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Lulú De Koster.
Lulú De Koster.
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Es periodista, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC (1995). Ha sido Premio Estatal de Periodismo, colaboradora en redacciones de periódicos locales, editorialista, productora y conductora en medios de comunicación electrónicos. Actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (Coahuila) y los comentarios aquí vertidos son a nombre de la autora.

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16 Mayo 2018 04:00:00
‘No le pegué, solamente la empujé’
La violencia intrafamiliar es un problema serio en Coahuila. Los agravios contra las mujeres y niños crecen en un ambiente de normalización social, a veces por vergüenza o temor al “qué dirán” o por dependencia económica y amenazas del agresor que regularmente es el compañero de vida, el esposo o pareja sentimental de quien soporta las agresiones físicas, verbales o económicas.

En una información recientemente publicada en Periódico Zócalo, el periodista Luis Durón habló del incremento en la petición de órdenes de restricción de madres de familia que son agredidas físicamente por su esposo o pareja, regularmente en el interior del domicilio, en actos extremos que atestiguan los hijos en medio de la impotencia de no saber qué hacer, o a quién pedir ayuda para controlar la situación y que la violencia pare de una vez por todas.

La publicación revela además, que durante 2017 se emitieron tres mil 544 medidas de protección para mujeres víctimas de la violencia y de acuerdo con datos del Centro de Empoderamiento y Justicia para las Mujeres, en el primer bimestre de 2018 se emitieron 382 órdenes de restricción para mujeres en la entidad.

La función de los efectivos municipales, que son la autoridad de primer contacto en caso de emergencia o cuando una mujer pide apoyo ante la situación de violenta intrafamiliar, juegan un papel importante a la hora de la detención o sometimiento del agresor. Porque la violencia que se denuncia, no puede ni debe quedar impune aunque existan intentos de persuasión para que se otorgue el perdón o tráfico de influencias para que no se ejercite acción penal contra el agresor.

En estos casos, la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres, Delitos Sexuales en contra de Niños, Niñas y Adolescentes está facultada para otorgar medidas de protección a la madre y los hijos por un periodo de 60 días a partir de la denuncia por lesiones presentada ante el Ministerio Público adscrito a esta oficina que depende de la Fiscalía General del Estado.

La violencia puede ser un factor detonante de la disolución del vínculo matrimonial. Con las modificaciones al Código Civil, aprobadas en 2013, se introduce la figura del divorcio incausado, que es un “procedimiento por el cual el divorcio pueda ser solicitado por uno o ambos cónyuges, sin necesidad de causal sino con la simple presentación de una solicitud y convenio ante el juez de lo familiar, quien lo validará y otorgará la fuerza de sentencia”.

se ha incrementado tanto el número de parejas que deciden concluir el vínculo matrimonial en la entidad, que los juzgados están saturados y, el divorcio ya no es tan “exprés” como se ofreció inicialmente y tampoco las modificaciones a la legislación no respaldan el patrimonio de la mujer.
09 Mayo 2018 04:00:00
Contraloría independiente
En el Primer Debate Ciudadano 2018, con los seis candidatos a la Alcaldía de Saltillo, en un ejercicio desplegado por el Consejo Cívico de las Instituciones de la Región Sureste de Coahuila y empresarios de Coparmex, uno de los temas que abordaron los abanderados fue el combate a la corrupción y la designación de una contraloría municipal independiente.

Además del rubro de la inseguridad y del abasto de agua potable en la capital de Coahuila, la construcción de una estrategia incluyente y ciudadana para dar certidumbre en la designación del contralor o contralora municipal, o que algunos incluso llamaron contralor independiente, fue parte de la agenda en el debate, que por cierto, se enmarcó en una dinámica creativa y diferente para generar preguntas e interacción con expertos y saltillenses.

En esta capital, como en la mayoría de los municipios del estado, prevalece la designación directa de los titulares de áreas como la contraloría, dedicada a la fiscalización y control del gasto público, lo que a decir de los especialistas, puede cambiar si se incluyen esquemas de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, o en la selección de ternas de aspirantes, por ejemplo.

Sin duda, la transparencia es una exigencia social generalizada. Lo mismo que la planeación del gasto público, desde una visión incluyente, que priorice el destino de los recursos y las necesidades de un municipio como Saltillo.

Empresarios, líderes de opinión, estudiantes e integrantes de organizaciones de la sociedad civil estuvieron ahí, en el Primer Debate Ciudadano. En un encuentro que permitió conocer la postura de los cinco hombres y una mujer que buscan ganar la elección del 1 de julio.

Afortunadamente el tema de la apertura en la toma de decisiones, la vigilancia del manejo financiero municipal, la inclusión de integrantes de la sociedad civil y la posibilidad de designar a un contralor independiente, están en la agenda de los candidatos en esta ciudad. Y es importante reconocerlo, porque finalmente es un avance para la erradicación de prácticas que afectan a las finanzas públicas, al destino de los impuestos.

La tendencia de una sociedad cada vez más informada y exigente, quizá en un segmento muy marcado, es ir rumbo a la inclusión de ideas y de participación a la hora de decidir qué se hará con el dinero público.

Claro está, que no a todos les interesa esta parte, hay a quienes evidentemente les preocupa más el solventar el gasto diario en sus familias, el sortear las fallas en los servicios o el pago de impuestos, y les da igual quien gane la elección.
02 Mayo 2018 04:00:00
No es opcional
Con las reformas recientes a la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior de Coahuila, crecieron las obligaciones de las entidades públicas y organismos autónomos con responsabilidad de enviar al Congreso del Estado, los avances de gestión financiera cada tres meses para la revisión por parte del órgano de fiscalización del Legislativo.

Ayer mismo y en su correspondencia, el Congreso de Coahuila publicaba el número y los nombres de las oficinas que ejercen recursos públicos y que cumplieron en tiempo con esta entrega, que agiliza la revisión del gasto en las dependencias y organismos estatales así como municipales en Coahuila.

De acuerdo al Artículo 3 de esta ley, un “informe de avance de gestión financiera, es el documento trimestral que, como parte integrante de la cuenta pública, rinden las entidades al Congreso sobre los avances físicos y financieros de los programas aprobados, a fin de que la Auditoría Superior fiscalice los ingresos y egresos, así como el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas”.

En este sentido, la presentación de los informes es un mecanismo crucial para que la Auditoría Superior del Estado pueda revisar el presupuesto ejercido en tiempo real, es decir, durante el ejercicio fiscal en curso como lo menciona esta misma legislación que otorga facultades específicas al órgano de fiscalización del Congreso, donde más de un centenar de informes trimestrales llegaron en estos días previos al 30 de abril, fecha límite para este cumplimiento.

Las multas y amonestaciones por no entregar en el plazo marcado, el avance de gestión financiera pueden ir desde los 26 mil pesos, hasta los 88 mil 300 pesos, según lo señala la misma legislación, y los paga el representante o la representante del área que tiene o tenía la responsabilidad de entregar dicho documento al Legislativo.

Las multas por no entregar a tiempo este documento, o las amonestaciones a servidores públicos están a la vista y se han aplicado al menos a 13 servidores o excolaboradores del Gobierno, como se advierte en el Informe de Seguimiento de Resultados 2017, en sitio web
https://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/IS_2017(2S).pdf

De los procesos de fiscalización, han derivado sanciones, algunas pendientes de aplicar, otras que están sin seguimiento por parte de las contralorías internas o que simplemente han quedado en apercibimientos públicos o privados.

El objetivo principal para la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior de Coahuila es la vigilancia del gasto público. Que el presupuesto proyectado para cada programa u obra pública, se aplique conforme a lo previsto en cada año fiscal, además de generar esquemas de prevención de actos ilegales que puedan representan un quebranto al erario.
25 Abril 2018 04:00:00
La #3de3 en el debate
En el postdebate, la rendición de cuentas y la presentación de la declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses fue marcando la pauta en los discursos de los presidenciables en las últimas horas.

La iniciativa ciudadana #3de3 en su sitio web 3de3.mx impulsada por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (que es un centro de investigaciones apartidista y sin fines de lucro que actúa con base en evidencia para resolver desafíos importantes de México), así como por la agrupación civil Transparencia Mexicana (dedicada al combate a la corrupción en el país), permitió darle certeza a los asuntos que abordaron los cinco candidatos a la Presidencia, durante el ejercicio democrático del domingo pasado.

El lunes por la tarde, escuchábamos como el tema de las propiedades de Andrés Manuel López Obrador se convertían en un punto toral del mensaje a los electores y en la tajada política del candidato Meade. Los departamentos no reportados supuestamente en la #3de3 del tabasqueño, le permitieron a los políticos seguir con la pugna en los efectos del primer debate organizado por el INE.

La rendición de cuentas es una obligación para cualquiera que accede o que aspira a un ingreso, dieta o sueldo que provenga del erario.

La iniciativa #3de3 en su escrupuloso formulario, demuestra que es un mecanismo confiable y que pone a la vista de todos, las pertenencias, empresas, automóviles, obras de arte, el estado que guarda el pago de impuestos fiscales o el conflicto de intereses en el que puede incurrir un servidor público, al poseer una empresa constructora, un corporativo, un despacho de asesores o ser proveedor del estado o la entidad pública a la que desea acceder.

De ahí la importancia de adoptar esquemas de declaración patrimonial como la impulsada por el IMCO y Transparencia Mexicana, plataformas a las que por cierto, han accedido cinco de los candidatos a una senaduría o diputación federal por Coahuila.

Jericó Abramo Masso, Guillermo Anaya Llamas, Verónica Martínez García, Ricardo Aguirre Gutiérrez y Fernando Purón son quienes hasta ayer habían puesto a la vista de los electores, sus declaraciones patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal.

La transparencia y la rendición de cuentas es un sentido reclamo de la sociedad. La opacidad en el gasto público solapó muchos de los actos de corrupción que actualmente están en la agenda pública de Coahuila y que desgraciadamente, siguen en la impunidad.

El formato para la nueva declaración patrimonial de servidores públicos está en los pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyos alcances incluirán detalles de las propiedades y datos que funcionarios deberán publicar para medir o advertir si en el tiempo de su encargo, existe enriquecimiento ilícito.
18 Abril 2018 04:00:00
Evasión al fisco y #PanamaPapers
Cuando cubre el gasto de la consulta del médico particular, ¿le acepta tarjeta de débito o crédito? Si su respuesta es no, considere que su doctor podría estar incurriendo en omisión de pago de impuestos al Servicio de Administración Tributaria, el SAT.

Uno de los principales controles de la Secretaría de Hacienda y que incluso puede retribuir en un mayor porcentaje de devoluciones a quienes declaran impuestos anuales es el pago de servicios profesionales a través de transferencias electrónicas.

Es común que algunos médicos, principalmente dentistas, sicólogos, cardiólogos o nutriólogos, realicen operaciones sin emitir facturas a sus clientes, o para cubrir el requisito entregan comprobantes, pero a nombre del colega con el que comparten consultorio, precisamente para evadir al fisco.

Datos del SAT advierten que aproximadamente 290 mil médicos o profesionistas del área de la salud están dados de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), pero solamente la mitad cumple con la declaración anual que exigen las autoridades hacendarias y que para este segmento, por cierto, el plazo vence el último día de este mes.

Pese al desarrollo de esquemas como la generación del Certificado Fiscal Digital por Internet o la factura electrónica 3.3 que facilita al Servicio de Administración Tributaria para la detección de actividades ilícitas en tiempo real, la percepción es que no se actúa con la eficacia que quisieran los que cumplen con el pago de gravamen, contra empresas, negocios, comercios o brokers, que son los grandes evasores de impuestos en este país.

Los especialistas advierten que cualquier persona que utilice una cuenta bancaria, ya sea para el manejo de sus ahorros, un esquema de crédito o por medio de su nómina, será parte del sistema de fiscalización de Hacienda y por lo tanto, sometido a mecanismos de control por parte del SAT en este 2018.

Aunque ahora pretendan imponer rigor en el SAT, siempre quedará la duda de la razón por la cual no se concluyen acciones enérgicas en medio de escándalos como el #PanamaPapers, que involucró a exfuncionarios municipales y empresarios locales que invertían –para no pagar impuestos en México– en países llamados paraísos fiscales.

La prevención, la sanción y detección de actos de corrupción tiene plena relación con la actuación de la Secretaría de Hacienda y los bancos en el país, que al momento detectan operaciones millonarias que pueden o no estar vinculadas con lavado de dinero, hechos ilegales o evasión al fisco. Pero tal parece que esa información solamente se utiliza con fines políticos, comerciales o quizá para impulsar escándalos mediáticos en México.
11 Abril 2018 04:00:00
Proveedores en la mira…
El Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), revela que siete de cada 10 compras que hace el Gobierno federal de Enrique Peña Nieto no están licitadas o al menos no pasan por un esquema de comparación de precios y revisión de la calidad de los productos o servicios que justifiquen la compra.

En su más reciente medición, el IMCO señala que las oficinas donde el gasto es menos transparente, y que por lo tanto tiene mayores factores de riesgo de corrupción, son la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el ISSSTE, el IMSS y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por el alto volumen o la cantidad de recursos que son erogados para la contratación de servicios o el pago a proveedores en las tan cuestionadas compras directas.

En este rubro, el de las compras directas o adjudicaciones que se necesitan por la emergencia en la prestación de servicios de salud regulados por el Estado, contingencias ambientales o la dotación de bienes que garanticen la satisfacción inmediata de una necesidad específica en la población, se requiere una revisión especial.

Los mecanismos de compra y la publicación del padrón de proveedores permiten dar alguna certeza del gasto hecho por ejemplo, en la contratación de obra pública, como lo es la construcción de puentes o calles en una ciudad, pero también está el abasto de medicamentos e insumos en hospitales, donde por la premura del medicamento requerido por menores enfermos de cáncer o pacientes diabéticos, sería difícil llevar por la ruta de la licitación este tipo de compras. Y es ahí donde está la parte sensible, si es que en realidad se busca imprimir rigor al tema.

Ante este escenario, el IMCO ha propuesto una nueva Ley de Adquisiciones para evitar que una o dos empresas sean las que regularmente se lleven la mayor parte de la inversión en obra, compras de medicinas o contratación de servicios en una entidad pública.

Sería necesario articular el uso de las tecnologías para la ubicación de las empresas que son proveedoras o prestadoras de servicios en la llamada georreferenciación, que para algunos académicos, esta parte no le ha aportado mucho a la operación transparente de las compras, pero por algo se empieza.

Además, la reforma a la ley en Coahuila incluye la presentación de documentos con fotografía de proveedores y sus apoderados legales, pero ¿quién o quiénes están cumpliendo con esta reforma?, pero también se estableció como requisito la participación de observadores externos, algo así como testigos sociales, para evitar precisamente compras “a modo” y los cuestionamientos a la autoridad por el tema de los proveedores.
04 Abril 2018 04:00:00
¡Aguas, esa nota es falsa!
La verificación de datos, notas y frases de la oferta política que se escuchará en los próximos meses y con miras a la elección del 1 de julio será un tema toral para activistas, agrupaciones, medios de comunicación y académicos involucrados en una iniciativa nacional que busca minimizar o revertir el impacto de las llamadas fake news.

Las noticias falsas incrementan la posibilidad de confundir a los electores en un periodo importante para el país, que incluye el análisis de propuestas de campaña de quienes buscan un cargo de elección popular, pero principalmente afecta la divulgación de ideas en redes sociales, cuyo alcance e inmediatez convierte a las fake news en un fenómeno que preocupa a las autoridades que están a cargo del proceso comicial, que se ve afectado por la andanada de imágenes alteradas, grabaciones editadas, videos comprometedores, usurpación de identidad y uso ilegal de datos personales, mensajes falsos en cadenas de WhatsApp o datos que llegan por medio de cuentas de correo no oficiales y documentos no auténticos que atrapan la atención de la opinión pública, a la que no se le expone la versión de la contraparte para garantizar el equilibrio de lo que se da a conocer.

Frente a una sociedad cada vez más informada, es importante esta parte, la de la revisión de notas o información que va surgiendo con mayor frecuencia desde cuentas en redes sociales que pueden ser simuladas o alteradas, replicadas únicamente para desvirtuar la realidad, por medio de mensajes que logran impactar o viralizar imágenes y datos que están fuera de la realidad.

La plataforma verificado.mx permite a los ciber-nautas acceder a datos y textos que son evaluados por una red de periodistas, activistas y agrupaciones en el país, que desde el pasado fin de semana intensificaron las tareas de investigación de información que va surgiendo de los discursos de candidatos, lo que se publica en las redes sociales y los videos que comienzan a circular en contra de tal o cual aspirante a un puesto de elección. La idea de esta iniciativa es también evitar que noticias falsas inunden el ciberespacio en las campañas electorales y que finalmente inhiban la participación del ciudadano en la próxima jornada de votaciones. Las fake news son parte del debate legislativo dividido por la delgada línea que separa la libertad de expresión y la información falsa capaz de alterar la vida personal de cualquiera que ingresa al ámbito público y en el sector privado. Verificado 2018 es una iniciativa interesante, de propuesta y alternativa frente a lo que veremos en los próximos días. Es deber de todos estar atentos a la información que nos llega, a revisar la certeza de los datos y decidir o formar cada uno nuestro propio criterio.
28 Marzo 2018 04:13:00
Carreteras Inseguras
Estos días, Grupo Zócalo y Radio Zócalo dieron seguimiento a episodios de violencia registrados en carreteras y tramos federales, en el comienzo del período de vacaciones de Semana Santa.

La estrategia de vigilancia no es la ideal o la que los viajeros esperan, principalmente cuando se trata de la presencia y el apoyo permanente de la Policía Federal, en su división Caminos. Más bien, a los elementos se les ve con mayor frecuencia sancionando, y con justa razón, a quienes utilizan las rutas de peaje como pistas de carreras.

La prioridad es la vigilancia en zonas como Tamaulipas, Nuevo León y la parte norte de Coahuila, pues se trata de vías de comunicación terrestre, que permiten el intercambio comercial o turístico de coahuilenses que buscan llegar a ciudades del sur de Texas, en los Estados Unidos.

La inseguridad, el riesgo de un asalto, un secuestro, o las amenazas y agresiones, son parte de los temores que sobresalen en la más reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG-2017), donde casi seis de cada 10 coahuilenses advierten que este problema, es su principal preocupación.

Los hechos más recientes y que además involucraron a funcionarios de Saltillo, ponen de manifiesto que en entidades vecinas se priorizaron asuntos políticos, antes que el blindaje de seguridad que exigen no solo neoloneses o tamaulipecos, sino también quienes utilizan las carreteras para llegar a los Estados Unidos.

Y otro tema que es importante considerar es que a unas horas de iniciar las campañas electorales rumbo al 1 de julio, es digno de análisis que rubros torales para la población se aborden con ideas políticas o de jurisdicciones y sin la coordinación necesaria para garantizar resultados.

Los medios de comunicación en Tamaulipas dieron cuenta de las declaraciones del gobernador de aquella entidad, quien respondió al mandatario interino de Nuevo León, sobre la alerta para evitar transitar por carreteras tamaulipecas. El litigio mediático no le abona a la consolidación de instituciones o a las acciones tendientes a revertir el índice de percepción de inseguridad que se tiene.

Valdría la pena reflexionar sobre la vigilancia en carreteras y la garantía de un viaje seguro, para no convertir un tema serio y preocupante, en un asunto de reflectores políticos. Ahí están los datos de la ENSIG-2017 y los estudios hechos por agrupaciones nacionales y activistas en observatorios de seguridad, que bien pueden abonarle a la solución de fondo del problema.

21 Marzo 2018 04:00:00
Dádivas y sobornos
La academia y el trabajo en temas relacionados con la detección, erradicación y combate de la corrupción en Coahuila, representan un aporte crucial para la generación de estrategias que inhiban la problemática que afecta a los coahuilenses.

Dentro del Coloquio de Economía Regional, el viernes 16 de marzo en el Centro de Investigaciones Socioeconómicas (Cise) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) en Saltillo, uno de los temas de tesis de nivel doctorado que se presentó en el Cise, fue la titulada Efectos de la Corrupción en la Economía Mexicana, en la autoría del maestro investigador David Franco Chichao.

El también excolaborador de legisladores federales la Cámara de Diputados lleva meses evaluando cifras y analizando datos en repositorios del INEGI y otras instancias que le han permitido cuantificar los costos y efectos que produce la corrupción en el crecimiento del país, pero especialmente en Coahuila.

Antes del mediodía, Chichao realizó una compactada presentación de su tema de tesis para obtener su doctorado en la ceremonia en la que estuvieron sus asesores Gustavo Félix (Cise), Rogelio Rendón (UAdeVeracruz) y Alenka Guzmán (UAM) quienes incluso hicieron algunas observaciones al trabajo que ha estado desplegando el investigador de la Autónoma de Coahuila.

Varias hipótesis son las que plantea Franco Chichao en este proyecto de tesis. Una, la hipótesis de Sanders, que dice que la corrupción hace que el Gobierno y particulares caminen en direcciones opuestas, afectando el destino de recursos que deberían invertirse en áreas prioritarias.

Y en efecto. Según la propia versión del investigador del Cise, está focalizada la prevalencia en la entrega de sobornos o dádivas para agilizar la entrega de documentos en áreas del Registro Civil, Tenencia de la Tierra, Registro Público de la Propiedad, procedimientos en el Infonavit, programación de citas médicas en el IMSS, ISSSTE o clínicas de acceso público, pago de impuestos como el de control vehicular, la inscripción a programas sociales o becas de manutención, la reconexión del servicio de agua o de la CFE, por citar algunos.

Pero también está el pago sobornos para acelerar el trámite de instalación de una empresa o de un negocio, de un bar o para abrir las puertas de un nuevo centro comercial.

Igualmente aparecen en este análisis de Franco Chichao, las dádivas para acceder a información privilegiada, e incluso para mantener relación cercana con los núcleos de poder, con los que deciden pues, el curso de la política en la entidad. De ahí que la academia represente una pieza fundamental en la consolidación del Sistema Anticorrupción en Coahuila.
14 Marzo 2018 04:00:00
Gafi: blanqueo de activos
El blanqueo de activos es un tema preocupante no únicamente en la esfera nacional, ya que también es un asunto que involucra a los gobiernos locales, y Coahuila no es la excepción.

De acuerdo con el último informe del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Activos (Gafi) y con una medición internacional, en la que está incluido México, han sido pocos los resultados de la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la llamada ley “antilavado”, que fue publicada en octubre de 2012 y que tiene alcances en inversiones de particulares, evasión de impuestos, transferencias sin regulación y la creación de empresas “fachada”, pero que, en teoría, debería detectar la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT o de la PGR.

En 228 páginas y en un reporte conjunto, el Gafi y el Gobierno mexicano presentaron hace unos días los detalles de lo que este grupo intergubernamental encontró a partir de recomendaciones hechas a las autoridades federales y, claro está, a las entidades en este país. Incluso, el diputado federal Juan Romero Tenorio, la semana pasada retomó dicha incidencia durante una intervención desde la tribuna en San Lázaro.

Pero aquí es trascendente lo que dice el Gafi, que señala que con base en la cantidad de reportes de operaciones “inusuales” relacionados con el uso indebido de personas jurídicas, en 2013 el SAT detectó en el país a poco más de mil empresas “pantalla” o personas jurídicas que presentaron documentos falsos o inconsistentes, pero en el año 2016 los registros aumentaron a 12 mil 470 reportes de acciones aparentemente ilegales.

Esta cifra no aparece desglosada por estados, por eso sería difícil saber cuántos de estos reportes de actividades “inusuales” detectados por el SAT fueron ubicados en Coahuila. Lo que está a la vista de todos, y espero que no se vuelva un tema electoral o meramente político para acaparar reflectores, son las empresas fantasma, un asunto que está en la agenda de partidos de oposición y del propio partido en el poder, pero en donde lo importante será generar políticas de prevención, detección y sanción, como parte de los mecanismos de fondo que conduzcan a la erradicación de estas prácticas que propiciaron reportes extraordinarios del órgano de fiscalización del Legislativo, a finales del año pasado.

El sitio
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/comparecencia102016.pdf permite conocer las acciones iniciadas por la autoridad estatal para inhibir prácticas ilegales, como las reformas a la Ley de Adquisiciones en Coahuila, que endurecieron los requisitos para las compañías que aspiran a ser parte del padrón de proveedores. Creo que es un buen comienzo. Falta por hacer y es precisamente una parte que involucra directamente la participación y el activismo ciudadano.
07 Marzo 2018 04:00:00
Corrupción sin género
En la más reciente Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2015, las mujeres representan el segmento de la población que menos advierte, es víctima o participa en actos de corrupción, es decir, en entrega de dádivas, obsequios o de dinero a cambio de agilizar un trámite en una oficina de gobierno o para evadir sanciones y multas o para dar celeridad a la sentencia en un juicio familiar, por ejemplo.

De los mil 200 hogares coahuilenses donde se aplicó esta encuesta bianual y realizada por el Inegi, más de la mitad de los entrevistados fueron mujeres que dieron su punto de vista sobre la prevalencia de actos de corrupción y la mayoría de las participantes, minimizaron el problema, al considerar como prioritaria la atención gubernamental en otros rubros como el combate de la pobreza, servicios y empleo.

No obstante, entre más alto es el nivel académico o ingreso económico de las mujeres, es más común que ellas visibilicen y señalen prácticas irregulares en el servicio público, en juzgados, servicios educativos, entrega de becas, permisos para apertura de comercios o atención médica.

La Encig revela que casi tres de cada 10 hombres entrevistados que realizaron un trámite, pago, requirieron de un servicio o tuvieron contacto presencial con un servidor público, advirtieron una mala experiencia relacionada con temas de corrupción.

Pero la cifra es menor en el caso de las mujeres, donde menos de una de cada 10, argumentó haber sido víctima de actividades deshonestas en el sector público. Es decir, es baja la exposición de mujeres a temas relacionados con la corrupción, al menos no con la prevalencia que señalan los del sexo opuesto.

El año pasado, justamente por estas fechas, cerca del Día Internacional de la Mujer, la actual secretaria de la Función Pública federal, Arely Gómez González invitó a las mujeres del país a sumarse a una exigencia de cero tolerancia a la corrupción, para prevenir, señalar y sancionar actos que afectan a la población no sólo femenina, sino a las familias, a los niños, adultos y a la población en este país.

Sin excluir a los hombres, Arely Gómez propuso impulsar la ética como un compromiso no solamente en el servicio público, también entre la ciudadanía y llamó a los gobiernos a impulsar la inclusión de mujeres en espacios de toma de decisiones en instancias públicas, organizaciones de la sociedad civil y en el sector empresarial.

Es un buen inicio, si se quiere hablar en serio de los daños que deja la corrupción y que definitivamente altera los apoyos, programas y aportes que deberían de ir en favor de las mujeres.
28 Febrero 2018 04:00:00
Hornos como la guerra de Hitler
La activista y defensora de derechos humanos, y quien desde febrero preside el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Mariclaire Acosta Urquidi, en una charla este fin de semana y durante un encuentro con integrantes de los consejos estatales anticorrupción, dejó ir una frase lapidaria que vincula la inseguridad en los estados del país, con actos deshonestos de servidores públicos, principalmente que colaboran en áreas de seguridad.

Acosta Urquidi, ex integrante de Human Rights, dijo que lo que ocurrió en Coahuila, específicamente en el penal de Piedras Negras, es comparable a lo pasó en los hornos crematorios de la segunda guerra mundial, en la era de Hitler.

La también directora de la Oficina de México de Freedom House, estuvo en la Primera Reunión de integrantes de CPC, en Monterrey, Nuevo León, donde Mariclaire habló en corto de lo que ocurrió en Allende o en Piedras Negras hace algunos años. Ella mostró su preocupación por la cifra de personas desparecidas y las agresiones a periodistas, por la escasa protección a favor de defensores de las garantías de las personas en la entidad.

La actual presidenta del CPC del Sistema Nacional Anticorrupción, relacionó el tema a la corrupción y falta de vocación de servicio de las autoridades que infligen la ley, principalmente en casos como las personas desaparecidas o las agresiones contra quienes abanderan la búsqueda de desaparecidos.

Fue como un campo de exterminio… así lo definió. Sin más ni más Acosta Urquidi, quien se identifica plenamente con la ideología y el activismo del Obispo de Saltillo, Raúl Vera López. La también ex colaboradora de Amnistía Internacional, consideró que el reporte dado a conocer sobre los hechos en el centro penitenciario de Piedras Negras, serían considerados crímenes de lesa humanidad.

El tema de derechos humanos en los sistemas anticorrupción será parte de la agenda de la nueva presidencia del CPC Nacional.

La especialidad de la activista que estará en el cargo hasta febrero de 2019, es la defensa de las garantías individuales, ligadas a asuntos de corrupción en rubros como el de la salud, la seguridad, de justicia, la dotación de servicios básicos en las comunidades y ciudades. Es ahí donde está la corrupción que lastima a los que menos tienen, a las clases más desprotegidas y hasta donde debe permear la política anticorrupción en este país y en el estado.

POR: LULÚ DE KOSTER

@lulukoster

Es periodista, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC (1995). Ha sido Premio Estatal de Periodismo, colaboradora en redacciones de periódicos locales, editorialista, productora y conductora en medios de comunicación electrónicos. Actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (Coahuila) y los comentarios aquí vertidos son a nombre de la autora.
21 Febrero 2018 04:07:00
Pensiones, en la mira política
Las reformas a legislaciones que involucran la rendición de cuentas y transparencia en Coahuila colocan al estado en una posición de exigencia para garantizar que cada peso se gaste bajo parámetros establecidos, y para permitir al ciudadano conocer lo que se hace sin mecanismos de difícil acceso a portales habilitados para cumplir con esta demanda.

Hace días, un especialista comentaba que una forma de revertir el escepticismo en la sociedad puede ser el disponer de versiones públicas, abiertas y respetando las garantías de las personas –en el marco de la presunción de inocencia– de procedimientos administrativos iniciados y concluidos por la autoridad, como lo son los resultados de revisiones del gasto en la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre), que agrupa a profesores y trabajadores administrativos, activos y en retiro, de universidades y del magisterio estatal.

Desde el Informe de Resultados 2012, publicado por la Auditoría Superior, se advertía de la situación vulnerable del esquema de ahorro para el retiro de sindicalizados. Sin embargo, fue apenas en noviembre de 2016 cuando fue publicado en el Periódico Oficial el Reglamento Interior de la Dirección de Pensiones que delineó obligaciones de aportantes, patrón y representantes sindicales.

Pero el déficit financiero se ha venido agudizando en medio de la crisis en la prestación del servicio médico, la entrega de pensiones o procesos de jubilación a beneficiarios que exigen resultados e incluso sanciones, para quien o quienes llevaron a la Dipetre, creada por decreto en el año 1961, a la situación en la que ahora se encuentra.

Aunque vale la pena apuntar que la Junta de Administración de la Dipetre, en la que están representados la UAdeC, la UAAAN y el Gobierno estatal, adoptó mecanismos para revertir la situación y no seguir “pateando el bote”.

Durante años, las dirigencias en gremios magisteriales intentaron soluciones por medio de sorteos, ajustes a la ley o descuentos nominales, para abonarle a las finanzas y evitar la quiebra del sistema. La situación es caótica y parece inevitable que en estos momentos de algidez electoral la Dipetre se convierta, para algunos, en un insumo político nada despreciable.
14 Febrero 2018 04:00:00
Dos mil caracteres y punto
La tendencia en la sociedad es exigir resultados en cualquier tarea. Ya sea en el gobierno, la academia o las empresas, en cualquier ámbito en el que las personas se desarrollan. Y eso es válido en una sociedad cada vez más informada.

En Coahuila, la administración pública se ubica frente a un reclamo permanente, donde temas como la seguridad pública y la prevención, detección y sanción de prácticas deshonestas son o, al menos, deben ser una prioridad.

En el Proyecto del Plan Estatal de Desarrollo Coahuila 2017-2023, uno de los objetivos es la Integridad y el Buen Gobierno, un eje orientado mejorar la administración pública que se encuentra bajo el escrutinio generalizado y marcado por el activismo de grupos civiles durante los últimos años, en esta petición de la que comentaba al inicio de esta colaboración editorial.

“Una prioridad de la administración estatal es el combate a la corrupción desde una perspectiva integral que comprenda acciones preventivas y correctivas, aplicables a todas las partes involucradas en actos ilícitos. Se le dará debida atención a todos los actos de autoridad emanados del Sistema Estatal Anticorrupción”, agrega en unos de los párrafos del texto que se hizo público hace unos días.

Es interesante cuando se analiza a fondo, porque se habla incluso, de la revisión que se hará en la presentación de declaraciones patrimoniales o de conflicto de intereses de los servidores públicos, por ejemplo. Asunto que desde el Consejo Nacional, y como lo citaba alguno de los integrantes del Consejo Nacional del SNA, se viene impulsando en una demanda que incluye la plataforma nacional, con cambios específicos que sin duda, serán de largo alcance si se logran concretar los ajustes en el tenor que se ha comentado desde la escena nacional y local, o desde grupos organizados de la sociedad civil.

Otro punto interesante es la valoración de lo que llaman un “mapa de riesgo” en las administraciones públicas, para advertir y corregir áreas o trámites que faciliten o que propicien prácticas ilegales que es necesario hacer visibles, porque para expertos locales, estas acciones han normalizado entre la sociedad.

De ahí la importancia del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila, que nace a partir de una iniciativa ciudadana nacional y desde el requerimiento social del control de los recursos públicos no solo en la entidad, sino en los 32 estados donde se viene desplegando un esquema similar al que ya opera en Coahuila.

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