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Jorge Castañeda
Jorge Castañeda
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02 Octubre 2017 04:08:00
Banderazo a las candidaturas independientes
En los próximos días se cierra el plazo para registrar candidaturas independientes o sin partido a los múltiples cargos de elección federal en disputa el año entrante. Las fechas para las elecciones estatales, incluyendo 9 gubernaturas, entre ellas la de la Ciudad de México, varían pero no se alejan demasiado de las federales. De suerte que ya dispondremos, muy pronto, de las respuestas a varias interrogantes.

Primero: ¿Cuántos ciudadanos intentarán obtener las firmas necesarias para figurar en la boleta en 2018? Tomando en cuenta las diferencias entre 2015, 2016 y 2018 (más elecciones, más polarización, mayor participación, mayor tiempo transcurrido desde la legalización de las candidaturas sin partido) ¿serán más o menos que en los años anteriores y pertinentes (2017 fue atípico)? De ser mayor el número, proporcionalmente hablando, podremos decir que la figura comienza a calar en la sociedad civil mexicana, como la única fórmula para hacer política electoral fuera de los partidos (las iniciativas populares en su forma actual no funcionan). De no serlo, habrá que concluir que el descrédito de la política se extiende más allá del ámbito de los partidos. También empezaremos a comprender si la “app” del INE, que permite el casi equivalente de una firma electrónica, facilita la recopilación de firmas, o la
obstaculiza.

Otra pregunta importante consistirá en el cargo para el cual se postulen más candidatos independientes. Los partidarios de esta figura siempre sostuvimos que era a nivel municipal, o distrital, donde las candidaturas de esta índole encerraban mayor sentido. A esa escala, la gente conoce a la gente: al médico, al profesor, al cura en su caso, al profesionista, al empresario, o al activista. El número de firmas, sin dejar de ser leonino, es alcanzable, y resulta más factible la difusión de ideas y características, careciendo de acceso a los medios masivos de comunicación. Es la historia de Pedro Kumamoto en Zapopan, de Alfonso Martínez en Morelia y de Manuel Clouthier en Culiacán. Se juegan un gran número de presidencias municipales trascendentes el año entrante, además de los 300 distritos de mayoría relativa. En pocos días sabremos.

Asimismo, veremos si el poco éxito –por lo menos frente a las expectativas– de las candidaturas independientes en 2017 desa-lienta o no a diversos aspirantes a cargos ejecutivos o legislativos del Senado. Hay un premio para el Senado: por la vía de primera minoría, puede ser más fácil ganar que una diputación uninominal. Supongo que ese es el cálculo de Kumamoto en Jalisco. Para las alcaldías de la capital del país, o para los nueve gubernaturas, tal vez no proliferen las independientes, aunque en la Ciudad de México, después de la movilización pos-sismo, es posible que la tentación –y la realidad– de captar el mismo entusiasmo por la acción solidaria y el mismo hartazgo con los partidos induzca a ciudadanos de a pie a presentarse. El problema sería el tiempo.

Por último, habrá el tema de los aspirantes presidenciales sin partido. Llegó la fecha fatídica para decidir (no para recaudar el millón y pico de firmas necesarias, tomando en cuenta la merma inevitable). Pedro Ferriz ya lo hizo; le deseo la mejor de las suertes, ya que fue el primero en arrancar, con mucho valor y mostrando mucha perseverancia. Doy por descontado que Armando Ríos Piter también lo hará en el transcurso de la semana, y desde luego cuenta con todo mi apoyo para juntar firmas y recursos. Emilio Álvarez Icaza declaró hace tiempo que sólo buscaría aparecer en la boleta si para agosto juntaba 80 mil firmas de apoyo –sin valor jurídico–, pero no he sabido si en efecto las reunió y si va a presentarse en el INE esta semana.

Y luego tenemos a Jaime Rodríguez, quien deberá resolver un dilema propio y otro que se le plantee al INE. Ha recorrido el país durante los fines de semana desde hace un año, tiene un nivel de reconocimiento adecuado, aunque estable, cuenta con los recursos del Gobierno del Estado de Nuevo León, por lo menos para las firmas, y nadie duda de su ambición. Pero lanzarse por las firmas es lanzarse para la elección, porque con toda seguridad las podrá conseguir. ¿Estará dispuesto a renunciar a la Gubernatura para jugar una candidatura presidencial que en las encuestas hoy no supera los 5%? O el INE aceptará que busque firmas, incluyendo en su propio estado, siendo Gobernador en funciones? ¿Se vale que el Gobernador le pida su firma a un empleado en el Gobierno que encabeza? ¿O el PRI y sus votos en el Consejo del INE y en el Tribunal ni siquiera lo plantearán como pregunta?

Esta semana se despejarán las dudas citadas, y otras más. Nadie sabe para quien trabaja, pero albergo la satisfacción de haber trabajado para una idea que hoy se vuelve realidad. No siempre
sucede.
22 Marzo 2019 03:12:00
Los muertos de AMLO en febrero
El miércoles por la noche se divulgaron las cifras de violencia para el mes de febrero, el tercero del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Con matices y diferencias entre homicidios contabilizados por víctimas o por carpetas de investigación abiertas –la primera cifra es más fiel a la realidad– son devastadoras para el Gobierno. Estos sí ya son los muertos de AMLO.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en febrero tuvieron lugar 2 mil 796 homicidios dolosos, o un promedio de 102.5 diarios, el más alto de la historia, o 15% por arriba del mes de febrero del año pasado.

Algunos medios, entre otros el nuevo Granma y lamentablemente esta casa, presentaron los datos del SESNSP de manera maravillosa, digna del realismo mágico: “Aunque los delitos de alto impacto, como el homicidio doloso, disminuyeron en febrero pasado respecto del mes inmediato anterior, el nivel está todavía por arriba del registro de 2018, y ese lapso persiste como la apertura más violenta de año, desde 1997, cuando se inició la estadística en esta materia. (La Jornada, 21 de marzo, página 4)”.

El SESNSP seguramente piensa que los mexicanos ignoran que febrero suele tener tres días menos que enero, salvo en años bisiestos, cuando tiene dos días menos.

La Fiscalía General, por su parte, también busca hacernos creer que en algunos estados se redujo la violencia, y que la contabilidad debe darse a partir de las 13 ciudades prioritarias para el régimen, en nueve de las cuales, en menos días que antes, se redujeron los homicidios. Con todas las maromas que se quiera, el primer bimestre de este año fue el más violento de la época moderna, o desde que se cuenta con datos.

No debe sorprendernos, ya que la tendencia anterior, desde 2016, ha sido ascendente, y la política del nuevo gobierno ha sido exactamente la misma que la de los dos regímenes anteriores. No hay día que pase sin que los medios informen de un nuevo decomiso de heroína, cocaína, fentanilo, metanfetamina o de erradicación de sembradíos de mariguana o adormidera en alguna parte de la república.

Se presentan las mismas tomas que con Calderón o Peña Nieto: las Fuerzas Armadas destruyendo, quemando o resguardando grandes cantidades de drogas. Siguen desplegadas tropas en las sierras, en las carreteras y la frontera, no para brindarle seguridad a la población, sino para reducir el tráfico o la producción de estupefacientes para Estados Unidos.

De vez en cuando se nos quiere espantar con el mismo petate del muerto sobre el aumento del consumo en México, y cuando un funcionario norteamericano alaba la cooperación mexicana en la guerra contra las drogas, se le otorga gran visibilidad en los medios afines al Gobierno.

Resulta obvio que el fin de la guerra anunciado por AMLO no ha tenido lugar. La supuesta estrategia de ya no ir por cabecillas obviamente no ha reducido la violencia, por ahora. Asimismo, la famosa Guardia Nacional, cuya materialización tardará, innecesariamente, no ha surtido ningún efecto en los niveles de violencia.

Las supuestas alternativas –legalización de la mariguana, siembra controlada de amapola para producir morfina en México para fines médicos, revisar la participación de México en los instrumentos y organismos de la ONU en Viena– son por ahora solo intenciones de algunos miembros del equipo gobernante. No ha sucedido nada, en realidad.

Tal vez con el transcurrir de los meses, descenderá la violencia. De 2007 a la fecha, nadie en un puesto de mando ha podido prever cuándo sube, o cuándo baja. Las explicaciones oficiales son ex-post, nunca antes de los hechos.

Pero no existe un plazo eterno antes de que la ciudadanía se harte de cada vez más muertos, con cada vez menos razones. Si no, pregúntenle a Calderón y a Peña, ninguno de los cuales pudo asegurar la elección de un sucesor de su propio partido, no solo por la violencia, pero también por la violencia.
20 Marzo 2019 03:14:00
El ‘NO’ (bis)
A raíz de algunos debates y comentarios sobre la revocación de mandato y las perspectivas del 2021, quisiera retomar ciertos aspectos de esta discusión y de mi entrega de la semana pasada. La discusión estriba sobre un tema especulativo, pero que Andrés Manuel López Obrador ha colocado en el centro del debate nacional de fondo.

Primera disyuntiva: se aprueba o no en el Senado la revocación del mandato presidencial, con determinadas características técnicas. Estas van desde la fecha de la votación hasta las condiciones del abandono de la Presidencia en caso de perder la presidencia, o de ganar el “No”, pasando por la tasa de participación para otorgarle un carácter vinculante al resultado.

En mi opinión, el PRI no resistirá la presión de Morena y de Palacio y votará a favor de las modificaciones constitucionales que permitirán la revocación o ratificación de mandato. Lo hará quizás con el taparrabos de la fecha, es decir que no ocurra esa votación el mismo día de las elecciones intermedias. Es el tipo de maniobra que a los priistas les encanta.

Segunda disyuntiva: gana o pierde AMLO en 2021. Muchos temen el efecto de arrastre del presidente en una boleta que de otra manera se limitaría a la Cámara de Diputados, las alcaldías de la Ciudad de México, y algunas gubernaturas. Otros piensan (pensamos) que la revocación se convertiría en el ensayo general de un intento de reelección del propio AMLO, más allá de sus firmas tipo Peña Nieto (“Te lo firmo y te lo cumplo”). Y de todas maneras arrasará en 2021, en vista de sus números en las encuestas hoy.

Yo tengo mis dudas. Repito mis razones. En primer lugar, todos los presidentes de México de la época democrática han gozado de una luna de miel en las encuestas. Unas duraron más que otras, pero todas, desde Zedillo, llevaron a una derrota (o debacle) en los comicios de medio periodo. En las condiciones que sea, gobernar este país es muy complicado, los instrumentos disponibles son limitados, y la opinión pública es voluble, y en ocasiones traicionera. Nadie ha sobrevivido más allá del primer año con cifras análogas a las de los primeros meses.

En segundo término, la elección binaria polariza en ambos sentidos. Moviliza a los partidarios de aquel que pone su puesto en juego, pero unifica también a sus opositores. Reviste la enorme ventaja, para la oposición, de no verse obligada a nada, salvo poner un término a una gestión con la que no concuerda. No hay necesidad de programa común, de candidatos comunes, de un comando de campaña común, absolutamente nada. Podrán converger los votantes y dirigentes, actuales o antiguos, del PAN, PRI, PRD, MC, más lo que se acumule.

A ellos podrán sumarse, en su caso, los empresarios cuyo momento de tapete con AMLO haya concluido; los intelectuales que aún resistan; los gobernadores capaces de alzar la cabeza; y sobre todo, las clases medias afectadas o devastadas por las políticas económicas y sociales de la 4T durante dos años y medio.

He allí el tercer elemento importante. Sabemos a estas alturas que 2019 y 2020 serán años de escaso crecimiento, si es que hay alguno. Sabemos también que los sectores más vulnerables se verán más o menos beneficiados por los nuevos y viejos programas sociales de AMLO. Y sabemos que la ira y la volatilidad de las clases medias puede ser feroz. Si se mueve el tipo de cambio, si suben las tasas de interés, si cae el empleo y no disminuyen ni la corrupción ni la violencia, pueden abandonar a su presidente con gran celeridad.

Por último, la preparación. AMLO y el Gobierno ya están trabajando sobre el referéndum revocatorio. Sus opositores pueden hacer lo mismo. Disponen de 27 meses para conformar un “NO” que alcance el 50 por ciento. Se me hace que el hubris le ganó a AMLO; los dioses castigan a quienes se creen superiores a ellos.
15 Marzo 2019 03:44:00
Revocación y consulta
Cualquiera de estos días se aprobarán, por lo menos en la Cámara de Diputados, dos reformas constitucionales importantes: la revocación de mandato y la consulta popular. Una me parece lamentable; la otra, necesaria y deseable.

Primero la consulta. Las reformas que se hicieron en el sexenio pasado, como es bien sabido, no sirvieron de nada. La cantidad de condiciones que, sobre todo los priistas, les impusieron a las consultas hizo que para todos fines prácticos la reforma fuera nonata. He sido partidario de la opción más amplia de consulta popular o referéndum, que me parece un término más preciso, sobre temas constitucionales o de legislación secundaria. Lo único que debe excluirse de cualquier tipo de consulta popular o referéndum son asuntos de derechos humanos, porque no debe existir siquiera la más remota posibilidad de cualquier retroceso, en cualquier país, al respecto.

Temas constitucionales y de reforma constitucional, por supuesto que sí; los ha habido en muchos países. Temas fiscales los ha habido también y hacen sentido. Temas delicados como el aborto en Irlanda, también porque, aunque es el tipo de asunto en el que se puede avanzar más fácilmente en el Poder Legislativo –como en la mayoría de los países europeos–, o judicial –como en Estados Unidos–, si alguien quiere llevar el tema del aborto a un referéndum debe poder hacerlo. Por lo tanto, estoy a favor de esta primera reforma constitucional del sistema político que plantea López Obrador.

Estoy en contra de la revocación de mandato. Al día de hoy, sólo tres países en América Latina lo han aprobado: Venezuela, Bolivia y Ecuador. Sólo se ha utilizado en un país: en Venezuela, en 2004. Hugo Chávez, afectado por el intento de golpe fallido de 2002 y la huelga de PDVSA de principios de 2003, sintió la necesidad de buscar una ratificación de su popularidad y legitimidad, y para eso utilizó la figura. No suele existir en la mayoría de los países europeos, salvo bajo la figura de una elección parlamentaria anticipada, en aquellos países donde existe un régimen parlamentario. En Estados Unidos existe, a nivel estatal, y no en todos los estados. El más importante y donde se ha utilizado poco, ha sido California.

Es obvio que López Obrador busca la revocación de mandato vía esta reforma constitucional para estar en la boleta de 2021 y conservar su mayoría constitucional en la Cámara de Diputados, recordando que ese año no hay elección para el Senado. Cree, con algo de razón, que si él figura en la boleta le va a ser más fácil lograr las dos terceras partes de los escaños en la Cámara de Diputados. La oposición en la Cámara, y probablemente en el Senado, va a aceptar la revocación de mandato a condición de que la votación no tenga lugar el mismo día de las elecciones legislativas. Tal vez López Obrador y Morena acepten esta exigencia menor de la oposición, pero en ese caso lo que harán será insistir en que primero se den los comicios de revocación de mandato y sólo después las legislativas.

Dos reflexiones finales sobre la revocación. En primer lugar, en muchos países la consulta popular o referéndum se utiliza de facto como una revocación o ratificación de mandato. El rey de esta maniobra fue el general De Gaulle en Francia, que en varias ocasiones llamó a un referéndum sobre algún tipo de reforma, y luego puso su propio puesto en juego, advirtiéndole a la ciudadanía que si no aceptaban su propuesta de reforma él renunciaría. Ganó algunas veces, pero perdió memorablemente en 1969, cuando colocó su presidencia de facto en la boleta, al anunciarle al pueblo francés que si perdía se iría a Colombey-les-Deux-Églises. El pueblo francés le dijo adiós. Esto sucede en otros países y de hecho López Obrador lo podría hacer en México con la pura consulta.

Segunda reflexión. No siempre salen las cosas como se desean. Además de preguntarle a De Gaulle se le podría preguntar a Pinochet, que finalmente se sometió a un referéndum en 1988 y perdió. Hoy en día parecería fácil para López Obrador lograr su ratificación o evitar la revocación de mandato en 2021. Pero conviene recordar que, además de lo imprevisible, cualquier votación de este tipo, forzosamente binaria, polariza a la sociedad pero unifica a la oposición. No tienen que ponerse de acuerdo PRI, PAN, PRD, MC y demás opositores posibles al gobierno de AMLO más que en el no. No estoy tan seguro que sea una jugada tan inteligente de AMLO, pero es cierto, él gana elecciones y yo no.
13 Marzo 2019 03:17:00
¿Habrá huelga en Walmart?
Walmart es el principal empleador privado de México. Más de 200 mil mexicanos reciben su quincena de una de las cadenas que controla la empresa de Arkansas: Walmart como tal, Sam’s Club, Bodega Aurrerá, Superama, etc. Solo el IMSS emplea a más gente en México.

Desde tiempo atrás, es decir, desde que la familia Arango vendió las tiendas Aurrerá a Walmart, solo un pequeño número de empleados pertenecía a sindicatos, y se trataba más bien de sindicatos blancos, o de empresa. Por esa razón, entre otras, los salarios son de miseria, al igual que en Estados Unidos y en los demás países donde opera la empresa de los Walton.

En 2007, de acuerdo con el colega Darío Celis, la CROC incursionó en la cadena de tiendas departamentales a partir de una huelga en Los Cabos. Pero el esquema en su conjunto se mantenía intacto. Hasta que llegó la 4T. Con toda la razón del mundo, más de 8 mil empleados organizados de un sindicato presente en 10 estados y perteneciente a la CROC, han emplazado a huelga a la empresa para el 20 de marzo. Algunos incluso citan la cifra de 62 mil posibles huelguistas. Exigen un aumento de 20%, como los trabajadores de las maquiladoras en Matamoros, y un bono de 4% de las ventas anuales de la empresa. Pero sobre todo, para el terror de esta última, parece haber la intención de la vieja CROC, o del nuevo grupo encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, de afiliar a todos los empleados.

Walmart opera 2358 tiendas en México, la quinta parte de su total mundial. México es, después de Estados Unidos, la joya de la corona. Pueden suceder varias cosas en esta coyuntura.

La primera posibilidad consiste en un nuevo entendimiento a la mexicana: sindicato más o menos blanco o charro, despidos masivos de los huelguistas, un muy pequeño aumento de sueldos, nada de bono, y el gobierno de franco aliado de una de las multinacionales más grandes del mundo. Otra opción es que la empresa acepte el incremento de 20%, después de unos días de huelga o incluso antes (parece difícil), y acepte también la afiliación masiva al sindicato existente, o a otros. Para que esto suceda, el gobierno de López Obrador, y la Secretaría del Trabajo en particular, tendrían que colocarse del lado de los trabajadores y presionar a la empresa.

Por último, podría estallar la huelga el 20 de marzo, durar un buen tiempo, e interrumpir el auge impresionante de Walmart en México, al grado de llegar a cerrar tiendas. Es el desenlace menos probable, pero no descartable. Si alguien desea fundar un nuevo movimiento obrero en México, el lugar idóneo para arrancar es Walmart, por todos los motivos ya señalados. Y si los empleados de la cadena de tiendas se sienten empoderados por la llegada de López Obrador a la Presidencia, y envalentonados por los incrementos a los salarios mínimos en todo el país (16%) y en la frontera norte (100%), el intento de fundar algo nuevo puede prender.

No habrá manera de elevar el ingreso de los millones de mexicanos que gana una miseria sin un movimiento sindical poderoso, democrático, plural y diverso, no concentrado únicamente en el sector público. No es una condición suficiente –la productividad, el crecimiento, el control de la inflación son tantos otros requisitos- pero sin sindicatos, no hay cómo, en un país más o menos democrático como México. Walmart puede ser un buen comienzo, pero no está exento de peligro. Es una prueba del añejo para AMLO: si le entra al toro y apoya a los trabajadores –manipulados o no por unos u otros– o defiende lo indefendible: que en la empresa que más mexicanos emplea, solo ocho de más de 200 mil pertenezcan a un sindicato.
08 Marzo 2019 03:35:00
¿Qué me importa Arabia Saudita?
El jueves 7 de marzo, durante la reunión de primavera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, un grupo de 36 países dirigió una carta al Reino de Arabia Saudita. Según CNN, la misiva “instó al Reino a liberar a los activistas de derechos humanos encarcelados por ejercer sus libertades fundamentales, y a divulgar toda la información disponible sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. La carta también solicitaba la liberación de tres mujeres defensoras de los derechos de las mujeres, y que se respetara la libertad de expresión y de asociación en Arabia Saudita”.

El lector se preguntará: ¿y a mi qué diablos me importa? Con tantos temas pendientes en México sobre los cuales escribir, ¿cuál puede ser la pertinencia de un comentario sobre Arabia Saudita, en Ginebra, en un Consejo de apenas 45 miembros? La respuesta es muy sencilla. Entre los 36 países firmantes, figura toda la Unión Europea, Canadá y Australia, pero ni Estados Unidos ni México.

Es obvio por qué Trump no firmó: es el principal aliado del Príncipe Mohammed Bin Salman, hijo del rey y verdadero jefe del Reino, además de ser el nuevo BFF de Jared Kushner, yerno del Presidente norteamericano. El caso de México es también evidente. No firmamos –a reserva de que la Cancillería se digne a ofrecer otra explicación– porque el Gobierno de López Obrador es congruente.

Se opone a cualquier crítica, a cualquier país, por cualquier motivo, en cualquier foro que tenga que ver con derechos humanos. No se pronuncia sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, en Nicaragua o en Cuba, ni en Estados Unidos a propósito de los mexicanos y centroamericanos, ni de la ejecución por un Gobierno de un periodista contestatario. Nunca, nadie, en ninguna parte.

El caso de los centroamericanos en la frontera norte es sintomático. López Obrador primero dijo que solo recibiría a varones solicitantes de asilo, en Tijuana, y poquitos. Estados Unidos insiste en que será en todos los cruces fronterizos, y a familias enteras, incluyendo a menores de edad. México sostiene que es por razones humanitarias, pero no se entiende por qué esas razones no pueden ser atendidas en Estados Unidos.

Los números van a incidir mucho. El pasado mes de febrero llegaron 76 mil migrantes a Estados Unidos, la mayor cifra en 12 años. A raíz de su nacionalidad, de su situación y de su inteligencia, hay hoy, según CBP, más de cincuenta mil no-mexicanos en diversos centros de detención cerca de la frontera mexicana-estadunidense. ¿Los vamos a recibir a todos?

Arabia Saudita sí importa, porque los derechos humanos sí importan. Ningún Gobierno que se confiesa indiferente frente a casos como los de Venezuela, Nicaragua, Cuba, los territorios ocupados de Palestina, y los centroamericanos en Estados Unidos, va a preocuparse de los derechos humanos en su propia casa. Ya se suspendió el programa de entrega de visas humanitarias en México, aunque el Gobierno no lo haya anunciado. Eso, en cuanto a centroamericanos se refiere.

¿Puede alguien sentirse seguro que el Gobierno de AMLO, con su nueva Guardia Nacional, va a respetar los derechos humanos de los mexicanos en México, si no le interesan fuera de México? Yo creo que no. Llegará el día en que no va a respetar ni los derechos humanos de sus adversarios, ni la libertad de expresión, ni de quienes se opongan a tal o cual proyecto que a la 4T le interese o le convenga (Tren Maya, Trans-ístmico, central eléctrica, etc.). Quienes piensan que los derechos humanos son como las salchichas –se pueden rebanar sin problema– se darán cuenta muy pronto de su error de apreciación. En México y Arabia Saudita.
06 Marzo 2019 03:45:00
Los contrapesos (y su ausencia)
En estos días en que el PRI cumple 90 años y elige una nueva dirección, y el PAN sigue intentando resolver sus diferencias internas sin analizar las razones de su derrota, está de moda subrayar la falta de contrapesos frente al tsunami de MORENA. También abundan las críticas, burlas o denostaciones a las esfuerzos de crearlos, como el que se identifica con Javier Corral. Detrás de estos análisis, subyace un problema mayor, en ocasiones responsabilidad de los autores de los lamentos o denuncias.

Primero el caso del esfuerzo identificado con Corral. Se cometieron errores menores de timing y de ventaneos, pero entre la parálisis y la acción, prefiero la segunda. Mi propio alejamiento no es por falta de simpatía o acuerdo, simplemente creo que mientras no se sume Enrique Alfaro al proyecto, el intento se parece demasiado a un apoyo prematuro a la candidatura presidencial de Corral para el 2024. Es un esfuerzo loable, con todos los defectos que se quiera.

Sobre todo, no veo los otros esfuerzos de crear contrapesos. Firmé, junto con muchos otros un texto de Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia, sobre el derecho a disentir. He participado en otras reuniones. Pero la verdad, en los estamentos donde uno podría esperar cierta reacción, vemos prudencia, paciencia o postración.

La clase política primero. Vive sus propios problemas, desde luego, y de una derrota como la de julio no se levanta nadie de la noche a la mañana. Pero de allí al grado de ensimismamiento (bien descrito por Carlos Puig en Milenio, a propósito del PRI), de silencio o pasividad, y de falta de respuesta al Gobierno, resulta difícil de creer. Empecemos por algo sencillito. En cualquier país democrático del mundo, si el Jefe de Estado pronuncia una larga intervención cada mañana (como dice Salvador Camarena, rueda de prensa no es), lo mínimo que puede exigir la oposición es un derecho de réplica, con la misma exposición en medios que el presidente. Los cuatro partidos opositores podrían ponerse de acuerdo para turnarse todos los días y responderle a López Obrador, con una postura común ante alguna de las barbaridades que dice cada mañana, y exigirle a los medios la misma cobertura. Huelga decir que ni la oposición lo va a hacer, ni los medios lo permitirían, ya ni hablemos del Gobierno, que inmediatamente le señalaría a los dueños de los medios que no es una buena idea.

La clase empresarial mexicana, por su parte, ha dado una buena cantidad de bandazos desde el 1 de julio. Arrancó con unos videos que no merecen mayor comentario, para transitar entre críticas más o menos explícitas a ciertas decisiones del Gobierno (la cancelación del aeropuerto, por ejemplo), a eventos más o menos abyectos, como el del CCE hace unos días. Abundan los rumores sobre la decisión de algunos empresarios de financiar medios y otros focos de resistencia a la 4T, pero la corroboración de dichas versiones brilla por su ausencia. Lo que no falta son los datos que muestran que a pesar de todos los besamanos, reverencias y supuestos compromisos la clase empresarial ha congelado inversiones, y ha retirado capital del país. Tiene razón en ambos casos, pero el contraste con sus posturas públicas es difícil de tragar.

Por último, la comentocracia, aunque podría hablar también de la tecnocracia mexicana, pero me falta espacio y estómago. Numerosos columnistas, intelectuales, analistas y comentaristas han señalado las mentiras, las amenazas y los peligros de la 4T. Algunos han empezado a padecer repercusiones negativas por sus posturas. Muchos otros han preferido callar sus desacuerdos, considerando que no sirve de nada oponerse por ahora, y que las consecuencias personales pueden ser significativas. Y desde luego, hay muchos comentócratas que sinceramente concuerdan con las políticas del Gobierno, aunque contradigan sus valores o posiciones de antes. Se vale. Pero entre los críticos, lo prevalente es el individualismo. Nadie quiere juntarse con nadie. No es el momento; nos van a identificar, confundir, balconear, castigar. Hay que esperar. No están dadas las condiciones.

No estoy de acuerdo, pero reconozco que mi sentimiento es no solo minoritario, sino contracorriente. La intelectualidad mexicana es precisamente eso: mexicana. Es decir, individualista, cuidadosa, renuente al conflicto y a la acción colectiva, y al final, acostumbrada al “business as usual”. No sé si sea el caso con la 4T.
04 Marzo 2019 03:18:00
Las remesas y los remitentes
Se ha vuelto costumbre desde hace varios años, tanto en México como en Estados Unidos, el afirmar con ahínco que la migración mexicana al norte ha disminuido. Se habla de la “migración neta cero”, es decir, que salen tantos mexicanos de Estados Unidos como los que ingresan, con o sin papeles, y que la población mexicana permanente en el país vecino ha decrecido.

Ya he argumentado que una premisa de esta tesis consiste en considerar a todos los deportados de Obama y Trump como retornados voluntarios. Como se sabe, a partir de 2011, el anterior presidente norteamericano puso en práctica una política de deportación masiva, nunca vista desde los años 50, que llevó a designarlo como el “deportador en jefe”. Entre 2014 y 2016, las deportaciones descendieron, pero se han mantenido en niveles muy superiores a los de Bush y Clinton. El número de mexicanos que han vuelto por decisión propia a su país, con la excepción de los meses de la Gran Recesión de 2009, es pequeño. El número de mexicanos que se van al norte no ha disminuido: ha variado su composición, partiendo una cantidad muy superior de personas con documentos, y disminuyendo la de los indocumentados.

Además de engañosa, esta tesis se ve puesta en duda por la evolución de las remesas. Estas han pasado de 23 mil millones de dólares en 2014, a 33 mil millones el año pasado: un aumento de casi 50% en cinco años. En enero de 2019, se elevaron 6.5% en relación con enero de 2018. Es un proceso persistente, continuo y longevo, que no se explica por acontecimientos aislados.

Existen tres posibles explicaciones de este fenómeno. El primero, en el que más creen los partidarios mexicanos y estadunidenses del “neto cero”, reside en una afirmación difícil de demostrar pero fácil de explicar. El mismo número de mexicanos en Estados Unidos envía más dinero a sus familiares en casa porque tienen más: más y mejores empleos, mayores ingresos, mayores ahorros.

El que mandaba 250 o 300 dólares al mes, ahora remite 350 o 400, porque gana más y trabaja más horas. En vista del cambio en la composición autorizados/no autorizados de los mexicanos en Estados Unidos, de la expansión de la economía norteamericana, y de la caída impresionante del desempleo, no es imposible que esta respuesta contenga una buena dosis de verdad.

Pero se antoja insuficiente para explicar un incremento de la magnitud ya señalada de las remesas.

Varios estudios (de BBVA en Houston, por ejemplo) muestran como sí ha subido el monto promedio de cada remesa, pero no en esas dimensiones. Más aún, esos mismos estudios revelan que el número de envíos se ha incrementado, lo cual puede significar que los mismos mexicanos envían remesas con mayor frecuencia, o que hay más mexicanos mandándolas.

Creo que esta explicación es decisiva. Entiendo las razones de corrección y conveniencia políticas, tanto en México como en Estados Unidos, para remachar cada día que la migración mexicana ha disminuido. No me queda claro que sea cierto. Hay muchos más mexicanos que emigran con visas H2A y H2B, junto con otras, y el número de indocumentados que entran a Estados Unidos, aunque haya bajado, permanece muy alto: más de 150 mil al año.

Valdría la pena estudiar el fenómeno con mayor empeño y desmenuzando las cifras de Banco de México, del Inegi y del Consejo Nacional de Población. Pero por lo pronto, en el mejor de los casos, nos encontramos ante una paradoja: alguien envía cada vez más remesas a México, cada año y cada mes. O son los mismos de siempre, o son más (eso pienso yo), o es una combinación de ambos factores. La desaparición de la migración mexicana a Estados Unidos no es para mañana.
01 Marzo 2019 03:45:00
Encuestas de tres meses: ver la historia
Se ha vuelto casi un mantra el invocar mañana, tarde y noche las altísimas cifras de aprobación de López Obrador. Sus partidarios exaltan los 80%-90% que descubren en diversas encuestas; sus adversarios lamentan las mismas cifras, pero todos parecen coincidir en los números, y en lo insólito de la calificación de AMLO en sus primeros meses.

No pongo en duda la calidad de las encuestas traídas y llevadas por unos y otros, pero comento otra. Consulta Mitofksy de Roy Campos acaba de divulgar su pesquisa de los tres primeros meses de Gobierno de López Obrador, en una encuesta levantada en vivienda entre mil mexicanos en edad de votar.

El trabajo de Campos encierra la ventaja (como las encuestas de GEA) de contar con una serie histórica, que en este caso se remonta al sexenio de Salinas, aunque no le otorgo gran valor a estudios realizados en aquel clima autoritario.

Extraigo varias conclusiones de la encuesta de Consulta Mitofsky. En primer lugar, coloca a AMLO en un 67% de aprobación a finales de febrero, tres puntos más que un mes antes.

Es un muy buen nivel, pero nada que ver con lo que presumen sus adeptos. Se ubica tres puntos abajo de Fox en el mismo momento, pero hace 18 años –se hallaba en 70% de aprobación de acuerdo con la misma empresa–, algunos puntos arriba de Calderón y Peña Nieto al cumplir tres meses de gestión.

Donde los defensores de la 4T pueden encontrar consuelo es en una tendencia contraria al pasado en el caso de AMLO. A diferencia de Fox, Calderón y Peña Nieto, López Obrador sube un poco, mientras que sus predecesores descendieron, en montos más significativos.

Asimismo, pueden congratularse del hecho de que la medida gubernamental más aplaudida ha sido la eliminación de las pensiones de los expresidentes: una acción que no costó absolutamente nada y que tampoco significa nada en el mundo real, aunque sí en el imaginario colectivo de un país enojado. Incluso pueden festejar la aprobación por 55% de los mexicanos de una medida –la reducción del IVA y del ISR en la frontera norte– que no tuvo lugar.

Pero lo más positivo para el Gobierno, a corto plazo, se encuentra en las preguntas sobre la percepción de la gente sobre varios temas. Llama mucho la atención cómo el apoyo a AMLO logra transformar el sentimiento de los mexicanos en contra de hechos objetivos.

El 46% de los mexicanos considera que la situación económica del país se encuentra mejor que antes; solo 51% piensa que está peor. Hace un año, las cifras eran de 78% peor, versus 18% mejor. Es una evolución fantástica, sobre todo cuando sabemos, a ciencia cierta, que la situación económica del país ha empeorado los últimos cinco meses, empezando en octubre, ya que el cuarto trimestre del 2018 tuvimos un crecimiento del PIB raquítico. La gente piensa que sí, porque AMLO lo dice, y la gente le cree.

Sucede algo parecido con la percepción sobre la seguridad del país. Sabemos que la violencia en México creció en diciembre y enero, frente a cualquier comparación que se escoja.

Enero fue el mes más sangriento en la historia moderna de México, medido en homicidios dolosos. No se le pueden cobrar esos muertos a López Obrador (aunque llegará el día en que ya sean suyos), pero es obvio que la inseguridad ha aumentado. No obstante, el porcentaje de personas que considera que la seguridad “está peor que antes” disminuyó de manera dramática (cayó 20 puntos), mientras que la opinión contraria aumentó en esos mismo 20 puntos.

De nuevo, la gente quiere creer, con independencia de los hechos que vive todos los días. La luna de miel de todos los presidentes de México perdura, en el caso de AMLO.

Ahora bien, el Presidente tiene buenas razones para preocuparse y estar de mal humor. Fox perdió casi la cuarta parte de su popularidad durante su primer año de Gobierno, en buena medida debido a un crecimiento económico nulo.

A López Obrador le puede suceder lo mismo, sobre todo si observamos la sucesión de malas noticias en materia económica, y el agravamiento de la inseguridad durante los próximos meses.
27 Febrero 2019 03:35:00
La caída de la IED en 2018
Nuestro director comentó ayer en su columna, perspicaz como siempre, que la caída de la inversión extranjera directa en México en 2018 debe preocupar al Gobierno. Sumó 24.7 mil millones de dólares, 12% menos que en 2017, que a su vez fue menor que en 2016.

Enrique Quintana tiene razón, ya que ese dato es quizás el más importante para predecir la evolución de la economía en los años por venir. No porque represente una proporción mayúscula de la inversión total (como 21%-22% del PIB), sino debido a que se trata de empleos futuros, de exportaciones futuras, de divisas futuras, y porque refleja el estado de ánimo de los inversionistas y mercados internacionales de una manera mucho más fiel que otros indicadores. En particular es un mejor indicador que la inversión de cartera, que responde más a criterios de corto plazo, como el tipo de cambio o la tasa de interés.

Según Quintana, a México también le fue mal en 2018 en comparación con otros países. Brasil, por ejemplo, atrajo 63 mil millones de dólares de IED, dos veces y media más que México, con una economía más grande, ciertamente, pero en plena recesión el año pasado.

En realidad, sin embargo, la situación es peor que la que pinta Quintana. El dato más preciso, sobre todo en una serie histórica que aplana los años excepcionales debido a compras de empresas mexicanas por firmas extranjeras (Modelo, Comex, antes la parte cervecera de FEMSA), es la inversión extranjera como proporción del PIB. Esta es la cifra más importante y reveladora de la tendencia en cuestión.

Si nos vamos a la serie histórica de Banco de México, Inegi y Secretaría de Economía, el dato para 2017 fue de 2.6%, menos que los dos años anteriores. Esta serie utiliza un PIB de casi 1.4 billones (mexicanos) de dólares, con un tipo de cambio promedio de 19 pesos por dólar, y una IED de 31.8 mil millones de dólares. Pero esta última cifra viene de mucho antes, y no corresponde a la que publicó Banco de México anteayer, y que citó Enrique Quintana. Si mantenemos el dato del PIB en dólares corrientes, y aplicamos los 24.7 mil millones de Banxico y Quintana, el porcentaje se cae a 1.8 por ciento.

Desde 1999, se trataría del peor año con la excepción de 2012, cuando también nos situamos en 1.8% del PIB. Son números análogos a los de los 60 y principios de los 80, muy por debajo de los 3.9% de 2001 (por ventas de activos) o de 3.8% en 2013, por la misma razón. Es un derrumbe, que nos coloca por debajo de casi todos los países de América Latina, por ejemplo.

El desastre se debe a varios factores, algunos de los cuales menciona Quintana. La incertidumbre por las negociaciones comerciales con Estados Unidos fue uno, desde luego. Otro consistió en las dudas generadas por el año electoral mexicano, por las probabilidades de una victoria de López Obrador y el temor al tipo de política económica que podría poner en práctica.

Un tercer factor debe haber sido la reforma fiscal de Trump, que alentó a inversionistas a dirigirse a Estados Unidos, invirtiendo menos afuera, y repatriando más. Seguramente la ausencia de una venta emblemática de activos mexicanos también debe haber pesado. Puede perpetuarse, sobre todo con el peso fuerte de AMLO.

Si estos factores persisten, los malos datos se reproducirán este año. La reforma fiscal norteamericana no variará; ya lo sabemos. La falta de certeza sobre el llamado T-MEC allí sigue, y muy probablemente perdurará todo este año, ya que una ratificación por el Congreso norteamericano en 2019 se antoja remota.

Sobre todo, el escepticismo provocado por la conducta del nuevo Gobierno puede fácilmente agudizarse. Ya no se trata de pronósticos, sino de datos duros de gestión gubernamental: NAICM, presupuesto, Pemex, política social, actitudes de Morena, etc. A menos de que suceda algo inesperado, es poco probable que la Inversión Extranjera Directa aumente su proporción del PIB en 2019. Dependeremos, para crecer, de la inversión privada nacional, y de la inversión pública. Complicado.
25 Febrero 2019 03:41:00
La Guardia Nacional ¿ganamos?
Está muy de moda festejar el gran triunfo de la sociedad civil y de la oposición en el Senado por el rechazo al mando militar de la Guardia Nacional. Se celebra el hecho como la primera derrota de López Obrador, y en la medida en que él sí deseaba una Guardia militarizada, y aparentemente no lo logró, así parece. Pero no estaría tan seguro. Veo tres motivos de escepticismo.

El primero es de naturaleza política. Como sugirió una colega y amiga este fin de semana, un “NO” seco y concluyente de la oposición en el Senado habría revestido mayor simbolismo que la votación unánime de “SÍ”. Entre los iniciados no cabe duda que AMLO y Morena cedieron, o perdieron: no hay, en la Constitución, Guardia Nacional bajo mando militar.

Pero una votación lisa y llana, donde Morena y sus aliados votaban a favor de su tesis, y la oposición unida a favor de la suya, y el oficialismo perdía, tal vez hubiera encerrado mayor significado.

Una segunda duda abarca la verosimilitud de la decisión del Senado, y esta semana, de la Cámara de Diputados. Subsisten varias incógnitas. Algunas involucran disposiciones propias de la legislación secundaria. ¿Donde se radicará el presupuesto de la Guardia Nacional? ¿En la SSP, o en la Sedena? El comandante, o jefe, ¿será militar, en retiro o en activo, como lo insinuó AMLO, o civil, como lo entiende la oposición?

Los transitorios, y en particular el quinto ¿a caso no son lo esencial de lo que buscaban el presidente y el ejército? En el fondo, la aprobación de la Guardia Nacional ¿no significa una ratificación de la estrategia de Calderón y de Peña Nieto de combate al narcotráfico y al crimen organizado? Los senadores tal vez aceptaron una cortina de humo al final procedimental –con qué instrumentos se combate al narco- para dar un visto bueno tácito a lo sustantivo: perseverar en la guerra contra el narco, la misma que empezó en diciembre de 2006.

El tercer motivo de incredulidad se refiere al fondo mismo de la creación de una policía nacional, civil y en los hechos, sustitutiva de las policías estatales y municipales, todas ellas inservibles. En enero de 2018, cuando por primera vez los colaboradores de AMLO, mencionaron la idea de la Guardia Nacional, me pronuncié a favor. Lo contrario hubiera sido incongruente. Desde 2004 he insistido en la necesidad de crear una policía nacional única, sustitutiva de las demás, siguiendo el modelo chileno, colombiano o canadiense (en menor medida).

He sostenido desde entonces, ya después en compañía de Aguilar Camín, que nunca podremos emular el modelo estadunidense de policías estatales y municipales por una sencilla razón fiscal. Si los municipios y estados no recaudan (el predial es una miseria, y los impuestos estatales son un chiste), no puede haber instituciones de municipios y estados que funcionen. El que paga la orquesta pone la música (aunque sea espantosa).

Una Guardia Nacional grande y civil –de por lo menos 150 mil efectivos; Colombia tiene 170 mil con la tercera parte de nuestra población- es una policía nacional con otras palabras. Por lo tanto, quienes siempre hemos pensado que no existe otra solución para México, debemos aplaudir.

Pero de allí surge la siguiente pregunta: ¿para qué tanto brinco si el suelo está parejo? Ya teníamos, desde 1999, un embrión de Policía Nacional: la PFP que creó Zedillo, que mantuvo y mejoró Fox con Alejandro Gertz, y la que hicieron crecer, Calderón (más) y Peña Nieto (menos), con toda la corrupción que se quiera.

No se entiende entonces para qué cambiarle de nombre, de uniforme, de estatuto constitucional, si en el fondo es lo mismo. La Guardia, al conformarse y crecer, lo hará con la PF, la Sedena y Semar: igual que antes. Les pagarán mejor, los formarán mejor, los equiparán mejor, enhorabuena. Le pregunto a mi amigo Gertz (desde hace 30 años):

¿No es lo mismo?
22 Febrero 2019 04:10:00
El silencio migratorio
Es un hecho que el tema migratorio interesa muy poco a los mexicanos. No nos preocupa mayormente el destino y la situación de los paisanos en Estados Unidos, la de los centroamericanos en sus países respectivos, y menos aún de los mismos migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala en México. Por eso las caravanas desaparecieron rápidamente de los noticieros y de las primeras planas de los periódicos, como bien lo apuntó Enrique Acevedo en Milenio el jueves.

Esto le permite a las autoridades mexicanas hacer más o menos lo que quieren, y sobre todo, actuar bajo una gran opacidad. Confían, con bastante razón, en que los medios nacionales no se tomarán la molestia de investigar e informar sobre lo que sucede en las fronteras sur y norte. Saben también que la prensa internacional tiene otros asuntos de que ocuparse, y que además es limitada la repercusión en México de su cobertura al respecto.

Por eso conviene divulgar tres datos que, o bien no han aparecido en las páginas de los diarios nacionales, o bien han pasado desapercibidos. El primero abarca la llegada continua de caravanas centroamericanas a la frontera sur. Acevedo mencionaba una en su columna, de 500 integrantes, y que ingresó por la fuerza a México el martes. El diario Reforma reportó escaramuzas, pedradas y entradas por la libre el miércoles, tal vez refiriéndose a los mismos hechos. El Universal señala que son entre mil 300 y mil 500 los integrantes de las nuevas caravanas. En otras palabras, los habitantes del Triángulo del Norte siguen huyendo de la violencia en sus países, arriban colectiva o individualmente a México, y se siguen dirigiendo a Estados Unidos. Silencio no implica ausencia.

En segundo término, el gobierno de López Obrador suspendió hace unas tres semanas el programa de visas humanitarias y de trabajo para los centroamericanos. Ante una severa presión norteamericana, y con fuertes divisiones en el Gabinete, sobre todo entre Gobernación y Relaciones Exteriores, el “pase automático” de un año, con la posibilidad de libre tránsito, trabajo, seguro social, etc., fue cancelado. Algunos reportajes citan a centroamericanos revelando que ya no se entregan los documentos, pero obviamente nadie ha preguntado en las mañaneras o a los funcionarios responsables cuándo se clausuró el programa, por qué, y si se va a renovar. Los 500 migrantes que, según los reportes ya citados, dieron “portazo” en estos días lo hicieron justamente porque ya no les entregaban documentos.

El tercer dato importante y ausente en los medios y el debate en México involucra al programa Remain in Mexico o Permanecer en México. Este fue acordado por el canciller-designado y altos funcionarios estadunidenses durante una reunión en Houston en noviembre. No hay documento firmado; se trata de un convenio verbal, sujeto a interpretaciones diferentes por ambas partes. Según las versiones publicadas, México aceptó admitir que Estados Unidos devolviera a suelo mexicano a solicitantes de asilo en aquel país mientras se procesaran sus solicitudes (entre seis meses y un año de espera). Permanecerían en donde quisieran, aunque obviamente su preferencia serán las ciudades fronterizas, hasta que los llamen (quién sabe cómo) las autoridades norteamericanas.

Estados Unidos sostiene que el acuerdo contempla devoluciones en todos los puntos de cruce en la frontera (son 11); México contempla que primero será Tijuana, luego Piedras Negras, pero nada más. Estados Unidos pretende que el programa incluya a mujeres y varones solos y familias enteras; México alega que solo migrantes individuales. Existen varios desacuerdos adicionales sobre los términos acordados en Houston.

El hecho es que, tal como se pronosticó en varias fuentes, pocos días después de las primeras devoluciones en Tijuana, varias organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos demandaron a la administración Trump. En particular la American Civil Liberties Union interpuso una demanda ante un tribunal federal radicado en California el jueves pasado. Allí denuncia que el procedimiento de devolución viola el principio jurídico norteamericano de acceso a abogados, a debido proceso, la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y al derecho de asilo.

Pero también plantea que la devolución desconoce el principio fundamental del derecho internacional de asilo, a saber el non-refoulement, o no regreso a un país inseguro. Estados Unidos ha aceptado dicho principio desde 1951, y es evidente que Tijuana es todo menos una ciudad segura, para mexicanos u hondureños.

En pocas palabras, hoy, México se coloca del lado de Trump contra las principales organizaciones de derechos civiles de Estados Unidos, y varias asociaciones latinas. Sólo falta que entreguemos un amicus curiae a favor de Washington y contra ACLU.
20 Febrero 2019 03:38:00
¿No es para tanto?
La embestida del gobierno de López Obrador contra Guillermo García Alcocer, titular de la Comisión Reguladora de Energía, recuerda mucho la del Gobierno de Peña Nieto contra Ricardo Anaya. Con dos pequeñas diferencias: Anaya, como candidato presidencial, disponía de un arsenal de defensa mayor al de García Alcocer, pero lo que estaba en juego también era muy superior: la Presidencia de la República.

La semejanza de ambos casos es evidente. El Estado escoge a un adversario, por una razón u otra; utiliza todos su recursos para buscar posibles infracciones a la ley (de cualquier índole: fiscal, lavado de dinero, conflicto de interés); enuncia sus acusaciones en público, con la mayor difusión posible; una vez herida la presa, y obtenido el resultado esperado, se archiva/olvida/esfuma el expediente.

Se trata de la utilización del Estado para fines políticos de un gobierno. Van de por medio PGR (antes), SAT, Función Pública, Unidad de Inteligencia Financiera, y desde luego, los medios de comunicación estatales o afines al régimen. Es el más puro estilo priista de años anteriores, reproducido por Peña Nieto y ahora por López Obrador. No debe extrañar que el presidente actual no haya considerado que su predecesor intervino en el proceso electoral al atacar a Anaya. Hoy hace lo mismo con García Alcocer, y mantiene una innegable congruencia: no cree que la utilización del Estado para fines políticos sea indebido, a menos de que sea en contra suya.

La diferencia es que, si con Anaya el gobierno priista supuso, con razón, que nadie salvo sus adeptos lo defenderían, en el caso actual uno podría esperar que poco a poco entraran en juego defensas gremiales, políticas, institucionales y de simple decencia. Por desgracia, no es del todo el caso. A juzgar por las reacciones que ya se han dado (o más bien, no dado) en casos anteriores –por ejemplo, los ataques de Grupo Salinas contra Alejandra Palacios de la Cofece– el espíritu de cuerpo brilla por su ausencia.

He allí el meollo del problema. En los medios, en los entes autónomos, en las universidades, en ciertos círculos profesionales o de antiguos funcionarios, desde luego en las organizaciones no gubernamentales (ONG) o de la sociedad civil (OSC), se ha producido una reacción ambigua, aún tibia o atemorizada, ante los embates de la 4T. La comentocracia en general ha respondido bien a los ataques a terceros, aunque no necesariamente contra la ofensiva de anunciantes y medios contra ella misma. Pero hasta allí.

Los exfuncionarios no han recibido el respaldo de otros exservidores públicos. Los “autónomos” atacados no han sido objeto de defensa por parte de otros reguladores, consejeros, vicepresidentes o vicegobernadores. Las ONG que ya no van a obtener fondos públicos difícilmente obtienen el apoyo de las que sí, o del gremio como tal. Los medios “fifí” no son defendidos por los “no-fifí” o por los consorcios de mayores dimensiones y recursos.

No se trata del síndrome de Brecht o del Rey de Dinamarca, pero hay algo preocupante en este tipo de respuestas. Lo más grave es que se convierten en un gran aliciente para que la 4T siga adelante con su ofensiva. Si García Alcocer cae, se irán contra otros. Si los medios ceden al argumento del 53% o los 30 millones de votos, vendrá después la tesis del 80% de aprobación. Si la sociedad civil y los “expertos” no merecen ser tomados en cuenta, pronto seguirán los partidos de oposición, por ejemplo a la luz del resultado de la Guardia Nacional.

Los poderes fácticos no van a actuar por ahora. La nueva sumisión de los empresarios –atestiguada anteayer en el Salón de Tesorería– advierte que de allí no nacerá la resistencia. La vieja clase política se encuentra desacreditada y dividida. La Iglesia no peleará ni por lo suyo o los suyos. No queda más que confiar en un funcionariado, una intelectualidad, y un activismo de la sociedad civil que cometieron el error o bien de apoyar a AMLO en julio pasado, o bien de pensar después que no era para tanto. Sí es.
20 Febrero 2019 03:38:00
¿No es para tanto?
La embestida del gobierno de López Obrador contra Guillermo García Alcocer, titular de la Comisión Reguladora de Energía, recuerda mucho la del Gobierno de Peña Nieto contra Ricardo Anaya. Con dos pequeñas diferencias: Anaya, como candidato presidencial, disponía de un arsenal de defensa mayor al de García Alcocer, pero lo que estaba en juego también era muy superior: la Presidencia de la República.

La semejanza de ambos casos es evidente. El Estado escoge a un adversario, por una razón u otra; utiliza todos su recursos para buscar posibles infracciones a la ley (de cualquier índole: fiscal, lavado de dinero, conflicto de interés); enuncia sus acusaciones en público, con la mayor difusión posible; una vez herida la presa, y obtenido el resultado esperado, se archiva/olvida/esfuma el expediente.

Se trata de la utilización del Estado para fines políticos de un gobierno. Van de por medio PGR (antes), SAT, Función Pública, Unidad de Inteligencia Financiera, y desde luego, los medios de comunicación estatales o afines al régimen. Es el más puro estilo priista de años anteriores, reproducido por Peña Nieto y ahora por López Obrador. No debe extrañar que el presidente actual no haya considerado que su predecesor intervino en el proceso electoral al atacar a Anaya. Hoy hace lo mismo con García Alcocer, y mantiene una innegable congruencia: no cree que la utilización del Estado para fines políticos sea indebido, a menos de que sea en contra suya.

La diferencia es que, si con Anaya el gobierno priista supuso, con razón, que nadie salvo sus adeptos lo defenderían, en el caso actual uno podría esperar que poco a poco entraran en juego defensas gremiales, políticas, institucionales y de simple decencia. Por desgracia, no es del todo el caso. A juzgar por las reacciones que ya se han dado (o más bien, no dado) en casos anteriores –por ejemplo, los ataques de Grupo Salinas contra Alejandra Palacios de la Cofece– el espíritu de cuerpo brilla por su ausencia.

He allí el meollo del problema. En los medios, en los entes autónomos, en las universidades, en ciertos círculos profesionales o de antiguos funcionarios, desde luego en las organizaciones no gubernamentales (ONG) o de la sociedad civil (OSC), se ha producido una reacción ambigua, aún tibia o atemorizada, ante los embates de la 4T. La comentocracia en general ha respondido bien a los ataques a terceros, aunque no necesariamente contra la ofensiva de anunciantes y medios contra ella misma. Pero hasta allí.

Los exfuncionarios no han recibido el respaldo de otros exservidores públicos. Los “autónomos” atacados no han sido objeto de defensa por parte de otros reguladores, consejeros, vicepresidentes o vicegobernadores. Las ONG que ya no van a obtener fondos públicos difícilmente obtienen el apoyo de las que sí, o del gremio como tal. Los medios “fifí” no son defendidos por los “no-fifí” o por los consorcios de mayores dimensiones y recursos.

No se trata del síndrome de Brecht o del Rey de Dinamarca, pero hay algo preocupante en este tipo de respuestas. Lo más grave es que se convierten en un gran aliciente para que la 4T siga adelante con su ofensiva. Si García Alcocer cae, se irán contra otros. Si los medios ceden al argumento del 53% o los 30 millones de votos, vendrá después la tesis del 80% de aprobación. Si la sociedad civil y los “expertos” no merecen ser tomados en cuenta, pronto seguirán los partidos de oposición, por ejemplo a la luz del resultado de la Guardia Nacional.

Los poderes fácticos no van a actuar por ahora. La nueva sumisión de los empresarios –atestiguada anteayer en el Salón de Tesorería– advierte que de allí no nacerá la resistencia. La vieja clase política se encuentra desacreditada y dividida. La Iglesia no peleará ni por lo suyo o los suyos. No queda más que confiar en un funcionariado, una intelectualidad, y un activismo de la sociedad civil que cometieron el error o bien de apoyar a AMLO en julio pasado, o bien de pensar después que no era para tanto. Sí es.
15 Febrero 2019 03:36:00
El marxismo de AMLO y de la FCPyS
Todos somos productos de nuestros padres, infancia, educación, entorno y época. Todos cambiamos, y dejamos en el camino algunas creencias e ideas, y otras las conservamos, de manera más o menos consciente. Es tan injusto reclamarle a alguien el haber cambiado de convicciones o valores, como indignarse porque alguien de joven se identificó con tal o cual ideario o ideología, aunque después la haya descartado.

En las discusiones de café, de vodka y tequila, o de noches solitarias, entre colegas poco adeptos a la 4T, se repite un debate día tras día. Partiendo de la virtual unanimidad que impera en torno a la voluntad de López Obrador de acumular y concentrar poder, se siente una clara divergencia a propósito de las respuestas a una pregunta evidente: ¿Para qué?

La gran mayoría de los integrantes de la comentocracia anti-chairos responde que por el poder mismo. No detectan ni comprueban un proyecto radical (o no) de transformación de país o de régimen más allá de algunos lugares comunes, del clientelismo financiado por el presupuesto, de una cierta deriva autoritaria y de un nacionalismo exacerbado, más hacia adentro que hacia afuera. Un programa revolucionario, socialista, cardenista o siquiera de izquierda moderada brilla por su ausencia, en la opinión de este grupo de comentócratas o políticos en la banca o de plano jubilados, pero bien informados y con una larga experiencia.

Otros –una minoría entre la que me cuento– mira las cosas de manera diferente. Vemos un proyecto transformador con varias inspiraciones, sin una gran coherencia y en gran medida nefasto para el país, pero proyecto al fin. Las fuentes de inspiración, más allá de las evocaciones infantiles –Juárez, Madero, Zapata, etcétera.- son conocidas. Arrancan con una cierta lectura del cardenismo –sobre todo la de Arnaldo Córdova–; una nostalgia por el desarrollo estabilizador; la admiración por la edad dorada pre-neoliberal de Echeverría y López Portillo; y un marxismo aprendido en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en los años setenta, y en los discursos y la práctica de Fidel Castro.

Que todo esto constituya una mezcla ecléctica de ideas, tesis, lealtades y mitos es indiscutible, pero la coherencia no es necesariamente la clave de las ideologías, o de las creencias. Los colaboradores de AMLO dicen lo que él calla, pero piensa: Cuba es el modelo menos peor, o mejor, de logros mundiales en salud, educación, ciencia y tecnología, organización social, dignidad, etc. Y el marxismo es la teoría de esa práctica. Es el andamiaje conceptual del que se deriva el diagnóstico y el programa, el juicio de unos y otros y la explicación de lo que fue y lo que será. ¿Qué tipo de marxismo? El de la FCPyS de la UNAM de los años setenta.

¿De dónde saco tanta especulación? preguntarán algunos. Parte es de dominio público –el cardenismo de AMLO. Parte proviene de conversaciones y discursos del presidente a lo largo de los años– la admiración a Fidel Castro. Y otra parte, del regreso de lo sublimado, o le retour du refoulé, recurriendo a una jerga freudiana hecha famosa por Lacan, antes de que cayera en desgracia.

Entre sus diatribas más reveladoras de días recientes, AMLO se refirió a las ONG y la sociedad civil en términos despectivos e incluso ofensivos, en relación a la Guardia Nacional. En la versión de Milenio, dijo: “La llamada sociedad civil se ha dedicado a analizar la realidad sin transformarla”. En la transcripción de Reforma, denunció que “Los expertos y los de las organizaciones de la sociedad civil, no sé qué están pensando, porque ya basta de estar haciendo análisis de la realidad sin transformarla”. Más allá de la razón que pueda tener o no AMLO –creo que se equivoca– lo interesante es lo que revela esta declaración. A nadie de su edad y con un mínimo de cultura marxista se le escapa la referencia.

Entre las frases más conocidas –y más banales– de Marx figura la tesis número 11 sobre Feuerbach: “Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo”. López Obrador tal vez ni siquiera se enteró de la analogía, aunque se encuentre sólidamente anclada en su memoria inconsciente. Pero sus raíces marxistas de la FCPyS de los años 70 no mienten. De allí extrajo su lamento, crítica o reproche a las ONG. No invocó a otro pensador, a otro filósofo, a otra fuente. Brotó Marx. Mejor que otros, pero no sé si en la versión de la Facultad donde di clases 25 años. ¿Es el poder por el poder, o hay proyecto?
13 Febrero 2019 04:10:00
El estigma en manos de AMLO
Si viviéramos en un país serio, lo que hizo Andrés Manuel López Obrador hace unos días, en compañía de Manuel Bartlett, director de la CFE, sería duramente criticado por todos los sectores de la sociedad mexicana. Acompañó a Bartlett durante una presentación que no se había visto nunca en México, y que probablemente no se vería en ningún otro país democrático del mundo. Me refiero a la estigmatización que hizo un alto funcionario gubernamental de casi una decena de anteriores servidores públicos, de los últimos 30 años, por cumplir con la ley y ganarse la vida después de haber dejado el gobierno.

Algunos de ellos son queridos amigos míos; a otros no los conozco; y a algunos les tengo escaso afecto o respeto. No importa la personalidad de ninguno de ellos, ni siquiera el cargo que hayan ostentado durante su paso por la función pública. Existen leyes en México, buenas, malas o regulares. Mientras imperen, y alguien cumpla con ellas, no puede ser estigmatizado frente al presidente de la República; porque desde el momento en que sucede, es el presidente quien lleva a cabo la infamia. El colaborador, incluso alguien acostumbrado a la política de tumba y quema como Bartlett, desaparece en presencia del presidente. Esa presencia avala todo lo que dijo su colaborador.

La ley de México establece claramente que los funcionarios deben abstenerse, durante un año, de ser contratados para cualquier empleo en un sector en el ámbito de la función que ocuparon. Si alguien fue secretario de Turismo, no puede ser director de una cadenada hotelera; si alguien fue Secretario de Hacienda, no puede ser director de un banco (aunque al menos parece que algunos sí han violado esa disposición); si alguien fue secretario de Comunicaciones, no puede ser director de una telefónica; y así sucesivamente. Se escogió el periodo de un año por considerar que fuera a la vez lo suficientemente largo para cercenar cualquier vínculo de complicidad, y al mismo tiempo suficientemente breve para que el funcionario no tuviera que pagar un costo excesivo por haber sido… justamente funcionario.

López Obrador puede considerar que la ley existente no sirve. Para eso tiene mayoría en ambas cámaras; puede perfectamente mandar al Congreso una iniciativa de ley extendiendo el “periodo de veda” a 3, 5 o hasta 10 años si así lo desea. Los diputados y senadores de Morena lo votarán sin la menor duda. Luego se verá si eso, junto con otras muchas medidas, desalienta de manera cada vez más pronunciada el reclutamiento por el sector público de la gente más talentosa o bien preparada en México para puestos técnicos que no pueden prescindir de una determinada pericia. Pero en todo caso, esas serían consecuencias a largo plazo.

El presidente no puede estigmatizar a personas que han cumplido con la ley y considerarlos inmorales porque piensa que la ley que les permite hacer lo que hicieron es inmoral. Sabemos desde hace mucho tiempo, gracias a múltiples encuestas, que una mayoría de los mexicanos considera que si las leyes no son justas –podríamos sustituir la palabra inmorales– no deben ser respetadas. AMLO no sólo pertenece a esa mayoría, sino que apela a ella, a sus peores sentimientos, resentimientos, y a su profunda ignorancia de cómo funciona un estado de derecho.

En un país gobernado por el imperio de la ley, las leyes se respetan porque son leyes. Si son injustas o inmorales, deben ser cambiadas. Si no existen condiciones para cambiarlas, porque se ha caído en un régimen autoritario, se deben de buscar otras formas de cambiar, ya no la ley, sino el régimen autoritario. No es el caso en México ni hoy, ni cuando la ley actual fue aprobada. Es increíble no sólo que López Obrador haya hecho eso, sino que tantos sectores de la sociedad mexicana lo acepten sin chistar.

Muchas personas han dicho, en México y en el extranjero, que frente al tsunami, ya no electoral sino legislativo, retórico y hasta cierto punto práctico de López Obrador en el Gobierno, los sectores en México que pudieran oponerse a él no están haciendo su chamba. Creo que pocas ocasiones demuestran este hecho lamentable como el de la estigmatización de los nuevos funcionarios a los que nos hemos referido. Si el empresariado, la intelectualidad, la Iglesia, los gobiernos de países amigos, y distintos sectores de la clase política mexicana no morenista no alzan la voz, les tocará a ellos después. Los empresarios creen que con permanecer callados la van a librar; buena parte de la comentocracia y de los medios masivos de comunicación, también. La Iglesia ni se diga. Y la clase política brilla por su ausencia en este debate. Sólo acuérdense, a todos les va a tocar, si cuando les toca a unos nadie alza la voz. Suerte
11 Febrero 2019 03:50:00
Los ‘albergues’  de Piedras Negras
Hace unas semanas en este espacio y en otros comentarios, dentro y fuera de México, procuré explicar uno de los dilemas de la nueva política migratoria del gobierno de López Obrador en la frontera norte. Expliqué que los centroamericanos de hoy, y en particular los hondureños, no aspiraban a permanecer cerca de la frontera de México con Guatemala –como sus predecesores “chapines” en los años 80. Desean dirigirse a Estados Unidos, porque tienen familia allá, porque huyen en parte por circunstancias económicas adversas, y porque les aterra la perspectiva de verse hacinados en México.

Subrayé que por consiguiente, aunque se les dejara llegar hasta la frontera norte, con visas humanitarias y/o permisos de trabajo, su anhelo consiste en cruzar a Estados Unidos. Buscan lograrlo solicitando asilo en puntos de ingreso autorizados; por vías no autorizadas pero que de igual modo les permiten pedir asilo; o de plano adentrarse al interior o norte de Estados Unidos, sin preocuparse por el asilo.

Por lo tanto, argumentaba, no iba a ser sencillo resguardarlos en los albergues de Tijuana o de otras ciudades fronterizas. Menos lo sería cuando entraran a Estados Unidos, solicitaran asilo, y después fueran devueltos a México para esperar su audiencia. Concluí que iba a resultar necesario retenerlos por la fuerza en centros de detención mexicanos, impidiendo su salida con alambre de púas, torretas, guardias armados, etcétera. En buen alemán, campos de concentración. ¡Qué exageración!

Transcribo a continuación el reportaje del diario Reforma desde Piedras Negras el viernes 8 de febrero, página 12: “Desde su llegada a esta ciudad fronteriza los cerca de 1850 migrantes de la caravana permanecen dentro de las instalaciones de la exmaquiladora Macesa y sus salidas son controladas. Los centroamericanos cuentan en el albergue cuenta con servicios de agua potable, baños, regaderas con agua caliente, internet gratuito, tres comidas diarias, y un área común para deambular durante el día. Sin embargo, deben permanecer dentro de un perímetro delimitado por una barda de malla ciclónica con alambre de púas en la parte superior. Los migrantes son vigilados por militares y policías federales, quienes se mantienen de pie frente a la barda con equipos antimotines. Algunos centroamericanos obtienen permisos para salir a las cercanías de la exmaquiladora y comprar dulces, frituras, refrescos o cigarros ... En grupos pequeños, agentes de Fuerza Coahuila, quienes resguardan la valla dentro del albergue, permiten salir a los migrantes que ya consiguieron su permiso del Instituto Nacional de Migración. Quienes no cuentan aún con el documento deben pedir un permiso especial. Personal del INM, a bordo de una camioneta del instituto, los llevan a realizar trámites bancarios o a realizar compras en la ciudad”. Los comentarios sobran.

Desde hace unos días, circulan versiones en las redes sociales, incluyendo videos de agentes del INM en la frontera sur, que el programa de entrega de visas humanitarias concluyó. La furia del gobierno de Estados Unidos al respecto sería una de las razones por las cuales se haya clausurado, junto con la conciencia que cobraron las autoridades mexicanas que el universo de candidatos potenciales a la visa humanitaria era prácticamente infinito.

De modo que los hondureños que sigan llegando a la frontera norte, con o sin papeles mexicanos, permanecerán en los “albergues” de Piedras Negras u otros cruces fronterizos. Y no podrán salir de ellos sin documentos, cuya entrega ya se suspendió, aunque el Gobierno lo calle. ¿A que se parecen los albergues?
08 Febrero 2019 03:51:00
El huachicol internacional
Hace un mes escribí aquí que no me convencía la tesis gubernamental según la cual la declaración de guerra contra el huachicol y el consiguiente cierre de los ductos fue una decisión estratégica. Insinué que el desabasto generado por una mezcla de razones ideológicas, ineptitud del Gobierno entrante y sabotaje del saliente generaron el desabasto de gasolina, provocó la decisión de López Obrador sobre la guerra como cortina de humo. En ese momento casi nadie suscribía dicha tesis; hoy algunos la sostienen.

Hoy leo a varios colegas que o bien aprueban a secas la decisión del Gobierno de ir contra el huachicol, o aplauden el fondo, pero no las formas, o el “timing”, o la improvisación, o el precio a pagar. Aceptan que hay o había un “Pemex paralelo”, que el costo fue excesivo pero la estrategia fue la correcta. Dan por sentadas las premisas del Gobierno, de una manera que recuerda mucho la aceptación en 2007 de las premisas de la guerra de Calderón: la violencia había aumentado (falso); México se convirtió en un país consumidor de drogas (falso); los cárteles se habían apropiado una parte significativa del territorio nacional (incomprobable); de no hacer algo, México tendría pronto un narco-presidente (incomprensible).

En el caso del huachicol, sin embargo, existen dos métricas relativamente sencillas que nos permitirían saber con mayor precisión si nos hallamos ante un “peligro para México” y una amenaza para la “seguridad nacional”, o simplemente un costo de negocios. La primera abarca el factor tiempo.
La crisis actual, ¿es reciente o antigua? ¿Se remonta a varios sexenios, o sólo a la mitad del de Peña Nieto? La mayor parte de los datos sugieren que se trata de un fenómeno que adquirió dimensiones preocupantes apenas durante los últimos dos o tres años. No que antes no existiera, sino simplemente no significaba una perdida excesiva o inaceptable para Pemex.

¿Esto es cierto, o no?

En caso de serlo ¿que sucedió a partir de 2015 o 2016, digamos, que detonó el desastre actual? ¿Fue un cambio en Pemex? ¿O un cambio en el comportamiento del crimen organizado? ¿El sindicato se lanzó al negocio, y antes se abstenía de involucrarse en él? ¿El asunto creció al mismo ritmo en todo el país, o sólo en ciertos estados? ¿El Pemex paralelo surgió de la noche a la mañana, o fue paulatino su crecimiento?
Ahora bien, si aceptamos la tesis sugerida por el propio Gobierno cuando no despotrica contra todos sus predecesores sino sólo contra Peña Nieto, eso significa que hasta hace relativamente poco el huachicol no era un problema mayor para Pemex. ¿Que significa la palabra “mayor”? ¿Es un término absoluto o relativo? Esto nos lleva a la segunda métrica, más interesante que la primera.

Pemex no es, obviamente, la única empresa petrolera en el mundo. Ni siquiera lo es con sus características peculiares: de propiedad estatal, monopólica, en un país exportador y consumidor a la vez, en un país con tradiciones de corrupción, etc. ¿Cual es la merma promedio de robo de combustible y/o crudo en el mundo para empresas de esta naturaleza? ¿Es mayor o menor que la que padece Pemex? ¿Que Pemex hoy, o que Pemex hace tres años?

Los ejemplos son bien conocidos. En Argentina, YPF; en Brasil, Petrobras; en Venezuela, PDVSA, para empezar por América Latina. Si queremos otras empresas semejantes de países no ricos, está la National Iranian Oil Company y Pertamina en Indonesia. Como casos de empresas estatales públicas de países ricos en países pobres, tenemos a Total, Repsol o Equinor (ex-Staat Oil) en Nigeria, Gabón o Angola; empresas públicas en países ricos, están BNOC en el Reino Unido o la misma Equinor en Noruega. Un ejemplo de una empresa pública en un país en vías de desarrollo únicamente exportador es ARAMCO; ejemplos de empresas privadas en países pobres o ricos son Shell, Exxon-Mobil, Chevron o hasta cierto punto BP.
Para Pemex, es decir para el Gobierno de López Obrador, es relativamente fácil indagar cual es la merma promedio para cada una de estas categorías, ya sea como porcentaje del volumen de combustibles y crudos producidos, procesados y transportados, ya sea como proporción de las cifras de negocios (en dólares).
No todas las empresas las divulgan; no todas son comparables, pero resulta difícil creer que la única empresa petrolera en el mundo que sufre del equivalente del huachicol sea Pemex. ¿Qué tal si consiguen las cifras y nos dicen si los números mexicanos de hace un par de años y de hoy son mayores, menores o iguales a las de otros países análogos? Para por lo menos ir a la guerra con conocimiento de causa.
06 Febrero 2019 03:38:00
La movilización social que viene
En casi todas las experiencias de gobiernos de izquierda en América Latina, o en otras partes del mundo, figura una constante. Aunque lleguen al poder por la vía de un vasto movimiento popular, o simplemente como resultado de una elección, suele producirse después de su entronización un estallido de luchas sociales de todo tipo.

En Europa tendían a ser más bien de carácter obrero; en América Latina, obrero también pero junto con estudiantes, campesinos, marginados de las ciudades, etc. Los movimientos pueden anteceder el ascenso al poder, o ser el resultado del mismo, pero casi siempre aparecen. Muy rápidamente se extienden las luchas por reivindicaciones seculares en algunos casos, o más recientes pero no por ello menos sentidas y atendibles, en otros. Son reivindicaciones a la vez sensatas y comprensibles, pero también radicales, en ocasiones revolucionarias. Aumentos de salarios, tomas de tierras o de fábricas, demandas estudiantiles gremiales o existenciales, minorías oprimidas exigiendo derechos: son el pan cotidiano de la gestión de cualquier Gobierno de izquierda en cualquier país democrático del mundo.

A veces la coyuntura económica no se presta. Pero en otros casos, la percepción de la gente de que gracias a un nuevo gobierno vienen tiempos económicos mejores estimula a los movimientos sociales. Se cree que habrá mayor crecimiento, más empleo, mejores salarios y un gasto público superior. Razones de más para salir a la calle, o el equivalente.

El motivo de fondo de estos movimientos radica en una sensación de empoderamiento. Las “masas”, en la terminología marxista, sienten, con algo de razón, que por primera vez, el Gobierno de turno está de su lado; es su gobierno. Votaron por él, o lo llevaron al poder por otras vías, justamente por eso: para que tomara su partido en sus luchas cotidianas y perennes. Cuentan con el apoyo de su gobierno, y en muchas ocasiones lo recibe. Hasta que deja de ser posible ese apoyo para ese Gobierno.

En México algo por el estilo sucedió bajo el cardenismo, sobre todo entre 1936 y 1938. El régimen del General se colocó francamente del lado de los obreros y campesinos en sus luchas, y muchas fueron victoriosas gracias a ello. Hoy, algunos ven la coyuntura con ese mismo lente.

Sólo que, en México, nunca se puede descartar que cualquier movimiento social, además de responder a poderosas causas estructurales, también se deba a factores de otro tipo: provocaciones, manipulaciones, pugnas intestinas. A la larga, no importa. Cualquiera que sea el detonante del movimiento de los trabajadores de las maquiladoras en Matamoros, de la CNTE en Michoacán, del SITUAM en la Ciudad de México, una vez echado a andar, los orígenes se olvidan.

El hecho es que comenzamos, quizás antes de lo previsto, a atestiguar el inicio de una movilización popular bajo el régimen de Andrés Manuel López Obrador. No se trata del mismo fenómeno sobre el que hemos escrito en estas páginas: el síndrome del ala izquierda de un gobierno de izquierda. Esto es otra cosa. Más allá de la honestidad o del cinismo de ciertos grupos, la gente sí cree que este gobierno es suyo, que va a respaldarla en sus demandas, y que este es el momento de emprender luchas pospuestas o derrotadas desde tiempos inmemoriales.

El problema se plantea para el Gobierno: Allende con los mineros del cobre y del carbón, Thorez en Francia con los obreros de la Renault en 1946, Lula con el Movimento dos Sem Terra en Brasil. ¿Cómo apoyar a compañeros en luchas legítimas, con demandas válidas, que sin embargo pueden echar a bajo los mejores planes económicos, espantar a inversionistas o crear escaseces peligrosas?

Nunca existen buenas respuestas. La represión es impensable; el apoyo cuesta caro; las alianzas que se consolidan de un lado se pierden del otro. Veremos en las próximas semanas hasta dónde se extiende el movimiento incipiente que ha surgido de manera fragmentada durante estos días, y cómo responde López Obrador. Puede volverse uno de sus principales retos.
01 Febrero 2019 03:57:00
El ala izquierda
Parece que concluyó, por ahora, el movimiento de la Coordinadora (CNTE) en Michoacán. Las ferrovías bloqueadas se abrieron, los trenes varados arrancaron, y pronto su carga –autopartes, granos, gasolina, acero– llegará a su destino original. Los asuntos pendientes –plazas y pagos– se resolvieron como debe ser: con dinero. Enhorabuena.

Dicho esto, el feliz desenlace, a través del “diálogo” tan caro al Presidente, y sin represión –aborrecida por el mismo– no debe hacernos perder de vista un síndrome que volverá a surgir nuevamente, en repetidas ocasiones. Lo sugerí en un breve ensayo en la revista Nexos del mes de diciembre, a propósito de las enseñanzas para México que podían descubrirse en la experiencia de la izquierda latinoamericana. Se trata del dilema del flanco izquierdo.

Todo gobernante de izquierda (de derecha también, por cierto, pero no nos ocupa aquí) suele obedecer a dos reglas de oro: colocarse en el centro de su coalición o alianza, y evitar tener enemigos a su izquierda. Es una vieja tradición que se remonta por lo menos a la Revolución bolchevique, y que quizás abarque también a la Revolución francesa. Gobernar en el centro del conjunto de fuerzas significa que hay aliados a su izquierda y a su derecha; no tener enemigos hacia su propia izquierda significa jamás ser rebasado por fuerzas más radicales que el propio gobernante.

Lenin se colocó siempre en medio: contentaba a su derecha con la NEP (nueva política económica), a su izquierda con el apoyo a movimientos fuera de Rusia, o con el terror contra los “blancos”. Pero cada vez que surgía un brote radical, lo destruía; se puede leer todo esto en su famoso panfleto El izquierdismo: enfermedad infantil del comunismo. Frente a los social-revolucionarios, a los marinos de Kronstadt, al propio Trotsky en ocasiones, no mostraba clemencia alguna.

Huelga decir que Fidel Castro hizo lo mismo entre 1959 y por lo menos 1968, cuando ya el poder de la Unión Soviética en Cuba cambió los parámetros del juego. Desterró –por las buenas– a Ernesto Guevara; neutralizó a los conspiradores del PSP o Partido Comunista de la micro-facción de Aníbal Escalante; se mantuvo siempre en el centro de sus fuerzas, pero jamás toleró una disidencia de izquierda.

No quisiera dar la impresión de que coloco a la 4T en estos parajes. No se justificaría, y no lo merece, ni para bien ni para mal. Pero el hecho es que López Obrador sí conduce una coalición heterogénea, con una ala derecha y otra de izquierda, que no es fácil acomodarlas a ambas, y que al igual que muchos, sabe intuitivamente que el verdadero peligro para su proyecto yace en la izquierda, no en la derecha.

Conviene leer la coyuntura de la CNTE de esa manera. El ala izquierda de la 4T incluye a varios sectores: la CNTE; los castristas/chavistas/maduristas; las redes sociales; las estatólatras; probablemente algunos grupos estudiantiles en escuelas normales; los familiares de víctimas de los sexenios pasados. AMLO entiende –insisto, intuitivamente– que es su flanco más débil. Si se le sale de control, como fue en parte el caso de Salvador Allende con el MIR, parte del Partido Socialista, los cordones industriales de Santiago y las tomas de tierra, puede perderlo todo. Los tiene que atender, no reprimir, pero siempre controlar.

A la larga, sin embargo, deberá eliminar a algunos, por lo menos los más organizados, los más poderosos, los más “aventados”. Eso es la CNTE. No conozco a ningún dirigente –o militante de base– de la Coordinadora, pero si pudiera, le sugeriría releer la historia de la Revolución rusa para comprender lo que les va a suceder. Es una buena lección, que allí viene, en el momento menos esperado.
30 Enero 2019 03:57:00
El entorno de los frentes
Comenté hace un par de días en este espacio que se han abierto una multiplicidad de frentes en el país en tiempos recientes que quizás no habíamos atestiguado antes. Ninguno de ellos es inmanejable; no todos son culpa del Gobierno; es posible que ninguno de ellos se convierta en detonador de una crisis más importante. Pero sí es cierto que el entorno nacional e internacional en el cual estos frentes y los que siguen se abren pueda ser, ese sí, decisivo. Es tal vez lo que le pueda suceder al Gobierno de López Obrador.

Los indicadores adelantados de diciembre, más algunas otras señales ya de enero, incluyendo los estragos de la guerra del huachicol, sugieren un enfriamiento significativo de la economía mexicana.

Aunque el presidente diga que él tiene otras cifras y que va a sorprender a muchos, existen buenas razones para prever, como lo han hecho algunos bancos, algunas corredurías, y sobre todo algunos expertos en privado, que difícilmente creceremos más de 1.5% este año, o tal vez incluso apenas el 1 por ciento.

A los motivos internos de esta desaceleración –escasa inversión privada por compás de espera y/o temores; dificultades de arranque de cada sexenio en materia de gasto público; problemas serios con la inseguridad, la energía y la infraestructura– se suman elementos externos.

Simplemente por probabilidades, y la recurrencia de los ciclos económicos o de negocios, parece evidente que viene una nueva recesión norteamericana. Puede suceder en la segunda mitad de este año o la primera del año entrante, eso no lo sabemos. Pero de que viene, viene. Este enfriamiento de la economía norteamericana indudablemente afectará a la mexicana.

Sobre todo si a pesar de estas cifras poco alentadoras de Estados Unidos, la Fed decide seguir elevando las tasas de interés en aquel país, aunque sea con menor frecuencia y quizás menor intensidad que en el 2018. Habrá por lo menos un par de alzas este año, quizás una más.

Cada vez el Banco de México se verá obligado a hacer lo mismo. Sabemos que la apreciación del tipo de cambio no tiene nada que ver con la confianza en López Obrador –como dice el propio AMLO, pero esperemos que no lo piense–, sino con el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos. Esta permite un carry-trade muy jugoso para grandes cantidades de inversionistas de corto plazo, o traders. Pero cada vez que el Banco de México sube las tasas, contribuye ligeramente también a enfriar la economía mexicana. Entre más las suba, más se enfría. Entre más factores de enfriamiento, más frío.

La sociedad mexicana no tiene una meta de crecimiento de la economía que le guste o le disguste. No espera más de un crecimiento de 2.5% que de 1%. Pero sí espera lo que viene junto con el crecimiento económico: un aumento del empleo, un aumento de los ingresos, un aumento de la recaudación del Gobierno, y un aumento del gasto público, sobre todo en temas sociales, educación, salud, vivienda, etc.

Nada de esto va a suceder con un crecimiento de 1%. Para algunos de los mexicanos más desfavorecidos, los que ganan el salario mínimo, el Gobierno ya tuvo la acertada medida de elevarlos, en todo el país, y en particular en la zona fronteriza.

Para algunos otros sectores poco beneficiados por el raquítico y móndrigo estado asistencial mexicano –los “ninis”, los adultos mayores, los preparatorianos, los discapacitados– habrá también un cierto alivio. Pero para la inmensa mayoría de los mexicanos que viven de su salario, y de un salario magro incluso con criterios latinoamericanos, el crecimiento es el único factor que importa. No lo habrá este año, y posiblemente tampoco el año entrante.

Este es el verdadero reto que enfrenta López Obrador. Todo lo demás es manejable, hasta cierto punto, incluso si se siguen juntando frentes abiertos.

Su buena suerte y su habilidad le pueden ayudar a sortearlos. Pero contra un crecimiento de menos de la mitad del promedio de los últimos 25 años, no podrá gran cosa. Y cuando esto se sienta, se va a sentir también el enojo de la gente.
28 Enero 2019 03:56:00
La guerra en múltiples frentes
Veo la primera plana de mi periódico Reforma el sábado, recorro la enmagrecida primera sección del diario, y me preguntó en términos churchilianos: ¿Como le ha hecho la 4T para abrir tantos frentes de tanta dificultad en tan poco tiempo? Muchos de su propia confección, otros ajenos a su voluntad y control, pero todos simultáneos, complejos y preñados de peligro.

Empiezo el recuento, sin seguir la secuencia o jerarquía de Reforma. La refinería de Salamanca sigue cerrada, el desabasto persiste en el centro y el occidente del país, la explosión de Tlahuelilpan aún no tiene responsables y la guerra del huachicol no va a ningún lado, si a detenidos y procesados nos atenemos. Se repiten las perforaciones o sabotajes de ductos, y los consiguientes cierres. El número de muertes sigue creciendo.

Así como lo advertimos hace unos días en este espacio, la huelga en más de 40 maquiladoras se mantiene en Matamoros. Los casi 40 mil trabajadores piden un incremento salarial de 20% y un bono de 32 mil pesos. Varias empresas han cerrado, otras comienzan a aceptar las demandas de los trabajadores –más justas, imposible– y otras resisten. Todas piden la intervención del Gobierno que obviamente no sabe cómo proceder. Quisiera apoyar a los obreros, que sólo reclaman una parte del incremento que recibieron los que ganan el mínimo. Pero teme que de tener éxito la huelga, se pueda extender como polvorín por la frontera, sobre todo a las grandes ciudades: Juárez, Mexicali y Tijuana.

Hablando de Tijuana, la embajada de Estados Unidos anuncia que a partir del lunes se iniciarán las devoluciones de hondureños que solicitaron asilo y que esperarán su proceso y audiencias en México. La Cancillería responde que se trata de una decisión unilateral norteamericana, pero que igual la acepta por “razones humanitarias”. Todos critican a Trump y a su “nbf” por violar el derecho internacional de refugiados. El alcalde de Tijuana declara que no tiene recursos para atender a miles de centroamericanos durante meses o años.

En Michoacán se eterniza el bloqueo por la Coordinadora de la vía férrea de Lázaro Cárdenas al norte y al oriente. Enormes cantidades de automóviles, granos, productos de acero y otros insumos se encuentran paralizados. El Gobierno federal ofrece algunos recursos, la CNTE los rechaza, y el Gobierno de Michoacán pide que López Obrador desaloje las vías. Este último sugiere el diálogo.

Tratándose de diálogo, la crisis venezolana se agrava, y México se encuentra sólo promoviendo un diálogo que la oposición rechaza y que nadie más promueve. Salvo Uruguay, con un gobierno decente y progresista, por desgracia preso de la inteligencia cubana y venezolana por los negocios del hijo del presidente Tabaré en Venezuela. Media comentocracia denuncia la pasividad y la ingenuidad de Ebrard y de AMLO; los defienden los chairos en las redes sociales.

Volviendo a Centroamérica, avanza la nueva caravana, compuesta por unos 7 mil 500 migrantes debidamente registrados ante la autoridad mexicana, y unos mil 500 a 2 mil por la libre. Todos, parece, quieren ir a Estados Unidos, a pesar de los ofrecimientos de trabajo y atención por el Gobierno de México. De confirmarse esa tesis, pronto se sumarán a los centroamericanos que ya se encuentran en Tijuana.

Si a estos retos, en parte auto-infligidos, le sumamos uno ajeno por completo a la 4T, pero que le toca –a saber, la muerte de los Moreno Valle en el helicóptero– vemos que no son pocos los frentes de combate en curso. Algo así como el sitio de Leningrado, y la batalla de Stalingrado, al mismo tiempo. Ninguno es mortal, y todos se resolverán con el tiempo.

Pero vale la pena formularse la siguiente pregunta: ¿son los estragos inevitables de la curva de aprendizaje? ¿O hay algo más de por medio, menos evidente? ¿Son una predilección del Presidente, o un estilo personal de gobernar?
25 Enero 2019 03:55:00
Empieza la devolución de hondureños
Hubiera preferido dedicar esta columna a la aberrante posición de México ante la crisis humanitaria, de derechos humanos, y regional en Venezuela. Me parece que no podemos insistir demasiado en el enorme error de lectura histórica de la política exterior mexicana, de equivocación política y de ceguera moral, que comete el Gobierno de López Obrador, sólo por afinidad política e ideológica disfrazada de principismo no intervencionista, afán mediador, y desinterés. Pero otro tema me preocupa más hoy.

El día de ayer la agencia Reuters, en un cable fechado en CDMX y divulgado a las 2:15 de la tarde, informa que hoy mismo comienzan las devoluciones/deportaciones/remociones a México de solicitantes de asilo centroamericanos en Estados Unidos.

Según la agencia, el acuerdo llamado Permanecer en México –Remain in Mexico–, que no había sido puesto en práctica desde que se anunció hace ya casi dos meses, empezó el día de ayer, después de un par de reuniones de alto nivel entre funcionarios mexicanos y norteamericanos. Como se sabe, este fue el resultado de las negociaciones del equipo entrante de AMLO, incluso antes del 1 de diciembre, y el Gobie-rno de Trump.

La lógica de la negociación fue siempre la misma: ¿De qué manera puede Méxi-co ayudar a Estados Unidos con el tema de las decenas de miles de solicitantes de asilo centroamericanos que no caben en las instalaciones existentes en Estados Unidos y que por lo tanto obligan al Gobier-no norteamericano a liberarlos mientras se celebran las distintas etapas de su proceso?

Más allá de si ese acuerdo es el equi-valente de facto de Tercer País Seguro, lo importante ahora es entender qué va a suceder con esta infame concesión mexicana, y en particular, qué va a suceder con los hondureños en Tijuana.

El mecanismo es sencillo. Todos los días cruzan la frontera un número determinado de solicitantes de asilo, pasan su primera entrevista en la que sólo deben demostrar un temor creíble por su integridad en su país. Las autoridades norteamericanas toman nota, si es posible les dan una fecha para una entrevista en profundidad, y los devuelven a México. En México esperarán los días, semanas, meses o incluso años, que separen esta entrevista de la definitiva. Solamente al 10 a 15% de los solicitantes se les otorgará asilo.

El Gobierno de AMLO tal vez pensó que Trump no insistiría en este acuerdo, pero parece no haber contado con un dato fundamental. Trump sí cree que llegó a un acuerdo cerrado, firme y claro con México para que aceptara el envío de esos hondureños a México después de su primera entrevista, y que permanecieran aquí hasta que se resuelva su caso.

Esta posición mexicana viola el derecho internacional humanitario, al aceptar en los hechos lo que es un semi-refoulement, el sentido común y probablemente el derecho norteamericano. Sobre el semi-refoulement no hay mucho que decir: la costumbre es que ningún país puede o debe devolver a otro país, sea el de origen o no, a alguien que solicita asilo. Debe poder esperar la definición de su caso en el territorio donde solicitó asilo.

En cuanto al sentido común, ninguna persona sensata puede creer que los hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, cubanos y demás, se encuentran en una situación que proteja su inte-gridad mientras vivan en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa o Matamoros. Son algunas de las ciudades más peligrosas e inseguras de México, en el momento de mayor inseguridad de la historia reciente del país.

En cuanto al derecho norteamericano, en efecto, pocas horas después de que el primer hondureño sea devuelto a México, la American Civil Liberties Union (ACLU) interpondrá un recurso ante un tribunal federal norteamericano, probablemente el del noveno circuito en San Francisco, para prohibir dicha devolución, ya que viola una serie de derechos constitucionales en Estados Unidos. No hay mayor duda de que por lo menos durante el tiempo que tarde la justicia norteamericana en resolver el caso, habrá una suspensión provisional que impida la deportación a México. Algunos dicen que esta fue una gran maniobra, mañosa y hábil, de Ebrard para, por un lado, quedar bien con Trump al conceder todo, pero al mismo tiempo no incurrir en ningún despropósito ya que el acuerdo no se cumplirá: No se puede descartar esta hipótesis, pero es más probable que simplemente sea consecuencia de la nueva política exterior de AMLO con relación a Estados Unidos: no pelearse con Trump por ningún motivo, en ningún momento, en ninguna parte. Salvo Venezuela.
23 Enero 2019 03:55:00
La militarización del Senado
Surgen versiones de que las comisiones pertinentes del Senado comenzarán la discusión sobre los cambios constitucionales que requiere la Guardia Nacional de López Obrador, antes de que empiece la sesión ordinaria de la Cámara alta. Por un lado, revisarán la minuta que les envió la Cámara de Diputados; asimismo, los senadores agregarán o suprimirán partes del proyecto inicial enviado por el Ejecutivo. Parece que Morena tiene prisa.

Se entiende. El numerito de la militarización se le puede caer por varias razones. Insistiré en dos. En primer lugar, la expansión de las funciones del Ejército y su singular incapacidad de asumirlas todas comienza a volverse evidente. Podemos enumerarlas: construir el aeropuerto de Santa Lucía; crear un fraccionamiento de lujo en Santa Fe; resguardar las instalaciones petroleras y en particular las refinerías y revisar la entrada y salida de combustibles o de las mismas; contratar a 2 mil conductores de las nuevas pipas que se van a comprar en Nueva York para sustituir por un tiempo la distribución de combustibles por ductos; seguir adelante con el combate al narcotráfico; y por último, crear y crecer la Guardia Nacional bajo mando militar (lo de mixto es una payasada), incluyendo el entrenamiento, el reclutamiento y las compras de material para la misma.

Este cúmulo de responsabilidades se produce en el contexto del desempeño del Ejército en la tragedia de Tlahuelilpan. Como ya lo reconoció el Gobierno, transcurrieron casi cinco horas entre el momento que una patrulla militar detectó la fuga y la llegada de los primeros pobladores y el aviso de ambos hechos a Pemex, y cuando tuvo lugar la explosión. Durante esas cinco horas, el Ejército no fue capaz de enviar un número suficiente de refuerzos, o de controlar a la multitud con menos efectivos, ni de echar a andar un protocolo no dentro de Pemex sino en la Sedena. Seguramente el Gobierno y sus aliados en el Congreso comprenden que el caso político –no de popularidad– de seguir entregando poder y responsabilidad a unas Fuerzas Armadas que cada día se enfrentan a una nueva crisis, se puede ir debilitando.

En segundo término, la ecuación política en el Senado se puede complicar. Los lectores recordarán cómo el PRI salvó a la Guardia Nacional militarizada en la Cámara de Diputados; sin sus votos, no pasaba. La situación en la otra Cámara es más complicada. Se rumora que los 12 senadores priistas –igual de cruciales que sus colegas diputados– no aceptan la simulación del mando mixto: o es únicamente civil, sin ningún vínculo con Sedena, en cuyo caso votarían a favor, o de lo contrario lo harían en contra. Por diversas razones, los senadores priistas parecen tener más espina dorsal que sus correligionarios. Además, para quienes deseen cabildearlos, resulta más fácil hacerlo con una bancada más pequeña y probablemente más unida. De tal suerte que el tiempo también puede operar en contra de las prisas de Morena en este caso.

Durante muchas décadas, la clase política mexicana, incluyendo a muchos de los integrantes de primer nivel de la 4T, le dio dinero y prebendas al Ejército para no darle poder. López Obrador está actualmente violando este precepto consustancial de la política mexicana desde los años 30. Su instinto para la opinión pública ha sido infalible hasta ahora, pero es difícil saber si resultará igual de fino en asuntos más sustantivos. Antes, AMLO le reclamaba a Calderón de haber pateado el avispero del narco. Hoy lo hace él mismo con las Fuerzas Armadas. Puede ser un peligro para México, este sí.
21 Enero 2019 03:55:00
Las explicaciones de la tragedia
Las escenas estrujantes de Tlahuelilpan nos acompañarán durante muchos años; no hemos visto nada en este país de dolor y tragedia semejantes desde hace mucho tiempo. La especulación y debate también nos perseguirán por un largo rato, siempre con la idea subyacente que el desastre se hubiera podido evitar. Como en tantos otros casos, probablemente nunca sabremos todo o siquiera lo esencial; pero a diferencia de tragedias pasadas, contamos con más información casi en tiempo real, que nos ayuda a compartir el duelo de los familiares de las víctimas y a conocer con mayor precisión lo que sucedió.

Me remito a dos medios extranjeros, aunque con cada vez mayor presencia mexicana, para matizar las explicaciones ofrecidas por el Gobierno desde el viernes en la noche: El País y The New York Times. En dos puntos especialmente sensibles, proporcionan información, a través de entrevistas y razonamientos basados en ellas, que cuestionan algunas de las tesis fundamentales del régimen.

El País coloca al centro de su cobertura del domingo el papel del Ejército. Cito: “Esa boca (del lobo) se abrió hacia las 2 de la tarde. Un soldado de 34 años, que no quiere revelar su nombre, asegura que a esa hora la patrulla del Ejército a la que pertenece, de tres vehículos y 25 militares, descubrió a unas pocas personas ordeñando la gasolina del ducto... El soldado asegura que al poco llegar, comunicaron la situación a Pemex. Esta versión difiere de la oficial, que sitúa la llegada del Ejército después de las 5 de la tarde. Poco después de la patrulla, comenzó a llegar la gente.”

Si la primera patrulla llegó a las 2 de la tarde, avisó a Pemex, y la explosión tuvo lugar a las 18:50, esto significa que el Ejército dispuso de cinco horas a partir del momento en que fue notificado Pemex del derrame o chorro. Estando la refinería de Tula a 13 kilómetros, custodiada por el Ejército, no parece una tarea titánica mandar 200 o 300 refuerzos al sitio en cuestión en pocos minutos. A menos de que se piense que el Ejército carece de capacidad de despliegue rápido, o de entrenamiento en control de multitudes. En cuyo caso, aguas con la Guardia Nacional.

The New York Times cita a varios pobladores de la zona en una versión que también parece contradecir la del Gobierno: “Los residentes que se aglomeraron en el lugar de la explosión el sábado dijeron que si bien el oportunismo condujo a algunos a abalanzarse sobre la ordeña ilegal del ducto el viernes, muchos otros fueron motivados por la escasez generada por la embestida del Gobierno contra el huachicol. Los pobladores, dijeron, estaban desesperados buscando gasolina para su uso personal. “De no haber habido una tal escasez, esta tragedia no hubiera sucedido y gente inocente no hubiera muerto, dice Raúl Linares, un campesino. La gente no tenía cómo desplazarse, cómo ir a su trabajo... Estamos de acuerdo con combatir el robo de combustible, pero no de esta manera porque somos nosotros los que al final pagamos el precio”.

El diario neoyorquino cuestiona así la explicación tácita y explícita dada por López Obrador y su gabinete. Los pobladores estaban necesitados, dicen. Obligados a robar combustible por la pobreza, dicen. Sin oportunidades, dicen. Pero si fueron a buscar gasolina bajo un peligro extremo debido al desabasto de gasolina en Tlahuelilpan desde hace 15 días, y la necesitaban para sus vehículos de trabajo o de labor agraria, son dos explicaciones distintas.

Si fue la segunda, la explosión y la tragedia es directamente resultado del desabasto provocado por la guerra de López Obrador, no por la pobreza. Sin guerra ni escasez, habrían podido comprar gasolina en las gasolineras, o al huachicol que la vende más barata, pero se encarga de ordeñarla en condiciones de relativa seguridad. ¿Quiénes eran los portadores de bidones, garrafones, cubetas y jarras? Los sobrevivientes ¿qué dicen? Pusieron sus vidas en peligro para revender gasolina, debido a su pobreza extrema (20 pesos el litro, 200 pesos por 10 litros), o a su imperiosa necesidad de abastecerse para ir al trabajo, a la escuela, etc.? Seguramente los medios mexicanos nos informarán al respecto en las próximas horas.
18 Enero 2019 03:58:00
¿Abstención en Matamoros?
Ya sabemos que la denominación “Gobierno de izquierda” no le queda demasiado bien al de la 4T. Desde la campaña nos enteramos de que no aumentaría impuestos para financiar sus programas sociales o de infraestructura, a diferencia de todos los gobiernos progresistas y democráticos de la historia reciente en el mundo. También comprendimos, con la Guardia Nacional, que no sólo decidió perseverar en la guerra de Calderón y Peña Nieto contra el narco y el crimen organizado, sino que pretende hacerlo militarizando aún más el aparato de seguridad del país. Optó por entregarle enormes cantidades de dinero y poder a unas fuerzas armadas poco aptas para recibir ambos.

Ahora, en Matamoros, veremos si el Gobierno de López Obrador es capaz de cumplir con una de las misiones fundamentales de cualquier “Gobierno de izquierda”: colocarse del lado de los trabajadores en un conflicto laboral casi procedente de “central casting”. Se trata del paro o huelga de labores de miles de obreros de la industria maquiladora de esa ciudad fronteriza. Unos 30 mil empleados de 42 o 45 plantas de ensamble en Matamoros exigen un aumento de 20% al salario, así como un bono de compensación en su nuevo contrato colectivo.

Respaldan sus demandas en una medida aplaudible del Gobierno de López Obrador: duplicar el salario mínimo en la frontera, o en la mal llamada “zona libre” del norte. Aunque el salario mínimo no se fija por negociaciones entre obreros y empleadores sino a través de la Comisión Nacional, y además se eliminó cualquier elemento jurídico de indexación desde hace un par de años, los trabajadores afirman algo muy sensato. Si las condiciones de vida en esa región ameritan un incremento de 100% del mínimo, un aumento de 20% para quienes no suelen ganar mucho más que 2.5 o 3 mínimos no parece exagerada.

La patronal obviamente no acepta, por lo menos en primera instancia. Es posible que el conflicto se resuelva para el 19 de enero, sin que la huelga haya durado más que unos días. Es factible también que las amenazas de despidos y represión no se cumplan. Pero preocupa que “(el diario) Reforma pidió a la STPS su postura sobre el conflicto y no hubo respuesta”. ¿Cuál es su posición?

Los salarios de miseria -mínimos o no- que imperan en México tienen muchos orígenes. Parte ha sido la política económica desde mediados de los años 80. Otra parte proviene de la decisión de competir en el mundo a través de bajos salarios. Pero sin duda la debilidad del movimiento obrero mexicano constituye uno de los elementos explicativos. El debilitamiento de los sindicatos independientes, la perenne corrupción de los sindicatos charros y el andamiaje jurídico y burocrático de la administración de las relaciones laborales en el país han contribuido en alguna medida.

Si se busca elevar los salarios en general en el país, y no sólo los mínimos, no hay manera de hacerlo sin sindicatos fuertes, combativos, honestos y que recurran cuando es necesario a su arma de combate por excelencia: la huelga. A lo largo de los últimos 10 o 15 años, se han producido cada vez menos huelgas en el país, y las pocas que ha habido parecían tener una motivación más bien política que de otro tipo. No hay elevación de salarios posibles sin un movimiento obrero combativo, y no hay combate obrero sin huelgas.

La gran pregunta entonces es si el Gobierno se va a colocar del lado de los trabajadores de Matamoros, de sus sindicatos que acaban de derrocar a un líder según ellos corrupto y vendido, o si va a hacerse tonto poniendo en práctica su política de no intervención, o la abstención, que parece que está muy de moda hoy en la 4T.
16 Enero 2019 04:59:00
Nueva Caravana
De acuerdo con versiones de prensa de Centroamérica, de México, y del propio Donald Trump, ya viene una nueva caravana. Partirá hoy o mañana de San Pedro Sula, como la anterior. Probablemente llegue a la frontera de Guatemala con México el 19 de enero, fecha de la que tenía cierto conocimiento el Gobierno de López Obrador. Arribará a alguna ciudad de nuestra frontera norte unos 10 días después, cuando pondrá a prueba a ese gobierno, y a sus nuevos acuerdos con Trump.

Hay versiones encontradas, entre los integrantes de la nueva caravana, así como entre los gobiernos afectados y los medios a propósito de los resultados de la anterior, y de las motivaciones de la siguiente. Aunque las autoridades hondureñas, mexicanas y norteamericanas han insistido que la de octubre y noviembre fue un fracaso, ni es del todo cierto, ni lo creen los nuevos argonautas. No sabemos a ciencia cierta cuántos migrantes, del total que llegaron a Tijuana, pudieron pasar a Estados Unidos, pero parece que sobre todo en días recientes, la cifra es relativamente elevada. El caso emblemático es de la señora Rosa Meza, la mujer con dos infantes que fue fotografiada cruzando el Río Tijuana cuando un gran número de hondureños intentó dar portazo a San Ysidro en diciembre. Un par de semanas después, apareció Rosa Meza en otra foto, ahora en Los Ángeles, con familiares, habiendo entrado a Estados Unidos en compañía de dos congresistas y pudiendo esperar su audiencia de asilo dentro de territorio estadunidense.

A partir del cierre parcial del Gobierno federal norteamericano, el número de agentes de la Patrulla Fronteriza, de empleados de vw wcentros de detención y de jueces de migración ha bajado de manera considerable. Ante esto, muchos solicitantes de asilo han ingresado a Estados Unidos, han sido entrevistados y posteriormente liberados bajo palabra en espera de su siguiente entrevista. Sólo en El Paso, hace unos 10 días, CBP “soltó” a 500 migrantes en plena ciudad. De confirmarse todo esto, las versiones mexicanas y hondureñas según las cuales sólo un pequeño porcentaje de los integrantes de la caravana ingresó a Estados Unidos resultarían falsas. Al contrario, una buena proporción de los 7 a 8 mil que arribaron a Tijuana habrán ya entrado a territorio norteamericano, y muchos más estarían en puerta de hacerlo. En cambio, el número de repatriados o de solicitantes de asilo en México se antojaría menor.

Pero además, los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos que se unan a esta nueva caravana, no necesariamente saben o quieren saber la verdad empírica o incluso científica de los resultados de la caravana anterior. Si se corrió la voz de que un buen número de los que partieron en octubre tuvieron una suerte mejor que la que les departía su permanencia en sus propios países, ese es motivo suficiente para sumarse a este nuevo esfuerzo. Por algunas versiones de prensa, parece ser que esa es la opinión de muchos de los que se han empezado a acercar a la caravana que sale en estos días de San Pedro Sula.

Cuando lleguen a la frontera de México con Estados Unidos, y Trump siga exacerbando los sentimientos xenófobos y racistas de su base, mostrando esta caravana como la más grande en la historia de la humanidad, veremos si los acuerdos a los que llegaron López Obrador y Ebrard con él funcionan. Como se sabe y se ha escrito muchas veces en esta página, se trata de que los hondureños sean entrevistados en Estados Unidos y luego devueltos a México, donde esperarían su segunda entrevista y su audiencia relativa a la solicitud de asilo que presentaron. Es, como ya se ha dicho también, una versión de facto de un acuerdo de Tercer País Seguro. Todo indica que hasta ahora no ha funcionado el acuerdo anunciado por el gobierno de México desde principios de diciembre. Pero todo sugiere también que Trump que da por hecho que López Obrador va a respetar ese acuerdo.

Muchos pensamos que es inaceptable para México por principio, pero que también resultará tóxico para un gobierno que se vanagloria de ser de izquierda, humanitario, y tratar de respetar los derechos humanos. Veremos si México respeta lo que Trump entiende por esos acuerdos, o cómo reacciona Trump si resulta que México no respeta los acuerdos que él pensó que había logrado con su vecino del sur.
14 Enero 2019 03:58:00
La tormenta perfecta de Pemex
Pemex se encuentra en dos vértices de la actividad política de los últimos días. Por un lado, su Chief Financial Officer, Alberto Velázquez García, acompañó al secretario de Hacienda en su roadshow en Nueva York la semana pasada. Por el otro, la crisis de abasto de gasolina y la supuesta guerra al huachicol, pone a Pemex en el centro de un enigma: ¿que vino primero? ¿el desabasto, o la guerra?

El plan de negocios presentado por Pemex en Nueva York fue rechazado por los inversionistas. El rendimiento del bono de 2027 subió 48 puntos base, lo cual significa que el valor del bono bajó. Pero sobre todo, varias corredurías filtraron sus impresiones sobre la presentación de Velázquez García, entre otras cosas por las faltas de ortografía en inglés y su propio dominio defectuoso del idioma.

Haciendo a un lado las connotaciones clasistas y hasta posiblemente racistas de estas apreciaciones, el reto es mayúsculo.

Un ejemplo del problema del idioma en la presentación escrita de Pemex aparece en la cuarta lamina: “Pemex holds the right to exploit approximately 90% of Mexico’s hydrocarbon proved reserves”. Es un hispanismo; el término correcto, en inglés, es “proven”. No es grave, pero es muy fácil de evitar. Las demás faltas, también. No tiene nada de malo que el CFO de una empresa del tamaño de Pemex no hable inglés correctamente; para eso hay intérpretes. No contrató a ninguno.

Circula en muchos círculos, tanto en México como en Estados Unidos, una versión alternativa de la guerra contra el huachicol. Es sobre todo producto de un cambio de secuencia, y de factores causales. La hipótesis, que hago mía, es que primero vino la decisión presidencial de suspender las importaciones de petróleo crudo ligero, que se mezcla, sobre todo, en la refinería de Tula, con el pesado mexicano Maya.
Por razones ideológicas, anímicas, históricas y ecológicas, López Obrador tomó la decisión a finales de noviembre y principios de diciembre de reducir dramáticamente, como informó The Wall Street Journal, las importaciones de crudo ligero. Se refinaba principalmente en Tula.

Asimismo, por otros motivos, el suministro del aditivo MTB-I o E a la refinería de Salamanca se suspendió también en esas fechas, de tal suerte que para mediados de diciembre tanto Tula como Salamanca se encontraban cerradas. Para la tercera semana de diciembre, se vislumbraba una situación crítica de desabasto, y fue esa la que provocó la decisión del cierre de ductos y de echarle la culpa de todo al huachicol, o la guerra contra el mismo.

Primero vino el desabasto, por razones políticas; después la decisión de la guerra y el cierre de ductos, improvisada y precipitada.

Una vez cerrados los ductos, también se produjo un desabasto de gasolinas, por la dificultad de descargar las entregas en los puertos del Golfo, pero también por una decisión de AMLO. Los medios extranjeros informaron debidamente de la cantidad de buque tanques varados en Tuxpan y Coatzacoalcos.

En esta hipótesis, la guerra contra el huachicol se adelanta como cortina de humo; no por valentía, combate a la corrupción ni nada por el estilo. Se parece mucho a la guerra de Calderón contra el narco: la violencia no provocó la guerra; la guerra provocó la violencia. Aquí, el desabasto provocó la guerra; la guerra no ha sido un costo inevitable y aceptable de la guerra.

De confirmarse esta hipótesis, el fin de la crisis no es inminente.

Puede tardar varios días, si no es que semanas. Quizás por ello, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México sugirió –no impuso– un método más eficiente para que cada capitalino se abastezca de gasolina.

Los que tengan engomado de verificación de color azul, podrían cargar el lunes; los de amarillo, el martes, los de rosa, el miércoles, y así sucesivamente. Se evitarían colas excesivas, demoras eternas, y posibles roces entre consumidores exasperados.

En buen castellano, sin anglicismos, esto se llama racionamiento. Existe en Cuba desde los años sesenta, y es mucho más justo que el orden que impone el mercado. No muy eficiente y moderno, que digamos.
11 Enero 2019 04:00:00
La GN, la militarización y el mundo
La semana entrante habrá periodo extraordinario de la Cámara de Diputados para aprobar los cambios constitucionales necesarios para crear la llamada Guardia Nacional de Andrés Manuel López Obrador (también para la nefasta prisión preventiva oficiosa). Si el Gobierno y Morena logran reunir los votos necesarios en la Cámara baja, darán un paso importante hacia la militarización de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, pero no un paso definitivo.

Faltará el Senado, que no está convocado para un periodo extraordinario, por una sencilla razón: por el momento, López Obrador y Morena no cuentan con los votos suficientes para alcanzar la mayoría calificada. PAN, PRI, PRD y MC cuentan, por ahora, con los 43 senadores necesarios para bloquear el cambio constitucional.

Si bien algunos juristas expertos consideran que podría la 4T seguir adelante sin cambiar la Constitución y crear la GN por sus pistolas, esto parece difícil políticamente hablando, al día de hoy. Más bien buscarán como conseguir los cinco o seis senadores faltantes a través de gobernadores, maletines o amenazas, o cualquier combinación de estas viejas y eficaces mañas que existen en todos los países democráticos del mundo. Pero hoy, no están los votos, y por eso tiene sentido seguir peleando para evitar la bien llamada militarización.

Uno de los argumentos más novedosos que he leído al respecto se encuentra en el ensayo de Víctor Manuel Sánchez Valdés, de la Universidad Autónoma de Coahuila, en la edición digital de la revista Nexos: “Seguridad Pública en el Mundo: ¿quién está al mando?” (
https://seguridad.nexos.com.mx/?p=1184).

El autor desarrolla dos tesis sencillas y contundentes. La primera es obvia, pero había que fundamentarla con datos duros. El autor revisa las fichas técnicas de Interpol de 200 países (los 193 miembros de la ONU más siete) para determinar el porcentaje de naciones con fuerzas de seguridad bajo mando civil, militar, concurrente, o predominante civil.
Los resultados son esclarecedores. Las dos terceras partes de los países del mundo (134) poseen policías únicamente civiles. Un 8% adicional encierra un esquema sobre todo civil, con algunos elementos militares (discutibles por cierto, como en los casos de Chile, Colombia y Francia, por lo menos). 17 naciones mantienen un sistema híbrido, o concurrente, es decir militar y civil; sólo 33, o el 16.5%, tiene fuerzas policíacas puramente militares. México se encamina hacia un dispositivo concurrente, si incluimos a las policías municipales y estatales, condenadas con toda razón por AMLO al basurero de la historia, o hacia un esquema puramente militar, si tomamos al pie de la letra su afirmación que ambas no sirven para nada. Vamos contra la tendencia mundial.

La segunda tesis es igualmente interesante. Sánchez Valdés recurre al Democracy Index de The Economist (revista “fifí”, salvo cuando aplaude a AMLO), para determinar qué tipo de países presentan soluciones militares, y cuáles optan más bien por las civiles.

Resulta que los países “civiles” arrojan un índice promedio de democracia de 6.46; los militares, de 3.07. México se encontrará en compañía de ejemplos de democracia como Corea del Norte, Siria, Chad, Yemen, Irán o Nicaragua.

Se aleja de los 20 países con las mayores calificaciones del Democracy Index, 18 de los cuales tienen mando totalmente civil. Ya sé que AMLO, como Peña Nieto o Calderón, no consideran que alinearse con el resto del mundo basta para escoger un camino u otro. Les encanta la parábola del que va por el periférico solo, con todos los carros en contra, y los insulta por ir en sentido contrario.

Prefieren la clásica idiosincrasia mexicana, y el ¡Como México no hay dos! Quién sabe qué harán los senadores que le faltan a Morena, pero gracias al citado ensayo, no podrán alegar su ignorancia de lo que sucede en el mundo como motivo para sumarse a López Obrador, a la militarización de la seguridad y de la sociedad.
07 Enero 2019 04:00:00
El gasolinazo en los tiempos de la 4T
El gasolinazo de la 4T –el desabasto creciente– sin duda encuentra sus causas y orígenes en varios factores. Tal vez se descuidaron las importaciones de gasolina de Estados Unidos durante la transición en Pemex. Quizás el cierre de ductos para combatir el huachicol sea sólo temporal y pronto se arreglará. Posiblemente hay un problema de estacionalidad, o de precios: la caída en el Norte, la insuficiencia en el Centro y Bajío. O, si se quiere caer en el sospechosismo, a lo mejor la respuesta se halla en el partido que gobierna las entidades más afectadas: PAN, PRI, MC o PRD en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México. En fin, no hay por qué dudar de las explicaciones del Gobierno a priori, ni tampoco de verlas como suficientes en sí mismas.

Partamos de que la explicación es exactamente la que dio el Gobierno. Aceptemos que el desabasto es consecuencia de una medida dizque acertada de combate a los huachicoleros. Supongamos que rápidamente el corte de suministro vía ductos, sustituido por pipas, acabará con la ordeña, a un costo razonable y de modo duradero. ¿Por qué no se le ocurrió a otros antes?

Esta es una pregunta clave en este sexenio, aunque haya sido pertinente en muchos otros. En México, debido a la falta de memoria ejecutiva, legislativa, judicial y de la sociedad, tendemos a descubrir el hilo negro o el agua tibia con gran frecuencia. La tendencia es producto del sistema sucesorio antes, y de la forma específica de la alternancia desde el año 2000. El dilema se puede sintetizar de la manera siguiente. Si a nadie se le ocurrió una idea brillante antes (como cerrar los ductos), ¿a qué se debió? AMLO respondería, por corruptos. Fox, por priistas. Calderón, por cómplices del narco. Pero es obvio que el asunto es más complejo.

Doy un ejemplo de mínima importancia. Hace algún tiempo, me topé en un vuelo internacional con uno de mis sucesores en la cancillería. Me contó, con orgullo, candor y colegialidad, que venía de Turquía, donde había pasado dos días preparando la visita del Presidente en turno. Me explicó que se trataría de la primera visita de un mandatario mexicano a ese país, pero que ese “error” ya se iba a corregir. Le pregunté si se había preguntado por qué ningún presidente de México había visitado Turquía antes, y le insinué mi propia respuesta: porque no valía la pena, según la opinión de una decena de mandatarios y una veintena de cancilleres.

En México, somos especialmente propensos a no preguntarnos por qué quienes nos precedieron en el poder hicieron las cosas, o no las hicieron. Son raras las ocasiones en las cuales los que mandan recurren a la experiencia de quienes los precedieron para preguntarles por qué hicieron lo que hicieron. De hacerlo, encontraríamos todo tipo de respuestas.

En primer lugar, las obvias: por pendejos. En segundo lugar, las de la 4T: por corruptos. En tercer lugar, las ligeramente más sofisticadas: por tiempos distintos. Pero si somos honestos, tendríamos que reconocer que muchas veces la réplica es otra: sustantiva, lógica, correcta. Recuerdo una anécdota que me narró Jesús Reyes Heroles en 1980. A propósito de no sé qué, me relató una conversación que tuvo con el presidente Díaz Ordaz, siendo él director de Pemex. “Abogado, dijo Díaz Ordaz, se me ha quejado el secretario de la Defensa que usted no le suministra más que dos días de combustible para operaciones militares. ¿Por qué?”.

El autor del Liberalismo Mexicano respondió: “Es la tradición, Presidente. Para que sólo puedan movilizarse durante esos dos días, y si tuvieran algún tipo de tentación, no habría como consumarla. Pero si usted decide lo contrario, Presidente, con gusto les suministro todo el combustible que usted mande”. Respondió Díaz Ordaz (todo esto según mi recuerdo de lo que me contó don Jesús): “Sigamos como estamos, abogado”.

Los que estaban antes pueden haber sido corruptos, pendejos, autoritarios o arcaicos. Pero la idea de que todo lo que se hizo se debió a esos motivos es, en todo caso, pendeja. No sé si nadie interrumpió el suministro de gasolina vía ductos por una buena razón, o por una tontería. Pero no hubiera sido absurdo preguntarles. No se perdía más que un poco de tiempo, y en una de esas, nos ahorrábamos un gasolinazo 4T innecesario e inútil.
04 Enero 2019 04:00:00
Preguntas para y de la fuente de Presidencia
Desde sus primeras conferencias de prensa mañaneras a principios de siglo, Andrés Manuel López Obrador supo administrar con gran habilidad su relación con los reporteros de la fuente que cubrían esos eventos.

No los corrompía, pero los apapachaba, les daba una mano cuando se encontraban en dificultades, los trataba con afecto y camaradería –no siempre respeto– porque entendió bien una de las características de los medios en México.

El reportero de la fuente es el que nutre a los diarios, las radios y las televisoras, en sus respectivos cuarteles generales. Los editores hacen lo que pueden, pero al final del día se encuentran en manos de los reporteros de la fuente o de los boletines de prensa de los distintos generadores de noticias, casi siempre el Gobierno federal, o en provincia, las autoridades estatales.

Los reporteros de la fuente, incluso presidencial, son todos abnegados, con una querencia comprensible hacia la izquierda, y mal pagados. Sus condiciones de trabajo son adversas, en algunos casos francamente inaceptables, por ejemplo, los que les pagan a destajo.

Hoy en día, con las conferencias mañaneras ya como Presidente, López Obrador hace lo mismo, pero se beneficia mucho más de las características intrínsecas de la fuente, que no han cambiado en estos 15 años.

Con grandes dificultades dichos reporteros llegan un poco antes de las 7:00 am, a veces con recorridos de hora y media; con grandes dificultades logran leer los periódicos, incluso sus propios medios impresos, antes de llegar y preparar sus preguntas. Aún con mayores dificultades alcanzan a entrar en comunicación con los editores de sus medios para que estos los orienten sobre qué tipo de preguntas deben formular, qué tipo de respuestas deben esperar, y qué tipo de follow up deben llevar a cabo para que López Obrador no pueda esquivar alguna interrogante.

De ahí que en muchos casos los reporteros de la fuente no puedan formular las preguntas que merecen respuesta. Para eso los reporteros de la fuente tendrían que ser periodistas bien pagados, bien formados, respetados en sus redacciones, y disponer del tiempo necesario para preparar el acontecimiento esa mañana. No es el caso.

Daré dos ejemplos muy sencillos de los últimos días. Aclaro que, como no escucho las conferencias de AMLO, sino que leo las versiones publicadas en diversos medios, es posible que las preguntas que esgrimiré a continuación hayan sido formuladas y obtuvieron una respuesta adecuada; o fueron formuladas y no hubo respuesta. No puedo afirmar categóricamente que no haya sucedido, pero tengo la impresión de que no.

Hace un par de días López Obrador, acompañado por dos o tres de sus secretarios, dio información nueva sobre el reclutamiento de la Guardia Nacional. Si no me equivoco, dijo que tendría lugar en tres etapas, la primera de las cuales sería la incorporación a la misma de la Policía Militar, la Policía Naval o de la Marina, y la Policía Federal.

Sumarían –insisto, si no me equivoco– 21 mil efectivos en una primera etapa. Los medios nacionales y la clase política opositora se fueron con la finta, para variar: se centraron en si el Gobierno debía o no ya estar reclutando a gente para una Guardia Nacional cuyo estatuto constitucional aún no ha sido aprobado. Eso es lo de menos.

Las preguntas necesarias eran obvias y lo han sido desde el primer día que se anunció la llamada Guardia Nacional: ¿Cuántos policías militares y navales existen en el Ejército y en la Marina? ¿Qué hacen exactamente? ¿Cuántos van a ser reubicados en la Guardia Nacional? ¿Quiénes van a suplir sus funciones, cualesquiera que hayan sido, en el Ejército y en la Marina? ¿Qué tipo de entrenamiento tienen las policías militar y naval que no tienen otros estamentos de las Fuerzas Armadas?

Todas estas preguntas son sencillas y a la vez fundamentales, porque si se van a incorporar las policías militares, por ejemplo, de la Sedena a la Guardia Nacional, entonces una de dos.

O bien lo que hacían antes era redundante, o era importante y no hay quien lo haga ahora; si era importante, no habrá quién lo haga y habrá que esperar a que sean formados los nuevos policías militares que cumplirán con las funciones que antes ejercían los que fueron colocados en la Policía

Federal.

No he visto que los reporteros de la fuente hagan estas preguntas; menos aún he visto las respuestas de López Obrador, o de Durazo, o de los secretarios de la Defensa o de la Marina. ¿Es importante? Parece que sí, ya que la Guardia Nacional en su primera etapa va a conformarse básicamente por estos contingentes.

Segunda serie de preguntas. A partir del lamentable episodio aéreo que produjo la muerte de Rafael Moreno Valle y Martha Érika Alonso, mucho se ha hablado de los distintos investigadores estadunidenses, canadienses y ahora italianos que coadyuvan en la investigación. Enhorabuena que esta cooperación internacional se dé; existe en casi todos los casos de accidentes aéreos o atentados. Pero siempre los medios internacionales –en Malasia, en Indonesia, en Francia, en Brasil– formulan más o menos las mismas preguntas, que aparentemente no han sido planteadas por los reporteros de la fuente. ¿Existían cajas negras de datos de voz y telemétricos del helicóptero? ¿Ya fueron recuperadas dichas cajas negras? ¿Ya fueron escuchadas y revisadas por los expertos mexicanos o extranjeros? ¿Fueron enviados al National Transportation Safety Board de Estados Unidos, o a la fábrica canadiense de los motores Pratt & Whitney, o a los fabricantes italianos del helicóptero? ¿Ya las revisaron cualquiera de ellos en sus respectivos países? ¿Ya tienen información sobre qué hay en esas cajas negras?

De nuevo, no me consta que no hayan sido formuladas estas preguntas, aunque creo que cualquier persona medianamente informada sabría si hubieran recibido alguna respuesta.

¿Qué pueden hacer los reporteros de la fuente para hacer correctamente esta chamba? Algo muy sencillo y a la vez muy complicado. Exigir mejores condiciones de pago y de trabajo, de tal suerte que los roten más, que tengan más recursos para prepararse y formular sus preguntas, leer los medios del día o de la noche anterior, incluso leer columnas –no como esta, que seguramente les aburre enormemente y con razón– pero hacer lo que hacen los periodistas que cubren las presidencias de todos los países del mundo: ser parte de un cuerpo colegiado y no individuos aislados, ser las estrellas de su medio y no los pares de las demás fuentes, y sobre todo, tener la preparación necesaria para llevar a cabo una labor absolutamente indispensable en cualquier democracia.
24 Diciembre 2018 04:06:00
México: ¿País seguro?
La discusión sobre si el entendimiento entre México y Estados Unidos sobre la repatriación forzada de centroamericanos constituye o no un acuerdo de facto de Tercer País Seguro, es a la vez útil y ociosa. Útil, porque el propio Gobierno de López Obrador se vio obligado, en un retrato perfecto de la denegación freudiana, de afirmar que “no” lo es. Útil, porque el referente internacional así invocado permite comparar la situación de México y Estados Unidos con la de otros países. Util, por último, porque se sabe que eso es lo que Estados Unidos buscaba, desde hace meses, y nos permite comparar lo que consiguió con lo que se proponía.

Pero es a la vez ociosa, porque no se trata de un debate semántico ni de Derecho internacional, sino de hechos y consecuencias. Un acuerdo de tercer país seguro –que no es un tratado, ni siquiera en el caso del Reglamento de Dublín de la Unión Europea– consiste en algo relativamente sencillo. Varios países –Estados Unidos con Canadá, Alemania con Austria y otros– los poseen. Se refiere principalmente al hecho de que si un aspirante a asilo procedente de un país A se encuentra en un país B, pero desea solicitar asilo en un país C (por las razones que sean), si B y C son parte de un acuerdo de Tercer País Seguro, el solicitante deberá hacerlo para establecerse en el país B, no en el país C. El país B le otorgará el asilo o no, y en caso negativo, será devuelto al país A. Pero no podrá seguir su camino hacia el país C.

La clave es que el país B sea tan seguro para el solicitante como el país C, y que se encuentre primero –esto es fundamental en Europa, por ejemplo- en el país B. Se confundió el secretario de Relaciones cuando declaró el viernes que el proceso de interrogatorio, audiencia y otorgamiento del asilo en el país C se celebra en el B. No: se lleva a cabo en el B para otorgarse el asilo en el B. El asilado allí va a permanecer hasta que vuelva a su país de origen, el mes entrante, cinco años después, o nunca. Lo que desee el solicitante en este caso, no importa. Ambos países –B y C– convinieron que los dos son igual de seguros, y que el trato que recibirá el asilado será el mismo. Los sirios permanecerán en Austria; no irán a Alemania; y según los alemanes, Austria es tan seguro como Alemania para los sirios. Lo mismo con los submaghrebinos en Calais, que buscan ir a Dover.

En el caso de México y Estados Unidos, si bien no se formaliza este procedimiento, en los hechos es el que se seguirá de acuerdo con lo anunciado por ambos gobiernos. El hondureño en Tijuana podrá ingresar a Estados Unidos a pasar su primera entrevista –de temor “creíble”, no “fundado”. De aprobarla, recibirá un documento y la posible fecha de una segunda entrevista, donde deberá demostrar un temor “fundado” por su vida, por motivos políticos o de guerra. Mientras ocurra dicha entrevista, volverá a México, hará aquí lo que quiera, y algún día será llamado otra vez a EU. Si es rechazado en la primera entrevista, también será devuelto a México, y también podrá hacer lo que quiera. ¿Que quiere hacer el hondureño, en ambos casos? Ir a Estados Unidos. ¿Qué va a hacer en México? ¿Esperar pacientemente que le den su cita en San Ysidro, o conseguir trabajo, o volver a Honduras? Ya nos informarán la SRE y el Imani.

Lo esencial, sin embargo, es que el solicitante de asilo permanecerá indefinidamente en el país B (México), y no en el C, ya que este último, que de por sí niega la enorme mayoría de las solicitudes de asilo, ahora ni siquiera deberá de preocuparse de la saturación de los centros de detención. Estos ya se encuentran en México, y no son su asunto.

La gran pregunta ética, no diplomática, jurídica o semántica, es si México, y en particular la frontera norte, es, al igual que Austria, tan seguro para los solicitantes como Estados Unidos, al igual que Alemania. Las cifras del nuevo Gobierno sobre la violencia en México, divulgadas el viernes, muestran que el 2018 fue el año más violento de la historia reciente, el mes de noviembre uno de los más violentos, y Baja California el segundo estado más violento de la República. Sobre todo, López Obrador ha justificado la aberrante y militarista propuesta de la Guardia Nacional bajo mando militar por la “emergencia” de inseguridad que le entregaron. Si es una “emergencia” para los mexicanos ¿Por qué no lo sería para los hondureños?
21 Diciembre 2018 04:05:00
Con Trump, a toda costa
El nuevo acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos aún tiene mucho camino que recorrer para volverse realidad. Por lo pronto podemos formular algunas reflexiones ante un entendimiento que México nunca había aceptado, ni en los peores momentos de la migración centroamericana a Estados Unidos, y que constituye una verdadera vergüenza para el país.

Primero, conviene reproducir al respecto algunas notas de Estados Unidos, ya que para variar, los medios mexicanos no pueden informar debidamente sobre el tema. Según The Washington Post, el diario que siguió el asunto con la mayor cercanía desde algún tiempo (aclaro: soy columnista de The New York Times):

“Homeland Security anunció nuevas medidas que requieren que los solicitantes de asilo en la frontera regresen a México y esperen allí mientras sus solicitudes sean procesadas, posiblemente durante meses o años, y describió el plan como uno de los cambios más significativos en materia migratoria en décadas... Esta política enfrentará retos jurídicos... Sin embargo, el acuerdo equivale a un triunfo diplomático significativo para Trump, quien se ha involucrado en conversaciones delicadas para engatusar a México y convertirlo en una antesala migratoria para los centroamericanos que buscan asilo en Estados Unidos... En entrevistas con el WP el mes pasado, altos funcionarios de AMLO dijeron que aceptarían esta postura... como parte de un paquete más amplio de desarrollo y asistencia para crear empleos en Centroamérica y reducir la necesidad de emigrar... Pero ese financiamiento consiste principalmente en recursos que Estados Unidos ya ha asignado.

Los funcionarios mexicanos negaron cualquier vínculo entre el anuncio del paquete de desarrollo y el de migración... Los mexicanos insistieron en que la postura no era un acuerdo, sino más bien una imposición de EU... El esbozo del cambio en materia de asilo fue negociado por el canciller mexicano y la secretaria de Homeland Security, el secretario de Estado y un pequeño grupo de colaboradores que se reunieron en un hotel en Houston el mes pasado... “Me pregunto si México sabe en lo que se ha metido”, dijo un analista de seguridad fronteriza en WOLA.

La espera para audiencias de asilo hoy excede 1200 días. ¿Realmente esta preparado México para recibir a cientos de miles de personas durante tanto tiempo?

Surgen varias preguntas ante estos anuncios y sus consiguientes interpretaciones. ¿El acuerdo entre México y Estados Unidos abarca únicamente a los centroamericanos que soliciten asilo a partir de ayer, o a todos los que se encuentran en Estados Unidos desde hace tiempo? Según el Gobierno de México, sólo se aplica a los nuevos y a los que se encuentran en Tijuana.

Según Washington, involucra a todos los solicitantes de asilo centroamericanos, estén donde estén dentro de Estados Unidos, y hayan llegado cuando hayan llegado.

¿Dónde serán ubicados los “retornados”? ¿Permanecerán en libertad dentro de México y podrán arriesgarse a ingresar a Estados Unidos sin papeles, o serán instalados en campamentos de refugiados, con o sin supervisión de ACNUR, resguardados por autoridades mexicanas? No se sabe, pero la lógica sugiere lo segundo.

¿Quién va a sufragar el costo de todo esto, sobre todo si se trata de todos los centroamericanos sin papeles en Estados unidos y no sólo los de Tijuana? Hace meses se filtró la versión según la cual Washington ofreció 20 millones de dólares para asumir este costo; México lo rechazó. ¿En qué estamos?

¿Qué va a suceder si organizaciones de la sociedad civil norteamericanas y o mexicanas impugnan la legalidad de la decisión de Estados Unidos de deportar a los centroamericanos a México y de México a recibirlos? No hay duda que grupos como la ACLU y la AILA lo harán allá; quizás (es poco probable) alguna ONG mexicana tendrá el valor de hacerlo aquí. ¿Cómo quedaríamos si el poder judicial norteamericano decide que la deportación es ilegal, pero nosotros seguimos resguardando a los hondureños?

No hubiéramos podido imaginar una capitulación de esta magnitud de un Gobierno dizque de izquierda en México ante Estados Unidos. Pero tiene lógica: evitar a toda costa cualquier enfrentamiento con Trump. El problema radica en la definición de “a toda costa”.
19 Diciembre 2018 04:04:00
La lógica del presupuesto: ninguna
Ya hubo presupuesto, y por fin, una medida muy aplaudible de la 4T: el aumento de los salarios mínimos nacionales y en la zona fronteriza. Lo salarios mínimos, tan modificables por decreto hoy que se incrementan como hace 30 años cuando se congelaron, podrán afectar a más o menos mexicanos. Pero ya era tiempo que su piso se elevara, y que los empresarios nacionales y extranjeros, en el interior de la República y en la frontera norte, asuman el precio de un poco de justicia. Habrá costos que pagar; valen la pena.

El presupuesto es otra historia. A reserva de los análisis minuciosos que los expertos internos y externos harán en los próximos días, ya no de la carátula de las leyes de ingresos y egresos, sino del detalle, ofrezco una primera interpretación de lo que hay detrás. Básicamente, nada.

En efecto, a pesar de que muchos colegas y especialistas más autorizados que yo han sugerido que el presupuesto refleja una o varias lógicas, correcciones, virajes o cambios paradigmáticos, creo que cualquier filosofía que se quiera buscar más bien brilla por su ausencia. No es asistencialista, ni prudente, neo-liberal o austero, mañoso o transparente. Es el producto de dos deseos de López Obrador, que tiene la fuerza para lograr alcanzarlos... a medias.

Primer deseo: cumplir con sus promesas de campaña, o por lo menos en una parte significativa. No importa que unas sean sensatas –elevar la asignación para adultos mayores–, dudosas –apoyo a los ninis y becas para preparatorianos–, o absurdas –refinería, Tren Maya, sembrar arbolitos–. Lo importante es que esas son las propuestas o prioridades que a él le gustan, y esas se van a plasmar en el presupuesto, si no por completo, por lo menos buena parte. Ya varios comentócratas han señalado que del total del costo de los diez proyectos –500 mil millones de pesos– sólo se consiguieron recursos por la mitad. No queda claro el costo real de la reducción del IVA y del ISR para personas morales en la franja fronteriza; si Hacienda miente cuando lo estima en 42 mil millones y resultan ser 120 mil millones, el costo será ligeramente superior. Huelga decir que los recursos para financiar estos gastos no provienen del ahorro de sueldos de secretarios de Estado, de la supuesta venta del avión presidencial, del cierre de Los Pinos ni de andar en Jetta. Proviene de recortes de otros gastos.

Segundo deseo: conseguir el dinero sin impuestos o deuda sino con puros recortes. Recortes realizados con la misma lógica que los proyectos: ninguna. Ni el tren, ni el aeropuerto de Santa Lucía, ni el tren del Istmo, ni los precios de garantía surgen de una idea que vaya más allá que las ocurrencias de campaña. Los recortes, tampoco. Propongo pensar que AMLO procedió él mismo a meter tijera al presupuesto de egresos, o dio instrucciones para que sus colaboradores lo hicieran... como pudieran o quisieran.

Esto es lo único que explica que se hagan recortes absurdos, sin ningún sentido –diabetes, inglés, FONDEN, SAGARPA– otros más o menos coherentes –SEGOB, CONACYT (unas becas por otras)– y otros que fueron, según los funcionarios, simplemente errores. Van dos en dos días: el recorte a los consulados de la SRE y a la protección de mexicanos en el exterior (Ebrard ya dijo que no puede ser) y las universidades. El propio Presidente reconoció que cometió un error, y que dizque lo va a rectificar. La única lógica que explica todo esto es la total ausencia de lógica.

Ahora bien, con el paso de los días y las horas, seguramente irán apareciendo más errores, más reculadas, o en buen español, más osos y más trampas. Unas surgirán del lado de los ingresos –tal vez sí haya un aumento de impuestos para algunos– otras del lado del gasto –erogaciones no previstas, mal calculadas o sencillamente olvidadas. Lo que no emergerá de todo esto será un plan conceptual: redistribuir riqueza, aumentar el gasto social en general, invertir en infraestructura, todo ello sin ocurrencias, y financiado como Dios manda: con impuestos, unos y otros. Así sucede en los países modernos y democráticos; el de la 4T no parece ser ni lo uno, ni lo otro.

17 Diciembre 2018 04:05:00
¡‘Sálvese quien pueda’!
Como siempre, Andrés Oppenheimer se adelanta al futuro y a los acontecimientos por venir en sus libros. Lo ha hecho desde tiempo atrás a propósito de México y de Cuba, y ahora lo hace con su nuevo texto “¡Sálvese quien pueda!” publicado por Vintage en Español. El libro trata, como lo indica la portada, del futuro del trabajo en la era de la automatización. Es una excelente síntesis y descripción de los procesos actualmente en curso en la industria y los servicios en los países modernos.

Oppenheimer pasa revista a los principales casos de automatización: el periodismo, los restaurantes, supermercados y tiendas de menudeo, los bancos, los bufetes de abogados y de contadores públicos, las empresas de seguros, la medicina, la enseñanza, las manufacturas e incluso los deportes y el entretenimiento en general. En cada caso, Oppenheimer nos ofrece ejemplos que él mismo pudo ir a conocer y comprobar en distintas partes del mundo. El libro está bien escrito, se lee fácilmente y es tremendamente informativo.

Tiene algunos elementos contraintuitivos, útiles, inteligentes, como por ejemplo cuando nos explica de qué manera no toda automatización destruye más empleos que los que crea. El clásico ejemplo de los cajeros automáticos de los bancos ilustra este fenómeno. En 1985, en Estados Unidos había 600 mil cajeros automáticos y 485 mil empleados bancarios. En 2002, los cajeros se habían multiplicado por 6, pero los empleados también habían aumentado en 20%. ¿Por qué? Porque al reducir los gastos de las sucursales bancarias a través de los cajeros automáticos, las instituciones financieras abrieron más sucursales, y emplearon a más trabajadores. Oppenheimer toma en cuenta las tendencias en todos estos sectores, en cuanto a que si, por un lado, en efecto, los robots destruyen empleos, crean otros empleos también. En este sentido el texto de Oppenheimer no se reduce a los ejemplos simplistas ni a las conclusiones mecánicas de tendencias ya existentes.

Quizás existan dos reflexiones que si bien de vez en cuando surgen en el libro, no son objeto de un tratamiento especial. Vimos como durante la campaña presidencial de este año, los candidatos que quisieron tocar estos temas -automatización, robótica, el futuro, el cambio tecnológico- no pudieron, por una razón u otra, vincular estas tendencias con el bienestar cotidiano de la gente. Así mismo, sigue resultando difícil, aunque ha habido avances en algunas partes ya de Italia y quizás ahora en las zonas rurales de pequeños poblados de Francia, de encontrar un verdadero remedio para quienes pierden su empleo habiendo cumplido más de 50 años. Sin embargo, estos dos temas son todavía relativamente complejos.

Lo que sucedió en México, tiene que ver con lo que puede acontecer en muchos países del llamado tercer mundo. La automatización es, ante todo, pero no exclusivamente, producto del costo comparativo de un robot y de un trabajador. Si los salarios son lo suficientemente bajos en países como el nuestro, va a tardar mucho más tiempo la automatización que en los países ricos. La diferencia en el tiempo no es un factor menor. Lo que es más, en términos políticos y en términos de soluciones de sociedad, es un factor decisivo. Desafortunadamente, la gente no quiere adelantarse a los acontecimientos.

En el caso de los países más ricos y más viejos, y donde efectivamente empieza a haber una gran cantidad de personas que pierden su empleo por concepto de la automatización, ha surgido la idea del ingreso básico universal, que se ha puesto tan de moda en tantos países. Cada día habrá más intentos en las sociedades prósperas de encontrar sistemas de este tipo, y los ejemplos posibles en los próximos meses, de Italia y de Francia, lo anuncian. Pero de nuevo en los países menos avanzados, la introducción de estos esquemas será más difícil.

En México vimos la dificultad de lidiar con la idea un ingreso básico universal, de la misma manera que se vuelve difícil hacerlo en países como la India. El dilema es sencillo: el mecanismo es visto por mucha gente como una forma de asistencia publica de “regalar dinero”, de “no trabajar”, para gente que no ha perdido un empleo si no que más bien o no lo tiene o solo tiene uno muy mal remunerado. Pero en fin, estos son detalles. Creo que el libro de Oppenheimer puede abrirnos los ojos ante muchos fenómenos de gran importancia para todos los países, incluyendo el nuestro e incluso para las personas, que como el que escribe, que no necesariamente veremos cómo todo esto se produce en los años venideros.
14 Diciembre 2018 04:04:00
Middle Income Trap
Desde hace algún tiempo asisto cada fin de año a una conferencia en Marrakech sobre distintos temas económicos, políticos, sociales e internacionales de lo que aquí se llama el Atlántico y que siempre resulta de gran interés para mí. Los temas que se discuten son de todo tipo; siempre hay mexicanos interesantes, pero desde luego africanos, europeos y norteamericanos que me permiten tener una visión un poco distinta a la que puede uno adquirir en Estados Unidos, en México o en América Latina.Una de las sesiones en esta ocasión me llamó mucho la atención, referente a la trampa o al atolladero del ingreso medio, concretamente al dilema que muchos países del mundo entero, y en particular de América Latina, han enfrentado en los últimos años.

Se trata de un síndrome que parece ser constante, generalizado e insorteable para muchas naciones. Existe un gran número de países que pudieron pasar de economías y sociedades de ingreso bajo –definido como se quiera, pero se entiende pobres– a una etapa de ingreso medio –de nuevo, definido como se quiera– con alguna facilidad y dentro de una temporalidad razonable.

No cinco o 10 años, pero sí 30 o 40 años. Sin embargo, dichos países, tanto en América Latina como en otras partes del mundo, con algunas excepciones que a continuación mencionaré, se estancaron al llegar a esa etapa.

Esta comprobación de hechos, que algunos han elevado a nivel de una teoría, es indiscutible como tal. Con excepción de países que no lo son -Hong Kong, Singapur y Taiwán- y una sola nación que lo es a medias –Corea del Sur– ningún país del llamado Tercer Mundo ha podido “graduarse” de la categoría de “ingreso medio” a “ingreso elevado”. En Europa Oriental, a partir de 1989, y con la enorme ayuda de la Unión Europea, algunas naciones sí lograron salir de ese atolladero. La más destacada, desde luego, es Polonia; pero otras, como Hungría, República Checa, y quizás Eslovenia y pronto Bulgaria, podrán incluirse en esa categoría.En América Latina, todo ha sido una decepción. Y aquí es donde se vuelve interesante el asunto para nosotros, sobre todo en la era de la 4T. Si nos remontáramos a finales del siglo pasado, una gran cantidad de expertos, economistas, historiadores económicos, hasta sociólogos y antropólogos, hubieran vaticinado que Chile, en primer lugar, y México, en segundo término, dentro de un cuarto de siglo, es decir, ya pronto, figurarían entre las llamadas naciones de ingreso elevado. Serían solamente países pobres entre los ricos, pero finalmente entre los ricos. Su ingreso per cápita en PPP, se equipararía al de naciones como Portugal, Grecia, sin hablar de Polonia o de Hungría. Eso no sucedió. ¿Por qué? Es la pregunta que se formula en esta conferencia y en muchas otras.

Hoy la explicación más recurrida es la de las instituciones. No se trata de un problema de políticas macroeconómicas, ni de reformas microeconómicas, ni de apertura de la economía, etcétera, sino de problemas institucionales. Santiago Levy da otra explicación, y probablemente sea muy válida para México, pero sólo para México. La explicación institucional no funciona con Chile. Es un país que, con el intervalo de la dictadura de Pinochet, que de todas maneras sólo duró 16 años, en una historia de ya dos siglos, no afectó mayormente, ni antes ni después, la solidez de las instituciones chilenas. Ahí sí hay estado de derecho, poder judicial independiente, rendición de cuentas y transparencia. Por razones históricas: la pobreza del territorio como colonia, un elemento de inmigración importante, el aislamiento geográfico, en fin, estas explicaciones y muchas más. En otras palabras, explicar la falta de salida de Chile del atolladero del ingreso medio por la vía institucional no funciona.

Tampoco funciona la ausencia de reformas estructurales en casos como el de México y algunos otros en América Latina. Se hicieron las reformas. No todas, no a tiempo, no a fondo, pero prácticamente todas en algún momento sí. Y seguimos siendo, México, Chile y otros países de América Latina, países de ingreso medio. Ingreso medio elevado si se quiere, pero ingreso medio al fin. Esta es la pregunta que debiera formularse la 4T: ¿Por qué llevamos 25 años sin salir de ese atolladero? La corrupción es un factor, pero en Chile prácticamente no hay. El neoliberalismo es otra explicación, pero países menos neoliberales, como Brasil, tampoco han salido. Quizás en lugar de perder el tiempo en discusiones ideológicas ociosas, valdría la pena que en la 4T reflexionaran sobre este tema.


12 Diciembre 2018 04:04:00
Los primeros números de López Obrador
Varias empresas han publicado encuestas en días recientes sobre el arranque del nuevo Gobierno y el final (en todos los sentidos) del anterior. No prejuzgo la calidad o integridad de unas u otras; he optado por comentar la de GEA por cuatro motivos. Es la más reciente: es la que incluye un mayor número de preguntas; abarca la evolución de las opiniones de la sociedad mexicana en relación con el gobierno o victoria de López Obrador en dos etapas (septiembre y diciembre); y comprende algunas comparaciones históricas pertinentes. Aunque los partidarios de la 4T podrán rechazarla por “fifí”, resultan interesantes esos cotejos históricos justamente como respuesta a dicha crítica. Es tan “fifí” o acertada hoy como en 2012, 2006 o 2000.

Según GEA, así terminaron los tres presidentes de la alternancia, en cuanto a aprobación de su labor realizada: Fox, 63%; Calderón, 43%; Peña Nieto, 16%. Además de subrayar la debacle peñista, conviene destacar la correspondencia exacta entre la aprobación de EPN y el resultado del PRI en la elección. Así arrancaron los cuatro presidentes de la alternancia: Fox, 72%; Calderón, 54%; Peña Nieto, 55%; López Obrador, 57 por ciento. Estos datos corresponden más o menos a los de otras series divulgadas recientemente. Al respecto, vale la pena recordar que, desde Carlos Salinas en 1994, el único mandatario en haberle entregado la Presidencia a alguien de su propio partido fue Fox, en 2006. Ni Zedillo, ni Calderón, ni Peña Nieto lo lograron.

Un segundo dato llamativo consiste en el desglose del apoyo a AMLO como Presidente, en particular por nivel educativo. Algunos lectores recordarán que las encuestas de salida del 1 de julio mostraron que entre mayor grado de escolaridad de los mexicanos, mayor la votación por MORENA y AMLO. Ahora, según el desglose de GEA de aprobación condicionada o incondicional, los números tienden a invertirse. Su aprobación condicionada es prácticamente la misma (32%) entre cuatro segmentos: hasta primaria; secundaria o equivalente; prepa; y educación superior. La aprobación incondicional, sin embargo, es mucho menor entre los mexicanos con estudios superiores (12%) que entre los demás (27%). En cambio, la mayor desaprobación de AMLO (29%) surge entre los universitarios, y  es sensiblemente superior a la que impera en la sociedad mexicana en su conjunto (20%). Empiezan a normalizarse las cosas.

Una reflexión adicional se refiere a la evolución entre septiembre y diciembre de los atributos, las propuestas y las expectativas de AMLO. El apoyo a sus principales propuestas es monumental y ligeramente creciente: ayuda a “ninis” (78%), cancelar el aeropuerto (62%), reducir gastos y sueldos en el Gobierno (78%), desaparecer el EMP (76%), devolver el avión presidencial (65%), revisar los contratos de la reforma energética (70%), construir una nueva refinería (77%), construir el Tren Maya (70%). Asimismo, en abstracto, la llegada de AMLO provoca cada vez más felicidad (60% en diciembre, y 46% en septiembre), cada vez más optimismo (66% vs 55%), y cada vez más confianza (60% vs 54%). Tres de cada cuatro mexicanos creen que el gobierno de AMLO representará una nueva etapa en la historia nacional.

No obstante todo lo anterior, y el hecho también digno de subrayarse que estos sentimientos se trasladan a Morena, al Presidente no le va tan bien en cuanto a sus atributos. Son bajos, y van en descenso. Los únicos temas en que las expectativas de éxito de AMLO se mantienen parejas es el combate a la pobreza y el mejoramiento de los salarios. En materia de crecimiento económico, el porcentaje que cree en el éxito cae de 33% a 25%; en disminuir la inflación, de 28% a 21%; en mejorar la educación de 41% a 38%; en defender al país ante el exterior de 28% a 21%; en combate a la corrupción, de 28% a 24%; y en mejorar la seguridad (lo que más le importa a la gente, según GEA) la caída es fuerte: de 28% en septiembre a 21% en diciembre.

En otras palabras, la gente recibe con entusiasmo las propuestas puntuales de López Obrador, por aberrantes o insignificantes que sean; se siente contenta por su llegada al Gobierno y cree que se trata de un acontecimiento histórico, pero no espera gran cosa de su gestión. Entiéndanle.

10 Diciembre 2018 04:06:00
¡Mueran los bien pagados!
Se entiende la lógica de López Obrador y de Morena a propósito de la decisión de un ministro de la Suprema Corte, y de otras por venir, sobre la reducción de remuneraciones en el sector público. Ellos saben que el recorte de sueldos es popular, que los magistrados sí ganan más que otros funcionarios, y que es fácil colocarlos en la posición de juez y parte. Mejor: en la de ser partícipes o cómplices en la redacción de varios recursos de inconstitucionalidad al respecto, y de la avalancha de amparos que ya se presentaron o que vienen en camino. De entrada, el Gobierno y su partido colocaron al Poder Judicial –y al Legislativo– en una posición de debilidad.

La gente aplaude –sin enorme entusiasmo tampoco– la reducción de salarios y prestaciones de los funcionarios, en el sentido más amplio de la palabra. Aunque queda por resolver el asunto, se supone que la Ley de Remuneraciones afecta a todos: los tres poderes, los organismos autónomos y paraestatales o descentralizados (como se decía antes). Incluye a la UNAM y al CIDE, al INEGI y al INAI, a Pemex y a la Suprema Corte. Cualquier recurso jurídico se enfrentará a lo que ya hemos visto: declaraciones de líderes de Morena en las cámaras denunciando a los promotores, y de AMLO acusando a los jueces y/o a los damnificados de ser enemigos de la patria y de Juárez. Sólo falta echarle a la gente -al pueblo sabio- encima, con manifestaciones, en las redes sociales, en los medios, en donde se pueda.

AMLO y MORENA saben también que la inmensa mayoría de los afectados no van a pelear sus salarios y prestaciones. Ante todo por miedo a ser despedidos, pero también porque así es el funcionariado en cualquier parte del mundo, aunque quizás más en México. Fuera de los jueces que ya han presentado solicitudes de amparo, veremos cuando caiga la primera quincena de enero, cuántos servidores públicos aceptan entrar en litigios, protestas y denuncias.

Es una batalla ganada de antemano por AMLO y Morena. El problema es si vale la pena darla, y ganarla. El simbolismo de la reducción de salarios es evidente, como todos los que le gustan a AMLO: apelar al sentido común de la gente, en el entendido de que carece de la información y la experiencia necesarias para reaccionar con sensatez. Los funcionarios ganan mucho; demasiado; fortunas; y el pueblo, no. Visto así, es un silogismo imbatible. El reto consiste en definir cuánto es mucho, quién lo define, y a quién se busca complacer.

A López Obrador le encanta fijarse metas alcanzables, incluso con facilidad (suprimir las pensiones de los expresidentes), para evitar cualquier cotejo de la realidad con sus propuestas más complejas y a mayor plazo. Pero también posee una gran sensibilidad para detectar los símbolos, los gestos, los actos o los razonamientos que a la gente le gustan.

Él y sus partidarios tienen además la enorme fortuna de no plantearse nunca si tal o cual símbolo o decisión es favorable o perjudicial para el país. Lo importante es que una parte importante de la sociedad mexicana –sin duda mayoritaria– aplauda y sinceramente se regodeé de los gestos: Los Pinos, el avión, el Jetta, etc. Carece por completo de sentido reclamarle a AMLO, a sus bases o a sus cuadros este comportamiento. Estaba cantado, y funciona.

La pregunta debe dirigirse a quienes en teoría pueden entender todo esto, y saben hacia donde nos lleva. Hay voces discrepantes, desde luego. Pero comparado con el peligro que representa proceder de esta manera, dichas voces no pasan la prueba de la risa. Hay muchas personas en México que conocen la historia de otros países en estas y otras épocas. Siguen calladas. Recurrir a un símbolo con el exclusivo criterio de su aceptación o aprobación por el pueblo debiera aterrar a más de uno. No los veo.


07 Diciembre 2018 04:05:00
Los desaparecidos de Alejandro Encinas
La intervención del nuevo subsecretario para Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA este pasado miércoles fue sorprendente y bienvenida; Alejandro Encinas reconoció la existencia de una crisis de derechos humanos en México. Se trata de un gran paso adelante frente al Gobierno de Peña Nieto, que aun cuando Roberto Campa era el vocero oficial en esta materia, costaba mucho trabajo admitir la magnitud del fenómeno.

Encinas colocó el acento en el tema de las desapariciones forzadas. Citó las cifras de 38 mil desaparecidos, 26 mil cuerpos sin identificar, y más de 2 mil fosas clandestinas. Se planteó de esa manera un reto gigantesco.

En teoría, la tarea es relativamente sencilla. Por un lado, el Estado mexicano, a través de todas sus instancias, dispone de una lista de nombres de 38 mil desparecidos. Por el otro, dispone de un acervo de 26 mil cuerpos no identificados. El llamado “matcheo”, un anglicismo horrible, pero claro, es factible. Sólo se debe proceder, en el peor de los casos, a pruebas de ADN para “juntar” un nombre con un cadáver y resolver por lo menos 26 mil casos. En los hechos se trata de una tarea titánica, casi imposible, por costo, por falta de recursos humanos y, sobre todo, por las implicaciones que entrañaría.

En efecto, cada desparecido identificado trae consigo la obligación para el Estado de investigar y encontrar la causa de muerte. Aun aceptando la aberrante tesis de Calderón de que casi todos son narcos que se mataron entre ellos, el “pequeño” porcentaje de 10 o 20% equivale a entre 2 mil y 5 mil muertos a manos de “no narcos”, es decir, autoridades estatales. La mayoría terminaría formando parte de las autoridades federales, ya que las municipales con dificultades están armadas, y las estatales son muy pequeñas. ¿Quién va a acusar al Ejército, a la Marina y a la PF de tantas ejecuciones?  Y si la tesis calderonista es falsa, el número resultaría mucho mayor.

Peña Nieto, con toda razón, no se metió en esas honduras. En los hechos, desistió de buscar a los desaparecidos, de identificar a los muertos, y de realizar el cotejo de unos y otros. Según uno de los notables artículos de Daniel Wilkinson, de Human Rights Watch, en El Universal, el Gobierno anterior resolvió poco más de mil casos. Sólo faltan 37 mil.

Ahora bien, la magnitud del reto formulado por Encinas explica bien su reprobable silencio y, sobre todo, el abandono por parte de López Obrador, de los casos más sonados de violaciones de derechos humanos durante el sexenio de Peña Nieto. Sólo los 43 de Ayotzinapa serán objeto de una Comisión de la Verdad. Con esa excepción, los casos incluso más claros y nutridos, como Tanhuato, Tlatlaya, Nuevo Laredo (responsabilidad de la Marina que Encinas aceptó ante la CIDH, pero que no necesariamente tendrá consecuencias) y Apatzingán, entre otros, permanecerán en el olvido, o el silencio. Por una sencilla razón: implican al Ejército, o la PF, o la Marina. Y allí López Obrador no se quiere aventurar.

Encinas cree en los derechos humanos. AMLO, quién sabe. Pero su posible convicción tiene un límite: no tocar a las Fuerzas Armadas. Su pacto con ellas es evidente. Su disposición a mantenerlas quemando sembradíos de mariguana y amapola se comprueba con las mismas fotos ya publicadas durante los primeros días de la 4T de militares cumpliendo con las mismas tareas absurdas que antes. AMLO no quiere a los militares en las calles para proteger a la ciudadanía; los quiere en la sierra destruyendo sembradíos, y deteniendo cargamentos de mariguana, cocaína de América del Sur y heroína de Guerrero y del Triángulo Dorado. ¡Suerte!, Alejandro, y felicidades.
05 Diciembre 2018 04:06:00
Tres sorpresas (no Tres regalos de Los Diamantes)
Tengo la impresión de que el nuevo Gobierno resolvió, hace varios meses, evitar a toda costa cualquier dificultad internacional en sus primeros meses o incluso años, para concentrarse en su agenda interna. Con algo de razón: ni al Presidente le interesan los temas externos, ni son fáciles de entender para su base electoral y militante, ni repercuten de manera directa en el bienestar de la inmensa mayoría de la gente. No era una decisión, o un deseo, absurdos.

Sí resultaron deseos ilusos, ingenuos o fútiles. Ni siquiera mencionaré el desplome de la bolsa de Nueva York ayer, ni la inminente y repetida alza de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Me limitaré a hablar de tres retos de gran magnitud que hoy debe enfrentar López Obrador, y que nadie hubiera previsto hace un par de meses.

El primero ya lo hemos mencionado en estas páginas: la caravana de hondureños, que llevó al “Secretary-Designate” de Relaciones Exteriores (como lo tituló el Departamento de Estado el domingo) a viajar a Washington el primer día del nuevo Gobierno, en un “bomberazo” evidente y

necesario. Pienso que el nuevo Gobierno se verá obligado a aceptar algún tipo de arreglo de hacerse cargo de los centroamericanos, y de sellar, hasta donde sea posible, la frontera sur o el Istmo de Tehuantepec, y que por supuesto buscará disimular sus concesiones, probablemente inevitables, a Trump. Pero evitar un enfrentamiento costará más de lo previsto, y esperado.

Segunda sorpresa: las dificultades del nuevo TLCAN o T-MEC. Trump anunció de regreso de Buenos Aires a Washington que pensaba invocar el artículo 2205 del viejo tratado, y echar a andar el reloj de seis meses de salida del acuerdo. Lo hizo con una “buena” intención, a saber, amenazar a los Demócratas en la Cámara de Representantes –mayoritarios a partir de enero– que si no aprobaban el USMCA (las siglas en inglés), Estados Unidos se quedaría sin nada: ni el TLCAN, ni el T-MEC.

Solo que recurrir a una amenaza “termonuclear”, es decir, de vida o muerte, o cara o corona, revela una preocupación real. Trump debe pensar (es un decir) que las dificultades venideras con una mayoría opositora en la Cámara baja pueden dar al traste con la aprobación. De allí su recurso a un chantaje hábil, pero basado en la incertidumbre. De creer que la ratificación constituía un asunto resuelto, no hubiera recurrido a un arma tan peligrosa. Y ahora López Obrador deberá dedicar muchos recursos, una buena dosis de capital político, y sobre todo una gran cantidad de concesiones adicionales, al cabildeo en Washington para lograr una aprobación más complicada de lo que muchos vaticinaban.

Tercero, el dilema de los bonos aeroportuarios. La gente de AMLO hizo bien la tarea, y se adelantó a las demandas que algunos tenedores de MEXCAT o Texcoco podrían haber –o pueden aún– interponer por la cancelación de NAICM. La propuesta de recompra de bonos o de consentimiento al traslado a Santa Lucía es inteligente y viable. El precio –95 centavos por dólar reales, si se opta por esta vía pronto, o un premio también si se otorga el puro consentimiento– es razonable. Pero lo último que deseaban los financieros del nuevo equipo era tener que lidiar con fondos “buitre”, que contratar al carísimo bufete de abogados Cleary en Nueva York, o estar pendientes de la aceptación –o del rechazo– de su oferta, por parte de los tenedores originales de bonos. La operación puede salir bien –creo que así será– pero va a costar. Costar dinero, esfuerzo, tiempo y angustia.

Nada de esto debe sorprender. Así son las cosas. Zedillo no se imaginó jamás que tres semanas después de su toma de protesta le reventaría la economía y México caería en una de las peores crisis económicas de su historia. Fox nunca pensó que a los nueve meses de haber iniciado su sexenio se produciría el ataque a las Torres Gemelas. Salinas no pudo prever que al año del arranque de su gobierno, caería el muro de Berlín y desaparecería el bloque socialista. Pero AMLO se ve obligado hoy a lidiar con tres sorpresas, o acontecimientos imprevistos e imprevisibles, que ocuparán el principio de su mandato. Pues sí.
03 Diciembre 2018 04:06:00
La mentira y la restauración de Luis 18
Habría tantos aspectos de lo sucedido en México a lo largo del último par de días que podríamos escribir páginas interminables al respecto. Pero como unos y otros van a decir más o menos lo mismo, me centraré en dos temas: uno, sobre el cual nadie hablará, otro evidente pero imposible de silenciar.

El primer párrafo del discurso en la Cámara de Andrés Manuel López Obrador contiene una gran mentira. Por enésima vez desde el 1 de julio, repite que le agradece a Enrique Peña Nieto no haber intervenido en las elecciones de este año. Es falso: Peña intervino de manera tan abierta –o más descarada– que Fox y Calderón, sólo que no en contra de AMLO. Utilizó toda la fuerza del Estado mexicano, y en particular a la PGR, el SAT, Notimex, y la propia Presidencia, contra el candidato del Frente.

El supuesto escándalo de Barreiro y la bodega de Querétaro golpearon severamente a la campaña de Ricardo Anaya. ¿Cuanto? Imposible saber. Pero sí es un hecho que todo fue inventado por el gobierno de Peña, presentado ante la prensa con la ayuda del Gobierno, en los momentos más delicados de la campaña (cuando no se podía responder con spots), y cuando ya era evidente que la aspiración del PRI de ocupar el segundo lugar era absurda. Los medios más afines al gobierno hicieron la tarea; los columnistas pagados, también. Surgió una acusación de corrupción basada en nada, en hechos inexistentes, todo ello urdido por Peña Nieto.

No conozco a un solo observador del proceso electoral que no admita en privado que así fue. El debate es sobre la habilidad –o falta de la misma– de Anaya para responder, y cuanto se modificó el resultado de la elección. Pero la mejor prueba de la inexistencia del caso de corrupción, y del carácter electoral del escándalo, reside en el absoluto silencio al respecto a partir del 1 de julio. Peña no presentó expediente alguno contra Anaya, ni contra Barreiro; la PGR no volvió a abrir la boca; los medios tan obsesionados por el tema antes del 1 de julio no hablaron nunca más del asunto. En un diario se informó que se extinguió la acusación contra Barreiro porque renunció a recuperar su bodega; algunos me han dicho que Peña ya se la devolvió. El expresidente sí intervino en el proceso electoral, y AMLO miente.

El segundo comentario se refiere al contenido de ambos discursos del nuevo presidente. Detalles más detalles menos, reproduce casi con exactitud el espíritu y la letra de su libro, La salida, publicado a principios de 2017. El análisis, el diagnóstico, la historia, las propuestas, su justificación, son idénticas a lo dicho el sábado en su toma de protesta.

Algunos celebrarán la congruencia argumentativa, la continuidad programática, la fidelidad a las tesis. Parte hay de cierto en esto: AMLO dice lo que hace y hace lo que dice. A la pregunta de ¿Qué va a hacer? La mejor respuesta siempre ha sido: lo que dijo. Pero existen motivos para preocuparse de tal perseverancia conceptual.

Significa en el fondo que nada de lo que vivió López Obrador durante estos dos años le hizo cambiar de opinión, salvo la militarización de la policía a través de la Guardia Nacional. Un año y medio de campaña, con innumerables entrevistas, encuentros, debates con candidatos o con columnistas, corresponsales, empresarios, visitantes extranjeros, no bastaron para modificar sus puntos de vista. Cinco meses como presidente electo, de estudio, discusión, negociación y una perspectiva única en México, resultaron insuficientes para rectificar errores obvios, descartar propuestas aberrantes, o abrazar nuevas ideas. Lo que ha sucedido en México y en el mundo en estos dos años, tampoco.

En pocas palabras, o bien Andrés Manuel se siente tan convencido de todo lo que escribió en 2017, como hoy, casi al comenzar 2019, o bien nada de lo vivido este tiempo le sirvió para aprender algo que a su entender valiera la pena. Después de la derrota definitiva de Napoleón y la restauración de la monarquía francesa en 1815, se atribuyó a Luis 18 la frase memorable, probablemente de Talleyrand: “Rien appris, rien oublié”. Nada aprendido, nada olvidado.
28 Noviembre 2018 04:01:00
La cárcel del Águila Azteca
La entrega del Águila Azteca a Jared Kushner por Enrique Peña Nieto, en uno de sus últimos actos de gestión presidencial, generará mucha controversia. El yerno de Donald Trump, su principal consejero y el encargado de las relaciones de Estados Unidos con México desde 2016, podrá ser visto por muchos observadores como difícilmente merecedor de la máxima condecoración que otorga el Gobierno mexicano a un extranjero. Para fortuna de Kushner y de su mancuerna Luis Videgaray, todo el ámbito de Morena, AMLO, chairos e izquierda bolivariana en México se abstendrá de opinar. Mientras siga la luna de miel entre López Obrador y Peña, no hay que tocarlo ni con el pétalo de una rosa. Ni a sus amigos tampoco, aunque nos caigan medio gordos.

Otros sí protestarán, no necesariamente con razón. Se entregan al año más 200 Águilas Aztecas, la mayoría en ocasión de visitas de Estado a México de dignatarios extranjeros. En esos casos, entre presidentes, cancilleres, otros ministros, embajadores y funcionarios, puedan llegar a otorgarse más de una docena de condecoraciones, que podríamos llamar “de cajón”. No se entregan por méritos personales, sino debido a un protocolo –casi siempre recíproco– previamente establecido.

Los otros casos –una minoría– consisten en el agradecimiento del Estado mexicano a determinados extranjeros por haber rendido un servicio a México. Servicio de cualquier naturaleza: diplomática, política, cultural, comercial, financiera, deportiva, en fin... Aunque desde hace algunos años existe un Comité (una Orden del Águila Azteca) que le propone al Presidente candidatos, prácticamente todos los propuestos –por la SRE, por jefes de misión, o por otros miembros del gabinete– son aceptados por Los Pinos (en realidad por la Cancillería). Hay de todo en la lista, y sin duda algunos mexicanos cuestionarían los méritos de algunos poseedores del Águila Azteca.

El problema con Jared Kushner no es que no haya rendido servicios. El primer problema es ¿a quién? ¿A México, o al Gobierno de Peña Nieto y sus integrantes? No me queda claro. Pero sobre todo, el riesgo de premiar con una condecoración de esta índole a alguien como Kushner reside en las posibilidades de que el destinatario acabe en la cárcel.

Es por todos sabido que Kushner, junto con Donald Trump (hijo) y en menor medida Ivanka Trump y su otro hermano Eric, están en la mira del Fiscal Mueller. La investigación de Mueller sobre la posible colusión de la campaña de Trump con el Gobierno ruso contra Hillary Clinton se acerca a su etapa final. Nadie sabe hasta ahora qué resultará de casi 20 meses de investigación por 90 investigadores y decenas de millones de dólares de gasto. Los rumores de los últimos días en Washington apuntan en dirección de una inculpación formal de Donald Trump hijo, pero puede haber más.

También parece que la nueva mayoría demócrata en la Cámara de representantes abrirá ahora su propia investigación de las finanzas de la familia Trump. Esta incluirá la exigencia al Presidente de entregar sus declaraciones fiscales personales y de sus empresas, y de sus socios, entre otros, quizás, de su yerno. De nuevo, nadie sabe qué hay en esos documentos, pero tanta resistencia de parte de Trump a presentarlos hasta ahora no augura nada bueno.

¿Qué hará la 4-T si Kushner va a prisión? ¿Le retirará la condecoración? ¿Vale la pena correr el riesgo, para no perturbar las últimas horas de Peña Nieto en el Gobierno? Todo el mundo desea quedar bien con sus amigos y aliados, pero no siempre conviene hacerlo utilizando al Estado. Luego salen mal las cosas. Abundan los ejemplos en la historia moderna de México.
26 Noviembre 2018 04:05:00
Los migrantes bajo gases lacrimógenos
Quisiera posponer mi comentario a propósito del posible acuerdo al que llegaron las nuevas autoridades de Estados Unidos con el Gobierno de México en materia de asilo, migración y seguridad fronteriza. Algunos sabrán que el sábado el Washington Post informó que se había llegado a un acuerdo entre autoridades, que equivale a un convenio de Tercer País Seguro. La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lo desmintió en declaraciones hechas horas después, tanto por parte de su oficina como de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En tanto no se sepa si hay o no un acuerdo de esta naturaleza y no conozcamos el contenido, debemos demorar cualquier análisis al respecto.

Sin embargo, existen ya dos conclusiones a las que podemos llegar con respecto a lo que está sucediendo. El primer tema es que no existen buenas soluciones ante el reto que ha generado, desde 2014, los fuertes flujos migratorios centroamericanos hacia Estados Unidos pasando por México. Todos ellos generan enormes desafíos para cualquier autoridad mexicana. Si permitimos la entrada de todos los centroamericanos que huyen de la violencia y de la pobreza, todos llegarán a nuestra frontera con Estados Unidos; todos querrán entrar a Estados Unidos; y todos los gobiernos de Estados Unidos harán lo imposible para presionarnos e impedir que entren a nuestro país, incluso solicitando asilo. Si tratamos de disuadir la entrada, pagaremos nosotros el costo de recursos financieros y de violaciones a los derechos humanos.

Insisto, no hay ninguna buena solución. Con Trump aún menos. Y con la inexperiencia y la calentura de los funcionarios del nuevo gobierno para quedar bien a toda costa con la administración Trump, menos aún. Que ellos se equivoquen, y cometan posibles errores garrafales, e incluso vergonzosos, no significa que se pueda encontrar fácilmente soluciones alternativas.

En segundo término, lo que sugieren las imágenes del día domingo en Tijuana, donde aproximadamente 500 centroamericanos trataron de entrar de manera no autorizada a Estados Unidos, y fueron confrontados y detenidos por autoridades mexicanas, es un camino peligroso. Es cierto que desde hace años la Ley General de Población en México estipula claramente que solo se puede salir del país, siendo mexicano o extranjero, por los puntos autorizados de salida y en posesión de todos los documentos necesarios para ingresar a otro país. En otras palabras, lo que trataban de hacer los hondureños sí es un delito de acuerdo con la ley mexicana. De eso no hay duda y las fuerzas federales y estatales, policiacas y aparentemente no militares, actuaron dentro de la ley.

El pequeño problema es que millones de mexicanos han hecho exactamente lo mismo a lo largo de los últimos años. Todos los días, centenares o miles de mexicanos, buscan entrar a Estados Unidos sin papeles y saliendo de México por puntos no autorizados. Si el flujo neto es nulo o no lo es, significa poco en este sentido; siguen saliendo enormes cantidades, aunque sigan siendo deportados cantidades semejantes. La pregunta que entonces deben hacerse las nuevas autoridades nacionales es si no están sentando un precedente muy peligroso al utilizar a la fuerza pública mexicana, civil o militar, federal o estatal, para impedir la salida de centroamericanos a Estados Unidos. Pero ese precedente sentaría las bases en el futuro para que Estados Unidos exija exactamente los mismos procedimientos por parte de México en relación a mexicanos. De nuevo, si Estados Unidos nos lo solicitara, o México decidiera hacerlo por su cuenta (algo inimaginable en mi opinión, salvo a cambio de enormes concesiones de Estados Unidos) tendrían razón los norteamericanos: solo pedirían que se aplique la ley mexicana a los mexicanos que buscan salir por puntos no autorizados y sin la documentación necesaria para poder ingresar a otro país. El precedente puede ser extraordinariamente peligroso.

Estoy más convencido que nunca que López Obrador y sus negociadores del TLC, junto con Videgaray y Guajardo, llegaron a un acuerdo con Washington sobre el nuevo acuerdo comercial, a cambio de una política migratoria mexicana acorde con los intereses de Estados Unidos. No tengo elementos para comprobarlo, pero hace un par de meses que vengo diciendo que ese fue el cambalache. Cuando corresponsales extranjeros o comentaristas mexicanos preguntan ahora en caso de que haya un acuerdo como el que planteó el Washington Post: ¿Qué recibió México a cambio? La respuesta en mi opinión es muy clara: un NAFTA 2.0 de acuerdo con los tiempos y los caprichos de Peña Nieto y sobre todo de López Obrador.
23 Noviembre 2018 04:02:00
4-T e izquierda latinoamericana
Este jueves en las oficinas de la fundación Open Society de la Ciudad de México tuvo lugar una reunión especialmente interesante para las semanas, los meses y los años que vienen en México. La revista Nexos, la propia fundación Open Society y la Fundación Ebert organizaron un encuentro en torno al número de diciembre, precisamente de la revista Nexos, titulado “¿Qué (no) hacer? Lecciones de los gobiernos latinoamericanos de izquierda”.

Participaron un buen número de los autores de breves ensayos en la revista procedentes de América del Sur y Centroamérica.

La idea que tuvieron los organizadores fue convocar a personas que participaron directamente, o que observaron con simpatía, las experiencias de gobierno de distintos partidos o movimientos de izquierda en América Latina del 2000 para acá. Se trataba de que cada uno de los autores y de los ponentes, que también estarán en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara este sábado, expusieran, no tanto un balance de lo que sucedió en sus respectivos países, sino lo que quizás a toro pasado y con cierto enfoque reflexivo consideraran hoy que habían sido los errores o las medidas que debieron haber evitado durante sus gestiones.

Algunas de las intervenciones y de los ensayos son más apasionados que otros. Se entiende que Tarso Genro, por ejemplo, exgobernador del estado brasileño de Río Grande del Sur, exministro de justicia y de educación de Lula, aún se encuentre bajo el trauma terrible del triunfo de Bolsonaro en su país.

Otros, como Alberto Fernández, jefe de gabinete de Néstor Kirchner en Argentina, han tenido más tiempo para pensar lo que les sucedió. Gente como Joaquín Villalobos de El Salvador y Sergio Ramírez de Nicaragua han dispuesto de aún más años para distanciarse de sus experiencias y a la vez juzgar con mayor objetividad lo que sucede actualmente en sus países.

Y los mexicanos que analizan en la revista y en esta reunión en la Ciudad de México y la que tendrá lugar en Guadalajara, Cassio Luiselli y Rafael Rojas, a propósito de los casos de Uruguay y de Venezuela, también pudieron ser lo suficientemente objetivos y a la vez distantes como para evaluar sensatamente el terrible fracaso venezolano y el éxito innegable del Frente Amplio en Uruguay.

No hay, desde luego, analogías exactas. La temporalidad, para empezar, es muy distinta.

La llamada ola o marea rosada, que abarcó a buena parte de América Latina a principios de este siglo y hasta hace unos cuatro o cinco años, ya no existe. La llegada de la izquierda al poder en México se da a contratiempo. Asimismo, la situación de México como país exportador de manufacturas y no de commodities, estrechamente vinculado a Estados Unidos y no a China ni a otros países de América del Sur, con una izquierda que nunca ha gobernado salvo en la Ciudad de México y con dificultades, no permite comparaciones fáciles. Sin embargo, varias de las ponencias o de los ensayos ilustraron la pertinencia de la experiencia latinoamericana para un país que lo es cada vez menos.

La tentación de hacer todo rápidamente; el énfasis en la voluntad como factor determinante de lo posible; la centralidad de líderes carismáticos/mesiánicos/geniales/delirantes, es a la vez un elemento de fortaleza de la izquierda en América Latina y también de la debilidad en muchos países durante estos últimos 20 años.

La estrechez de los márgenes que ofrece el mundo globalizado y la coyuntura internacional es otro elemento común a todas estas experiencias y a la que empieza el 1 de diciembre.

La tentación autoritaria que en varios casos se demoró en materializarse pero que tanto en Argentina, Ecuador, Venezuela y Nicaragua surgió sin la menor posibilidad de duda, no puede dejar de figurar entre las preocupaciones ante el advenimiento de la izquierda al poder en México.

El exministro y exsenador chileno Carlos Ominami quizás formuló mejor que nadie la relevancia del esfuerzo.

Dijo que de nada servía ser profeta tonto, es decir, aquel o aquella que con toda razón vaticina los fracasos por venir, para luego afirmar “se los dije”.

Esta iniciativa se propone contribuir, mediante la experiencia de otros, a lo que vendrá en los próximos días, semanas, meses y años. Suerte.
21 Noviembre 2018 04:02:00
‘El Chapo’ y García Luna
El juicio del “Chapo” Guzmán en Brooklyn ha generado ya una buena dosis de controversia, y algunas viñetas fascinantes de violencia, corrupción, cinismo y poder. Los cárteles de Sinaloa –ante todo–, del Pacífico y hasta del Golfo son señalados, descritos y desmenuzados. Pero también ha generado un dilema jurídico y lógico, sobre todo a partir de los testimonios de los testigos presentados por la Fiscalía Federal del Distrito del Este de Nueva York.

Jesús “El Rey” Zambada, hermano del “Mayo” Zambada, segundo del Chapo o socio igualitario, ha rendido las declaraciones más controvertidas y escandalosas. Una destaca, hasta ahora, por su significado en México. El martes afirmó que entregó maletines que contenían casi 10 millones de dólares (según algunas versiones, mucho más) en 2005, 2006 y 2007, a Genaro García Luna. Durante los primeros dos años mencionados, este era jefe de la Agencia Federal de Investigaciones con Fox; en 2007, el soborno le correspondió en calidad de Secretario de Seguridad Pública de Calderón.

Ya el abogado del “Chapo”, Jeffrey Lichtman, en su presentación inicial ante el jurado, sostuvo la semana pasada que el “verdadero jefe” de Sinaloa, “El Mayo”, transfirió varios millones de dólares a Calderón y a Peña Nieto, en distintos momentos. Ambos negaron haber recibido esa suma, o ninguna otra, de parte del acusado, pero lo de García Luna es más complicado.

Jesús Zambada no es un abogado. No es un testigo de cargo o protegido. Fue juzgado y sentenciado hace varios años, y probablemente va a pasar el resto de sus días en una cárcel en Estados Unidos. No hay delación premiada, o plea bargaining, en su caso. Hasta ahora, ha sido el testigo de mayor peso o jerarquía presentado por el DOJ contra “El Chapo”. En lo tocante a las acusaciones de homicidio, es el que más detalles ha ofrecido sobre el carácter sanguinario y desalmado de Guzmán Loera. El Gobierno norteamericano lo necesita, y lo valora.

Sus afirmaciones han sido formuladas bajo juramento. De allí el dilema que mencionaba. O son ciertas las afirmaciones de Zambada sobre las ejecuciones ordenadas o realizadas por “El Chapo”, en cuyo caso debe otorgársele la misma credibilidad a su dicho sobre García Luna. O bien miente sobre este último, y entonces se derrumba la legitimidad de sus denuncias contra “El Chapo”. Difícilmente pueden coexistir la mentira bajo juramento sobre García Luna, y la verdad bajo juramento sobre “El Chapo”.

Se ha mencionado en la prensa que García Luna vive en Tampa, Florida, donde ha montado un negocio de restoranes. Asimismo, he escuchado que días después de su salida del gobierno de Calderón, recibió su “green card” o residencia permanente, en Estados Unidos, en agradecimiento por servicios rendidos. Lo que no sabemos es si el Eastern District de Nueva York va a actuar contra García Luna a partir de las acusaciones de Jesús Zambada, o si va a exponerse a la contraofensiva de los abogados del Chapo. Estos seguramente buscaran invalidar las declaraciones de Zambada contra “El Chapo”, invocando las “mentiras” del primero a propósito de García Luna.

México desde luego va a mantenerse en lo dicho en 2012, y refrendado en 2018: el pacto de impunidad. Nadie toca a nadie. Probablemente Trump haga lo mismo. Pero quién sabe cuánto más cante Zambada, y qué dirán los testigos que siguen. Siempre estuve a favor de la extradición del “Chapo” a Estados Unidos, justamente por esto. Jamás habría sucedido algo por el estilo en México
16 Noviembre 2018 04:07:00
La vía de la militarización
En el caos de los tiempos de la 4T, se presentan dos acontecimientos con efectos diametralmente opuestos casi el mismo día. Es quizás la huella de la casa. La Suprema Corte tumba la Ley de Seguridad Interior de Peña Nieto y Cienfuegos, por lo menos colocando un freno provisional y hacia futuro a la militarización del país. Pero López Obrador presenta un programa –habrá que ver si se vuelve algún día realidad– de seguridad y guerra contra el crimen organizado que, justamente, tiende a militarizar al país. Quién los entiende.

Me alegra la decisión de la Corte porque nunca me convencieron los argumentos a favor de esta ley o de cualquier otra en esta materia. Proteger a los militares que hubieran violado derechos humanos con un marco jurídico expost me pareció siempre una pésima idea. Y nunca entendí por qué debíamos regular la intervención del Ejército en la guerra contra el narco de Peña y de Calderón, cuando lo deseable era terminar con esa intervención, no perpetuarla mediante la legislación. A menos de que la decisión de la Corte, en su caso pactada con AMLO a cambio de pensiones y sueldos, no abra la puerta a otra ley, más militarista incluso que la del sexenio que termina.

Del plan de AMLO, sin que me quede del todo claro, me agrada el enfoque tácitamente centralista, aunque a muchos les preocupe por el cuento del federalismo. Da la impresión de suponer que las policías estatales y municipales no tienen remedio, ni lo tendrán: un reconocimiento que se agradece por realista y sensato. No hay manera de corregir ese desastre. Pero la solución propuesta me aterra.

Según se desprende de las declaraciones de ayer de AMLO y de su equipo, se creará una nueva fuerza –después de la Policía Federal de Zedillo, Fox y Calderón, y de la Gendarmería de Peña Nieto– inicialmente con los efectivos del Ejército, la Marina y la propia PF, y luego con reclutamiento adicional. Pero esa fuerza dependerá de un mando militar, y estará radicada en la Secretaría de la Defensa. Se trata exactamente del camino inverso de Chile, país modelo en materia de paz y seguridad en América Latina desde hace 29 años. Carabineros, la fuerza policiaca, nacional y militarizada, creada en 1927, perteneció al Ministerio de la Defensa –en manos de un civil desde el regreso de la democracia en 1989– hasta 2011, cuando fue reubicada en el Ministerio del Interior. Colocar a la única policía más o menos utilizable que teníamos en manos militares, deja la peor de las impresiones, dentro y fuera del país. Sé que no se acostumbra decirlo, pero premiar a las fuerzas armadas por la “gran” labor realizada desde 2006 en materia de guerra contra el narco no me tranquiliza.

Además veo dos debilidades en el esquema. El primero es que no se nota la diferencia con el proyecto de Calderón y EPN, solo un instrumento diferente para ponerlo en práctica. Y ni siquiera es diferente: si entiendo bien, sólo les cambiarán el uniforme (ya fue cambiado de gris a azul marino) a los integrantes de la Guardia Nacional. Salvo la elíptica mención a la posible legalización de la mariguana –la cual aplaudo–, no veo la diferencia de enfoque. En segundo término, como lo comentaron Alejandro Hope y varios más ayer y anteayer, se viola la regla mexicana y del mundo entero: amistad que no se refleja en la nómina no es amistad. El programa no contempla ningún ingrediente presupuestal, o sea que procurarán hacer más con lo mismo. Ya sabemos cómo termina eso.

Saludo la franqueza de López Obrador: esto es lo que se puede, y no es ideal. Los instrumentos de Estado existentes no funcionan, sólo queda el Ejército. La pregunta es si en 2024, su sucesor no se verá obligado a reconocer lo mismo, ya que AMLO procedió de la misma manera que sus tres predecesores.
14 Noviembre 2018 04:01:00
La obsesión por el tipo de cambio (y la historia del chivo y el rabino)
Se ha dicho repetidamente que durante las últimas semanas de la campaña Alfonso Romo ofreció lo que parecía ser un sabio consejo a Andrés Manuel López Obrador. Ya se ganó; hay que desentenderse de las encuestas, para fijarse en el tipo de cambio. Eso es lo que cuenta.

Como sugerencia de campaña, quizás Romo tenía razón. Como receta de Gobierno, la idea es en el mejor de los casos confusa, pero sobre todo, de doble filo. Por eso es una mala idea. Sus primeros estragos se ven ya en la pregestión de López Obrador.

El aeropuerto, luego las comisiones bancarias, luego la promesa de no modificarlas durante tres años, después la insistencia de Ricardo Monreal, la caída de Wall Street del lunes, más lo que se acumule en la semana, son todos acontecimientos que movieron el tipo de cambio. Unas en una dirección, otras en la dirección opuesta, con un resultado neto, por ahora, de ligera depreciación del peso. Pero todo esto sucede en el pequeño margen, que afecta enormemente a los “traders”, sobre todo a aquellos involucrados en el “carry/trade”, pero que impactan muy poco a la situación macroeconómica del país. Incluso los cálculos de cuántos pesos más se pagarán de servicio de la deuda pública (en pesos o en dólares), por la depreciación o por el incremento de los rendimientos del papel mexicano, son un poco alegres, y muy provisionales.

No se trata sólo del chantaje de los mercados, que ya comentamos en este espacio. El problema consiste en la obsesión por el tipo de cambio en un país que, en efecto, ha padecido las consecuencias de macrodevaluaciones, pero en el cual es difícil extraer enseñanzas profundas y pertinentes de pequeñas variaciones de 1% para arriba o para abajo. El peso no es el euro, ni el dólar, ni la libra. Es una divisa de petate, no dura, nos guste o no reconocerlo.

Si se fija uno demasiado en el tipo de cambio, los llamados mercados comenzarán a acostumbrarse a esa mirada obsesiva y constante. Más aún, se volverán adictos a aclaraciones, rectificaciones, explicaciones, del que evidentemente manda: López Obrador. Vimos ya cómo las declaraciones del próximo secretario de Hacienda no bastaron; fue necesario que interviniera AMLO. Si el nuevo gobierno persiste en intervenir cada vez que se produzca una turbulencia en “los mercados”, después no podrá desistir de hacerlo. Su silencio será interpretado como aprobación de una determinada iniciativa, declaración o medida. Va a acabar totalmente preso de las reacciones de los tenedores de bonos y acciones o de las calificadoras, cuyos analistas preliminares son jovencitos imberbes cuyo intelecto no es precisamente admirable. Es un mal camino para cualquier gobierno, de izquierda o de derecha.

Ahora a lo esencial: el rabino y el chivo. En un shtetl de Bielorusia, en el siglo 19, un padre de familia de nombre Benjamín padecía las desgracias de los pogrom, la hambruna, la visita de padres, suegros, hermanos y sobrinos, hasta no aguantar más. Fue a conversar con el rabino del pueblo, quien le dio un consejo extraño, “con los escasos ahorros que te quedan, compra un chivo y mételo a tu casa”. Benjamín no entendió gran cosa, pero siguió la sugerencia del rabino. Durante un mes el chivo vivió, comió y durmió en la pequeña choza, de por si desbordada por las visitas. La situación se tornó intolerable; Sara, la esposa de Benjamín, amenazó con abandonarlo, y el pobre Benjamín regresó con el rabino a reclamarle su absurdo consejo. Ecuánime, el rabino le instruyó, “ahora vende el chivo, aunque pierdas dinero”. Recomendación que Benjamín siguió de inmediato, para el alivio de toda la familia, que festejó la partida del chivo, y vivió feliz el resto del año. Mis abuelos maternos se llamaban Benjamín y Sara.
12 Noviembre 2018 04:03:00
El control de precios y el chivo del rabino
Como ya ha dicho media comentocracia, es imposible saber a ciencia cierta si la confusión sobre la propuesta de reducción de las comisiones bancarias fue un error o una jugada táctica de intimidación de los banqueros (extranjeros, porque eso son, y porque se dejan fácilmente intimidar).

Lo primero parece difícil de creer –Ricardo Monreal es demasiado listo para irse por la libre– y lo segundo se antoja excesivamente peligroso: la Bolsa no es una montaña rusa. Pero como todo es especulación –en varios sentidos de la palabra: en verdad ¿nadie en Morena sabía ni se fue corto en las acciones bancarias?– tal vez convenga más discutir una parte del fondo del asunto, y no tanto los detalles “grillos”.

Partamos de tres premisas. Las comisiones bancarias son excesivas en México, y representan una proporción mayor de las ganancias de los bancos que en otros países, incluso tratándose de los mismos bancos. Segundo: la razón estriba en las insuficientes ganancias estrictamente financieras, y la necesidad de reportar/aportar utilidades significativas a las matrices de una banca casi totalmente globalizada.

Y tercero: el origen de esas ganancias insuficientes del lado del crédito bancario yace en la mediocre bancarización de la economía mexicana –menor a la mayoría de los países latinoamericanos– debida, a su vez, a un exiguo mercado interno y a los “recuerdos del porvenir”: 1982, 1994.

Por ende, procurar una reducción de dichas comisiones es a la vez una medida acertada en sí misma, y digna de ser aplaudida por las clases medias bajas: la verdadera base de la 4T. El problema es cómo lograrla. Aquí se complican las cosas, y sobre todo, volvemos al pasado. Porque al final de cuentas, la propuesta dizque pospuesta o fallida de Monreal se reduce a un control de precios. Aunque nunca fuera la intención de que viera la luz del día, es necesario resaltar que la opción “default” de la 4T fue esa: la de hace mil años, de Echeverría, de López Portillo, pero también de Nixon y Maduro, de Mitterand y Alemania. No es un tabú; se debe discutir, pero eso es.

Las comisiones bancarias representan el precio de los servicios –útiles o absurdos– que ofrecen las instituciones financieras. Pueden, en democracia y en una economía abierta y libre, cobrar más o menos lo que quieran, aunque habría que ser muy ingenuo para no pensar que sus tasas no están “cartelizadas”. Si llegaran a pedir demasiado, alguien se iría a otra parte: cajas de ahorro, el colchón, otro banco, Estados Unidos (los que pueden). En realidad no hay tal: las opciones son nulas. Visto así, la única manera de impedir el alza de esos precios, como el de la tortilla, el huevo, el cine o los boletos de avión (no la gasolina, proporcionada en México por el Estado) es con el control de precios. El Gobierno decide que no se podrá cobrar más por un determinado servicio bancario que X, y punto. Si un determinado banco no está de acuerdo, puede cerrar, o en el caso de México, irse.

El detalle yace en que esta postura no suele funcionar, sobre todo en el mediano o largo plazo. El servicio del cual se controla el precio o bien escasea, o bien padece una merma severa de su calidad, o simplemente desaparece, porque el proveedor deja de existir. Se genera un mercado negro –en el caso bancario es complicado, pero no imposible. Viene la reacción del conjunto de los proveedores, en este caso los bancos, cuyas acciones se cotizan en bolsa, y se detona una guerra entre unos y otros: gobierno y bancos; gobierno y transportistas; gobierno y productores de leche, arroz, trigo, maíz, lo que se quiera.

Para finta, no salió mal la jugada. Pero lo interesante para los empresarios del país, que no necesariamente son lectores asiduos de Freud, es el retour du refoulé. Ya Tony Blair les dijo hace un par de días: no se dobleguen. Sobre todo, podríamos añadir ante las muestras repetidas de la reacción recurrente de la 4T, entiendan cuál es la querencia del toro (o del tigre): controles de precios, nacionalizaciones, autoritarismo, confusión e ignorancia. Ni piensen que es otro, ni caigan en la trampa del chivo del rabino. Esa se las cuento otra vez.
09 Noviembre 2018 04:00:00
Demócratas y T-MEC
Son innumerables las consecuencias de las elecciones de esta semana en Estados Unidos, y cuantiosas las reflexiones al respecto. Para no ser repetitivo, y para tratar de aterrizar el asunto en lo que más afecta a los mexicanos, quisiera compartir algunas ideas sobre la nueva Cámara de Representantes en Washington y las posibilidades de aprobación del acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, el T-MEC.

En primer término, como ya lo había advertido el líder del senado, Mitch McConnell, no habrá votación por parte del Congreso saliente, es decir, en noviembre o diciembre. Este tema va a ser tratado por ambas cámaras de la nueva Legislatura, y se requerirá, como siempre, la mitad más uno de la Cámara baja y alta. En seguida, nos hallaremos ante una situación no inédita, pero poco frecuente: un Presidente republicano que le pide a una Cámara de Representantes con mayoría demócrata que apruebe un acuerdo de libre comercio. Clinton y Obama lograron la aprobación de varios acuerdos de esta índole, pero en ambos casos disponían de una mayoría de su propio partido en por lo menos la Cámara baja, que es siempre la más complicada.

En tercer lugar, un número importante de integrantes de la Cámara de Representantes son electos por primera vez. Aquí la duda sobre su actuación no proviene tanto de sus características –étnicas o políticas–, sino de su condición de novatos: sus preocupaciones preliminares probablemente sean otras que las del T-MEC o USMCA.

La incertidumbre más relevante en torno a la aprobación del acuerdo con México y Canadá emana de la actitud que asumirán los demócratas en general, y en particular los “novatos” ante Trump. En el fondo existen dos posibilidades. Pueden buscar puntos de acuerdo sobre temas de importancia análoga para ellos y para la Casa Blanca –por ejemplo, la infraestructura– y no adoptar una actitud de rechazo recalcitrante a todo lo que provenga del Ejecutivo. En mi opinión, sería un error político por parte de los demócratas. La otra posibilidad es que adopten una postura semejante a la de los republicanos durante el periodo de Obama, y que tan buenos resultados les dio: oponerse por principio a todo lo que provenga de Trump, independientemente del contenido, de la importancia histórica o de las repercusiones en distintos ámbitos de la vida nacional. Si lo que quieren los demócratas es volver a la presidencia en el 2020 me parece que esa es una posición más sensata. Pero para México significaría que todos los representantes demócratas se negarían a votar a favor del TLC, incluso tal vez impidiendo que llegara a una votación, más allá de si les parece bien o mal el contenido del mismo.

Subsisten dos dudas: una ¿cuántos republicanos estarían dispuestos a jugarse por el tratado de Trump? En teoría, todos, ya que no sólo son del mismo partido, sino que han demostrado ser acólitos o empleados del Presidente. Sin embargo, ya no impera en el ánimo de los republicanos el mismo sentimiento prolibre comercio que hace 20, 30 o 40 años. Por otro lado, muchos analistas mexicanos sostienen, con mucha razón, que si México y el Gobierno de Estados Unidos, junto con el empresariado norteamericano y mexicano, hacen la tarea de cabildeo en cada distrito demócrata importante, pueden casi obligar a los demócratas –nuevos o viejos– a que voten a favor.

El único problema con esta evaluación yace en lo novato de muchos demócratas, que todavía no tienen claro el vínculo entre su distrito y el comercio con México y Canadá; en la postura de los sindicatos y de los grupos ambientalistas que pueden ser menos partidarios de la teoría del libre comercio que otros sectores de la sociedad; y de la idea, un poco simplista, que una empresa ubicada en un distrito demócrata en el fin del mundo, pero que exporta cualquier producto a México, va a ser escuchada en automático y atendida por uno de los nuevos diputados demócratas. Puede ser que sí, pero también puede suceder lo contrario.

Afortunadamente los mercados, es decir, las personas en Nueva York y en México que se ocupan de estos asuntos, lo entienden muy poco. Por lo tanto, dentro de su ceguera e ignorancia, junto con la de una buena parte del empresariado mexicano, pueden creer que, porque ya se convino en la firma del nuevo acuerdo el 30 de noviembre en Buenos Aires, lo demás es pan comido.

Ya veremos.
07 Noviembre 2018 04:00:00
AMLO, Proceso y los demás
La portada de la revista Proceso ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. López Obrador y su círculo más cercano, en particular, han criticado la fotografía, el encabezado, y el origen de la portada. Algunos distinguidos miembros de la comentocracia respondieron con mayor o menor indignación. Por mi parte, veo dos motivos de desacuerdo con AMLO y sus seguidores, familiares o colaboradores.

Proceso ha sido estridente, incontrolable, desprovisto de cualquier lealtad política o personal desde que existe. Julio Scherer criticaba despiadadamente a todos los funcionarios, incluso quienes habían sido, y fueron de nuevo, sus amigos más allegados, de grande o desde la juventud. Es el sello de la casa. Proceso editorializa, manipula, tergiversa y distorsiona desde 1976, cuando fue creada, bajo Scherer, y en los últimos años, con Rafael Rodríguez Castañeda. A pesar de estas evidentes características, algunos preferimos seguir escribiendo allí durante mucho tiempo: en mi caso, casi quince años. Otros despotricaban contra Scherer y la revista cuando les iba mal, pero aplaudían cuando le iba mal a sus adversarios políticos o enemigos personales. Y otros más acusaban los golpes de Proceso sin mayor réplica, crítica o aplauso: solo el silencio. Pero creo que nadie podía llamarse a engaño sobre lo que era la revista.

Por eso me cuesta trabajo indignarme con la sopa de su propio chocolate que le correspondió ahora a López Obrador. Nunca él o cualquiera de sus compañeros de camino chistaron ante las obvias medias verdades, ofensas, engaños o arbitrariedades de Proceso a lo largo de los últimos veinticinco años, por elegir un plazo que los involucra. La mala leche, la impunidad y la independencia llevada al extremo de la guerra periodística generalizada, jamás provocaron un cuestionamiento, un deslinde o siquiera una duda por parte de los sectores que hoy componen la izquierda lopezobradorista. Esta vez les tocó la de perder; mala tarde, sin lágrimas. Lo cual no significa que carezcan de razón los amlovers: nada justifica la portada, vista en su conjunto. Y menos motivada por una entrevista con alguien que más allá de su prestigio jurídico, posee pocas credenciales para opinar sobre AMLO, bien o mal.

Ahora bien, existe un sofisma aterrador en la respuesta de López Obrador: tengo derecho de réplica. Como mexicano, como político, como candidato, sí. Como Presidente, en un país como México, tengo mis dudas. Ya se ha comentado el tema de la publicidad oficial. A menos de que la eliminara por completo –para nada una mala idea– o que su repartición quedará en manos de una comisión autónoma regida por criterios estrictamente comerciales, AMLO nos está pidiendo la luna. En pocas palabras, nos trata de convencer que puede escindirse en dos. Primero, el AMLO de rompe y rasga, de patín y trompón, de réplica y contra-réplica, que opina diario sobre la calidad del contenido de los medios. Segundo, el AMLO magnánimo, imparcial, despojado de cualquier prejuicio o sentimiento, que distribuirá la publicidad gubernamental sin tomar ni remotamente en cuenta todo lo que manifestó el primer AMLO. A ver quién le cree.

Lo más grave, sin embargo, no es la publicidad oficial. Tenemos el empresariado que tenemos. Lo vimos en 1975, cuando Echeverría exigió a la IP retirar los anuncios en el Excélsior de Scherer, y esta accedió. Lo intuimos en los videos del día después de las elecciones del 1 de julio. Lo comprobamos en las diversas reuniones de los empresarios contratistas con AMLO a propósito de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. ¿Alguien puede creer que los anunciantes privados, nacionales y extranjeros, van a pagar publicidad en medios abiertamente denostados por el Presidente de la República?

La mayoría de los medios impresos serios pueden vivir sin anuncios oficiales. Algunos, muy pocos, sobrevivirían sin anuncios privados. Ninguno, sin ambos. Los empresarios mexicanos, por una y mil razones, y las multinacionales en México, por otras, no van a correr el riesgo de anunciarse en medios impresos –de escasa importancia para ellos– que sean objeto de la crítica y burla, del asedio o desprecio, del primer mandatario. En Suecia tal vez. En México, no.
05 Noviembre 2018 04:04:00
Las caravanas,  ¿dónde está la izquierda?
Visto desde una perspectiva formal y superficial, las caravanas de centroamericanos, o los éxodos de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos huyendo de violencia en sus países, debiera recibir y merecer una solidaridad incondicional de la izquierda mexicana. Para empezar, porque los que marchan son gente de muy escasos recursos, mujeres, niños y jóvenes, que suscitan la simpatía y el apoyo de todos, pero en particular de las personas con una larga tradición de izquierda.

Enseguida, porque es relativamente sencillo y cierto afirmar que la fuga de cientos de miles de centroamericanos a lo largo de los últimos 30 años, y de los miles de refugiados huyendo hoy, se debe por lo menos en parte a la política de Estados Unidos en Centroamérica. O bien por las guerras civiles provocadas o financiadas por Washington, o bien por la deportación de miles de pandilleros o “maras” de Estados Unidos a sus países de origen, o bien porque durante muchos años los norteamericanos protegieron a las oligarquías locales, que se constituyeron en los principales responsables de la pobreza y la violencia en esos países, las caravanas embonan bien con el tradicional antiimperialismo de las fuerzas de izquierda en México.

Además, en algunos casos, los activistas u organizadores, sobre todo de los hondureños, provienen de una especie de izquierda de ese país, encarnada para muchos –no todos– por Manuel Zelaya, el presidente aliado del ALBA y receptor de grandes flujos de recursos de Hugo Chávez, y que fue derrocado en 2009 por los militares. Conviene recordar que la esposa del próximo canciller mexicano fue la embajadora de Zelaya en México. Debiera haber un entendimiento natural entre amplias filas de la izquierda mexicana, a punto de acceder al poder, y las columnas migrantes en el sureste del país. La izquierda mexicana ha construido una narrativa de solidaridad con sectores venidos de fuera y buscando algún tipo de refugio en México, desde la República española hasta los mismos centroamericanos en los años 80, pasando por los conosureños de los años 70. Y hoy, a diferencia de todos esos casos, esa izquierda se encuentra en el poder, o por lo menos en la antesala del mismo, con acceso a recursos cuantiosos para materializar su empatía natural por la causa de las caravanas.

Algo de todo esto ha sucedido, pero en mucho menor medida que lo esperado. Grupos de activistas mexicanos se han acercado a las caravanas y cientos de oriundos de las poblaciones por donde transitan les ofrecen agua, comida, albergues, atención médica, etc., quizás más en los primeros días que ahora. Seguramente al llegar a la Ciudad de México, distintas alcaldías de Morena harán lo mismo, y con mayor énfasis. Mario Delgado, líder de Morena en el Senado, conversó con los primeros hondureños en Tapachula. Tal vez López Obrador reciba a una delegación lunes o martes. Pero un estallido de solidaridad de izquierda con los centroamericanos, sencillamente no ha habido.

La tradicional desidia, desorganización y pasividad de esa izquierda explica en parte el fenómeno. La mezquindad, también, así como un dejo de racismo nunca ausente en México. Pero me parece que conviene ubicar la apatía de la izquierda mexicana, con sus mayorías absolutas en ambas cámaras, en el contexto de la postura de AMLO y Morena frente a Trump y Estados Unidos. Para nadie es un secreto que el Presidente estadunidense está profundamente obsesionado por las caravanas, y que no se trata únicamente de un asunto electoral. Tampoco es ciencia oculta entender que López Obrador ha decidido no entrar en ningún conflicto con Washington mientras pueda, no sólo aceptando concesiones de Peña Nieto en materia del T-MEC, sino incluso ayudando a los norteamericanos con la gente de EPN. No se necesita mucha imaginación para sospechar entonces que por lo menos en lo que a “línea” de arriba se refiere, no la hay de apoyar a los centroamericanos. No les mandan camiones, comida, agua, médicos (salvo parece la Alcaldía Gustavo A. Madero), ni senadores y diputados de Morena los acompañan en las carreteras, ni votan puntos de acuerdo en el Congreso, ni se movilizan mayormente en los medios. Hay que evitar que Trump se enoje, y si los hondureños padecen las consecuencias, ni modo.
02 Noviembre 2018 04:03:00
Trump y las pedradas
Hubiera querido dedicar este espacio hoy a los históricos fallos de la Suprema Corte de Justicia de hace un par de días, con los cuales establece jurisprudencia para el consumo de mariguana con fines recreativos. Pero el discurso de Donald Trump de ayer sobre temas migratorios, asilo, la frontera con México, etcétera, me obligan a hablar de otra cosa. Sin embargo, no quisiera dejar de felicitar a los siguientes camaradas en esta lucha, pidiendo una disculpa por si algún nombre se me queda en el tintero: Armando Santacruz, Blanca del Valle, Juan Francisco Torres Landa, Lisa Sánchez y Aram Barra de México Unido Contra la Delincuencia; Fernando Belaunzarán, Vidal Llerenas y Rosa María; Fabián y Andrés Aguinaco; Alejandro Madrazo; y los llamados “motables”: Luisa Conesa, María Elena Morera, Fernando Gómez Mont, Juan Ramón de la Fuente, Héctor Aguilar Camín, Pedro Aspe y un servidor. Todos debemos de congratularnos y festejar.

Trump amenazó con el anuncio de un cambio radical en la política norteamericana de asilo, a raíz de lo que llamó la crisis en la frontera de Estados Unidos. En realidad, no hubo tal. Repitió las mismas mentiras, las mismas exageraciones, las mismas estupideces. Habló nuevamente de la “invasión” que constituyen las caravanas en marcha hacia Estados Unidos, de los delincuentes y hombres rudos y malos que las integran, y reiteró su amenaza de que no entrarán a Estados Unidos. En el fondo, Trump no dijo nada nuevo.

Con dos excepciones. En primer lugar, advirtió que quienes ingresen a Estados Unidos serían resguardados en unas auténticas ciudades –no quiso pronunciar el término campos o campamentos– de tiendas de campaña, ya que no hay capacidad en los centros de detención tradicionales. Afirmó que allí permanecerían los días y los años que duraran sus audiencias y procesos. Dio a entender que no podrían salir de allí mientras esto se lleva a cabo, lo cual hace suponer que los campamentos de tiendas de campaña se verán rodeados de alambre de púas y de torres de vigilancia con guardias armados. Las imágenes en la televisión norteamericana y del mundo no van a ser muy halagadoras.

En segundo término, avisó que cualquier migrante, refugiado o solicitante de asilo que tire piedras o algún otro proyectil con la intención de agredir a un integrante de las autoridades estadunidenses, civil o militar, será un blanco legítimo de una represalia armada. Es decir, que le podrán disparar. En parte, esto ya ha sucedido a lo largo de los últimos decenios, en varias tragedias intolerables, pero nunca un presidente de Estados Unidos había casi dado órdenes de disparar a civiles desarmados, por agresivos que pudieran ser. De nuevo, imágenes alarmantes.

Voceros de Trump aclararon posteriormente que firmaría una orden ejecutiva con los detalles de estos y otros cambios de política de asilo hasta la semana entrante. Después de las elecciones del martes, esto podrá o no suceder. Lo que sugiere este golpe que se cebó es que Trump no pudo construir un esquema que resistiera los embates de los abogados en los tribunales norteamericanos a propósito de cambios en la política de asilo, ni mucho menos de modificar la Enmienda #14 de la Constitución que estableció el jus soli en 1868.

Pospuso todo para después o para nunca, y seguramente espera que México le siga haciendo el trabajo sucio, ahora organizando boicots de transporte público y gratuito a los marchistas de los éxodos centroamericanos, y arrestando a números crecientes de hondureños. No he visto los autobuses enviados por los diputados y senadores de Morena en Juchitán o Matías Romero listos para apoyar a las caravanas. A lo mejor están en camino.
31 Octubre 2018 04:02:00
El silencio aeroportuario de Peña Nieto
Abundan las aristas de la insólita decisión de López Obrador de enterrar el aeropuerto de Texcoco e inventar el de Santa Lucía. La obsesión nacional al respecto –no sé si del todo justificada– asegura que casi todos los aspectos de la crisis aeroportuaria hayan sido escudriñados por la comentocracia, el empresariado y la clase política. No hay mucho más que decir, salvo repetir lo mismo: una decisión equivocada de AMLO, una incapacidad de sus colaboradores de convencerlo de lo contrario, una consulta ficticia en cuanto a la sociedad mexicana se refiere –no en lo tocante a los seguidores de AMLO– y un sinfín de repercusiones de toda índole en los días y los años venideros. Me limitaré entonces a un aspecto, de menor importancia, pero curioso, de todo este sainete.

Enrique Peña Nieto dejará como legado esencial la terrible derrota del PRI en las elecciones de 2018, la entrega del poder a un candidato presidencial todo poderoso gracias en buena parte a la elección de Estado organizada por el propio Peña Nieto, unas buenas reformas que probablemente se revertirán durante el nuevo sexenio, y el recuerdo de más muertos que Calderón y una corrupción percibida como infinita. Lo único positivo y duradero que hubiera podido entregar era... Texcoco. Nunca llevaría su nombre el nuevo aeropuerto, por todas las razones expuestas, y muchas más, pero la obra la habría iniciado él, y cuando se inaugurara, de panzazo, en el sexenio de su sucesor, sería recordado como quien finalmente pudo hacer lo imposible: un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. No era poca cosa.

Por eso me extraña sobremanera su decisión de no hacer campaña a favor de –ni de colocar al Estado al servicio de– la opción de Texcoco. Ciertamente se pronunció después de la llamada consulta en cuanto a algunos costos hundidos de la cancelación; permitió que su Secretario de Turismo hiciera proselitismo televiso; manifestó tímidamente su propia posición, pero campaña, lo que se llama campaña, nada. He escuchado tres explicaciones de este silencio o abdicación.

Una consiste en su resignación ante la propia impopularidad. Así como Peña hundió cualquier apoyo a sus reformas justamente por ser suyas, de haber hecho campaña por 500 le habría ido... peor al NAIM. ¿Como por cuánto? ¿Peor que 70% vs 30 por ciento? Me cuesta trabajo creer que el Presidente de México, por impopular que sea, no podía convencer/inducir/acarrear los quinientos mil votos de diferencia entre Texcoco y Santa Lucía. Sobre todo en el Estado de México, primer padrón del país, y hasta donde entiendo, primera entidad en materia de casillas de Morena para la consulta.

Segunda: no quería legitimar una consulta ilegal, sesgada, opaca y hecha a modo. Prefirió mantenerse alejado, y no comprometer la investidura en una farsa. Tal vez, pero entonces hubiera podido hacer campaña contra la consulta, o instruir a su Gabinete a que lo hiciera, aunque se hubiera enojado López Obrador. No me convence mucho la tesis.

Tercera y última: no le correspondía, ya de salida, entorpecer una labor prácticamente de Gobierno del nuevo presidente. La consulta tuvo lugar durante su mandato, pero involucraba una decisión del mandato de López Obrador, y Peña pensó que se hubiera tratado de una injerencia indebida de su parte. En efecto, pero sólo tuvo lugar la consulta durante su sexenio porque así lo decidió AMLO, nadie más. Era perfectamente posible posponer todo el numerito hasta diciembre o enero, incluso con una nueva legislación; la injerencia más bien fue de AMLO en el sexenio de EPN.

Me temo que la verdadera respuesta yace en el pacto de impunidad, fraguado al calor de la campaña, o desde las elecciones del Edomex en 2017, entre Peña y López Obrador. AMLO le hizo entender a su predecesor que no deseaba que interfiriera en el tema del aeropuerto; Peña aceptó la súplica/amenaza, y apechugó. Huelga decir que nada de esto me consta, pero ya entrados en dichos, me extraña que siendo araña, Peña Nieto haya permanecido callado por magras razones. Fueron de peso.
26 Octubre 2018 04:01:00
El chantaje de los mercados
Si estuviera en México, iría a votar y lo haría a favor de Texcoco. Como ya he escrito en estas páginas, no comparto la avalancha de críticas dirigidas por colegas y amigos contra la consulta per se de la 4-T, aunque debo reconocer que los organizadores de la misma parecen haber hecho todo lo posible para desacreditarla. Trabajan para el enemigo.

Pero me irrita y me desconcierta mucho uno de los principales argumentos esgrimidos, también por colegas y amigos, a favor de Texcoco y en contra de Santa Lucía/Toluca/Benito Juárez. Se puede resumir en la advertencia estridente: “Aguas con los mercados”. Una columna tras otra explica como si López Obrador opta por Santa Lucía, se espantarán “los mercados”, se debilitará el tipo de cambio, subirá la tasa de interés, se pospondrán o se suprimirán inversiones. Además de la dificultad de saber exactamente quiénes son los mercados, y adivinar cómo se comportan, creo que decisiones de la naturaleza de la del aeropuerto deben tomarse a partir de otro tipo de criterios. Una vez tomada la decisión, en efecto conviene prepararse para atender las consecuencias de la misma: financieras, políticas, diplomáticas, hasta culturales. Pero los movimientos del tipo de cambio no constituyen los mejores consejeros para estas disyuntivas.

Además de estas razones, sin embargo, existe otra, más poderosa. Hoy, se recurre a la amenaza del nerviosismo de los mercados –real o petate de muerto– para oponerse a una mala decisión: cancelar Texcoco. ¿Y qué tal si mañana los mercados se muestran rejegos con una buena decisión, por lo menos a ojos de quienes integramos la comentocracia? Hoy es muy sencillo invocar el riesgo de una reacción negativa de los mercados ante Santa Lucía, por mil razones válidas: no se cumplen compromisos de un gobierno a otro; se tira dinero a la basura; no hay claridad sobre la viabilidad y el costo de Santa Lucía, etc. ¿Y si mañana los mercados, con buenas razones, se oponen a mejores causas?

Doy dos ejemplos, para no aburrir: la caravana y la legalización de la mariguana (y del cultivo de amapola). En ambos casos, como en muchos otros a lo largo de los últimos decenios, es muy probable que si México procede de una manera que desagrade a Washington, los “mercados” rechinarán. Pensarán –suponiendo que haya un sujeto único pensante– que un conflicto entre Peña Nieto y López Obrador con Trump, al no acceder los mexicanos a la exigencia norteamericana de impedir el paso de la caravana y deportar a los hondureños o ubicarlos en el equivalente de campos de concentración, sería dañino para los negocios. Habría represalias de la Casa Blanca, y eso siempre asusta a los mercados. Más aún, si como pienso yo, eso fue parte del arreglo con Trump sobre el TLCAN.

Asimismo, si AMLO sigue adelante con la propuesta de la legalización presentada por su colaboradores, y Washington se opone y reacciona de manera virulenta (recordemos la Operación Intercepción en la frontera en 1969), los mercados pueden molestarse seriamente. Y entonces ¿qué
hacemos?

En ambos temas, el conflicto con Estados Unidos, como tantos otros en el pasado, provoca, para empezar, la histeria y el rechazo de muchos empresarios mexicanos, siempre atentos a lo que dice la embajada o el Tesoro o el Departamento de Estado. En segundo lugar, los adeptos de este tipo de decisiones suelen movilizarse poco, mientras que los adversarios sí. No es una cancha pareja, ni de poder real ni de capacidad de cabildeo o movilización. No es un buen argumento el de los mercados, aunque sea cierto. Se revierte muy fácilmente, o se vuelve contraproducente.

Pensemos en otros temas análogos. Aborto, matrimonios igualitarios con plenitud de derechos, el tren Maya (que repruebo), la amnistía para determinadas personas, la reforma energética (con la que estoy de acuerdo) incluyendo la salida a bolsa de Pemex, la ratificación del T-MEC por el Senado, y muchas más: la supuesta reacción de los mercados no debe fungir como criterio. Debe ser tomada en cuenta para blindar la decisión –cualquiera que sea– y ponerla en práctica en las mejores condiciones
posibles.
24 Octubre 2018 04:00:00
La caravana y un poco de historia
Ahora que unos 7 u 8 mil hondureños han optado por organizarse en una caravana y dirigirse a Estados Unidos, atravesando buena parte de Guatemala y de México, algunos analistas han evocado el recuerdo de los años 80. Al principio de ese decenio, miles de guatemaltecos, en buena parte indígenas del Quiché y de Huehuetenango, entraron a México huyendo de la política de tierra quemada de los militares y en particular de Efraín Ríos Montt. En un primer momento, el Ejército Mexicano llevó a cabo un “refoulement” ilegal y reprobable, pero el presidente José López Portillo, instado por su canciller, rectificó. Finalmente, casi 50 mil refugiados guatemaltecos ingresaron a México, permanecieron en campamentos en Chiapas, coadministrados por la ONU –Acnur– y el Gobierno de México –Comar– hasta 1984, cuando fueron trasladados –por la fuerza– a Campeche.

Algunos volvieron a su país después de los acuerdos de paz de 1995. Muchos se instalaron en México, adquirieron la ciudadanía mexicana, y tuvieron hijos mexicanos hoy ya mayores y magníficos ciudadanos. Tuve la oportunidad de entregarles a integrantes de ambos grupos sus certificados de nacionalidad mexicana en 2001, siendo secretario de Relaciones; unos cuantos recordaban que había sido mi padre el responsable de su llegada al país en 1981-1982. Fue un buen capítulo de nuestra historia de hospitalidad y solidaridad.

Acnur desempeñó un papel importante en esa historia, no siempre con el agrado del Gobierno de México. El próximo director de la Comisión Federal de Electricidad expulsó al representante de la ONU para refugiados en 1984. Con su tacto consabido, Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, no titubeó en declararlo persona non grata por no seguir a pie juntillas las indicaciones del Gobierno de Miguel de la Madrid. Cuando los guatemaltecos fueron reubicados a Campeche, el mismo Bartlett –acuérdate, Tatiana– mandó secuestrar y vejar a Adolfo Aguilar Zínser por protestar contra la medida.

Todo esto viene a colación por el tema de Acnur, la caravana hondureña y la postura del Gobierno de Peña Nieto/López Obrador en estos momentos y a partir de 1 de diciembre. Se enojan conmigo los partidarios de la 4-T porque les adjudico la responsabilidad de lo que ha sucedido. Se la buscaron: AMLO quiso que su gente participara en las negociaciones del TLC, que viajara por su cuenta por el mundo, que ocuparan ya cargos de facto. Para bien o para mal, todo esto ya es su asunto.

Videgaray, con buen tino, metió a Acnur en el tema de la caravana. Hasta donde pueda el alto comisionado, estoy seguro de que enviará personal y recursos materiales para albergar a los hondureños que soliciten asilo en México, que acepten ser atendidos por Acnur y una Comar venida a menos desde 2007, y que deseen permanecer en Chiapas, tal vez Oaxaca, hasta que su caso sea resuelto. En realidad, para un largo período, o para siempre. Pero existen grandes diferencias y algunas semejanzas entre los guatemaltecos de 1981-82 y los hondureños de 2018.

Ambos grupos están organizados. No de manera conspirativa –por Trump, por Zelaya, en aquella época por la guerrilla de Guatemala, pero organizados, sí. Su éxodo respondió a espantosas condiciones en su lugar de origen –el genocidio hace casi 40 años, la ciudad más violenta del mundo en San Pedro Sula hoy– y a una iniciativa de diversas organizaciones de la sociedad civil: armadas entonces, pacíficas ahora. Esto hace que las decisiones que tomen los hondureños hoy, como los guatemaltecos entonces, respondan a consideraciones de fondo, no puramente coyunturales.

Aquí comienzan las diferencias. Los de Guatemala deseaban permanecer lo más cerca posible de la frontera. Por varios motivos. Primero, para recibir a más guatemaltecos. En segundo lugar, para volver a sus pueblos cuando las condiciones lo permitieran. Tercero, porque efectivamente, constituían una retaguardia de la URNG, la organización unida de la guerrilla, comandada principalmente por Rolando Morán, gran amigo, y por Gaspar Ilom, hijo de Miguel Ángel Asturias, ambos fallecidos. Los hondureños de hoy, lo último que buscan, es asentarse en Chiapas como refugiados. Quieren llegar a Estados Unidos, o por lo menos entregar a sus niños allá, y seguir insistiendo en la frontera norte de México para entrar al país del norte, de una manera u otra. Los guatemaltecos de entonces aceptaron la hospitalidad mexicana y la atención de Acnur por esa razón; los hondureños de hoy son diferentes. Por eso dudo que funcione la idea de Videgaray de radicar a los integrantes de la caravana en campamentos de Acnur en Chiapas. Lo que es más, ya no fue.
22 Octubre 2018 04:04:00
La caravana: Cantinflas en Tapachula
A media tarde del domingo, seguimos sabiendo poco de la caravana hondureña –y en alguna medida, guatemalteca, salvadoreña e incluso nicaragüense– ahora estacionada en Tapachula. Pero sí contamos con algunos elementos, y sobre todo con muchas preguntas. Primero, los primeros.

Buena parte de los 5 a 7 mil refugiados/migrantes ya entraron a México. Algunos, con los papeles que les otorgó el Gobierno mexicano; la gran mayoría sin ellos. Ningún medio norteamericano o mexicano in situ se cree el cuento de los presidentes de Guatemala y Honduras en el sentido de que miles ya desistieron de su esfuerzo por llegar a Estados Unidos y volvieron a sus países de origen. Recorrieron los 30 kilómetros de Ciudad Hidalgo a Tapachula en paz y en calma, casi custodiados por la Policía Federal, afortunadamente desarmada.

Muchos se rehúsan a solicitar asilo en México, ni ante autoridades nacionales ni ante los escasos funcionarios de ACNUR en la zona, por temor a que sus datos sean entregados a Washington, o a que al ingresar a un albergue oficial, sean deportados. Todo indica que la gran mayoría de quienes se encuentran en Tapachula muy pronto emprenderán su marcha hacia el norte, empezando por Tuxtla, Tonalá y los puntos que los organizadores escojan. A diferencia de los refugiados guatemaltecos de los años 80 –gracias, Cecilia Soto, por recordar esos tiempos– que preferían permanecer cerca de la frontera, por diversas razones, los del siglo 21 desean alejarse lo más posible y llegar a Estados Unidos. Difícilmente aceptarán ser resguardados en albergues o campamentos de ACNUR, a menos de que se conviertan en campos de concentración de los cuales no podrán escapar.

Por ahora, la astucia del gobierno de Peña Nieto ha funcionado. Hasta estas horas, los medios norteamericanos siguen reproduciendo las imágenes de los “federales” que impidieron el ingreso de los hondureños, y felicitando a las autoridades mexicanas por su apoyo. Hasta Fox News, y en particular Hannity y Laura Ingram, lo han hecho. Han caído en el hábil engaño de Videgaray: México resiste. También se lo han tragado los morenistas: México deja entrar a los hondureños, en los hechos, a pesar de haber reprimido a unas cuantas docenas de mujeres y niños. El secretario ya conoce bien a su izquierda, y sabe que no va a dar la pelea por los hondureños: es, como dice un amigo mío que conoce como nadie a la izquierda mexicana, puro jarabe de pico.

Aquí empiezan las preguntas, y terminan los hechos. Abundan las teorías conspirativas sobre la caravana, más en México que en Estados Unidos, pero también en ese país. Unas sostienen que es producto de una maniobra de Trump y sus servicios, para no perder tantos escaños en las elecciones de noviembre. No es imposible, pero adolece de una debilidad: si alguien, por ejemplo, asesores de Obama, lo supieran, lo dirían. No tienen nada que perder. Otras teorías sugieren que se trata de una manipulación de la oposición hondureña, encabezada por el expresidente chavista Mel Zelaya, para poner en evidencia a su adversario, el presidente en funciones, Juan Orlando Hernández, o para tomarla la medida a López Obrador y ver si como ronca duerme. No es imposible, pero Zelaya sigue respondiendo a los cubanos, y estos todavía no quieren colocar a AMLO entre la espada y la pared.

No sabemos tampoco –y me parece sensato que el Gobierno de México no lo ande anunciando– que van a hacer las autoridades cuando arranque la caravana, con mil o 7 mil integrantes, hacia el norte. ¿Van a frenar a los marchistas con el uso de la fuerza? ¿Los van a deportar, como se lo prometieron a Trump? ¿Los van a dejar pasar, y que se las averigüen los norteamericanos como puedan? En los hechos, junto con ACNUR, México, quizás impulsado por las autoridades estadunidenses, está poniendo en práctica un acuerdo de “Tercer País Seguro”, aunque no lo reconozca y no la haya firmado. En un mundo ideal para Peña Nieto, se trataría de que todos los integrantes de la caravana solicitaran asilo en México; unos lo recibieran y otros no; los que sí, permanecerían en campamentos en Chiapas, sin salir de ellos; los que no, serían deportados a sus países, y Washington asumiría el costo financiero. Todos contentos. Y nadie se vería obligado a defender un acuerdo formal indefendible, porque no lo habría. ¿Se prestarían Morena y López Obrador a algo tan cínico? Me canso, ganso.
19 Octubre 2018 04:02:00
La caravana hondureña de López Obrador
Las crisis políticas, económico-financieras, diplomáticas o militares no se producen cuando los hombres las desean o las esperan. Suceden con un grado de imprevisibilidad incalculable, sobre todo en un mundo “globalizado”, donde lo que afecta a unos repercute en otros.

Por lo menos desde el verano de 2014, México enfrenta el desafío de las consecuencias políticas internas en Estados Unidos de la migración centroamericana. Esta transita por territorio mexicano, llega a nuestra frontera e ingresa a Estados Unidos. Lo hace en familia, con menores no acompañados, solicitando asilo o intentando internarse a Estados Unidos sin papeles.

Muchos llegan a padecer abusos inenarrables por parte de autoridades y criminales mexicanos (a veces son lo mismo). Otros realizan la travesía resguardados por polleros sin escrúpulos salvo la ley del negocio: quedar bien con el cliente. Desde entonces, y en realidad, a partir de mediados de los años 80, cuando comienza la migración –en esa época detonada por las guerras en Centroamérica– del Triángulo del Norte a Estados Unidos,
Washington ha presionado a sucesivos gobiernos de México para que le hagan el trabajo sucio. Cada uno ha respondido a su manera: resistiéndose; accediendo, pero insistiendo que es por intereses propios; accediendo sin chistar. Hoy la crisis le toca a López Obrador.

Desde que se suspendió la postura de cero tolerancia de Trump hace tres meses y cesó la separación de las familias centroamericanas del lado norte de la frontera, se ha incrementado dramáticamente el éxodo hondureño y guatemalteco, y en menor medida salvadoreño. Septiembre fue el mes del mayor número de detenciones de centroamericanos en la frontera sur de Estados Unidos en la historia.

El volumen ha rebasado la capacidad de alojamiento, procesamiento, alimentación etc. La única solución, de nuevo, es que México haga el trabajo sucio, en la frontera sur de ser posible; si no, en la norte, al impedir allí que los centroamericanos lleguen a los puntos de cruce con Estados Unidos. Es la misma historia de siempre, pero diferente.

Por tres motivos. En primer lugar, porque las cifras son más elevadas, o por lo menos eso dicen las autoridades norteamericanas. En segundo término, porque ya se dio el nuevo TLCAN, y todo indica que, por lo menos en la mente de Trump, sí hubo un quid pro quo: acuerdo y firma en los tiempos de México a cambio de apoyo en materia de drogas y migrantes. Tercero, porque estamos en pleno periodo electoral, al igual que con Obama en el verano de 2014. Y, por último, porque se trata de ver cómo reacciona un nuevo gobierno de México, que al final del día será quien tome la decisión sobre esta caravana y todas las que sigan, nutridas o ralitas.

A eso viene a México el secretario Pompeo, y a eso ha viajado a Washington en múltiples ocasiones el nuevo secretario de Relaciones de López Obrador. Lo que no sabemos es cuál será el desenlace en estos días, y ya en diciembre. Si hubo ese quid pro quo, AMLO lo suscribió; tendrá que cumplir. Si no entendió de qué se trataba, ahora va a entender. Porque de nuevo, se trata de un tema binario, de esos que repugnan a los políticos mexicanos tradicionales. O entran los hondureños a México, o no. Los que entren, aunque se ubiquen en campos de refugiados de ACNUR, buscarán como seguir encaminándose a Estados Unidos. Y Trump sí va a verse obligado a hacer algo en su frontera, porque el tema enardece a sus
bases, y lo obsesiona a él.

¿Es casualidad la caravana hondureña ahora? ¿Puede desentenderse AMLO hasta dentro de seis semanas? Da más o menos lo mismo. Es su asunto, los centroamericanos allí están y van a seguir llegando, y Trump va a seguir exigiendo que hagamos el trabajo sucio. Uno puede esperar por lo menos que el ala izquierda de la 4-T ya esté dirigiéndose a Tapachula para recibir a los hondureños, e impedir que la Policía Federal impida su ingreso. ¿O de qué lado está la 4-T?
17 Octubre 2018 04:03:00
El discurso del método (de AMLO, no de Descartes)
A diferencia de muchos de mis colegas en la comentocracia, no me parece tan mala la idea de López Obrador de recurrir a una consulta (“whatever that means”) y a una encuesta (aún no definida) para decidir qué hacer con el nuevo aeropuerto. Los detalles –quién las pagará; el peso respectivo de cada ejercicio; el carácter vinculante de la consulta en ausencia de todos los datos pertinentes– pierden peso ante la magnitud del tema.

Sí se trata de una inversión gigantesca, probablemente muy superior a la prevista hoy y de cualquier obra pública de la historia de México. Sí compromete al país y a sus sucesivos gobiernos por un tiempo prolongado, de nuevo, en cualquiera de las opciones que se escoja. Sí será examinada con lupa la decisión por inversionistas y calificadoras como la primera señal no retórica de AMLO en materia económica, por los menos de manera indirecta. Y sí reviste una importancia simbólica para las bases radicales de Morena, desde los macheteros de Atenco hasta el ingeniero Riobóo. El asunto no es menor.

Por eso, contar con un par de instrumentos que permitan sondear el estado de la opinión tanto de los partidarios de López Obrador (en los hechos, la consulta) como de la sociedad en general (a través de la encuesta), puede resultar útil. Le sirve a AMLO ya sea para blindarse ante una determinación a favor de Texcoco, que será repudiada por sus bases, ya sea a favor de Santa Lucía, Benito Juárez y Toluca, que será fuertemente criticada por el empresariado, los llamados mercados, y buena parte de la intelectualidad. Incluso le permite lo que seguramente más le complacería: posponer las decisiones difíciles. Puede utilizar un resultado dividido –como en el box– para pedir más estudios, echar a andar los inevitables y enésimos parches de AICM y Toluca, y seguir buscando quién se haga cargo de Texcoco si no lo ha encontrado aún.

En muchos países –más bien a nivel municipal o de estados o regiones en sistemas federalistas– se recurre a una votación para optar o rechazar una obra pública. En general se utiliza la figura de un bono emitido en los mercados por la entidad, y se le consulta a la ciudadanía su disposición a pagar los intereses del mismo mediante impuestos. La participación electoral suele ser baja en estos casos, pero reveladora del estado de ánimo de la población.

El problema de López Obrador ante el aeropuerto no reside entonces, en mi opinión, en el método que ha seleccionado para resolver el dilema que él mismo creó en su campaña. Estriba más bien en privilegiar el método sobre la sustancia, es decir, la decisión misma. Al no tomar partido, muestra su habilidad política si le sale bien la maniobra, pero también su desinterés o desprecio por el fondo de los asuntos de políticas públicas. Es una abdicación de responsabilidad. Ante quienes piden, con sensatez, que se suspenda la crítica hasta que empiece a gobernar, se les puede responder que junto con la designación de su gabinete, esta es la primera decisión de gobierno del nuevo presidente. Se vuelve extraño, por no decir surrealista, que no sepamos entonces qué piensa el que tomará al final de cuentas esa decisión.

La pregunta salta a la vista: una vez que el pueblo decida ¿AMLO va a salir a explicar, defender y promover la decisión del pueblo, cualquiera que esta sea? ¿O también va dejar el asunto en manos de sus colaboradores –divididos– o del pueblo, nuevamente?
15 Octubre 2018 04:03:00
La mariguana de Canadá y de AMLO
El miércoles 17 de octubre –pasado mañana– entra en vigor en Canadá la plena legalización del uso recreativo o lúdico de la mariguana. Detalles más, detalles menos, tanto a nivel federal como en cada provincia, será legal la producción, la distribución y el consumo de cannabis. Junto con Uruguay, nuestro socio en el llamado TLCAN 2.0 se convertirá en el otro país que procedió de esa manera. Otras naciones, como Holanda y Portugal, así como regiones o estados en diversos países (California, Cataluña, Madrid) han actuado de manera análoga.

La reacción de Estados Unidos va a resultar interesante por varios motivos. En primer lugar, veremos cómo reacciona Trump en las oficinas de la ONU en Viena (UNODC), y en particular ante la Junta de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). Puede, como Obama en el caso de Uruguay, aceptar tácitamente una interpretación amplia de las convenciones internacionales que rigen el funcionamiento de la JIFE y de la UNODC.

A la inversa, la tentación de “castigar” a Justin Trudeau y a su país, a quienes ya ha demostrado que les guarda escaso cariño,  puede resultar irresistible. Algunos se preguntarán, en todo caso ¿y a nosotros, los mexicanos, qué diablos nos importa? Mucho, por varias razones. La primera proviene de la demostración palmaria del costo que pagamos los mexicanos por la absurda postura de Peña Nieto de negarse a cualquier avance en materia de legalización.

Por conservadurismo personal, por desidia, por el provincianismo que le impidió entender lo que sucedía en la región, nos quedamos muy atrás. Hoy Canadá y tres de los cuatro estados fronterizos con México de la Unión Americana autorizan el uso de la mariguana recreativa.

Nosotros no, pero seguimos mandando tropa a la sierra a quemar sembradíos; seguimos deteniendo “trailers” en las carreteras; y seguimos buscando “chapotúneles” en Tijuana, todo ello con el único propósito de cumplir con antiguos e inconfesables compromisos con Washington. Muy amigos de los socios de USMECA, pero diferentes.

La segunda razón se refiere a la actitud de Washington frente a la posibilidad de que el nuevo gobierno de México avance hacia la legalización de la mariguana y del cultivo de amapola para producción de heroína y morfina médicas. Como ya he escrito en este espacio, han proliferado en tiempos recientes los integrantes del Gobierno entrante y saliente que se han manifestado a favor. Hasta López Obrador externó una opinión si no favorable, por lo menos abierta, con las ambigüedades y los  eufemismos propios de todo político mexicano tradicional.

Pero en el conjunto de contactos que sus colaboradores han sostenido con la gente de Trump, estos seguramente han compartido con los de AMLO su punto de vista al respecto. Con Canadá ya no será secreto el contenido de esos intercambios. Ni podrá ser muy distinta la respuesta a Canadá que a México.

Sé que muchos esgrimen escepticismo, pero sí creo que se amarraron acuerdos secretos entre Peña Nieto, AMLO y Trump en varios ámbitos en torno al nuevo acuerdo comercial. Sospecho que las drogas, y la continuación de la guerra y de la estrategia que el propio AMLO ha tildado de fracaso, constituyen un capítulo fundamental de ese entendimiento. Aunque sólo fuera por eso, estoy cada día más convencido de que el nuevo régimen va a decepcionar a todos aquellos que esperan legalización, cultivo, pacificación y recambio de estrategia. No va a suceder nada de eso. En gran parte, por los compromisos con Trump.

Pero en alguna medida también por la distancia creciente entre la impresión que da el nuevo equipo de no saber lo que quiere, y los enormes retos que enfrenta. Por una gran cantidad de motivos, México ha vivido desde 1994 bajo el fuego cruzado de dos curvas invertidas.

Cada sexenio nos toca un presidente con menos mundo, o más rupestre, que el anterior. Cada sexenio, el país es más sensible a un mundo más complejo. AMLO y México en 2018 confirman ambas tendencias.
12 Octubre 2018 04:02:00
La fuerza civil de AMLO
Conforme se acerca la toma de posesión del nuevo Gobierno, las definiciones y confusiones del equipo de transición van apareciendo con mayor nitidez. Hay temas cuya trascendencia y curva de aprendizaje son tan complejas y largas, que uno esperaría mayor precisión a un mes y medio del cambio. El tema de seguridad es el más evidente.

No se necesita ser un experto en la materia para entender que la propuesta de AMLO de reclutar a 50 mil nuevos efectivos del Ejército, la Marina y la Policía Federal, es incompatible con la de Alfonso Durazo y de Carlos Urzúa, de mantener exactamente igual, o en términos reales, el presupuesto de seguridad del 2019. Es decir 0.9 del PIB, una cantidad irrisoria y mucho menor que la de varios países de América Latina. Se puede hacer lo uno o lo otro, pero es imposible hacer ambas cosas a la vez. Conviene entonces tratar de desenmarañar la contradicción.

Desde hace 15 años he sostenido que las policías municipales y estatales en México no tienen remedio, con muy contadas excepciones. Que si algún día el país quiere contar con una fuerza civil que pueda realmente brindarle a la sociedad la seguridad que demanda y que merece, sólo se puede hacer a través de una policía nacional única, con un código penal único, y borrando la diferencia entre delitos del fuero federal y del fuero común, y eliminando los contingentes por municipio y por estado. Han pasado 15 años y no ha habido absolutamente ninguna mejora en la competencia, probidad, formación o salarios de los policías municipales y estatales, Una policía nacional única cuesta más y debería tener, por lo menos, entre 300 y 350 mil efectivos.

A su manera lo entendieron Zedillo, Fox y Calderón, pero al segundo el secretario de Hacienda le prohibió aumentar el número de integrantes de la entonces Policía Federal Preventiva, creada por Zedillo; y Calderón sí triplicó sus dimensiones, pero lo hizo dejándola en manos de un personaje no sólo siniestro sino corrupto e incompetente, de nombre Genaro García Luna. Peña Nieto le entrega a López Obrador una policía federal grosso modo del mismo tamaño que recibió de Calderón. La famosa gendarmería, o la ampliación de la PF, nunca se dio más que en cantidades mínimas.

Cuando López Obrador propone “reclutar” (es el término que él usó) a 50 mil jóvenes para expandir las filas del Ejército, la Marina y la PF, tiene toda la razón.

Pero tendría que presentarnos pronto respuestas a varias preguntas. En primer lugar, ¿cuánto tiempo va a durar la formación de dichos policías? ¿los seis meses que, en teoría, recibieron los reclutas de Calderón? ¿Tres meses como sucede en muchas entidades federativas? ¿Un año que parece ser el mínimo razonable para realmente poder cerciorarse de que los nuevos efectivos son competentes, honestos y
sobrevivientes? En segundo lugar ¿Quién los va a formar? ¿El Ejército? ¿La Marina? (¿quizás con mayor capacidad profesional que sus homólogos vestidos de verde?) ¿Algún gobierno extranjero que mande un número importante de instructores a México? ¿De qué países se trata?

En tercer lugar ¿En dónde los van a formar? ¿En la Academia de San Luis Potosí? ¿En otros países? ¿Todos de una vez? ¿Escalonados a lo largo de dos, tres o seis años?

No es posible adelantar en esta propuesta –insisto: sensata e inteligente– sin respuestas. Y desde luego falta la pregunta más importante y la madre de todas las respuestas: ¿De dónde va a venir el dinero? Si el presupuesto de seguridad va a permanecer igual; si no se proyecta duplicar o triplicarlo a lo largo del sexenio que ya empieza; si no se establece un impuesto especial –como se hizo en Colombia– para financiar un gasto de verdadera emergencia; si no se le habla con la verdad a la sociedad mexicana explicándole de qué se trata, es imposible el reclutamiento de esos 50 mil jóvenes.

Porque además el costo, que algunos han estimado en hasta 25 mil millones de pesos depende de lo que se les vaya a pagar. La experiencia de la fuerza civil en Nuevo León no es necesariamente alentadora, en cuanto a que el pago, que sí fue superior al anterior y al de otros estados, de todas maneras parece no haber sido suficiente ni para atraer a oriundos de ese estado a incorporarse a ese contingente, ni para permanecer en él. Y tampoco fue suficiente la contribución puntual y especial del gran empresariado regiomontano para seguir incrementando el número de efectivos de la fuerza civil. ¿25 mil millones? Tal vez, pero a condición de que sepamos cuáles son las respuestas a todas estas preguntas.
08 Octubre 2018 04:00:00
La amapola del general Cienfuegos
Nunca he sido un gran admirador del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, ni del papel de las Fuerzas Armadas en la guerra contra las drogas. Fue un error haber lanzado al Ejército a esta guerra absurda, con el pretexto que Lázaro Cárdenas, entonces gobernador de Michoacán, solicitó la intervención de los militares al presidente Felipe Calderón. Llevo más de 10 años buscando una huella directa, pública y explícita de dicha solicitud, y no la encuentro. Quizás ahora con sus nuevas responsabilidades Cárdenas Batel nos aclare el tema.

Pero Cienfuegos hizo anteayer una declaración de enorme trascendencia, aunque ya vaya de salida del cargo, al inaugurar un cuartel en Guerrero. Según Reforma y la agencia Reuters, Cienfuegos dijo: “Ya está en la mesa (la propuesta de la legalización del cultivo de la amapola para fines medicinales). Creo que puede ser una salida. Habrá que ver cómo se atendería la seguridad de los campesinos que ya no la van a vender a los delincuentes sino al Gobierno para hacer la morfina...”. Que el titular de la Sedena afirme lo que muchos hemos propuesto desde hace años es lo mejor que le he escuchado al gobierno de Peña Nieto.

No hay comparación posible entre la aceptación o apoyo del Ejército (y Cienfuegos es el jefe operativo del mismo) a la legalización del cultivo de la amapola, y la multitud de opiniones de expertos, comentócratas, expresidentes o académicos. Constituye un cambio de 180 grados en la postura pública de los militares, y de alguien que seguramente influirá en la designación de su sucesor, que no tendría por qué enarbolar una posición diferente.

Se ha explicado en varias ocasiones cómo la amapola, de la cual se derivan tanto la morfina como el opio y la heroína, puede ser cultivada legalmente, incluso dentro del régimen de Naciones Unidas y la Junta de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en Viena. Es un proceso largo y complejo, que han recorrido países como Francia y Turquía (entre muchos otros), y que encierra una opción unilateral.

En principio, si México no pretende vender la materia prima a Estados Unidos para su procesamiento y distribución a través de las grandes empresas farmacéuticas, puede producir morfina localmente y consumirla también dentro del país. Somos deficitarios en la producción de este tipo de analgésicos, además de que siempre faltan en los hospitales públicos para aliviar dolores extremos de pacientes terminales o que padecieron cirugías o accidentes graves. Hemos llegado al absurdo: exportamos heroína ilegalmente, e importamos morfina legalmente, cuando ambas provienen de la misma sustancia que se cultiva extensamente en México.

Estados Unidos ya ha aceptado interpretaciones múltiples de las Convenciones de Drogas y del mandato de la JIFE. Esto no significa, sin embargo, que Trump lo hará hoy, en plena crisis de opioides, y con México.

Por otra parte, una cosa es lo que diga Cienfuegos, insisto, ya de salida, y otra la que decide Andrés Manuel López Obrador. Varios colaboradores suyos han insinuado o, como Olga Sánchez Cordero, claramente expresado, que coinciden con la idea de la legalización de la amapola para fines médicos. Pero seguimos sin saber qué piensa AMLO, y menos aún si mantener la misma postura antidrogas fue uno de los acuerdos secretos no comerciales del USMCA, y que AMLO suscribió.

Hay que felicitar al general secretario –honor a quien honor merece– pero no hacernos ilusiones hasta el 1 de diciembre. Si AMLO abandona la guerra y legaliza, su sexenio ya en sí habrá valido la pena.
05 Octubre 2018 04:00:00
¿Es verdad la Comisión de la Verdad?
Varios próximos colaboradores de López Obrador han declarado en días, semanas y meses pasados que el nuevo gobierno creará una Comisión de la Verdad para investigar el caso de Ayotzinapa. Ahora, Loretta Ortiz, coordinadora nacional de los Foros de la Paz y la Reconstrucción, anuncia la creación de una Fiscalía para la Paz, así como un nuevo Sistema Integral para la Justicia, Verdad, Garantía de no Repetición y Reparación a las Víctimas (todo con mayúsculas).  Incluirá una Comisión de Investigación y un Tribunal Penal para la Paz (también con mayúsculas). Según Reforma, la Fiscalía “atenderá los crímenes más graves durante el próximo Gobierno federal”.

No tengo más remedio que aplaudir la Comisión de la Verdad. Luché por ello, con un éxito mediano, durante el gobierno de Fox, y junto con Agustín Basave y Santiago Creel, logré convencer a Ricardo Anaya de que incorporara la idea a su programa, sin que recibiera la prioridad o la resonancia deseables. Siempre he sido partidario del surgimiento en México de instituciones investigativas ad hoc, ya que pienso que las que tenemos no sirven de mucho para estos temas. Ni investigan, ni castigan, ni perdonan. Por lo tanto, el propósito de AMLO de seguir este camino me parece correcto y encomiable.

Tampoco me parece mal toda la parafernalia que se anuncia alrededor de la Comisión de la Verdad. De una manera u otra, todas las comisiones de esta naturaleza, en otros países y otros momentos, abarcan fiscalías o la facultad de ejercicio de la acción penal, tribunales especiales, e instrumentos de reparación del daño. Es excesivo, pero no es grave, ni empaña la idea original.

Sí la empañan dos atributos contradictorios. ¿Será solo para Ayotzinapa? ¿O también para Tanhuato, Tlatlaya, Apatzingán, Nochixtlán, etc.? ¿Abordará también la tragedia de los 40 mil desaparecidos y los 240 mil muertos de Calderón y de Peña Nieto? ¿Será solo para violaciones a derechos humanos, o también para actos de corrupción? Si, como todo lo indica, se trata de un instrumento de la llamada justicia transicional únicamente para los desaparecidos en Iguala, sin menospreciar la importancia de estos, se volverá rápidamente un engaño más, una simulación más, una mexicanada más.

Segundo dilema: cuando Loretta Ortiz dice que atenderá los “crímenes más graves durante el próximo Gobierno federal” ¿debemos entender que no mirará hacia atrás, salvo en el caso de Ayotzinapa? ¿Acaso significa que nada del pasado será investigado por estas creaciones nuevas y audaces? De ser así, los inconvenientes y las contradicciones inherentes en cualquier comisión de la verdad opacarán por completo su utilidad, que será casi nula. Si nos remitimos a las declaraciones de AMLO sobre chivos expiatorios, indultos y la necesidad de mirar solo hacia adelante, todo sugiere que así será: un vehículo sin reversa, sin retrovisores, sin memoria ni gasolina (o electricidad).

En ese caso, se tratará de una nueva oportunidad perdida, de un nuevo proceso perverso como los de Peña Nieto. Este se pintó solo en su talento para asumir buenas ideas y echarlas a perder por mil y una razones. La Comisión de la Verdad de López Obrador se acerca mucho a los desperdicios de Peña Nieto. Lástima.
03 Octubre 2018 04:02:00
USMCA: dos dudas
De acuerdo con la mayoría de los analistas, tanto en México como en Estados Unidos, el acuerdo alcanzado entre los tres países sobre un nuevo TLCAN es bueno para México. En dicha perspectiva se coteja, con bastante razón, el resultado final con cualquiera de las posibilidades contempladas hace casi dos años, cuando fue electo Trump. Este último no abandonó el TLC; Canadá no quedó fuera; muchas de las exigencias norteamericanas permanecieron en el tintero. Se trata de un logro importante para el equipo de Peña Nieto, y no tiene sentido regateárselo.

Lo cual no impide formular preguntas al respecto. Por mi parte tengo dos, no sobre el detalle del contenido del acuerdo, que iremos conociendo sobre la marcha, y que puede incluir sorpresas. Una se refiere a la posibilidad de otros acuerdos, aún no divulgados, con Estados Unidos. Otra abarca el tema de la política macroeconómica de la cual el viejo TLCAN fue a la vez el símbolo, la camisa de fuerza y la piedra de toque (Lenin).

Según El Universal, Trump declaró el lunes que “la seguridad fronteriza y la construcción del muro fue un ‘factor’ importante en la renegociación del TLCAN... Fue una gran parte, y se llegó a ciertas cosas, ciertos entendimientos. Aunque al mismo tiempo, tampoco queremos mezclar demasiado”. Expresó algo parecido el 27 de agosto, cuando se hizo público el acuerdo bilateral.

Esta parte no fue citada en otros medios, pero corresponde al audio de su declaración. Es innegable que el presidente de Estados Unidos dice cualquier cosa, presume de todo, y es perfectamente capaz de convertir un intercambio informal con Peña Nieto, o con Videgaray, en un acuerdo formal.

No obstante, surgen varios motivos para no desechar la versión de Trump. El secretario de Relaciones Exteriores, de acuerdo con versiones públicas de corresponsales mexicanos en Washington, ha viajado más de una docena de veces a la capital norteamericana desde la primavera. Las negociaciones estrictamente comerciales, en manos de la Secretaría de Economía, no ameritaban tal frecuencia. Los medios estadunidenses han publicado varios artículos sobre lo que Trump le ha pedido a México, desde un acuerdo de Tercer País Seguro en materia de migración centroamericana, hasta el ofrecimiento de 20 millones de dólares para financiar la deportación de extranjeros en territorio mexicano. En cuanto a drogas, ya vimos cómo México se sumó a un llamado aberrante, punitivo y prohibicionista del mismo Trump en la ONU la semana pasada, que contradice todo lo que ha dicho Peña desde hace meses y, sobre todo, lo que ha manifestado el equipo de López Obrador.

En segundo lugar, conviene recordar que el verdadero motivo del TLC original consistió en “blindar” la política macroeconómica de México contra retrocesos, vaivenes o francas desviaciones.

Siempre fue visto como una camisa de fuerza: para bien, según muchos; para mal, según otros, que consideraban que el acuerdo de 1994 condenaba a México a seguir un solo camino, el llamado “modelo neoliberal”. Imponía un costo exorbitante a cualquier alejamiento del esquema, y a la vez ofrecía garantías de continuidad del mismo. Así lo entendimos sus críticos de aquella época, y lo aceptamos, resignados pero realistas. Así lo denunciaron múltiples voces, sobre todo en el seno de la izquierda mexicana, o en los amplios parajes del nacionalismo revolucionario.

Hoy, la 4-T, empezando por su dirigente, López Obrador, aplaude el nuevo TLC, que desde este punto de vista es casi idéntico al anterior, a la vez que rechaza el “neo-liberalismo” imperante en México desde 1982. Sus aliados, desde Porfirio Muñoz Ledo hasta Pablo Gómez, se congratulan del acuerdo con Estados Unidos y Canadá, y simultáneamente anuncian el arranque de un nuevo modelo macroeconómico. La contradicción es evidente.

Me parece inverosímil que EPN se haya comprometido a acuerdos bilaterales en materia migratoria –mexicana y centroamericana–, de seguridad fronteriza y de la guerra contra las drogas, sin el visto bueno de AMLO. Y se antoja imposible que los equipos de este festejen un convenio igual –o menos favorable para México– a aquel que entronizó, perpetuó y consolidó un modelo de desarrollo que repudian, sin entender lo que hacen. Parece que la incongruencia les preocupa menos que el deshacerse mágicamente de un problema endemoniado. En todo caso, es el suyo.
01 Octubre 2018 04:07:00
Una más del 68
Visto que cada 10 años –o cinco, en 1993 y 1998– se presenta un nuevo aniversario cabalístico del 2 de octubre y del movimiento estudiantil de 1968, y que desde 1993 tengo algo menor que decir al respecto, reitero aquí una tesis de entonces. Tesis poco original, compartida por muchos que saben más del asunto que yo –lo vivieron; yo tenía 15 años–, y que he también expuesto en un par de libros, sobre todo en La Herencia: Una arqueología de la sucesión presidencial (1999).

Más allá de la fuente original de la tesis de los 600 o 300 caídos en Tlatelolco el 2 de octubre (Oriana Fallaci, The Guardian), se construyó durante muchos años la leyenda urbana de los centenares de muertos a manos del Ejército. Volveremos en estos días sobre el tema de la autoría y responsabilidad militar de la matanza, pero por el momento quiero insistir en la cifra de fallecidos. Fueron 68 esa tarde, y entre 81 y 89 durante todo el movimiento, incluyendo las semanas posteriores a la tarde de Tlatelolco.

Esa es la cifra a la que llegó la Fiscalía creada por Vicente Fox en 2001, y encabezada por Ignacio Carrillo Prieto. El resumen de las conclusiones de la Fiscalía fue redactado por Eduardo Valle “El Búho”, uno de los líderes del movimiento. Otro estudio, publicado en 2006, y reproducido ayer por Proceso, cuyo autora es Susana Zavala y que fue realizado con el apoyo del National Security Archive en Washington, arroja básicamente los mismos datos. Diferentes intentos previos o posteriores de arribar a resultados definitivos o bien ofrecen números menores, o bien quedaron inconclusos.

La pregunta entonces se antoja evidente: ¿Por que durante tantos años se siguió esgrimiendo un total más sangriento, más horroroso –como si 68 jóvenes muertos no fueran suficientes–? Siempre he propuesto la misma respuesta. Se debe a un hecho sencillo: al Estado mexicano –y a sus adversarios– le convino desde entonces esa contestación.

A los herederos del movimiento, porque debía tratarse de una masacre sanguinaria, desalmada, multitudinaria, que demostrara sin ambages el carácter infinitamente represor del Gobierno. Se entiende.

Por parte del Estado, la explicación es más sutil, y quizás inconsciente. Para el PRI en el gobierno, hasta el año 2000, el 2 de octubre representó una transacción política invaluable. Por un lado, la gente, es decir, la sociedad mexicana, y sus segmentos opositores al régimen, cada día mayores a partir de esa fecha, la matanza de 600 estudiantes revelaba que el Estado no tenía límites.

Había que temerlo, porque era capaz de todo para defenderse y mantenerse. Pasaron años sin otros movimientos estudiantiles –el 10 de junio fue una marcha–, y cuando reaparecieron, se circunscribían a demandas gremiales, válidas pero estrechas. Otras corrientes opositoras también se aterraron, con toda razón.

Pero al mismo tiempo, el Estado mexicano no pagó el costo de 600 muertos: pagó el de la décima parte. Díaz Ordaz lo expuso con gran inteligencia en una conferencia de prensa en la Cancillería en 1977, cuando fue nombrado embajador de México en España. A una pregunta de Alan Riding sobre su responsabilidad, contestó que no había tal número de fallecidos, que cada muerto dejaba un hueco, un familiar, un novio o novia, un amigo o amiga, que resentían la perdida. Y que los huecos no alcanzaban.

Habría que agregar: cada muerto deja una herida que parientes y amigos buscan cicatrizar, como en todo el mundo, a través de la protesta. Llevar a los culpables a la justicia; recordar los nombres de los caídos; erigir monumentos en su honor; exigir reparaciones del daño. El reclamo de 600 grupos de familiares y amigos de víctimas es más que 10 veces mayor que el de la décima parte. Es inconmensurable con el de 68. Pero no puede haber 600 conjuntos de acompañantes, si no hubo 600 víctimas.

Se dice que el Estado mexicano perdió la capacidad de utilizar el monopolio legal de la fuerza después de Tlatelolco. No sé, sobran los casos de represión desde entonces, y frente a lo que ganó con este macabro pacto faustiano, no fue mal negocio. En fin, una tesis más sobre el 68.
28 Septiembre 2018 04:02:00
Maduro, México y la Corte Penal Internacional
El miércoles pasado, seis países –cinco latinoamericanos y Canadá– anunciaron en Nueva York que presentarán una solicitud a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para que inicie una investigación preliminar sobre crímenes de lesa humanidad de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Se trata de una decisión trascendental, que rompe con una tradición latinoamericana, y con la breve historia de la CPI.

Chile, Colombia, Argentina, Perú y Paraguay pidieron a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, que iniciara la petición de estos gobiernos, a diferencia de lo que ya emprendió la CPI en febrero. Exigen que se investigue a altos funcionarios venezolanos por violaciones de derechos humanos en ese país. Aunque el proceso se prolongue durante varios años, el precedente así establecido es inédito. En la región que ha vuelto sacrosanto el principio de no intervención, y donde en los 16 años de vida de la CPI no ha abierto ningún caso latinoamericano, ahora viene este paso decisivo por parte de varios países importantes de América Latina. Es un elemento adicional en el proceso de aislamiento de Maduro y del régimen venezolano.

Brillan por su ausencia varios países. Estados Unidos obviamente no podía participar, en parte porque no es miembro de la CPI, porque Trump la ha denunciado más que Bush y Obama, incluso en su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Brasil se encuentra en pleno proceso electoral, y resultaría absurdo que el Gobierno actual firmara una solicitud que el siguiente equipo gubernamental quisiera borrar en enero. La firma faltante más curiosa y reveladora es la de México.

Desde la salida de José Antonio Meade de la Cancillería, la postura mexicana hacia la crisis venezolana ha ido evolucionando en la dirección que muchos deseamos. Primero Claudia Ruiz Massieu abandonó el mezquino desprecio de Meade por la oposición a Maduro, recibiendo a Lilian Tintori, esposa del opositor Leopoldo López. A partir de enero de 2017, Luis Videgaray adoptó una postura más moderna, digna y valiente. Pronunció una serie de críticas a las violaciones de los derechos humanos y la falta de democracia en Venezuela, y luego unirse y encabezar el llamado Grupo de Lima, que solo o dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha buscado una solución a la crisis en ese país y censurado las repetidas afrentas a los procesos electorales en Venezuela. Desconocieron las elecciones presidenciales de mayo, y han votado a favor de varias resoluciones en la OEA de condena al régimen venezolano.

Por eso extraña la ausencia de la firma de México. Solo veo dos explicaciones, ambas lamentables. Una es la lógica injerencia creciente del próximo Gobierno en estos menesteres. Es bien conocida la indiferencia de Andrés Manuel López Obrador y de Marcelo Ebrard por todo lo que sucede en el mundo, y su fascinación anacrónica y plagada de ignorancia simplista por la no intervención. Es posible que AMLO y Ebrard hayan convencido a Peña Nieto y Videgaray de que ya no fastidien al compañero Maduro.

La segunda explicación podría consistir en la renuencia o franca repugnancia de Peña Nieto ante cualquier cosa que huela a CPI. Puede temer, con o sin razón, que en algún momento grupos que no lo quieren en México –y que abundan– pretendan llevarlo a La Haya por crímenes también de lesa humanidad. Se entendería, entonces, que no quisiera abrir tentaciones o legitimar un procedimiento. Conoce bien el precedente de Calderón: en 2005 y 2006, grupos adversos a él juntaron las firmas necesarias para presentar un mal caso ante la CPI, que fue rechazado. En parte lo fue por el apoyo del nuevo Gobierno –EPN– y su pacto de impunidad con Calderón.

En realidad, Peña Nieto no tiene nada que temer: de la misma manera, el pacto de impunidad entre él y AMLO seguramente le salvará el pellejo. Es una lástima que otra vez nos quedemos atrás en temas como este, pero quizás es lógico: los cinco países latinoamericanos tienen gobiernos de derecha y Canadá ya no es amigo nuestro porque Trump no quiere a Trudeau.
26 Septiembre 2018 04:07:00
De nuevo la guerra de las drogas
Resulta difícil saber si la a-dhesión de México al Llamado Global a la Acción sobre el Problema Mundial de las Drogas anteayer en la ONU es más una vergüenza o una aberración. Un Gobierno que ya va de salida, como el de Peña Nieto, que ha sido objeto de innumerables ofensas por parte del principal convocante de dicho llamado –Donald Trump y Estados Unidos– y que entrega unas cuentas patéticas en materia de violencia, inseguridad y guerra contra el narco, jamás debiera haber firmado semejante aberración.

Cito solo lo que reprodujo el martes el periódico Reforma: “Reafirmamos nuestra determinación para combatir el problema mundial de las drogas en conformidad con la ley internacional, reconocemos que el problema mundial de las drogas representa retos, incluyendo nuevas drogas sintéticas, las cuales nos comprometemos a combatir y contener a través de estrategias basadas en evidencia, y reconocemos los vínculos entre las drogas y el tráfico de estas: corrupción y otras formas de crimen organizado incluyendo en algunas ocasiones terrorismo”.

Según Reforma, “los países se comprometieron a reducir la demanda de drogas, pero también el suministro de las mismas, al detener su producción ya sea a través del cultivo o fabricación y el flujo a través de las fronteras”.

En otras palabras, se trata de un documento 100% prohibicionista o “punitivista”, muy distinto a varios pronunciamientos previos de la ONU, en particular la Sesión Especial de la Asamblea General celebrada en 2016, y también a definiciones de distintos sectores del actual Gobierno mexicano y del que viene.

Si Peña Nieto pudiera decirle al país que haber seguido la política prohibicionista y coercitiva de su predecesor, Felipe Calderón, trajo buenos resultados, se entendería que se adhiriera a un llamado ciertamente conservador, anacrónico y promovido por un adversario de México. Pero las cuentas de Peña son peores que las de Calderón: más muertos, más delitos, más violencia, mayor fracaso.

¿Qué sentido tiene alinearse nuevamente con las posturas más retrógradas en materia de drogas como lo hizo ayer México? Incluso circulan versiones no confirmadas de que en una presentación ante el Consejo Mexicano de Relaciones Internacionales –Comexi– el martes, el expresidente Ernesto Zedillo criticó explícitamente la adhesión del Gobierno de Peña Nieto al llamado de Trump.

Si algo nos dice la macabra tragedia de los tráileres de Guadalajara es que resulta cada vez más difícil entender qué puede ser peor que lo que ha padecido México desde hace 12 años. Hasta personas críticas de la postura de Calderón y Peña, pero prudentes o miedosas, afirman todavía que si bien esa política fue un fracaso, las cosas hubieran salido peor si se hubiera seguido el camino anterior, en particular el del sexenio de Fox. La pregunta es evidente: ¿Qué puede ser peor que “El Pozolero” de Tijuana? ¿Qué puede ser peor que los 250 cadáveres ambulantes de Guadalajara? ¿Qué puede ser peor que casi 40 mil desaparecidos? ¿Qué puede ser peor que más de 240 mil muertos en estos 12 años? ¿Qué puede ser peor que la ignominiosa imagen de México en el mundo? ¿Qué puede ser peor que las violaciones generalizadas a los derechos humanos, y sin castigo alguno para sus autores a lo largo ya de estos 12 años de esta verdadera docena trágica?

Se entiende que Peña Nieto quiera quedar bien con Trump en todo, a ver si entre el presidente de Estados Unidos y la Virgen de Guadalupe le rescatan todavía su fotografía del 30 de noviembre firmando el dizque nuevo TLC. Lo que no hemos todavía contabilizado bien es el precio del capricho de este Gobierno saliente. No hemos podido todavía realmente evaluar cuántos compromisos ha asumido Peña Nieto en estos últimos meses en materia de drogas, migración y comercio, para lograr un acuerdo que posiblemente será rechazado por el Congreso norteamericano el año que entra, y que incluye una serie de convenios o cartas paralelas que aún desconocemos. ¿Vergüenza o aberración?
24 Septiembre 2018 04:07:00
El taxista de Santiago Levy
Una de las tesis más interesantes del nuevo libro de Santiago Levy, Esfuerzos mal recompensados: La elusiva búsqueda de la prosperidad en México, consiste en su percepción –compartida por muchos– de que en nuestro país impera una pésima asignación de recursos. No se refiere sólo al capital, sino también a la fuerza de trabajo, y en particular a lo que podríamos nosotros denominar un rasgo decisivo del carácter nacional mexicano.

Se trata, para Levy, de la enorme dispersión de las empresas en México, donde 92% de las mismas emplean entre 1 y 5 personas. Se trata, para Levy, de la insólita propensión del mexicano a preferir trabajar por cuenta propia, o en una empresa minúscula –de ínfima productividad– a hacerlo en una fábrica, en una gran oficina, en un banco o un almacén. Se trata del caso emblemático, dice Levy, del ingeniero que maneja un taxi: no solo sobrecalificado, pero con un ingreso horario y tomando en cuenta la adversidad, menor al que podría percibir en un empleo colectivo.

No voy a insistir en las tesis de Levy: ya han sido comentadas por muchos. Su texto constituye un magnífico esfuerzo para entender por qué no crecemos, sin recurrir a las fatigadas respuestas de los defensores del modelo existente desde mediados de los años 80, o a las simplistas denuncias de sus críticos. Pero sí quisiera detenerme en el terma cultural que subyace con los argumentos de Levy.

Una parte de la explicación de esta peculiaridad mexicana (Levy ofrece estadísticas comparadas con otros países de América Latina) reside tal vez en el exacerbado individualismo mexicano que muchos hemos comentado a lo largo del último siglo. De la misma manera que el mexicano prefiere su pequeña parcela ejidal, su casa horizontal, su salida individual ante la adversidad económica mediante la migración, y se muestra renuente ante cualquier acción colectiva, también opta sistemáticamente por el empleo individual. Es cuentapropista por antonomasia. Si dispone de la alternativa, escoge la unipersonal.

En segundo lugar, existe sin duda un problema de ingreso. Si los salarios en las empresas grandes siguen siendo de miseria, optar por el taller, el changarro, la tiendita, el puesto, el taxi o la fonda es una decisión dotada de cierta racionalidad. Surge así, desde luego, una explicación en parte circular: el mexicano prefiere el empleo individual porque el colectivo paga poco, y este último paga poco porque abundan los mexicanos que podrían ocuparlos. Si uno gana lo mismo mandándose solo, sin prestaciones pero con libertades (e incluso con algunas prestaciones: Seguro Popular), que en una fábrica automotriz, sujeto a los dictados del gerente, del líder sindical, y del dueño en Tokio o Detroit, mejor el taxi.

En tercer término, quizás convenga releer el capítulo de El Capital de Marx sobre el despojo de las tierras de los campesinos ingleses y su transformación imperativa en obreros en las fábricas textiles de Manchester. Nadie en su sano juicio se mete de trabajador industrial si le queda otra, dice Marx. Los agricultores ingleses ingresaron a la revolución industrial porque perdieron sus tierras; de no haber sido el caso, allí seguirían.

La economía informal y el narco en México (y muchos otros países) hace las veces de la tierra (está ya le fue arrebatada a millones de campesinos decenios o siglo y medio atrás). El joven recién egresado de la prepa o de tercer o cuarto semestre de la carrera no se ve obligado a trabajar por una salario industrial que resultaría aún menor que los existentes. Puede emigrar a Estados Unidos, o meterse de sicario, o poner un estanquillo. En ninguno de esos trabajos le irá mejor que en la fábrica, pero prefiere eso a la disciplina de hierro de la maquinaria y la industria. Tiene quizás razón en lo individual. A nivel colectivo o nacional, imposibilita el crecimiento del país.
21 Septiembre 2018 04:07:00
Sí a las consultas populares
Hace un par de días, el periódico Milenio informó de una declaración de Andrés Manuel López Obrador de presentar una reforma a la Constitución y a la Ley Reglamentaria que establece los mecanismos de participación ciudadana, como dice él, o de iniciativas populares o referéndum. No suelo estar de acuerdo con él en muchas cosas y seguramente escribiré pocas columnas en las que manifieste mi convergencia con una de sus tesis. Esta es una de ellas.

Siempre me ha parecido aberrante que el conjunto de disposiciones legislativas, tanto constitucionales como reglamentarias, aprobadas en 2013 y 2014 en materia de referéndum o consultas populares corresponden perfectamente al clásico esquema mexicano. Al igual que las candidaturas independientes, se redactaron y se votaron en el Congreso para poder decir que ya existían estas leyes sin que en realidad fueran aplicables. Se estableció una serie de restricciones, desde lo absurdo –solo puede celebrarse una consulta ciudadana cuando coincida con una elección federal– hasta otras que encierran ciertos méritos, pero solo después de que hay una plena libertad en esta materia. A tal grado se establecieron límites al ejercicio de este derecho democrático que al día de hoy no ha habido una sola consulta ciudadana o referéndum, plebiscito o iniciativa popular sometida a la decisión de todos los mexicanos, de acuerdo con las leyes aprobadas en esos años.

Huelga decir que no comparto la diferencia que establece López Obrador entre democracia representativa y participativa. Eso suena a Chávez y a Cuba y no es lo mío. Pero siempre he pensado que en un sistema presidencial, pero más aún en un sistema híbrido, el referéndum es un instrumento democrático fundamental. Entiendo que se puede abusar de él o, sin caer en el abuso, arroje resultados paradójicos o incluso contrarios al interés nacional: el caso de Brexit es el más evidente en tiempos recientes. A pesar de ello, hay grandes temas nacionales en cualquier país, en cualquier democracia que deben ser resueltos por referéndum, con un simple sí o no. Prefiero, a la inversa de lo que sucede en México, que se pueda utilizar esta disposición para temas constitucionales.

En distintos países se utiliza el referéndum para varios tipos de decisiones. A quienes creen, con razón, que David Cameron cometió un error enorme al llevar el tema de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea a referéndum, conviene recordarles que así entró el Reino Unido a la Comunidad Económica Europea en 1972. Otros piensan que en California, donde se usa y se abusa de la figura del “ballot initiative” para todo tipo de asuntos, solo permanece el amargo recuerdo de cómo en los años 80, la llamada “Propuesta Número 13” redujo el impuesto predial a millones de californianos prósperos. Destruyó las escuelas públicas de ese estado. Pero conviene señalar que en 2016, el mismo instrumento fue utilizado por el actual gobernador Jerry Brown para aumentar los impuestos y destinar los consiguientes recursos a refinanciar la educación pública superior de California, la mejor de Estados Unidos.

Hay siempre errores y abusos. Quizás el mejor ejemplo de los excesos sea Suiza, que con un número relativamente pequeño de firmas permite someter a la consulta ciudadana prácticamente cualquier tema, incluyendo algunos que podrían ser violatorios de los derechos humanos. Debe haber algunas restricciones, y en prácticamente todos los países las hay. Pero en México sería muy sano que tanto ciudadanos, mediante un número determinado de firmas, como el Presidente de la República, por simple decisión, como una proporción determinada del Congreso, puedan presentarle a la ciudadanía una disyuntiva sobre la cual se pronuncie. Puede ser constitucional; puede ser incluso de naturaleza fiscal –en algunos casos, como el de California ya mencionado, o el de Colombia hace unos años, así se ha procedido–; o de cualquier tema que no violente los tratados internacionales de los cuales el país es parte, ni ciertas consideraciones de derechos humanos.

López Obrador tal vez quiera hacer todo esto por sus razones, que tienen que ver con el aeropuerto. Son las peores razones. Pero debiera recordarse también que en muchos países o ciudades se somete a consulta pública o referéndum la emisión de bonos y obligaciones para financiar grandes obras públicas. Es más una decisión fiscal que logística. Yo me opongo a la consulta sobre el aeropuerto, pero no al referéndum en general como lo propone AMLO.
19 Septiembre 2018 04:07:00
Derechos humanos
El tema de derechos humanos va adquiriendo cada día mayor pertinencia en el mundo. La reaparición o amenaza de regímenes autoritarios y represivos en América Latina; de las llamadas democracias “no liberales” en Europa (Hungría y Polonia) o de sectores derechistas antiinmigrantes (Suecia, Alemania, Italia); de dictaduras más o menos disimuladas y con mayor injerencia fuera de sus fronteras (Rusia) y la claudicación de los baluartes de la (relativa) defensa reciente de dichos derechos (Estados Unidos, Canadá, Francia), hacen que el panorama en la materia resulte desolador.

En México, nos encontramos en una situación inédita. Desde finales de 2006, han muerto aproximadamente 240 mil personas, y han desaparecido 40 mil. La inmensa mayoría de estos casos sigue sin resolverse. No sabemos cómo, dónde, cuándo y porqué murieron o desaparecieron. Ya ni hablemos de castigar a los culpables, cualesquiera que hayan sido: sicarios, narcos, militares o policías.

Es cierto que parte de la hecatombe es inercial y no les pertenece a Calderón o Peña Nieto. El promedio de homicidios dolosos por 100 mil habitantes de esta verdadera decena trágica ha sido de 20; sin guerra optativa, hubieran sido 8; la diferencia, digamos 120 mil muertos, sí es de los dos presidentes. Hay muy pocos países en el mundo donde en tiempos recientes se ha producido una carnicería semejante sin saber, ni castigar.

Nadie sabe bien a bien qué hacer al respecto. Comisiones de la verdad, justicia transicional, voluntad de saber, investigación internacional: todas son buenas opciones, ninguna es suficiente en sí misma, y todas son dolorosas.

Lo que resulta imposible es perdonar a la enorme cantidad de asesinos de la diferencia mencionada y de los desaparecidos sin que los familiares de las víctimas se enfurezcan, sin que los organismos externos se indignen, sin que la sociedad mexicana deje de resignarse ante la impunidad rampante que impera en este país. Eso, no se va a poder. ¿Entonces?
17 Septiembre 2018 04:07:00
Los diplomáticos ganarán menos ... a menos de que ganen igual
Es muy difícil discernir con precisión lo que sucede en la Cámara de Diputados. Se aprueban exhortos y puntos de acuerdo que no significan nada, pero que los medios transforman en hechos incontrovertibles. Se votan leyes congeladas durante años, acompañadas por discursos incendiarios de sus autores, que los medios transforman en artículos de la ley, para después rectificar sus afirmaciones y descubrir otros artículos que contradicen lo primero. En un mundo ideal, podríamos esperar a que todo terminara de transcurrir antes de especular o comentar las consecuencias de este caótico frenesí legislativo. Pero en ese caso, cualquier opinión sería a toro pasado, y más inútil incluso que intervenciones como esta.

El jueves pasado la Cámara baja aprobó una Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que había sido presentada en 2011 y permaneció en la llamada congeladora desde entonces. De acuerdo con las versiones periodísticas del texto legislativo, el tope máximo de salario, para todos los servidores públicos, de todos los poderes, e incluyendo entes autónomos o paraestatales, sería el sueldo del presidente, es decir 108 mil pesos al mes. Entiendo que se trata de una suma después de impuestos, esto, es, neto. La cifra equivale a un poco más de 5 mil dólares mensuales. Aquí comienzan los problemas. Me limitaré a un caso, que conozco bien y que es ilustrativo, aunque no representativo, de los demás, y de las complicaciones que entraña el método actual de Morena.

La mayoría de los miembros del Servicio Exterior Mexicano (SEM) y de los funcionarios locales o de llamado Artículo 7 en las embajadas, consulados y representaciones de México ante organismos internacionales o regionales, reciben sueldos correctos, no muy distintos, tomando en cuenta diferencias regionales, de paridad, de funciones, etc, que otros países. Hay pocos jefes de misión que ganen menos de 5 mil dólares al mes; muchos se benefician de ayudas de renta o de escuela para sus hijos menores de edad. No queda clara en la nueva ley si esas prestaciones, así como el seguro médico privado indispensable para ellos (no pueden tratarse en el ISSSTE estando en Turquía, porque no hay clínicas del mismo en ese u otros países), van a desaparecer.

De modo que si se aplicara la nueva legislación a los representantes de México en el exterior, una gran proporción padecería una reducción importante de su ingreso, sin poder fácilmente compensarla con una disminución concomitante de sus gastos. Pablo Gómez, el autor y promotor de la ley desde 2011, parece haber declarado en tribuna, expresamente, que sí se aplicará a los diplomáticos. Pero quién sabe, como veremos.

Ahora bien, las remuneraciones de los funcionarios acreditados en embajadas, consulados y misiones permanentes se encuentran sujetas a las leyes mexicanas. Pero las de los empleados locales –traductores, secretarias, choferes, personal de servicio- no. Estas remuneraciones se hallan bajo la jurisdicción de las leyes del país en cuestión: Honduras o Suiza, Etiopía o Japón, Vietnam o Londres. No sólo no pueden ser modificadas dichas remuneraciones, sino que en muchos casos, como en México, existen pisos o mínimos. En otras palabras, en muchos países caros o con ingresos medianamente elevados, con la nueva ley mexicana, el chofer ganará más que el embajador; la empleada doméstica ganará más que el jefe de cancillería; la secretaria ganará más que el agregado cultural. ¿Eso quiere Morena?

Dicho esto, algunos medios publicaron el martes que la ley aprobada contiene un Artículo 6, que prevé que “funcionarios técnicos calificados, especialistas o quienes desempeñan un trabajo de alta especialización en algún ordenamiento jurídico” podrán ganar más que el presidente: hasta 150% del salario del primer mandatario. En buen mexicano, todos podrán percibir el ingreso mayor, si alguien (¿quien será?) así lo decide. El ejemplo que daba Reforma fue el director de Cancerología, pero también podría ser el embajador ante la Unesco o el cónsul en Amarillo, Texas.

Afortunadamente, la 4-T tiene lugar en México, y será resuelta por mexicanos. Por tanto, siempre habrá cómo darle vuelta a la ley, en este caso a una ley absurda, motivada por buenas intenciones de parte de legisladores confusos e ignorantes. Y de un presidente que rehúye cada vez más a cualquier enfrentamiento.
14 Septiembre 2018 04:07:00
El trabajo sucio… pagado
Desde hace varios meses la prensa norteamericana, y en mucho menor medida la mexicana, informó de la intención del Gobierno de Estados Unidos de imponerle a México lo que en materia migratoria se llama un Acuerdo de Tercer país Seguro.

Como ya se mencionó en estas páginas hace algún tiempo, eso significa que nacionales de terceros países ubicados en México y que desean llegar a Estados Unidos para solicitar asilo deben hacerlo en México, para permanecer en México, ya que Estados Unidos considera que nuestro país es tan seguro como el suyo.

El ejemplo que se suele utilizar en tiempos recientes es el acuerdo entre Austria y Alemania: los sirios en Austria no pueden llegar a Alemania a solicitar asilo, aunque ese sea su destino preferido, sino que deben solicitarlo en Austria ya que ese es un país tan seguro como Alemania.

Cuando se hicieron públicas las discusiones y negociaciones al respecto, el Gobierno de México negó que hubiera tal intención. Le comunicó a las autoridades estadunidenses que no firmaría ningún acuerdo de este tipo y llegó a definirlo como un tema aspiracional que a lo largo de los años quizás se podía ir contemplando.

Hasta ahí parecía haber quedado la cosa. Sin embargo, desde el primer momento, entre varias objeciones que surgieron en Estados Unidos y en México a propósito de este asunto, figuró el costo. Que los centroamericanos con intención de llegar a Estados Unidos a pedir asilo lo solicitaran en México, y que México coadyuvara a disuadirlos de llegar a la frontera entre ambos países, implicaba un costo significativo para México.

En primer lugar, el costo de que recibieran asilo y que durante un tiempo fueran asistidos por las autoridades mexicanas o por ACNUR. En segundo lugar, el de procesar las solicitudes, afirmativa o negativamente. Y, en tercer lugar, el de la deportación al sur del Suchiate para aquellos cuya solicitud fuera denegada: probablemente la mayoría.

Entonces, el gobierno de Estados Unidos respondió: En efecto hay un costo, pero nosotros lo asumimos. Les proporcionamos las sumas necesarias para que México no tenga que incurrir en gastos adicionales por cumplirnos esta faena. En eso había quedado el asunto hasta hace un par de días.

En el ejemplar del jueves 13 de septiembre, The New York Times informó que el presidente Trump había decidido desviar 20 millones de dólares del presupuesto aprobado para temas anticorrupción, antidelincuencia y antidrogas en ciertas comunidades norteamericanas, al pago para costear la deportación de 17 mil centroamericanos en México.

La gran parte de esos recursos se destinarían al pago de boletos de avión y/o autobús para llegar a cualquiera de los países del triángulo del norte (Honduras, El Salvador y Guatemala). México, como dijo Ali Noorani -director del National Immigration Forum- recibiría ahora dinero para hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos. La embajada de México en Washington no respondió a llamadas de The New York Times al respecto.

Es cierto que en el pasado hemos recibido fondos de Estados Unidos para atender estos asuntos. Sucedió en una muy pequeña medida en los años 80 y, sobre todo, en 2014 cuando Peña Nieto accedió a la solicitud urgente de Obama de resolverle la crisis de los niños migrantes no acompañados que por decenas de miles llegaban a la frontera de México con Estados Unidos. Pero, en primer lugar, se trataba de Obama. En segundo lugar, duró poco el programa. Y, en tercer lugar, no se terminó de hacer público.

En cambio, esta vez, por una u otra razón, se trata de Trump, de un programa que puede tener una duración indefinida, y se hizo público muy rápidamente. ¿Qué demonios está pensando el Gobierno de Peña Nieto al aceptar recursos de esta naturaleza procedentes de Trump para ese propósito a menos de tres meses de dejar el poder? ¿Y qué piensan los nuevos encargados de estos asuntos por parte de López Obrador? ¿Lo saben? ¿Lo aprueban? ¿Lo van a defender en público?
12 Septiembre 2018 04:05:00
Venezuela y Nicaragua: dos retos de arranque para AMLO
Los dos principales retos de política exterior ajenos a Estados Unidos que deberá enfrenar el próximo gobierno son los casos de Venezuela y Nicaragua. Obvio que la relación con Washington será, como siempre, la más importante. Huelga decir que los desafíos con Estados Unidos –desde la ratificación del nuevo TLC hasta las deportaciones en pleno auge, el muro que no desaparece, y la guerra contra el narco– dominarán la agenda. Pero el tema de estos dos países latinoamericanos encerrará una importancia –desde ahora y de manera creciente– que pocos hubieran imaginado hace uno o dos años.

Ambos casos revisten una importancia tanto interna como externa para México. De los dos países, por razones parecidas, huyen miles de personas: más de un millón, quizás dos, de Venezuela; miles, desde Nicaragua, de acuerdo con la nueva Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Muchos de ellos –desde luego no todos, ni siquiera la mayoría– llegan a parajes mexicanos. La primera decisión que deberá tomar el nuevo gobierno es si resuelve darles el beneficio de la duda, en otras palabras, que poseen colectivamente un bien fundado temor por sus vidas y pueden permanecer en territorio mexicano mientras su expediente individual sea revisado. No se trata de un asunto menor.

En los años 80 México permitió la entrada de decenas de miles de guatemaltecos y salvadoreños huyendo de las dictaduras y las guerras en esos países. Aceptar la entrada de unos, acelera la llegada de otros. Sería ignominioso prohibir dicha entrada sólo porque los integrantes del nuevo gobierno mexicano guardan gran simpatía por los regímenes de Nicaragua y Venezuela: represores, corruptos y autoritarios.

Pero el reto no es principalmente interno. La situación en ambos países, y sus efectos regionales e internacionales, chocan directamente con los mantras de política exterior de López Obrador, repetidas incansablemente sin saber qué significan. Si nos atenemos a sus llamados principios de no intervención, etc. (el otro, después del fin de la descolonización ni siquiera es digno de mencionarse), no habríamos roto relaciones diplomáticas con Somoza en 1979; no habríamos censurado a la dictadura de Pinochet –cuyo golpe de Estado recordamos ayer, como cada año– en repetidas ocasiones; no nos habríamos manifestado por una solución negociada a la guerra en El Salvador, en compañía del gobierno socialista de Francia, como en 1981.

Si nos hacemos de la vista gorda ante las violaciones generalizadas a los derechos humanos en Venezuela y en Nicaragua, por afinidad con esos gobiernos, disfrazando nuestra indiferencia bajo el manto de los fatigados principios, invitaremos a un bien merecido reclamo de buena parte de la comunidad internacional. ¿Ustedes se oponen a las violaciones a los derechos humanos sólo en países cuyos regímenes desaprueban? ¿O en ningún país les importa? ¿Y en México? ¿Es tan sencillo separar la situación mexicana de la de otros países?

En segundo lugar, se debe reflexionar si de la noche a la mañana conviene abandonar a una serie de países (el Grupo de Lima, en lo tocante a Venezuela, el Grupo de Amigos de la OEA, sobre Nicaragua) con los que hemos trabajado desde hace más de un año. Es cierto que para eso son las elecciones. De la misma manera que Fox cambió radicalmente la política exterior de México en el 2000, porque ganó y advirtió que lo iba a hacer, AMLO tiene todo el derecho de volver al pasado y olvidarse de compromisos regionales, de sustancia y de modernidad. Más aún, al abdicar cada día más de cada una de sus promesas de campaña, cumplir las de solidaridad y cercanía con los gobiernos de “izquierda” en América Latina puede agradar a sus bases, que tal vez no vean con buenos ojos sus otras rectificaciones.

Nunca resulta buena idea hacer depender las posiciones que se adoptan en política exterior del logro inmediato de objetivos. México debe manifestarse, en distintos foros, sobre lo que acontece en Venezuela y en Nicaragua. Si eso es conducente a una salida aceptable a ambos conflictos, enhorabuena. Si no, ni modo. Pero el silencio en aras de la supuesta eficacia es como aquel escritor de enorme talento que nunca se pronunció sobre otra dictadura, porque prefería dedicarse a obtener la liberación de presos políticos encarcelados por esa dictadura. ¿Alguien le encomendó esa tarea? ¿El espíritu santo?
10 Septiembre 2018 04:04:00
El TLC y el chiste del albañil
Seguimos en ascuas en materia de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y en su caso con Canadá. Por ahora quedan pocas opciones: especular (lo mejor); creerle al Gobierno de Peña/Obrador (difícil); esperar (aburrido); o remitirnos a algunas evaluaciones preliminares hasta cierto punto objetivas, a algunas preguntas hasta cierto punto pertinentes, o alguna combinación de lo anterior.

Empezando por las evaluaciones, va una primera, inicial y tentativa del número de esta semana de The Economist: “Para México sin embargo, la incertidumbre se acerca a su fin para el alivio de inversionistas y del Gobierno. Las concesiones otorgadas por sus negociadores no se ven tan malas comparadas con las demandas excesivas con las que empezó Trump. El presidente Enrique Pena Nieto buscó desesperadamente un último logro de su desafortunada gestión... Sin embargo, la prisa de México para llegar a un acuerdo, casi seguramente debilitó su posición en la mesa de negociaciones y contribuyó al aislamiento de Canadá. Durante el verano México abandonó su rechazo anterior a pláticas bilaterales con Estados Unidos. Juró que evitaría temas que le importaban mucho a Canadá. No lo hizo, y concedió mucho más de lo que Canadá tenía planeado... Buena parte de lo que se agrega al Nafta revisado será peor para México que la versión original. Sus negociadores aceptaron muchas demandas norteamericanas sin obtener claras negociaciones a cambio. Los puntos sobre los cuales México canta victoria, no son mejoras sino más bien el abandono de las demandas más absurdas de Trump”.

Las preguntas involucran el tema de Canadá (en mi opinión, se sumará al arreglo, pero demorándose más de lo anunciado, y con modificaciones), y los acuerdos paralelos entre México y Estados Unidos. La especulación versa sobre la fecha de la firma (antes o después del 30 de noviembre) y a propósito de la ratificación del convenio por la Cámara de Representantes, y en su caso, la fecha de la misma. Canadá acabará por ceder porque a pesar de los insultos de Trump y de las dudas sobre su respeto por los acuerdos tomados, Justin Trudeau entregará poco y mantendrá lo esencial de lo que le importa: la excepción cultural y el Capítulo 19 de solución de disputas anti-dumping. Los lácteos de Quebec tal vez impidan la celebración del acuerdo antes de noviembre, pero al final, no trabarán el desenlace.

En cuanto a la fecha, mucho dependerá de la disposición de distintas instancias norteamericanas (la International Trade Commission, el Congreso, la consultoría jurídica de la Casa Blanca) de acomodar los plazos al calendario sucesorio mexicano. Los famosos 90 días son un límite, no un intervalo obligatorio, pero no queda claro que con enmiendas, acuerdos paralelos, cambios impuestos por Canadá, etc., basten los tres meses exactos.

En cuanto a los acuerdos paralelos, justamente, habrá que esperar a que el Gobierno de México los divulgue, y a escuchar la interpretación que de ellos esgrima Washington. Hasta ahora, en forma de rumores –algunos confirmados, otros no– se habla de tres. El primero, el más importante, se refiere a la industria automotriz. Varios analistas lo han descrito como un acuerdo de Voluntary Export Restraint o Restriction, donde México se compromete a no exportar más de 2.4 millones de vehículos, por 90 mil millones de dólares, al año a Estados Unidos. Las autoridades insisten en que no hay tal. Se trata únicamente de una póliza de seguro por si Trump impusiera un arancel de 25% a todos los autos importados a Estados Unidos, invocando la cláusula de seguridad nacional de la legislación comercial norteamericana. Lo sabremos con precisión pronto, o hasta que lleguemos a los 2.4 millones de vehículos exportados, probablemente en 2020 o 2021.

El segundo abarca las exportaciones de acero mexicano. La publicación Morning Trade afirmó el viernes que podría acordarse una cuota de importaciones de acero mexicano por Estados Unidos, semejante al convenio de Trump con Corea del Sur. El tercer acuerdo paralelo abordaría el tema del “enforcement” o puesta en vigor y aplicación fiscalizada de las disposiciones laborales del TLC. Estados Unidos (y Canadá, por cierto) han insistido que no basta con que México se comprometa a crear nuevas leyes o reglamentos en materia sindical, de salarios, de solución de disputas de trabajo, etc. Debe haber mecanismos vinculantes de vigilancia de que en efecto, las leyes mexicanas se cumplan. Por alguna extraña razón, los sindicatos de EU y Canadá no creen que sea el caso. La solución sería un acuerdo paralelo.

Todo esto figura en la agenda. Y como diría el albañil del clásico chiste, de para cuándo y cómo la ratificación por el Congreso de EU, mejor ni hablamos. Por México, cito de nuevo a The Economist: “El Congreso mexicano seguramente ratificará lo que le presenten, mientras esté contento el presidente”.
07 Septiembre 2018 04:06:00
La insularidad en los tiempos de la 4-T
Es lógico que un país insular e introvertido como el nuestro, en momentos durante los cuales en muchas mentes se inician transformaciones fundamentales, se mire más el ombligo que de costumbre. Es comprensible que las votaciones sobre la licencia del gobernador de Chiapas atraigan más atención y comentarios que la nueva crisis argentina; se entiende que los pleitos entre Muñoz Ledo y Fernández Noroña interesen más que la creciente desintegración del Gobierno de Estados Unidos; no debe extrañarnos que las vicisitudes de la lucha interna en el PAN provoquen mayor curiosidad que las próximas elecciones legislativas norteamericanas. La insularidad no es propia de México, y el ombliguismo es casi universal. Pero hay niveles, y ahora nos estamos pasando.

El nuevo equipo de Gobierno ha reducido su tablero de riesgos a los factores externos, y estos al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El grupo saliente le apuesta todo a una buena entrega gracias a una buena disposición, a los pactos construidos a lo largo de la campaña y al buen desenlace del TLC. Así se evitará la clásica crisis transexenal mexicana.

Mucho abona a favor de esta tesis. Algunos hemos sostenido a lo largo de los años que los descalabros finsexenales, sobre todo financieros, de 1976, 1982, 1987 y 1994-95, se debieron de manera fundamental al agotamiento sucesorio del viejo régimen. A partir de la alternancia del año 2000, desaparecieron las crisis económicas de finales de sexenio (aunque en ocasiones AMLO parezca pensar que persistieron). Todas las transiciones desde el 2000 fueron tersas (palabrita de moda) y desprovistas de quebrantos financieros. En la medida en que ya no opera el viejo dispositivo sucesorio agotado, no surgen sus consecuencias.

El problema es que el país de hoy se encuentra en una situación de mayor fragilidad –o sensibilidad, si se prefiere, en estos tiempos de renovados eufemismos– que antes. Su grado de apertura al mundo es mayor. El entorno externo es mucho más complejo y retador. Ante esto, la insularidad se vuelve aterradora. Conviene, entonces, revisar de nuevo los factores de riesgo en el mundo, que más allá del TLC, pueden dar al traste con el optimismo beato de las élites mexicanas y de sus nuevos aliados en Morena.

Los mercados emergentes van en picada, y comienzan a arrastrar a México. Si siempre nos ha costado trabajo deslindarnos de los demás, ahora, con la 4-T, la diferenciación es más ardua. El derrumbe argentino y turco, las nubes cada vez más ominosas en el paisaje brasileño, las caídas de la moneda india y, desde luego, el cuasidefault venezolano, ensombrecen el panorama para México. No es fatal el efecto, pero es peligroso.

La llamada guerra comercial entre Estados Unidos y China enreda también las cosas. Cada semana, Washington anuncia nuevos aranceles contra importaciones procedentes de China, y cada vez Beijing responde con represalias simétricas. Hasta ahora la economía mundial no ha padecido los efectos de este enfrentamiento, pero se antoja improbable que un choque de esta magnitud no encierre consecuencias perniciosas para todos. Es asunto de tiempo.

Por último, la creciente crisis política y constitucional en Estados Unidos generará inevitables implicaciones negativas para México. Las revelaciones sistemáticas, consistentes, convergentes y cada día más fundamentadas sobre la absoluta incapacidad de Donald Trump de gobernar su país  constituyen una amenaza para el mundo entero, pero sobre todo para México. Los hechos denunciados por el libro de Bob Woodward, por el editorial anónimo publicado por un supuesto miembro del Gabinete de Trump en The New York Times, y por funcionarios menores de la Casa Blanca, muestran un desorden alucinante e irremediable. Asimismo, y en parte como secuela de estos mismos hechos, las encuestas sugieren una amplia victoria electoral de los demócratas en noviembre, incluyendo, tal vez, la recuperación de su mayoría en el Senado. De allí a la destitución o la renuncia de Trump, antecedidas por medidas de de-sesperación de un presidente acorralado, enfurecido e irresponsable, el camino es fácil de detectar. Reducir la complejidad de este conjunto de desafíos a porras absurdas a favor de acuerdos en principio, parciales y desfavorables en el TLC, y a lugares comunes de kínder sobre el diálogo con Estados Unidos, es otra irresponsabilidad. Pensar que con una foto de Peña Nieto, Trump y Trudeau el 29 de noviembre, por ejemplo en Buenos Aires, firmando un acuerdo en principio, se disipan todos estos nubarrones es absurdo. Se pueden incluso obscurecer más.
05 Septiembre 2018 04:03:00
México, país de ritos
Como ya se ha dicho hasta la saciedad desde hace muchos años, una de las principales características del régimen priista, y de la inercia que lo sucedió a partir del 2000 y hasta el 2012, fue el ritualismo. México es un país de ritos, el PRI es lo más mexicano que hay, y por lo tanto era lógico que el PRI sistemáticamente insistiera en el respeto a toda una serie de ritos. Esto va desde la solemnidad y los legalismos de determinadas instituciones –la Presidencia, el Congreso, la Suprema Corte, los gobiernos estatales– y hasta lo ridículo: el día del ingeniero, del albañil, del aviador, de la enfermera, del médico, el día del niño, etcétera.

Se entendía que los gobiernos priistas se empecinaran en eso y que la inclinación de todos los sectores pertenecientes al régimen en su acepción más amplia, también lo hicieran, desde finales de los años 20 hasta el dizque informe de Peña Nieto del sábado. Lo que no se entendió, o en todo caso muchos no entendimos en el 2000, fue cómo el Gobierno de la alternancia, que se proponía explícita o tácitamente construir un cambio de régimen, cayera en el mismo ritualismo.

Fox contempló, durante la transición y a principios del Gobierno, algún tipo de ruptura con todos estos ritos priistas, que son a la vez profundamente mexicanos, pero desistió de hacerlo. La discusión en su equipo de transición y en su gabinete enfrentó a quienes pensaban que había que romper no sólo con el fondo del viejo régimen, sino con su simbolismo y sus ritos justamente, y a quienes pensaban que, al contrario, convenía enfatizar el respeto del Gobierno de la alternancia por la continuidad ritual, identificando institucionalidad con ritos y con mexicanidad. Como es bien sabido, la partida la ganaron los campeones de la continuidad.

Lo extraño es que ahora la cuarta transformación, Morena, y López Obrador, están replicando con gran exactitud el comportamiento de Fox en el 2000, 2001 y 2002. Al escuchar las palabras del propio presidente electo, del presidente de la Cámara de Diputados, del presidente del Senado y de otros voceros del equipo de López Obrador, se distingue fácilmente esta reverencia por los ritos, identificada con respecto, por las instituciones. No sólo no quieren generar ningún tipo de ruptura con lo que ha sucedido en el pasado, sino que al contrario, buscan subrayar su fidelidad y su pertenencia a esa ritualidad.

De la misma manera, se nota también una división entre las fuerzas de Morena. Hay a quienes les encantan los ritos: desde luego los expriistas que son los más entre las filas de Morena, pero también algunos que, aunque provengan de la izquierda quieren demostrar su institucionalidad a través de ese su apego a esta forma de hacer política y de gobernar. Otros, procedentes del activismo social, de las filas de la izquierda, o quizás de sectores un poco más sofisticados intelectual y culturalmente, se sienten ofendidos por ese respeto reverencial por los ritos y, al contrario, les genera cierta repugnancia que se insista tanto en esa visión.

Todo indica que López Obrador, al igual que Fox, ya tomó su decisión, no habrá ruptura de ritos, porque estos últimos son el equivalente de las instituciones, y las instituciones son la esencia de la mexicanidad y de la Constitución. López Obrador no va a preguntarse cuál es el origen de esa Constitución, de esas instituciones, de esos ritos, y si deben conservarse o desecharse, remitiéndolos por fin al basurero de la historia. Sí querrán recortar el gasto en lujos, prebendas, sueldos, en la burocracia, en el Congreso, en el Poder Judicial, pero no el embalaje en el que todo eso viene envuelto.

Todo parece indicar que piensan que se puede tener lo uno sin lo otro. Lo que se vio hace 18 años en el gobierno de Fox es que no es posible lograrlo.

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