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Ricardo Raphael
Ricardo Raphael
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Licenciado en Derecho por la UNAM. Maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Maestría en Administración Pública por la Escuela Nacional de Administración (ENA) de la República Francesa. Estudios Doctorales en Economía Política y Políticas Comparadas por la Escuela para Graduados de Claremont, California, EU. Secretario General de Democracia Social, Partido Político Nacional. Representante ante el Consejo General del IFE del partido México Posible. Coordinador de la Comisión Ciudadana de Estudios para Eliminar y Prevenir la Discriminación. Actualmente es profesor afiliado a la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Conductor del Espiral, programa de análisis político dominical del Canal 11. Analista Político cotidiano del Noticiero Enfoque de Núcleo Radio Mil. Analista semanal del noticiero nocturno de Proyecto 40. Co-conductor del programa Claves, también de Proyecto 40. Integrante de la mesa editorial de la Revista Nexos. Miembro del Consejo Consultivo de Conapo. Cuenta con diversas publicaciones en temas relativos a: La transición democrática. La función pública. El sistema de partidos. Los derechos. La ciudadanía.

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23 Mayo 2019 04:01:00
Rebatingas del poder
Patricia González padece un cáncer de mama muy avanzado y por ello viene cada 15 días a consulta en Instituto Nacional de Cancerología. Debido a su debilidad física, la acompaña su hija Clara, que tiene 20 años.

Viajan desde Acambay, Estado de México, con grandes esfuerzos económicos. Lo hacen porque las finanzas familiares no alcanzan para pagar los 500 pesos que cuesta la caja de analgésicos.

El ingreso mensual de la familia ronda los 2 mil 500 pesos por mes. Patricia confiesa que los dolores de brazo y pecho son insoportables, por eso reaccionó con mucha angustia cuando la doctora Silvia anunció que el hospital ya no puede ofrecerle remedio.

“Estoy realmente consternada –replica la mujer– y muy triste al pensar que nadie piensa en nosotros como seres humanos, que sufrimos dolores del cuerpo y del alma”.

Ayer por la mañana, cuando la doctora responsable de cuidados paliativos fue a buscar los medicamentos para sus pacientes, una enfermera le informó que los analgésicos se habían agotado y que la instrucción, a partir de ese momento, era administrar paracetamol a los pacientes.

“¿Paracetamol? –reclamó la doctora responsable de los cuidados paliativos– pero si eso es tan ridículo como ofrecer un dulce a un niño que se está muriendo de hambre”. Las enfermeras, atrapadas por la empatía, se limitaron a levantar los hombros.

El martes dimitió Germán Martínez Cázares a la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En su carta de renuncia, acuciosamente argumentada, este funcionario declaró:

“Controlar en exceso esos recursos… sin racionalidad y sin apego a las normas…, puede acabar con esa dinámica de solidaridad social…”. Ignacio es paciente del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía; él padece una dolencia crónica que lo tiene sometido a una cama de hospital, pero es la primera vez que experimenta un trato inhumano en esta institución: nadie viene a cambiar la ropa de cama y tampoco asean el cuarto que comparte con otros enfermos. Este paciente escuchó, como rumor, que no hay dinero para pagar al personal de intendencia.

De nuevo la voz de Germán Martínez: “muchos trabajadores siguen sin certeza laboral, otros sin contrato, algunas vacantes aumentan, el rezago en infraestructura es brutal, en 2019 prácticamente está en cero por ciento el avance de obras y el pago a proveedores”.

Lupita es igualmente paciente del Instituto Nacional de Cancerología. En ese sanatorio recibe cada semana un tratamiento de quimioterapia que podría salvarle la vida.

Ella ha sido disciplinada, en extremo, con lo que le proponen los médicos porque no quiere dejar huérfanos a sus hijos. Pero esta semana, sin conocer las razones precisas, le suspendieron la sesión de quimioterapia.

Martínez otra vez: “ese control del gasto tiene… consecuencias fatales:… pasillos de espera llenos de personas adoloridas y mal trato o retraso en la atención a pacientes”.

Silvia, la doctora que atiende a Patricia González, lanzó ayer por la madrugada una botella al mar pidiendo auxilio: “Nos han quitado los medicamentos, ya no hablemos de morfina… nuestros pacientes se están muriendo, y además con dolores físicos indecibles, que podrían ser fácilmente evitados”.

Germán Martínez denunció en su carta que “el abasto de medicamentos está garantizado, es precario y en algunos lugares pende de un hilo. De tales omisiones se ha dado aviso a las autoridades correspondientes”. Y, sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –encabezada por el cada día más célebre Carlos Urzúa– congeló 794 millones de pesos del presupuesto asignado a 26 institutos, hospitales y centros de alta especialidad; además ordenó reducir 30% los gastos operativos y 50% los relativos a los servicios personales (Milenio 21/05/19).

ZOOM:

“Los niños que padecen cáncer y esperan su tratamiento, quienes viven a la espera de insulina, las poblaciones de la diversidad sexual que reclaman antirretrovirales, y los millones de enfermos que se atienden en nuestras clínicas y hospitales, no merecen ni un minuto de rebatingas de poder”. Así concluyó Germán Martínez, exdirector del IMSS, su carta de renuncia.
20 Mayo 2019 04:00:00
Primero, no están siendo los pobres
La madre de Jorge duda enviar al muchacho el próximo ciclo escolar para que estudie secundaria. Hasta noviembre del año pasado, sus cuatro hijos recibían apoyo del programa Prospera, para educación y salud, pero desde que comenzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tales apoyos se extinguieron. Corre en la comunidad de Potrero de San Diego, municipio de Villa Victoria, el rumor de que esas becas no van a volver y por eso los padres están considerando enviar a sus hijos de 12 años a trabajar en el campo en vez de que vayan a la escuela.

En todo el país, son muchas familias las que están desorientadas porque, a pesar de que las nuevas reglas de operación del programa Prospera –recientemente denominado Becas para el Bienestar Benito Juárez– se publicaron en febrero de este año, nadie ha hecho un esfuerzo serio para que la información llegue hasta los hogares beneficiados por este apoyo dedicado, desde hace 24, a la inclusión social. El jueves 4 de octubre de 2018, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador prometió, durante un acto público en el estado de Morelos, que el programa Prospera iba a continuar: “¿Ya ven que decían que si ganábamos se iba a quitar?… No se va a quitar ningún programa social. Al contrario, va a haber más programas sociales”.

Al paso del tiempo esta promesa no se ha cumplido. Prospera dejó de operar desde enero y las becas Benito Juárez para educación básica no se han echado a andar; peor aún, cuando tal cosa ocurra los niños menores a 5 años habrán quedado fuera del esquema de cobertura porque los apoyos en materia de salud fueron cancelados de manera definitiva. Lo que está sucediendo es una tragedia para alrededor de 6 millones de familias cuyos ingresos dependían en forma importante de Prospera. De la noche a la mañana, sin advertir nada, se cerró la llave para los más pobres de México. Falso que sean los primeros, por el bien de todos. Los niños más desfavorecidos y sus familias están experimentando un momento ingrato para el que no pudieron prepararse.

Explica Leticia Ánimas Vargas, coordinadora nacional de Becas del Bienestar Benito Juárez, que los apoyos de Prospera se suspendieron porque las personas que levantaron el nuevo padrón de beneficiarios –conocidas como los Servidores de la Nación– descubrieron que había un tercio de familias inexistentes. Es difícil aceptar este argumento cuando el Sistema de Información Social Integral que contenía los listados de Prospera era uno de los mejor auditados del país. Con todo, suponiendo si conceder que fuesen falsas, una de cada tres familias empadronadas, por qué castigar a los otros dos tercios suspendiendo de golpe los apoyos. ¿Qué no podía auditarse el padrón sin retirar los recursos? ¿No será que los Servidores de la Nación, por novatos, hicieron mal su levantamiento? ¡Que sobre su consciencia caiga este ingrato recorte!

El gran desafío para la coordinación de becas Benito Juárez será inscribir a sus 24 millones de beneficiarios, de aquí al próximo ciclo escolar, para que los niños como Jorge, no vayan a abandonar la escuela, por una información equivocada. En lo que de plano sí mintió el presidente al decir que Prospera iba a continuar es en el ramo de la salud. Si bien la suspensión de las becas educativas podría ser visto como un intermedio de seis meses –mientras se reajusta el padrón– en lo que toca a los servicios de salud Prospera quedó sepultado por las nuevas reglas de operación.

Además de los apoyos educativos, antes los niños más pobres de nuestro país, de cualquier edad, recibían un apoyo económico significativo a cambio de que sus madres los llevasen a ver al pediatra con regularidad para dar seguimiento a sus vacunas, nutrición y estado general de salud. Pues este apoyo sí se acabó.

No regresará en septiembre, ni después. A partir de ahora solo los niños escolarizados serán susceptibles de obtener una beca Benito Juárez. Es decir que alrededor de un millón y medio de niños, de entre los cero y los cuatro años, que hasta el año pasado recibían apoyo de Prospera, no serán elegibles bajo el nuevo sistema.

Zoom

Había políticas equivocadas antes de que Andrés Manuel López Obrador se colocara la banda presidencial, pero Prospera no era una de ellas. Miente el gobierno cuando afirma que era un programa corrupto que se utilizaba con propósitos electorales. Aunque se trate de la cuarta transformación, las personas más pobres de nuestro país no merecen ser tratadas con tan injusto menosprecio.

13 Mayo 2019 04:01:00
Terapias contra la enfermedad de la corrupción
Porque soy de los que todavía se toman muy en serio a nuestro Presidente, Andrés Manuel López Obrador, desde la primera vez que propuso las terapias para curar la enfermedad de la corrupción comencé a cavilar sobre su forma y su método.

La dificultad de echar a andar la iniciativa se antoja grande. ¿Cómo se financiaría? ¿Quiénes serían los terapeados y quiénes los terapistas? ¿Cuál sería el método, la filosofía, la pedagogía o la sicología? ¿Cómo medir y cómo garantizar la cura? Respecto a la primera pregunta hay restricciones presupuestarias de entrada. Si bien el Presidente sugirió que se creara una asociación dedicada a brindar este tipo de terapias, cabe precisar que este esfuerzo tendría que financiarse por entero con recursos privados.

Recordemos que el Presidente dijo que las organizaciones sociales, en ningún caso, podrían recibir financiamiento del Gobierno federal, ni siquiera aquellas responsables de apoyar a las mujeres víctimas de la violencia, menos aún esta otra dedicada a curar a los victimarios de la corrupción.

Quizá el Centro Mexicano de la Filantropía (Cemefi), aunque está tildado de derechoso y conservador, tenga alguna solución para asegurar que la terapia llegue a todos los rincones del país y a todas las personas que la requieran. Esa es justo la segunda pregunta: ¿quiénes serían los beneficiarios potenciales de dicha terapia? De acuerdo con el Jefe del Poder Ejecutivo mexicano, padecen la enfermedad aquellas personas que tienen “como propósito fundamental enriquecerse a costa de lo que sea,” así como quienes “carecen de escrúpulos morales”. Según la misma fuente, se puede también diagnosticar el mal a partir de otros síntomas, como la creencia de que la felicidad se adquiere por bienes materiales o la ignorancia de que, siendo buenos podemos ser felices.

De acuerdo con el Presidente, otro indicio es haber participado en gobiernos anteriores, como “tentáculo”, o como “pulpo” metido en las secretarías haciendo negocio al amparo del poder público. Sin ser experto en cuestiones epidemiológicas, atendiendo a la definición planteada, me atrevo a calcular que el número de posibles terapeados sería bastante grande. Pensándolo bien, quizá y hasta sea un buen negocio ofrecer este servicio a la comunidad.

La dificultad mayor posiblemente sería encontrar a las personas que, voluntaria y conscientemente, aceptasen el padecimiento y luego quisiesen someterse a la cura planteada por López Obrador. Para tomar la terapia en cuestión, no veo llegar masivamente a los futuros pacientes, transportados en sus camionetas SUV de ocho cilindros, acompañados por decenas de guaruras, ni a sus esposas y sus hijas, bien enjoyadas, ni a sus vástagos ostentosos y mirreyes.

Una posibilidad sería que la ciudadanía honesta hiciera redadas en las zonas comerciales donde se pasea esa gente material, que desconoce la verdadera felicidad, o quizá –con ayuda del FBI– podría hacerse lo mismo en los malls de San Antonio, Nueva York, Las Vegas o San Diego, porque ahí también se exhiben públicamente tales personas enfermas. Otro tema complicado sería el de los terapistas. ¿De qué monasterio cartujo, centro budista o templo dominico podrían surgir los miles de especialistas dedicados a curar a los miles de victimarios de la corrupción?

Habrá quien suponga que, dentro de Morena, hay suficiente recurso humano para esta ingente tarea. No sé si ésta sea la idea que tiene el Presidente en la cabeza: que sus correligionarios, como boy scouts, se dediquen los domingos, que es el único día que tienen libre, a curar enfermos.

Sobre el método sabemos todavía menos. Cabe imaginar, por ejemplo, una terapia de reconducción conductual, como aquella que Stanley Kubrick describió en Naranja Mecánica. Esa terapia sería un tanto agresiva para los propósitos de la “República amorosa”, aunque quizá tuviera efectos curativos de rápido impacto.Otra posibilidad sería utilizar un método similar al de los Alcohólicos Anónimos: las terapias serían grupales y ayudarían para que las personas tomaran conciencia de su trastorno, también para que los pacientes se mirasen en el espejo de sus iguales y quizá pudiesen contar con una suerte de padrino que les diera fuerza cuando la tentación de corromperse les sobreviniera de nuevo.

ZOOM: Hay días en que no sé si debo tomar en serio a mi Presidente. Hay días en que no sé si él mismo se toma en serio. Hay días en que la gravedad de los temas no merece la broma, ni la ligereza.
09 Mayo 2019 03:57:00
La manzana envenenada
A los maestros se les suele regalar una manzana, pero en esta ocasión ocurrirá lo contrario: la reforma educativa que está a punto de aprobarse confirmará que, en el reparto de las plazas y los ascensos docentes, los líderes magisteriales no tendrán voz, ni voto, ni derecho al pataleo.

De acuerdo con el Artículo 16 transitorio de la iniciativa, los trabajadores de la educación seguirán rigiéndose por el apartado B del Artículo 123 de la Constitución. Así ha sido siempre, ni la reforma de 2013, ni la que se está emprendiendo cambian esta circunstancia.

¿Qué implica tal cosa? Pues que tanto el ingreso como los movimientos dentro del escalafón magisterial son materia donde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tiene opinión y decisión.

Así sucede en todas las áreas del Estado mexicano donde los trabajadores se rigen por la misma norma; trátese del servicio de limpia de la Ciudad de México, de los empleados de base de Conagua o de cualquiera de las universidades públicas.

El mecanismo para asignar puestos de trabajo, y también para promover a las personas sindicalizadas, opera por intervención de instancias mixtas donde la cabeza sindical y el patrón toman decisiones, por lo general, con mucho mayor influencia por parte de la

primera.

Las comisiones mixtas de escalafón, derivadas del apartado B del Artículo 123 constitucional, fueron durante más de 60 años el mecanismo mediante el cual los líderes del SNTE vendieron las plazas docentes, o bien, cobraron favores que en su peor expresión llegaron a involucrar chantajes sexuales.

Fue también mediante este instrumento que se obligó a los docentes a involucrarse en tareas político-electorales, so pena –en caso de rehusarse– de ver afectado su trabajo.

Si bien la reforma educativa del 2013 mantuvo al personal docente dentro del apartado B, las modificaciones que entonces se hicieron al Artículo 3 constitucional redujeron al mínimo el papel de las comisiones mixtas y con ello la manipulación de las plazas por parte de la cúpula del SNTE.

No obstante, con la nueva iniciativa, presentada por el presidente López Obrador, surgió –sobre todo entre la bancada panista de ambas Cámaras– la duda sobre un eventual regreso del poder de las comisiones mixtas de escalafón. A esta duda la llamaron “la manzana envenenada”.

La desconfianza no nació por lo que, a la letra, decía la iniciativa original, sino por lo que no decía. Por esta razón, la derecha opositora se negó a aprobar en el Senado, la semana pasada, la iniciativa presidencial.

Afortunadamente, la vuelta a diputados de la iniciativa permitió conjurar las susceptibilidades. Por una parte, se añadió una frase relativa a la prevalencia de la rectoría del Estado sobre la gestión de las plazas, lo que en buen español significa que se mantendrá a raya al SNTE y, por la otra, se previó que sea en la legislación secundaria donde queden fortalecidas las garantías de la famosa rectoría.

Ciertamente, el acuerdo político entre el partido en el poder y las oposiciones es inmejorable. Sobre todo porque la nueva redacción coloca un estándar elevado respecto a la gestión del escalafón docente, para asegurar que nunca más las plazas del magisterio sean vendidas, intercambiadas o manipuladas con propósitos ajenos a la educación.

ZOOM: Si en el fondo están ya todas las partes de acuerdo con la reforma, ¿por qué la bancada panista no participó en la sesión de comisiones? Pues resulta que, con las prisas, los líderes parlamentarios de Morena olvidaron la cortesía de invitar a sus pares del PAN a la reunión. Tanto esforzarse por lograr confianza en el fondo, para descomponerlo todo en las formas. Es bien sabido que la buena educación forma parte de la educación.
02 Mayo 2019 03:26:00
Gana la desconfianza, pierde la educación
Rehén de la política, la reforma educativa continúa condenada a permanecer en el purgatorio. El martes pudo haber prosperado un buen consenso, pero prevaleció la desconfianza de la oposición y un golpe de suerte hizo que el Senado reprobara la iniciativa presidencial.

Explican las crónicas parlamentarias que faltó un solo voto para sacarla adelante. Pero la realidad es que 39 senadores, casi todos pertenecientes a la bancada de Acción Nacional, son los responsables del resultado.

Probablemente la Cámara de Diputados convocará a sesión extraordinaria para recoger los platos rotos. No será, sin embargo, tan fácil como coser y cantar, porque hay un desencuentro que tiende a crecer.

Dos son las razones de esta desconfianza: la primera tiene que ver con el grado de autonomía con que contará el organismo responsable de coordinar el nuevo Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, instancia responsable de celebrar, entre otras tareas, las evaluaciones.

La segunda razón, acaso más inflamable, encuentra su origen en los acuerdos que celebraron los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con los funcionarios del Gobierno federal. Por cierto, que, los temas tratados coinciden, según sus propias declaraciones, con los reclamos hechos por la profesora Elba Esther Gordillo Morales.

Ni la CNTE, ni el magisterio encabezado por la defenestrada líder vitalicia del magisterio, están dispuestos a aceptar que se les excluya de los mecanismos para la asignación de las plazas y las promociones docentes. Antes de la reforma de 2013 los procesos de selección y avance en la carrera magisterial dependían de un organismo conocido como las comisiones mixtas de escalafón. Esta instancia permitía a los líderes sindicales vender, heredar o negociar con las plazas.

El mayor avance de aquella reforma fue desplazar ese viejo mecanismo para colocar en su lugar otro basado en exámenes de ingreso y evaluaciones.

Frente a este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido bastante preciso: si bien propuso derogar la reforma de Peña Nieto, no está dispuesto a regresar a los usos y costumbres –herencia o venta de plazas– que antaño corrompieron la estructura a través de la cual sucedía la carrera de los maestros.

De ahí que la iniciativa discutida esta semana en la Cámara de Senadores diga con toda precisión que los procesos de “admisión, promoción y reconocimiento del personal… docente... se realizará(n) a través de (mecanismos) de selección… transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos aptitudes y experiencia necesarios”.

El punto negro en el arroz, argumentan los opositores, es que, al enviar a la ley secundaria esos mecanismos puntuales, relativos a la carrera de los maestros, se abre la posibilidad para que, a partir de la mayoría simple con que cuenta Morena en ambas Cámaras, la corrupción retome sus fueros en la asignación de las plazas y las promociones.

En otras palabras, la oposición no confía en que el presidente vaya a proteger al sistema educativo de los intereses oscuros que sus aliados en campaña, Elba Esther Gordillo y la CNTE, han sostenido desde siempre a propósito de las plazas en el magisterio.

Vale decir que la combinación de los dos temas citados hace muy complejo lograr el consenso: por un lado, el órgano responsable de la evaluación no podrá tomar decisiones políticas autónomas frente al gobierno federal y, por el otro, el partido mayoritario tendría poder completo para diseñar la carrera magisterial como se le dé la gana, al punto en que podría traer de vuelta el corrupto mecanismo de las comisiones mixtas de escalafón.

ZOOM: Las oposiciones contarán en la Cámara de Diputados con una buena oportunidad para mejorar la iniciativa de reforma educativa; sin embargo, tendrán que decidir por uno de los dos temas en disputa.

O centran sus energías en lograr la autonomía para el órgano responsable de la evaluación, o bien lo hacen en evitar, desde el texto constitucional, que los modos y las costumbres viejas regresen para perjuicio de la escuela pública.

29 Abril 2019 03:39:00
Elogio a María de los Ángeles Moreno
María de los Ángeles Moreno falleció durante el fin de semana. En estos tiempos tan escasos de figuras éticas sobresalientes, ella es de las pocas dentro de la política mexicana que merecen el más amplio reconocimiento.

Fue una mujer honesta, fue una política prudente, fue una profesional inteligente, destacada y eficiente, fue incorruptible, fue decente.

Hace apenas un año publicó, en coautoría con Luis Ángeles un texto potente y bien meditado sobre Los Riesgos de la Democracia (Editorial Porrúa). Esas páginas son la mejor herencia intelectual que María de los Ángeles escribió para quienes nos quedamos por un rato más en este mundo. No es posible hacerle justicia a la riqueza del libro en estos breves renglones. Sin embargo, esta selección, acaso subjetiva y arbitraria de citas, quiere hacer homenaje a una mujer ejemplar y urge, a la vez, a una lectura detenida de la obra.

Sobre los enemigos de la democracia:

“Los nuevos enemigos de la democracia son el populismo y el mesianismo, que pueden ‘vender’ fácilmente un paraíso construido mediante cualquier vía, incluido el miedo que imprime fe en los dogmas, el fervor de sus acciones y el proselitismo de sus fieles.

En el otro extremo, el neoliberalismo puede también constituir otro enemigo si el Estado sólo puede intervenir para favorecer las libres fuerzas del mercado y mantener el orden público”.

“Existen peligros para la democracia derivados de dos culturas contrapuestas: la gerencial o tecnocrática de la derecha y la vieja populista de la izquierda”.

“(Es un riesgo) la intolerable magnitud de las desigualdades sociales que condenan a ciertos colectivos a la completa y, en muchos casos, irremediable marginación”.

“La democracia sólo es posible en un Estado gobernado por la ley, de acuerdo con lo cual la sociedad y su gobierno deben respetar la libertad de cada persona para que desarrollen todas sus capacidades”.

Sobre el populismo:

“El planteamiento del populismo es que la sociedad está escindida entre una élite corrupta y un pueblo soberano, en donde debe respetarse… la voluntad popular, porque la élite es siempre perversa y tiene, por lo tanto, que ser echada del paraíso del poder”.

“Sus líderes definen al pueblo como los ciudadanos inmaculados que representan a la verdadera nación, pero que han vivido bajo la dominación y el engaño de la otra parte: la élite de los privilegiados, de la oligarquía, de la casta, que por definición es corrupta”.

“Hay … una doble moral discursiva: por un lado, la condena a intelectuales y medios que expresan la crítica y el rechazo a cualquier forma seria de escrutinio, debate o diálogo, y por otro la arenga, la consigna, la sentencia a voz en cuello y el veredicto a mano alzada en concentraciones de plaza pública”.

“(Otro) es el componente mesiánico, es decir, la necesidad de un salvador que emprenda de inmediato una acción decisiva, que establezca un cambio radical a fin de salvar al pueblo de sus enemigos; ésta es una función autoproclamada y que el líder se reserva para sí. Para los populistas, el destino está siempre en juego en este preciso instante; es un imperativo y hay que actuar, ahora o nunca”.

“Que el populismo surja como reacción frente a experiencias socialmente excluyentes explica su emergencia, pero no implica que sea una alternativa en cuanto a la inclusión social”.“En México existe claramente un proyecto real que se inscribe como movimiento populista.

Al desaparecer prácticamente las diferencias ideológicas, los partidos políticos de centro izquierda y centro derecha se aliaron; al no existir diferenciación, el electorado descontento se aglutinó en contra de la democracia porque ésta había generado expectativas y no entregaba los resultados que prometía”. “Muchas de las actuales explicaciones del amago populista en México se han concentrado en el carisma y en la capacidad del líder para movilizar masas, que usa el recurso plebiscitario que es hoy en día un rasgo dominante del populismo”.

ZOOM: “Nadie puede detener el populismo simplemente defendiendo el estado actual de las cosas, ni la democracia como funciona hoy. Para frenar el populismo es necesario tener un proyecto de reinvención y reconstrucción de la democracia”.
25 Abril 2019 03:54:00
Aquí no pasa nada
Las palabras son del poeta Jaime Sabines: ¡aquí no pasa nada; mejor dicho, pasan tantas cosas juntas, al mismo tiempo, que es mejor decir que no pasa nada!

La voz es de una madre desconsolada: ¡perdí a mi hijo, ya se imaginará el dolor que tengo de ver a mi único hijo muerto”. (La fuente es Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano).

El regaño es de la senadora Gloria Sánchez Hernández: “Los medios lamentablemente están magnificando el drama”.

El testimonio es de una mujer que sufrió en carne propia la masacre de Minatitlán: “Al bebé lo siguieron rematando, le dieron en el corazoncito, cómo no se van a dar cuenta si lo traía la mamá cargando. A la mamá también le dieron. Yo creo que el papá lo quiso cubrir, pero le dieron en la cara”. (La fuente es Notimex, la agencia de noticias del Estado).

El reclamo es de la senadora por mayoría, Gloria Sánchez Hernández: “Los medios lamentablemente están favoreciendo una muy mala política de oposición”.

“A las viejitas que estábamos bailando nos apuntaron. Sí mataron a varias viejitas. No sé cuántos eran, yo lo que hice fue aventarme debajo de la mesa, a mí me apuntaron, pero me encomendé a Dios”. (La fuente, otra vez, es Notimex).

De nuevo la senadora del partido Morena, Gloria Sánchez Hernández: se trata de los mismos medios que “en su momento, no atendieron esa situación”.

Otro testigo de los hechos cuenta que “a los que estaban agachados les decían que voltearan a ver, a los muertos, (y) les volvían a dar” (Notimex).

El pasado viernes 19 de abril un grupo de varones armados irrumpió en una fiesta de cumpleaños que se celebraba en el municipio de Minatitlán, Veracruz. Catorce personas, entre ellas un menor de un año, fueron asesinadas.

Sus nombres: Alfredo Megniot, Felícitas Cabrera Gil, Juan René López Velázquez, Hebert Reyes Martínez, Ana María Santos Hernández, Raúl Palacios Vasconcelos, Leobardo Salinas Jiménez, Julio César Vázquez López, Santiago (el niño), César Hernández Barrera, Julio César González Reyna, Patricia Cabrera Ramos, Irma Becerra Álvarez y Marco Aurelio Davis Barrera.

Ellas y ellos merecen ser mencionados, cien, mil, diez mil veces. Se divertían en una celebración donde asistieron trabajadores de Pemex y sus familias; bailaban, bebían, se reían y de pronto ocurrió el drama.

No fue la prensa amarillista quien inventó el drama, no fueron los reporteros quienes exageraron, no es la oposición la que proporcionó lentes de realidad aumentada:

La tragedia fue de tal magnitud que no hay manera de hacerla más grande.

Senadora Gloria Sánchez Hernández: diga esto o diga lo otro, aquí estamos todos muertos de miedo. No sea injusta. No sea mentirosa. No señale en la dirección equivocada. Aunque usted lo crea así, nadie se lo está pidiendo.

ZOOM: Las palabras son otra vez del poeta Jaime Sabines: “Que no se puede decir nada. Déjenme hablar ahora. Quiero decir que eso, que lo otro, que todo aquí me tiene muerto, medio muerto, llorando. Porque nos pasa a veces, nos sucede que el mundo –no solo el mundo– se complica, se amarga, se vuelve de repente un niño sin cabeza, idiota, idiota, idiota”.
15 Abril 2019 04:00:00
Otra vez la ira del CNTE
Comenzarán con paros escalonados y luego, si el presidente Andrés Manuel López Obrador no los atiende personalmente, promoverán una huelga nacional del magisterio. Así lo advirtió Wilbert Santiago Valdivieso, vocero de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

A los líderes del magisterio disidente no les satisface conversar con el secretario Esteban Moctezuma Barragán: lo acusan de ser un político neoliberal, que ha saltado de un gobierno a otro, y también de mantener vínculos inconfesables con la organización “empresarial” Mexicanos Primero, y con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

De acuerdo con los resolutivos surgidos durante el 5º Congreso Nacional Extraordinario de la CNTE, celebrado los días 5, 6 y 7 de abril, la iniciativa presidencial de reforma educativa propone un cambio de palabras, pero no de fondo.

“Los partidos, incluido Morena, pretenden aprobar una iniciativa de reforma educativa que, contrario a las promesas de AMLO, sigue siendo, en esencia, la de Peña Nieto, porque solo defiende los intereses internacionales e imperialistas, no los intereses del pueblo y los trabajadores”.

Sube el tono del documento cuando los 94 delegados de ese Congreso coincidieron en caracterizar al Gobierno actual como una estafa con matices “socialdemócratas” que, en la práctica, “representa los intereses de la oligarquía, muestra de ello es que sus representantes son chapulines políticos”.

Refiriéndose a Mario Delgado, cabeza de Morena en la Cámara Baja, se afirma que, quienes impulsan la cuarta transformación son los mismos que aprobaron las reformas estructurales.

Con una hebra apelmazada de argumentos, insiste la CNTE con abrogar “total y absolutamente la ‘mal llamada’ reforma educativa y sus leyes secundarias, de EPN-AMLO”.

En respuesta, la semana pasada, desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador atajó las pretensiones del magisterio rebelde advirtiendo que, de no haber acuerdo propondrá regresar la Constitución al punto donde se encontraba antes de 2013, cuando –producto del Pacto por México– fueron reformados varios artículos constitucionales, principalmente el tercero.

A los voceros de la CNTE no les gustó tampoco esta propuesta. Van por todo y no se quitan. Wilbert Santiago replicó que, si se procediese de esa manera, el Gobierno exhibiría su desinterés por el diálogo y la construcción consensos.

Hace un par de días, el Presidente puso el dedo en el corazón del diferendo cuando, desde Campeche, advirtió que estaba dispuesto a echar para atrás su iniciativa, siempre y cuando el magisterio sindical no pidiera recuperar el control de la nómina, ni el de las plazas.

“Ese no es nuestro objetivo,” insiste la CNTE en voz de Wilbert Santiago y, sin embargo, sus compañeros no parecen estar dispuestos a aceptar que el ingreso a la profesión docente, la entrega de las plazas y el avance en la carrera magisterial, sean procesos normados por la ley

y las instituciones.

Se trata de un botín demasiado importante como para compartirlo con las autoridades educativas.

Tan no quieren soltar el control de plazas y nómina que los líderes de la sección 22 están dispuestos a todo: a comparar al presidente López Obrador con su antecesor, a presentarlo como un representante de la oligarquía, a acusar al secretario Moctezuma de estar ligado con los intereses internacionales, a convocar a un paro nacional y a desbarrancar cualquier intento de consensuar una reforma.

ZOOM:

La negociación con la CNTE nació muerta porque sus líderes no quieren conversar con el resto del país, y tampoco con el Gobierno.

Mal haría el presidente López Obrador si se sienta en una mesa con ellos porque lo único que están buscando es decirle en su cara que es un remedo neoliberal.

Así las cosas, cabe esperar que el conflicto siga escalando y que los niños de Oaxaca, y de otros estados, vuelvan a perder meses y meses de clases.
15 Abril 2019 02:14:00
Otra vez la ira de la CNTE
Comenzarán con paros escalonados y luego, si el presidente Andrés Manuel López Obrador no los atiende personalmente, promoverán una huelga nacional del magisterio. Así lo advirtió Wilbert Santiago Valdivieso, vocero de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

A los líderes del magisterio disidente no les satisface conversar con el secretario Esteban Moctezuma Barragán: lo acusan de ser un político neoliberal, que ha saltado de un gobierno a otro, y también de mantener vínculos inconfesables con la organización “empresarial” Mexicanos Primero, y con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

De acuerdo con los resolutivos surgidos durante el 5º Congreso Nacional Extraordinario de la CNTE, celebrado los días 5, 6 y 7 de abril, la iniciativa presidencial de reforma educativa propone un cambio de palabras, pero no de fondo.

“Los partidos, incluido Morena, pretenden aprobar una iniciativa de reforma educativa que, contrario a las promesas de AMLO, sigue siendo, en esencia, la de Peña Nieto, porque solo defiende los intereses internacionales e imperialistas, no los intereses del pueblo y los trabajadores”.

Sube el tono del documento cuando los 94 delegados de ese Congreso coincidieron en caracterizar al Gobierno actual como una estafa con matices “socialdemócratas” que, en la práctica, “representa los intereses de la oligarquía, muestra de ello es que sus representantes son chapulines políticos”.

Refiriéndose a Mario Delgado, cabeza de Morena en la Cámara Baja, se afirma que, quienes impulsan la cuarta transformación son los mismos que aprobaron las reformas estructurales.

Con una hebra apelmazada de argumentos, insiste la CNTE con abrogar “total y absolutamente la ‘mal llamada’ reforma educativa y sus leyes secundarias, de EPN-AMLO”.

En respuesta, la semana pasada, desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador atajó las pretensiones del magisterio rebelde advirtiendo que, de no haber acuerdo propondrá regresar la Constitución al punto donde se encontraba antes de 2013, cuando –producto del Pacto por México– fueron reformados varios artículos constitucionales, principalmente el tercero.

A los voceros de la CNTE no les gustó tampoco esta propuesta. Van por todo y no se quitan. Wilbert Santiago replicó que, si se procediese de esa manera, el Gobierno exhibiría su desinterés por el diálogo y la construcción consensos.

Hace un par de días, el Presidente puso el dedo en el corazón del diferendo cuando, desde Campeche, advirtió que estaba dispuesto a echar para atrás su iniciativa, siempre y cuando el magisterio sindical no pidiera recuperar el control de la nómina, ni el de las plazas.

“Ese no es nuestro objetivo,” insiste la CNTE en voz de Wilbert Santiago y, sin embargo, sus compañeros no parecen estar dispuestos a aceptar que el ingreso a la profesión docente, la entrega de las plazas y el avance en la carrera magisterial, sean procesos normados por la ley

y las instituciones.

Se trata de un botín demasiado importante como para compartirlo con las autoridades educativas.

Tan no quieren soltar el control de plazas y nómina que los líderes de la sección 22 están dispuestos a todo: a comparar al presidente López Obrador con su antecesor, a presentarlo como un representante de la oligarquía, a acusar al secretario Moctezuma de estar ligado con los intereses internacionales, a convocar a un paro nacional y a desbarrancar cualquier intento de consensuar una reforma.

ZOOM:

La negociación con la CNTE nació muerta porque sus líderes no quieren conversar con el resto del país, y tampoco con el Gobierno.

Mal haría el presidente López Obrador si se sienta en una mesa con ellos porque lo único que están buscando es decirle en su cara que es un remedo neoliberal.

Así las cosas, cabe esperar que el conflicto siga escalando y que los niños de Oaxaca, y de otros estados, vuelvan a perder meses y meses de clases.
15 Abril 2019 02:00:00
Otra vez la ira de la CNTE
Comenzarán con paros escalonados y luego, si el presidente Andrés Manuel López Obrador no los atiende personalmente, promoverán una huelga nacional del magisterio. Así lo advirtió Wilbert Santiago Valdivieso, vocero de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

A los líderes del magisterio disidente no les satisface conversar con el secretario Esteban Moctezuma Barragán: lo acusan de ser un político neoliberal, que ha saltado de un gobierno a otro, y también de mantener vínculos inconfesables con la organización “empresarial” Mexicanos Primero, y con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

De acuerdo con los resolutivos surgidos durante el 5º Congreso Nacional Extraordinario de la CNTE, celebrado los días 5, 6 y 7 de abril, la iniciativa presidencial de reforma educativa propone un cambio de palabras, pero no de fondo.

“Los partidos, incluido Morena, pretenden aprobar una iniciativa de reforma educativa que, contrario a las promesas de AMLO, sigue siendo, en esencia, la de Peña Nieto, porque solo defiende los intereses internacionales e imperialistas, no los intereses del pueblo y los trabajadores”.

Sube el tono del documento cuando los 94 delegados de ese Congreso coincidieron en caracterizar al Gobierno actual como una estafa con matices “socialdemócratas” que, en la práctica, “representa los intereses de la oligarquía, muestra de ello es que sus representantes son chapulines políticos”.

Refiriéndose a Mario Delgado, cabeza de Morena en la Cámara Baja, se afirma que, quienes impulsan la cuarta transformación son los mismos que aprobaron las reformas estructurales.

Con una hebra apelmazada de argumentos, insiste la CNTE con abrogar “total y absolutamente la ‘mal llamada’ reforma educativa y sus leyes secundarias, de EPN-AMLO”.

En respuesta, la semana pasada, desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador atajó las pretensiones del magisterio rebelde advirtiendo que, de no haber acuerdo propondrá regresar la Constitución al punto donde se encontraba antes de 2013, cuando –producto del Pacto por México– fueron reformados varios artículos constitucionales, principalmente el tercero.

A los voceros de la CNTE no les gustó tampoco esta propuesta. Van por todo y no se quitan. Wilbert Santiago replicó que, si se procediese de esa manera, el Gobierno exhibiría su desinterés por el diálogo y la construcción consensos.

Hace un par de días, el Presidente puso el dedo en el corazón del diferendo cuando, desde Campeche, advirtió que estaba dispuesto a echar para atrás su iniciativa, siempre y cuando el magisterio sindical no pidiera recuperar el control de la nómina, ni el de las plazas.

“Ese no es nuestro objetivo,” insiste la CNTE en voz de Wilbert Santiago y, sin embargo, sus compañeros no parecen estar dispuestos a aceptar que el ingreso a la profesión docente, la entrega de las plazas y el avance en la carrera magisterial, sean procesos normados por la ley

y las instituciones.

Se trata de un botín demasiado importante como para compartirlo con las autoridades educativas.

Tan no quieren soltar el control de plazas y nómina que los líderes de la sección 22 están dispuestos a todo: a comparar al presidente López Obrador con su antecesor, a presentarlo como un representante de la oligarquía, a acusar al secretario Moctezuma de estar ligado con los intereses internacionales, a convocar a un paro nacional y a desbarrancar cualquier intento de consensuar una reforma.

ZOOM:

La negociación con la CNTE nació muerta porque sus líderes no quieren conversar con el resto del país, y tampoco con el Gobierno.

Mal haría el presidente López Obrador si se sienta en una mesa con ellos porque lo único que están buscando es decirle en su cara que es un remedo neoliberal.

Así las cosas, cabe esperar que el conflicto siga escalando y que los niños de Oaxaca, y de otros estados, vuelvan a perder meses y meses de clases.
08 Abril 2019 03:25:00
Elba Esther sin oposición
Tepic, Nayarit. 10:30 de la mañana. Sábado 22 de febrero de 1990. Elba Esther Gordillo Morales, la mujer que, con solo 45 años, logró vencer a sus viejos enemigos.

Después de un año de recorrer el país para contrarrestar a las fuerzas disidentes, la profesora pudo imponerse sobre el conjunto de su gremio.

René Bejarano y Teodoro Palomino organizaron aquella resistencia. Bloquearon el acceso al Teatro del Pueblo donde estaba previsto el ungimiento de Gordillo Morales como líder definitiva del SNTE.

Alrededor de la profesora se armaron los golpes. Los suyos llevaban pistola y ganas de disparar. Los enemigos andaban enardecidos. La escena pintaba terrible.

Entonces Elba Esther subió a una ambulancia, que había quedado atrapada en medio de la trifulca. Se quitó los zapatos rojos de tacón, que llevaba para lucirse, y se arrodilló, haciendo equilibrio con el parabrisas.

Ordenó entonces que el vehículo avanzara y el perplejo chofer obedeció, aunque a la ambulancia le habían pinchado dos ruedas. “¡Adelante, adelante!,” gritó la maestra y todo el mundo se quedó sorprendido: nadie había imaginado ese golpe de teatralidad.

Montada en lo que tuvo a mano, ella llegó puntual al Teatro del Pueblo y obtuvo la anhelada coronación.

Esta escena pinta de cuerpo entero a la líder magisterial que por estos días ha encontrado otra ambulancia, se ha quitado de nuevo los zapatos y, a sus casi 75 años, vuelve a gritar.

A su alrededor todos nos sorprendemos. No es posible que su carácter, liderazgo y poder hayan sobrevivido así: pasó por la cárcel, perdió a una hija, sus subordinados la traicionaron, el partido que fundó extravió su registro, le arrebataron la presidencia vitalicia del SNTE y, sin embargo, cual mascarón de barco, va de nuevo.

No es el presidente Andrés Manuel López Obrador quien esta vez la apoya. A diferencia de otras ocasiones, la mujer va sola. Dentro del sindicato su imagen está desprestigiada, porque todavía es temprano para seguirla. Cuenta con dinero en abundancia para financiar su movimiento, pero esta vez se trata de recursos propios, y no del Estado mexicano.

Hay por tanto algo sinceramente novedoso en lo que Elba Esther Gordillo está proponiendo. Buscará de vuelta ser la cabeza del SNTE, pero esta vez desde abajo, a pesar del voto secreto, directo y universal. Ese fue el único acuerdo al que llegó con el Gobierno de la cuarta transformación: el presidente le prometió que no se metería con la vida interna del sindicato.

En otras palabras, si Gordillo Morales la gana a la buena, Palacio Nacional sabrá respetarla.

La principal ventaja de la profesora radica esta vez en que no hay quien, dentro del magisterio, posea tanta voluntad política como ella. No se miran en el horizonte liderazgos con el coraje que ha caracterizado a esta mujer.

Ninguno tiene la energía, ni la destreza, ni la flexibilidad para subirse al vehículo estropeado y, desde ahí, comandar en la siguiente batalla.

Elba Esther lo dijo ayer en Puebla con todas sus letras: “vemos un magisterio apabullado, agachado, secuestrado y encarcelado, encarcelado en sí mismo y en lo colectivo”.

Y remató: los líderes actuales “no sirven para nada, ni siquiera son buenos para ellos, mediocres, pequeños, ignorantes”.

Tiene razón la profesora. Nadie dentro del SNTE ha salido a fijar una postura precisa a propósito de sus provocaciones, y tampoco sobre la reforma educativa, la cuarta transformación o los desafíos sindicales.

Los detractores siguen escondidos detrás de una piedra, avergonzados quizá, inseguros con seguridad, desposeídos de toda iniciativa.

Si pronto no surge un relevo creíble para abanderar los intereses del inmenso gremio magisterial, será la mujer del zapato rojo quien reconducirá la nave.

ZOOM:

“Reclaman que la CNTE está en una posición intransigente, (y, sin embargo) quizá sean los únicos que están haciendo algo”, declaró la profesora el día de ayer. Por si alguien tenía dudas, ya sabemos quién se halla detrás de la oposición a la reforma educativa del presidente. Es mujer y tiene unos ovarios enormes.
01 Abril 2019 03:49:00
Triunfo histórico de las trabajadoras del hogar
Después de tantos años, resulta difícil de creer lo que sucedió el día de ayer: con el programa piloto para incorporar con plenos derechos a las trabajadoras del hogar, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) regresó a sus orígenes para poner a las personas por encima de las obsesiones financieras.

Germán Martínez Cázares pronunció este domingo un discurso memorable. Con él inauguró la oportunidad para que más de dos millones 400 mil personas, dedicadas a las labores domésticas remuneradas, cuenten con acceso pleno a la salud y a un retiro digno.

En México, pocos puestos de trabajo son más discriminados y discriminatorios. Con el argumento de la época colonial que pervive hasta nuestros días, hay quien todavía cree que las trabajadoras son “como de la familia” y por tanto no merecen los derechos que otros empleados sí pueden reclamar.

Hay quien aún concibe las vacaciones, el aguinaldo, los alimentos, las medicinas, la habitación, los horarios razonables o los días de asueto como la dádiva generosa que el empleador entrega a su sirvienta.

Un hecho de “corrupción silenciosa”, como lo llamó el director del IMSS, uno frente al cual el Estado mexicano ha sido cómplice fundamental.

“Sobre mi cadáver”, dijo Humberto Castillejos, jefe jurídico del anterior gobierno, según compartió con este periodista el exdirector del IMSS José Antonio González cuando se le preguntó por qué el gobierno de Enrique Peña Nieto no procedía a ratificar el convenio 189 de la OIT, referente a la justicia laboral en el trabajo del hogar.

Porque en realidad no era sobre su cadáver, sino sobre el de otras mujeres muy desprotegidas, es que este sujeto –junto con muchos otros cómplices– han sostenido durante generaciones una repudiable estructura de

marginación.

Marcelina Bautista, la líder mexicana que más vida ha dedicado a esta causa, tomó igualmente la voz en el evento del IMSS y compartió palabras que, a la vez de conmovedoras, solo pueden avergonzarnos.

Este triunfo –dijo– va para todas las trabajadoras que son madres y no han contado con una guardería para sus hijos, para las trabajadoras que se han embarazado sin atención médica; el triunfo es para las mujeres que, después de cuarenta o cincuenta años de lavar y planchar ajeno, han padecido una vejez quebrantada por las mismas carencias que recibieron desde la cuna.

El triunfo es para todas aquellas empleadas del hogar secularmente ignoradas por las familias, las instituciones, los partidos, los gobernantes, los jueces y las leyes.

“¡Que nadie se confunda, este es un logro histórico!”, declaró ayer Marcelina: uno que obtuvieron miles de trabajadoras contra la ceguera clasista y racista empecinada en dominar.

Empleada del hogar es un término que va más allá de esas tres palabras: significa mayoritariamente indígena, significa mayoritariamente al sur, significa mujer –en más de un 90%–, significa precariedad, menosprecio, negación, indignidad, abuso de poder, condescendencia malsana, asimetría injusta, persistencia de nuestras peores formas de relación laboral.

Que el IMSS lance un programa piloto para incorporar a las trabajadoras del hogar no es el final sino el principio de una muy compleja transformación. Una ruta de cambio que no dejará indemne a nuestra estructura social, porque cuando las más vulnerables comienzan a tener derechos, el resto nos vemos obligados a reconsiderar nuestros prejuicios y taras.

Zoom: junto con las trabajadoras del hogar hay otros dos grupos sociales que comparten grave discriminación laboral, las y los jornaleros agrícolas y los trabajadores de la construcción. El conjunto de los tres grupos suma casi 10 millones de personas que el IMSS debe también acoger con el discurso de los igualados.
25 Marzo 2019 03:49:00
Lecciones para dejar la mafia del poder
El yerno de la profesora Elba Esther Gordillo, Fernando González Sánchez, pronunció el discurso principal de la primera asamblea para la constitución del nuevo partido, Redes Sociales Progresistas (RSP).

Ahí dijo que el propósito de esta nueva fuerza electoral es ayudar al Gobierno de la cuarta transformación “a consolidarse”. Luego añadió que este instituto “hará la diferencia en las próximas elecciones”.

Este verano se cumplirán 13 años de que Felipe Calderón Hinojosa ganara la presidencia gracias a que las redes de la maestra hicieron “la diferencia”.

Cuentan dentro del círculo más próximo a ese expresidente que el día anterior a los comicios, Elba Esther Gordillo llamó al candidato panista para ofrecerle medio millón de votos.

Según el periodista Alberto Aguirre, Juan Camilo Mouriño, entonces el principal operador de la campaña calderonista, se enteró por voz de su jefe, 12 horas antes de que abrieran las urnas, de tan afortunada noticia.

La anécdota habría sido poco creíble sin la generosidad que luego tuvo el presidente Calderón para con la profesora: le entregó cargos tan relevantes como la dirección del ISSSTE o la Lotería Nacional, pero, sobre todo, la subsecretaría de Educación Básica, que justo ocupó Fernando González Sánchez, durante aquella Administración.

Obviamente una de las voces más enojadas con la alquimia electoral del magisterio fue la de Andrés Manuel López Obrador, el candidato que, según los datos oficiales, fue derrotado por poco más de 240 mil votos.

En palabras del abanderado vencido, Elba Esther Gordillo, su aparato electoral y sus huestes sindicales eran parte de la mafia del poder que arrebató la banda presidencial a su legítimo destinatario.

¿Cómo explicar que, pasada una década, aquellos que eran mafiosos dejaron de serlo? ¿Qué agua o poción mágica, qué acto de arrepentimiento, qué plegaria a San Judas Tadeo o al Santo Niño de Atocha, lograron que don Fernando González Sánchez se haya vuelto agente de la cuarta transformación?

Todo parece indicar que ser o no ser mafia del poder pasa por la política de alianzas de los mafiosos, y no por su rol como poderes fácticos –enclaves del autoritarismo– capaces de colocarse siempre por encima de la ley.

Una vez que las Redes Sociales Progresistas, encabezadas por los socios de Elba Esther Gordillo, apoyaron a la candidata morenista a gobernador para el Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, comenzó a funcionar la piedra pómez que cura toda pertenencia previa a la mafia.

Luego vinieron las elecciones federales de 2018, donde los antiguos aliados de Felipe Calderón ratificaron su conversión al morenismo y, a la postre, obtuvieron la liberación de la profesora, quien había sido injustamente encarcelada.

Porque con toda seguridad RSP obtendrá su registro, la paradoja de esta historia reside en que la cuarta transformación contará también con un partido encabezado por el liderazgo magisterial próximo a Gordillo.

Ese partido servirá, como sucedió antes con el Panal, para negociar puestos, recursos, influencia y poder. Será un apéndice de Morena y si las cosas se ponen difíciles después de 2021, jugará, como ese grupo político sabe hacerlo muy bien, de bisagra en el Congreso.

Para quienes llevamos registro de la historia política contemporánea de nuestro país no deja de ser incómodo que la cuarta transformación, en la que tantas esperanzas se han depositado, utilice con frecuencia la piedra pómez para lavar la reputación de los integrantes de la mafia del poder.

ZOOM;

¿Por qué si los líderes de RSP quieren apoyar al Gobierno y su partido, no ingresan mejor a Morena, con derechos plenos? ¿Será que ahí no les recibirían, o que estas personas prefieren autonomía, por aquello de que, en algún momento, la vela de la política se hinche en una dirección contraria a la actual?
21 Marzo 2019 03:19:00
La ‘buena’ reforma educativa
Un cambio mayor de la reforma educativa promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador es haber quitado al Estado la obligación que antes tenía para garantizar la calidad en la educación. Esa palabra fue sustituida por otras, tanto o más relevantes: equidad e inclusión.

Esta pareciera la principal diferencia conceptual entre “la mal llamada” reforma educativa y la que ahora se promueve. No es evidente por qué calidad y equidad deberían oponerse, o por qué la primera habría de ser calificada como un valor neoliberal.

La educación mexicana requiere igualar la calidad, al mismo tiempo que se promueve la mejora del logro académico. Derivada de esta disputa sin sustento se añade que la nueva reforma elimina de la Constitución los criterios que antes servían para medir la calidad en la educación: los métodos educativos, los materiales, la organización escolar, la infraestructura o la idoneidad de los maestros y los cuadros directivos de las escuelas. Con tal de retirar del texto constitucional el término “idoneidad”, para que los docentes no fueran evaluados conforme a criterios arbitrarios, los actuales diputados barrieron con el resto de los elementos que merecían permanecer ya que, en la práctica, son los que inciden en la mejora educativa.

Otro tema clave que se modificó es el de la autoridad responsable de medir todo lo relacionado con la educación impartida por el Estado.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) es un general al que le han arrancado los galardones. Por obra de la nueva iniciativa no será más un órgano constitucional autónomo, sino un organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública.

Este descenso en la jerarquía no debe pasar desapercibido. Cuando nació, por allá del año 2002, el INEE era una institución vulnerable, cada vez que sus reportes señalaban problemas y responsables.

En su primera etapa fueron muchas las veces que los líderes del SNTE, los burócratas encumbrados o el partido gobernante intentó esconder, maquillar o modificar los resultados de las evaluaciones.

La presión política y burocrática ejercida en contra del INEE suele ser mayúscula, porque cuando las evaluaciones salen mal, los padres de familia reclaman y la sociedad se enoja con los gobernantes. Pocos temas son más sensibles, más inflamables políticamente, que la educación.

Fue por esta experiencia que se encumbró al INEE para que ocupara un asiento entre los pocos órganos constitucionales autónomos que tiene nuestro país. La intención del Legislativo fue blindar a los evaluadores frente a argumentos que nada tenían que ver con la evaluación.

La degradación que sufrirá el INEE no se hace cargo de esta parte de la historia. Al contrario, obedece al enojo que despertó el hecho de que sus evaluaciones autónomas no fueran condescendientes con los intereses de la política mezquina.

Los errores que haya cometido el INEE autónomo no justifican la defenestración. Habría bastado con corregir, ajustar e incluso fortalecer.
18 Marzo 2019 04:00:00
El Mirreynato no es Fifilandia
Por estos días se incurre en el error de suponer que mirreyes y fifís son las mismas personas.

En realidad, un muro inmenso e infranqueable les separa. En lo que toca a privilegios, poder de compra, ingresos, estilo de vida, impunidad y ostentación, son abismales las diferencias entre los habitantes del Mirreynato, que moran en el penthouse de la sociedad, y los residentes de Fifilandia, que viven varios pisos abajo.

Mientras el fifí es el empleado que cuida la entrada del bar, el mirrey es el dueño del antro que observa la calle, quitado de la pena, desde su ventana
panorámica.

Bajo cualquier circunstancia o contexto esta es la regla: a los mirreyes no se les toca ni con el pétalo del discurso.

Los mirreyes continúan apartados de la acción de la justicia porque los actos de corrupción que dieron origen a su fortuna han quedado perdonados.

A los mirreyes les tiene sin cuidado dónde se construya el aeropuerto, porque ellos disponen de hangares y aviones
particulares.

Los mirreyes están felices porque en su país pagan menos impuestos que en ningún otro; porque pueden heredar sin que nadie les haga un descuento, y porque pueden especular sin que Hacienda venga a molestarlos.

Las colonias donde viven los mirreyes jamás son señaladas, no aparecen, no se mencionan, no se cuestionan.

A los mirreyes nadie les redujo el sueldo porque no necesitan uno, y sobre todo porque, salvo excepciones, menosprecian el oficio del burócrata.

A los mirreyes les tiene sin cuidado la (bien o mal) llamada reforma educativa porque su existencia y la de sus hijos transcurre a muchos kilómetros de la escuela pública.

A los mirreyes la amnistía les aburre porque están acostumbrados a ella; tampoco les preocupan los derechos humanos porque los suyos, pase lo que pase, siempre están a salvo.

Los mirreyes andan de fiesta porque no han sido siquiera rozados por los vientos de la
transformación.

En cambio, escaleras abajo –en los niveles de la construcción social donde se localiza Fifilandia– las cosas marchan muy distintas.

Se ha puesto de moda cuestionar todo cuanto tiene que ver con las personas señaladas por su identidad fifí, tengan o no conciencia de ella.

Si leen el diario equivocado, si escuchan la estación incorrecta, si viven en la colonia inadecuada, si la cigüeña les entregó cromática clara, si son liberales, si son conservadores, entonces un dedo flamígero los acusa de manera implacable.

A tiro por viaje se ridiculiza a Fifilandia, se le agravia, se le emplaza a tomar plena responsabilidad por todos los males que aquejan a la sociedad.

A diferencia del plácido mirrey, la persona fifí es representada como el peor enemigo del pueblo.

El fifí que vive de su sueldo, el fifí que sufre la desinversión, el fifí que trabajaba para la burocracia, el fifí que hace largas colas a la hora de cobrar su ahorro para el desempleo, el fifí que alguna vez se dio tiempo para participar en la sociedad civil, y que ahora se descubre detestable y de derecha.

¡Oh fifí malhadado quien, por iluso, creyó que un día contaría con un aeropuerto de primer mundo y hoy mira con resignación hacia otro lado!

Porque la arbitrariedad así los decidió, Fifilandia debe pagar por los pecados, por las desigualdades, por todas las equivocaciones: estamento condenado, sobre todo, porque el Mirreynato es intocable.

14 Marzo 2019 03:14:00
Los delitos de corrupción, en la zona fantasma
Es falso que los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos puedan ser perseguidos como delitos graves. De hecho, la mayoría de ellos son todavía invisibles para la justicia penal.

Un error legislativo dejó como letra muerta las reformas al Código Penal federal del año 2016 dedicadas a tipificar los delitos en materia de anticorrupción.

El pasado lunes, con motivo del informe del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre sus primeros 100 días de Gobierno, el Mandatario presumió la reforma que su partido promovió para declarar como graves los actos de corrupción.

Muy probablemente el Presidente no sabe que el catálogo de delitos al que hizo referencia no ha entrado, ni podrá entrar, en vigor, si antes no se realiza una nueva reforma al Código Penal federal.

Las abogadas Estefanía Medina y Adriana Greaves (blog de Nexos, marzo 11, 2019) han hecho notar el galimatías provocado por la legislatura pasada, el cual mantiene en el limbo jurídico a las reformas penales del 2016 en materia de corrupción.

Hoy no comete delito grave, por ejemplo, el servidor público que se enriquezca durante su función de manera inexplicable. Tampoco el que, por sí mismo o por interpósita persona reciba dinero para hacer o dejar de hacer un acto inherente a su cargo.

Estas conductas, entre muchas otras, que gracias a la reforma penal del 2016 debieron convertirse en delitos de corrupción –y que, por obra de la iniciativa del presidente López Obrador habrían ascendido a la escala de graves– son en realidad papel mojado, delitos fantasmas, actos que ni la ley ni la justicia pueden perseguir.

El origen de este galimatías se halla en el primer artículo transitorio de las reformas al Código Penal federal, publicadas el 18 de julio del año 2016. Ahí se estableció que la nueva tipificación de delitos relativos a la corrupción entraría en vigor el día que el Senado de la República nombrara al fiscal anticorrupción.

Pero el Senado jamás nombró a ese titular: tuvo cuatro años para hacerlo, entre 2014 y 2018, y sin embargo fue incapaz de cumplir con un mandato que esa cámara se impuso a sí misma.

Al no acatar este requisito, el Senado envió a una zona fantasma todo el listado de ilícitos que más recientemente la nueva legislatura tipificó como delitos graves.

El pasado 1 de marzo, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, instaló por fin la nueva Fiscalía Especializada en Anticorrupción; sin embargo, por extraño que parezca, esta otra institución no es la misma que aquella que el Senado debió haber nombrado antes de que concluyera el año 2018.

El titular de la primera fiscalía, cuya investidura era condición para que el catálogo de delitos de corrupción entrara en vigor, debió haber recibido su encargo gracias al voto de dos terceras partes de la Cámara de Senadores.

En cambio, la flamante responsable de esta otra fiscalía, María de la Luz Mijangos Borja, obtuvo el puesto gracias al fiscal general, Alejandro Gertz, quien siguiendo un procedimiento distinto, recién solicitó a la Cámara alta que ejerciera su potestad de refrendo.

La diferencia estriba en que mientras el primer fiscal debía ser nombrado por el Senado, la segunda lo fue por el fiscal general, y en este caso los senadores solo tienen facultad para refrendar.

El desastre surge cuando la vigencia del catálogo de delitos antes referido no está ligada al nombramiento de Mijangos, sino al de un hipotético fiscal que jamás entró en funciones.

Esto querría decir, muy puntual mente, que los funcionarios acusados de cometer un ilícito inscrito en el catálogo penal de la anticorrupción podrán ampararse, y salir bien librados, porque la ley utilizada para perseguirlos quedó extraviada en una zona fantasma.

Zoom: si el Presidente quiere, en efecto, encarcelar a los funcionarios públicos corruptos tendrá, de nuevo, que enviar una iniciativa de reforma al Código Penal federal para asegurarse esta vez de que el catálogo respectivo entre en vigor sin condiciones ni pretextos.
11 Marzo 2019 03:35:00
Cien días con el Grijalva alebrestado
Los mexicanos traíamos hambre de cambio y por eso llegó Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia. La actividad febril del Mandatario, durante sus primeros 100 días de Gobierno, es la respuesta a esa demanda.

El país entero se parece al río Grijalva en temporada de lluvias: está crecido, desbordado, revuelto, y por momentos, indomable.

Los primeros 100 días, de cualquier gobierno, son el momento para mostrar la materia fundante –el ADN– que dará consistencia al resto de la Administración.

Andrés Manuel López Obrador ha aprovechado como pocos esta breve ventana de tiempo para celebrar la razón de sus votantes: 8 de cada 10 mexicanos querían una sacudida.

La demanda y la oferta en la política mexicana participan de una feliz luna de miel porque la gente andaba hasta la coronilla y el nuevo Presidente está dispuesto a cuestionar y cambiarlo prácticamente todo.

La fascinación con la novedad y la transformación es emoción cotidiana en una inmensa mayoría de personas. Son estadísticamente pocos, por no decir irrelevantes, quienes desearían conservar el patrimonio político del pasado.

De ahí que no tenga límite el furor por derrumbar todo aquello que haya sido fuente de corrupción, violencia o desigualdad.

El presidente está decidido a abrir la caja de Pandora porque detrás suyo hay quienes, con estos argumentos, aplauden enérgicamente.

Estos días para México son de euforia, de fiesta, de ánimo optimista y confiado. El Grijalva fluye alebrestado porque una mayoría así lo quiere y estuvo dispuesta a tomar el riesgo de la transformación porque antes las cosas parecían insoportables.

Sin embargo, debajo de estas aguas turbulentas, el país real continúa su cauce sin haber visto todavía los grandes cambios en esos temas precisos que llevaron al triunfo de López Obrador.

Cual serpientes taimadas de agua dulce, los problemas que padecíamos antes de las elecciones de julio pasado, muerden hoy con igual o peor fiereza a la gran mayoría de las poblaciones.

Nada indica que, a ras del suelo –lejos de las luces que iluminan la conferencia mañanera o los altavoces placeros– las cosas hayan cambiado.

Es de pésimo gusto y mala educación, como comer con la boca abierta o subir los codos a la mesa, hablar de esa necia realidad que, a cien días, se mantiene tan canija como antes.

Por ejemplo, las cifras de la violencia publicadas el día de ayer por El Universal. Si se comparan los 100 primeros días de todos los presidentes mexicanos, desde que concluyó la Revolución a la fecha, los más recientes se exhiben como los peores: 94 personas murieron diariamente en el país desde que López Obrador se colocó la banda presidencial.

Estos números representan el triple en comparación con el arranque de la administración de Felipe Calderón y casi el doble con respecto a los primeros meses de Enrique Peña Nieto. Si a esta evidencia se agrega el incremento en el número de secuestros y desapariciones, las alarmas suenan bastante fuerte.

No sería justo responsabilizar a la nueva Administración federal por esta tragedia, y sin embargo llama la atención que el tema de la violencia haya ido a parar en el fondo del río, cuando los colmillos de tal realidad continúan siendo nuestra principal tragedia.

Algo similar ocurre con la corrupción. Si bien el Presidente merece confianza cuando dice que ni él ni su Gabinete son personas corruptas, lo cierto es que falta mucho para que esa mística gravite en el lecho del río, donde la sociedad y el Estado se encuentran.

La oferta de amnistía y perdón no han disuadido a los muchos hampones que continúan entendiendo a las instituciones como si fueran un bien propio, de sus familiares y sus compinches.

ZOOM:

Corrupción, inseguridad y desigualdad son las tres razones que llevaron a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia.

Los resultados a propósito de estos tres temas no pueden ser medidos en estos primeros cien días, pero el año no podrá terminar en similar festejo si no ocurre una transformación fundamental en cada uno de ellos.
07 Marzo 2019 03:58:00
La resurrección del PES
A punto estamos de atestiguar el primer fraude cometido contra la Constitución, durante el recién estrenado régimen de la Cuarta Transformación. Será falso que no haya nadie por encima de la ley cuando los magistrados del Tribunal Electoral resuciten a un muerto que la voluntad popular decidió enterrar.

Desde su tumba, el Partido Encuentro Social (PES) se defiende con dos argumentos para recuperar el registro que el Instituto Nacional Electoral (INE) le retiró en septiembre del año pasado:

Primero, que los resultados de la elección presidencial, donde resultó triunfador su candidato, Andrés Manuel López Obrador, son cuestionables por las muchas irregularidades cometidas. Y, segundo, que independientemente de los votos, los magistrados del tribunal deben reconocer la representatividad que significan los diputados y senadores que este partido tiene actualmente en el Congreso.

Con respecto al primer argumento es difícil no trazar con las cejas un signo grande de interrogación: ¿los dirigentes del PES afirman que su candidato a la Presidencia ganó en una elección que ellos mismos califican como fraudulenta?

La ironía es mayor cuando este partido presentó mal y a destiempo los recursos de inconformidad para demostrar su dicho. Es decir que señala, sin aportar una sola prueba, como tramposos los resultados de unas elecciones que a estas alturas son inapelables.

No lleva razón este partido cuando pide recontar todos los votos de los pasados comicios presidenciales, sin aportar evidencia que motive o justifique tan peregrinos anhelos.

Con respecto al segundo argumento es necesario precisar que el INE retiró el registro al PES porque en ninguna de las tres elecciones federales obtuvo el porcentaje requerido

por la Constitución.

Tanto en los comicios para diputados como para senadores, este partido logró el 2.5% de la votación general, y en la de Presidente obtuvo solamente el 2.7% de los sufragios.

A la hora de enfrentarse a la urna, las personas optaron por tachar los emblemas de Morena o del Partido del Trabajo, pero no el de Encuentro Social. El mensaje del pueblo fue claro: muerte al PES. Así lo dicen las boletas, las actas y el programa de resultados del INE.

El Artículo 41 de la Carta Magna es preciso: “el partido político nacional que no obtenga, al menos, el 3% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del poder Ejecutivo o de las cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro”.

El texto no prevé excepciones, ni ofrece vías alternas para resucitar a este muerto: o el PES obtuvo al menos el 3% de los votos, en alguna de las elecciones, o bien extravía el registro y las cuantiosas prerrogativas que lo acompañan.

Ni la hermenéutica, ni la metafísica, ni la magia negra, ni el Espíritu Santo, ni Dios, ni el Diablo, tampoco san Judas Tadeo, nadie puede sacar al PES de este trance, sin apuñalar antes a la Constitución.

Y, sin embargo, una mayoría de magistrados del Tribunal Electoral, encabezados por Felipe de la Mata, está decidida a revivir el cadáver en contra de lo que el pueblo de México votó. Esta película es de terror y los zombis, en efecto, existen.

Afirma el PES una barbaridad: que la interpretación del 41 constitucional sobre la pérdida del registro no sólo debe considerar su “representatividad política numérica” –los votos–, sino también el número de diputados y senadores que logró meter al Congreso.

Es decir que no importa la voluntad popular sino las trampas celebradas para que este partido lograra formar una fracción parlamentaria de 30 diputados y 5 senadores, los cuales consiguieron sus escaños gracias a que fueron candidatos de Morena y del PT.

ZOOM: en febrero de hace dos años publiqué en estas mismas páginas un artículo titulado magistrados hampones. El más siniestro de estos cinco juzgadores me reclamó airado que lo había difamado con esa sentencia. Confirmo ahora mi convicción sobre esos cinco hampones que están dispuestos a traicionar así a la Constitución.


04 Marzo 2019 03:19:00
Corrupción y muerte de los Moreno Valle
El helicóptero Agusta Grand 109 en el que viajaban Érika Alonso y Rafael Moreno Valle cayó en picada. Los peritos denuncian el hecho como inusual: no es común que el rotor principal de una nave como esa termine haciendo círculos sobre la tierra.

Ha sido ya descartado que el helicóptero hubiera recibido un proyectil, así que la causa más obvia del accidente es mecánica.

Cabe formular como hipótesis que una mano criminal haya averiado la nave para provocar la muerte de sus tripulantes; también existe la teoría de un acto de negligencia mecánica.

Esta es la pregunta que el fiscal investigador del caso deberá despejar: ¿provocación o negligencia?

En cualquier caso, las pistas apuntan hacia el taller responsable de dar mantenimiento al helicóptero: Rotor Flight Services, cuyo propietario es José Antonio Vázquez Torales y cuyos mecánicos responsables en Puebla son Ricardo Montiel y Mario Gutiérrez.

Aquí algunas interrogantes que el fiscal debe resolver:

1. En 2013 la empresa Eolo Plus entregó la operación del helicóptero a la compañía Servicios Aeroportuarios del Altiplano (SAASA). ¿Por qué entonces Eolo Plus no compartió las bitácoras de la nave correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013?

2. ¿Qué ocurrió con el daño detectado en el motor de esa nave a finales del año 2017?

3. ¿Cambió Rotor Flight Services –el taller contratado por el Gobierno de Puebla para dar mantenimiento a esa nave– el motor o la parte del motor que presentaba daño? ¿Cuándo sucedió esa reparación?

4. ¿Por qué, después del accidente, la tuerca que sujetaba el rotor principal de la nave mostró evidencia de sobrecalentamiento? (Ese estado de la pieza sólo puede explicarse si el helicóptero despegó teniendo suelta esa tuerca fundamental).

5. ¿Cuándo fue la última vez que Rotor Flight dio mantenimiento al rotor del helicóptero? ¿Por qué los encargados del taller, Montiel y Gutiérrez, permitieron que el helicóptero viajara con ese presunto desperfecto?

6. Erika Alonso y Rafael Moreno no solían volar juntos. ¿Por qué ese día cambiaron su rutina?

7. El capitán Salas y el capitán Marco Tavera eran los responsables de volar la nave y, sin embargo, de última hora, Roberto Cope, que era el director de servicios logísticos del Gobierno de Puebla –y por tanto el jefe de ambos– instruyó a Salas para que se fuera a descansar. ¿Por qué Cope piloteó el helicóptero ese 24 de diciembre?

8. ¿Sabían Salas y Tavera del desperfecto en el motor que presentó el helicóptero un año antes? ¿Lo sabía Roberto Cope? ¿Tenían información estas tres personas sobre la reparación realizada al motor? ¿Conocían sobre el mantenimiento que recientemente los empleados de Rotor Flight le habían hecho al rotor?

9. Rotor Flight Services –sus dueños y sus mecánicos– deberían ser parte central de la investigación. ¿Por qué el Gobierno de Puebla no ha suspendido todavía el contrato de mantenimiento con esta compañía?

10. ¿Por qué Rotor Flight Services mantiene oficina dentro del hangar del Gobierno de Puebla?

11. ¿Por qué Rotor Flight Services participa en la organización de la información solicitada por la Fiscalía?

12. ¿Quién era el verdadero dueño del helicóptero accidentado?

13. ¿Por qué los dueños de Eolo Plus, (Juan Armando Hinojosa Cantú y Ariel Zeev Picker Schatz), transfirieron en 2013 la operación de la nave a SAASA, (cuyos propietarios son los tlaxcaltecas, Rafael y José Antonio Torre Mendoza)?

14. ¿Qué relación tenía el exgobernador Moreno Valle con los hermanos Torre Mendoza?

15. ¿Hubo conflictos de interés entre los dueños del helicóptero, los pasajeros, los operadores, los responsables del taller o el director de servicios logísticos?

ZOOM: El accidente de Puebla tiene detrás un largo caudal de corrupción. Los intereses políticos deberían dejar de interponerse, mientras se resuelven las diversas líneas de investigación.


28 Febrero 2019 03:52:00
Rotor Fligth Services: pista sin investigar
Rafael Moreno Valle y Érika Alonso acuden de nuevo al proceso electoral que se celebrará este mes de junio en Puebla. A pesar de la tragedia que ambos sufrieron, son argumento político principal de la contienda.

Tanto la dirigencia del Partido Acción Nacional, como los políticos poblanos allegados a la pareja, sospechan en voz alta que su muerte fue provocada. Marko Cortés, presidente del PAN, declaró que “no hay elementos que hagan sentir que la caída del helicóptero haya sido un accidente”.

Conforme el ambiente de competencia vaya avanzando, el argumento sobre un posible atentado político crecerá como la espuma. La duda se alimenta de la lentitud y la opacidad con que se está conduciendo la investigación.

La negativa que la SCT entregó al periódico Milenio, a propósito de una solicitud para que diera a conocer las conversaciones entre los pilotos y la torre de control, nutre con alto contenido calórico las especulaciones. Los funcionarios del Gobierno federal decidieron reservar por cinco años esta información, pretextando que darla a conocer “afectaría el interés público y la seguridad nacional”.

Ambas partes, oposición y Gobierno, cometen un error imperdonable al colocar en la liza de la disputa político-electoral una investigación que debería ser pulcra, profesional y basada en los más altos estándares de la ciencia y la ingeniería.

Al actuar así liberan de responsabilidad a quien habría de estar rindiendo cuentas. La información que sí es pública señala en una misma dirección: el taller donde días antes recibió mantenimiento la nave Augusta 109 Grand que Rafael Moreno Valle utilizaba con mucha frecuencia para transportarse.

En efecto, una lupa grande habría de colocarse sobre Rotor Flight Services, sus operarios y sus dueños, porque fue en ese taller, ubicado en Toluca, que los rotores del helicóptero siniestrado recibieron mantenimiento los días previos al accidente.

Hay dos hechos, en concreto, que requieren atención: primero, que personal de Rotor Flight haya accedido entre las primeras personas que inspeccionaron los restos de la aeronave; hubo incluso algún medio poblano que confundió a estos individuos con peritos responsables de analizar las piezas todavía humeantes.

Cualquier protocolo indicaría que los mecánicos de la nave no pueden ser juez y parte en el análisis, y todavía más importante, no deben cruzarse con la cadena que custodia la evidencia indispensable para evaluar las causas del siniestro.

El otro hecho que no debería pasar desapercibido es el conflicto de interés, por no decir los antecedentes de corrupción, que rodean la biografía del dueño “formal” de Rotor Flight Services: Antonio Vázquez Torales.

Cuando Enrique Peña Nieto fue mandatario del Estado de México, este individuo era director general de mantenimiento de las aeronaves de ese gobierno estatal. Entonces aprovechó el puesto para constituir y crecer un taller –Rotor Flight Services– que daba servicio, entre otros clientes, a las naves de la administración peñanietista.

En 2011 fue acusado de utilizar al personal y los recursos materiales de la dirección que tenía a su cargo para beneficiar a su empresa. El conflicto de interés es la pecera donde Vázquez Torales emergió y se hizo un próspero empresario. Con ese desaseo en su currícula valdría la pena revisar el grado de responsabilidad que Rotor Flight tuvo en el accidente de los esposos Moreno Valle.

También y, sobre todo, hay que preguntarse el papel que jugó el personal de Rotor Flight las 24 horas posteriores al siniestro.

ZOOM: Panistas y morenistas están alentando una cortina de humo que distrae de la investigación sobre la verdad detrás de la muerte de los Moreno Valle. Hay una pista en Toluca que no debe menospreciarse.
25 Febrero 2019 03:42:00
En defensa de la autonomía
Las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador a propósito de los órganos constitucionales autónomos obligan a reflexionar sobre el origen de la autonomía, y también sobre los momentos en que este valor democrático ha sido derrotado.

La autonomía tiene una larga tradición constitucional en México. La amarga experiencia que dejó Antonio López de Santa Anna hizo que la Carta Magna de 1857 colocara frenos y contrapesos de cara a la autarquía.

Con objeto de evitar que una sola persona ejerciera por sí sola la autoridad suprema del Estado, aquellos constituyentes son los autores de la primera ola de autonomías que, por un lado, fijó los principios para regir la independencia de los estados y los municipios y, por el otro, estableció fronteras entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En efecto, entonces y ahora, la autonomía es un antídoto contra la autocracia y por eso, cuando la segunda avanza, es porque la primera pierde. El gobierno de Porfirio Díaz, como el de Santa Anna, tuvieron propensión a concentrar poder y por ello el federalismo vio sucumbir sus mejores anhelos, lo mismo que la libertad del municipio.

La segunda ola de la autonomía vendría con la Constitución de 1917. Como base de la organización política del país se establecieron los derechos que le otorgan autonomía y dignidad jurídica a las personas, también la noción de municipio libre, como piso de la organización del Estado; asimismo, la Carta Magna confirmó las bases de la independencia para las entidades federativas, y para los poderes Legislativo y Judicial.

La segunda ola de la autonomía sufrió erosión por los movimientos autárquicos que, con el paso de las décadas, fueron edificando al presidencialismo mexicano, sobre todo a partir de lo que Jorge Carpizo llamó las facultades metaconstitucionales del jefe del Ejecutivo.

No podrían explicarse las reformas a la Constitución relativas a la tercera ola de la autonomía mexicana sin las expresiones radicales de autarquía manifiestas durante el largo periodo en que gobernó el Partido Revolucionario Institucional.

La tercera ola de las autonomías comienza con la fundación del Instituto Federal Electoral como institución autónoma de las presiones político partidistas del Presidente y otros poderes. Por este motivo puede fecharse su inicio en 1996.

El éxito del modelo de autonomía diseñado para este órgano dio origen a un rosario de nuevas instituciones, que fuera del ámbito regional y de la división formal de poderes, debían también —por la responsabilidad asignada— estar protegidas frente a las influencias autárquicas del Presidente, así como frente a la presión o sesgo de otros actores, fuera y dentro del Gobierno.Los órganos constitucionales autónomos son la aportación más reciente a la República para evitar el regreso del país a situaciones políticas como las impuestas por Santa Anna, Porfirio Díaz o por el presidencialismo exacerbado del PRI.

Se trata de una solución política que quiere asegurar dos cosas: primero, que la actuación de esos órganos no sea vulnerada por intereses ajenos al mandato que la Constitución les entrega y, segundo, promover la coherencia de sus decisiones en el tiempo, de tal manera que estos órganos autónomos aseguren una política de Estado que trascienda gobiernos y partidos.

Un buen ejemplo para explicar estos dos objetivos lo ofrece el Banco de México, el cual obtuvo autonomía constitucional para evitar que el poder Ejecutivo manipulara la política monetaria con propósitos electorales, al tiempo que recibió un mandato de largo plazo para mantener a raya la inflación.

ZOOM: Los errores cometidos por los órganos autónomos pueden corregirse, siempre y cuando no sea la autonomía lo que se busca eliminar, o la autocracia lo que se quiere promover.
21 Febrero 2019 03:37:00
La 4t tiene problemas de popularidad
La cuarta transformación no tiene resuelta su relación con la pluralidad. Con todo respeto –como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador– sus líderes no suelen ser respetuosos con las voces divergentes.

Se desconfía, por principio, de quien no comparte opinión, de quien no tiene proximidad, no sólo ideológica sino personal.

Si algunas organizaciones difieren, se descalifica a toda la sociedad que se organiza; si la prensa disiente, cae bajo sospecha; si una institución defiende su autonomía, revienta la acusación de ser un aparato burocrático inservible; si los partidos se oponen, terminan señalados de retrógrados y conservadores; si los jueces disienten, son calificados de privilegiados; si los investigadores o los especialistas opinan diferente, resulta que los mueven intereses ocultos o sesgados.

Es innegable que en estos ámbitos del espacio público hay expresiones conservadoras. Faltaba más: de eso se trata la pluralidad, de que todas las voces participen en la deliberación y el Gobierno de los asuntos que son comunes.

Pero de ahí a suponer que toda la sociedad civil, todos los partidos (excepto Morena y aliados), las instituciones autónomas, la prensa, la academia y la investigación son defensores de la oligarquía, hay una brecha muy grande.

Argumenta el presidente López Obrador que la sociedad organizada estaría secuestrada por intereses contrarios a la sociedad sin organización.

En estas mismas páginas Hernán Gómez agregó que el problema son “los grupos que se han arrogado el derecho de hablar por el conjunto de la sociedad y erigido como un actor privilegiado frente a los poderes públicos”.

Ni el Presidente, ni Hernán Gómez mencionan por nombre a esos emisarios del conservadurismo que presuntamente habrían monopolizado el término de sociedad civil.

Nos harían un gran favor en hacerlo porque, con seguridad, no alcanzarían los dedos de las manos para concluir su lista.

Y, sin embargo, es rematadamente falso que esa reducida lista represente a la vastísima sociedad civil mexicana, como también lo es que su respectiva agenda abarque la diversidad de temas, preocupaciones, banderas y demandas de un universo denso de organizaciones que luchan desde muy diversas trincheras.

Son sobre todo sociedad civil las organizaciones dedicadas a los asuntos del barrio, el ejido y la comunidad, las de las trabajadoras del hogar, las que cruzan por las demandas del empleo, la identidad, la discapacidad, el racismo o la discriminación, las que defienden derechos humanos, buscan a los desaparecidos, se ocupan del medio ambiente o vigilan las elecciones, entre muchas otras.

Se equivoca en redondo el Presidente al suponer que toda la sociedad organizada es conservadora, y que por tanto solo la desorganizada es de izquierda.

Si en el pasado la sociedad civil ligada a la plutocracia tuvo mayor influencia que aquella que hizo su trabajo a ras del suelo, fue porque en las oficinas del poder los primeros tuvieron derecho de picaporte, mientras que los segundos fueron excluidos.

El problema no son los grupos elitistas sino el guardián que abría y cerraba las puertas de la pluralidad.

Si en el pasado pocos actores de la sociedad eran influyentes, sería muy lamentable repetir de nuevo el patrón, ya no en función de la legitimidad elitista, sino de un ánimo excluyente basado en la desconfianza, la ideología o la proximidad personal.

La pluralidad no es un medio sino un fin en sí misma, una realidad sin la cual ni la libertad ni la democracia pueden sobrevivir.

Antes esa pluralidad no fue equilibrada, pero no vaya a ser que en la 4T termine angostando aún más la puerta, con el pretexto de que todo lo que se organiza es conservador y de derecha, o peor aún, es desagradablemente “liberal”.

Zoom: Tan liberal como Benito Juárez que, con todo respeto, predicó el derecho ajeno incluso a no ser liberal.
14 Febrero 2019 03:35:00
La CTM de Morena
Hace casi 83 años, el 21 de febrero de 1936, el presidente Lázaro Cárdenas del Río impulsó la creación de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), con el objeto de ordenar, bajo un esquema corporativo, al conjunto de organizaciones sindicales que entonces padecían una crisis marcada por la fragmentación.

Vicente Lombardo Toledano fue su primer secretario general, luego Fidel Velázquez se hizo cargo de liderar a este organismo cúpula durante más de 40 años.

Al parecer, la convicción de destino histórico de la que abreva la llamada Cuarta Transformación incluye también el capítulo sindical.

El día de ayer nació la Confederación Sindical Internacional Democrática (CSID) integrada por los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana y otras organizaciones del sector automotriz. Recibió también el espaldarazo de los líderes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado (FETSE).

El primer secretario de la nueva CSID es Napoleón Gómez Urrutia, líder minero y senador por Morena. Se trata del Lombardo Toledano que López Obrador eligió para emprender una de las tareas más complejas y difíciles de nuestra época: reformar al mundo del trabajo.

Tiene razón Gómez Urrutia cuando afirma que la mayoría de los sindicatos mexicanos se quedaron en el pasado y sus líderes tienen mucho de pillo y delincuente; también cuando dice que en México prevalece un vacío, provocado por la distancia que hay entre la base trabajadora y la representación sindical.

La inmensa lista de sindicatos falsos –que sólo existen en papel– da cuenta de ese vacío.

Resulta sin embargo paradójico que sea Napoleón Gómez Urrutia quien encabece el esfuerzo democratizador de la Cuarta Transformación, a propósito del mundo sindical:

Napoleón que llegó a ocupar la silla de secretario general del sindicato minero gracias a que su padre se la heredó; Napoleón que tuvo que salir del país, no sólo porque se peleó con los patrones de su sector, sino por un manejo cuestionable de los fondos que los trabajadores habían puesto a su cuidado; Napoleón que hoy no sería quién es si el presidente López Obrador no lo hubiera hecho senador. Apelando al sentido histórico vale decir que entre Vicente Lombardo Toledano y Napoleón Gómez Urrutia hay una distancia biográfica sideral.

Con todo, el discurso con el que la CSID enfrenta a sus adversarios resonó ayer por sus premisas bien reflexionadas: la nueva confederación quiere defender el voto libre de los trabajadores, así como la libertad para elegir sindicato; quiere enfrentar la parálisis y la inacción del sindicalismo mexicano y aportarle una dimensión global que permita conectarlo con otras expresiones más modernas del extranjero.

Quizá esta sea la oportunidad propicia. Declaró hace unos días Gómez Urrutia que “si Morena no hubiera ganado, si el presidente Andrés Manuel López Obrador no hubiera abierto la puerta y hubieran seguido el PRI o el PAN, hubiera continuado la explotación de la mano de obra mexicana”.

Es evidente que, como sucedió en la época de Lázaro Cárdenas, esta iniciativa nace auspiciada desde el Gobierno, con la clara intención de acompañar los propósitos presidenciales. Contrasta con este hecho la promesa que López Obrador hizo hace unos días en el sentido de que su gobierno no intervendría en la vida interna de los sindicatos.

ZOOM

¿Podría democratizarse la vida sindical mexicana sin la acción del presidente? Como dijera alguna vez Graciela Benzunzan, el problema del sindicalismo mexicano es que los vientos de la democracia no han rozado jamás sus puertas. ¿A quién le toca abrirlas?
31 Enero 2019 03:32:00
La autonomía universitaria continúa secuestrada
Hace 90 años un movimiento numeroso de estudiantes enfrentó al gobierno del presidente Emilio Portes Gil para exigir la autonomía de la Universidad Nacional.

El triunfo llevó a que en 1929 se expidiera una ley orgánica que otorgó garantías fundamentales para el ejercicio de la libertad de cátedra, la investigación científica y la administración independiente de los recursos.

Es de no creerse que esa autonomía se encuentre actualmente en el purgatorio, debido a una reforma a la Carta Magna celebrada el pasado mes de diciembre.

La fracción séptima del tercero constitucional antes establecía que las universidades dotadas de autonomía tendrían facultades y responsabilidad de gobernarse a sí mismas, respetando la libertad de cátedra, de investigación, libre examen y discusión de las ideas. También que ellas determinarían sus planes y programas, así como los términos para el ingreso, la promoción y la permanencia de su respectivo personal académico, y que contarán igualmente con potestades amplias para administrar su respectivo patrimonio.

El problema surgió cuando, presuntamente por error –según explicó el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán– las reformas educativas eliminaron los párrafos referidos.

Tan grande fue el equívoco que el tema mereció atención del presidente, quien hubo de aclarar que no era su intención pasar por encima de las universidades.

El jueves 13 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador prometió que enviaría a la Cámara de Diputados una fe de erratas para corregir lo publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Han transcurrido desde entonces siete semanas –casi 50 días– y sin embargo la famosa carta continúa sin llegar a su destinatario, y por tanto no se ha corregido nada.

Con buena fe podría concederse indulgencia al partido mayoritario, pero también, cuando la paranoia se asoma, cabe temerse que la expropiación de la autonomía universitaria haya encontrado aliados dispuestos a jugar una chicana para dejar las cosas tal cual se votaron en diciembre.

Esta preocupación estuvo presente hace 15 días, cuando el secretario Moctezuma Barragán ofreció el discurso de clausura durante la asamblea plenaria de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies). Para tranquilizar los ánimos ahí repitió que el presidente mantenía un compromiso firme a la hora de “honrar y respetar” el principio de la autonomía universitaria.

Con su palabra dejó tranquilas a las autoridades educativas presentes, y sin embargo han vuelto a pasar dos semanas sin que ocurra nada. Los legisladores de oposición insisten con que la SEP todavía no les ha hecho llegar ningún documento.

ZOOM: Ojalá y, en efecto, el secuestro de la autonomía universitaria sea meramente el producto de errores y equívocos, de novatez y novatadas; con todo, la falta de respeto de funcionarios y legisladores con respecto a los compromisos presidenciales exhibe desaseo y provoca indignación.
28 Enero 2019 03:55:00
Monreal al rescate de Matamoros
El viernes pasado estalló la huelga en 26 empresas exportadoras radicadas en Matamoros. Los trabajadores de otras 13 industrias optaron por el paro ilegal de labores. 36 mil 700 trabajadores, en total, han suspendido sus actividades por una negociación salarial difícil de resolver.

El origen del conflicto fue el incremento del salario mínimo decretado para la frontera a partir del primero de enero. Las empresas se vieron obligadas a subir, de golpe, de 88.36 a 176.72 pesos diarios y encajaron el esfuerzo sin reclamar.

Pero en Matamoros la demanda fue más lejos: encabezados por la abogada Susana Prieto Terrazas, los trabajadores exigieron que, además, se otorgara un aumento generalizado del 20% para todos los obreros.

También fijaron como condición la entrega de un bono para cada trabajador por la cantidad de 32 mil pesos.

Sorprendió a las empresas que no fuera Juan Villafuerte, líder sindical que representa formalmente a estos trabajadores, quien condujera la exigencia, sino una abogada de Ciudad Juárez residente en el Paso, Texas.

¿Quién llamó a Susana Prieto Terrazas para que orquestara el paro en Matamoros? Cabe temer que esta mujer responda a intereses inconfesables, cuyo verdadero propósito es desestabilizar a la industria exportadora mexicana.

El movimiento que ella encabeza ocurre justo cuando los sindicatos, canadiense y de los Estados Unidos, así como el Gobierno de Donald Trump, señalan a México como un país incierto para la inversión industrial.

Hay también evidencia de que otros actores estarían interesados en potenciar la crisis. Juan Villafuerte señaló por nombre y apellido a las “manos extrañas” detrás del conflicto. Por ejemplo, al líder del sindicato minero en Matamoros, Javier Zúñiga García. Se trata de un hombre allegado a Napoleón Gómez Urrutia que, sin tener que ver con el tema, ha sido orador principal del movimiento.

Igual han participado José Ángel Frías, empresario tortillero, y Ernesto Picasso, líder obrero, ambos dirigentes locales de Morena. Otro actor es Mario López, presidente municipal de Matamoros, quien ganó la elección en julio pasado también por Morena.

Estos datos de contexto, sumado a que Susana Prieto Terrazas presume ser simpatizante del partido fundado por López Obrador, llevó a que los empresarios afectados sospecharan del Gobierno federal.

La desconfianza tomó fuerza cuando representantes de las empresas acudieron a visitar a las autoridades de la Secretaría del Trabajo sin que sus preocupaciones fueran atendidas.

En revancha, otros actores de la alta jerarquía morenista enviaron un mensaje distinto. Concretamente el senador Ricardo Monreal, quien en las últimas horas comenzó a operar para buscar una solución al conflicto.

Sorprendió una llamada telefónica entre la abogada Susana Prieto y el senador Monreal, ocurrida el sábado 26 por la noche, y que se difundió por las redes sociales.

Ahí Monreal dejó en claro que el presidente no iba a permitir que los derechos de los trabajadores se vieran lesionados, “pero tampoco que se caiga la economía en el estado (de Tamaulipas) y el municipio (de Matamoros)”.

Trascendió después que el senador citó el día de hoy al líder sindical, Juan Villafuerte, en la Ciudad de México, para intentar una negociación política que ponga fin a la crisis.

Desde la noche del sábado la abogada Prieto está furiosa y acusa al presidente López Obrador de haber ordenado arbitrariamente levantar la huelga.

ZOOM: Sería importante saber quién respaldó en un principio a la abogada juarense: ¿Los gringos? ¿Napoleón Gómez Urrutia? ¿Fuerzas locales de Morena? Mientras tanto, el senador Ricardo Monreal es el responsable de parar un carro que iba derecho al precipicio.
10 Enero 2019 03:58:00
Privación injusta de la libertad
La justicia mexicana lleva demasiado tiempo al servicio de dos amos envilecidos: la demagogia punitiva y la represión social, por eso no es justicia sino abuso del poder.

Hay registro de 3 mil 967 personas detenidas arbitrariamente entre 2006 y 2018 por su condición de defensores de derechos humanos o por ser líderes de sus comunidades.

Tres de cada cuatro casos ocurrieron durante la administración de Enrique Peña Nieto. Así lo reporta el informe Defender los Derechos Humanos en México, el sexenio de la impunidad, redactado por investigadores de la Acción Urgente para Defensores de Derechos, el Centro Cerezo y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada.

La política criminal en nuestro país tiene motivos que ni la ley ni la Constitución contemplan. Se usa contra activistas sociales, estudiantes, representantes indígenas, contra defensores de derechos humanos y defensores del medio ambiente.

Cada vez que los pueblos se levantan para protestar contra una mina contaminante, contra un proyecto de infraestructura que destruye el hábitat, contra el fracking y tantos otros intereses del poder económico o político, los ministerios públicos, la policía y los jueces entran al auxilio para sacar de en medio a los opositores.

Las cárceles de Guerrero, Chiapas, Sonora, Veracruz, Puebla, Estado de México, Michoacán, Quintana Roo, entre otras entidades, están pobladas por ciudadanos inocentes —desde el punto de vista penal— cuyo único delito fue desafiar al poder que doblega a las instituciones.

La fabricación de testimonios falsos y pruebas sin sustento es síntoma de todos los días en las instituciones responsables de producir justicia. El sistema encarcela a personas inocentes de manera recurrente y usa para ello la tortura, los tratos inhumanos y la violación de los principios constitucionales.

Este contexto se agrava cuando son las personas más vulnerables, desde el punto de vista económico, quienes sufren las peores arbitrariedades.

Además de líderes y defensores, las cárceles están sobre todo pobladas por jóvenes de orígenes modestos que no tuvieron recursos para procurarse una defensa legal justa. Son el eslabón más frágil de la cadena y por eso están tras las rejas.

Hasta muy recientemente la autoridad se pavoneaba presumiendo su eficacia para encarcelar mexicanos. Los bonos otorgados a la policía se fijan todavía en función del número de detenidos, sin importar la veracidad o la legalidad de los delitos supuestamente cometidos por esas personas.

Esos operadores de la Justicia mexicana no suelen poner en riesgo su empleo y, por tanto, para obtener tales estímulos persiguen a quienes saben que no podrá sobrevivir la arbitrariedad.

Si bien existen datos sólidos a propósito de los defensores y líderes sociales perseguidos, no hay una base similar que permita determinar el número de personas privadas ilegalmente de su libertad por razones socioeconómicas.

Sin embargo, es común escuchar dentro de las cárceles mexicanas que la mitad de los presos del orden común son inocentes respecto del delito por el que fueron sometidos a proceso penal.

La Justicia mexicana discrimina por tres motivos: ideas políticas, desafío a los poderes arbitrarios y pobreza socioeconómica. Se trata de uno de los rasgos más autoritarios de nuestro sistema político. Es falso que haya diferencia entre la justicia federal y la local. Cada una en su ámbito exhibe síntomas similares.

Por tal contexto es que resulta alentador que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, haya anunciado este martes la instalación de una mesa especial para la revisión de los casos de las personas privadas injustamente de su libertad y también que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya declarado que durante su Gobierno ningún ciudadano será perseguido por la justicia federal debido a su postura política o su forma de pensar.

Zoom: El día en que la política se subordine a la justicia, México estrenará un nuevo régimen. Pero para lograrlo primero tendríamos que modificar el sistema operativo con el que se ejecuta la política criminal, así como los criterios e incentivos que rigen la conducta de policías, ministerios públicos, jueces y autoridades carcelarias.
07 Enero 2019 04:00:00
Improvisación y crisis de gasolina
En la gasolinera de Colorines, municipio de Valle de Bravo, en el Estado de México, un fulano adquirió 50 mil pesos en gasolina para revenderla en Michoacán, con un sobreprecio del 30 por ciento.

Fue el jueves 3 de enero que comenzó el desastre: la escasez de combustible provocó compras de pánico y especulación. Fue también un buen negocio de principios de año para los huachicoleros más gandallas.

Cinco días lleva el desabasto y Pemex pide a la ciudadanía que tengamos paciencia. Asegura que hay combustible suficiente y que las medidas de seguridad emprendidas para evitar el robo de gasolinas son la causa de la escasez.

La paraestatal tomó la decisión de aprovechar la primera semana del año para reparar los ductos que reúnen a la refinería de Salamanca con las 13 terminales de almacenamiento y reparto (TARs) de la zona occidente del país.

Por esos ductos se transporta alrededor del 19% del combustible nacional y se trata del segundo botín en importancia para el robo de gasolina. Son todavía más lucrativos los ductos que atraviesan por Minatitlán, pero el Gobierno federal decidió comenzar su cruzada contra los huachicoleros atacando la zona occidente porque ahí el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) exhibe las prácticas extractivas más violentas de la República.

El error cometido fue que, para repararlos, Pemex cerró los ductos provenientes de la refinería de Salamanca, sin hacer un cálculo correcto del inventario existente en las (TARs) del occidente que, a su vez, suministran a las gasolineras de Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato.

Tal cosa coincidió con que, justo en estas fechas de principios de año, el consumo nacional tiende a crecer entre un 12 y un 15 por ciento.

La tormenta fue perfecta: Pemex cierra los ductos para clausurar las tomas clandestinas sin verificar que las TARs de la zona occidental estén convenientemente abastecidas, en un momento en que tradicionalmente el consumo se incrementa.

Se trató de una decisión mal planeada y las consecuencias no se dejaron esperar: cuando los consumidores de Michoacán, Jalisco y Guanajuato se enteraron de que había crisis de combustible, cruzaron la frontera de sus respectivas entidades y comenzaron a realizar compras de pánico en las gasolineras de la zona centro del país, principalmente en Hidalgo, Querétaro y el Estado de México.

En principio los TARs que suministran de combustible en la zona centro no tenían problema de inventario, pero ante el aumento de la demanda que provino del occidente, la distribución en la zona vecina se contagió con la misma escasez.

A las compras de pánico se sumó después la especulación. La práctica de traficar con combustible es extendida en el país y los operadores de este viciado negocio no quisieron perderse la oportunidad.

Esto explica por qué la gasolina adquirida en las estaciones de la zona centro terminó vendiéndose en 27 y 30 pesos, por litro, cuando se redistribuyó en los estados del occidente.

Lo sucedido mostró a los nuevos directivos de Pemex como funcionarios improvisados, incapaces de planear y, sobre todo, torpes a la hora de reaccionar. De este episodio podrán obtenerse mejores decisiones para el futuro: hay que mantener los TARs suficientemente abastecidos antes de cerrar los ductos.

El mercado de los hidrocarburos enciende rápido los ánimos cuando funciona mal y, por tanto, hacer un llamado a la paciencia fue tan ingenuo como ridículo. Para enfrentar problemas graves se requiere de una estrategia rigurosa que en esta ocasión no se tuvo.

ZOOM: El problema apenas comienza. Para arrebatar el negocio a los huachicoleros no basta con reparar los ductos y cegar las tomas clandestinas. El enemigo a vencer es la empresa criminal más grande y violenta del país: el CJNG. La noticia detrás de la crisis de gasolina es la crisis de violencia que azota desde ya a la zona occidental de nuestro país.

Agradezco a Gonzalo Monroy, director de Consultoría GMS, por la información proporcionada para la comprensión del fenómeno descrito en esta columna.
03 Enero 2019 04:02:00
Zaldívar y las 2 injusticias
El año comienza con una de sus mejores nuevas. El nombramiento por cuatro años del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, como presidente de la Suprema Corte de Justicia, trasciende la mera sucesión dentro del Poder Judicial.

Su triunfo significa la victoria que privilegia los derechos fundamentales de la persona sobre los intereses del poder y los poderosos.

La trayectoria de Zaldívar durante nueve años dentro de la Corte puede juzgarse a partir de las sentencias en las que su voz ha sido fundamental. Con un arrojo poco visto en la tradición judicial mexicana, los argumentos de este ministro han modelado varios de los casos cruciales del debate constitucional contemporáneo.

Destacan entre ellos los expedientes de Lydia Cacho, la guardería ABC, Florence Cassez, la legalización en el consumo de la mariguana, la no discriminación y la protección de los derechos de las mujeres. Su nombre ocupó profusamente las páginas de la discusión pública cuando, en 2010, presentó a sus colegas un proyecto conclusivo a propósito del incendio que quitó la vida a 49 menores en la guardería ABC.

Sus argumentos enfurecieron al presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien lo había promovido como ministro un año antes, y es que su proyecto quería señalar, con nombre y apellido, a los funcionarios más encumbrados responsables de aquella tragedia.

Una mayoría de ministros difirió argumentando que la Corte no podía erigirse en “autoridad moral”. Entonces se perdió una oportunidad dorada para combatir de frente los actos de mayor corrupción.

Aquella batalla la perdió Zaldívar y también la Corte, que después de ese episodio renunció a defender la facultad que esa institución tenía para investigar violaciones graves de derechos humanos.

Tres años después, el ahora presidente de la Corte volvió a mostrar de qué estaba hecho cuando redactó el proyecto de sentencia de amparo que liberó a Florence Cassez. Todavía vibra el argumento presentado por el ministro cuando dijo: “producto de una escenificación ajena a la realidad se produjo un efecto corruptor en la totalidad del proceso (y) sus resultados”.

La de Florence Cassez fue una sentencia polémica y probablemente mal comprendida por la mayor parte de la opinión pública; no obstante, se trató de una victoria fundamental de la Constitución a favor del debido proceso, así como del derecho a la presunción de inocencia.

Tan llamativo como los dos casos anteriores fue el razonamiento que Zaldívar ofreció en 2014 para despenalizar el consumo de mariguana. Ahí decidió atacar el corazón mismo de la política prohibicionista porque, según su entendimiento, esta “limita indebidamente los derechos fundamentales a la identidad…, la propia imagen, el libre desarrollo de la personalidad y la autodeterminación”.

Con este proyecto comenzó en México a modificarse un paradigma que, desde antes de la Segunda Guerra, imperó en nuestro país para permitir que el gobierno interviniera en la soberanía del individuo cuando este decide consumir sustancias que alteran su conciencia.

De haberse retirado el día de ayer de la Corte, el legado de Zaldívar en la historia constitucional mexcana habría sido ya invaluable; pero muy probablemente durante los próximos cuatro años dejará sus mejores aportes.

Al tomar posesión, en un breve discurso resumió los criterios de su actuación por venir: declaró que, tal como lo ha hecho durante los últimos nueve años, conduciría su presidencia defendiendo el principio de la independencia judicial; sin embargo, advirtió que esa independencia no le impediría dialogar y colaborar dignamente con otros poderes.

Reconoció también que el Judicial atraviesa por una crisis de credibilidad, porque sus instituciones se perciben distantes de la gente. Remató abrazando con solidaridad a los jueces federales, en quienes reconoció la principal fortaleza de la Justicia.


ZOOM

el principal desafío de Zaldívar será conducir una reforma para que la Justicia de las leyes y la Justicia que espera la ciudadanía dejen, en México, de estar apartadas por el abismo de la arrogancia que caracteriza a los operadores del Derecho.
31 Diciembre 2018 04:06:00
El año que nos quedamos sin aeropuerto
Termina 2018 y me sigo preguntando por qué se canceló la obra del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM). He consumido cuanto argumento se puso sobre la mesa y aún no hallo la racionalidad de esa decisión.

No puedo quedarme tranquilo con la consulta porque me queda claro que ese instrumento se diseñó para legitimar una decisión que estaba tomada previamente.

Tampoco me convence que la cancelación fue una propuesta de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque varias de sus promesas evolucionaron después del triunfo.

Quizá mi problema radica en que busco una explicación racional para algo que no lo tiene. Tanto los argumentos técnicos como los financieros abonan sin comparación a favor de haber mantenido la obra. Todavía ayer José Antonio Meade, exsecretario de Hacienda y excandidato presidencial del PRI, volvió a meter el dedo en la llaga.

Hizo cuentas en público y dijo que el país va a perder 145 mil millones de dólares por esta mala elección. Con cálculos que merecen ser tomados en serio hizo ver que para 2034 México estaría extraviando alrededor del 6% de su PIB por haber echado para atrás esta inversión.

En vez de responderle con igual racionalidad, el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, se puso a jugar con las palabras cuando dijo: “Son cuentas alegres de un hombre triste”.

Así ha sido este debate desde que comenzó. De un lado los técnicos y del otro los rudos. De un lado los especialistas y del otro los que no lo son. Y en medio los demás opinando sin comprender por qué una decisión que debió ser neuronal se tomó con el
estómago.

Acaso el NAICM fue enterrado para que el nuevo Gobierno pusiera tono a su discurso: ¿Quería el Presidente fijar distancia con el sector empresarial? ¿Quería dinamitar cualquier legado posible del expresidente Peña Nieto? ¿Buscó, por esta vía, dar carpetazo a la delincuencia de las constructoras? ¿Tuvo como intención hacer enojar a la parte de la sociedad mexicana que viaja y utiliza de manera intensiva el principal aeropuerto internacional del país?

Lo curioso de este asunto es que ninguna de estas preguntas es relevante. Los países construyen carreteras, puertos, aeropuertos o vías de tren porque el desarrollo de sus poblaciones así lo requiere.

Son obras públicas que intervienen en el futuro de la economía para que la riqueza se multiplique y esa es su única
justificación.

El NAICM tenía ese anhelo y su cancelación le hará daño al México de la siguiente generación. Así lo han dicho, no sólo Meade, sino todas las demás voces especializadas en la materia, nacionales y extranjeras.

La pila de razones para mantener la obra es tan abultada que resulta imposible esconderla. Por el contrario, los argumentos de la cancelación del nuevo aereopuerto continúan siendo
raquíticos.

A decir verdad, las cuentas alegres son las del Gobierno: la inversión que se quedará enterrada en Texcoco, las pérdidas provocadas por la recompra de los bonos, el pago de multas por incumplimiento, la baja en la calificación de la deuda del Estado, la desconfianza de los futuros inversionistas, el extravío de la reputación del Gobierno, la inversión para mover el aeropuerto militar de Santa Lucía a Querétaro, la mudanza de miles de familias fuera de esa base, los sistemas de interconexión entre los aeropuertos sustitutos, son entre muchas otras cosas que mencionar, argumentos que ponen triste a cualquiera.

Durante los últimos seis meses he escuchado decir que el presidente López Obrador ya no sabe cómo echar para atrás esta mala decisión. Me temo que son rumores infundados debido a que su Gobierno sigue convencido de que escogió el mejor camino.

ZOOM: Continúan sin embargo sin escucharse los argumentos técnicos que convenzan. Y mientras más pasa el tiempo, más se revela la cancelación como una idea rematadamente absurda.
27 Diciembre 2018 04:06:00
Puebla: entre Banck y Manzanilla
Es material para novela. La trágica muerte de Rafael Moreno Valle y su esposa Martha Érika Alonso, abre un capítulo que enfrentará a dos antiguos amigos y socios políticos: Luis Banck Serrato y Fernando Manzanilla Prieto.

Su historia común se remite a la época en que ambos trabajaban en la Administración de Melquiades Morales, gobernador de Puebla entre 1999 y 2005. Los presentó Rafael Moreno Valle, que entonces era su jefe y fungía como secretario de finanzas.

Manzanilla jugaba como un operador político genial y Banck como el cerebro económico del grupo. Los dos pensaban que Moreno Valle podría ser gobernador cuando Morales dejara libre el asiento.

Pero otro político poblano se atravesó en el camino: Mario Marín, de infausta memoria. El exsecretario de finanzas y Mario Marín no pudieron respirar bajo el mismo techo político, así que el primero abandonó las filas del PRI y sus dos aliados recorrieron idéntica senda.

Seis años le tomó a Rafael Moreno Valle derrotar a su antiguo partido y durante aquella época como opositor, Fernando Manzanilla continuó siendo el estratega principal de la triada.

Por un tiempo Banck se retiró al sector privado y ocupó un cargo importante en MetLife, la empresa aseguradora más grande del país. Mientras tanto, Manzanilla se hizo cargo de la Secretaría de Gobierno, convirtiéndose en el segundo hombre más poderoso del estado de Puebla.

A los pocos meses, la diosa fortuna se metió en la vida de estos personajes cuando la hermana del gobernador se lió sentimentalmente con su estratega. Por razones que valdría la pena conocer, el cuñado encajó con enojo la noticia. La historia da para teleserie: después de haber labrado camino juntos durante más de tres lustros, Moreno Valle obligó a Manzanilla para que dejara el puesto y, de paso, cerró las puertas a sus aspiraciones políticas dentro del estado.

En 2013, Fernando Manzanilla quiso ser candidato a presidente municipal del PAN para la capital del estado y en su lugar el gobernador envió a José Antonio Gali Fayad.

Coincidió en ese momento que Luis Banck aceptó volver a trabajar para el Gobierno de Puebla, como secretario de Desarrollo Social, y dos años después consiguió lo que Manzanilla no tuvo: la presidencia municipal de Puebla.

El cuñado desdeñado no se resignó: para abrirse camino de nuevo tocó las puertas de Morena y logró convertirse en el principal operador político de esa naciente fuerza en el estado.

Entonces Moreno Valle, en público y en privado, lo llamó traidor y el cuñado decidió jugar a plenitud el papel del antagonista. Lo acusó de estar ligado al narcotráfico y apoyó a Miguel Barbosa como candidato a
gobernador.

Las elecciones del 2018 en Puebla fueron el territorio de una batalla de realidad aumentada entre dos facciones que antes fueron parte de un mismo grupo. A nada estuvo el candidato morenista de arrebatarle el triunfo al PAN, pero Alonso
prevaleció.

Desde la alcaldía de Puebla, Banck apoyó a la candidata panista y cuando las nubes escamparon recibió como premio la jefatura de la oficina de la gobernadora Alonso.

La trama encuentra hoy a Manzanilla como diputado federal por la coalición Juntos Haremos Historia y líder, en la Cámara Baja, de la maltrecha fracción del Partido Encuentro Social.

El lunes pasado la fortuna volvió a meterse en el relato: la muerte de la gobernadora Alonso ha opuesto de nuevo a Banck y a Manzanilla.

El primero fue el único orador en las exequias de los esposos Moreno Valle porque ahora él es el principal heredero del capital político que dejó su antiguo jefe y Manzanilla tendrá que decidir si respalda de nuevo a Miguel Barbosa o, en un tour de force, se presenta él mismo para encabezar con mejor suerte la apuesta de
Morena.

Zoom: La herencia de Moreno Valle será tan polémica como lo fueron en vida sus decisiones políticas. En la tercera vuelta de tuerca la diosa fortuna sabrá lo que tiene preparado para Luis Banck y Fernando Manzanilla, y con ellos, para el futuro de Puebla.

20 Diciembre 2018 04:06:00
Guardia Nacional: adiós al federalismo
La pregunta relevante ya no es dónde comenzó, sino dónde terminará la Cuarta Transformación; y no hay otro tema que nos diga más al respecto que la iniciativa presidencial para poner en marcha la todopoderosa Guardia Nacional.

Ni la cancelación del aeropuerto de Texcoco, ni la austeridad en los sueldos de la burocracia, ni los superdelegados, ni el Tren Maya, ni toda la pejefobia o la amlofilia, juntos, son temas que vayan a dividir tanto al país como esta iniciativa que el día de hoy será discutida, y probablemente aprobada, en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Se trata de una cirugía mayor a la Carta Magna –acaso sin comparación con ninguna otra desde 1917– porque quiebra la columna vertebral del federalismo mexicano, normaliza indefinidamente la presencia de las fuerzas militares en cualquier parte del territorio mexicano y deja en las manos exclusivas del presidente de la República el control civil sobre este cuerpo bélico.

México no cuenta hoy con un verdadero federalismo fiscal, tampoco con un federalismo educativo, sanitario o en materia de infraestructura. Con Enrique Peña Nieto el país regresó a 1836, centralizando prácticamente todas las políticas relevantes.

Sin embargo, resta todavía un reducto federal: la seguridad. A pesar de la crisis de violencia que vive el país, y de la presencia militar que se ha desplegado desde 2006, nunca, hasta ahora, el Ejército ha operado dentro de una entidad federativa en contra de la voluntad de un gobernador o de un Congreso local.

Esto está a punto de cambiar: una vez que sea aprobada la reforma constitucional que dará vida a la nueva Guardia Nacional, los gobernadores y sus congresos se volverán actores silentes de la política de seguridad.

No podrán oponerse para que las tropas militares tomen control de los caminos, las poblaciones o las ciudades de cualquier entidad federativa, a la hora que decida y cómo lo decida el Presidente de México.

Todavía más, la reforma prevista al Artículo 89 de la Constitución quiere que el Presidente cuente con facultades plenas para ordenar, disponer y reglamentar a las policías de las entidades federativas, sin que medie opinión, acuerdo o permiso de las autoridades electas localmente.

Los gobernadores están a punto de volverse irrelevantes, de manera permanente, en lo que toca al uso de la fuerza. Serán prescindibles porque sin ese poder no hay gobernante que sobreviva.

Otro tema: el actual Artículo 129 de la Constitución dice que las tropas del Ejército sólo podrán estacionarse dentro de instalaciones previstas por el Gobierno, tales como los campos, los cuarteles, los depósitos, las fortalezas o las comandancias militares.

Sin embargo, la reforma quiere que los efectivos militares y navales adscritos a la Guardia Nacional queden exceptuados de este principio constitucional.

Es decir que los piquetes podrán acampar, pernoctar, recorrer, estacionarse o invadir, cualquier milímetro del territorio mexicano, sin necesidad de que la autoridad civil les ordene expresamente hacerlo.

Por último, hoy todavía está prohibido que el presidente de la República ordene a la Guardia Nacional estacionada en una entidad, cruzar la frontera hacia otra entidad –por ejemplo, de Michoacán a Guerrero– sin que el Senado (o la Comisión Permanente) lo autorice expresamente y el Ejecutivo fije ante la Legislatura a cuántos efectivos de ese cuerpo y con qué armamento se cruzarán los límites entre los estados de la República.

Pues la iniciativa elimina también este control fundamental del Congreso que ayudó a pacificar México en otros tiempos de nuestra historia. Derogando dos fracciones de los artículos 76 y 78, el Presidente podrá movilizar a la Guardia Nacional por todo el país sin tener que rendirle cuenta alguna al Poder Legislativo.

En la política de seguridad, tal como sucedería con los poderes locales, también el poder Legislativo se volverá intrascendente.

ZOOM: Nadie niega que la crisis de la violencia experimentada en el país es de enormes proporciones. Estamos ante una circunstancia excepcional que merece medidas extraordinarias.

El problema comienza cuando lo que se pretende es volver permanente lo extraordinario, al punto de normalizar principios antidemocráticos en el núcleo solar de nuestra Constitución.


13 Diciembre 2018 04:04:00
La reforma Moctezuma
De todo cuanto propusieron ayer en materia educativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario Esteban Moctezuma, hay dos puntos que merecen toda la potencia de la lupa: el Servicio de Carrera Profesional del magisterio y el Instituto de Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación.

Ambas piezas son el núcleo atómico de la nueva iniciativa y claramente responden a un diagnóstico muy distinto del que se tenía en 2013.

La principal diferencia entre una y otra iniciativa es el papel otorgado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y sus distintas corrientes.

Ayer el presidente López Obrador insistió con que fue un error haber impulsado la reforma dejando fuera a los líderes del magisterio, y con ellos a la base magisterial. También subrayó que la política de evaluación lastimó la dignidad de los docentes.

En contraste, hace casi seis años el tema partió de un puerto muy alejado: se repudió el control excesivo que tenían el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en concreto su líder, Elba Esther Gordillo, sobre la política de educación básica.

En 2013, el ingreso de un docente al sistema educativo, la obtención de una plaza, o el ascenso en la carrera, eran asuntos donde sólo pesaban los argumentos político-sindicales.

A los maestros no les convenía este sistema porque ellos no eran dueños de su materia de trabajo –la docencia–, y porque se imponían sobre su desarrollo profesional criterios distintos a su desempeño dentro del aula.

La única manera de liberar a los profesores de esta arbitrariedad fue que el Estado mexicano recuperara el control sobre la política educativa. Entonces se instruyó, desde la Constitución, para que las plazas de los docentes fueran administradas con criterios objetivos basados en la evaluación y otros elementos relativos al mérito.

La instancia para desarrollar esos criterios objetivos, o lineamientos, fue el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE). Además de entregársele autonomía técnica y de gestión a este organismo se le otorgó autonomía política, justo para evitar que en sus tareas intervinieran presiones sindicales o político partidistas.

En 2018 la iniciativa del presidente López Obrador ha puesto el énfasis en el otro extremo: quiere una colaboración estrecha con los líderes sindicales.

Tal cosa no ha significado históricamente en México que el Gobierno esté próximo a los maestros: porque jamás ha habido democracia en el SNTE, cúpula magisterial y magisterio son dos platos que se cocinan por separado.

La iniciativa firmada ayer advierte sobre la cancelación del INEE y, en su lugar, por la puesta en marcha de un Instituto encargado de revalorizar maestros y mejorar la educación.

Si bien el secretario de Educación dijo que las facultades de esta instancia se verían ampliadas con esta contrarreforma, diera la impresión de que al nuevo organismo se le pretende arrancar la autonomía técnica y también la política.

Se anuncia que el nuevo Instituto estará gobernado por un amplio consejo donde, además de maestros, estarán presentes los líderes del sindicato. No se ve posible que ese instituto pueda gestionar evaluaciones técnicas solventes si la cabeza del organismo priorizará argumentos sindicales.

Trágicamente se trata de una batalla ganada, después de muchos años, a favor del liderazgo magisterial, al que nunca le gustó verse evaluado por una instancia especializada, que ofreciera datos objetivos y basados en evidencia científica.

El nuevo Instituto podría fácilmente caer en las garras del clientelismo magisterial y por tanto no revalorizaría a los maestros, ni aportaría a la mejora de la
educación.

Por el otro lado, se propone un servicio profesional de carrera magisterial. La idea es potente porque, siendo sinceros, la reforma de 2013 despreció el tema centrándose solamente en los exámenes de ingreso y las evaluaciones.

Sin embargo, ¿cómo es posible echar a andar un servicio como este si las evaluaciones no tienen consecuencias? Los integrantes del Servicio Exterior Mexicano presentan exámenes para ingresar y ascender, lo mismo que los militares o los funcionarios del Banco de México.

Un servicio civil que prescinda de exámenes de ingreso es pura simulación. Lo mismo puede decirse del ascenso: ¿cómo promover a los maestros sin evaluaciones?

Lo peor sería regresar al pasado, donde la lealtad a la cúpula sindical era la única prueba exigida a los maestros. Sería un grave retroceso que los líderes de sección recuperasen la facultad para vender, heredar o regalar plazas, o los ascensos dentro del escalafón.

ZOOM: La realidad de esta reforma se verá en la letra pequeña de las leyes secundarias. Cabe mientras tanto insistir, con López Obrador, que el derecho de los niños a una educación de calidad es el bien máximo y superior del sistema educativo. La revalorización de los maestros es un noble deseo, siempre y cuando se subordine en cualquier circunstancia a este principio fundamental.





06 Diciembre 2018 04:04:00
Trabajo del hogar: sentencia histórica
¿Por qué su régimen de trabajo puede ser de 12 horas diarias? ¿Por qué no cuentan con vacaciones pagadas, con jubilación o con atención médica obligatoria? ¿Por qué no tienen derecho a cotizar en el Infonavit?

El trabajo en el hogar es uno de los más discriminados en México y esta exclusión se halla inscrita en las leyes: tenemos normalizado lo anormal.

Normal es que quienes lo desempeñan laboren a horas y deshoras, normal es que la habitación más miserable de la casa sea para ellas, normal es que los salarios sean pequeños, normal también es que sean menores de edad, o es que no puedan ver a sus hijos más que los domingos, cada 15 días.

Ayer la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia dio un primer paso para señalar como discriminatorio el pesado estigma que en México pesa sobre el trabajo en el hogar: declaró como inconstitucional la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que margina derechos de un extenso sector de la población.

Todavía hoy la ley impide que una persona dedicada a esa labor cuente con jubilación en el IMSS y, para inscribirse como beneficiaria del servicio médico, la trabajadora tiene que acudir al llamado Seguro Voluntario, que no sólo es más oneroso, sino también muy difícil de conseguir.

Pues por resolución de la Corte, esa anormalidad está a punto de cambiar. Dicen los ministros, que votaron por unanimidad, que no hay razonamiento objetivo por el cual las empleadas domésticas se hallen excluidas del régimen obligatorio del IMSS, que es el de la mayoría de los trabajadores en México.

Añade también que la ley conlleva a una asimetría jurídica, la cual afecta desproporcionadamente a este grupo social compuesto por más de 2 millones de personas, en su gran mayoría mujeres.

Esta resolución es histórica porque, con sus razonamientos, la Corte califica como discriminatorio –desde el punto de vista laboral– el contexto en el que se desarrolla el trabajo en el hogar.

Después de esta sentencia será difícil volver a escuchar que la relación entre trabajadoras y empleadores es de orden preponderantemente íntimo o privado. Frases manidas como aquella de “es como de la familia”, pasarán al cajón de la abuelita: las empleadas del hogar son trabajadoras que de-sempeñan una labor remunerada, de igual manera a la que millones de otros trabajadores lo hacen.

Que sea en el hogar no lo hace un trabajo menor, irrelevante o menospreciable. Tampoco otorga al patrón poderes extraordinarios sobre la trabajadora, ni le autoriza a tratarla con condescendencia.

Esta sentencia de la Corte rompe con una larga tradición que dejó en manos de los empleadores, y no de la ley, la suerte de sus trabajadoras. El régimen laboral donde se les ha tenido ubicadas presuponía que las cuestiones relativas a este puesto de trabajo, por ocurrir en el ámbito de lo privado –en el hogar– debía resolverse a puertas cerradas.

Por tanto, la salud, las medicinas, las prestaciones, los horarios, la alimentación, la habitación o el vestido han estado regidas por la buena (o mala) voluntad de los empleadores –por la dádiva graciosa– sin réplica ni lugar para el desacuerdo por parte de las trabajadoras.

No ha sido obligación de los patrones ofrecer condiciones justas. El uso y costumbre hasta hoy se rige por la sentencia de “lo tomas o lo dejas”, y también por el reclamo para aquella trabajadora que decide buscar mejor suerte en otro hogar.

Sería demasiado decir que con esta sentencia de la Corte todo cambiará para las trabajadoras. Sin embargo, se trata de un avance importantísimo hacia la dirección correcta: por ninguna razón las leyes deben discriminar entre puestos de trabajo.

ZOOM: Las empleadas del hogar, los jornaleros agrícolas y los trabajadores de la construcción –que en total suman más de 6 millones de personas– experimentan hoy en nuestro país condiciones susceptibles de explotación y están desprovistos de protección social. Lo peor es que las leyes y las autoridades mexicanas han sido cómplices de esta realidad. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia es histórica porque podría cambiar esta realidad.
03 Diciembre 2018 04:05:00
No al punto final por delitos violentos
El sábado dio inicio un proceso de amnistía para dejar en libertad a funcionarios o gobernantes del antiguo régimen autoritario. Así fue anunciado durante el discurso emitido en el Zócalo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el numeral 88 de las propuestas principales de su gobierno.

Liga esta iniciativa con lo que dijo ese mismo día, por la mañana, en el Palacio de San Lázaro: “Esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie… Propongo al pueblo de México que pongamos punto final a esta horrible historia y mejor empecemos de nuevo… que no haya persecución a los funcionarios del pasado… que la Presidencia se abstenga de solicitar investigaciones en contra de los que han ocupado cargos públicos”.

Este es, acaso, el planteamiento más polémico entre los argumentos con que comienza su mandato; tanto que mereció, por única vez, la interrupción de los legisladores durante la sesión del 1 de diciembre.

La discordia se debe a que no se conoce la letra pequeña del proyecto de amnistía. ¿Cuáles son realmente los alcances de esta iniciativa?

En un extremo cabría la versión dura del perdón y la indulgencia: una ley de punto final que ordene la prescripción de toda acción en contra de funcionarios involucrados o imputados en actos criminales.

En el otro extremo referiría al perdón sólo para beneficiar a los altos funcionarios que hubiesen cometido actos de corrupción de tipo económico o financiero.

¿A cuál de estos supuestos responde la iniciativa? ¿Se trata de no perseguir al gobierno saliente y a los gobernadores señalados por corrupción? ¿O el planteamiento incluye, por ejemplo, a los responsables de las masacres de Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, Piedras Negras o Monclova?

Este nivel de precisión no ha sido ofrecido todavía y de ahí la polémica: una cosa es que López Obrador haya decidido no perder energía y capital político en perseguir a su antecesor, y otra muy distinta es darle la espalda a la exigencia de justicia para esclarecer y castigar a los responsables de una larga década de violencia, donde han muerto más de 250 mil personas y han desaparecido alrededor de 60 mil víctimas.

Es cierto que el Presidente instruyó la creación de una comisión investigadora para el caso Ayotzinapa –que será presentada el día de hoy mediante un decreto del Ejecutivo–, pero sería moral y constitucionalmente inadmisible que el expediente de los normalistas fuese una excepción de la amnistía, y en contraste, el resto de los asuntos terminase enterrado para siempre.

La imprecisión se debe a la manera como hasta ahora se ha fraseado el tema: ¿qué quiere decir el Presidente con eso de que dejará libre a “funcionarios o gobernantes del antiguo régimen autoritario”? ¿A qué funcionarios se refiere? ¿A militares o policías que violaron derechos humanos? ¿A servidores públicos que se dejaron corromper por el crimen organizado? ¿A quiénes se hicieron de la vista gorda cuando ocurrieron las peores masacres?

López Obrador puede poseer nobles sentimientos a favor de la indulgencia, pero no tiene derecho a imponer su ética personal sobre los familiares de las víctimas, aún menos si la lógica del perdón camina en contra de la Constitución.

ZOOM:

Si el principio general es que nadie debe estar por encima de la ley, tal cosa debe incluir a los funcionarios que cometieron delitos graves relacionados con la ola tremenda de violencia. El Presidente no tiene facultades para perdonarlos.
29 Noviembre 2018 03:02:00
‘¡Se las metimos doblada!’
“Sea como sea, se las metimos doblada, camarada”. Esta no es una frase del detective Héctor Belascoarán Shayne, sino del escritor que creó al personaje, Paco Ignacio Taibo II, futuro director del Fondo de Cultura Económica (FCE).

“Si algo conquistamos este primero de julio es el derecho de llamar a las cosas por su nombre: (a) los ladrones, ladrones, (a) los traidores, traidores, (a) los enmascarados, enmascarados y (a) los culeros, culeros”.

A decir verdad, confunde Taibo II el tono justiciero con el tono pendenciero, y también ser escritor libérrimo con ser funcionario del Estado mexicano.

Son estas frases las que enervan, no sólo a los ladrones, a los traidores, a los enmascarados o a los culeros, sino también a los pobres mortales sensibles ante la amenaza prepotente del camarada todo poderoso.

Entre algunos seguidores de Andrés Manuel López Obrador que han recibido la responsabilidad de gobernar hay ira y hay ánimo de venganza. No han tomado nota de que nuestro principal problema es la violencia y tampoco que la propuesta de su jefe es pacificar México.

Taibo II suele arremeter contra quienes no comparten su visión o su ideología: por ejemplo, el futuro jefe de la oficina presidencial, Alfonso Romo, guarda todavía el moretón de la vez que lo llamó derecha infiltrada –enmascarado– dentro de Morena.

Pero esta vez se pasó de la raya: recetar frases propias del más bajo lenguaje homófobo en un país donde los crímenes por homofobia son un asunto grave, merece reclamo y exhibición pública.

Una cosa es llamar a las cosas por su nombre y otra muy distinta es llamar desde el poder al menosprecio y anulación de los diferentes. Bien haría el futuro director del FCE en guardar su miembro dentro de la bragueta, mientras toma decisiones a nombre del Gobierno de la República.

Taibo II no es el único funcionario o representante morenista que está enrareciendo el paisaje. Justo cuando debería estar preparándose la fiesta del próximo 1 de diciembre –porque la inmensa mayoría votó para cambiar pacíficamente de régimen– la actitud reñidora tiene infectados a varios integrantes de la futura élite política.

Esta semana también destacan como ejemplo los diputados del Partido del Trabajo que, sin coordinarse con el próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, propusieron cambiar el régimen de pensiones, provocando en un solo día una caída arriba del 4% en la Bolsa Mexicana.

Lo mismo sucedió en el Senado cuando semanas atrás –también de manera insuficientemente analizada– Ricardo Monreal presentó una iniciativa para reducir de tajo las comisiones bancarias.

Son estos actos de impericia política, sembrados en un momento de intensa sensibilidad, los que están lastimando la transición, no tanto por la injusticia de las propuestas, sino por la improvisación arrogante con que pretenden implementarse.


En cualquier caso, los exabruptos en boca de político gobernante son un problema porque exacerban la desconfianza.

ZOOM: a partir del 1 de diciembre los integrantes del Gabinete, legal y ampliado, así como los representantes electos bajo las siglas de Morena, habrán de decidir si prefieren ganar en el terreno de la fatuidad o bien en el del respeto. Porque las cosas no se vienen nada fácil, a todos nos convendría que quisieran ser admirados por su prudencia y no por su incontinente lubricidad.
26 Noviembre 2018 04:00:00
Sin oposición no hay democracia
El régimen de la Revolución no fue democrático porque un solo partido se empeñó en hegemonizar (y demonizar) la disidencia. ¿Será que vayamos los mexicanos a cometer el mismo error dos veces?

En 1929 se fundó una colación muy amplia de fuerzas políticas que, bajo la forma de un partido, sirvió para concentrar poder excesivo en una sola persona: el presidente de la República.

El Partido Nacional Revolucionario (PNR) y sus reencarnaciones –el Partido Mexicano de la Revolución (PMR) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI)– fue poco tolerante con las voces de oposición que se manifestaron fuera de sus filas.

Por eso en México, a partir de los años ochenta del siglo pasado, la lucha a favor de la democracia se centró en abrir los cauces para la pluralidad partidaria.

Si hubiésemos contado antes con distintas vías para disputar y acceder al poder, la historia política del siglo 20 mexicano habría sido muy distinta: los excesos de corrupción habrían sido denunciados y combatidos a tiempo, los abusos violentos de la autoridad no habrían tenido el alcance que hoy conocemos, la irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas habría enfrentado contrapeso y, sobre todas las cosas, el México excluido habría hallado mecanismos para defenderse y trascender el yugo de la todo poderosa élite económica.

Hoy no es moral ni políticamente aceptable darle la espalda a este aprendizaje; por eso resulta tan inquietante que el próximo primero de diciembre la llamada Cuarta Transformación debute en un escenario vacío de oposiciones partidarias.

Ni el PRD, ni el PRI, ni el PAN, ni MC son capaces de hacer contrapeso a Morena porque cada una de estas fuerzas políticas cargan en su vientre con una potente bomba de tiempo que, antes de lo que sus dirigentes quisieran, estallará con estrépito.

El PRD, más que un partido es hoy un registro y si la pendiente no se hace menos escarpada, en los próximos comicios federales visitará la fosa común donde yacen otros muchos registros.

El PRI se volvió una casa demasiado pequeña para ofrecer techo a las ambiciones de sus muchos dirigentes. Hasta ahora ha sido posible administrar la debacle porque Enrique Peña Nieto no ha entregado aún la banda presidencial. Pero, después del sábado próximo, comenzará una disputa feroz por los fueros que proporciona ese otro registro. Tan grave se asoma esa pugna que no habrá energía para intentar la reencarnación tricolor.

Dentro del PAN las cosas no pintan mejor. Si bien es cierto que esta fuerza política llegó en segundo lugar durante la contienda pasada, también lo es que los desgarres y fracturas hirieron de muerte a la organización: este partido también se volvió esencialmente corrupto.

En cuanto a Movimiento Ciudadano, el dilema es uno: ¿se convertirá en la plataforma de un solo hombre (Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco) o será el punto de partida para una amplia oposición, respetada y respetable, dentro del nuevo régimen que está surgiendo? Si pasa lo primero, habrá poco que esperar de MC.

ZOOM

La democracia mexicana tiene tanta necesidad de contar con un gobierno democrático como con una oposición que también sea democrática. Si de los restos partidarios no emerge esa oposición, sólo quedará inventarla desde cero.
22 Noviembre 2018 04:00:00
Democracia en el SNTE: ¿ingenuidad?
El mensaje que hizo público ayer Elba Esther Gordillo Morales confirma la existencia de un pacto político entre el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y la líder magisterial.

Sin embargo, al mismo tiempo advierte que este pacto no incluye la reinstalación de Gordillo como presidenta vitalicia del sindicato de maestros, sino la disposición de ambas partes para que el SNTE experimente, por primera vez en su historia, procedimientos democráticos para la selección de sus dirigentes.

La profesora, y también vocera presidencial, expresó sin ambigüedad que los nuevos liderazgos en el gremio debían surgir “del voto libre, incluyente, secreto y universal de todos y cada uno de los trabajadores de la educación”.

También declaró que nadie debería quedar excluido del siguiente capítulo en la vida del SNTE, y que la fuerza en esa organización dependía de su pluralidad.

Ambos mensajes merecen ponderarse con la lupa en la mano: democracia sindical y pluralidad son dos virtudes que el SNTE ha manejado mal a lo largo de su existencia.

No debe haber ingenuidad a la hora de descifrar el mensaje. Este sindicato no ha sido nunca, en estricto sentido, un sindicato. Desde los años 40 del siglo pasado el SNTE fue creado como un brazo del Estado mexicano para controlar a la inmensa base de maestros que imparten clases en las escuelas públicas de la educación básica.

Antes de representar los intereses de sus agremiados, ha prevalecido el mandato de sometimiento y disciplina política. Por ello la pluralidad ha sido tan amplia como la subordinación sea respetada: si una corriente se opuso al designio del presidente en turno, gobierno y sindicato se encargaron siempre de aplastarla.

Fue el caso de Otón Salazar en los años 50, lo mismo que sucedió con Carlos Jonguitud en los 90 o con Elba Esther Gordillo en 2013.

La tentación ahora es grande para repetir la misma receta. Dado que Juan Díaz de la Torre no es el hombre de moda dentro de la Cuarta Transformación, lo obvio es esperar a que este liderazgo sea también defenestrado por el Gobierno que está a punto de tomar posesión.

Pero Elba Esther Gordillo ayer propuso, muy probablemente a nombre del futuro presidente, recorrer un camino distinto: sustituir el liderazgo actual de Juan Díaz –a quien acusó de haber traicionado los intereses magisteriales– no con una nueva imposición, sino con un mecanismo de representación legítima derivado de las urnas.

Si tal cosa fuera sincera, la iniciativa transformaría para siempre la relación entre el Estado mexicano y el magisterio.

Es decir, que a partir de este ejercicio democrático el Gobierno en turno habría de renunciar a la manipulación política y electorera de los maestros y, en revancha, los docentes tendrían, para representarles, auténticos líderes surgidos por la voluntad de sus bases.

Esto significaría también que, a diferencia de otras épocas, la pluralidad no tendría por qué limitarse a partir de criterios relativos a la lealtad. Las expresiones progobierno y también las antigobierno, las facciones regionales, los partidarios ideológicos, las manifestaciones generacionales, los intereses específicos y una miríada amplia de elementos deberían poder contar con un asiento en los órganos de dirigencia, tanto local como nacional, del sindicato.

Suena demasiado bueno para ser cierto y sin embargo, este es el escenario que podría convenir mejor a todas las partes: si Elba Esther y los suyos quieren regresar por sus fueros, si Juan Díaz y sus seguidores no quieren perder su respectivo pedazo de pastel, si la Coordinadora en Oaxaca, Michoacán o Chiapas quiere influir en la política sindical, si los liderazgos seccionales buscan sobrevivir, si las fuerzas magisteriales de oposición quieren jugar, es la democracia sindical en el SNTE la única ruta posible de convivencia.

Zoom

La democracia sindical sería una experiencia ajena para el SNTE, que jamás ha sido un verdadero sindicato. Si se rompe la política de sometimiento a los docentes, la educación en México podría ver realmente un futuro mejor.

19 Noviembre 2018 04:00:00
AMLO ganará más de lo que se dice
La brecha entre el sueldo percibido por el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, y sus colaboradores más cercanos se mantendrá grande porque el primero contará con apoyos que el resto de los funcionarios federales, incluyendo a los secretarios de Estado, no tienen.

La nueva ley federal de remuneraciones de los servidores públicos dice que ningún funcionario deberá percibir un salario superior a lo establecido para el Presidente de la República.

Tal remuneración será de 108 mil pesos mensuales, es decir un 40% abajo del sueldo otorgado al presidente saliente, Enrique Peña Nieto, quien cobrará este mes sus últimos cheques por un monto de 250 mil pesos.

Sufrirá también una reducción importante el ingreso de los secretarios de Estado, que en promedio rondaba los 140 mil pesos por mes: según ha trascendido la disminución será de un 23%. En total son más de 35 mil funcionarios los que verán angostado su ingreso.

Sin embargo, hay una diferencia importante entre las prestaciones del Presidente y las que tendrá el resto de los integrantes del gabinete.

Según el artículo cuarto de la ley referida, no se consideran parte de la remuneración los apoyos y gastos relativos al desarrollo del trabajo, así como los recursos públicos invertidos en actividades oficiales.

Esto quiere decir que no son considerados como parte del ingreso presidencial, por ejemplo, el lugar donde se alojará el próximo mandatario, ni la ropa, ni el pago de luz, gas, agua o predial, tampoco los vehículos en los que se transportará el presidente y su familia, ni los alimentos, ni el sueldo del personal que atenderá la residencia oficial.

Estas prestaciones, que hasta ahora han sido consideradas esenciales para el desarrollo de las actividades de los presidentes mexicanos, no son otorgadas al resto de los funcionarios del gobierno.

No existe director general, subsecretario o secretario que cuente con una casa cuya renta se cubra con recursos de los contribuyentes. Tampoco el erario paga a estos funcionarios gastos relacionados con su vestimenta de trabajo, con la luz o con los alimentos que cotidianamente consumen sus familiares.

La principal diferencia entre Andrés Manuel López Obrador y el resto de su gabinete radica en que el próximo presidente podrá ahorrar prácticamente íntegro su salario, mientras que sus secretarios y demás colaboradores habrán de vivir con el ingreso asignado.

Es normal que el jefe del Ejecutivo gane más que el resto, y sin embargo hay una asimetría evidente que la nueva ley de percepciones no reconoció: no es lo mismo ganar 108 mil pesos mensuales y guardarlos intocados en el banco, que cubrir –con ese mismo ingreso– alojamiento, vestido, comida y sustento, para sí y su familia.

Se cometió una injusticia en la nueva iniciativa de ley relativa a las percepciones de los funcionarios federales. Si bien es correcta la idea de que nadie deba ganar más que el presidente –y también lo es que el salario del jefe del Estado mexicano debe responder a los principios de la justa medianía republicana– el parámetro del sueldo máximo para el resto de los funcionarios debería tasarse a partir del ingreso real del presidente, en el cual se incluyen una serie de apoyos extraordinarios relativos al desarrollo de sus funciones.

Probablemente si se suman las prestaciones que López Obrador tendrá por los conceptos arriba citados, su ingreso real rondaría entre los 150 y los 180 mil pesos, cifras distantes de las que se han publicitado.

ZOOM

Ante los excesos previos de la función pública resulta saludable que la nueva ley de percepciones ajuste a la baja los salarios. Sin embargo, al hacerlo no deberían cometerse injusticias contra el resto de la administración pública. El sueldo real de AMLO será mayor del que se ha anunciado y es con respecto a ese ingreso que debería fijarse el tope de los salarios en el Gobierno federal.


15 Noviembre 2018 04:00:00
Calderón y Peña: ¿socios de ‘El Chapo’?
Antes que narcotraficante, Joaquín “El Chapo” Guzmán es un formidable maestro de la propaganda. Por eso ocupa un lugar tan destacado en el almanaque de la historia criminal, porque posee un instinto hollywoodense para crecer su personaje en proporciones que ya son míticas.

El hombre de la doble fuga, el protagonista de la serie latinoamericana de Netflix con mayor audiencia, el narco entrevistado por Sean Penn, el amante viejo de la joven señora Coronel, el amigo de Kate del Castillo, el más poderoso, el más sanguinario, el más generoso, el que solía estar en todas partes, el enemigo peligrosísimo.

Fiel a sí mismo y a su talento para producir una fuerte impresión entre sus espectadores, Guzmán Loera volvió escandalosa la primera jornada del largo juicio que acaba de comenzar en Nueva York.

De tal dimensión fueron los fuegos de artificio que el juez decidió regañar al abogado defensor por su demagogia y la falta de pruebas que sustentaran sus dichos.

Bastó con que el defensor Jeffrey Lichtman señalara como beneficiarios del cártel de Sinaloa a dos presidentes mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, para que el ambiente se volviera explosivo.

El juez Brian Cogan reconvino al abogado recordándole que está prohibido mentir en su tribunal. Es decir que esas graves afirmaciones sólo serían toleradas en caso de que hubiera evidencia contundente para respaldarlas.

Si “El Chapo” Guzmán cuenta con pruebas incontrovertibles sobre tan tremendo acto de corrupción, el juez debería permitir que se presenten y desahoguen; en sentido inverso, si todo son habladurías y marrullería, los nombres de Peña y Calderón sólo habrían servido para ampliar la atención sobre este juicio.

Por lo pronto “El Chapo” y sus abogados inocularon la mente del jurado, y también los oídos de la opinión pública, con el argumento de que este mítico criminal no es, en realidad, la cabeza de su organización, sino el engranaje medio de una maquinaria mucho más grande, que le trasciende y supera.

Con este mismo propósito el abogado Lichtman señaló a Ismael “El Mayo” Zambada, y su familia, como los verdaderos gerentes de la empresa criminal.

Desde el punto de vista jurídico, fue genial haber comenzado el proceso penal con este discurso: “El Chapo” está acusado de ser el principal responsable de ingresar a Estados Unidos toda la cocaína, mariguana y heroína que el cártel de Sinaloa ha traficado durante los últimos 20 años.

Se le responsabiliza personalmente de haber introducido 155 mil kilogramos de cocaína (138 millones de rayas de polvo).

Ahora bien, si “El Chapo” no fue la cabeza de la empresa, sino sólo un tornillo de la maquinaria, la acusación principal en su contra podría caerse y por tanto la condena sería muy distinta a la demandada por el fiscal.

La narrativa, según Lichtman, es como sigue: el narcotráfico en México tiene fuero otorgado desde la Presidencia de México y por tanto es injusto otorgarle tanta importancia y culpa a un peón menor de la partida.

Para echar a andar esta fábula jurídica, y también mediática, es que el martes fueron mencionados Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en el parlamento del abogado defensor.

Fue un acto de propaganda típico de ese prestidigitador que siempre ha sido “El Chapo” Guzmán.

ZOOM: ‘Ora que, para que el río suene es que algo de agua debe llevar: ¿qué evidencia en manos de Guzmán Loera será mostrada en este juicio? ¿A qué políticos encumbrados terminará embarrando? La pirotecnia apenas comienza, así que mejor será preparase para los próximos sobresaltos.
08 Noviembre 2018 04:00:00
El juicio histórico
Un desfile espectacular de autos, patrullas y ambulancias recorre el puente de East River cada vez que Joaquín “El Chapo” Guzmán viaja de Brooklyn a Manhattan para visitar el tribunal donde será juzgado.

Está a punto de comenzar uno de los procesos penales más costosos en la historia de Estados Unidos. Se habla de un presupuesto millonario.

La demanda en contra de este narcotraficante contiene más de 300 mil páginas. La Fiscalía de Nueva York presentará como elementos de prueba alrededor de 117 mil grabaciones y llamará a declarar a varios cientos de testigos, en su mayoría protegidos.

No hay otro narcotraficante que haya enfrentado un proceso así de monumental. Joaquín Guzmán está acusado de ser el líder de la organización criminal más grande del orbe, dedicada al narcotráfico.

Se le señala como responsable de haber introducido ilegalmente a Estados Unidos unos 155 mil kilogramos de cocaína, así como varios miles de toneladas de mariguana y heroína, todo por un valor aproximado de 14 mil millones de dólares.

La fiscalía de Nueva York intenta también vincularlo, de manera directa, con 33 homicidios.

Frente a estas acusaciones “El Chapo” Guzmán se declaró inocente y su abogado reclama que el asunto se haya convertido en un show.

Cuatro meses, por lo menos, tomará este proceso que no tiene que ver con un sólo individuo, ya que en su desarrollo se exhibirán claves desconocidas de la historia criminal de México.

“El Chapo” Guzmán fue actor estelar de la guerra por las drogas que comenzó en nuestro país, en 2001, a partir de su fuga del penal de Puente Grande: una guerra que ha provocado más de 200 mil asesinatos y aproximadamente 60 mil desapariciones.

Durante las audiencias y los interrogatorios, durante el desahogo de pruebas y las deliberaciones vamos a enterarnos de información sorprendente.

Ya antes los juicios contra otros narcotraficantes mexicanos, celebrados en tribunales estadunidenses, han sido la mejor fuente para comprender el fenómeno criminal que sucede en nuestro país.

Los procesos, por ejemplo, contra los hermanos Treviño (José, Omar y Miguel) arrojaron el material más puro para analizar la violencia de los Zetas, lo mismo que los juicios, en Texas, relacionados con Osiel Cárdenas Guillén o con las masacres de Piedras Negras y Monclova.

Fue ahí donde nos enteramos del nombre de los gobernadores mexicanos comprados por ese grupo criminal, también sobre las campañas electorales financiadas con el dinero del narco o sobre las corporaciones del Estado que se dejaron corromper.

Siendo Joaquín Guzmán Loera el narcotraficante más notorio de su época, es obvio suponer que la cloaca volverá a desbordarse y, en esta ocasión, su lodo alcanzará a quienes antes se creyeron
intocables.

Habrá que estar atentos a los interrogatorios cuando el fiscal pregunte, por ejemplo: ¿qué autoridades ayudaron al “Chapo” a escapar de Puente Grande, en 2001, o de Almoloya, en 2015? ¿Cómo fue que su hijo, Iván Archivaldo Guzmán, fue liberado por un juez en 2008? ¿Por qué los adversarios del “Chapo” dijeron que este narcotraficante tuvo protección del Gobierno federal? ¿Cómo hizo el cártel de Sinaloa, durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, para penetrar los órganos del Estado responsables de perseguirlo? ¿Es cierto, como en su día acusó Arturo Beltrán Leyva, que “El Chapo” entregó al Ejército a su hermano Alfredo, alias “El Mochomo”?

¿Por qué si el vocero de Calderón declaró en 2011 que dos de cada tres muertos eran atribuibles al cártel de Sinaloa, su gobierno prefirió perseguir a los adversarios del “Chapo”?

¿Quiénes fueron los mandos militares, los policías, los agentes de la DEA o los jueces mexicanos que dieron fuero, durante más de una década, al criminal más buscado?

ZOOM: juicios como el del “Chapo”, en NY, son históricos porque se somete a escrutinio, no sólo a una persona sino a toda una época y sus protagonistas.
29 Octubre 2018 04:00:00
El pueblo sí se equivoca
Los seres humanos nos equivocamos cuando estamos solos y también cuando andamos en manada: es ingenuo suponer que el pueblo no comete errores porque el pueblo es la sumatoria de personas falibles.

Por las malas razones, ayer Brasil ofreció un argumento contundente a este respecto: a través del voto el pueblo brasileño entregó la Presidencia a un hombre que hará sufrir a muchos seres humanos en su país: Jair Bolsonaro.

Este capitán en retiro, diputado desde 1991 por el Partido Social Liberal y un hombre religioso que lee de manera sesgada los evangelios, ha usado a la discriminación como bandera principal para hacer política.

Sin recato suele discriminar por motivos ideológicos, de género y raza. Predica también a favor de la mano dura, la tortura y el desprecio a los derechos humanos.

Ya con el triunfo en el bolsillo volvió a señalar a sus adversarios ideológicos como responsables de la crisis brasileña: “no podemos seguir coqueteando con el socialismo, con el comunismo, con el populismo o el extremismo de
izquierda”.

Muy a la moda con sus tiempos, Bolsonaro confunde adversarios con enemigos ideológicos. No importa que 44% de sus compatriotas haya votado por Fernando Haddad, del Partido del Trabajo; en vez de reconciliar con quienes sostienen una ideología distinta a la suya, optó de nuevo por demonizarlos a partir de sus ideas.

Durante la reciente campaña en Brasil revivió aquel ataque misógino lanzado por Bolsonaro a su colega congresista, María do Rosario, cuando dijo que ella no merecía ser violada ya que era demasiado fea.

El candidato triunfador de la ultraderecha no se disculpó por este antiguo desplante; tuvo por tanto en contra a las organizaciones feministas, a las que también desprecia con acritud, como al resto de las organizaciones no gubernamentales.

Con respecto a los derechos de las personas homosexuales, Bolsonaro declaró alguna vez que no sería capaz de querer a su hijo si naciera “así”. Declaró que preferiría que “muriera en un accidente”.

En 1999 el futuro presidente de Brasil expresó estar a favor de la tortura, antes también dijo que votaría por el regreso del régimen dictatorial que gobernó su país entre 1960 y 1985.

Entre las propuestas más polémicas de este político se encuentra el abandono de Brasil de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Mercosur, también del Acuerdo de París para reducir las emisiones que están produciendo el cambio climático. Promete, por otra parte, eliminar la educación sexual en las escuelas, así como movilizar a los militares y las fuerzas policiales en una guerra contra la delincuencia.

El reciente triunfo de Jair Bolsonaro recuerda que la democracia no solo es el Gobierno de las mayorías, sino también un régimen que protege los derechos de las minorías y todas las personas que lo integran.

La democracia moderna tiene que ver, tanto con la voluntad popular como con los pesos y contrapesos para que esa voluntad no aplaste a los más vulnerables por razones ideológicas, de género, de orientación sexual, de clase, de origen étnico o racial, entre otras.

La democracia es el Gobierno de las mayorías y las minorías o no es democracia. Para eso están los derechos humanos, las libertades y las garantías de la Constitución, para que los poderosos –por más apoyo popular que les respalde– no puedan aplastar a sus gobernados, ni a las leyes y las instituciones que los protegen.

ZOOM:

Bolsonaro es el más reciente de los populistas de derecha que ha triunfado en las urnas, pero cabe temer que no sea el último.

El pueblo cansado de la corrupción, la inseguridad y la precariedad económica está en su derecho a equivocarse, siempre y cuando las instituciones que otorgan certidumbre al ejercicio de los derechos y las libertades no terminen, por ese error, en el cubo de la basura.
25 Octubre 2018 04:00:00
¿Pastel de chocolate o flan de vainilla?
No es como si me consultaran sobre qué postre prefiero: para esa decisión estoy más que preparado. Debo confesar, en cambio, la inseguridad que me provoca opinar sobre la ubicación del aeropuerto más importante del país y, de paso, sobre la cancelación de un proyecto que lleva más del 30% de avance.

En principio me gusta la idea de la consulta para temas relevantes, pero debo precisar que valoro las consultas informadas sobre las desinformadas y temo que el ejercicio que da inicio hoy, a propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es del segundo tipo.

Cuando me ruboriza opinar sobre cuestiones que no sé, mejor recurro a los expertos. No es mala práctica para una democracia reconocer la voz de quienes han dedicado tiempo y energía para investigar un tema que requiere cierto nivel de especialidad. Si un mal aqueja al corazón es prudente acudir al Instituto Nacional de Cardiología que con un chamán del mercado de Sonora.

Fiel a esta práctica, he confeccionado una lista de fuentes serias en el debate público, cuya opinión me sirve para formar la mía, al respecto de la disyuntiva entre los aeropuertos de Texcoco y Santa Lucía. También, de acuerdo con la moda de mi tiempo, he puesto estrellas a la calidad de la voz consultada, en función de su experiencia concreta, la antigüedad en el sector y los intereses económicos o políticos que podrían nublar su juicio.

Según mis notas, se han manifestado a favor de la opción Santa Lucía la empresa Navblue, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el Grupo Riobóo y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. En favor de continuar con la opción Texcoco están el Colegio de Pilotos Aviadores de México, el Colegio de Controladores de Tráfico Aéreo, el Colegio de Ingenieros Mexicanos de Aeronáutica, la Cámara Nacional de Autotransportes, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, el Centro para el Desarrollo de Sistemas Avanzados para la Aviación de la Corporación Mitre, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la organización A4A y el Presidente en funciones, Enrique Peña Nieto.

Más allá de la asimetría notoria en el número de apoyos que despierta la alternativa, vale la pena realizar valoraciones cualitativas. A 24 horas de que comenzara la consulta, la empresa Navblue hizo público un reporte donde precisa que son compatibles la operación del actual aeropuerto de la CDMX con la navegación de Santa Lucía; en concreto, confirma la factibilidad de maniobras aéreas simultáneas. Advierte Navblue, sin embargo, que no pudo evaluar otros elementos clave de Santa Lucía, como la conectividad, infraestructura a desarrollar o sistemas de control de tráfico aéreo; es decir, su análisis es incompleto.

Por otro lado, debe saberse que Navblue es una compañía fundada hace sólo dos años, la cual no se especializa en la construcción de aeropuertos, sino en el desarrollo de tecnología para mejorar el uso de combustible de los aviones.

Contrasta OACI, organismo creado por la ONU hace 74 años para estudiar y solucionar problemas de aviación civil. El estudio que esta instancia entregó al Gobierno en 2013 dice que, sin haber hecho un estudio riguroso sobre Santa Lucía, en principio ve ambas opciones como positivas, aunque tiende a favorecer Texcoco porque sería más eficiente la compatibilidad de trayectorias para el despegue y el aterrizaje de las naves.

El Grupo Riobóo tiene una larga experiencia en la supervisión y construcción de obra civil, pero no consta en su expediente laboral nada relacionado con la proyección o edificación de aeropuertos. Con respecto al presidente López Obrador –igual que ocurre con el presidente Peña Nieto (y conmigo mismo)–, su conocimiento de la aeronáutica se define en la experiencia limitada del pasajero. En cambio, merecen suficiente respeto para opinar sobre este tema los colegios de pilotos, controladores, e ingenieros aeronáuticos. También son atendibles las valoraciones de la Cámara del Autotransporte, pero en particular de la corporación Mitre, porque a diferencia de Navblue, se trata de un organismo sin fines de lucro y es una autoridad reconocida mundialmente por su solvencia técnica en la construcción de aeropuertos.

Igual vale la pena escuchar a la organización A4A porque, a pesar de que tienen intereses económicos, entre sus integrantes están las principales líneas estadunidenses que dan servicio en México, como por ejemplo American Airlines o United.
22 Octubre 2018 04:00:00
El éxodo de la raza
El viernes 12 de octubre se dieron cita alrededor de 500 mujeres y hombres en la terminal metropolitana de transporte de la población hondureña San Pedro Sula. No todas esas personas compartían los mismos motivos para emprender el éxodo, pero la mayoría huyó de la violencia y también de la pobreza.

Los más jóvenes aseguran que, de quedarse en Honduras, tendrían dos opciones: matar o ser asesinados. El sábado 13 partió la caravana y, durante las siguientes horas, el río humano sumó a casi dos mil personas. La mayoría viajó únicamente con lo puesto y sobresalieron muchos niños menores de 7 años. Hacia la mañana del lunes 15 de octubre la muchedumbre cruzó la frontera con Guatemala. El presidente Jimmy Morales declaró entonces que su gobierno no obstruiría el camino para los hondureños. Propuso como único requisito que los migrantes se registrasen en una lista única.

La marcha fue tan impresionante que pronto despertó el ánimo entre la población guatemalteca: durante la jornada del martes 16 se sumaron al tropel 2 mil seres humanos más. El miércoles 17, el presidente Jimmy Morales denunció la amenaza del secretario estadunidense, Mike Pompeo, en el sentido de que su gobierno sufriría sanciones si no impedía el avance masivo de los migrantes.

Ese mismo día, Pompeo instruyó al canciller mexicano, Luis Videgaray, en público y en privado: explícitamente le ordenó detener la caravana centroamericana antes de que esta llegase a la frontera con los Estados Unidos. Seis días y 640 kilómetros después de haber dejado San Pedro Sula, los primeros caminantes subieron al puente Rodolfo Robles, que cruza el río Suchiate: frontera natural entre México y Guatemala. Para ese momento el movimiento masivo sumaba alrededor de 5 mil individuos.

Justo a la mitad del puente, 400 efectivos de la Policía Federal mexicana repelieron, con gases lacrimógenos, a los recién llegados. Los líderes de la marcha aseguran que entre las víctimas hubo mujeres y niños.

Horas más tarde el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ofreció un mensaje donde dijo que “toda persona que desee ingresar a territorio nacional podrá hacerlo siempre y cuando cuente con documentos de viaje y una visa concedida” por su gobierno.

La noche del sábado fue fría y también fue ingenua: las y los integrantes de la caravana creyeron que iban a ser recibidos por México, sin mayor contratiempo, tal como ha sucedido durante muchos años. Hacia el mediodía del sábado 20, el puente Robles era un horno húmedo de 32 grados centígrados, donde habían acampado centenas de seres humanos. La puerta de metal, a mitad del puente, seguía sin abrirse para la mayoría: sólo unos 400 niños y mujeres fueron admitidos para entrar a territorio mexicano con el objeto de que solicitaran su visa. Entre los migrantes comenzó entonces a correr el rumor de que el ingreso definitivo sería negado y esas personas terminarían deportadas.

Hacia las dos de la tarde un hombre saltó 9 metros para sumergirse en las aguas del río. Le siguieron decenas que prefirieron explorar esta otra opción de ingreso a México. Cada vez que alcanzaron la orilla gritaban: “aquí, allá, la raza vencerá,” para animar a sus compañeros y convocar a que los siguieran.

No todos eligieron esta escapada; otros prefirieron regresar a la orilla guatemalteca para, desde ahí, abordar balsas fabricadas con neumáticos que les cruzarían hasta ciudad Hidalgo, Chiapas. Hacia el mediodía de ayer domingo más del 70% de la caravana se encontraba ya del lado mexicano y el puente Robles se hallaba vacío. La frontera líquida del Suchiate hizo que la Policía Federal mexicana hiciera el ridículo, mientras mantenía cerrada una puerta enrejada. Hay grupos de migrantes que desde ayer se dispusieron para continuar la ruta: aún les faltan, a pie, mil 400 kilómetros para llegar a los Estados Unidos.

ZOOM:

¿Qué va a hacer el presidente Enrique Peña Nieto? ¿Utilizar la fuerza pública para retener en territorio mexicano a 5 mil migrantes hondureños y guatemaltecos, o pagar las consecuencias de la ira de Donald Trump? Nadie querría estar en sus zapatos.
18 Octubre 2018 04:00:00
Consulta incierta y parcial
No tengo confianza en la consulta convocada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre el futuro Aeropuerto Internacional de la CDMX. Quizá la tendría si estuviera a favor de la opción de Santa Lucía, pero no es mi caso.

Defiendo sin adjetivos los ejercicios de democracia directa, siempre y cuando respeten los principios de certeza e imparcialidad. Mis dudas nacen justo porque esta consulta adolece de ambas virtudes: es incierta y es parcial.

Son problemas para la certeza de este ejercicio que, a ocho días de la fecha límite, se desconozca la ubicación de las mesas de consulta, así como los nombres de las personas que integrarán los comités ciudadano y técnico, y también que la instancia anunciada como responsable de contar los votos no posea experiencia previa en eventos similares.

Con respecto al tema de la imparcialidad resulta oneroso para la consulta que quienes la organizan estén sincera y enfáticamente a favor de una de las opciones, también que los argumentos presentados padezcan graves sesgos contrarios a la objetividad.

Si se acude a la página México Decide, que es donde se puede localizar la información oficial sobre la consulta, es posible encontrar los 538 municipios donde se instalarán las mesas, a partir del próximo 25 de octubre; sin embargo, a una semana de que ocurra el evento, esa página todavía no tiene habilitadas las direcciones precisas donde los consultados podríamos acudir.

No es posible saber si la selección de las ubicaciones se hizo con criterios técnicos basados en la demografía y la estadística o podrían colarse otras variables de orden político e incluso clientelar.

El mismo sitio anuncia que en la organización de la consulta participarán personas adscritas a dos comités: uno técnico y otro ciudadano. No se especifica; sin embargo, cuáles son los mandatos o tareas de estos órganos, tampoco se dan a conocer los nombres de las personas que les integran, ni el número, ni los perfiles, ni el método de selección.

La misma página hace referencia a la fundación Arturo Rosenbluth como encargada de contar los votos, pero la información disponible sobre esa organización no permite admitir que posea experiencia previa en la celebración de ejercicios de democracia directa similares a esta consulta.

El objeto social de tal fundación dice que desarrolla tecnologías para la solución de problemas sociales. Con tal propósito ofrece becas, organiza cursos, maestrías y diplomados, pero no consultas ciudadanas donde podrían llegar a participar más de un millón de personas.

¿Es la fundación Arturo Rosenbluth quien va a contratar a los 2 mil funcionarios necesarios para instalar las mesas de consulta? ¿Cuál será el perfil de esas personas? ¿Harán el trabajo de manera gratuita? ¿Contarán con algún apoyo para alimentos o transporte? ¿Habrá vigilantes de su desempeño? ¿Alcanzarán 350 pesos diarios por mesa para que funcionen bien las cosas?

Tengo para mí, por otra parte, que el sitio de la consulta –México Decide– es parcial. Los argumentos a favor y en contra de cada opción aparecen ahí desequilibrados y son insuficientes. Destaca el video de 17 minutos donde el promotor principal de la consulta es a la vez el promotor principal de la opción Santa Lucía: Andrés Manuel López Obrador.

No quiero imaginar lo que ocurriría si en la página oficial del Instituto Nacional Electoral (INE) apareciera su presidente, Lorenzo Córdova, haciendo una disquisición sobre las virtudes o los defectos de un partido o de un candidato.

Ese sitio no pasa ninguna prueba de imparcialidad porque está atravesado por la propaganda.

ZOOM: Porque no hay garantías de certeza e imparcialidad, acudir a la consulta sobre el futuro aeropuerto de la CDMX parece una trampa, sobre todo para quienes pensamos que la opción de continuar con la construcción de Texcoco es mejor que la alternativa de Santa Lucía.
11 Octubre 2018 04:00:00
M68: archivo sin reservas
Antes de que se vaya el Estado Mayor Presidencial, que haga públicos sus archivos, lo mismo que el Cisen. También debería abrirse el Ejército, respecto a los expedientes en su poder relacionados con violaciones a los derechos humanos.

Esta fue la propuesta que el día de ayer hizo Alejandro Encinas, futuro subsecretario de Derechos Humanos, durante el evento M68: archivos sin reserva, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Archivo General de la Nación (AGN).

Cayó bien el mensaje porque en los últimos 20 años, el Gobierno mexicano ha sido incongruente –por decir lo menos– a propósito de la apertura de los archivos públicos.

Con la llegada de Vicente Fox a la Presidencia se abrieron las cajas donde estaban guardados algunos de los secretos principales del régimen priista. Por ejemplo, el archivo de la antigua Dirección Federal de Seguridad (DFS) fue trasladado al AGN para que pudiera consultarse de manera libre.

También la Secretaría de la Defensa (Sedena) hizo lo propio con algunos de sus expedientes, entre ellos lo relacionado con su participación durante el movimiento del 68.

Sin embargo, en ambos casos hubo restricciones importantes. Los investigadores que recibieron esta documentación aseguran que el Ejército rasuró sus archivos y que prácticamente no hizo público nada que tuviera que ver con su participación frente a las guerrillas de los años 70.

En lo que toca al archivo de la DFS, el ánimo aperturista igual duró poco: funcionarios del Cisen fueron enviados al Archivo General para que censuraran los documentos de la DFS.

Desde entonces la Secretaría de Gobernación –patrón a la vez del Cisen y del AGN– instruyó para que toda la documentación relativa al desempeño de las Fuerzas Armadas, la PGR o la Policía Federal fuera tasajeada.

Esta actitud oscurantista podría cambiar con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una vez que el Cisen se divorcie de la Secretaría de Gobernación. No habría ya motivo para que esos censores continúen invadiendo territorio del AGN.

A este argumento se suma un precedente fundamental: la declaratoria sobre la liberación de los archivos relacionados con el movimiento del 68, que recién fue votada por el pleno del INAI. Gracias a esta resolución el M68: ciudadanías en movimiento, será un archivo protegido frente a las reservas injustas o arbitrarias.

Este precedente deberá servir como criterio futuro y principal para las autoridades que custodian los archivos públicos, y para aquellas que garantizan el acceso a la información.

Así como se abrieron los archivos del 68 igual tendrían que salir de su cautiverio, (utilizo aquí una expresión de Alejandro Encinas), otros expedientes tales como los relativos a la guerra sucia, o más recientemente, los documentos que registran las violaciones graves a derechos humanos relacionadas con la cruenta guerra por las drogas.

Es momento para que todos los archivos que son de interés público se publiciten, sin cortapisas ni restricciones. Muy en concreto aquellos relacionados con los abusos de autoridad, la corrupción, el terrorismo de Estado y la violación de derechos humanos.

ZOOM: Ayer el rector de la UNAM, Enrique Graue, recordó que “es a través de la historia documental que la verdad puede surgir sin dobleces” o, dicho en los términos de Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, sólo “los archivos sin reservas pueden producir una memoria sin reservas”.
08 Octubre 2018 04:00:00
Sillazo y fin de la reforma educativa
Como la humedad que avisa antes de que vaya a caer la tromba, igual se perciben signos de revuelta en el ambiente magisterial.

Ayer volaron sillas, platos y cristal en Acapulco, porque los maestros que pertenecen a la organización sindical más grande de Guerrero –la CETEG– rechazaron el destacado papel que están teniendo los líderes próximos a Elba Esther Gordillo, en los foros dedicados a cancelar la reforma educativa.

Los docentes de Chiapas y Oaxaca, que militan en la Coordinadora, tampoco están contentos con lo que ven. Acusan un pacto supuesto entre el futuro gobierno y su archienemiga.

El resumen es de Wilbert Santiago, dirigente de la Sección 22: “Si ella regresa al poder va a existir un control político… sería entregar el sindicato… para que todo camine en una negociación que sólo servirá para la cúpula”.

A diferencia de otros tiempos no hay sólo dos frentes en disputa por el magisterio, sino tres. Por un lado, la disidencia, por el otro el elbismo y se suma la corriente encabezada por Juan Díaz, el actual secretario general del SNTE.

No es posible profetizar el final de la trifulca entre estos tres fragmentos del magisterio: Elba Esther, inspirada en el Conde de Montecristo; Juan Díaz, quien no soltará el poder sin dar la batalla, y los líderes de la disidencia democrática que vieron, acaso con candidez, una oportunidad para su causa en el triunfo de Andrés Manuel López Obrador.

Si a este caldo explosivo le faltaba un condimento, la disputa alrededor de la reforma educativa se encargará de poner las cosas peor. El futuro Gobierno decretó que será arrasada, pero cierto es que no tiene todavía nada con qué llenar el vacío, una vez que ese matorral, recién sembrado, haya sido extraído de la tierra.

Los foros tan promovidos por el futuro secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, no han sido distintos a los que se han organizado tantas otras veces en nuestro país.

Carlos Salinas de Gortari orquestó foros similares y también Fox y luego Peña Nieto: cada vez asisten miles de interesados, cada vez se entregan tres minutos para decir cualquier cosa y cada vez hay un grupo de relatores que, sin atender demasiado lo dicho en esas reuniones interminables, proponen lo que se les da la gana.

Porque a la burra la hicieron arisca es que ayer los maestros de Guerrero se les ocurrió la insolencia y el desmán, como método imprudente pero notorio de su desacuerdo con la negociación entre la antigua líder del magisterio, Elba Esther Gordillo, y el gobierno por venir.

Se equivoca quien crea que se trata de un hecho aislado. Ayer fue la CETEG, pero antes la CNTE ya se había manifestado en la misma dirección; y poco falta para que también Juan Díaz aproveche la molestia entre sus bases por el regreso de la maestra y se sume con su propia movilización para rechazar un acuerdo donde él y los suyos serían los verdaderos derrotados.

Es en este contexto que debería leerse la declaración realizada por Andrés Manuel López Obrador, a finales de la semana pasada: “Ya los sindicatos no deben estar apoyados por el gobierno, los líderes sindicales no deben representar al gobierno, deben representar a los trabajadores… no debe haber imposición ni cacicazgos, porque en México terminó esa etapa”.

Si el presidente electo es sincero, los actores están libres para pelear por el liderazgo del sindicato. Contra lo que todo mundo supone, incluida Elba Esther Gordillo, sería la democracia y no el dedazo autoritario quien resuelva la representación de los docentes.

López Obrador habría decretado campo libre para luchar por la titularidad del contrato que rige la relación entre el Gobierno y los maestros.

En cualquier caso, la tormenta por venir no será breve porque se trata de la agrupación gremial más grande de América Latina, tampoco será pacífica porque hay demasiados intereses invertidos, y no será educativa porque cuando la disputa es por el liderazgo magisterial, el tema principal queda sepultado.

ZOOM: Es cierto que la reforma educativa será enterrada, no porque vaya a cancelarse sino porque otras cuestiones relacionadas con la política sindical ocuparán la escena. Y mientras tanto, los estudiantes, como de costumbre, padecerán la grilla de sus maestros, el ausentismo y la irrelevancia de sus derechos.
04 Octubre 2018 04:00:00
El general que no hizo nada
La Secretaría de la Defensa se opone a crear una comisión responsable de la investigación sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos desde finales de septiembre de 2014.

El abogado de la Sedena, general Alejandro Ramos Flores, teme que los militares afectados por la tarea de esta comisión vean lesionados sus derechos. Le parece “sospechoso que toda la carga de la ira… que la principal preocupación del caso sea que se busque responsabilidad del Ejército por una supuesta omisión”. (El Universal 01/10/18).

Se equivoca la Sedena al suponer que la comisión para la justicia y la verdad propuesta por el Poder Judicial y respaldada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, busque responsabilizar al Ejército.

En todo caso, quien debe ser investigado es un sujeto puntual: el general Alejandro Saavedra Hernández, porque era el jefe de la zona militar número 35 cuando ocurrieron los funestos hechos, y por tanto quien tenía mando sobre el 27 Batallón de Infantería que, en efecto, habría actuado de manera omisa aquella noche.

No es posible todavía explicar por qué la Secretaría ha cerrado filas con el general Saavedra, pero es evidente que al hacerlo asignó al Ejército –como institución– una responsabilidad que le rebasa.

Desde el principio la Sedena se ha negado a cualquier forma de escrutinio con respecto a la actuación de Saavedra y sus subordinados, a pesar de que tuvieron un papel inocultable en los hechos.

Las pruebas abundan: en el centro de control, comando, comunicación y cómputo, conocido como el C4 –instancia dedicada a la seguridad en Iguala– hubo todo el tiempo dos elementos de inteligencia militar que reportaron los hechos a sus superiores, desde el momento en que comenzaron a ocurrir.

Los reportes emitidos fueron enviados al coronel José Rodríguez Pérez quien, a su vez, mantuvo informado al general Saavedra Hernández de cuanto estaba pasando.

El testimonio de un soldado de apellido Mota confirma que los mandos del Batallón 27 ordenaron a sus efectivos acudir a los focos donde estaba transcurriendo la violencia, tales como el Palacio de Justicia y la Central de Autobuses. También, gracias a este militar, se sabe que recibieron órdenes de levantar imágenes sobre los acontecimientos.

Existe igualmente evidencia de que se instruyó a los efectivos patrullar la ciudad de Iguala durante los momentos más álgidos. Hay testimonios que ubican a los militares, por ejemplo, en el Hospital General y también en la Clínica Cristina.

Los efectivos reportaron haber visto cadáveres y heridos, y existen testimonios de que fueron ellos quienes encontraron a la víctima, Julio César Mondragón, después de que hubiera sido desollado.

Este patrullaje no podría haber ocurrido sin las órdenes de Saavedra Hernández y cuesta trabajo suponer que la información recabada por los soldados no haya subido, en tiempo real, hasta su oficina en la zona militar número 35.

Y, sin embargo, el comandante decidió no hacer nada: fue omiso, tal como dice el abogado de la Sedena.

Cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) solicitó que 16 efectivos del Ejército –cuya presencia en Iguala fue plenamente identificada– acudieran a rendir declaración, desde la cúspide de la Sedena se obstaculizó la investigación y con ello la justicia.

Si se necesita como medida extraordinaria una comisión para conocer la verdad y producir justicia es precisamente porque la Sedena, entre otros actores, ha impedido que se concluyan los procedimientos que nuestra Constitución prevé.

La paradoja es grande: quienes ayer lesionaron los derechos de las víctimas acusan hoy al Poder Judicial y al próximo gobierno de la República de impulsar una investigación sesgada y distante de las garantías constitucionales.

Al revés: no se trata de dar cauce a la ira, como dice el abogado militar Ramos Flores, sino de reencauzar la vigencia de una Constitución que fue masacrada, junto con las víctimas de Iguala, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
27 Septiembre 2018 04:00:00
El Estado destruyó la verdad
Desde luego que fue el Estado: tuvo responsabilidad cuando desaparecieron los 43 y también cuando dinamitó la investigación sobre lo ocurrido. Dos veces fue el Estado, pero mayor deuda tiene cuando fabricó “la verdad histórica”, porque esa maquinación se celebró en las recámaras encumbradas de la política y el poder.

Fueron los policías municipales y los estatales, hay evidencia de que participó la Policía Federal, y todo indica que lo ocurrido no pasó desapercibido para las fuerzas del Ejército desplegadas en la zona.

Los sueldos de todos esos individuos se pagan con los impuestos de los contribuyentes. Según las leyes mexicanas son funcionarios públicos quienes detuvieron a los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014. De acuerdo con la ley esos funcionarios abusaron de un poder conferido por el Estado: cometieron el delito de desaparición forzada.

Con estos argumentos basta para decir que el Estado fue responsable de lo ocurrido con los 43. No lo exime que en los hechos delictivos hayan participado criminales ligados a las mafias de la región, ni que algunos presuntos autores materiales hayan pertenecido al grupo de los Guerreros Unidos.

La asociación delictiva entre el Estado y las organizaciones criminales no exime al Estado de su responsabilidad.

Sería sin embargo injusto señalar como responsables al jefe del Estado mexicano o a su círculo más cercano. No fueron ellos quienes detuvieron a los estudiantes, ni quienes hicieron que su existencia se esfumara durante estos cuatro años.

Su culpabilidad es otra y quizá más grave: en un segundo momento, con su política arbitraria, se destruyó la evidencia que hubiera podido resolver el caso, o por lo menos, obtener mejor certidumbre sobre lo ocurrido con esos jóvenes normalistas.

No sabemos si fue la prisa por resolver, un ánimo deliberado por ocultar, o ambas cosas, pero en los hechos la invención de una falsa teoría del caso destruyó la posibilidad de saber lo que verdaderamente sucedió.

Hay evidencia de sobra para exhibir como falso que todos los cuerpos fueron incinerados en el basurero de Cocula; de hecho, hay evidencia solvente para decir que ningún cuerpo fue quemado en ese lugar.

Las autoridades de la PGR afirmaron, primero, que todos los cuerpos habían ardido en el vertedero: el viernes 7 de noviembre de 2014 Jesús Murillo Karam dio a entender que el conjunto de normalistas había sufrido la misma suerte, sin embargo, pasado el tiempo, la dependencia se desdijo.

Cuando se cumplió un año de la desaparición, Tomás Zerón, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), afirmó que un grupo –no todos los 43– había corrido tan tremenda suerte. En ese momento le pareció irrelevante a Zerón comunicar el estado de la investigación sobre el destino del resto de los normalistas desaparecidos.

Pero los testimonios de los supuestos incendiarios no coincidían con respecto a datos tan fundamentales como el lugar exacto, dentro del basurero, la hora o la mecánica criminal. Y no combinan porque esas declaraciones se obtuvieron y firmaron bajo tortura, torciendo la verdad de los hechos con el objeto de que acompañaran a la verdad histórica fabricada por la autoridad.

Cuando intentaban engañar no sabían los responsables del Estado que la noche del 23 de noviembre llovió en Cocula, a la misma hora que estaba aconteciendo la supuesta quemazón: el agua cayendo sobre la hoguera inventada vuelve inverosímil la versión oficial, además de los peritajes expertos que quiso luego la autoridad descalificar.

El sembrado de los restos humanos de Alexander Mora en el río San Juan es otra prueba del infame proceder de Tomás Zerón, responsable principal de la investigación. ¿Cómo obtuvo este funcionario esos restos? ¿Quién le comunicó que podía hallarlos en ese justo lugar? ¿Por qué asistió al sitio sin cumplir con el protocolo y las normas que lo obligaban?

ZOOM: Zerón es el artífice de la mentira histórica que Murillo creyó porque arriba de él, desde Los Pinos, Humberto Castillejos –el jefe jurídico de la Presidencia– lo presionó sin prudencia ni recato. Esos tres personajes eran funcionarios del Estado mexicano, del más alto nivel. Su actuación es argumento para gritar de nuevo: ¡fue el Estado!, (quien destruyó la evidencia que habría servido para conocer la verdad sobre los 43).
24 Septiembre 2018 04:00:00
Los desaparecidos
No hay otro tema más urgente. La tragedia de la ausencia se volvió tema principal de la política. Suman más de 60 mil, según las organizaciones de la sociedad, pero en realidad nadie tiene una cuenta precisa.

Hay una sola cosa que el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no podrá hacer: mirar hacia otro lado como si el fenómeno no existiera.

Seis de cada 10 casos de de-saparición en México sucedieron durante la administración de Enrique Peña Nieto y, sin embargo, no hubo de parte suya una sola palabra sincera que haya reconfortado a las víctimas.

La distancia emocional del Gobierno que parte respecto a los desaparecidos es digna de revisarse en el consultorio de un siquiatra. Más de mil fosas clandestinas fueron halladas durante este sexenio en 23 estados de la República. Destacan por sus cifras Veracruz, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Estado de México, Chihuahua y Tamaulipas.

El Gobierno que se va renunció a mirar de frente la máquina criminal. No tuvo como propósito investigar con rigor y sistema las desapariciones. La impunidad frente a esta miseria sólo puede explicarse por la omisión sistemática de la autoridad.

El estado de alteración social provocado por la epidemia de desapariciones es la bomba de tiempo con que Andrés Manuel López Obrador inaugurará su mandato.

Frente a este tema no es posible, como el presidente electo quisiera, mirar para adelante. No funcionaría como solución inmediata combatir las desigualdades provocadas por el neoliberalismo, ni becar a los jóvenes más pobres para que el crimen no los reclute, o amnistiar a los pequeños delincuentes, productores o consumidores de drogas blandas.

Todas ésas son medidas que, si llegaran a funcionar, podrían prevenir la violencia del futuro; pero las víctimas de la desaparición lo que quieren es una justicia que sea capaz de resolver la impunidad del pasado.

Quieren de vuelta a sus seres queridos, quieren por lo menos sus restos para sepultarlos, quieren a los responsables, quieren a las autoridades que se desentendieron de la atrocidad, quieren ver tras las rejas a los funcionarios que fueron cómplices de tanta mortandad.

No puede prometerse a los padres de los normalistas de Ayotzinapa que en adelante las cosas serán distintas para Guerrero. Si no hay compromiso explícito del próximo gobierno para resolver el caso criminal más emblemático de nuestros tiempos, todo lo demás sobra.

Lo mismo reclaman cada una de las organizaciones de familiares que no van a ceder en su exigencia.

Andrés Manuel López Obrador ha dicho que invitará a Naciones Unidas y otros organismos internacionales para que participen en la solución de esta malvada epidemia.

Se requerirá muy probablemente avanzar hacia la creación de una comisión de la verdad como aquella que se creó en 2012 en Guatemala: la Comisión Internacional contra la Impunidad.

Cabe también explorar la reedición del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que avanzó hasta donde lo dejó el gobierno de Peña Nieto, en el caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala.

El expediente de los desaparecidos será el que primero se imponga sobre el escritorio del próximo presidente de México. Las enormes expectativas que ha fincado su triunfo electoral encontrarán en este tema su primera prueba de fuego.

ZOOM:

Si el modelo establecido por su gobierno para encontrar a los de-saparecidos da resultados pronto, si es creíble para las víctimas, si es eficaz, si promueve los derechos y la legalidad constitucional y si es capaz de confrontar a los poderes cómplices o negligentes, Andrés Manuel López Obrador consolidará su victoria. En caso contrario, la frustración implacable de las víctimas descarrilará la esperanza sobre la Cuarta Transformación.
20 Septiembre 2018 04:00:00
Sandoval el injusto
Indira Cotero Ávila de-sapareció el lunes 9 de julio en Tlajomulco, Jalisco. Tiene 37 años y era abogada de la Comisión de Seguridad Pública de ese municipio. Su ausencia se hizo noticia porque es hija de Luis Octavio Cotero Bernal, quien hasta hace un par de días fuera el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

“Un típico levantón”, respondió el padre cuando los periodistas preguntaron. Han transcurrido dos meses sin que se sepa nada de ella.

Coincide que Luis Octavio Cotero fue señalado el lunes por el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, como el hombre responsable de que 300 cadáveres fueran abandonados a su suerte.

Es una trágica injusticia que este funcionario sufra el peso del desprestigio por el caso del tráiler de la muerte. Así trata el Estado mexicano a sus funcionarios más admirables: sin considerar su biografía, su humanidad, ni su pena.

A Sandoval le urgía endilgar los 300 muertos y le pareció simple levantar el dedo y acusar al padre de Indira. ¿Cómo puede un gobernante que no es justo hacerse cargo de procurar la justicia?

Desde el mes de enero de este año, en Jalisco y otros estados vecinos, dio comienzo una guerra mortífera entre organizaciones del crimen organizado. Empresas ilegales de Sinaloa y Jalisco están disputando el control del territorio sin escatimar pólvora ni vidas.

Durante los últimos meses en esa región han sido asesinadas más de 2 mil personas, mil 500 de ellas en el estado de Jalisco. Los gobernadores de las entidades afectadas han podido hacer poco frente a la magnitud del fenómeno y ciertamente tampoco el Gobierno federal sirve para frenar la barbarie.

Los Servicios Forenses de Jalisco, Michoacán, Guerrero y Colima están desbordados, porque ninguno fue diseñado para operar en situación de guerra. Es probable que no haya en el mundo un servicio forense capaz de atender tan inmensa demanda para realizar autopsias, certificar razones de muerte o clasificar restos humanos.

Y, sin embargo, a pesar de su circunstancia personal, Luis Octavio Cotero Bernal tomó la decisión de permanecer en su cargo, con los recursos escasos disponibles para hacer su trabajo.

De acuerdo con las leyes mexicanas no pueden cremarse los restos de una persona, cuando es imposible identificar el cadáver y éste presenta elementos relacionados con la comisión de un delito. Así las cosas, ¿cuántos cuerpos pueden ser almacenados dentro de un Semefo en condiciones sanitarias aceptables?

En febrero de este año las oficinas del Servicio Forense de tres ciudades de Guerrero –Acapulco, Chilpancingo e Iguala– informaron que almacenaban la escalofriante cantidad de 750 cadáveres sin reclamar, y que era imposible practicar a cada uno exámenes de genética, antropología o dactiloscopia.

En contraste, en el caso de Jalisco, Cotero se encargó de que tales exámenes se llevaran de tal manera que los restos pudieran eventualmente ser identificados, si un familiar venía un día a buscarlos.

Lo que el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no pudo resolver fue el almacenaje de los cuerpos. Esa era tarea de la Fiscalía General de Jalisco y no del Instituto bajo su mando. Pero la Fiscalía, en vez de resolver el problema construyendo un cementerio donde las víctimas de la guerra de este semestre pudieran ser depositadas, alquiló dos contenedores medianamente refrigerados para salir del paso.

El primero de los contenedores fue abandonado la semana pasada en la colonia Paseos del Valle del municipio de Tlajomulco, no muy lejos del lugar donde Irma Cotero, la hija de don Luis Octavio, desapareciera hace poco más de dos meses.

Es una infamia que el gobernador Aristóteles Sandoval quiera resolver la mala prensa que le produjo este episodio, y de paso desentenderse de la tremenda violencia que padece su entidad, corriendo a un buen hombre que, a pesar de su drama individual, dio pruebas de ser un funcionario ejemplar.

ZOOM: Mi país es insoportablemente injusto. Luis Octavio Cotero busca a su hija sin encontrarla y mientras tanto encuentra 300 cadáveres que nadie busca. No abdica de su responsabilidad por lo primero y sin embargo lo corren de su trabajo por lo segundo.
17 Septiembre 2018 04:00:00
De chivos, circos y corrupción
En septiembre de 2017, periodistas respetables de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción revelaron que, entre 2013 y 2014, la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada entonces por Rosario Robles Berlanga, habría desviado fondos del erario por aproximadamente 2 mil 200 millones de pesos, a través de universidades públicas y empresas fantasma.

La Estafa Maestra es una pieza de periodismo de investigación que ganó reconocimiento internacional.

El jueves 22 de febrero de 2018 el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, exigió que se investigara a Rosario Robles por ese supuesto desvío de fondos.

El miércoles 4 de julio la Auditoría Superior de la Federación inició procedimiento ante la Procuraduría General de la República en contra de 72 personas y empresas, entre ellas 63 funcionarios de la Sedesol, por la firma de contratos irregulares y un presunto desvío de fondos públicos.

El miércoles 12 de septiembre Román Meyer, futuro secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno federal, dijo que revisaría las denuncias contra la actual titular de la Sedatu, Rosario Robles.

El sábado 15 de septiembre, Día de la Independencia, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador corrigió la plana a todos los actores anteriores, incluido él mismo, cuando declaró que Rosario Robles era un chivo expiatorio y las acusaciones en su contra eran un circo.

“Nosotros no vamos a perseguir a nadie, no vamos a hacer lo que se hacía anteriormente… de que se agarraba a uno, dos, tres o cuatro… como chivos expiatorios y luego seguían con la misma corrupción”.A pregunta expresa precisó que si había “investigaciones abiertas se van a continuar, pero eso no corresponde al Ejecutivo, eso va a depender del Poder Judicial”.

Lleva razón López Obrador cuando recuerda la época en que los presidentes de México, apenas abrían su Administración, encerraban tras las rejas a dos o tres personajes emblemáticos, como ritual sexenal de escarmiento, que luego enmascaraba la sobrevivencia de la corrupción. Confirman el argumento casos como el de Jorge Díaz Serrano y Arturo Durazo, en la época de Miguel de la Madrid, el de Joaquín Hernández Galicia, con Carlos Salinas de Gortari, o el de Elba Esther Gordillo Morales, con Enrique Peña Nieto.

Ha sido tradición que los presidentes mexicanos utilicen a las instituciones responsables de la procuración y la administración de justicia como escenografía para mostrar su poder, torciendo en ocasiones la ley y los procesos, con tal de aplicar un castigo ejemplar.

Sin embargo, tan inconveniente resulta que desde el Ejecutivo se opere para demostrar la culpabilidad de alguien, como que por hacer lo contrario se exonere calificando, antes de juicio, de chivo expiatorio a
quien podría haber actuado equivocadamente, o que se acuse de circo al esfuerzo serio y riguroso de investigación que diversas instituciones y organizaciones han emprendido a propósito de los desvíos millonarios presumiblemente realizados por la Sedesol y la Sedatu.

Lo que se esperaría del futuro presidente es que no interviniera de ningún modo con respecto a las denuncias y las investigaciones, sin importar que al final una funcionaria importante pise o no la cárcel.

Es impreciso cuando López Obrador dice que las investigaciones referidas no son responsabilidad del Ejecutivo, porque será el futuro presidente quien nombre al próximo procurador general de la República y por tanto la independencia de este funcionario será poca a la hora de juzgar si tal o cual imputado es un chivo expiatorio o si el proceso en su contra podría ser un circo.

ZOOM:

En un país como México todavía la voz del Presidente puede encarcelar y excarcelar sin argumentos. Por eso lo deseable es que se mantenga callado a propósito de las investigaciones sobre corrupción que están en curso. De lo contrario, poco cambiarán las cosas.
13 Septiembre 2018 04:00:00
Contra los neoporros: la marcha del silencio
Son la expresión neonazi mexicana. Son porros, pero versión 3.0: como sus antecesores cultivan la violencia como modo de relación y celebran cada asalto como si fuera una victoria de proporciones épicas, pero ahora coleccionan las fotografías de sus víctimas para colgarlas en la red y se regodean eufóricos por las consecuencias virtuales de su barbaridad.

Las páginas de Facebook y los canales de YouTube que utilizan para comunicarse son un libro abierto para quien quiera leer a estos personajes siniestros que están empeñados en meter a la Universidad, y con ella al país, en una situación indeseable.

Ayer el rector Enrique Graue visitó el plantel Azcapot-zalco del Colegio de Ciencias y Humanidades. Se reunió durante más de una hora con 500 alumnos, con padres de familia y con los profesores del plantel. Escuchó las peticiones y accedió a cada una de ellas. Al final de la reunión la comunidad universitaria se despidió solidaria al grito de “Goya”.

Mientras tanto, afuera del recinto, se juntó un grupo reducido de sujetos que se quedaron fuera de la reunión porque no contaban con credencial de estudiantes, ni eran parte de la comunidad CCH.

Estos neoporros esperaron a que la reunión terminara y montaron teatro cuando el rector se dirigía hacia su vehículo. Por desgracia, la estrategia de estos sujetos funcionó: varios medios ignoraron lo sucedido durante la reunión y comunicaron una descripción falsa de la realidad. Como ejemplo está la nota que el portal del Sol de México publicó un par de horas después: “Al grito de ‘fuera Graue’ estudiantes corren al rector de la UNAM del CCH Azcapotzalco”.

¿Dónde quedó para ese periodismo el diálogo que sí tuvo lugar? ¿Dónde la aceptación del rector para que se asignara un mayor número de docentes? ¿Dónde fue a parar el compromiso de Graue para combatir el acoso hacia las mujeres? ¿Dónde la promesa de sacar de la UNAM a los porros y a quienes les subsidian? ¿Dónde el Goya celebrado a coro por la comunidad?

Estamos en una época donde la realidad puede ser enmascarada con demasiada facilidad porque a la violencia física y verbal de ayer se añade ahora la propaganda en internet y también la ingenuidad de quienes caen en la trampa.

Los neoporros no se mueven solos. Se alquilan al mejor postor y hay muchas manos con ganas de descomponer el ambiente. En la UNAM no estamos presenciando una crisis universitaria, en estricto sentido, sino la ambición deliberada de hacer arder los ánimos del país.

Paradójicamente, hoy se celebran 50 años de que sucediera una de las manifestaciones políticas más dignas que haya tenido lugar en México: la marcha del silencio. En 1968, desde la explanada del Museo de Antropología hasta el Zócalo, miles de estudiantes caminaron convencidos de que la paz, significada por el silencio, serviría para hacer entrar en razón al Gobierno autoritario encabezado por Gustavo Díaz Ordaz. ¿Será que hoy podamos hacer lo mismo? Devolverle a los violentos de nuestra época una bofetada con nuestro silencio. Muchos marcharemos esta tarde intentando conmemorar aquella dignidad.

La inmensa mayoría que habita nuestro país desea desterrar la ira ciega y destructora que nos recorre. Marchar hoy –en silencio– es para que la paz se imponga sobre la guerra; es para rechazar al autoritarismo de Estado y también la barbarie de los neoporros.

ZOOM: los agresores son el brazo armado y enloquecido que políticos de medio pelo con intereses inconfesables están utilizando para dañar a la Universidad Nacional. Para ellos va hoy nuestro más sonoro silencio.
06 Septiembre 2018 04:00:00
‘El Güero’ que derrotó a los morenos
Es monumental la arbitrariedad que el Senado estuvo dispuesto a cometer para cumplirle a Manuel Velasco Coello el capricho de ser, a la vez, senador de la República y gobernador en Chiapas.

La Constitución mexicana prohíbe sin flexibilidad lo que la Cámara alta le regaló a este poderosísimo mexicano. Es oficial: “El Güero” Velasco está por encima de la ley.

La Constitución mexicana prohíbe que una misma persona ocupe dos cargos de elección al mismo tiempo. Se trata de una medida de control para evitar la acumulación de funciones, y por tanto, de poder, en un mismo individuo.

El Artículo 125 de la Carta dice que “ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular, ni uno de la Federación y otro de una entidad federativa que sean también de elección”.

El martes este Artículo constitucional quedó sepultado, lo mismo que el 116, propuesto en 1917 por Venustiano Carranza, el cual dice que “los gobernadores de las entidades, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo pueden volver a ocupar ese cargo, ni aún con carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados de despacho”.

Al concederle licencia al senador más “güero”, sus colegas legisladores violaron sin empacho estos dos artículos y con ello permitieron que Manuel Velasco presumiera en simultáneo el cargo de legislador con licencia y gobernador sustituto de Chiapas.

Los adjetivos importan poco, que sea con licencia no le quita lo senador, y que sea sustituto no le quita que antes haya sido gobernador electo popularmente.

Miguel Ángel Osorio, del PRI, y Ricardo Monreal, de Morena, argumentaron que “nadie tiene derecho a negarle a un senador separarse del cargo (sic)”.

Esta afirmación es falsísima: porque no se trata de un derecho, sino de un permiso, la Constitución prevé que la licencia deba ser aprobada por la mayoría de los senadores; y este procedimiento se justifica porque, al analizar los motivos de la solicitud, los legisladores evitan precisamente que detrás de la separación del cargo haya motivos contrarios a la Constitución, como por ejemplo traicionar los artículos 116 y 125.

Si tuvieran razón Monreal y Osorio –si la licencia al cargo de senador fuera un derecho inalienable–, entonces no sería necesario que el Senado hiciese nada. Bastaría con que al legislador se le inflamaran las amígdalas para renunciar, o separarse del cargo, sin que sus colegas tuvieran que decir, discutir ni votar nada.

Porque la aprobación de la solicitud de Velasco iba a hacer posible que “El Güero” sumara dos cargos a la vez, y porque está también prohibido que sea gobernador sustituto, es que la Mesa Directiva del Senado hizo lo correcto cuando se opuso, en una primera votación, a los deseos del ecologista más poderoso del país.

Pero los recién estrenados senadores de la 64 Legislatura no toleraron por mucho rato haber actuado bien y entonces se inventaron un truco nunca visto en la Cámara alta: promovieron una segunda votación sobre el mismo tema en la misma sesión.

Al museo de la impunidad mexicana le faltaba esta joya: como durante la primera votación no salieron las cosas como Velasco quería, entonces “El Güero” ingresó por segunda vez la misma solicitud de licencia, y como el tema era urgentísimo para la República, sus colegas paleros decidieron introducirlo otra vez en el mismo orden del día, por la puerta de la cocina –acaso del clóset o de la coladera– y así lograron revertir la prudencia legislativa de la resolución anterior.

En esta columna no hay lugar para la lista de arbitrariedades que Manuel Velasco cometió contra la Constitución de Chiapas, el pasado 24 de agosto, y que son la otra parte de la ecuación para lograr que su capricho de ser el primer góber-senador de la historia contemporánea mexicana pudiera cumplírsele.

En Chiapas las cosas están que arden porque “El Güero”, como la mayoría de los “güeros” en nuestro país, hace lo que se le da la gana; y también porque los morenos, lamentablemente, se volvieron sus vergonzosos cómplices.

ZOOM: Hay una petición en change.org que cuenta con más de 13 mil 500 firmas solicitándole a Andrés Manuel López Obrador que combatiera la impunidad de Manuel Velasco Coello. Hay también cinco diputados de PVEM que entregaron incondicionalmente su voto a Morena a cambio de que sus legisladores abrazaran a este peculiar personaje del nuevo imperio mexicano.
23 Agosto 2018 04:00:00
En defensa de la reforma educativa
labras, todas muy grandes, para referirse a la reforma educativa: términos utilizados para dar significado a una bandera principalísima de Andrés Manuel López Obrador, su partido y el futuro grupo gobernante.

El lunes pasado el próximo presidente de México insistió con el punto: “Quiero dejar de manifiesto que se va a cancelar la actual reforma educativa y que va a ser sustituida por otra”.

Frente a él estaba Enrique Peña Nieto quien, con esa sentencia, vio caer al abismo su herencia política más preciada.

Revuelve el estómago que la educación sea tema para el espectáculo y el fuego de artificio, en vez de atenderse con la seriedad que merece. ¿Qué es exactamente lo que se está pensando enterrar, derrumbar, cancelar o erradicar?

Cuando Andrés Manuel López Obrador refiere a la reforma celebrada en 2013, ¿habla de la reforma constitucional, de las leyes secundarias que derivaron de ella o del paquete completo?

El núcleo atómico de esta reforma lleva 5 años en el Artículo Tercero de la Constitución y hay argumentos sólidos para defenderlo en todos sus términos, aun si tal cosa deba hacerse a contracorriente de la mayoría política que triunfó en las elecciones de julio.

Las leyes secundarias, que también se votaron en 2013, son, en cambio, perfectibles, reformables y debieron atender en su día mejores reflexiones e inteligencia. No es por tanto objeto de este texto hablar de ellas, sino del núcleo constitucional.

¿Cuáles son los elementos de ese núcleo atómico que está siendo tan vehementemente combatido? Para tener una opinión fundada vale la pena sacar lápiz y anotar sobre cada punto:

1. La reforma estableció como obligación para el Estado mexicano garantizar la calidad de la educación. 2. Esta calidad se mide a partir de la adquisición de conocimientos de los estudiantes. 3. Es decir, que el Estado se comprometió a garantizar, no solo la cobertura, sino la calidad del aprendizaje. 4. Se consideraron como variables para la calidad del aprendizaje: el material y los métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y directivos. 5. Se creó un sistema nacional de evaluación a cargo de un instituto autónomo y protegido frente a las presiones políticas, partidarias y sindicales. 6. Se creó un servicio profesional docente para impedir que las plazas de los maestros sean compradas, heredadas, o bien, obtenidas por criterios político-clientelares. 7. Solo puede obtenerse una nueva plaza de maestro a través de un concurso de oposición. 8. El avance en la carrera de los maestros depende de su propio mérito y las evaluaciones que se realicen para medirlo.

Estas son las ocho partículas del núcleo atómico de la reforma educativa que se pretende hacer estallar con razonamientos que no han sido sinceros ni claros. No es cierto que la reforma constitucional del 2013 haya sido principalmente laboral y es injusto, desde el punto de vista argumentativo, decir que no fue educativa.

Debe defenderse la calidad del aprendizaje como garantía constitucional, lo mismo que la evaluación del conjunto de elementos y sujetos que la aseguran (materiales, métodos, infraestructura, organización y profesores). Debe defenderse que los puestos docentes se asignen por concurso y no por vías arbitrarias. Debe defenderse que el avance en la carrera de los maestros dependa de su propio mérito y no de la politiquería.

Cancelar, erradicar, enterrar o asesinar el núcleo atómico de la reforma educativa implicará un penosísimo retroceso, y algo peor: significará afectar la vida de millones de estudiantes que no van a descubrir la deficiencia de la educación que recibieron hasta que sea demasiado tarde.

ZOOM: Además de prometer que cancelaría la reforma educativa, Andrés Manuel López Obrador ofreció que no celebraría reformas constitucionales durante los tres primeros años de su gobierno. Esto querría decir, en buen español, que entonces no la cancelará. También ofreció que no abusaría del dominio legislativo obtenido por Morena, así que, quizá, además de las convicciones que tiene la mayoría podrían escucharse los argumentos de los minoritarios que vemos con gran preocupación lo que se está proponiendo.
16 Agosto 2018 04:00:00
Se los tragó la tierra, no la Marina
Los padres de Jorge Domínguez Hernández buscan a su hijo desde la noche del miércoles 4 de abril cuando, según los vecinos, elementos de la Marina se lo llevaron. Los vehículos oficiales utilizados en ese operativo tenían rótulos y placas que confirmarían la participación de la Armada de México en el operativo.

Sin embargo, los voceros de la Secretaría de Marina afirman que el número de la placa (511 445) obtenida por los testigos no corresponde a ningún transporte registrado por la dependencia.

Insisten también en que, como en otros casos reportados, los sujetos que han participado en la ola de levantones que padece la población de Nuevo Laredo podrían ser impostores portando uniformes clonados.

Desde febrero del año pasado la Marina denunció el uso de vestimenta falsa y vehículos de imitación por parte de criminales que operaban en Reynosa. De acuerdo con esta autoridad, el propósito de esta suplantación sería “desprestigiar las acciones de apoyo a la seguridad pública que realiza el personal naval” en la frontera norte de Tamaulipas.

A través de un comunicado de prensa fechado a principios de febrero de 2017, voceros de la dependencia afirmaron que los falsificadores “tienen la intención de realizar actos ilícitos en contra de la población o autoridades, atribuyéndoseles citados hechos delincuenciales a esta institución”.

Un año después de aquellas declaraciones, la Marina retomó el argumento para defenderse de los señalamientos realizados por Naciones Unidas a propósito de una serie larga de expedientes relacionados con desaparición forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

La verdad detrás de esta réplica es de la mayor importancia: si bien es gravísimo que haya impostores tratando de imputar hechos delictivos a los elementos de la Armada de México, mucho peor sería que la dependencia mintiera.

La confianza depositada por la población sobre la Armada de México podría sufrir un daño difícil de restituir si, con estas explicaciones, terminara encubriéndose a los responsables de violar la Constitución.

De los 33 casos reportados como parte de esta ola de levantones en Nuevo Laredo hay dos que cuentan con evidencia visual sobre la participación de sujetos vestidos con presuntos uniformes de la Marina.

El primero es el de José Daniel Trejo García. Según refiere su esposa, Jésica Rodríguez Molina, la noche del martes 27 de marzo de este año un grupo de seis elementos de la Marina ingresaron por la fuerza a su domicilio. Se llevaron a José Daniel, junto con Gilberto Gaspar Vázquez, una persona indígena oaxaqueña que estaba en Nuevo Laredo mientras intentaba cruzar la frontera.

A diferencia de muchos otros testimonios, el de la señora Rodríguez cuenta con el respaldo de un video registrado, desde la calle, por una cámara colocada en una casa vecina. En él se observan, en efecto, al menos seis efectivos vestidos con uniforme militar. Todos llevan casco, coipa, cartucheras y armas largas. Tal vestimenta es a tal punto similar a la que ostentan los marinos responsables de la seguridad en Nuevo Laredo, que se entiende por qué la esposa del señor Trejo García podría haberse confundido.

El otro caso de testimonios apoyados por imágenes es el de José Luis Bautista Carrillo, un hombre de 33 años que fue presuntamente detenido el miércoles 16 de mayo por elementos de la Marina en el Yonke Pepes.

Según sus familiares, el sujeto fue sustraído durante un operativo en el que participó un grupo grande de marinos. Los familiares del desaparecido consiguieron realizar un video en el que se muestra a esos efectivos, vestidos exactamente con el mismo uniforme y equipamiento exhibidos por la señora Jesica Rodríguez para el primer caso.

El elemento retratado porta ropa de camuflaje color arena y verde, lleva coipa, casco y arma larga; tiene, además, sobre la cabeza, una cámara rectangular con la que podría estar grabando a sus interlocutores.

Nuevamente en este caso la vestimenta es a tal punto parecida a la que exhiben los marinos de la zona, que cuesta trabajo suponer la fabricación.

¿Son o no uniformes de la Marina los que aparecen en los videos presentados por los familiares de estas tres personas desaparecidas (José Daniel Trejo García, Gilberto Gaspar Vázquez y José Luis Bautista Carrillo)?

La pregunta es medular porque en los demás casos no hay imágenes sino testimonios oculares que aseguran haber presenciado la participación de elementos de la Armada de México vestidos tal cual aparecen en esos dos videos.

ZOOM: La credibilidad de la Marina está siendo cuestionada por un asunto que puede resolverse de manera sencilla, siempre y cuando en los casos arriba mencionados pueda probarse que fueron criminales disfrazados quienes perpetraron los levantones. De lo contrario, no habrá sido la tierra quien se tragó a las víctimas.
09 Agosto 2018 04:00:00
Los fueros de Elba Esther
Elba Esther Gordillo está libre porque no fue la justicia quien la persiguió estos cinco años, sino la política. Hace ya tiempo que las acusaciones penales en su contra eran insostenibles, pero permanecían las razones del poder. A partir de ahora, ni unas ni otras le atan las manos. Está libre para regresar por sus fueros.

Antes de que la detuvieran, la profesora Gordillo gozaba básicamente de cinco fueros extraordinarios. La pregunta principal del momento es si será capaz de recuperarlos: ¿La alianza que hizo con Andrés Manuel López Obrador, desde febrero del año pasado, le servirá para rescatarlo todo?

Los cinco fueros son: 1) control sobre la organización social más grande y poderosa de América Latina, el SNTE, que cuenta con más de un millón 600 mil afiliados; 2) control sobre la inmensa tesorería de esa misma organización; 3) control sobre una amplia red de maestros dispuestos a operar electoralmente a nivel local y nacional, la cual ha causado daños mayores a la democracia mexicana; 4) control sobre la política educativa y; 5) control sobre una buena parte del presupuesto educativo que es el más robusto en la administración pública.

Un lustro en prisión, una salud física mermada y dolores privados intensos, son argumentos suficientes como para suponer que la maestra pudiera preferir un regreso a la vida íntima y un retiro tan digno como pacífico.

Sin embargo, la manera y sobre todo la fecha de su liberación llevan a suponer otros escenarios. Con el gran talento histriónico que la ha caracterizado toda su vida, la profesora logró hacer coincidir la absolución de sus pecados judiciales con la entrega de la constancia al próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Hay quien asegura que detrás de esta coincidencia podría estar Enrique Peña Nieto, quien quiso arruinarle la fiesta a su sucesor; también hay quienes dicen que fue Andrés Manuel López Obrador el que influyó para que liberaran a la profesora.

Habría una tercera explicación más simple, y por tanto más creíble: instruido por su cliente, el abogado de Elba Esther Gordillo operó con el magistrado para que hiciera coincidir las fechas con el único propósito de generar un efecto mediático de amplias proporciones.

Y lo logró porque, desde ayer, el tema nos tiene a todo el mundo especulando. Tanto ruido ha provocado la coincidencia que la asunción de AMLO al grado de presidente electo pasó a segundo plano.

El cálculo político de Elba Esther no parece coherente con el que haría una mujer que está dispuesta a retirarse del poder, sino con la profesora de siempre –la estratega política que sorprende– y que tendría energía y ánimo para regresar por sus fueros.

En otras palabras, si el dilema de ella está entre el retiro y el regreso, la manera como escenificó su liberación tiene más relación con lo segundo que con lo primero.

Los observadores no habremos de esperar demasiado para resolver nuestras dudas. Si en el futuro gabinete de AMLO, concretamente en la Secretaría de Educación, hay personas próximas a la profesora, entonces el acuerdo político va más allá de su liberación.

Pero aún más importante, si Juan Díaz deja de ser cabeza del SNTE, y alguien próximo a la maestra ocupa su lugar, la profesora habrá logrado reencarnar una vez más.

ZOOM: ¿Será Elba Esther Gordillo fundadora de la Cuarta Transformación? Hay que decir que tiene amplia experiencia en esa materia; según su currículo participó antes en la transformación salinista, luego en la foxista y también en la calderonista. A la mejor y por su conocimiento en la materia la vuelven a contratar.
06 Agosto 2018 04:00:00
Alto a la fiesta criminal en Morelos
Mientras el futuro gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y el Comisionado de Seguridad en ese estado, Arturo Capella, disparan sin piedad declaraciones, el uno contra el otro, la violencia crece descontrolada.

El martes 24 de julio, a plena luz del día, una pareja fue ultimada por un sicario en la ciudad de Cuernavaca: primero fue tras el varón y luego alcanzó a la mujer, que había logrado refugiarse en una tienda de abarrotes.

Una semana más tarde, el martes 31 de julio, apareció en Cuautla el cadáver del líder campesino Romualdo Ixpango. Sus restos calcinados dan cuenta de un acto probablemente perpetrado por una organización criminal.

El viernes 3 de julio murió también Ricardo Alonso, colombiano que fue víctima de un linchamiento en el poblado de Tetela del Volcán. Las autoridades lo acusan, sin haber mediado juicio, de haber sido un extorsionador profesional.

La gravedad de la violencia en Morelos es tal que la semana pasada el gobernador electo de la entidad, Cuauhtémoc Blanco, se citó con Andrés Manuel López Obrador para solicitarle ayuda.

Desde su punto de vista, para solucionar el principal problema de Morelos solo queda que las fuerzas federales se hagan cargo de la seguridad.

“La gente está asustada… Hay secuestros, extorsiones, situaciones que para mí son lo peor”, declaró Blanco a la prensa y luego centró su crítica contra el Comisionado de Seguridad: Arturo Capella.

Mediante un comunicado público ubicó a este funcionario como el principal responsable: “Exijo al Comisionado… que cumpla con su trabajo y garantice a los morelenses, seguridad… y en caso contrario, que renuncie”.

Capella no nació ayer a la política, así que también acudió a los medios de comunicación para defenderse. El pasado viernes ofreció una entrevista radiofónica a Gabriela Warkentin, en el noticiario matutino Así las Cosas, de la W.

Declaró sin arredrarse que “(En Morelos) hay un vacío de poder”. Según su parecer es demasiado largo el lapso de noventa días que corre entre el día de la elección y el día en que Blanco será nombrado gobernador constitucional. Pero más grave es que exista “un rompimiento total y absoluto” entre la administración saliente y la entrante. “No se ha tenido ningún acercamiento”, porque Blanco no quiere.

En vez de escuchar lo que Capella tiene por decir, el gobernador electo ha decidido menospreciar al Comisionado, al tiempo que lo increpa y lo responsabiliza a través de los medios.

Le dijo también Capella a Warkentin que Blanco debería aprender de Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido respetuoso con quienes dejarán sus puestos el próximo mes de diciembre, justamente para evitar lo que está sucediendo en Morelos.

El razonamiento de Capella no merece el cesto de la basura. Si Blanco no quiere a ese comisionado, pues que desde ahora nombre a su sustituto; si no puede, pues que entable una conversación serena y colaborativa con ese policía, en vez de arrojarle macetas desde el balcón.

El peor escenario para los habitantes de Morelos es este que están viviendo: cuando las autoridades responsables de la seguridad que se marchan trenzan batalla contra las que van llegando, los ganones son los delincuentes.

Para nadie es novedad que Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco se detestan, ni que sus respectivos equipos han coincidido en el encono. Sin embargo, la situación de vacío que se produce por su menosprecio mutuo es inmoral y carece de justificación política.

ZOOM

Cuauhtémoc Blanco tiene todo el derecho de no ratificar a Alberto Capella como Comisionado de Seguridad en Morelos; sin embargo, está obligado a reunirse con él para enviar un mensaje contundente contra la fiesta criminal que el vacío político está provocando.
02 Agosto 2018 04:00:00
Bartlett y Clouthier
“Creo que había mejores opciones, pero que una persona no sea bien recibida no quiere decir que ya se acabó el país”, declaró Tatiana Clouthier a propósito del nombramiento de Manuel Bartlett Díaz como director de la CFE. La polémica levantó vuelo de inmediato: ¿por qué la excoordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador se atrevió a desafiar esta decisión del futuro presidente de México? Por congruencia, podría responder Clouthier, por congruencia con la historia familiar, con la versión que creyó su padre, Manuel J. Clouthier, hasta el día de su muerte.

Manuel Bartlett es un político polémico, lo ha sido siempre, y no es posible leerlo sin aproximarse con atención a los pliegues y matices de su biografía.

El hombre fue señalado como el principal responsable del fraude electoral supuestamente cometido en 1988, que cambió el curso político del país. Pero también ha sido, durante los últimos 15 años, el aliado de la izquierda, en concreto de Cuauhtémoc Cárdenas, en la defensa de la industria energética pública. Cuando Tatiana Clouthier refiere que Bartlett no era la mejor opción está obviamente pensando en las convicciones de su padre, y no así en las de López Obrador: su cabeza se encuentra en 1988 y no en 2018. ¿Cómo explicar que, 30 años después, la familia Clouthier mantenga tanto rencor contra Manuel Bartlett?

Ocurre que el candidato panista en 1988 tuvo la convicción de que el fraude cometido por el entonces Gobierno de Miguel de la Madrid no habría jugado para derrotar a su adversario de la izquierda, sino en contra suya.

Escribió varios artículos argumentando que el candidato presidencial del PAN no sacó 17% de los sufragios, en la elección de aquel mes de julio, sino bastante más. Sin embargo, porque Carlos Salinas de Gortari necesitaba un resultado contundente, tanto en los comicios para presidente como para el Congreso, la CFE –encabezada por Manuel Bartlett– habría maniobrado para arrebatarle votos con el objeto de entregárselos al candidato del PRI. En otras palabras, para asegurarle al PRI más del 50% del sufragio, el Gobierno le habría robado al tercer lugar para entregarle capital político al primero. Clouthier nunca creyó realmente que Cuauhtémoc Cárdenas hubiera ganado la elección, pero coincidió con el entonces candidato del Frente Democrático Nacional (FDN) en el sentido de que aquellos comicios habían sufrido de irregularidades graves.

Por esta razón Manuel J. Clouthier comenzó una huelga de hambre el jueves 15 de diciembre, en la Columna de la Independencia, para exigir una reforma electoral que impidiera repetir el fraude. Demandó, por ejemplo, darle autonomía al órgano electoral –crear el INE como hoy lo conocemos– y también la emisión de la credencial de elector con fotografía.

Hoy es una paradoja de la historia que Bartlett sea señalado como responsable de operar un fraude a favor de su principal enemigo político de esa época: Carlos Salinas de Gortari. Sobre todo porque, de haber sido Bartlett quien hubiera abanderado al PRI en esos comicios, muy probablemente Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo le habrían respaldado, en vez de rebelarse contra el sistema.

Mientras Salinas representaba la opción neoliberal del priismo, Bartlett era el precandidato de los nacionalistas revolucionarios. Acaso por ello los dos principales líderes del FDN no colocaron a Bartlett como el judas de la elección, como sí lo hizo Manuel J. Clouthier.

Esta incongruencia de la historia encontraría un ajuste en favor de la memoria, en noviembre de 2003, cuando Manuel Bartlett Díaz y Cuauhtémoc Cárdenas se presentaron juntos frente a las cámaras de la prensa, con el propósito de anunciar un frente unido en contra de las reformas energéticas privatizadoras del presidente Vicente Fox.

Sólo los ingenuos se preguntaron qué hacían esos dos señores codo a codo: a pesar del 88 y de la especie que ubicó a Bartlett como el gran demonio del fraude, Cárdenas decidió presentarlo como un aliado político de la izquierda.

Como se ha dicho bastante por estos días, no fue López Obrador quien reivindicó primero a este político poblano, sino el principal candidato defraudado del 88.

ZOOM: Nadie ha dado la batalla con mayor enjundia en contra de la lógica empresarial que se desentiende de la energía como asunto de seguridad nacional. El nombramiento de Manuel Bartlett es un mensaje político sobre el cambio que el Gobierno entrante tiene previsto en la política energética. Habrá prometido López Obrador que, al respecto, no se celebrarían reformas constitucionales (en los próximos 3 años), pero nunca ofreció que apartaría del tema a sus principales opositores.
26 Julio 2018 04:00:00
Exportadores ricos, trabajadores pobres
Hacen el mismo trabajo, tienen capacidades muy similares, son igual de productivos, entonces ¿por qué, mientras un obrero en Estados Unidos gana 35 dólares por hora, el mexicano ingresa menos de 3 dólares por el mismo tiempo trabajado?

Uno, porque los primeros están organizados dentro de un sindicato que defiende sus intereses, mientras que los segundos no cuentan con ese privilegio.

Dos, porque a diferencia de los estadunidenses y los canadienses, los líderes sindicales mexicanos son socios o empleados de los empresarios y ese conflicto de interés no tiene consecuencias.

Tres, porque el Gobierno mexicano ha tenido preferencia sistemática por los intereses de los empresarios y cree con obcecación en que la competitividad mexicana debe sostenerse a partir de pagar salarios miserables.

Las mismas razones que mantienen deprimido el ingreso de los trabajadores son las que permitieron que, durante las rondas anteriores para la renegociación del TLC, el tema de la homologación salarial fuera marginado.

En julio del año pasado, dos líderes canadienses, Jerry Dias, cabeza de la Unifor, y Denis Williams, dirigente del sindicato automotriz, publicaron un texto en The New York Times que pretendía desafiar al Gobierno mexicano.

Ahí acusaron a la CTM de estar coludida para lastimar los derechos de los asalariados y mantener las condiciones laborales de los mexicanos muy por debajo de los estándares estadunidenses.

Para ambos sindicalistas, la renegociación del TLC debía incorporar un mecanismo de arbitraje laboral para combatir la injusticia impuesta por los mexicanos en contra de los trabajadores de los tres países.

Frente a esta iniciativa, tanto los negociadores del Gobierno mexicano como sus amigos empresarios del cuarto de al lado hicieron como si no oyeran. Sin embargo, por lo bajo no paraban de repetir que, de incrementarse los ingresos de los trabajadores en nuestro país, industrias como la textil o la automotriz terminarían migrando a China y otros países dispuestos a precarizar la mano de obra.

Ayer, sin embargo, con la visita de Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, quedó claro que este tema comenzará a moverse en una dirección distinta. Después de la reunión que esta funcionaria sostuvo con Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, el futuro canciller mexicano anunció que uno de los temas principales de la renegociación del TLC será la homologación salarial.

No sólo Jerry Dias o Denis Williams estarán felices por lo que ayer escuchamos, sino que deberían estarlo los miles de trabajadores de la industria manufacturera mexicana de exportación, cuya existencia está a punto de cambiar.

Sería falso prometerles que a partir de diciembre sus salarios pasarán, por hora, de 3 a 35 dólares, pero al menos dejarán de estar anclados a la baja.

La homologación salarial pasa, como propusieron Dias y Williams, por la creación de un órgano trilateral responsable de arbitrar contra las asimetrías injustas del salario, con el objeto de resolver la sistemática discriminación responsable de que, en América del Norte, a trabajo igual se pague un salario desigual.

No es cierto que esta asimetría se deba a argumentos de orden económico: ha sido la política sindical del Gobierno mexicano y la sociedad malsana entre las élites empresariales y los gobernantes, los dos motivos que, de un lado, han maltratado a los trabajadores de la industria exportadora mexicana y, del otro, han enviado a la calle a los obreros de Canadá y Estados Unidos.

Si Ebrard y su jefe, Andrés Manuel López Obrador, abrazan como principio una homologación justa de los salarios en la renegociación del TLC, otra será la cara de Norteamérica.

ZOOM: Promover la homologación salarial significa pelearse con los negociadores que, desde el sector empresarial mexicano, han estado participando en las rondas del TLC. ¿Será que el mandato en las urnas alcance para que el futuro gobierno logre un arreglo más justo? Crear la comisión tripartita de arbitraje en materia laboral es la clave para responder a esta pregunta.
19 Julio 2018 04:00:00
No habrá amnistía
Es imposible prometer el perdón a nombre de terceras personas. Andrés Manuel López Obrador dice que no es un hombre rencoroso, pero él no es el único mexicano que carga con agravios en contra del Gobierno saliente y, por tanto, no importa cuánto quiera hacer o deshacer, una vez que ocupe la silla presidencial, los reclamos y las demandas de justicia harán pronta y tremenda erupción.

Apenas ayer el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua, cuando el priista César Duarte era gobernador, esquilmó a cientos de funcionarios públicos con reducciones a su salario para financiar al Revolucionario Institucional.

La investigación del INE no podría haber llegado a buen puerto sin las delaciones que comenzaron a fluir después de la estrepitosa derrota del PRI. Este es sólo un botón de muestra de lo que podría esperarse: una vez que se debiliten los controles sobre el poder que todavía ejerce Enrique Peña Nieto, las acusaciones en contra de su Gobierno, en contra de sus principales aliados, serán avalancha.

Ni Andrés Manuel López Obrador, con todo y su imbatible popularidad, podrá oponerse a lo que viene. Los expedientes más tetanizantes de la actual Administración aguardan para emerger con potencia: Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, Nochixtlán, casa blanca, Seguritech, Iusa, Nutriwell, Higa, OHL, Odebrecht, por mencionar sólo algunos, son asuntos con muchas ganas de alcanzar la superficie.

Un síntoma del pánico que recorre los pasillos de la Administración saliente son los más de 100 recursos que distintas dependencias del Gobierno federal presentaron en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado, que ordenó la creación de una comisión independiente para investigar el caso Ayotzinapa.

Ayer también, mientras el INE confirmaba las trapacerías de Duarte, el magistrado Sabino Pérez García, azuzado por el titiritero de siempre, combatió la decisión del colegiado afirmando que la comisión investigadora era materialmente improcedente. Pérez García quedará como uno de los últimos integrantes del Poder Judicial Federal que haya intentado salvar lo insalvable.

La investigación sobre los normalistas desaparecidos fue un desastre porque así se decidió desde Los Pinos. Tal desaseo no tuvo como autor al caos, sino a responsables de carne y hueso que, rebasando sus facultades, terminaron protegiendo a los culpables y evitaron que se hiciera justicia.

No sólo Tomás Zerón, nefasto director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), tendría que enfrentar consecuencias por sus actos, también los mandos militares del Batallón número 27, así como las autoridades estatales responsables de la seguridad y la procuración de justicia.

En política, el orden de los factores sí altera el producto: AMLO arrasó en las urnas porque fue el candidato mejor situado para aprovechar la ola de repudio al Gobierno saliente; con habilidad supo capitalizar la caída de un presidente, Enrique Peña Nieto, que se retirará con menos del 20% de aprobación.

Sin embargo, AMLO cometería un error grave si intentara convertirse en obstáculo para que esa ola reviente en las playas de la justicia. Los agravios son tantos que no es posible pretender amnesia, ni a su prima hermana: la amnistía.

Tal como sucedió con el caso Chihuahua y el INE, tal como el Tribunal Colegiado hizo con el caso Ayotzinapa, así veremos transitar, por las vías institucionales, los agravios y los reclamos que antes erosionaron la estima por el Gobierno que parte.

ZOOM: López Obrador engañó con la verdad cuando dijo que no era un hombre rencoroso, porque lo hizo conjugando en primera persona del singular; en la realidad él no podrá frenar a ese inmenso nosotros que quiere ver culpables frente a cada arbitrariedad cometida y cada macronegocio corrompido.
12 Julio 2018 04:00:00
AMLO pacta con una Fiscalía que Sirva
Cuando Andrés Manuel López Obrador dijo que desconfiaba de la sociedad civil, prácticamente todas las organizaciones se pusieron el saco. Sin embargo, empieza a quedar claro que, como en todo, aquí también hay distingos. Tres integrantes del equipo del virtual presidente electo se reunieron ayer con la red de organizaciones agrupadas en el colectivo autodenominado Por una Fiscalía que Sirva. El resultado fue, según las dos partes, bastante positivo en términos de confianza y compromiso para trabajar juntos.

Los representantes del equipo de transición fueron Tatiana Clouthier y Zoé Robledo, así como la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien se incorporó hacia el final del evento.

Antes de que se celebrara este encuentro tenían fracturas los puentes entre esta red de organizaciones y el futuro grupo gobernante. Durante la campaña hubo temas en disputa, como el cuestionamiento por parte de los líderes de Morena sobre la pretensión de la sociedad civil de querer abrogarse la facultad de nombrar al futuro fiscal.

En revancha, los voceros de una Fiscalía que Sirva se habían expresado en contra de un pacto eventual entre la Administración saliente de Peña Nieto y López Obrador para dar un albazo, reformando la ley orgánica y nombrando un fiscal a modo, de ambas partes, antes de septiembre de este año.

La reunión de ayer sirvió para conjurar ambos fantasmas: ni las organizaciones quieren nombrar al fiscal, ni AMLO celebró un acuerdo con los priistas para resolver a la mala la futura Fiscalía General de la República. La conversación fluyó porque los asistentes al encuentro adoptaron tres puntos de entendimiento básico: primero, que el proceso de designación de la persona que ocupará la cabeza de la Fiscalía no puede ser la única ni la principal preocupación; segundo, que es muy importante el modelo de procuración de justicia surgido de la futura ley orgánica y; tercero, que ese modelo debe nacer de un consenso lo más amplio posible, donde estén incluidos no sólo los actores del gobierno entrante y las organizaciones que participaron en la reunión, sino un número más extenso de interlocutores, tanto de la oposición como de otras geografías de la sociedad civil.

En el pasado, el proceso de designación del fiscal enfrentó al Gobierno con esta red de organizaciones. Fue larga y difícil la batalla en contra de que el presidente Peña Nieto dejara a un amigo suyo al frente de la nueva institución. No era aceptable que la autoridad saliente quisiera cuidarse las espaldas imponiendo un cómplice al frente de la fiscalía naciente. Esta tensión se resolvió con la renuncia de Raúl Cervantes y el nombramiento de un procurador interino, de cuyo nombre no vale la pena siquiera acordarse.

Por una Fiscalía que Sirva propone que el Senado, cuya mayoría es de Morena, nombre una comisión de designaciones responsable de explorar perfiles para proponer al próximo presidente de México una terna de la cual surja la propuesta del Ejecutivo para la cabeza de la fiscalía. Se trata de una iniciativa que busca involucrar a los actores relevantes –Legislativo, sociedad civil y Ejecutivo–, lo cual en ningún modo podría ser interpretado como el arrebato de una potestad que corresponde a los poderes formalmente constituidos.

Otro asunto mencionado fue la relevancia de constituir un servicio profesional de carrera, dentro de la futura fiscalía, para que todos los demás nombramientos –que podían ser incluso más importantes que el de su cabeza– se celebren a partir de criterios no partidarios, ni esencialmente políticos, sino respetando capacidades técnicas y garantías éticas. El propósito sería desterrar tanto el amiguismo como la politización de la justicia y, desde luego, erradicar la corrupción.

La discusión sobre el modelo de justicia penal inscrito en la ley orgánica concitó también acuerdo. No se trata sólo de diseñar el cascarón formal de la futura fiscalía, sino la materia jurídica que orientarían la actuación de los funcionarios que vayan a integrarla.

ZOOM: hay distintas clases de sociedad civil; ayer, el futuro gobierno dejó en claro que con Una Fiscalía que Sirva va a trabajar de manera estrecha. En cambio, otros actores tradicionales de la fotografía política, como, por ejemplo, Isabel Miranda de Wallace o Alejandro Martí, estuvieron ausentes. ¿Será que el deseo de consenso es tanto que también a ellos se les invitará a participar?
05 Julio 2018 04:00:00
¿Reconciliación total con los empresarios?
Ayer por la mañana, antes de que se celebrara la reunión entre Andrés Manuel López Obrador y la cúpula empresarial mexicana, una reportera preguntó a Valentín Díez Morodo, el más priista de los patrones mexicanos, si habría reconciliación total entre el futuro presidente y el sector privado. Él respondió, “no sé qué es eso”.

Minutos más tarde, el gran triunfador de la contienda del domingo pasado llegó a la reunión en un Volkswagen Jetta, modelo 2010, cuyo valor no rebasa los 98 mil pesos. Lo hizo en punto de las 8:30 de la mañana, al hotel Camino Real de la Ciudad de México, y tardó un tiempo largo en acceder al salón porque varias decenas de personas querían saludarlo, entregarle una carta, felicitarlo, tocarlo, mirarlo con proximidad.

La reunión de trabajo duró dos horas y fue a puerta cerrada. La información compartida con el público se entregó durante una conferencia de prensa celebrada al término del evento, conducida por Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el candidato presidencial electo.

Ahí López Obrador precisó que la reunión se había caracterizado por una actitud mutua de confianza. Alfonso Romo, futuro jefe de la oficina del Presidente, fue más lejos: “ya nos queremos todos, estamos en una luna de miel que durará seis años”. Y luego preguntó: “¿no han visto el tipo de cambio?”

Las distancias que había comienzan a acortarse. Sería falso decir que son amigos, más difícil suponer que son socios: no es fraternidad sino respeto lo que pudo observarse en este encuentro. Cerrado el proceso electoral, la etapa para los pleitos terminó y a todas las partes les conviene trabajar coordinadamente.

La agenda de temas la puso el político tabasqueño: formuló como primera acción conjunta un programa para el primer empleo de los jóvenes, financiado con recursos del Gobierno; becas para 2 millones 600 mil jóvenes que ingresarían a laborar sin costo para las empresas, con el fin de adquirir experiencia y capacitación.

Los empresarios no respondieron con una contraoferta para que el programa se potencie, pero recibieron bien la iniciativa.

El otro tema expuesto por el candidato electo fue la extensión, a todo el país, del programa de apoyo para adultos mayores, de tal manera que los ingresos recibidos por este sector sean similares, independientemente de la entidad federativa.

En conjunto, ambos proyectos costarían 150 mil millones de pesos, cifra que representa un tercio más del monto asignado actualmente al programa Prospera. Ante la pregunta obligada de los líderes empresariales, sobre el origen de los recursos para financiar la costosa iniciativa, López Obrador respondió que conseguirá fondos suficientes a partir de la austeridad que impondrá sobre su Administración, “lo haremos, aunque nos quedemos sin camisa”, advirtió seguro de sus matemáticas.

Valentín Díez Morodo no fue entrevistado al finalizar el evento, pero sus pares empresarios contrastaron por su entusiasmo: de toda evidencia hubo reconciliación.

Alejandro Ramírez, cabeza del Consejo Mexicano de Negocios, se dijo “optimista por lo que pueden hacer el sector privado y el nuevo Gobierno”. Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México, festejó el discurso de López Obrador porque ofrece las condiciones de certidumbre que el sector financiero necesita para ser motor de desarrollo. Moisés Kalach, responsable del CCE para la renegociación del TLC, se dijo contento porque habrá continuidad institucional del Gobierno entrante a los trabajos realizados por la actual
Administración.

Al parecer, la peor pesadilla del sector empresarial ha sido conjurada. El CCE nació en los años 70 del siglo pasado como un organismo cúpula diseñado por los empresarios más ricos del país para enfrentar un pleito amargo y severo con el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez.

Desde entonces baila en ese organismo el fantasma de aquel político que tanta desconfianza provocó y López Obrador encarnó a ese fantasma de su cabeza, durante las últimas tres elecciones.

ZOOM: ¿Será que por fin el divorcio ha sido enterrado? Por lo pronto, la transición política comienza más tersa de lo que se anunció durante la campaña. Si AMLO y los empresarios alimentan con consistencia la confianza y la certidumbre, esto significaría una invitación amplia para que el resto de quienes habitamos el país aportemos lo propio.
28 Junio 2018 04:00:00
El voto: ¿desigual o parejo?
La contienda cierra entregando una mayoría amplia en la elección presidencial para Andrés Manuel López Obrador. De aquí al domingo, difícilmente habrá una sorpresa en la elección más importante. Lo que no está claro es si el electorado va a apoyar en todo lo demás al triunfador, o dividirá su voto para acortar su poder.

Según las últimas encuestas, el sufragio dividido iría ganando sobre el voto parejo: mientras AMLO lograría un techo de 47%, los diputados de Morena toparían en 40% (Mitofsky, junio 18).

Contrastan los resultados de la coalición encabezada por Ricardo Anaya porque, según la misma fuente, el candidato quedaría alrededor de tres puntos por debajo con respecto al voto que lograrían sus legisladores. Por su lado, en el caso de José Antonio Meade, el sufragio sí sería parejo: 23.5% del abanderado contra 22% de los diputados.

De acuerdo con otra encuesta (Reforma, junio 27), mientras las preferencias electorales del candidato de Morena habrían crecido, entre el 1 y el último día de mayo (votación efectiva) –de 48% a 52%–, los resultados previsibles para los diputados de Morena habrían decrecido cinco puntos: de 42% a 37 por ciento. En cambio, para el Congreso las preferencias de las otras dos coaliciones se habrían mantenido sin movimiento.

Las personas que votarán por López Obrador tendrán dos decisiones pertinentes: primero, entregar el voto parejo de tal manera que el próximo Presidente de la República cuente con un margen holgado para emprender los cambios prometidos, o bien, desigualar, de tal manera que AMLO, a partir de diciembre, enfrente contrapesos que lo obliguen a negociar con las oposiciones.

La segunda decisión, quizá la más difícil, sería aquella que tiene que ver con la oposición elegida para equilibrar al poder presidencial. De acuerdo con la última encuesta de Reforma, los partidos de oposición (a Morena) que mayor posibilidad han mostrado en esta contienda para crecer en el Congreso son Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y el Partido Verde. En cambio, el PRD sufre la peor caída de su historia –podría terminar la jornada con menos de 4% de las preferencias– y el PRI no está encontrando electores nuevos con quienes superar la barra de los 20 puntos.

Si todo se mantiene igual, dos de cada 10 electores que votarán por AMLO emitirán un voto dividido, y los restantes ocho mantendrán lealtad pareja hacia Morena. Los primeros creen en el candidato, pero no en su partido; los segundos están dispuestos a entregarle, sin distinguir, todo el amor y el dinero al movimiento y su abanderado.

En la misma encuesta de Reforma (junio, 27) se ofrece una serie de datos que permiten comprender el estado de ánimo ciudadano, a unos cuantos días de la elección: López Obrador aparece como el candidato presidencial más confiable para combatir la corrupción (47%), más capaz también para gobernar (42%), más apto para mejorar la economía (41%) y la seguridad (37%), pero al menos un tercio del electorado cree que podría desestabilizar al país.

Este último dato contrasta con la percepción generada en el mismo sentido por Ricardo Anaya –solo 9% cree que este otro candidato presidencial sería un problema para la estabilidad– o por José Antonio Meade (21% lo considera como un factor desequilibrante).

Son estos últimos números los que explicarían por qué hay un voto a favor del candidato López Obrador, que está calculando votar diferenciado: son los que piensan que es necesario el contrapeso para disminuir la probabilidad de inestabilidad.

Los mismos datos permiten predecir que serán dos partidos de la coalición Con México al Frente, el PAN y MC, quienes se llevarían un buen trozo del voto que confía en AMLO, pero no en Morena.

ZOOM: Andrés Manuel López Obrador será el próximo presidente de México, pero como sus antecesores –desde 1997–, él también tendrá que negociar con las oposiciones para poder sacar adelante sus propuestas de cambio, sobre todo las más ambiciosas.
21 Junio 2018 04:00:00
El día después
Cabe temer que la confrontación no se detenga el día después, que la polarización se prolongue, que la intolerancia se instale, que el lenguaje violento haga imposible la conversación, que se asfixie la crítica, que se destierre la diferencia.

El ambiente hostil que ha marcado a esta contienda no es democrático, si definimos democracia como lo hizo John Stuart Mill: como el gobierno mediante el diálogo.

La estridencia de los extremos está haciendo imposible el intercambio entre razones diferentes: predominan la descalificación, el insulto, la condescendencia, la arrogancia y la insolencia. Somos una comunidad que normalizó el lenguaje violento.

Los más optimistas creen que, después del 1 de julio, regresarán las aguas bravas a la calma; como por arte de magia el triunfo de un nuevo líder para la República hará que la fiesta se imponga sobre la tragedia.

En el otro polo, los pesimistas tienen miedo; temen que el triunfalismo encabronado los arrolle, los acose, los extermine. El megáfono que ha proferido ataques sin contención, durante estos meses de campaña se asoma apenas como una probada de lo que podría venirse después.

Quienes nos dedicamos al oficio periodístico también nos inquietamos porque, el día después, podría ser tierra agreste para hacer nuestro trabajo, contexto ingrato para nuestro oficio, que es esencialmente incómodo para el poder.

Esta campaña ha sido hostil para el pensamiento crítico porque, sin importar los méritos o las bases de cada argumento, se descalifica haciendo pedazos al emisor con adjetivos a la vez venenosos e infantiles, sin que las razones alcancen gravedad ni respeto por el hecho de haber sido expresadas desde la diferencia.

No hay voz en la política que se haya comportado decente en esta temporada electoral: desde las barbaridades de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, que propone cortarle la mano a los corruptos, o la facilidad con que el disidente es acusado de pertenecer a “la mafia del poder,” pasando por la rabia con que se promete meter a la cárcel al Presidente saliente, o el al estribillo oxidado del peligro para México.

La clase política está convencida de que todo se vale durante el proceso electoral porque desconoce que las palabras son recurso privilegiado para movilizar estados de ánimo, y por tanto para construir o destruir realidades.

Hay una liga directa entre la violencia verbal y la violencia física: la hay entre los más de 100 candidatos asesinados en esta contienda y la capacidad de los liderazgos políticos para exacerbar el desprecio por el otro.

El día después tendrá como principales necesidades una escoba y un recogedor, porque la irresponsabilidad de la política dejará un inmenso tiradero.

Por eso, el día después es una iniciativa brillante, promovida por el actor Diego Luna y otros mexicanos, para conjurar la polarización, la violencia y la intolerancia, para asegurar que la crítica sobreviva y para promover el diálogo plural y respetuoso, independientemente de quién salga triunfador en las urnas.

Para enfrentar los grandes desafíos serán necesarios lo puentes y no los barrancos; el día después es una iniciativa que pide, a cada persona, hacerse responsable de construirlos.

Diego Luna ha hecho un llamado a la clase política para que, el día después, detenga su rijosidad, pero también nos ha dedicado a los medios un argumento elocuente: porque el periodismo igual moviliza el lenguaje, nuestro oficio puede reconciliar a la sociedad mexicana, o bien continuar apartándola.

ZOOM: la libertad de expresión tiene al pensamiento crítico como motor y como faro en el horizonte crecer la coexistencia pacífica entre los diferentes. El día después será crítico para construir paz, tolerancia y respeto a la diversidad, o no habrá día después.
14 Junio 2018 04:07:00
Anaya aniquilado
Son muchos los que están dispuestos a hacer cualquier cosa para anular políticamente a Ricardo Anaya Cortés. Cada día crece más la lista de enemigos que quieren verlo, no sólo derrotado en las urnas, sino enterrado de manera definitiva.

Ayer la Comisión Permanente del Congreso, a instancias de los representantes del Partido Verde y del PRI, aprobó un punto de acuerdo para exigir a la PGR que, antes de 10 días, entregue un avance de las indagatorias que esa institución tiene en contra del candidato de Por México al Frente.

Es decir que la Procuraduría habrá de argumentar, siete días antes de la elección, si las acusaciones contra Ricardo Anaya tienen sustento.

Para el PRI es fundamental que Anaya caiga al tercer lugar de la contienda, y sus dirigentes no han perdido oportunidad para señalarlo como el político más corrupto de la temporada.

Los expedientes en su contra se apilan sobre las mesas de redacción de varios medios y quien los elaboró trabaja y cobra para el Gobierno federal.

La penúltima bomba para hacer estallar la opción de Anaya fue la difusión de supuestas grabaciones inculpándolo por lavado de dinero. La última será la publicidad de una indagatoria ministerial que, sin estar terminada ni probada, muy probablemente hará enorme daño.

En este tiempo bajo la metralla, Ricardo Anaya no logró defenderse con contundencia. El hecho de que haya participado en un negocio inmobiliario cuantioso, a propósito de la nave industrial donde está involucrado el señor Manuel Barreiro, lo puso en una situación vulnerable que sus adversarios han utilizado sin piedad.

Hay una primera lección en todo esto: no es posible ser el principal alguacil anticorrupción, y sobre todo no es pertinente enfrentar al jefe del Estado mexicano, si se tienen negocios difíciles de explicar.

Pero no sólo el presidente y su partido quieren ver a Anaya expulsado de la vida política mexicana. Se suman también panistas y expanistas, que ya calculan la derrota en estos comicios y sobre todo la oportunidad que tendrán para hacerse de la dirigencia del PAN.

Los senadores Roberto Gil Zuarth o Ernesto Cordero, el gobernador Francisco Domínguez, el exgobernador Rafael Moreno Valle o el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, entre muchos otros, quieren ver a un Anaya hecho garras, porque entonces se les abrirá grande la puerta para participar en las negociaciones con el futuro gobierno.

A Peña Nieto y los panistas, se suma obviamente Andrés Manuel López Obrador y los morenistas, como enemigos de Ricardo Anaya. Los últimos están conscientes de que, en el hipotético caso de que el queretano quedara a pocos puntos de distancia, el PAN se convertiría en una fuerza incómoda para el nuevo gobierno.

En cambio, la derrota de Anaya dejaría sin dientes a la oposición conservadora, al menos mientras se canibalizan entre sus distintos liderazgos. El cálculo es preciso: si “Anayín Canallín”, como lo apodó AMLO, recibe menos de 20% de la votación, Morena reinará sin contención ni límite en el Congreso y en una vasta geografía de la política local.

Ciertamente son demasiados enemigos y lo peor es que Anaya se mira cada día más solo.

A excepción de Jorge Castañeda, su coordinador de campaña, Diego Fernández de Cevallos, su más combativo defensor, y Santiago Creel, su estratega político, el resto de los integrantes del Frente parecen haber tomado también distancia.

ZOOM: Morena será hegemónica porque las oposiciones se han desfondado: el PRI es merecedor del más alto castigo y, en su intento desesperado por no dejar a Anaya llegar en segundo lugar, ambas fuerzas terminarán juntas y en la misma cuneta.
07 Junio 2018 04:00:00
El extraño caso del señor Levy
De plano es difícil comprender la trama. ¿Buscó o no el equipo de Andrés Manuel López Obrador al economista Santiago Levy para que se incorporara a su posible gobierno? La pregunta es sencilla y merece una respuesta puntual.

El día 29 de marzo de este año, el señor Gerardo Rodríguez escribió un mensaje en Twitter advirtiendo a Gerardo Esquivel, el asesor estrella de AMLO para los temas económicos: “Santiago Levy en busca de chamba con el Peje. Ojo tocayo @esquivelgerardo que no te vayan a rebasar por la derecha”.

A este mensaje Esquivel respondió casi de inmediato: “Pues ojalá que ahora que deje el BID se anime a venirse a México. Será muy bienvenido. Gente como él hace falta en nuestro país”.

No han pasado ni tres meses de este intercambio en Twitter y sin embargo algo fundamental cambió. En marzo era irrelevante que Levy hubiese sido profesor del ITAM, también que hubiera sido subsecretario de Hacienda durante el gobierno neoliberal de Ernesto Zedillo Ponce de León, o director del Instituto Mexicano del Seguro Social del gobierno conservador de Vicente Fox.

Cabe suponer que los trabajos académicos más recientes de Levy, en particular su extraordinario libro Buenas Intenciones, Malos Resultados, superaban en mérito la currícula previa. Acaso también valoró el equipo de AMLO la posición que actualmente ocupa Levy dentro de la muy pequeña élite financiera mundial: es vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

Es obvio que Levy estaba siendo considerado para incorporarse de alguna manera al equipo de gobierno de quien muy probablemente será el próximo presidente de México. De otra manera, ¿para qué querría el asesor económico estrella de AMLO que se regresara al país?

Ésta es la pregunta principal y, acaso, la que mayor confusión produjo. Dado que Levy ya fue subsecretario de Hacienda, habría sido ingenuo, por no decir inaceptable, que le propusieran repetir en ese cargo.

A ese exprofesor del ITAM le ofrecieron otro puesto más importante: a Santiago Levy lo buscó el equipo de López Obrador, sin que su itamismo, su neoliberalismo ni su conservadurismo fueran argumentos relevantes.

¿Por qué, entonces, ante la especulación de que podría ser el futuro secretario de Hacienda con López Obrador, Gerardo Esquivel escribió el lunes pasado, también a través de su cuenta de Twiter: “Veo que ya hay quienes piden aplicar el Gatopardismo económico: que todo cambie para que nada cambie. Lamentable?”.

¿Por qué, horas después, volvió a tuitear: “Perdida la presidencia, sálvese el modelo el sueño guajiro de los neoliberales (y de sus acólitos)”?

Primero se le pide a un neoliberal que regrese a la patria y luego se señala a quienes consignaron el hecho como gatopardistas, acólitos neoliberales y soñadores guajiros.

Aquí no hay fake news creada para destruir a nadie ni acusar a nadie. La propuesta de Levy como secretario de Hacienda sonaba lógica en un contexto de incertidumbre económica provocada por la guerra arancelaria que el gobierno de Donald Trump ha emprendido contra nuestro país. Un acto de gradualismo para una transición económica que, con o sin Levy, terminará ocurriendo.

ZOOM: Fue el equipo de AMLO quien echó a andar el rumor y fue el candidato presidencial de Morena quien lo mató: Carlos Urzúa fue ratificado para encabezar la Secretaría de Hacienda. Ya entendimos, y sin embargo la duda flota: ¿por qué buscaron a Levy y luego lo desecharon? O habrá sido al revés: ¿el neoliberal despreció la oferta?
04 Junio 2018 04:10:00
Si gana AMLO, un neoliberal para Hacienda
No estamos para sobresaltos. La economía mexicana aguantaría poco si varios meteoritos la atacan al mismo tiempo, y todo parece indicar que éste será el caso. Por eso, una decisión fundamental del candidato presidencial que resulte triunfador será el nombramiento de la persona que ocupará la secretaría de Hacienda.

La semana pasada vivimos una probadita de lo que se nos viene con las decisiones arbitrarias que Donald Trump está tomando a propósito del Tratado de Libre Comercio. Los aranceles unilaterales sobre acero y aluminio que impuso a México, entre otros países, hicieron que la moneda se resbalara rápido hacia la devaluación.

Este fenómeno seguirá ocurriendo porque, contrario a lo que suponen las autoridades mexicanas, la Casa Blanca no va a negociar en serio, de aquí a las elecciones estadunidenses del próximo mes de noviembre. El magnate ya encontró que es más redituable aplicar medidas quirúrgicas para congraciarse con electores precisos que avanzar hacia una negociación general.

Cabe esperar que otra mañana cualquiera nos encontraremos con que el aguacate mexicano va a pagar 20% de aranceles o que nuestras pantallas planas se venderán un tercio más caras del otro lado de la frontera.

Y cada vez nuestra moneda se correrá, y cada vez la amenaza a la estabilidad económica del país será peor. Si bien es cierto que el Banco de México cuenta con reservas para enfrentar estos embates, arrojados desde Washington, también lo es que los indicadores de deuda pública no son los más saludables.

Flota obviamente en la atmósfera la peligrosa transición presidencial ocurrida en 1994, cuando el paso de un gobierno a otro se hizo tan torpe que nuestra economía terminó arrojada al cubo de la basura.

En 2018 todos los aspirantes a presidente deberían estar preocupados por no repetir aquella historia. Si hay elementos de nuestra economía que, como en aquel entonces, estuvieran sostenidos por alfileres, mejor sacar a tiempo los clavos de acero para conjurar otro descalabro.

¿Qué clavos de acero hacen falta? Primero, una transición conversada con los pocos que sostienen el poder económico mexicano, cuya capacidad para hacer daño es peligrosamente atómica. Cabe recordar que el 10% más rico es dueño de entre el 60 y el 65% del patrimonio nacional.

Apesar de lo tentador que sería modificar radicalmente esta injusticia, tal batalla tendrá que esperar. En esta coyuntura –por lo menos de aquí a que el TLCAN se renegocie (o se tire a la basura)– es pésima idea pelearse con ese selecto grupo de señores.

Segundo, resulta fundamentalenviar una señal contundente a los mercados nacionales e internacionales sobre quién será la persona responsable de conducir las finanzas del futuro gobierno.

Un error grave, cometido en 1994, fue despedir demasiado pronto al entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe. El presidente Ernesto Zedillo no estuvo dispuesto a conceder la permanencia de ese funcionario porque no confiaba en su antecesor.

Sin embargo, esa decisión política terminó haciendo explosión, cuando los mercados no le entregaron su voto de confianza a Jaime Serra Puche, al tiempo en que el flamante secretario cometía errores de párvulo con respecto a la necesaria devaluación de la moneda.

En elremoto caso de que José Antonio Meade ganase la contienda, la permanencia de José Antonio González en Hacienda resolvería esta parte de la ecuación. En cambio, si el triunfador fuera Ricardo Anaya, vale subrayar que, a estas alturas de la campaña, el país continúa a ciegas con respecto a la persona que ocuparía este cargo fundamental.

Dados los resultados arrojados por la mayoría de las encuestas, el tema más preocupante es la propuesta de secretario de Hacienda que ha presentado Andrés Manuel López Obrador: Carlos Urzua tiene méritos incontables, pero no es uno de ellos ser un sujeto que aporte tranquilidad a los mercados, por el sólo hecho de que jamás ha ocupado un cargo relevante en la complicada secretaría de Hacienda; su paso por la academia ha sido más largo que el tiempo gastado en la trinchera.

En talcircunstancia, AMLO debería reconsiderar esta opción y pedirle a Urzua que espere a ver tiempos mejores, en calidad de subsecretario del ramo. En su lugar habría de pensarse en una figura que trascienda facciones, que conozca bien la nave y que pueda comunicarse con confianza y eficiencia, hacia dentro y hacia fuera.

ZOOM: No va a ser del agrado de los votantes y seguidores de AMLO, pero si Trump sigue atizando el avispero, veremos en breve como propuesta para la secretaría de Hacienda, de la coalición Juntos Haremos Historia, a un financiero tradicional, surgido de las filas del neoliberalismo, acaso un itamita, un exdirector del Banco de México, un funcionario del Fondo Monetario Internacional, o algo parecido.


31 Mayo 2018 04:00:00
Becado en España por espiar para el Gobierno de Peña
Roberta Lajous Vargas, embajadora de México en España, aparece en primer plano. A sólo dos lugares de ella está sentado Eugenio Ímaz Gispert, hasta hace muy poco director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Otros nueve funcionarios de la embajada también sonríen frente al lente de la cámara.

La fotografía fue publicada a través de la plataforma Twitter, el martes 8 de mayo. Según el mensaje que la acompaña, la reunión consignada tuvo como propósito capacitar al personal de la Cancillería sobre temas relacionados con los próximos comicios.

¿Qué hace Eugenio Ímaz en Madrid? Pues resulta que el antiguo responsable de la inteligencia del Estado mexicano ingresó, con sigilo y por la puerta de atrás, a trabajar para la Secretaría de Relaciones Exteriores, con rango de ministro y un sueldo de 7 mil euros al mes.

Su nombre no aparece en el organigrama de la dependencia, tampoco sus datos de contacto, mucho menos el cargo que ocupa desde abril de este año. No es nuevo que, quienes se creen dueños del Gobierno, tomen los cargos públicos como botín personal; sin embargo, a diferencia de otros tiempos, la arbitrariedad es difícil de esconder. Sobre todo cuando los diplomáticos tuitean imágenes de sus reuniones internas y luego sonríen plenos de satisfacción.

Quizá la Cancillería reclutó a Eugenio Ímaz como becario porque este exagente de inteligencia tiene una buena relación con el Gobierno de España: en Marzo del año pasado obtuvo la Cruz de Plata al mérito policial por la colaboración que el Cisen prestó para atrapar al terrorista de la ETA Ángel María Tellería Uriarte.

Sin embargo, en México su trayectoria contrasta por poco lucidora. Nunca el centro responsable de proveer inteligencia al país tuvo un papel más mediocre que durante los años en que Ímaz Gispert fuera su director. Dedicado al espionaje político para propósitos inconfesables, el Cisen descuidó su rol como institución de seguridad nacional.

Las pifias de Ímaz han merecido sendas gotas de tinta: desde el mítico escape de Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal de La Palma, mientras sus agentes lo vigilaban, pasando por la nula aportación de este centro a la investigación sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, cruzando por la pérdida de varios miles de kilómetros que cayeron en manos del crimen organizado, así como por la ceguera cómplice frente a la corrupción abrumadora en los gobiernos locales.

Pero eso sí, el Cisen desarrolló robots adictos a intervenir en las redes sociales con el objeto de atacar a los detractores del Gobierno, espió a la oposición –fuera y dentro del PRI–, grabó y luego difundió conversaciones privadas, filtró información y expedientes que dañaron la reputación de muchos y todo esto, mientras los profesionales de la inteligencia mexicana eran desechados para contratar en su lugar a leales servidores del gobernante en turno.

El desmantelamiento del Cisen lleva ya muchos años, pero su peor degradación ocurrió durante la gestión de Eugenio Ímaz. La única virtud que tiene este hombre es su lealtad incondicional al futuro senador, Miguel Ángel Osorio Chong; acaso por esta razón lo premiaron como ministro de la embajada de México en España.
24 Mayo 2018 04:00:00
Ricardo Alemán y el odio
El lunes de esta semana, Ricardo Alemán publicó una mentira a través de la cuenta que tiene en Twitter: “autoridades politécnicas revisaron a detalle el caso de linchamiento mediático en contra del periodista” (Ricardo Alemán se llama a sí mismo: el periodista).

Es falso que la autoridad politécnica haya observado, analizado, revisado o ponderado acto alguno relacionado con un supuesto linchamiento en contra de este señor.

Un comunicado conjunto emitido por Canal Once y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) dice que –en coincidencia con las opiniones de la Defensoría de la Audiencia y el Consejo Ciudadano de la televisora– no se encontraron motivos para rescindir el contrato que dio origen a la producción y emisión del programa Despertar Político, conducido por Alemán, cuya vigencia se agota el día 31 de julio de este año.

La fuente de esta controversia fue aquel otro mensaje, publicado por el mismo señor, también en Twitter, el día 5 de mayo: “Les hablan: ‘A John Lennon lo mató un fan. A Versace lo mató un fan. A Selena la mató un fan. A ver a qué hora chairos’”.

Dado que Ricardo Alemán ha señalado reiteradamente como chairos a los seguidores del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, el mensaje implica sin ambigüedades un llamamiento al magnicidio.

Este mensaje del señor Alemán dio la espalda a las leyes mexicanas. Es puntualmente contrario a los principios contenidos en el Artículo 226 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión: es un acto contrario a la paz y la dignidad de las personas que estimula la violencia.

Sin embargo, en opinión de las autoridades politécnicas, dado que el mensaje del señor Alemán no fue emitido en el programa Despertar Político, sino en una plataforma de redes sociales, no se materializa causal jurídica sustantiva para rescindir el contrato.

Con todo, se exhorta al aludido para que comprometa su periodismo con “la construcción de una ciudadanía participativa e informada; además del respeto a la democracia y la pluralidad que se debe guardar en los espacios de la emisora politécnica”.

El buen entendedor no necesita más palabras: 1) el contrato de prestación de servicios entre Canal Once y Ricardo Alemán continuará vigente hasta el día 31 de julio; 2) debido a que el mensaje incitando al odio y la violencia no fue emitido dentro del programa Despertar Político; pero 3) se solicita al señor disposición para construir democracia.

Tiene mucho tiempo ya que Ricardo Alemán está dedicado a agitar los argumentos polares de nuestra sociedad. Su lenguaje provocador, agresivo, increpante y colérico arrecia contra unos y logra enardecer a otros.

El día 5 de mayo de 2018 este sujeto se permitió llegar al extremo de promover por Twitter el asesinato de un candidato presidencial. Olvidó que la libertad de expresión tiene como limitante la promoción del odio y la violencia. Luego, con un video, dijo que no dijo lo que sí dijo y, acto seguido, se asumió como víctima de linchamiento por parte de quienes, en masa, le reclamaron su conducta. Era difícil suponer que un exabrupto como ese no iba a levantar bufidos igual o peor de inmorales.

ZOOM: La estridencia de los extremos está produciendo, en el mundo y en México, una muy peligrosa fractura social y, por obra de sus voceros, la democracia está en riesgo.

John Stuart Mill se refirió a la democracia como el Gobierno a través del diálogo; quien promueve la aniquilación del otro, quien increpa por sistema, quien cierra los canales de la conversación es responsable principal de la opresión.

En este contexto, los medios públicos habrían de tener como responsabilidad privilegiar la elocuencia de la moderación sobre la estridencia de los extremos.
10 Mayo 2018 04:00:00
Lo que quiso decir López Obrador
“Tienes el diagnóstico correcto, pero con la medicina que quieres recetar tu paciente no llegaría vivo ni a la ambulancia”. Eso fue lo que Alfonso Romo le dijo a Andrés Manuel López Obrador el día que se conocieron. Corría el año 2011 y fue Dante Delgado quien los presentó, durante un almuerzo en la casa familiar del tres veces candidato presidencial. Asegura Romo que, frente a la crítica, AMLO no se sintió agredido. Al contrario, el político tabasqueño invitó a ese empresario de Nuevo León, tan diferente a él por geografía y por ideología, para que lo acompañara en su carrera hacia el poder.

Desde que comenzó la vida profesional, en la Chontalpa tabasqueña, López Obrador se dedicó a cultivar capital político a ras del suelo. Sin embargo, no ha sido jamás su fuerte la interlocución con la gente que vive en el cielo mexicano.

Mientras lo primero es su virtud principal, lo segundo ha sido una desventaja notoria para ganar la Presidencia de México. Hay evidencia suficiente para decir que, en la democracia nacional, sólo quienes se dirigen a los dos Méxicos logran ganar la competencia, porque aquí vota la ciudadanía, pero también lo hace el capital. A partir de aquel encuentro Alfonso Romo se convirtió en el traductor de las palabras de Andrés Manuel López Obrador, cuando quiere relacionarse con la clase poderosa mexicana, en particular con aquellos empresarios que concentran las decisiones más importantes del país.

No fue en la elección de 2012 cuando Romo tuvo un papel destacado, sino a partir de la fundación de Morena y de la campaña que comenzó, muy temprano, para ganar 2018. Alfonso Romo se dedica a distintas actividades económicas, pero prefiere definirse a sí mismo como agricultor. Es por tanto próximo a su experiencia el acto de sembrar, para luego recoger el fruto cuando la madre naturaleza finalmente otorga.

Algo así hizo este empresario durante los últimos años, a favor de su candidato presidencial. Desayunó, comió y cenó con sus pares, estableció acuerdos, argumentó con elocuencia sobre las ventajas de su producto, sensibilizó sobre la pertinencia de la oferta política de la izquierda, insistió pues, y cuando no tuvo éxito, insistió de nuevo.

Seis años transcurrieron y su inversión por fin dio frutos. Esta semana logró conjurar un pleito que se antojaba de proporciones insuperables. Igual que en 2006, recién AMLO hizo patentes sus diferencias con el liderazgo empresarial más encumbrado. Llamó minoría rapaz y traficantes de influencia a señorones muy destacados. xEse pleito, en otro momento, habría costado todo al candidato. Así sucedió hace 12 años, cuando el CCE financió un spot de televisión advirtiendo que López Obrador era un peligro para México.

Y, sin embargo, a pesar de que se escuchó tronar el cielo, ahora no cayó una fuerte tormenta. Esta vez la guerra se desinfló, primero porque los empresarios se dividieron: unos arrojaron sus colmillos contra la yugular del candidato –con idéntica fuerza a la mordida que habían recibido– pero otros advirtieron que no tomarían partido en el pleito.

Luego, sorpresivamente, AMLO bajó la temperatura de su discurso: anunció que, de llegar a la Presidencia, no echaría para atrás la reforma energética (al menos durante los tres primeros años de Gobierno), y también dijo que consideraría mantener el proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, siempre y cuando no costara tanto al contribuyente. Esos dos mensajes fueron leídos como bandera blanca, sobre todo porque Alfonso Romo se encargó de visitar a quienes había venido visitando, para explicar lo que en realidad quiso decir su candidato: que la minoría rapaz era tan minoría que sólo incluía a unos cuantos. Rubén Aguilar, el vocero de Vicente Fox, jugó el papel del traductor para el primer presidente de la transición. De llegar a Palacio Nacional, le tocaría a este hábil comunicador y probado emprendedor hacer los matices necesarios.

ZOOM:

¿será que Andrés Manuel López Obrador cuenta ahora con mejores medicinas para atender el diagnóstico? ¿Será que su paciente puede salvarse antes de llegar a la ambulancia? Siete años después, esta pregunta tendría que responderla, con sus propias palabras, el empresario Alfonso Romo.
03 Mayo 2018 04:00:00
El voto útil no alcanza
No es una alucinación, como dice Andrés Manuel López Obrador, pero ciertamente no alcanza. Algunos líderes de empresas pidieron a Margarita Zavala y José A. Meade que declinaran por Ricardo Anaya para impedir la llegada de AMLO a Palacio Nacional.

La candidata independiente ya respondió que no lo hará y el candidato oficial anunció que, de su lado, mejor iba a realizar cambios en su equipo de campaña para remontar el vuelo.

Haciendo números, de poco sirven Zavala y Meade para que Anaya derrote a AMLO. De acuerdo con los sondeos más recientes, a Margarita ya sólo le quedan uno o dos puntos que regalar y el capital de Meade es tan exiguo que cualquier acto de generosidad proAnaya sería suicida, ya no para él, sino para la sobrevivencia del PRI.

El único escenario que colocaría en circunstancia pareja a los dos adelantados es aquel donde el tabasqueño perdiera ocho puntos, mientras que el queretano subiera sus preferencias en esa misma proporción. ¿Cuántos de esos ocho puntos, que Ricardo Anaya necesita, pueden realmente provenir de Zavala o de Meade?

De Zavala prácticamente nada y es un sueño de opio suponer que el exsecretario de Hacienda declinará, porque al hacerlo cortaría con un machete de carnicero las posibilidades de un tropel grande de priistas que están peleando por los 3 mil 400 puestos de elección popular en juego para el próximo 1 de julio.

No puedo imaginarme el discurso que los empresarios le exigen a José Antonio Meade: “señores y señoras votantes, les pido de la manera más encarecida que, con tal de evitar el triunfo del ‘Peje’, tachen la boleta presidencial a favor de Ricardo Anaya, pero no dejen de votar por las y los candidatos a diputado, senador, gobernador y presidente municipal del PRI, partido al que, por cierto, no estoy afiliado”.

¿Así o más ridículo? Sin bromas: en caso de que Meade se bajara de la contienda, la alianza Panal, Partido Verde y PRI no obtendría más de 12% de la votación y un tricolor con menos de ese porcentaje difícilmente lograría vivir después de 2018.

A menos que los dirigentes priistas prefieran el suicidio a que AMLO sea presidente, no hay racionalidad política que vaya a conducirlos en esa dirección.

Si Zavala y Meade no son útiles para que Anaya gane, ¿cómo podría el candidato de la coalición PAN-PRD-MC volverse competitivo frente a López Obrador?

Según la encuesta de Reforma publicada el día 2 de mayo, AMLO trae un voto posible de 48%, contra sólo 32% de Ricardo Anaya; es decir que la distancia entre ambos es de 16 puntos.

Vale decir que parte de la ventaja que tiene el primer lugar sobre el segundo la obtuvo gracias a la campaña negra que el PRI emprendió antes contra Anaya para mostrarlo como la bestia negra de la corrupción mexicana. Previo a esa campaña, el candidato de la coalición Por México al Frente gozaba de mucha mejor salud política.

En efecto, hoy Anaya guarda una distancia tan grande con respecto a López Obrador por obra de la estrategia que, desde las cumbres del poder, se emprendió para destrozar la reputación del joven político queretano (prueba de que siempre hay tontos útiles que olvidan para quien trabajan).

Anaya tiene una tarea principal de aquí al día de los comicios: recuperar lo que AMLO se llevó, no por voluntad propia, sino como regalo tricolor. Si recuperara unos cuatro o cinco puntos de entre las preferencias que hoy están definidas a favor de AMLO, todavía podría ocurrir un milagro.

Con un Anaya rondando el 37% de las preferencias y un AMLO situado alrededor del 42%, el suelo para el día de la elección estaría más parejo y, sólo en esta circunstancia, el voto Meade-Zavala podría rebalancear en los márgenes.

ZOOM: Todo indica que la disputa entre AMLO y Anaya se centrará en tres temas: 1) ¿quién de los dos es más empático (próximo, cercano) con las dificultades de la vida cotidiana de las personas?; 2) ¿quién es más sincero para combatir la corrupción? y 3) ¿quién sería capaz de operar una cirugía mayor a la política mexicana? La verdadera matemática de la ecuación de 2018 está en la respuesta emocional a estas interrogantes.
26 Abril 2018 04:00:00
Ira, esperanza o miedo
Las cosas en el país están mal, ni cómo dudarlo. Contrario a lo que predica la propaganda gubernamental, lo bueno casi no cuenta, porque es difícil hallarlo. Corrupción, inseguridad, privilegio, discriminación, abuso, violencia, ilegalidad, incertidumbre y una hila larga de términos emparentados nos traen a todos con necesidad de cambiar.

No hay quién, en efecto, proponga mantener el mismo rumbo para el país. Sin embargo, es posible observar con nitidez tres estados de ánimo muy distintos a la hora de enfrentar nuestra realidad: ira, esperanza y miedo.

Hay quienes estamos frustrados y sin convicción de que las cosas puedan mejorar. Somos los enojados, o peor aún, somos los raptados por la ira que quisiera destruirlo todo, porque sólo así, de las cenizas, surgiría un futuro distinto. También somos muchos los que no queremos sucumbir ante el desastre, los que, con fe, con argumentos o con ambas armas a la vez, creemos que el cambio sólo puede llevarnos hacia un lugar mejor, hacia un futuro y un horizonte abiertos y más luminosos. Somos quienes, a pesar de todo, abrazamos la esperanza. Por último, hay que contarnos a los que tenemos miedo. Miedo de perder el patrimonio, miedo a que la inseguridad siga devorando nuestras tierras, miedo a que el país caiga aún más profundo dentro del pozo. Somos los que pensamos que nunca las cosas están tan mal que no podrían ponerse peor.

La inmensa mayoría nos adscribimos a uno de estos tres humores de manera dominante. Por esta razón es que las tres principales ofertas políticas que quieren ganar el poder el próximo mes de julio desarrollaron su propia narrativa a partir de una de estas emociones.

Andrés Manuel López Obrador nos entiende, como nadie, a quienes experimentamos con intensidad la ira. Por ello insiste en que el país cambiará, de raíz, y no volverá a ser el mismo. Por ello promete luchar “hasta la locura” contra la corrupción. Por eso señala con énfasis los privilegios y el dispendio.

A diferencia de 2012, fecha en que AMLO se presentó como el candidato de la esperanza, en esta ocasión la narrativa elegida por este abanderado es deliberadamente próxima al sentimiento de la ira. Contrasta el argumento discursivo sobre el que se ha querido montar Ricardo Anaya su retórica. Porque la emoción estaba libre en la paleta de colores y porque su edad no combina con la frustración, el abanderado del PAN-PRD y MC hace todo el tiempo referencias al futuro.

No es todavía claro que este candidato sea el representante de la esperanza, pero es innegable que se esmera en cada aparición pública por parecerlo. Por último, está el discurso confeccionado para quienes tenemos miedo. José Antonio Meade se decantó con énfasis sobre esta copa. Su mensaje no puede ser más obvio: ¿Meade o el miedo? El exsecretario de Hacienda decidió que en los próximos 70 días dotará de significado a quienes padecemos de ese estado de ánimo preciso.

No cuento con encuestas que puedan decirme cuántos ciudadanos se identifican de manera predominante con alguna de estas emociones: ¿cuántos somos los iracundos?, ¿cuántos los esperanzados?, ¿o cuántos los miedosos? Si la mayoría estamos instalados en el primer estado de ánimo, probablemente será AMLO quien consolide su ventaja electoral.

Ahora que, si somos más los esperanzados, cabe imaginar que Ricardo Anaya terminará convenciendo. El tercer grupo, el de los miedosos, tenemos como abanderado al candidato del PRI. Ciertamente somos menos en esta ocasión, pero si las pesadillas toman vuelo todavía cabe que el priista mejore su posición en la contienda.

ZOOM: todos tenemos en la conciencia ira mezclada con miedo y algo de esperanza. Pero hay una sola emoción que va a dominar el día que salgamos a votar. Para no errarle, más vale detectarla desde ahora.
19 Abril 2018 04:00:00
Osorio dijo que no, la DEA responde que sí
Miguel Ángel Osorio Chong fue categórico: “los estudiantes no necesitaban robar autobuses porque contaban con varios en la escuela Isidro Burgos, ese fue un invento del GIEI”.

Esta declaración la escuché en su oficina, durante una entrevista que hice, a principios de 2017, al entonces secretario de Gobernación para el perfil que más tarde publicaría en el libro Los Suspirantes, coordinado por Jorge Zepeda Patterson.

Me sorprendió porque con ella, el funcionario que tuvo la máxima responsabilidad dentro del Gobierno de Enrique Peña Nieto para resolver el caso de los normalistas desaparecidos descartó el móvil propuesto por el grupo de expertos internacionales.

De acuerdo con el GIEI, los jóvenes de Ayotzinapa habrían secuestrado autobuses para viajar a la Ciudad de México, como lo hacían cada año, con el propósito de participar en la marcha conmemorativa del movimiento de 1968.

Por mala coincidencia, el 26 de septiembre de 2014 se habrían apoderado de al menos un autobús que la banda criminal conocida como los Guerreros Unidos utilizaba para transportar droga a Estados Unidos.

Para recuperar la unidad, y quizá también mercancía que podría haber estado escondida dentro de ella, esa banda delincuente movilizó policía local y federal, agredió, detuvo y luego desapareció a los normalistas.

Este móvil es distinto al expuesto por la llamada verdad histórica: el exprocurador Jesús Murillo Karam dijo que los Guerreros Unidos quisieron castigar a los normalistas porque intentaban reventar un acto político de la esposa del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca.

Las transcripciones que la DEA entregó recientemente a la PGR sobre las comunicaciones de los mandos de Guerreros Unidos radicados en Estados Unidos refutan la versión oficial y, en cambio, confirman los argumentos del GIEI.

Esas grabaciones, realizadas por orden judicial, corroboran que autobuses de la línea Estrella Blanca eran utilizados para transportar droga hasta Estados Unidos, y también refieren a la complicidad que podría haber con los operadores de tal compañía:

“Llamen a los de Estrella Blanca, a los conductores, para que nos ayuden”, instruyó un sujeto apodado “Silver”, según los fragmentos registrados por la autoridad estadunidense.

De haber merecido en su momento mejor atención, esta valiosa pista de información habría reconducido las investigaciones por una ruta más venturosa.

Sin embargo, ni Osorio ni toda la cadena de mando debajo de él fueron capaces de tomarla en serio.

Si eran clave para el caso penal más importante de esta Administración, ¿por qué tales escuchas tardaron tanto tiempo en llegar a México? ¿Fue por desconfianza que la DEA no compartió con sus homólogos de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, la información que tenía sobre el trasiego de drogas desde Guerrero hasta Chicago, a través de autobuses de la línea Estrella Blanca y otras compañías?

¿De plano el Gobierno mexicano no tenía previamente ninguna pista que llevara a considerar con seriedad la hipótesis del GIEI? ¿Por qué las autoridades mexicanas se empeñaron, hasta la necedad, en dejar fuera de la investigación un hecho tan relevante?

Estrella Blanca es una empresa vinculada con la familia de Roberto Alcántara, amigo cercano de Enrique Peña Nieto y socio suyo en más de una aventura política.

Cabe especular que este hecho haya pesado en el ánimo del secretario Osorio y en el resto de la cadena de mando: la obsesión por apartar al poder federal de los hechos ocurridos aquella noche fatal en Iguala podría haber provocado que se menospreciaran argumentos fundamentales.

ZOOM: Si hoy volviera a entrevistar a Osorio Chong le mostraría las transcripciones de la DEA donde se confirma el móvil propuesto por el GIEI: los Guerreros Unidos sí combatieron a los normalistas porque tomaron los autobuses equivocados. ¿Qué me respondería esta vez el actual candidato del PRI al Senado de la República?
16 Abril 2018 04:00:00
Ayotzinapa: próximamente último capítulo
El caso está más cerca que nunca de resolverse, por fin. A pesar de tantos interesados en esconder la verdad, la investigación continúa avanzando y una última pieza ha venido a aportar y también a confirmar evidencia definitiva.

Se trata de la información divulgada, en parte, por el periodista Roberto Zamarripa (Reforma 12/04/18): escuchas autorizadas por un juez estadunidense sobre los teléfonos de varios jerarcas del grupo criminal, Guerreros Unidos, que operaban en las ciudades de Chicago y Oklahoma, antes de ser aprehendidos por la DEA, en noviembre de 2014.

A solicitud de la PGR, la autoridad estadunidense proporcionó ciertos fragmentos de conversación telefónica entre el señor Pablo Vega Cuevas y sus operadores en México y, entre un tal “Silver”, (alias utilizado para referirse a un testigo protegido en EU), y varios autores materiales ya identificados con el caso Ayotzinapa.

Estos fragmentos son pieza clave del rompecabezas que está por encontrar solución; en concreto, ayudan a responder las cinco preguntas esenciales: 1) ¿Quién ordenó las agresiones y el secuestro contra los estudiantes? (autor intelectual); 2) ¿Quiénes ejecutaron las instrucciones? (autores materiales); 3) ¿Qué razones motivaron el secuestro? (móvil); 4) ¿Dónde están los estudiantes? Y 5) ¿Qué autoridades fueron cómplices?

Si se atiende al estado previo de las investigaciones, y se añade, como válida, la información que la DEA compartió el mes pasado con la Procuraduría General de la República (PGR), tres de estas cinco interrogantes están prácticamente resueltas y solo dos quedarían pendientes.

Para responder la primera pregunta, (autor intelectual) hay que atender a las instrucciones que “Silver” dio a otro sujeto identificado como “Soldado del Amor” durante las horas en que ocurrió la tragedia: a) “ira, que hagan una demanda colectiva al Gobierno y una marcha contra los transportes”. b) “ira, hay una entrada después del tope que viene de (Chilpancingo), que la recorran y que el ‘Cholo’ (Alejandro Palacios) esté alerta y alerte a la gente”.

También las respuestas que un tal Aníbal entrega a “Silver”: “ya le dije al Gil (Gildardo López Astudillo) que cerraran la entrada de Mezcala con comunitarios y ahorita ya está el tapón y además pongamos más comunitarios” y; b) “sólo que llevaban 60 paquetes ya guardados … y otros con San Pedro”.

Zamarripa supone, con sentido común, que “paquete” quiere decir personas secuestradas, “guardados”, que están detenidas en alguna parte y “con San Pedro”, sujetos que perdieron la vida.

Quizá por encima del testigo protegido, llamado “Silver”, haya otros jerarcas de la organización Guerreros Unidos; sin embargo, por lo que estas grabaciones refieren, se trata del responsable intelectual principalísimo en el caso Ayotzinapa.

La segunda pregunta (autores materiales) tiene desde hace tiempo respuesta en México: varios de los involucrados, por ejemplo, Gildardo López o Alejandro Palacios se encuentran ya detenidos. Resulta muy importante averiguar quiénes son las personas identificadas como “Soldado del Amor”, “Aníbal”, “Spider” y “Romeo”.

La tercera pregunta, (el móvil) también se exhibe con claridad en las escuchas, cuando los involucrados, de uno y otro lado de la frontera, reconocen la equivocación de haber supuesto que los normalistas estaban aliados con la banda enemiga, Los Rojos, para tomar la plaza de Iguala.

La cuarta pregunta, todavía pendiente, podrá responderse cuando las autoridades de Estados Unidos incentiven a “Silver” y a Pablo Vega para que revelen lo que saben. En alguna de las comunicaciones Vega advierte que el caso Ayotzinapa va a afectar su negocio, a lo que le responde otro sujeto, alias “Spider”: “qué fácil es decir dónde están”. Esta hebra es fundamental para la resolución del caso. Muy probablemente Vega y “Spider” conocen lo que en México llevamos preguntándonos desde hace tres años y siete meses: ¡¿Dónde se encuentran los normalistas?!

Con respecto a la quinta pregunta (complicidad de las autoridades) –igual por resolverse en breve– un sujeto con el alias “Romeo” se queja con “Silver” por una eventual traición: “el puto procurador (Iñaki Blanco Cabrera) está (ya) con aquellas mierdas (Los Rojos)”.
12 Abril 2018 04:00:00
La bronca del ‘Bronco’
La opinión es casi unánime: Jaime Rodríguez “El Bronco” regresó a la boleta electoral por razones políticas y no jurídicas. Cuatro magistrados le dieron el espaldarazo con argumentos cuestionables.

Coincide que tres de ellos hayan sido propuestos por el PRI, cuando se integraron a la sala superior de Tribunal Federal Electoral: José Luis Vargas Valdez, Felipe Fuentes Barrera y Mónica Soto Fregoso

El cuarto, Indalfier Infante, fue promovido a ese cargo por el entonces legislador, Ricardo Monreal Ávila.

Que hayan apoyado el reclamo del “Bronco”, que a su vez hayan sido apoyados por el PRI, y que sus razonamientos jurídicos sean tan endebles, son las tres variables que, juntas, producen desconfianza; sumado a que sólo José Antonio Meade, el candidato presidencial priista, haya celebrado el regreso de este señor (expriista) a la lista electoral. Tiene casco de bombero, manguera de bombero, botas de bombero, ¿será que en realidad es jardinero?

La sombra de sospecha que flota alrededor de este extraño proceder obliga a colocar una lupa potente y acuciosa sobre el comportamiento de tales magistrados, porque en sus manos está el poder de descarrilar, con decisiones tan desaseadas como la de esta semana, un proceso electoral que es crucial para el devenir mexicano.

pero ¿Quiénes son estas personas?

José Luis Vargas Valdés es un abogado del ITAM, que hizo estudios de posgrado en España y escribió una tesis cuyo paradójico título fue: “El perfil del juez constitucional, análisis de las garantías de independencia e imparcialidad”. Obligado está a preguntarse en estos días si su voto a favor del Bronco fue independiente e imparcial, porque una opinión pública extendida cree que podría no haber honrado esos principios.

Vargas trabajó como asesor de Luis Carlos Ugalde en el IFE, cuando la polémica elección de 2006. Por recomendación de Alejandra Sota (hoy asesora estrella del candidato priísta), laboró para el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa al frente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Calderón lo echaría más tarde porque José Luis Vargas no dio entrada a las acusaciones que el PAN hizo sobre la presunta participación del crimen organizado en las elecciones de Michoacán. (La candidata panista a la Gubernatura, Luisa María Calderón, era la hermana del mandatario). Esa decisión terminó favoreciendo al priista Fausto Vallejo y, desde entonces, el tricolor le debió un favor grande que terminó pagándole cuando lo propuso, con grandes elogios, para que fuera nombrado magistrado electoral.

Otro perfil que merece atención es el de Felipe Fuentes Barrera, quien fuera responsable de redactar el proyecto de resolución que premió al “Bronco”, a pesar del desaseo y trapacería con que obtuvo las firmas ciudadanas. Antes de llegar al tribunal, Fuentes Barrera trabajó bajo las ordenes de Humberto Castillejos, exconsejero jurídico del presidente Peña Nieto, y uno de los personajes más oscuros que haya tenido esta Administración.

El actual mandatario propuso primero a Fuentes, dentro de una terna de aspirantes, para ingresar a la Suprema Corte y, al no llegar a ese puesto, lo recompensó con un asiento en el Tribunal Electoral. Él es el autor material de la bronca que hoy padece ese órgano clave para la democracia. La tinta turbia escurre de la mano de Fuentes. Habría de preguntársele a este sujeto si todo o sólo parte de su proyecto de resolución fue redactado en las oficinas del nefasto Castillejos.

Por último, queda mencionar a Mónica Soto Fregoso, juez de carrera impulsada para el cargo en el Tribunal por Emilio Gamboa Patrón, líder de la bancada priista en el Senado. Su vínculo con el PRI le viene de familia. El padre es funcionario de la actual Administración y se trata de un hombre bien conectado con líderes de esa fuerza política.

ZOOM: Que Vargas, Fuentes y Soto tengan vínculos tan evidentes con el único partido beneficiado por el regreso del “Bronco” a la boleta podría ser sólo una mala coincidencia. Para despejar la duda estos jueces habrían de respetar en sus próximas decisiones el mandato que la República les confirió, de lo contrario seremos muchos quienes demandaremos su infausto comportamiento, por muchos años.

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