Estados Unidos e Italia, a la cual se le sumó hace unos meses México, como actor de reparto. Acusado en una Corte Federal en Texas de ser parte orgánica del cártel del Golfo y de Los Zetas –hoy enfrentados–, el único lugar donde quizás se sintió protegido era esa nación mediterránea donde hace más de una década los cárteles mexicanos forjaron una alianza con la mafia calabresa Ndrangheta, la organización con más poder y dinero de Sicilia. Su captura hizo resurgir las dudas sobre qué tanto el Gobierno mexicano tiene un pacto con el narcotráfico. Después de todo, a Yarrington lo protegió el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto claramente por al menos tres años.

La actitud del Gobierno cambió hace unos meses, seis años después de que la averiguación de la PGR contra Yarrington fuera congelada. El expediente se inició en 2009, cuando la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada abrió la indagatoria 12. La entonces procuradora, Marisela Morales –hoy cónsul en Milán, a unas tres horas de donde fue detenido el tamaulipeco–, tenía instrucciones del presidente Felipe Calderón de investigar a todos los gobernadores priistas bajo sospecha de tener vínculos con el narcotráfico. Morales se centró en los tamaulipecos, donde estaba el gran hoyo negro, y en Fidel Herrera de Veracruz.

“El narcotráfico se instaló en Tamaulipas desde el Gobierno de Cavazos”, decía uno de los colaboradores más cercanos de Calderón en sus tiempos de Los Pinos, refiriéndose al hoy senador Manuel Cavazos, a quien nunca le pudieron probar nada. Cavazos fue uno de los mentores de Yarrington, quien lo sucedió en el cargo. La obsesión contra los gobernadores priistas en Tamaulipas era tan grande que poco después del asesinato del candidato del PRI a la Gubernatura, Rodolfo Torre Cantú, en 2010, el presidente Calderón le dijo al entonces gobernador Eugenio Hernández: “El asesinato lo cometieron ustedes, los priistas”.

Nunca profundizó en la acusación, y tiempo después la PGR encontró que los autores materiales del asesinato habían sido miembros del cártel del Golfo, del cual Yarrington ya era uno de sus líderes. En ese crimen participó también –esta línea de investigación se mantiene en secreto–, un capitán de la Marina que fue reconocido entre el comando que asesinó a Torre Cantú en Ciudad Victoria.

Calderón no continuó la persecución de los gobernadores priistas que inició a la mitad de su sexenio, pese a las protestas de la procuradora Morales que, no se sabe si con autorización o no del entonces Presidente, viajó varias veces a San Antonio para proporcionar la información que tenía la PGR a la Corte Federal de Texas que investigaba a Yarrington. El caso contra el exgobernador, el más fuerte que ha habido en contra de un político mexicano, tuvo mucha información de la PGR, y sirvió en Estados Unidos para procesar a la red alrededor de Yarrington.

La investigación se empezó a construir con información de un testigo protegido de la PGR conocido como “Oscar”, quien detalló cómo funcionarios estatales y municipales en Tamaulipas recibían dinero del cártel del Golfo a cambio de protección. Según “Oscar”, identificado años después como César Eduardo García, colaborador del exjefe del cártel de Osiel Cárdenas, el dinero lo entregaba Juan Carlos González, el expolicía ministerial en Matamoros y uno de los principales operadores de Eduardo Costilla, “El Coss”, jefe del cártel del Golfo hasta su captura en 2012.

A las imputaciones de “Oscar” se añadieron las del empresario Antonio Peña Argüelles, quien fue intermediario de Yarrington con Los Zetas. Peña Argüelles fue sentenciado en la Corte Federal texana en 2014, y a cambio de colaborar con las autoridades, fue sentenciado a sólo dos años y medio de cárcel por los delitos de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico. La PGR desestimó todas las acusaciones en su contra, las de Peña Argüelles y, sorprendentemente, la del exdiputado local y exdelegado de la Sedesol en Tamaulipas, Luis Alonso Mejía García, quien dijo que Yarrington había recibido 80 millones de dólares del narcotráfico para su campaña electoral para gobernador en 1998.

La PGR de Peña Nieto no actuó en su contra, sino al contrario. En abril de 2013, el entonces procurador Jesús Murillo Karam, exoneró a Yarrington y a otros dos exgobernadores tamaulipecos, Cavazos y Hernández, porque, afirmó, las acusaciones de los testigos protegidos que eran falsas. Acto seguido, canceló las órdenes de aprehensión en su contra. Después de que Murillo Karam anuló la orden de aprehensión, se reactivó en un tribunal. Yarrington se amparó, y unos días antes de que fuera relevado Murillo Karam del cargo en marzo de 2014, un juez federal le negó el amparo en contra de la orden de aprehensión por narcotráfico y delitos contra la salud.

Yarrington se fue de México en 2012 y vivió un tiempo en España, reapareciendo en Italia, donde al comparecer ante un juez dijo que no quería ser extraditado a México. No había muchas posibilidades de cualquier manera. Las acusaciones contra él en Estados Unidos son amplias y profundas, frente a las mexicanas, hacían casi imposible que regresara a su país. Este miércoles, la PGR informó que Yarrington saldría deportado, en efecto, a Estados Unidos. No son buenas noticias para el Gobierno del presidente Peña Nieto, que admítalo o no, encubrió a un delincuente durante largo tiempo, y con quien compartirá, invariablemente, el banquillo de los acusados.
20 Abril 2017 04:08:00
El día que se olvidaron de Duarte
Tan sonriente apareció en los momentos de su captura en Guatemala Javier Duarte, la estrella emergente del PRI que estalló en el cielo cuando la justicia lo empezó a perseguir por multimillonarios desvíos de dinero del erario, que en la prensa rápidamente lo llamaron “cínico”. Pero un experto en movimientos faciales y lenguaje de cuerpo, el maestro Raúl Quintanilla, director Académico del Centro de Formación Artística de Televisión Azteca, discrepa de esa impresión. Quien otrora era déspota, que bramaba y no hablaba, dijo Quintanilla, ya había perdido esa conducta, y en las imágenes distribuidas por la Policía guatemalteca se le veía acorralado, amedrentado y sin tener la claridad para comprender ampliamente la situación en la que se había metido.

¿Qué sucedió entre agosto, cuando el presidente Enrique Peña Nieto le dijo que no se preocupara, y octubre, cuando lo obligaron a pedir licencia como gobernador? Duarte no lo supo nunca. No leyó que las condiciones que llevaron al Presidente a respaldarlo en verano, se habían modificado en otoño. El 1 de noviembre de 2016, en este espacio se hizo la crónica del cambio de actitud del Presidente en esas semanas, que por el momento actual, habría que recordar:

“El apoyo del Presidente a Duarte en agosto cambió en septiembre. Funcionarios de la Presidencia y la Secretaría de Gobernación hablaron con varios gobernadores para sensibilizarlos sobre acciones penales que pensaban emprender contra Duarte y otros gobernadores y exgobernadores, como César Duarte, de Chihuahua; Roberto Borge, de Quintana Roo, y Guillermo Padrés, de Sonora, y buscar su apoyo sin generar críticas sobre una cacería de brujas. Así, el 21 de septiembre la PGR anunció que atraería las denuncias interpuestas por el Gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, en contra de Duarte, quien reaccionó presentándose en Los Pinos sin cita para tener una audiencia con el Presidente, dos días después.

“Duarte fue maltratado ese día en Los Pinos y buscó el apoyo del coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, quien era, junto con el diputado Enrique Jackson, su asesor político, pero no llevó a nada. El Presidente le había ordenado a la entonces procuradora Arely Gómez que comenzara a vigilar a Duarte, aunque esa tarea recayó en el CISEN, que emitió una alerta migratoria para evitar que saliera del país. Duarte no estaba al tanto de todo esto y seguía pensando que el Presidente lo respaldaba. Por eso, cuando el martes 11 de octubre recibió una llamada telefónica de que el Presidente lo esperaba en Los Pinos, “viajó muy contento’, según una persona que lo vio ese día.

“Sin embargo, recordó el cercano a Duarte, ‘cuando llegó a la Ciudad de México supo que no lo vería a él, sino a (Miguel Ángel) Osorio Chong’. De acuerdo con personas que platicaron con él sobre lo hablado, el secretario de Gobernación le confió que tenían un amplio expediente de corruptelas de Yunes y que no iba a tomar posesión como Gobernador porque lo iban a hacer público. Para ello, Duarte contó a sus cercanos, que Osorio Chong le dijo que para que pudieran proceder contra Yunes tenía que solicitar licencia al día siguiente... Al día siguiente, le instruyó, daría una entrevista a Carlos Loret en su programa… en Televisa, donde anunciaría su decisión.

“Duarte salió de las oficinas alternas de Osorio Chong… y se fue a su departamento, registrado a nombre de su amigo de la universidad y socio en los negocios en Veracruz, Moisés Manzur... A las seis y media de la mañana del 12 de octubre llegó a Televisa, donde comenzó la entrevista... Media hora después salió rumbo a Toluca, donde tomó un avión para Xalapa... ‘Estaba muy contento’, recuerda una persona que lo vio. ‘Estaba muy tranquilo y relajado’. Dos días después estaba jugando golf en la casa que rentaba en el Club de Golf de Xalapa, cuando al mediodía llegaron sus abogados. El principal, Guillermo Barradas, formado en el despacho de los panistas Fernando Gómez Mont y Julio Esponda, le dijo que su situación judicial era grave y que la PGR gestionaba una orden de aprehensión en su contra.

“Duarte decidió desaparecer del ojo público. Se escondió en la cajuela del automóvil de una prima de su esposa, Karime Macías, para escabullirse hasta el aeropuerto de Xalapa… Voló en el helicóptero de la Fiscalía de Veracruz a Coatzacoalcos el mismo 14 de octubre. Cuatro días después, Yunes denunció que se había escapado en un helicóptero del Gobierno, que negó el gobernador interino Flavino Ríos. Las autoridades, sin embargo, interrogaron a los pilotos del helicóptero, quienes les confirmaron que habían transportado a Duarte, e identificaron a Barradas como su acompañante.

“Ese fue el momento de la hecatombe. ‘Después de la plática con el Presidente, estaba seguro que no le iban a hacer nada’, dijo una de las personas que hablaban con él. Inclusive, en vísperas de hablar con Osorio Chong, Duarte estuvo en el rancho El Faunito, en Fortín de las Flores, junto con su arquitecto, para revisar las cascadas que había pedido construyeran en la instalación. El rancho fue asegurado por la PGR el 22 de octubre, y cuando llegaron junto con la Marina, observaron que nada se había movido. Estaban colgados los cuadros, todo en su lugar sin alteración, incluidas las decenas de botellas en la cava con vinos de 100 mil pesos. Peña Nieto le había volteado la espalda”.
19 Abril 2017 04:08:00
La poderosa Karime
En la carrera de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Javier Duarte no era el estudiante mejor visto en la comunidad. Le decían “el apestosito” por su poca proclividad a la higiene. Tampoco le veían grandes luces, que era una de las razones por las cuales su compañera de clase, Karime Macías, no le hacía caso. Fue el trabajo celestino del amigo de ambos, Moisés Mansur Reynoso, el que persuadió a Karime que Javier era un buen partido. La relación que iniciaron en la universidad se convirtió en matrimonio y años después, en el Gobierno de Veracruz, se transformó probablemente en complicidad.

Karime huyó con su esposo en octubre, cuando se giró una orden de aprehensión en su contra, y sacó pasaportes falsos y entró subrepticiamente a varias naciones de América Central junto con Duarte. Pero cuando lo apresaron el sábado pasado en Guatemala y a ella no le presentaron cargos ni hubo petición de captura por parte de las autoridades mexicanas, la opinión pública se incendió. ¿Por qué no se pidió también su detención y extradición?

El subprocurador de Asuntos Jurídicos de la PGR, Alberto Elías Beltrán, dice que por el momento no se tiene comprobado que hubiera sido beneficiaria de recursos públicos desviados por su esposo, pero que se tienen abiertas líneas de investigación para determinar si en la red de complicidades de Duarte también se encuentra su esposa. A Karime Macías no la pueden acusar de encubrimiento por haber acompañado a su esposo en la fuga de México, porque al ser familiar de primer grado ese delito no se le aplica. Pero si encuentran que ella recibió recursos de los 35 mil millones del erario por los cuales se está acusando al exgobernador, el proceso tendría que ser inmediato.

El caso de Duarte está lleno de opacidad y contradicciones. El subprocurador Beltrán aseguró que si descubrieran que algún familiar participó en la red de corrupción de Duarte, se iniciaría una investigación en su contra. Omitió, o quizás olvidó, que esa averiguación sí existe en su contra, sobre sus padres y su hermana. Es la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF/VER/001653/2016.

La PGR, además, lleva meses filtrando a la prensa información sobre los abusos que cometió la pareja Duarte-Macías. Por ejemplo, divulgó declaraciones ministeriales de escoltas del exgobernador donde se mencionó que la señora realizó decenas de viajes a la Ciudad de México en aviones del Gobierno del Estado –pagados por los veracruzanos– sólo para ir al salón de belleza, y de las joyas y relojes que compraba en los mejores establecimientos de la capital federal, con dinero que no podía haber salido de los ingresos de Duarte.

Hay información adicional. Alfonso Ortega López, un abogado amigo de la infancia de Mansur Reynoso a quien conoció Duarte en sus tiempos universitarios, creó en febrero de 2011, dos meses después de asumir la Gubernatura, una sociedad para un negocio inmobiliario. Los propietarios eran Duarte y su esposa Karime, pero utilizaron testaferros para constituir la Inmobiliaria Roor, a través de la cual compraron una residencia de 47 millones de pesos en las Lomas de Chapultepec, donde el exgobernador decía que “era la residencia para su retiro”. Ortega López también constituyó una sociedad en Estados Unidos, la Siamese Twin, Inc., a través de la cual se adquirieron tres condominios en el elegante hotel St. Regis en Nueva York, por un total de un millón 200 mil dólares, pagados a través del despacho de Juan José Janeiro Rodríguez, a quien Duarte y Mansur Reynoso utilizaron, además, como testaferro. Karime recibió regalos en joyas y propiedades en México y Estados Unidos que fueron adquiridas presumiblemente con dinero que desvió el exgobernador de los recursos de Veracruz.

Karime Macías no jugaba sólo el papel de la primera dama veracruzana que vestía y vivía dinero de los contribuyentes. Durante toda su vida con Duarte fue una pieza fundamental en su estabilidad y acción. Si bien Mansur Cisneros era el operador de Duarte, Karime se involucraba en acciones de Gobierno, llegando a darse el caso de encabezar reuniones de gabinete. “Ella lo manipulaba”, dijo una persona que los conoce y vio cómo se comportaban. “Se sentía su estratega”. De esta forma le llevó a Rubén Aguilar, quien fue vocero del presidente Vicente Fox, como su asesor en comunicación. La comunicación nunca se le dio a Duarte, por lo que Karime, en plena función política, le pidió a su prima Córsica Ramírez Tubilla, que vivía en Barcelona, integrara un equipo de comunicación y redes sociales para hacer la defensa de su esposo, desde una oficina especial en una casa dentro de la propiedad de la Casa de Gobierno de Xalapa.

La intervención de la primera dama veracruzana en el Gobierno era amplia.

Nombró como subsecretario de Ingresos al hermano de Córsica, su primo, Jorge Fernando Ramírez Macías, con una encomienda: amedrentar a los enemigos de Duarte. De esa forma, Ramírez Macías ordenó interminables auditorías con aquellos empresarios que estaban inconformes con lo que era, en ese momento, el Gobierno entrante, y “sensibilizarlos”, como describió uno de ellos, que era mejor que aceptaran las nuevas reglas del juego, que incluía comisiones para obra pública que pasaban por la aprobación de Mansur Reynoso, quien como Karime, no tenía ningún cargo oficial en el Gobierno.

Karime Macías no fue nunca una figura pasiva en el Gobierno. Ella era quien mantenía la vertical atrás de Duarte, discreta en público, pero enérgica e impulsiva en privado. Sus atribuciones, extra legales, son una parte de la historia que falta por contar de Duarte, aunque quizás menos graves si se comprueba que formó parte central en las actividades de su esposo.
17 Abril 2017 04:00:00
¿Se entregó Duarte?
La captura de Javier Duarte en Guatemala deja un sabor de boca agridulce. Por un lado, es cierto que el Gobierno mexicano, trabajando con la Interpol, tardó 185 días en acabar con su fuga, y finalmente obtuvo resultados. Por el otro, para alguien que burló durante seis meses la cacería policial mundial, la forma como lo encontraron despierta dudas. ¿Cómo fue tan descuidado y autorizó una aparatosa movilización de ocho miembros de su familia a Guatemala? Todos ellos estaban vigilados y sus teléfonos interceptados. Las autoridades conocían sus conversaciones y movimientos. Duarte sabía que eso pasaba. No obstante, en un viaje anunciado, fueron a Atitlán, la principal zona turística guatemalteca a reunirse con él, en la víspera que lo detuvieran.

Fue una operación binacional de 72 horas que acabó con una fuga de seis meses, pero que no termina de explicar con la información disponible, si se trató de una detención químicamente pura, o si fue una entrega negociada, donde se le dio como concesión poco más de un día de estar con sus hijos, que llegaron a su último refugio sin disfrazar su destino. La periodista veracruzana Brenda Caballero, registró el mismo viernes el viaje en su columna “Números Rojos”, en el portal Los Políticos:

“El tono de voz llamó la atención de las personas que estaban en el aeropuerto de la ciudad de Toluca. De inmediato, voltearon la vista para ver qué sucedía. Era en la zona de Aduanas. Al parecer, un varón discutía con el personal de esa zona. Cerca de él, tres mujeres y cinco niños le acompañaban. La sorpresa fue mayor al ver la cara del hombre del altercado: era José Armando Rodríguez Ayache, exapoderado legal y administrador de los Tiburones de Veracruz, mejor conocido por ser esposo de Mónica Ghihan Macías Tubilla y concuño de Javier Duarte de Ochoa.

“Al sentir las miradas, Rodríguez Ayache disimuló su malestar y hasta sonrió, mientras regresaba con su esposa Mónica y con María Virginia Jazmín Tubilla, madre de esta. Los que los vieron en el aeropuerto, aseguran que los niños eran Carolina, Emilio y Javier Duarte Macías, además de los dos hijos de Mónica y José Armando: Santiago y Paulina. Pero, ¿a dónde viajaron con tantas maletas? ¿Iban de vacaciones de Semana Santa? No me crea usted, pero dicen que el destino de la familia es el vecino país de Guatemala, el que por cierto casi es un paraíso fiscal por la mínima recaudación de impuestos”.

En efecto, el viernes a las 9 y media de la mañana, la Coordinación Estatal del Estado de México registró el vuelo de ocho miembros de su familia el viernes por la mañana desde el aeropuerto privado de Toluca, en donde las autoridades, avistaron un equipaje lleno de sobres de dinero de José Antonio Rodríguez Ayache, esposo de Mónica Macías, hermana de Karime, la esposa de Duarte, y lo pusieron a disposición de las autoridades aduaneras.

Rodríguez Ayache llevaba, de acuerdo con el reporte de la Coordinación Estatal del Estado de México, dos billetes de 500 euros, 54 de 100; 15 de 200; 40 de 50; 20 de 20; 18 de 10 y siete de 5; 10 billetes de mil pesos; nueve de 500; uno de 200; dos de 100; y cinco de 50; y 67 billetes de 20 dólares; tres de 10; y 15 de 5. En total, 11 mil 980 euros, 17 mil 450 pesos y mil 445 dólares. Esos montos superan los 10 mil dólares que permiten las autoridades hacendarias mexicanas transportar sin registrarlos. Rodríguez Ayache no los reportó, pero tampoco fue detenido. Los dejaron partir hacia Guatemala.

El jueves, la PGR desplazó a un grupo a Atitlán, al mando del jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Omar García Harfush, porque sabían que Duarte iba a encontrarse con su familia en ese destino turístico. Según Manuel Noriega, subjefe de Interpol en Guatemala, la pista final hacia Duarte la siguieron los mexicanos y los guatemaltecos durante tres días. El sábado aproximadamente a las 8 de la noche, según la reconstrucción de Noriega, Duarte recibió una llamada en su habitación de un funcionario de la PGR, quien le dijo que estaba localizado y que saliera a un área común para que fuera detenido. El exgobernador salió de forma voluntaria.

Fue una acción profiláctica. Nadie de su familia salió de sus habitaciones, ni hubo escándalo alguno en el hotel. No se han revelado los detalles que llevaron a su ubicación, pero las autoridades mexicanas tenían interceptados los teléfonos de su familia y de sus abogados. El final de la primera etapa de la persecución terminó con la captura, pero abre las interrogantes sobre qué tipo de entramado se construyó para este desenlace. Si la súbita salida de su familia a Guatemala es una de las razones que despiertan dudas, también lo es que Karime, la esposa de Duarte, acusada por la PGR por su posible complicidad en el desvío de recursos públicos, se encuentre libre porque las autoridades mexicanas no solicitaron su captura.

Hasta este momento, lo que se ve, es que sólo Duarte fue detenido, pudo ver a sus hijos y los recursos de emergencia que les llevaron a Guatemala, no fueron decomisados. Negociación o entrega, en esta primera instancia, es irrelevante. No lo será en el juicio, donde se podrá ir viendo si hay protección a Duarte o, como se ha prometido, se llegará hasta el fondo sin importar a dónde llegue.
07 Abril 2017 04:00:00
Los miedos a López Obrador
El 16 de marzo, el seminario británico The Economist publicó lo que desde hace semanas los inversionistas en Estados Unidos hablan y temen: que Andrés Manuel López Obrador gane la Presidencia en 2018, “Es una posibilidad que regocija a algunos y aterroriza a otros”, apuntó. “Una figura nacional de relevancia durante 20 años ha tronado contra los privilegios, la corrupción y la clase política. Barriéndolos, les dice a los pobres que sus vidas mejorarán. Muchos otros oyen en ese mensaje la amenaza de un carismático populista que castigará al sector privado, debilitará las instituciones y revertirá las reformas. Las mayores preocupaciones es que lo ven como una versión mexicana del finado Hugo Chávez, un autócrata que destruyó la economía de Venezuela y lastimó su democracia”.

En las últimas semanas, inversionistas en Nueva York han invitado a expertos mexicanos para que les platiquen sobre las posibilidades reales que tiene López Obrador. Una de las mayores preocupaciones es cuando ven en las encuestas que Morena es un partido que ha crecido como ningún otro sin necesidad de la mano de López Obrador, y que cuando se le suma el precandidato, los votos que le añade hacen que, en este momento, parezca inevitable su victoria el próximo año. Algunos inversionistas están haciendo sus cálculos. De acuerdo con personas que platicaron con ellos, si López Obrador gana la Presidencia, sacarán sus inversiones de México.

Las posibilidades de López Obrador fueron reforzadas esta semana por las encuestas de El Financiero y El Universal, donde, pese a discrepancias importantes con respecto al mejor candidato del PRI, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, coinciden en la fortaleza del tabasqueño. O está en segundo lugar con empate técnico con la panista Margarita Zavala (EF), o le saca una ligera ventaja (EU). En todo caso, López Obrador es el único de todos los presidenciales cuya aparición en la boleta electoral el 3 de junio del próximo año está garantizada, mientras que todos sus adversarios tendrán que competir internamente para conquistar la candidatura. Es decir, no perderá tiempo en luchas fraternas ni sufrirá desgaste en su partido.

Esas percepciones y los temores de los inversionistas llegaron el miércoles al Comité de Seguridad Interna y Asuntos Gubernamentales del Senado estadunidense, donde el republicano de Arizona, John McCain, le dijo en una audiencia al general John Kelly, secretario de Seguridad Interna de la Administración Trump: “Tenemos un problema con México. Hay mucho sentimiento antiestadunidense en México. Si la elección en México fuera mañana, probablemente habría un antiestadunidense de ala izquierda como Presidente. Eso no puede ser bueno para Estados Unidos”. Kelly respondió: “No sería bueno para Estados Unidos ni para México”.

McCain, que fue candidato a la Presidencia en 2008, es probablemente el republicano más cercano a México y más reconocido por sus gobiernos, así como una de las principales voces en el Capitolio que siempre defienden a México. Su pregunta era la expresión de los grupos de interés en su país. Las principales contribuciones electorales de McCain en los 6 últimos años suman 11 millones de dólares, y han salido, en orden de importancia, de los grupos de interés en seguros e inversiones, bienes raíces, despachos de abogados, el lobby de Israel, empresariales, cabilderos, financieros, aseguradoras, empresas eléctricas y de salud, varios de esos sectores con negocios en México. Entre las principales empresas que aportan dinero a sus campañas se encuentran algunas que hacen negocios en México, o están en sectores que podrían participar aprovechando reformas, como la energética.

Los comentarios de McCain le permitieron a Kelly airear lo que dentro del propio Gobierno del presidente Donald Trump debe ser un tema del que se habla cuando analizan las perspectivas de México. En un artículo publicado en la conservadora revista National Review a finales de enero pasado, José Cárdenas, que trabajó en el Consejo Nacional de Seguridad y el Departamento de Estado durante el Gobierno de George W. Bush, había anticipado el sentir: “Un aspirante a imitador de Hugo Chávez está compitiendo por la Presidencia montado sobre una ola antiTrump al sur de la frontera. Un Gobierno que no sea amigo en nuestra frontera sur podría complicar varios temas de manera significativa, desde seguridad fronteriza, contraterrorista, hasta la cooperación contra el narcotráfico y las deportaciones y restricciones para la migración centroamericana”.

“Para los empresarios mexicanos y la clase política”, reportó en enero el diario inglés Financial Times, “López Obrador, que dice que Fidel Castro fue un gigante de la estatura de Mandela, es un prospecto aterrador debido a su oposición a las reformas estructurales que (el presidente Enrique) Peña Nieto ha implementado, especialmente a la apertura del sector energético a la inversión privada”. Rex Tillerson, el secretario de Estado que como presidente del Consejo de Administración de Exxon negoció ser parte de un grupo que ganó una de las rondas en diciembre pasado para explorar, extraer y comercializar petróleo en aguas profundas, es una de las voces que han expresado esos temores internamente, que se han ido extendiendo aceleradamente.

López Obrador puede no interpretar este creciente sentimiento en su contra como un problema, sino como un activo político, lo que puede ser un error de lectura a menos que no sólo le sea indiferente tener una relación hostil con el Gobierno y los sectores empresariales de Estados Unidos, sino que tenga alternativas para compensar un eventual enfriamiento financiero, económico, comercial, político y de seguridad, con esa nación.

Nota: Esta columna dejará de publicarse toda la Semana Santa.
06 Abril 2017 04:08:00
No dispare, soy periodista
En los 80 El Salvador se convirtió en el lugar donde de manera sistemática se comenzó a ver a los periodistas como enemigos. La agresión de las fuerzas de seguridad del régimen controlado por militares contra la prensa propició la respuesta creativa, y reveladora, con gritos impresos en camisetas que tenían en el pecho un blanco de tiro, y en la espalda la leyenda:”¡No disparen! Soy periodista”. Eran los primeros años del final del entorno de seguridad que tenían los periodistas para hacer su trabajo en zonas de conflictos. En la Guerra de los Balcanes, los riesgos aumentaron al buscar las fuerzas enfrentadas silenciar a la prensa. Hubo simulacros de ejecución y en algunas ciudades asediadas las periodistas redujeron el riesgo ante los francotiradores usando vestidos floreados que confundían a los agresores.

Según el Comité de Protección a los Periodistas, sólo tres salvadoreños fueron asesinados de 1992 a la fecha, una vez terminada la guerra. En los Balcanes murieron entre 54 y 75 periodistas –la cifra incluye traductores, choferes y asistente– hasta 1992, cuando la ONU logró un cese al fuego, similar al número de periodistas muertos en la Guerra de Vietnam, y casi el total que falleció durante la Segunda Guerra Mundial. Trabajar como periodista en un país en guerra tiene altos riesgos, pero también, en la gran mayoría de los casos, existen reglas no escritas que permiten a los periodistas minimizar el peligro. Otros países, que oficialmente no están en guerra, carecen de reglas no escritas. No hay límites ni garantías de ninguna especie. México es el ejemplo más dramático.

De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, México es el país más peligroso del mundo para los periodistas. En su barómetro de 2017, ubica a seis periodistas muertos, Irak, 2; Siria 2; Afganistán, 1; y México, 1. Los datos no están actualizados. A la fecha, en México se han asesinado a cuatro periodistas, lo que hace casi el total de caídos en aquellas naciones asiáticas, todas envueltas en profundas guerras. La penúltima periodista abatida, el 23 de marzo, fue la respetada Miroslava Breach, acribillada al salir de su casa en Chihuahua, lo que aceleró una decisión que se venía evaluando hacía semanas en el diario Norte de Chihuahua, que el lunes pasado cesó de publicarse. “La impunidad que existe, no sólo hacia los periodistas, sino a la comunidad en general es tan alta, que esta es una forma de decir, hasta aquí”, escribió el propietario y director general Óscar Cantú, en un editorial de primera plana publicado en su edición dominical.

La impunidad es el nombre del juego en México. Artículo 19 reportó que desde 1990 se han documentado los asesinatos de 102 periodistas en México, de los cuales casi el 30% del total han sido durante el actual Gobierno. En su informe sobre la situación de la prensa en 2016 –que será revisado este jueves–, Artículo 19 señaló que cada 26.7 horas se agrede a un periodista en México. “En la actual Administración de Enrique Peña Nieto las agresiones contra la prensa casi se duplicaron, comparado con la de Felipe Calderón en la que se agredía a un comunicado cada 48.1 horas”, añadió. “Hubo 326 ataques contra periodistas y medios de información en 2016. Las agresiones físicas o materiales fueron las de mayor registro con el 43% de los casos. Le siguen las intimidaciones con 16%, las detenciones arbitrarias con 14%, y las amenazas con 13 por ciento”.

El deterioro sobre la libertad de expresión ha sido continuo. Según la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de julio de 2010 al 31 de diciembre pasado, hubo 798 denuncias por agresiones contra periodistas, 47 por asesinato, pero sólo se lograron tres sentencias condenatorias, una en 2012 y dos en 2016. O sea, el 99.7% de los casos registrados por la Fiscalía, no ha recibido sentencia alguna. Freedom House dijo que “una combinación de violencia criminal y política, que frecuentemente refleja la colusión entre organizaciones criminales y funcionarios estatales, ha tenido un despliegue dramático en la última década”. 

La inseguridad de los periodistas en México es reflejo de la debilidad de las instituciones. No hay autoridad, sobre todo estatal, que pueda proveer seguridad a los medios y sus trabajadores. Desde hace más de una década hay regiones del país donde los periodistas están al arbitrio de criminales, sometidos o amenazados. En estados como Michoacán, la ley fue plata o plomo, donde organizaciones criminales reclutaron a periodistas. Similares ejemplos se dieron en Tamaulipas y Veracruz, que produjeron un éxodo de profesionales que prefirieron dejar todo antes que involucrarse con criminales o arriesgar su vida por hacer su trabajo, como sucedió con la señora Breach, o cuatro días antes en Veracruz, con Ricardo Monlui Cabrera.

La violencia contra los periodistas en México ha tenido carta de impunidad. “Los periodistas de regiones del país donde mayor índice de agresiones se registra han encontrado en la autocensura una medida efectiva de protección”, señaló Artículo 19. “Sin garantías para realizar su trabajo, la prensa ha cedido libertad a favor de su seguridad”. El silencio avanza en los medios, acalladas cada vez más sus voces independientes. Es ominoso. La libertad de expresión es la piedra angular de la democracia. Y esto no es lugar común. Es una realidad. Sin ella, la democracia está coja y retrocede, porque permite que una sociedad carezca de información para tomar mejores decisiones, que es lo que está pasando hoy en día en México.
05 Abril 2017 04:08:00
El misterio de Tecnoradio (II)
La empresa Tecnoradio decidió dar la cara, a medias, la semana pasada. En un comunicado de prensa, aclaró que Carlos Lara, el director del Instituto Mexicano de la Radio, y Cenobio Alfonso Amilpas, dejaron de ser accionistas de la empresa en septiembre del año pasado. Dio a conocer los nombres de sus tres nuevos accionistas, totalmente desconocidos en la industria y sin antecedentes en la radio, con lo cual, lejos de despejar de sospecha sobre la transparencia de sus intenciones mercantiles, levantó una nueva ola de especulación en los medios sobre quiénes están realmente detrás de esos accionistas y si no, en realidad, se trata de testaferros de un grupo radiofónico que se quiso pasar de listo. Tecnoradio aseguró que todas esas insinuaciones son falsas, y que no hay ningún concesionario de radiodifusión o telecomunicaciones que tenga interés en la empresa. ¿Por qué creerles mediante un acto de fe?

Las concesiones de radio –también de televisión– para uso comercial, se otorgan a personas y empresas que tienen como objetivo su explotación con fines lucrativos y se otorgan mediante concurso.

Más allá de su estructura de propiedad y fines mercantiles, representan un servicio de interés público que obliga a que siempre se valore la función social que cumple, que incluye los requisitos legales establecidos para que se les otorgue, y la transparencia en torno a aquellos que la van a operar.

Por el tipo de impacto y alcance que tienen en una sociedad, no debe permitírseles que exista duda alguna sobre el origen de los dineros.

En el caso de Tecnoradio, los señalamientos son que sus nuevos accionistas son prestanombres de grupos de radiodifusores, pero también podría haber necesidad para saber si el dinero que se han comprometido a pagar como contraprestación no procede de un negocio ilícito o de un acto delictivo.

Lo imperativo de conocer la escala empresarial que tienen los nuevos socios de Tecnoradio está directamente relacionada con que 3 días antes de iniciar la licitación, le compraron la empresa a Lara y Amilpas los señores Alí Eduardo Bañuelos Santana, que se quedó con 480 acciones, René Padilla Páez y Francisco Javier Márquez Lozano, propietarios de 60 acciones cada uno, y se lanzaron a una aventura donde no tenían ninguna experiencia ni recursos aparentes para ello.

Tecnoradio se presentó a la licitación de 157 frecuencias, de las que se quedó con 34 FM y 3 AM en 18 estados, tras ofrecer pagar 287 millones de pesos, 37 millones más que el segundo lugar, Grupo Radio Centro, con un largo historial en la industria.

En el comunicado, los nuevos accionistas de Tecnoradio demandaron respeto a su derecho de salvaguardar su información personal, conferida en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Hasta dónde la autoridad, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, permitirá la opacidad sobre los accionistas? ¿Hasta dónde otras autoridades seguirán blindando el origen de los recursos de Bañuelos Santana, Padilla Páez y Márquez Lozano? Exigir transparencia no es inculparlos de dinero mal habido, sino de saber en dónde está el origen de sus fortunas para poder entender el porqué de la puja que hicieron por las frecuencias, que elevó en 20% el costo sobre los precios de referencia del mercado, con lo cual alteran por completo el futuro de la industria: si se concreta la contraprestación, en el futuro cada vez que se renueve una concesión, el precio de referencia será el que presentó Tecnoradio, lo que hará inviable, financiera y comercialmente, una operación sana de cualquier radio.

El tema de Tecnoradio ha causado molestia en el sector de la radio y las telecomunicaciones, amén de enorme especulación. La prensa especializada ha sugerido reiteradamente que detrás de los socios de encuentran los propietarios de Radiorama, el grupo que encabezan Javier Pérez de Anda y Adrián Pereda, quienes fueron los que –particularmente el segundo–, sugirieron en 2011 a Lara y Amilpas que fundaran una empresa porque les iban a ayudar a adquirir estaciones de radio.

Lara y Amilpas trabajaron largo tiempo con ellos dentro de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, pero nunca recibieron los apoyos prometidos tras la fundación de Tecnoradio.

Por la forma como históricamente se han forjado las alianzas dentro de la industria y los realineamientos de empresarios, en la compraventa de Tecnoradio ven las manos de los fundadores de Radiorama, que no podían presentarse a este concurso de nuevas licitaciones porque una operación previa de adquisición de concesiones del Grupo Acir no la reportaron en tiempo y forma, por lo que el Ifetel no les permitió participar.

La hipótesis dentro de la industria es que buscaron testaferros y pagaron una escritura de 8 mil pesos –que es el costo promedio–, para aprovechar también el descuento que Ifetel le hace a los nuevos actores en la industria, de casi 30% del valor de las concesiones.

El rechazo a las imputaciones de que son prestanombres hecho por Tecnoradio es totalmente insuficiente para aclarar el misterio de la empresa.

Entre el 3 de este mes y el 22 de mayo, el Ifetel debe recibir los pagos de derechos por las estaciones en las que compitió, y entre el 26 y 28 de julio, extender en dado caso los títulos de concesión. Es decir, aún es tiempo para que la opinión pública sepa de qué están hechos realmente los socios de Tecnoradio o, en su defecto, cancelar esta licitación que apesta por todos lados.
04 Abril 2017 04:07:00
La corrupción de Odebrecht
Todos los esfuerzos del conglomerado brasileño Odebrecht para alcanzar un acuerdo con la Procuraduría General de la República para evitar un litigio que los libere penalmente de haber pagado más de 10 millones de dólares a funcionarios de Pemex fracasaron. De acuerdo con El Financiero, las autoridades mexicanas rechazaron una reparación por una suma similar, en primera instancia, y por el doble de lo que pagaron de sobornos en una contrapropuesta, además de revelar detalles de quiénes en Pemex les ayudaron a darle la vuelta a la ley. Quieren ir al fondo de este esquema de corrupción. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y 17 funcionarios y exfuncionarios, serán citados a declarar dentro de la primera parte de una indagatoria iniciada en enero y que abarcará los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

Cercanos a Lozoya aseguran que el exdirector no tiene ninguna responsabilidad en el caso Odebrecht, aunque en documentos de la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, donde la empresa y su filial Braskem, dedicada a la petroquímica, aceptaron pagar una multa de 3 mil 500 millones de dólares –la más alta en la historia de Estados Unidos–, al haber utilizado el sistema de pagos de esa nación para sus operaciones ilegales, se menciona el pago de 16 millones y medio de dólares a funcionarios de Pemex entre 2010 y 2014 para “asegurar obra pública”.

En el acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se menciona también un caso, alrededor de octubre de 2013, donde Odebrecht aceptó pagar a un “alto funcionario” de una empresa paraestatal por haberles ayudado a ganar la licitación en un proyecto, que no mencionan en específico, como tampoco revelan el nombre del funcionario. El último pago de 6 millones de dólares, indican los documentos, fue hecho entre diciembre de 2013 y finales de 2014, a través de lo que el conglomerado llamaba División de Operaciones Estructuradas, que, en palabras de las autoridades estadunidenses, era “una Secretaría de Sobornos”. Los beneficios que obtuvo Odebrecht por los pagos fueron del orden del 300 por ciento.

Los cercanos a Lozoya dijeron que el exdirector de Pemex realizó investigaciones sobre sus principales directores para poder determinar si habían recibido pagos que pudieran haber levantado sospecha, pero que nunca encontró irregularidades en sus balances financieros.

El Departamento de Justicia nunca dio a conocer que se trataba de Pemex, pero la indagatoria de la PGR ubica en esa paraestatal los actos de corrupción. Por el momento, de acuerdo con El Financiero, sólo se va a revisar la gestión de Lozoya, aunque la información que dio Oderbrecht a las autoridades estadunidenses incluye también la administración de Juan José Suárez Coppel, quien estuvo al frente de Pemex durante los 3 últimos años del Gobierno de Calderón.

Las autoridades de los dos países no han revelado cuáles son las áreas en donde saben que existió la corrupción y que probará la PGR en la indagatoria. Sin embargo, en el periodo señalado por la empresa brasileña al Departamento de Justicia, se infiere que se trata del proyecto de Los Ramones, un gasoducto que abastecerá de gas natural a Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas, considerado como la principal obra del sexenio de Calderón. En 2014, el año que usó la Corte en Brooklyn como ejemplo de la corrupción en México, Odebrecht ganó esa licitación de Pemex, a través de su filial Tag Pipelines, del tramo 2 del gasoducto, cuyo contrato fue de 935 millones de dólares, y que ha tenido demoras, contratiempos e incrementos injustificados en su costo final.

La obra de Los Ramones pasó por la Dirección de Pemex Gas y Petroquímica, llamada hoy Transformación Industrial, que en los periodos de referencia en los documentos de la Corte Federal de Brooklyn tuvo dos cabezas, Jordy Herrera, a quien el presidente Calderón nombró secretario de Energía en 2011, y Alejandro Martínez Sibaja, quien estuvo en el cargo hasta la primavera del año pasado, cuando fue cesado por el nuevo director, José Antonio González Anaya, en medio de sospechas de corrupción, aunque oficialmente se informó que había pedido su jubilación.

Los dos forman parte de un grupo político-empresarial que estuvo muy involucrado en la construcción de gasoductos, donde el potencial de inversiones se calcula en 16 mil millones de dólares. Tag Pipelines, la empresa que se asoció con Pemex para Los Ramones, tiene como director ejecutivo a Jaime Calpe Galván, socio de la empresa J&E Energía, donde trabaja la hija de Martínez Sibaja, y está vinculada al abogado Jesús Rodríguez Dávalos, involucrado en la industria del gas, cuya prima hermana es esposa de Herrera.

Otro proyecto que se encuentra dentro del periodo durante el cual Odebrecht pagó sobornos se dio en 2011, para la construcción del Complejo Petroquímico Etileno XXI, en Coatzacoalcos, Veracruz, que dio vida al complejo más grande de su tipo en América Latina, y contó con todo el apoyo de los exgobernadores Fidel Herrera y su sucesor, Javier Duarte, que obtuvo beneficios directos de la obra al haber comprado sus cercanos terrenos a bajo costo en esa zona, cuya plusvalía se disparó.

Odebrecht le dijo a la PGR que está dispuesta a colaborar, y aportó información para tratar de evadir los tribunales. No logró ese acuerdo y la PGR ha enviado señales de que quiere ir hasta el fondo de la corrupción en breve. Buena declaración de principios. Ya se verá si la realidad no frustra sus intenciones.
03 Abril 2017 04:07:00
2018: las prisas de Videgaray
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, ha sido muy claro al hablar del cronograma para la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, particularmente con México. En diferentes momentos –el último la semana pasada–, mencionó la urgencia de aprobarlo para que no sea contaminado por las elecciones. No sólo las legislativas de medio término de Estados Unidos en noviembre del próximo año, sino las presidenciales en México el 3 de junio de 2018. “Quisiera que hubiera resultados mañana, pero no es la manera como trabaja el mundo”, dijo recientemente en una entrevista con Bloomberg TV. Ross expresó tangencialmente un punto estratégico de la negociación que contamina el proceso: la urgencia del presidente Enrique Peña Nieto de que termine este mismo año la negociación porque de su resultado decidirá el candidato del PRI a la Presidencia.

La premura de Peña Nieto ha sido expresada al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien encabeza la representación mexicana en la próxima renegociación del TLCAN. La presión del presidente sobre su canciller permite asumir que está convencido que las elecciones en el Estado de México este verano, serán positivas para el PRI, por lo que no serán un obstáculo para la decisión sobre su sucesor. Los ladrillos que pavimenten la candidatura presidencial están colocados. En el campo político, la designación de Claudia Ruiz Massieu –a regañadientes por parte de ella– como secretaria general del PRI, cumple un objetivo estratégico, que es el de evitar que dentro del PRI quisieran intentar una asonada para arrebatarle al presidente el control, en este momento intocado, para decidir quién será su sucesor.

Hace seis años, el presidente del PRI, Humberto Moreira, manipuló la convocatoria, contra las normas internas del PRI, para impedir que el senador Manlio Fabio Beltrones desafiara a Peña Nieto por la candidatura. Esa acción, que allanó el camino de Peña Nieto a la Presidencia, le ganó hasta ahora una protección jurídica y política a Moreira, en agradecimiento a su temeraria acción. Hoy, Peña Nieto no quiere abrir ningún flanco. El otro ladrillo político es la elección en el Estado de México. Cada lunes hay una reunión en Los Pinos donde se reúnen funcionarios federales con representantes del gobernador Eruviel Ávila y de la campaña del candidato Alfredo del Mazo, para analizar la estrategia. Aunque no participan miembros del gabinete, en ocasiones han asistido secretarios de Estado e incluso el presidente Peña Nieto.

El control de la campaña de Del Mazo no la tiene el candidato, sino el gobernador Ávila, que tiene el respaldo del Gobierno federal. Del Mazo se encuentra acotado en sus acciones y no está tomando las decisiones más importantes, o revierten iniciativas estratégicas que toma, como la designación de su equipo de prensa y propaganda. El manejo vertical de la campaña de Del Mazo es lo que le da espacios de tranquilidad al presidente Peña Nieto sobre lo que sucederá en el estado de México, y lo ha llevado a presionar a Videgaray para que entregue la negociación a tiempo para que defina, en las últimas ocho semanas de este año, como máximo –por el marco legal que obliga a que quien sea ungido no tenga un cargo cuando menos seis meses antes de la elección–, quién será el candidato del PRI.

El cronograma de la negociación, que Ross quería llevar hasta el próximo año, fue acortado por Videgaray durante sus reuniones bilaterales en Washington, con el propio secretario de Comercio, con el consejero comercial del presidente Donald Trump, Peter Navarro, con el secretario de Estado, Rex Tillerson, y con el consejero especial del jefe de la Casa Blanca, su yerno Jared Kushner, con quienes de acuerdo con personas en su entorno, ha construido la mejor relación. El cronograma establece iniciar las negociaciones en junio o julio –realísticamente en julio–, para que pudiera ser ajustado y notificar al Congreso estadunidense en diciembre, que tiene un plazo de 90 días para iniciar el proceso legislativo, con lo que pudiera quedar aprobado, en el mejor de los casos del documento y los tiempos, para la elección presidencial en México.

Si bien la eventual firma del tratado renegociado se empalmaría, el apremio no es su aprobación en los congresos y parlamento de los tres países sino tener la firma de los ejecutivos. Los tiempos son muy apretados, aunque la consideración de Videgaray y del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, es que al ser una modernización, es posible lograrlo. Videgaray está colocando también piezas experimentadas que hagan expedita la negociación con los canadienses, por lo que nombrará a Dionisio Pérez Jácome, actual representante de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en París, como embajador en Ottawa. Jácome, que será sustituido por la subsecretaria de Comunicaciones, Sofía Aspe, y relevará a Agustín García López, formó parte del equipo negociador en el tema agrícola del TLCAN en los 90, como agregado agrícola en Ottawa, por lo que no sólo conoce perfectamente el acuerdo, sino a muchos de los canadienses que lo negociaron y que aún trabajan en el gobierno de Justin Trudeau.

El problema que enfrenta Videgaray en este proceso está fuera de control incluso, de los propios estadunidenses. La actitud mercurial del presidente Trump introduce una variable que constantemente se mueve. En las últimas semanas el discurso de Washington se ha alineado en el contexto de los que favorecen el TLCAN, pero lo impredecible de Trump vuelve muy inestable el proceso, incrementa las presiones de Peña Nieto sobre Videgaray y coloca la sucesión presidencial, en los tiempos que marque la Casa Blanca.
31 Marzo 2017 04:08:00
¿Qué pasó en Nayarit?
Horas después de trascender a la opinión pública que el fiscal general de Nayarit, Édgar Veytia, estaba en manos de la justicia de Estados Unidos acusado de múltiples delitos relacionados con el tráfico de drogas, fuerzas federales blindaron el estado. Testigos de la operación reportaron que helicópteros artillados sobrevolaron Tepic y que en la frontera con Jalisco se reforzó la seguridad. ¿Por qué tras la captura del fiscal se tomaron medidas como si el detenido hubiera sido el jefe de un cártel de drogas? La explicación que dio el gobernador Roberto Sandoval dejó más dudas que certezas, pero el extraño sellamiento del estado fue resultado de una petición que le hizo el martes al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Sandoval se encontraba en Tepic cuando le notificaron de la detención de su fiscal poco después de presentarse ante un juez en la Corte Federal de San Diego, donde le leyeron las acusaciones. Inmediatamente voló a la Ciudad de México para hablar con Osorio Chong, explicó sin aclarar por qué fue a Bucareli y no a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que pidieran oficialmente información al Gobierno de Estados Unidos, o a la Procuraduría General de la República para que recabara la información pertinente del caso. El gobernador, que no acudió a las instancias que corresponden a un asunto que requiere de trabajo diplomático y jurídico internacional, tuvo una reacción de miedo.

Veytia fue detenido el lunes por la noche por agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, al cruzar la frontera de Estados Unidos para ir a visitar a su familia a San Diego, como lo hacía de manera regular cada 15 días, tras ser acusado por un Gran Jurado, que investiga en secreto una presunta conducta criminal y determina a partir de testimonios y documentos si debe acusársele de un delito, en Nueva York. Sandoval no explicó por qué el fiscal general estaba viajando a Estados Unidos en un día laboral. Funcionarios de la DEA dijeron que tan pronto como se otorgó la orden de aprehensión, estuvieron vigilando el cruce fronterizo por donde siempre entraba a Estados Unidos, en el paso exprés entre el aeropuerto de Tijuana y la Mesa de Otay.

La Corte Federal del Este en Nueva York, que lleva el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán, presentó cargos insólitos contra Veytia, al acusarlo de producción, transportación, distribución y venta de heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana en un mismo proceso. La investigación en su contra comenzó en enero de 2013 y se cerró, al presentar ante un juez la acusación para obtener la orden de aprehensión, el 2 de marzo pasado. Las acusaciones comprenden tráfico de drogas que manejan los cárteles del Pacífico, Jalisco Nueva Generación y Beltrán Leyva, que estuvieron asociados hasta 2008, y que desde entonces han vivido en constante conflicto.

De acuerdo con funcionarios de la DEA, Veytia estaba vinculado a dos cárteles, enemigos entre sí, el de los Beltrán Leyva, donde la relación que tenía, afirman, era con el jefe de la plaza en Nayarit, Daniel Isaac Silva Gárate, apodado “El H-9”, que fue abatido durante un enfrentamiento con la Marina el 11 de febrero pasado, y con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Según funcionarios federales, el fiscal general –un cargo que aprueban todas las fracciones parlamentarias– tenía una red de prostitución en el estado donde utilizaba a las mujeres como informantes. La PGR comenzó a seguirle la pista a Veytia el año pasado, pero nunca avanzó hacia una investigación formal. El gobernador Sandoval insistió el jueves en que él no sabía nada de las relaciones criminales de su fiscal, y que todo lo que había oído de él eran “percepciones”.

Sin embargo, su proceder el martes despierta sospechas. La manera como actuó es propia de la forma como, de manera preventiva, se redobla la seguridad cuando un criminal con fuerte poder en una región es capturado o abatido, y deja un vacío de poder. El reforzamiento de la seguridad en esos casos es para evitar que en los momentos de confusión otros busquen ocupar el lugar vacante. Nunca se había visto un blindaje por el hecho de que un alto funcionario del Gobierno fuera detenido por delitos relacionados con el narcotráfico. Sandoval se comportó intuitivamente como si Veytia fuera un capo que viviera en Nayarit, y no su fiscal general.

Su preocupación fue que no hubiera violencia en Nayarit, no preguntar sobre los porqués y las razones de la captura de su muy cercano colaborador. Balbuceante, el gobernador dijo que apoyaba al Gobierno de México y, también, al de Estados Unidos. Qué proyectó, es un misterio. Señaló, cándidamente, que no había sido informado de que hubiera señalamientos en contra de su fiscal. De hecho, ninguna área del Gobierno federal fue informada de que se investigaba a Veytia desde hace 4 años y que lo iban a detener. La ausencia de información refleja el grado de deterioro en la relación bilateral dentro del campo de la seguridad, y consecuencia directa de la negativa en el Gobierno de Enrique Peña Nieto a que sus altos mandos fueran certificados para recibir inteligencia de Estados Unidos. Hasta aquí quedó el discurso embustero de la cooperación bilateral.

La captura pegó por debajo de la línea de flotación del Gobierno, y representa una primera importante llamada de lo que viene desde el norte en los próximos meses. Peña Nieto debe registrar con cuidado lo que está sucediendo, y si se decide, actuar y corregir.
30 Marzo 2017 04:08:00
El tsunami nayarita
Desde enero de 2012, recién entrado el gobierno de Roberto Sandoval en Nayarit, el nombre de Édgar Veytia se vinculó al crimen organizado. Ese mes, un miembro de la Policía de Nayarit, una unidad de élite para combatir el crimen organizado encabezada por Veytia, fue asesinado en Tepic, en la antesala de lo que parecía iba a ser una lucha entre el cártel del Pacífico y Los Zetas. El policía fue abatido por la banda de “Los Pelochos”, al servicio de la organización sinaloense, que días antes había colocado una manta en la calle como advertencia: “A la ciudadanía en general, absténgase de salir a la calle sin negocio. Se empezará a hacer una limpia de zetas, empezando por la (Policía de Nayarit), escoltas de Beytia, ya que son las que están al mando de Los Zetas aquí en Nayarit”.

Durante muchos años, Nayarit fue santuario del cártel del Pacífico. Ahí vivía la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en donde se refugió en 2001 después de fugarse de la prisión de Puente Grande en Guadalajara en 2001, y era el refugio de los hermanos Beltrán Leyva, cuando estaban asociados con sus compadres sinaloenses y todavía después de romper con ellos, en 2008. Cuando eso sucedió, los Beltrán Leyva forjaron una alianza táctica con Los Zetas, pero no convirtieron a Nayarit en un nuevo campo de batalla. La llegada de Sandoval a la Gubernatura hace seis años comenzó a modificar el estado de cosas. Veytia se encargó de empezar a limpiar el crimen organizado, como era su encomienda, pero todo caía de un solo lado, la reducción de todo lo que oliera a sinaloense.

Sandoval no hizo caso a las denuncias que comenzaron a aparecer en diversos medios. Promovió a Veytia y lo hizo fiscal nayarita. Cuando a finales de 2013 surgieron denuncias de que estaba relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, retomadas por la prensa nacional, el Gobernador volvió a hacer caso omiso de las alertas. Tampoco, en la ampliación de las responsabilidades, hubo acción ninguna por parte del Gobierno federal. El entorno de seguridad se contaminó en la Riviera Nayarita en el último año con la lucha del Cártel Jalisco Nueva Generación con la rama sinaloense de “El Chapo” Guzmán, y no hubo alertas del CISEN a Los Pinos, de acuerdo con funcionarios en la casa presidencial. En el gabinete de seguridad toleraron, por omisión o comisión, que Veytia no pasara los controles de confianza, exigidos por la Ley General de Seguridad Pública.

Esta laxitud volvió a meter al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en una situación delicada, al haber sido detenido el fiscal Veytia este lunes en San Diego, cuando buscaba ingresar a Estados Unidos, en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra librada el pasado 2 de marzo por la jueza Marylin G. Do, de la Corte del Distrito Este de Nueva York. La acusación es muy seria. El fiscal Robert Capers –que irónicamente también lleva el caso de “El Chapo” Guzmán–, le fincó cargos por la producción, transportación y venta de heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana, entre enero de 2013 y febrero de 2017. Este periodo es precisamente en el cual Veytia fue promovido por el gobernador Sandoval para ser el jefe de la unidad de élite para el combate al crimen organizado y su fiscal.

La misma paradoja que mostró una Corte federal en San Antonio con el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, Veytia no era, a juicio de los fiscales en Nueva York, parte de la red de protección y complicidad de los cárteles de la droga, sino parte orgánica de ellos. En la acusación, que fue terminada de integrar el 2 de marzo pasado, el fiscal nayarita es señalado como responsable de este tráfico de drogas junto con otras personas que no vienen identificadas en el documento hecho público este miércoles. La documentación de la Fiscalía produce una onda expansiva en Nayarit, donde el gobernador Sandoval, titubeante y débil en su retórica, no fue capaz de deslindarse claramente de Veytia, de quien el año pasado dijo: “Él es el fiscal, es el procurador de Justicia, comandante de las fuerzas, es policía, es un hombre que a lo mejor el día de hoy no lo valoran, pero el día que él deje de ser fiscal se van a acordar de Édgar Veytia”. Las galimatías de su declaración enfatizaban su relación con su hombre fuerte, que en algún momento, incluso, deslizó como un posible sucesor, al asegurar que él podría ganar las elecciones en junio próximo.

Sandoval es el segundo afectado, en lo inmediato, por la captura de su fiscal en Estados Unidos, al dejarlo vulnerable y exhibido. O es cómplice de Veytia, o fue un mandatario tan incompetente que nunca pudo darse cuenta, a decir de la narrativa de la acusación en Nueva York, de lo que hacía el hombre a quien encargó luchar contra el crimen organizado. Pero tampoco queda exento el Gobierno federal, cuya superficialidad y deficiencias en el combate a los cárteles de la droga, no son vistas en Estados Unidos como un tema de incompetencia, sino de connivencia. Veytia va a ser trasladado probablemente a la prisión metropolitana en Nueva York, donde se encuentra Guzmán, donde tendrá su juicio, y le ofrecerán, para mejorar su situación legal, que les dé información. En cualquiera de los dos casos, Sandoval y las autoridades mexicanas también estarán sentados en el banquillo de los acusados.
29 Marzo 2017 04:08:00
La piel militar
No hay forma de cubrir con miel la molestia de las Fuerzas Armadas con los políticos. Tampoco se puede esconder la necesidad del presidente Enrique Peña Nieto por acariciar su piel y colocar lo único que puede, un bálsamo a las profundas heridas que su Gobierno les ha infligido. Lo intentó este martes en un evento sin precedente en el Campo Militar Número 1, donde acicaló con su trato a cientos de soldados, marinos y sus familias, que fue replicado por circuito cerrado de televisión en las 64 zonas militares. Un acto que comenzó frío se tornó cálido cuando Peña Nieto rompió con el protocolo y caminó entre todos, desplegando lo que mejor tiene, su calidez cuando achica distancias y se relaciona sin muros, que es lo que más ha abandonado durante su sexenio. Insólito y extraordinario, fueron algunos de los calificativos con que la prensa coloreó el evento. Tan insólito y extraordinario como la molestia acumulada por años de estar supliendo a policías en las calles y carreteras mexicanas por las Fuerzas Armadas.

Durante 3 años el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, se tragó las presiones de los oficiales y los generales retirados por la forma como el Gobierno los utilizaba en la guerra contra las bandas criminales, pero no les daba una protección jurídica. El caso extremo, que generó una pequeña crisis dentro del Gabinete, fue cuando el entonces procurador general Jesús Murillo Karam dijo que los soldados habían realizado una “matanza” en Tlatlaya, en 2014, donde murieron 22 civiles. Gradualmente el general Cienfuegos y el secretario de la Marina, Francisco Vidal Soberón, elevaron el tono de su discurso ante el abandono del Gobierno en la arena pública y comenzaron a criticar veladamente la política de seguridad federal y la debilidad de las instituciones civiles. El Presidente tomó nota.

Entre el 1 de enero y el 16 de marzo, de acuerdo con un análisis publicado en la edición impresa de Eje Central, la palabra “Ejército” figuró en 31 documentos difundidos en la página de la Presidencia de la República, con 20 veces que se utilizó durante 2013 y 2014. La palabra “militar” apareció en 40 documentos, contra 34 registrados en 2016, 14 en 2015, 8 en 2014, y 12 en 2013. La palabra “Fuerzas Armadas” se apuntó en 31 ocasiones, contra 24 en 2016, 10 en 2015, 4 en 2014, y 3 en 2013.

En el primer año de su Gobierno, Peña Nieto asistió a cuatro eventos de las Fuerzas Armadas; en los primeros 75 días de su penúltimo año de gestión participó en nueve.

Pese a esto, el Presidente había sido descuidado en su manejo discursivo con las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, cuando recientemente murió el general Antonio Riviello, un ejemplo de institucionalidad cuando le ordenaron que la solución para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sería política y no militar, el Presidente colocó un mensaje estándar en su cuenta de Twitter de 17 palabras, idéntico al que escribió para lamentar el fallecimiento del diputado federal Carlos Hermosillo, vinculado con actos de corrupción en Chihuahua. Cuando murió el exsecretario de Hacienda y embajador Jesús Silva Herzog, le dedicó dos mensajes, uno de ellos con una tipografía fuera de lo normal, de 25 palabras.

Sin embargo, en el evento que se realizó en las instalaciones de la 1ª Brigada de la Policía Militar, Peña Nieto aprovechó la coyuntura que le abrió el precandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, que desde hace dos semanas escaló su crítica a los militares. En Nueva York sugirió que los militares habían participado en la desa-parición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala en septiembre de 2014, y ante las críticas que recibió, primero del propio Peña Nieto y después de varios actores políticos del Gobierno y la oposición, fue hundiéndose en el pantano. López Obrador dijo en Veracruz la semana pasada que las Fuerzas Armadas “han masacrado” civiles durante los gobiernos del expresidente Felipe Calderón y de Peña Nieto, en la reiteración de un discurso que le ha generado negativos entre la comunidad castrense.

Los varios discursos del Presidente en el corazón de las Fuerzas Armadas mexicanas en Lomas de Sotelo no iban a llevar destinatario alguno, adelantaron a la prensa voceros de Los Pinos. No fue así. En el último mensaje de Peña Nieto, que todo el tiempo improvisó mientras caminaba entre los militares y sus familias, habló con desprecio de “aquellos que todavía hablan de masacrados”, en una alusión directa a López Obrador. “(Son) inadmisibles e inaceptables quienes con ignorancia o dolo descalifican la labor de nuestras Fuerzas Armadas”, remató Peña Nieto, en un discurso que la atrajo una gran ovación y reconocimiento de los jefes militares.

Pero no sólo con discursos bien logrados y oportunos revierte años de maltrato a las Fuerzas Armadas. López Obrador le dio la oportunidad de reivindicarse con soldados y marinos a los que su Gobierno ha golpeado con la falta de un blindaje jurídico y presupuestos menguados. El evento que encabezó Peña Nieto logró quizás frenar el deterioro de la relación entre civiles y militares, pero no va a durar mucho.

La Ley de Seguridad Interna sigue empantanada en el Congreso, lo que es una fortuna para las Fuerzas Armadas y los mexicanos, porque es una regresión en materia de respeto a derechos humanos.

La solución es un nuevo modelo de Policía, atorado hace años en el Congreso, que pavimente el camino de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles y no, como quieren los políticos, al infierno.
28 Marzo 2017 04:07:00
Seguritech, el querubín
Seguritech es el nombre de una empresa que genera muchos murmullos pero de la que nadie quiere abiertamente hablar. Empezó en 1996 como una compañía que vendía alarmas vecinales y botones de pánico, de donde evolucionó a una empresa de seguridad que de la mano de los gobiernos mexiquenses se convirtió en escasos 10 años, en un emporio nacional de telecomunicaciones, aeronáutica, defensa y construcción. Su fundador es Ariel Picker, que tiene 51% de las acciones y sus socios son extraños: Gonzalo Miguel Adalid Mier, general retirado que trabajó en áreas de seguridad pública, que murió en 2013, tiene 30% de las acciones, y Alicia Rebolledo Terrazas, que tiene 19%, es una notaria pública en Veracruz. Como Tecnoradio S.A. de C.V., Seguritech es una empresa ligada al poder sumergida en la opacidad, aunque a diferencia de la primera, el que su campo de acción sea la seguridad evita que sus contratos sean públicos.

Personas que han seguido su vertiginoso crecimiento recuerdan que Picker se relacionó con el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y con varios miembros de su equipo. El más conocido, al haber sido puesto al descubierto hace dos domingos por la revista Proceso, es David Korenfeld, exdirector de Conagua, que fue quien lo impulsó a la diversificación de negocios de Seguritech al entregarle contratos hidráulicos. Korenfeld fue más que eso, dijo uno de los que los conocen, porque a través de él Peña Nieto, como gobernador y después como Presidente, estableció una relación directa con la poderosa comunidad judía en México. Picker gozaba de la confianza de Peña Nieto y su equipo cercano, aunque el volumen más importante de sus contratos, en función de montos, se ha dado con el gobierno de Eruviel Ávila.

Seguritech era una empresa modesta que creció apresuradamente. De un negocio concentrado en la Ciudad de México y el Estado de México, en la última década amplió sus relaciones comerciales a otros 20 estados, en donde ha instalado la mayoría de los centros de seguridad conocidos como C2 (que hace monitoreo de video vigilancia), los C4 (centros de Comando, Control Comunicación y Cómputo), y los C5 (centros de Comando, Control Comunicación, Cómputo y Calidad). Todos los contratos, por la razón del campo que toca, han sido por adjudicación directa. Este tipo de procedimiento no habría despertado sospecha en la industria, de no ser porque concentran cerca del 80% de todas las adjudicaciones directas que ha dado el Gobierno de Peña Nieto en materia de seguridad, según cálculos de los expertos, y por la forma como se entregan.

En la industria se quejan del favoritismo con el que, a su juicio, se manejan los contratos con Seguritech. “Cuando llegan a un estado, prácticamente tienen el contrato asignado”, dijo un ejecutivo en una empresa de seguridad, que citó el caso de un Gobierno que llevaba apenas dos meses en funciones y que entre sus primeras acciones fue dar todas las asignaciones directas en materia de seguridad a la empresa. Picker, por otra parte, señaló una persona que conoce la forma como se realizan estos negocios, sólo los concreta con quienes gobiernan en los estados. “Su fuerza no está en Korenfeld o en el Estado de México”, añadió otra persona que conoce los vínculos de Picker con el círculo íntimo de Peña Nieto desde hace tiempo. “La fuerza proviene de alguna oficina en Los Pinos”.

No está claro en la industria quién es su padrino dentro del círculo peñista, donde han mostrado una proclividad para establecer relaciones políticas o empresariales que se adentran en el conflicto de interés. Pero la certeza de que no hay otro lugar de donde podría tener el apoyo para que los gobiernos estatales vean a Seguritech como una empresa pre-etiquetada y le entreguen adjudicaciones directas, proviene de la facilidad como ha hecho negocio durante estos años. De la misma manera, la tensión que se ha dado en las últimas semanas ante las señales de cuando menos cinco gobierno estatales que quieren demandar a la empresa y a su principal accionista por contratos inconclusos o funcionamiento parcial, sugiere que por encima de Picker hay personeros tan poderosos que puedan estar inhibiendo a varios gobernadores a tomar acciones en su contra.

El caso de Seguritech, como el de Tecnoradio que se exploró en el texto anterior, son dos ejemplos muy claros del entramado opaco entre Los Pinos y empresarios ligados a altos funcionarios de la Presidencia. No hay evidencias sólidas que permitan apuntar conflictos de interés de Seguritech con el equipo de Peña Nieto, y menos aún que sean beneficiarios de sus ganancias. Pero las sospechas son letales en el último tercio del sexenio. El caso de Tecnoradio es menos difícil de procesar porque al no estar en el campo de la seguridad, los conflictos de interés que aparentemente existen pueden ser solucionados y eliminados. Con el de Seguritech, la situación es distinto.

No habrá manera de abrir esa caja negra que es en donde se maneja para conocer el mapa de su crecimiento desorbitado en la última década, porque sus contratos entran bajo los rubros de seguridad nacional. La confirmación de que Picker llega a los estados con la recomendación de Los Pinos, como sostienen en la industria, saldría si alguien lo denunciara y comenzara una investigación. Eso no sucederá. O al menos, no en este sexenio, lo que no significa que la protección, quizás mutua, sea para siempre.

P.D. En la columna anterior, “la misteriosa Tecnoradio”, se apuntó que el IMER depende de la Secretaría de Gobernación. Depende de la Secretaría de Educación.
27 Marzo 2017 04:07:00
La misteriosa Tecnoradio
La comunidad libanesa en México, a la cual pertenecen algunos de los empresarios más importantes del país, le pidieron al presidente Enrique Peña Nieto que luche contra corrupción. “La corrupción produce desaliento y crea una imagen repugnante dentro de la sociedad”, dijo el líder del Centro Libanés, Alejandro Serio. “Señor Presidente, le pedimos que se aplique la ley”. Peña Nieto, que en público y en privado asegura que su Gobierno ha hecho más que nadie para combatirla, respondió que será la ley anticorrupción lo que probará su dicho. Pero el futuro no es el presente. Mientras se daba ese intercambio, crece la polémica sobre la opacidad en los contratos y adjudicaciones de dos empresas, Seguritech y Tecnoradio, que tienen vasos comunicantes con Los Pinos.

La prensa especializada lleva dos semanas mostrando lo que parece una proclividad a apoyar a esas dos empresas que han florecido durante el Gobierno de Peña Nieto. Tecnoradio, ha sido cuestionada por el hermetismo con el que las autoridades cuidan la identidad de sus socios. Fundada en 2011, de la nada se presentó en el concurso público del Instituto Federal de Telecomunicaciones para obtener 191 frecuencias de radio FM y 66 en AM, y se quedó con 34 FM y 3 AM en 18 estados, por las cuales ofreció pagar 287 millones de pesos, 37 millones más que el segundo lugar, Grupo Radio Centro, de largo historial en la industria. La suspicacia general la resumió Javier Tejado, experto en telecomunicaciones y abogado de Televisa, en su columna en El Universal el martes pasado: “¿Quién está detrás de Tecnoradio?”.

La prensa estaba volcada en sus accionistas y representantes públicos, Carlos Lara Sumano, director del Instituto Mexicano de la Radio, Alfonso Amilpa, exfuncionario federal y asesor de varios grupos radiofónicos, y Alí Eduardo Bañuelos, que trabaja con Diamond Electronics, que es importante contratista de televisoras digitales con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El debate se ha centrado en Lara Sumano, ante un posible conflicto de interés. ¿Cómo puede un funcionario cuya área de competencia es la radio participar en un concurso de licitación de frecuencias de radio? La prensa reveló que Lara Sumano tiene 249 de las 600 acciones de Tecnoradio, mientras que Amilpa tiene otras 306. Quién tiene las 45 restantes es otro misterio porque Bañuelos, sólo aparece como representante legal.

Lara Sumano explicó la semana pasada que si bien él fue uno de los fundadores de Tecnoradio, vendió sus acciones en septiembre, sin mostrar ningún documento que avalara su dicho, ni tampoco aclaró por qué, si desde febrero pasado apareció esa empresa como la ganadora del concurso público, no hizo del conocimiento público su retiro como accionista hasta que el escándalo lo comenzó a quemar. El Gobierno ha dejado solo al director del IMER. La Secretaría de Gobernación, bajo cuya jurisdicción se encuentra ese instituto, no ha dicho absolutamente nada. La Secretaría de la Función Pública no ha abierto ninguna averiguación que se sepa, hasta este momento. Las autoridades judiciales competentes tampoco han intervenido, ni siquiera informalmente, para que Lara Sumano les aporte las pruebas de que, en efecto, no es accionista en la empresa. Este funcionario tampoco ha presentado una denuncia penal por el mal uso de su nombre y el abuso de confianza por haber existido, en dado caso, usurpación de su nombre para actividades que serían ilegales, que obligaría a la cancelación del concurso.

Este tema se ha vuelto muy caliente por las ramificaciones que tiene hasta Los Pinos, en particular con la Dirección de Comunicación Social que encabeza Eduardo Sánchez. Lara Sumano, Amilpa y Sánchez son un trío de viejos amigos que se introdujeron en el tema de la radio y telecomunicaciones desde que trabajaron en esas áreas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuando el secretario era Emilio Gamboa, actual coordinador del PRI en el Senado. Sánchez fue director de Radio de la SCT de 1991 a 1993, y lo sustituyó Amilpa, mientras que Lara Sumano era director de Telecomunicaciones en tiempos de Gamboa. Esa dependencia fue su plataforma para ingresar y ser asesores de grupos de radiodifusores dentro de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), por la que Sánchez llegó a una diputación años después.

Sánchez fue parte activa en la campaña presidencial de Peña Nieto, y al iniciar este Gobierno fue nombrado subsecretario de Normatividad de Medios en Gobernación. Sánchez incorporó a su equipo a Lara Sumano, a quien nombró en la dirección del IMER, y regresó de Denver, donde era cónsul, a Andrés Chao, a quien nombró director de Radio y Televisión en su Subsecretaría. Ninguno de ellos dos ha dicho nada sobre Lara Sumano, aunque política y formalmente depende de ellos. Sánchez es vocero del presidente y responsable de medios en Los Pinos desde 2013, mientras que Chao es subsecretario de Normatividad.

De Tecnoradio nadie quiere hablar. Este grupo, que según Lara Sámano no tenía recursos, concurso con fuerza y elevó dramáticamente los costos. En general subió en 22% el precio del mercado con respecto a los valores mínimos, según Fernando Mejía Barquera, un experto en el tema. Empresarios de la industria aseguran que lo que pagó Tecnoradio hace inviable el modelo de negocios, con lo cual crecen las dudas sobre quién o quiénes están detrás, no sólo en términos legales, porque pueden ser testaferros, sino en términos reales. La opacidad es el nombre del juego en el peñismo, como sucede con Seguritech, de quien se hablará en la siguiente entrega.
24 Marzo 2017 04:08:00
Tumbas masivas
La historia de México de los últimos años está por escribirse. La va a contar la vida y la muerte de cientos de cuerpos que están siendo encontrados en las fosas clandestinas que están brotando por todo el país. Jojutla, en la zona más caliente de Morelos, es la última comunidad donde la tierra empezó a escupir lo que se le atora, y que acentuó la atención mundial luego de los escatológicos hallazgos en Veracruz de las dos últimas semanas. El interés ha sido extremadamente tardío para un fenómeno inexplicable en un país que supuestamente en paz, pero que dada su dinámica de violencia, se puede alegar que está inmerso en una guerra civil sui generis entre múltiples bandos criminales y el Gobierno federal.

Un grupo de trabajo privado ha documentado a partir de fuentes abiertas que de 2014 a 2016 se localizaron 672 fosas en el país, donde contabilizaron mil 557 cuerpos. Estos cuerpos no están registrados dentro de las estadísticas sobre homicidios que tiene el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública debido, explicaron los autores del reporte, a que en algunos pasos se encuentran sólo partes de cuerpos, situación que no permite determinar el número de personas a las que corresponden.

El mejor ejemplo de ello es Patrocinio, un ejido en San Pedro de las Colonias, en la Comarca Lagunera, a unos 80 kilómetros de Torreón, que es una inmensa fosa clandestina donde se han encontrado en aproximadamente un año y medio casi 3 mil 500 restos humanos, cuya reconstrucción forense aún no permite saber a cuántas personas corresponden. ¿Cuántas personas fueron asesinadas y tiradas en estos cementerios clandestinos que ocupan un segundo corte en la corteza terrestre mexicana? No hay realmente datos confiables que permitan conocer actualmente periodos en los cuales se dieron esos asesinatos, ni la demografía de las personas que fueron tiradas ahí. Tampoco hay información genética que permita comparar los restos de los cuerpos con las bases de datos de personas desaparecidas. Pero el fenómeno es nacional.

Solamente ocho de las 32 entidades del país no tienen fosas clandestinas, o cuando menos conocidas hasta ahora: Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán. Del resto, Guerrero es el que ocupa el primer lugar de tan dramática clasificación. Entre enero de 2014 y enero de 2017, se han encontrado 683 cuerpos en estas tumbas clandestinas, que representa el 41.5% del total en el país. Le siguen Veracruz, donde se habían encontrado hasta hace dos meses 265 cuerpos, que solamente con los 304 restos de cuerpos localizados en los últimos 15 días, se duplicó en un parpadeo la aterradora contabilidad. En tercer lugar de esta lista se encuentra Nuevo León, con 99 cuerpos.

No deja de llamar la atención que estos tres estados cambiaron de gobierno en los 18 últimos meses. Aunque no existe un patrón en cuanto al conflicto entre bandas criminales, a las que las autoridades responsabilizan de estos asesinatos, hay algunos vasos comunicantes. En Guerrero luchan de manera más enconada las escisiones del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, que a su vez se separaron del cártel del Pacífico, que lucha en Nuevo León contra Los Zetas, que a su vez enfrentan al cártel Jalisco Nueva Generación, que se desdobló hace varios años de los sinaloenses. Pero la duda sobre qué llevó a esas tumbas clandestinas, sigue sin poderse responder con precisión. Jorge Winckler, el fiscal veracruzano, ha dicho sin evidencia forense que los restos que han encontrado en el estado pudieron haber sido resultado de asesinatos hace varios años.

La explicación de Winckler pudiera tener solidez, como hipótesis de trabajo en estados como Tamaulipas y Michoacán, número cuatro en la lista con 89 cuerpos encontrados en fosas clandestinas, y Sinaloa, con 66 cuerpos encontrados, y Jalisco y Morelos con 49, que son los siguientes estados en la lista. Pero hay estados como Aguascalientes, con un cuerpo en una fosa clandestina, que se encuentra en el último lugar de esta tabla, donde la pregunta si se trata en efecto de un acto cometido por cárteles o un asunto de índole personal, añade complejidad al entendimiento del fenómeno.

Estados como Guanajuato, con 23 cuerpos en fosas clandestinas llaman tanto la atención como Colima, donde se han encontrado 19, porque la violencia criminal sólo ha repuntado en el último año, mientras que en estados como Baja California, Chihuahua y Coahuila, donde se escenificaron algunas de las batallas entre bandas criminales más sangrientas, se descubrieron en ese periodo 39, 33 y 26 cuerpos, respectivamente, que parece un número pequeño para el tipo de guerra que vivieron. Hay entidades con cárteles dominantes donde los hallazgos de cuerpos son bajos, como en Zacatecas y Tabasco, controlado por Los Zetas, con 36 y 7, respectivamente, o Sonora, territorio de los sinaloenses, con 12.

Baja estadística de cuerpos encontrados, como en Puebla y Campeche con 3 cada uno, no se comprenden con amplitud dentro de un patrón criminal por el incipiente pero creciente conflicto entre grupos delincuenciales antagónicos, que es lo que sucede en estados como San Luis Potosí y Baja California Sur, con 10 y 7 cuerpos respectivamente encontrados en fosas clandestinas. Oaxaca y Chiapas, que no tienen pugnas notables entre cárteles, registraron en el periodo cuatro cuerpos cada uno, pero en el Estado de México, duodécimo en la lista, se encontraron 30 cuerpos, pese al control por regiones de las organizaciones criminales.

¿Cómo pudo todo esto pasar en México ante los ojos de todos? “Por muchos años los cárteles de la droga desaparecían a la gente y las autoridades eran complacientes”, explicó el fiscal Winckler durante una reciente entrevista. Aunque no ofreció prueba alguna, como hipótesis de trabajo es la línea de investigación que menos debe descartarse.
23 Marzo 2017 04:08:00
Los coqueteos de la maestra
La negativa judicial para que la maestra Elba Esther Gordillo enfrente su proceso judicial en prisión domiciliaria ha sido por presión del Gobierno federal, que ha convencido a los jueces que si le dan el beneficio se puede fugar de México. Esa realidad tiene otra cara, la de prisionera política del presidente Enrique Peña Nieto. Inicialmente, el Presidente no quería que la detuvieran, pero hoy, él mismo, afirman personas que conocen el entramado político, es quien no desea alterar el status quo. Aún no es tiempo, citan al Presidente, cuando le piden instrucciones para saber si continúan la presión a los jueces o permiten que se vaya a su casa. El problema ya no es si obstaculiza la reforma educativa, que fue el argumento para detenerla, sino con quién jugará en las elecciones presidenciales de 2018. El temor a su fuerza continúa.

La maestra Gordillo se encuentra en un discreto hospital privado de la colonia Roma, debido a su mal estado de salud, principalmente por los resabios de la hepatitis C que se atendió en Phoenix, y la alta presión que tenía desde antes que la detuvieran a principio de 2013. En el hospital tiene tres habitaciones –la recámara, una sala y un comedor–, además de un roof garden, donde hace sus comidas familiares. Aunque está permanentemente vigilada, es posible acceder a ella sin ser registrado, como lo han hecho algunos líderes políticos de partidos medianos que la han visitado.

Su actividad política no es intensa como antaño, pero no por eso menos importante. A través del enlace del exjefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, el senador Mario Delgado ha servido como puente con el jefe político de Morena, Andrés Manuel López Obrador. La comunicación no es nueva, y aunque públicamente López Obrador rechazó una alianza electoral en 2006, que la empujó a respaldar al panista Felipe Calderón, nunca dejaron de mantener una comunicación indirecta. Ebrard es una de las cuatro debilidades de la maestra, como lo es Esteban Moctezuma, quien trabaja en el programa social del precandidato presidencial morenista. Las otras dos debilidades son Jorge Castañeda, el excanciller con quien ha tenido altibajos, y Adolfo Aguilar Zinser, que murió en un accidente automovilístico en 2005.

La maestra ha dicho públicamente que no desea volver a participar en la vida pública, pero parece tener intenciones diferentes, expresadas a su entorno y expresadas a sus interlocutores. Su mayor molestia, afirman personas que saben de su sentir, es con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, porque fue quien, con una invitación falsa a cenar, le tendió la trampa para que la detuvieron. Es mayor la indignación contra él que contra el Presidente, número dos en su ira, y por encima del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien sintió que la traicionó por la cercanía que tenía con él, pero que se ha ido reivindicando ante ella al procurar a su nieto, Othón Francisco de León, hijo de su fallecida hija Mónica.

Gordillo está enfrentando un proceso donde no le han podido probar nada hasta ahora. La principal razón es que todo el dinero por el que la han acusado de lavado de dinero de procedencia ilícita, en realidad es lícito porque salió de la tesorería del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la que era presidenta. El único delito por el que podría rápidamente ser procesada, por cuando menos fraude y abuso de confianza, sería por utilizar ilegalmente los recursos del sindicato, pero el presidente del magisterio, Juan Díaz, nunca ha presentado una denuncia en su contra.

La forma como el Gobierno federal ha buscado mantenerla neutralizada, refleja la preo-cupación sobre el avance electoral de López Obrador, por un lado, y las posibilidades que tendría para canalizar apoyos magisteriales a su favor. Gordillo fue una pieza importante en las elecciones presidenciales de 2006, cuando saboteó al candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo y apoyó en dos de las cinco circunscripciones electorales a Calderón. En 2012 la alianza fue con Peña Nieto. No se sabe, sin embargo, qué tanta fuerza tendría la maestra dentro del sindicato en este momento, pero la molestia magisterial contra la reforma educativa y la forma malagradecida con la que han tratado a Díaz, ya ha dado muestras de un voto anti-PRI en varias regiones del centro y sur del país.

Gordillo y su entorno, en particular su yerno, Fernando González, que fue subsecretario de Educación y buscó sin éxito convencer al actual secretario de Educación, Aurelio Nuño, que la reforma educativa tendría que hacerse de arriba hacia abajo, no al revés, con el respaldo de Gordillo, ha criticado el modelo peñista, y dejado que se filtren a la prensa los coqueteos de la maestra con el equipo de López Obrador. Este frente disidente de la reforma tiene además un enemigo común: Enrique Ochoa, quien conducirá desde la presidencia del PRI la elección presidencial, fue el autor y redactor de los puntos dentro de la ley que eliminaron privilegios a los maestros y provocaron un conflicto continuo. Los maestros no votado en las últimas elecciones a favor del PRI, y no tendrían ninguna razón para hacerlo en 2018. El Gobierno piensa que puede dialogar con Díaz y pedirle al final su apoyo, pero con la maestra no quieren arriesgar, menos hoy donde, pese a sus dichos, la venganza no debe estar muy lejana en su mente.
22 Marzo 2017 04:08:00
Elba, prisionera política
Lo publicado en este espacio el 19 de enero de 2015 se mantiene 26 meses después: Elba Esther Gordillo es prisionera política del presidente Enrique Peña Nieto. El viernes pasado se le volvió a negar el beneficio de la prisión domiciliaria para que ahí, por razones de edad, enfrentara el proceso que se le sigue. Hasta ahora, ninguno de los delitos por los que se le acusa se ha probado, y está en la cárcel porque los jueces avalan el argumento de la PGR de que puede escaparse. Para un Gobierno al que uno de los gobernadores consentidos de Peña Nieto, Javier Duarte de Veracruz, se le fugó hace más de 150 días y dicen no saber en dónde se encuentra, y permitió que por razones de salud pagara su condena en casa uno de los fundadores del cártel de Guadalajara, Ernesto Fonseca, la forma como se enfrenta a la maestra Gordillo en tribunales toca la sevicia.

La maestra fue detenida cuando varios miembros del gabinete, tras una reunión en Los Pinos donde analizaron la entrevista que le dio a Adela Micha días antes, alegaron que Gordillo había llegado a un punto sin retorno en la confrontación con el Gobierno y que con ella al frente del magisterio, la reforma educativa no iba a poder ser concretada. Las voces que alertaron que el problema no era ella sino la Coordinadora magisterial, fueron ignoradas. La decisión, que aún sin gustarle la ordenó Peña Nieto, fue que como criminal de alta peligrosidad, un comando de la Marina la detuviera en el aeropuerto de Toluca en febrero de 2013, donde aterrizó en víspera de viajar a Guadalajara, con una artimaña que le tejió el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Desde enero de 2015, las cosas no han cambiado mucho en la sustancia del caso. El expediente mantiene las mismas fallas, omisiones y errores tan grandes como inexplicables. En aquél entonces se planteó: “El pliego de consignación para ejercer la acción penal en contra de Gordillo, suscrito por el Ministerio Público el 20 de febrero de 2013, sustentado en los dictámenes de los peritos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), y de la PGR. Los dictámenes, sin embargo, fueron emitidos el 21 y 22 de febrero, respectivamente. Es decir, un día después del pliego de consignación.

“No es el único desaseo. El principal delito imputado a Gordillo, operaciones con recursos de procedencia ilícita, sobre la cual se montó el de delincuencia organizada, no tiene sustento legal. Los recursos que según SAT y la PGR movió Gordillo en diferentes operaciones financieras cuando presidía el Sindicato Nacional de Maestros, no tienen una procedente ilícita. Provienen de los maestros, que a su vez, recibieron sus dineros del Gobierno federal. El sindicato, que en dado caso pudo acusarla de abuso, fraude o malversación de fondos, por ser en todo caso el afectado, no ha presentado, hasta ahora, ninguna denuncia contra la maestra.

“La ley establece que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sólo puede ser investigado una vez que la Secretaría de Hacienda, el área competente, haya presentado la querella. En el expediente no existe la querella. Tampoco se acreditó, como establece la ley, la representación legal de la Secretaría de Hacienda. Esta inconsistencia en el expediente es una de las más grotescas de todo el caso, que arranca con la averiguación previa el 13 de febrero de 2013, una vez que, establece, recibió la querella –la inexistente–, en forma de imputaciones.

“La querella que señala el acuerdo del ministerio público adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, fue suscrita en representación de la Secretaría de Hacienda por Alonso Israel Lira Salas, quien se identificó como director adjunto de Procesos Legales der la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, con un gafete provisional, donde no se aclaraba su cargo, firmado por Mauricio López Tapia, de quien tampoco se precisa su cargo. Esta ambigüedad no es relevante, dado que hay dependencias donde por razones de seguridad no se identifica la posición o el nivel de quien lo porta.

“Lo que sí es fundamental, es la Constancia número 32, firmada por Claudia del Carmen Mora Osorio, directora de Recursos Humanos y Materiales de la Coordinación Administrativa de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en donde afirma que Lira Salas ingresó a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda el 1 de febrero de 2013. La Constancia 32, cuyo propósito era acreditar la representatividad legal de la Secretaría de Hacienda, está fechada el 14 de febrero de 2013.

¿Cuál es el problema? Que la averiguación previa está fechada el 13 de febrero de 2013, al dar entrada el Ministerio Público a una denuncia suscrita por un funcionario que no tenía su personalidad ni representatividad legal acreditada en el momento que la presentó. A partir de esa querella, el Ministerio Público ordenó solicitudes oficiales al Gobierno de Estados Unidos para conocer los antecedentes penales de la maestra, y pidió dentro del Gobierno federal información para respaldar el caso. Aún así, la maestra ha ido derrotando a la PGR en tribunales.

Dentro de la PGR no hay mucha convicción que pueden mantenerla en la cárcel, con la imputación por defraudación fiscal interpuesta en octubre de 2014, parte del expediente cuestionado, pero no se trata de la ley, sino de que no salga de prisión, ni siquiera domiciliaria por razones políticas. No aceptan en el Gobierno que así se le llame, pero no hay argumentos que sostengan lo contrario.
21 Marzo 2017 04:07:00
Destape en Chiapas
Fuera de toda circunspección, el sábado 11 de marzo pasado se dio el destape del PRI para la Gubernatura de Chiapas, en Yucatán. Falta mucho tiempo para esa elección que será en el verano de 2018, pero no importó. Adversarios en el Gabinete, como el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el de Educación, Aurelio Nuño, fueron acompañados por el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, para ungir informalmente a Roberto Albores Gleason, como próximo abanderado al Gobierno estatal. Para ir al futuro, se fueron al pasado. Asunto de amistades y componendas presidenciales, concretadas al amparo de una boda con una cargada política de potencia nuclear.

Albores Gleason, hijo de un gobernador interino en Chiapas, se casó con Karla Esmeralda Méndez Marrufo tras una fugaz relación, en una ceremonia civil y religiosa en la fastuosa vieja hacienda henequenera Tekik de Regil, cerca de Mérida. Prohibieron el paso a la prensa porque no querían los organizadores del evento que la opinión pública registrara lo sucedido. Sabadazo electoral con la venia del presidente Enrique Peña Nieto. Sus secretarios enfrentados, Osorio Chong y Nuño, firmaron como testigos del novio, al igual que Ochoa, quien será el encargado de preparar más adelante la convocatoria de registro de candidatos, a modo, como es la marca de la casa, para el regreso a Chiapas de la naftalina.

La boda estuvo llena de símbolos. El más importante, lo irrelevante del sentir y pensar de los priistas chiapanecos, músicos de acompañamiento porque quien manda allá no son ellos, sino el Centro. En julio del año pasado, como botón del desprecio, 10 exlíderes del partido en el estado le pidieron a Ochoa la remoción inmediata de Albores Gleason por haber violado los estatutos del partido y permanecer irregularmente en el cargo. Nadie les hizo caso. El recién casado también fue uno de los responsables de la caída del PRI en el estado por su mala operación política en los últimos años, pero tampoco cuenta. Albores Gleason es protegido del exgobernador Juan Sabines, amigo cercano de Peña Nieto, quien no fue perseguido por la deuda superior a los 40 mil millones de pesos que dejó en el estado, sino protegido por el Presidente, que lo nombró cónsul en Orlando.

La apuesta por Albores Gleason es por un modelo autócrata, represivo y despilfarrador, como fue el Gobierno de Sabines, un político fiscalmente irresponsable y frívolo, del que tanto abreva el extraoficialmente ungido. Sabines fue precursor de los abusos que cometieron otros gobernadores peñistas, y pensar en su delfín como candidato es creer que la vieja forma de hacer campañas, distribuyendo dinero a través de programas sociales y cooptando a la oposición o silenciando a la disidencia y la prensa crítica, será el camino de la victoria en el estratégico estado en la difícil frontera sur.

Eso no importa en Los Pinos. A la hacienda llegó la caballería política peñista y algunos más de la órbita priista. Estuvo el secretario de Salud, José Narro, con el procurador Raúl Cervantes y el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa. También los gobernadores de Campeche, Chiapas, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas. Cargada política para que le quedara claro al gobernador chiapaneco, Manuel Velasco, quién es el escogido en el Centro. El Verde dejó de ser útil, es casi un lastre, y él no pondrá candidato; se lo impondrá Peña Nieto, el hacedor electoral.

La elección en Chiapas se resolverá de manera concurrente como la elección presidencial, pero ahí, como no ha sucedido con las otras entidades que coinciden en el proceso, se están tomando decisiones adelantadas con un propósito que no se podría entender fuera de la necesidad de frenar el avance de Andrés Manuel López Obrador y Morena en el sureste mexicano. El fenómeno del crecimiento del líder de la izquierda social en el estado ha ratificado el avance de ese partido en las últimas elecciones federales y estatales. En 2015, primera elección de Morena como partido, pasó a dominar la Ciudad de México, bastión de la izquierda, y el año pasado avanzó meteóricamente como fuerza política en Veracruz y Oaxaca, principalmente, pero significativamente en plazas como Puebla.

Morena no existía cuando Velasco ganó la Gubernatura en 2012 con la coalición Verde y PRI, con 49.93% del voto. En 2012, Peña Nieto ganó por casi 15 puntos porcentuales a López Obrador en Chiapas, pero las del 2018 tendrán como contexto su desgaste y el del Gobierno federal, así como la anulación como operador político, como quedó de manifiesto en la boda, del gobernador Velasco. No está claro cómo podrá funcionar la fórmula del viejo PRI, si la receta del desacreditado Sabines sea ganadora, o si en las condiciones de vulnerabilidad electoral que vive el partido en el Gobierno en varias regiones del país la opción de Albores Gleason sea la mejor.

El destape en Chiapas, para quien no milita en el PRI, por tanto, se da en un buen momento para analizar perfiles de candidatas o candidatos y revisar posibilidades de alianza, lo que podría darse con el binomio PAN-PRD pero no, en el contexto actual, con Morena. De cualquier forma, con las cartas claras del PRI, el juego se abrió para todos. Incluso para los priistas que sufrieron con Sabines que han sido excluidos por Albores Gleason, y para quienes lo único que desearían, por las experiencias vividas en aquellos años, es que ese grupo político no regrese al poder.
17 Marzo 2017 04:08:00
La ética de la secretaria
Rosario Robles tiene confundida la ética con la estética, o simplemente, nada extraviada, le da exactamente lo mismo que mezcle la estética con la ética. Todo esto viene porque el lunes pasado, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuyo acrónimo es Sedatu, decidió tomarse la mañana para sus temas personales y de promoción, dejando para otro momento sus funciones como titular de una dependencia que, entre otras cosas, recoge los remanentes del reparto agrario –que comenzó hace un siglo con la Revolución Mexicana–, y tiene bajo su responsabilidad la estratégica planeación urbana en el país. Esa mañana, la secretaria se fue de compras.

A media mañana la secretaria Robles fue fotografiada por una persona en la tienda Hermès en un centro comercial. La Casa Hermès fue fundada en 1987 en la zona del Barrio 4, el de los grandes bulevares que arquean sobre el centro de París, en 1837, con el propósito de vestir a los nobles europeos. Su cuartel general se encuentra actualmente en el número 24 de Faubourg Saint-Honoré, que es la calle que comparten las principales casas de modas del mundo, con el Palacio del Eliseo, la sede de la Presidencia francesa. Es decir, la secretaria Robles sabía perfectamente a dónde se metía. Iba a buscar corbatas de hombres, de punta de seda, cuyos precios normales oscilan entre los 2 mil 500 y los 3 mil pesos.

La señora Robles tiene un salario de 147 mil 318 pesos, de acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia, por lo cual está perfectamente dentro de sus posibilidades adquirir una corbata fina. Ese no es el problema, ni qué hace en su vida privada. El tema es relevante porque esta visita a la tienda se dio un lunes a media mañana, con lo cual violó el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno federal.

Tras revisar el documento, la versión impresa del portal digital Eje Central publicó una pequeña historia del hecho, firmada por la reportera Bet-biraí Nieto, donde registró:

“La funcionaria fue fotografiada a las 11:30 de la mañana en Perisur, al interior de la exclusiva tienda Hermès. Según la agenda de la titular de Sedatu, a la una de la tarde acudió al auditorio de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social en San Jerónimo Lídice, para la presentación del índice de las Ciudades Prósperas de ONU-Hábitat, acto que terminó luego de las tres de la tarde”.

La oficina de la secretaria se encuentra, en el sur de la Ciudad de México, cerca del Estadio Azteca y a unos 20 minutos, a media mañana, de Perisur. El auditorio en San Jerónimo Lídice se encuentra a escasos 15 minutos de Perisur. Es decir, no había mucha necesidad de la secretaria para no atender asuntos de trabajo, en su oficina o en otro lado, aunque definitivamente nada que ver en la tienda Hermès.

Se podría argumentar que se tomó la mañana, y buena parte de la tarde, porque antes que terminara el foro, crucial para el trabajo que le encomendó el presidente Enrique Peña Nieto, dijo que tenía otras cosas qué hacer –deben haber entendido que eran más importantes–, y se retiró buen tiempo antes de que concluyera. ¿A dónde fue? La reportera Nieto agregó: “Robles se disculpó y lo abandonó, pues tenía una entrevista en Radio Fórmula con Joaquín López Dóriga. Al terminar pasaban de las tres de la tarde, hora de comer”.

Según el manejo de horarios de trabajo, establecido en el inciso G, regla 11, del Código de Ética de los Servidores Públicos, titulado “Desempeño permanente con integridad de los funcionarios”, reportó Eje Central, no se deben “realizar actividades particulares en horarios de trabajo que contravengan las medidas aplicables para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos”. ¿Aprovechó la secretaria esa plataforma para un anuncio trascendental que justificara su negligencia laboral?

Tampoco. “La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga”, registró en su portal Radio Fórmula, “dijo que existe un crecimiento desordenado de la mancha urbana propiciado en gran medida por la corrupción y, en ocasiones por la incapacidad porque es el municipio el que tiene las facultades en materia de uso de suelo y desarrollo urbano”.

La fotografía fue publicada originalmente en la cuenta de Twitter del periodista Carlos Loret pocas horas después de ser tomada, y generó mucho ruido en la red, pero no pasó de los gritos en el vacío. Fue tomado como una anécdota en donde, quienes debían haber tomado nota y actuar, no lo hicieron. En el Código de marras se establece que quien viole la norma será sujeto o sujeta a una sanción administrativa, la cual no se establece, y se deja al juicio de la Secretaría de la Función Pública.

La secretaria Robles violó en forma flagrante el Código, fue atrapada en flagrancia por ciudadanos, se hizo público, y nadie arqueó la ceja o inició un procedimiento administrativo.

La visita de la secretaria a Hermès es un gran ejemplo de la laxitud de los mexicanos con respecto a sus leyes y normas. Más allá de que esta sea una falta administrativa, incluso quizás menor, no deja de ser un acto de impunidad. La falta de una acción correctiva en el Gobierno nos muestra que la vieja debilidad jurídica y ausencia de un auténtico estado de derecho, lo traemos en nuestro código genético, torcido y cínico, aparente y lamentablemente, irreversible.
16 Marzo 2017 04:08:00
2018: ¿y Eruviel?
Pocos hablan de él porque no tiene el protagonismo de las cartas fuertes del presidente Enrique Peña Nieto en el Gabinete, pero las encuestas que miden sistemáticamente a los aspirantes a las candidaturas presidenciales para 2018 siempre han tenido oscilando en los dos primeros lugares de los priistas mejor posicionados para la competencia al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, quien intercambia el sitio con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Ávila se encuentra dentro del equipo del canciller Luis Videgaray, que está confrontado con Osorio Chong, y se ha comprometido a entregar en junio a Peña Nieto, la Gubernatura para su primo, Alfredo del Mazo. Si los resultados en la elección mexiquense son positivos para él, su valor en el mercado de las candidaturas adquirirá una nueva dimensión.

La elección, anticipan los estrategas, será la más difícil que haya tenido el PRI, que en ese estado tiene a su gran bastión electoral. Ávila, no obstante, está confiado en que Del Mazo ganará, y la única duda que tiene es por cuántos puntos porcentuales.

La matemática electoral mexiquense ayuda a tener una idea de lo que se necesita: poco más de 11 millones de electores en el padrón, con una participación estimada para la próxima elección de 5.5 millones, de los cuales, en función del histórico de resultados, el PRI debería sumar 2.4 millones de votos, con lo que en una elección de tres –con Morena y el PAN de adversarios–, como dice uno de los analistas de Ávila, no habrá problema para conseguirlos.

Las cuentas, sin embargo, tienen otra lectura si se ven desde uno de los campos opositores.

Por ejemplo el de Morena, cuya matemática electoral difiere. Según los cálculos que realizan los estrategas de la candidata Delfina Gómez, que son los mismos de Andrés Manuel López Obrador, el PRI sí puede alcanzar hasta 2.6 millones de votos, pero si son capaces de elevar la participación hasta el 55%, podrían llegar a tener, estiman, entre 2.8 y 3 millones de votos. De dónde saldrían, también lo tienen establecido.

El 59% del padrón mexiquense se concentra en tres zonas, la del valle de Toluca (7%), el nororiente –incluido Ecatepec– (40%), y el norponiente, conocido también como el “corredor azul” (30%).

Los estrategas de Morena estiman que la votación por Gómez llegue a un millón y medio de votos en el nororiente, y que en el “corredor azul”, donde la competencia que vislumbran será contra Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN, obtengan 700 mil votos más. En el valle de Toluca, donde Del Mazo será el contendiente fuerte, y en el sur del estado, las regiones calientes de Tejupilco o Luvianos, por ejemplo, esperan conseguir poco más de medio millón de votos.

Las encuestas de Morena muestran que Gómez ha ido ascendiendo firmemente en las preferencias electorales, mientras que se observa que Vázquez Mota ha ido perdiendo vapor y Del Mazo, después de un envión hace casi un mes, ha tenido un comportamiento inestable.

Los estrategas de Ávila no ven dubitativo al electorado de Del Mazo, y confían en el voto duro del PRI, aunque como se demostró de manera muy dramática en Veracruz, Quintana Roo y Tamaulipas, la militancia histórica tricolor votó contra los candidatos priistas. Pero también, a diferencia de esas tres entidades donde se perdieron las gubernaturas el año pasado, los gobernadores estaban mal evaluados por los ciudadanos, a diferencia de Ávila, que se mantiene por encima del 50% de aprobación, aunque el presidente Peña Nieto sufre un asombroso nivel de desaprobación, para ser su estado, a donde siempre va y le inyecta carretadas de dinero, que lo tiene con un rechazo de dos de cada tres mexiquenses.

La apuesta de Ávila y del Gobierno federal para que no se diera una alianza en el Estado de México les dio resultado, pero no se sabe si el PRD, que se está desgajando a nivel nacional, terminará de desfondarse en la entidad o decidirán hacer un voto útil a favor de Gómez.

Los estrategas de la candidata han venido trabajando con los líderes perredistas en el estado, algunos de ellos, como Héctor Bautista, líder de Alternativa Democrática Nacional, con vinculaciones públicas con el PRI mexiquense, y con algunos de sus candidatos en las zonas donde son fuertes, en el oriente y el sur del estado.

Electoralmente, Morena es una amenaza real para el PRI, cuando menos en estos momentos, lo que no es una sorpresa para nadie. Ávila no es un operador político inexperto, sino todo lo contrario.

Además tiene recursos económicos, un despliegue territorial de sus cuadros y el respaldo de Peña Nieto.

Entiende que no puede haber 2018 para él si no vence en 2017, y que aunque sus posibilidades como candidato a la Presidencia dependen de varios factores, entre los que se incluye el reacomodo que pueda hacer Peña Nieto de sus cartas y los resultados que los secretarios le entreguen durante los próximos meses, combinado con los números de la elección mexiquense, si logra hacer que funcione la maquinaria electoral priista y los niveles de participación se mantienen como desde 1999, entre 42 y 47%, verá aumentado su cartel frente al del Gabinete.

La responsabilidad que tiene Ávila es que no puede fallarle a Peña Nieto porque sería el preámbulo para lo que algunos experimentados priistas vislumbran, ante tal posibilidad: el fin del partido.

Puede ser. Hay experiencias en Europa de partidos hegemónicos que no superaron las derrotas. Ese puede ser el infierno para Ávila pero, al mismo tiempo, su escalera al paraíso, si los resultados y las estrellas se le alinean.
15 Marzo 2017 04:09:00
2018: la urgencia de Videgaray
El viernes pasado el Financial Times dio a conocer que había una guerra civil dentro de la Casa Blanca entre los nacionalistas económicos y los moderados pro comercio internacional, donde de manera fortuita, quedó atrapado el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, que en ese momento se encontraba en Washington en pláticas con el ala menos ideológica del equipo del presidente Donald Trump. En la víspera, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, había enfriado las expectativas mexicanas al anunciar que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio comenzarían hasta finales de año y se concretaría en 2018. Pésimas noticias. En 2018 hay elecciones presidenciales en México, pero en Estados Unidos, los 435 diputados y una tercera parte del Senado van a elección. En año electoral, los temas calientes se congelan en Washington.

Al día siguiente de las afirmaciones de Ross, el jueves, Videgaray ofreció una conferencia de prensa en la Embajada de México en Washington, horas después de haberse reunido con el equipo de Trump, a unas cuantas cuadras de ahí, en la Casa Blanca. Lo que dijo fue totalmente distinto. Las negociaciones, como lo había dicho previamente, se iniciaban en verano, y esperaban concluirlas para finales de año. De manera increíble, si no se conocieran los detalles publicados por el Financial Times, el viernes corrigió Ross. En las próximas dos semanas, dijo, notificaría al Congreso la intención de negociar el acuerdo, con lo que en 90 días, como había dicho Videgaray, comenzarán las conversaciones.

Videgaray tiene un cronograma claro de lo que debe ser la renegociación y en lugar donde está armando el calendario es donde debe ser, la Casa Blanca. Aunque Ross fue designado por el presidente Trump como el negociador en jefe del tratado, la realidad apunta a que será más de adorno. Las negociaciones comerciales internacionales se llevan dentro de la Casa Blanca, en la oficina del Representante Especial para Comercio, donde quien ha sido designado para encabezarla, Robert Lighthizer, sólo espera un permiso especial por haber trabajado para Brasil y una firma china en disputas comerciales en 1985 y 1991, antes de asumir el cargo. El enlace de Videgaray ha sido Gary Cohn, el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, y expresidente de Goldman Sachs, el banco de inversión neoyorquino con el cual el actual canciller tuvo relación frecuente como secretario de Hacienda.

La prisa de Videgaray tiene una razón estratégica de ser. Si el Tratado de Libre Comercio no es terminado este año, el presidente Enrique Peña Nieto se podría despedir de verlo concretado en 2018, con la incertidumbre en los mercados que eso significaría, y el impacto negativo sobre el estado de la economía mexicana. Este tipo de acuerdo, para el tamaño de modernización que se anticipa, tendrá que ser negociado con legisladores en el Capitolio, como sucedió con el original cuando Bill Clinton era presidente, para que a través de prerrogativas y concesiones, se puedan obtener sus votos. Si la negociación se extiende al próximo año, no se ve cómo pueda llevarse a cabo esa negociación, porque estarán involucrados en sus campañas de reelección y se ve altamente improbable que se programaran audiencias para ir revisando el proceso.

Al canciller le urge darle al presidente Peña Nieto no sólo la certidumbre de que los mercados se tranquilizarán y que las inversiones no entrarán en pánico por la falta de un acuerdo, sino entregarle una victoria rotunda para poder cerrar su gobierno. En este sentido, se ha convertido en el único colaborador que, en este momento, tiene posibilidad de permitir un cierre de administración que le permita entregar a los mexicanos un hecho tangible y de alivio –finalmente entrar en una relación racional con Trump–, a diferencia de la reforma energética, vital para el desarrollo mexicano, pero cuyos resultados no se podrán ver hasta entrado el siguiente gobierno, que será el que lo capitalice.

Pero en política no hay buenos samaritanos cuando se ambiciones se trata. El regreso de Videgaray al gabinete lo volvió a colocar en la lista de los aspirantes a la candidatura presidencial, y tanto su presencia pública como la percepción –muy bien asida a la realidad– de que es el poder tras el poder, lo llevaron rápidamente a ser el mejor posicionado de los priistas, después del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila. La Secretaría de Relaciones Exteriores, pero sobre todo el empoderamiento que le dio el presidente Peña Nieto para discutir de cualquier asunto con el gobierno de Estados Unidos y tomar decisiones que tengan incidencia en ellos, pese a no ser de su competencia, lo ha revivido. Entregar un Tratado de Libre Comercio donde el sacrificado no sea México, como plantea Trump, sino que exista un quid pro quo y un balance entre lo alcanzado y lo cedido, le va a facilitar a Videgaray la escalera que necesita para la candidatura presidencial.

En un gabinete de incapacitados por las guerras libradas, o de aspirantes que aún no muestran la testosterona que se requiere para conquistar la candidatura y ser un competidor viable, el manejo de Videgaray ha ido llenando esos espacios en el entorno de Peña Nieto. La apuesta es mayúscula, porque si bien un éxito en la negociación con Estados Unidos puede regalarle el triunfo final al presidente, pero no necesariamente su boleto para 2018, también una derrota o la percepción de que fue a entregar el país, no solamente lo hundiría completamente a él, sino que coronaría el Gobierno de Peña Nieto, como el fiasco hacia donde se encamina.
14 Marzo 2017 04:08:00
2018: ¿segunda oportunidad para Osorio?
Por un diseño institucional que Miguel Ángel Osorio Chong impuso al equipo del presidente electo Enrique Peña Nieto en septiembre de 2012, la Secretaría de Gobernación absorbió la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Osorio Chong alegó que de esa forma se tendría una mayor comunicación dentro del Gabinete, mediante la cual, como proclamó el entonces asesor colombiano de seguridad de Peña Nieto, el general Óscar Naranjo, la violencia se acabaría en los primeros 100 días de Gobierno. Ese ajuste colocó al secretario de Gobernación todo el sexenio sobre el tanque de dinamita que es la seguridad y que, al explotar, lo dañó. La estrategia de seguridad ha sido un fracaso.

Los homicidios dolosos no dejan de subir. De acuerdo con las últimas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los 50 primeros meses del gobierno de Peña Nieto se presentaron 75 mil 475 denuncias de homicidios dolosos, que son aquellos donde el delincuente le quita la vida a una persona conociendo las consecuencias legales que esa acción significa. Para entender la magnitud de esta cifra, en comparación, las denuncias de homicidios dolosos durante el mismo periodo en el Gobierno de Felipe Calderón, fueron 63 mil 94. Es decir, aumentaron 19.6% en el sexenio peñista.

La afirmación del equipo peñista de que se iba a reducir la violencia sin utilizar la violencia, sino a través de la prevención, se volvió una broma de mal gusto para los mexicanos. Las áreas de prevención se quedaron sin presupuesto para este año, y se tuvo que regresar a la violencia para combatir la violencia. Si los discursos cayeron a pedazos, la realidad hizo lo mismo con la estrategia. Sólo en los dos primeros años de Gobierno se dio una ligera baja en las denuncias de homicidios dolosos, que repuntaron en agosto de 2015. Para el cierre de 2016, las denuncias de homicidios dolosos aumentaron 22% con respecto al año previo y el Estado de México, la tierra de Peña Nieto, mantiene el primer lugar nacional.

El mayor número de denuncias de homicidio doloso que se ha dado fue en 2011, cuando alcanzó las 22 mil 852. En 2014 cayeron a 15 mil 653, y comenzó la debacle. En 2015 subieron a 17 mil 34 y al año siguiente a 20 mil 789, la tercera cifra más alta en la historia de las mediciones, superada sólo por los datos de 2011 y 2012. De mantenerse la tendencia actual, 2017 será el más violento en la historia de México. Sólo en enero de este año hubo mil 938 denuncias de homicidio doloso, que es el número más alto desde 1997, cuando se comenzó a medir la incidencia delictiva, 71 denuncias más, incluso, que enero de 2011, el año de mayor violencia.

En materia de resultados, Osorio Chong tiene un déficit importante. Tendría un argumento para balancear, que es la gobernabilidad, pero el tema más visible en este capítulo, que fue la revuelta magisterial contra la reforma educativa, Peña Nieto le acredita ese trabajo al entonces subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, a quien premió con la cartera de Desarrollo Social. En esta misma línea de argumentación, si la seguridad es la primera preocupación que tienen los mexicanos, de acuerdo con el INEGI, el secretario de Gobernación ha incumplido con su trabajo. Si la responsabilidad primaria de los gobiernos es proveer de seguridad a sus ciudadanos, entonces el de Peña Nieto ha incumplido con ella. Por tanto, si se trata de méritos, Osorio Chong no podría ser candidato a la Presidencia. Pero es cierto que si por méritos fuera, tampoco el secretario Luis Videgaray cumplió con la encomienda de crecer al 5-6% que prometió Peña Nieto para el cierre de su Gobierno, al encontrarse hoy en el umbral del 1.7%, con posibilidades de que baje aún más, como secuela de su manejo financiero en los 4 primeros meses años del año.

Lo paradójico en el manejo de Peña Nieto de la baraja presidencial para 2018 es que a Videgaray sí le dio la oportunidad para recomponer su futuro y modificar su destino. Después del fiasco de la visita de Donald Trump a México en agosto, Peña Nieto lo empujó a que renunciara para llevarse con él todo el descrédito que aquel viaje provocó. Cuando Trump ganó la elección presidencial, Peña Nieto revivió a Videgaray como secretario de Relaciones Exteriores, lo que le dio nuevo aire y un reto para vencer, que le permitiría reposicionarse como aspirante a la candidatura presidencial.

Osorio Chong no ha tenido esa señal por parte del Presidente. Videgaray se fue de Hacienda y Peña Nieto lo usó como consultor externo para que supervisara el proceso electoral en el Estado de México, que al ser un tema de política interna correspondería al secretario de Gobernación, y le pidió en noviembre que hiciera contacto con el equipo de transición de Trump. Las señales que ha recibido el secretario de Gobernación de su jefe no han sido, por lo que se ve en la arena pública, positivas o estimulantes.

Si Peña Nieto quiere mantenerlo vivo como candidato fuerte a la Presidencia, como luce en las encuestas entre los priistas, tiene que removerlo de Gobernación y permitirle una reinvención política, como lo hizo con Videgaray. Si no lo blinda para volverlo a impulsar, Osorio Chong se quedará, como nadie de su equipo lo esperaba al iniciar el Gobierno, a la orilla del camino.
13 Marzo 2017 04:07:00
2018: las cartas de Peña Nieto
Si en este momento el presidente Enrique Peña Nieto decidiera su sucesor, la carta más fuerte a la mano, a decir de lo que se piensa en Los Pinos y en algunas de las oficinas de mayor poder, sería el secretario de Salud, José Narro. De su baraja inicial quedó en el camino Luis Videgaray, como secretario de Hacienda, y a su sucesor, José Antonio Meade, la esperanza de la tecnocracia, el gasolinazo prácticamente sepultó sus aspiraciones. Aurelio Nuño, el secretario de Educación, hace tiempo que tocó la retirada cuando sus alas, como las de Ícaro, se derritieron al acercarse al sol. En el caso del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha quedado claro que su viejo amigo el Presidente, lo desapoderó y ha permitido que Videgaray lo maltrate. El juego, sin embargo, está abierto, y las piezas serán movidas únicamente por Peña Nieto, quien no permite, comentan quienes han buscado hablar con él sobre este tema, establecer ningún tipo de diálogo que dé señales del camino por donde marchan sus pensamientos.

La baraja presidencial, presentada aquí como hipótesis de trabajo a partir de las consideraciones en los pasillos de poder, responden al momento actual de los secretarios. La opción de Narro es acariciada cada vez más por un mayor número de priistas, inconformes con la manera como han gobernado los secretarios de Peña Nieto y comportado con el partido. Muy cerca de los afectos del presidente desde sus tiempos de rector, esta posibilidad responde más al desgaste de quienes perfilaba Peña Nieto desde el primer tercio del sexenio, que no han crecido como alternativas claramente ganadoras.

Narro no debe ser visto como “el Bernie Sanders mexicano”, como superficialmente lo llaman en la prensa. Que parezcan contemporáneos aunque no lo sean, Sanders (75 años) y Narro (68), es la menor diferencia. Sanders se convirtió en un formidable aspirante a la candidatura demócrata a la Presidencia por su discurso disruptivo contra el status quo, más cercano a Donald Trump que a su rival en las primarias, Hillary Clinton. Narro no tiene un discurso contra lo establecido, y aunque se pueden trazar analogías socialdemócratas con el líder de la izquierda social, Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Salud no está en la lógica de que el régimen tiene que se colapsado para construir uno nuevo.

No está Narro, sin embargo, en el ánimo de los presidenciables de Peña Nieto. Su relación con Videgaray nunca fue fluida cuando era secretario de Hacienda, y la que tiene con Meade se enfrió antes de dejar la Rectoría de la UNAM, molesto por las posturas críticas de los especialistas en Ciudad Universitaria sobre la política social, cuya cartera encabezó. Otro secretario en la órbita tecnócrata, Nuño, tuvo fricciones con Narro en la UNAM al reclamarle declaraciones sobre política económica que no gustaban en Los Pinos, y su buena relación con Osorio Chong se volvió a veces difícil y distante una vez que comenzó a mencionarse como aspirante a la candidatura presidencial.

Osorio Chong y Narro, empero, se encuentran en el lado político del gabinete, que recién sufrió un revés cuando pese a su oposición por perjudicar la gobernabilidad, el gabinete económico convenció al presidente que tenían que proseguir con la liberalización de los precios de los combustibles. No fue la única derrota sufrida por el secretario de Gobernación, quien desde que regresó Videgaray al gabinete como secretario de Relaciones Exteriores, ha sido opacado. La forma como el canciller ha asumido el control de los dos temas que más preocupan a Peña Nieto, el proceso electoral en el estado de México, a través de una estructura impuesta que le responde a él, y de la relación con el gobierno de Donald Trump, ha sido por encima del secretario de Gobernación, que por diseño tendría que haber sido en quien cayera la responsabilidad sobre el proceso electoral y por competencia, quien encabezara la negociación en materia de seguridad con Washington.

Ni una ni otra para Osorio Chong. En el Estado de México el principal responsable es Nuño, y los cuadros que acompañan al candidato Alfredo del Mazo en el PRI y diseñan las estrategias de comunicación e imagen responden a Videgaray. Osorio Chong participa en el cuarto de guerra mexiquense, pero las decisiones finales no las toma él. Lo mismo se puede decir del tema de la seguridad con Estados Unidos, donde participa de las conversaciones bilaterales con el secretario de Seguridad Interna, John Kelly, pero las decisiones finales no las están tomando a ese nivel, sino en la Casa Blanca, donde Videgaray es el único que entra a negociar con quien supervisa la estrategia global, el director del Consejo Nacional de Seguridad, el general H.R. McMaster.

Osorio Chong, pese a todo, continúa siendo el secretario de mayor conocimiento en las encuestas hacia el 2018. Meade ya asumió el compromiso del sacrificio para 2018, para manejar la política económica en un 2017 muy adverso. Nuño redujo su perfil en los medios, lo que le quitó presión pública, sin que le ayudara para consolidar la reforma educativa, cuya politización y judicialización lo anuló como interlocutor. Narro camina sin tantos obstáculos como sus colegas de gabinete, pero el no tomarse en serio la candidatura le quita fuerza en los cabildeos para ganarla en otoño. Osorio Chong está herido casi mortalmente y a diferencia de Videgaray, el presidente no le ha dado una nueva oportunidad. Pero de ellos dos, se hablará más adelante.
10 Marzo 2017 04:08:00
La paradoja del Peje (y II)
La ola sobre la cual avanza Andrés Manuel López Obrador para ubicarse, a 16 meses de la elección presidencial, como finalista de la contienda, está empujada por el contraste y la necesidad existencial de venganza. Estudios de opinión privados muestran que la mitad de los mexicanos emitirían su voto por quien esté en el mayor punto de alejamiento del presidente Enrique Peña Nieto y todo lo que represente. Sin rival enfrente, López Obrador ocupa ese sitio. Si los mexicanos reprueban las reformas peñistas, López Obrador es quien encabeza la contrarreforma. Si la corrupción mancha al régimen, López Obrador es quien ofrece destruirlo para ir al renacimiento moral. Si lo institucional tiene una carga negativa, lo antisistémico de López Obrador es la receta. El contraste de sus adversarios opaca sus contradicciones y, hasta este momento también lo protege.

Donald Trump, a quien López Obrador critica regularmente, pero se ven en el espejo su nacionalismo y proteccionismo, su espíritu insular y su conexión con las masas, decía en los albores de su candidatura que estaba tan blindado ante la opinión pública, que podía dispararle a un tipo en la siempre concurrida 5ª Avenida de Nueva York y no pasarle absolutamente nada. Con López Obrador sucede lo mismo. Lo han atacado tanto por tantas cosas durante las dos últimas décadas, que parece inmune a las críticas. Los dos se forraron con el mismo teflón, que en las últimas semanas se le ha caído a Trump porque ya no pudo dar la vuelta a sus contradicciones. La experiencia que vive su fortuito par debe verla López Obrador para corregir, ahora que es tiempo.

López Obrador vive contrasentidos poco conocidos. Por ejemplo, su conservadurismo cristiano, que lo lleva a maltratar a colaboradoras por el hecho de ser divorciadas o madres solteras. El gran símbolo de la izquierda está más identificado, en materia social, con la ideología panista. Este es uno de los aspectos menos públicos de López Obrador, quien no tiene duda en negar declaraciones o acciones que en contexto diferente al que las haya dicho, se le echan en cara. Uno de los momentos más claros de esto se dio durante la campaña presidencial en 2012, cuando en la casa de un empresario de medios, un líder industrial regiomontano le preguntó por qué les hablaba bien de la educación privada, cuando poco antes, en una entrevista de prensa en Monterrey, había flagelado a las universidades de “los pirruris”. Lo negó, y dijo que era como si fuera al Cerro del Tepeyac a criticar a la Virgen de Guadalupe. El empresario le entregó la grabación de la entrevista, y aun así, rebatió, como lo hacía Fidel Velázquez, el sempiterno líder obrero, que no había dicho lo que había dicho.

Pero lo que mejor refleja sus contradicciones es Alfonso Romo, quien está coordinando su equipo de trabajo y se ha convertido en su principal vocero. Romo, empresario regiomontano, ha dado varias entrevistas donde ha mentido. No salió de Visa –que se convirtió en FEMSA– porque sus posiciones eran incómodas, como dice, sino porque apoyaba al candidato presidencial Vicente Fox en la recaudación de fondos, una actividad política prohibida por los estatutos. Tampoco fue el creador del concepto de Oxxo, como asegura, ni tiene una buena relación con el llamado aún Grupo Monterrey. De hecho, es despreciado por ellos porque después de haber construido negocios con el dinero de su suegro, Alejandro Garza Lagüera, los quebró, y cuando lo confrontó su familia política, quiso meterlo a la cárcel y a dos de sus cuñadas, a quienes les había comprado acciones de una de las empresas en 275 millones de dólares, no se las pagó hasta cuando, destruida también esa compañía, le dio 4 millones de dólares, que costaban en ese momento las acciones adquiridas. Para alguien como López Obrador que se ufana de integridad, Romo está en las antípodas. En materia programática, uno de los ejes del precandidato presidencial es combatir sin piedad los transgénicos, donde Romo ha sido uno de sus principales promotores.

López Obrador ha aprendido muchas lecciones en los procesos de 2006 y 2012, pero donde aún cojea es en el de la transparencia. Su discurso es principista, ético y lleno de valores compartidos por todos, como el que pronunció este lunes en Phoenix, Arizona, con citas de objetores morales, en forma de poesía y de motivación nacionalista sobre el deber ser. Pero tiene que caminar hacia la eliminación de la opacidad, porque la oscuridad que está aún escondida por la luminosidad de la esperanza que representa para muchos, va a aparecer sin lugar a dudas. Ya lo está sintiendo López Obrador en los recientes ataques del Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. Ya apuntó al presidente Enrique Peña Nieto, al expresidente Felipe Calderón, a su esposa la precandidata Margarita Zavala y a los presidentes del PRI y del PAN, como instigadores de críticas en su contra.

Le tienen miedo y por eso lo atacan, dice López Obrador. Es cierto. Así es la dialéctica de la competencia. Sería un error que cayera una vez más en la soberbia y que no los atajara, porque sus debilidades y contradicciones van a ser explotadas en un electorado que se aprecia más sensible y volátil que en el pasado. Dice que la tercera es la vencida. Puede ser, pero tiene que limpiar de fantasmas el clóset.
09 Marzo 2017 04:08:00
La paradoja del Peje (I)
En cada campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador tiene una curva de aprendizaje. El político primitivo, pero carismático, que ganó la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal en 2000, se convirtió en un líder popular que emergió como el líder insustituible de la izquierda social, cuya visión corta lo llevó a crear una estructura electoral paralela al PRD en 2006 que acompañó a su soberbia durante la campaña presidencial, y al final su derrota. En 2012 ya no utilizó las frases peyorativas que 6 años antes le quitaron puntos y aprendió que la política moderna obliga a participar de ejercicios democráticos, sin festejar antes de tiempo, junto con un cambio de tono en el discurso que le redituó grande, hasta que se enconchó sin responder nada convincente cuando le preguntaban si, en caso de perder, aceptaría la derrota. En 2018, lo que se ve en el revigorizado López Obrador, es un político más maduro que ha cambiado la semántica y los decibeles. Los resultados son asombrosos.

Un estudio lingüístico de López Obrador, realizado por linguakit.com, muestra cómo, sin alterar su visión de país y los objetivos políticos, económicos y sociales que ha mantenido por más de dos generaciones, el mensaje del político ha evolucionado significativamente. En 2005, el año en que el Gobierno de Vicente Fox logró su desafuero y a punto estuvo de meterlo en la cárcel –por un delito menor de carácter administrativo–, su palabra más utilizada en los discursos era “mala leche”. Expresiones que utilizó en ese entonces como “golpe artero” o “actos autoritarios” entraron bien en su clientela incondicional y en algunos sectores de clases medias, pero comenzaron a mostrar una cara autoritaria, tan ominosa como lo que criticaba, además de intolerante y belicosa.

El discurso teológico de López Obrador, cuya visión del mundo no tenía grises y todo era ricos o pobres, buenos o malos, penetró poderosamente en la psique religiosa mexicana, y se ha mantenido fuerte por la consistencia del mensaje y la congruencia de sus ideas. Pero la parte beligerante, o actitudes de desprecio más asociadas al PRI que tanto criticaba –como el no querer debatir porque su ventaja en las encuestas era amplia–, y la forma como se expresaba peyorativamente de sus adversarios y buscaba ridiculizarlos, alienó a sectores con capacidad económica que se sumaron, con aportaciones financieras, a sus adversarios en las urnas. En las elecciones de 2012 mejoró notoriamente su mensaje y tono, pero se mantuvo ideológicamente en el maniqueísmo que volvió a hacerlo caer en la trampa del silencio cuando un mes antes de la elección no supo contestar si reconocería la derrota en caso de perder en las urnas.

En 2017, su discurso ha cambiado por completo. Ya tiene grises, donde no todos los ricos son malos, ni todos los políticos tienen que irse al diablo. Es más incluyente y se muestra tolerante. La belicosidad, cuando menos hasta ahora, se ha acotado a las arengas políticas cuando el caso lo merece, sin que haya asustado a muchos, como otrora, sino persuadido de que el López Obrador que ven ahora ha renacido. Si se cualifican las frases de López Obrador en dos discursos clave, se puede ver que en 2005, cuando se pronunció contra el desafuero, el 57% de las que utilizó tenían una connotación negativa, contra 35% que las tenían positivas y 8% neutras. Para 2017, el mensaje más importante fue el que dio ante mexicanos en Los Ángeles, donde el 49% fueron positivas, contra 29% negativas y 22% neutras.

El análisis lingüístico de linguakit.com soporta el cambio de mensaje, sin alterar el fondo. La “mala fe” quedó suplantada por un discurso donde ha hablado mayoritariamente de los derechos, a los que incluye otras palabras que sobresalen en su retórica, como los valores cívicos y la fraternidad. Ha dejado de ser incendiario y apela a valores comunes, no únicamente a los de él o sus incondicionales, sino a los de todos. Dejó de ser excluyente para volverse incluyente.

El impacto en la opinión pública ha sido notable en lo que va del año.

De acuerdo con una medición de Social Metric, en la primera semana de enero, en la vorágine de descontento por el gasolinazo, las menciones de López Obrador, que fue cauteloso y legalista en todas sus frases, alcanzaron casi las 13 mil. Para el 16 de enero, sus menciones tocaban las 15 mil, una cifra que se repitió en la última semana de enero, y que fue superada en la primera quincena de febrero, donde en sólo un día, el 13 de febrero, al día siguiente del discurso en Los Ángeles, alcanzó las 18 mil.

La forma como se expresa López Obrador le ha permitido ir ganando conciencias, aun en sectores que antes lo repudiaban, sobre todo en la clase empresarial, y también le ha granjeado un mayor número de espacios en los medios de comunicación, en especial los electrónicos, donde anteriormente estaba muy acotado. Él también ha ido ganando espacios, gracias a comenzar a aceptar entrevistas en medios a los cuales tenía vetados por ser altamente críticos de él.

Esta estrategia rinde resultados inmediatos y se ha visto con claridad en las últimas semanas. Falta mucho para la elección presidencial, pero no tanto en cuanto a cómo despliega su precampaña y su campaña. Lo que ha hecho lo beneficia de una manera tan clara que, hasta este momento, ha ocultado que Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a visión de país y programa, sigue siendo el mismo de 2000, 2006 y 2012.
08 Marzo 2017 04:08:00
Pleito en Atlacomulco
Las buenas noticias que recibió Alfredo del Mazo con la última encuesta de preferencia electoral en el Estado de México publicada el lunes en El Financiero, no han llevado la paz a su cuarto de guerra. Aunque figuró ligeramente arriba de la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, y con una amplia ventaja sobre la abanderada de Morena, Delfina Gómez, en su “cuarto de guerra” hay una pugna entre dos bandos, ambos cobijados por el presidente Enrique Peña Nieto, por el control estratégico de la campaña de Del Mazo para gobernador, su mensaje, imagen y los spots.

El choque reedita el conflicto que se dio en la campaña presidencial de 2012 entre el estratega en jefe del candidato Peña Nieto, Luis Videgaray, y el responsable de imagen, Alejandro Quintero, donde al final se impuso el actual secretario de Relaciones Exteriores. En este nuevo conflicto, Quintero ha sumado a sus objetivos a Aurelio Nuño, el secretario de Educación, a quien el Presidente le encargó el proceso electoral mexiquense, a quien critica que sus acciones mantienen empantanadas las preferencias electorales de Del Mazo, lo cual sólo podría presagiar la derrota.

La campaña para la Gubernatura en el Estado de México sólo es un pretexto para la confrontación entre dos de las personas en las que más confía Peña Nieto. En las elecciones presidenciales, Videgaray se enfrentó a Quintero y al encuestador de cabecera de Peña Nieto, Liébano Sáenz, quienes tuvieron como apoyo inopinado a Miguel Ángel Osorio Chong, quien se encargaba de tejer las alianzas políticas nacionales del candidato. Quintero presumía de haber construido a Peña Nieto como gobernador y haberlo hecho presidente.

Videgaray no compraba la historia pública que contaba Quintero y reclamaba con frecuencia a Sáenz sobre los datos de su encuesta presidencial. Sáenz siempre defendió sus datos y luego de las elecciones afirmaba que sí había registrado las tendencias de voto a favor de Andrés Manuel López Obrador, que se acercó peligrosamente al priista por 3 puntos, pero que no quería creerlas el coordinador de la campaña.

El desenlace en aquél momento reflejó una derrota interna de Quintero y Sáenz, vista sobre todo en este último caso, quien fue bloqueado por Videgaray para ocupar algún puesto en el nuevo gobierno de Peña Nieto. Quintero regresó a Televisa, su alma mater en materia de mercadotecnia política, de donde salió en malos términos en diciembre de 2014.

El publicista, un hombre multimillonario que no necesitaba trabajar, fue llamado en abril del año pasado por el presidente Peña Nieto, que estaba por mejorar su imagen y comunicación política. Aunque no lo ha hecho bien, como se argumentó recientemente en este espacio (entró cuando Peña Nieto tenía una aprobación de 32%, y una desaprobación de 62%, contra 12% y 86%, respectivamente, en la última medición pública en enero), Quintero mantiene una fuerte influencia. Tanta, a decir de él, que se ufana de haber sido él quien empujó realmente la salida de Videgaray de la Secretaría de Hacienda, tras el escándalo por la visita de Donald Trump a Los Pinos en agosto.

Videgaray se quedó sin cartera hasta enero pasado, pero no sin encomienda. Entre los dos encargos de Peña Nieto, revisar el proceso electoral en el Estado de México era la prioridad presidencial. Junto con él, designó a Nuño y como subalterna a la secretaria de Desarrollo Urbano, Rosario Robles, para hacerse cargo directamente del Estado de México y facilitar al gobernador Eruviel Ávila, al PRI y al candidato, todo lo necesario para la campaña. Los cambios en el partido y la imposición de voceros y operadores de medios fueron sus primeras acciones.

Quintero ordenó, por su parte, trasladar gastos de publicidad federal a medios en el Estado de México, pero su interés es tener un mayor papel en la campaña. Desde hace aproximadamente un mes, pidió que le dieran la responsabilidad de la estrategia, el mensaje, discurso e imagen de Del Mazo, con el argumento que los responsables de ello en la Ciudad de México no estaban haciendo bien su tarea. Existe una fuerte preocupación de que Del Mazo pueda perder la elección, más allá de cualquier cosa, que es una alarma que se ha extendido al cuarto de guerra.

En ese espacio han confluido todos los adversarios políticos en el entorno de Peña Nieto, como Videgaray y Osorio Chong, quien varias veces ha participado en las deliberaciones. Pero el conflicto principal se da entre el canciller y Quintero, a través de los cuales se puede apreciar la diferencia que existe dentro del gabinete de Peña Nieto y las divisiones dentro del propio staff presidencial.

Con Quintero están alineadas las áreas de comunicación social de Los Pinos, enfrentadas, aunque no en forma abierta, con el jefe de la Oficina, Francisco Guzmán, cuyo equipo está más cercano a Videgaray y a su exjefe Nuño, incluido un joven inexperto pero responsable de opinión pública, Rodrigo Gallart, quien suele tener fricciones con Sáenz. Tácticamente, Quintero está del lado de Osorio Chong, quien dentro del cuarto de guerra tiene a una incondicional, Robles, aunque sin fuerza para confrontarse con Nuño o Videgaray.

El conflicto entre los dos polos que influyen en el presidente Peña Nieto, afectará la campaña de Del Mazo si no se resuelve la confrontación. O Peña Nieto congela la ambición de Quintero, o mueve a Videgaray. No caben los dos en el Estado de México, y menos ahora donde como nunca, el PRI enfrenta una competencia que lo puede derrotar.
07 Marzo 2017 04:07:00
2018: ‘Ya vimos esta película’
Andrés Manuel López Obrador se está convirtiendo en la profecía autocumplida. En la República de las Opiniones hay la sensación generalizada de que el jefe de Morena alcanzará la Presidencia de la República en su tercer intento, con lo que se ha ido atemperando el sentir de grupos que antes le temían, como el sector empresarial. El daño que le ha hecho al PRI la controvertida gestión del presidente Enrique Peña Nieto ha llevado incluso a que en los análisis de riesgo del Gobierno de Estados Unidos, contextualizados por el discurso del presidente Donald Trump contra el Tratado de Libre Comercio y los migrantes, se hable abiertamente de que el beneficiado de las desavenencias entre los dos países será López Obrador. Los inversionistas extranjeros también están preocupados ante la posibilidad de la victoria del líder de la izquierda social en las elecciones de 2018, quien ha dicho que su primera acción de Gobierno será someter a consulta ciudadana las reformas económicas de Peña Nieto, altamente impopulares.

No obstante, el argumento que hace prácticamente inevitable el arribo de López Obrador a la Presidencia parece responder más a las ansiedades que a una realidad objetiva. En primer lugar, faltan casi 16 meses para la elección presidencial, tiempo en el que puede pasar absolutamente cualquier cosa. En segundo, el primer lugar de López Obrador en las encuestas de preferencia electoral es en este momento más el reflejo del conocimiento por encima de sus potenciales adversarios que necesariamente una opción clara en la urna. En tercero, no hay candidatos aún, por lo que tampoco hay campañas.

En este sentido, ni el PRI ni el PAN han desplegado sus recursos estratégicos para lograr los contrastes, ni tampoco se sabe con exactitud qué pasará con el PRD. Algunos factores que servirán para 2018 se asomarán este verano, cuando se ponga en juego la Gubernatura del Estado de México, donde se verá la profundidad de la crisis de la izquierda y qué tan profundo es el daño en el PRI. Morena probará si la fuerza de López Obrador hace competitiva a la candidata de su partido, y si el PAN trabaja unido y con eficiencia por la victoria.

Por lo demás, todo está abierto. Y más. “Ya vimos esta película”, dice Francisco Abundis, director asociado de Parametría. “Esto ya nos pasó en 2005 y 2006, y la diferencia de López Obrador era mayor”. Abundis se refiere a que la ventaja de López Obrador en las encuestas no es mayor que la que existía hace 12 años, ni tampoco los protagonistas son distintos. En aquel año, también era el PAN y luego Felipe Calderón, contra el PRD y López Obrador. El PRI no era un competidor fuerte, ante la crisis provocada por la candidatura de Roberto Madrazo, como tampoco se considera, por la caída en preferencia electoral por partido, que lo sea en 2018.

En la Encuesta Nacional de Vivienda de Parametría realizada en la última semana de enero, los mexicanos que mostraron mayor identificación partidista fueron los de Morena (22%), seguidos por los del PAN (21%) y los del PRI (14%), que han visto una caída sistemática en lo que solía llamarse voto duro. Esa militancia que se pensaba cautiva por el historial de voto se esfumó en las elecciones federales de 2015 y las de gobernadores en 2016. El norte votó contra la reforma fiscal, inclinándose por el PAN; los estados del Golfo votaron contra la reforma energética, que le dieron al PAN victorias contundentes e impulsaron a Morena a un punto donde estuvo a punto de dar campanazos, como en Veracruz. En el sur y el centro miles de mexicanos votaron contra la reforma educativa, fortaleciendo una vez más las candidaturas de Morena, cuyo jefe López Obrador ha sido un crítico permanente de esa y todas las reformas de Peña Nieto. Estos datos, sin embargo, no significan la creación de nuevas clientelas. Según la encuesta de Parametría, lo que se aprecia es una tendencia a no votar por el mismo partido: del 47% del electorado que lo hacía en 2013, cayó a 31% de los que lo hicieron en 2015.

La volatilidad es un elemento que no se está considerando en este momento. Al arrancar el año electoral en 2006, Calderón declaró que iba muchos puntos abajo, pero que alcanzaría a López Obrador. De acuerdo con la serie histórica de Parametría, López Obrador tenía una preferencia electoral del 36% del electorado, contra 27% que tenía Calderón y 26% que reflejaba Madrazo. Para junio, López Obrador y Madrazo se mantenían estables en la preferencia electoral, 37% y 27%, respectivamente, mientras que Calderón estaba en 33 por ciento. Un mes después, la elección presidencial la ganó Calderón, con menos de un punto porcentual de ventaja sobre López Obrador, que lo llevó a impugnarla y calificar al panista de “usurpador”.

Nadie tiene el triunfo asegurado en 2018. López Obrador lo debe saber bien al haber desarrollado una estrategia inteligente y enfrentar desde ahora al PAN, a Margarita Zavala y Felipe Calderón, a quienes percibe como sus principales rivales. El PAN igual: colocar minas a López Obrador, sin dejar de darle tiros de gracia al PRI, donde hay varias prospectivas, quienes piensan que todo está perdido y que hay que atrincherarse en las cámaras, y quienes creen que es muy pronto para claudicar. La idea de que hoy no hay nada para nadie es la más racional.
06 Marzo 2017 04:07:00
2018: mordiéndose la cola
El presidente Enrique Peña Nieto fue el orador en el 88 aniversario del PRI el sábado pasado y lanzó una arenga propia para el evento, de militante agresivo con sus adversarios. La sucesión presidencial tuvo banderazo de salida. Aún faltan algunos meses para que haya candidatos, pero los adversarios quedaron perfectamente identificados cuando se refirió al error que haría el electorado si se inclinara por el pasado de parálisis, en referencia a los 12 años de gobiernos panistas, o diera “un salto al vacío de la izquierda demagógica”, como describió, en una declaración de guerra el apoyo a Andrés Manuel López Obrador. El PRD quedó fuera de su discurso, con lo que parece haberlo eliminado de la contienda presidencial de 2018, al dejar planteados los términos de la batalla para tres partidos, el PAN, Morena y el suyo.

Peña Nieto marcó también las líneas con las que él, su gobierno, el partido y sus candidatas y candidatos, van a enfrentar a la oposición, y buscar salir del hoyo electoral en el que se encuentra, que no fue tocado en su discurso. La realidad que estuvo presente como subtexto en sus palabras, es que el PRI arranca en un lejano tercer lugar en cuanto a identificación partidaria. La última encuesta de esta naturaleza presentada por la empresa Buendía&Laredo y Asociados, muestra que si hoy fuera la elección, el PRI caería a un vergonzoso tercer lugar. Una buena parte de la explicación es el castigo de los electores a su gestión, cuyos niveles de desaprobación no tienen paralelo en la historia de las mediciones presidenciales y se mantienen en alrededor del 85%.

El estudio de Buendía&Laredo y Asociados establece un empate técnico entre el PAN y Morena, 23% contra 21% en la preferencia de voto, que está dentro del margen de error, con el PRI en un lejano tercer lugar con 13%. Lo peor para el PRI es la tendencia a la baja, agudizada por una caída de 45 grados desde septiembre pasado. El PAN, que repuntó entre noviembre de 2015 a julio del año pasado, se ha mantenido estable, mientras que Morena despegó de manera sostenida desde septiembre. El PRD, salvó una ligera alza en ese mismo mes, tras las elecciones de gobernadores, está empantanado en un dígito. O sea, fuera de competencia.

Peña Nieto dividió su discurso en tres puntos centrales. Dos de ellos son la identificación de sus adversarios, y el tercero en donde asegura que no está pactando, ni lo hará, una derrota. Sin especificar, no quedó claro si se refería a negociar con el PAN el Estado de México, como se ha publicado en la prensa, a cambio de que el PAN respalde al PRI en la elección presidencial, o negociar con el PAN o alguien a modo para que le brinde protección política y blindaje jurídico una vez que deje el poder en manos de la oposición. Lo que dejó de manifiesto, que confirma toda la información que trasciende del Olimpo presidencial, es que sí cree que el PRI pueda ganar, como aseguró el sábado, las elecciones de 2017 y 2018.

Cómo desplegará sus armas retóricas y argumentativas el Presidente y sus seguidores, está por verse, pero lo que planteó en el aniversario del PRI puede ser débil por engañoso. Dijo Peña Nieto, sobre los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, que su gobierno se atrevió a asumir los costos e impulsar “las grandes transformaciones del país”. Las más controvertidas son la educativa, cuya propiedad intelectual corresponde al sector tecnócrata de su Gobierno –el principal redactor de la reforma fue el líder del PRI, Enrique Ochoa–, y la energética, cuya reforma fue planteada en la primera parte del gobierno de Calderón, y fueron los priistas quienes se encargaron de sabotearla en el Congreso. Transformar ese sector, como dijo el Presidente, para asegurar la soberanía energética, era visto en los tiempos que el PRI era oposición, como la venta del país al sector privador. No es lo mismo ser oposición que estar en el poder, pero es riesgoso utilizar como bandera de crítica una reforma que sistemáticamente el PRI rechazó cuando muchas de las definiciones pasaban por el escritorio del gobernador Peña Nieto en Toluca.

La crítica a los gobiernos panistas, lo dejó entrever previamente, incluirá el magro crecimiento económico en el gobierno de Calderón de 2.2% anual, lo que implica otro riesgo si alguien recuerda lo que dijo ante inversionistas en Nueva York en septiembre de 2014: México crecería 2.7% ese año; 3.7 en 2015; 4% en 2016; y entre 5 y 6% al cierre de su gobierno. La realidad fue diferente. En la primera mitad del sexenio el crecimiento promedio fue de 2%, y al cierre, de acuerdo con los pronósticos, será todavía más bajo. El mal rendimiento económico, junto con las polémicas reformas, fortaleció a López Obrador, a quien Peña Nieto quiere pintar como demagogo ante el electorado.

Pero una vez más, como el contraste con los gobiernos panistas, ¿cómo va a lograr que su discurso, que parece agotado hace tiempo por los bajos niveles de aprobación, modifique las tendencias actuales en el elector? Peña Nieto irá a la guerra, sin duda, y no tiene mucho que perder. Su partido estaría derrotado en una elección hoy en día, por lo que aquello que haga bien sólo podrá ir en su beneficio. Tiene mucho en juego, en efecto. Su legado por un lado, y su tranquilidad en los años futuros como ciudadano.
03 Marzo 2017 04:08:00
Espionaje político, la discusión oculta
Durante más de 4 horas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con el politiburó de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política, para hablar sobre la Ley de Seguridad Interna y el modelo de Policía mixta, dos asuntos que han estado empantanados por años. No llegaron a ningún acuerdo sobre nada, según legisladores participantes, por tres temas centrales, explicados someramente por el perredista Francisco Martínez Neri, coordinador de la llamada Jucopo: la preocupación sobre cómo garantizar en la Ley de Seguridad Interna que los militares respeten los derechos humanos, las tareas de inteligencia y las investigaciones sobre los movimientos sociales. ¿Por qué se entreveraron los tres temas? Nadie quiere hablar con claridad al respecto, pero el empaquetado de preocupaciones muestra que en la discusión de esas iniciativas para combatir al crimen hay una prioridad que las rebasa: el espionaje político.

Existe la percepción de que el uso y abuso político de los aparatos de inteligencia del Estado en contra de líderes sociales y a quienes considere sus adversarios se ha incrementado en este sexenio. Quizás el espionaje político se mantenga en los mismos niveles en los que se ha realizado desde la profesionalización de los servicios de inteligencia civil hace poco más de 25 años, pero la forma como han hecho saber a quienes son objeto de una vigilancia sistemática de conversaciones o fotografías que pueden ser hechas públicas en cualquier momento, parecería tener un propósito de intimidación. La circulación restringida, pero pública, de estos materiales sugiere también que las posibilidades para chantaje se han visto multiplicadas con el propósito, se puede argumentar, de modificar conductas o arrinconar a los adversarios del Gobierno.

Probablemente el momento más ruin del uso político del aparato de inteligencia del Estado, en función de los resultados, fue la difusión en la prensa de los mensajes de texto que intercambiaron Joaquín “El Chapo” Guzmán y la actriz Kate del Castillo en enero del año pasado, que abrieron a la especulación de que los dos tenían más que una relación profesional. La entrega de esas conversaciones a dos periódicos de la Ciudad de México contribuyó a la consolidación de la idea de que la actriz, que lo había visitado en la Sierra de Durango mientras se escondía de las autoridades tras su segunda fuga, era responsable de delitos relacionados con el crimen organizado. Las transcripciones de los mensajes salieron de las áreas políticas del Gobierno, y no habían sido judicializadas. Es decir, lo publicado no estaba en autos de la PGR, por lo cual nunca habrían podido ser utilizadas en un juicio.

Las únicas ramas del Gobierno federal que realizaban un trabajo de inteligencia sobre “El Chapo” Guzmán eran el CISEN y la Marina, que es donde se puede encontrar el origen de esos mensajes interceptados. La forma como se entregaron a la prensa modificó un trabajo de inteligencia puro, con el propósito de ser utilizado en una investigación criminal, a un manejo político, donde al cambiar el objeto de las escuchas para hacer daño público en contra de una persona, en este caso la actriz, como sujeto de descrédito, se convirtió en una herramienta utilizada en este país como parte del espionaje político.

No es lo mismo el uso de espionaje con fines de seguridad interna o seguridad nacional, enmarcados dentro del ejercicio conocido como inteligencia, donde la información es procesada y analizada para la toma de decisiones, que el espionaje político que busca resolver desavenencias mediante el temor. Un ejemplo claro de ello se dio con Carmen Aristegui, la conductora de radio más crítica del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a quien para tratar de inhibir le enviaron un sobre anónimo con un paquete de fotografías de su hijo. No es la única periodista a quien se ha tratado de inhibir en este sexenio, por el hecho de tener una visión y una opinión distinta a la del Gobierno. Pero tampoco es el único sector al cual se ha amenazado.

Un exmiembro del Gabinete dijo que, pese a la seguridad en sus comunicaciones, sus llamadas y correos electrónicos eran interceptados por uno de los servicios de inteligencia del Estado mexicano. Lo sabía porque, en un momento de tensión dentro del Gabinete, le hicieron llegar copias de conversaciones telefónicas que había tenido con sus familiares. Esas conversaciones no tenían nada irregular o escandaloso, pero la forma como lo interpretó era como una llamada de atención para hacerle saber que existía una vigilancia permanente sobre su persona.

La contrainteligencia de un gobierno es necesaria, como un asunto de Estado, para poder detectar traiciones o amenazas al propio Estado. Pero cuando la información recabada es utilizada por los políticos con fines políticos, los instrumentos para la seguridad se pervierten y se convierten en pistolas de información que pueden ser descargadas contra quien manifiesta rangos de autonomía. Estas preocupaciones, sin ser verbalizadas de esta manera, fueron las que, a decir del diputado Martínez Neri, rondaron durante la reunión con el secretario de Gobernación.

Altos funcionarios del Gobierno federal han negado de manera sistemática que exista espionaje político, pero sus palabras no han sido lo suficientemente persuasivas para tranquilizar a los diputados, que tienen razón en sus preocupaciones. Fuera y dentro del Gobierno hay experiencias de que el espionaje político, como hacía lustros no se veía, regresó con fuerza para buscar controlar la vida pública nacional. Los casos, no las palabras, lo demuestran. 
02 Marzo 2017 04:08:00
La captura de la abuela
Borrado por el escándalo en la premiación de los Oscar, el programa 60 Minutos de la cadena de televisión CBS, difundió un segmento al que llamó “Detrás de las Rejas”. Se trataba de Joaquín “El Chapo” Guzmán, pero no de cómo vive en el centro correccional metropolitano en Nueva York, donde enfrenta un juicio federal, sino de cómo fue su cacería y captura en enero del año pasado. El programa de investigación entrevistó a Peter Vincent, quien era consejero legal de los departamentos de Estado y de Seguridad Territorial durante ese periodo, y a Jim Dinkins, quien fue el jefe de la investigación por parte de Seguridad Territorial. Las entrevistas están llenas de detalles de la persecución y finalmente su detención, pero sobre todo de una historia no sólo jamás contada, sino totalmente opuesta a la versión oficial del Gobierno mexicano. Lo más importante, que la operación para detenerlo no fue unilateral, sino fue parte de una fuerza de tareas compuesta por los dos países que trabajaron coordinadamente para reaprehenderlo.

La versión del Gobierno mexicano es que en la segunda captura de “El Chapo” Guzmán –la primera fue en Mazatlán en febrero de 2014– no participó ningún agente o funcionario estadunidense. “En la primera sí nos ayudaron con tecnología que no teníamos, pero en la segunda ya disponíamos de todo lo necesario”, dijo uno de los más altos funcionarios mexicanos responsables de su recaptura. “Los estadunidenses no sabían nada de cómo íbamos en la persecución, y éramos nosotros los que ahora les dábamos la información”. Lo que narraron Vincent y Jenkins se contrapone a esa versión. De acuerdo con ellos, para la primera captura se creó una fuerza de tareas que fue revigorizada cuando se escapó por segunda vez de la prisión de máxima seguridad de Almoloya.

Los exfuncionarios no aportaron detalles que pudieran comprometer los métodos de investigación y las operaciones de inteligencia. Esa fuerza de tareas, dijo Dinkins, escuchaba permanentemente todas las comunicaciones del cártel del Pacífico, y no sólo rastreaba a Guzmán, sino a todo su círculo íntimo, incluido su cocinero, así como todos los lugartenientes y personas a quienes contactaba, incluido el actor Sean Penn. Lo que dejaron entrever es que todas las llamadas de Guzmán, sus abogados y su familia, estaban interceptadas. Por eso, agregó, sabían perfectamente que “El Chapo” había invitado a verlo a Penn y a la actriz Kate del Castillo, y conocieron inmediatamente dónde iba a ir y en dónde iba a aterrizar.

La versión oficial mexicana es que las autoridades detectaron que Guzmán se encontraba en la sierra de Durango por la reunión que tuvo con Del Castillo y Penn. Dinkins dijo, sin embargo, que un comando de élite de la Marina había encontrado la pista que los conduciría a él, 20 días después de que se escapó. “La Marina tenía un bloque de búsqueda”, dijo Vincent, quien utilizó el mismo concepto de integración de fuerza de tareas que usaron años antes para la cacería y captura de Pablo Escobar en Colombia. “Estaban enfocados en el principal premio, capturar a ‘El Chapo’ Guzmán, vivo, si era posible hacerlo”.

Recordó que la primera oportunidad de atraparlo fue en octubre de 2015, días después de la visita de Penn, pero “los marinos nos dijeron que esperaron porque no querían que el actor estadunidense quedara atrapado en el fuego cruzado”. No lo dijeron los exfuncionarios, pero la razón por la que no fue capturado ese mes se debió a las presiones de la DEA al más alto nivel del Gobierno mexicano para que detuvieran la operación 48 horas para dar tiempo a que saliera Penn de la zona, mientras que el drone de la CIA que monitoreaba las comunicaciones en la sierra, fue apagado para cerrar toda información. Los exfuncionarios ratificaron la versión extraoficial mexicana de que para escaparse “El Chapo” se cubrió con un bebé –hijo de su cocinera–, para que no le dispararan.

Los exfuncionarios estadunidenses no entraron en detalles sobre cómo fue la persecución en la sierra de Durango, donde la unidad de élite de la Marina, dirigida por un almirante al que se conoce como “El Comandante Águila” –que también encabezó la unidad que lo detuvo en Mazatlán–, fue obligándolo a no regresar a la montaña sino a huir hacia Los Mochis. No fue algo fortuito, de acuerdo con lo que dijeron en 60 Minutos. Actuaron de acuerdo con información de inteligencia que condujo a otras unidades a una casa en esa comunidad, donde la intercepción de llamadas revelaron que planeaban una visita de la “abuela”, el nombre en clave de Guzmán, y de la “tía”, como llamaban a Orso Iván Gastélum, apodado “El Cholo Iván”, el jefe de escoltas de “El Chapo”, y con quien lo capturaron días después.

“Los marinos vigilaron la casa por un mes como pintores y albañiles que iban y venían”, dijo Jenkins. “Entonces, en la mañana del 7 de enero de 2016, la ‘abuela’ finalmente apareció. Una fuerza de asalto tomó rápidamente posiciones y, esa noche, alguien en la casa pidió una enorme orden de tacos y una camioneta blindada salió a recoger la comida. ‘El Chapo’ estaba teniendo una fiesta”. El programa de 60 Minutos entrevistó a dos de los comandos de élite que participaron en el asalto, identificados como “Alfa” y “Bravo”, quienes narraron cómo se dio la batalla dentro de la casa y fueron recibidos con granadas. Pero también, cómo desaparecieron “El Chapo” y “El Cholo Iván”.

Los exfuncionarios estadunidenses confirmaron la versión mexicana del escape por el drenaje y mediante dos vehículos que robaron. Sin decirlo quedó claro que la recaptura fue finalmente fortuita, porque durante horas se les esfumaron a las unidades de élite y fueron capturados únicamente porque la Policía Federal interceptó el Focus rojo en el que viajaban rumbo a Culiacán, no porque los reconociera, sino porque estaba reportado como robado.
01 Marzo 2017 04:08:00
La mala leche de ‘El Bronco’
Cuando se publicó el primer texto sobre la acusación de Paula Cusi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, de un fraude cometido por su zar anticorrupción de Nuevo León, Ernesto Canales, y su socio, César Gerardo Francisco García Méndez, por 6 millones de dólares, el gobernador Jaime Rodríguez, “El Bronco”, dijo que quien esto escribe había actuado de “mala leche”, y respaldó incondicionalmente a su fiscal. Rodríguez dijo estar enterado de la acusación, pero que confiaba plenamente en Canales. “Don Ernesto es una persona que está dando resultados, pronto dará más resultados y ahí se acabarán las dudas”, dijo en abril. Un año después, el trabajo de Canales ha sido un fiasco y su gestión como gobernador, decepcionante. Pero ese no es el punto.

El pasado 17 de febrero, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México pidió la orden de aprehensión en contra de García Méndez por del delito de administración fraudulenta. Las autoridades demostraron que García Méndez tuvo una “conducta engañosa… con la finalidad de alcanzar un lucro indebido, afectando el patrimonio ajeno”. La defensa de Cusi probó que, en efecto, le cometieron un fraude el hoy prófugo de la justicia y Canales, que incurrió en las mismas conductas ilícitas pero que, lo que parecería un blindaje jurídico al fiscal neoleonés y evitar un escándalo para “El Bronco”, no fue incorporado en el pliego de consignación.

Un año después no se puede esperar una disculpa del gobernador a quien esto escribe por haber hablado sin conocimiento de causa. Lo importante es qué hará con Canales, porque le va a quemar las manos. El año pasado, cuando Rodríguez arremetió contra el mensajero, dijo que el haber divulgado el expediente era un distractor de la persecución contra el exgobernador Rodrigo Medina. “El Bronco” dijo que era un show mediático levantado por el miedo a las investigaciones, y que eran parte de una campaña de las empresas de televisión Multimedios, Milenio y Televisa, por las acciones que emprendería en su contra.

Mucho pico el de “El Bronco”, e igual incapacidad en la gestión de gobierno. Las investigaciones contra Medina siguieron su curso y no han llegado a ningún lado. Su única promesa de campaña quedó trunca y su zar anticorrupción no ha podido probar nada a Medina. Lo único realmente relevante que ha hecho Canales en todo este tiempo es escabullirse de la justicia y mentir al afirmar que no había actuado de manera ilegal contra la señora Cusi.

La orden de aprehensión contra su socio García Medina es la confirmación de que también es presunto responsable del delito de fraude.

Como se explicó en la entrega anterior, la denuncia contra él y García Méndez fue presentada el 26 de marzo de 2012 en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, donde se afirmaba que “se apoderaron y dispusieron en su beneficio” de los 6 millones de dólares pagados por Televisa, como indemnización por ceder todos sus derechos al 16.6% de las acciones de la empresa que había heredado de Azcárraga Milmo, y como parte de una cesión de derechos a su hijo, Emilio Azcárraga Jean, por la suma de 50 mil pesos. Según la denuncia, Canales y García Méndez nunca le pagaron la compensación de 6 millones de dólares, de la cual nunca fue enterada hasta que sus abogados se toparon fortuitamente con el documento en tribunales, con lo cual obtuvieron “un lucro indebido y generado un detrimento patrimonial” a la viuda de Azcárraga Milmo.

En su defensa ante el Ministerio Público, Canales sostuvo que la señora Cusi siempre fue informada de todas sus acciones, y como prueba presentó a las autoridades una carta que envió a la señora Cusi el 21 de octubre de 2011, donde hacía una relatoría a manera de rendición de cuentas sobre todo el proceso de sucesión testamentaria, que realizaba junto con García Méndez. Esa carta nunca le fue entregada a la señora Cusi, con lo cual Canales volvió a ser atrapado en una mentira. En una comparecencia ante el Congreso de Nuevo León en abril pasado, luego que se expusiera en este espacio el caso, Canales admitió que sí recibió los 6 millones de Televisa destinados a su entonces cliente. Sin embargo, esa cantidad nunca llegó a manos de la viuda de “El Tigre” Azcárraga.

Las autoridades capitalinas tendrán que justificar por qué no se giró la orden de aprehensión en contra de Canales, si todo lo que llegó a que se consignara y pidiera la detención de su exsocio García Méndez es idéntico a lo que hizo el funcionario neoleonés. Pero “El Bronco” tiene que dejarse de evasiones y actuar en consecuencia. La defensa a ultranza de su zar anticorrupción ha sido un error, que explica el porqué ha estado tan callado. Al ser buscado por la Policía uno de los dos implicados en el caso, mantener a Canales en el cargo obstruye la acción de la justicia, al ser una de las probables razones por las que la Procuraduría de la Ciudad de México no quiera actuar en su contra. “El Bronco” puede dar un paso hacia adelante y ofrecerle una salida a Canales mientras se aclara toda esta situación. Si no lo hace, el descrédito será sólo una de las externalidades de protegerlo. Lo más dañino sería mostrar ante el electorado que lo que prometió, y su sed de justicia, también resultó una farsa.
28 Febrero 2017 04:07:00
El engaño de Canales
El pliego de consignación de la orden de aprehensión contra César Gerardo Francisco García Méndez, por el delito de administración fraudulenta, es perfectamente claro. Violó el artículo 234 del Código Penal al haber realizado operaciones perjudiciales al patrimonio de Paula Cusi, viuda de Emilio Azcárraga, en beneficio de un tercero, en este caso, tanto él como su entonces socio Ernesto Canales, el fiscal anticorrupción de Nuevo León, a quienes contrató para que resolvieran una disputa con Televisa. Extrañamente, en el pliego de consignación del agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal el 17 de febrero pasado, Canales, acusado por Cusi de los mismos delitos que García Méndez, salva una acción judicial en su contra.

No está clara la razón por la que la Procuraduría de la Ciudad de México no actuó en su contra, pese a haber ejercido la acción penal contra su socio, a quien le demostraron las autoridades que “la conducta engañosa del indiciado es con la finalidad de alcanzar un lucro indebido, afectando el patrimonio ajeno”. Lo que hizo García Méndez lo realizó, quizás con mayor carga, Canales, a quienes Cusi acusó de fraude por seis millones de dólares, en eran ese entonces poco más de 64 millones de pesos. García Méndez, quien se encuentra prófugo de la justicia, siempre se dijo inocente de la acusación, y afirmó que él nunca recibió ningún dinero.

El punto nodal del caso se encuentra en dos documentos. El primero, firmado el 28 de abril de 2011, donde la señora Cusi cedía “todos y cada uno de sus derechos” de la sucesión de “El Tigre” Azcárraga Milmo, a su hijo Emilio Azcárraga Jean, a cambio de una contraprestación, que Canales no le informó que se había acordado, de 6 millones de dólares, a cambio de desistirse de acciones legales para mantener el 16.6% de la empresa que le fue heredado por “El Tigre”. Este documento, llamado Carta de Instrucción, fue firmado por Canales y García Méndez el 17 de mayo de 2011 con el representante de Televisa, Alejandro Bustos.

En esa Carta de Instrucción solicitaban a Televisa determinar la forma como realizaría el pago compensatorio en dos exposiciones, el 17 y el 27 de mayo de ese año, mediante dos opciones: 1) Un depósito a la cuenta de Summer Stream, C.V., por la vía de Abdadi&Co, Securities Ltd, en el banco Standard Bank Plc., en Londres, por 3 millones de dólares. Y, 2) mediante la contratación que llevara a cabo Televisa de los servicios de mercadotecnia de la empresa Summer Stream, C.V., por otros 3 millones de dólares. El representante de esas empresas es Canales, mientras que García Méndez sostuvo durante todas las diligencias que no conocía a los accionistas de esas compañías.

Canales aceptó en una comparecencia en el Congreso de Nuevo León en abril del año pasado, que sí había recibido esos recursos, pero alegó que no había actuado de manera ilegal. La denuncia contra él y García Méndez, presentada el 26 de marzo de 2012 en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, establecía que los dos abogados “se apoderaron y dispusieron en su beneficio” de los 6 millones de dólares pagados por Televisa, “obteniendo un lucro indebido y generado un detrimento patrimonial” a la viuda de Azcárraga Milmo. En su defensa ante el Ministerio Público, Canales sostuvo que su cliente, la señora Cusi, estaba informada de todas sus acciones, y como prueba presentó una carta que envió a la señora Cusi el 21 de octubre de 2011, donde hacía una relatoría a manera de rendición de cuentas sobre todo el proceso de sucesión testamentaria, que realizaba junto con García Méndez.

En este espacio se publicó en abril del año pasado “Las Mentiras de Canales”, en donde se citaba esa carta: “De acuerdo con las instrucciones recibidas de ti, así como a las facultades conferidas al efecto de negociar un pago compensatorio con Televisa a fin de aplicarlo al pago de los honorarios tanto ya devengados como a los que te enfrentarías al desistirte a tu entero perjuicio de la acción civil, y habiendo obtenido tu autorización expresa siempre que:

“1) No se vinculara de ningún modo el pago de la renuncia de tus derechos o a la transmisión de las acciones, esto es, que se asumiera como pago a los profesionistas y no a ti; 2) No se formalizará en ninguno de los documentos a ser ratificados por ti, que contendrían tus renuncias y transmisiones (de propiedad); y, 3) No retardará en ninguna forma la definición de tu situación jurídica en la causa penal”.

El punto 18 de esa misma carta precisaba: “En ejercicio de tus instrucciones, me reuní con el licenciado Alejandro Bustos Olivares, director jurídico contencioso de Televisa y con el licenciado Alonso Aguilar Zínser, penalista a cargo de la causa penal por parte de Televisa, con quienes negocié a favor de los abogados y de acuerdo con lo instruido por ti, el pago de la cantidad de 6MMUSD, mismo que lo apliqué conforme a tus instrucciones al pago de los honorarios de los distintos profesionistas que intervinieron tanto en la acción civil como en la penal, así como en la restitución de diversas cantidades pagadas por mi en tu nombre durante los procedimientos”.

Esta carta sí deslindaba a Canales y García Méndez de haber actuado con opacidad y dolo, y probada su dicho. El problema es que el zar anticorrupción de Nuevo León nunca le entregó ese documento a la señora Cusi.
27 Febrero 2017 04:00:00
El fraude a Cusi y Televisa, se confirma
El 17 de febrero pasado, el agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, solicitó la orden de aprehensión en contra de César Gerardo Francisco García Méndez por el delito de administración fraudulenta. García Méndez, junto con su socio, Ernesto Canales, el fiscal anticorrupción de Nuevo León, defraudaron a Paula Cusi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, por los 6 millones de dólares (64 millones de pesos a la sazón) que había recibido como compensación por la cesión de todos los derechos en la sucesión a Emilio Azcárraga Jean. La orden de aprehensión sólo se giró en contra de García Méndez, por lo que la de Canales, que jurídicamente sería culpable del mismo delito, sigue en suspenso.

Este es un primer cierre del proceso legal que comenzó en marzo de 2012, cuyas imputaciones, presentadas en este espacio en marzo y abril del año pasado, fueron desmentidas por Canales. El 31 de marzo, el día que se inició la publicación del expediente, el zar anticorrupción neoleonés le declaró a Azucena Uresti en Milenio Televisión: “Este es un expediente que tiene ya varios años y no se ha probado ninguna culpabilidad de nuestra parte. Son acusaciones que hace el señor Raymundo sin una base cierta”.

Cuando Uresti le preguntó en específico sobre la compensación de los 64 millones de pesos, respondió: “Este es un asunto que está en los expedientes. Ahí está establecido que durante todo ese tiempo, la parte demandante, la parte acusadora, no ha probado su acción”. Días después, ante la presión del Congreso local, Canales admitió en una comparecencia que sí recibió ese pago como parte del proceso en el que defendió a la señora Cusi, pero negó que se hubiera realizado en forma indebida”.

El caso de la señora Cusi y Televisa no sólo es relevante porque habla de la forma como Azcárraga Jean asumió pleno control de la empresa hispana de televisión más importante en el mundo luego de años de negociaciones, sino porque el fraude cometido en su contra tuvo como protagonista al zar anticorrupción del Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, cuya campaña electoral tuvo una sola promesa: combatir la corrupción. De acuerdo con la solicitud de aprehensión en contra de García Méndez, es probable que la corrupción la tenga en casa con Canales, asociado completamente en este proceso, como la parte acusada, a su viejo socio.

El caso, cuyo expediente consta de miles de páginas, se puede resumir de la siguiente manera:

1.- El 28 de abril de 2011 la señora Cusi cedió “todos y cada uno de sus derechos” de la sucesión de “El Tigre”, como apodaban a Azcárraga Milmo, a su hijo Emilio Azcárraga Jean, mediante el finiquito de 50 mil pesos. Canales no le informó que se había acordado, por decisión del presidente de Televisa, una contraprestación de 6 millones de dólares a cambio de desistirse de acciones legales para mantener el 16.6% de la empresa que le fue heredado por “El Tigre”.

2.- El 17 de mayo de 2011, Canales y García Méndez firmaron esa indemnización mediante una Carta de Instrucción con el representante de Televisa, Alejandro Bustos, donde solicitaba a la empresa determinar, a su elección, la forma como se realizaría el pago compensatorio en dos exposiciones, el 17 y el 27 de mayo de ese año, mediante dos opciones: un depósito a la cuenta de Summer Stream, C.V., por la vía de Abdadi&Co, Secutities Ltd, en el banco Standard Bank PLC., en Londres, por 3 millones de dólares; y mediante la contratación que lleve a cabo Televisa de los servicios de mercadotecnia de la empresa Summer Stream, C.V., por otros 3 millones de dólares.

La señora Cusi jamás se habría enterado de esta compensación –Televisa tampoco se imaginó, por sus declaraciones ministeriales, que sus apoderados la mantendrían ignorante del acuerdo–, de no haber exigido Canales y García Méndez el pago de 5 millones de dólares por sus servicios. Para ella, en ese momento, no se explicaba ese monto tras recibir sólo 50 mil pesos, que aceptó porque lo único que le importaba es que Televisa, que la había presionado metiéndola a la cárcel, se desistiera del proceso. La exigencia del pago por sus servicios llevó a la señora Cusi a contratar a otros abogados, quienes descubrieron la existencia de la Carta de Instrucción, con lo que presentaron la denuncia por fraude en contra del zar anticorrupción y García Méndez.

El caso que Canales insistió públicamente que estaba cerrado, contra lo que se publicó en este espacio, confirmó el rumbo en dirección opuesto al que señalaba. El pliego de consignación que firmó el agente del ministerio público José Luis Quintero Mendoza, encontró a García Méndez como probable responsable en la comisión del delito de Administración Fraudulenta, en agravio de la señora Cusi.

Encontró que actuó con dolo al haber tenido “pleno conocimiento de que lo que hacía era indebido”. Según el pliego de consignación, “se desprende que contaba con diversas alternativas de acción, por lo que le era exigible un comportamiento diferente al efectuado, y al ser capaz de motivación pudo también determinar su conducta”.

No lo hizo, evidentemente, como tampoco Canales, acusado por la señora Cusi del mismo delito, y que tendría que haber sido encontrado, como su viejo socio, presunto responsable del fraude y girarse la orden de aprehensión en su contra.
24 Febrero 2017 04:08:00
Trump, el palo y la zanahoria
Las palabras optimistas del canciller Luis Videgaray, como colofón del encuentro bilateral con los secretarios de Estado y Seguridad Territorial de Estados Unidos, son engañosas. Quizás no en forma deliberada por su parte, sino ingenuas, quizá, para quien no debería serlo. En el resumen de las primeras conversaciones bilaterales de alto nivel, Videgaray fue altamente positivo, donde dijo que habían confirmado una relación de confianza y “entrañable amistad”. Videgaray debió haber recordado la frase del presidente francés, Charles de Gaulle, atribuida a John Foster Dulles, el secretario de Estado del presidente Dwight D. Eisenhower, quien afirmó que “Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses”. Se equivocó el canciller y engañó a los mexicanos, ansiosos de un bálsamo que llegue de Washington.

Las primeras conversaciones formales desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca el 20 de enero fueron cordiales, donde dos profesionales, el secretario de Estado, Rex Tillerson, y el de Seguridad Territorial, John Kelly, evitaron más confrontaciones. En México, la forma como se fraseó el resultado de la visita y el tono –salvo una declaración del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien admitió que hubo discrepancias en algunos temas– generó altas expectativas, pero en Estados Unidos, donde la prensa se enfocó al momento de crisis en que se daba este encuentro, la visión fue diferente. Ese entorno afloró en el briefing que dieron en la víspera dos funcionarios de los departamentos de Estado y Seguridad Territorial a la prensa en Washington sobre lo que sucedería en México.

Tracy Wilkinson, corresponsal de Los Angeles Times, y que lo fue en México hace unos años, preguntó: “No se trata de ser aguafiestas, pero hablan de reconstruir una relación constructiva cuando, de hecho, México y Estados Unidos tuvieron una relación muy constructiva hasta Trump. Por eso pregunto si Tillerson o Kelly van a asegurar a los mexicanos que en realidad tienen un socio con el cual pueden seguir trabajando. ¿Qué tipo de garantías pueden darles que signifiquen realmente algo?”. Nicole Gaouette, de CNN, añadió: “La retórica del Presidente ha introducido un increíble grado de incertidumbre y hostilidad a un diálogo que solía ser bastante civilizado. Así que dada la propensión del Presidente a tuitear sin pensar, ¿por qué los mexicanos deberían creer en la palabra de Kelly y Tillerson y pensar que realmente representan la posición del Gobierno de Estados Unidos, cuando la relación ha sido tan trastocada y no hay claridad de a dónde va Trump?”.

Los funcionarios respondieron con evasivas y subrayaron los contactos iniciales que tuvieron los dos secretarios con sus contrapartes, así como la conversación telefónica entre Trump y el presidente Enrique Peña Nieto el 27 de enero, donde “establecieron un tono positivo, constructivo con el propósito de ir hacia delante en la relación”. No quisieron contextualizar recordando el desastre que siguió con las filtraciones en la Casa Blanca sobre sus contenidos explosivos, y los amagos y bravuconadas contra Peña Nieto. Pero aun así fue imposible esconder que pese al buen tono de los secretarios, tenían que obedecer las instrucciones de Trump. La principal, como precisaron los funcionarios en el briefing, explicar las órdenes ejecutivas sobre migración y seguridad fronteriza. Ahí está el fondo de lo que quiere la Casa Blanca, por encima de lo que digan los secretarios: va a construir el muro, lo va a pagar México y van a deportar a todos aquellos que hayan violado la ley –como cruzar sin documentos a Estados Unidos. Trump y Peña Nieto, además, sí hablaron de encontrar la forma de que el muro lo pague México, y buscarán la manera de hacerlo, dijeron. Eso no lo dirán jamás los mexicanos, que públicamente afirman lo contrario. Tampoco mencionó Videgaray qué sucedió con el encargo de Trump a Tillerson, y si dentro de las conversaciones surgió –por la parte mexicana, cuando menos para tener una idea de lo que vendrá– una explicación del secretario de Estado sobre la instrucción que le dio Trump en la orden ejecutiva firmada el 25 de enero, cuando Videgaray fue maltratado en la Casa Blanca, cuya Sección 9 establece:

“Requerimientos de información sobre Asistencia Extranjera. El jefe de cada departamento ejecutivo y agencia deberá identificar y cuantificar todas las fuentes de ayuda o asistencia federal directa e indirecta al Gobierno de México sobre bases anuales durante los últimos 5 años, incluida la ayuda para el desarrollo bilateral y multilateral, la asistencia económica, la ayuda humanitaria y la ayuda militar. Dentro de 30 días a partir de la fecha de esta orden, la cabeza de cada departamento ejecutivo y agencia deberá entregar esta información al secretario de Estado. Dentro de 60 días a partir de la fecha de esta orden, el secretario deberá entregar al Presidente un reporte consolidado reflejando los niveles de esa ayuda y asistencia que se ha entregado anualmente durante los últimos cinco años”.

Es decir, Tillerson debe informar este sábado a Trump que en ese periodo se han presupuestado para México 2 mil 800 millones de dólares, de los cuales ya se entregaron mil 600. Por ahí quiere apretar Trump a Peña Nieto, que no será algo significativo –si lo usara para pagar el muro le faltarían todavía unos 18 mil millones–, pero sería enormemente simbólico. Ese es el fondo. No importa lo que digan y quieran Tillerson y Kelly; lo que cuenta es lo que quiera Trump. Y a quien no quiere es a México. Lo saben en Estados Unidos, aunque en el Gobierno de Peña Nieto quieran engañarse pensando lo contrario.
23 Febrero 2017 04:08:00
Receta contra Donaldo
¿Cómo hacerle con un Presidente que se desmiente a sí mismo? ¿Cómo negociar con negociadores que carecen de empoderamiento? ¿Cómo lidiar con quien actúa con esquizofrenia y pasión? ¿Cómo tratar con una persona, súper poderosa, pero emocionalmente inmadura? Cómo enfrentar, pues, con Donald Trump, que todos los días juega apuestas con la Presidencia de Estados Unidos en la Oficina Oval. Con mano dura, dice el ex presidente Felipe Calderón. “Como dice el dicho, ‘con esta yunta hay que andar’”, subrayó. “Hay que intentar todas las herramientas. Creo que tenemos judiciales, comerciales, diplomáticas, políticas, mediáticas (para) poner todas en juego para defender. Más vale hacerlo hasta donde tope. No es una actitud valentona; es una actitud y hay que ponernos las pilas. Ojalá haya coraje y audacia en quienes están tomando esta serie de decisiones”.

Calderón abrió el abanico de posibilidades de negociación durante una reciente conversación en Radio Capital y Efekto TV, y sin mencionar directamente al presidente Enrique Peña Nieto o al canciller Luis Videgaray, el director de orquesta del equipo mexicano que lleva casi un mes enfrentando a un mercurial Trump, lleno de incontinencia retórica, que han buscado en estas semanas un enfoque tradicional y convencional en su trato con la Casa Blanca, estableció un espejo inopinado con su administración.

Como presidente, Calderón enfrentó un boicot a los transportes mexicanos en la frontera, en violación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La respuesta, discreta, fue imponer aranceles a casi un centenar de productos exportados por Estados Unidos.

Pero no fue una retaliación general. Calderón reveló –por primera vez mencionó la estrategia– que todos esos productos fueron seleccionado en los distritos de los legisladores que apoyaron el boicot a los transportistas mexicanos. El golpe quirúrgico los sacudió y no tardaron mucho en replegarse y permitir que los transportes cruzaran la frontera de Estados Unidos.

El diseño de la represalia jugó con las reglas en aquella nación, donde los electores sí juegan un papel decisorio, no sólo en las urnas, sino de presión a sus representantes en el Capitolio cuando se sienten afectados. Golpeando los distritos de los legisladores belicosos, se acabó el diferendo del transporte.

“En lo comercial no estamos mancos”, afirmó Calderón. “El tratado puede dar instrumentos de retaliación selectiva de acuerdo con el derecho que eliminen algunos flancos que son el soporte de Trump. Simplemente dejar de importar maíz amarillo para alimento de ganado. Vamos a importarlo de Argentina, de Brasil. Pongamos un arancel selectivo”. El Gobierno de Peña Nieto no ha estado en esa lógica. Ni en la actitud ni en el discurso ha enfrentado con energía a Trump.

Quien más directo ha sido es el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien deslizó esta semana en una declaración soslayada en la opinión pública, que si no hay TLCAN, como amaga Trump, tampoco deberá haber cooperación en materia de migración y seguridad.

Poco se habla de esto, pero desde los 90, cuando el gobierno de Carlos Salinas puso a los agentes migratorios mexicanos a cerrar las rutas de tráfico humano que les indicaban en Washington, la colaboración entre los dos países en ese campo ha sido continua. Para Estados Unidos, México es un buffer state, un tapón para reducir la inmigración indocumentada entre el Suchiate y el Istmo de Tehuantepec.

Calderón ha cuestionado el conocimiento de Trump y su equipo sobre el papel que juega México en la seguridad regional. Mencionó, por ejemplo, el papel del Ejército en la disminución del narcotráfico a Estados Unidos por las carreteras mexicanas, y lo que sucedería si dejaran de patrullar. “Sí hay elementos enormemente valiosos para la seguridad nacional de los Estados Unidos”, dijo. “No quiero hacer un alegato de que somos tan importantes para ellos, como ellos para nosotros. Lo que no se sabe es que México sí es muy importante para los Estados Unidos”.

Calderón recordó dos momentos en ese campo durante su sexenio. Uno fue haber descubierto de que con nombres falsos se pensaba establecer la familia del dictador depuesto de Libia, Mohammar Gadafi, en México. El otro, cuando descubrieron que un iraní estadunidense había pagado un millón y medio de dólares a Los Zetas para asesinar en Washington al embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos, Adel al-Jubeir, actual ministro de Relaciones Exteriores del Reino. Toda esta cooperación bilateral, sugirió, cesaría de darse. ¿Es tiempo de dar un ultimátum al Gobierno de Estados Unidos? “En México tenemos que poner todo sobre la mesa y hacer una negociación sensata en este tema”, atajó.

No es fácil. “El Presidente de Estados Unidos trae esta actitud abusiva del derecho”, recordó. “Cuando hizo un club de golf en Escocia y un vecino se negó a venderle su terreno, Trump le construyó una barda alrededor de su terreno y mandarle la factura de la barda. No ha pagado impuestos en más de una década que es un abuso o un fraude como decimos los abogados”. En el caso del muro fronterizo, “en qué cabeza cabe –dijo– que el vecino tenga que pagar su arbitrariedad construida en su propio terreno. El pago del muro es ilegal, injusto y sin fundamento, pero refleja mucho esta actitud arbitraria del derecho del Presidente de los Estados Unidos creo que es su perfil más peligroso”.

Calderón está por la mano dura sin dar manotazos, pero ni él ni ningún otro expresidente mexicano que lidió en crisis con Estados Unidos, ha sido consultado sobre qué se podía hacer. Hasta ahora, lo que sí ha hecho Peña Nieto, es actuar como ninguno de sus antecesores lo hizo.
22 Febrero 2017 04:08:00
El conejo en la chistera
La gran ficha de negociación que tiene el Gobierno de México ante las intenciones y ocurrencias del presidente Donald Trump en el tema de la migración, entendida como una amenaza terrorista, es ser garante de la seguridad regional. La migración, como fenómeno económico, no entra en el marco de referencia del nuevo gobierno en la Casa Blanca, que ve a los indocumentados como sujetos que pueden ser utilizados por grupos terroristas para ingresar a Estados Unidos sin ser detectados por la frontera sur. Este tema, ventilado abiertamente desde hace meses en aquella nación, fue discutido en la primera semana de enero por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el secretario de Seguridad Interna, John Kelly, en una conversación telefónica solicitada por el estadounidense, que se prolongó mucho más de los 15 minutos originalmente pactados.

En esa plática le dijo Osorio Chong que por invitación del senador John McCain, con quien habló en su oficina en diciembre, iba a ir a Washington, pero fue atajado por Kelly, quien le pidió no ir hasta que él lo visitara en México, promesa que se cumplirá mañana jueves cuando el general retirado, junto con el secretario de Estado, Rex Tillerson, viajen a México para reuniones bilaterales con sus contrapartes. En el gabinete de Trump, Kelly es quien mejor conoce el tema de la migración dentro del contexto de la seguridad y el terrorismo, que fue el objetivo de su trabajo al frente del Comando Sur. En esa categoría, Kelly rindió testimonio ante los Comités de Servicios Armados del Senado y la Cámara de Diputados el 12 de marzo de 2015, en donde afirmó:

“Los tentáculos de las cadenas globales involucran a las drogas con el tráfico de armas, el contrabando humano, el financiamiento ilícito, y otros tipos de actividades delictivas en América Latina, el Caribe y en Estados Unidos. Sin embargo, continuamos desestimando la amenaza del crimen organizado trasnacional y el riesgo directo y significativo a nuestra seguridad nacional y la de nuestros socios. A menos que lo confrontemos de inmediato, la tendencia en nuestro país será tomar la seguridad de la región por sentado, lo que pienso que es un error.

“La facilidad relativa con la que los contrabandistas humanos mueven a decenas de miles de personas a las puertas de nuestro país, también es otra señal de advertencia: esas rutas de contrabandistas son una vulnerabilidad potencial para nuestra patria. Las organizaciones terroristas pueden buscar las ventajas para utilizar esas mismas rutas de contrabando y mover a operadores que intenten causar daño a nuestros ciudadanos y traer armas de destrucción masiva a Estados Unidos”.

El discurso de Trump sobre migración ha sido muy reduccionista y Kelly se ha encargado de encuadrarlo. En preparación de la audiencia para su ratificación como secretario de Seguridad Territorial, respondió un cuestionario previo donde enfatizó que cerrará la frontera, aunque advirtió que no podían jugar sólo “a la defensiva”, porque la seguridad de Estados Unidos no comenzaba en la frontera con México, sino a 2 mil 500 kilómetros al sur del río Bravo, en las selvas de América Latina, el istmo centroamericano y la frontera de México con Guatemala.

En su conversación telefónica, según funcionarios con acceso a los detalles, Osorio Chong le planteó que es en Centroamérica donde debían enfocar sus esfuerzos y recursos. México, enfatizó el secretario de Gobernación, ha venido trabajando no sólo para enfrentar a los cárteles de la droga, sino para frenar la migración indocumentada por el Suchiate. No lo dijo, pero la migración no regulada de esa región está perfilando una crisis en territorio mexicano porque hay un número creciente de centroamericanos que ya no tienen a Estados Unidos como su objetivo, sino a México. La migración indocumentada es un problema común para las dos naciones que tendrían que resolver antes de que les explote.

Durante su comparecencia en enero, Kelly admitió que ya han venido trabajando con México y Guatemala, coordinados por el Comando del Norte y del Sur, donde el gobierno mexicano ha desarrollado una estrategia fronteriza en el sur, con una defensa en capas. Su queja es que pese a los esfuerzos de México, no ha sido suficiente. La visión mexicana, esbozada por el secretario de Gobernación durante su plática telefónica, es que se necesita una intervención más directa y proactiva de Washington en Centroamérica. Osorio Chong habló de este tema en octubre pasado, cuando recibió el entonces secretario de Seguridad Interna del presidente Barack Obama, Jeh Johnson, quien cuando ofreció impulsar más recursos para México dentro de la Iniciativa Mérida, recibió como respuesta que sería mejor que los trasladaran a América Central en forma de planes para el desrrollo.

Los dos secretarios coinciden en los generales del fenómeno de la migración y la seguridad, pero a diferencia de lo que sucede en México, donde el discurso y el plan de acción están alineados dentro del gobierno, en Estados Unidos se vive una disfuncionalidad por lo impredecible, disruptivo y beligerante del presidente Donald Trump. Como sucedió la semana pasada en la reunión de la OTAN, tras escuchar el discurso del vicepresidente Mike Pence, donde ratificaba el apoyo total de su gobierno a ese pacto militar, sus interlocutores se preguntaron si no sería descalificado por Trump o ignorado. Es lo que le sucederá a Osorio Chong con Kelly, cuyo concepto de cómo abordar la migración y la seguridad en función de los intereses de Estados Unidos, y las acciones que acuerde en México, tendrán como una externalidad absurda, cuidar que Trump no decida un día reventar todo por su mal humor.
21 Febrero 2017 04:07:00
La cosmogonía de Toluca
El futuro inmediato de las relaciones entre México y Estados Unidos depende de dos líderes poco confiables. Uno, el presidente Enrique Peña Nieto, sin ningún entrenamiento que le permita afrontar con eficiencia el desafío que tiene enfrente, muy poco creativo en la construcción de opciones y terriblemente adverso a los riesgos. Y el otro, el presidente Donald Trump, incompetente político, mercurial, vengativo y mensajero del terror y la incertidumbre. El primero depende de lo que sugiera su canciller, Luis Videgaray, mientras que el segundo ignora por completo a sus asesores. A Peña Nieto le acomodan la estrategia; a Trump tienen que acomodarle la estrategia para que se apegue a sus dichos en Twitter. El mexiquense es, como todos los de su tierra, protocolar, solemne e incapaz de levantar la voz o pelearse en público; del segundo, su hábitat es todo lo contrario.

En este choque de trenes, dos naciones dependen de sus decisiones y ocurrencias, con personalidades absolutamente distintas, pero con puntos en común, como la novatez de su primer círculo en la toma de decisiones, aunque hay que darle crédito a Peña Nieto, que en poco más de 4 años en Los Pinos, si bien en la casa presidencial varios de sus asesores alcanzaron el Principio de Peter, hay otros colaboradores cercanos que terminaron la curva de aprendizaje. En el caso de Trump y su equipo, el problema es más grave, no sólo por la tremenda personalidad del Presidente estadunidense y lo ideológico de los asesores que más pesan sobre él, sino porque lo que hace o deja de hacer afecta al mundo.

En su editorial del viernes pasado, El Presidente Trump, el Aprendiz de la Casa Blanca, el diario The New York Times apuntó que su ineptitud se ha extendido por todo el país. Maureen Dowd, una de las editorialistas más leídas y reputadas en Estados Unidos, escribió el sábado en Atrapado en el Cerebro de Trump que debido a que Trump “tiene el martillo de Thor, con su notable mango corto, debemos de tratar de imaginarnos su estilo de razonar extraño, perverso  y ofensivo. La personalidad mostrada en apenas un mes de estar al frente del Gobierno de Estados Unidos le ha quitado credibilidad. El viernes, el vicepresidente Mike Pence y el jefe del Pentágono, el general James Mattis, expresaron a los miembros de la Organización del Atlántico del Norte (OTAN) que su Gobierno apoyaría ese pacto militar formado para contener a Rusia, pero no disiparon los temores de si su jefe realmente estaría de acuerdo.

A Trump no se le puede confiar nada. El presidente Peña Nieto no ha terminado de comprender que es una bala perdida incapaz de honrar su palabra. Lo sufrió cuando lo invitó a Los Pinos y, tras acordar sobre un tema no hacerlo público, Trump se mofó de él. Lo volvió a sufrir cuando acordaron por teléfono hace pocas semanas no volver a hablar del muro en público, compromiso que ha violado reiteradamente el estadunidense desde entonces. Peña Nieto podría leer la carta que enviaron siquiatras y sicólogos al entonces presidente Barack Obama, donde advertían del riesgo de Trump debido a su personalidad. El documento, publicado en diciembre pasado en The Huffington Post, afirma que Trump sufría de un “desorden de personalidad narcisista”. Un total de 35 siquiatras y sicólogos añadieron recientemente que su discurso y acciones demuestran incapacidad para tolerar puntos de vista diferentes del suyo, provocando reacciones violentas.

Peña Nieto es todo lo contrario a él y más. Está lleno de temores, que se pueden argumentar en la forma como ante las agresiones de Trump reacciona con lentitud debido al interminable proceso de consultas internas sobre si se debe o no actuar de una manera, o cómo se debe emitir una opinión pública. Su notoria falta de conocimiento de los asuntos internacionales y desconocimiento total de la política en Estados Unidos le impiden entender con rapidez la dinámica en aquel país. Su impericia en política exterior tampoco le ha permitido organizar una cadena de apoyos en el mundo para enfrentar a Trump.

El Presidente mexicano no es agresivo, sino excesivamente cortés, que en política se puede interpretar como pusilanimidad o subordinación. No es altanero ni grosero, pero tampoco sabe levantar la fuerza con su palabra, que sigue siendo plana y mediatizada. Su indisciplina como Presidente genera vacíos en la toma de decisión y demoras en las acciones a seguir. Su visión reduccionista del mundo, desde la cosmogonía de Toluca, lo ha llevado a prestar más atención al proceso electoral en su tierra que al futuro de las relaciones bilaterales.

Las advertencias llegaron la semana pasada en palabras del embajador designado para Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, quien en una reunión con senadores perredistas dijo que la comunicación entre los dos presidentes se encontraba en un punto crítico, por lo que existía la probabilidad de que las relaciones sufrieran un descarrilamiento. Pero, como muestra clara de la disfuncionalidad que vive el Gobierno mexicano por la conducta presidencial, no hubo ni seguimiento de la alerta ni descalificación de lo dicho por el embajador, cuya declaración, en tono y dureza, no se recuerda de diplomático mexicano alguno en tiempos de paz con Estados Unidos.

El choque entre dos personalidades tan distantes entre sí no permite siquiera imaginarse cómo puedan terminar las cosas y la relación bilateral. No hay ningún marco de referencia que ayude a plantear escenarios, ante la existencia de un Presidente que reacciona ante sus estados de ánimo, y otro presidente que no parece tener otra reacción que, cuando lo abofetean, poner la otra mejilla.
20 Febrero 2017 04:07:00
Peña Nieto contra López Obrador
El PAN revolvió prácticamente su candidatura para la Gubernatura del Estado de México con Josefina Vázquez Mota, que se registró ayer con la confianza de que las negociaciones con el resto de aspirantes azules eviten una división y sabotajes. Durante meses, Vázquez Mota, que por meses dijo que no quería contender por ese cargo, estuvo arriba de todos, panistas y de otros partidos, en las encuestas de preferencia electoral, y sólo cayó cuando el PRD, en busca de una cara fresca y competitiva, midió al conductor estelar de noticias de Televisión Azteca, Javier Alatorre, como una oferta ciudadana.

Los resultados que vio el PRD en las encuestas fueron asombrosos. Ante cualquiera, Alatorre ganaba la elección; a Vázquez Mota, incluso, la derrotaba por poco más de 10 puntos. De acuerdo con encuestadores, el periodista es un fenómeno nunca antes visto, con altísimo nivel de conocimiento (por encima del 95%) y prácticamente sin negativos.

La ventaja para Vázquez Mota y el resto de los candidatos, es que Alatorre no ha dado señales de que será candidato por el PRD, aunque el hecho que ese partido aún no defina a su abanderado, permite suponer que abrigan una esperanza. Sin Alatorre en la boleta, la elección será convencional, donde según las encuestas, habrá una lucha entre tres, la panista, Delfina Gómez de Morena, y Alfredo del Mazo del PRI. Sin la figura disruptiva del periodista, la idea convencional es que Vázquez Mota es la candidata más fuerte para conquistar la victoria. Esta idea fue la razón del presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, para impedir mediante negociaciones e intimidaciones, que el PRD jugara coaligado al PAN.

Vázquez Mota, como candidata, quizás está sobrevaluada. La razón por la que se resistió tanto a la candidatura es por el temor que, como en la campaña presidencial de 2012, su partido la abandonara. Es cierto lo que dice, pero por razones diferentes. El motivo de que el PAN, presionado por el entonces presidente Felipe Calderón, jugara tácticamente con Peña Nieto para cerrar las posibilidades del candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, fue porque la candidata Vázquez Mota no repuntaba.

Una gran estrategia de contraste para debilitar a Peña Nieto, a través del incumplimiento de sus obras públicas, le quitó en nueve días 20 puntos de aprobación, que no aprovechó la panista, que se equivocó en el concepto de spots, a cuya campaña le faltó compromiso, disciplina y organización, además de tirar a la basura los positivos de Calderón cuando se declaró “diferente” a él, porque sus negativos de cualquier forma los absorbió.

¿Por qué habría de ser diferente la candidata de 2017 a la de 2012? Esta respuesta se irá viendo en los próximos meses, aunque se está repitiendo la lucha de hace cinco años entre dos personajes que no están en la boleta electoral, Peña Nieto y López Obrador. Los dos son las grandes sombras y factores de la elección en el estado de México, porque sus negativos y positivos están jugando fuertemente en este momento.

Gómez y Del Mazo son dos buenos candidatos, exitosos como gobernantes municipales y con experiencias victoriosas en elecciones de mayoría. En todas las encuestas, Del Mazo aventaja a Gómez, aunque por diferencias que no son cómodas. El factor que mueve las cosas es cuando se incorpora la relación de cada uno de ellos con Peña Nieto y López Obrador.

Los negativos de López Obrador, que durante sus dos campañas presidenciales previas se mantuvieron muy altos (sobre 45% del electorado), no sólo se han estabilizado en los tres últimos meses, sino que este año han disminuido, acompañado de un ligero incremento en positivos, que de sí se han mantenido altos. En el caso de Peña Nieto es todo lo contrario, han subido los negativos (roza el 88%) y la aprobación que tiene está en el piso (entre 6 y 8%).

Cuando la medición se hace en el Estado de México, los resultados no son benéficos para Del Mazo. Peña Nieto, que ha invertido un enorme capital político en el estado de México en su sexenio, viajando cotidianamente, inyectando recursos todo el tiempo, buscando construir su santuario transexenal en su tierra, ha ido cayendo en los niveles de aprobación. Las últimas encuestas no públicas ubican un nivel de desaprobación de su gestión de 75%, lo que significa que es más un lastre que un activo para Del Mazo.

De ahí la insistencia del discurso de López Obrador de que son primos. Esto no es menor. Según las encuestas que no son públicas, realizadas para diseñar estrategias, cuando se asocia el nombre de Del Mazo al de Peña Nieto, casi el 50% de los entrevistados dicen que no votarán por el candidato; cuando se asocia el de Gómez con López Obrador, el número de personas que dice que votará por ella se eleva de 12 a 19%.

El descrédito del Presidente juega en contra de su candidato, quien ya ha comenzado a tomar precauciones, como en su apariencia (símbolos tan poderosos como aplanar su copete), y en los colores (dejó de usar el rojo priista). Los estrategas priistas consideran que Vázquez Mota ya no es la rival a vencer, sino Gómez. Entre los estrategas de la candidata morenista, coinciden que el contendiente es Del Mazo. Gómez y Morena no son simples accesorios, sino pivotes en la primera batalla real de la sucesión presidencial.
17 Febrero 2017 04:08:00
La misteriosa corrupción de Odebrecht
El 21 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el conglomerado brasileño Odebrecht y su filial petroquímica Braskem aceptaron su culpa por haber sobornado a políticos y funcionarios de 11 países entre 2011 y 2016, y aceptaron pagar multas por 3 mil 500 millones de dólares, la mayor suma jamás desembolsada para resolver un caso de corrupción extranjero en las cortes de ese país, que sería entregada a los países que participaron en la investigación, Brasil, Estados Unidos y Suiza. Lo que nunca se hizo público es que México había participado en las pesquisas y que en vísperas de que se hiciera público el caso el Gobierno del presidente Barack Obama excluyó al Gobierno mexicano de colgarse la cuarta parte de la medalla.

Personas que conocen el caso dijeron que los propios ejecutivos de Odebrecht que estaban negociando cómo llegar a un acuerdo con los cuatro países se mostraron sorprendidos por que el Gobierno mexicano fuera excluido, por lo que hicieron contactos con la PGR para tratar de llegar a un acuerdo bilateral similar que evitara que les congelaran sus obras en este país y actuaran eventualmente contra sus ejecutivos. De acuerdo con documentos de la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, Odebrecht pagó sobornos por más de 10 millones de dólares a funcionarios mexicanos entre 2011 y 2014 para asegurar que les dieran obra pública, con lo cual obtuvo un beneficio de 300 por ciento.

Uno de los casos que resaltó la Corte, como se describió en este espacio el 23 de diciembre, se refería a un evento en octubre de 2013, donde Odebrecht “aceptó pagar un soborno a un alto funcionario de una empresa paraestatal mexicana, controlada por el Estado, a cambio de ayudarla a ganar un proyecto. Entre o alrededor de diciembre de 2013 y finales de 2014, Odebrecht pagó a ese funcionario 6 millones de dólares”. El conglomerado brasileño tiene un largo historial de negocios en México, al igual que su filial Braskem, y es posible ver sus actividades a través del portal de Transparencia del Gobierno mexicano.

En 2014, el año que usa la Corte en Brooklyn como ejemplo de la corrupción en México, Odebrecht ganó la licitación de Pemex –a través de su filial Tag Pipelines– del tramo dos del colosal desarrollo del gasoducto Los Ramones, que recorre los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.

El contrato fue de 935 millones de dólares. No existe en esta documentación ningún indicio de que este es el contrato por el cual se pagó el soborno.

Sin embargo, por las fechas señaladas, los documentos de la Corte neoyorquina sugieren que se dio durante la licitación del gasoducto Los Ramones, ganada por Tag Pipelines, que desde un principio levantó oposición y críticas porque el proyecto llevaba un sobreprecio de 60%, así como la exigencia de que se frenara al entonces secretario de Energía en el gobierno de Felipe Calderón, Jordy Herrera, que conoció con detalle la obra cuando fue previamente director de Pemex Gas y Petroquímica Básica, el área que supervisó Los Ramones. Nunca pasó nada. Cuando Herrera dejó el cargo en Pemex, lo sustituyó Alejandro Martínez Sibaja, quien fue el primer funcionario que removió bruscamente José Antonio González, cuando sustituyó a Lozoya en la dirección general de la empresa. Oficialmente, Martínez Sibaja pidió su jubilación.

Los documentos de la corte neoyorquina no identifican a ningún funcionario corrupto, pero personas que conocen a exempleados de Pemex estrechamente vinculados con el exdirector de la empresa, Emilio Lozoya, señalaron que uno de los más nerviosos por el escándalo de Odebrecht es Froylán Gracia García, coordinador ejecutivo de la Dirección General en la administración anterior. En este espacio se publicó en octubre de 2015 que una investigación en la Secretaría de Energía –que nunca fue reconocida oficialmente– buscaba comprobar acusaciones en su contra por actos de corrupción.

La PGR también ha recibido información en los 2 últimos años de que el exdirector de Procura y Abastecimiento, Arturo Henríquez Autrey, presionaba a empresarios para que pagaran montos multimillonarios específicos que, dijeron a las autoridades, se entregarían a Lozoya. El exdirector de Pemex ha reiterado en varias conversaciones a lo largo del tiempo que las imputaciones son falsas y que sus colaboradores nunca participaron de actos de corrupción. Tampoco hay acciones en su contra.

La ruta de la corrupción de Odebrecht en México iba a ser dibujada por sus ejecutivos cuando se acercaron a la PGR, en busca de una negociación fuera de tribunales. De acuerdo con personas que fueron informadas de lo que quería intercambiar la empresa brasileña para que les permitieran seguir trabajando en México, eran detalles de cuánto dinero invirtieron en campañas políticas en Veracruz y Tamaulipas, en qué años y a quiénes. La relación de la empresa con funcionarios veracruzanos en particular es estrecha. La embajadora en Brasil, Beatriz Paredes, incluso le organizó una visita a Sao Paulo al exgobernador Javier Duarte para hablar con los ejecutivos del emporio de la construcción latinoamericano.

Lo que ha pasado con la corrupción de Odebrecht en México es un misterio. Dejaron de buscar un acuerdo de colaboración con la PGR, pero tampoco han tenido problemas para seguir trabajando en este país. En todo caso, a diferencia de lo que sucede en Latinoamérica, donde van apareciendo más políticos involucrados en su corrupción, en México no pasa nada.
16 Febrero 2017 04:08:00
Siete segundos para morir
El jueves pasado, unidades de élite de la Marina respondieron indirectamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien le había dicho al presidente Enrique Peña Nieto que las Fuerzas Armadas de su país no tenían ni la capacidad ni el valor para enfrentar a los cárteles de la droga. En un operativo en Tepic para neutralizar al jefe de plaza en Nayarit y el norte de Jalisco del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, los comandos se enfrentaron varias horas con los criminales, que dejaron un saldo de 13 narcotraficantes muertos, contra ningún marino. De todo ese tiempo de refriega en barrios residenciales y en la cercanía del aeropuerto en la capital nayarita, lo que circuló profusamente en las redes sociales y los medios de comunicación fue un video de 7 segundos de duración, donde desde un helicóptero ruso de la Marina dispararon una Barrett con balas trazadoras –que son modificadas para que una carga pirotécnica en su base permita que arda y se pueda ver su trayectoria en la noche– de 50 milímetros.

El operativo fue quirúrgico, eficaz, con notoria capacidad de fuego y sin importar que hubiera daños colaterales. Abatieron al jefe de la plaza, Juan Francisco Patrón Sánchez, apodado “El H2”, y a toda su guardia pretoriana. Pero tras el asombro por el impresionante operativo, surgieron las denuncias de abuso de fuerza y las versiones de que en la acción habían muerto menores. El secretario de la Marina, almirante Vidal Soberón, fue obligado por la opinión pública a dar la cara, y afirmó que no participó ningún menor en el operativo, ni se abatió a ninguno de ellos. El almirante explicó ante la prensa lo que, según su información, sucedió:

“Los 15 efectivos que llegaron al domicilio fueron recibidos con fuego real, aunque se insistió desde que llegamos, (y) se estuvo insistiendo durante toda la operación, que era la Secretaría de Marina y que pedíamos su rendición. Jamás se rindieron. En una casa de tres pisos y exactamente en el alto de la azotea ellos tenían una posición muy favorable desde la cual estaban disparando a nuestro personal y tenían una vista de 360 grados. Al ver esto se pidió el apoyo de un helicóptero artillado, el cual hizo fuego por un tiempo no mayor a siete segundos, con el único objetivo de que se retiraran de la azotea, cosa que se logró, ya mi personal no estaba resistiendo la cantidad de fuego de precisión que estaban efectuando ellos”.

El almirante Soberón se quejó de que sólo se estaban viendo esos 7 segundos letales, y no toda la acción que duró varias horas. En todo caso, de sus propias declaraciones se puede argumentar que mintió y que sus comandos sí hicieron uso excesivo de su fuerza letal, en violación de la ley. El almirante Soberón dijo que se disparó desde el helicóptero a una azotea, pero en el video se aprecia que las balas trazadoras fueron dirigidas al frente de una casa, a la cual le provocaron daños en su base y paredes. El helicóptero realizó acciones aéreas lentas mientras enfocaba su objetivo, pese a lo que nunca fue alcanzado por ningún proyectil. La versión oficial es que les dispararon desde tierra, pero nunca alcanzaron a la nave.

Las Fuerzas Armadas mexicanas disponen de un Manual del Uso de la Fuerza, en cuya regulación del uso de la fuerza, publicada el 22 de mayo de 2014, establece su legitimidad bajo los principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad. La proporcionalidad, como se especifica en el Capítulo 3, “se utiliza en la magnitud, intensidad y duración necesarias para lograr el control de la situación, atendiendo al nivel de resistencia o de agresión que se enfrente; se refiere a la relación entre la amenaza al bien jurídico tutelado del personal o de la población civil ajena a los hechos, y el nivel de fuerza utilizada para neutralizarla”.

En el operativo en Nayarit no hay forma de justificar la proporcionalidad establecida por la ley. El índice de letalidad fue de 12 muertos, lo que sugiere que se utilizó mucho mayor fuerza de la que se necesitaba.

Estos datos no son anormales para la Marina, cuyo índice de letalidad rompe todas las convenciones, inclusive supera al Ejército y a la Policía Federal, que rebasan las proporciones de muertos y heridos establecidos por la ley. Sólo como referencia, un estudio de la Cruz Roja Internacional de las guerras desde finales de los 70 encontró una proporción de cuatro heridos por cada persona muerta. En México, según un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Ejército mata a ocho enemigos por cada uno que hiere, mientras que la Marina mata a 30 agresores por cada uno que hiere, que es un radio similar al resultado en Tepic el jueves.

La Marina tiene fama de alta eficiencia en sus operativos, mediante un alto grado de inteligencia y capacidad táctica. Pero también tiene fama de letal. Dos de los grandes capos del narcotráfico, Arturo Beltrán Leyva, jefe del cártel familiar que lleva su nombre, Heriberto Lazcano, jefe de Los Zetas, y Ezequiel Cárdenas Guillén, jefe del cártel del Golfo, murieron abatidos por comandos de la Marina, en operativos similares al de Tepic, donde no hubo detenidos; sólo muertos. La Marina es temible, como demostró Édgar Valdés, “La Barbie”, quien cuando fue detenido por la Policía Federal, tenía una amplia sonrisa. Cuando le preguntaron por qué se reía, respondió: “Estoy vivo; no me capturó la Marina”.
15 Febrero 2017 04:08:00
Fake news… made in Mexico
El ciclo de información sobre su hipotética influencia en el presidente Donald Trump, tiene de cabeza al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien repite a cada periodista que le pregunta, no censuró ni reescribió el discurso del Presidente el 25 de enero, cuando firmó una orden ejecutiva para la seguridad fronteriza y la inmigración. El canciller no parece estar públicamente a gusto con que el fondo de la relación con Estados Unidos se concentre en este momento a ese episodio que, paralelamente, ha desatado una investigación para saber quién o quiénes están filtrando tanta información de Los Pinos a la prensa.

No hay que darle muchas vueltas a este asunto, que se volvió viral desde ese día, cuando la cadena de televisión CBS difundió un reporte donde afirmaba: “El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, realizó personalmente cambios al discurso del presidente Donald Trump que anunciaba una orden ejecutiva para construir el muro fronterizo, según funcionarios mexicanos. Cuando Videgaray visitó la Casa Blanca en enero, el mismo día que Trump iba a firmar la orden ejecutiva, Jared Kushner, consejero de la Casa Blanca y yerno del Presidente, le mostró el discurso que iba a dar ese día en el Departamento de Seguridad Territorial. Videgaray estaba horrorizado, según los funcionarios mexicanos. Si no cambiaban las palabras, probablemente separaría aún más las relaciones entre los dos países”.

Como Trump efectivamente no mencionó que México tendría que pagar por el muro en ese discurso, la versión de la CBS tomó carta de legitimidad, lo que obligó a que Videgaray dijera a través de su cuenta en Twitter, en inglés y en español: “Nunca pensé que llegaría el día en que yo usaría esta frase, pero hoy aplica: “FAKE NEWS”. El canciller parafraseó a Trump en su cruzada contra los medios, a quien acusa regularmente de producir fake news, que significa noticias falsas. Videgaray, quien asegura que esas filtraciones dañan la relación bilateral, se ha cuidado de especular sobre el origen de esa especie, al asegurar que provino de Washington. No parece ser así. La misma versión, casi verbatim, fue publicada por columnas políticas en la prensa de la Ciudad de México el 26 de enero, el segundo día del encuentro de Videgaray en la Casa Blanca. Como botones de muestra:

Templo Mayor de Reforma: “La delegación mexicana se enteró en pleno vuelo que ayer se ordenaría construir el muro. Por lo mismo, al aterrizar en Washington, expresó su molestia. Videgaray advirtió a sus anfitriones que esperaría que el discurso del Presidente no fuera ofensivo para México. Esto, aseguran, habría movido a Trump a moderar el tono hacia México”.

Bajo Reserva de El Universal: “Aseguran que el martes por la noche, cuando el Presidente de EU difundió un tuit en el que anunciaba que el miércoles aprobaría la construcción del muro en la frontera con México, el canciller Luis Videgaray estaba volando hacia la capital estadunidense. Dicen que se hizo un fuerte reclamo que obligó a la contraparte a repensar el discurso. Y que la postura de Trump fue ‘matizada’, ante el extrañamiento mexicano”.

Frentes Políticos de Excélsior: “Donald Trump, Presidente de EU, horas antes de que una comitiva mexicana se reuniera con representantes de su Gobierno, publicó un tuit enfatizando que la construcción del muro va. Cuando difundió el tuit, los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, volaban rumbo a Washington. La declaración de Trump causó molestia y tensión diplomática, lo cual obligó a matizar la declaración”.

Rozones de La Razón: Con la novedad de que el martes, cuando Donald Trump colgó su tuit sobre el anuncio del muro, Luis Videgaray ya volaba hacia EU, lo cual provocó ayer un fuerte reclamo a la Casa Blanca, que hizo que empezara 45 minutos tarde la conferencia del Mandatario, quien matizó su postura”.

No fueron las únicas que publicaron la misma versión que, adicionalmente, recogió el mismo error. No se encontraban volando Videgaray y Guajardo cuando Trump soltó su tuit, sino en Washington. Con una interpretación ligeramente distinta, “reescribir” en lugar de “matizar”, CBS difundió la misma filtración de, se puede argumentar, los mismos funcionarios mexicanos que dos semanas antes buscaron darle un spin victorioso a la visita de los secretarios en la Casa Blanca. Un spin similar, sin llegar al extremo de hablar de editar el discurso de Trump, fue publicado esa misma noche en The Washington Post, para decir que Videgaray había influenciado a la Casa Blanca para que realizaran modificaciones al texto. La Casa Blanca negó rotundamente que eso hubiera sucedido.

¿Quién filtró? Esta es una pregunta que se vienen haciendo en Los Pinos desde hace varios días. Quién está sacando información, real o falsa, de la casa presidencial que aterriza en las columnas y primeras planas de los diarios de la Ciudad de México. Hay investigaciones en curso para determinar quiénes son los responsables, pero si se analiza con cuidado la especie del papel de Videgaray en la Casa Blanca, se podrá llegar a conclusiones, sin mucha dificultad. Las huellas están claras y hay un patrón de filtraciones que siempre conduce al vecindario donde vive el presidente.

P.D. El secretario de Estado, Rex Tillerson, canceló su viaje a la Ciudad de México este miércoles, como se reportó en este espacio ayer. El viaje se había programado antes de la crisis de seguridad nacional en la que se encuentra la Casa Blanca. No hay una nueva fecha definida para la visita.
14 Febrero 2017 04:07:00
El canciller de Trump
Sin perder el tiempo, el secretario de Estado en el Gobierno de Donald Trump, Rex Tillerson, aceptó la invitación de su contraparte mexicana, Luis Videgaray, para visitar México, por lo que este miércoles llegará para consultas bilaterales y un toque de cortesía, se espera, al presidente Enrique Peña Nieto.

Tillerson vendrá con todo el aura que significa ser el canciller del país más poderoso del mundo, aderezado en este momento por un líder decidido a cambiar el orden de todas las cosas. Como casi todos en el primer equipo de Trump, Tillerson nunca había tenido un cargo público y viene del sector privado, cuyo último trabajo fue presidente de Exxon, una de las petroleras más grandes del mundo. Quienes lo conocen de tiempo saben que su interés se centra únicamente, en este orden, en Rusia, Canadá e Irán. Lo demás, era lo de menos.

México no está en sus prioridades estratégicas, según personas que lo conocen, aunque tampoco es distante. De hecho, mantiene una gran amistad con Emilio Lozoya, el primer director de Pemex en el gobierno peñista, despedido hace casi un año tras un largo enfrentamiento, paradójicamente, con quien ahora Tillerson tiene como su primer interlocutor, Videgaray.

La última gran acción empresarial Tillerson al frente de Exxon fue en diciembre, cuando en alianza con la francesa Total ganaron una licitación petrolera en México, donde invertirán más de 6 mil millones para exploración y desarrollo de uno de los bloques en aguas profundas.

El petróleo es lo suyo. En una ponencia en junio de 2012 en el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, la organización privada que reúne a los empresarios más ricos de Estados Unidos y a los exfuncionarios de Gobierno estadunidense y líderes de opinión más influyentes en la política exterior, se refirió a la relación energética con México y Canadá.

“Los tres países manejan sus recursos de manera distinta, pero los tres tienen una larga relación histórica en el libre comercio a través del TLCAN, y debido a él, tenemos una relación estrecha a través de sus economías y de las co-inversiones. Y ciertamente, entre los tres hay una larga relación histórica en suministro de energía”.

En esa plática, Tillerson expresó su esperanza de que la relación con México se profundizaría, gracias a la reforma energética, lo que abriría a Estados Unidos grandes oportunidades. La posición de Tillerson, aunque discrepa con la de Trump en libre comercio, siempre ha estado asociada a la idea de que la seguridad energética norteamericana forme parte central de las negociaciones trilaterales. La discrepancia de posiciones con su actual jefe expuso sus contradicciones durante la audiencia de confirmación en el Senado, cuando al admitir que comparte las preocupaciones de Trump en aquellos aspectos donde no hay beneficios para Estados Unidos, dijo que el libre comercio entre las naciones “es crítico para el éxito de nuestra política exterior”.

El discurso de Tillerson no es incendiario, ni proteccionista, ni reduccionista como el de su jefe. Cuando el senador de Nuevo México, Bob Menéndez, le pidió su opinión sobre el deseo de “aislar a México con un muro” y la retórica de Trump contra los mexicanos, respondió: “Yo nunca caracterizaría a todos los mexicanos con una etiqueta. México es un vecino confiable de mucho tiempo y un amigo de este país… Aunque probablemente tenemos diferencias en cuanto al reforzamiento de nuestras leyes de inmigración, aún necesitamos continuar cooperando con México en temas importantes de interés común, como el narcotráfico”.

Tillerson, por su conocimiento –aunque parcial– de México, puede ser considerado un aliado del Gobierno peñista al compartir objetivos comunes y coincidir en que una buena relación es benéfica para los intereses de cada país. Su visita, sorprendente por la rapidez con la cual la programó, es una señal que puede ser vista con optimismo. No obstante, Tillerson llegará herido.

Apenas la semana pasada, en uno de los múltiples arrebatos del Presidente estadunidense, su propuesta de Elliot Abrams como número dos en el Departamento de Estado, aprobada después de una cordial plática del viejo halcón de la política exterior con Trump, se derrumbó cuando enteraron al jefe de la Casa Blanca de un viejo artículo donde lo criticaba. Trump no entiende de formas y desautorizó a Tillerson en la primera gran decisión que tomaba.

Tillerson no es un pro cónsul de Trump, y como su canciller, lo que diga y haga en Washington será valorado y tomado en cuenta. El problema con este notable y notorio revés de Trump a su canciller, es que le restó legitimidad, y dio fuerza a quienes en la Casa Blanca, como siempre sucede, buscan incidir más que el secretario de Estado en política exterior.

Históricamente, la relación tensa e intensa se da entre el canciller y quien encabece el Consejo de Seguridad Nacional. Pero ahora, Tillerson tiene dos obstáculos más, el yerno de Trump y su súper consejero –Israel, Medio Oriente y México los temas en donde más está involucrado–, Jared Kushner, y el jefe de estrategia de la Casa Blanca, Stephen Bannon, quien tiene la visión de que México es un Estado fallido y hay que actuar en consecuencia.

La tarea de Tillerson, en lo que a México se refiere, es traducir a Trump las razones por las que debería mantener el status quo en la relación con México. El canciller de Trump entiende el valor de la sociedad, pero no se le ve la fuerza para imponer su visión en la Casa Blanca. Su visita es útil, pero no habrá que colocar en ella sola la restauración de la relación trilateral a como estaba, parece historia, hace 26 días.
13 Febrero 2017 04:08:00
El fracaso de la marcha
México es un país tan dividido, que ni siquiera Donald Trump, el enemigo común, logra generar unidad. Este domingo se dio la última pincelada del desacuerdo nacional al darse dos marchas para protestar contra la beligerancia obscena del Presidente de Estados Unidos contra los mexicanos, cuyos organizadores no sólo fueron incapaces de conciliar sus diferencias sino que cruzaron descalificaciones recíprocas. Las marchas, escribió ingeniosamente Salvador Camarena en las páginas de El Financiero el viernes, son de quien las trabaja.

Organizaciones que durante años han trabajado más codo con codo que a codazos por la agenda de una mejor seguridad pública, se lanzaron por su lado a convocar su marcha frente a la amenaza externa, porque como sucede con todas las cosas en México, se politizó por razones domésticas que terminaron arrollando el objetivo común: el sí o el no que en esa marcha se valiera una condena al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Las dos marchas, asimismo, fueron rechazadas por la izquierda, convencida de que era un respaldo al Presidente.

Cada quien según sus intereses, expuestos el domingo desde la racional del vacío ideológico y el interés particular, colocados por encima la búsqueda de unidad. La sociedad mexicana es mayor que el Presidente en turno, que el Gobierno, que los políticos y los sindicatos, que los medios, los periodistas y tantos savoranolas que emergen de todos lados, pero no es activa, sino pasiva, y quienes tienen la capacidad para organizar protestas terminan aplastando a quienes tienen deseos de participar en una acción colectiva y formar un frente común que si bien no cambiará las cosas de un día para otro, exprese que los ciudadanos no son actores de reparto en este país, sino figuras centrales de la vida pública.

Los marchistas del domingo y la mayoría silenciosa o gritona, o la que buscó el sabotaje y descalificación en las redes sociales, son espejo de la realidad nacional. En Paseo de la Reforma se manifestaron el agua y el aceite. Los organizadores de una de las marchas pidieron que se enfocara todo a la protesta contra Trump, bajo el argumento, expuesto por Laura Elena Herrejón, de Movimiento Pro Vecino, impulsora de la marcha “Mexicanos Unidos”, que el objetivo era uno, el repudio al Presidente de Estados Unidos, porque la ropa sucia se lava en casa, y no podían ni debían ligarla con una condena a Peña Nieto.

En el otro extremo, María Elena Morera, de Causa Común, quien comenzó a organizar la marcha “#VibraMexico”, que incorporó críticas a las políticas gubernamentales, denostó a Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro, que caminó junto con Herrejón el domingo, al decirle que era una insensatez organizar otra marcha el mismo día a la misma hora. Las palabras se trasladaron a hechos y con hostilidad y gritos, se obligó a la señora Wallace a retirarse del Ángel de la Independencia, donde confluyeron. La intolerancia total en medio de la marcha que condenaba la intolerancia de Trump. La mezquindad patriotera y los intereses particulares, como siempre.

La cultura corporativista de los de arriba no cambia. Lo mismo se puede alegar sobre las organizaciones que no dejan de aprovechar coyunturas para desquiciar la vida cotidiana de los mexicanos para presionar a las autoridades a atender sus problemas. ¿Dónde estaba la Coordinadora Magisterial que el jueves inició en la Ciudad de México su temporada de protesta rumbo al 15 de mayo y la negociación salarial? ¿Dónde las centrales campesinas que tan bien se organizaron para protestar contra el gasolinazo? ¿Y Antorcha Campesina? ¿Y el Movimiento de los 400 Pueblos? ¿Dónde esas organizaciones que son grupos de interés con fachadas de luchadores sociales? Son todos lo mismo. Apelan a los ciudadanos para la enajenación colectiva y la manipulación de las masas que les ayuden a litigar sus temas en el ámbito al que pertenecen, las élites.

Todos unidos contra Trump, hasta que esa unión no choque con sus intereses, percepciones y convicciones. Una encuesta telefónica en el El Financiero el 31 de enero, tras la cancelación del viaje de Peña Nieto a Washington para hablar con Trump, mostró que el 72% de los consultados aprobó la decisión del Presidente de cancelar su viaje, contra el 23% que la desaprobó, lo que parecía haber generado un sentido de unidad nacional. Sin embargo, el mismo estudio mostró que si bien el 40% creía que la actitud de Trump sí había propiciado la unidad de los mexicanos, el 56% afirmó que prevalecían las divisiones. Aún así, el 56% de entrevistados dijo que acudiría a un llamado del Presidente a salir a la calle para mostrar su respaldo ante Trump.

Peña Nieto nunca hizo ese llamado, y quienes lo hicieron de manera autónoma, no recibieron el respaldo que algunos esperaban porque creían ver su mano detrás de las movilizaciones ciudadanas. Alrededor de 18 mil personas, según las autoridades, marcharon este domingo. Para el tamaño de este país, o marchas anteriores con objetivos específicos, correlacionado con los altos decibeles registrados contra Trump en las redes sociales, el levantamiento de un muro principista y moral contra el Presidente estadunidense este domingo, fue un fracaso.

Las marchas de protesta y la campaña en redes sociales en contra de ellas, enseñaron lo dividido de un país que no aprende de sus experiencias históricas. Hay un ruido ensordecedor en la arena pública mexicana que no se traduce en acción colectiva. Ciertamente, Donald Trump tiene en México un lechón con su manzana en el hocico, listo para comerse.
10 Febrero 2017 04:08:00
El propagandista del Presidente
La comunicación social y política del Gobierno mexicano está hecha bolas. Decirlo parece un lugar común, pero la frase encierra muchos de los secretos por los cuales el presidente Enrique Peña Nieto no encuentra la forma de comunicarse y persuadir a sus gobernados, que lo tienen muy mal evaluado. El más importante es que lo que todos vemos, no es la realidad. Vemos al director de Comunicación Social de Los Pinos, Eduardo Sánchez, salir a dar siempre la cara para fijar posiciones del presidente, y a los responsables de esas áreas en el Gobierno federal hacer lo mismo, con el mismo guión. Arriba de todos, sin que nadie en la opinión pública lo vea, se encuentra Alejandro Quintero, el hombre que mueve los hilos de la comunicación gubernamental y que llegó a Los Pinos en abril del año pasado para evitar que el Presidente siguiera cayendo por el precipicio. Hasta ahora, ha fracasado.

Quintero ha sido un hombre muy importante en la mercadotecnia política en los últimos 15 años. Como vicepresidente corporativo de Comercialización y de Ventas de Televisa durante todos esos años, creó los multimillonarios convenios de promoción de los políticos en las influyentes pantallas de la empresa de Emilio Azcárraga, e inventor del llamado Plan de Acción, que construyó la narrativa de Peña Nieto desde la Gubernatura del Estado de México a Los Pinos. Quintero se ufanaba de haber sido él quien había hecho a Peña Nieto presidente, por lo cual les debía todo a él y a Televisa. El poderosísimo Quintero, sin embargo, cayó de la gracia en Televisa, de donde salió en no muy buenos términos en diciembre de 2014.

A Quintero responsabilizan los ejecutivos de Televisa –sin que se haya podido comprobar nada–, de haber sido el autor de una denuncia anónima en la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos, conocida por su acrónimo SEC en inglés, que mencionaba el ocultamiento de ingresos monumentales que se escondían a los inversionistas –y por tanto esquilmaban sus utilidades–, producto de convenios con políticos que querían un buen tratamiento informativo y una promoción disfrazada de noticia, que no entraban por los conductos institucionales de la empresa.

La denuncia generó gran preocupación en Televisa, porque de haberse comprobado el hecho, habría generado multas a la empresa en la Bolsa de Nueva York, donde también cotiza, y eventuales penas de cárcel para los responsables. Un despacho de auditores en Nueva York, contratado por Televisa, no encontró sustento en las acusaciones.

Quintero reapareció en la clase política en abril del año pasado, cuando el presidente Peña Nieto, urgido por mejorar su comunicación con la sociedad, lo contrató. No entró en las nóminas de la Presidencia y no se puede rastrear lo que cobra a través de los conductos oficiales porque no salen de ahí sus honorarios, que de acuerdo con personas conocedoras de la industria, se calculan en 100 millones de pesos anuales. Además de los honorarios, son los privilegios que le dio Peña Nieto lo que han llamado mucho la atención. Quintero prácticamente no va a Los Pinos, y las reuniones de trabajo las realiza en su casa en Monte Cáucaso, en las Lomas de Chapultepec, a donde acuden puntualmente los funcionarios de la Presidencia.

Es Quintero quien da las líneas generales a Sánchez, a Alejandra Lagunes, responsable de medios digitales del Gobierno, y a otros funcionarios de la casa presidencial, sobre cómo debe venderse a Peña Nieto en las diferentes plataformas. El asesor, sin embargo, ha resultado un fiasco, si se ven los resultados. En mayo del año pasado, cuando apenas estaba tomando posesión, la aprobación presidencial era de 32%, contra 62% de rechazo. En agosto, con su operación de prensa y propaganda en marcha, la aprobación se había caído tres puntos y la aprobación subido ese mismo porcentaje.

En noviembre, Consulta Mitofsky reportó una aprobación de 24% contra una desaprobación de 69%, y en diciembre, Reforma registró el mismo nivel de aprobación pero una desaprobación de 73%. En enero de este año, este mismo diario registró una aprobación de 12% contra una desaprobación de 86%, mientras que la encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública del Congreso, publicada también en enero reflejó una aprobación de 6%, contra una desaprobación de 88%, que son cifras similares a las que tienen en Los Pinos de sus estudios privados.

Hasta finales del año pasado, cuando menos, el Presidente no percibía a Quintero como un fracaso, ni estaba convencido de que los tropiezos de su gobierno y su mala aprobación tuvieran que ver con la comunicación social o con el mensaje, que confunde o identifica como una misma cosa. Lo que ha sucedido en materia de comunicación durante las últimas seis semanas ha subrayado que, a diferencia de lo que piensa el presidente, sí tiene un problema de mensaje, que es la narrativa, y de comunicación, que es cómo se presenta esa narrativa.

La mala operación comunicativa sobre el gasolinazo abrió los espacios para los esfuerzos de golpeteo y desestabilización contra su gobierno, mientras que la atropellada forma de enfrentar al aparato propagandístico de la Casa Blanca, logró que el presidente Donald Trump arrasara a Peña Nieto.

El cambio que hizo el Presidente en la cabeza de la propaganda gubernamental ha fracasado totalmente. Están los datos demoscópicos y están las reacciones de la sociedad en las calles para soportar el argumento que la llegada de Quintero no le benefició y sí, en cambio, profundizó el daño a su imagen, legitimidad y consenso para gobernar.
09 Febrero 2017 04:08:00
Con Trump no hay manera
El Premio Nobel de Economía, Joseph Stieglitz, estuvo la Ciudad de México la semana pasada para ofrecer dos conferencias –una pública y una privada–, y entrevistarse con cuatro miembros del gabinete. El presidente Enrique Peña Nieto no tuvo tiempo para recibirlo, como parecía que lo haría, y perdió la oportunidad de tener una opinión informada de lo que pasa en Estados Unidos. De otra forma, habría escuchado lo que dijo ante un grupo selecto en el Club de Industriales el viernes del presidente Donald Trump: todo lo que prometió durante su campaña lo va a cumplir, pero lo hará peor de cómo lo ofreció. Es decir, a cavar trincheras.

Stieglitz recomendó no abrir el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, como dice Peña Nieto que hará, y negociar sólo los temas no incluidos porque no existían en su momento, como el comercio digital o el sector energético, cerrado en México en ese entonces. Habría que acelerar la diversificación en todos los campos ante la posibilidad –no lo dijo textual Stieglitz– que el TLCAN que quiere Trump, sea inaceptable. Por la velocidad con la que Trump está cambiando el orden mundial, urge analizar no sólo los escenarios para la negociación comercial, sino si, en función de qué utilidad tendría entrar a ese proceso con un equipo que dependerá del humor de su Presidente, sus necesidades coyunturales y hasta la dinámica de confrontación dentro de la Casa Blanca, vale la pena ir a una negociación llena de incertidumbres.

Con Trump no hay de otra. Despachar en la Oficina Oval no lo contuvo, y los contrapesos en su país no se ven capaces de frenarlo en el corto plazo, el tiempo en el cual se mueve y juega el futuro de las relaciones de México con Estados Unidos. La posibilidad de un proceso de desafuero por violaciones a la Constitución tampoco parece estar en el horizonte próximo. Dos años al menos para ello, dijo Stieglitz, cuando los republicanos estén más seguros de no poner en riesgo la elección en el Congreso en 2018.

Si Peña Nieto no lo escuchó, podría revisar un ensayo publicado en abril pasado en el Harvard Business Review sobre por qué Trump no entiende sobre negociaciones, de Deepak Malhotra y Jonathan Powell. “El próximo presidente de Estados Unidos necesitará ser un negociador extremadamente efectivo”, escribieron. “Abundan los conflictos armados, las parálisis políticas y las crisis diplomáticas. El Presidente será llamado a resolver la guerra en Siria, manejar las complejas relaciones con Rusia e Irán, lidiar en puntos calientes como Corea del Norte, Libia y Ucrania, manejar las tensiones con China, y revivir una relación bipartidista en el Congreso. Irónicamente, el único candidato presidencial que ha subrayado su talento como gran negociador, es quien precisamente tiene los instintos equivocados y la inexperiencia para el tipo de conflictos que el Presidente enfrentará”.

Malhotra y Powell explicaron que el enfoque de Trump no sería sólo ineficaz, sino desastroso, por la forma como desconoce que negociar con empresarios no es lo mismo que hacerlo con gobiernos. La diferencia crucial es el objetivo, expusieron. Al negociar un contrato de negocios, se calcula cuánto dinero está sobre la mesa para considerar todas las formas en las cuales se pueda llegar a un acuerdo para captar mayor parte del valor creado. Pero para negociar en un conflicto de alto riesgo, hay que convencer a la otra parte de aceptar su solución, sin tratar de aplastarla, y colaborar para alcanzar un acuerdo que evite el desastre. En ese sentido, recordaron cómo Trump usaba la palabra “derrotar” al hablar de México, China y Japón.

“La idea prevaleciente en una negociación donde se dé un juego de suma cero, es peligroso en el contexto de conflictos prolongados y negociación internacional compleja. Cuando se negocia con personas electas al otro lado de la mesa… no eres sólo su adversario, sino también un socio cuyo trabajo es ayudarlo a pensar de manera más creativa para vencer la desconfianza y, lo más importante, para vender ese acuerdo a sus gobernados. Aún las propuestas más generosas pueden ser rechazadas si la otra parte es humillada... y no puede presentarse como victoria”, apuntaron.

“Trump no entiende esas dinámicas, como es evidente en su posición de política exterior más articulada: construir un muro en la frontera con México que pague el Gobierno mexicano. El extremo de esa posición alcanzó un crescendo cuando el expresidente Vicente Fox anunció fuerte y obscenamente que México nunca iba a pagar por el muro. ¿La respuesta de Trump?: ‘El muro acaba de elevarse tres metros’. Esto parece ser su forma de decir, ‘si rechazan mi oferta ridícula, escalaré las cosas para hacerlas aún más ridículas’. No estamos familiarizados con ningún contexto de negocio legítimo donde esta táctica haya dado resultados”.

El ensayo es una radiografía. ¿Cambiará Trump? No parece, cuando menos en el corto y mediano plazo. ¿A dónde irá la negociación con él? A mayor confrontación. Pensar en atrincherarse y acelerar la diversificación como propone Stieglitz deber ser la prioridad, y antes de que tire Trump el TLCAN a la basura, que sea México el que plantee que no hay condiciones para seguir dentro de ese acuerdo, y que el comercio bilateral se rija por las reglas de la Organización Mundial de Comercio, donde si Trump quiere violar las normas y pelearse con México lo hará con el mundo. ¿Será difícil? Sin duda. Sin embargo, peor será cuando se llegue al mismo destino, pero empujados a patadas por Trump.
08 Febrero 2017 04:07:00
Qué quiere Trump
Conforme pasan los días comienza a tomar forma y sentido lo que en un principio parecían disparates absolutos del presidente Donald Trump y sus asesores en la Casa Blanca. Temas como el que los cárteles de la droga mexicanos pagarán parte del muro en la frontera con México o el envío de tropas estadunidenses a este país para combatirlos empiezan a enseñar qué es lo que el nuevo Gobierno en Washington está persiguiendo: un Plan Colombia, renovado y vigorizado, para México. Esto es, que ante la insuficiencia del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para hacerse cargo de la seguridad interna y enfrente con éxito a las organizaciones criminales trasnacionales, que temen puedan ser utilizadas por terroristas que atenten contra Estados Unidos, sea Washington quien tome las decisiones sobre cómo enfrentarlos, con qué fuerza, intensidad y recursos humanos extranjeros operando en territorio mexicano.

Los dichos de Trump y sus asesores muestran el cuerpo de lo que desea de su relación con México y el Gobierno de Peña Nieto, al que no consideran un aliado confiable en el combate contra los cárteles, sino un enemigo, como se ha descrito en este espacio en los últimos días. Este diseño significaría el fin de la soberanía mexicana en cuanto a la definición de tomar decisiones independientes y autónomas en Los Pinos, mediante un cambio cualitativo monumental en lo que ha sido la cooperación bilateral en esa materia durante los 10 últimos años: la lucha contra las drogas dependería estratégica y tácticamente de Estados Unidos.

El Plan Colombia fue firmado en 1999 por los presidentes Andrés Pastrana y Bill Clinton, con el objetivo de promover el proceso de paz, combatir la industria del narcotráfico, revivir la economía y fortalecer “los pilares democráticos” colombianos. Detrás de todo ello había una estrategia contrainsurgente y la sospecha que también las FARC, la longeva guerrilla colombiana, tenía relación con grupos terroristas del Medio Oriente. Quien se encargó de la operación en campo del Plan Colombia, fue José Rodríguez, quien era el jefe de Estación de la CIA en Bogotá, y quien fue enviado a México posteriormente, donde estuvo hasta septiembre de 2001, cuando regresó rápidamente a Washington para hacerse cargo de la guerra contra el terrorismo como número tres de esa agencia, bajo cuya dirección encontró Estados Unidos la pista para descubrir a Osama bin Laden.

Para entender las señales que está enviando la Administración Trump, hay que recordar lo que ha sucedido desde el relevo presidencial.

El 10 de enero, en la audiencia de confirmación como secretario de Seguridad Territorial, se publicó el cuestionario al general John Kelly, quien dijo que las ganancias de los cárteles son ilimitadas y habló sobre las condiciones en aquellos países que satisfacen la demanda de drogas a Estados Unidos y que son razón importante por la que un alto número de indocumentados son usados por los cárteles que utilizan la frontera con México como un acelerador. “Hay algunas excepciones a esta tendencia calamitosa. Una es el milagro en Colombia, que ha dado la vuelta de ser un Estado fallido, a uno que exporta seguridad a la región… Si me confirman, presionaré a México por una alianza y ayudaré a otras naciones a frenar el flujo de drogas e indocumentados”.

El 23 de enero, en la audiencia de su confirmación como secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo que los intereses de Estados Unidos estaban mejor protegidos durante la colaboración militar con el Plan Colombia. “Ha hecho una dramática diferencia y puede ser considerado un éxito de la política exterior tanto para Estados Unidos como para Colombia”, añadió. “Colombia es uno de nuestros aliados más cercanos en el hemisferio y un importante socio comercial”.

El 29 de enero, el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Reince Preibus, declaró a la cadena CBS en el programa Face The Nation que aunque no se había tomado una decisión final de cómo pagaría México por el muro de Trump en la frontera de Texas, una de las opciones era que parte del costo la asumieran los cárteles de la droga. Desde septiembre el equipo de transición de Trump preparó una propuesta, que permite entender eso que parecía locura. El plan se refiere a la creación de un Fondo de Seguridad Fronterizo Conjunto donde los dineros y propiedades decomisadas a los cárteles mexicanos sean utilizados para la construcción y mantenimiento del muro.

El 6 de febrero, en una entrevista con la cadena Fox, Trump reveló que durante su conversación telefónica con el presidente Peña Nieto hace dos viernes le ofreció la ayuda de Estados Unidos porque “tenía un problema” con los cárteles de la droga, aunque no quiso confirmar ni negar que lo había amagado con enviar tropas a territorio mexicano para combatir esas organizaciones criminales a las cuales el Ejército, de acuerdo con versiones periodísticas matizadas, pero no desmentidas, no enfrentaba por incapacidad o miedo. Trump ha ido confirmando a pedazos detalles de esa conversación que el Gobierno mexicano ha desmentido, y que mantiene silencio sobre los señalamientos últimos del Presidente y sus secretarios.

Al revisar la bitácora de las declaraciones estadunidenses, lo que se perfila es una línea de acción que camina hacia un Plan Colombia, cuyo diseño embona con el modelo de cooperación que busca el Gobierno de Trump de México, y da coherencia a un eventual cronograma estadunidense. Se puede argumentar la existencia de un segundo plano a lo que parecían bravuconadas de Trump y su equipo que no se está viendo con claridad en México, más peligroso, incluso, de lo que se ha anticipado. Cuidado, es lo que hay que temer.
07 Febrero 2017 04:00:00
Ultimátum a México
En el fondo de todos los problemas que tiene el presidente Enrique Peña Nieto y su Gobierno, y México y los mexicanos con el presidente Donald Trump, es que cree que este país es un Estado fallido, donde la autoridad no manda ni impone, sino que la ley es manipulada por los criminales.

Sus ideas, expresadas desde 2014 en las redes sociales, donde habló de lo corrupto del Poder Judicial mexicano después de haber perdido un juicio por un fraude inmobiliario en Baja California, se ampliaron y profundizaron con la asesoría electoral de Stephen Bannon, quien llegó con él a la Casa Blanca como el cerebro del nuevo destino de Estados Unidos, que tiene la convicción que el Gobierno peñista está rebasado por los criminales y, a la vez, ligado a ellos.

Dentro de este andamiaje conceptual, este domingo Trump volvió por sus fueros durante una entrevista con Fox News, donde afirmó que el Gobierno de Peña Nieto no era capaz de contener los problemas ni tampoco a los narcotraficantes. Sus palabras son un eco de lo que sucedió recientemente en la Casa Blanca, cuando el canciller Luis Videgaray y una reducida comitiva de funcionarios mexicanos que iban a la primera plática sobre los temas prioritarios de la agenda bilateral, se enfrentaron con la fuerza y la furia de Bannon.

No había nada más importante que el tema que Bannon colocó en la mesa de negociación para abrir boca: México es un Estado fallido. Videgaray buscó contextualizar con las realidades de la relación bilateral, pero es inútil. En este espacio se ha referido el señalamiento en Brietbart News, un día después de las elecciones presidenciales de 2012: los mexicanos eligieron a un presidente vinculado a los cárteles de la droga. En las dos últimas semanas se ha dado un reciclaje a las acusaciones de Brietbart News contra Peña Nieto, como que el cártel de Juárez inyectó dinero a su campaña presidencial. Brietbart News y Bannon son lo mismo. Lo que él hace en privado, lo expone el portal en público, lo magnifica y lo vuelve viral.

Pero no son sólo declaraciones o agresiones en la mesa de negociación, como Bannon hizo con Videgaray y los mexicanos en la Casa Blanca, o los mensajes de Trump a través de Twitter. Hay datos concretos de cómo y por dónde vienen las presiones contra el Gobierno mexicano. Los más claros, en la Sección 9 de la orden ejecutiva sobre seguridad fronteriza e inmigración, firmada por el presidente Trump el 25 de enero, el mismo día en que inició la primera ronda de conversaciones entre los dos países, y horas después de que el Presidente estadunidense aseguró que México pagaría por la construcción del muro fronterizo. El párrafo en esa sección del documento, dice textualmente:

“Requerimientos de información sobre Asistencia Extranjera. El jefe de cada departamento ejecutivo y agencia deberá identificar y cuantificar todas las fuentes de ayuda o asistencia federal directa e indirecta al Gobierno de México sobre bases anuales durante los últimos 5 años, incluida la ayuda para el desarrollo bilateral y multilateral, la asistencia económica, la ayuda humanitaria y la ayuda militar. Dentro de 30 días a partir de la fecha de esta orden, la cabeza de cada departamento ejecutivo y agencia deberá entregar esta información al secretario de Estado. Dentro de 60 días a partir de la fecha de esta orden, el secretario deberá entregar al Presidente un reporte consolidado reflejando los niveles de esa ayuda y asistencia que se ha entregado anualmente durante los últimos cinco años”.

Las áreas competentes del Gobierno del presidente Peña Nieto en esta materia, no están familiarizadas con esta orden ejecutiva, y mucho menos con la Sección 9. El canciller Videgaray tampoco informó al Presidente y al gabinete de la forma como el Gobierno de Trump está priorizando sus objetivos en la relación con México. Videgaray ha dicho al Presidente que la negociación con el equipo de Trump va por muy buen camino, y públicamente ha declarado que nunca como antes los habían tratado de bien como esta nueva Administración en Washington. Por supuesto que es falso.

La Sección 9 es un ultimátum a México, y representa lo único concreto en estos momentos en la relación bilateral. El problema es que sólo anticipa un acto de represalia no por lo que viene, sino por lo que ya pasó y es percibido como una realidad en la Casa Blanca: Peña Nieto y su Gobierno no son confiables en la lucha contra los criminales. Peor aún, como insiste Bannon a través de Brietbart News, son cómplices.

El 25 de marzo próximo, dos meses antes del inicio formal –si no se adelanta– de la renegociación bilateral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el secretario de Estado, Rex Tillerson, le entregará al presidente Trump el reporte, que dirá, de acuerdo con las cifras oficiales, que de 2011 a 2015, una docena de agencias del Gobierno de Estados Unidos otorgaron mil 600 millones de dólares a México, particularmente con recursos del Pentágono, el Departamento de Estado y la Agencia para el Desarrollo Internacional.

¿Qué hará Trump con esa información? Se puede pensar que cancelará toda la asistencia a México, y que utilizará esos fondos para financiar parte del muro fronterizo. Pero el mensaje, si toma algún tipo de represalia y no lo toma como parte de los elementos para una negociación bilateral, será altamente ominoso: Trump no ve a México como socio o aliado; es su enemigo y actúa en consecuencia. Qué quieran en México, qué piensen o qué le diga Videgaray al Presidente, lo tiene sin cuidado.
06 Febrero 2017 04:00:00
Pleitos en el gabinete Premium
Los hechos: la Secretaría de Hacienda anunció que el gasolinazo de principios de febrero se aplazaría 17 días, porque hay forma de absorber con los ahorros del Gobierno la no recaudación de poco más de mil millones de pesos. Los dichos: el subsecretario de Hacienda, Miguel Messmacher, reconoció que la decisión fue política. El interlineado: enfrentados tecnócratas y políticos, en la reunión de gabinete el jueves en Los Pinos para ver el rumbo a tomar, la decisión fue temporal porque el presidente Enrique Peña Nieto no pudo resolver en forma determinante. Por tanto, el pleito entre secretarios continúa.

El choque dentro del gabinete se viene arrastrando desde hace dos meses, cuando ante la explicación técnica del porqué de la liberalización de los precios del combustible para subsanar un hoyo fiscal estimada por Hacienda en 200 mil millones de pesos, el Presidente dijo que el no hacerlo repercutiría en programas sociales que tendrían que ser cancelados. En año de elección en el Estado de México, que está en su cabeza más que el conflicto que tiene con el presidente Donald Trump, según personas que han hablado con él en las dos últimas semanas, suspender programas sociales afectaba sus estrategias electorales.

Un gasolinazo adelantado para 2017, argumentado técnicamente por el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray a los diputados priistas en septiembre del año pasado, empataba con el diseño electoral para el Estado de México al estilo mexiquense: abrir las arcas para ganar votos. El candidato, para cerrar el círculo, fue Alfredo del Mazo Maza, que presidía la Comisión de Presupuesto –la que distribuyó el dinero a los estados–, y primo de Peña Nieto. Lo circunstancial, como todos estos datos, se alinearon no obstante en beneficio de la casa presidencial en su lucha por que el PRI mantenga el poder en el Estado de México y fortalezca ese granero de votos para 2018.

Lo que ni Peña Nieto ni Videgaray tomaron en cuenta el año pasado, fue el deterioro social, con un incremento de casi 10% en el empeoramiento del humor social el año pasado, y la pérdida de legitimidad del Presidente que crea las condiciones para la ingobernabilidad, al ser menos de ocho de cada 10 mexicanos los que aprueban su gestión. Este distanciamiento con la realidad social y política llevó al Presidente, aunque consciente que sería una medida antipopular, a no tomar provisiones a finales del año pasado. Incluso, la oficina de su vocero instruyó a los comunicadores gubernamentales en diciembre a no salir a los medios porque, explicaron, nadie estaba viendo al Gobierno en esas fechas.

Las discusiones en el gabinete tenían otro tono. La voz más fuerte del bloque opositor al gasolinazo fue de Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial, quien expuso los problemas políticos que esto podría representar para el gobierno de Peña Nieto. El secretario de Salud, José Narro, añadió que el humor social era tan negativo, que esa medida repercutiría principalmente en el Presidente. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, planteó varias veces que las complicaciones de gobernabilidad iban a provocar esa medida. Pero en las reuniones de gabinete antes de fin de año, los derrotaron los tecnócratas. Peña Nieto se fue de vacaciones convencido de que había que liberalizar los precios. La reacción social y la violencia callejera lo sacudieron, y según cercanos, su ánimo se desplomó como nunca antes en el sexenio.

El gasolinazo arrancó con movilizaciones sociales y vandalismo. Si bien hubo expresiones espontáneas o por imitación que se sumaron a los saqueos, se registraron acciones coordinadas para atacar tiendas y robarlas. La entidad que más sufrió fue el Estado de México, donde hubo más de 600 incidentes, decenas de ellos a la misma hora y día en el inicio de las protestas, de acuerdo con datos de los organismos empresariales mexiquenses. La movilización social, muchas de ellas organizada, no se ha frenado. Todos los días hay actos de protesta en todo el país, aunque la prensa ya no registra con detalle la bitácora de la rebelión.

Las reuniones en el Gabinete reiniciaron en enero, donde el Presidente estaba dubitativo sobre los reiterados llamados de los secretarios más políticos, que tenían que buscarse alternativas. Hace poco más de 15 días se puso sobre la mesa suspender el gasolinazo y compensar fiscalmente con un ajuste del gasto público. Varios secretarios expresaron lo que eso significaría. Robles, la voz más frontal contra Hacienda, expuso hace menos de dos semanas que un ajuste más en Sedatu, de sí muy devastada presupuestalmente hablando, era cómo liquidarla.

Peña Nieto arrancó la semana pasada sin haber tomado ninguna decisión. Una nueva propuesta se había colocado sobre la mesa: se matizaría el presupuesto con un tope de pérdida de recursos fiscales de 40 mil millones de pesos que se compensaría con reducciones en el presupuesto. El jueves en la reunión de Gabinete donde se tomaría la decisión, los tecnócratas volvieron a frenar a los políticos, aunque ya no fue en forma tan contundente como a finales de 2016, pero con un espacio de dos semanas para seguir negociando el gasolinazo.

El dilema del Presidente está en que se necesita reducir el hoyo fiscal para evitar recortes en programas y una baja en la calificación que repercutiría en el acceso a recursos por un lado, y la gobernabilidad por el otro. No da señales de saber qué hacer. Mientras,sigue en medio de sus dudas, la batalla táctica y política entre sus secretarios de Estado.
03 Febrero 2017 03:50:00
Peña, la piñata de la Casa Blanca
No nos equivoquemos. Disparar al mensajero que transmitió la dedicatoria de humillación del presidente Donald Trump al filtrar a la prensa que durante la conversación telefónica que sostuvo hace una semana con el presidente Enrique Peña Nieto lo amenazó con desplazar tropas estadunidenses a México para combatir a los cárteles mexicanos, porque el Ejército no lo hacía y les tenía miedo, es confundir lo que está sucediendo dentro de la Casa Blanca en este muy crítico momento de las relaciones bilaterales, y perder de vista las motivaciones y agenda de quienes están alimentando, a través de golpes oscuros, la desestabilización en México.

La prensa mexicana descalificó mayoritariamente a Dolia Estévez, corresponsal de muchos años en Washington, que mencionó en una entrevista en el noticiario de Carmen Aristegui lo que por la mañana había publicado en el sitio sonorense Proyecto Puente a partir de información indirecta de fuentes estadunidenses y mexicanas que le dijeron que Trump había maltratado a Peña Nieto, y que en el amago de enviar tropas a México para controlar la seguridad le había dicho que no necesitaba a su país para nada. Unas ocho horas después, la agencia Associated Press, a cuya corresponsal en la Casa Blanca le mostraron las notas del staff de Trump de la conversación, prácticamente confirmaba lo dicho por Estévez. La cancillería mexicana y un vocero de Trump desmintieron las versiones, pero el daño estaba hecho. El dardo envenenado se clavó en Peña Nieto.

Lo que se vio el miércoles fue la mecánica de cómo funciona la comunicación política en el Gobierno de Estados Unidos, que ha crecido exponencialmente por la agenda anti-mexicana de Stephen Bannon, el poder real detrás de Trump y su principal consejero presidencial. El método es simple y, como se ha probado por años, altamente exitoso: una filtración con medias verdades que se deja correr en la opinión pública para sembrar dudas y expectativas, y que tras analizar el impacto alcanzado, se confirma o se niega. Funcionarios mexicanos que conocen detalles de la conversación dijeron que las filtraciones en Washington contenían elementos ciertos, pero la amenaza de enviar tropas era falso. La agencia Associated Press matizó el jueves su información y dijo que esas palabras no habían sido expresadas “en serio”.

El episodio del miércoles no puede ser entendido sin el antecedente de la forma como opera Bannon, el más agresivo de todos los funcionarios de la Casa Blanca que recibieron a una delegación mexicana la semana pasada para plantear la temática sobre la cual se iniciaría en tres meses la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En la primera reunión el miércoles, Bannon sorprendió a la cabeza de la delegación mexicana, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien llevaba en la mano el tema del comercio trilateral, pero de lo único que quería hablar era sobre narcotráfico. La construcción del muro y el pago de él por parte de los mexicanos, se ubicaban en el mismo contexto de la exigencia del poderoso consejero.

Los desencuentros en la Casa Blanca tuvieron como colofón el tuit de Trump el jueves, donde decía que si no pagaban el muro sería mejor que Peña Nieto no lo visitara esta semana, del cual se enteraron los negociadores mexicanos y estadunidenses cuando se encontraban, precisamente, iniciando la segunda reunión de conversaciones. Pero en el doble campo de batalla, el mismo jueves el portal Breitbart News, propiedad de Bannon y a través del cual construyó la agenda racista y anti-mexicana de Trump, publicó la versión de su amo sobre la cancelación del viaje a Washington: la decisión de Peña Nieto obedecía a que en la víspera, Trump había denunciado las medidas de seguridad mexicanas contra los cárteles de la droga que, como reportó un día después de la elección presidencial de Peña Nieto en 2012, “financiaron” su campaña electoral.

Este miércoles, en el contexto de las filtraciones, Breitbart News, insistió: “Los medios en Estados Unidos parecen haber olvidado que el cártel de Juárez y múltiples actos de corrupción han sido vinculados a la elección del actual presidente Enrique Peña Nieto. Sus vínculos con los cárteles, la liberación misteriosa de varias de las más importantes figuras de los cárteles de la cárcel y el hecho de que regiones de México están bajo el control operativo de esas organizaciones criminales paramilitares, son rara vez reportadas en Estados Unidos”.

El portal utilizó para esta información noticias difundidas en el sitio Aristegui Noticias, que se ha convertido en una fuente de datos muy apreciada por Bannon y sus colegas. “Bajo Peña Nieto –agregó el miércoles–, los cárteles mexicanos no sólo han crecido en poder, sino que su gobierno parece ser incapaz o sin disposición para detener la violencia de los cárteles.

El secretario de Gobernación dice que las condiciones de seguridad de México son las mejores en una década, mientras que las facciones rivales de los cárteles pelean por el control de los territorios lucrativos de las drogas... Los ejemplos de la suavidad del Presidente mexicano hacia los cárteles de las drogas, pueden llenar cientos de páginas”.

Las filtraciones del miércoles deben inscribirse en este parámetro. Los mensajeros no son mentirosos ni culpables de falsedades, como se les está achacando, sino vehículos útiles para lo que quiere remachar Bannon, el enemigo más claro y vitriólico que tiene Peña Nieto, no ahora que está en la Casa Blanca, sino desde hace años. Esto es algo que ni el presidente ni su equipo más cercano, tienen todavía en el radar.
02 Febrero 2017 04:08:00
Detrás del muro de Trump
El debate público en México sobre la política de migración del presidente Donald Trump y su intención por construir un muro en la frontera de Texas, no deja de ser bastante parroquial y limitado. La defensa colectiva se centra en la protección legal de los mexicanos indocumentados, donde el único plano analizado es la migración per se.

Esa discusión es reduccionista y equivocada. Desde la campaña presidencial, el tema de la migración ha sido encajonado por Trump en la seguridad y el temor, arrastrado desde la Administración Obama, que células de Al Qaeda y el Estado Islámico entren por México para realizar ataques terroristas.

La paranoia no es exclusiva de Trump, y el temor que sean utilizadas las redes de contrabando humano por los grupos terroristas musulmanes ha sido una preocupación constante. Desde hace 20 años ha habido intentos de financieros árabes de financiar mezquitas en México, y desde 2015 las autoridades estadunidenses registraron transferencias de dinero de ese país a Tapachula, Chiapas, para pago de “coyotes”.

Un informe de la Procuraduría de Arizona, encontró que Tapachula, frontera con Guatemala, es número uno en recepción de fondos procedentes del Medio Oriente, y Nogales, Sonora –hay un Nogales en Arizona–, la segunda a donde más envíos de fondos procedentes del Medio Oriente llegan.

El informe encontró que ese año un solo “coyote” en Tapachula recibió 70 transferencias de dinero de 69 distintos remitentes, cuyos nombres parecían tener un origen de Medio Oriente. Quince de esas transferencias, concluyó, se originaron o en esa región, o en África.

La investigación en Arizona surgió de las detenciones en noviembre y diciembre de 2014 de un “árabe” en Amado, un pueblo de 300 personas cerca de la frontera con México, y cinco paquistaníes y un afgano en Patagonia, un pueblo ranchero a 35 kilómetros de los límites internacionales, que habían entrado sin documentos a Estados Unidos.

Las autoridades estadunidenses no encontraron vínculos terroristas, aunque un seguimiento realizado por el FBI encontró que la familia del afgano tenía relación con los talibanes, que son cercanos a Al Qaeda. Las capturas provocaron un seguimiento más meticuloso sobre posible actividad terrorista en la frontera con México, que coincidió con la publicación meses después en un sitio en internet asociado con el Estado Islámico, de un escenario para desatar el terror en la Unión Americana.

Ese escenario describió un reportaje publicado por The Christian Science Monitor hace dos semanas, era la compra por parte de terroristas de un dispositivo nuclear en Pakistán, y enviado a través de las rutas de narcotráfico de África Occidental a América del Sur, y enviada a Estados Unidos a través de la frontera con México. “De ahí –decía la información en ese portal–, una rápida carga a través de un túnel de contrabando y, listo, ya estaba mezclado con 12 millones de ilegales en Estados Unidos, con una bomba nuclear en la cajuela de sus autos”.

Según The Christian Science Monitor, lo que sucedió en Arizona y con el portal asociado al Estado Islámico, fue seguido con atención por los órganos de inteligencia civil y militares en Estados Unidos, y algunos funcionarios en la Administración Obama los tomaron con más preocupación que otros.

Uno de quienes más interesado estuvo fue el general retirado Michael Flynn, quien era el director de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, nombrado por Trump como director del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, y uno de los miembros de alto nivel del nuevo gobierno que han estado en pláticas con la delegación mexicana en Washington para la renegociación de la agenda bilateral.

Flynn ha expresado su creencia que las rutas de contrabando humano desde México, algunas de ellas manejadas por los cárteles de la droga, ofrecen un método establecido y seguro para una eventual entrada de terroristas.

En una entrevista en agosto del año pasado con Breitbart News –donde notó Trump su existencia–, Flynn aseguró que había grupos terroristas que estaban negociando con los cárteles mexicanos el acceso a sus rutas de contrabando, citando en particular a Hezbollah, una organización con base en Líbano y vinculada a Irán. Breitbart News es propiedad de Stephen Bannon, el supremacista en la Casa Blanca a quien The New York Times identificó esta semana como el poder real detrás del Presidente de Estados Unidos.

Las preocupaciones en Washington, sin embargo, tienen sustento. Entre noviembre de 2013 y julio de 2014, 143 personas incluidas en la lista de terroristas del Departamento de Estado intentaron entrar sin documentos a través de la frontera de Texas con México, según publicó el diario Houston Chronicle. Como resultado, hace 12 días el Gobierno texano elevó su alerta contra el terrorismo, por el temor de la concreción de un acuerdo entre el Estado Islámico y los cárteles mexicanos.

Paralelamente, su Embajada en México apresuró la contratación de empresas de seguridad –se venció el actual contrato con INTER-CON– para proteger a su personal en esa misión y otros nueve consulados, ante el temor de acciones terroristas, según de documentos gubernamentales publicados por el portal TMZ, especializado en espectáculos.

El temor a un ataque terrorista domina la conversación sobre la política migratoria en Estados Unidos. Los mexicanos no deben confundir la naturaleza del problema que tienen enfrente y caer bajo el peso de los ladrillos con los que amenaza Trump.

El problema es mucho más profundo y, paradójicamente, benéfico para México en una negociación integral con el nuevo Presidente, lo que se abordará en un siguiente texto.
01 Febrero 2017 04:08:00
Peña, es tiempo de escuchar
Nunca, en lo que va de su administración, el presidente Enrique Peña Nieto ha recurrido a sus predecesores para pedirles una opinión sobre los temas, problemas o dificultades del momento, como cualquier otro mandatario en cualquier otro país lo hace. Peña Nieto no considera que sea relevante o que le ayude, y prefiere escuchar a los mismos consejeros de siempre. Esa patología en la toma de decisiones sólo le ha traído derrotas y dolores de cabeza. La que más lo tiene preocupado es la frágil relación con el Gobierno de Estados Unidos y lo dubitativo sobre cómo superar la crisis diplomática con el presidente Donald Trump. La confusión sobre las capacidades y fortalezas de México y su histórica aversión al riesgo y al cambio lo tiene en buena medida en esta situación.

Se vio la semana pasada, cuando pese a las agresiones, los insultos y las humillaciones, la delegación mexicana de alto nivel que se reunió con el equipo de Trump, se quedó sentada en la mesa porque la convicción de Peña Nieto es que haber roto las pláticas habría tenido “consecuencias impredecibles”. El miedo y la falta de arrojo de su Gobierno frente al que quiere someterlo son notorios, y su poca disposición a escuchar experiencias en situaciones difíciles previas, le impide acumular conocimiento que lo ayude en la toma de decisiones. Quienes lo asesoran no tienen a experiencia para enfrentar negociadores con oficio.

El canciller Luis Videgaray tenía menos de cinco años cuando el presidente Luis Echeverría ignoró las amenazas de represalias económicas del presidente Richard Nixon si apoyaban el ingreso de China a la ONU, y salía de la licenciatura cuando el responsable de las negociaciones para la renegociación de la deuda externa, José Ángel Gurría, se levantó de la mesa y rompió las pláticas con los acreedores por las condiciones que querían imponer. Francisco Guzmán, jefe de la Oficina de la Presidencia, ni siquiera había entrado a la universidad cuando el secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, le dijo a su contraparte estadounidense, Robert Rubin, que si no los apoyaba su gobierno para superar la crisis financiera de 1995, el presidente Ernesto Zedillo estaba listo a firmar la moratoria de pagos. Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía, el único que ha visto estado en negociaciones de envergadura, lo hizo periféricamente como parte del equipo que llevó México para el armado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Peña Nieto es neófito en esas lides, por juventud y falta de contacto con el mundo. Esto no lo haría menos capaz pero necesita, como el exitoso Ronald Reagan, uno de los presidentes más ignorantes que ha tenido Estados Unidos, es escuchar de quienes sí saben. Peña Nieto ha vivido varias crisis sin hablar con ningún ex presidente, pero uno de ellos, que pasó por varias, le acaba de enviar un memorando, en forma de artículo, en The Washington Post. Fue Zedillo, quien publicó el viernes un texto donde sostiene que las señales que ha dado Trump, es que no quiere al TLCAN, ni una relación seria con México.

“Ha llegado el tiempo para admitir que las acciones del nuevo gobierno (de Estados Unidos) han cerrado, cuando menos por el futuro próximo, la posibilidad de lograr cualquier acuerdo a través del diálogo y la negociación que pudiera satisfacer a las dos partes”, apuntó. “Esta es una situación triste y desafortunada, pero el esfuerzo de acomodar los deseos caprichosos del presidente Trump, han probado ser inútiles y no debe continuarse. Esto no es provechoso ni para México ni para Estados Unidos. Sería una pérdida de tiempo para el Gobierno de México entrar en el juego de modificar el TLCAN con el gobierno de Trump. Sólo si el Gobierno de Estados Unidos presentara una agenda seria y clara de los puntos relacionados con el TLCAN, consistente con los intereses de los dos países, las autoridades mexicanas pueden moverse a restablecer el diálogo.

“En este momento, ese escenario es el más improbable, y lo prudente sería asumir que el presidente Trump liquidará el TLCAN. Por supuesto que esto sería costoso para los dos economías, y cuando menos en un principio, desproporcionadamente para México. Pero ese resultado no debe ser causa de desesperación en mi país. El TLCAN ha sido un instrumento excelente, pero no es el único entre las muchas herramientas disponibles para alcanzar las metas del crecimiento económico y el desarrollo. A diferencia de su vecino del norte, México debe reforzar el compromiso para abrirse y tener políticas económicas sólidas. No podemos hacer otra cosa”.

Las palabras de Zedillo son sensatas, y a diferencia de todo el gabinete de Peña Nieto, con mayor conocimiento y experiencia de cómo funciona la economía mexicana, la estadounidense y la global. Menos elaborada pero igualmente clara es la sugerencia del expresidente Felipe Calderón para explotar la ignorancia de Trump y su equipo más cercano, y utilizar la ficha negociadora de la seguridad regional, donde México juega un papel mucho más importante, para la seguridad nacional de Estados Unidos, de lo que su mismo presidente entiende. Peña Nieto no está solo ni carece de recursos para enfrentar a Trump y sus ocurrencias. Un poco menos de soberbia, petulancia, miedo y complejo incluso por tanto que ignora, puede ayudarlo a darle la vuelta a su Presidencia, al gobierno y a la relación con Trump y Estados Unidos, si tan sólo entiende lo que necesita.
31 Enero 2017 04:07:00
48 horas de insultos (y II)
La primera reunión de alto nivel entre funcionarios mexicanos y de la Casa Blanca el miércoles pasado comenzó mal y tensa, pero antes del mediodía se había puesto peor. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, definía con sus contrapartes, presididas por el jefe de Gabinete presidencial, Reince Priebus, cómo sería la agenda para el encuentro este martes entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump, cuando implosionó todo. Trump le había declarado a la cadena de televisión ABC News que México pagaría por el muro fronterizo y la dinámica cambió en la mesa de negociación. Ya no era la agenda para el encuentro presidencial la prioridad, sino las opciones por medio de las cuales los mexicanos pagarían por el muro. Las dos partes tenían posiciones excluyentes.

Videgaray comunicó a Los Pinos lo que estaba sucediendo y comenzó a pedir información al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, sobre temas técnicos para responder a los estadunidenses las exigencias de pago por el muro. De la sorpresa en el Gobierno de Peña Nieto se pasó rápidamente a la molestia, y luego a la indignación. En una crónica que el canciller le dio a legisladores mexicanos el viernes pasado en Los Pinos, dijo que cuando se dieron las presiones, agresiones e insultos, estuvieron a punto de levantarse de la mesa y acabar con lo que sería la primera reunión para definir cuáles serían los temas que abordarían Peña Nieto y Trump, y que marcarían el inicio de la renegociación de los asuntos bilaterales. La razón que dio Videgaray para no hacerlo era que millones de trabajos en México y Estados Unidos estaban en juego. Las primeras 48 horas de “absoluta confrontación”, como describió, apenas comenzaban.

La primera reunión duró poco más de 8 horas, manteniéndose abierta la posibilidad de que se cancelara la reunión. El miércoles, cuando se inició el diálogo institucional entre los dos gobiernos, ya llevaba horas el presidente Peña Nieto evaluando la posibilidad de cancelar su viaje a Washington ante el inminente anuncio de Trump sobre el inicio de construcción del muro fronterizo. Como Trump aceptó la propuesta de Videgaray, a través de su yerno y asesor, Jared Kushner, de no decir que México pagaría por él cuando lo anunciara ese mediodía, en Los Pinos se interpretó como una moderación del tono. Durante ese día se trabajó para ver cómo se comunicaba lo que estaba sucediendo sin mostrar el enorme conflicto que existía, sino dando la impresión totalmente contraria, con intercambios de ideas y propuestas entre la Presidencia y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En la Casa Blanca la presión continuaba. Sobre la mesa se presentaron varias opciones de cómo México pagaría, incluida la del impuesto fronterizo ajustado, mediante el cual querían imponer tarifas de 20% a las importaciones mexicanas. Para entonces todo giraba en torno al muro, y habían sido dejados de lado los otros temas que querían discutir, comercio y seguridad. Ante ese énfasis se decidió que el presidente Peña Nieto diera un mensaje la noche de ese miércoles para anunciar medidas de apoyo a indocumentados. No estaban leyendo lo que sucedía realmente, pese a llevar un día de perros lidiando con las presiones de Trump, interpretadas en la delegación mexicana en su análisis final, como un golpe sobre la mesa del nuevo Presidente estadunidense para mandar una señal de fuerza al mundo. La cautela de Peña Nieto y sus asesores, pensando que Trump se iba a atemperar, se volvió tóxica. Cuando apenas despertaban en la Ciudad de México el jueves, Trump había anunciado que retiraba la invitación a Peña Nieto, quien de forma reactiva y tardía dijo que no iría a Washington. Videgaray y Kushner, principalmente, buscaron formas para tender algún puente que impidiera la ruptura, cuyo resultado fue la llamada telefónica de una hora que sostuvieron los presidentes el viernes.

En la reunión con los legisladores mexicanos el viernes en Los Pinos, Videgaray fue claro sobre el muro: el tema ni está zanjado, ni está cerrado. Los presidentes acordaron no volver a tocar el tema en público, dado que las posiciones son excluyentes, y así lo anunció un comunicado de Los Pinos. Sin embargo, en el comunicado “conjunto” que emitió la Casa Blanca sobre la llamada telefónica, en ningún momento reconoció que Trump se había comprometido a no hablar del muro en público. No llevaban ni dos horas de haber hablado, cuando Trump había vuelto a incumplir un compromiso.

“Estamos en una encrucijada”, dijo el Presidente a los legisladores cuando tomó la palabra. Peña Nieto admitió que las relaciones bilaterales se encontraban en un punto “muy delicado”, pero les dijo que no podía el Gobierno mexicano romper o permitir que se rompieran las pláticas porque las consecuencias eran “impredecibles”. El Presidente comentó abiertamente estar muy preocupado por la crisis con Trump y la relación gubernamental con Estados Unidos y estar consciente de que la unidad nacional que se había visto no era un cheque en blanco que le estaban dando los mexicanos. Dependerá del contenido de la negociación y de sus resultados la suerte de su Gobierno y cómo se le juzgará, aceptó.

No hubo, en realidad, muchas propuestas. Lo único concreto fue el apoyo de mil millones a los consulados para trabajo jurídico. Videgaray apuntó que las negociaciones apenas empezarán.

Hay desconcierto ante el impasse en la relación bilateral, como lo describió el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. En lo que no hay claridad es en cómo enfrentar el futuro inmediato.
30 Enero 2017 04:07:00
48 horas de humillación (I)
El periódico Boston Globe, uno de los grandes diarios regionales en Estados Unidos, publicó un excepcional editorial el viernes pasado sobre el conflicto entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump. Titulado “México enseña a Trump una importante lección sobre los límites del poder presidencial”, apunta: “Los presidentes norteamericanos no siempre se salen con la suya. La mayoría lo saben. Donald Trump, aparentemente, necesitaba que se lo enseñaran. La dramática decisión (de Peña Nieto) el jueves de cancelar una reunión programada con Trump, no era para el beneficio de los norteamericanos. En México, donde Trump es ampliamente detestado, Peña Nieto estaba muy presionado para que la cancelara. Trump continúa demandando que México pague por un muro en la frontera, como si tuviera la capacidad para mandar sobre una nación democrática y soberana. Al decir que no, aun con el riesgo de antagonizar con el famoso presidente de la piel delgada, México mostró su soberanía. Aun si esa no hubiera sido su intención, Peña Nieto también le hizo un favor a todo el mundo, incluidos muchos norteamericanos, al horadar la noción de que Trump puede salirse con la suya mediante la fuerza de sus bravuconadas”.

Lo que el Boston Globe no sabía, era que esa decisión no se alcanzó por medio de una proceso en el cual se fueron analizando las opciones que se tenían para alcanzar el mejor objetivo posible, sino como producto de la acción de un perro rabioso, como se podría describir la de Trump, que mordió como quiso a sus interlocutores, los sacudió, los aplastó y luego, cuando finalmente se cansó de patearlos, los tiró a la basura. Un iracundo presidente enfrentando a un presidente educado en la escuela de los buenos modales mexiquenses, de suaves palabras y finas formas, que nunca se pelea en público y que no pierde la paciencia. Los mismos síntomas de su encuentro el 31 de agosto del año pasado, con la misma receta. En aquél entonces no funcionó; ahora, menos. La cancelación del viaje se dio cuando Trump ya lo había desinvitado públicamente, colofón de su majadería.

Peña Nieto y sus enviados a Washington esperaban otro resultado del primer encuentro institucional entre los dos gobiernos, pero una vez más se equivocaron en cómo lidiar con Trump. Del primer encuentro en Los Pinos en verano a los preparativos para la reunión de invierno, la curva de aprendizaje ha sido deficiente. Peña Nieto permitió que su jefe de Oficina, Francisco Guzmán, reuniera un grupo de expertos en la relación bilateral –ex embajadores y negociadores del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica entre ellos-, quienes recomendaron dejar atrás la frivolidad y la soberbia con la que habían abordando la relación. Tomó nota Guzmán pero no le sirvió para nada, como quedó claro cuando la semana pasada formó parte de la delegación mexicana que vivió directamente los insultos contra Peña Nieto, su gobierno y los mexicanos, en la Casa Blanca.

La historia del viaje de 48 horas la delegación de alto nivel en Washington encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, es casi un cuento de horror por la forma como los trataron en la Casa Blanca los emisarios de Trump, bajo la batuta del jefe de Gabinete, Reince Priebus, de acuerdo con una narración que le dio a legisladores de todos los partidos –menos Morena, que decidió no ir- el viernes pasado en Los Pinos. Según un recuento de las palabras del canciller, lo que vivieron en Washington fueron “amenazas reales”. El miércoles, cuando se iniciaron las pláticas para establecer los primeros temas de lo que sería la primera fase de la renegociación de las relaciones, Videgaray dijo que estuvieron a punto de levantarse de la mesa ante la actitud de sus interlocutores. Con él se encontraban el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, Guzmán, y Narciso Campos, coordinador de asesores de Videgaray, quien realizó la minuta del desencuentro.

“Había mucha presión y hostilidad”, reconoció Videgaray. “Había mucha agresión, casi al insulto”. El choque se dio por la insistencia de Trump de que México tendría que pagar por el muro. Los funcionarios de la Casa Blanca, de acuerdo con lo que se había anticipado –nunca hubo confirmación de quiénes estuvieron-, incluía al yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, al consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, y al estratega en jefe presidencial, Steve Bannon, quien desarrolló todo el plan electoral racista, antimexicano, de difusión de mentiras durante la campaña, y cuyo portal Brietbart News publicó, cuando Peña Nieto ganó la elección presidencial, que estaba vinculado al narcotráfico.

Videgaray no dibujó una línea de tiempo clara –tampoco se la pidieron-, pero de lo que dijo a los legisladores se puede asumir que cuando comenzaron la primera reunión el miércoles en las oficinas ejecutivas de la Casa Blanca pasadas las 8 de la mañana, Trump no había dado un cambio de instrucción a sus negociadores. Una hora antes, Videgaray había llegado solo a la Casa Blanca para hablar con Kushner y decirle que si Trump mencionaba durante su discurso ese día en la Secretaría de Seguridad Territorial que México pagaría por el muro, como había anticipado en la víspera, sería muy difícil mantener la visita de Peña Nieto. El primer tema que se vio poco después en la reunión bilateral fue precisamente el tema del viaje. Videgaray le dijo a los asesores que estaban afinando los detalles de la reunión que sería este martes, cuando todo se descompuso. Venía lo peor.

" Comentar Imprimir
columnistas

top-add