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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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20 Abril 2018 04:00:00
¿Para qué sirven los partidos políticos?
En días pasados, al intentar responder a una rampante pregunta lanzada por un inocente ciudadano a un servidor, a través de la cual me cuestionaba sobre la utilidad de los partidos políticos en nuestro sistema democrático actual, caí en cuenta que pocos eran los argumentos que quedaban para sostener la idea de que los partidos políticos son necesarios en nuestro sistema político electoral.

Debo reconocer que dicha pregunta caló tan profundo en mi ser, que inevitablemente me hizo recordar que en próximos días el Tribunal Electoral de Coahuila resolverá las controversias presentadas por la mayoría de las agrupaciones políticas que en enero pasado intentaron constituirse como partidos políticos locales. Y es que en aquellos días 14 agrupaciones políticas iniciaron su proceso de registro como partidos políticos ante el Instituto Electoral de Coahuila.

Como respuesta a dichas solicitudes, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del IEC propuso desechar la solicitud de esas 14 organizaciones de ciudadanos que pretendían constituirse como partidos políticos locales, lo anterior dado que a dichas organizaciones se les detectó el ocultamiento de información relacionada con el origen, monto y destino de los recursos empleados en su constitución, además de que no cumplieron con los requerimientos previstos en la legislación electoral vigente. Por tal motivo en los primeros días del mes de marzo pasado, en sesión del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), el organismo público local negó dichas solicitudes.

Acto continuo, y como era de esperarse, en posteriores días ocho de las 14 organizaciones políticas que fueron rechazadas por el IEC abrieron un proceso de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Estado, y por si lo anterior fuera poco preocupante, a mi consideración es bastante probable que varias de esas agrupaciones logren una resolución favorable de nuestro tribunal local, aunque eso no significa que tengan en el bolsillo el registro como partido político, sino que dicha resolución sólo les permitirá seguir con los trámites para buscar el registro.

Si bien es cierto que el Artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) indica que estos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, también lo es, que a partir de la reforma política del año 2012, el sistema político electoral de nuestro país ha dado entrada a las candidaturas ciudadanas independientes, por lo que ya no es necesario que los ciudadanos deban postularse a través de los partidos políticos.

Entonces, es urgente que alguien advierta a estas organizaciones que sus esfuerzos son ociosos, ya no es necesaria su constitución, por lo que deben renunciar y dejar de preocuparse, lo anterior dado que los partidos políticos ya no tienen la principal función de hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, y lo mejor es que, si desisten, ya no tendrán la necesidad de contestar la pregunta ¿para qué sirven los partidos políticos?


13 Abril 2018 04:00:00
Si Madero viviera…
Desde el pasado 11 y hasta el próximo día 15 de abril, se llevarán a cabo en cada uno de los comités municipales del Instituto Electoral de Coahuila, el registro de los candidatos aspirantes a ocupar las presidencias municipales de los ayuntamientos que conforman nuestra entidad, dichos candidatos competirán, en el proceso electoral local ordinario 2017-2018.

Es en esta elección, que inauguraremos la posibilidad de reelegir a los presidentes municipales que recién ocuparon sus puestos en los primeros días de este mismo año, es decir que los alcaldes que ahora se encuentran en funciones pueden competir nuevamente en esta elección que culmina el próximo 1 de julio, para lograr con esto permanecer en el cargo cuando menos otro periodo más.

Es evidente que la posibilidad de la reelección en cualquiera de sus presentaciones, representa un grave atentado a los postulados de nuestro héroe nacional Francisco I. Madero, fundador en 1909 del Partido Antirreeleccionista y precursor del movimiento revolucionario mexicano, que motivó poco después de concluido, la “No reelección” la cual se materializó a partir del asesinato de Álvaro Obregón en 1928, último político mexicano que postuló su reelección presidencial y que murió en el intento.

Ahora bien, en honor a la verdad, debo reconocer que el lema de “sufragio efectivo, no reelección” de Madero, se refería de manera clara, exclusiva y única a la reelección para el cargo de presidente y de gobernadores; es decir, de los poderes ejecutivos y no de los legisladores y ayuntamientos.

Sin embargo para quien esto escribe, la reelección en los ayuntamientos es aún más delicada y nociva que la de mismos poderes legislativos y ejecutivos, tanto federales como estatales; Lo anterior dado que según mi criterio, son los ayuntamientos los que se encuentran más cercanos a la población gobernada, por lo que tienen un mayor y directo control sobre las necesidades inmediatas de los pueblos, por ejemplo: el agua potable, el drenaje, la recolección de basura, el equipamiento en calles y el de la Policía Municipal. Lo que nos debe llevar a concluir que un alcalde puede condicionar a los ciudadanos esta clase de servicios públicos, a cambio del voto.

Así mismo, y por si lo anterior fuera poca afrenta a Madero; ahora y gracias a las ocurrencias de los ministros de la Corte, el alcalde puede ser funcionario y candidato al mismo tiempo, es decir, que podrá gobernar haciendo campaña, lo que inevitablemente provocará que se gobierne favoreciendo medidas a corto plazo que le reditúen al funcionario electoralmente en lo inmediato y en un franco detrimento de un gobierno planificado y con políticas de largo aliento.

Es decir, la no reelección refuerza la noción de que lo conveniente es seguir planes de gobierno a largo plazo, pensando en el país y no en periodos cortos. Se llega al poder a medio camino y se entrega a medio camino porque es un viaje que no puede o debe llegar a ninguna parte. Es una obra continua en la que el presidente es sólo un factor transitorio limitado por la ley.

Sin duda, si don Francisco viviera, estaría bastante arrepentido de haber dejado fuera a los ayuntamientos de la no reelección, y es qué, ni él ni nadie podrían imaginarse que los jueces y legisladores algún día legitimarían acciones que agravian los principios de legalidad, imparcialidad y equidad en la competencia electoral.
06 Abril 2018 04:00:00
Regidores reeleccionistas
Gran problema tendrán los miembros del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila cuando en días próximos decidan sobre la procedencia de las candidaturas de regidores y síndicos municipales que, estando en funciones, intenten sorprender a la autoridad para alcanzar una postulación a un puesto distinto al que ocupan, tratando de hacerla pasar como reelección.

Y es que, como todos sabemos, en meses pasados, la Suprema Corte de Justicia decidió considerar como no obligatoria la separación del cargo para quienes pretendan reelegirse; en consecuencia, declaró como optativa la separación para aquellos que buscan un cargo de elección popular por la vía de la reelección. Ahora resulta que para la Corte, el separarse o no de un cargo público y postularse para otro es una cuestión que sólo compete a los interesados, por lo que el imponerles reglas como la separación a su puesto viola su derecho de ejercer el cargo para el cual fueron elegidos.

Como del cielo cayó dicha resolución a los muchos alcaldes de nuestra entidad, incluido el de Saltillo, que intentan reelegirse, los cuales al conocer esto, no han dudado en hacer una permanente campaña de promoción de su imagen disfrazada de anuncios de supuestos logros de sus gobiernos, aprovechándose de su cargo y con el inequívoco propósito de sacar una amplia ventaja a los candidatos nuevos que busquen tumbarles del puesto.

Por si lo anterior fuera poco verosímil, en posteriores días veremos cómo a esta parvada de “modernos reeleccionistas” se les unirá una cantidad considerable de regidores y síndicos, que al igual que los primeros intentarán postergarse en el poder, sólo que estos irán más allá, dado que ya se vislumbran algunos regidores, pretendiendo “reelegirse”, pero para alcaldes, por lo que intentarán adecuar por cualquier medio la palabra reelección a sus pretensiones.

Para mejor referencia, debemos conocer que reelección se describe como el acto mediante el cual una persona que ejerce un cargo político elegible puede presentarse luego de terminado tiempo a una reelección, buscando permanecer en el mismo puesto. Entonces, al no ser un mismo puesto el que estos regidores buscan, no se actualiza el supuesto de la reelección, sin embargo y a pesar de esto, sin duda lo intentarán, ya lo veremos.

Ahora bien, lo que no contemplan estos tesoneros y audaces representantes populares es que la Corte, al resolver la citada acción de inconstitucionalidad 76/2016 y acumuladas, ratificó la validez del Artículo 10, párrafo 1, inciso e), del Código Electoral local, que a la letra dice: “Son requisitos para ser Gobernador, diputado al Congreso del Estado o integrante de Ayuntamiento, además de los que señalan respectivamente los artículos 36 y 76 de la Constitución y el artículo 43 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los siguientes: …e) No ser Secretario de la Administración Pública Estatal, Procurador General de Justicia del Estado, Magistrado del Poder Judicial, Presidente Municipal, Síndico o Regidor, Legislador federal o local, Consejero o integrante del órgano de dirección de los organismos públicos autónomos, titulares de los organismos descentralizados, salvo que se separen de su encargo cuando menos quince días antes del inicio de la precampaña que corresponda”. Obligación que, igual que muchas otras, no cumplieron.
30 Marzo 2018 04:00:00
‘Firmas falsas’
En todas casas cuecen habas; y en la mía, a calderadas (El Quijote II 13).

Este refrán se emplea en México para señalar que en todos lados hay problemas, pero que en nuestro ámbito los problemas son aún mayores. Dado que las habas constituían un alimento de personas humildes y también de animales. Esta frase proverbial es bastante empleada con la adición: y en la nuestra a calderadas, pero para mayor adecuación el día de hoy la adicionaremos con: y en Coahuila a calderadas.

Sin duda es ahora oportuno citar dicha frase en lo sucedido en nuestro estado, dado que el miércoles pasado, en sesión ordinaria, el Instituto Electoral de Coahuila dio a conocer que la mayoría de los aspirantes a competir como candidato independiente en diversos municipios del estado presentaron firmas de apoyo falsas, duplicadas, con datos falsos, con identidades o domicilios que no existen, personas que purgan una condena y hasta de personas muertas, con la única intención de allanar el requisito de ley para simular contar con un respaldo ciudadano y alcanzar una candidatura.

Debemos recordar que a nivel nacional, al igual que en nuestro estado, el Instituto Nacional Electoral hace poco menos de dos semanas anunció que, de los tres aspirantes independientes a la Presidencia de la República solo una alcanzará su registro como tal, lo anterior dado a que se encontraron miles de firmas falsas en sus sistemas de recolección de apoyos.

De igual forma, el mismo instituto nacional el 12 de enero pasado hizo públicas las irregularidades detectadas dentro del proceso de verificación de los apoyos que presentaron algunos aspirantes a diputados federales, por lo que les negó en consecuencia el registro a 23 aspirantes que buscaban la candidatura independiente, por haber obtenido firmas ciudadanas de manera fraudulenta.

En nuestra nación, la figura de las candidaturas independientes se contempló claramente con la reforma política de 2012, la cual dio paso a que en agosto de ese mismo año se aprobara la adecuación del Artículo 35 constitucional, para dar el derecho a los ciudadanos de ser registrados de manera independiente, creando con esto la base normativa para la existencia de esta figura. Una vez establecida empezó a ser regulada en mayo del 2014, fecha en qué fue publicada la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ya cristalizada la posibilidad de los candidatos independientes, a los mexicanos nos llenó de esperanza la premisa de que esta figura realmente fortalecería nuestra frustrada democracia, ya que ahora sí, cualquier ciudadano alcanzaría incidir en los asuntos públicos, accediendo a los puestos claves de la administración, sin compromisos y con el único animo de servir a la ciudadanía.

Con lo anterior, se hace evidente que esa idea romántica de que ciudadanos comunes y corrientes alejados de los vicios de los partidos políticos ocuparan cargos de elección popular es por demás lejana; y es que el atrevimiento de presentar firmas falsas de apoyo, por parte de estos precandidatos independientes locales y nacionales, rebasaron por mucho los vicios de los partidos políticos y evidenciaron su desmedida voracidad.

Lo peor para los ciudadanos no fue la nueva decepción, sino darnos cuenta de que en materia de mejoramiento de la democracia, ya no hay muchas alternativas sin explorar.
23 Marzo 2018 04:00:00
Pederastia, Estado y voluntad
Poca gracia nos ha hecho a los coahuilenses enterarnos de que la Fiscalía General del Estado de Coahuila tiene bajo investigación cuatro denuncias de personas que aseguran fueron víctimas de abusos sexuales en la modalidad de pederastia, ya que aseguran que fueron sometidos sexualmente por 11 curas católicos cuando tenían entre 12 y 16 años, precisando, además, que dichos ilícitos se cometieron tanto en el interior de las instalaciones de seminarios como en iglesias de la entidad.

Esta mala noticia nos llega precisamente en el marco de la celebración del natalicio del más grande independentista de México, Benemérito de las Américas, presidente Benito P. Juárez García, reconocido por lograr que su gobierno itinerante, en 1859, desde Veracruz, expidiera las Leyes de Reforma, que establecían la independencia del Estado, poniendo en su lugar a la Iglesia católica.

Aunado a esta significativa fecha, ahora mismo en nuestra nación se vive el ambiente de víspera de los festejos de la Semana Santa, que tanto promueve la misma Iglesia.

Por desgracia, esta no es la primera vez que la grey católica se ve involucrada en actos tan detestables contra menores indefensos, ya que desde antes de la época de Juan Pablo II se conocieron actos escandalosos que luego fueron encubiertos por los gobiernos que comúnmente les protegen sus conductas punitivas.

Coahuila es ahora foco de atención por ser el escenario de varios de estos escándalos sexuales, por lo que inevitablemente, en días pasados, el fiscal ministerial, Norberto Ontiveros Leza, reconoció que existen cuatro víctimas de pederastia que han presentado formal denuncia, contra 11 sacerdotes de Coahuila. En estas denuncias, los quejosos revelaron que hay, por lo menos, otras 11 personas que corrieron con la misma mala suerte a manos de curas católicos. El funcionario dijo que la dependencia ha dado seguimiento a la carpeta de investigación de forma oportuna. A pesar de lo anterior, al cuestionar al titular de la Fiscalía Ministerial del Estado sobre el delito a perseguir, el funcionario tuvo que realizar un sinfín de malabares con los términos legales y jurídicos para encuadrar con dificultad un delito claro y definitivo ante la conducta antijurídica de los ofensores, lo anterior ante la desgracia de que en la legislación penal de Coahuila ni siquiera se define con claridad el delito de pederastia.

“De acuerdo al dicho muy específico y muy circunstanciado de las víctimas, en nuestro concepto, se acredita el delito. Se puede dar el delito de violación con carácter de prepotente, violación equiparada, en otros casos atentados al pudor, en algunos casos con violencia y en otros casos simple”, vaciló al intentar explicar el funcionario.

Ante tales declaraciones, es evidente que para el titular de la Fiscalía Ministerial de Coahuila y para estas víctimas el primer objetivo para castigar a los responsables del delito de pederastia será encuadrar la conducta en un delito determinado a la luz de nuestra legislación penal local.

Ante tales circunstancias, a los coahuilenses sólo nos resta exigir, que, como en el tiempo de don Benito Juárez, el Estado y sus gobernantes se desmarquen de la Iglesia, suplan con la voluntad las deficiencias de la ley y terminen castigando de manera ejemplar a estos delincuentes.
16 Marzo 2018 04:00:00
¡Que viva la izquierda!
La semana pasada fui testigo presencial del XXII Seminario Internacional denominado Los Partidos y una Nueva Sociedad, llevado a cabo en la Ciudad de México, los días 8, 9 y 10 del presente mes, evento organizado año con año por el Partido del Trabajo de México.

En la citada reunión de partidos de la izquierda mundial, se escuchó un sinnúmero de posicionamientos de las más representativas organizaciones comunistas y socialistas del mundo, entre las cuales destacaron las expuestas por los representantes de los partidos comunista de Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Rusia, Libia, Moravia y Bohemia, Nicaragua, Paraguay, Partido Perú, Uruguay, Palestina, País Vasco, Puerto Rico, Vietnam, Venezuela y, desde luego, México, a través del dirigente nacional del Partido del Trabajo de México, quien fungió como anfitrión.

Muy en armonía con sus ideales comunistas, los asistentes a dicho evento reiteraron su apoyo a la lucha del pueblo palestino y al de la República Árabe Sarahui; pugnaron por el restablecimiento de los derechos sociales y democráticos violados por los gobiernos derechistas de Honduras, Brasil y Argentina y rechazaron la suscripción del Tratado Transpacífico.

De igual forma, ratificaron la Declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, reconociendo la importancia que tienen estos, en los momentos actuales, en la que aseguran existe una ofensiva contrarrevolucionaria contra los pueblos de la región, la cual pone en riesgo el proceso de paz que se vive en Colombia.

Sin temor alguno, aprobaron una resolución de apoyo a la Revolución Bolivariana de Venezuela y a su presidente, Nicolás Maduro, y objetaron la posición del Gobierno de Perú de impedir la presencia del Presidente venezolano en la próxima Cumbre de las Américas, al punto de asumir como propia la Declaración Final de la XV Cumbre del ALBA -TCP celebrada el pasado 5 de marzo en Caracas.

Al final, este resquicio de comunistas del mundo, que parecieran haber salido de sus tumbas, manifestaron su respaldo a la supuesta lucha del pueblo boricua por su independencia, para rematar convocando al mundo para la conformación de un tribunal antiimperialista el próximo octubre tanto en Washington como al frente de todas las embajadas norteamericanas del mundo, para reclamar los derechos de Puerto Rico.

Careciendo de toda difusión, esta cumbre de expresiones de la izquierda comunista y socialista del mundo se desarrolló en un marco de desaliento ante la ineludible aceptación de que los ideales revolucionarios están en franca agonía, al menos para los periodistas internacionales, los cuales se empecinan en denostar y sepultar de manera anticipada a la izquierda política mundial.

Así pues, y sea o no cierta la muerte de la izquierda en el mundo, lo cierto es que hablar de la extinción de la misma nos debe conducir directamente también a considerar el enorme daño que se ocasionará a la política mundial a la cual quitaríamos su único contrapeso, por lo que al sepultar los ideales de la izquierda, sufriremos sin duda, otra muerte de mayor envergadura: la muerte de la política misma. Mejor: ¡Que viva la izquierda!, y que con ella vivan los ideales revolucionarios que tanta falta hacen a nuestros políticos actuales.
09 Marzo 2018 04:00:00
Observadores electorales
El que se quema con leche, hasta al requesón le sopla, solía decir el antiguo refrán que describía que las personas que han sufrido por alguna causa se muestran temerosas cuando la circunstancia parece repetirse.

Sin duda, dicho proverbio es aplicable ante la inminente llegada de los comicios electorales federales y locales,​ que se llevarán a cabo el domingo 1 de julio de este 2018, los cuales serán organizados tanto por el Instituto Nacional Electoral (INE) como por el Instituto Electoral de Coahuila, lo anterior dado que, a nivel federal y local, se renovarán más de 3 mil 400 cargos, entre los que destaca el del Presidente de la República.

En Coahuila, la elección y reelección de alcaldes, incluso la de Presidente y representantes legislativos federales, se desarrollarán, sin duda, en un ambiente de máxima desconfianza, dada la cuestionada reciente elección en nuestro estado que, de acuerdo con las denuncias entre partidos y candidatos, incluso con las averiguaciones de las autoridades electorales, fue contaminada con compra, coacción de votos y rebase en los topes de gastos de campaña.

Bajo este ambiente de escasa fe, resultará insuficiente el absurdo juego que elección tras elección juegan los institutos electorales y los partidos políticos, en el cual se presume que la autoridad electoral vigila el desempeño de los partidos y estos vigilan a su vez el ejercicio de la autoridad electoral, por medio de sus representantes ante las casillas electorales el día de la jornada, lo que coloca a nuestro país en el único lugar en el que la autoridad debe ser vigilada para que no se desvíe.

Así pues, y ante la poca seriedad de los protagonistas de nuestro sistema democrático, a los ciudadanos nos corresponde vigilar de cerca el funcionamiento de todas las entidades públicas que intervienen en este proceso eleccionario, situación que se presiente imposible, a no ser que se realice a través de la figura de “observador electoral”, la cual se ha normado por el paso del tiempo y la desconfianza del electorado, haciéndose presente por primera vez en la legislación electoral en el año 1988, después del cuestionado triunfo de Carlos Salinas de Gortari sobre el candidato perredista, Cuauhtémoc Cárdenas; es entonces que nace dicha figura, la cual, según su concepción, sirve principalmente para evitar fraudes en las elecciones.

Desde entonces, pueden ser observadores todos aquellos ciudadanos mexicanos que buscan la construcción de una sociedad democrática, convencidos de que un proceso electoral totalmente trasparente y verificable debe estar abierto no sólo al escrutinio de los participantes en él, sino también de los grupos de interés involucrados en los temas de gobernabilidad.

Aún queda tiempo para buscar la acreditación tanto de ciudadanos como organizaciones de la sociedad civil para actuar como observadores electorales, los cuales ahora también estarán facultados para presentar informes de observación después de la jornada electoral.

Así que pongamos nuestra esperanza en estos observadores electorales, a los cuales se les impone aclarar el origen, monto y aplicación del financiamiento que recibieron para postularse, colocándolos como una de las figuras electorales más transparentes y decididas. Son quienes, de manera voluntaria, han decidido echarse encima la complicada tarea de revertir el déficit de confianza del votante en nuestro país y nuestro estado.
02 Marzo 2018 04:00:00
La izquierda no tiene líder
Después de disolver a la izquierda, hoy López Obrador, ha empezado a juntarse con los malos, con los de la mafia, ellos y él ahora se rascan entre sí, mientras se esfuman las fuerzas, los objetivos, los planes y el sueño de contar con un nuevo Gobierno eficiente y sin mancha.

Esta conducta, evidentemente desatinada del permanente líder de la izquierda mexicana, lleva al electorado al desánimo y a la confusión y a quienes creemos en el proyecto de izquierda, a una profunda depresión emocional.

Sin embargo, no todo está mal, ya que el irregular liderazgo de quien se supone nos mostraría mejores sistemas de gobierno, será motivo para darnos cuenta de que el progresismo que enarbola la izquierda y que tanto necesita nuestra nación no puede recaer solamente en una persona, y mucho menos en un incierto líder desgastado, sino que la izquierda mexicana existe ahora y como nunca en el ánimo de un gran sector de nuestra sociedad, por lo que con o sin Andrés Manuel, quienes queremos un cambio verdadero en el sistema de gobierno tendremos que votar por la alternativa que lo ofrezca, aunque en esta sólo sea él, quien formalmente lo propone.

Además, el candidato de Morena se equivoca también al no percatarse de que la izquierda es ahora una corriente política con vida propia, con demandas y exigencias reales, un sentir ciudadano que empieza a marcar una gran distancia frente a las demás fuerzas políticas de la misma sociedad, por lo que si se hace presente con la fuerza que se presiente en la elección 2018, sin duda se fortalecerá a tal grado de quedar en aptitud de decidir el futuro de México y castigar a los insensibles malos gobernantes, incluyéndolo a él.

La corriente ideológica de izquierda verdadera que ahora vive México jamás fue cultivada por Andrés Manuel López, es por eso que cada día se parece menos a la izquierda que refiere en sus discursos y que anuncia con sus acciones.

Es evidente que AMLO dejó de reconocer los valores a los cuales la izquierda real debe servir: la defensa de los desiguales, la soberanía nacional; un modelo educativo que favorezca a los trabajadores y a los explotados; la cultura nacional que dé identidad; los derechos humanos en general.

Así que por ahora esto es lo que hay, por lo que estamos obligados a tomarlo y transitar primero por esta izquierda sinuosa, dedicada a la obtención de puestos de representación, de canonjías estatales y al uso de la política para la satisfacción de intereses facciosos o personales, y sólo así llegar después fortalecidos a la otra izquierda, la verdadera, la democrática, la comprometida con el derecho y la justicia y, ante todo, con el avance y el progreso de la sociedad y de su pueblo trabajador; una izquierda que en verdad represente a la clase que vive de su trabajo, una izquierda enemiga de toda forma de simulación democrática y de toda exclusión y discriminación; una izquierda solidaria con todos los pueblos del mundo que al igual que el nuestro, luchen por su liberación y por la igualdad de sus ciudadanos.

Entonces, no podemos los mexicanos postergar más el arribo de un distinto sistema de gobierno, aunque eso signifique que oportunistas se mareen en la idea de sentirse dueños de este logro, desconociendo que la necesidad de un gobierno distinto nos la han dado décadas de dilapidación y sufrimiento.
23 Febrero 2018 04:00:00
La izquierda no tiene líder
PRIMERA PARTE

El régimen de jerarquías o sistema vertical de mandos, en donde un dirigente o guía es quien asume el control de las masas, ha funcionado de manera efectiva tanto en instituciones religiosas como en la administración pública y privada, incluso en la delincuencia organizada y en su contraparte, el ejército nacional o cualquier corporación policiaca; sin embargo, este sistema de líderes parece que no funciona en la política. La historia del mundo nos muestra cómo los líderes políticos tarde o temprano exponen su lado humano falible.

El liderazgo efectivo, como tal, es bastante difícil de sostener, mayormente cuando el líder lleva un buen tiempo soportando ese lugar, el cual implica mantenerse permanentemente afín, rígido, estable, comprometido, agudo e íntegro. Porque, lo queramos o no, cualquier persona que permanece largo tiempo en el escrutinio público, recibiendo porrazos a diario y retirado de las graderías, acaba perdiendo sensibilidad, por lo que deja de escuchar al pueblo, incluso a quienes tiene como los más próximos, por lo que termina pareciendo soberbio o socarrón.

Cuando lo anterior sucede, principia la inevitable ruina del líder, ya que, entonces, empieza a equivocar sus decisiones, lo que para quienes habían creído en él es imperdonable y termina siendo descalificado en todo, incluso en todas las otras labores que pudo haber desempeñado sin falla. Sin embargo, es necesario mencionar que el desgaste del líder es una consecuencia natural, ya que la cabeza de un líder es muy fácil de golpear y por muy desarrollado o prominente que esté su equilibrio, como el de un mástil, resulta inestable.

Ahora mismo en México, el líder de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, quien se ha erigido como paladín de esta corriente por más de 18 años, creyéndose suficiente todo este tiempo para concentrar en su persona el conocimiento y la visión práctica de izquierda necesaria para atender todos los problemas de un estado, responder todas las preguntas y tener siempre la última palabra, empieza a fallar.

Y es que en los últimos meses, el líder de Morena empieza a asquear con sus decisiones, las cuales nos hacen pensar que AMLO no tiene otro objetivo más que el de acumular el poder. Es evidente que las postreras decisiones de Andrés Manuel han sido motivadas sólo por su insaciable deseo de dominio.

López Obrador después de desunir a los partidos de izquierda, ahora ha empezado a juntarse con los malos, con los de la mafia, ellos y él, ahora se rascan entre sí, mientras se esfuman las fuerzas, los objetivos, los planes y el sueño de contar con un nuevo gobierno eficiente y sin mancha.

Esta conducta, evidentemente desatinada del permanente líder de la izquierda mexicana, trae sin duda al electorado mexicano el desánimo y la confusión y llevan a quienes creemos en el proyecto de izquierda a una profunda depresión emocional; sin embargo, no todo está mal, ya que, por fortuna, el irregular liderazgo de quien se supone nos mostraría mejores sistemas de gobierno nos debe servir para darnos cuenta de que el progresismo que enarbola la izquierda, que tanto necesita nuestra nación, no es solamente un candidato y mucho menos lo es un desgastado líder soñador que funda su discurso en un ambiguo punto en el futuro con cara de merolico motivador, sino que… (continuará).
16 Febrero 2018 04:00:00
Tan malo el pinto como el colorado
El pasado 11 de febrero culminó el periodo de precampañas presidenciales, el cual se desarrolló durante 60 días a partir del 14 de diciembre de 2017, sin embargo y, aunque usted no lo crea, el periodo formal contemplado por la ley electoral para el inicio de las campañas iniciará hasta el próximo 30 de marzo, y digo que es poco creíble que hasta entonces inicie formalmente la campaña electoral, ya que lo que vivimos y vimos de los supuestos precandidatos Ricardo Anaya, del PAN, José Antonio Meade, del PRI, y Andrés Manuel López Obrador, de Morena, no fue otra cosa más que descaradas campañas anticipadas.

La Ley Electoral define las precampañas, como el método partidista que sirve para seleccionar a sus candidatos. Es decir, son procesos internos donde los militantes de un partido, o bien la misma ciudadanía, decide quién será el candidato de tal partido, claro, de entre dos o más aspirantes.

Lo extraño viene cuando con la anuencia de la autoridad electoral, candidatos sin rival inician sendas precampañas de proselitismo electoral, a sabiendas de que en sus partidos ni habrá contiendas internas que los definan como sus candidatos, ni sus mensajes ni propaganda fueron exclusivos para los militantes de esos partidos, es decir, si no hay contienda interna en el partido político, simplemente no puede haber precampaña.

Ahora bien, por si lo anterior fuera poca muestra de deshonestidad por parte de los supuestos precandidatos, dos de ellos, cobijados por convenios de coalición, fingieron ser también precandidatos de los partidos que las integran, es por eso que vimos a Ricardo Anaya en tiempos del PRD y Movimiento Ciudadano, a pesar de ser sólo precandidato registrado en el PAN, o bien a José Antonio Meade, quien es del PRI, utilizando de manera ilegal los tiempos de radio y televisión del Partido Verde y del Panal, y, por supuesto a Morena, aliados y a su candidato Andrés Manuel utilizando la frase “estaríamos mejor con ya sabes quién” en los tiempos asignados a los partidos coaligados.

Con acciones como estas y la permisibilidad de la autoridad electoral, es claro que la reforma electoral 2007-2008 que pretendió controlar las campañas adelantadas ha quedado sin fruto, lo cual ha sido provocado por las absurdas resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual, de manera decidida, ha dejado de observar sus propios criterios, como el de aquella famosa jurisprudencia identificada bajo el estadístico 2/2016, en la cual establecía que es acto anticipado de campaña toda aquella propaganda difundida durante precampaña cuando esta no es dirigida sólo a los militantes de un partido, o cuando avaló la ley del estado de Baja California que condicionaba a los partidos políticos a la realización de precampañas siempre y cuando hubiera más de dos
precandidatos.

En fin, no sé a quién busca beneficiar el máximo tribunal electoral al institucionalizar la ilegalidad y permitir la promoción de candidatos desde la etapa de precampañas, pero lo que sí sé es que ninguno de los candidatos principales pudo aguantar la tentación de aprovecharse de esta arbitrariedad. Sin duda, las precampañas nos dejaron un amplio conocimiento de los supuestos precandidatos, el cual se resume en saber que, de los tres, tan malo es el pinto como el colorado.




09 Febrero 2018 04:00:00
Pluripartidismo coahuilense
El pasado 31 de enero venció la fecha fatal, para que las agrupaciones políticas o ciudadanas presentaran una carta de intención al Instituto Electoral de Coahuila, a fin de anunciar el propósito de constituir un nuevo partido político en nuestro estado. Así pues, y una vez concluido dicho plazo, el IEC informó que había recibido 14 cartas de intención de un igual número de agrupaciones interesadas en lograr su registro como partidos políticos estatales.

Es necesario considerar que en la elección local pasada se contó con la participación de 15 partidos políticos, de los cuales sólo nueve son nacionales y seis lo eran estatales; sin embargo, al término de aquella elección, del cúmulo de partidos estatales, sólo logró sobrevivir uno, dado que fue el único que alcanzó el número de votos suficiente para conservar su registro, por lo que el resto de ellos debió liquidarse y retirarles el registro, por no conseguir el porcentaje mínimo de la votación emitida en el estado (3%).

Posterior a la jornada electoral pasada, el instituto electoral estatal reconoció que estos cinco fallidos partidos estatales, no sólo se ganaron su cancelación por consecuencia de la poca e insuficiente representación que tuvieron en dicha elección, sino que el mismo Instituto les tuvo que imponer, además, multas de fiscalización por 26 millones 884 mil 202 pesos, a consecuencia de las diversas irregularidades detectadas en el manejo de los recursos públicos que les fueron asignados, multas que por supuesto no alcanzaron a pagar dada su desaparición en el escenario político del estado.

Pues bien, a pesar de lo anterior, el día de ayer se supo que de las 14 solicitudes o cartas de intención para constituir nuevos partidos estatales, cinco de ellas fueron signadas por los dirigentes de estos partidos recién cancelados y ahora prófugos, los cuales pretenden conformar, otra vez, partidos políticos locales al cobijo de los relajados requisitos que exige la legislación electoral actual y de la posibilidad de aplicar el borrón y cuenta nueva de sus débitos con el estado.

Para quien esto escribe, una real democracia es aquella que logra que en una sociedad todas las facciones se encuentren representadas en los órganos de gobierno, por lo que si la única vía de acceso a la administración pública lo es un partido político, entonces deberá haber tanto partido político como sectores en una sociedad, sin embargo, en nuestro estado, la última intención que tienen quienes buscan una y otra vez el registro como partido político, lo es el de representar dignamente a un sector determinado de nuestra sociedad, ya que de haber sido así, en la elección pasada, la misma ciudadanía a estos partidos locales les habría dado los votos suficientes para conservar su registro por sentirse representada por ellos y si no fue así, es porque dichos partidos jamás cumplieron con su cometido.

Así pues, y de darse el registro de estos 14 solicitantes, el próximo año en Coahuila habrá 15 partidos políticos estatales, más los nueve nacionales, que harán que nuestra entidad cuente con un sistema político electoral, “poli partidista”, “nada representativo” y por demás “inservible”.
02 Febrero 2018 04:00:00
Los enemigos de Andrés Manuel
Después de dos derrotas electorales consecutivas, pareciera que ahora sí, Andrés Manuel López Obrador podrá cumplir su anhelo de gobernar México, y es que hasta hoy, la mayoría de las encuestas serias lo colocan como el favorito del electorado.

Como ejemplo: las últimas dos encuestas, publicadas por El Heraldo de México y El Economista, las cuales en su análisis afirman que hasta estos días, ni José Antonio Meade (PRI-PVEM-Panal), ni Ricardo Anaya, candidato del PAN-PRD-MC, han podido desbancar del primer lugar al candidato de la coalición (Morena-PT-PES), según lo muestran sus resultados.

Sin duda, mucho ayudan a las deducciones que arrojan las encuestas la mala reputación del actual Gobierno mexicano, su equivocado actuar en los últimos 5 años y los escasos resultados que han dado a los ciudadanos, esto por parte del PRI; por el PAN, el imperdonable desperdicio de una oportunidad histórica –la de la transición democrática– al gobernar “igual o peor” que el PRI: sin proyecto, con la misma corrupción, sin rumbo.

Así pues, la candidatura de AMLO, parece ir con viento en popa como para llevarlo a la meta sin mayor dificultad.

Sin embargo, debemos recordar que este mismo escenario observábamos en las dos últimas elecciones presidenciales, en las cuales, por estas mismas fechas, Andrés Manuel, lideraba encuestas que, luego de sus desaciertos, comenzaron a abandonarlo.

No omito reconocer que ahora politólogos e historiadores aseguran que en esta ocasión, las cosas son distintas, y que “El Peje” no es el mismo de antes; como tampoco lo es la estructura política que lo apoya, por lo que se debe abandonar la idea de que el candidato repita errores que lo lleven a perder la ventaja que ahora mantiene.

Ante tales aseveraciones, a los ciudadanos nos asalta una duda enorme: ¿qué podría vencer a AMLO?

Para quien esto escribe, al candidato Andrés Manuel sólo lo podrán vencer dos cosas: la enorme cantidad de recursos, tanto económicos, como en estructura burocrática, que comúnmente el partido en el poder pone a disposición del candidato oficial, tanto a nivel federal como estatal, incluidas las de las autoridades electorales, las cuales evidentemente no han sido nada imparciales, en sus últimas resoluciones.

Y la segunda: su equipo de campaña, el cual se conforma por operadores con poco tiento en la mayor parte de los estados, los cuales se erigen como dueños prematuros del poder, decididos a acaparar todos los escaños que significa la Administración federal, incluyendo los puestos de elección popular, los cuales ya se reparten a discreción, negando con esto la oportunidad a todo aquel que decida no servir de rodillas a sus intereses personales.

Y es que la postura tirana de quienes se dicen operadores del candidato en estados como Coahuila, Baja California Sur, Tabasco, Quintana Roo, Sinaloa y algunos municipios en Querétaro ha hecho vacilar la permanencia de la coalición Juntos Haremos Historia, la cual, aunque poco apreciada por estos voraces operadores, servirá de mucho para el triunfo del tabasqueño, dado que si bien es cierto que ahora ocupa el primer lugar en las encuestas, también lo es que su popularidad ha llegado al techo, por lo que sólo esta estrategia de alianza podrá alimentar su candidatura con votos frescos, por representar la apertura a otras corrientes políticas con ideologías diversas.
26 Enero 2018 04:00:00
Coaliciones coahuilenses
El pasado 3 de enero venció el plazo para que los partidos políticos que buscan participar en la elección local de Coahuila 2017-2018 bajo la modalidad de coalición presentaran sus convenios para someterlos al escrutinio de la autoridad local electoral.

En tiempo, se lograron registrar tres convenios de coalición, el primero que llegó lo fue el denominado Juntos Haremos Historia, en el cual participan los partidos políticos nacionales Morena, PT y Encuentro Social. El segundo fue el encabezado por el PAN y los partidos Movimiento Ciudadano y la UDC, al que pusieron por nombre Por Coahuila al Frente, y el tercero, aún sin nombre, conformado por los partidos PRI, PVEM y Nueva Alianza. Debo mencionar que días más tarde, el Instituto Electoral de Coahuila aprobó por unanimidad los tres convenios, por considerar que los mismos cumplían a cabalidad con los requisitos de ley.

Ante tal situación, y con el único fin de lograr identificar o encasillar a estas uniones tan discordantes en una corriente ideológica, haré un esfuerzo sobrenatural por encontrar coincidencias entre estos partidos, más allá de la simple explicación de que los partidos grandes se unen a partidos con menos representatividad con el único fin de sumar votos, aunque sus ideologías sean distintas.

Así pues, la coalición encabezada por el Partido Acción Nacional, de derecha, el cual a pesar de no tener marcadas coincidencias con la filosofía de los dirigentes de los partidos Unidad Democrática de Coahuila y Movimiento Ciudadano deciden coaligarse y formar un frente al cual identificaré como la coalición con ideología de centro, es decir, ni de derecha, ni de izquierda, por lo distinto de los estatutos de cada uno de ellos.

La coalición innominada conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, los cuales profesan doctrinas un tanto dispares, se han unido, para formar una coalición de derecha capitalista y neoliberal, muy al estilo del sistema de Gobierno actual, lo anterior a pesar de que dichos partidos, en ocasiones intentan presentarse como partidos convencionales de izquierda.

Por último, la coalición denominada Juntos Haremos Historia, conformada por los partidos Del Trabajo, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Partido Encuentro Social. Esta coalición llama inevitablemente la atención de quienes aseguran que tanto el Partido del Trabajo como Morena se han ostentado siempre como partidos de izquierda progresista, a diferencia del Partido Encuentro Social, el cual se ha distinguido, desde su creación, por oponerse a las políticas públicas de autonomía del ciudadano, para permitir su libre desarrollo de personalidad, incluyendo sus libertades sexuales, al punto de legalizarlas, lo que para muchos se opone a una política puramente progresista, consideraciones estas últimas con las que no coincido, por lo que la identificaré como la coalición de izquierda.

Así las cosas y bajo la inminente posibilidad de que estas tres coaliciones colocarán a los próximos 38 alcaldes de nuestro estado, a los ciudadanos sólo nos queda revisar a profundidad la personalidad de cada uno de los candidatos y su trayectoria, ya que será difícil encontrar a uno que pueda obedecer a cabalidad las ideologías de cada uno de los partidos que conformen su coalición, a menos que a quien postulen sea al bipolar monstruo de Frankenstein.
19 Enero 2018 04:00:00
La inexcusable obligación de votar
Por alguna extraña razón, ni las autoridades electorales, ni los órganos encargados de la organización de las elecciones, se han decidido plantear con firmeza la real posibilidad constitucional, de castigar a quienes de manera deliberada omiten acudir a las urnas para ejercer su voto en cualquier proceso electoral.

Lo anterior, a pesar de ser estas mismas autoridades, las responsables de consolidar con sus acciones la democracia en el Estado mexicano. Los órganos electorales son insensibles ante las terribles consecuencias que ha traído el abstencionismo electoral a nuestro país, el cual afecta la legitimidad de quienes resultan electos, perturbando aspectos básicos en el ejercicio del poder como lo son: la gobernabilidad y la representatividad.

No podemos decir que nuestro sistema electoral es auténticamente democrático, si la participación ciudadana es tan pobre, además la escasa participación en las contiendas electorales es ampliamente aprovechada por quienes con un voto duro de una minoría logran estruendosos triunfos carentes de legitimación, pero suficientes para acceder al poder.

Es inadmisible entonces que a sabiendas de dichas consecuencias las autoridades electorales no hayan decidido echar mano de la posibilidad legal de inhabilitar los derechos políticos de los ciudadanos, que sin justificación alguna deciden incumplir con su obligación civil de elegir a sus gobernantes mediante el sufragio, lo anterior a pesar de que dicha posibilidad se contempla con precisión en la ley.

No es una ocurrencia de quien esto escribe, que a quienes no acudan a votar se le deba suspender del ejercicio de sus derechos políticos, al menos por un año, de entrada, que a quien deje de votar se le cancele su credencial del INE, entre otras cosas, que implica este derecho.

Y es que, si bien es cierto, los derechos político-electorales del ciudadano encuentran su fundamento en el Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la posibilidad de suspenderlos por la abstención deliberada de salir a votar, se observa en los artículos 36 y 38, de la misma Carta Magna.

Los derechos político-electorales son aquellos derechos fundamentales que tiene todo ciudadano para intervenir en las actividades relacionadas con el Estado y el ejercicio de la función política, cuya acción implica la participación directa del ciudadano para decidir el sistema de gobierno; elegir a sus representantes políticos, ser electo y ejercer cargos de representación, así como, definir y elaborar normas y políticas públicas y controlar el ejercicio en la función pública de sus representantes.

Así pues, los ciudadanos debemos enterarnos, que el voto dejó de ser sólo un derecho, para convertirse en una verdadera obligación, y que no se puede distinguir uno del otro a la luz de la Constitución, la cual como derecho, concede al ciudadano la posibilidad de expresar su voluntad para elegir a sus representantes y como obligación al señalarla como tal en el Artículo 36, fracción III, en el cual ordena una ejemplar sanción por su incumplimiento, y que lo es, la suspensión de los derechos político-electorales del ciudadano por un año, según se lee en el Artículo 38, fracción I de dicha Constitución.

Entonces, ante la conveniente omisión de las autoridades electorales para obligarnos a votar, debemos ser los ciudadanos los que ejerzamos por la fuerza de la ley ese mandamiento.
12 Enero 2018 04:00:00
‘Gobernar y hacer campaña’
Es evidente que el recién electo alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, y quienes le apoyan, están dispuestos a cumplir con la mayoría de las promesas de Gobierno realizadas en campaña, las cuales fueron bastantes en número, lo que hacía que varias de ellas se pensaran de imposible realización, lo anterior, si se toma en cuenta que su Administración municipal sólo durará un año.

Con lo que no contábamos era con que el PRI estatal echaría toda la carne al asador para apoyar la gestión municipal saltillense, la cual deberá ser exitosa, principal requisito para lograr la reelección del munícipe este mismo año, lo que seguramente lograrán y en muy corto tiempo.

A pregunta expresa al alcalde en turno, se refirió a la posibilidad de su reelección para la Alcaldía, no sin antes decirse concentrado en cumplir con lo prometido en campaña, pero sin descartar dicha posibilidad de proponerse como candidato a la misma Alcaldía, “ya en su momento estaremos pensando en esa otra posibilidad”, explicó.

Es evidente que Manolo, en lo personal, en realidad no ha tenido la necesidad de pensar siquiera en la posibilidad de reelegirse, porque en él no caben las dudas y sabe que de decidirse así, sin titubeos, sus manejadores lo lograrán, tal cual ha sucedido con el cargo que ahora ocupa, mismo que seguramente, jamás añoró, por lo que hoy sólo se dedica a vivirlo como un regalo de la vida.

Manolo forma parte de una generación de políticos que con poca lucha y nulo desgaste alcanzan los cuernos de la luna en el ámbito político, sin necesidad de meter las manos o demostrar que son suficientes para conquistarlo. Quien dude de lo anterior, debería explicarnos por qué, en tan poco tiempo, Manolo Jiménez Salinas, en su carrera política ha sido legislador local, presidente del Comité Municipal del PRI, regidor y ahora Alcalde de Saltillo.

Así pues, lo menos que podemos hacer es creer desde ahora que la reelección de Manolo en el mismo puesto está dada, por lo que no dudará en aprovechar las ocurrencias de la autoridad electoral, que por medio de una resolución definitiva, permite que el alcalde en turno pueda sin mayor problema realizar a la par de su gobierno una escandalosa campaña política electoral.

Entonces, he ahí la causa de que el alcalde Manolo, se dé tiempo todos los días para ofrecer sendas entrevistas en cuanto medio de comunicación se le atraviese, anunciando los logros diarios de su Gobierno, el cual apenas inicia y ya ha acumulado acciones reales en tiempo récord.

Así pues, esperemos, entonces, que la Administración de Manolo, sea casi de ensueño y que sin duda, como nunca, se cumplirán ahora sí casi todas las promesas de Gobierno vertidas en su campaña.

Y digo casi todas, puesto que, de reelegirse, estará incumpliendo la más importante y la que más popular lo hizo y que fue precisamente la que anunció en compañía de la presidenta estatal del PRI, aquel 1 de noviembre de 2016, fecha en que al tiempo que destapó su candidatura hizo el compromiso con la ciudadanía, al igual que sus compañeros de partido, en no buscar la reelección y mantenerse en su cargo todo el año para dedicarse a gobernar.

A nosotros sólo nos resta esperar y rezar para que no se cumpla aquella sentencia decretada por el exgobernador Rubén Moreira, quien al referirse a lo que ahora hace Manolo no dudó en exclamar: “puede gobernar y hacer campaña, pero no se puede gobernar haciendo campaña, que es distinto”.
05 Enero 2018 04:01:00
¡Terrible panorama!
Terrible, el panorama en este 2018, lo anterior respecto a la elección local en nuestra entidad, ya que, precisamente es Coahuila en donde de manera extraordinaria los alcaldes recién elegidos en el 2017 gobernarán sólo un año, lo que coloca en una misión imposible a quienes buscan ser reconocidos por la ciudadanía que los eligió.

Y es que en la próxima elección de alcaldes en nuestro estado existirá la posibilidad de que quien ha sido electo como presidente municipal para la Administración 2018 pueda reelegirse en el proceso electoral local del mismo año, para postergarse en el cargo, por lo menos otros 3 años; de ahí que se hace necesario el reconocimiento a su labor.

Además, debo mencionar que en esta elección local para la renovación de las 38 alcaldías de nuestro estado, los alcaldes en funciones podrán, desde su silla, hacer campaña política electoral y buscar reelegirse para el mismo puesto y por el mismo partido que los postuló y llevó a tal compromiso público.

Ante este loco panorama, plagado de excesos y disparates, todos ellos provocados tanto por los legisladores locales como por los federales, así como por las autoridades jurisdiccionales electorales (TEPJF y TEPJE), los coahuilenses habremos de salir, otra vez, a votar el próximo domingo 3 de junio de 2018, en lo que respecta a la elección local, para elegir 38 ayuntamientos.

Así pues, y en un afán de salvar lo insalvable, el Instituto Electoral de Coahuila, en sesión de fecha 24 de diciembre pasado, aprobó un manual al cual denominó como: “Lineamientos que regulan a las y los funcionarios públicos o presidentes municipales que no se separen de su cargo y que busquen ser reelectos (as) para la integración de los ayuntamientos del estado de Coahuila de Zaragoza, para la precampaña y campaña, en el proceso electoral local ordinario 2017-2018”

Dicho reglamento cuenta con cuatro grandes apartados, numerales o artículos, que a la letra dicen:

“1.- No podrán realizar actos de precampaña y campaña en días y horas laborables, en atención a lo que establezca cada ayuntamiento. 2.- No podrán utilizar recursos públicos, ya sea humanos, materiales o económicos que sean del ayuntamiento. 3.- No podrán disponer del personal que se encuentre dado de alta en la nómina del ayuntamiento, del cual ejerce su administración, para realizar actos de precampaña y campaña en horas laborables, ni de aquel otro que sea pagado por el ayuntamiento (sic). 4.- Deberán observar lo dispuesto en la constitución política de los Estado Unidos Mexicanos, la local del estado de Coahuila de Zaragoza, el código municipal del estado y la demás legislación, reglamentación y normatividad aplicable”.

Preceptos todos inaplicables, o por lo menos inobservables, ya que lo que no dice el Instituto Electoral es que ninguno de estos obvios mandamientos está dentro de sus facultades reguladoras, ya que, según la ley, este instituto carece de facultades para fiscalizar a quienes de manera deliberada hagan campaña en horarios laborables, dispongan de los recursos del erario para sus campañas o que desvíen las funciones del personal del ayuntamiento.

Es evidente que dichas circunstancias nos ponen a merced sólo de la buena voluntad de los acaldes-candidatos y sus partidos para que no caigan en tentación, o lo que es lo mismo: ¡terrible panorama!

.(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo) | @Ricardo Torres_1
29 Diciembre 2017 04:04:00
Descrédito
Fue en el pasado mes de octubre que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó un acuerdo del INE, que pretendía regular la entrega de programas sociales durante un proceso electoral, esto a pesar de que se les advirtió que existe el riesgo de que los gobiernos condicionen o utilicen la entrega de dichos programas sociales como medio de pago en la compra de votos.

Con dicha acción el Tribunal Electoral empezaba a mostrar su verdadera cara, la cual desde entonces, y hasta hoy, no ha sido otra más que la de ser permisivos e impulsores de todo tipo de excesos en la próxima elección federal 2018, ya que este Tribunal insiste en liberar de cualquier normativa, tanto el límite, la procedencia y destino de los recursos económicos que se manejen en dicho proceso electoral.

Pero no sólo en materia de recursos económicos el máximo tribunal electoral es irresponsable, ya que en la misma fecha en que se permitió desestimar el uso de programas sociales como medio de coacción del voto también derogó otros dos reglamentos producidos en el seno del consejo general del INE, con los cuales los consejeros buscaban garantizar la equidad en la contienda electoral 2018, ya que prohibían actuaciones ilegales de funcionarios públicos en favor de un partido político en época electoral, así como la imposición de límites a la difusión de los informes de labores de los mismos en periodo electoral, para evitar con esto que los gobernantes, bajo el pretexto de rendir su informe de gobierno, hagan propaganda en favor de su partido para influir en la decisión del votante.

Es evidente que al Tribunal Electoral poco le importó que estos reglamentos emitidos por el INE fueran la consecuencia de la insensata omisión de los legisladores federales, para normar con precisión el Artículo 134 de la Constitución, el cual trata el uso de recursos económicos federales, de manera muy general, limitándose a ordenar que dichos recursos deberán administrarse con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, pero sin precisar la forma en que deberán vigilarse.

Así las cosas y en esa misma inercia antidemocrática, los magistrados del TEPJF, el miércoles pasado, eliminaron del reglamento de fiscalización, una prohibición que impide a candidatos y partidos políticos el reparto de tarjetas monedero durante la campaña electoral de 2018.

En la misma resolución, los magistrados legalizaron el uso de las tarjetas “rosas” por parte del PRI en Coahuila y el Estado de México, durante las elecciones de este año, pese a que el INE insistió en incluir esta prohibición; pero esta y otras normas en el reglamento de fiscalización, fueron impugnadas por el mencionado partido político y sus aliados.

Con este último fallo y con la evidente falta de voluntad para evitar contiendas inequitativas, el Tribunal Electoral federal anunció de manera tácita que el proceso electoral más grande y costoso de la historia de nuestro país, con 3 mil 416 cargos en juego, se desarrollará en un contexto de crisis política, de descrédito, no sólo de los partidos políticos, sino que también de las autoridades electorales, y que, para desgracia de los mexicanos, serán estas mismas autoridades las que se encargarán de validarlas.
22 Diciembre 2017 04:00:00
Valor o Descaro
El miércoles pasado, el Instituto Electoral de Coahuila llevó a cabo un ejercicio de discusión, al cual identificaron como conversatorio, denominado Reelección: Retos Para el Proceso Electoral 2018, en dicho evento, intervinieron la magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara, Gabriela Eugenia del Valle Pérez; Jorge Sánchez Morales, magistrado en la misma Sala Regional Guadalajara, ambos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el coordinador general de asesores de la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Marco Antonio Zavala Arredondo.

En dicho evento, la magistrada Gabriela Eugenia del Valle Pérez consideró que la reelección no es un nuevo derecho, sino que la reforma político –electoral de 2014– más bien levantó una restricción para que los servidores públicos en funciones puedan participar en los procesos electorales en igualdad de circunstancias; Más o menos en el mismo sentido el magistrado Jorge Sánchez Morales hizo un recorrido histórico de las reelecciones en México, para concluir que la reelección nada tiene de malo.

Finalmente, Marco Antonio Zavala trató de hacer entender, que la prohibición a la reelección no debe considerarse como una violación a un derecho humano, ya que hasta hoy ningún ordenamiento constitucional o internacional la reconoce como tal; incluso consideró que la no reelección es un mecanismo necesario para mantener un verdadero equilibrio en el ejercicio del poder.

Dignos representantes del Tribunal Electoral Federal resultaron los magistrados participantes en el mentado conversatorio, ya que las opiniones vertidas por los mismos, llevaron sin duda implícitos los criterios incongruentes con los que ahora el citado tribunal resuelve las controversias que les son sometidas a discusión.

Y como muestra la resolución dictada por dicha autoridad respecto a la posibilidad legal de que en Coahuila un alcalde, en la próxima elección 2018, haga campaña sin la necesidad de desprenderse de su cargo, esto, a pesar del inminente riesgo de que el funcionario disponga de los recursos públicos del municipio, para desviarlos a su campaña política–electoral, lo que traerá como consecuencia una elección por demás desigual e ilegal. “No hay conflicto de intereses porque la ley lo permite. Habría que ver caso por caso y ser muy cuidadoso de lo que se puede y lo que no se puede hacer, se establecerían las reglas y tendrán que seguirlas. Obviamente si alguien no está de acuerdo, presentará la denuncia respectiva y será analizada”, aseveró la magistrada.

Pareciera que desconocen que quien sancionará el proceso electoral local en el cual se renovaran los 38 municipios, con candidatos alcaldes en funciones, lo es el Instituto Electoral de Coahuila, y que el mismo carece de facultades para auditar o fiscalizar los gastos de campaña, por ser esta una labor reservada al Consejo General de INE, aunque a decir verdad, es evidente que también desconocen que ellos mismos coartaron al mismo INE en el ejercicio de esa labor fiscalizadora, lo que trajo tantos conflictos a Coahuila en la elección de Gobernador.

En fin, ciertamente hay algo que debemos reconocer a los magistrados visitantes y lo es el gran valor o descaro de venir a una entidad a la cual bastante han lastimado con sus ocurrentes resoluciones.
15 Diciembre 2017 04:00:00
Adiós Isidro
Isidro López Villarreal rindió su Cuarto Informe de resultados el pasado 13 de diciembre. “Nos vemos el próximo año”, señaló el todavía Alcalde, al concluir el mensaje que ofreció tras la presentación del mismo. Chilo aclaró que le será difícil dejar su encargo, dado que él está muy enamorado de la Alcaldía, por lo que sin duda buscará ser candidato para el cargo en los comicios electorales del próximo año.

Para Isidro volver a postularse para la Alcaldía en el proceso electoral del 2018, no significará la reelección continua en el cargo, dado que entre la culminación de esta administración municipal y el inicio de la nueva administración, se encuentra la administración que encabezará el priista Manolo Jiménez.

Volviendo al punto: ¿qué le hace pensar al indolente alcalde Isidro López que existe la remota posibilidad de que los saltillenses le volvamos a elegir como nuestro alcalde?

Es evidente que para Isidro los cuatro años de su tortuosa administración no fueron suficientes, como para que los ciudadanos lamentáramos el haberlo elegido; para nadie es oculto que la administración municipal saliente dedicó su tiempo en implementar acciones meramente recaudatorias, el programa excesivo, ilegal e inquisitorio de las fotomultas –como primera acción sobresaliente del Alcalde– fue sólo el anuncio de la principal característica del actual Ayuntamiento, ya que como compensación ante la imposibilidad de seguirlas cobrando, el alcalde permitió todo tipo de excesos por parte de la Policía Municipal, la cual se encargó en todo tiempo de atiborrar las cárceles municipales todos los fines de semana, arrestando sin motivo suficiente a cuanto ciudadano se cruzaba en su camino, con el único propósito de sacarles el pago de elevadas multas por cualesquier causa.

Como empresario, Isidro hizo que todos los servicios que se brindaron a la ciudadanía, se convirtieran en jugosos negocios, por lo que, taxistas, comerciantes ambulantes, comerciantes establecidos, los locatarios del mercado Juárez y todo aquel ciudadano que necesitara realizar algún trámite, sintieron la voracidad del Munícipe y sus directores, mismos que jamás vacilaron en cobrar peso a peso por cualquier servicios brindado en nombre del Ayuntamiento, como tampoco lo hicieron al momento de imponer sanciones a quien opusiera resistencia al cooperar con la causa.

Así que, la aseveración del Alcalde cuando en 2013 decía: “Vamos a liberarnos de los gobiernos corruptos, nosotros somos el cambio”, se convirtió en su primera promesa de campaña incumplida, ya que, casos como el del director del Centro Integral de Administración y Planeación (CIAP) de Saltillo, Jorge Salcido Urroz, el del extesorero Adrián Ortiz y hasta el de la sustracción de los documentos de las finanzas del municipio en últimos días, marcaron desde el inicio la imagen de su regencia.

Poco o nada bueno, pudo informar el Alcalde como resultado de su gestión, la cual a todas luces podrá ser calificada –en el mejor de los casos– como igual de mala que las pasadas, aunque a decir verdad en esta, la voracidad de los funcionarios municipales no tuvo comparación.

Adiós Isidro, los saltillenses te deseamos la mejor de la suerte en tus negocios y que logres olvidar esta mala etapa de político en tu vida… la cual, los saltillenses, bastante sufrimos.
01 Diciembre 2017 04:00:00
Como en Venezuela
El miércoles pasado, el presidente Enrique Peña Nieto, el entonces gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, y el gobernador electo Miguel Ángel Riquelme Solís, inauguraron las instalaciones de la Onceava Brigada de la Policía Militar, cuartel y unidad habitacional, en San Pedro, lugar que albergará a 3 mil 200 soldados.

Peña Nieto reconoció que la presencia de militares en nuestro estado creció de mil 800 a más de 6 mil efectivos. “Hace falta un marco jurídico adecuado, que regule la actuación de soldados, pilotos y marinos, en tareas de seguridad pública”, dijo el Presidente, por lo que pidió al Congreso de la Unión la inmediata aprobación de la Ley de Seguridad Interior, para regular el apoyo de las Fuerzas Armadas a las entidades y municipios.

Algo está pasando en las cúpulas de los principales partidos políticos de nuestra nación, ya que en los últimos 2 años, los legisladores federales han discutido diversas iniciativas de reforma constitucional, que plantean darle facultades a las Fuerzas Armadas para intervenir en las actividades policiales, sin ningún control civil de por medio, una de ellas presentada por el senador del PAN Roberto Gil Zuarth y otra presentada por el coordinador de la bancada del PRI, César Camacho Quiroz, denominada Ley de Seguridad Interior, misma que fue aprobada ayer.

En todas estas iniciativas de ley, tanto las del PRI como la del PAN, se estableció la necesidad de otorgarles más facultades a los militares como garantes de la seguridad interna del país. Ambas propuestas parecen olvidar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que tanto han denunciado los propios ciudadanos y las comisiones encargadas de representarlos. Pareciera que a los legisladores poco les importan los innumerables cuestionamientos acerca de cómo se han utilizado las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo, sin ningún tipo de control.

Así pues, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Seguridad Interior, la cual permite la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, otorgando al Ejército la posibilidad de realizar labores de vigilancia y control social por cualquier método, por lo que podrán intervenir comunicaciones y recolectar información privada de cualquier persona a través de cualquier método sin distinción, así como arremeter contra manifestantes que decidan tomar una carretera o incluso una calle, como forma de protesta, entre otras muchas potestades; todo esto sin mediar control judicial o cualquier otro mecanismo de rendición de cuentas.

Es evidente que nuestros gobernantes, en su desmedido anhelo de controlarnos como sociedad, han emprendido una campaña legislativa sin fundamento, otorgándole facultades extraordinarias al Ejército en tareas que sólo competen a la sociedad civil, al punto de poner en riesgo nuestra identidad como república civil, para pasar a un régimen militar. Lo anterior representa una verdadera amenaza, ya que con estas acciones se han venido generando poco a poco condiciones suficientes para la instauración de un régimen dictatorial, exactamente igual al régimen de Venezuela.
24 Noviembre 2017 04:00:00
Inimaginables consecuencias
Seis días restan a la actual Administración estatal y la incertidumbre y zozobra arrecian. Hasta hoy nadie sabe lo que pasará el próximo 1 de diciembre, momento en que debe tomar posesión el nuevo Gobernador de Coahuila. Y es que, virtualmente existe un ganador según el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, sin embargo, la validez de la elección se encuentra en suspenso, dada la impugnación presentada por diversos actores políticos, que intentan repetir dicho proceso eleccionario.

Sin duda la elección de Coahuila es ahora la más amplia muestra de la falta de criterio y compromiso por parte de los magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los cuales, de manera deliberada, han decidido tomarse el tiempo más extenso posible, antes de sentarse a decidir sobre la procedencia de las impugnaciones vertidas sobre la citada elección. Esta situación ha sido aprovechada al máximo por los mismos, para coquetear y alentar a cuanto actor político llega a sus elegantes oficinas y ha dado pie a la invención de todo tipo de rumores, hipótesis, chismes y leyendas, por parte de quienes dicen saber del tema.

La única verdad es que hasta hoy nada hay en concreto respecto a si se anula o no la elección de gobernador en nuestro estado, y menos si consideramos que las últimas resoluciones del máximo tribunal electoral en el país han sido bastante confusas y carentes de toda lógica y sentido democrático.

No existe, en las recientes actuaciones del citado tribunal, un criterio definido por parte de los ciudadanos magistrados integrantes de la sala superior de dicho órgano electoral, ya que las últimas sentencias emitidas y consensadas por ellos parecen provenir más de un desajuste hormonal de los mismos, que de una decidida intención de ministrar justicia electoral.

Las últimas ejecutorias dictadas por la autoridad han llegado al absurdo de permitir que alcaldes en funciones puedan aleatoriamente participar en campañas electorales, buscando su reelección; otras, han invalidado lineamientos reguladores de propaganda oficial y hasta se ha decretado como lícito el reparto de programas sociales con fines electorales.

En un desplante de arrogancia, esta Sala Superior echó abajo lineamientos de fiscalización aprobados por el INE, tendientes a garantizar la equidad de la contienda; en otra ocasión decretó como válida la promoción personalizada de los funcionarios, así como la contratación de propaganda con dinero público.

Incluso, en últimos días, la misma autoridad ha invalidado criterios que el INE ya había aplicado en elecciones pasadas, con el consentimiento expreso del propio tribunal, como lo son los lineamientos para el uso imparcial de recursos públicos y la contabilización de propaganda en internet como gasto de campaña.

Sin duda, todas estas resoluciones se traducen en un mal presagio, y que lo es, que estamos ante la inminente llegada de una elección federal (de 2018) que se desarrollará en un ambiente de absoluta impunidad, por consecuencia de la absurda interpretación que el tribunal federal electoral da a la Ley de manera deliberada. Es decir, desde hoy tenemos identificado al culpable de una desgracia futura, conocida en el derecho como: una mente criminal dispuesta para causar daños de inimaginables consecuencias.
17 Noviembre 2017 04:00:00
Aborto
En los últimos días del mes pasado y luego de analizar la propuesta del Ejecutivo del Estado al Poder Legislativo sobre la posibilidad de dejar de contemplar como conducta delictiva la interrupción discrecional del embarazo por parte de las mujeres que así lo determinen, sin necesidad de mediar excusa legal alguna, este último decidió rechazar dicha iniciativa, fundándose en el argumento de que la vida es mucho más valiosa que el derecho de una persona a decidir sobre su cuerpo.

Luego de varias semanas de polémica, finalmente el Congreso del Estado decidió mantener la figura del aborto consentido dentro del catálogo de conductas consideradas como delictivas, desechando con esto la posibilidad de que en nuestra entidad surgieran lugares en donde se pudiera dar esta práctica sin ser criminalizada.

En dicha polémica, representantes de sectores interesados en el tema manifestaron sus ideas, con el único ánimo de hacerse notar tanto para apoyar como para rechazar o satanizar dicha propuesta de ley. Debemos reconocer que la mayoría de las sociedades tiende a relacionar el tema del aborto mayormente con mandatos religiosos o divinos, antes de concebirlo como un asunto relacionado con la ley y como política de Estado.

Sin embargo, y para asombro de muchos, el máximo representante de la grey católica en nuestro estado, el obispo Raúl Vera López, al momento de ser cuestionado sobre dicha polémica, no dudó en manifestar su aceptación ante la idea de despenalizar el aborto en nuestro estado. “Yo, cuando se habla de la penalización del aborto, evito unirme porque las penalizadas siempre son las mujeres, nunca los médicos, nunca los dueños de las clínicas, nunca los papás, siempre son las mujeres”, declaró.

Es evidente que el discurso del fraile dominico, obispo mexicano y actual director de la Diócesis de Saltillo, encuentra concordancia con lo que preceptúa el derecho canónico, el cual a pesar de imponer la peor sanción para el aborto, como lo es la excomunión automática, también contempla por lo menos 10 causales para que dicha sanción no sea aplicada o para que al menos sea atenuada, es decir, el derecho canónico contempla, incluso muchas más causales que las que nuestro derecho penal vigente concede.

Ante esto, y salvada la parte religiosa, debemos concluir que el problema del aborto debe ser cuanto antes acogido con seriedad por el estado, por lo que, en franco desatino, los legisladores de Coahuila, dejaron ir esta vez, la posibilidad de afrontar para normar y atender un problema que a pasos agigantados ha venido avanzando en detrimento de nuestra sociedad.

La realidad es que en nuestro estado es difícil conocer la cifra real y actualizada del número de interrupciones de embarazos que ocurren al año, pero diversas organizaciones sociales coinciden en considerar que el aborto, en Coahuila, es un hecho que debe ser encarado cuanto antes, como un problema de justicia social y no de conciencia, ya que el mismo afecta principalmente a las mujeres que viven en pobreza, condenándolas al descrédito y al castigo o a una vida llena de carencias al lado de los hijos.

El derecho a la vida deberá seguir siendo, sin duda, el bien jurídico mayormente tutelado por el Estado, pero más aún, el derecho a una vida digna, lo cual no se logrará si se siguen ignorando este tipo de temas.
10 Noviembre 2017 04:00:00
Similitud
La incertidumbre respecto a la validez legal de la elección de Coahuila y la falta de confianza sobre el desempeño de los órganos jurisdiccionales que se encargarán de calificarla, han tomado una relevancia sin precedentes en la historia moderna de México.

La deficiente aplicación de la ley electoral federal, promulgada en el 2014, la falta de responsabilidad por parte del poder legislativo local para adecuar la ley electoral, así como la ausencia de coordinación entre el IEC y el INE en la preparación del proceso eleccionario 2016-2017, en Coahuila, ha traído como resultado, una de las elecciones más cuestionada, por lo menos en los últimos seis años.

Tal es la magnitud y relevancia de nuestra elección, que en días pasados, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) integró una comisión innominada, con personal de las siete ponencias de la Sala Superior, misma que se encargará de la elaboración del proyecto de sentencia en los juicios relativos a la elección de Gobernador de Coahuila. Una vez elaborados estos, serán sometidos al estudio y análisis, por el total de los integrantes de ese órgano jurisdiccional.

Para dimensionar de manera precisa lo que está ocurriendo en el máximo tribunal electoral de nuestro país por causa de la elección coahuilense, debemos recordar, que la única vez que esta misma autoridad recurrió a una estrategia igual, para suavizar un tema electoral fuertemente cuestionado, lo fue el 25 de junio de año 2012, fecha en que por unanimidad la Sala Superior del TEPJF aprobó la integración de una Comisión encargada de formular el dictamen sobre el cómputo final y la calificación de la elección Presidencial.

Aquella comisión fue identificada con el nombre de Comisión Calificadora de la Elección Presidencial, por lo que fue la encargada de formular el proyecto de calificación jurisdiccional de la elección presidencial. A diferencia de la nueva comisión, aquella del 2012, fue integrada por tres magistrados de los siete que conforman la Sala Superior, así pues, los magistrados Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera y Salvador Nava Gomar, fueron electos por unanimidad para integrarla.

Al igual que entonces, se estrenaba una reforma constitucional y legal, promulgada en 2007 y 2008, que al igual, implicaba la adopción de nuevos paradigmas en la organización de los procesos electorales y entre los cuales destacaban la implementación de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y una regulación específica de la propaganda.

A partir de este contexto, en aquel caso, temas trascendentales como Monex, fueron analizados con las pruebas aportadas por la Coalición “Movimiento Progresista” y las pruebas recabadas por el mismo tribunal.

A pesar de que la comisión de aquel tiempo, reconoció que existieron hechos objetivos que constituían flagrantes transgresiones a la ley electoral, al final, tales hechos fueron consideraros insuficientes para demostrar el cuestionamiento fundamental; el cual era, la vulneración al principio de autenticidad del sufragio; pretensión máxima plasmada en la solicitud de nulidad de la elección. Bajo este argumento, dicha comisión declaró válido el resultado de la elección presidencial 2012.

Entonces y ante tal premisa y similitud, los coahuilenses debemos prepararnos, ya que la sentencia de ese mismo tribunal… Está por llegar.
03 Noviembre 2017 04:00:00
En esta no
Tal cual lo exige la Ley Electoral, el pasado miércoles, tanto el Instituto Electoral de Coahuila, como la Junta Local Ejecutiva en nuestro estado, del Instituto Nacional Electoral, anunciaron el inicio del proceso electoral 2017-2018, en donde se elegirá, en lo local, a los ayuntamientos municipales y en lo nacional, al titular del Ejecutivo y a los integrantes de las cámaras de Senadores y Diputados.

Poco alentador fue el inicio del nuevo proceso eleccionario, mayormente, porque los titulares de ambos órganos electorales, Gabriela de León Farías y Juan Álvaro Martínez Lozano, en sus discursos de instalación, olvidaron aceptar que el proceso electoral que debió culminar en junio pasado, y que aún no concluye, estuvo plagado de irregularidades y descuidos por parte de los organismos que ellos mismos dirigen.

Esta falta de autocrítica y retrospectiva por parte de los citados funcionarios nos lleva a considerar, desde ahora, que el nuevo proceso electoral, significará para los coahuilenses el salir nuevamente a votar sin la certeza de que el resultado de las elecciones coincida plenamente con la voluntad del electorado.

La desafortunada postura planteada por quienes tienen en sus manos la inexcusable obligación de ejercer como autoridad las atribuciones que la ley electoral les otorga puede ser el anuncio de una renuncia tácita por parte de los mismos de procurar que el proceso 2018 se lleve a cabo dentro de los cauces de la legalidad.

Es decir, la falta de aceptación de los errores cometidos por la propia autoridad electoral en el proceso 2016-2017 en Coahuila significa que para ambos organismos nada hay que corregir y que la certeza y la legalidad no son necesariamente los principios rectores de un proceso eleccionario, según su consideración, por lo que la falta de los mismos será la constante en la elección que recién nace.

Ante este panorama, debemos entender, pues, que a Coahuila jamás llegó lo que la gran reforma electoral nacional del 2014 prometió: la creación de un instituto electoral de ideas, un órgano de estado dedicado a incentivar y respetar la voluntad ciudadana, un órgano exclusivamente ciudadano, alejado de intereses y cercano a la sociedad.

Y que, por el contrario, los coahuilenses y los mexicanos seguiremos deseando un instituto electoral eficazmente blindado para no permitir intromisiones que vulneren su autonomía. Un instituto electoral que resuelva lo instrumental con eficacia y al mismo tiempo, perfile y afine el proceso democrático en México. Si no, que los esfuerzos y los recursos que significan estos institutos electorales, no dejarán de ser la carga de una burocracia pesada, sin el reconocimiento de ser una autoridad eficiente, que por lo menos ofrezca resultados oportunos y con certidumbre.

Entonces, es evidente que la elección 2017-2018, muy lejana estará de establecer un parteaguas entre procesos electorales siempre cuestionados, tanto por su legitimidad, como por la equidad en la competencia, frente a procesos electorales transparentes, equitativos y, sobre todo, socialmente legitimados, lo que a todas luces no es para ellos la parte más importante. Ni hablar, no nos queda más que seguir esperando, ya que, por lo visto… en esta no.
27 Octubre 2017 04:04:00
Reforma política insuficiente
Parece que todo está dicho respecto a la elección de Gobernador 2016-2017 en Coahuila, por lo menos lo relativo a su validez. Lo anterior dada la marcada tendencia de las resoluciones y ejecutorias dictadas por las autoridades electorales, tanto federales como locales. Incluso el pasado miércoles, el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila desechó 13 de las 14 impugnaciones presentadas que pretendían la anulación de la citada elección, lo anterior bajo el argumento de que las irregularidades denunciadas no fueron de tal magnitud como para considerarlas determinantes en los resultados electorales.

Debemos recordar que la elección vivida el presente año en Coahuila sirvió como prueba de fuego a la reforma electoral realizada por el Congreso de la Unión en el año 2014, en la cual si bien es cierto que se avanzó en algunos capítulos, también lo es que algunos más quedaron pendientes, tales como el fuero, la doble vuelta, etc. Lo cierto es que, en cuanto a lo electoral, el beneficio fue que se acortaron los periodos de campaña y se pretendió reducir los altos costos de las mismas.

De igual forma en dicha reforma se concibió un árbitro local, imparcial y ciudadano, subordinado al también, recién creado, Instituto Nacional Electoral, con lo que supuestamente se pondría fin a las irregularidades observadas en las elecciones locales, producto de la intervención de los gobiernos estatales en los institutos electorales, lo que en los hechos, mas no en derecho, se materializó con la creación del Instituto Electoral de Coahuila, bajo la figura del Organismo Público Local Electoral (OPLE).

Así pues, y volviendo a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral local el pasado 25 del mes corriente, identificada bajo el estadístico 95/2017, que confirma la validez de la elección de Gobernador, se observa un voto particular emitido por el magistrado Ramón Guridi Mijares, el cual, en franca oposición, consideró que los elementos vertidos por los denunciantes a fin de acreditar las causales de nulidad eran a su gusto por demás suficientes, fundando su dicho principalmente en las supuestas violaciones a los principios de legalidad y certeza que rigen a una elección democrática, las cuales fueron posibles en consecuencia del rompimiento de la cadena de custodia de los paquetes electorales y la práctica del recuento de votos en sede administrativa, sin mediar motivo alguno.

Entonces, y dadas las referidas manifestaciones, es oportuno reconocer y considerar que ambas anomalías advertidas por el magistrado Guridi, son 100% imputables al órgano electoral local (IEC), por lo que más allá de considerar si el criterio de los juzgadores es o no el correcto, debemos reconocer que la pasada elección local ha sido por demás traumática, dada la precaria actuación de la autoridad local electoral.

Es evidente, entonces, que el Instituto Electoral local ha incumplido con su compromiso de garantizar elecciones verdaderamente legítimas; por consecuencia, debemos reconocer que la Ley Electoral vigente sigue siendo insuficiente, dada la imposibilidad de la autoridad local para detener las ansias de poder de quienes no dudan en derribar todo dique jurídico impuesto con el único fin de imponer sus objetivos, los cuales, dicho sea de paso, han sido el origen de todos nuestros problemas.
20 Octubre 2017 04:00:00
El multipartidismo coahuilense
Ayer, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila tuvo a bien aprobar la expedición del Reglamento para la Constitución y Registro de Partidos Políticos Locales. Debemos recordar que después de las elecciones del 4 de junio pasado en Coahuila, y dados los resultados obtenidos de los cómputos electorales y de confirmarse estos, en nuestro estado, cinco partidos locales desaparecerán al no conseguir los votos mínimos indispensables.

Incluso, en días pasados, el mismo instituto electoral local dio inicio a los procesos de liquidación de estos cinco partidos políticos estatales, sin embargo, la pérdida definitiva del registro se dará una vez que termine el proceso electoral, lo cual se llega con la resolución de la última impugnación presentada en contra de la validez de la elección, situación que puede tardar incluso al 30 de noviembre de este año, es decir, hasta un día antes de la toma de protesta del próximo gobernador.

Como era de esperarse, los dirigentes de los partidos políticos estatales, que ahora pierden su registro, no se resignarán fácilmente a soltar las canonjías a las que ya sin duda se habían acostumbrado, por lo que desde que se enteraron de los resultados electorales, iniciaron sendas estrategias para buscar conformar y registrar nuevos partidos locales, lo que logarán, sin duda, dados los ligeros requisitos que la ley impone para tal fin.

Soy un hombre convencido de que la democracia debe ser sin adjetivos, es decir, que un pueblo efectivamente demócrata deberá ver reflejado en sus órganos de dirección el pensamiento de todos los ciudadanos, incluyendo minorías, un verdadero “gobierno popular”, en el cual las propuestas y necesidades de todos los grupos se escuchen, lo que se lograría en nuestro estado si los partidos estatales verdaderamente representaran a los diversos sectores de la sociedad.

Entonces, nada malo tendría que Coahuila fuera uno de los estados con mayor número de partidos locales legalmente constituidos, ya que los mismos realmente representarían los intereses e ideologías de la mayor parte de nuestra ciudadanía, Sin embargo, y para desgracia de los coahuilenses, en la elección pasada, de nada sirvió contar con más de cinco partidos locales, ya que al momento de plantear sus propuestas de gobierno e ideologías, prefirieron unirse en coaliciones parciales o totales con los partidos mayoritarios, o con personajes populares, en una desesperada búsqueda de la supervivencia, diluyendo con esto toda posibilidad de representar a los sectores sociales minoritarios que, según decían, les habían impulsado para constituirse como alternativa política.

Evidentemente, los ciudadanos coahuilenses no se sienten representados por los partidos locales, ya que, de ser así, el número de votos en las urnas sería mucho mayor y naturalmente distribuidos entre todos los partidos de una manera más uniforme.

La realidad es que, aunque se nieguen a aceptarlo las dirigencias de los partidos políticos estatales, lo que mayormente les motiva no es la representación de los sectores desprotegidos, sino el generosísimo financiamiento público que el Estado canaliza, como en ningún otro país, tema que vale la pena abordar por separado. El hecho es que las prerrogativas económicas se han convertido en una tentación perversa que es necesario corregir, aun con el descontento de todos los partidos.
13 Octubre 2017 04:00:00
Falta de certeza: lo único cierto
El Artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone que en las constituciones y las leyes en materia electoral deberán garantizar en el ejercicio de la función electoral, los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia.

Dentro del referido principio de certeza se encuentra el relativo al desempeño de la función electoral a cargo de las autoridades correspondientes, principio que consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales, de modo que todos los participantes en el proceso electoral adopten con claridad y seguridad las reglas a que la actuación de las autoridades electorales está sujeta, para lograr resultados incuestionables.

Para ser más claro: el principio de certeza señala que su significado radica en que la acción o acciones que se efectúen, por parte de la autoridad electoral, deben ser del todo reales y apegadas a los hechos, esto es, que el resultado de los procesos electorales sea completamente verificable, fidedigno y confiable.

Es evidente la falta de dicho principio rector en los comicios pasados en nuestro estado, lo que ha permitido que la incertidumbre sobre nuestro futuro político sea la que hoy prevalezca, lo incierto respecto a los resultados finales de la elección vívida en este año, concretamente a la realizada para la renovación del Ejecutivo estatal, ha representado el mayor agravio cometido por la autoridad electoral en contra de los coahuilenses.

La única verdad que existe en nuestro estado, hasta el día de hoy lo es que nada de lo que han dicho hasta ahora, quienes se sienten con la suficiente autoridad para opinar, respecto al resultado de la elección de gobernador, es definitivo, ni totalmente cierto, ni el PRI, ni el PAN tienen nada en concreto, que les permita respirar con calma, es más, ni siquiera la propia autoridad electoral es capaz de fijar una postura lo suficientemente clara, como para considerar que tiene el control del resultado.

El revés dado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al Instituto Nacional Electoral, en el cual el primero descontó más de un millón de pesos al análisis de fiscalización de gastos de campaña realizado por el INE, a la campaña del candidato del PRI, en nada resuelve el conflicto de fondo.

Por el contrario: al no validar el TEPJF, el análisis de fiscalización del INE permite a éste último replantearlo, presentar uno nuevo, con las recomendaciones del Tribunal Electoral e insistir en el rebase en los gastos de campaña, para poner nuevamente a la elección en la incertidumbre, incluso, el INE podrá reforzar sus argumentos sí a dicho análisis de gastos, incluye las quejas que estaban pendientes de resolver y que ha venido conociendo. Esta nueva versión del dictamen podrá ser nuevamente impugnada, y el Tribunal tendrá que volver a pronunciarse.

Entonces, es innegable que las autoridades electorales, locales y nacionales fallaron, y de lo único que los coahuilenses podemos conocer con certeza, es que a nuestro proceso eleccionario le robaron la certeza y que la negación sistemática de los responsables para reconocer sus errores y omisiones sólo nos anuncia un proceso electoral 2018, con las mismas precariedades, es decir, carente de toda legalidad, y lo peor: con los mismos responsables.
06 Octubre 2017 04:00:00
Candidatos-alcaldes: la nueva plaga
En víspera de la conclusión en la calificación de la elección de Coahuila por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en consecuencia del cúmulo de irregularidades denunciadas por los actores políticos y el mismo Instituto Nacional Electoral, pareciera que a este último esa turbulenta jornada electoral poco aprendizaje le dejó.

Y es que el pasado 28 de septiembre, en sesión ordinaria y en franca subordinación, los consejeros del IEC aprobaron por mayoría de votos (cuatro votos a favor y tres en contra) el proyecto de acuerdo en el cual se determina que los alcaldes que el 1 de enero tomarán posesión de su cargo y que deseen reelegirse en 2018, estarán, por lo menos, 4 meses al frente de la Administración municipal. Es decir que a discreción y sin más fundamento que el de beneficiarles, fijaron el 28 de abril como la fecha límite para estos voraces candidatos-alcaldes, dejen su encargo.

Bajo esta absurda disposición, el próximo año tendremos en las calles a diversos alcaldes que en ejercicio de sus funciones alternarán dentro de sus jornadas laborales actividades de proselitismo al mismo tiempo que dirigirán los destinos del municipio, al menos hasta un día antes del inicio de la campaña electoral, es decir que quienes fueron electos el presente año como alcaldes gozarán de la extraordinaria canonjía de disponer del recurso humano, material y económico del municipio para el cual fueron elegidos para volver a contender en los comicios del año 2018 y asegurar su reinado por otro periodo de 4 años.

Es evidente que el acuerdo incorporado con calzador, en los lineamientos que deberán observar los participantes en la contienda próxima, lleva una evidente dedicatoria, con nombres y apellidos, ya que muchos de los recién electos alcaldes han dejado ver su intención de reelegirse para el mismo cargo en los comicios del próximo año, lo anterior, ante la evidente necesidad de trascender después del año que durará su encargo y que consideran poco tiempo para materializar sus proyectos, políticos o personales.

Con este acuerdo, el Instituto Electoral local sepulta lo que originalmente el Código Electoral sostenía, y que era que los ediles, para participar en la elección del 2018 tenían que separarse de sus cargos a sólo cinco días de haberlo iniciado (5 de enero), lo que en nada me parece que afecte a quienes a sabiendas de lo corto de la duración de su encargo, deciden buscar la reelección, sin embargo, el IEC se sintió defensor de los mismos y sin que nadie se lo pidiera les regaló 4 largos meses al frente de sus ayuntamiento, los cuales sin duda serán aprovechados por los aspirantes para correrse 6 meses en franca campaña, dotados de todo tipo de recursos.

Es evidente que al igual que sucedía al gran José Alfredo Jiménez, al Instituto Electoral local “nada le han enseñado los años”, amén del poco valor que le dan a la necesidad de limpiar la imagen del mismo ante la ciudadanía, ya que al aprobar que alcaldes en funciones puedan hacer al mismo tiempo precampaña pública, autorizan de manera tácita que estos dispongan y desvíen recursos públicos en favor de su proyecto político personal. A fin de cuentas, la fiscalización de los recursos no es una facultad del tristemente célebre Instituto Electoral local.
29 Septiembre 2017 04:00:00
Amor vs. feminicidios (Parte final)
Coahuila ha sido pionero en la promulgación de leyes dispuestas a erradicar la violencia contra la mujer, desde julio de 2008, en nuestro estado y antes que en muchos otros, se aprobó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual ha venido endureciéndose y perfeccionando.

De igual forma, en agosto del 2015, se acuerpó un decreto emitido por el actual Gobierno y por el cual se logró una reforma al Artículo 336 BIS 1, del Código Penal para el Estado de Coahuila. La citada reforma obligó a los impartidores de justicia a investigar todo homicidio de mujeres coahuilenses bajo una perspectiva de género, a fin de determinar si el homicidio encuadra o no en el tipo penal de feminicidio.

En la misma, se aumentó la penalidad de ese delito, imponiendo prisión de 20 a 50 años y multa a quien prive de la vida a una mujer por razón de género. Con estas modificaciones, sin duda se dio una mayor certeza jurídica.

A pesar de lo anterior, se han registrado en nuestro estado por lo menos cinco feminicidios en lo que va del año, según datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Con esta cifra, Coahuila ocupa el tercer lugar en homicidios cometidos contra mujeres, de acuerdo con el Atlas de Género realizado por el INEGI.

En dicho estudio se señala que la entidad tiene una tasa bruta anual de 7.06 defunciones por homicidio de mujeres, cifra que está muy por encima de la tasa nacional, que es de 4.37 defunciones por homicidio de mujeres.

Por lo anterior, queda de manifiesto que el fenómeno de los feminicidios no es una cuestión de falta de leyes o de poca atención por parte del estado, pero sí, una problemática de conducta de nuestra actual sociedad, la cual, a pesar del endurecimiento de penas, desafía a la autoridad y atiende de manera deliberada la incontrolable tentación de mezclar el aspecto sexual, con lo prohibido y condenable.

Para la criminología, la principal causa de los homicidios con implicación sexual deviene de las nuevas libertades sexuales, de las que tanto presume nuestra sociedad moderna. Estas libertades han llevado al ser humano a sostener relaciones íntimas con quien desee, cuando lo decida y sin mediar compromiso alguno con quien funge como su pareja en el acto, al punto de empezar a sobrepasar la limitación que la ley le impone, es por esto, estoy seguro que el asesino de Mara Castilla encontró una gran excitación al cometer tan sanguinario ataque, al abrigo de la ilicitud.

Esta necesidad, que se ha inventado el mismo ser humano actual, de explorar y conquistar cada vez más las cataduras más intocadas de la sexualidad, le empiezan exigir prácticas sexuales cada vez más extraordinarias, hasta internarlo en lo clandestino, desplazando por completo los principios, como la lealtad, el compromiso y el amor.

En muchos de estos casos, el amor ha estado ausente en el móvil del asesinato, pero sí, el morbo sexual y la búsqueda de un placer erógeno. La actual sociedad tiene la idea que para tener sexo no es necesario amar o estar enamorado de la otra persona. “Nada más grave le puede suceder a la sociedad”, afirma el psicólogo Elliot Cohen, el cual asegura que hacer el amor implica mantener relaciones sexuales saludables, mientras que tener sexo exige no sólo no sentir amor por la otra persona, sino todo lo contrario. ¡Bastante grave!
22 Septiembre 2017 04:00:00
Amor vs feminicidios
El asesinato de Mara Castilla Miranda, estudiante de la universidad de Puebla, de apenas 19 años, ha llamado, como pocas veces en la historia, la atención de los mexicanos. La inédita reacción de indignación por la violencia contra las mujeres obedece entre otras cosas a que la estadística en nuestro país nos lleva a enterarnos de que en México se cometen en promedio 7 feminicidios al día.

El caso de Mara fue distinto desde su propia perpetración, dado que sucedió días después de que la propia víctima participara en una campaña de protesta por redes sociales difundida bajo el slogan #SimeMatan, la cual fue instruida por la sociedad en protesta por el caso de Lesvy Berlín Osorio, otra joven de 22 años, asesinada bajo circunstancias parecidas y considerado también como feminicidio.

Bajo la frase “Si me matan”, las participantes contaron las razones por las que podrían ser asesinadas en México, bajo la modalidad de feminicidio, causas tales como usar vestidos cortos o asistir a bares y fiestas hasta muy tarde por las noches; Mara Castilla participó en esta campaña, y en su mensaje dijo “#SimeMatan es porque me gusta salir de noche y me gusta tomar cerveza”; ante esta especial circunstancia, es inevitable concluir que lo de Mara fue sin duda un feminicidio, por haberse realizado dentro de las principales premisas de lo que las propias mujeres consideran como causales de feminicidio y que las mantiene en un constante terror.

Ahora bien, para entender las implicaciones de este fenómeno social, debemos conocer primero cuáles son las características que deben darse en un asesinato para que el mismo sea considerado como feminicidio, situación que no será fácil, ya que dadas las libertades sexuales que han permeado en el mundo, es ahora difícil sostener que el crimen sea motivado por causas primordialmente sexuales, como originalmente se consideró.

Cada vez es más común encontrar casos de asesinatos de hombres por causas sexuales, ya sea a manos de personas del mismo sexo o, de lo contrario, ante esta disyuntiva, dicha causal deberá ser desplazada de la definición básica.

Ante este problema, la propia definición de feminicidio en todo el mundo ha encontrado dificultades para establecerse y ha pasado de ser: “el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer sexual o un sentido de propiedad de la mujer”, para luego definirse como: “el asesinato misógino de mujeres realizado por hombres” hasta quedar ahora bajo el concepto de “violencia machista”. Lo que muestra que el problema del machismo no es privativo de la comunidad mexicana.

Incluso, debo reconocer que nuestro país, como en pocas cosas, se ha distinguido por iniciar verdaderos cambios en su legislación con el fin de frenar la violencia en contra de las mujeres y las conductas machistas en su perjuicio, de tal suerte que, si queremos hablar de leyes vanguardistas en contra de la violencia contra la mujer, México es un verdadero referente. Entonces la pregunta es: ¿qué es lo que falta para detener la ola de asesinatos con olor a feminicidio en nuestro país?

En la colaboración de la semana próxima intentaré demostrar que aspectos tales como la educación sexual, los valores morales, los principios éticos y el amor juegan un papel preponderante en la erradicación de las conductas violentas en materia sexual. Continuará…
15 Septiembre 2017 04:00:00
¿Sufragio efectivo? Sí reelección
Pareciera que los legisladores, tanto federales como locales, han olvidado los motivos por los cuales la no reelección se consideró uno de los más importantes postulados que dieron origen a la Revolución Mexicana, y es que desde entonces la prohibición a los gobernantes y representantes de reelegirse en el mismo cargo para un siguiente periodo obedecía principalmente para evitar que los mandatarios en turno tomaran ventaja de su puesto y con esto postergarse de manera indefinida en el mismo, violentando los principios de igualdad y equidad en una contienda electoral que traían como consecuencia un sufragio poco efectivo.

Una de las reformas que más consecuencias tendrá, del cúmulo de modificaciones contenidas en la reforma electoral del año 2014, es la posibilidad de la reelección tanto a nivel federal para legisladores como a nivel local para legisladores y munícipes.

Debo reconocer que la reelección bien llevada abre la real posibilidad de que legisladores y munícipes puedan ser reconocidos o repudiados por la ciudadanía al intentar permanecer en el puesto por un tiempo más. Incluso, en Coahuila la elección pasada permitió a diversos diputados contender para intentar reelegirse, sin lograr conseguirlo. Es decir, que la ciudadanía sancionó sus pocos resultados y cercanía, negándoles la posibilidad de reelegirse; hasta aquí, esto pudiera darle la razón a quienes consideran benéfica la reelección.

Sin embargo, para la elección del 2018, en nuestro estado se estrenará la posibilidad de que los alcaldes busquen reelegirse, esto a pesar de que los alcaldes de la localidad apenas fueron elegidos en junio pasado y serán alcaldes por un año. Esta situación puso a los recién electos alcaldes en una posición en la que sería imposible que pudiesen contender para reelegirse, ya que nuestro código electoral ordena en su Artículo 10 que quien quiera competir en la jornada electoral debe dejar el cargo público 14 días antes de las precampañas y en este caso las precampañas inician el 4 de enero; es decir, los alcaldes electos todavía no habrán tomado protesta siquiera para esa fecha.

Por desgracia, el Tribunal Federal Electoral determinó, en días pasados, que dicho precepto legal no debía ser observado por estos alcaldes no natos, dado lo extraordinario del caso. Sin embargo le dio la potestad al Instituto electoral de Coahuila (IEC), para que sea este quien determine la fecha de separación forzosa del cargo.

Ante tal situación y para sorpresa de muchos, en días pasados, la titular del Instituto Electoral local no dudó en declarar que en la elección de alcaldes del próximo año: “seguramente veremos alcaldes en funciones, haciendo precampaña, sin violar la ley”.

Es evidente que dicha posibilidad violenta en gran medida el espíritu de nuestra constitución original, ya que será imposible evitar que los alcaldes en funciones aprovechen las canonjías de sus puestos para intentar postergarse en los mismos, es decir, estamos ante el anuncio de una contienda desigual, entre funcionarios con posibilidades de disponer de todo el capital económico y humano de cualquier municipio, contra ciudadanos comunes y corrientes. Evitar lo anterior está en manos de la autoridad electoral local, la cual desde ahora se ha manifestado a favor de tal aberración.
08 Septiembre 2017 04:00:00
El dogmático Andrés Manuel
López Obrador ha sido cegado por la altivez, al punto de considerarse suficiente para representar a la izquierda en México, nadie puede contrariarle, nadie debe dudar de su capacidad y nadie puede brillar más que él, en un escenario, sus determinaciones no pueden ser cuestionadas y su figura deberá ser intocable.

La elección presidencial está mucho más cerca de lo que la mayoría de los ciudadanos logramos percibir, los enroques políticos y las estrategias rumbo a la elección de 2018 han sido ya activadas por los partidos políticos y candidatos, con el único fin de allanar caminos, acomodar intereses y ganar adeptos desde ahora mismo.

Sin duda, la alianza entre los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que recientemente formalizó su registro ante el INE como Frente Ciudadano por México, es una de las más concertadas acciones entre quienes detentan el poder y se empecinan en seguir soportando un régimen neoliberal, para lo cual es necesario aparentar democracia a través del sistema hegemónico que ha gobernado desde hace mucho, al pueblo mexicano.

El Frente Ciudadano por México jugará el mismo rol en la elección federal que el que jugó Javier Guerrero en la pasada elección en Coahuila, es decir, esta alianza buscará aparecer como una distinta alternativa para quienes desean sacar al PRI del poder, pero terminará contrarrestando la fuerza que trae el más cercano opositor del régimen neoliberal, Andrés Manuel López Obrador, logrando con esto allanar el camino a los globalizadores y postergándolos por lo menos un sexenio más en el poder.

El mismo Luis Carlos Ugalde, quien ocupó el cargo de presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) entre 2003 y 2007, ahora director general de Integralia Consultores, manifestó que este nuevo Frente Ciudadano por México significa un polo muy atractivo para los votantes que no quieren al PRI en el poder, pero tampoco a Andrés Manuel:

“Es muy potente electoralmente para un segmento del electorado que quiere que no gane el PRI, pero les da miedo López Obrador. Yo creo que un frente opositor PAN, PRD, Movimiento Ciudadano puede ser muy exitoso electoralmente. La evidencia hasta el día de hoy muestra que estos frentes opositores antiPRI han sido exitosos en las urnas, mas no han significado cambios una vez que están en el Gobierno porque los problemas centrales de inseguridad, corrupción, no se han resuelto, esa es la evidencia hasta ahora, pero eso es una cosa. El tema es que electoralmente han sido exitosos y pueden serlo nuevamente, por supuesto”, subrayó.

Sin duda, es cierto que para el grupo más encumbrado de políticos que manejan al país existe una amenaza en la figura de López Obrador y estos amarres tan atípicos evidencian su consternación y nerviosismo, ante el avance que tienen Morena y Andrés Manuel López Obrador en todas las encuestas.

Sin embargo, también es cierto que la soberbia del candidato de Morena ha obligado a por lo menos dos de esos tres partidos buscar otra alternativa para lograr subsistir, es decir que el único responsable de que la izquierda se haya fragmentado, es el mismo Andrés Manuel y será el responsable de que el neoliberalismo subsista en nuestro país, a sabiendas de lo nocivo que ha sido para la población.
01 Septiembre 2017 04:00:00
Quinto Informe, ¿cuál será la estrategia?
Será hoy, precisamente, la fecha en que el Presidente de México entregue su Quinto Informe de Gobierno al Congreso de la Unión. Como es costumbre, en dicho documento el Mandatario resume los logros de su Gobierno, obtenidos en su penúltimo año de ejercicio.

Como es costumbre también, el Informe de Gobierno del quinto año estará plagado de retórica y de descripciones magnificentes sobre los escasos avances que en materia de política social ha logrado la presente Administración federal.

Así las cosas y sin ánimo de prejuzgar, debo reconocer que asalta a mi cabeza la pregunta, ¿cuál será la estrategia? Y es que no me puedo imaginar cuál será la estrategia que aplicará el equipo del Presidente para lograr que los mexicanos nos interesemos por lo menos un poco en el mensaje y contenido del citado informe, sin sentir hastío y escepticismo.

Y es que, ¿qué pude traer de bueno el informe de resultados de un Presidente que llega con los niveles más altos de desaprobación en los últimos 20 años, según encuestas?

Quien dude de lo anterior, debo recordarle que Reforma publicó en enero del presente año los resultados de una encuesta que descubría que los niveles de desaprobación de Peña Nieto estaban en 86 por ciento. Y que temas como el gasolinazo, la economía y la inseguridad terminaron por derrumbar la poca popularidad que le restaba, es decir que para enero de este 2017 Peña Nieto pisó el nivel más bajo en cuanto a aceptación que haya tenido durante su Administración.

Por si lo anterior fuera poco, la segunda encuesta nacional de opinión ciudadana en 2017, de Gea-Isa, reflejó que la mayoría de los mexicanos reprueba la gestión de Enrique Peña Nieto, que no confían en él y que creen que su peor error ha sido no combatir la inseguridad, la corrupción y el aumento al precio de la gasolina. A la pregunta “¿Usted aprueba o desaprueba la labor realizada por Enrique Peña Nieto como presidente de la República?”, 74% de los entrevistados en el segundo trimestre de 2017 eligió la opción “desapruebo”, mientras que sólo el 19% dio una opinión positiva del priista; 7% no supo qué contestar.

También en el sector empresarial se califica mal al Presidente, pues 7 de cada 10 directivos empresariales en México reprueba la manera en que el Gobierno federal intenta resolver los problemas económicos del país, según la última encuesta de la consultoría KPMG Perspectivas de la Alta Dirección en México 2017. Sin duda, este nivel de desaprobación es reflejo del mal trabajo del Gobierno.

Es evidente que el Quinto Informe de Gobierno necesitará mucho más que un simple cambio de formato, además de un gran esfuerzo por parte de su equipo, ya que ahora ni siquiera podrá manejarse bajo la temática del cuarto informe, el cual fue famoso gracias a que, en lugar de dar un mensaje a legisladores, gobernadores y Gabinete, se reunió con jóvenes con los cuales tuvo un diálogo interactivo. Esta forma de difusión, ya no será posible, ya que 89% de los jóvenes está enojado con el trabajo realizado por el Presidente. Además, 79% de los millennials lo percibe muy lejano, todo esto según la encuesta Voto Millennial, realizada por Nación321 en noviembre de 2016. Es por lo anterior que sigo preguntándome, ¿cuál será la estrategia?
25 Agosto 2017 04:00:00
¡Una bomba de tiempo llamada PAN!
Cada vez queda más claro –para partidos políticos y ciudadanos– que la disputa presidencial de 2018 será entre el viejo PRI que representa Morena y el PRI de Enrique Peña. Pero resultaría maniqueo suponer que en esa pelea entre dos versiones del viejo partido tricolor no incidirán –y hasta podrían ser determinantes– las acciones y decisiones del resto de partidos políticos que comparten la geometría electoral mexicana.

Lo cierto es que en la pelea que ya protagonizan las dos caras del viejo PRI en 2018 –la de Morena y la de Peña– tendrán un peso específico y hasta detonante el PAN y el PRD, quienes a querer o no inclinarán la balanza a favor de un ganador o podrían empujar al abismo al perdedor.

Incluso, las decisiones político-electorales de PAN y PRD marcarán un antes y un después en el cambio de rumbo del país, ya que muchas señales apuntan a que en 2018 será inevitable la construcción de un Gobierno de coalición. Sin embargo, la crisis política, electoral, de doctrina y de principios que vive el Partido Acción Nacional, convierte a los azules en una verdadera “bomba de tiempo” para 2018. ¿Por qué?

Porque frente a la contienda de 2018, el PAN vive una grave división que amenaza con presentar –a los ojos de los electores– hasta tres rostros distintos; fragmentados entre sí. ¿Por cuál de los tres rostros votarán los panistas en la presidencial de 2018?

La primera cara que presentará el PAN es la de su presidente, Ricardo Anaya, quien intramuros del Acción Nacional ya acomodó todas sus fichas para quedarse con la candidatura presidencial, en medio de reiterados escándalos de corrupción. Anaya, igual que el dueño de Morena, hizo todo para quedarse con la candidatura presidencial azul, al tiempo que preparó el terreno para expulsar a sus principales adversarios –en una feria de traiciones generalizadas–, que ya lo han convertido en el Roberto Madrazo del PAN.

El descrédito es tal que el futuro de Ricardo Anaya es “la derrota por necesidad”, ya que en su ambición frenética por la candidatura presidencial lo menos que le ha importado es el partido, el país y los ciudadanos. Incluso en el PAN es pública la narrativa de que a Anaya lo único que le preocupa es Ricardo Anaya.

Por eso, el personalismo del jefe nacional del PAN ya provocó no sólo un choque abierto con el Gobierno federal, sino las primeras explosiones del partido azul; atomización de votos y un beneficio incalculable para ese PRI representado en Morena. No es exagerado –también por eso– decir que Anaya es el “caballo de Troya” de Morena en el partido azul.

La segunda cara del PAN será –en realidad ya es– la de de Margarita Zavala, quien a pesar de ser puntera en todas las encuestas, no tiene una sola posibilidad de alcanzar la candidatura presidencial del PAN. ¿Por qué? Porque la consigna de Anaya es expulsarla y “comprar” a sus leales con promesas “engañabobos”. El futuro de Margarita Zavala parece incierto, a pesar de que es la única candidata –la única de los aspirantes de todos los partidos– capaz de competir palmo a palmo con el candidato de Morena. Incluso, según todas las encuestas, es la única que hoy –a menos de un año de la elección– sería capaz de derrotar a Morena.

Margarita tiene dos alternativas: competir mediante la figura de candidata independiente –por un lado–, o replegarse y esperar que el PAN de Ricardo Anaya le regale un premio de consolación, en el Senado. En el caso de la candidatura independiente, Margarita se llevaría una buena tajada de los cuadros del PAN en todo el país. Pero lo más importante es que arrastraría el voto de un sector fundamental de simpatizantes del PAN que la tiene bien calificada, lo mismo que al expresidente Calderón. La tercera cara del PAN podría estar en la ventanilla del PRI de Peña Nieto. ¿Qué quiere decir lo anterior?

Casi nada, que frente a la división del PAN –Anaya y Zavala partieron en dos al partido–, el PRI tendría en su mano una tercera fractura de los azules. ¿Imaginen que frente a un escenario dado, el presidente Peña Nieto decide inclinar su voto por la candidatura presidencial del PRI a favor de José Antonio Meade? ¿Eso qué importa?

Que un sector nada despreciable de panistas de todo el país –y panistas de la estructura de poder del propio partido– podrían abandonar a Ricardo Anaya y a Margarita Zavala para seguir a “Pepe Toño” Meade en una eventual candidatura presidencial del PRI.

En pocas palabras, que el PAN de Ricardo Anaya tiene todo para convertirse en el “idiota útil” de la contienda presidencial de 2018. Y el responsable de esa debacle ya tiene nombre y apellido.

Al tiempo.
25 Agosto 2017 04:00:00
Desesperanza
Algo sucede a la población coahuilense; y es que, por lo menos en los últimos 3 años, el índice de suicidios ha ido en aumento sin mediar tregua alguna. Hasta el pasado 17 de julio, Coahuila reportaba 128 suicidios, esto sin que la Autoridad local informara con cifras exactas el número total de casos en el estado de una manera formal y actualizada.

A partir del año 2015, el suicidio amenaza con convertirse en un grave problema social, el número de suicidios desde esas fechas ha llegado a posicionar a nuestro estado como una de las entidades federativas con más casos registrados, de acuerdo con las cifras dadas por el INEGI.

Por si lo anterior no fuera alarmante, en el año 2015 se registraron 166 suicidios, colocando a Coahuila por encima de la media mundial. De igual forma, durante el 2016, en el estado, se contabilizaron 184 muertes por esa causa, poniéndonos por encima de la media nacional, que es de 7.9% por cada 100 mil habitantes.

Especialistas de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila manifestaron hace días que los factores más comunes que llevan a los ciudadanos a tomar la decisión de quitarse la vida, principalmente, son: el estrés, la depresión y la ansiedad; pero advirtieron que, sin duda, el primero de ellos es la descomposición social que trae a los ciudadanos depresión y ansiedad; es decir que podemos considerar que la actual situación político-social en nuestro estado inquieta tanto a la ciudadanía que la lleva a traducirla en verdadera desesperanza.

Obsoleta y rebasada se encuentra la línea telefónica de atención a personas en peligro de suicido, implementada en el 2015 por el Ejecutivo estatal, cuya eficacia desde su arranque fue bastante cuestionada, ya que, según los especialistas, quien desea realmente quitarse la vida evidentemente cruza por un estado de locura transitorio, o un estado depresivo muy grave o cualquier otra situación análoga, que le impide darse cuenta de su situación y, en consecuencia, no le permite tomar un teléfono y pedir ayuda.

Es evidente que el Gobierno de Coahuila está tardando en reconocer que el suicidio se ha convertido en un verdadero problema de Estado y que, como tal, debe combatirse con políticas públicas que logren erradicar o por lo menos frenar de manera inmediata el crecimiento de estas lamentables cifras.

El Ejecutivo estatal debe aceptar que las estrategias implementadas hasta hoy desde la Secretaría de Salud han sido por demás insuficientes, por lo que deberá desde ahora valerse de su capacidad de propuesta para que el Legislativo, mediante la ley, garantice la mayor cobertura asistencial a las personas que se encuentren en peligro de suicidio o que ya hayan sido víctimas de intento de suicidio, a sus familias, así como a las familias de víctimas de suicidio, que comprenda desde la detección, el seguimiento y tratamiento de acuerdo con lo establecido en una ley que hasta el momento no ha sido promulgada por propia iniciativa de nuestros despistados legisladores. Lo anterior ante la evidente imposibilidad o falta de intención de nuestros políticos de propiciar mejores condiciones de vida a los gobernados.

ATENCIÓN: Existen líneas especializadas en apoyar a quienes quieren terminar con su vida. Unepavif tiene a su disposición el teléfono 410 4003, y el DIF dispone de las líneas 412 1264 y 410 1350 en Saltillo. El resto del estado tiene a disposición la línea gratuita 01 800 822 3737.
18 Agosto 2017 04:00:00
‘¡Pinche Lozoya, represor de periodistas!’
Lo que viene contra Emilio Lozoya es el sambenito de que es “un pinche represor de periodistas”.¿Por qué? Porque cometió el pecado capital –junto con sus abogados– de exhibir no sólo el pobre periodismo que se hace en México, sino que derrumbó el montaje en su contra y se atrevió a decir que analiza presentar una demanda contra los medios y los periodistas que, más que informar, difaman.

La advertencia de Lozoya y de sus abogados enojó aún más a un puñado de “informadores” que montaron una historia de supuesta corrupción que se cae a pedazos y se desvanece en medio de serias contradicciones.

Se analiza con todo cuidado “la demanda contra quienes han difamado a mi cliente” y contra Odebrecht, dijo uno de los abogados, quien advirtió severo: “y lo analizamos porque si se demanda, es para ganar”, dijo. “¡Y no es amenaza!”, remató.

Luego, en tono cáustico, solicitar a los “periodistas” autores del reportaje que detonó el escándalo contra Lozoya, que, “por el bien de todos, de México y de la justicia”, entreguen a la PGR las pruebas que tienen los propios periodistas y que incriminan a Lozoya. El tono provocó el enojo de algunos reporteros, mientras que otros no pudieron contener la risa.

Y es que en la conferencia de prensa del exdirector de Pemex quedó claro que en la carpeta de investigación que abrió la PGR por el caso Odebrecht no existe una sola prueba y tampoco se demanda por algún delito a Emilio Lozoya.

Además, los abogados de Lozoya aclararon que ni el Gobierno de Brasil y ningún otro Gobierno del mundo tiene cuentas pendientes contra Lozoya.

Por eso la pregunta. ¿De qué clase de delito estamos hablando, si en México la PGR no persigue a Emilio Lozoya por ningún delito, si en Brasil no se le ha fincando responsabilidad alguna por los supuestos sobornos, y si en ninguno de los expedientes de las autoridades de los dos países existen documentos o pruebas del supuesto soborno?

Pero hay más. ¿Qué valor probatorio y legal tiene, para la autoridad mexicana, la declaración o el dicho de un delincuente confeso –declaración producto de un convenio con el Gobierno de Brasil– para incriminar a un ciudadano mexicano?

Y vale la pregunta porque según el “trabajo periodístico”, al exdirector de Pemex lo acusaron tres delincuentes confesos y juzgados en Brasil, que dijeron ser testigos de los sobornos. Pero esos delincuentes negociaron su calidad de “testigos protegidos” con el Gobierno de Brasil. ¿Tienen valor, para la justicia mexicana, las declaraciones de esos criminales? Según distintos especialistas, la respuesta es contundente: “no”.

Lo cierto es que si nos atenemos a la conferencia de prensa que ofrecieron Lozoya y sus abogados, si nos atenemos a las pobres preguntas de los periodistas y a las sarcásticas y retadoras respuestas del exdirector de Pemex y sus abogados, queda claro que el escándalo parece más un montaje que una denuncia seria.

Pero no, nadie se equivoque. No sabemos si Lozoya es inocente, pero hasta ahora nadie –ni los periodistas que lo persiguen, ni la PGR, ni el Gobierno de Brasil– ha ofrecido una sola prueba de que Emilio Lozoya recibió sobornos por parte de Odebrecht.

Queda claro que el escándalo Lozoya sigue el mismo camino que supuestas “investigaciones periodísticas” de “los mismos de siempre”; inventos que difaman con la intención de dañar la imagen de un Gobierno al que han apaleado por años con fines político-electorales.

Durante la conferencia de prensa, Lozoya respondió a todos los cuestionamientos, menos aquellos relativos a su vida personal. Explicó el origen lícito de sus ingresos, retó a los periodistas a demostrar irregularidades durante su gestión en Pemex y explicó en detalle el complejo laberinto para la licitación de contratos en Pemex; licitaciones que no son autorizadas por el director de la paraestatal, sino por otras instancias.

Luego expuso lo absurdo que resulta –francamente de locos– la presunción de que los directivos de Odebrecht lo hayan contactado y sobornado sobre contratos de Pemex –durante la campaña presidencial de Peña Nieto–, cuando nadie sabía si en México ganaría el PRI, si nadie sabía si Lozoya sería incluido en el Gabinete, si nadie sabía si llegaría a Pemex y –ya en la locura total– si nadie sabía si se licitarían los contratos que luego se dieron a Odebrecht.

Por lo pronto, luego de la conferencia de prensa de Emilio Lozoya y de sus abogados, en el ánimo de algunos de los “periodistas” que construyeron el espantajo del soborno a Lozoya salieron convencidos de que ya son víctimas de una persecución.

“¡Pinche Lozoya, represor de periodistas!”.

Al tiempo.
18 Agosto 2017 04:00:00
¿Y los derechos humanos?
Indignada se encuentra la ciudadanía con los elementos de la Policía Municipal de Saltillo que provocaron la muerte a un maestro, luego de detenerlo, la semana pasada, en una de las colonias de nuestra ciudad. Es evidente que la principal causa del fallecimiento del docente significó la gota que ha derramado el vaso, por consecuencia de las constantes violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos saltillenses por parte de la autoridad municipal. Los arrestos sin motivo o los ingresos de ciudadanos a las celdas municipales por el supuesto hecho de encontrárseles alcoholizados, sin mediar un examen de alcoholemia, como lo marca el reglamento, son la firme línea que ha dado el alcalde a través del director de la Policía Municipal, con el inequívoco propósito de recaudar recursos por medio de estratosféricas multas impuestas por el Cabildo.

Algunos funcionarios estatales no dudaron en exigir la destitución inmediata del alcalde Isidro López Villarreal y la imposición de castigos a los responsables. Sin duda, serían bastante acertadas las exigencias y consignas de estos políticos, sin embargo, es inevitable la suspicacia, al considerar que el Gobierno estatal busca aprovechar el grave error de las autoridades municipales, sin embargo es innegable que desde el inicio de esta Administración municipal se ha permitido a los policías sistemáticas violaciones a los derechos más elementales de los pobladores de nuestro municipio, las cuales, al ser consentidas tanto por el alcalde como por el director de la Policía Municipal, era de esperar que tarde o temprano se excederían en sus funciones y ahora estás son las consecuencias.

Lamentable ha sido la respuesta del alcalde saltillense, el cual, con un dejo de cinismo, quiso probar suerte intentando en una primera comparecencia culpar a la víctima de su propia muerte. Para desgracia de los coahuilenses, estos lamentables hechos nos hacen recordar cuando en Monclova, el 19 de junio de 2013, una persona fue privada de su libertad por elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE), por la presunta comisión de un delito. En aquel evento los agentes estatales, “con motivo de sus funciones y abusando de ellas”, golpearon y lesionaron al detenido al momento de bajarlo de la unidad que conducía, para subirlo a un vehículo oficial. Posteriormente, el agraviado estuvo desaparecido hasta el día 19 de julio de 2013, fecha en que su cuerpo fue encontrado sin vida en un paraje del municipio de Monclova. A estos hechos devino una recomendación de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila en la cual se pidió al estado, frenar las detenciones arbitrarias, retenciones ilegales y desapariciones forzadas, lo que sin duda ahora está sucediendo en Saltillo, con mucha más frecuencia de lo que los ciudadanos podamos imaginarnos.

El precario conocimiento tanto del alcalde como del director de la Policía Municipal en materia de derechos humanos nos hace entender por qué, el pasado mes de junio, cuando se conmemoraba el 25 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, el titular de dicho organismo denunció que, del total de las recomendaciones que ha emitido, a partir de la presente Administración, sólo el 20% ha sido cumplido con éxito y responsabilidad por parte de la función pública. Es decir que en Coahuila hay mucho por hacer en materia de derechos humanos.
11 Agosto 2017 04:00:00
En camisa de 11 varas
¿Debería México abstenerse de opinar respecto a la situación política en Venezuela?

Desde 1930, nuestro país adoptó un política de no intervención frente a las decisiones internas del resto de las naciones del mundo. A esta doctrina se le denominó Doctrina Estrada, en honor a su autor; fue implementada por el Gobierno mexicano en el rubro de política exterior y llegó a considerarse como una valiosa aportación de nuestra parte al derecho internacional, dicha actitud trajo a México bastante prestigio y respeto por parte de la comunidad internacional, al punto de considerarlo mediador óptimo en algunos conflictos internacionales.

La no intervención es un principio contenido en el derecho internacional público, el cual establece la obligación de respetar la independencia de las naciones y el derecho de autodeterminación de los pueblos. Este principio de no intervención prácticamente equivale al de no injerencia en los asuntos internos de otro país.

Así pues, y hasta hace algunos días, para México, la no intervención había significado su principal activo en materia de relaciones exteriores. Logrando evitar con esto suspicacias innecesarias que hicieran pensar al mundo que México intentaba modificar de cualquier forma la soberana voluntad de otro país para obtener algún beneficio.

Por desgracia, todo lo anterior poco ha importado al actual Gobierno de México, el cual ha decidido tomar partido ante los dimes y diretes entre el Presidente de Venezuela y el Gobierno de Estados Unidos, y es que a partir de estas desavenencias, la Cancillería mexicana ha anunciado su intervención en dicho conflicto.

Incluso, el pasado 28 de julio, la funcionaria Vanessa Rubio, subsecretaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que al día siguiente, entregaría al Gobierno de los Estados Unidos toda la información fiscal y financiera de los funcionarios venezolanos en nuestro país, a fin de permitirle a este detectar y perseguir cualquier ilícito.

De igual forma, el 30 de julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el cual manifiesta que el Gobierno de México desconoce los resultados de la elección en Venezuela de los miembros de una Asamblea Constituyente.

Sin duda, las malas decisiones han caracterizado al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y esta acción es, a todas luces, una de ellas. Es evidente que el Gobierno ahora y más que nunca debió ceñirse a la política de no intervención, lo anterior no sólo ante la innegable falta de autoridad moral que ahora vive nuestro Estado mexicano para criticar violaciones a los derechos humanos, así como, por ser especialista en transgredir los principios democráticos universales.

De seguir así, en camisa de 11 varas se estaría metiendo nuestro Gobierno, ya que al entrometerse en los procesos eleccionarios de otros países, da la pauta para que el mundo pueda calificar la próxima elección presidencial en México, la cual amenaza con permitir todo tipo de excesos, incluyendo la posibilidad de utilizar el poder del Estado por parte del Gobierno actual, con el único fin de aplastar a la oposición, Coahuila y el Estado de México, son la principal señal. Así que el Gobierno con esa actitud, estaría en todo caso exponiendo nuestra soberanía. O lo que es lo mismo: ¡el que se lleva, se aguanta!
04 Agosto 2017 04:00:00
En el pecado va la penitencia
Nada inaccesible se torna la posibilidad de que la autoridad electoral declare nula la elección celebrada el pasado 4 de junio en Coahuila, al menos la relativa a la del cargo de gobernador, lo anterior en consecuencia de que ya el Consejo General del INE aprobó el dictamen propuesto por la Unidad de Fiscalización, en el cual se resolvió que tanto Guillermo Anaya Llamas como Miguel Ángel Riquelme Solís rebasaron los topes de los gastos de campaña, lo que constituye una violación grave a los principios de legalidad y certeza en un proceso electoral, en términos del Artículo 41 de nuestra Constitución Política federal.

El citado precepto constitucional establece que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación y que dicho sistema deberá dar definitividad o certeza a las distintas etapas de los procesos electorales. De igual forma, en dicho numeral se establece la necesidad de instituir un sistema de nulidades de elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes, considerando como tal, al exceso en el gasto de campaña, en un rubro mayor al 5% del monto total autorizado; aunado a la estrecha diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar, menor al 5 por ciento. En tal caso deberá considerarse la nulidad de la elección, por lo que deberá convocarse a una elección extraordinaria, en la que no podrán participar los infractores.

Entonces, en estricto apego a la ley, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deberá, sin duda, considerar que estos excesos en los gastos son causa suficiente para anular la elección coahuilense, mandatando en consecuencia que dicha elección se repita sin los dos candidatos punteros (Guillermo Anaya Llamas y Miguel Ángel Riquelme Solís), por haber dado motivo de la nulidad.

Por su parte, el Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza nos obliga a observar la decisión de la autoridad sancionadora, ya que la misma está obligada a observar lo establecido en el Capítulo Segundo, del título de sanciones, en su Artículo 273, que establece que dichas conductas deberán ser sancionadas, respecto de los partidos políticos, con la cancelación de su registro como partido político estatal y si las violaciones fueren cometidas por partidos políticos nacionales, con la cancelación de la inscripción del registro.

Ante este escenario, es evidente que tanto al PAN, como al PRI, bastante bien le vendrá que la elección extraordinaria se lleve a cabo sin sus candidatos primigenios, ya que ante este supuesto, la autoridad estaría considerando que los únicos responsables de los gastos excesivos en campaña son los candidatos, por lo que no procederá sanción alguna en contra de los partidos políticos y, en todo caso, tendrán el derecho a sustituir al candidato sancionado. (Artículo 273 CEECZ).

No todo está mal, la elección extraordinaria deberá representar para los coahuilenses un golpe de suerte, así como la oportunidad de castigar a los partidos políticos por las consecuencias de sus acciones, o, lo que es lo mismo: en el pecado va la penitencia.
28 Julio 2017 04:00:00
Superioridad impuesta
Un abogado, en una tienda de mascotas para abogado, pregunta al encargado: –¿Cuál mascota me recomienda? El de la tienda le dice: – ¿Le parecen estos tres loros? El abogado ve al loro más joven, con cara de nerd y pregunta: –¿Cuánto vale? –Mil dólares! –¿Pues qué sabe hacer? El encargado le dice: –Sabe toda la legislación procesal, así como la jurisprudencia, y sobre todo maneja al dedo lo referente a la conciliación y al arbitraje! El abogado voltea y ve al otro loro: –Y este maduro, ¿cuánto cuesta? –Ese le vale 3 mil dólares. –Ah, caramba ¿pues qué sabe hacer? –Se sabe toda la legislación vigente, las últimas reformas a los Códigos, el TLC, así como el contenido de todas las Gacetas con los comentarios de los sabios diputados! –¡Ahhh! – responde asombrado el abogado! Oiga, y por pura curiosidad, ese loro flojo que siempre está dormido, de allá, ¿cuánto vale? –Diez mil dólares. – ¡Me lleva! ¿Qué sabe o qué hace? Le responde el de la tienda: –Pues mire, tengo 2 años con él y desde entonces no dice ni hace absolutamente nada, pero estos dos loros le dicen ¡“magistrado”!

El anterior chiste es oportuno, ya que, al igual que el loro flojo, el INE, valiéndose de la superioridad jerárquica que por alguna causa desconocida le otorga la ley, intenta ahora erigirse como la máxima autoridad en materia político-electoral e infalible organizador de comicios en nuestro país, a sabiendas de que en la práctica jamás lo ha demostrado.

La culpabilidad del INE en las fallas en la elección celebrada el pasado 4 de junio en nuestro estado es ineludible, ya que el organismo nacional se limitó a sobrevigilar al IEC, al punto de olvidar realizar correctamente las tareas propias que la ley le impone.

El maltrato, la poca paga y la precaria capacitación a funcionarios de casilla por parte del INE trajo como consecuencia errores y dilaciones en el llenado de actas de jornada, y en el traslado de los paquetes electorales al lugar de acopio, lo que se vio reflejado en el titubeo por parte del IEC al verse imposibilitado para adelantar resultados tanto en el PREP como en el conteo rápido.

Entonces, el principal problema que enfrentó la pasada elección local no fueron precisamente los rebases de topes de campaña, sino la falta de coordinación y revisión de los principales aspectos y etapas del proceso electoral.

Así que, repetir la elección en Coahuila, por las causas que propone el INE, sólo le servirá a este para expiar sus culpas, pero será difícil para los coahuilenses enfrenar una larga temporada de incertidumbre política y social, ya que, de suceder, implicaría el agonizante regreso de los partidos políticos cuyo registro ya les había sido retirado por los electores, los cuales, gracias a la mala conducción del proceso, seguirán viviendo del erario por todo este tiempo, y qué decir de la posibilidad de reivindicación de exmandatarios que intentan eternizarse en las canonjías del poder.

De persistir el INE en su conducta, será necesario, entonces, considerar al órgano electoral local como la mejor alternativa para la organización de la elección extraordinaria, ya que un órgano electoral en nuestro estado jamás llegó a los extremos de incertidumbre que ahora propició el INE por sus evidentes omisiones y altanerías, aprovechadas ahora por políticos para sembrar la incertidumbre y el caos en el ambiente.
21 Julio 2017 04:00:00
Morena, tapadera de ‘El Ojos’ en Tláhuac
En Tláhuac era un secreto a voces. El delegado de Morena, Rigoberto Salgado, era “la principal tapadera” del criminal motejado como “El Ojos”, jefe del narco en esa zona de la capital, abatido ayer por la Marina.

Todos en Tláhuac sabían que “El Ojos” mantenía el control del ambulantaje y de los llamados “mototaxis”, transporte que moviliza al 90% de los habitantes de la zona.

Todos sabían que la droga se distribuía y vendía mediante “mototaxis” y en el incontenible comercio informal, la principal actividad de la demarcación.

Y todos sabían que el jefe delegacional de Tláhuac –y toda su familia– han sido aliados de “El Ojos” por años. Más aún, esa banda criminal financió desde su nacimiento al partido Morena en la capital del país.

Por eso, cuando la Marina Armada entró a Tláhuac para seguir una pista sobre la banda criminal de “El Ojos”, nunca enteró a la autoridad delegacional de Tláhuac, porque no era la primera ocasión en que la delegación alertaba a la banda de “El Ojos”.

Y no, no hablamos de oídas. El portal
http://www.letraroja.com documentó desde hace más de un año la relación de “El Ojos” con las autoridades delegacionales y la forma en que el criminal que ayer abatió la Marina Armada era solapado.

A continuación fragmentos de ese trabajo periodístico.

El 12 de septiembre de 2016, Letra Roja publicó una investigación periodística titulada: “El narco que buscan en Tláhuac, ¿trabaja para Morena?”.

Dice un fragmento del texto: “Desde hace meses Letra Roja reportó que los sistemas de inteligencia en la capital del país buscaban en Tláhuac a Felipe de Jesús Pérez Luna, alias, el ‘Ojos’.

“Por ello se llevaron a cabo cateos en donde además de armas se lograron algunas detenciones.

“Hasta ese momento, nadie se había atrevido a decir la ubicación del mayor distribuidor de droga en la delegación Tláhuac y Milpa Alta, además de ser responsable de por lo menos 30 muertes, entre ellos algunos de sus familiares.

“Letra Roja platicó con vecinos de Felipe de Jesús, quienes aseguraron que el criminal seguía rondando su casa en la colonia La Conchita –justo donde ayer fue abatido–, y que lo han visto llegar como si nada hubiera pasado.

“Han pasado las patrullas cuando está ahí (en su casa) y se siguen como si nada, como si no lo vieran”, dice uno de los vecinos. Nadie se atreve a decir una sola palabra.

“Uno de los vecinos aseguró a Letra Roja que el ‘Ojos’ trabaja con los mototaxistas. El señor les da droga y ellos la distribuyen, tiene gente de la delegación que se dedica a eso y les dan protección, por eso nadie los quita aunque no estén regulados.

“Es una alianza política con los mototaxistas para que no les quiten el trabajo y él les paga por llevar su droga a otros sitios. Los mototaxistas son el mayor apoyo en la delegación Tláhuac y de Morena.

“Otra fuente que decidió mantener el anonimato, aseguró que el ‘Ojos’ organiza las ferias en Zapotitlán y que de ahí sale dinero para funcionarios de la delegación. La delegación es la mayor tapadera del ‘Ojos’.

“Incluso información de La Crónica, indica que en 2015 el cantante Javier Reyes interpretó un corrido para el ‘Ojos’, donde entre otras cosas dice: ‘Aquí no se mueve nada, sin consultarme primero, tengo gente de confianza que se mueren en el ruedo. Mi trabajo me ha costado mantenerme en este puesto, no le busque y no le raje porque los mando al infierno… se los he dejado claro a contrarios y al Gobierno, esta plaza se respeta y se los dice su dueño…’.”

Felipe de Jesús Pérez fue abatido ayer, junto con siete personas más, justo en el lugar que Letra Roja reveló, hace casi un año, como su escondite.

Curiosamente, luego de que La Marina abatió a “El Ojos”, sicarios del llamado cártel de Tláhuac quemaron por lo menos cuatro camiones en diferentes puntos para entorpecer el operativo realizado por la Marina.

Según testigos, un grupo de mototaxistas perpetró el ataque en avenida Tláhuac y Juan de Dios Peza.

Los operadores del transporte alternativo –todos afiliados a Morena– bloquearon avenida Tláhuac y agredieron a los transeúntes.

Curiosamente, el jefe delegacional en Tláhuac –del partido Morena–, Rigoberto Salgado, no estaba enterado de la presencia de los elementos de la Marina Armada de México en la demarcación. Entrevistado por ForoTV, el delegado precisó que los medios “tienen más conocimiento que nosotros”.

Horas después del operativo de la Marina, aparecieron cartulinas como las siguiente: “El Señor Felipe (Ojos). No roba, no secuestra, no extorsiona, le da trabajo a la gente. Atte: La Gente Pobre”. “El señor no es un delincuente, alivianaba a su gente, no robaba, ni secuestra, ni extorsiona, da trabajo a alguien que conoces, es la gente. Atte: La Gente”.

Así o más claro.

Al tiempo.
21 Julio 2017 04:00:00
Las nuevas elecciones
Bastante tímido, por no decir extraño, ha sido el proceder de los consejeros integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), dado que en más de una ocasión han dudado en aprobar con firmeza el dictamen de gastos de campaña en las elecciones del pasado 4 de junio en Coahuila, lo anterior a pesar de que desde hace más de dos semanas la Unidad Técnica de Fiscalización del citado Instituto encontró rebase de topes de gastos de campaña en las dos coaliciones que contendieron en este estado en la elección a Gobernador. Tanto Miguel Ángel Riquelme como Guillermo Anaya rebasaron los topes de campaña.

Debemos recordar que de manera inicial la Comisión de Fiscalización del INE dejó ver que existía en el gasto de campaña de los candidatos un rebase del 31% por parte de la coalición del PRI y del 26% respecto a la coalición del PAN. Pero, después de un ir y venir de los representantes y dirigentes nacionales de ambos partidos a las oficinas del consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, dizque para comprobar gastos en forma económica, el citado órgano rector de los comicios en la nación al final tuvo a bien decretar y aprobar un dictamen en el cual se declaró que, en el caso del PRI o coalición Por un Coahuila Seguro, el rebase del tope de gastos ascendió sólo al 7.86%, mientras que en el caso del PAN o coalición Alianza Ciudadana por Coahuila fue de un 4.56 por ciento.

Además de lo anterior y por si los partidos no hubieran tenido el tiempo suficiente para tapar sus faltas, el mismo Consejo del INE concedió a los infractores un término fatal que vence el próximo martes, para que los involucrados presenten las pruebas que se supone ya tenían, pero que, por cualquier causa, no habían presentado en tiempo a esa unidad.

Cabe mencionar que en dicho dictamen se dejó de analizar lo relativo al pago de los representantes de casilla de ambos partidos el día de la jornada electoral, lo que podrán arreglar los partidos infractores y demostrar que ni un solo peso erogaron en favor de sus representantes ante las mesas directivas de casilla, por lo que, de no hacerlo, el resultado de este dictamen será mucho más alto.

Entonces, no es necesario esperar el vencimiento del plazo concedido para considerar que la elección fue ilegal, dado que se rompieron de manera deliberada por ambos partidos, los principios de legalidad, equidad y certeza en la contienda. A pesar de lo anterior, ambos adversarios e incluso el propio Instituto Electoral se niegan a admitir que fallaron y que intentar legitimar una elección plagada de irregularidades, sería tanto como aceptar que en nuestro país la ley es letra muerta y que el estado de derecho ha sido desaparecido.

De considerarse que la elección en Coahuila ha sido legítima a contra justicia, estaríamos ante el anuncio de la llegada de una nueva era en la política de nuestro país, la cual se caracterizará por menospreciar la ley.

Entonces, a partir de ahora, las nuevas elecciones políticas permitirán todo tipo de conductas e ilegalidades a los participantes, empezando por consentirse gastos sin freno en todas las campañas, todo esto bajo el cobijo de las autoridades que desde ahora preparan ya, sin duda, una desafortunada elección presidencial 2018.
14 Julio 2017 04:00:00
Infractores sin castigo
Nada bueno les ha traído a los partidos políticos PRI y PAN la aplicación del Artículo 41 de la Constitución Política de México, en todos sus párrafos. En primer término, porque dicho numeral evita que siga siendo el órgano electoral local quien califique los recursos erogados en campaña por los partidos políticos y sus candidatos, lo que antes poco les preocupaba por existir un claro sometimiento del árbitro local en materia de comprobación de gastos.

El día de hoy el Consejo General del Instituto Nacional Electoral analizará, y en su caso aprobará, los dictámenes de fiscalización, en los cuales la Unidad Técnica de la materia encontró rebase de topes en los gastos de campaña por parte de las coaliciones que contendieron en este estado en la elección a gobernador.

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE llegó a la conclusión de que existe en el gasto de campaña un rebase sobre el tope aprobado de por lo menos el 31% por parte de la coalición encabezada por el PRI y del 26% respecto a la coalición comandada por el PAN. Ante tal circunstancia, ambos candidatos deberán ser sancionados por haber sido omisos de manera deliberada, tanto en ocultar gastos al árbitro, como en rebasar los topes de campaña (dos sanciones distintas, ante dos supuestos legales)

Además, dicha conducta, en términos del mismo Artículo 41, fracción VI de la Constitución federal, debe ser considerada como suficiente para determinar por parte de un tribunal la posibilidad de anular la elección, puesto que dicho precepto afirma: “La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos: a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado. Por lo que, al haberse rebasado el tope de campaña en un porcentaje mayor al cinco por ciento respecto al monto legal, es ya suficiente causa para considerar la nulidad de la elección”.

Aunado a lo anterior, debemos considerar que el Artículo 41, de nueva cuenta, en su parte final advierte que se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%, lo que en el caso de Coahuila se cumple plenamente.

Entonces, de aprobarse el día de hoy el dictamen propuesto por la Comisión de Fiscalización del INE, tendremos motivo suficiente para considerar que la elección en Coahuila fue ilegítima, por consecuencia de la ilegal conducta de dos de sus contendientes, los cuales, por cierto, no podrán participar en la elección extraordinaria. Lo cual me parece injusto.

Y desde luego que es injusto el que sólo se le prohiba a los candidatos volver a contender en consecuencia de haber rebasado los topes de campaña y ocultar información, ya que todos sabemos que dichas acciones no pudieron darse sin el consentimiento de los partidos políticos que los postularon.

Por lo que lo justo será que la elección extraordinaria se lleve a cabo sin estos candidatos, pero además sin la participación del PRI, del PAN y de todos sus aliados, por haber dado motivo a la necesidad de repetir la elección, tirando por la borda el enorme recurso económico y humano erogado por el Estado en su preparación.

Sólo así podremos decir que se ha castigado a todos los infractores. ¿Qué opina usted?
07 Julio 2017 04:00:00
Por si se anula la elección
No pocos se espantan cuando se habla de invalidar una elección. Se piensa que cuando se declara nulo un proceso eleccionario, lo que sigue es el caos, porque el Estado queda acéfalo y cundiría la anarquía, al menos, mientras se vuelve a convocar a nuevas elecciones.

El siguiente es un balance necesario para disipar la falsa idea de que no se puede invalidar una elección por sus consecuencias negativas, sin embargo debemos aceptar que la justicia electoral ante un caso excepcional e ineludible deberá tomar la decisión de hacerlo. Es cierto que el cuadro no es el más deseable, pero sí el único camino frente a una realidad excepcional que no puede soslayarse.

Confiemos que respecto a la organización del proceso electoral, la mala experiencia obtenida y la autocrítica –que esperemos haya realizado tanto el INE como el IEC ante el evidente fracaso que fue la elección– provocaría que la situación no tuviera problema alguno, porque tanto el Instituto Electoral Local como el Instituto Nacional Electoral tienen montado el equipo humano e instrumental dispuesto para tal fin, por lo que el nuevo acto eleccionario se llevaría a cabo sin mayor contratiempo.

En lo que respecta a la administración pública, esta tampoco resultaría afectada en cuanto a que el presupuesto deberá estar aprobado por el Congreso hacia octubre de este año, como ocurriría aunque no se diera la invalidez de la elección gubernamental, entonces el ejecutivo interino tendría que ejercerlo desde luego con algunos cambios de personal en los primeros niveles, pero básicamente conforme al programa que le sirvió de base al Congreso para decidir los ingresos y los egresos del periodo anual.

En lo político nos enfrentaríamos a una novedad que además –como lo he sostenido en columnas anteriores– puede ser saludable. La primera es el obligado consenso para la elección del Gobierno interino por parte del órgano legislativo y la segunda es la de que ante el asombro de la decisión del Tribunal Electoral, los partidos políticos entenderán que sólo cumpliendo las reglas electorales se logrará dar autenticidad a las nuevas elecciones, tanto extraordinarias como ordinarias. Entonces los actores políticos estarán obligados a evitar coartar como lo hicieron en este proceso la verdadera libertad del votante, la equidad en la contienda, la legalidad e imparcialidad de los órganos electorales, ya que sólo así podrá haber una elección democrática y válida.

Habría incluso la oportunidad de reducir los gastos de campaña prácticamente a lo indispensable, dado el estado de interés que existiría en la ciudadanía al saber que sin recovecos ni trampas su decisión ahora sí será la única definitiva y válida.

Pero lo más importante sería que el ejercicio político de invalidez tendría como principal propósito el respeto al orden constitucional, cuyo vértice soberano se encuentra en la obligación de hacer del acto eleccionario la verdadera expresión ciudadana bajo los principios constitucionales: “libres, auténticas, equitativas, legales y directas”. Así que quien triunfe en condiciones democráticas será el único auténtico y democrático gobernador que, electo bajo estas nuevas condiciones, sin duda inaugurará una nueva época de prosperidad y civilidad que tanto necesita nuestro estado coahuilense.
30 Junio 2017 04:00:00
¡Odio a la crítica y la libertad!
No, el odio no es sólo a los ciudadanos que ejercen el oficio del periodismo.

No, parece que el odio es a lo que representan y significan las libertades fundamentales que practican con su oficio: la libertad de expresión y la de información.

Y es que, como saben, uno de los principales termómetros de la salud democrática de un pueblo es –precisamente–, la salud de las libertades de prensa.

Dicho de otro modo; en la medida que libertades periodísticas básicas –como las de expresión e información-, se fortalecen, en esa medida se puede hablar de la fortaleza de la democracia de un pueblo.

Por ello, cuando políticos, partidos, servidores públicos, empresarios o representantes de algún culto, cuestionan, critican, o impiden el ejercicio de esas libertades, debemos entender que la democracia está en riesgo.

Hoy la democracia mexicana está en riesgo.

Y no sólo porque un grupo de periodistas mexicanos exigió un trato especial a favor de la seguridad de su gremio, sino que han cuestionado –con o sin razón–, el supuesto o real espionaje por parte del Gobierno federal.

Sin embargo, esos periodistas olvidan que es larga la lista de políticos que, literalmente odian la critica, a la prensa y a los periodistas.

1.- Y la lista empieza por Enrique Peña, quien según cierta prensa, es algo así como el principal enemigo de los medios –en general–, de la crítica y hasta de los periodistas. Según esos periodistas, el Presidente debía poner guaruras detrás de cada periodista para cuidarlos y hasta médicos que cuiden la salud de los periodistas, mientras el resto de ciudadanos ¡que se chinquen…!

2.- Sin embargo, existen verdaderos enemigos de las libertades de prensa, de los medios y de los periodistas, como Jaime Rodríguez, “El Bronco”, quien el pasado martes corrió e insultó a un periodista del diario El Norte –durante una conferencia de prensa–, en la que se enojó porque le exigieron explicar el gasto de dinero público para la promoción de su candidatura presidencial.

Dijo “El Bronco”: “ya es hora de ponerle un alto (a los medios); cuando mienten nadie les dice nada”. Luego el Gobernador de Nuevo León lanzó una amenaza directa –al más puro estilo dictatorial–, contra los propietarios de Reforma, a quienes insinuó que llevará a prisión. Nadie exigió una investigación.

3.- El 2 de junio, otro “dictadorcito” al estilo Maduro, Enrique Alfaro, Alcalde de Guadalajara, insultó a los reporteros y a sus medios “por criticar, atacar, ofender y mentir” y luego de catalogar como “prensa buena” a la que lo elogia y “prensa mala” a la que lo critica, dijo que los críticos le hacen “los mandados”.

4.- El pasado 25 de mayo, López Obrador insultó verbalmente a los periodistas Carmen Aristegui y José Cárdenas. A ella la regañó y le dijo “mirona profesional” y a él le dijo “calumniador”. Propio de un dictador.

5.- Javier Corral, Gobernador de Chihuahua, acusó al periodista José Antonio Tirado de “manejo periodístico mal intencionado”, porque el comunicador criticó el fracaso del Gobierno de Corral. Ante la crítica de los medios, Corral elaboró una “lista negra” de periodistas “buenos” y “malos”. Otro dictador.

6.- El 23 de junio el ahora exsecretario de la sindicatura de Meoqui, en Chihuahua, Sergio Escobedo, hizo célebre la frase: “y luego no chillen porque los matan”, en alusión a periodistas que han criticado severamente a los gobiernos panistas.

7.- En septiembre de 2016, la presidenta municipal de Atizapán de Zaragoza, Edomex, le dijo a una reportera; “pinche vieja”, en respuesta al cuestionamiento por el costoso ajuar de la Alcaldesa.

8.- El 19 de junio, la exasesora de la oficina de Atención Ciudadana del Gobierno de Oaxaca, ordenó la detención y encarcelamiento de un reportero gráfico. La razón fue que el reportero captó fotografías del vehículo de la funcionaria estacionado en lugar prohibido.

9.- En junio de 2015, el ahora exgobernador Javier Duarte, amedrentó a los periodistas cuando les dijo que sabía que algunos de ellos andaban “en malos pasos”. Luego, les advirtió: “se vienen tiempos difíciles”, en tono amenazante.

10.- El 20 de septiembre de 2016, el diputado federal del PRI, Fidel Curi, agredió verbalmente a un reportero que lo cuestionó sobre el mal desempeño de su equipo de fútbol, Los Tiburones Rojos. Dijo el legislador al reportero: “¿sabes por qué me caes bien…? ¡porque no tienes huevos, cabrón!

¿Quiénes son los enemigos de libertades básicas como las de expresión y de prensa?

Curioso que pocos periodistas –y en algunos casos ninguno–, ha dicho nada de la mayoría de los 10 casos arriba citados. ¿Por qué nada dicen?

Se le llama periodismo militante.

Al tiempo.
30 Junio 2017 04:00:00
Informe final
El día de ayer, la Junta Local Ejecutiva en el estado de Coahuila, del Instituto Nacional Electoral, celebró su última Sesión Ordinaria ante la inminente conclusión del Proceso Electoral 2016-2017. La última sesión fue cerrada con la intervención del presidente del Consejo local en el estado, quien dio el mensaje del adiós y en el cual por ningún motivo aceptó que haya habido errores en la preparación de los comicios locales y mucho menos que los mismos hayan sido cometidos por el órgano electoral que preside.

En esa sesión se rindieron además los informes finales de los resultados de la segunda etapa de capacitación electoral, los de la evaluación de las actividades realizadas por los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, así como los informes sobre la conclusión de las etapas, actos y actividades trascendentes del proceso electoral, incluso se informó lo relativo al seguimiento dado por el INE a las sesiones del Consejo local del OPLE (IEC).

Cabe mencionar, que en ninguno de los informes rendidos se contempló referencia alguna respecto al cúmulo de incidentes y desaciertos tanto del IEC como del INE, pareciera que nada había sucedido, los miembros del consejo, con excepción de los consejeros Luis Tláloc Córdova Alveláis y Rubén Canseco López, consideraron que la elección ocurrida en nuestro estado se desarrolló en los límites de la tolerancia, por lo que no hay nada que reprocharse.

Tal parece que los miembros del Consejo con sus honrosas excepciones, desestiman desde ahora las más de 100 impugnaciones interpuestas por diversos actores políticos en contra de los actos de las autoridades electorales, los que, si bien es cierto, quizás no logren revocar la elección ni sus resultados, sí destapan la falta de eficiencia y profesionalismo de quienes tenían como principal encargo la preparación de la elección coahuilense 2016-2017.

Era de esperarse que los órganos electorales en sus informes finales, como ya lo hicieron, negaran lo que para los ciudadanos es evidente y que lo es, que no cumplieron con el mandato constitucional de otorgar certeza a los procesos electorales y que otra vez perdieron la oportunidad de recuperar la confianza del electorado, porque siguen subordinados a los intereses de la minoría que se ha mantenido en el poder a través del control que ejerce sobre las instituciones políticas.

Lo peor es que, ante tal falta de aceptación de los errores cometidos por los mismos en la organización de la contienda que recién concluye, nos lleva a vaticinar que la elección del próximo año padecerá de lo mismo, pues sin duda será manejada por quienes ahora cierran los ojos y prefieren hacer como que nada malo ha pasado y que al no aceptar que las cosas se hicieron mal, sin duda lo volverán a hacer.

Es decir, el informe final en el mejor de los casos es: la elección local, no dejó ningún avance democrático institucional, y sólo sirvió para que eso que se llama proceso electoral siga siendo la coartada que oculta que en México no hay democracia verdadera, sino una democracia simulada, bajo el control de los poderes fácticos y de la camarilla que gobierna al país en su propio beneficio y que controla a la mayoría de los partidos políticos y a las instituciones.
23 Junio 2017 04:00:00
Prehistoria política
Hasta después de haber concluido los conteos de votos por parte del Instituto Electoral Coahuilense, el Instituto Nacional Electoral en voz de su presidente Lorenzo Córdova y dos de sus consejeros, Ciro Murayama y Jaime Rivera, vertieron sus primeras impresiones respecto a la elección local del 4 de junio.

Estos tres, en un ánimo de expiar sus culpas, se metieron en un galimatías de declaraciones absurdas, que lejos de menguar las dudas respecto a la eficacia del Instituto Electoral Federal, terminaron por confirmar lo que todos temíamos y que es que el árbitro electoral sirve para muy poco.

El primero, consejero presidente del INE, en una franca contradicción con la presidente del consejo general del IEC, reconoció que la elección en Coahuila no fue perfecta, pero calificó de descabellado decir que se cometió fraude o que hubo una regresión en materia democrática a lo que llamó prehistoria política; sin embargo, aceptó que hay cuestionamientos a varios aspectos del proceso electoral y se dijo dispuesto a corregir lo que sea necesario en relación con las fallas del PREP y del conteo rápido en Coahuila. (Como si eso hubiera sido la más importante de las fallas de esta elección).

Por su parte el doctor Ciro Murayama Rendón, consejero del INE, quien a mi gusto fue el principal responsable de la falta de vinculación entre el INE y el IEC, a pesar de ser su principal responsabilidad en ese consejo, ya que preside la comisión de vinculación entre el organismo federal y los estatales, en un afán de excusar su ineficiencia manifestó: “Si alguien tiene la percepción de que hubo procedimiento incorrecto que modificó lo que se definió en las urnas, debe de probarlo. Pero denunciar sin probar es algo inaceptable viniendo de actores políticos que son poderosas maquinarias. Incluso la oposición recibe muchísimos recursos públicos para hacer valer sus derechos. No son criaturas desvalidas, tienen la obligación de probar sus dichos”, por lo que consideró que los culpables de que todo haya salido mal eran los candidatos, por haberse autoproclamado triunfadores aun cuando no se tenían resultados preliminares confiables (los cuales nunca llegaron).

Por su parte, el consejero Jaime Rivera admitió: “estamos ante elecciones no perfectas, como nunca las hay, pero estamos ante elecciones ampliamente concurridas y con incidentes que difícilmente nos dan elementos objetivos para descalificar las elecciones”.

El colmo llegó cuando el mismo consejero presidente del INE intentó encontrar las diferencias entre la política de la prehistoria y la supuesta actual política propiciada por el nuevo Instituto Nacional Electoral, que él mismo preside, y voz en pecho exclamó y con gran inocencia también: “No existe una regresión a la prehistoria, ya que la prehistoria estaba caracterizada por el silencio; privaba la opacidad; había un monopolio de un único partido, que hacía saber al pueblo antes de la elección que iba a ganarla”, antes, dijo: “la solución de los conflictos se hacía con arreglos políticos en la sombra”.

Con estas absurdas declaraciones, los ciudadanos partimos de un hecho que es evidente y se confirma en cada elección: el IFE renunció a su tarea de garantizar los derechos políticos y democráticos de los ciudadanos y el nuevo INE ni siquiera se ha dado cuenta de que, en la última elección vivida y organizada por ellos, los vicios de la que el mismo llamó prehistoria política, por su culpa, siguen vigentes.
16 Junio 2017 04:05:00
Crónica de una hermosa elección estropeada (Parte final)
Era una elección demasiado hermosa para ser cierta, por lo que después de concluida ésta, se dejaron ver los primeros problemas, los cuales iban desde simples incidentes por falta de preparación a los capacitadores electorales, robo de urnas en algunas casillas, hasta los confusos resultados parciales publicados por el órgano electoral local.

Y llegaron las preguntas: ¿Qué fue lo que pasó? ¿Porque si la autoridad electoral tanto federal como local, aseguraba, que todo estaba perfecto y que no había motivo para dudar de su eficacia, ahora fallaban?¿Por qué esas mismas autoridades daban resultados inconclusos y contradictorios? ¿Por qué el día de la jornada por la noche más de un candidato, con números en mano dados por el órgano electoral, aseguraba su triunfo? ¿Qué significaba realmente el silencio de estas autoridades electorales, respecto a la incertidumbre que rodeaba al resultado? ¿Por qué nadie daba una explicación formal, en cuanto a la falta de actas de jornada de más de mil casillas? ¿Dónde quedó el Instituto Electoral que incentivaría y respetaría la voluntad ciudadana? ¿Quién desapareció al supuesto instituto electoral tolerante, que no permitiría intromisiones que vulneraran su autonomía? ¿Acaso era mentira que el nuevo consejo electoral se conduciría con transparencia, equidad, apertura y diálogo?

La respuesta era evidente: Este nuevo instituto y su consejo no tenían un compromiso claro con la democracia, ya que al igual que los institutos anteriores, lo único que a ellos importaba eran los votos hayan caído como haya sido. Este Consejo no era entonces un órgano exclusivamente ciudadano, alejado de intereses y cercano a la sociedad. Este nuevo instituto electoral y su consejo no pudo en consecuencia de lo anterior, dar resultados oportunos y con certidumbre, a pesar de que la certidumbre en este proceso electoral era la mayor aportación que el nuevo instituto podía dar a la política del estado.

Para desgracia de todos y por los errores de los institutos electorales, nacional y local, de nada sirvió la participación de miles de ciudadanos que decidieron colaborar en las mesas receptoras de votos, que se capacitaron y que el domingo por la mañana abrieron las casillas para recibir al millón de ciudadanos que ocurrimos a las urnas a votar, ni eso pudo dar a este proceso la garantía de haber sido legal y creíble.

Ni hablar, ahora sólo queda esperar el mañana, el cual según los cuestionados resultados, trae una nueva conformación de las fuerzas políticas del Estado por tener una nueva mayoría. Debemos entonces, esperar a que ésta nueva mayoría sea asumida con responsabilidad y de una manera decidida para seguir fielmente el mandato ciudadano. Una nueva mayoría, que entienda, que a la contienda por estropeada que haya sido, le sigue por ser urgente, la reconstrucción del Coahuila destrozado y dilapidado. Una nueva etapa, en donde la justicia social sea la única base para la conformación de acuerdos. Que a la contienda le sigue la verdadera política como el espacio ideal para encontrar alternativas de solución a los grandes problemas. Que lo que sigue es el diseño de políticas públicas ahora sí pertinentes. Que por haber sido designados nuestros nuevos representantes deberán desde ahora y sin excusa, desde el Congreso que sí ganaron, enderezar el camino del Coahuila que vivimos.
09 Junio 2017 04:00:00
Crónica de una hermosa elección estropeada
Con comezón en la cabeza, confundidos y con un gran signo de interrogación posado sobre nosotros, amanecimos el lunes pasado gran parte de los coahuilenses, justo un día después de haber celebrar, gustosos la jornada electoral del domingo pasado. En dicha jornada se registró una magnífica participación de la sociedad, tanto en las casillas electorales, como en la copiosa votación que registró la autoridad electoral.

Los ciudadanos teníamos puesta nuestra esperanza en estos comicios, asumíamos con certeza, que esta elección del 4 de junio, establecería un parteaguas entre los procesos electorales siempre cuestionados, tanto por su legitimidad, como por la falta de equidad en la competencia, frente a nuevos procesos electorales transparentes, equitativos y, sobre todo, socialmente legitimados que, me parece, esa era la parte más importante.

Todo estaba listo, la autoridad electoral, sabia según nosotros, sabía que los coahuilenses no nos conformaríamos sólo con el cumplimiento de la ley electoral. Sino que ahora y después de tan triste y lamentable desempeño de nuestros actuales gobernantes y representantes, reclamábamos partidos políticos verdaderamente comprometidos; autoridades electorales competentes y justas y gobiernos no entrometidos en la decisión que sólo a nosotros nos correspondía tomar.

Era nuestro momento, desde hace más de seis años anhelábamos ese día, mientras sosteníamos una lucha diaria contra la corrupción, la cual se ha establecido en todas las instituciones estatales y municipales y exigíamos que tanto los partidos, como las autoridades electorales lucharan con nosotros para erradicar los vicios del sistema.

Conscientes de que pisamos fondo y que no nos quedaba más que convertir esta elección en un escenario de oportunidades para construir ahora sí, una sociedad capaz de elegir un nuevo gobierno estatal, municipal y un congreso local comprometido con la legalidad y paz, salimos a votar.

El árbitro era nuevo, por lo que tenía la extraordinaria misión de organizar y conducir las elecciones con base en una nueva ley electoral que le había dotado de más poder y de más facultades, las cuales debía ejercer con justicia, sin favoritismos, y permitiendo que la política fuera el único instrumento, el único material que recubriera la acción de todos los partidos políticos y candidatos independientes representados ante esa nueva autoridad. Su consejo general tenía como único debe, el hacer su máximo esfuerzo para que se respetara el voto que se emitiera, que cada boleta que cayera en las urnas, estuviera avalada por ser el producto de la decisión libre del ciudadano, por lo que debía ser defendida y respetada por cada uno de los miembros de ese Consejo.

No había pretextos, este nuevo instituto nos costó muchos esfuerzos y muchos más recursos, por lo que los mismos debían tener como retorno para nosotros , no la carga de una burocracia pesada, sino el reconocimiento de una autoridad eficiente, que guiara todas y cada una de sus acciones conforme a la ley. Ya le habíamos advertido que: la ley no se negocia, o se cumple, o se infringe, pero no se negocia.

Era, según nuestras apreciaciones y sueños, un Instituto Electoral de ideas, un órgano de estado, ya no como los anteriores, los cuales se reducían a ventanilla de trámites u oficialía de partes de una imaginaria
democracia. Continuará...
02 Junio 2017 04:00:00
Salir a votar
Debo reconocer que es difícil escribir una columna que motive a la sociedad coahuilense para que participe en la próxima elección, mayormente cuando nuestra sociedad se encuentra angustiada por el mal desempeño de los gobiernos y los muchos ejemplos de corrupción que se vienen ventilando desde el inicio de las campañas electorales locales; sin embargo, mi conciencia demócrata me obliga a intentar despertar en el electorado la necesidad real de salir a votar este próximo domingo por cualquiera de las alternativas que se nos presentan.

Para lograrlo, primero que nada, debo hacer que como sociedad reconozcamos que la principal causa de que se vivan años y años de ausencia opositora, lo es el arraigado abstencionismo que elección tras elección hace su aparición en las jornadas electorales y que ha traído como consecuencia el permiso tácito para que el régimen actual aprobara leyes y designara funcionarios cuyo desempeño negativo se percibe en la actualidad. El desinterés de la ciudadanía en los procesos electorales hizo que todos los poderes cayeran en una sola ideología, sin contrapesos y sin que alguien desde dentro les hiciera ver los errores que ahora sufrimos todos. El deterioro en la política de nuestro estado, está a la vista.

Esta es, sin duda, la oportunidad para que los electores reconozcamos que el voto, además de ser un derecho, es una obligación ciudadana, una obligación que tenemos todos los habitantes de este estado de ejercer influencia sobre los gobernantes. El voto es el principal medio por el cual los ciudadanos podemos fortalecer la descentralización y a las instituciones y no sirve únicamente para apoyar a un candidato. El Sufragio ciudadano es el más eficaz medio para opinar contra el desorden, la ingobernabilidad, la corrupción, la inflación, la escasez, la pérdida de libertades y el abusivo ejercicio del Gobierno en cada fragmento de nuestras vidas.

El no apoyo al candidato que más se aproxima a nuestro modo de pensar y vivir, se transforma en un voto para quienes desean preservar y profundizar el error que todos ahora vivimos. La inacción de los que podemos a través del voto convertirnos en reales opositores, será celebrada, sin duda, por los corruptos y por los beneficiarios del desorden y la ingobernabilidad. Para nadie en nuestro estado es desconocido quién se beneficia cuando no votamos. Dejar de votar es renunciar al derecho de exigir lo que como ciudadano nos corresponde; salir a votar y vencer a los corruptos es parte de nuestra lucha, como lo es el opinar donde nos es permitido hacerlo.

Abstenerse este 4 de junio de votar fundados en la frustración que nos provoca el mal ejercicio del poder, en nada ayudará a nuestro estado y sí contribuirá en la vaporización de lo poco bueno que le queda. No dudo que la ciudadanía tenga sobradas razones para no salir a votar, pero estoy convencido de que los argumentos para votar son muchos más y mejores.

Entendámoslo de una vez por todas, ir a votar es, sin duda, la más legítima forma de lucha y el voto es el instrumento más civil que se haya diseñado. Una alternativa política ganadora y legitimada por los votos de una ciudadanía participativa, no sólo será un mensaje de optimismo hacia el futuro, sino también una verdadera advertencia de castigo a quienes se han atrevido a crear los peores gobiernos de nuestra moderna historia.
26 Mayo 2017 04:00:00
Político en desgracia
El término gracia es de origen latín “gratia”, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento.

En México los políticos encumbrados suelen medir su poder en base a los beneficios que por motivo de sus influencias logran; los favores y las canonjías cuando se está en el poder, son parte del diario vivir, es decir, gozan de la gracia de la grey política y de la ciudadanía, por lo que suelen acostumbrarse rápido a esa vida, tanto que luego les cuesta retomar el estatus de ciudadano común por considerarlo una verdadera desgracia.

En política caer en desgracia es perder el favor, la consideración, el afecto o la protección de los que están en el poder y de la elite de una sociedad. Muchos antiguos integrantes del Partido Comunista repetían la expresión de que: caer en desgracia es lo peor que le puede suceder a alguien: cayó en desgracia cuando quienes lo protegían lo olvidaron. Estas eran las expresiones más comunes para señalar que un político había sido despreciado por el presidente en turno, el gobernador o por su partido político, incluso la expresión se vertía cuando simplemente al funcionario se le había cancelado o despedido de su cargo.

En redes sociales circula con bastante éxito la reciente entrevista que la presentadora y comunicadora Adela Micha Zaga hizo al exgobernador de Coahuila Humberto Moreira. En el video de la entrevista se ve cómo “El Profe”, quien de entrada pareciera encontrarse asilado en su domicilio, le recibe con un efusivo abrazo, por su parte la invitada, de manera fría, se dispone a realizar dicha entrevista.

La primera expresión realizada por Adela fue: “van a decir que entrevisto a puro malandrín”, para después de algunos escasos minutos recordarle: “Ya no eres gobernador, ya no eres nadie”, “Ahora eres candidato, quieres el fuero”; Después, la locutora invitó a Humberto a explicar lo relativo a la deuda de Coahuila, diciendo: “Aquí traigo un ábaco para que me expliques lo de la deuda”, ante la resistencia por parte del exmandatario local para reconocer su culpabilidad, le reprimió diciendo: “empinas a tus colaboradores”, lo que el acusado sin mayor empacho reconoció.

En un momento de la entrevista la comunicadora le señaló: “a ti te acusan de tener relaciones y nexos con el narcotráfico”, el entrevistado contestó con su ya conocida retórica, a lo que la entrevistadora no dudo en aclararle: “nadie te cree nada”; entre otras muchas acusaciones vertidas por la presentadora durante el evento.

Es evidente que la desafortunada entrevista sólo sirvió para exhibir el poco respeto que ahora le guardan los medios de comunicación, los cuales intentan reflejar el sentir de la ciudadanía y hacerle entender al mismo cuál es su verdadera situación política. La realidad salta a la vista: Humberto ya no goza de la gracia del poder; su partido ha decretado su muerte en vida, no es bien visto ya por el Presidente de la República, ni por el Gobernador de Coahuila y mucho menos por una buena parte de la ciudadanía. Pareciera que no se ha dado cuenta que su conducta y negación a la realidad sólo le han servido para adelantar su sentencia: Humberto Moreira Valdés es ahora un político en desgracia, sin más alternativa que aceptar su marginación.
19 Mayo 2017 04:00:00
El pueblo pierde
Por consecuencia de las escasas promesas claras de campaña y las poco alentadores propuestas de gobierno de los candidatos a gobernador del Estado, en las que en ninguna se prevé un verdadero cambio; hoy a 15 días de la elección el panorama es poco claro. Ninguno de los actores políticos y analistas hasta hoy se atreven a vaticinar con seguridad un resultado, esto a pesar de que sólo dos partidos, se disputan verdaderamente la Gubernatura del estado, por ser estos los únicos con posibilidades reales de alcanzar el triunfo, a pesar de la diversidad de partidos que contienden y la aparición de la figura del candidato independiente que en esta inédita elección también compite.

Ningún candidato sobresale, ya que cualquiera de ellos significa la permanencia del mismo régimen neoliberal que tanto daño nos ha causado. Los constantes escándalos de corrupción, que de manera consuetudinaria se vierten sobre las principales figuras contendientes y los partidos que los postulan, han logrado que el resultado de la elección del próximo 4 de junio sea de pronóstico reservado.

No hay propuesta gubernamental de algún candidato al Gobierno del Estado que haya logrado el interés de la ciudadanía, ya que la promesa de acabar con la corrupción y de castigar a quienes la practiquen es la bandera de todos los candidatos como principal promesa de campaña, ninguno de ellos se compromete a más. En el mejor de los casos, los candidatos se toman un poco de tiempo para explicar al ciudadano la manera en que piensan castigar a los corruptos.

Ninguno de ellos ha previsto ni de lejos la implementación de un régimen político distinto, que verdaderamente responda a los deseos de los gobernados, por el contrario, todos ellos descansan su promesa de gobierno en meter a la cárcel a los que ya nos han lastimado, lo que además de que dicha acción de ser cumplida poco contribuirá al mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos; también pone en evidencia el franco desconocimiento de los candidatos de las facultades, deberes y obligaciones del Gobernador del Estado, las cuales por si ellos no saben, se encuentran contempladas en el capítulo II, artículos 82 y 84 de nuestra Constitución Política local, ordenamientos que en ningún momento prevén como deber, ni como facultad del Ejecutivo estatal, el castigar, perseguir e investigar a los delincuentes.

A pesar de lo anterior, 15 días restan para que el ciudadano acuda a una urna y elija de entre los candidatos al que más le convenza o por lo menos al que menos mal vea, sufragio que dadas las condiciones de la elección seguramente emitirá resignado a seguir cargando sobre su espalda los errores y excesos de los hombres y mujeres que en elecciones pasadas favoreció y que mal le han pagado; consciente de que su voto ahora no significa cambio alguno porque ningún candidato se lo ha prometido, pero eso sí, con la única aliciente de que quizá y sólo quizás el día de mañana los políticos y gobernantes entiendan que en sus manos está el hacer el bien a la comunidad y que ser elegido no significa la amnistía de la ciudadanía para darse una vida de lujos e impunidad al cobijo de las instituciones, agraviando a la sociedad con sus insensatas decisiones, es decir, que por primera vez en una elección no se concluya que: el pueblo pierde.
12 Mayo 2017 04:00:00
¿Si se invalidan las elecciones…?
Cuando se carece de leyes eficaces se puede entonces dejar de culpar a las instituciones del mal desempeño de los contendientes en un proceso eleccionario; sin embargo, cuando la ley es clara y perfecta, poca excusa queda a quien en su mandato encuentra la obligación de garantizar una elección limpia y apegada a derecho.

En nuestro estado, nadie hace nada para detener desde ahora la batalla campal que se da día a día en el terreno, en donde las lideresas, los candidatos, los militantes y hasta los dirigentes de los partidos más grandes se permiten atentar contra la secrecía del voto, ofrecer dádivas a cambio de éste, utilizar los programas sociales con fines electorales, amenazar a los ciudadanos, despertarlos en la madrugada, y hasta someterlos a escuchar día y noche, en todos los medios de comunicación, un sinnúmero de spots cargados de infamias, insultos, malas palabras, promesas utópicas, chantajes e injurias. Lo que traerá como consecuencia una jornada electoral bastante difícil, de cuestionados resultados, esto como consecuencia lógica del mal desarrollo de este proceso, que ante la falta de control permite el caos.

En cualquier democracia aceptable o estado de derecho, las conductas observadas hasta hoy por algunos actores políticos en Coahuila ponen en riesgo la observancia de los principios legales rectores en la materia electoral, lo más lamentable es que, de seguir dándose dichas conductas y de probarse la violación de alguno estos principios, la elección de gobernador en Coahuila pudiera ser anulada.

Contrario a lo que la mayoría opina, quien esto escribe considera que lo mejor que pudiera pasarnos es que la autoridad correspondiente se permita invalidar una elección gubernamental. Muchos piensan que de darse la anulación de una elección produciría un enorme caos, porque el Estado quedaría acéfalo y cundiría la anarquía o, al menos, un lapso difícil mientras se vuelve a convocar a nuevas elecciones. Efectivamente, el cuadro no es el más deseable, sin embargo sería el único camino frente a una realidad excepcional que no podemos esquivar.

Para nuestra tranquilidad, en caso de anularse la elección gubernamental, la Administración Pública estatal poco resultaría afectada en cuanto a que el presupuesto deberá estar aprobado por el Congreso hacia octubre como ocurriría aunque no se diera la invalidez de la elección gubernamental. El gobernador interino tendría que ejercerlo, conforme al programa que le sirvió de base al Congreso para decidir los ingresos y los egresos del periodo anual.

Las más grandes ventajas que traería la anulación de la elección serían en lo político, ya que nos enfrentaríamos a una novedad bastante saludable según mi punto de vista. La primera es el consenso obligatorio para elegir al gobernador interino por parte del Legislativo y, la segunda y mejor, es que a partir de dicho escarmiento, todos los partidos y candidatos independientes deberán asumir la responsabilidad de que las reglas electorales de autenticidad de las elecciones, libertad al votante, equidad en la contienda, legalidad e imparcialidad de los órganos electorales, no son optativos sino ineludibles para que pueda darse una verdadera elección democrática y legalmente válida.
05 Mayo 2017 04:00:00
¿Tienes miedo o ya te llegó al precio?
“Todos estamos atónitos ante la corrupción”: Ángel Jacinto Noh Tun, diputado infantil durante el séptimo Parlamento Infantil del municipio de José María Morelos, Quintana Roo.

En días pasados, comenzó a circular un video en el cual se puede ver a un niño estudiante de primaria, de una localidad de nombre X-Cabil, en el municipio de José María Morelos, del estado de Quintana Roo, el cual en su discurso lamenta que la sociedad “haya hecho de la corrupción una forma de vivir” y que políticos y gobernantes “hagan hasta lo imposible por conservar sus privilegios”.

Es evidente que las palabras del menor recogen la desesperación de los habitantes de aquel lugar y de varios estados que conforman el territorio nacional, los cuales han sido dilapidados por sus gobernantes, principalmente por aquellos que son distinguidísimos miembros de “esa generación nueva que ha sido parte de este proceso de renovación de la política en México”, según palabras de nuestro presidente Enrique Peña Nieto.

Al igual que en otros estados, en Quintana Roo, el exgobernador, Roberto Borge ha sido señalado por presuntos manejos irregulares en las finanzas públicas; a Borge, la propia comisión de transición del actual Gobierno del Estado ya lo investigaba aun siendo gobernador, por el evidente desvío de por lo menos 2 mil millones de pesos, lo cual se dice ha llevado a la quiebra financiera a esa entidad.

De igual forma a Beto Borge, como de manera afectuosa lo llegó a nombrar nuestro presidente Peña Nieto, se le señala por la presunta venta de 44 predios pertenecientes al Gobierno del Estado que probablemente habrían sido vendidos a precios menores de su valor habitual. Lo peor de todo es que al igual que sucede en nuestro estado, el gobernador actual, Carlos Joaquín González, ha aceptado que hasta el momento no se ha girado ninguna orden de aprehensión contra su antecesor.

Nada nuevo en el panorama político actual de nuestra nación y sus estados, esto en materia de corrupción, la cual, como dijo el niño Ángel Jacinto, nos mantiene atónitos: ¿y cómo no? Si, Según el último estudio de Transparencia Internacional, México cayó 28 lugares en cuanto al índice de percepción internacional de corrupción.

El año pasado, nuestro país se ubicó en el lugar 95, y en 2016 pasó al sitio 123, entre 176 países analizados, tomando en cuenta que Dinamarca y Nueva Zelandia se ubicaron en el primer lugar del conteo, con la percepción más baja de corrupción, al obtener 90 puntos. Además nuestro país obtuvo una puntuación de 30 en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor e valuado en la materia. La calificación actual es 5 puntos abajo de la medición anterior. Es decir, nadie frena el aumento en México de los índices de Corrupción.

Coahuila no se queda atrás, ya que a pesar de los diversos cuestionamientos a las últimas administraciones, mantiene un atraso de casi un año en emitir la necesaria Ley Anticorrupción local, lo que la pone en las 19 entidades federativas que se ha negado a iniciar el proceso de creación de un sistema local Anticorrupción. Esto nos lleva a sumarnos al reclamo de Jacinto y preguntarle a nuestros diputados locales: ¿Qué haces que no legislas para ponerlo tras las rejas? ¿Tienes miedo o ya te llegó al precio?”.
28 Abril 2017 04:00:00
Nada sucederá
“… En dos domicilios más, las ciudadanas refirieron que su coordinadora no les permitía participar como funcionarias de casilla, ya que trabajan para el PRI entregando despensas y que el día de la elección llevarán gente a votar;” aseveró la consejera Ariadne Lamont Martínez, miembro del consejo local del INE en nuestro estado, al rendir su informe sobre las visita de supervisión y verificación para constatar las razones del rechazo a ser funcionario de casilla por parte de algunos ciudadanos.

Ante tal aseveración o confesión expresa del delito, los integrantes del consejo del INE en Coahuila, en sesión ordinaria y hasta entonces, decidieron dar parte al departamento Jurídico de dicha dependencia, a fin de que éste realice las actuaciones necesarias, si así lo consideran, para la denuncia de las conductas a todas luces punibles.

Debemos destacar que en esas inocentes declaraciones, por parte de las amas de casa entrevistadas, se encuadran a cabalidad los supuestos de delito contemplados en los artículos relativos de la Ley General de Delitos electorales, los cuales advierten de manera precisa, que se impondrán multas y prisión a quien: Solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las campañas electorales o la jornada electoral; a quien el día de la jornada electoral viole, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto; a quien el día de la jornada electoral lleve a cabo el transporte de votantes, coartando o pretendiendo coartar su libertad para la emisión del voto y a quien obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto, o bien que, mediante amenaza o promesa de paga o dádiva, comprometa su voto en favor de un determinado partido político o candidato.

A pesar de lo anterior, lo aseguro desde ahora, nada hará la autoridad encargada de velar por la legalidad de las elecciones, ante tan contundente evidencia, lo anterior lo fundo en la conducta de esta misma autoridad ante los muchos casos que se exhiben en redes sociales y ante la opinión pública, en donde se confirma que existen desde ahora, conductas delictivas electorales, encaminadas a afectar de legalidad de la contienda electoral local próxima, esto a pesar que dichos delitos se persiguen de oficio y pueden ser sancionados.

Pareciera entonces, que a la autoridad, le conviene no darse cuenta que los delitos electorales se cometen día con día y que su sanción depende de la eficacia con que ellos mismos persigan a los delincuentes.

La razón principal lo es, que nuestro sistema electoral no funciona y que es imposible encontrar legalidad electoral en un estado considerado no democrático, para quien lo dude, lo invito a revisar nuestra historia para dar cuenta, que en nuestro México, jamás se ha dotado a un proceso electoral de garantías que permitan a los ciudadanos seleccionar de manera libre a sus representantes, por medio de elecciones claras e imparciales, que lo lleven a hacer valer su voluntad.

Ante esta premisa, nada sucederá en materia de sanciones a los infractores electorales, por ser instituciones incubadas en un régimen poco democrático, ante tal circunstancia debemos entender que La desconfianza y desencanto ciudadano hacia las autoridades y la impartición de justicia en México está más que justificada.
21 Abril 2017 04:00:00
Lengua larga
El miércoles pasado se registró en nuestra ciudad capital el primer intento de debate de ideas y propuestas de los siete candidatos a la Gubernatura de Coahuila, los cuales olvidaron presentar sus propuestas sobre los tres grandes ejes: seguridad y justicia, educación y salud. Para quien se tomó el tiempo de seguir completo dicho evento sin duda, se percató de que el mismo transcurrió sin mayores sobresaltos ni sorpresas, ya que los candidatos acudieron sin intención o sin capacidad de sorprender con propuestas extraordinarias y eficaces al electorado.

Para desgracia de la ciudadanía, en lo único que coincidieron los siete candidatos es en el tema de la profunda crisis política que atraviesa nuestro estado, dada la ineficacia de las acciones adoptadas por al menos las tres últimas administraciones, sin embargo, ninguno de ellos propuso soluciones para resolver tan compleja problemática, ¿y cómo hacerlo?, si todos ellos se encuentran vinculados directa o indirectamente a los partidos políticos que han gobernado a nuestra entidad sumiéndola en la citada crisis.

El común denominador de los candidatos es que todos han desempeñado cargos públicos políticos, todos ellos han representado en un momento de su vida las siglas de algún partido político, y hasta el supuesto independiente Luis Horacio Salinas Valdés ha vivido del fruto de la mala política de nuestro estado, ya que aunque no lo diga, además de ser tío de Manolo Jiménez Salinas, actual candidato del PRI en Saltillo, es hijo del connotado priista Luis Horacio Salinas Aguilera, quien fuera alcalde de Saltillo postulado por el PRI, también llamado “La Rata del Desierto”, mismo que en su momento ocupó la dirigencia estatal de ese partido.

Nadie se salva, todos han sabido vivir de las mieles del poder y de la administración pública, pero sobre todo, han podido, de haber querido, cambiar en algo la situación de nuestro estado sin haberlo hecho. Es evidente que el deslucido debate careció de uno de los principales ingredientes: la credibilidad de quienes lo protagonizaron, puesto que hasta el más inocente de los debatientes carece de autoridad para criticar la situación política de nuestro estado y de sus municipios, y mucho menos pretender erigirse como solucionador de los problemas que nos aquejan.

El debate de antier sólo sirvió para evidenciar nuevamente a los partidos políticos, los cuales, como en los últimos tiempos, nos quedan a deber, puesto que como ya lo he dicho, han dejado de representar a los ciudadanos, convirtiéndose en mafias que sólo buscan llegar al poder para enriquecerse y mantenerse a toda costa, y para lograr sus objetivos han decidido postular candidatos cínicos, mentirosos y poco arraigados en la sociedad, capaces de prometer sin intención de cumplir el abanderar las causas comunes que duelen a nuestra gente.

El primer debate entre candidatos, organizado por el Instituto Electoral de Coahuila acabó sin ganador, ya que dada la trayectoria de cada uno de ellos, no quedó otra que sacarse los trapitos al sol, dejando las propuestas de lado para convertir aquello en un ejercicio en donde destacaron los cuestionamientos y ataques, ninguno salió bien librado, ya que para poder hacerlo debían, como dice el dicho, “tener la cola corta, para poder tener la lengua larga”.
14 Abril 2017 04:00:00
Valiente
La simple idea de que el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés pueda regresar a la política activa en nuestro estado, ha dado pie para que los medios de comunicación nacionales, formales y no tan formales pongan nuevamente al pueblo de Coahuila bajo el aro de la lupa. Para muchos comunicadores es impensable siquiera considerar que el exmandatario sea bien visto aún, por una ciudadanía que carga en sus espaldas una deuda de 12 mil 695.4 pesos por habitante, gracias a la irresponsable deuda contraída de manera ilegal, por quien ahora se autonombra “El Valiente”.

La principal interrogante de quienes no habitan en nuestro estado radica en intentar esclarecer el porqué los coahuilenses permitimos que alguien que a todas luces hizo mal su trabajo, y que jamás se ha tomado la molestia de explicarnos el motivo de sus malas decisiones, intente ahora elegirse en un nuevo puesto público, con el único ánimo de seguirse sirviendo del erario público y de las canonjías que el ejercicio del poder conllevan.

El discurso abordado por “El Profe” en su indirecta campaña electoral, ofrece como principal promesa la posibilidad de que el exgobernador alcance una diputación plurinominal en la próxima Legislatura local, lo cual le dará la plena posibilidad de emprender una certera venganza, contra quien ha hablado mal de él, como si con eso los coahuilenses descansáramos las cargas tributarias impuestas por el Gobierno en turno para cubrir sus gastos operativos sin trastocar las enormes cantidades que de manera religiosa destina para el pago de la célebre megadeuda.

Llama la atención el discurso del otrora presidente del PRI nacional, cuando no duda en sentirse un hombre valiente, aseveración que sin duda deja a más de uno con el ojo cuadrado, o por lo menos haciendo bizcos, ya por la frescura con que lo afirma o por la necesidad que surge en el momento encontrar en las más profundas raíces etimológicas de la palabra, algún indicio de que la misma pueda también utilizarse de manera peyorativa contra una persona con tan alto índice de descaro.

Es precisamente el latín, la lengua en la que podemos encontrar el origen etimológico de la palabra valentía. En concreto, emana de la suma de las siguientes partes: el verbo “valere”, que es sinónimo de “permanecer con fuerza y salud”; “ente”, que equivale a “agente”, y el sufijo “-ia”, que puede traducirse como “capacidad”. Entonces valentía es la condición de una persona para permanecer, a pesar de lo negativo de las circunstancias.

Bajo esta premisa, la palabra valiente, es sin duda, la que mejor le viene al exgobernador Humberto Moreira Valdés, si consideramos que a pesar de los señalamientos y las múltiples investigaciones por corrupción que ha protagonizado, jamás ha dejado de vivir de las mieles del poder y del erario público.

“El Profe” hasta hoy permanece en su idea de seguir viviendo del dinero de los coahuilenses, esto a pesar de que los mismos sabemos que gracias a sus manejos como gobernador se han destinado en contra de nuestra voluntad más de 17 mil 522 millones en servicio de deuda, casi la mitad de lo que nos ha heredado, y que dicha deuda ha venido creciendo de 35.7 mil millones de pesos, a más de 37 mil 089.6 millones, en cifras de julio del año pasado.

Entonces la valentía del “Profe”, no es otra cosa que la capacidad de presentarse ante la comunidad que afectó, buscando su anuencia para seguirle ofendiendo.
07 Abril 2017 04:05:00
A 104 años del Plan de Guadalupe
Fue en la Hacienda de Guadalupe donde el 26 de marzo de 1913 se signó el ahora desestimado Plan de Guadalupe. Lo redactó don Venustiano, en un documento sencillo cuyo objetivo era la lucha revolucionaria, lo que poco les gustó a los jefes y oficiales que lo acompañaban, ya que ellos querían que en el Plan constaran sus sueños, los de su generación, es decir, darle al pueblo no sólo una razón legal de la guerra, sino una bandera social.

“¿Dónde están los puntos concretos acerca del problema de la tierra, de los obreros y de la educación?”, reclamó Múgica a Carranza, es decir, el contenido social, y no sólo el vengar la muerte de Madero o el orden constitucional, a lo que Carranza contestó que era más importante en ese momento conseguir el derrocamiento de Huerta, ya que una revolución social tardaría de 5 a 6 años, Múgica respondió: “¡Hay aquí, señor, suficiente valor y juventud para dilapidarla, no sólo 5 años, sino 10, si es preciso, hasta llegar al triunfo!”.

Al final prevaleció la opinión de Carranza, pero a cambio de su compromiso de que se harían las reformas sociales. Sólo así lo aceptaron. Fue ahí cuando se adquirió el compromiso de una nueva Constitución y a partir de ese momento todos los firmantes se convirtieron en vigilantes de la causa social de la Revolución.

¿Ya se ve la importancia del Plan de Guadalupe y del grupo de revolucionarios que lo suscribieron? Tanta, que fue gracias a él que se le dio sentido a la lucha y se asoció a Carranza con la revolución social.

Hay un discurso del general Carranza, del 24 de septiembre de 1913, que habla de los alcances y la trascendencia del Plan, bastante aplicable en estas precisas fechas:

“Ya es tiempo de no hacer falsas promesas al pueblo y de que haya en la historia siquiera un hombre que no engañe y que no ofrezca maravillas, haciéndole la doble ofensa al pueblo mexicano de juzgar que necesita promesas halagüeñas para aprestarse a la lucha armada en defensa de sus derechos. Por esto, señores, el Plan de Guadalupe no encierra ninguna utopía, ninguna cosa irrealizable, ni promesas bastardas hechas con intención de no cumplirlas.

El Plan de Guadalupe es un llamado patriótico a todas las clases sociales sin ofertas y sin demandas al mejor postor. Pero sepa el pueblo de México que, terminada la lucha armada a que convoca el Plan de Guadalupe, tendrá que principiar formidable y majestuosa la lucha de clases, queramos o no queramos nosotros mismos y opónganse las fuerzas que se opongan, las nuevas ideas sociales tendrán que imponerse en nuestras masa: y no es sólo repartir las tierras y las riquezas nacionales, no es el sufragio efectivo, no es abrir más escuelas, no es igualar y repartir las riquezas nacionales; es algo más grande y más sagrado; es establecer la justicia, es buscar la igualdad, es la desaparición de los poderosos, para establecer el equilibrio de la conciencia nacional. Tendremos que removerlo todo. Crear una nueva Constitución cuya acción benéfica sobre las masas nada ni nadie pueda evitar”.

Sí, estaba hablando ya de la Constitución de 1917, esa misma Constitución hasta hoy odiada por los neoliberales, que sigue siendo estorbo a los que quieren entregar por completo las empresas y recursos de nuestra nación. ¿No será por eso el “olvido” de algunos?
31 Marzo 2017 04:00:00
A 104 años del Plan de Guadalupe. Parte 1
Para infortunio del general Venustiano Carranza, el pasado 26 de marzo dejó de conmemorarse de manera especial el 104 Aniversario de la Firma del Plan de Guadalupe. El Gobierno de nuestro estado decidió cancelar la tradicional ceremonia que hasta años atrás se venía celebrando en la Hacienda de Guadalupe, de la vecina ciudad de Ramos Arizpe, para limitarse a realizar una pequeña y modesta ceremonia en la comodidad del patio del Palacio de Gobierno, a la cual sólo se apersonaron algunos funcionarios de primer nivel y los políticos más allegados al Ejecutivo del estado, incluyendo al secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, quien asistió en representación del Gobierno federal. Ante tal desestimo, me es necesario utilizar este espacio y el de la próxima semana para hacer un pequeño homenaje a este magnífico evento histórico.

El Plan de Guadalupe fue firmado en la Hacienda de Guadalupe, Ramos Arizpe, Coahuila, el 26 de marzo de 1913, por Venustiano Carranza, en repudio al Gobierno golpista de Victoriano Huerta, a quienes los firmantes consideraban traidor contra Francisco I. Madero. Fue este plan, sin duda, el detonante de una lucha social de resultados trascendentes, porque a la vez que encausó la Revolución Mexicana y la dotó de sentido, dio lugar al nacimiento de una corriente política, liberal-progresista, que tuvo en sus manos la oportunidad de reformar la Constitución de 1857.

El general Carranza, al enterarse del triunfo del cuartelazo de la Decena Trágica y del asesinato de Francisco I. Madero, que trajo como consecuencia el ascenso de Victoriano Huerta a la Presidencia, no dudó en organizar un movimiento de resistencia social, al cual luego se le llamó “movimiento constitucionalista”, gracias a que este proclamaba la restauración del orden constitucional.

Antes del Plan de Guadalupe, Carranza ya había emitido dos manifiestos al pueblo mexicano, uno de ellos el día 2 de marzo y otro el 4 del mismo mes, llamando a todo el país a sublevarse contra Huerta. En ese momento Carranza sólo podía contar con 200 hombres aproximadamente, por lo que los primeros días fueron un rotundo fracaso, lo que le obligó a refugiarse en la Hacienda de Guadalupe, hasta recuperar fuerzas.

Fue precisamente ahí donde se redactó y aprobó, el 26 de marzo de 1913, el Plan de Guadalupe, el cual de inicio era un documento muy sencillo; lo redactó don Venustiano con ayuda Alfredo Breceda, en el cual trataba de expresar la finalidad de la lucha revolucionaria. Carranza le pidió a Breceda que lo presentara a los jefes y oficiales Jacinto B. Treviño, Lucio Blanco, Francisco J. Mújica, Cesáreo Castro y otro más que en ese momento lo acompañaban, para que lo firmaran, lo que, de entrada, provocó una acalorada discusión simplemente porque no les gustó.

Carranza no quería ser el jefe del movimiento, no por miedo, sino porque no se creía con la personalidad para serlo; por lo que invitó a varios gobernadores a unirse contra el usurpador y se acercó a varios personajes reconocidos para invitarlos a asumir la dirección de las tropas rebeldes.

Cabe mencionar que la firma del Plan de Guadalupe, desde su maquinación, no se reduciría a un mero golpe de Estado, sino que adquiriría las dimensiones de una auténtica revolución. De hecho, gracias a este convenio se dieron los primeros repartos agrarios, las primeras leyes del trabajo, las primeras leyes del petróleo, la cláusula social del Pacto de Torreón entre Carranza y Pancho Villa, incluso las iniciativas avanzadas de la Convención de Aguascalientes. Continuará.
24 Marzo 2017 04:00:00
Hambre y sed de justicia… a 23 años
El día de ayer se cumplieron 23 años del asesinato del priista en Lomas Taurinas, Baja California, Luis Donaldo Colosio Murrieta. El país entero se conmocionó ante la noticia de que el candidato a la Presidencia por el PRI para la elección de 1994 había sido asesinado en un hecho sin precedentes. Posterior a esa fecha se ha magnificado al personaje y su muerte, se han escrito libros, realizado sendos documentales y películas sobre su atentado.

El homicidio de Colosio y el personaje en sí han dado causa para un sinnúmero de dudas, las primeras: saber si era auténtico su discurso y el personaje que decía y prometía ser; las restantes todas ellas, relacionadas a los motivos de su asesinato, dudas hasta hoy vigentes.

A 23 años de los hechos, nadie puede afirmar con seguridad cuáles fueron las causas por las que el candidato presidencial fue asesinado aquel 23 de marzo de 1994, esto a pesar de que las teorías vertidas por la Procuraduría y el Gobierno federal para dar una explicación a los hechos, mismas que nadie tomó por ciertas.

Es evidente que desde aquel tiempo las instituciones empezaron a ser utilizadas por los gobiernos en turno como principal herramienta para viciar el sistema, la corrupción ha sido la conducta que más ha lastimado a todas las instituciones mexicanas, al punto de que hoy las mismas son parte de un complejo sistema de gobierno, cuyo objetivo principal es torcer la ley. El homicidio de Luis Donaldo Colosio sigue rugiendo en la comunidad internacional que ve en México un país hundido en la corrupción, la impunidad y en la ausencia total del respeto a los derechos humanos.

El asesino Mario Aburto jamás cambió su declaración, en la que afirma que a Colosio el Gobierno lo mató, lo que concuerda con la primera hipótesis que derivó del informe forense de la cardióloga Patricia Obanel, quien el día de los hechos participó en la autopsia realizada al asesinado y que, al salir del Hospital Regional de Tijuana, desconcertada, declaró que no sólo había sido una herida, sino que tenía más, con lo que dejaba ver que no fue uno el atacante, sino varios.

Su propio exsecretario particular Alfonso Durazo Montaño, en aniversarios pasados, aseguró que el asesinato del político habría sido orquestado desde el Gobierno en represalia a su discurso. “Me venía seguido a la memoria su dicho: ‘Veo un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían servirla. De mujeres y hombres afligidos por el abuso de las autoridades, o por la arrogancia en las oficinas de gobierno’”. Recordó.

Según mis cálculos, el próximo año, el asesino Mario Aburto Martínez, echando mano de los beneficios que la misma ley le otorga, podrá adelantar la compurgación de su pena y recobrará su libertad, por lo que una vez pagada la condena quedará saldada su deuda, dejando en el limbo su culpabilidad o inocencia, como consecuencia de la colusión y la falta de interés de las instituciones.

Estoy seguro que Aburto, cuando se reincorpore a nuestra sociedad, se dará cuenta de que su acción marcó el inicio de la descomposición del sistema de Gobierno mexicano, imparable hasta hoy, la cual sigue carcomiendo todos los sectores de nuestro país y que los ciudadanos, ahora más que entonces, tenemos hambre y sed de justicia.
17 Marzo 2017 04:00:00
Nueva justicia laboral: la misma gata
Por fortuna, poco tiempo de vida queda a las actuales juntas federales de Conciliación y Arbitraje, esto por virtud de la reforma en materia laboral aprobada el pasado 13 de octubre por el Senado de la República, en la cual se modificaron los artículos 107 y 123 de la Constitución Política nacional, con el objetivo de modernizar la impartición de justicia en los conflictos laborales.

La citada reforma consiste en transferir a los poderes judiciales de la Federación y de las entidades la facultad de dirimir los asuntos contenciosos que hoy resuelven las juntas federales de Conciliación y Arbitraje, para lo cual se crearán organismos descentralizados en el ámbito de la administración pública federal, es decir, se creará un centro federal en el cual trabajadores y patrones resolverán sus conflictos de una manera más rápida.

Las juntas federales de Conciliación y Arbitraje actuales serán sustituidas por juzgados laborales de competencia federal. Este sistema se complementará con un procedimiento de conciliación, previo al litigio, el cual deberá tramitarse ante centros especializados cuya creación se contempla en esta misma reforma.

Para quienes han sufrido o sufren los avatares de un conflicto laboral ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de Saltillo, sabrán que es bastante urgente la implementación de la mencionada reforma, puesto que a la fecha dicho tribunal laboral, que sirve de ejemplo, observa una falta impresionante de modernización y agilización en los procedimientos que juzga, además de contar con un deficiente servicio profesional de los que ahí laboran, entre otros aspectos.

En la Junta Federal de nuestra localidad no es necesario siquiera emplear por parte de los litigantes estrategias para prolongar indefinidamente los juicios, ya que el avance en los mismos de por sí es temerariamente lento, y el comportamiento de los funcionarios encargados de dictar las resoluciones necesarias para impulsar el procedimiento es altanero y ofensivo, lo que deja pocas ganas a los trabajadores de acudir a preguntar humildemente por sus procesos.

Es evidente que el personal viciado de estas juntas federales contribuyen en exceso en la inoperatividad de las mismas, por lo que resulta alarmante la declaración vertida por el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, cuando asegura que los trabajadores de las juntas federales de conciliación no serán despedidos y que los empleos se mantendrán pese a que las labores de estas instancias ahora serán reemplazadas por el Poder Judicial de la Federación: “No se está pensando en liquidaciones, no se está pensando en separar del cargo a trabajadores”. Por el contrario, “se está pensando en que ese ‘profesionalismo’ y esa ‘experiencia’ se aprovechen en los nuevos órganos”, amenazó…

De seguir en la idea de mantener a la plantilla de empleados de primer y segundo nivel de las juntas federales de conciliación, con sus evidentes deficiencias, de nada habrá servido al Congreso de la Unión aprobar reformas que sólo logren reemplazar los actuales órganos jurisdiccionales para crear otros con las mismas fallas. Ojalá nuestros representantes entiendan a buen tiempo, que es necesario terminar con la enfermedad que sufren las actuales juntas federales de Conciliación desde adentro y no sólo combatirlas con modificaciones estéticas superficiales.
10 Marzo 2017 04:00:00
TSJE: estábamos mejor que cuando estábamos peor
Para quienes creíamos que el desempeño del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila no podría ser más malo, que cuando lo presidió el magistrado Gregorio Pérez Mata, periodo de deudas, rezago en el desahogo de expedientes por falta de dinero y desviaciones de recursos (caso Ficrea), no nos queda otra que reconocer que posterior a la imposición, en enero del año 2016, de la magistrada Miriam Cárdenas Cantú, en la presidencia del citado Tribunal, las cosas han venido a peor.

Por alguna extraña causa, la hoy presidente del máximo tribunal local poco se ha ocupado en recuperar los casi 126 millones de pesos que ilícitamente fueron invertidos por su antecesor, quien los tomó del Fondo de Mejoramiento para la Administración de la Justicia, para luego invertirlo a discreción en Ficrea S.A. de C.V., SFP, una financiera popular, perseguida por sospechas del delito de lavado de dinero.

Incluso, en días pasados la titular del Poder Judicial de Coahuila y del Tribunal Superior de Justicia, reconoció que en el caso Ficrea, hasta hoy, no hay siquiera presuntos responsables y que en el caso de las sanciones administrativas éstas quedaron sin efecto, en consecuencia de que las personas responsables habían renunciado a sus cargos de manera oportuna.

Hasta aquí, todo indica que la impunidad ha alcanzado a los responsables de dicho fraude y que la Autoridad poco hará para lograr la reparación del daño realizado, por lo que la actitud de la magistrada presidente, pareciera, va acorde con el tratamiento que el Estado da a los delincuentes de cuello blanco; sin embargo, la ineficacia de la Presidencia se ha dejado ver en muchas otras áreas de la administración de justicia local.

Es evidente la nula supervisión de la autoridad superior sobre los encargados de ministrar justicia en primera instancia, por lo menos en los juzgados mercantiles y familiares, lo que es aprovechado por algunos funcionarios para, de manera deliberada, conceder canonjías a algunos litigantes.

Los jueces mercantiles ahora autorizan embargos, cateos, lanzamientos y diversos medios de apremio contra los demandados, sin mediar siquiera una sentencia condenatoria, o por lo menos escuchar las defensas y pruebas de éste; lo que es aprovechado por algunos litigantes representantes de prestamistas, financieras, zapaterías, tiendas de muebles y ropa que ofrecen créditos con altos réditos, quienes logran diligencias de ejecución en tiempo récord.

En lo familiar, es casi imposible la justicia expedita, en términos del 17 constitucional, ya que ante la excusa de la adecuación de los juicios orales, los juzgados familiares tardan en exceso cualquier acuerdo.

De nada sirve la promulgación de leyes garantistas o los tratados internacionales que en materia de derechos humanos suscribe nuestra nación, si los directos encargados de procurarlos fallan en su aplicación. Es entonces que debemos reconocer que en materia de justicia en nuestro estado, con la actual presidente del Tribunal Superior, es aplicable aquel dicho que reza “estábamos mejor que cuando estábamos peor”.
03 Marzo 2017 04:00:00
Independientes antidemócratas
Aunque serán pocos los candidatos independientes que participarán formalmente en el proceso electoral vigente, que culmina con la jornada eleccionaria del día 4 de junio próximo, esta figura sigue siendo novedosa políticamente, por lo que hasta logra en la población simpatía, admiración y dudas sobre su eficacia, al punto de replantear el concepto de democracia en nuestro sistema político local.

Es claro que las candidaturas independientes se sustentan más en una romántica ilusión demócrata que en una realidad legal y eficazmente aplicable.

La premisa de que cualquier ciudadano que aspira a ser votado para algún cargo de elección popular sin la necesidad de ser abanderado por un partido político para muchos es un sueño hecho realidad, ya que muchos ciudadanos no confían en los partidos y creen que contendientes sin marcas institucionales tienen ventajas sobre las ofertas partidistas pero, ¿será esto realidad?

La realidad es que los partidos políticos, lejos de ver mermado su capital político ante la aparición de los candidaturas independientes, han logrado consolidar el actual sistema político electoral, sirviéndose en todo momento de las candidaturas independientes, las cuales han ayudado a estos a legitimarse en el poder.

La realidad histórica es que en toda elección en que se haya permitido la participación de candidatos independientes los resultados son mejor aceptados por los votantes, ya que los candidatos contendientes lograron con su oposición oxigenar los procesos electorales, generando mayor confianza de la ciudadanía en los resultados de la contienda. En esto concuerda Santiago Nieto Castillo, exmagistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien asegura que los candidatos independientes vienen con sus sueños y ocurrencias, vestidos de una supuesta transparencia a sanear los procesos electorales.

En nuestro municipio en días pasados el presunto candidato Alfonso Danao de la Peña señaló que se sentía molesto por los extremos procedimientos de fiscalización que le impone la autoridad electoral, la cual, aunque no les otorgan recursos para el periodo de recopilación de firmas, sí les contabilizan lo que gasten de dinero.

Con la anterior aseveración el novato candidato dejó ver que el participar en una contienda electoral no es nada fácil, puesto que hay que cuidar demasiado el aspecto legal y económico, ya que la autoridad es severa y bastante inflexible, situación que los ciudadanos comunes desconocían, pero que sin duda les agradará bastante, es decir que el candidato ciudadano con su lamentación lo único que logró es la admiración de la ciudadanía por las personas que de manera ordinaria se mueven en un sistema electoral poco sencillo llámense partidos políticos.

Es evidente que el protagonismo de los independientes sólo sirve a los partidos políticos, los cuales se aprovechan de que en nuestro estado estos tienen muy escasas posibilidades de lograr un triunfo, a pesar de que los mismos pueden hablar de todo y de nada sin una plataforma partidista, lo que trae como consecuencia que a un gran sector de la población no le quede muy claro cuál es su ideología y se cuestionan su pragmatismo.

Todo lo anterior nos lleva a concluir que estos independientes, sin duda, son parte de nuestra democracia simulada. 
24 Febrero 2017 04:00:00
Izquierda coahuilense
A poco más de 4 meses de la celebración en nuestro estado del proceso electoral, donde habrán de renovarse el Gobierno estatal, los municipales y la conformación del Congreso local, la izquierda coahuilense deberá hacerse notar, si es que intenta convencer al electorado de que comparte sus aflicciones, las cuales ha dejado de abanderar y defender. 

La notable ausencia de una izquierda verdadera en nuestro estado es evidencia de que quienes anteriormente la representaban en Coahuila ahora han decidido desconocerla. Su naturaleza opositora y anticapitalista hace difícil abanderarle ante la voracidad de los gobiernos y ciudadanos que se doblegan ante la globalización. Los últimos gobiernos estatales han permitido deliberadamente que nuestro estado se convirtiera en un paraíso para las trasnacionales imperialistas, que si bien es cierto logran que el PIB se mantenga, en nada ayuda a los trabajadores locales, que siguen percibiendo muy bajos salarios, además de ser explotados laboralmente.

Quien piense lo contrario o se diga izquierdista, debe explicar, entonces, por qué nadie intentó siquiera atenuar el ataque histórico al magisterio, en donde se aplicaron evaluaciones punitivas en nuestro estado bajo la amenaza de ser reprendidos con la Gendarmería Nacional, tal como sucedió en el sur, esto para lograr la imposición de la reforma educativa, la cual jamás fue cuestionada por cualquier político coahuilense.

Poco le ha importado a la izquierda que actualmente en nuestro estado siga sin esclarecerse a conciencia lo relativo a las tragedias de Pasta de Conchos, Allende o Patrocinio, en San Pedro de las Colonias.

La desaparición de una postura de izquierda en temas como las empresas fantasma de los gobiernos estatales y municipales, las conductas incorrectas de los cuerpos policiacos locales, las altas tarifas de los servicios que presta el estado y las vejaciones económicas a los maestros, a los jubilados, a los derechohabientes del sector salud se hacen evidente a cada momento.

De seguir así la izquierda coahuilense, a los ciudadanos no nos quedará otra que intentar, sin mediar el voto, convertirnos en permanentes activistas en cualquier de los movimientos ciudadanos emprendidos por algunos coahuilenses en protesta al actual régimen político, sumergidos en la soledad en la que nos mantienen estos partidos de izquierda, que hasta la fecha han preferido callar.

Es preocupante pensar que el día de la elección no tengamos más opción que votar por los mismos políticos culpables del régimen neoliberalista actual, los cuales se han dado la habilidad de inmiscuirse en las filas de los diferentes partidos políticos y candidaturas independientes para ser elegidos y continuar promoviendo el régimen capitalista, sin tomar en cuenta las verdaderas prioridades del pueblo coahuilense. Difícil se vislumbra el éxito de la contienda electoral, ante la evidente incapacidad de los candidatos que hasta hoy conocemos, los cuales difícilmente podrán sacar al estado de la ignominia hacia el progreso y la reivindicación soberana y a los cuales pareciera que poco les importa que el futuro inmediato está de por medio.
17 Febrero 2017 04:00:00
‘Diputados con licencia’
A nuestro Congreso local, en el mes de diciembre, no le quedó otra que aprobar las solicitudes de licencia de cinco legisladores priistas; tres diputados del PAN y un legislador del partido Primero Coahuila, los cuales no dudaron en abandonar su curul para buscar su candidatura a diversos puestos de elección popular, algunos de ellos se consideran aptos para gobernar su municipio natal y otros de ellos están seguros de que, repetir otro periodo como diputado local no les vendría nada mal.

La Actual diputada local Isabel Durán Piña buscará la Alcaldía de San Pedro; Sonia Villarreal, la de Piedras Negras, al igual que Lariza Montiel; Monclova le gusta a Yolanda Acuña y Frontera a José Armando Pruneda; al igual que a Leonel Contreras el municipio de Matamoros.

A pesar de abandonar su cargo, otros legisladores priistas intentarán la reelección, confiados en la escasa memoria de los votantes, dichos legisladores con licencia lo son: Lilia Isabel Gutiérrez, Georgina Cano Torralba y Javier Díaz.

Democracia significa el poder en las manos del pueblo. Sin embargo, ante la imposibilidad de ser ejercido directamente por todos y cada uno de los ciudadanos de una comunidad, los votantes nos vemos en la necesidad de nombrar a nuestros representantes.

Uno de los derechos fundamentales que deben privilegiarse en una democracia es la prerrogativa de votar y ser votado y, en consecuencia, la obligación de ejercer los cargos conferidos. Por eso los funcionarios deben entender que la principal condición que el pueblo impone a todos los participantes –autoridades electorales y no electorales, partidos políticos, candidatos y ciudadanía–, y para quienes detenten un cargo de elección, es precisamente el que lleguen hasta el final de su mandato, aspiración debidamente legitimada por la voluntad popular al momento de ejercer su voto.

Resulta preocupante para la democracia representativa que los ciudadanos participen como candidatos a puestos de elección popular con el único fin de alcanzar otro cargo y, una vez obtenido, utilizarlo para postularse a otra posición, sea o no de mayor jerarquía, con lo cual evaden ilegalmente su obligación de ejercer la función para la que fueron electos por el tiempo y las condiciones que la ley prevé.

La indignante práctica se encuentra actualmente muy arraigada en los políticos de nuestro estado, razón por la cual es necesario que el Poder Legislativo, se pronuncie a través de las leyes sobre la conveniencia de que los ciudadanos que hayan obtenido un cargo de elección popular,lo ejerzan por el tiempo y con las condiciones previstas en la ley.

En esta elección debemos con nuestro voto hacer un llamado a los partidos políticos y autoridades respectivas para que los primeros no permitan, ni mucho menos postulen, a funcionarios que pretendan renunciar o renuncien, mediante renuncia o licencia a un cargo de elección popular, para contender por otro; y a los segundos, a no autorizar la renuncia a un cargo de elección popular cuando esta se sustente en la intención de contender por otro de representación ciudadana.
10 Febrero 2017 04:00:00
Hermanos del mismo dolor
Bastante competido se encuentra en el panorama internacional el puesto de Presidente Ineficaz, ya que la terna conformada por el mandatario de México y el de los Estado Unidos de Norteamérica, han dado clara muestra de que, manejar mal las políticas públicas de un estado no es un problema privativo de los países subdesarrollados, bastante aplicable en este caso se encuentra la frase de que “en todas partes se cuecen habas”.

Recientemente el Presidente de México, Enrique Peña Nieto y el de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizaron una discusión por vías electrónicas que tuvo como consecuencia la cancelación de la primer reunión que sostendrían ambos mandatarios y en la cual se sentarías las bases sobre las cuales se desarrollaría en lo sucesivo la relación entre las naciones.

La discusión se originó por el hecho de que Donald Trump, quien no duda en denominarse gran negociador, emitió un tuit en el que advirtió a su homónimo mexicano que de seguir negándose a pagar el muro fronterizo, lo mejor sería que dicha reunión se cancelara; lo que obligó a Enrique Peña Nieto optar por la cancelación anticipada de su visita a Estados Unidos.

Ese fue un duro revés al Presidente estadounidense y su conducta ocasionó severas burlas en su contra: los principales editoriales de aquella nación calificaron el comportamiento de Trump como incorrecto, concediéndole la razón a nuestro Presidente, al llamarlo astuto jugador.

Pero, no cantemos victoria, ya que seguramente el puesto de mejor jugador no durará mucho tiempo de este lado de la frontera, puesto que ambos presidentes cojean del mismo pie, o lo que es lo mismo ambos presidentes se han caracterizado por ser ineptos y mentirosos.

A quien dude de la certeza de tal afirmación lo invito ha recordar que el ahora presidente de Estados Unidos, desde su campaña logró posicionarse como un astuto negociador, al punto de sostener que su éxito en los negocios es precisamente por tal virtud de diplomático, sin embargo la primera la batalla relativa a la conveniencia de una visita para negociar una de las principales promesas de campaña fracasó. Lo que nos lleva a concluir que el señor Trump engañó a los norteamericanos con su imagen en campaña.

Por su parte nuestro presidente mexicano desde su campaña sostuvo la frase “Ya me conocen, se los firmo y se los voy a cumplir” por medio de la cual dio vuelo a sus promesas, las cuales dividió en cinco metas generales: que México recupere la paz que le ha quitado la delincuencia, combatir la pobreza, mejorar la educación, generar crecimiento económico y que el país tenga liderazgo internacional.

Evidentemente ambos presidentes mintieron y cada día más evidencian más su incapacidad para cumplir sus promesas de campaña, por lo que seguirán disputándose el lamentable puesto de mal presidente.

En resumen, ambos presidentes han sido incapaces de cumplir sus promesas de campaña y la congruencia en sus decisiones jamás se ha aparecido; La paradoja de esto es que, mientras que ambos mandatarios pelean por la construcción de un muro que separé a las naciones que comandan, los pueblos que las habitan se ven cada vez más cercanos, al convertirse en hermanos del mismo dolor, el dolor de tener un mal presiente.
03 Febrero 2017 04:00:00
Elecciones coahuilenses
No es para menos el fervor político observado en los últimos días en nuestro estado, las elecciones del próximo 4 de junio prometen rebasar todas las expectativas en materia de participación social, es evidente que la población ha entendido que la apatía no es una alternativa y que las consecuencias de no participar tienen un costo bastante alto y lamentable.

En medio de la más grande crisis política y económica en nuestra nación, Coahuila enfrentará la renovación de los dos niveles de Gobierno y de su Poder Legislativo, con una legislación eleccionaria bastante incierta y con un adolescente Instituto Electoral local, el pueblo coahuilense intentará hacer valer su voto y con ello su reconocimiento o rechazo a las diversas propuestas políticas ya descubiertas desde ahora.

Los partidos políticos en general mueven sus piezas de cara a estas elecciones del 4 de junio y los candidatos independientes intentan cobijarse con la mejor cara de esta innovadora alternativa de participación.

Hay una condición extraña en esta elección y la es que, a pesar de que en nuestro estado se encuentran registrados 15 partidos politicos, todos ellos con plena capacidad de contender, las alternativas políticas reales se reducen a menos de la mitad, los partidos estatales en su totalidad prefieren jugar de la mano del PRI y del PAN, al igual que los partidos nacionales PVEM, Panal y Encuentro Social; el PRD de manera indirecta y disimulada, apoya la propuesta priista siguiendo la línea que el rojiverde le marca desde lejos.

El PT, Morena y Movimiento Ciudadano jugarán solos, seguramente bajo la tranquilidad de que su registro nacional no corre riesgo alguno por ser ésta una elección local. Bajo este esquema tenemos solo siete verdaderas alternativas de voto, por lo menos en la elección de Gobernador y contando a dos posibles candidatos independientes.

Ahora bien, al clasificar estas propuestas en base a la ideología de cada una de las alternativas políticas reales puestas hasta ahora sobre el escenario electoral, tendremos que meter a un mismo casillero con el membrete de derecha y ultraderecha a los partidos: Acción Nacional; Revolucionario Institucional; de la Revolución Democrática; Verde Ecologista; Unidad Democrática de Coahuila. Nueva Alianza; Socialdemócrata Independiente, Primero Coahuila, Partido Joven, Partido de la Revolución Coahuilense, Partido Campesino Popular y Encuentro Social, incluyendo al de la Revolución Democrática por las causas ya establecidas, y a los candidatos independientes, los cuales han formado parte de algunos de estos partidos.

En la clasificación de los partidos de Izquierda se encuentran solamente el PT, Movimiento Ciudadano y Morena, los cuales al menos en sus documentos básicos expresan su voluntad izquierdista, lo que en la realidad se sabrá hasta que cualquiera de ellos entre en funciones.

las posibilidades de un verdadero cambio en el régimen político y social de Coahuila son pocas y depende grandemente de la voluntad de los actores políticos el lograr que nuestro estado salga beneficiado en este proceso electoral. A los electores sólo nos resta escudriñar de manera exhaustiva la personalidad de los candidatos y salir a votar, a fin de arriesgar lo menos posible este indispensable cambio, que aunque a muchos duela, es ineludible.
27 Enero 2017 04:00:00
Donald Trump tiene razón
Es evidente que el Mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, no vacila a la hora de cumplir sus amenazas de campaña en contra de México y de los mexicanos. El odio que nos tiene ha marcado su agenda desde el primer momento de su gobierno, la era Trump amenaza a todo aquello que huela a México.

A una semana de su toma de protesta como Mandatario de una de las naciones con mayor poder en el mundo, el empresario sin mediar explicación o fundamento ha echado andar una política antimexicana, con acciones que van desde completar un muro fronterizo de 3 mil 200 kilómetros; gravar las remesas de los inmigrantes a sus empobrecidas familias en México durante los próximos cuatro años; abrogar o renegociar el TLCAN y/o aplicar un arancel de 35% a las compañías estadunidenses en México que exporten al mercado de su país, e incluso ha ordenado la cancelación de la orden ejecutiva DACA de Obama, para deportar a 3 millones de inmigrantes.

Para los mexicanos, el presidente Trump es un loco odioso, sin embargo lo anterior, no le quita que sea un tipo hábil, capaz de convertirse en un exitoso empresario, situación que logró desde mucho tiempo antes de meterse en los avatares de la política norteamericana, lo anterior nos lleva a pensar que esa animadversión del señor Trump para con los mexicanos se encuentra fundada en algún episodio dramático de su vida como empresario.

Desde hace más de ocho años, el millonario emprendió una ofensiva mediática en contra de México, desde aquel tiempo y después de haber concluido un proceso judicial, Trump juró no volver a hacer negocios con el país entero, al calificarlo de corrupto y con sistema judicial de impunidad, desde aquel tiempo sugirió la construcción de un muro impenetrable para evitar que los mexicanos estafen a los Estados Unidos.

En el año 2015, el magnate afirmó a través de su cuenta de Twitter que los mexicanos saquean a Estados Unidos más que ningún otro país, manifestando que él ganó un pleito legal en México, el cual nunca pudo cobrar “debido a la corrupción que existe en el sistema de justicia”, por lo que aconsejó al gremio empresarial no hacer negocios en México.

Hasta ahora, nadie había sugerido siquiera que el motivo oficial del rencor del Mandatario estadunidense, tiene su origen en problemas judiciales que en años pasados enfrentó en México cuando intentó realizar algunos negocios en nuestro territorio.

Es evidente que Donald Trump conoció de cerca la ineficacia de nuestro sistema político y judicial, el cual siempre termina beneficiando al mejor postor y fortaleciendo la impunidad y la corrupción que ha corroído en nuestro país cualquier política pública con buena intención.

Para los mexicanos es muy común que quien roba, miente, defrauda y se aprovecha de su posición social o política jamás sea castigado, y que por el contrario siga gozando de prestigio y de las canonjías que otorga el podrido sistema político mexicano. Pero para un extranjero exitoso que se ha desarrollado en un país donde el estado de derecho sí se respeta, resulta irritante.

Donald Trump tiene razón de enojarse como empresario extranjero, al no haber podido recuperar el dinero que ganó en un juicio mexicano. En lo que se equivoca, es en pensar que todos los mexicanos somos culpables y que por tanto, todos debemos pagar por lo que nuestros políticos y los poderosos han hecho de nuestro país, al convertir a las instituciones en instrumentos para vivir bajo el cobijo de la impunidad y la corrupción. ¡No todos somos iguales Señor Trump!
20 Enero 2017 04:00:00
El neoliberalismo en México (última parte)
El autoritarismo neoliberal se manifiesta en su política hacia los trabajadores (reforma laboral), reprimiéndoles sus derechos laborales por medio de leyes restrictivas, que facilitan el despido de los trabajadores, debilitan las seguridades sociales y alientan a los empleadores a intensificar la explotación a través de prácticas de “flexibilidad laboral”. El crecimiento del desempleo y las nuevas leyes laborales tienen el doble efecto de “fragmentar” los sindicatos tradicionales, debilitando su poder colectivo de negociación.

Décadas completas de práctica neoliberal en México lograron cambiar a la sociedad mexicana en todos sus aspectos por arraigados que estuvieran; como ya se dijo, el sindicalismo fue mermado a base de sometimiento y la fortaleza y dinámica de los vínculos sociales se diluyó, mientras que por otro lado, la clase política se enriqueció y se convirtió en una clase social bien cohesionada entre ellos, pero distante e insensible ante las condiciones de vida de los gobernados. Los gobiernos priistas, panistas y hasta perredistas, invariablemente caen seducidos por el capitalismo, en virtud de que este siempre termina premiándolos.

En resumen, el impacto del neoliberalismo en los pueblos de América Latina ha sido negativo y, en consecuencia, esta política de entregar la nación a capitales extranjeros como alternativa de crecimiento y de mejoramiento en las condiciones de vida en los ciudadanos ha fracasado.

A pesar de lo anterior, en México el neoliberalismo gobierna, y este sistema más ideológico que teórico, y sobre todo más político que económico se ha filtrado hasta la medula ósea de nuestro gobierno. Los mexicanos sin darnos cuenta permitimos que desde la época de Carlos Salinas se instalara un sistema político globalizador, capitalista y autoritario, bajo el disfraz de Gobierno legítimo, por devenir de procesos electorales.

Pero no toda la culpa es de los mexicanos; en el neoliberalismo, los gobiernos aplican un estilo autoritario característico de regímenes militares, para poder implementar las políticas neoliberales antipopulares de privatización. Este sistema ha transformado para mal la naturaleza de las políticas, para convertirlas en métodos de sometimiento a través de la precaria calidad educativa y de la desmotivación de la población para dejar de participar activamente en las cuestiones públicas.

Es por esto que el neoliberalismo puede prosperar en un simulado sistema democrático, al hacerse compatible con las elecciones, pero como vimos, depende de medidas autoritarias y de las instituciones por ser una política integral. Además, en el neoliberalismo los procesos electorales se desestiman ante el cansancio de la población, al percatarse que los políticos neoliberales nunca hacen campaña mostrándose realmente como son, e incluso prometen corregir los abusos del capitalismo y una vez electos, proceden a profundizar y extender el proceso de privatización. El neoliberalismo corrompe haciendo de los poderes de la unión meros funcionarios del sistema capitalista, y tal como lo hemos vivido en los gobiernos priistas, panistas y en algunos estados perredistas.

Los mexicanos debemos entender que en México nada va a cambiar si insistimos en elegir gobiernos neoliberales. Nuestro país y su gente demanda un verdadero cambio y no sólo relevos, un cambio de fondo en la política económica y social de nuestro país.
13 Enero 2017 04:00:00
El neoliberalismo en México y gasolinazo (Parte 2)
Como es de verse, el régimen político económico neoliberal y capitalista que rige la política pública en México, impuesto por el Gobierno mexicano desde la época de Miguel de la Madrid Hurtado en 1982, tiene como uno de sus principios básicos las privatizaciones y el endiosamiento del mercado en todos los aspectos de la vida nacional, por lo que es el principal causante del desmantelamiento de los activos de nuestro estado, los cuales fueron cedidos a los capitales nacionales y extranjeros, bajo el argumento de que las empresas estatales “no eran estratégicas ni prioritarias para el desarrollo nacional”, en franca concordancia con los criterios globalizadores.

Una vez que Carlos Salinas de Gortari en 1988 asumió la Presidencia de México, después de haber dejado la Secretaría de Programación y Presupuesto en el Gobierno de Miguel de la Madrid, así como durante el Gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), el proyecto neoliberal fue profundizado y se dejó ver con mayor claridad los principales criterios de la política económica gubernamental neoliberal.

Al Igual que hoy, para adecuar el sistema político mexicano a las exigencias que la globalización impone, en aquel tiempo se efectuaron severas reformas a nuestra Constitución, las cuales cambiaron radicalmente la naturaleza de nuestro Estado mexicano. Desde entonces y con el único propósito de entregar los bienes nacionales a capitales extranjeros, los gobiernos salinista y zedillista, a través de la modificación de los artículos 27 y 28, constitucionales lograron reprivatizar la Banca y abrir la posibilidad para que los ejidatarios pudieran vender sus parcelas a capitalistas nacionales y extranjeros, lo que trajo como consecuencia la casi extinción de los ejidos.

Otro de los principios fundamentales del neoliberalismo y los programas de ajustes estructurales a los que tanto se ha referido nuestro flamante Presidente, es el que exige una máxima apertura externa a través del fomento de las exportaciones y del trato favorable a las inversiones extranjeras, conforme a las exigencias del mercado mundial. Bajo esta premisa tenemos que los argumentos vertidos por el mandatario Peña Nieto respecto a que las políticas capitalistas mundiales urgían cada día más la liberalización de los precios de los combustibles, a fin de quedar en aptitud plena de competir con precios internacionales no es del todo erróneo, ya que si bien es cierto que la reforma energética contempla la liberalización de los combustibles para el 2018 y que el Gobierno federal propuso adelantarla para 2017, esto avalado por el Congreso de la Unión, también lo es que esta medida sigue formando parte de las exigencias que impone la globalización en la cual nos encontramos inmersos, por lo que el soltar los precios de las gasolinas y el diésel, era necesario para que los mismos fueran desde ahora determinados por los precios internacionales del petróleo, los costos de refinación, del transporte y almacenamiento, el margen comercial de la estación de servicio, los impuestos y el tipo de cambio vigente.

Hasta aquí pudiéramos esperanzarnos con lo que dice el Presidente y que es que tarde o temprano llegarán los beneficios del capitalismo, sin embargo al revisar los resultados de esta política globalizadora en países con similares condiciones que el nuestro y que la han aplicando, tenemos que los mismos de manera invariable han estado por debajo de las expectativas, es decir, ha producido efectos perversos: el empobrecimiento de los pueblos, la eliminación o reducción alarmante de los gastos sociales, devaluaciones constantes y la disminución de las inversiones públicas esto, en el mejor de los casos…(continuará)
06 Enero 2017 04:00:00
‘El neoliberalismo en México y gasolinazo’ (Parte 1)
La entrada del año 2017 trajo a los mexicanos un infame incremento en los combustibles, en especial del diésel. Aunado al alza de las tarifas eléctricas y la depreciación del peso, lo que traerá sin duda severo ajuste a los precios de una gran parte de los productos que la población necesita para vivir.

El Gobierno federal, para justificar su insensibilidad, ha dicho a través de sus diversos interlocutores que no toda la culpa de estos incrementos la tiene la reforma energética o el mal desempeño del Presidente de la República, sino que, gran parte de esta dinámica económica obedece al comportamiento de las finanzas mundiales y que las consecuencias se resienten en toda nación que adoptó el sistema neoliberal como política de Gobierno.

La definición más acertada del neoliberalismo es la que lo considera como un conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas que defiende la no participación del Estado en la economía y que deja por fuera cualquier injerencia gubernamental, fomentando así la producción privada con capital único sin subsidio del Gobierno. De acuerdo con esta doctrina, no debe haber plena libertad de comercio (libre comercio), ya que se piensa que este principio garantiza el crecimiento económico y desarrollo social de un país. Surgió en la década de 1970 a través de la escuela monetaria como una solución a la crisis que afectó a la economía mundial en 1973, causada por el excesivo aumento de los precios del petróleo.

Es de mencionarse que tanto el PRI como el PAN y el PRD han sido y siguen siendo defensores de esa política neoliberal y lo vemos en la aplicaciones de sus gobiernos, los cuales muestran una gran sumisión a los capitales internacionales y un gran beneplácito en la adecuación de las políticas públicas de la nación, es por eso que siempre terminan por aprobar de manera unánime todo lo relativo a este sistema neoliberal, a pesar de que dichas decisiones parecieran ser contrarias a los intereses de los ciudadanos, ya que el capitalismo obliga a los pueblos a mantener gobiernos fuertes y con liquidez, aunque en ciudadanos pobres y en precarias condiciones el patrón es el mismo y los efectos más similares que diferentes.

Otras de las características del neoliberalismo lo son: la desregulación del comercio y las finanzas, tanto en su nivel nacional como internacional; la privatización de muchos servicios otrora brindados por el Estado; la cesión por parte del Estado de su compromiso de regular activamente las condiciones macroeconómicas, especialmente en lo referente al empleo; la brusca reducción en el gasto social; los ataques desde el Gobierno y las empresas a los sindicatos, desplazando el poder a favor del capital y debilitando la capacidad de negociación de los trabajadores; la proliferación de los trabajos temporales sobre los trabajos fijos y la introducción de principios de mercado dentro de las grandes empresas.

El modelo neoliberal, capitalista o globalizador fue adoptado por el Gobierno mexicano desde el periodo presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988). Fecha desde la cual tiene su aplicación la estrategia neoliberal, e inició con la venta y privatización de las primeras empresas paraestatales. En el primer año de esa administración, el Gobierno federal participaba activamente en por lo menos 45 ramas de la economía, y en el último, su participación se redujo a sólo 23 ramas de la economía. De igual forma, en 1982, el Gobierno federal era dueño de mil 155 empresas, las cuales fueron vendidas o rematadas, para quedarse en 1988 con 412… (Continuará)
31 Diciembre 2016 03:50:00
‘Un OPLE dependiente’
Fue en 2014 cuando, a través de una reforma constitucional en materia electoral, se intentó fortalecer a las instituciones electorales estatales, a fin de que dichas autoridades dejaran de obedecer a los intereses de los gobernantes, poniendo en duda su profesionalismo e imparcialidad.

Para no desaparecerlos, en el proceso de reforma los legisladores acordaron fortalecer a estos institutos locales con mayores atribuciones para lograr según ellos una mayor eficacia, sin embargo en un claro despropósito se dejó que estos institutos electorales locales dependieran de las finanzas de los Estados.

Como una de las más graves contradicciones de esta nueva ley electoral, al nuevo Instituto Nacional Electoral se le adjudicó la facultad de seleccionar a los consejeros integrantes de los organismos locales electorales, así como la remoción de los mismos, pero se le relevó de la obligación de pagar sus salarios ya que esta carga se le impuso a los gobiernos estatales, los cuales desde entonces tienen la facultad de asignar el presupuesto que consideren para el funcionamiento de estos organismos electorales locales, lo que los pone en un verdadero aprieto.

Como era de esperarse, esta dependencia económica ha sido aprovechada por los gobernadores, los cuales han dado clara muestra de que mientras sean los estados quienes soporten las finanzas de los organismos electorales, estos podrán meter la mano en las elecciones.

Las consecuencias no se hicieron esperar y en fechas pasadas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó remover a los consejeros electorales del Instituto local de Chiapas por habérseles acreditado su vinculación con el Gobierno local; igual sucedió en Veracruz, en donde el Gobierno estatal amagaba al OPLE por medio de la negación de recursos para su funcionamiento, acciones ambas que sin duda pusieron en riesgo las elecciones locales; en Tamaulipas, Puebla y Durango, los contendientes solicitaron de manera abierta al INE que atrajera las elecciones locales en consecuencia de la desconfianza que generaban las actuaciones de los integrantes de los OPLES locales.

Todo indica que Coahuila caerá en los mismos supuestos en que se encuentran las entidades mencionadas en el párrafo anterior, ya que a pocos días de haberse iniciado el proceso electoral han salido a la luz una serie de eventos desafortunados que de ser ciertos, evidenciarán que el Instituto Electoral Local se encuentra funcionando bajo la presión de por lo menos dos grupos, uno de ellos el que obedece a los intereses del partido en el poder y el otro el que intenta concretizar los oscuros intereses de quienes se niegan a permitir la democratización de nuestro estado, y que de persistir la pasividad de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, traerá como consecuencia que los consejeros del instituto Electoral de Coahuila deban seguir el guion que cualquiera de estos grupos le dicte, lo que contribuirá en la restauración y consolidación autoritaria del mismo sistema hegemónico que nos ha gobernado hasta hoy.

Es evidente que el antídoto contra la intromisión de los gobiernos y políticos en los procesos electorales no ha funcionado, lo que sin duda nos obliga traer nuevamente a la mesa de discusión el debate sobre si se debe o no eliminar a la autoridad electoral local; todo esto, ante la imposibilidad de contener el voraz apetito de los gobernantes que con su conducta tiraron por la borda tanto el esfuerzo de democratizar nuestra nación, como los recursos que se han invertido para la adecuación de este nuevo sistema electoral.
23 Diciembre 2016 04:00:00
Humberto Moreira y sus ganas de exigir
Nadie que se jacte de ser o sentirse coahuilense y de conocer las condiciones sociales y políticas de nuestro estado, puede decir qué desconoce lo que representa el nombre de Humberto Moreira Valdés, exgobernador del estado de Coahuila de Zaragoza.

Durante y desde el tiempo de su gestión como gobernador del estado de Coahuila, Humberto empezó a acumular señalamientos que lo relacionaban con la comisión diversos delitos de carácter público, los cuales se concretaron cuando salió a la luz, que el entonces mandatario firmó decretos por los que se adquirió una deuda de más de 33 mil 100 millones de pesos, en la que se utilizó documentación apócrifa, además de que parte de esos mismos recursos fueron utilizados para financiar campañas electorales gubernamentales en por lo menos cinco estados y en la campaña del actual presidente Enrique Peña Nieto.

A Humberto se la ha protegido por el gobernador actual de nuestro estado, el cual jamás se pronunció siquiera en relación a la deuda, y mucho menos respecto a la interposición de cualquier denuncia judicial tendiente a sancionar a los culpables del ilegal endeudamiento. Por el contrario, una vez que entró en funciones, la actual administración estatal se dio a la tarea de hacerle frente al aprieto en que se metió al estado, a costa de la inmolación de la población. La actual administración no vaciló en instruir a la Procuraduría de Justicia de Coahuila para que declarara que durante la administración del exgobernador Humberto Moreira no hubo desvío de recursos.

En la misma línea, el Gobierno federal ha protegido al señor Humberto, esto a pesar de que, desde que salió a la luz el fraude realizado al erario coahuilense, distintos funcionarios, partidos políticos y organizaciones civiles han demandado públicamente una investigación en contra del exgobernador. Sin embargo, en noviembre de 2012, la PGR le absolvió del endeudamiento por “no contar con las evidencias suficientes para acusarlo formalmente”, además de acuerdo con la PGR, hasta ahora nadie ha presentado alguna denuncia formal en su contra.

Por si lo anterior fuera poco, el Gobierno federal operó para liberar a toda costa a Humberto Moreira de los cargos que le atribuyeron en España, cuando fue detenido en el aeropuerto de Barajas, en Madrid.


A pesar de esta clara protección, en días pasados Humberto inició un capítulo de desavenencias con su partido, ya que se le había negado su postulación como candidato a una diputación local, por lo que en franca rabieta se descompuso en insultos y señalamientos en contra de su partido. En un audio filtrado, que no ha sido reconocido por él, se le escucha tratando a su hermano de traidor y asumiéndose a sí mismo como un hombre derecho, en tono de burla asegura que si los de su partido se atreven a expulsarlo él los expulsará de Coahuila. En el mismo audio, el exgobernador se compara con un rey, al advertirle a sus disidentes que no cusquen al león. Lo anterior evidencia que Humberto considera que los del poder aún le deben muchos favores y que su posición sigue siendo la de exigir.

Desgraciadamente, lo que olvida “el Profe”, es que esa seguridad y poder del que hace alarde se la ha dado el pueblo coahuilense, en contra de su voluntad y a base de sacrificios de todo tipo.
16 Diciembre 2016 04:00:00
Los muy independientes
Desde el 2 de diciembre, en el Instituto Electoral de Coahuila desfilan los aspirantes a contender como candidatos independientes para diferentes puestos de elección popular en la próxima jornada electoral en nuestro estado. Los interesados, a través de un escrito de intención y mínimos requisitos documentales, han iniciado su proceso de registro.

La documentación que entregue el precandidato independiente será analizada y aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, el cual, una vez hecho lo anterior, le expedirá su carta de formal aspirante. Posterior a esto, el suspirante recabará las firmas necesarias, referidas en el Código Electoral, entregará diversa documentación complementaria y esperará el acuerdo de la autoridad que le permita registrarse como candidato independiente, el próximo mes de marzo, para quedar en aptitud de contender en los comicios del 4 de junio de 2017.

Es evidente que el proceso eleccionario local del próximo año 2017 en el estado, tendrá una amplia participación de estos candidatos independientes, lo cual representa un nuevo reto para los partidos políticos, que deberán procurar restarles credibilidad y no permitirles consolidarse como una alternativa de votación.

Ante las precarias posibilidades de triunfo de los candidatos hasta ahora registrados, debemos pensar que algunos de ellos sólo ven esta posibilidad como una oportunidad para buscar publicidad efímera, esto en el mejor de los casos, ya que también pudiera ser una mera estrategia electoral propuesta por algún partido político interesado en diversificar las alternativas políticas al momento de la elección, con el único ánimo de diluir el voto y hacerse ganar con su voto duro.

Peor aún sería que estos independientes sean tan independientes que sólo se constituyan como opositores con intención de chantaje: es decir, que su único interés sea el de buscar un “hueso”, un trabajo o algún otro tipo de canonjía; y que no hablen seriamente de transformar o modificar el sistema político.

Los candidatos independientes, que se presentan como sociedad civil, mienten al fijar un falso debate y señalar a los partidos políticos como entes distintos y distantes a la ciudadanía, porque éstos también son formas de representación ciudadana. El hecho de que los partidos políticos hasta hoy hayan sido los únicos concesionarios capaces de encausar la participación política, no quiere decir que hayan dejado formar parte de la sociedad. Los miembros de los partidos políticos, también son ciudadanos.

Es faccioso además, el discurso de los candidatos independientes que pretende atribuir todas las desgracias nacionales a los partidos políticos, cuando en realidad han sido la única opción de acceder a mecanismos de rechazo o de denuncia o de modificación de las políticas estatales, incluso para los opositores individuales.

Además, un candidato independiente ganador tendrá que buscar alianzas con los partidos representados en el Congreso local para impulsar su programa de gobierno o sus propuestas de ley.

Para evitar lo anterior, los ciudadanos debemos reconocer que la democracia va mucho más allá de un episodio electoral y que son pocas las cauciones que ofrece la innovadora alternativa independiente, que de entrada ni siquiera es posible controlarle como candidato por quien lo seleccionó, pues se eligió solo; no responde a una disciplina de partido; no defiende una plataforma política preestablecida o una propuesta de Gobierno basada en ideales concretos; sólo se somete a sus propias decisiones y ocurrencias.

Lo que me lleva a concluir que votar por una alternativa independiente conlleva el riesgo de elegir a un diputado o gobernador, que no garantice que se dedicará a trabajar para lo que fue elegido y que, de fallar, se esfumará de la misma forma en que llegó.
09 Diciembre 2016 04:00:00
Isidro y Riquelme, actos anticipados de campaña
En días pasados, el Alcalde de Saltillo, Isidro López, rindió a la ciudadanía un supuesto Tercer Informe de Gobierno, en el cual poco se habló de los abusos policiacos que vive la ciudadanía, la falta de atención a las calles de esta ciudad y el nulo avance en materia de desarrollo social en nuestro municipio; sin embargo, lo que sí dejó ver, fue su incontrolable aspiración a ocupar el cargo de gobernador de esta entidad federativa. Con dicho informe el Alcalde saltillense complementó el mensaje vertido en los medios de comunicación difundido en últimas fechas, bajo la misma excusa y en los cuales invita a la población a considerar a su persona como un cambio en la política del estado.

De igual forma, en Torreón el ciudadano Miguel Ángel Riquelme, Munícipe de aquella ciudad, en su tercer informe de resultados no dudó en reconocer que su aspiración principal no es la de servir a los habitantes de Torreón en el cargo que estos le han encomendado, sino que lo es llegar a dirigir el estado de Coahuila, por lo que contenderá en la elección local de 2017.

Ambos funcionarios, en ejercicio de sus funciones y con la ayuda del presupuesto municipal, organizaron fastuosas ceremonias con el inequívoco propósito de llamar la atención de los coahuilenses, para posicionar desde ahora tanto su personalidad como sus intenciones electorales, bajo al pretexto de informar supuestos logros de Gobierno, esto en detrimento de los demás aspirantes a contender por el mismo puesto.

Si bien es cierto, los procesos electorales son el vehículo democrático por el cual se logra la renovación periódica de los poderes en una entidad federativa; también lo es, que dichos procesos se conforman de diversas etapas, las cuales esencialmente se identifican de la siguiente manera: los actos preparatorios de las elecciones; la presentación de las solicitudes de registro de candidatos; el otorgamiento de registro de candidatos; las campañas electorales; la jornada electoral; los resultados electorales y calificación de elecciones y por último, la expedición de constancias de mayoría.

En todas estas etapas se debe observar como valor prioritario por parte de los contendientes el respeto a los principios de la función electoral, los cuales son: el de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad y objetividad, ya que sin estos, en la teoría, es imposible cumplir con la finalidad de vivir un estado verdaderamente democrático.

Las acciones de los alcaldes de Torreón y Saltillo constituyen sin duda actos anticipados de campaña, lo que vulnera la mayoría de los principios legales descritos en el párrafo anterior; sin embargo, debemos admitir que hasta el día de hoy, tanto los legisladores federales como locales, han fallado en su intento de regular esto actos anticipados, es decir, ha sido imposible lograr una prohibición acertada.

En pasadas elecciones, en Coahuila, se han interpuesto múltiples denuncias o quejas, en razón de la realización de actos anticipados de campaña, se instauraron y substanciaron procedimientos sancionadores correspondientes, los cuales todos fueron declarados imprósperos por consecuencia de esta indefinición concreta de la conducta infractora.

Es evidente que esta precariedad en nuestra ley electoral está siendo aprovechada tanto por Isidro como por Miguel.

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