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Jorge Castañeda
Jorge Castañeda
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02 Octubre 2017 04:08:00
Banderazo a las candidaturas independientes
En los próximos días se cierra el plazo para registrar candidaturas independientes o sin partido a los múltiples cargos de elección federal en disputa el año entrante. Las fechas para las elecciones estatales, incluyendo 9 gubernaturas, entre ellas la de la Ciudad de México, varían pero no se alejan demasiado de las federales. De suerte que ya dispondremos, muy pronto, de las respuestas a varias interrogantes.

Primero: ¿Cuántos ciudadanos intentarán obtener las firmas necesarias para figurar en la boleta en 2018? Tomando en cuenta las diferencias entre 2015, 2016 y 2018 (más elecciones, más polarización, mayor participación, mayor tiempo transcurrido desde la legalización de las candidaturas sin partido) ¿serán más o menos que en los años anteriores y pertinentes (2017 fue atípico)? De ser mayor el número, proporcionalmente hablando, podremos decir que la figura comienza a calar en la sociedad civil mexicana, como la única fórmula para hacer política electoral fuera de los partidos (las iniciativas populares en su forma actual no funcionan). De no serlo, habrá que concluir que el descrédito de la política se extiende más allá del ámbito de los partidos. También empezaremos a comprender si la “app” del INE, que permite el casi equivalente de una firma electrónica, facilita la recopilación de firmas, o la
obstaculiza.

Otra pregunta importante consistirá en el cargo para el cual se postulen más candidatos independientes. Los partidarios de esta figura siempre sostuvimos que era a nivel municipal, o distrital, donde las candidaturas de esta índole encerraban mayor sentido. A esa escala, la gente conoce a la gente: al médico, al profesor, al cura en su caso, al profesionista, al empresario, o al activista. El número de firmas, sin dejar de ser leonino, es alcanzable, y resulta más factible la difusión de ideas y características, careciendo de acceso a los medios masivos de comunicación. Es la historia de Pedro Kumamoto en Zapopan, de Alfonso Martínez en Morelia y de Manuel Clouthier en Culiacán. Se juegan un gran número de presidencias municipales trascendentes el año entrante, además de los 300 distritos de mayoría relativa. En pocos días sabremos.

Asimismo, veremos si el poco éxito –por lo menos frente a las expectativas– de las candidaturas independientes en 2017 desa-lienta o no a diversos aspirantes a cargos ejecutivos o legislativos del Senado. Hay un premio para el Senado: por la vía de primera minoría, puede ser más fácil ganar que una diputación uninominal. Supongo que ese es el cálculo de Kumamoto en Jalisco. Para las alcaldías de la capital del país, o para los nueve gubernaturas, tal vez no proliferen las independientes, aunque en la Ciudad de México, después de la movilización pos-sismo, es posible que la tentación –y la realidad– de captar el mismo entusiasmo por la acción solidaria y el mismo hartazgo con los partidos induzca a ciudadanos de a pie a presentarse. El problema sería el tiempo.

Por último, habrá el tema de los aspirantes presidenciales sin partido. Llegó la fecha fatídica para decidir (no para recaudar el millón y pico de firmas necesarias, tomando en cuenta la merma inevitable). Pedro Ferriz ya lo hizo; le deseo la mejor de las suertes, ya que fue el primero en arrancar, con mucho valor y mostrando mucha perseverancia. Doy por descontado que Armando Ríos Piter también lo hará en el transcurso de la semana, y desde luego cuenta con todo mi apoyo para juntar firmas y recursos. Emilio Álvarez Icaza declaró hace tiempo que sólo buscaría aparecer en la boleta si para agosto juntaba 80 mil firmas de apoyo –sin valor jurídico–, pero no he sabido si en efecto las reunió y si va a presentarse en el INE esta semana.

Y luego tenemos a Jaime Rodríguez, quien deberá resolver un dilema propio y otro que se le plantee al INE. Ha recorrido el país durante los fines de semana desde hace un año, tiene un nivel de reconocimiento adecuado, aunque estable, cuenta con los recursos del Gobierno del Estado de Nuevo León, por lo menos para las firmas, y nadie duda de su ambición. Pero lanzarse por las firmas es lanzarse para la elección, porque con toda seguridad las podrá conseguir. ¿Estará dispuesto a renunciar a la Gubernatura para jugar una candidatura presidencial que en las encuestas hoy no supera los 5%? O el INE aceptará que busque firmas, incluyendo en su propio estado, siendo Gobernador en funciones? ¿Se vale que el Gobernador le pida su firma a un empleado en el Gobierno que encabeza? ¿O el PRI y sus votos en el Consejo del INE y en el Tribunal ni siquiera lo plantearán como pregunta?

Esta semana se despejarán las dudas citadas, y otras más. Nadie sabe para quien trabaja, pero albergo la satisfacción de haber trabajado para una idea que hoy se vuelve realidad. No siempre
sucede.
17 Noviembre 2017 04:07:00
Viva la Suprema Corte
Ayer la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó una ponencia del ministro Arturo Zaldívar, que cada día se coloca más como la voz de vanguardia en la Corte, ordenando al Poder Legislativo a autorizar la legislación secundaria, que lleva cinco años pendiente, sobre el gasto gubernamental –del Gobierno federal y gobiernos estatales– en materia de publicidad oficial. Desde el mes de febrero de 2014 el cambio se aprobó en la Constitución; el Legislativo tenía la obligación de aprobar la legislación secundaria y no lo ha hecho, como tantas otras veces.

Lo interesante en este caso, a diferencia con lo que ha pasado en otras ocasiones en las que se trataba de recursos de anticonstitucionalidad interpuestos por poderes estatales, es que ahora se trata de un amparo de la organización Artículo 19 que muestra, como lo decía el ministro Zaldívar, que los ciudadanos de a pie –claro, con abogados, con tiempo y con recursos, pero no importa– pueden recurrir individualmente a la Suprema Corte para temas de orden constitucional y de lo que creo que el ministro llama la defensa de sus derechos humanos. Este es un asunto que se viene peleando desde hace mucho tiempo; de alguna manera en el juicio que yo tuve en la Suprema Corte en 2007 era parecido en el tema, no en sí mismo sino en la parte jurídica: si el amparo sirve o no para temas de este tipo. La Primera Sala resolvió que sí, que tiene varias implicaciones, además de este precedente que de alguna manera crea, aunque no necesariamente sea jurisprudencia.

En primer término, y lo más importante, es que el Poder Legislativo tiene que acatar una instrucción de la Corte, que ahora dice que no es discrecional legislar o no cuando hay una obligación y un plazo para hacerlo. Y, en segundo lugar, el fondo del tema es importantísimo porque tenemos un enorme gasto gubernamental en publicidad oficial, insisto, tanto por parte del Gobierno federal y de los gobiernos estatales. Me pregunto ¿qué bien público, ventaja o tema positivo le trae al país, a los contribuyentes y a la sociedad mexicana en general que salgan los spots de Peña Nieto caminando con un campesino y explicándole las virtudes de su reforma educativa? Y como buena parte de los temas fiscales del Estado ya se le dan al INE con la reforma del 2007, entonces resulta que el Gobierno federal y los estados tienen que pagarle a las radiodifusoras y televisoras ese tiempo. Por eso el gasto estratosférico, por ejemplo, que se plantea para este año de más de 40 mil millones de pesos en publicidad oficial ¿De qué sirve?

Existen algunos temas que bien lo ameritan, como sería el caso de las campañas de vacunación, o bien para inscribir a los niños en la escuela primaria a tiempo, y algunos otros temas adicionales, como catástrofes naturales, por ejemplo, pero hasta ahí. Gran decisión de la Corte y gran ponencia del ministro Zaldívar. Ahora faltar ver si de aquí al 30 de abril de 2018, que fue el plazo que dio la Suprema Corte, en efecto, los legisladores hacen algo que no suelen hacer, esto es, legislar.
15 Noviembre 2017 04:07:00
Estudiantes mexicanos en Estados Unidos
Quienes nunca hemos creído en las ridículas cifras de Calderón sobre el número de ingenieros que se titulan cada año en México –más que en Alemania, decía absurdamente– también pensamos que México sí debe incrementar de manera radical la cantidad de estudiantes que cursan estudios de posgrado en el extranjero. Por una sencilla razón: nunca podremos incrementar la matrícula de licenciatura, y sobre todo de posgrado, en el corto plazo sin enviar a un gran caudal de mexicanos a estudiar afuera. Es lo que hacen los chinos, los indios, lo que trataron de hacer los brasileños hasta que se les acabó el dinero, y muchos más. Fue, por una vez acertadamente, lo que intentó llevar a cabo la Cancillería mexicana durante los primeros años de este sexenio.

En efecto, tanto José Antonio Meade como Sergio Alcocer, su subsecretario para América del Norte, se propusieron elevar casi exponencialmente el número de estudiantes mexicanos en el exterior, y en particular en Estados Unidos. Convencieron, por cierto, a Obama, que se trataba de una gran idea, y la promovió en un memorable discurso en el Museo de Antropología en 2014. Conocían bien los obstáculos por superar –el costo, el idioma, la falta de costumbre, etc– pero se propusieron de igual modo una meta ambiciosa: pasar de los 13 mil estudiantes mexicanos registrados por Estados Unidos en 2013 –vía la expedición de visas F-1– a 100 mil al concluir el sexenio.

La cifra de 13 mil encerraba contradicciones. Existe un buen número de mexicanos de doble nacionalidad –aunque residentes de México– que estudian en Estados Unidos sin necesitar visa. Por otro lado, muchos de los que se inscriben en cursos de verano de idiomas o diplomados, o quienes cruzan la frontera todos los días en Ciudad Juárez, Reynosa o Matamoros, para ir a uno de los campus de la Universidad de Texas en El Paso, McAllen o Brownsville, tampoco cuentan todos con visa. Sea como fuere, la meta bien valía la pena.

Hace unos días, el Institute for International Education publicó su análisis anual sobre el universo de extranjeros estudiando en Estados Unidos durante el año escolar 2016-2017. El titular de prensa, reseñando el estudio, subrayó la caída general, debido, en gran medida, al miedo por las medidas antimigrantes de Trump, así como las restricciones reales: una reducción de 7% de la matrícula inscrita en el otoño de 2017. Pero los datos del IIE encerraban otras lecciones.

El total de mexicanos estudiando en Estados Unidos, según el IIE fue, en 2016-2017, de 16 mil 835 jóvenes. Se trata de un pequeño incremento en relación con 2012, el año anterior a la llegada de Peña, Meade y Alcocer al Gobierno. El aumento es inercial: con o sin grandes esfuerzos por parte del Gobierno de México, se hubiera producido. Para tener una idea, China envió a 350 mil estudiantes a Estados Unidos (además, una enorme cantidad de jóvenes chinos van a Australia), es decir, el doble de México per cápita, y la India 186 mil, más o menos lo mismo que México per cápita, pero tratándose de un país mucho más pobre y alejado de Estados Unidos. Algunos dirán, justamente, que México no necesita mandar a sus muchachos y muchachas a estudiar a EU porque tenemos nuestras propias instituciones de educación superior. Corea del Sur, con la tercera parte de nuestra población, despachó a 58 mil estudiantes a EU en 2016, casi cuatro veces más que nosotros, con un sistema educativo que ya quisiéramos para un día de fiesta.

La idea era buena. Para variar, faltaron los recursos. La pregunta es si esto se puede hacer en el futuro. Para ello, el Gobierno de Peña, en el libro blanco que seguramente está preparando sobre sus logros y fracasos, debiera explicarnos por qué no se pudo. Si no, volverá a pasar lo mismo.
13 Noviembre 2017 04:00:00
Una amenaza fútil
En unos días tendrá lugar la quinta ronda de negociaciones sobre la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Al acercarse la fecha, el Gobierno de México, a través del secretario de Relaciones Exteriores, emitió una advertencia, a la vez sensata y poco creíble, y por tanto de escasa eficacia. El secretario dijo, en una entrevista con Bloomberg retomada por El País, lo siguiente: “Es bueno cooperar con EU en seguridad, migración y otros asuntos... Pero es un hecho de la vida y una realidad política que un mal resultado en el TLCAN tendrá impacto sobre esto”.

Reiteró lo que Enrique Peña Nieto viene diciendo desde enero de este año: la negociación debe ser en paquete. En realidad, esa afirmación se diluyó desde un principio, y se redujo a dos tesis más simples. Primera: México renegociaría el TLCAN en sus términos, sin mezclar temas migratorios, de seguridad o de drogas. Segunda: si salieran mal las cosas, habría repercusiones ex post en esos temas. La diferencia ahora es el que el canciller lo dice casi un año más tarde, y en una coyuntura donde todo indica que las negociaciones sobre el TLCAN han resultado más arduas de lo previsto. De allí que hoy una repetición principista se convierta en una amenaza. Como lo hemos sugerido muchos desde diciembre de 2016.

Por desgracia, a estas alturas, en una amenaza poco creíble. Por tres razones. En primer lugar porque a fuerza de mantener el mismo orden de los factores, en lugar de invertirlo, Estados Unidos debe haber ya concluido que no va en serio. Si México en algún momento hubiera subido el tono y la puja, para realmente utilizar otras fichas de negociación para incidir en la del TLCAN –donde carece de ellas– hubiera transformado la secuencia. Podría haber suspendido ex ante la cooperación con Estados Unidos en alguno de los rubros neurálgicos. Desde hace tiempo sugerimos varios: abrir la frontera sur, ya no compartir inteligencia sobre asuntos de seguridad, rechazar deportaciones de personas cuya nacionalidad mexicana no se compruebe anteriormente; hacernos de la vista gorda en materia de la guerra contra el narco, y dejar pasar cargamentos de heroína, cocaína y mariguana. Washington de inmediato hubiera tomado nota; tal vez hubiera ejercido algún tipo de represalia; pero es impensable que el acto no repercutiera en las negociaciones comerciales. Hoy, esgrimir la misma amenaza sin cambiar el orden de los factores se antoja fútil.

Enseguida, la estrategia mexicana tan no ha funcionado, que ahora se vuelve necesario insistir en ella, después de haberla mantenido durante casi un año. Estados Unidos ya nos manifestó tácita y sin duda explícitamente, aunque en privado, que no van a alterar sus posturas en el TLCAN como tal. Y que tampoco ven ninguna necesidad de involucrar otros aspectos en el intercambio. Es cierto que algunos norteamericanos han coqueteado con la idea de acordar una media-enchilada migratoria a cambio de la aceptación mexicana de los cambios más drásticos en el TLCAN, pero no se trata de posiciones formales, ni probables. De modo que insistir en lo mismo que ya no prosperó es, en el menor de los casos, ingenuo. En el peor, deshonesto.

Por último, la amenaza es inverosímil porque los encargados de los otros temas de la relación bilateral –Gobernación, PGR, Sedena, Semar– han procedido como si nada sucediera. La tropa sigue quemando sembradíos de amapola en Guerrero y el Triángulo Dorado. La Procuraduría sigue extraditando narcos. El INAMI sigue recibiendo deportados –más de 100 mil, en lo que va del año– como si nada. Y el CISEN mantiene la cooperación y las reuniones preestablecidas con el aparato de inteligencia norteamericano como si las negociaciones comerciales las llevara a cabo otro gobierno. En estas condiciones. ¿Quién le creería a Videgaray?

Los norteamericanos siempre han pensado que somos puro jarabe de pico. Se han equivocado en algunas ocasiones; no muchas. Para que nos tomen en serio, ya con un año de pura retórica bajo la cintura, habrá que pasar a los hechos. Sobre todo si la pura retórica no ha servido de nada.
10 Noviembre 2017 04:07:00
Los tiempos y métodos del Frente
Al acercarse los plazos de selección de candidatos presidenciales –y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, de presentación de los integrantes de su gobierno si ganara- las opciones para las fuerzas políticas se estrechan. Grupos como Nueva Alianza y el Partido Verde van pensando si les sigue conviniendo aliarse con el PRI, o si prefieren cambiar de bando e irse con el Frente. Por su parte, el Frente debe resolver si los acepta: hay buenas razones a favor y en contra. Y el propio Frente enfrenta ya disyuntivas mucho más inmediatas que hace algunos meses. Si bien la fecha jurídica para registrar candidatos es hasta marzo, el plazo político difícilmente se puede extender más allá de mediados de diciembre. Si el PRI anuncia al cerrar el mes, la presión para no tardarse se incrementará. En cualquier hipótesis, hablamos de días.

De allí que el dilema para el Frente se haya simplificado. Como ya se ha dicho en múltiples ocasiones, cuenta con dos caminos. El primero, el más elegante, sencillo, ganador y altamente improbable, es de entregar las principales candidaturas a mexicanos sin partido –independientes o no; jóvenes o no tanto;  de izquierda o de centro; con unas ventajas y otras deficiencias. Con esta opción, desaparece el problema del método de selección. Si los tres dirigentes se encierran y deciden renunciar a la primera prerrogativa de un partido político, a saber, presentar candidatos a los principales cargos de elección popular o de nombramiento presidencial del país, poco importará la vía por la que llegaron a una decisión de semejante ruptura con los vicios de la clase política nacional. Constituiría la mejor réplica posible a la acusación de ser gandallas, parte de la partidocracia, burócratas que se reparten el pastel en lo obscurito, etc. El desenlace o resultado legitima el método.

Si esto no sucede –y casi seguramente no sucederá- la alternativa tal vez era otra antes, pero ya no lo es. Desde hace tiempo, en parte a raíz de un artículo de Aguilar Camín, los principales dirigentes del Frente han procurado diseñar un mecanismo para escoger a los principales candidatos del 2018: Presidencia, CDMX, ocho gubernaturas, Senado y Cámara de Diputados. Unos siempre mostraron más entusiasmo que otros, según la fórmula en juego, el costo, el tiempo, y las posibilidades de injerencia del gobierno o de un resultado que reventara al mismo Frente. Pero la discusión existía y era pertinente. La idea medular consistía en que el método legitimara el desenlace o resultado: una idea audaz, de difícil aterrizaje, y de consecuencias incontrolables.

Hoy parece que ya no es viable. Más allá de cualquier inconveniente de un proceso que por muy transparente y democrático que fuera, llevaría al Frente sin candidato hasta febrero, todos los demás amarres necesarios se antojan imposibles en tan poco tiempo. Posponer una decisión hasta entonces crearía un vacío que el PRI y AMLO llenarían de manera arrolladora. Cuando se produzca la designación del candidato priista, el gobierno y sus medios –que son muchos- se colocarán por completo al servicio del mismo. Cuando AMLO presente a su equipo y “programa”, el ruido propio del puntero será ensordecedor. El Frente no podrá competir sin candidato, paliando su ausencia con un proceso interesante, pero alambicado y a estas alturas inoperante.

La alternativa es clara. Una vez designados los candidatos partidistas del Frente, o incluso mientras se definen, debieran incorporar al mayor número posible de mexicanos no partidistas y decididos a participar en una campaña electoral, a elaborar (tampoco sobra tiempo para ello) el programa del Frente, a conformar el equipo de campaña del Frente, el equipo de gobierno en potencia del Frente, y las bancadas legislativas. Unos aceptarán, y otros no. ¿De qué mexicanos no partidistas, o “ciudadanos”, como se les suele denominar, se trata? De los que el Frente quiera: activistas, empresarios, académicos, intelectuales, etc. Como por definición en esta materia no existe representatividad alguna, el Frente debe invitar a quienes más simpaticen con su proyecto, a los que más le aporten, y a las personas que cumplan con una serie de criterios indispensables –de género, generacionales, regionales, y profesionales. Pero ya no pueden perder tiempo buscando una quimérica cuadratura del círculo.
08 Noviembre 2017 04:06:00
El destape que ya no es
Supongo que estamos en vísperas de la designación por Enrique Peña Nieto del candidato presidencial del PRI. Por varias razones, políticas y jurídicas, no podrá posponer la decisión mucho más allá de finales de noviembre. En vista de que llevo más de 20 años ocupándome de este tema –sobre todo a partir de los chismes de sobremesas, pero también de mi libro La Herencia– comparto mi especulación pura y dura con el lector.

Me centro en las diferencias con el pasado. La más obvia: Peña escogerá al candidato del PRI, no al próximo Presidente, como lo creyeron todos los mandatarios de facto o de jure desde Calles en 1933, hasta Zedillo en 1999. Para quienes pensamos que ningún presidente saliente con menos de 30% de aprobación puede lograr la elección de un sucesor de su propio partido, sin hablar del grupo más cercano de su gabinete, Peña va a escoger al perdedor, no al próximo jefe de Estado.

Segunda: ahora cuenta el criterio de poder ganar. Antes no. La elección ya estaba ganada desde un principio. Nunca fue un criterio para el autor del dedazo. Podría no serlo para Peña, si decidiera que su partido no tiene cómo ganar esta vez, y que le conviene más apostar todo a uno de los otros dos candidatos. Dudo que lo haga y, por lo tanto, deberá valorar las virtudes en campaña de sus opciones. Ninguno es Obama, Fox o Peña.

Última diferencia: la cola por pisar, o los cadáveres en los armarios por descubrir, también cuentan. No a la norteamericana, quizás, pero sí con mucha más contundencia que en el pasado. Y hay dos tipos de colas, tanto en materia de corrupción como de violaciones de derechos humanos. Una es la proactiva y descarada. El que roba, mata o ambas cosas. La otra es más compleja: la pasiva-omisa. Cualquier candidato de oposición –AMLO, Anaya o una opción no partidista del Frente, o un independiente como Ríos Piter– harán campaña contra el malo de la película y de la boleta: Peña Nieto. El ungido del PRI podrá alegar hasta el infinito que no robó ni mató. La pregunta es si sabía quién sí robó o sí mató, o si nos dirá que nunca se enteró de nada: ni de los muertos ni de los miles de millones robados. Sostendrá que él sólo manejaba el tren que conducía a Auschwitz, pero que jamás se imaginó lo que allí sucedía. Seguía órdenes.

Mis amigos priistas de buena fe sostienen que este dilema se resuelve como siempre: con un pacto tácito o secreto entre el Presidente y el candidato, en el que el primero acepta (a regañadientes) que el segundo lo ataque. No sé si este procedimiento alguna vez funcionó en los hechos, pero estoy seguro que en democracia es insostenible. Cualquier crítica o deslinde del priista a su mentor, será de inmediato aprovechado por sus rivales para interpelarlo con la pregunta de los 64 millones: ¿por qué no lo dijiste antes? ¿por qué no renunciaste? ¿por qué fuiste cómplice, pasivo, o tal vez, muy activo? De los precandidatos de Peña Nieto, no sé cuál pase esta prueba del añejo.

En MORENA, el candidato presidencial será quien decida AMLO. Ya sabemos quién es. En los hechos, en el Frente, el candidato será quien escoja Ricardo Anaya, muy probablemente él mismo. En el PRI, decidirá Peña Nieto. No es un peor método que otro, mientras los militantes del PRI, del PAN, del PRD o de Morena acepten este estado de cosas. Y cuando lo rechacen, a ver qué método inventan. No se me ocurre ninguno que funcione.
03 Noviembre 2017 04:07:00
Los nexos con Francia
El miércoles concluyeron mis funciones como copresidente del Consejo Estratégico Franco-Mexicano, creado en 2013 por los presidentes Peña Nieto y Hollande, para componer y recomponer las relaciones de todo tipo entre Francia y México, llevadas a su punto más bajo en años por Nicolás Sarkozy y Felipe Calderón. Durante estos cuatro años llevamos a cabo una gran cantidad de reuniones, actividades e iniciativas, unas que prosperaron y otras que no.

A partir de ahora, el Consejo será copresidido por dos empresarios, Fernando Chico Pardo de México y Pierre André de Chalandar de Francia. Ha sido ampliado, sobre todo para incluir a más mujeres, y seguirá trabajando para tratar de darle un carácter más estratégico a la relación entre ambos países. Durante las reuniones en la Cancillería, en presencia de los dos ministros de Relaciones Exteriores, y en Los Pinos, frente a Peña Nieto, tuvimos la oportunidad mi colega Philippe Faure y yo de hacer a la vez un balance de lo que se pudo llevar a cabo, y también de tomar nota de los pendientes, un eufemismo para no decir fracasos.

Los logros fueron principalmente en materia sicológica, cultural, educativa y de salud. Psicológicos, en cuanto a que el lamentable estado de las relaciones en 2012 se compuso y se llegó al punto de que la cordialidad y la franqueza o sinceridad que hay entre los dos presidentes, sus ministros y sus gobiernos son de las más cercanas en el mundo, para México por lo menos. En lo cultural, se pudieron llevar a cabo iniciativas emblemáticas como la construcción e inauguración del monumento en homenaje a Carlos Fuentes frente a Ciudad Slim, y la extraordinaria exposición mexicana en el Grand Palais el año pasado. En materia de salud, se avanzó mucho en lo tocante a las relaciones entre el Seguro Social y la empresa Hôpitaux de Paris. Y en el rubro educativo, se abrió una filial de la Universidad de Compiègne en México, y se llevaron a cabo una gran cantidad de intercambios buscando aumentar –no siempre con éxito– el número de estudiantes mexicanos en
Francia.

En materia económica, comercial, financiera y de turismo, aunque sí se avanzó, la verdad es que no resultó tan factible incrementar los números, las alianzas estratégicas, las asociaciones o las ventas de unos a otros y otros a unos. Quisiera poder afirmar que esto fue una responsabilidad compartida, y que ni un gobierno o el otro carga la culpa de las insuficiencias. No estoy del todo convencido, sin embargo.

En efecto, para Francia, la relación con México puede ser “estratégica” en los foros multilaterales, o frente a otros países de América Latina, pero en última instancia, tratándose de una potencia claramente mercantilista, su objetivo principal consiste en vender sus abarrotes: armas, aviones, energía nuclear, etc. Para México, adentrarnos de verdad en un vínculo estratégico con un país como Francia significa, o bien hacer a un lado lo comercial y las inversiones y transferencia tecnológica, y centrarnos en lo político y cultural, o bien realizar un esfuerzo particular para reorientar un parte de nuestras compras y acuerdos en estos rubros de otro país (Estados Unidos), a Francia. La responsabilidad de efectuar un giro de esta naturaleza nos toca a nosotros, y no pudimos cumplirla.

El reto reside en la definición de la palabra “estratégico”. Para que una relación que no lo es comience a serlo, cualquier país debe aceptar ciertos sacrificios. O renuncia a vínculos anteriores más o menos confesables con otras naciones, o se verá obligado a tomar decisiones que no respondan sólo a criterios económicos, aunque el ámbito de la decisión sea estrictamente económico. A lo largo de muchos sexenios, no hemos podido tomar ese tipo de decisiones, aunque cada presidente se lo ha propuesto (Peña Nieto con el tren chino a Querétaro, por ejemplo).

De cualquier manera, la idea de un consejo de esta índole es buena, y debiera reproducirse con otros países. Nunca nadie quedará totalmente satisfecho, pero buscar cómo acercar a sociedades además de a gobiernos, es un propósito recomendable en materia de política exterior.
01 Noviembre 2017 04:06:00
¿Viva la autonomía?
En México, a lo largo de los últimos años –por lo menos desde 1994– hemos visto florecer las instituciones –u organismos– autónomos. Muchos hemos pensado, desde hace tiempo –en mi caso, desde que publiqué La Utopía Desarmada en 1993– que la “autonomización” de una serie de entes públicas, debe figurar de manera prominente en el programa de una izquierda latinoamericana modernizada.

Desde el Banco de México, en aquel año, hasta los órganos reguladores de tiempos más recientes, e incluyendo al INEGI, el IFE/INE, al IFAI/INAI y ahora las dependencias del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, la separación de todas esas instituciones del Estado central se ha considerado como un hecho positivo.

Sigo pensando que la autonomía es preferible a la sumisión absoluta o incluso relativa de una serie de funciones a la autoridad gubernamental más política. En la gran mayoría de los países democráticos, existe. En muchos casos abarca también otros ámbitos estatales: la Policía, el Ministerio Público, el fisco.

Pero es evidente que hemos llegado a un extremo en México, no en cuanto al número de “autonomías”, sino al hipostasiar sus virtudes.

La autonomía no resuelve todo, en particular cuando en un país determinado el Gobierno en funciones quiere y puede ejercer su autoridad de una manera arbitraria o contraria al espíritu de la ley que crea la figura “autonómica”.

No lo digo por el escándalo sobre la Fepade, o el fiscal “carnal”, o lo que sucedió hace poco en una de las vicepresidencias del INEGI, o lo que vaya a suceder en el Banco de México en algunas semanas. Tampoco a propósito del IFE en 2007.

El problema es que si no se produce un cambio de mentalidad en la clase política mexicana, en la sociedad civil, en la academia y el empresariado, no hay autonomía que aguante.

El tema de cuotas y cuates, con todo y su simplismo, constituye el síntoma de un dilema mayor. Cada gobierno se “atasca” con sus nombramientos: procura designar al mayor número posible de amigos y aliados en el mayor número posible de puestos transexenales, que en efecto, suelen hallarse en las entes autónomas. Para lograrlo, realiza intercambios por otros asuntos: premios, presupuestos, algunas leyes, otras designaciones.

Las fuerzas políticas externas al Poder Ejecutivo –no sé si utilizar el término oposición– aceptan el juego de las sillas y los trueques, porque cuando llegan al Poder Ejecutivo esperan que sus predecesores se presten a los mismos subterfugios. Acabamos teniendo organismos autónomos en realidad subordinados al poder de turno, que no siempre es el mismo, por lo menos.

¿Debemos entonces dar marcha atrás a tanta autonomía? No creo. Con todos los vicios del mundo es preferible la situación actual a la de antes, aunque en algunos aspectos se asemeja.

La famosa autonomía universitaria, por ejemplo, no obstó para que, hasta José Narro, el rector de la UNAM fuera nombrado por el Presidente en funciones.

Lo importante es que no pensemos que la autonomía resuelve todo; que funge como un baluarte contra los excesos de cualquier gobierno; que la autonomía garantiza, per se, imparcialidad, integridad, pericia e independencia.

Ni de Santiago Nieto, ni de Lorenzo Córdova, ni de Agustín Carstens, ni de nadie. No conviene caer ni en una simulación más, ni creernos nuestros propios cuentos.
30 Octubre 2017 04:00:00
Primer arresto de gente de Trump
Desde el viernes pasado se filtró la noticia en Estados Unidos de que hoy lunes sería detenido el primer personaje acusado formalmente por el fiscal especial del caso Rusia en la campaña presidencial norteamericana de 2016. El gran jurado ante el cual fue entregada la imputación sellada está reunido desde hace algún tiempo en Washington o Virginia, y se ha especulado a lo largo de todo el fin de semana sobre quién puede ser la primera víctima de todo el escándalo vinculado a la campaña de Donald Trump.

Son tres los candidatos: el exmilitar y asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, el jefe de campaña y cabildero Paul Manafort, y el financiero, consultor y maniobrero Carter Page, el más joven de los tres. Hay dos posibles estrategias que estaría poniendo en práctica el fiscal Robert Mueller. La primera consistiría en detener y presionar a un pez “pequeño” para que informara y delatara a peces más “gordos”. La segunda estribaría, al contrario, en irse de entrada lo más arriba posible, para desde ahí obtener información hacia abajo y horizontalmente.

El hecho de que no hubiera habido ninguna reacción de la Casa Blanca desde el viernes –ni comentarios ni tweets– sugiere, como han especulado los medios de EU, que el presidente Trump y su equipo, tanto político como jurídico, fueron tomados por sorpresa por este acontecimiento. Asimismo, lo que parece indicar la decisión de Mueller es que su investigación ha procedido con mayor celeridad y precisión de lo que se hubiera pensado. Ahora comienzan las consecuencias de este primer paso de naturaleza penal en todo el proceso.

Primera consecuencia evidente: Trump tendrá que ocuparse de esto, y en buena medida sólo de esto, no sólo durante los próximos días y semanas sino a lo largo de los meses venideros. Porque este será sólo un primer paso; seguramente seguirán más arrestos y más imputaciones. Las cuentas de abogados, y las legislativas y políticas seguirán incrementando casi como taxímetro. En segundo lugar, esto puede acelerar las deserciones en el Partido Republicano, principalmente en el Senado, pero también algunas en la Cámara de Representantes. Aunque el apoyo de Trump en el seno de su base electoral parece seguir intacto, serían demasiadas las expectativas y probabilidades de que hubiera un desenlace fatal –impeachment, inhabilitación o renuncia– de Trump antes de finales del 2018 para que los republicanos en su totalidad quisieran ir a los comicios del año entrante vinculados a Trump.

Y en tercer lugar, recordando la película Wag de Dog con Dustin Hoffman de finales del siglo pasado, a propósito del impeachment de Bill Clinton y de la guerra que inventa para distraer la atención, la tentación para Trump, que le gusta proceder de esa manera para inventar algún tipo de crisis, enfrentamiento político o de plano militar, puede resultar irresistible. No le faltan opciones. Desde luego destaca Corea del Norte, pero de la misma manera podría abrir un flanco nuevo mediante el retiro de EU del TLCAN, o a través de una crisis con China, con Rusia o en Venezuela. Nada de esto es seguro pero todo es posible. Lo que sí sabemos, a partir de hoy, de confirmarse la filtración, es que la investigación ya se volvió un asunto grave y serio, que se acerca a Trump y a su familia, y que surtirá efectos políticos, internos e internacionales durante el próximo año.
27 Octubre 2017 04:08:00
Kennedy: otra vez Oswald en México
Este jueves se liberaron del sigilo varios miles de documentos secretos de las investigaciones del asesinato de John F. Kennedy. Desde una ley aprobada en 1992, el Gobierno de Estados Unidos tenía como fecha perentoria para entregar tal vez más de 100 mil páginas a más tardar el 26 de octubre de 2017. Llegó la fecha.

Según varios expertos e historiadores consultados por The New York Times, no habrá necesariamente revelaciones espectaculares, ni se podrá saber de inmediato qué joyas se encuentran en el acervo. Más aún, el Presidente de Estados Unidos puede mantener en reserva, o tachar largos pasajes del archivo, invocando razones de seguridad nacional, y en particular, las relaciones que existían en 1963 entre los servicios de inteligencia norteamericanos y de otros países. Uno de ellos es el nuestro.

En efecto, uno de los temas más enigmáticos aún hoy, y que los documentos antes secretos podrán ayudar a dilucidar, consiste en la visita que realizó Lee Harvey Oswald a la Ciudad de México en septiembre de 1963, un par de meses antes de matar a Kennedy. Hace años se supo que Oswald viajó a México con el propósito de obtener una visa para la Unión Soviética, vía Cuba. Ya había vivido en la URSS a finales del 50; regresó a Estados Unidos, pero se desencantó de nuevo y deseaba volver. Pensó que primero iría a La Habana, y de allí a Moscú. Se presentó varias veces en las embajadas de la isla y de la URSS, en esa época ambas en Tacubaya, sin éxito.

Todo esto lo sabemos porque la CIA y la Dirección Federal de Seguridad vigilaban juntas las embajadas soviéticas y las cubanas, compartían información, videos y grabaciones. Lo que no sabemos con precisión es lo que sucedió dentro de las sedes diplomáticas. Se supone que hay varios temas aún en suspenso sobre lo que en efecto sucedía dentro de estas. En primer lugar, está la escena que posiblemente captó el camarógrafo de la CIA en la que un oficial de inteligencia cubana le ofrecía o le entregaba dinero, pero Oswald aparece de espaldas y no fue posible determinar con certeza que se tratara de él. Siempre ha parecido dudosa esta hipótesis, pero no imposible. La otra más conocida es que cuando los cubanos le negaron la visa a Oswald dentro de la Embajada empezó a gritar y a anunciar que les iba a demostrar cuán castrista y admirador de la Revolución cubana era, y lo haría al matar al Presidente de EU muy próximamente. La tercera escena que puede haber o no sucedido es si dentro de la Embajada, las dos o tres veces que fue Oswald ahí, estableció algún tipo de relación afectiva con una de las colaboradoras mexicanas, una tal Silvia Durán, y mantuvo contacto estrecho con ella durante la semana que permaneció en México.

Lo que más podría resultar interesante es si la Federal de Seguridad y la CIA monitoreaban también las comunicaciones cubanas de la Embajada con La Habana. Y si en esas comunicaciones el oficial de inteligencia, o el embajador cualquiera de ellos le informó a La Habana de que un exmarine norteamericano, que había vivido un par de años en la Unión Soviética, se presentó en la Embajada, pidió una visa, le fue negada y anunció que iba a matar a Kennedy. De existir ese cable, o ese mensaje de la Embajada de Cuba en México a La Habana, la siguiente pregunta sería ¿por qué La Habana no compartió esa información, directa o indirectamente, con alguien en el Gobierno de EU? O a la inversa, si hay cables de la Embajada de Cuba a La Habana intervenidos por la CIA y/o la Federal de Seguridad, y no figura ese mensaje, pues significa que, o bien no le dieron importancia, o bien que prefirieron no enviarlo.

Estos son algunos de los misterios que permanecen en el aire y que tal vez puedan ser aclarados por este enorme acervo de documentos que se liberan estos días. Para los curiosos y ociosos que siempre nos ha obsesionado el asesinato de Kennedy, una verdadera mina de oro.
25 Octubre 2017 04:06:00
La Fepade y los senadores carnales
Con el despido de Santiago Nieto, titular de la Fepade, el Frente Opositor Ciudadano –o como se le quiera llamar– recibe una nueva oportunidad de obtener un triunfo político significativo. Por varias razones muy sencillas. La primera es que, aunque Morena se una en este momento a la lucha del Frente por restituir a Nieto con una mayoría simple en el Senado, de todas formas será la coalición del Frente PAN-PRD-Movimiento Ciudadano quien pueda ganarle al PRI, si es que todos votan juntos.

Al PRI y al Gobierno les faltan tres votos para impedir la restitución de Nieto. Esos votos no los tiene en ninguna parte, salvo en el PAN. He aquí la segunda razón de la posible victoria del Frente. Hay seis senadores del PAN que ya han mostrado su anuencia a colocarse del lado del PRI, y sobre todo de Peña Nieto. Junto, desde luego, con sus jefes naturales, que son Felipe Calderón y Margarita Zavala de Calderón, en otros temas. En este, sin embargo, les va a costar más trabajo. Si votan con Peña Nieto contra la restitución del fiscal de la Fepade, y contra el PAN, el PRD, Morena y MC, se mostrarán claramente cómplices de la corrupción de Peña Nieto, de Emilio Lozoya y de varios más.

Creo que los seis senadores, a quienes algunos llaman traidores –yo prefiero decir simplemente la pequeña minoría disidente del PAN– deben pensarla muy bien. ¿De veras quieren apoyar a Peña, a Lozoya, a la corrupción, a Odebrecht sólo por ardidos? ¿O prefieren votar con todo el PAN, con todo el PRD, con toda Morena, con todo MC, para restituir a Nieto y de esa manera impedir la maniobra de Peña Nieto de despedirlo y sobre todo de encubrir la corrupción que hubo por parte de su campaña y de la empresa brasileña Odebrecht?

Si se impusiera el voto secreto, sería una maniobra inteligente de Emilio Gamboa para permitirle a sus aliados embozados votar con él sin que sepa. No obstante, habría varias maneras de dilucidar si los seis o siete magníficos calderonistas votaron con el Gobierno y la corrupción, o con la oposición y el Frente. La primera, y más obvia, sería que los senadores de Morena y del Frente votaran abiertamente, o por lo menos alzaran la mano al votar por cédula, aunque se les impusiera el voto secreto. De esa manera, los panistas disidentes se verían obligados a votar en público, o a confesar, por lo menos tácitamente, que se aliaron al PRI, a Gamboa, y a Peña Nieto. Si por algún motivo eso exigiera una dosis de testosterona de la cual los legisladores frentistas carecen, podrían todos convocar a la prensa inmediatamente después de la votación para aclarar cómo votaron. Las consecuencias serían las mismas.

Por último, si tampoco se atrevieran a eso, tendrían la opción de retar a los panistas a confesar su complicidad con el PRI, si es que Peña Nieto gana. En efecto, no habría otra explicación de cómo el PRI logrará los 65 votos necesarios, salvo los disidentes. Si les alcanza a los priistas, el estigma para el pequeño grupo de panistas sería su mayor castigo, a condición que el Frente opositor actuara como oposición. Es una batalla del tamaño del fiscal carnal, y se juega en la postura de los disidentes carnales.
23 Octubre 2017 04:00:00
Violencia para que la amapola no llegue a tus hijos
De acuerdo con el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en septiembre se produjeron 2 mil 184 homicidios dolosos en todo el país, una cifra superior a la de agosto y a la de julio, aunque ligeramente inferior a la de junio. Con estos datos van 18 mil 505 homicidios dolosos en todo el año, 23% más que en el 2016 y 6% más que en el 2011, el año más sangriento en lo que va de la guerra de Calderón y Peña. Si más o menos proyectamos estos datos para este año en su totalidad, llegaremos probablemente a unos 25 mil homicidios dolosos, es decir más o menos 23 por 100 mil habitantes, casi tres veces del punto más bajo de la historia moderna de México que fue en el 2007.

Estas cifras no lo dicen todo. En un espléndido reportaje de Ricardo Pérez en Reforma el día 20 de octubre, el periodista nos cuenta lo que sucede con los miembros de las fuerzas armadas en el Triángulo Dorado, cerca de Guachochi, en el corazón de la sierra Tarahumara, buscando erradicar sembradíos de adormidera o amapola. Se trata del personal de la 42 Zona Militar, que según dicen los mismos soldados, destruyen unas 300 plantaciones cada día. Cito: “Los hombres bajo el mando del teniente Luis Enrique Trujillo, llevan un mes viviendo en un campamento enclavado en el bosque de coníferas; los días los pasan esperando los mensajes en el radio, con las coordenadas de los plantíos detectados en sobrevuelos de helicópteros. Recibieron incluso el otro día una nota escrita en papel con algunos errores de ortografía, evidentemente redactada por los campesinos de la zona, que pidieron que por favor no les destruyeran sus cosechas y que no tenían ni para comer, sus hijas ni traen zapato”. Se sabe además que, como los narcos suelen pagar las cosechas por adelantado, si el Ejército las destruye, el campesino debe dos cosechas, la destruída y la que sigue.

Los militares dicen que “estamos haciendo un bien a México… es por el bien de México para que esta droga no llegue a los jóvenes”. En otras palabras, cientos de soldados y oficiales del Ejército mexicano pasan meses en la sierra Tarahumara destruyendo plantíos de amapola empobreciendo a los campesinos de la zona, para que la droga, que para todos fines prácticos, no se consuma en México, no llegue a jóvenes mexicanos que nunca la han visto ni verán, y a quienes les da enteramente lo mismo si las Fuerzas Armadas están haciendo bien o mal ese trabajo.

En realidad los militares son en el mejor de los casos ignorantes, y en el peor de ellos faltantes a la verdad. No están destruyendo plantíos de adormidera para que la droga no llegue a los jóvenes mexicanos. En realidad, la están destruyendo para que no llegue a los viejos norteamericanos, quienes en efecto están ahora padeciendo una epidemia de opioides en una escala no vista anteriormente.

La gran pregunta que debemos hacernos todos los mexicanos, sobre todo a ocho meses de las elecciones presidenciales, es si tiene sentido que sigan subiendo las cifras de homicidios dolosos y sigamos gastando dinero en destruir plantíos de amapola para que decenas de miles de norteamericanos al año no fallezcan a raíz de sobredosis de distintos opioides (de ninguna manera sólo por heroína mexicana); o si el costo lo debe pagar Estados Unidos de una manera o de otra: legalizando bajo una estricta supervisión médica la utilización de la heroína para fines médicos o para adictos certificados, sobre todo si buscan dejar atrás su adicción mediante el uso de sustancias como la metadona.

¿Acaso queremos seguir llevando a cabo una guerra tan violenta como la nuestra en pro de los barrios de la Unión Americana donde se consume esa heroína? Lo que no queda para nada claro es por qué ponemos nosotros el dinero, los muertos y la pobreza de los campesinos, mientras que los norteamericanos en principio no ponen nada.
20 Octubre 2017 04:07:00
Dos buenas ideas para el plan B
Ahora que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte parece naufragar, comienzan a proliferar diversas ideas para el mentado plan B. Todas las que se centran en diversificar nuestras relaciones comerciales no me convencen; sucede lo mismo con las tesis del “mercado interno” (de dónde van a salir los mexicanos que compren los 3 millones de automóviles que exportamos cada año). Pero hay dos que me gustan, que escuché en voz de mexicanos en Washington y de exdiplomáticos mexicanos en México, a quienes no voy a ventanear, salvo para decir que son inteligentes y perspicaces, con experiencia en estos asuntos, y muy bien conectados en la capital del “imperio”.

La primera es más bien de orden táctica, y se refiere al dilema de la mesa de negociación y quién debe levantarse primero. Como se sabe, existen dos planteamientos antagónicos: uno –el que importa– el del Gobierno y de los empresarios, de que México no debe pararse primero, y debe endilgarle el costo de una hipotética ruptura a Estados Unidos; otro, que creo que sólo sostengo yo, en el sentido de que si las autoridades saben a ciencia cierta que Trump quiere reventar el TLCAN, debemos ser nosotros quienes nos levantemos antes, escogiendo el momento, el lugar, el motivo y la narrativa que más nos convenga. Pero hay una tercera opción, quizás mejor que las dos citadas.

Consiste en lo que podría resumirse con la consigna de Trotsky –rechazada al final por Lenin– en Brest-Litovsk, a propósito de las negociaciones entre la recién nacida Unión Soviética y Alemania: ni paz ni guerra. Si se llega a la conclusión de que EU no quiere ningún acuerdo, más tampoco invoca la cláusula de derogación del TLCAN (apartado 2055), México debe anunciar que no existen condiciones para negociar en la mesa, pero que va a llevar su causa, su caso, su agenda, a la sociedad norteamericana para que ésta convenza al Gobierno estadunidense de volver a la mesa con buena fe.

Las autoridades mexicanas, los empresarios, los artistas, los académicos, los comunicadores, se desplegarían por toda la Unión Americana difundiendo el mensaje mexicano, concentrándose en el Congreso, los medios, las universidades, las asociaciones empresariales, los clubes de rotarios, leones, liwanis y cuantas organizaciones haya, obviamente dirigiéndose a las comunidades hispanas, pero no sólo a ellas, ni mucho menos. En el peor de los casos, el esquema nos serviría para otras cosas y causas, y para después. En el mejor de los casos, Trump recapacitaría. Se trataría de un esfuerzo público, sostenido, y claro: no quieren negociar, nosotros sí, pero así no. Una duda: sé que podemos hablar bien del camello, pero no sé si tengamos camello. No veo más agenda comercial mexicana que la defensa del status quo, como dijo Paul Krugman en el diálogo que sostuvimos en la UNAM el jueves.

Segunda buena idea del plan B: la legislación mexicana, acompañada de arbitrajes internacionales vinculantes y obligatorios. Muchos lo hemos repetido desde 1992: el TLCAN fue ante todo una decisión –más o menos desesperada– para blindar la política macroeconómica, para dar certidumbre y para ofrecer seguridad jurídica a los inversionistas, extranjeros y nacionales. Sin TLCAN, no se ve muy bien cómo garantizar todo esto. Un remedio subóptimo, pero mejor que nada, consistiría en incorporar a las leyes mexicanas internas todo lo que está en el TLC (por ejemplo, “investor-state dispute settlement”) y no que se encuentra en dicha legislación, pero sometido, por decisión mexicana, a diversos instrumentos de arbitraje internacional.

El arbitraje tendría que ser obligatorio, es decir que el Gobierno de México, por ejemplo, no podría negarse a él, y vinculante, es decir el Gobierno de México se vería obligado a aceptar los fallos (a diferencia, por ejemplo, de lo que hizo en el caso de José Gutiérrez Vivó y los Aguirre en 2005). En lugar de atarnos las manos con cuerdas canadienses y norteamericanas, nos las amarraríamos con mecates mexicanos. No es lo ideal, pero no está mal. Mi duda: ¿lo aceptaría el Congreso? Tarea para el Frente.
18 Octubre 2017 04:07:00
Venezuela y la presión internacional
El aparente resultado de las elecciones regionales en Venezuela este pasado domingo muestra que cualquier esperanza de un desenlace bienaventurado de la crisis de aquel país en el corto plazo es ya lejana. En parte, debido a la división de las fuerzas opositoras –algunos sectores de la MUD participaron en la elección para gobernadores y otros, no–, en parte por el fraude electoral generalizado, que llevó a cabo el Gobierno de Nicolás Maduro, no sólo a la priista, sino llevando las tradiciones mexicanas a nuevos niveles de excelencia, y en parte por un cierto cansancio probablemente de la oposición en su conjunto, Maduro pudo decir que se llevó 17 gubernaturas y perdió sólo 5. Más allá de la decepción opositora, y del hecho que incluso de haber ganado más gubernaturas, el poder en juego era exiguo, podemos concluir que la permanencia de Maduro en el poder será un asunto de mediano plazo.

Había la posibilidad, hasta mediados del verano, de que las manifestaciones en la calle y las trágicas muertes provocadas por Maduro y sus “colectivos” provocarían algún tipo de derrumbe del Gobierno: o bien por la calle, o bien por la presión internacional, o bien por la división de las fuerzas armadas que concluirían que ya no era viable el régimen. Pero nada de eso sucedió en aquel momento. Ahora es más improbable que nunca, ya que las manifestaciones callejeras desaparecieron, la presión internacional sigue vigente, pero no basta, y no parece haberse abierto ninguna grieta dentro del estamento militar venezolano.

Sólo queda la presión internacional a mediano plazo. Para que surta efecto, en primer lugar, es absolutamente indispensable que Donald Trump cese cualquier ataque verbal o amenaza explícita al Gobierno de Maduro, como lo hizo hace algunos meses, imposibilitando así la posible fractura del Ejército. En segundo lugar, las sanciones deben ser universales, es decir, provenir de Estados Unidos y Canadá, de toda América Latina y de la Unión Europea. De faltar esa universalidad, difícilmente se puede esperar un efecto decisivo que no tarde años en producirse. Para ello, es absolutamente clave la decisión que pueda tomar la Unión Europea en los próximos días.

Esta decisión depende básicamente de tres vertientes. La primera es que los principales países latinoamericanos, agrupados en el llamado Grupo de Lima, que incluye desde luego a Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile y Perú, se presenten en un frente unido ante Bruselas para legitimar las sanciones europeas, a través de sus propios actos en ese mismo sentido. Las sanciones latinoamericanas no surtirán mayor efecto, salvo quizás en el caso de Brasil y de Colombia, pero sí pueden ser fundamentales para convencer a los europeos. En segundo lugar, para que la Unión Europea aplique sanciones económicas a Venezuela, es obligatoria la unanimidad: los 28 países, ya sin Inglaterra, deben aceptarlas. Hasta ayer existía un veto: el del Gobierno de Alexis Tsipras en Grecia, y de su partido Syriza. Seguramente ese veto explica el paso del primer ministro griego por la Casa Blanca justamente ayer. El tema central, del cual seguramente conversaron Trump y Tsipras fue Venezuela, fueron las sanciones europeas y la necesidad de que Grecia coopere en esta materia. Es difícil saber por el momento cómo reaccionó el gobernante de izquierda, amigo de Maduro. Asimismo, la lógica de diversos viajes de diplomáticos latinoamericanos, desde el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y hasta de Luis Videgaray a Europa en estos días, responde también a la necesidad de convencer a varios países, pero principalmente a Alemania, Francia e Italia, que convenzan a los griegos de levantar su veto. Sin ello no hay sanciones posibles.

De suceder todo esto, el régimen venezolano se debilitará a mediano plazo. En algún momento, dejará de poder pagar el servicio de su deuda externa, sobre todo si los chinos y los rusos dejan de ayudarle. En algún momento su capacidad de importar alimentos llegará al límite, y en algún momento la incapacidad de realizar transacciones financieras en cualquier parte del mundo hará inviable por completo su economía. Y eso nos lleva a la tercera y última vertiente.

Hasta donde sea posible, las sanciones económicas deben evitar efectos desastrosos para la población venezolana que ya ha sufrido lo suficiente. Por eso sería importante que dichas sanciones se acompañaran de una ayuda humanitaria, dirigida directamente a los sectores más desfavorecidos de Venezuela, y que las sanciones sobre todo se dirijan a impedir la importación, la compra o el pago de bienes y servicios no vinculados directamente a las primeras necesidades de la gente. Nada de esto es sencillo, pero más difícil será seguir lidiando con un Gobierno que cada día se parece más a una dictadura.
16 Octubre 2017 04:00:00
Misoginia y Margarita
Hay personas inteligentes en el entorno de Margarita Zavala de Calderón que debieron haberle aconsejado no lanzarse a una aventura innecesaria y contraproducente. No me refiero a su salida de Acción Nacional, sino a la idea misma de su candidatura, independiente o panista. Entre esas personas incluyo, desde luego, a su hermano, a quien conozco bien y con quien trabajé de manera agradable y productiva durante casi tres años. Juan Ignacio es listo, a estas alturas avezado, indudablemente simpático y cercano a su hermana. No sé cuál sea su opinión más íntima sobre la candidatura fraterna, pero es evidente que en público se ve obligado a defenderla, tanto frente a críticas sustantivas como superficiales.

En su artículo más reciente en El Financiero, llega incluso al extremo de defender al Gobierno de su cuñado, y en particular su sangrienta guerra contra el narco, juicio explícito que no necesariamente equivale a una convicción interna. Lo hace ante una tesis que plantee la semana pasada en estas mismas páginas, a saber, que la salida de Margarita del PAN le facilitaba las cosas al Frente, ya que podía dejar de cargar el lastre de la guerra de Calderón. No entraré aquí en responder a Juan Ignacio sobre el fondo de este asunto; habrá tiempo para hacerlo, y además, se trata más bien de un debate entre panistas y expanistas, y no soy ni lo uno ni lo otro. Tampoco comentaré otra afirmación de Zavala, esto es, la supuesta influencia que ejerzo sobre Ricardo Anaya, a través de “pláticas eternas en restaurantes a la vista de todos” (supongo que Juan preferiría que me reuniera con Anaya a escondidas). Me limitaré a discutir su acusación más personal: mi “patética misoginia, consecuente con una persona rencorosa”.

De lo rencoroso, he escrito ampliamente, en un libro cuya lectura Zavala hizo sin duda bien ahorrarse. Hasta aquí ningún desacuerdo. Doy por sentado que por misoginia se refiere a mi insistencia en referirme a su hermana como Margarita Zavala de Calderón, o a la “esposa de Calderón”, como lo hace también Andrés Manuel López Obrador. O quizás al hecho de que pienso que hasta que se demuestre con hechos y dichos lo contrario, la hermana de Zavala es solidaria con las políticas públicas ejercidas durante la Presidencia de su cuñado. Al día de hoy, no existe, políticamente hablando, más que como esposa de quien fuera presidente. Y sí, en efecto, creo que es correcto referirme en esos términos a Margarita Zavala de Calderón, por varias razones.

En primer lugar, porque varias mujeres en la política, cuyos maridos fueron primeros mandatarios, conservaron el apellido de sus maridos, por la sencilla razón que les convenía a ellas, a ellos, a sus amigos y en ocasiones a sus adversarios. Violeta Barrios de Chamorro o simplemente Violeta Chamorro, Cristina Fernández de Kirchner, Hillary Rodham Clinton (a quien Margarita Zavala de Calderón quiso emular en algún momento) e incluso, aunque muchos se enojen, Martha Fox. Mi madre siempre firmaba Neoma G. de Castañeda porque a pesar de tener varias carreras propias y una personalidad de cierta fuerza, hasta muy poco antes de su muerte, fue un apéndice de mi padre. Reconocer esta realidad, y utilizarla para fines políticos –a favor o en contra– me parece normal, lógico y de ninguna manera misógino. Atribuirle a la esposa de Calderón el apoyo y el acuerdo con las políticas del Gobierno de su marido me parece la consecuencia obvia de un hecho incontrovertible: Margarita Zavala debe su existencia política a su cónyuge, para bien y para mal. El día que Zavala Calderón se deslinde claramente de dichas políticas, podremos discutir las suyas; mientras, las suyas son las de él.

En Twitter algunas personas me reclaman un poco lo mismo que Zavala, pero de otra manera. Sostienen que las esposas no son apéndices de sus maridos, por el mero hecho de ser esposas. Depende: unas sí, y otras no. No hay reglas en esto, y en general, tratándose de personas privadas, son asuntos privados de cada pareja. Cuando se trata de personas públicas, y que aspiran a ser la persona más pública del país –presidente de la república–, son asuntos públicos, y deben ser juzgados como tales. Aunque a sus hermanos o hermanas les moleste.
13 Octubre 2017 04:07:00
¿Se acabó el TLC?
En plena visita del primer ministro de Canadá a México, y al arrancar la cuarta ronda de negociaciones sobre el TLC en Washington, proliferan las versiones de que el Acuerdo de Libre Comercio está a punto de derrumbarse. Medios estadunidenses como Wall Street Journal y The New York Times publican filtraciones procedentes de los negociadores de EU sobre una serie de propuestas sustantivas claramente inaceptables para México y para Canadá. Altos funcionarios mexicanos y canadienses afirman que el fin del NAFTA no es el fin del mundo, o que México puede vivir sin el acuerdo, o que Canadá y EU podrán ponerse de acuerdo sin México.

Es difícil saber qué parte de todo esto es cierto, y qué tanto es postura negociadora del método marrullero de Trump. Pero la situación es lo suficientemente grave para hacerse varias preguntas sobre lo que México debe decidir, y quizás también para insistir de nuevo en tres ideas falsas o ilusas que circulan en México y en EU sobre lo que a México le conviene.

En primer lugar, se ha dicho repetidamente que le conviene más esperar a que sea EU el que se levante de la mesa, para que sea Trump y su equipo quien asuma el costo político de derogar un convenio que le ha beneficiado enormemente a EU y a sus dos socios comerciales. No me parece para nada evidente la tesis. Para empezar, no veo cuál costo político para Trump: las grandes empresas norteamericanas, que pudieran resultar afectadas negativamente –y en escasa medida– por una decisión de este tipo, no contribuyeron a la campaña de Trump y por tanto él no les debe nada. Y para su base –el 40% de los norteamericanos que votó por él– sacar a EU del NAFTA no sólo no entraña un costo político sino todo lo contrario. En cambio, para México, dejar en manos del Gobierno de EU el cómo, cuándo y por qué levantarse de la mesa puede ser temerario. Quizá convenga más que sea México quien decida en qué momento, lugar y con qué motivos es deseable acabar con una negociación que evidentemente no va a ningún lado.

Segunda tesis endeble: México puede sobrevivir fácilmente sin el NAFTA. De tratarse de un acuerdo fundamentalmente comercial, la hipótesis es absolutamente correcta: seguiremos exportando más o menos lo mismo a EU y EU a México, y con precios muy parecidos para los consumidores mexicanos. Pero algunos siempre hemos pensado que el TLCAN no era primordialmente un asunto comercial, sino de seguridad jurídica y de inversión extranjera. Salinas de Gortari se lanzó a esa aventura no para lograr mayor acceso para productos mexicanos al mercado de EU y de Canadá, sino para garantizarle a los inversionistas extranjeros la seguridad jurídica que el estado de derecho mexicano no les brindaba. En mi opinión, de eso se trató siempre, no de un asunto de aranceles o de mercados. Quedarnos sin el TLCAN significa dejar de brindarles a esos inversionistas esa seguridad jurídica. No es un tema menor, y sí es grave.

Tercera falacia: México debe recurrir a las otras armas que posee, o invocar la integralidad de la relación bilateral con EU sólo cuando hayan fracasado o claramente concluido sin éxito las negociaciones comerciales. Utilizar las armas de la migración por la frontera sur, de no aceptar a deportados procedentes de EU sin comprobar su nacionalidad, de cesar de dedicar recursos humanos y financieros a la guerra contra el narco, y en particular a impedir que la cocaína de Colombia, la heroína de Guerrero y la mariguana del norte del país lleguen a EU, y por último, la cooperación en materia de terrorismo e inseguridad no deben ser empleadas sino hasta que sea patente la mala voluntad del Gobierno de Trump en lo que se refiere al TLCAN. Probablemente sea al revés, para que no fracasen las negociaciones comerciales, a México no le basta amenazar a EU con el recurso a estos instrumentos. Si no estamos dispuestos a poner en práctica estas amenazas, EU no va a creer que son reales porque efectivamente el riesgo o costo para México es muy grande. Pensar que los norteamericanos van a espantarse con nuestras amenazas migratorias, del narco, o de seguridad, y por tanto portarse bien en materia comercial es ingenuo.

Ojalá no tengamos que llegar a comprobar si las tres tesis del Gobierno y de los empresarios mexicanos y norteamericanos son ciertas o no. Pero cada día que pasa resulta más probable que en el fondo lo que Trump está haciendo al ampliar el número de demandas inaceptables para México y Canadá es simplemente sabotear el acuerdo. Si ese es el caso, no tiene sentido ni esperar a que él se vaya, ni decir que no importa, ni guardar las únicas armas que tenemos para un futuro donde ya no servirán.
11 Octubre 2017 04:06:00
Gracias a Margarita
No estoy seguro que todos lean bien las consecuencias a mediano plazo de la salida de Margarita Zavala de Calderón del PAN, y su posible registro como candidata independiente a la Presidencia. Entiendo –y me encanta– la lógica conspirativa. Zavala le tumba cinco o seis puntos a la candidatura del Frente, y así gana el PRI; o en su caso, más adelante, ya conseguidas las firmas y en pleno cierre de campaña, la esposa de Calderón se suma al candidato del PRI, si es Meade, junto con los senadores calderonistas, los millones de votantes panistas que ellos, Calderón y el voto útil atraen y conducen. Jaque mate.

Hay otra lectura. La partida de Zavala Calderón revestiría, en esta interpretación, dos grandes ventajas para el Frente, y la merma de votos o el apoyo al PRI y a Peña no pintarían demasiado. Primera ventaja: cualquiera entiende que más allá de qué vino primero, mientras Zavala pudiera participar en cualquier tipo de proceso interno en el PAN o el frente, existía la posibilidad de su victoria. Esta última era por completo incompatible con la existencia misma del frente: ni un votante, ni un cuadro, ni un dirigente del PRD o de Movimiento Ciudadano votaría o apoyaría a la esposa de Calderón. Pero ahora que ya no participará en el proceso o método que los dirigentes partidistas escogerán, se desvanece ese riesgo. Ninguno de los participantes en potencia son intransitables para los tres partidos, aunque uno, Moreno Valle, lo sería sin duda para las organizaciones de la sociedad civil, que en teoría van incorporándose al frente. Trátese de un mecanismo a modo para designar a Ricardo Anaya, o de una contienda abierta de verdad, el resultado sería venturoso para el Frente. Gracias a Margarita.

Pero la segunda ventaja resulta más trascendente. Mientras el calderonismo permaneciera en el PAN, y sobre todo si sus líderes hubieran buscado una negociación con Anaya y el Frente para incorporarlos al Senado, a la Cámara de Diputados y le brindaran protección necesaria al propio Calderón, el candidato del Frente que fuera se habría visto obligado a evitar cualquier deslinde con la hecatombe del sexenio de Calderón. Imposible denunciar la guerra de Calderón, los 120 mil muertos, los 30 mil desaparecidos, el derrumbe de la imagen internacional del país, el exorbitante gasto en seguridad sin que haya servido para nada. La candidatura frentista estaba obligada, si no a cargar con ese lastre defendiendo a Calderón, por lo menos, a no deslindarse de él. Tampoco podía atacar al candidato de Peña Nieto en el capítulo de violencia, inseguridad y narco, ya que replicó por completo la estrategia y las cifras de su predecesor.

En cambio, ahora, esa hipoteca ya no existe. Cualquier aspirante de la coalición PAN-PRD-MC etc., podrá libremente criticar, acusar, despotricar contra la guerra de Calderón sin mayores miramientos. Lo hará o no, dependiendo de muchos factores, pero no por la permanencia de los Calderón en el PAN. Gracias a Margarita.

¿Tienen razón los priistas y sus aliados en varios ámbitos al festejar la escisión del PAN (hasta ahora sólo de 2)? ¿O le suma puntos al frente el poder deshacerse de una carga histórica y electoral a tiempo y a un costo aceptable? No falta mucho tiempo para saberlo.
09 Octubre 2017 04:00:00
Ardidos
Es evidente la apuesta del Gobierno de Enrique Peña Nieto con Margarita Zavala de Calderón. Le quita votos al Frente, está presente en los foros y los debates, y cuestiona sistemáticamente a cualquier candidato o candidato del Frente. Lo cual no significa que allí resida la motivación profunda de Zavala Calderón, ni que sus propósitos se cumplan. Más aún, es factible que su desplante –que por cierto yo celebro, ya que el calderonismo en el PAN es lo peor que le haya sucedido– no desemboque en consecuencias contrarias al Frente que ellos desean. No descarto, para nada, que la decisión de la esposa de Felipe Calderón responda a pulsiones personales, muy legítimas, por cierto.

Primera esperanza: que Zavala Calderón no consiga las firmas necesarias para figurar en la boleta. Me han replicado en redes sociales que el hecho de que Calderón se haya opuesto con tanta virulencia a las candidaturas independientes en 2007 y 2008 muestra que su esposa es autónoma de él. No sé, pero sí creo que las condiciones para las candidaturas independientes, de Calderón, ya no Presidente, y de su aliado Peña Nieto, son leoninas. No sé si a Zavala/Calderón le alcance.

Supongamos que obtenga el millón y pico de firmas necesarias, tomando en cuenta la merma inevitable del INE, aunque tanto el instituto como el tribunal, trabajen para Peña. Nadie puede esperar que Zavala Calderón, sin el partido suyo y el de su marido, brille con luz propia. Es una candidata de 6% o 7 por ciento. La pregunta entonces se resume en algo muy sencillo: ¿por qué su ruptura y por qué su candidatura independiente, visto que ella y su marido las habían combatido siempre?

Hay dos hipótesis, ambas inteligentes y verosímiles. La primera es la de los ardidos: Calderón y su esposa se enojaron, debido a las trabas que les puso Ricardo Anaya para que ella fuera la candidata del PAN a la Presidencia, que prefieren hacer ganar al PRI (Peña Nieto, su cómplice desde el 2011) o incluso a Andrés Manuel López Obrador, que a Anaya o a otro candidato apartidista del frente. Es la tesis de los ardidos, para la cual existe una expresión más procaz.

La segunda hipótesis es que Peña y Calderón, ante la amenaza del Frente, hayan decidido hacer causa común, pensando que, en la segunda vuelta de facto, entre AMLO y el PRI, gana el segundo. Dudo que tengan razón, pero no es absurdo el planteamiento. Hablando en plata, no queda claro lo que ganan Margarita y su marido, salvo la posible derrota de Anaya. Pero si se trata de contribuir a la victoria del PRI, con el candidato que sea, dentro del pacto de la omerta que muchos detectamos hace algunos años, la estrategia no es para nada aberrante.

La clave del asunto consiste en el arrastre de Zavala Calderón y la respuesta del Frente. Muchos piensan, con fundamentos, que si Margarita consigue las firmas, puede llegar a 7-8% del voto, y arrebatarle el triunfo a cualquier candidato o candidata del frente. Otros creen que se va a desfondar, ya que las disidencias dentro del PAN nunca han prosperado. Anaya enfrenta una disyuntiva del diablo. Ya lo he dicho: si quiere la candidatura del frente, es suya. Pero la mejor respuesta a Zavala/Calderón, a la comentocracia antifrente, y a los votantes panistas dubitativos, de que Anaya sólo quiere la candidatura del frente para él, es declinarla, y apoyar a una opción no partidista. Hay varias…
06 Octubre 2017 04:07:00
¿El método o el éxito?
Sabremos en estos días si como decisión definitiva, o como instrumento de negociación, Margarita Zavala de Calderón opta por renunciar al PAN y realizar el primer trámite necesario, antes del domingo, para ser candidata independiente a la Presidencia. Sabremos también cuál será la postura de Rafael Moreno Valle ante el dilema del método que utilice el Frente Opositor para escoger a sus candidatos: para la Presidencia, nueve gubernaturas, el Senado, la Cámara de Diputados y para un buen número de importantes presidencias municipales o alcaldías. Pero ya podemos proponer cuál debe ser el criterio más adecuado para escoger el método: en mi opinión, lo que resulte ser más conducente a consolidar el Frente y llevarlo, en su caso, a la victoria en las elecciones del año entrante.

Elevar el criterio de designación de candidatos a un valor universal o una discusión académica es un despropósito. No es más democrática la vía de la elección abierta, que la de la encuesta, la del consenso entre dirigentes de partido, y en su caso algunos más; no es más transparente cualquiera de estos métodos o combinatoria de los mismos que alguno de ellos en lo individual. Todo depende, en primer lugar, de qué se entiende por elección abierta, por encuestas, por consenso. Pero, sobre todo ¿qué se desea?, darle prioridad al método pensando o argumentando con maña que éste legitima el desenlace, y que un desenlace procedente de un mal método en automático se deslegitima. No hay tal. Lo que debe haber es el criterio de lo más eficaz para ganar. Para eso son las elecciones.

Es evidente que distintos candidatos generan distintas adhesiones o rechazos al Frente, entre los dirigentes de partidos, en el seno de la sociedad civil, entre los empresarios, y sobre todo entre los votantes potenciales de Acción Nacional, del PRD y de Movimiento Ciudadano. Así, es obvio que si Zavala de Calderón fuera la candidata del Frente, aún ganando de buena lid en una elección abierta, transparente y con cancha pareja, un gran número de votantes, si no la totalidad, del PRD, probablemente de MC, e incluso tal vez del activismo cívico, sencillamente no votarían por ella. La tesis según la cual están obligados a hacerlo porque fue seleccionada mediante un procedimiento democrático es absurda. Si fuera ese el método y ganara Rafael Moreno Valle, lo mismo sucedería, aunque no necesariamente entre los mismos. Más bien podrían ser un buen número de votantes panistas y sin duda la inmensa mayoría de los integrantes formales o informales de las organizaciones de la sociedad civil se negarían a votar por él.

A la inversa, si hay un método de consenso, y la candidatura queda en manos, ya sea del presidente actual del PAN, ya sea de una persona ajena a cualquiera de los tres partidos, es muy probable que el sector calderonista del PAN haría un trabajo de brazos caídos, o incluso, aunque yo lo dudo, de ruptura con el PAN y de apoyo tácito o explícito al candidato del PRI. Dependiendo del candidato no partidista, lo mismo podría suceder con votantes del resto de Acción Nacional o del PRD.

De la misma manera que no hay un método mejor per se que otro, no hay candidato(a) presidencial o a la CDMX del Frente que no tenga pros y contras, que no gane donde uno de los posibles puede morder votos en un ámbito, pero perderlos en otro, y donde otro haga lo mismo, en otro ámbito. No hay método ni candidato perfecto.

Por eso sostengo que el mejor método es el que sea más conducente a la victoria, es decir, que cueste menos en términos políticos y aporte más, también en términos políticos y electorales. Entre la salida de lo que queda del calderonismo dentro del PAN, o el derrumbe del Frente, o el escurrimiento masivo de votos de izquierda potencialmente del Frente hacia AMLO, pienso que la primera opción, sin ser deseable, es menos nociva que las otras dos. Éste es el fondo de la discusión, y de la decisión que deberán tomar en estos días los dirigentes del Frente Opositor así como los sectores de las OSC, del empresariado y de la llamada intelectualidad que se identifican con él de alguna manera.
29 Septiembre 2017 04:07:00
Una encuesta sobre los temblores y EPN
He sostenido desde hace meses que cualquier candidato del PRI a la presidencia arrancará su campaña con una intención de voto muy parecida al nivel de aprobación o popularidad de Enrique Peña Nieto al momento de ser ungido. La última encuesta de GEA-ISA confirma este vaticinio. Fue levantada, en vivienda, entre el 8 y el 11 de septiembre (después del primer temblor), y vía telefónica, el 22 y 23 de septiembre (después del segundo sismo). En otras palabras, incorpora una primera reacción de la opinión pública ante las tragedias en los seis estados afectados.

La aprobación de EPN se sitúa en 16%, la cifra más baja de su sexenio. El 78% de los mexicanos desaprueba su gestión. A estas alturas, 46% de la población aprobaba la labor de Fox y de Calderón; Fox terminó con 63%, Calderón con 43%. La opinión desfavorable de EPN es de 71%, ligeramente mejor que en los dos últimos trimestres, cuando se ubicó en 72 y 74%; la favorable es de 22%. En preferencias electorales, el PRI como partido obtiene 18% sin repartir los “ninguno”, los “no sabe” y los “no dice”; repartiéndoles quizás alcanzaría 20%. En todos los careos, ya sea con múltiples candidatos o con sólo tres coaliciones, ya sea con Meade, Nuño, Narro u Osorio Chong como contendientes priistas, estos obtienen entre 13 y 15% de las preferencias del electorado, con entre 25 y 29% de no respuestas, es decir, en votación efectiva, alrededor de 17-18%. Como se ve, la correlación entre aprobación de Peña y votación a favor del candidato del PRI es casi perfecta.

Ahora bien, algunos colaboradores de EPN, y muchos acólitos del Gobierno en el seno de la comentocracia, han sugerido o celebrado que la buena actuación del presidente en las horas y días posteriores a los terremotos ha elevado sus números. La encuesta del GEA no confirma esa esperanza. El 82% de la población de la CDMX, de la zona conurbada del Edomex, y de Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas se enteró de la participación de Peña. La calificación de EPN en materia de atención a víctimas es relativamente positiva: 42% mala o muy mala, 56% buena o muy buena. Pero al preguntarle a los habitantes de esas entidades si su opinión sobre la labor de EPN mejoró, empeoró o se mantuvo igual a raíz de su actuación en los terremotos, 67% señaló que igual, 17% que mejoró y 13% que empeoró. Para todos fines prácticos, no se movió.

Algunos dirán que esto puede cambiar con el paso del tiempo. Poco a poco la gente verá lo bien que lo hizo el Gobierno, subirá la aprobación de Peña Nieto y por consiguiente las posibilidades del candidato del PRI. Lo que nos dice esta encuesta, de más de 160 láminas, es que por ahora, eso no ha sucedido. Sugiere, en cambio, que las cifras de EPN, del PRI y de cualquier candidato priista, no se alteran bajo cualquier circunstancia, y son patéticas. La elección se jugará entre AMLO y el candidato del Frente, si lo hay. Es difícil imaginar qué más puede suceder entre hoy y el 1 de julio de 2018 que surta mayores efectos que los sismos. Así están los números.
27 Septiembre 2017 04:07:00
Candidaturas apartidistas en los estados afectados
Con la propuesta de eliminar el financiamiento público a los partidos y los diputados plurinominales, el PRI está básicamente tendiéndole una trampa al Frente Opositor. Huelga decir que no sólo ambas características del sistema electoral mexicano fueron originalmente propuestas por diputados, senadores o el Ejecutivo en manos del PRI, sino que es el partido que más se ha beneficiado de ellas. Sin embargo, hoy puede arriesgarse a perder ambas ya que sería el más favorecido por su desaparición.

En efecto, desaparecer el financiamiento público estando el PRI en el Gobierno significa solamente que echarán mano de la cantidad inmensa de recursos que tienen a su alcance, como lo vimos en el Estado de México, para dedicarle a su campaña, tanto presidencial como de gobernadores, senadores y diputados federales. No habrá cómo fiscalizarlo porque ya sabemos que tanto el INE como el Tribunal Electoral son incapaces de poner un alto. En cuanto a las diputaciones plurinominales, desaparecerlas con los resultados actuales de las elecciones llevaría, como lo ha mostrado Gerardo Esquivel, a una gran sobrerepresentación del PRI, y una sub representación de los demás partidos que, en efecto, no tienen una presencia casi nacional. El Frente no está reaccionando con la claridad y la velocidad necesarias ante esta trampa.

Pero tampoco tengo la impresión de que el Frente haya podido sacar todas las conclusiones necesarias de la movilización de la llamada sociedad civil en las horas, los días, y ya la semana, posteriores al temblor del 19 de septiembre. No es que no hayan formulado propuestas interesantes y audaces, sino que no parece estar encontrando la manera de conectar con esa sociedad civil ahora más organizada y más movilizada. Una cosa es no lucrar con lo que sucedió en las calles de la Ciudad de México y otra muy diferente es no encontrar la manera de poner los registros y los recursos de los tres partidos al servicio de esa movilización, por lo menos en la Ciudad de México, y quizás varios estados afectados por el sismo y donde habrá elecciones para Gobernador el año entrante. Tal vez lo que conviniera hacer es pensar en sugerencias más imaginativas y más generosas por parte de los partidos del Frente, no tanto en materia de financiamiento sino en materia de candidaturas.

En efecto, habrá elecciones para Gobernador en cuatro estados seriamente afectados por el sismo: la CDMX, Morelos, Chiapas y Puebla en el 2018. Salvo la CDMX, no ha habido en las tres entidades del interior, la misma movilización que en la capital de la República. Pero de cualquier manera hay una sociedad civil activa, vigorosa, que se ha visto afectada por el terremoto y que podría participar de una manera muy dinámica en las elecciones para Gobernador el año entrante. Una posible propuesta sería que los tres partidos del Frente ofrecieran desde ya la candidatura al Gobierno de esas cuatro entidades, ya sea a activistas de la sociedad civil recién emergidos durante los trabajos de rescate y reconstrucción después del sismo, ya sea a personalidades de la misma sociedad civil con un historial previo intachable y al mismo tiempo conocido. No van a encontrar candidatos perfectos en ninguno de los cuatro estados, y habrá sin duda muchos contendientes posibles de los propios partidos que serían mejores candidatos, mejores gobernadores que las personas sin partido que pudieran contender por el cargo y ocuparlo, pero no se trata necesariamente de escoger al mejor, sino de conectar con esa sociedad civil que se ha movilizado y mostrar que por lo menos estos tres partidos tan no quieren aprovecharse del dolor y del activismo de la gente que en lugar de pedir el voto de la gente le ofrecen las candidaturas. No es algo sencillo, pero tampoco es imposible y se trata de candidaturas competitivas en casi todos los casos. Ojalá que los principales dirigentes del Frente piensen y exploren esta posibilidad.
25 Septiembre 2017 04:00:00
La lana de los partidos
Quienes hemos sostenido desde hace años que el monto –no el hecho per se– del financiamiento público de los partidos políticos es un verdadero insulto, no podemos más que congratularnos del hecho de que, de repente, se vuelva una consigna y causa de la sociedad civil más o menos organizada. Pedro Kumamoto, en Jalisco, adoptó la bandera hace poco, por una vía indirecta, pero ingeniosa. Ahora millones de ciudadanos la hacen suya, a raíz del sismo y del enorme gasto de reconstrucción que va a implicar.

Las fórmulas son lo de menos. Unos, contra el presupuesto de 2017; otros, del 2018. Unos, 25%, otros 50% y otros más hasta la totalidad. Unos, al FONDEN, es decir Hacienda, es decir el Gobierno, es decir Peña Nieto. Otros, a un fideicomiso supervisado por un comité ciudadano. Ninguno de estos esquemas es perfecto, ni existe otro que lo sea, ajeno a nuestra imaginación actual. Todos encierran ventajas e inconvenientes; en el fondo, lo esencial es que se haga.

Conviene recordar, como me lo ha hecho notar mi buen amigo Toño Meza, que la inmensa mayoría de los inmuebles destruidos, o que deberán serlo, por lo menos de la Ciudad de México, son privados. O están asegurados, y entonces el apoyo a los habitantes o propietarios se canalizaría a las compañías de seguros, o no lo están, en cuyo caso los recursos se dirigirán a los dueños más que a los inquilinos. Pero este es un tema secundario, aunque no debe ser menospreciado. El dinero de los partidos es público; es de los contribuyentes, y no sé si a mí me gustaría que la pequeña proporción de mis impuestos que le toca a los partidos o al INE, acabara en las arcas de MetLife o Seguros GNP.

Lo esencial es si la “devolución” – término políticamente incorrecto pero acertado– de las enormes sumas entregadas a los partidos para destinarse a la reconstrucción debe constituir un gesto de generosidad o de oportunismo político –no tiene nada de malo– y solo eso, o transformarse en legislación aprobada en las peores condiciones posibles.

En efecto, hacer leyes al vapor de la coyuntura, o al calor de la tragedia, es lo peor posible. No son las salchichas de Bismarck, sino lo que sigue. Una cosa es que la gente odie a la partidocracia –llevo yo 13 años dando esa pelea, con mayor o menor éxito, otra es que el rechazo, hartazgo o repugnancia se vuelva exposición de motivos de una ley. Una cosa es que nuestras elecciones –INE, partidos, estructuras estatales– sean, voto por voto, casilla por casilla, de las más caras del mundo, y otras es que un tema de enorme complejidad como el financiamiento de campañas se quiera resolver en dos patadas, con cada bancada buscando ser más demagógica que la otra.

Fuimos, por buenas y malas razones, demasiado lejos en el financiamiento público de los partidos. Llegamos a extremos de recursos –dinero, franquicias postales y tiempo aire, entre otros– que son intolerables para la gente, cuando se entera, y para los especialistas, cuando se ocupan. La solución, sin embrago, no es Citizens United, es decir, la demanda interpuesta ante la Suprema Corte de Estados Unidos por la ultraderecha y que le permitió a las grandes empresas donar recursos a candidatos, cuando antes sólo podía hacerlo los particulares.

Eso exige un largo debate, mucha serenidad, e información. Requisitos, obviamente, incumplibles en el clima actual de la Ciudad de México y del país. Lo ideal sería que los partidos entregaran sus dineros, el mayor monto posible, tomando en cuenta sus pasivos. En un segundo momento, que cada candidato a la Presidencia en el 2018 presentara un propuesta de financiamiento de campañas –a la norteamericana, a la europea, a la chilena, etc– y que se convierta el tema en una problemática de debate. Ya después, en el sexenio siguiente, sin el afán de dizque quedar bien con uno o con otro, que se legisle en frío, a sabiendas que en esta materia no hay soluciones perfectas.
22 Septiembre 2017 04:00:00
1985=2017; ¿1988=2018?
En 1985 una emergente sociedad civil de la capital de la República salió a la calle después del temblor, se apoderó de ella, y empezó a llenar los vacíos dejados por las autoridades. Una sociedad menos incrédula, menos organizada y con menos coraje contra el Gobierno que hoy –aunque el 82 seguía presente en la memoria de todos– comenzó a organizarse. La solidaridad constituyó quizás la consecuencia más inmediata y entrañable del movimiento social que despertó el sismo, pero ni la más duradera ni la más significativa. Fue, de manera inevitable, efímera, localizada y más noble que eficaz.

Tres años más tarde, un parte de ese movimiento, desde Súper Barrio hasta Monsiváis, se incorporaron o condujeron el proceso que desembocaría en la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas. Se sumó también a esa dinámica un sector importante de la movilización estudiantil de 1987. Sabemos que Cárdenas no fue presidente, pero también que le metió un susto del demonio al sistema y que el muy lento tránsito hacia la democracia representativa en México vivió en ese año uno de sus momentos decisivos.

Este 19 de septiembre, además del terremoto, surgieron otras semejanzas con el 85. Las autoridades respondieron con mayor eficacia, celeridad y valor, sin duda, pero el escepticismo de la gente frente a todo lo oficial llevó a una nueva versión de la solidaridad de entonces: los jóvenes en particular buscando hacerse cargo de muchos asuntos, con o sin la autoridad. Una sociedad civil más organizada –aunque no tanto–, más pujante, más politizada, se volcó a la calle y a los centros de acopio con enorme generosidad y sentido de la inmediatez. Al igual que en 1985, a pesar del temblor de dos semanas antes en Oaxaca y Chiapas, y de los efectos brutales del segundo sismo en Morelos en particular, se trató de un fenómeno capitalino, pero que a través de los medios –como entonces– o de las redes sociales ahora, se “nacionalizó”.

La gran pregunta yace en las consecuencias políticas y electorales del mayor acontecimiento en afectar a la Ciudad de México desde el plantón de Reforma de 2006. Los partidos, las personalidades y buena parte de la comentocracia dirán que no es el momento de pensar en eso, pero piensan en eso. Los activistas, los incipientes liderazgos dirán, con toda razón, que no se debe politizar la solidaridad, pero la politizan. Innumerables organizaciones ciudadanas exigen la canalización de los recursos entregados a los partidos para la reconstrucción, con algo de razón, pero claramente imponiéndole un sello antipartidocracia a su hartazgo. Por todos estos motivos, no conviene asustarse con discutir, analizar y extraer conclusiones políticas y electorales del trágico suceso del martes. Los que mandan –porque ese es el sistema político que hemos construido– pueden responder con sensibilidad al reclamo ciudadano de los escombros y centros de acopio, o con soberbia.

Si saben leer el sentir popular –insisto: de la CDMX por ahora, pero con repercusiones nacionales– decidirán ciudadanizar o “despartidizar” al máximo su camino hacia el 2018 y su trabajo de campaña. Si aprovechan la ineluctable marea baja de la solidaridad de las próximas semanas para volver a ejercer el poder que efectivamente poseen, para sus propios fines –perfectamente legítimos y profundamente desacreditados– pagarán las consecuencias el año entrante, como las pagó el PRI en 1988. El partido, o la coalición, que entienda mejor esto, y actúe en consecuencia, arrancará la campaña con una ventaja insuperable.
20 Septiembre 2017 04:00:00
El camarada ‘Trump’
Primero lo esencial: condolencias y solidaridad para las víctimas y los afectados del sismo de ayer. Tuve la suerte de no encontrarme en México ni en 1985 ni el 19 de septiembre de 2017, pero demasiados familiares y amigos si se hallaban en la Ciudad de México, nuevamente golpeada por la naturaleza. Quisiera tener algo más que decir al respecto, pero como no es el caso, debo centrarme en esta breve entrega en lo que el mundo atestiguó esta mañana en las Naciones Unidas en Nueva York.

Donald Trump pronunció un discurso insólito en la historia de la ONU y de las intervenciones de los presidentes norteamericanos en el recinto emblemático. Desde 1947, Estados Unidos habla en segundo lugar, después de Brasil. Y con gran frecuencia, es el primer mandatario estadunidense quien habla a nombre de su país. No es siempre el caso; a nombre de México hablará Luis Videgaray, como lo hicimos mi padre y yo hace muchos años. Siempre los ocupantes de la Casa Blanca se habían cuidado de utilizar la tribuna para fines políticos propios, o para atacar a gobiernos de otros países de manera frontal. No todos: Reagan habló del imperio del mal, Bush (h) del eje del mal, y en los peores momentos de la Guerra Fría, tanto Khruschev como Fidel Castro amenazaron con enterrar a los Estados Unidos o de acabar con las interminables fechorías del imperialismo yanqui.

Pero el aspecto más interesante del discurso de Trump, haciendo a un lado sus diatribas hasta cierto punto explicables, contra Corea del Norte, Irán, Venezuela y Cuba, fue el énfasis en la soberanía. Pronunció la palabra en 21 ocasiones; Obama, en su primera intervención en el Palacio de Cristal, una vez. “America First”, el lema de Trump, se convirtió en una defensa de la soberanía a ultranza de Estados Unidos. Pero como ni él ni sus colaboradores son ingenuos o ignorantes, debieron aceptar que el término vale para todos: o todos coludos o todos rabones. Y por tanto, el Presidente norteamericano se convirtió en un defensor vehemente de la soberanía nacional, en un adalid de la no-intervención, y sobre todo, del rechazo al valor universal de ciertos valores, principios o compromisos asumidos por todas las naciones.

• Para muchos, ésta será una noticia bienvenida. Quienes creen que los valores impulsados –muchas veces con un doble rasero y de manera francamente hipócrita- por Washington desde la Segunda Guerra Mundial –democracia representativa, respeto a los derechos humanos y las libertades individuales, economía de mercado– constituyen en realidad una imposición de sus valores, se congratularán del cambio. Otros pensaremos que las consecuencias de este abandono de la postura tradicional de Washington debe ser lamentada.

• Si Estados Unidos considera que sus valores son solo suyos, y no, por ejemplo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1947; de las Convenciones de Ginebra sobre la Guerra, de Viena sobre Protección Consular, del Acuerdo de París de 2016 sobre Cambio Climático, del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (aún no ratificado por EU), estamos fritos. Porque la metáfora de Lilliput de Jonathan Swift vale: sólo podemos acotar al gigante con mañas y cuerdas de los enanos. Cuando el gigante desdeña el derecho internacional, la jurisprudencia universal de ciertos valores, no queda nada. Raúl Castro, Xi Jinping, Kim Jong Un y Vladimir Putin tienen un nuevo aliado y los antiintervencionistas mexicanos tienen a un nuevo aliado: Trump. Felicidades.
18 Septiembre 2017 04:00:00
Kelly y el fallido narcoestado
La semana pasada tuvo lugar una cena importante en la Casa Blanca. Donald Trump invitó a los líderes demócratas de ambas cámaras del Congreso estadunidense para hablar de una posible iniciativa de ley que legalice plenamente a los llamados DACAS o “Dreamers”. Trump subrayó que no podía prosperar ningún proyecto sin fortalecer seriamente la frontera con México; Chuck Schumer y Nancy Pelosi aclararon que jamás le brindarían recursos al Ejecutivo para construir el muro en la frontera. En eso, el Mandatario norteamericano le cedió la palabra al jefe de su oficina, el general John Kelly, para que describiera la situación en México, justificando así la necesidad de redoblar la seguridad fronteriza.

Aquí comienzan las discrepancias sobre lo que sucedió. The New York Times citó a dos fuentes anónimas presentes en la cena que afirmaron que Kelly “ofreció un punto de vista sumamente pesimista... de México” y comparó la situación en el país con la de Venezuela bajo Hugo Chávez, y que se encontraba al borde del colapso. El día siguiente, el corresponsal del diario mexicano Reforma citó a otras fuentes, también con “conocimiento directo” de lo acontecido en la cena, que no sólo confirmaron lo dicho por The New York Times, sino que agregaron otra expresión de Kelly: “México es un narcoestado fallido”.

En la misma nota, el corresponsal de Reforma en Washington citó una declaración del secretario de Relaciones Exteriores en el sentido de que la Casa Blanca le aseguró que Kelly no había utilizado esas expresiones. Asimismo, el enviado dio cuenta de una declaración escrita del embajador de México en Washington según la cual el Gobierno de Estados Unidos le aseguró que el diario neoyorquino no reflejó el contenido de la intervención de Kelly. A esta hora, es decir, domingo en la noche, no se había producido un desmentido directo del Gobierno de Trump, ni de la Casa Blanca, ni del propio Kelly, negando la versión de The New York Times y Reforma.

Demos por cierta esa versión. Existen varias explicaciones posibles, algunas menos hirientes y graves que otras. Kelly fue secretario de Seguridad Interna antes de ocupar su cargo actual, y hace unos tres años, jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que incluye todo el Caribe y América del Sur, pero no México. Allí desarrolló su visión apocalíptica de México como receptor, tránsito y destino de los peores flujos del mundo: drogas e indocumentados. Tuve la oportunidad de cenar con él y con Isaac Lee, el actual alto ejecutivo de Televisa, en Miami hace unos tres años, y quedé impactado por la estrechez de miras de Kelly a propósito de América Latina. Es muy posible que crea sinceramente todo lo que se le atribuye.

También es posible que para asustar a Schumer y Pelosi haya exagerado su propio análisis, y en realidad posea puntos de vista menos extremos sobre la realidad mexicana. Tal vez Trump le instruyó que presentara un panorama infernal de México, para justificar la necesidad de un aumento dramático del gasto en seguridad en la frontera. O quizás no fue necesario: a buen entendedor, pocas palabras.

Lo grave de todo esto consiste en las filtraciones, la ausencia de desmentido formal de la Casa Blanca, la necesidad de los altos funcionarios mexicanos de estar dando explicaciones de lo que “Trump quiso decir”, y sobre todo, la increíble contradicción entre lo que dicen y hacen los nortea-mericanos. Si piensan en serio que México se encuentra al borde del colapso chavista, y que con López Obrador se consumaría su transformación en un narco-estado fallido, ¿para qué le mueven? No sólo no ayudan, sino que corren el riesgo, con todos nosotros, de que se cumpla su profecía. Roberta Jacobson es una magnífica embajadora de EU en México, pero es evidente que no tiene el oído de Washington. Sino, les diría, como el rey Juan Carlos a Chávez, justamente, “¿Por qué no te callas?”
15 Septiembre 2017 04:05:00
La viabilidad del Frente (III)
La viabilidad del frente depende, en efecto, como tantos lo han señalado de buena o de mala fe, de su capacidad para escoger candidatos para los principales puestos de elección popular, empezando por la Presidencia, sin que se rompa, se desdibuje o provoque la deserción de la suma aritmética de los votantes del PAN, del PRD de MC y de las “divisiones del Papa”, que estarían en la sociedad civil organizada. Es cierto que se trata de mucho más que una candidatura; es cierto que el método, como comentamos en la anterior entrega, es importante; pero al final hay una candidatura que no es igual a las demás: me refiero desde luego a la presidencial.

Más allá del método, los dirigentes de los partidos que integran el Frente, más aquellas personas del resto de los sectores organizados de la sociedad mexicana –activistas, académicos, “intelectuales”, empresarios– deben de enfrentar una primera disyuntiva de innegable complejidad. En el sistema político que tenemos, donde a pesar de la legalización de las candidaturas independientes, los partidos siguen conservando un virtual monopolio de la expresión electoral, son ellos los que tienen la sartén por el mango. Los partidos mandan. Yo seguiría prefiriendo que una candidatura independiente, externa por completo a los partidos, despuntara, se volviera competitiva, y les ofreciera una alternativa más radical a los partidos. Conservo la esperanza que la de Armando Ríos Piter cumpla ese propósito. Pero también es evidente que, salvo en ese caso, los partidos deciden. Por eso es tan importante la disyuntiva que confronta.

Pueden los tres, más en su caso a quienes inviten a participar en la decisión, optar por una candidatura partidista. En alguna medida sería lo más lógico y comprensible. Son ellos los que tienen los recursos financieros del erario, el tiempo aire, las estructuras, la experiencia de campaña, y son ellos entonces los que tienen todo el derecho a designar a un candidato partidista a la Presidencia de la República. De seguir este camino, es evidente para mí que se trataría de alguien del PAN, y con una seguridad casi total, de Ricardo Anaya. Y dicha decisión encerraría varias ventajas.

En primer lugar, movilizaría prácticamente a la totalidad de las fuerzas de Acción Nacional, con la posible excepción del pequeño grupo de calderonistas en el Senado y en algunos estados. En segundo lugar, le permitiría a Acción Nacional, sin mayores dificultades, compartir con el PRD y con MC otras candidaturas, menos atractivas, pero de gran importancia: nueve gubernaturas, las senadurías, las principales diputaciones, las delegaciones de la Ciudad de México y la Asamblea de la capital. Y se consolidaría la trascendencia de los partidos en las decisiones nacionales.

La desventaja de esta vía reside en dos dificultades. En primer lugar, que no es para nada evidente, que los votantes del PRD y de MC –principalmente en Jalisco– votaran fácilmente por un candidato del PAN. Es posible que sí, pero también que no. La otra opción es más interesante y a la vez más problemática. Parte de un supuesto innegable y de un deseo en alguna medida descabellado. La premisa es sencilla: la sociedad mexicana está harta de los partidos, de los enormes recursos que se les entregan, de sus candidatos y de todo lo demás. Y el anhelo, en efecto iluso, consiste en pensar que estos tres partidos por lo menos tienen conciencia de ello y estarían dispuestos a renunciar a un derecho que tienen y que su fuerza les confirma: nombrar a un candidato suyo. De ser así entenderían que tanto por el hartazgo de la sociedad mexicana hacia ellos como por la probabilidad de que los votantes del PAN difícilmente votarían por un candidato del PRD, o viceversa, lo que más les conviene es un candidato(a) apartidista procedente de los más amplios espacios de la sociedad civil que generaría menos conflicto entre los partidos y podría servir para neutralizar algo del rechazo generalizado a los partidos.

La desventaja de esta opción es que no abundan los aspirantes, y que los que hay pueden ser muy llamativos, en teoría, pero a la hora de hacer campaña no necesariamente los más carismáticos. Afortunadamente, todo parece indicar que tanto AMLO como cualquiera de los posibles candidatos tampoco lo son y que alguien que emanara de esta determinación de los partidos podría competirles seriamente a los demás.

Los dirigentes partidistas del Frente saben esto, lo discuten, lo negocian y lo procesan. Es imposible saber en este momento qué van a decidir. Lo que es un hecho comprobable por todos es que hay una clara conciencia de las disyuntivas, de los beneficios y los costos de cada uno de los caminos y de las consecuencias también de la decisión que se tome. Por esta última razón, el Frente es cada día más viable.
13 Septiembre 2017 04:07:00
La viabilidad del Frente (II)
Héctor de Mauleón relató la semana pasada en su columna de El Universal los pormenores de la discusión entre los líderes del Frente –seguramente con su anuencia- sobre las posibles vías para seleccionar a los principales candidatos del mismo. Huelga decir que hay una candidatura más trascendente que otras, pero las demás –nueve gubernaturas, incluyendo CDMX, liderazgos del Senado, de la Cámara y de la Asamblea capitalina, presidencias municipales de las ciudades más grandes del país– no son despreciables.

Según De Mauleón, una de las propuestas consistiría en crear varios criterios ponderados, que comprendieran encuestas, debates, votaciones de direcciones y de asambleas estatales de los partidos, primarias, y alguna ponderación para los grupos y personalidades de las organizaciones de la sociedad civil (OSC). La ventaja de este procedimiento residiría en su transparencia, en la legitimación de las candidaturas así seleccionadas, y en su apertura. Podrían participar aspirantes de los tres partidos, pero también contendientes sin partido, habiendo sido candidatos independientes o no. Se trata de un mecanismo más elaborado, algunos dirían más alambicado, que el que propuso Héctor Aguilar Camín hace un par de meses.

Otras voces dentro del Frente, o cercanas, proponen un esquema diferente. Y anteponen sus razones de fondo a sus detalles concretos. Las primarias en México, cualquiera que sea su presentación específica, dividen: ver lo que sucedió con Morena y Monreal. Es una vieja tesis de Carlos Salinas, probablemente acertada. Los perdedores casi siempre se arden, y los ganadores no suelen ser magnánimos.

En el caso del Frente, sin embargo, existirían varios riesgos inherentes al esquema descrito por De Mauleón. La clave del éxito yace en la conservación de los electorados partidistas por los candidatos escogidos. De nada sirve un procedimiento democrático, abierto y transparente, si desemboca en una candidatura panista inaceptable para los votantes del PRD (Margarita Zavala) o perredista, rechazada por los electores panistas (Miguel Ángel Mancera). En un esquema como el descrito, el peligro existe. La mayor objeción a este respecto se refiere al posible corrimiento de los votantes del PRD hacia Andrés Manuel López Obrador, que es su querencia natural.

Para evitar ese desplazamiento, y el consiguiente desplome del PRD, hay voces que cuentan más que otras. Cuauhtémoc Cárdenas no es miembro del partido, y se ha alejado mucho del mismo. Pero para la base perredista sigue siendo un referente. Si hubiera una candidatura del PAN o sin partido que él apoyara, y que desde luego también contara con la aceptación de las tres organizaciones y de otras voces representativas, podrían pesar más estas virtudes que el emanar de un proceso democrático. Conviene recordar, por cierto, que ni el PRI ni Morena celebrarán un proceso de esa índole.

Para lograr todo esto, los partidarios de la segunda vía preferirían que se reúnan los liderazgos de los tres partidos, más en su caso un representante de cada uno del activismo social, de la intelectualidad y del empresariado, y se encerraran hasta que saliera humo blanco. No sólo para la candidatura presidencial, sino también para todos los cargos principales de elección popular, de la campaña, y hasta del Gobierno si se ganara.

Lo esencial no es cuál de los métodos resulte preferible. Ambos, y otros más, revisten ventajas e inconvenientes. Importa más que los dirigentes de los partidos, junto con sus aliados y colaboradores, estén discutiendo el fondo del dilema, el detalle, soluciones ingeniosas y otras más tradicionales, y en términos pragmáticos. Nadie sabe, por supuesto, cuál será el desenlace. Pero todo indica que tanto el tema del proceso de selección de candidatos, como las necesarias virtudes y las inevitables deficiencias de todos los posibles, se encuentran en el tablero de control de los creadores del Frente.
11 Septiembre 2017 04:00:00
La viabilidad del Frente (I)
He leído dos tipos de críticas al llamado Frente Amplio. El primero proviene de quienes, con toda razón, temen que pueda arrebatarle a Andrés Manuel López Obrador una victoria ya casi consumada, o de aquellos que creen que condene a al PRI a un lejano tercer lugar electoral. En ambos casos, se trata de respuestas políticas legítimas –aunque no siempre presentadas como tales– a una jugada política inteligente. La segunda consiste en la formulación de dudas “analíticas” sobre las posibilidades de consolidación del frente: que si el agua y el aceite, que hasta que el candidato los separe, que si el oportunismo de quienes solo buscan ganar. Allí se trata de réplicas de menor honestidad intelectual, ya que suelen disfrazar su oposición al frente en un sano escepticismo “objetivo”. Conviene ir respondiendo una por una a estas dudas, tanto a las de carácter estrictamente político, como a las de una supuesta neutralidad académica.

La más obvia de las suspicacias, y la más simplista en su formulación, es la de las diferencias ideológicas. ¿Como es posible que sectores tan disímbolos en sus convicciones como el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, las organizaciones radicales de la sociedad civil (OSC), e intelectuales de izquierda y derecha puedan ponerse de acuerdo en un programa de gobierno, en un candidato presidencial (y muchos más) y en gobernar juntos? Hay tres respuestas contundentes a esta interrogante ingenua o maliciosa.

En primer lugar, hace años que desaparecieron los partidos políticos dotados de una “ideología”, y en México nunca existieron. El PRI, por décadas el único partido mexicano, nació justamente para que en el –cual jarrito de Tlaquepaque– cupieran todas las corrientes emanadas de la Revolución, desde los ricos agricultores sonorenses hasta los desposeídos campesinos zapatistas. Quizás los últimos partidos ideologizados fueron los comunistas, que con la excepción de rémoras trasnochadas como Cuba y Corea del Norte, han desaparecido. El PAN, el PRD y MC (y desde luego Morena y el PRI) no tiene ideología: asumen posiciones ante las grandes disyuntivas contemporáneas del país, unas sensatas y fundamentadas, otras absurdas o cínicas, pero no totalizantes, como son las ideologías.

La pregunta es si sus posiciones son compatibles, o negociables. Ya se han subrayado los temas importantes y a la vez sencillos: lucha contra la corrupción, estado de derecho. Se conocen las convergencias “negativas” –no a la guerra contra las drogas– sin que haya claramente una alternativa explícita común. El caso más difícil reside en las posturas extremas de cada sector: el rechazo de la izquierda a la reforma energética de Peña Nieto, y la animadversión del electorado panista –no tanto de sus dirigentes– a temas importantes para el PRD y las OSC: matrimonios igualitarios, aborto, legalización de la mariguana, muerte asistida. ¿Como conciliar posturas tan contrapuestas?

Con lo que se llama en la jerga militar o diplomática un “freeze-freeze” o “standstill””: todo permanece como está. No se revierte la reforma energética de Peña; no se echa para atrás el aborto en la CDMX, ni los matrimonios gay en la República; no se avanza en mariguana o muerte asistida, salvo en aquellos estados que así lo deseen, o por consenso de todos. Tengo razones para pensar que este enfoque es aceptable para todos los integrantes del frente: partidos, grupos, personalidades.

La segunda respuesta radica en las comparaciones internacionales, que ya han sido señaladas por varios, incluyendo hoy misma la senadora panista Laura Rojas. Conviene recordarlo: la democracia cristiana chilena fue golpista. Eduardo Frei padre y Patricio Alwyn no sólo apoyaron el golpe de Pinochet; conspiraron para que sucediera. Y sin embargo, hacia mediados de los años 80, y sobre todo en la víspera del referéndum de 1988, socialistas, radicales, el PPD y la DC chilenas se pusieron de acuerdo para participar en el amañado plebiscito pinochetista, en presentar un candidato común, desde la primera vuelta, en la elección presidencial de 1989, en gobernar juntos con un programa común, y para ganar. La Concentración dura hasta la fecha (con variantes, y va a perder en enero), y ha conducido al país durante el período más prolongado de crecimiento económico y social de su historia.

En tercero y último lugar, lo que mejor aglutina a una alianza como la que podría constituir el frente es ... la perspectiva de triunfo. En materia ideológica, en un país y un mundo donde los partidos no son el punto de encuentro de la misma –no que no haya ideologías- ganar es fundamental. No es todo, pero es mucho. Si las encuestas comienzan a mostrar que el frente es una apuesta con verdaderas posibilidades de victoria, va a caminar. Lo que más concentra la mente no es el patíbulo, como dijo Samuel Johnson, sino el éxito.
08 Septiembre 2017 04:07:00
El ingreso de los mexicanos 2008-2017
Se han publicado varios artículos y comentarios sobre las cifras que divulgaron en tiempos recientes tanto el INEGI, a partir de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los hogares de 2016, y el Coneval, en relación con la pobreza, partiendo de las estimaciones del INEGI basadas en dicha encuesta. Debido a desacuerdos internos y a la utilización política de todas las cifras por parte del Gobierno y del PRI, resulta difícil entender qué ha sucedido en estos años en materia de reducción o perpetuación de la pobreza, en términos relativos y absolutos, durante este sexenio o antes del mismo.

Sin embargo, algunos datos y algo de historia nos permiten darnos una idea un poco más clara de lo que ha acontecido, no tanto con la pobreza en México, sino con el ingreso de los hogares. Si nos remitimos a la ENIGH 2016, que fue publicada hace unos días, resulta que el ingreso promedio por persona en uno de los 33 millones de hogares en México, compuesto por 2.5 personas que perciben un ingreso, fue de $6,000 mensuales en el 2016. Esto significa que en promedio cada hogar tendría una percepción de $15,000 al mes. Si tomamos en cuenta que a pesar de los controles cada vez más rigurosos y eficaces que el INEGI le inyecta a la encuesta, y el tamaño de la muestra, es probable que se haya reducido el subreporte de ingreso. De todas maneras, debe de seguir existiendo en algunos de los deciles, los más ricos y los más pobres, aunque en el caso de los primeros la inclusión de cifras del SAT para el decil más próspero corrige esto en alguna medida. De todas maneras, $6,000 por persona al mes es a la vez muy poco y no tan poco, dependiendo de la visión que se tenga. Conviene subrayar que esto incluye ingresos de trabajo y transferencias, así como renta imputada.

Ahora recordemos la polémica que desató Ernesto Cordero en el 2011, cuando era precandidato a la postulación panista a la Presidencia de la República, recién renunciado como secretario de Hacienda. Fue vilipendiado por decir que el ingreso promedio de un mexicano de $6,000 mensuales en ese momento era decoroso. O algún otro término por el estilo, y le pido una disculpa si no recuerdo con precisión la palabra que utilizó. Siempre pensé que Cordero tuvo mal tino en decir lo que dijo, pero que no era del todo falso.

Lo interesante de la posible pifia política y acierto analítico de Cordero es que eso se produjo en 2011, hace 5 años. De ser así y de estar hablando en ambos casos de pesos constantes, el ingreso de los mexicanos se ha mantenido igual. De tratarse de pesos corrientes, habría que deflactar el ingreso actual con la inflación acumulada de estos 5 años. De realizar esa operación, el ingreso promedio de cada mexicano sería ligeramente inferior al 2011. Aunque ciertamente algunos de los bienes y servicios que consumen hoy los mexicanos tienen un menor precio que hace 5 años.

Esto concuerda también con otros de los datos que han surgido de las ENIGH recientes, aunque no son totalmente comparables entre ellas. En el informe Promedio del Ingreso Corriente Trimestral por Deciles de Hogares, publicado en los últimos días por el INEGI, se señaló que el ingreso promedio de los mexicanos en el 2016 no había recuperado el nivel de 2008, es decir, el año anterior a la grave crisis económica de 2009. En 2008 el ingreso promedio trimestral fue de 46,901, en 2016 de 43,036, en ambos casos en pesos constantes de 2016, es decir, casi 10% menos.

En otras palabras, llevamos casi 10 años con el ingreso estancado o levemente retrocediendo en términos reales. De ser así, se entendería por qué una parte de la sociedad mexicana está harta de la política económica que se ha seguido, aunque no haya necesariamente alternativas evidentes. Las mediciones de la pobreza le importan un comino a la inmensa mayoría de los mexicanos, les interesa el dinero disponible que encuentran en sus bolsillos. Asimismo, explica porqué también EU y Canadá insisten tanto, en las negociaciones del TLC, en el tema salarial mexicano. Sí hay algo de dumping laboral. Y sí es un tema legítimo de negociación entre los tres países, pero sobre todo, es un tema legítimo de agravio o de resentimiento por parte de un amplio número de mexicanos.
06 Septiembre 2017 04:08:00
DACAS y Peña
La cancelación del programa DACA por parte de Trump tiene dos vertientes: la que afecta a la gente ahora indefensa en EU y la reacción del Gobierno de México. El primer aspecto debe ser estudiado, analizado y denunciado repetidamente; el segundo, es el más pertinente en este momento en México, donde todas las promesas del Gobierno de Peña Nieto de hace ocho meses sobre la negociación integral se vinieron abajo.

La suspensión del programa afecta a unos 680 mil mexicanos que habían visto legalizada su situación migratoria y laboral desde 2012 por una orden ejecutiva de Obama, sin duda de manera provisional y precaria. La situación en EU es aún confusa. Sabemos que el programa va a desaparecer dentro de seis meses; que las renovaciones que se presenten durante el próximo mes, y en teoría por dos años, serán respetadas; y que los servicios de inmigración del Gobierno norteamericano no le darán prioridad a perseguir a los dreamers.

No sabemos si la información que ellos entregaron al presentar su solicitud, y que incluye su dirección, trabajo y la fecha en que llegaron a EU, va a ser compartida por la agencia que la posee con las otras agencias dentro de Homeland Security para encontrarlos y deportarlos. En principio no la ofrecerán, pero podrían entregarla cuando sea solicitada.

Tampoco sabemos con precisión cuál va a ser la situación jurídico-laboral de los dreamers, ya sea con un permiso vigente, ya sea gracias a una renovación durante este primer mes y que dure dos años. ¿Pueden seguir trabajando “legalmente” en instancias públicas o que reciben fondos federales? Por ahora no se sabe y deberá aclararse en los próximos días para poder calcular con precisión las consecuencias devastadoras de esta odiosa decisión.

Y, por último, podemos vaticinar que no habrá una ley DACA que salga del Congreso estadunidense de aquí al 5 de marzo. Conviene recordar que los jóvenes se llaman dreamers porque fue en 2002 cuando los senadores Durbin y Dodd, entre otros, presentaron una iniciativa de ley para legalizar su situación, cuyo acrónimo fue DREAM (Development, Relief and Education for Alien Minors Act). En estos 15 años, ha sido imposible para dos presidentes lograr que el Congreso apruebe cualquier tipo de legislación migratoria. ¿Por qué un Presidente tan débil como Trump convencería a un Congreso polarizado y fragmentado cuando ni Bush ni Obama pudieron?

Lo más importante es el tema de la reacción mexicana. El comunicado de la SRE es deplorable por dos motivos. Primero, porque su contenido deja todo que desear. Decir que se lamenta una decisión de este tipo es no decir nada. No hay ninguna medida de represalia, respuesta categórica o determinación para infligirle un costo, de algún tipo, a Trump por esta medida tan antimexicana.

En segundo lugar, es altamente criticable la posición de Peña porque viola la supuesta definición que se adoptó a principios de año de una negociación en paquete. Un acto tan agresivo como el de Trump no recibió ninguna respuesta mexicana en los otros frentes abiertos. Las negociaciones del TLCAN siguieron su curso como si nada. Los encuentros con altos funcionarios de EU, de directivos de Gobernación, INAMI y Policía Federal, siguieron también a finales de la semana pasada. El Gobierno decidió no poner en práctica ninguna medida concreta de represalia. Había muchas.

La primera y más fácil, para mostrar el disgusto ante la decisión de otro gobierno por un acto agresivo contra el propio, es llamar al embajador a consultas. No se hizo. Una segunda hubiera consistido en pararse de la mesa de negociaciones del TLC diciendo que no seguirían hasta que no hubiera más claridad sobre las consecuencias de la postura de Trump, y sobre todo su intervención personal frente al Congreso: por ahora sólo le pasa la pelota a este último y él no toma una posición.

Si no se quería tocar las negociaciones del TLC y a los negociadores mexicanos les da lo mismo lo que les suceda a 680 mil compatriotas en EU, se podían haber adoptado medidas en otros ámbitos. Por ejemplo, en el migratorio y la frontera sur, o incluso, como lo han sugerido varios exaltos funcionarios que conocen bien estos temas, aplicando la letra de la Ley General de Población y otras disposiciones a más de un millón de norteamericanos que residen en México pero que en la mayoría de los casos no tienen los papeles correspondientes. De que ellos no son culpables de las decisiones de Trump, es un hecho, de que los dreamers tampoco lo son, también.

En fin, el hecho es que después de mucha anticipación y mucho tiempo para reflexionar sobre ello, el Gobierno de Peña no fue capaz de responder con claridad a esta decisión anunciada y agresiva, y prefirió nuevamente hacerse de la vista gorda. Un muy mal día para los dreamers, para el Gobierno de Peña, y para México en general.
04 Septiembre 2017 04:00:00
El fiscal carnal y el Frente Amplio
El impasse generado por el afán del Gobierno de imponer a Raúl Cervantes como fiscal general de la Nación y la resistencia de toda la oposición y de grupos organizados de la sociedad civil probablemente desemboque en un acuerdo negociado. Los términos consistirán en lo que los senadores calderonistas más listos han insinuado: se elimina el pase automático, Cervantes compite contra otros candidatos, y gana. Nadie queda muy contento, pero se aprenden varias lecciones.

En primer lugar, no había que confundir pase automático con fiscal a modo. El problema no es el pase, sino el pasante. No me consta, desde luego, pero supongo que cuando el PAN en 2013 aceptó la permanencia en el nuevo cargo del ocupante en funciones del anterior, pensaba que el nuevo fiscal sería designado por consenso del Pacto por México. Allí se negoció todo esto, y por lo tanto el Gobierno no intentaría imponer a un amigo del Presidente, aunque en ese momento el procurador era Jesús Murillo. La ruptura entre el PAN y Ricardo Anaya, y Enrique Peña Nieto –por el Estado de México o por otros motivos– condujo al Gobierno a dejar morir su iniciativa de eliminar el transitorio del 102 constitucional, y a insistir en Cervantes. La pelea de la oposición, como bien lo dice un texto promovido por el Grupo Encuentro Chihuahua y publicado hoy en Reforma, no es contra el pase, sin contra la impunidad que se perpetuaría con la presencia de Cervantes en la Fiscalía.

Una segunda lección, si por milagro la oposición en su conjunto lograra desbancar a Cervantes, es que oponerse al Gobierno –la guerra abierta de Anaya– sí reditúa. El PAN no debió haber aceptado los términos de la reforma política de 2013, sobre todo la exclusión de la segunda vuelta, sin pelearla en otros ámbitos. Ahora que combate con todo las medidas del gobierno con las que no está de acuerdo, puede ganar mucho más. Plantarse y obstaculizar proyectos gubernamentales válidos pero que requieren de apoyos panistas para lograr acuerdos en otros temas es una táctica legislativa o política perfectamente legítima, que tiene un mal apellido: chantaje. ¿Y qué?

Por último, cualquier victoria que se alcance en este combate abonará a la construcción del frente opositor. De alguna manera, con la excepción de Morena, la resistencia contra Cervantes es un embrión del frente opositor. Las tesis y los objetivos que unen a los partidos, a los grupos y a las personalidades, son más trascendentes que sus diferencias naturales. El trabajo de oponerse al Gobierno, a sus maniobras con otras maniobras, a su invectiva con otra invectiva, a su unidad monolítica con una creciente unidad democrática, constituye un valioso proceso de aprendizaje, ciertamente tardío, para los integrantes del frente. Se crea confianza, se conoce a los aliados, se detectan las divergencias para resolverlas y se identifican las convergencias desconocidas, para exaltarlas. En una de esas, el frente tendrá un padrino de nombre Raúl Cervantes, y un padre putativo: la obcecación de Enrique Peña Nieto por imponer un fiscal que le cuide las espaldas.
01 Septiembre 2017 04:00:00
¿Monreal y el Frente?
La extraña manera de decidir quién aspirará al cargo de jefe de Gobierno de la Ciudad de México por parte de Morena es el primer acontecimiento que inserta algún tipo de incertidumbre en la sucesión presidencial de 2018. Hasta ahora, nada ha perturbado la inercia de las encuestas, de los partidos y del sentimiento de los mexicanos. Ahora tal vez sí.

Primero, porque Andrés Manuel López Obrador volvió a ostentar, casi con orgullo, el carácter unipersonal de las decisiones de Morena. La encuesta en cuestión no vale gran cosa, por todos los motivos que se han mencionado en otras páginas, y sobre todo porque un nivel tan elevado de no respuesta invalida el resultado. Y este nuevo recurso al mando autoritario puede perjudicar a AMLO, afectando la impresión que de él puedan tener no sus fieles seguidores, pero sí los 5-7% de posibles votantes morenistas que hoy permanecen en la indecisión.

Pero el efecto más importante que puede generar el “caso CDMX” estriba en la reacción que frente al mismo tengan el perdedor, a saber, Ricardo Monreal, y los posibles ganadores, a saber, los sectores potencialmente integrantes del Frente Amplio doblemente opositor (al PRI y a AMLO). Todo indica que Monreal quiere pelear la decisión de su (¿ex?) jefe, y también que Andrés Manuel no dará vuelta atrás. Por lo tanto, existen elevadas probabilidades de que Monreal, quien ha mostrado un notable don de ubicuidad en cuanto a filiación partidista se refiere, busque ser candidato al segundo cargo electoral del país por otra vía, y que según cual resulte, fortalezca enormemente al Frente, o lo entierre de manera definitiva.

Monreal podría ser un candidato altamente competitivo de un frente PAN-PRD-MC en la Ciudad de México. Quizás no gane, pero le arrimaría muchos votos al candidato o a la candidata presidencial de dicho frente, y obligaría a AMLO a hacer campaña en el ex Distrito Federal, porque ya no lo tendría ganado su candidata. Y en una de esas, Monreal la vence, ya que tiene una experiencia de campaña superior. Pero para que eso suceda, los constructores del frente tendrían que superar varios obstáculos.

Menciono dos, ambos de verdad: si de candidatos del frente se trata, Alejandra Barrales puede decir con toda razón que ella es mano; y tanto el PAN como muchas asociaciones “ciudadanas” partidarias del frente han entrado en varias colisiones con Monreal sobre varios temas, en muchos casos con razón también. A su vez, Monreal se vería obligado a desdecirse de algunas de sus diatribas antiPAN, antiPRD y anti algunos grupos de la llamada sociedad civil que deben participar en el frente. No está fácil. 

Pero si Monreal prefiere seducir al PRD y a MC solos, y lo logra, crea una situación compleja, o inmanejable, para el PAN y los partidarios del frente. No es imposible que haya frente a nivel presidencial, legislativo y en algunas de las nueve gubernaturas en juego en el 2018, sin que la CDMX sea una de ellas. Pero es mucho más difícil. O hasta inviable. Y tampoco es sencillo que el PRD y Movimiento Ciudadano resistan la tentación de “fichar” a Monreal, sin el PAN ni “sociedad civil”, sobre todo si lo combinan con un candidato potente como Enrique Alfaro en Jalisco, y Miguel Ángel Mancera para la Presidencia por el llamado cuarto polo. De allí resultarían muchas diputaciones, senadurías y prerrogativas. No se gana, pero no es cualquier cosa. Y sin el frente, AMLO es Presidente. ¿O será ese el sentido de la jugada?
30 Agosto 2017 04:00:00
Apoyo a la CICIG en Guatemala y contra el pase automático en México
Desde hace un par de años, muchos hemos visto en las labores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, o CICIG, un ejemplo posible para investigaciones contra la corrupción y la impunidad en México. Valorando todas las diferencias entre México y Guatemala, entre los distintos niveles de corrupción de ambos países, y la diferente institucionalidad que impera en ellos, quienes pensamos que no va a ser posible que los mexicanos podamos acotar solos el enorme ámbito de la corrupción en nuestro país, la CICIG era un modelo, si no a imitar, por lo menos a tratar de conocer, entender y en su caso mejorar. Ahora la CICIG se encuentra en crisis, y como país vecino de Guatemala, sería importante que tanto Gobierno como sociedad civil y empresariado apoyaran al encargado de la misma, el colombiano Iván Velásquez, que ha sido destituido por el presidente Jimmy Morales y cuya expulsión del país parece ser asunto de horas.

En efecto, desde que Velásquez comenzó a investigar a la familia del propio Morales, así como los casos de corrupción y de financiamiento ilegal en su campaña presidencial, las tensiones entre la CICIG y el gobierno subieron. Al grado que hace unos días Morales pretendió expulsar a Velázquez de Guatemala; la Corte Constitucional declaró ilegal su expulsión y renunciaron varios ministros, incluyendo a la ministra y viceministros de salud y la vicecanciller. Morales viajó a Nueva York para entrevistarse con Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, ya que la CICIG es una institución creada justamente por Naciones Unidas para combatir la impunidad en Guatemala a raíz de la guerra que concluyó con los acuerdos de paz de los años 90.

Si Morales logra expulsar a Velásquez, si logra desmantelar a la CICIG, si logra salirse con la suya, más allá de la verdad o falsedad de las posibles acusaciones que hubieran surgido de las investigaciones de la misma CICIG, el ejemplo para México y otros países de alguna manera se vendrá abajo. Resultará que el hecho de contar con el apoyo incluso financiero de la comunidad internacional, de un activismo sorprendentemente vigoroso y un magnífico embajador de EU en Guatemala, Todd Robinson, no resistirán al afán de un presidente en funciones de deshacerse de todo el andamiaje creado durante ya más de dos décadas. Significará que ni siquiera la cooperación internacional, o la camisa de fuerza internacional –como se prefiera–, sirven realmente para combatir la corrupción en países donde se ha arraigado tan profundamente durante tantos siglos.

Con eso adquiere de nuevo una enorme relevancia el tema de la Fiscalía General de la República y del fiscal anticorrupción en México. Nunca he pensado que con esto basta. Estoy absolutamente convencido que sin apoyo de fuera no hay manera de investigar, juzgar y castigar casos de corrupción significativos en México. Pero si además de la inexistencia de lo externo, lo interno es tan endeble como lo sería el llamado pase automático y la designación de Raúl Cervantes como fiscal, no tenemos nada que hacer frente a este lastre que tanto ofende y perjudica a los mexicanos.

Ojalá Iván Velásquez sobreviva; ojalá la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y México, puedan rescatarlo; ojalá la CICIG siga siendo un ejemplo a estudiar y a emular en la medida de lo posible; y ojalá no se raje el senador del PAN que tiene la decisión de Cervantes en sus manos. Javier Lozano y Ernesto Cordero, evidentemente, ya se rajaron y votarán con el PRI; le falta un voto a Peña Nieto ¿de quién será?
28 Agosto 2017 04:00:00
Renegociación del TLC: Gobierno mexicano paralizado
El presidente Peña Nieto nos avisó a principios de año que la negociación con el nuevo Gobierno de Estados Unidos sería integral. En buen castellano, eso significaba que México exigiría discutir de manera simultánea y vinculada el tema comercial –es decir, la renegociación del TLC– el tema migratorio, y el tema de seguridad o de guerra contra el narco.

El planteamiento fue aplaudido por muchos, incluyendo el que escribe, y sin jamás imaginarnos que en algo de esta importancia Peña actuaría como ha actuado como en estos 5 años en materia de anuncios: hacerlos y olvidarse de ellos. Sin embargo, eso es exactamente lo que ha sucedido.

Ya empezaron las negociaciones del TLC; la segunda ronda dentro de una semana en la ciudad de México. No cuestiono al Gobierno por mantener un cierto sigilo sobre las pláticas, ya que la discreción es una condición imprescindible de una buena negociación. Pero lo que sabemos es totalmente lo contrario de la llamada negociación integral, o enchilada completa, o paquete. En realidad hay una sola mesa de negociación: la comercial con Estados Unidos y con Canadá. En materia de seguridad y en materia migratoria, se mantienen intactos los compromisos asumidos por el Gobierno de Calderón y por el de Peña Nieto, y México no ha condicionado en lo más mínimo nuestra cooperación con EU en estos ámbitos a que avancen por buen camino las negociaciones comerciales.

Al contrario. La tesis mexicana ha pasado en los hechos de la negociación integral, a una supuesta amenaza de que si las cosas no salen bien en materia comercial, habrá consecuencias para Estados Unidos en materia migratoria o de seguridad. Pero la amenaza es totalmente ociosa, poco verosímil, y por definición, pueril: no nos creen porque ni nosotros mismos nos creemos. México no tiene ahorita la voluntad de suspender partes o toda la cooperación en materia migratoria y de seguridad, mientras se desarrollen las negociaciones comerciales. Por lo tanto no hay paquete. Por lo tanto no hay negociación integral. Hay por un lado una negociación comercial que avanza más o menos, y por el otro una continuidad completa en los otros ámbitos. EU no tiene absolutamente ningún motivo para ceder en materia comercial, ya que no hemos cambiado en lo más mínimo nuestra postura en los otros temas.

Por si fuera poco, Trump en cambio sí vincula los temas. En dos ocasiones en los últimos días, ha dicho que duda que la renegociación del tratado llegue a buen puerto. Más allá de si se trata de una táctica negociadora o no –y es muy posible que así sea– se vuelve parte de la negociación la tesis según la cual una de las partes no sólo piensa que es poco probable llegar a un acuerdo, sino que prefiere no llegar a un acuerdo. En esas condiciones es extraordinariamente difícil negociar; la pregunta es si México tiene cómo cambiar esta situación, vista la correlación de fuerzas. No tenemos fichas en materia comercial salvo los lugares comunes de lo importante que es para Arizona, Texas y para los granjeros norteamericanos exportar granos a México. Fuera de eso no tenemos nada que decir en esta materia. Donde sí tenemos canicas, lo hemos dicho muchas veces, es en materia de la guerra contra el narco y en materia de migración centroamericana y mexicana a EU. Pero el Gobierno no quiere utilizar esa arma. Por tanto se encuentra paralizado ante lo que Trump dice y hace.

En estas condiciones es muy previsible lo que va a suceder. Habrá negociaciones hasta fin de año o más adelante; México y Canadá se verán obligados a ceder más que EU; no vamos a poner en la balanza los temas migratorios o de seguridad, y Trump va a seguir presionando en público, como lo acaba de hacer esta semana, la última vez siendo a propósito del muro, del país “más violento del mundo” y de la probabilidad de que con México y Canadá no sea posible llegar a un acuerdo. No termino de entender qué espera el Gobierno para utilizar las únicas magras cartas que tiene: la frontera sur, la frontera norte, y la absurda y sangrienta guerra contra el narco.
25 Agosto 2017 04:07:00
El Frente Amplio y el ‘fiscal carnal’
Es difícil saber cómo suceden las cosas dentro del partido Acción Nacional. No por falta de transparencia, sino porque los panistas responden a motivaciones, criterios, incentivos peculiares, que no son siempre los del resto de la sociedad mexicana. Desde luego que el PAN no es una contra-sociedad, como lo fueron los partidos comunistas en el mundo entero durante más de medio siglo, pero sí se rige por códigos que no siempre son accesibles a todos. Por lo tanto, lo que sigue debe ser visto con algo de cautela: una hipótesis explicativa de un comportamiento dentro del PAN que puede o no validarse con el tiempo.

Hace unos días, el máximo órgano dirigente del PAN, a instancias de su presidente, Ricardo Anaya, decidió por unanimidad oponerse al llamado pase automático del titular de la PGR hoy, a la titularidad de la Fiscalía General de la República mañana –mañana puede ser cualquier día antes de que termine este sexenio– y por tanto en los hechos imposibilitar la ratificación de Raúl Cervantes como el llamado “fiscal carnal”. La decisión del PAN reviste una gran importancia, ya que si los senadores panistas en su totalidad acatan esta determinación de la dirección nacional, no le alcanzan los votos al PRI para imponer a Cervantes y por tanto para asegurar la impunidad de los funcionarios de este Gobierno, en particular de Enrique Peña Nieto.

Esta decisión, sin duda, obedece a muchos factores. Se aproxima la elección presidencial, y ser cómplices de uno de los gobiernos salientes más impopulares en la historia moderna del país, no es un buen negocio para ningún partido de oposición, por leal o tibia que sea dicha oposición. Además, es un hecho que la facción calderonista cómplice de todos los abusos y fechorías de EPN, ha perdido influencia y poder dentro de las bancadas panistas, simplemente por el paso del tiempo y por el ascenso de otros sectores. Pero un factor adicional, puede residir en las múltiples exhortaciones que han escuchado Anaya y sus colegas, sobre todo Santiago Creel y Gustavo Madero, en el proceso lento y en ocasiones desesperante de la construcción del frente amplio opositor. Son tantas las reuniones públicas y privadas, formales y oficiosas que se han celebrado en los últimos meses, que es muy difícil encontrar patrones recurrentes de conducta en ellas, pero de algunas pocas a las que he podido asistir, me queda claro lo siguiente. Los interlocutores no panistas de Anaya y sus colegas han sido categóricos en cuanto a que un frente amplio “opositor” implica ser oposición para las elecciones del 2018, pero antes también.

Los perredistas y los llamados representantes de la sociedad civil o de otros sectores, no necesariamente le exigen al PAN que adopte una postura de oposición a ultranza, a todo, desde ahora, pero sí a algunas cosas en algún momento. Y quizás, en lo que más han insistido los interlocutores del PAN en estas discusiones, ha sido justamente la necesidad de oponerse a la designación de Cervantes como fiscal general de la República. El hecho de que Anaya y sus colegas hayan seguido este rumbo por sus propias razones, pero también gracias a dichas exhortaciones, es una muestra a la vez del costo que puede entrañar el llamado Frente Amplio Opositor, pero también de sus beneficios.

¿Se traducirá todo esto en hechos concretos dentro del Senado? Lo veremos. Es posible que algunos senadores calderonistas no acaten la decisión de la dirección nacional. Es posible que la dirección nacional cambie de idea. Es factible que no haya tal frente opositor y por tanto que el constituir una oposición más resoluta en estos meses que vienen, revista menor importancia para el PAN. Pero por ahora, Acción Nacional ha adoptado una posición mucho más congruente sobre un tema realmente importante. Esto se debe en parte –sólo en parte, pero también en parte– al proceso de creación del llamado Frente Amplio. Una de cal.
23 Agosto 2017 04:07:00
El ‘dedito’ de AMLO
Resulta que Morena, el partido mayoritario en la Ciudad de México, va a resolver cuál será su candidato a la Jefatura de Gobierno, a través de una supuesta encuesta. No es algo en sí mismo negativo: si un partido quiere escoger a su candidato o candidata a través de un ejercicio de este tipo, es difícil objetar el procedimiento como tal. Según el diario Reforma, sin embargo, ninguno de los candidatos parece tener la menor idea cómo se llevará a cabo esa encuesta: qué universo, cual es la empresa, y qué preguntas se harán. Pero al final del día es asunto de ese partido.

El pequeño detalle estriba en que el candidato de Morena, más o menos como era el caso del PRI hace 25 años, va a ser el próximo jefe de gobierno de la CDMX. Es decir, la primaria o la encuesta o el dedazo de López Obrador, va a determinar quién gobernará a los habitantes de la capital de la República durante los próximos 6 años. Es cierto que en teoría los habitantes de esta ciudad tendríamos la posibilidad de votar por alguien más. Pero en los hechos, a estas alturas, parece evidente que quien ponga Morena, va a ganar. Por tanto, la primaria de Morena es en realidad la elección de Gobierno.

Siendo así, uno podría por lo menos pedir que hubiera un mínimo de transparencia en cuanto al método, la empresa, las preguntas, y los criterios de selección que se utilicen. Todos sabemos que nada de eso es cierto. Todos sabemos que AMLO va a decidir, por sus pistolas, quién será el candidato o la candidata de Morena, y por consiguiente, quién gobernará a los habitantes de la capital. En sí mismo esto tampoco tendría nada de grave. Al final, si la ciudadanía le entrega su confianza a AMLO y él quiere utilizar esa confianza para designar por su “dedito” como dice, al candidato o la candidata, pues es muy su derecho hacerlo. Los únicos perjudicados o beneficiados somos los habitantes de la capital.

Quizás lo que debiéramos preguntarnos, sin embargo, es si este es el procedimiento que quisiéramos ver reproducido en otras partes de la República-en algunos lugares sí lo puede hacer AMLO- y sobre todo si alguien que procede de esta manera, debe ser presidente de la República. Porque de la misma manera que uno puede preguntarse si López Obrador gobernaría el país como quiere designar al candidato de su partido a la jefatura de gobierno de la capital de ese país, y si su indiferencia o solidaridad tácita con la dictadura de Maduro en Venezuela significa algo en cuanto a su forma de gobernar, ¿qué debemos esperar de él?

Lo que se juega en la CDMX no es si Martí Batres o Mario Delgado, o Claudia Sheinbaum, o Ricardo Monreal va a ser nuestro próximo jefe de gobierno. Conozco bien a 3 de los 4 y la verdad entre ellos me da exactamente lo mismo quien nos gobierne. Lo que me interesa a mí es si quiero un presidente que escoja a la persona involucrada para su segundo cargo, de esa manera. Es lo mismo con Venezuela. Lo que me interesa de López Obrador es saber qué piensa del régimen de Maduro: no si lo conoce o no lo conoce, o si sabe dónde queda Venezuela o no sabe, si le importa lo que sucede en ese país o no. Lo que me interesa saber es qué piensa de lo que ahí sucede o lo que sucede en la Ciudad de México. Son jaladas.
18 Agosto 2017 04:06:00
El peor momento de Trump
Es una mera casualidad que el inicio de las negociaciones con EU sobre el TLCAN coincida con el peor momento del joven gobierno de Donald Trump, que ya ha conocido su buena dosis de crisis. Veremos con el tiempo si esta coincidencia afecta las negociaciones, y de ser el caso, si es para bien o para mal. Por el momento sabemos que los negociadores mexicanos harían bien en moderar su optimismo beato, o más bien el de los empresarios y exnegociadores mexicanos, a propósito de un arreglo fácil y rápido con EU.

El problema en el que se ha enfrascado Trump es el más grave de todos, porque es de índole esencialmente interna. La mayor parte de sus demás errores, metidas de pata, o pleitos innecesarios han tenido que ver con algún tipo de reto externo: La relación con Rusia y la complicidad de su equipo de campaña con Putin para derrotar a Hillary Clinton; el tema del armamento nuclear de Corea del Norte; incluso el muro y las deportaciones, en el caso de México; en fin, en la mayor parte de los casos se ha tratado de asuntos vinculados con el mundo exterior a EU, pero su reacción frente a los acontecimientos de la ciudad de Charlottesville en Virginia, sede de la Universidad de Virginia, y objetivo de grupos de ultra derecha neonazis, de supremacía blanca, antisemitas, y tan racistas como el Ku Klux Klan, por su pasado sureño y cercano a la capital de la confederación secesionista a mediados del siglo 19, reviste otras implicaciones.

Trump se metió con media humanidad: con todos los norteamericanos bien pensantes; con la corrección política, por odiosa que sea; con la comunidad judía norteamericana; con todas las organizaciones de derechos civiles, de afroamericanos, de defensa de los derechos humanos en general. Los palomeó todos. Al querer establecer una igualdad, simetría o equivalencia moral y política entre los grupos de ultra derecha, de nacionalismo blanco -que lo han apoyado con fervor- y por otro lado los sectores de izquierda o incluso de extrema izquierda, en ocasiones también violentos, extremistas y dogmáticos, cruzó un Rubicón que no es fácil de atravesar de regreso.

Trump quizás no entendió que afortunadamente en EU hoy, al igual que en muchos otros países, no se puede ser “una buena persona” y al mismo tiempo participar en una manifestación donde figuran personas que portan banderas con esvásticas, o que lanzan consignas antisemitas tipo “sangre y tierra”, o que evocan o usan la vestimenta del Ku Klux Klan. Cualquiera se puede equivocar, asistiendo a una manifestación que defiende la permanencia de una estatua en honor a Robert E. Lee, el jefe de los ejércitos del sur durante la guerra de secesión, pero una vez que ve las esvásticas y vestidos de la triple K, o que escucha las consignas racistas, o que comprueba el grado de organización, de disciplina, de prácticas cuasi fascistas de los organizadores, si permanece en las filas de la manifestación, se vuelve totalmente cómplice de la misma. Nadie es decente cuando se junta con partidarios del Holocausto.

Por eso esta crisis es la más grave. Trump transgredió normas infranqueables en EU. La tormenta pasará. Pero cuando la investigación del fiscal especial Mueller desemboque en cualquiera de las múltiples conclusiones a las que pueda llegar, y empiece el litigio jurídico con sus adversarios, lo hará en una situación de debilidad política que nadie hubiera sospechado hace algunos meses. No es lo peor que pudiera sucederle a México.
16 Agosto 2017 04:00:00
Lozoya y Tórtola
Con tanto que se ha filtrado en estos días sobre el caso Lozoya/Odebrecht, con tantas fuentes de dichas filtraciones, y con tantas versiones circulando en los pasillos, es difícil determinar cuánto sabemos y cuánto no. Ojalá la inminente declaración de Emilio Lozoya ante la PGR disipe las nubes de confusión de todos, aunque comienza mal, con una pregunta: ¿Por qué citan a Lozoya a declarar únicamente después de las filtraciones?

Por el momento tengo claros tres hechos. En primer lugar, que tres funcionarios de buen nivel de la empresa brasileña Odebrecht declararon ante un juez en Brasil, dentro del esquema de delaciones premiadas, que mucho le ha servido a la justicia brasileña para desmontar la gigantesca red de corrupción genéricamente llamada Lava Jato, que la empresa entregó 10 millones de dólares en dos tranches –por así decirlo– a Emilio Lozoya. La primera se dio cuando era el encargado de asuntos internacionales de la campaña de Enrique Peña Nieto, y la otra como director de Pemex. En segundo lugar, sabemos que Odebrecht realizó varias transferencias de recursos de sus cuentas a las de dos empresas en distintos paraísos fiscales: a Latin American Asia Capital Holding Ltd, y Zacapan S.A., por un total de 10 millones de dólares. Dichas cuentas aparentemente estan radicadas en dos bancos, ambos ubicados en la isla de Tórtola, de las British Virgin Islands. En tercer lugar, sabemos que las filtraciones, ya sean todas procedentes de las delaciones premiadas, ya sean de otras fuentes, que podrían incluso ser mexicanas, afirman que dichas cuentas corresponden a empresas “ligadas a” Emilio Lozoya. Aquí la cosa se complica y a la vez se puede facilitar.

No es imposible indagar para un Estado, pero también para investigadores privados, periodísticos o de organizaciones de la sociedad civil, quiénes son los principales accionistas o funcionarios de las sociedades de responsabilidad limitada (LLCs) en los paraísos fiscales del Caribe o de Panamá. Entre chismes, sobornos (hablando del Rey de Roma), fuego amigo y otros instrumentos, es posible determinar quiénes son esos accionistas, o, de tratarse de accionariados anónimos, averiguar quiénes son los “funcionarios” (tesorero, secretario, presidente) de la empresa. Fue el caso de los famosos Panama Papers.

De ahí que el tema de Lozoya en estos paraísos fiscales y con esas cuentas se vuelva binario: o las cuentas son de empresas suyas, aunque disfrazadas, o las cuentas no tienen nada que ver con él. En el primer caso, Lozoya debe ir a la cárcel; en el segundo, se le debe una disculpa. El reto es otro: ¿quién va a averiguar?

Procedamos por descarte. Los gobiernos de Suiza, Estados Unidos y Brasil, los tres partes del acuerdo con Odebrecht por el cual pagó una multa gigantesca, no tienen el menor interés en saber quiénes son los mexicanos que recibieron ese dinero. Es obvio que el Gobierno de Peña Nieto tampoco. La PGR no va a enviar a nadie a Tórtola, o a Antigua, o a Lichtenstein. Va a proceder como la función pública en el caso de la casa blanca: donde buscamos, no encontramos nada. Donde no buscamos, menos.

Queda la oposición en México, y las organizaciones periodísticas o de la sociedad civil. De la primera, espero poco: no está en su ADN perseguir con seriedad a cualquier gobierno. Los medios y las organizaciones pueden hacer más, pero en ocasiones muestran más propensión a ser destinantarias de filtraciones que a investigarlas por cuenta propia. Pero estamos en sus manos, porque no hay otras.
14 Agosto 2017 04:06:00
Indiana Jones y el PRI
Parece absurdo a estas alturas insistir de nuevo en la completa falta de vuelo intelectual del PRI. Su agotamiento abstracto ha sido patente desde hace tiempo, y cuando uno u otro de sus gobiernos emprende o logra algunas reformas importantes, el partido simplemente las aplaude o las deforma, sin tener nada que decir de sustancia al respecto. Pero en su última asamblea, los priistas de plano se volaron la barda en materia de mediocridad conceptual.

Ante los enormes retos que enfrenta el país, en lo económico, social, político e internacional, frente a una elección presidencial decisiva en 2018, el PRI se fijó –y alcanzó– como gran avance quitar unos candados burocráticos redundantes y de interés sólo para... los priistas.

Como se sabe, los estatutos del PRI estipulan desde hace tiempo que el requisito de ser miembro del mismo, o contar con un mínimo de años de militancia, se hacen a un lado si el partido va a una elección en alianza. El partido de Gobierno cuenta con por lo menos tres aliados posibles, y en realidad seguros, si los quiere. Se trata del Partido Verde –que sirvió en el 2006 y el 2012–, el Partido Encuentro Social (cercano al secretario de Gobernación) y Nueva Alianza, arrebatado a Elba Esther Gordillo cuando fue encarcelada.

Con cualquiera de los tres, o con los tres, el PRI puede hacer más o menos lo que quiera. Lo esencial es cuánto puede dar a cambio; cada vez menos, sin duda, pero algo es algo, sobre todo para organizaciones pequeñas en riesgo de perder su registro si van solas a una elección presidencial. Si lo que Peña Nieto pretendía era designar a Meade como candidato del PRI, no necesitaba cambiar los estatutos de su partido, ni mucho menos armar tanto escándalo al respecto. Con sus prestigiados e íntegros aliados le bastaba.

Pero entonces no hubiera podido librar dos escollos importantes. El primero: la indigencia teórica, política y estratégica del PRI. No puede ofrecer nada, porque además de estar poblado de políticos sin pensamiento ni decoro –¿en verdad Enrique Ochoa piensa que su partido va a ganar en la Ciudad de México, en Jalisco, y en Veracruz?– sus integrantes no estarían de acuerdo en nada. Salvo lo que tratara de imponer Peña Nieto, lo cual implicaría que supiera qué imponer.

Pero en segundo lugar, el PRI hubiera tenido que proponer por lo menos un par de ideas en serio, que habrían involucrado algún tipo de dedicatoria. Cualquier tesis programática sustantiva le quedaría bien a un pre-candidato, y mal a otro. Lo cual no tendría nada de grave, si Peña Nieto perteneciera a su siglo. Pero proviene de –y es parte de– la era de López Mateos.

Es obvio que los jerarcas priistas siguen pensando que la selección de su candidato equivale a la elección del próximo Presidente de México. Está en su ADN; es el chip priista. El destape no es de candidatos y mandatarios hipotéticos; es del “bueno”. Para ellos, resulta impensable que a 80% de los mexicanos les dé enteramente lo mismo si el candidato del PRI es Nuño, Meade o Narro: los odian a todos. Creen que perdura la época del dedazo, y que lo más importante son las florituras priistas y el lenguaje críptico del siglo pasado. No recuerdan la segunda o tercera película de Indiana Jones, cuando Harrison Ford se enfrenta a un enemigo árabe feroz, armado de una cimitarra aterradora, la cual manipula con extrema destreza, hasta que el héroe de las tres películas desenfunda su revólver y le mete un balazo a su contrincante. Todas las mañas y despistes de Peña servirán de muy poco; Indiana Jones, whoever that may be, los va a liquidar en julio del 2018.
11 Agosto 2017 04:07:00
Márquez, Julión y la ausencia de adultos
No faltarán quienes piensen que la colocación de Rafael Márquez y Julión en la lista de personas posiblemente involucradas en actividades de narcotráfico y de lavado de dinero constituye una advertencia, amenaza o franco golpe bajo al Gobierno de Peña Nieto. Washington escogió el momento para lanzar su torpedo por debajo de la línea de flotación –en la víspera del arranque de las negociaciones del TLC–, el lugar –la Embajada de EU en la Ciudad de México– donde recibiría la máxima difusión en el país– y el mensajero –el director de OFAC. Este departamento, y su titular son quienes manejan los castigos contra todos los países que violan sanciones impuestas a ellos por Estados Unidos, desde Cuba hasta Corea del Norte, e incluyendo hoy a Rusia y a Irán. No se trata de un personaje menor del Gobierno norteamericano, que, además, se desplazó a la Ciudad de México para hacer su anuncio.

Huelga decir que, si bien la Embajada sabía de la distante, pero innegable, relación de Peña Nieto con Julión, cuando organizó la visita del director de OFAC y convocó a varios columnistas para advertirles del golpe que venía, no tenía conocimiento de la reciente visita de EPN al Cañón del Sumidero en compañía del cantante. Ni que Presidencia subiría y bajaría fotos del Presidente con el presunto narco.

Pero la Embajada sí sabía quién es Rafa Márquez en la psique mexicana y cuántos golpes más a la autoestima nacional puede aguantar este país. Y también conoce a la perfección cuán grande es la debilidad del equipo de Gobierno, los enormes retos que enfrenta, y las consecuencias de un deterioro mayor en la confianza, la aprobación y la resiliencia mexicanas. La pregunta no es si un malin génie (Descartes) en Washington urdió todo esto, junto con la captura de Veytia, Yarrington, más los que se acumulen, sino al revés. ¿Por qué no hay nadie en Washington pendiente del derrumbe mexicano y que ponga orden en momentos críticos?

La decisión de OFAC pasa por seis o siete agencias norteamericanas antes de oficializarse, incluyendo a la CIA y al Departamento de Estado. No sé si burocráticamente también requiere de la firma del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, pero, en todo caso, el Mexican Desk Officer en la Cancillería estadunidense le informa a su colega en la Presidencia. Es obvio que nadie alzó una señal de alarma sobre si realmente valía la pena armar este escándalo, en este momento, con ramificaciones imprevisibles. El problema con Washington para México es que no hay nadie que mande en el conjunto de temas de la relación bilateral y evite que cada quien se dispare por su cuenta. Los cowboys andan sueltos de nuevo (remembre Camarena); no hay ningún adulto en el cuarto de juegos. Peor aún: puede ser que en México tampoco. Todo indica que la Secretaría de Hacienda y en particular la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Alberto Bazbaz, trabajaron de la mano con OFAC y los norteamericanos en esta investigación, que duró un buen tiempo. En el Gobierno de la “coordinación”, la SHCP no le avisó a la Segob o al EMP o a la Oficina de la Presidencia que venía un ataque contra Julión, amigo del gobernador de Chiapas, próximo anfitrión del Presidente de la República y artista de selfies. Ni tal vez a la Cancillería, donde los buenos oficios y contactos del titular hubieran podido elevar la decisión sobre Márquez a un nivel político. No se ven los adultos en el cuarto de juegos mexicano.
09 Agosto 2017 04:07:00
¿Sanciones a Maduro?
La reunión de cancilleres de países “Like Minded” en Lima el día de ayer, a propósito de la crisis política, económica, financiera y humanitaria que agobia a Venezuela, es un primer paso interesante hacia un enfoque diferente. Al sacar el tema de la OEA se evita, en primer lugar, que Venezuela y Cuba sigan utilizando a los pequeños países del Caribe, y a sus aliados del ALBA, para bloquear cualquier resolución “con dientes” en relación a lo que sucede en ese país. La OEA impide que se aprueben resoluciones que exijan la liberación de los presos políticos, que se ponga un alto a la represión ya denunciada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos como feroz y generalizada, y que se lleven a cabo las elecciones previstas para este año y el entrante. Al reducir el número de países, a aquellos que piensan de manera parecida, se puede avanzar en varias direcciones.

Una de ellas, que proviene de experiencias anteriores de los años 80 y 90, y que ha sido discutida por varios gobiernos en las últimas semanas, tiene que ver con la posibilidad de crear un grupo de países amigos o de seguimiento al caso Venezuela. Para ello, tendría que formarse este grupo ad hoc con gobiernos aceptables, tanto para el Gobierno como para la oposición venezolana, algo que puede parecer improbable pero no imposible. Algunos países, como México y Colombia, o como El Salvador o República Dominicana, pueden ser aceptables para ambas partes. Crear un grupo de esa manera permitiría el inicio de un nuevo proceso de intermediación. Se evitarían los errores tan graves que se cometieron en el proceso anterior encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero y se podrían contemplar salidas realistas a la tragedia venezolana.

Una segunda dirección que también se abre, sin embargo, va en un sentido muy distinto. Involucra la posibilidad de que algunos países, desde luego los reunidos en Lima, pero también quizás EU y la UE, consideren la imposición de sanciones económicas al Gobierno de Nicolás Maduro por violar determinados instrumentos internacionales que ha suscrito. Ya el fin de semana pasado los cuatro países del Mercosur suspendieron a Venezuela por violar las normas democráticas existentes en ese país. Aunque el efecto económico de esta decisión pueda ser menor, se trata claramente de sanciones, como muchos de estos países han aprobado en otros momentos de la historia, a propósito de otros casos. Se podría ir más lejos, donde un mayor número de países aplicaran sanciones más severas a Venezuela hasta que su Gobierno escuchara la razón. La más extrema sería la suspensión de compras de petróleo por todos los países involucrados, empezando por EU, y también, en su caso, el congelamiento de activos venezolanos en distintos países donde existen. De la misma manera que el Gobierno de Nicolás Maduro ha congelado o expropiado propiedades de empresas procedentes de estos mismos países de América Latina.

Muchos dirán que es una exageración recurrir a sanciones en el caso de Venezuela. Que nunca resultan, que sólo perjudican a la población más desfavorecida, y que si incluye a EU tendría un efecto contraproducente: darle la razón a Maduro de que está siendo víctima de un “compló” del imperio. Todo esto puede o no ser cierto, pero conviene tomar en cuenta dos elementos antes de fijar una posición definitiva al respecto.

En primer lugar, repetir incansablemente el mantra de la ineficacia de las sanciones contra Cuba desde 1961 no es necesariamente pertinente para el caso venezolano. En efecto, esas sanciones pueden haber sido inútiles, contraproducentes e injustas, pero ello no significa que lo sean en el caso de Venezuela. Sobre todo, este tipo de análisis apresurado, hace caso omiso de un precepto fundamental en estas discusiones.

El único criterio para juzgar si la imposición de sanciones económicas, políticas, jurídicas e incluso sociales a un determinado régimen, debe o no establecerse, es su eficacia. Si son eficaces, deben utilizarse; si no lo son, deben descartarse. No está claro que sanciones bien pensadas, que incluyeran un enfoque humanitario para ahorrarle a la tan castigada población venezolana más penurias de las que ya ha sufrido, puedan resultar ser eficaces en el caso de Venezuela y llevar a una salida democrática a la crisis. Esto ha sucedido en otros países. El caso más reciente y emblemático es desde luego el de Sudáfrica a principios de los años 90. Conviene recordarlo.
07 Agosto 2017 04:06:00
La agenda: el silencio telefónico
La publicación de una especie de versión estenográfica del diálogo por teléfono entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump aporta valiosas lecciones en muchas direcciones diferentes. Ya se ha dicho lo esencial al respecto; aquí sólo quisiera reiterar, con mayor precisión, lo que ya traté de exponer.

Peña no se manejó mal. Se vio bien preparado para responder a la mayoría de los temas que su equipo supuso que suscitaría su interlocutor, y lo hizo ciñéndose a un guion ciertamente defensivo, pero sencillo y eficaz. En efecto, como lo han señalado algunos, como Agustín Basave, no supo qué decir cuando Trump se refirió en términos despectivos a las Fuerzas Armadas Mexicanas, o cuando estableció una falsa amalgama entre la epidemia de opioides que padece hoy Estados Unidos, y la producción de drogas en México. Pero en general, se desempeñó mejor de lo que muchos esperábamos.

El problema no estriba en lo que Peña dijo, sino en sus silencios sustantivos. Y aunque la conversación tuvo lugar hace seis meses, esos silencios perduran. Se trata, claramente, de la falta de agenda mexicana con Washington, y la reacción puramente defensiva, negativa o pasiva, del Gobierno ante las embestidas norteamericanas. A lo largo de los últimos 50 años, distingo tres momentos en los que México no sólo reaccionó ante la agenda estadunidense, sino cuando activamente propusimos nuestra propia agenda. El primero fue entre 1979 y 1985, durante los sexenios de López Portillo y De la Madrid, cuando tuvimos una agenda centroamericana activa, vigorosa y explícita.

El segundo fue a propósito del TLC, propuesta de Carlos Salinas, ante la cual reaccionaron primero Bush padre y después Clinton. El tercero se produjo durante el sexenio de Fox, cuando México propuso a Bush hijo y empujó un acuerdo y/o una reforma migratoria integral con Estados Unidos. Hoy no tenemos agenda propia, pro-activa y clara.

¿Qué significa? Simplemente que más allá de los lugares comunes (“ganar-ganar”), de los deseos piadosos (hay que terminar pronto), de los deseos abstractos (una negociación integral) y de repetidas negativas (Freud enloquecería ante tanta “denegación”: no aceptaremos aranceles, cuotas, humillaciones, intromisiones, etc), el Gobierno de Peña no le ha formulado explícita y públicamente al de Trump lo que quiere, no lo que no quiere. Esto se notó de manera dolorosa en la conversación telefónica.

Plantear lo que uno desea no significa lograrlo todo, ni que uno siquiera piense que alcanzará todas las metas. Pero sí implica formular propuestas específicas, ambiciosas, poco realistas si se quiere, pero que permitan orientar la negociación en una dirección diferente. Para no ir más lejos, repito tres ideas al respecto.

Primero: incluir la libre circulación de la mano de obra en el TLCAN, con etapas y techos si se quiere, enfatizando más los flujos futuros que los acervos anteriores si se prefiere, pero como un interés nacional mexicano primordial. Segundo: atender la crisis centroamericana a través de un especie de Plan Marshall de Estados Unidos para el Triángulo del Norte, con el objetivo de disminuir el crimen y la violencia, la corrupción y la pobreza, y la incapacidad estatal de control territorial. Tercero: trabajar juntos para que México obtenga la autorización de los organismos internacionales encargados de droga (la JIFE en particular) para sembrar y procesar legalmente, como varios otros países, campos de amapola para la producción de morfina y otros opiáceos, y reducir de esa manera el impacto en México de la epidemia en Estados Unidos.

Esta es una propuesta de agenda. No incluye temas estrictamente comerciales, aunque seguramente tenemos mucho que plantear al respecto. ¿No nos gusta? Inventemos otra. Pero no nos demos gato por liebre: desear buenas relaciones entre México y Estados Unidos no es una agenda. Es puro rollo.
04 Agosto 2017 04:00:00
¿Por qué las prisas del TLCAN?
En los últimos días he platicado con varias personas muy inteligentes, muy bien informadas del curso de las negociaciones sobre el TLCAN, y muy predispuestas a contar lo que piensan. A todas ellas les he hecho la misma pregunta para la cual no tengo respuesta, al no necesariamente contar con los atributos mencionados: ¿Cuál es la prisa del Gobierno de México?

El argumento “oficial” más sensato y creíble que he escuchado involucra a lo que podríamos llamar la inestabilidad psicológica del presidente Trump. Invoca también la esperanza de utilizar las ansias del mismo individuo por lograr alguna victoria en su gestión presidencial que sea inminente y económica. La idea sería que si no terminan las negociaciones en un muy corto plazo –como se ha dicho, para fin de año– Trump es capaz de recurrir al capítulo de salida del Tratado, o de plantear exigencias desorbitadas que obligarían a México a invocar la misma cláusula. En cambio, es posible que su necesidad de entregar un triunfo a corto plazo lo llevaría a ceder en algunos puntos difícilmente aceptables para México y para Canadá.

Acepto que el argumento es sincero, pero no me convence. No veo por qué Trump sería incapaz de cambiar de parecer, incluso después del famoso handshake de los tres mandatarios en torno a una negociación concluida. Tampoco comprendo por qué Trump le ofrecería a México concesiones mayores en noviembre que en mayo o junio, o a finales del 2018. Si esta es la razón de la prisa mexicana, es muy mala.

El segundo argumento que he escuchado –que el Gobierno ha ofrecido de una manera más o menos formal, más o menos oficiosa– es el de la “contaminación”. Hay que acabar pronto para que la negociación no contamine, ni se contamine, con la campaña electoral mexicana del 2018. Para empezar, la del 2018 no es del 18; es ya del 17. En segundo lugar, cerrar la negociación a finales del 17, sin poder lograr una ratificación legislativa en los tres países antes de finales del 18 no sirve absolutamente de nada. Sobre todo si en México gana un candidato presidencial opuesto al contenido de la nueva negociación, u opuesto al tratado en sí mismo; si su partido o su coalición alcanza un tercio bloqueante en el Senado; si los republicanos pierden su mayoría en la Cámara de Representantes, o mucho peor, en el Senado de EU. Cualquier firma protocolaria sin valor jurídico alguno realizada durante el 2018 sería revertida por los actores mencionados. El argumento de la contaminación no tiene el menor sentido, ante todo si nos obliga a ir rápido y a no poner obstáculos donde podemos colocarlos.

El tercer argumento me parece el más persuasivo y el más perspicaz. Sí hay un tema de contaminación, pero no en el sentido que lo ha dicho el Gobierno. En realidad, Peña Nieto y algunos de sus colaboradores tienen prisa por dos motivos. El primero se refiere a la selección del candidato del PRI a la Presidencia. Contar con un gran éxito de parte de Luis Videgaray antes de fin de año no pinta tanto porque le permitiera a él ser el candidato, pero sí podría incidir en quien fuera el candidato del PRI.

Pero confluiría también en la estrategia, que ya he descrito como miope, de Peña Nieto para el 2018. Alcanzar un gran éxito en la negociación de EU a más tardar para febrero o marzo del año entrante, le daría, piensan, un gran empujón al candidato del PRI y llevarlo a la victoria. Ese sí es un argumento creíble, y a la vez completamente falso.

Pensar que alguien en México va a votar por el candidato de Peña-PRI sólo porque los negociadores mexicanos obtuvieron algún tipo de triunfo en el mantenimiento con matices del contenido del capítulo 19 de solución de controversias antidumping del Tratado, me parece delirante. No tiene el menor sentido, pero sí se entiende que pueda servirle al Gobierno.

En lugar de tener prisas, quizás convendría poner sobre la mesa lo que Carlos Salinas dijo que puso sobre la mesa en 1992 (ya he argumentado en otras páginas por qué no le creo). México debe tener una agenda propia para el TLC y el tema central de esa agenda propia –lógrese o no, en su totalidad o en una pequeña parte– es el asunto migratorio. México no debe ni puede aceptar que se reabra el TLC sin incluir algo cuya exclusión siempre nos impusieron: el destino de los millones de mexicanos en EU y de los cientos de miles que se siguen yendo cada año. Que esto retrasaría la negociación, sí; que no lograríamos todo lo que buscamos, sí; que es un tema que a Trump no le gusta, desde luego. ¿Y qué?
02 Agosto 2017 04:08:00
Dos programas comunes
Uno de los dilemas más complejos de la construcción del llamado Frente Amplio Opositor o Democrático yace en la elaboración de un programa común, aceptado por el PAN, el PRD, MC y los eventuales sectores de la sociedad civil que se unirían bajo una misma bandera. Obviamente, no es el único obstáculo. Escoger a candidatos únicos a la Presidencia, la Jefatura de un Gobierno de coalición de la Ciudad de México y de sendas bancadas en el Senado y la Cámara de Diputados puede constituir una tarea titánica, o francamente imposible. Encontrar aspirantes que encabecen un frente tan antiPRI como antiAMLO, y a la vez enarbolen una propuesta innovadora, audaz y atractiva constituye asimismo un reto quizás insuperable. Pero el programa encierra sus propias dificultades, en algunos sentidos más interesantes.

En discusiones con diversos interlocutores vinculados con la construcción del hipotético frente, he detectado una disyuntiva hasta cierto punto tajante a propósito del hilo conductor del programa posible. O bien se procedería mediante la llamada triangulación –inventada por Bill Clinton a principios de los años 90– sumando posturas de todas las partes, o bien habría que recurrir al mecanismo de los denominadores comunes mínimos de todas las partes. Ambas posturas encierran ventajas y desventajas.

La triangulación implicaría sumar, por ejemplo, las tesis liberales del PAN en materia económica e internacional, a las definiciones progresistas del PRD, de los independientes y de parte de la sociedad civil en materia social y de vida cotidiana. Así, un programa común incluiría la profundización de la reforma energética, una mayor apertura económica, una reforma fiscal basada en el aumento y la extensión del IVA, la reforma del sistema de procuración de justicia y del régimen político mexicano, y una posición internacional comprometida con los derechos humanos y la defensa colectiva de la democracia representativa y no con la no intervención. Pero también incorporaría el ingreso básico universal, el alza del salario mínimo, un sistema universal de protección social, la interrupción voluntaria del embarazo, la legalización de la mariguana y una activa promoción de la sustitución de importaciones de los insumos de las exportaciones.

Este camino revestiría la ventaja de darle satisfacción a todos los integrantes del frente, a nivel cupular. Pero podría traer como grave consecuencia enajenar a las bases: las del PAN, que no tolerarían temas como el aborto o los matrimonios igualitarios, o a las de la izquierda, que no aceptarían la privatización de parte de las hipotéticas acciones de Pemex. Tal vez los intelectuales, activistas y militantes verían con buenos ojos un esquema de esta naturaleza, pero los votantes se enfurecerían. Los del PAN se refugiarían en la abstención o el voto útil por el PRI, como en 2012, y los del PRD se aventarían a los brazos de Morena.

La otra opción es más prudente, pero quizás menos movilizadora. El programa incluiría, y sólo incluiría, aquellas propuestas comunes a todos sectores: PAN, PRD, MC, sociedad civil e independientes. Empezaría posiblemente con la lucha contra la corrupción, tal vez un fin a la guerra del narco y la construcción de un estado de derecho funcional, una política económica que buscara un mayor crecimiento, un combate más imaginativo a la pobreza y la desigualdad, y algunas reformas político-electorales (segunda vuelta, reducción del financiamiento a los partidos y del número de diputados y senadores plurinominales). Existen suficientes convergencias para que no se tratara de una simple lista de lugares comunes o buenos deseos, y al mismo tiempo, los electores de base no se sentirían ofendidos. El problema aquí es saber qué sucedería cuando por una razón u otra fuera preciso abordar temas espinosos excluidos del programa común, y que la actualidad impusiera. Lo conveniente de este segundo enfoque consiste en que los pleitos vendrían después; con el primero, vendrían antes.

Supongo que los arquitectos del Frente han revisado estas opciones –y otras, desde luego– y que van avanzando por buen camino. Eso esperamos muchos que ya no nos resignamos a votar por el mal menor, que tenemos una definición clara –la mía es la candidatura independiente de Ríos Piter–, pero que podríamos apoyar una vía que incluyera nuestra primera preferencia y la ampliara.
31 Julio 2017 04:00:00
Cuauhtémoc, Venezuela y México
Cuauhtémoc Cárdenas es un icono de la democracia en México. Hemos tenido muchos acuerdos y algunos desencuentros, siempre en un marco de respeto y afecto. En ese contexto van estas líneas.

Su texto del sábado en La Jornada sobre la posición de México ante Venezuela contiene varias imprecisiones que me parecen incompatibles con otras posiciones que ha manifestado a propósito de otros países, incluyendo el nuestro, y sobre todo, omisas en relación con los acontecimientos de ayer en aquel país. Las resumo, reconociendo que, en efecto, puede uno pensar que asociar a México a las sanciones impuestas por EU a funcionarios venezolanos por violaciones a los derechos humanos y/o corrupción no es la mejor manera de defender la democracia en Venezuela. La postura mexicana ha vuelto a ser congruente: defender la democracia representativa y el respeto a los derechos humanos en Venezuela como lo haría en cualquier otro país, incluyendo México.

El primer error de Cárdenas, y de los intelectuales que firman un manifiesto análogo en el mismo periódico, es considerar que una postura de esta naturaleza rompe con la tradición de política exterior mexicana. Al contrario. México, desde los años 70, ha adoptado actitudes de severa crítica a gobiernos dictatoriales, racistas o agresivos. Lo hizo con Chile después del golpe de estado de Pinochet. Lo hizo cuando rompió relaciones con la dictadura de Somoza en Nicaragua, en 1979, ayudando abiertamente al Frente Sandinista en su lucha contra el genocida. México invocó muchos principios para justificar sus actos, pero claramente tomó partido: a favor de las fuerzas opositoras a la dictadura. Durante varias décadas se opuso al régimen del apartheid en Sudáfrica, y votó a favor de sanciones en la ONU. Ni qué decir de la Declaración Franco-mexicana sobre El Salvador en 1981, cuando le reconoció al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional el carácter de fuerza política representativa. La diferencia con Cárdenas y sus colegas puede ser que ellos consideran que, en los casos que acabo de mencionar, se trataba de auténticas dictaduras mientras en Venezuela (y Cuba) se trata de regímenes que no pueden ser considerados como tales.

Segunda imprecisión: México, junto con otros países desde hace varias décadas, ha considerado que el principio de no intervención debe subordinarse a otros principios de valor jurídico universal como el respeto a los derechos humanos, la defensa colectiva de la democracia, la paz y la seguridad mundiales y el combate a ciertos regímenes especialmente odiosos.

Tercera imprecisión: Cárdenas parece pensar que la única razón por la cual México adoptaría una postura crítica frente a la dictadura de Nicolás Maduro, a la represión, al golpe de estado que significa la elección de la Asamblea Constituyente, es por alinearse con EU. Que no existen intereses mexicanos propios para adoptar estas posturas. Falso. Primero, porque México ha suscrito –con Venezuela- una gran cantidad de instrumentos jurídicos regionales e internacionales sobre los cuales descansa su postura actual: la Carta de Bogotá, el llamado Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos, y sobre todo la Carta Democrática Interamericana. Estos documentos nos obligan a las posiciones que hemos adoptado; no hacerlo equivale a traicionar esos instrumentos o la adhesión de México a los mismos. La Carta Democrática Interamericana en particular es muy específica. La violación de normas constitucionales en cualquier país de América Latina debe detonar un mecanismo de censura y sanciones contra el país que así procede.

Cuarto error: Venezuela no tiene por qué plegarse a los designios del imperio o de México, o de cualquier otro país. Falso. Tiene que plegarse a la letra y el espíritu de los instrumentos internacionales que ha firmado. Maduro ha dicho que retira a su país de la OEA, y que denuncia la Carta de Bogotá, pero ese es un proceso que tarda dos años. Ha expulsado a miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero sigue siendo vigente el Pacto de San José y la Comisión y la Corte para su país. Entonces, Venezuela sí tiene obligaciones muy específicas.

La última imprecisión de Cuauhtémoc es la que me parece más grave. Sin la movilización y la unidad de las fuerzas de los sectores pro democráticos dentro de México es imposible avanzar. Pero también sin el apoyo de sectores externos: aliados, fuerzas afines u organismos internacionales. Cuauhtémoc llamó a que hubiera observadores internacionales en las elecciones del 94; su partido, o varios de sus correligionarios, acudieron a la OEA y a la CIDH para denunciar el fraude electoral. Ahora mismo los sectores más radicales de la izquierda mexicana siguen apelando al GIEI y a instancias análogas para casos como Tlatlaya sin ruborizarse. Sin embargo, ¿Con qué cara se pide eso para México sin exigir lo mismo para otros países? ¿Qué no tiene más fuerza la exigencia de sectores opositores en México al solicitar la intervención de organismos como la CIDH, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Amnistía Internacional o Human Rights Watch en México si también se pide en otras partes de América Latina? La mejor ancla contra los retrocesos en esta materia en México son los acuerdos internacionales que se han suscrito.

Creo que sí hay imprecisiones en el texto de Cárdenas pero celebro la posibilidad de debatirlos con él de esta manera indirecta y espero que respetuosa.
28 Julio 2017 04:07:00
¿Cuántos mexicanos se van?
La tragedia del tráiler de San Antonio nos obliga a recordar muchas cosas tristes, empezando, desde luego, por el doloroso hecho de la partida de cientos de miles de mexicanos a Estados Unidos cada año, y el terrible costo que muchos están dispuestos a pagar por irse. Pero más que nada evoca una realidad que gran número de expertos se niegan a ver o entender.

Hace por lo menos cinco años comenzó a circular la tesis del balance cero, es decir, que el número de mexicanos que partían a Estados Unidos era igual o inferior al de aquellos que volvían. De esa idea –técnica, eufemística, quizás excesiva pero con alguna dosis de verdad– se derivaron varias mentiras. Que ya no se iban los mexicanos porque había muchas oportunidades en México; que todos los migrantes indocumentados ansiosos por cruzar a Estados Unidos eran centroamericanos; que el fenómeno migratorio dejó de ser pertinente; que ya México no era un país emisor o expulsor de migrantes.

Todo era falso, empezando por la peregrina idea de que el incremento en el número de retornados se debía a decisiones voluntarias y no a deportaciones –por definición coercitivas–, o que algún oriundo de Michoacán o Guerrero acababa de volver a su terruño por nostalgia o para aprovechar las magníficas oportunidades que se le ofrecían en esos estados (supongo que de parte del narco).

De las 39 víctimas del horror de San Antonio, 34 eran mexicanos. De los 10 muertos, siete eran mexicanos. Por ahora. Veremos si estas proporciones aumentan conforme se obtenga mayor información. A menos de que nuestros compatriotas hayan fallecido o estén hospitalizados porque se subieron al tráiler pensando que venía a México, se trata de paisanos que pagaron una suma estratosférica y creciente al pollero para irse, y aceptaron correr el riesgo de perder la vida por hacerlo. En verdad ¿ya nadie se va? ¿En serio terminó la migración mexicana a Estados Unidos? ¿Cuántos muertos más se necesitan para entender que no es cierto?

Pero otro dato, menos escalofriante pero tal vez más significativo, ilustra el mismo tema. Desde 2012 señalé en The New York Times, en un artículo escrito con Douglas Massey, que la cifra de migrantes mexicanos que ingresaban a Estados Unidos con papeles había crecido de manera exponencial. Hoy esto es más cierto que nunca.

De acuerdo con datos publicados en el diario Reforma el domingo pasado, en 2016, Washington expidió 184 mil visas H2A y H2B, es decir, permisos de trabajo temporales para empleos agrícolas y de servicios. Si le sumamos casi 20 mil visas H1B para profesionistas, se trata de más de 200 mil mexicanos que emigran cada año al norte. Desde 1997, el total se ha triplicado. Habría que sumar a este número los mexicanos que reciben visas de inversionistas o de reunificación familiar (estando en México).

Andamos cerca de los 300 mil mexicanos que se van cada año con papeles. ¿Cuántos son los indocumentados que emprenden el viaje aterrador sin papeles? ¿Otros 100 mil? ¿200 mil? ¿A cuanto asciende el total global, con o sin papeles? ¿Medio millón? ¡Que bueno que ya se vayan menos! ¡Que pasaría si se fueran más!
26 Julio 2017 04:07:00
Otra vez 2018
Escribí aquí la semana pasada que no me cuadraban las cifras oníricas del Gobierno para el 2018. Si aceptábamos que la popularidad del Presidente era igual –detalles más, detalles menos– a la probable votación que recibiría el candidato del PRI a la presidencia el año entrante, y que nada significativo ocurriría de aquí a las elecciones para modificar esa popularidad o esa ecuación, no había manera de que ganara el PRI en 2018. La encuesta de Reforma publicada el 23 de julio confirma lo anterior.

En la carrera de caballos entre partidos, el PRI se ubica en 17%, sin repartir los indecisos o los que no responden (21%). Si se incluyen estos y se reparten de manera equitativa, el partidazo roza 20% de los que hablábamos. Esta cifra corresponde exactamente a la popularidad o aprobación que Reforma le asigna a Enrique Peña Nieto unos días antes. Su 20% refleja una mejora en relación a enero, pero 12% de entonces encerraba un sesgo negativo debido a que la pesquisa fue levantada en el peor momento del gasolinazo.

Dos datos adicionales confirman esta tesis. A la pregunta ¿Usted piensa que el PRI debe seguir gobernando el país o que debe cambiar el partido en el Gobierno? 80% de los mexicanos respondió que debe cambiar. Hubo una gran similitud entre la medición de la respuesta en el Edomex a la misma pregunta y los votos que finalmente recibió el PRI en esa elección. El techo del PRI hoy está en 20% del electorado, en el mejor de los casos.

Ahora bien, si nos vamos a los llamados careos entre candidatos posibles, la cosa empeora, aunque no tanto. Si el candidato del PRI es Miguel Ángel Osorio Chong, el puntero en las encuestas, aunque desde luego que no en lo único que importa, a saber, el corazón de EPN, el PRI alcanza 15% del voto y 21% de no respuesta, y sin independiente en la boleta. En ningún careo alternativo, o con ningún candidato diferente, le va a mejor al PRI que con Osorio.

Una sencilla prueba empírica corrobora todo esto. Piense usted, amable lector, en algún conocido que deteste a EPN (no creo que le falten). Pregúntele, después de escuchar sus diatribas contra el Gobierno de Peña, si votaría por José Narro o Aurelio Nuño, los dos posibles candidatos del PRI menos contaminados. Luego avíseme cuántas mentadas de madre se llevó.

Una última reflexión sobre el Frente Amplio, de acuerdo con la encuesta. Aunque en los careos no le va bien, hay dos motivos para cierto optimismo. El 42% de los entrevistados se dice dispuesto a votar por el FA del PAN y del PRD, 13 puntos más que la suma de PAN y PRD separados, aunque Margarita Zavala Calderón, la mejor posicionada como candidata, sólo obtiene 27% como abanderada del FA. Y a la pregunta de ¿quién tiene mayores posibilidades de derrotar al PRI (voto útil)?, el FA supera a MORENA por 43% a 39%. No está mal.

Hay tres discusiones importantes sobre el 2018. Una es si gana o no López Obrador. Yo creo que sí, pero se trata de un debate un poco ocioso hoy. La segunda es si puede ganar o no el PRI. No es ociosa. No puede ganar. Y la tercera es si un frente PAN-PRD-MC puede ganarle a López Obrador con una propuesta que no sea partidista ni negativa. No sé; espero que sí.
24 Julio 2017 04:00:00
Los datos de sangre y plomo
Dos series de datos publicados a finales de la semana pasada vuelven a ilustrar el carácter delirante de la guerra contra el narco de Calderón y Peña Nieto. Primero los muertos. Las cifras de junio de homicidios dolosos –todos, vinculados al narco o no– divulgadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública (así con algunas mayúsculas y nombre rimbombante entero, para que no se sientan menospreciados los burócratas) arrojaron los totales más altos de la historia. En el mes de junio, fueron víctimas de homicidios dolosos 2 mil 566 personas en México, haciendo del mes pasado el más sangriento desde que el SESNSP levanta datos, es decir, desde 1997. El INEGI recopila números análogos, aunque una ligera distorsión hacia arriba, desde 1992, pero no ha publicado todavía la información de 2017; extrapolando, estamos muy por arriba de ese año. Algún tontito por allí descubrirá que en realidad la cifra total de homicidios –dolosos y culposos– de junio superó por 69 víctimas la de mayo (4009), sin recordar que mayo tiene 31 días, y junio, 30.

Si nos remitimos al primer semestre del año, el total registrado de homicidios dolosos alcanzó 13 mil 729, mayor que el primer semestre de 2011, el año rojo de Felipe Calderón, con 10 mil 324, un incremento de 33 por ciento. El dato del mes pasado es el más alto desde que comenzó la guerra, y más que duplica la cifra del primer año de la misma, a saber 2007. De acuerdo con varios medios, de mantenerse la tendencia actual, este año cerrará en más de 27 mil homicidios dolosos, alrededor de 25 por cada 100 mil habitantes, el peor año de la historia moderna de México y cercano al nivel de Brasil. Si nos vamos al desglose diario, como Alejandro Hope, entre 2016 y 2017 el total de homicidios por día pasó de 61 a 85. Chapeau, EPN. Fox le entregó a Calderón el país menos violento de nuestra historia moderna; Peña a López Obrador, el más.

¿A cambio de qué? ¿De algo peor? Difícil de imaginar. ¿De la perdida por el Estado del control territorial del país? ¿Como hoy en Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California? ¿De haber reducido el consumo de drogas en México? Ya vimos en estas notas cómo la encuesta más reciente muestra que México es un país de consumo muy bajo, ligeramente superior al de hace 5 años. ¿Que llegue menos droga a Estados Unidos? De mariguana, quizás. Porque hemos perdido segmento de mercado debido a la legalización allá y los “heroicos” decomisos aquí, pero nada más. En Colombia se siembran nuevamente más hectáreas de hoja de coca que nunca, y aunque una parte se encamine a Europa vía Venezuela y África, y otra hacia EU, pero vía el Caribe y el Golfo, el destino principal sigue siendo nuestro vecino, y el conducto principal, nosotros. El único cambio es la heroína, producida a partir de la amapola. A ella se refiere el otro dato sangriento de la semana.

Según datos de la Secretaría de la Defensa publicados por Reforma el 21 de julio, el promedio mensual de hectáreas sembradas con amapola detectadas por el Estado se duplicó entre 2016 y 2017. Durante el primer semestre del año pasado, se cultivaron mil 837 hectáreas de amapola por mes; este año, el promedio mensual aumentó a 3 mil 702 hectáreas. El total para 2016 fue de 26 mil hectáreas bajo cultivo; de seguir la tendencia actual este año, se alcanzará una cifra de 44 mil hectáreas. Pero no sólo eso. De acuerdo con un oficial de la Sección Séptima del Ejército citado por Reforma, “una semilla normal hace crecer una planta con 8 a 10 bulbos; la semilla mejorada logra más de 40 bulbos”. Vamos bien.
21 Julio 2017 04:08:00
TLC, salarios, corrupción y derechos humanos
El lunes pasado EU hizo públicas sus metas de negociación para los intercambios con México y Canadá para revisar el TLCAN. Aunque el documento de 17 páginas es denso, más para especialistas que para “todólogos” como yo, y representa, más que otra cosa, una síntesis de las divisiones dentro del Gobierno de Washington, se pueden desprender de algunas conclusiones iniciales.

No quisiera entrar en la discusión, un poco ociosa por el momento, de si las demandas norteamericanas son buenas o malas para México, excesivas o insignificantes, esperadas o imprevistas. Prefiero comentar lo que me gusta del planteamiento. Habrá que ver hasta dónde quiere llegar EU en la inclusión de los puntos de su pliego petitorio, y sobre todo si, en caso de hacerlo, qué consecuencias reales pueden tener para México. Por el momento, subrayo dos planteamientos interesantes y bienvenidos, y un tercero, aún ausente.

Empiezo con la referencia salarial incluida en la demanda de incorporar los acuerdos paralelos de 1993 al núcleo del Tratado y de darle mayores dientes y detalle a los temas laborales. Algunas de las tesis de EU fueron tomadas del TPP; por ejemplo, si no me equivoco, el tema del trabajo infantil. Otras provienen del equipo de nacionalismo económico de Trump. Para ir al grano, si la única manera de elevar los salarios en México es porque EU nos lo exige como condición para permitir que los productos mexicanos sigan entrando al mercado más grande del mundo sin aranceles, así sea.

No sé si esa sea la mejor manera de aumentar el ingreso de los trabajadores mexicanos. Creo que puede provocar distorsiones en el mercado de trabajo en México. Sin duda, no corresponde del todo a las versiones clásicas del libre comercio. No es seguro incluso que se pueda hacer. Pero si las demandas laborales en materia de sindicatos, libres de cumplimiento de normas internacionales (OIT) y de salarios decentes se acompañan de consecuencias reales o “dientes” en caso de incumplimiento, bienvenidas sean.

Podremos alegar durante años que así no se deben incrementar los salarios en México; que sería preferible que aumente el empleo y la productividad para que más adelante crezcan los sueldos; y que la mejor manera de que eso suceda es elevando las exportaciones mexicanas a EU, pues sí, pero todo eso no ha sucedido a lo largo de los últimos 23 años.

Segunda consideración, ya planteada por varios colegas, en particular por Leo Zuckermann. Me refiero a la inclusión de un capítulo sobre corrupción en el Tratado, a petición de EU. De nuevo, le doy la bienvenida, ya que me he convencido desde hace tiempo que no vamos a acotar la corrupción en México sin apoyo internacional. Como ese no parece poder provenir de la ONU, de la OCDE, ni de otras organizaciones multilaterales, pues que se origine entonces en un acuerdo bi o trilateral con EU y Canadá. No creo que haya de otra. Preferiría que el Tratado incluyera una especie de espejo de la Foreign Corrupt Practices Act o Ley contra las Prácticas corruptas en el Extranjero de EU; y todavía es posible que así suceda. La FCPA es una ley hasta cierto punto draconiana que se ha violado muchas veces desde que se promulgó en los años 70, pero que tiene el mérito de infundirle temores innegables a empresas norteamericanas que operan en el mundo, corrompiendo a funcionarios desde tiempos inmemoriales. Quizás el escándalo más reciente en México fue el de Walmart denunciado por el New York Times hace pocos años.

Mi tercera reflexión se dirige a una ausencia en el documento norteamericano pero que podría pertenecer al mexicano: una cláusula de derechos humanos para los tres países. México ya aceptó la incorporación de temas de democracia y derechos humanos en los acuerdos de libre comercio a través del Convenio con la Unión Europea firmado en 1998, ahora en plena revisión. No tiene nada de malo que se mezcle el libre comercio con los derechos humanos; probablemente sea la forma más eficaz de obligar a un mayor respeto por estos derechos y limitar sus violaciones.

Solemos molestarnos cuando el Departamento de Estado denuncia violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Preguntamos ¿quiénes son ellos para juzgarnos? Pues si incluimos el tema en un acuerdo entre los tres países, ellos serán lo mismo que nosotros y los canadienses: partes de un convenio libremente consentido en donde tres países se comprometen a respetar determinadas normas de derechos humanos.

Hacerlo le serviría doblemente a México: En primer lugar, nos permitiría invocar el tratado a propósito del maltrato a los mexicanos en EU. Segundo, fungiría como ancla internacional para reducir las gravísimas violaciones a los derechos humanos en México, que hemos todos atestiguado desde 2007. Ojalá Canadá, un país con una vieja tradición de defensa de los derechos humanos en ámbitos internacionales, lo proponga; ojalá México lo sugiera; y ojalá algunos sectores en EU, que por distintas razones no lo han planteado, ahora sí lo hagan.
19 Julio 2017 04:08:00
Del 20% al 30% de Peña a…
A estas alturas es vox populi la conclusión que sacó el Gobierno de la elección del Edomex. Con un candidato correcto –sin más–, recursos ilimitados y la división de los partidos opositores –de preferencia con candidatos mediocres– el PRI gana. A escala estatal o nacional. Por lo tanto, conviene reproducir esa estrategia en todo el país, el año entrante para vencer a López Obrador, el único contrincante peligroso, aunque sea de panzazo, al igual que en el Estado de México.

Aclaro que albergo enormes dudas sobre la eficacia de esta estrategia. Pero sí pienso que es la de Los Pinos. Implica, para empezar, que el PAN vaya sólo a la contienda y, en segundo lugar, al igual que en el Edomex, con una candidata incapaz de ganar, más bien susceptible de derrumbarse, pero sin desaparecer por completo, conservando algo así como el piso de Acción Nacional: Margarita Zavala Calderón. En tercer término, el esquema presupone que el PRD también se presente al electorado sin coaliciones o aliados significativos (Movimiento Ciudadano o el PT no importan), con un aspirante viable, que sin embargo no llegue a ser competitivo, pero que impida que todo el electorado perredista se corra hacia Morena: Miguel Ángel Mancera.

Enseguida, sería necesario que contiendan un par de independientes atractivos, que puedan reunir entre ambos de ocho a 10 puntos porcentuales, sin despuntar, ya que cada uno le coloca un techo al otro. Y por último, un candidato del PRI que, sin ser Bill Clinton o Barack Obama en campaña, no provoque escisiones ni brazos caídos o resentimientos,  asegure cicatrices duraderas y goce del apoyo completo del Estado mexicano, a la vieja usanza.

Este conjunto de ingredientes deben garantizar un PRI, cualquiera que sea su candidato entre los posibles, en casi 30%, y un AMLO que no pase de esa misma cifra. En el empate, creen, gana el PRI, gracias al par de puntos que siempre puede arrebatar el día de los comicios. Yo pienso que aun si esta estrategia se consumara, le haría el juego a López Obrador, y no al Gobierno. Esto es discutible, pero es lo de menos. El error consiste en establecer de entrada una ecuación que sencillamente no cuadra.

La tasa de aprobación de Peña Nieto en el conjunto de encuestas públicas oscila en torno a la barrera del 20 por ciento. Se trata también del piso histórico del PRI: cerca del 22% del voto que obtuvo Roberto Madrazo en el 2006. Por tanto, para que el candidato priista –e insisto: no importa cuál; eso sólo les interesa a los fieles de ese partido– pueda emparejarse con AMLO, debe aumentar en 50% su voto: pasar de los 20% de EPN hoy, o los 22% de Madrazo ayer, a los 30% de Andrés Manuel mañana. ¿Por qué habría de suceder eso?

A priori, no existe razón alguna. La popularidad de Peña difícilmente subirá; ni Duarte ni los socavones le ayudan. El candidato del PRI, con una excepción, difícilmente adquirirá una personalidad propia en tan poco tiempo, sobre todo cuando toda la oposición se dedicará a tildarlo de títere del propio Peña. Y el deslinde no será como en los tiempos del viejo  PRI, del dedazo y de los ritos sucesorios siempre más conflictivos de lo que se esperaba. ¿Cómo le harán un Nuño, un Osorio, un Meade o un Narro para explicar que siempre no son tan empleados de Peña, ni tan admiradores suyos? Pero, en todo caso, he ahí el reto: pasar de los 20% de EPN, a los 30% necesarios para ganar. Good luck.
17 Julio 2017 03:00:00
¿Enchilada completa o rebanadas de salchichón?
En principio, este lunes deben publicarse los lineamientos detallados de la postura del Ejecutivo norteamericano, tal y como se las comunica al Poder Legislativo, para renegociar el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte con México y con Canadá. No es imperioso que así suceda, pero existe la esperanza en muchos círculos en México y en EU de que así sea. Asimismo, en los próximos días, se supone que también se publicarán en el Diario Oficial Estadunidense (Federal Register) las directrices emitidas desde febrero por la Secretaría de Seguridad Interior (Homeland Security) sobre las nuevas facultades de deportación por parte de esta misma dependencia y sus agencias. En lugar de que sólo puedan deportar por la vía expedita a quienes lleven menos de 14 días en los EU, o que hayan sido detenidos a menos de 100 millas de la frontera con México o Canadá, podrán hacerlo ya en cualquier parte del país, y a todos aquellos que no puedan comprobar que llevan por lo menos 90 días en EU aunque sea sin papeles.

La pregunta es si ambos temas tienen algo que ver el uno con el otro, y si México debe proceder en los hechos como lo ha venido haciendo, por desgracia, como si se tratara de pistas paralelas, sin mayor vínculo entre una y otra. A pesar de que el presidente Peña Nieto afirmó desde principios de enero que México buscaría una estrategia integral en la negociación con el presidente Trump, en los hechos no ha sido así. Se ha negociado, por un lado, el tema del Acuerdo del Libre Comercio, y por el otro, se ha dicho que la cooperación mexicana en materia migratoria centroamericana, de seguridad, de guerra contra el narco y de aceptación de deportaciones, sí se podría ver limitada en caso de que el posicionamiento de EU en materia comercial fuera excesivo. Son dos posturas: o la enchilada completa o las rebanadas de salchichón.

Ha sido un error mexicano aceptar este paralelismo. Decir que sólo cuestionaremos, y en su caso reduciremos o suprimiremos la cooperación en todos los ámbitos sí y sólo sí las posturas en el ámbito comercial son perniciosas para México, es resignarse a que efectivamente lo sean. EU va a plantear sus exigencias, cualesquiera que sean, y ver si México efectivamente se atreve a dejar pasar a los centroamericanos. En lugar de que dejemos pasar a los centroamericanos nosotros y ver si EU se atreve a imponernos restricciones voluntarias de exportaciones. Esta estrategia probablemente no va a cambiar, es la que el Gobierno ha decidido, seguramente después de mucha reflexión, y probablemente más a raíz de las preocupaciones del destino personal del presidente Peña Nieto después de que salga del gobierno que de los intereses nacionales.

Ahora bien, resignándonos a ello, hay varias cosas que el Estado Mexicano sí puede plantear en este conjunto de temas. La primera es que, una vez publicadas las directrices en el Diario Oficial, es factible ponerlas en tela de juicio ante el sistema judicial norteamericano. A partir de que entren en vigor, y que efectivamente alguien sea deportado con estos nuevos lineamientos, se puede cuestionar el procedimiento por faltar al debido proceso. Sobre todo si se viene una aceleración brutal de las deportaciones, como se espera, y con mayor razón se empiezan a violar las normas del dicho debido proceso. Esto le facilitaría mucho la tarea a las organizaciones en EU que defienden los derechos de los indocumentados. México puede, desde ahora, empezar a canalizar fondos directamente a esas organizaciones, y en particular a dos de ellas: la American Civil Liberties Union (ACLU), y el American Immigration Lawyers Association (AILA) para que encuentren los mejores casos posibles para generar jurisprudencia ante la falta del debido proceso.

Por otro lado, es urgente que México ya tenga una postura propia ante EU sobre el tema de los mexicanos que carecen de documentos, y sobre los flujos futuros de mexicanos que seguirán yéndose a EU. Las recomendaciones que publicó la comisión encabezada por Ernesto Zedillo y el exsecretario de comercio de George Bush, Carlos Gutiérrez, hace varios meses es un camino a seguir. Lo ideal sería incluir en una misma propuesta mexicana tanto la legalización de los indocumentados como la apertura de una puerta en el muro para los flujos futuros de trabajadores temporales, y un camino hacia la permanencia para ellos y hacia la ciudadanía norteamericana para los primeros.

No sé si algo de esto vaya a suceder, obviamente ninguna de estas propuestas tendría éxito en el corto plazo. Algunas propuestas deben reflejar la ambición de un país, su sentido ético y la defensa de sus nacionales o de otros valores cualesquiera que sean las posibilidades de éxito. Si no, todo se volvería un asunto de probabilidades que se pueden calcular. A menos de que uno se equivoque.
14 Julio 2017 04:07:00
Los rusos de Trump
Comentaba en un artículo anterior que había una muy buena explicación por la cual Peña Nieto optó por reunirse con Donald Trump en Hamburgo hace unos días, pero que el Gobierno no había querido dar, ni en público ni vía filtración, dicha explicación. Atribuía esa renuencia del régimen a la inexistencia en México de la costumbre de recurrir a plumas o voces autorizadas en materia de política exterior para dar explicaciones o información sobre una decisión en ese ámbito sin tener que asumir la defensa de dicha postura en público. Quizás haya otra explicación.

Los últimos acontecimientos en Washington sugieren que la vida política de Trump puede no ser tan larga como él hubiera querido. No voy a repetir aquí lo que ya he sugerido hace algunas semanas, a saber, que la hipótesis más plausible sobre su salida de la Casa Blanca antes de tiempo ocurra por una renuncia suya a cambio de un indulto para él y para toda su familia. Sugería entonces que muy pronto quedaría involucrado en el escándalo de la relación con Rusia su hijo Donald, además, desde luego, de su yerno Jared Kushner, y en su caso su esposa Ivanka. Sí quisiera volver a otra hipótesis que comenté desde enero en estas páginas y que puede volverse más factible conforme avanzan las investigaciones.

Decía entonces, citando a un abogado amigo mío que conoce bien el tejemaneje de Washington, de las exrepúblicas soviéticas y de las altas esferas financieras e industriales alemanas, que el riesgo para Trump podía ser que Vladimir Putin se volteara un día. Esto puede estar sucediendo.

El razonamiento era, y es muy sencillo, sólo que ahora hay más elementos que lo avalan. Desde los años 90, los oligarcas rusos necesitaban encontrar maneras de sacar rublos mal habidos de su país, lavarlos en alguna parte y después disfrutarlos en inversiones “legítimas” en Occidente. Para ello recurrieron a todo tipo de ardides financieros, uno de los cuales, no necesariamente el más importante, fue prestarle dinero a Donald Trump en sus diversas aventuras empresariales de aquella época, en un momento en que nadie más lo hacía. Dichos préstamos tendieron a canalizarse desde los 90 y hasta finales de la primera década de este siglo a través de la sucursal de Deutsche Bank en Moscú, según esta versión que, desde luego, no me consta.

Fue útil para Trump el poder disponer de fondos que de otra manera no hubiera conseguido, ya que se encontraba al borde de la quiebra; y fue útil para la plutocracia rusa poder disfrutar de esa compañía, en todos los sentidos de la palabra. Es la lógica del video recién hecho público de Trump en una cena en 2013 durante el concurso Miss Universo en Moscú.

Ahora bien, en la medida en que avanzan las investigaciones en Washington, se acercan a temas que involucran a esos mismos oligarcas rusos; ya son innumerables los contactos entre personajes de la campaña de Trump y personajes y otros del Gobierno ruso. El de la abogada dedicada a torpedear la ley Magnitski que llevó a Putin a impedir la adopción por norteamericanos de bebés rusos, es sólo el último caso; habrá muchos más en los días y semanas que vienen. Es posible que llegue el momento en que la oligarquía rusa y el propio Putin decidan que el caldo de Trump les está saliendo más caro que las albóndigas de Obama, o de Hillary. Que toda la estrategia de Putin, que buscaba, casi a cualquier costo, que se levantaran las sanciones económicas contra su país, haya fracasado, pero no sin costo. El precio a pagar serían las revelaciones que empezarían a surgir en EU, y procedentes de las investigaciones del Congreso y del fiscal especial, de los vínculos entre la gente de Trump y los oligarcas de Moscú.

De ser ese el caso, a Putin le sobran elementos para tumbar a Trump o para comprometer a su familia –los dos hijos, la hija y el yerno– y evitar revelaciones desafortunadas. ¿Habremos llegado a esto? Probablemente no aún, pero no es imposible que nos estemos acercando.
12 Julio 2017 04:07:00
Filtrar y explicar
En varios ámbitos se ha criticado el encuentro entre Peña Nieto y Trump en Hamburgo, desde antes de que tuviera lugar, y por supuesto después del mismo, al comprobarse lo que muchos habían previsto. Las razones de la crítica de buena fe eran que no hay nada controlable con Trump y que era altamente probable que de nuevo sucediera algo que transformara la reunión, por muy bien “planchada” que estuviera, en un fiasco. Otros, los de menor buena fe, han comentado, con mayor o menor ironía, que todo esto era obvio y que para qué juntarse.

El verdadero problema aquí es otro. Por razones propias del sistema político mexicano, del chip priista de los funcionarios de este Gobierno y de la poca pericia de la mayor parte de la comentocracia mexicana en materia internacional –con notables excepciones–, no es fácil que un presidente o su canciller le filtren a columnistas conocedores e influyentes las verdaderas razones de una decisión de política exterior, sin asumir la argumentación pertinente. Esto sucede en todos los países democráticos del mundo, y hasta en algunos autoritarios como China. Es una forma ya consagrada a la vez de informar y de poder negar el carácter oficial de la información.

Desde luego que no tengo la menor idea de las verdaderas razones por las cuales Peña Nieto y Videgaray decidieron llevar a cabo esta reunión con Trump en Hamburgo. Pero si a mí me hubieran preguntado, hubiera respondido lo siguiente. Es conveniente la reunión, no porque tengamos la certeza de que vaya a salir bien, incluso tomando en cuenta la elevada probabilidad de que salga mal, sino porque debe compararse este encuentro con los otros posibles. Partiendo de una premisa: no era, ni es factible que el Presidente de México pase los últimos dos años de su mandato sin reunirse con el nuevo Presidente de EU.

Trump tomó posesión el 20 de enero; Peña se va el 30 de noviembre de 2018; entre una fecha y otra transcurre un año y 10 meses. No es concebible que no se reunieran ni una sola vez. Aceptando esta premisa, las opciones eran evidentes. O bien se llevaba a cabo este encuentro en Hamburgo, al margen del G20. O bien en el marco de la Asamblea General de la ONU. O se podía realizar la reunión en la próxima conferencia de APEC que siempre tiene lugar en los últimos meses del año, en un contexto prácticamente idéntico, con casi el mismo número de participantes que el G20. O Peña viajaría a algún punto de EU (Washington, Mar-a-Lago o alguna otra ciudad) donde se reuniría con Trump. O Trump viajaría a alguna ciudad mexicana para reu-nirse con Peña, tomando en cuenta que no pareciera ser una gran idea que vuelva a venir a nuestro país.

La reunión del G20, la de la ONU o la de APEC son más o menos equivalentes; probablemente convenía esta mejor que las otras dos, pero no hay ninguna razón para suponer que alguna de ellas hubiera evitado los escollos o nos hubiera ahorrado las probabilidades de un incidente.

La del viaje de Peña a EU sería mucho más difícil de manejar –se trataría 100% del terreno de Trump–; la de Trump viniendo a México, no quiero ni pensar en las complicaciones que entrañaría. De tal suerte que la decisión de Peña y de Videgaray, no fue, en mi opinión, e insisto, no tengo la menor idea cuál fue su opinión, en optar entre una buena opción y una mala, partiendo de que era inevitable un encuentro entre Trump y Peña antes de la salida del segundo. De las opciones posibles, esta, Hamburgo, era el mal menor. No porque estuviera “planchada”, no porque fuera perfecta, no porque había condiciones óptimas para su celebración, sino únicamente porque eran menos malas esas condiciones que las otras opciones.

Esto es lo que alguien de los Pinos y de Cancillería debió haberle filtrado a uno o varios columnistas y comentaristas de radio o de televisión sin atribución a la fuente, pero con la autoridad que tiene el columnista gracias a sus accesos. Simplemente atribuiría la versión a una fuente autorizada, de alto nivel del Gobierno de México. Si esta es la explicación, debió haberla sido. Como esto no se puede hacer en México, ahora resulta que el Gobierno se halla indefenso frente a los ataques de varios orígenes a su reunión con Trump, que en efecto no salió bien, pero que, si podía salir mejor, que alguien diga cómo.
10 Julio 2017 04:00:00
Aix
Aix-en-Provence es una ciudad de 140 mil habitantes en el sur de Francia, cerca de Marsella. Es la zona del hexágono del idioma del poeta Federico Mistral, la cuna del pintor Cézanne, y donde millones de franceses vienen a pasar parte o todo el verano desde hace más de un siglo. Hoy pertenece a la demarcación regional llamada Provence-Alpes Maritimes-Cote d´Azur o PACA.

Es una ciudad más o menos con la misma población que Tulancingo, en Hidalgo. En realidad Tulancingo tiene unos 20 mil habitantes más. No es ni la más rica de Francia ni la más pobre. Es quizás una de las de mayor tradición o abolengo o de belleza natural, aunque no necesariamente arquitectónica. Las plazas son preciosas sin ser espectaculares; la catedral en plena restauración es buena pero desde luego no es Chartres o Reims, o Estrasburgo; quizás lo que más caracteriza a esta región es la luminosidad que inspiró a artistas como Cézanne, Van Gogh, Sisley, y a un buen número adicional de impresionistas.

La comparación con Tulancingo es válida. No solo por las dimensiones demográficas idénticas, sino también porque Francia es un país de pequeñas ciudades y México es un país de ciudades medianas. La diferencia reside en lo que cada una de estas dos ciudades encierra para sus habitantes y visitantes. La primera comparación que impacta, quizás injustamente pero no del todo, porque si bien Francia es una nación con una cultura milenaria, México también lo es. El museo de la ciudad, insisto, que tiene 140 mil habitantes, tiene una exposición permanente que incluye varias obras de Cézanne, como es lógico, de Picasso, Giacometti-esculturas y caballete- y desde luego exposiciones temporales de enorme calidad. Dos llaman en este momento la atención. La de Sisley, uno de los primeros impresionistas, y la de la galerista Jeanne Bucher Jaeger con una colección con más de 100 obras entre las que destacan Picasso, Renoir, Monet, Van Gogh, Klee, Dubuffet y Nicolas de Stael.

Aix también ofrece a sus habitantes y visitantes la sede de la Universidad de Provence-Marsella, una de las universidades públicas más avanzadas en Francia en materia de “digital o numérico” como le dicen ahí, y es sede también desde hace 17 años, de las reuniones de jornadas de economía donde se congregan altos funcionarios, los mayores empresarios de Francia y economistas, politólogos y científicos sociales de toda índole del mundo entero. Insisto, todo esto en una ciudad de 140 mil habitantes.

Y como todas estas ciudades, Aix tiene tres centros fundamentales para la vida local y turística. La primera es la famosa Office de Tourisme, ubicada en el Centro de la ciudad donde todos los turistas pueden dirigirse a preguntar por alojamiento, restauración, obras de teatro, museos, paseos y parques, y viajes alrededor de la ciudad. El propósito del Office de Tourisme, es sólo ese. Informarle a los visitantes qué pueden hacer: no estafarlos, no engañarlos, no decirles que no-el deporte preferido francés.

En segundo lugar, Aix, como todas las ciudades francesas, de este tamaño o incluso menores, tiene por lo menos una Maison de la Jeunesse de la Culture –MJC– fundadas por Andrés Malraux a principios de los años sesenta cuando fue el primer ministro de cultura del General de Gaulle. Ahí se reúnen jóvenes, niños y viejos, que pierden el tiempo o lo disfrutan y lo aprovechan, aprenden cosas o solo se divierten, pero donde existe un centro cultural abierto a todos y animado por el Estado francés.

Y en tercer lugar, Aix, como casi todas las ciudades francesas de estas dimensiones, tiene su Alcaldía, el llamado Hotel de Ville, que se coordina con la Policía Nacional (la famosa Gendarmería que tanto le gustaba a Peña Nieto), y se vincula también con la Administración nacional: el famoso Prefecto y ahora desde los años 80 con los presidentes regionales.

Francia tiene una enorme cantidad de problemas. Aix no está exenta de ellos. Tulancingo tampoco. Dentro de unos 50 o 60 años, quizás tendremos el nivel de vida en Tulancingo que el que tiene Aix hoy. Pero algunas de las cosas que tiene Aix las podría tener Tulancingo. No dependen del PIB per cápita. Dependen de unas ciertas ganas de hacer las cosas y de gastar dinero en ellas. ¿Dinero de quién? De los contribuyentes, los que en México no queremos pagar impuestos, como si a los franceses les diera mucho gusto.
07 Julio 2017 04:07:00
El american dream de Enrique Berruga
La novela más reciente de Enrique Berruga, quien, lo confieso con gusto, es no sólo un amigo y excolaborador, sino también un colega de múltiples conspiraciones y “complós”, es a la vez la más ingeniosa y la más pertinente. Ingeniosa porque recurre a una serie de trucos literarios o metáforas existenciales, que, acompañadas de su legendario sentido del humor, hacen que uno se ría con frecuencia a lo largo de las páginas del texto. Cada lector encontrará el tema, el párrafo o el capítulo más gracioso.

El que más me divirtió a mí fueron los pasajes sobre la gran reticencia del personaje central de la novela, que, para olvidar un mal de amores en apariencia incurable, trató de convertirse al judaísmo. Sólo que no pensó al iniciar esa aventura si tendría que pasar por el rito de la circuncisión, pero no a las semanas o meses de nacer, sino en la edad madura. Los estratagemas literarios de Berruga no son necesariamente originales y novedosos, pero funcionan muy bien en este texto.

Pertinente, porque es, como lo anuncia la editorial, la primera sátira política de la era de Trump. Aunque me parece que la palabra sátira no es la más adecuada. Porque en el fondo, Berruga está planteando un doble dilema para México y para EU, que no tiene nada de satírico ni de artificial, sino que encierra una profunda realidad. Esta es la parte más interesante de la novela de Berruga, y la más apasionante, aunque no necesariamente destila el mismo humor que las otras.

Primer dilema, y el resumen es mío, no de Berruga. En una confabulación llevada a cabo durante una cena en la ciudad de Dallas, un grupo de norteamericanos –políticos, científicos sociales, militares y diplomáticos– le anuncian a un interlocutor mexicano que han llegado a la conclusión siguiente: “México es demasiado importante para dejarse en manos de los mexicanos”. En efecto, consideran que el desastre que vive su país vecino, en materia económica, social, cultural, de violencia, de delincuencia y de corrupción es tal, que ya no funciona el viejo paradigma norteamericano que operó desde la Revolución por lo menos, si no es que desde antes. Mientras México podía ser (mal) gobernado por sus élites, que garantizaban estabilidad en la frontera, EU podía permitirse el lujo de dejar en manos de esas élites la administración del territorio vecino. La ineptitud o el agotamiento de esas élites dieron al traste con el paradigma. Ahora EU tiene que ocuparse directamente.

El segundo dilema es que en buena medida ese agotamiento de las élites se debe a la inenarrable e infinita corrupción de las mismas, que ya ha destruido los más mínimos vestigios de confianza en ellas que podía albergar en algún momento la sociedad mexicana. De tal suerte que EU debe resolver con una jugada maestra la ingobernabilidad mexicana y la fuente de esa ingobernabilidad: la corrupción. No revelaré cuál es esa medida, pero sí puedo describir el vínculo entre la corrupción y un arma secreta de los norteamericanos. Se trata de la lucha en EU contra la corrupción en México.

La lucha contra la corrupción en la novela se da de una manera no tan distinta a lo que ha sucedido en estos últimos años. EU ayuda o participa en detenciones de exfuncionarios o funcionarios corruptos mexicanos y luego también, en la novela por lo menos, de empresarios y de políticos en retiro o en reserva. Les confisca sus cuantiosas cuentas y otros activos en EU; en seguida el Gobierno de Washington hace un gesto de supuesta gran magnanimidad al entregarle un cheque gigantesco al de México, reuniendo todos los fondos expropiados. Podrían ser los 14 mmdd que dice el Gobierno de EU que tiene “El Chapo” y que va a arrebatarle.

La novela de Enrique Berruga debe ser leída por quien quiera divertirse, por quien quiera burlarse de Trump, y por quien quiera entender algunas de las novedades en las relaciones de México y EU en la era de Trump y en la era de la descomposición del sistema político mexicano. Y que no necesariamente se pueden captar a través de otras lecturas. Vale la pena leer a Berruga.
05 Julio 2017 04:07:00
El nuevo enfoque de EU con México… desde 1988
En la víspera de la reunión entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump en Hamburgo, va a ser grande la tentación de cantar victoria cuando el norteamericano declare que su país debe hacer algo también por combatir el narcotráfico, por reducir la demanda de drogas, por luchar contra el consumo en Estados Unidos, y por reducir el trasiego de armas de Estados Unidos a México. Se dirá que por fin Estados Unidos aceptó la tesis mexicana de la responsabilidad compartida, del trampolín y la alberca, y que eso demuestra la insólita capacidad persuasiva del Mandatario mexicano.

Desde 2009, y después en un segundo pequeño libro con Rubén Aguilar, procuré mostrar cómo no hay nada nuevo bajo el sol, y que a Washington nunca le ha costado nada darnos todo el atole que queramos con los dedos de ambas manos, mientras prosigamos con su guerra contra las drogas. Repito algunas citas de esos textos, y varias otras, más recientes.

“En febrero de 1988, en la cumbre de Mazatlán entre Miguel de la Madrid y Ronald Regan, este último admitió que ‘el problema era el consumo en Estados Unidos’ y que se trabajaba para disminuirlo. En esa ocasión el canciller mexicano Bernardo Sepúlveda declaró con satisfacción que ese era ‘un elemento nuevo’ en la relación bilateral y que iba a ayudar a la lucha contra el narcotráfico ... En mayo de 1997, en el encuentro entre Zedillo y Bill Clinton en la Ciudad de México, el presidente estadunidense se comprometió a ‘frenar el tráfico de armas ilegales hacia México que fortalece a los narcotraficantes’... En noviembre de ese mismo año, (ambos presidentes) declararon tras una reunión en Washington (que) “coincidimos que es necesario ampliar el apoyo a los esfuerzos para disminuir la demanda de drogas ilícitas, como parte de un enfoque integral en la cooperación antinarcóticos... En febrero de 2001 George Bush, en una visita al rancho San Cristóbal en Guanajuato, reconoció que el motivo por que crece el tráfico de drogas es por la demanda de estas en su país: “el narcotráfico y el crimen organizado son amenazas de primer orden para nuestras sociedades. Nos proponemos reducir la demanda de droga y eliminar las organizaciones de narcotraficantes”… En agosto de 2007, Bush declaró: “Estados Unidos está comprometido con esta estrategia conjunta para hacer frente a un problema común ... En marzo de 2009, durante una entrevista concedida a CBS, Barack Obama dijo: “tenemos que reconocer que esta lucha es una calle de doble vía”, y reconoció que “desde Estados Unidos, tenemos que poner de nuestra parte reduciendo el consumo y el tráfico de armas y de dinero que van a parar a los cárteles de la droga. Esta guerra (contra el narcotráfico) se está librando con armas no compradas aquí, sino en mi país. Como dije antes, y es algo que el presidente Calderón y yo reconocemos firmemente, no se puede combatir esta guerra con una sola mano, no se puede simplemente tener un esfuerzo del lado de México y no de Estados Unidos ... En marzo de 2011, en un encuentro entre Calderón y Obama en Washington, el presidente norteamericano dijo: “Estamos muy conscientes que la batalla que el presidente Calderón está combatiendo no es sólo su batalla, también es nuestra. Tenemos que asumir responsabilidad, así como él ha asumido responsabilidad”.

Podría entregarle más citas por el estilo al lector, pero creo que la hipótesis está demostrada. No le cuesta nada a Estados Unidos admitir su responsabilidad si existe un amplio consenso en ese país sobre la imperiosa necesidad de... no hacer nada al respecto. Incluso ahora, con la llamada epidemia de opioides, es altamente improbable que los norteamericanos hagan lo único que podría resultar eficaz: legalizar bajo una muy estricta supervisión la heroína, el fentanyl y otros potentes analgésicos como el oxycontin cuyas restricciones recientes para ser recetado lo han convertido prácticamente en un fármaco ilegal.

El problema es que a casi 40 años de la primera declaración de un presidente estadunidense sobre la exigencia de que su país haga la tarea, sabemos que no la va a hacer. Y si somos honestos, sabemos también que la sociedad norteamericana, dentro de su hipocresía tan redituable, tiene razón. Quisiera que cada político o funcionario mexicano se formulara la siguiente pregunta: Si se hubiera permitido en California el voto de ciudadanos mexicanos en noviembre pasado sobre la legislación recreativa de la mariguana ¿cómo hubieran votado?
03 Julio 2017 04:00:00
La reforma educativa y el inglés
Tres notas del periódico Reforma del 2 de julio sobre el aprendizaje del inglés por parte de mexicanos en México y en Estados Unidos me llamaron la atención sobremanera. Se trata de un tema que pretendo conocer en parte, aclarando que tuve la fortuna de aprender mi inglés fuera de México, y en circunstancias excepcionalmente privilegiadas.

La primera nota es simplemente fantástica: más mexicana imposible. Resulta que en el nuevo modelo educativo (y prefiero escribirlo sin mayúsculas; ojalá en el siguiente sexenio se suprima el uso de las mismas en documentos oficiales), “la enseñanza del inglés es una de las prioridades del nuevo currículo... el objetivo es que todos los niños, niñas y jóvenes... aprendan a leer y comunicarse en inglés”. Magníficas intenciones.

Sólo que en la misma nota se explica que el nuevo plan de estudios (con mayúsculas) “contempla las mismas horas de clases de inglés que el vigente: 2.5 a la semana, o 100 al año en primaria”. Todo esto entraría en vigor en 2018 (si AMLO está de acuerdo), o sea en el mismo México que hoy. De modo que los mismos niños, con los mismos maestros, durante las mismas horas... van a aprender el inglés que hasta hoy no han aprendido. Puro realismo mágico.

Una posible explicación de por qué esto no ha funcionado –y no va a funcionar– aparece en una nota publicada en la misma página. Según la Auditoría Superior de la Federación, “el 87% de los recursos ejercidos por el programa nacional de inglés –Proni– (con mayúsculas) no fueron comprobados por las entidades federativas que los recibieron... Ninguna de las entidades comprobó la totalidad del gasto realizado. Veracruz no comprobó nada... La ASF observó que la SEP no cuenta con mecanismos de seguimiento y supervisión que garanticen que los recursos sean utilizados para (su) propósito... Las reglas de operación del Proni no mencionan los requisitos que deberán cubrir los asesores externos que impartirán las clases de inglés”. Supongo que uno de los requisitos sería... hablar inglés. Como por ejemplo los “Dreamers”. En un mundo ideal, contaríamos con maestros que sepan inglés, y que sepan enseñarlo. Si tenemos que optar entre los que saben lo primero y no lo segundo, y los que no saben lo primero y a medias lo segundo, me quedo con los “Dreamers”.

Ahora bien, existen más o menos 48 mil razones por las cuales los mexicanos deben poder manejarse en inglés: la frontera, tener el 11% de los nacidos en territorio mexicano residiendo en Estados Unidos, a más de un millón de norteamericanos residiendo en México, a más de 20 millones de visitantes anglófonos al año, entre otras. Pero la tercera nota de Reforma nos proporciona un motivo adicional. Según el Pew Research Center, citado por el diario, la tasa promedio de naturalización de todas las nacionalidades en Estados Unidos es de 74%; la de los mexicanos con derecho a solicitar la ciudadanía estadounidense, de 42%.

Este desfase no es nuevo; siempre han mostrado más renuencia los mexicanos a “volverse gringos” que los demás. Las razones originales han ido variando. Transcurrieron ya casi 20 años desde la histórica decisión de Ernesto Zedillo de permitir la doble nacionalidad, la ausencia de la cual constituyó una de los principales obstáculos en el pasado. A este motivo se sumaban los temores no fundados, pero reales: perder derechos ejidales, de seguridad social, etc. Sin embargo, según el resumen de Reforma del estudio de Pew, existe una explicación adicional.

“Pew preguntó a los mexicanos con green card por qué no se habían naturalizado. Las respuestas más frecuentes se centraban en un nivel inadecuado de inglés..”. Esto a pesar de los esfuerzos –discutibles– del Gobierno de Peña Nieto por alentar a los mexicanos a naturalizarse, para contar con más derechos en EU, empezando por el del sufragio. El mexicano en Estados Unidos, por su bajo nivel educativo, enfrenta grandes dificultades de aprendizaje del inglés, aún en comparación con expatriados de otros países latinoamericanos. Por ahora, con el “nuevo” modelo educativo y las súper-horas de la SEP, seguramente esto va a cambiar.
30 Junio 2017 04:07:00
Trump y Peña en Alemania
Por fin habrá una reunión bilateral Peña Nieto-Trump en la Cumbre del G-20 en Alemania. Era tiempo. No sólo no la hubo con Trump como presidente electo, como ha sucedido en múltiples ocasiones (López Portillo-Reagan; Salinas-Bush; Calderón-Obama); no sólo no fue la primera reunión del nuevo mandatario ya en funciones, como la de Fox y Bush; simplemente no hubo nada.

Las razones son bien conocidas: el fiasco de la visita del candidato Trump a México; las majaderías de Trump poco tiempo antes de la visita programada de Peña Nieto a Washington en febrero; la imposibilidad de asegurar un control de daños mínimo en la agenda, en una posible conferencia de prensa conjunta, o en un hipotético comunicado conjunto aceptable para ambos gobiernos. Y, sobre todo, en las secuelas de la visita. Nadie puede garantizarle a ningún jefe de Estado o de Gobierno que no habrá tuits de Trump al día siguiente, o filtraciones de algunos de sus colaboradores contra otros, o versiones de prensa posteriores
comprometedoras.

Por eso, no es una mala solución que el encuentro se produzca en las circunstancias descritas, como una de muchas reuniones de Trump (y probablemente de Peña Nieto). Será breve, de preferencia sin preguntas de la prensa, con fotos bien orquestadas y negociadas, y sanseacabó. Pero entonces, dirán algunos, ¿para qué correr riesgos, sobre todo con una opinión pública mexicana tan (correctamente) incendiada con Trump y su Gobierno? Porque México no puede permitirse el lujo de no entenderse o de no hablar con Washington, y con este Gobierno norteamericano, los subalternos sencillamente no mandan.

La multiplicidad de temas de la agenda binacional es bien conocida. Abarca mucho más que los asuntos espinosos; en realidad, estos últimos son los de mayor importancia pero de menor número. Obviamente figuran la revisión del Tratado de Libre Comercio, las detenciones y deportaciones de mexicanos en Estados Unidos, el muro, la frontera sur, la guerra contra las drogas y la epidemia de opioides transformada en epidemia de heroína mexicana por las autoridades estadounidenses, Venezuela, Cuba, diversos temas en la ONU, etc. Pero los otros temas son más numerosos y recurrentes, y aunque no necesariamente se manejan a nivel presidencial, el gobierno de Estados Unidos (y el de México) requieren de una clara señal sobre la trascendencia que sus presidentes le asignan a la relación para actuar en
consecuencia.

Todo esto ha sido cierto desde la primera visita de un presidente de Estados Unidos a México después de la guerra (Truman a la Ciudad de México en 1947). La diferencia con Trump reside en la increíble desorganización de su equipo, en la falta de líneas de mando, en los pleitos entre todos los funcionarios, y en la ausencia de nombramientos en puestos clave. Ya es público el conflicto entre el yerno presidencial y el secretario de Estado. Es conocida la rivalidad y animosidad entre este último y el encargado de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, y entre todos ellos y el secretario de Seguridad Interior, y entre el representante de Comercio Internacional y el secretario de Comercio. En cada gobierno hay divisiones y pleitos, pero ni tan pronto ni tan agudas como en el de Trump.

No es que después de Hamburgo el presidente-empresario se vaya a hacer cargo de la relación con México, y pondrá orden entre sus colaboradores. Son demasiados los casos, desde Qatar hasta China, donde sabemos que los efectos de las cumbres con Trump resultan más efímeros que sus tuits. Pero de algo servirá, y sobre todo, le permitirá a todos los optimistas beatos de ambos lados de la frontera mantener y fortalecer su entusiasmo y el tipo de cambio, mientras compran dólares baratos e invierten en Estados Unidos. Unos meses más de optimismo bien valen una foto, buena, mala o regular.
28 Junio 2017 04:07:00
‘Para que la droga no llegue a tus hijos’ (bis)
Por fin se publicó un resumen de prensa de la Encuesta de Consumo de Drogas Ilícitas, Alcohol y Tabaco de 2016. El estudio anterior, aún denominado de adicciones, se levantó en 2011 y se divulgó en 2012; la Comisión Nacional de Adicciones (Conadic) se tardó cinco años en entregar datos nuevos. Suponiendo que la pesquisa se realizó con la misma metodología y seriedad (o falta de ella) que en los levantamientos anteriores, se entiende que el Gobierno se haya colgado tanto.

Primer dato: entre 2011 y 2016, el número de personas que reconocieron haber consumido drogas ilícitas por lo menos una vez en la vida pasó de 5.7 millones a 8.4 millones, un incremento de 47 por ciento. Si recordamos que en estos cinco años, la población mexicana de 12 a 65 años aumentó entre 9 y 10%, tenemos un crecimiento de aproximadamente 6% al año. Se trata de una tasa importante, pero no alarmante, que revela que los supuestos esfuerzos enormes de este Gobierno y del anterior para que “la droga no llegue a tus hijos” han sido por completo fútiles. Casi 200 mil muertos, probablemente 100 mil millones de dólares de gasto adicional, 30 mil desaparecidos y un desprestigio internacional incalculable, a cambio de un incremento en el uso de drogas apenas inercial. ¡Qué gran idea!

Pero más importante: nuestra propensión por las drogas es... muy inferior a la de países más ricos... y más pobres. Nuestra incidencia –personas que hayan probado drogas ilícitas por lo menos una vez en su vida– es de 6.7%, según esta última encuesta. El promedio mundial, de acuerdo con la Oficina de la ONU en Viena, en 2015 fue de 5.3 por ciento En Estados Unidos y Canadá, la tasa fue de 20.3%, más del triple de México. En América Latina –sin México– la cifra alcanzó 15.8% en 2015; en Europa, 8.1 por ciento.

En otras palabras, México se encuentra muy por debajo de los niveles de consumo de drogas de otras regiones del mundo, más prósperas o menos. Si nos fuéramos a otros indicadores, como por ejemplo el número de personas que han consumido estupefacientes ilícitos por lo menos una vez durante el último año, las comparaciones serían iguales. México es un pequeño consumidor, sobre todo dado su PIB per cápita (el segundo de América Latina), las dimensiones de su clase media, su cercanía a Estados Unidos, y la magnitud del turismo norteamericano en el país.

Que estos promedios escondan innumerables tragedias humanas y familiares, ni duda cabe. Que haya cifras desglosadas –jóvenes, mujeres, habitantes fronterizos, etc.– donde los incrementos son mayores, también. Y por último, que entre usuarios una vez en la vida, durante el último año figuren un número importante de adictos, desde luego que es cierto. La pregunta no es esa.

Sobre lo que conviene interrogarse como sociedad –y no como interlocutores individuales de interminables anécdotas– es si el costo de la guerra contra las drogas se justifica a nombre de estos grados absolutos de consumo, o de estas tasas anuales de crecimiento. Por supuesto que no se trata de la única justificación esgrimida por sus partidarios, sinceros o tontos útiles. Pero es una justificación que no vale gran cosa, ni por un lado ni por el otro. Si recordamos que mayo fue el mes más violento de la historia reciente de México –desde 1992– habría razones para dudar si el pretexto del combate a la violencia sí vale como excusa. Parece que no.
26 Junio 2017 04:00:00
¿Todos con el frente?
Ahora resulta que todo el mundo esta de acuerdo con las alianzas o los grandes frentes opositores. Primero el PAN, luego muy a su manera por lo menos una parte del PRD, y pronto Movimiento Ciudadano aprueban y apoyan la idea de una candidatura presidencial común de todas estas organizaciones. Incluso la llamada sociedad civil –intelectuales, activistas sociales, empresarios– no sólo cabe dentro de este jarrito de Tlaquepaque, sino que puede aspirar a beneficiarse del mismo vía candidaturas ganadoras. ¿Así de fácil?

Veamos las ventajas del esquema antes de revisar sus contradicciones. Es la única forma de coaligarse contra López Obrador que no tenga una clara dedicatoria contra el, ya que quien encabeza el frente deberá combatir con igual vigor al PRI y a Morena. Es también la única manera de cerrarle el camino al PRI sin hacerle el juego a AMLO.

Sólo así se puede construir un suma aritmética vencedora, de acuerdo con las encuestas actuales: PAN (23%), PRD (7%), MC (4-5%), en incluso los independientes con 5 por ciento. En teoría, Andrés Manuel no llega a más que 35% en el mejor de los casos (su cifra de 2006).

Por último, no debe ser tan difícil, si se le encarga a un zapatero, producir unos zapatos programáticos que le resulten cómodos y funcionales a todos los integrantes del frente. Con descartar las posiciones extremas del PAN y del PRD, centrarse en una decena de propuestas sencillas y llamativas, y subrayar la diferencia con las mentiras del PRI y el echeverrismo (dixit Joel Ortega) de AMLO, no se trata de una tarea titánica. Son todas virtudes interesantes.

El principal desafío que presenta el frente yace en la necesaria y deseable exigencia doble que debe satisfacer: complacer a las cúpulas y a los votantes, al mismo tiempo. Aquí las cosas se complican. Para que los de arriba acepten la idea, debe estar abierta la candidatura presidencial a todos los contendientes de cada partido: tres por el PAN (o seis, si se prefiere) y dos o tres del PRD. Pero es obvio para cualquiera que los electores perredistas primero muertos que votar por Margarita Zavala de Calderón, o por Rafael Moreno Valle (aunque haya sido electo con el apoyo del PRD en Puebla). Y si el único aspirante panista viable es Anaya, entonces el modelo es un traje a la medida, inaceptable para Felipe Calderón y sus adeptos, para Moreno Valle y los suyos, y para muchos otros panistas (minoritarios tal vez, pero importantes).

Si el arreglo desembocara en una candidatura del PRD, tendría que ser Miguel Ángel Mancera, que no se considera perredista, sino independiente. Sólo que el PAN no lo ve como independiente sino como perredista, y los votantes panistas difícilmente se resignarían a un candidato con 7% en las encuestas, cuando los suyos tienen entre tres y cuatro veces más. Y una parte de los votantes perredistas se irían entonces con AMLO, al no poder votar por una candidato propio. Por último, si se avalara la tesis de un candidato que no fuera ni PAN ni PRD, y Mancera aspirara a cumplir con tales requisitos, ni la cúpula ni el electorado del PAN serían anuentes.

En pocas palabras, lo que buscan las cúpulas parece inaceptable para los votantes; los sentimientos de estos no parecen compatibles con las ideas de las cúpulas. ¿Es imposible? No, ya que el olor a triunfo atrae a todos los animales políticos. Pero el nivel de sacrificios y de grandeza tendrá que ser mucho mayor que el esperado y pronosticado hasta ahora. A ver.
23 Junio 2017 04:07:00
Venezuela y nosotros
Hay varios saldos de la Reunión de Consulta y de la Asamblea Anual de la OEA, celebradas en Cancún desde el lunes pasado. Veo tres de particular relevancia para México, y en ellos quisiera concentrarme. Sin menosprecio de las consecuencias y balances para Venezuela -tema central de los debates-, para el resto de Latinoamérica, y para Estados Unidos y Canadá. Voy de lo más trascendente a lo de menor importancia, insisto, para México.

Por fin contamos con una posición digna y correcta, que antepone los compromisos regionales de defensa colectiva de la democracia representativa y de los derechos humanos, a los principios caducos de no intervención y de supuesta autodeterminación de los pueblos. Que bueno que México ya parezca haber vuelto a la postura que tuvimos hace poco más de 15 años, que se fue perdiendo durante el gobierno de Calderón y que se desvaneció por completo durante los primeros dos años y medio el gobierno de Peña Nieto. Se trata de un avance significativo de política exterior, que de inmediato generó repercusiones en la política interna.  No se debe disociar la postura de México ante Venezuela de aumentar, hasta duplicar, las aportaciones mexicanas y de los demás países -gracias al exhorto de México- al sistema interamericano de defensa a los derechos humanos, a saber, la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. Tampoco debemos separarla de la declaración de Videgaray de que México da la bienvenida a todo el escrutinio externo, incluyendo desde luego observadores internacionales para las elecciones del 2018. No se puede lo uno sin lo otro, aunque el abogado de los padres de Ayotzinapa admire a la dictadura de Maduro.

En segundo lugar, es cierto que gobiernos representando a más de 90% de la población y del PIB de América Latina votaron por una resolución vigorosa y clara sobre Venezuela en materia de la Asamblea Constituyente, la liberación de los presos políticos y un calendario electoral previamente acordado, etc. Ahí sí realmente hay un avance en cuanto a que la gran mayoría de los habitantes de América Latina, representados por sus gobiernos, votó de esta manera. Es un avance importante y hay que recalcarlo. Hace muy pocos años, ni Brasil, ni Argentina, ni Perú ni México lo hubieran hecho. Ahora, sólo Bolivia y Nicaragua se solidarizaron con Maduro; ni Ecuador ni El Salvador los siguieron. El cambio es notable, y se va a profundizar en las semanas por venir.

El tercer punto es que en efecto fracasamos: no tiene sentido tratar de tapar el sol con un dedo. No se obtuvieron los votos necesarios para que el proyecto de resolución fuera aprobado, y esas son las reglas de la OEA. Como en el futbol, gana el que anota más goles, no el que mete los más bonitos. Esas son las reglas de la OEA y de la ONU. México y Perú no lograron el objetivo que se plantearon. Fue imposible arrancar tres votos más a los países del Caribe, que hicieron la diferencia, entre abstenciones y votos en contra.

Ahora la pregunta es por qué. He visto tres explicaciones que enumera muy bien Andrés Oppenheimer, aunque yo agregaría una que me parece la más importante. La primera es la explicación que parte del petróleo que Venezuela le regala o le vende muy subsidiado a las islas caribeñas. Ya no es lo que era, ni en volumen ni en precio, pero persiste su pertinencia. La segunda explicación consiste en que Estados Unidos no hizo la tarea. El hecho de que Rex Tillerson el Secretario de Estado, no haya viajado a Cancún, debilitó el esfuerzo de todos, porque no pudo torcer brazos ahí. Aunque ahí no es donde se tuercen los brazos a los pequeños países del Caribe, sino por teléfono o a través de las embajadas de Washington en cada capital. Hay un caso especialmente escandaloso: el de República Dominicana. Que Estados Unidos no pueda convencer a Sato Domingo que vote con nosotros me parece increíble.

La interpretación que agregaría involucra a un país donde tal vez México tenga que hacer más. Cuba ejerce una enorme influencia en esos pequeños países vecinos de La Habana, desde hace muchos años, porque allí ha puesto en práctica una política desde hace casi 40 años, de “cooperación”. Ha enviado a miles de agentes de inteligencia, médicos, maestros, instructores deportivos y militares a todos los pequeños países, para ayudarles con distintas formas. Eso le ha traído a Cuba una gran ascendiente sobre sus gobernantes. No sé si México ha hecho la tarea con Cuba, diciéndole: “Hemos hecho todo lo posible para quedar bien contigo. Te perdonamos la deuda, fue Peña Nieto a Cuba, vino Raúl Castro a Mérida, todo lo que querías te hemos dado, ahora ayúdanos tú.” Ya es hora de que haya un mínimo de reciprocidad cubana por estos esfuerzos desmedidos que México ha llevado a cabo por Cuba, por cierto no adoptando la justa postura que con toda razón hemos adoptado frente a Venezuela. Tal vez no surgieron las condiciones para buscar esta correspondencia cubana en relación con las reuniones de Cancún. Habrá otras reuniones y otras oportunidades. Habrá que trabajar para ellas.
21 Junio 2017 04:07:00
Los cacharon
No existe ninguna duda en mi mente de que, por lo menos desde los años 60, el Estado mexicano espía, vigila, sigue e interviene los teléfonos de sus adversarios, sus críticos, y sobre todo, sus integrantes y adeptos (para que lo sigan siendo). En momentos cruciales, se agudiza la vigilancia; el resto del tiempo, seguramente se lleva a cabo con la misma ineptitud, desidia e impericia que caracteriza a las fuerzas del orden nacionales en otros menesteres. No hay nada nuevo bajo el sol.

Salvo que en el caso del software Pegasus y de la empresa israelí NSO, los cacharon.

Esa es la gran diferencia entre el escándalo revelado por The New York Times y la mayoría de los anteriores, remontándonos a la infame Dirección Federal de Seguridad de Gutiérrez Barrios, Miguel Nassar y García Paniagua. A reserva de que resulte falsa la historia narrada en el largo reportaje del diario neoyorquino el lunes, esta vez un medio de prestigio internacional informa de una estrategia de intervención telefónica y de datos en 10 casos concretos –deben ser muchos más– con nombres y apellidos.

Los autores consultaron a los afectados, a expertos en “encriptar” y “hackear” celulares, a la empresa fabricante del software, y hasta al Gobierno mexicano, que desde luego se hizo el desentendido.

He aquí la segunda característica novedosa de este caso. Normalmente, los gobiernos se rehúsan a responder –desmintiendo o confirmando– casos de espionaje de cualquier índole. Esta vez, Peña Nieto no tuvo más remedio –por tratarse del Times, de la extensión y detalle del reportaje, y de la coyuntura en la relación con Estados Unidos. Tuvo que enviar una carta patética al Times, que podría haber sido redactada por Donald Trump. “No hay ninguna prueba de que fuimos nosotros”, dice el pobre encargado de medios internacionales de la Presidencia. E insta a las víctimas a interponer una denuncia ante la PGR, una de las tres dependencias que adquirió el software en Israel. Sólo que al responder, abre una caja de Pandora que no va a poder cerrar fácilmente.

El Gobierno tiene manera de averiguar qué sucedió. Sabe exactamente qué dependencias compraron Pegasus, sabe cuánto han pagado por su servicios –65 mil dólares por cada aparato hackeado– y quién tuvo acceso al dispositivo para utilizarlo, en su caso, indebidamente. El hacker no deja huellas en el celular intervenido, pero sí existen necesariamente huellas presupuestales, de cadena de mando, de utilización en oficinas de Gobierno, o incluso de alquiler o venta venal del equipo a terceros.

Nadie puede afirmar que la PGR, el Cisen o la Sedena utilizaron el software para espiar a los mexicanos y la norteamericana nombrados en el artículo de NYT. Pero sí se puede afirmar que el Gobierno cuenta con las herramientas necesarias para saber quién fue, aunque se tratara de un esquema más de corrupción de este régimen: un alto funcionario “prestando” el servicio a particulares, o a otros funcionarios, o a políticos externos a la Administración pública, pero cercanos al partido de Gobierno.

Es cierto que no veremos el espectáculo de Osorio Chong (jefe de las instancias de seguridad), Imaz, Cervantes, Cienfuegos o Meade (el que paga), interrogados en cadena nacional por senadores o diputados bien preparados y documentados sobre Pegasus y The New York Times. Es mucho pedir. Pero no lo es insistir que el Gobierno investigue de oficio lo que probablemente sea un delito, sin duda es una estupidez, y seguro es inmoral.
19 Junio 2017 04:00:00
Las habas de Trump y Peña Nieto
La comentocracia norteamericana se desvivió la semana pasada y se rasgó las vestiduras ante el patético espectáculo de una reunión de Gabinete del presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Transmitido en vivo en la televisión nacional. todos los secretarios del despacho norteamericano agradecieron al “Señor Presidente” el privilegio, el lujo, el honor, el favor, de haberles permitido servirle y bajo su mando, al pueblo norteamericano, y lo felicitaron por su extraordinaria labor al frente de las instituciones norteamericanas. El propio Trump no se midió: afirmó que por lo menos desde Roosevelt, ningún presidente había sido tan productivo durante sus primeros 120 días como él.

Realmente se trató de un montaje deliberado, consiente y lamentable. Un triste espectáculo de bananerización de Estados Unidos. Se suponía que solo en las repúblicas bananeras pasaban cosas de este tipo. ¿Qué horas son Teniente? le preguntaba el Señor Presidente en México, o en Guatemala o en Paraguay o en cualquiera de los países latinoamericanos con dictadores de un tipo o de otro; contestaba el oficial del Estado Mayor Presidencial o su equivalente: las que usted diga señor Presidente”.

Pero quizás lo peor de esta obligación colectiva a la que Trump sujetó a sus principales colaboradores-por cierto no solo del Gabinete: Reince Priebus, el jefe de la oficina de la Presidencia, quizás fue el más arrastrado de todos- fue la falta de dignidad de cualquiera de ellos. Se trata en muchos casos de personalidades que han tenido cierto éxito en su vida profesional antes de entrar al Gobierno: militares, empresarios, algunos activistas de derecha en distintos ámbitos, en fín. La mayoría es de una gran mediocridad pero en todo caso no tenían motivos para sufrir la indignidad a la que los sujetó Trump. Ninguno se negó a participar en este teatro ridículo; ninguno renunció, ninguno se ausentó, todos bajaron a beber agua.

Tiene un fuerte parecido esta aberrante alegoría, con lo que sucedió con el Gabinete presidencial de Enrique Peña Nieto en el Estado de México. Sin tener la certeza de que haya contabilizado a todos, tengo entendido que nueve secretarios de estado fueron encargados de subregiones en el Estado de México para llevar a cabo la estricta aplicación de las instituciones presidenciales. Se trataba de ganar a toda costa; de asegurar que se robara poco, que se gastara mucho, que se regalaran todos los tinacos habidos y por haber, que se llevara a votar a todos los que podían votar por el PRI y que se disuadiera a todos que no lo iban a hacer, de votar hasta dónde fuera posible. Nueve secretarios de Estado incluyendo a personas que, o bien por su cargo-Hacienda- o bien por su trayectoria-Narro- debían haberse excusado de un comportamiento de esta patética naturaleza, pero al igual que con Trump, la mitad del Gabinete presidencial apechugó. Ninguno renunció. Ninguno dijo que no. No sabemos si de los otros 9 algunos se negaron a participar en este juego inmoral, pero sí tenemos la certeza que los 9 lo hicieron de muy buena gana, hasta riéndose y divirtiéndose en los actos “multitudinarios” de acarreados, del candidato Alfredo del Mazo.

Podrán presumir ellos que de algo sirvió: ganaron. Podrán justificarse alegando que a la larga todo el mundo se olvidará de su reprobable actuación, pero que todo el mundo recordará que Del Mazo venció. Y tal vez tengan razón.

Como tal vez tengan razón los integrantes del Gabinete de Trump, al pensar, o decir, que poder hacer el bien desde la secretaría de Comercio, de Finanzas, de Seguridad interna, de Estado, o de Defensa, bien vale una breve humillación, aunque pase en vivo y a todo color en cadena nacional. Pero que quede claro: en todas partes se cuecen habas.
16 Junio 2017 04:06:00
Salarios en la Riviera Maya
Relaté en esta página los pormenores de los salarios en el sector hotelero de Puerto Vallarta e intenté mostrar cómo, a pesar de tratarse de un sector de éxito de la economía mexicana, seguían siendo increíblemente bajos los ingresos de los trabajadores de la industria turística. Algunos amigos objetaron que Puerto Vallarta no es un destino de punta y por lo tanto no es representativo. Ahora tuve la oportunidad de investigar anecdóticamente la situación en Riviera Maya.

La semana pasada di una conferencia a un grupo de médicos, invitados por una empresa farmacéutica y de alimentos infantiles, en un hotel todo incluido al sur de Playa del Carmen. No es de los más lujosos de esa zona, pero tampoco era, ni mucho menos, de tres estrellas. Al cenar en uno de los múltiples restaurantes del hotel, que puede llegar a albergar hasta 5 mil personas con aproximadamente 2 mil habitaciones, conversé con una joven habitante del municipio Solidaridad que trabajaba en uno de ellos. Ocupaba un cargo digamos a medio camino entre mesera y capitán.

Me explicó cómo, de sueldo base recibía mil 400 pesos por quincena, pero que había un reparto de propinas que el hotel entregaba al sindicato de trabajadores hoteleros (de la CROC o de la CROM, no recuerdo bien) y con esa suma, más lo que obtenía de propinas en efectivo en la mesa, es decir, directamente para ella, podía alcanzar un ingreso de aproximadamente 10 mil pesos al mes. Le dije que no me parecía tan mal, que me sorprendía que fuera tanto, en comparación con lo que había yo podido comprobar en el Pacífico.

Seguimos conversando y le dije: “Bueno, entonces en promedio cada mes no te va tan mal”.

Me dijo que en efecto así era, pero que los promedios no eran constantes, ya que al depender tanto de la propina el ingreso, este dependía también de la ocupación. Durante los meses de baja ocupación, podía bajar el ingreso a $8000 o $9000. Contesté que lo entendía, pero que aun así se encontraba en una situación preferible a la de sus colegas en otras partes de la República. Y luego, para mi sorpresa, me dijo: ¡Claro! Hay meses de baja ocupación, pero también hay meses –tres o cuatro al año– cuando cierra el hotel”.

Sorprendido, le respondía que cómo podía suceder eso. Replicó que los meses de muy baja ocupación como septiembre, octubre, noviembre y quizás alguno de primavera que no fuera Semana Santa, el hotel sencillamente cerraba y punto. Pregunté qué sucedía con los trabajadores y con ella en particular y me contestó que los mandaban a su casa y los volvían a contratar cuando abriera de nuevo el hotel.

Traté de entender cómo funcionaba el sistema y en particular si ella tenía alguna posibilidad de conseguir otro empleo durante los meses de cierre del hotel. Respondió que no.

Concluí entonces que sus 10 mil pesos al mes, en efecto, son tales, pero por ocho a nueve meses al año. Si prorrateamos esos 80 mil entre 12, nos encontramos de nuevo en los 6 mil 500 a 7 mil pesos al mes de Puerto Vallarta. Es decir, nuevamente, en un sector de éxito de la economía nacional, y en una región de punta de ese sector de éxito, el ingreso promedio, no de los trabajadores menos bien pagados, –que son recamareras, lavatrastes, jardineros, etc.– sino el segmento inmediatamente superior, eso es lo que gana una joven mexicana de 25 años en la Rivera Maya. Y luego nos preguntamos por qué la gente está enojada.
14 Junio 2017 04:07:00
La segunda vuelta del PAN
La segunda vuelta para la elección presidencial ha cobrado de nuevo pertinencia. Quienes somos sus partidarios desde hace unos 15 años, y hemos defendido sus virtudes contra los 48 mil argumentos conservadores en México en su contra, no podemos más que congratularnos de que ahora aparezca una gran cantidad de nuevos defensores. Bienvenidos.

Entre ellos destaca la dirección nacional del PAN. Es fundamental que Ricardo Anaya diga que Acción Nacional apoya la segunda vuelta y que lo argumente con la inteligencia que lo caracteriza. En realidad, no se trata de una postura nueva para el PAN, ya que por lo menos desde 2009, cuando Felipe Calderón y Fernando Gómez Mont enviaron su llamado decálogo de reformas electorales al Congreso, incluyeron la segunda vuelta, por lo menos en un primer momento. Entonces es cierto que ahora el PAN le da un nuevo brillo al asunto, pero también es cierto que no se trata de una innovación y qué bueno que así sea.

El pequeño problema es que el PAN tuvo en sus manos la posibilidad de imponerle la segunda vuelta a Peña Nieto y al PRI en 2014. Muchos se lo dijimos entonces. Como EPN necesitaba desesperadamente la reforma energética, y como era obvio desde el principio del sexenio que jamás lograría los votos del PRD si el PAN no votaba a favor, no habría reforma energética. Por tanto, el cambalache estaba cantado: reforma energética contra segunda vuelta. Proliferaron las plumas y las intervenciones en aquel momento en este sentido, pero la dirección panista de entonces prefirió aceptar una serie de argumentos absurdos para hacerse tonta.

Entre esos argumentos figuraban por lo menos tres. El primero: el PAN no podía oponerse a la reforma energética porque siempre había sido partidaria de la misma, y podría alcanzar una mejor reforma energética apoyándola que utilizándola como instrumento de chantaje para lograr la segunda vuelta. En segundo lugar, que de todas maneras Peña Nieto jamás aceptaría la segunda vuelta; la verdadera disyuntiva se hallaba entre ni reforma energética ni segunda vuelta, o sólo reforma energética. Tercero, por último, que no había equivalencia entre un tema estructural y estratégico, y una reforma meramente electoral, es decir, que no debían sumarse peras con manzanas. Era una oportunidad magnífica que se desaprovechó y que probablemente signifique que no haya segunda vuelta para el 2018.

Conviene siempre recordar que en democracia sí se intercambian peras por manzanas: manzanas podridas con peras maduras, o peras podridas con manzanas en su punto. Así es como avanzan las causas de la democracia o las reformas de una índole o de otra. Cuando un partido se niega a jugar su papel de oposición de verdad, la democracia no funciona. El PRI lo hizo con una postura de obstrucción sistemática durante el sexenio de Fox, y en menor medida del de Calderón, aunque le avaló su guerra sangrienta contra el narco.

El PAN lo ha hecho en el sexenio de Peña Nieto, sistemáticamente dándole más o menos lo que quiera, sin obtener gran cosa a cambio. Acordémonos que, por ejemplo, a propósito de reelecciones, una reforma tan importante como la segunda vuelta, a saber, el primer senador mexicano reelegible, lo será en el 2024. Sólo para alimentar nuestro optimismo.

Hacer esto hoy es preferible a no hacerlo, aunque se viole una normatividad evidente, ciertamente absurda, y lleve dedicatoria la reforma: contra AMLO. En el fondo, quien debiera recapacitar al respecto, es el propio López Obrador. El PRI-AN, la mafia en el poder, la sociedad civil, la comentocracia, y hasta instituciones académicas de las cuales se vanagloria de vez en cuando, pueden imponerle una segunda vuelta de dos maneras distintas: en la ley y en las formas, como en Francia hace un mes, y ahora con las elecciones legislativas; o en los hechos, a través de una amplia coalición anti AMLO que convierta la primera vuelta en una segunda. ¿Qué prefiere?
12 Junio 2017 04:06:00
Trump y los eufemismos de EU
El estado de derecho norteamericano tiene una fama legendaria. Como repiten de manera insaciable sus presidentes, legisladores, intelectuales y empresarios, EU es un país de leyes. El resto del mundo suele admirar ese estado de derecho y tratar de emularlo cuando es posible, pero sin dejar de lado las dimensiones de la hipocresía norteamericana: existe para los hombres blancos, no para las mujeres negras o latinas. Los dos puntos de vista son un poco excesivos pero, a propósito de Donald Trump hoy, tenemos elementos para ver con más precisión cómo funciona el famoso estado de derecho norteamericano, o su imperio de la ley.

En realidad, el estado de derecho estadunidense funciona de manera escalonada. A lo largo de su historia, para los varones, los blancos, los anglosajones y las personas mayores de 40 años, ha funcionado increíblemente bien desde mediados del siglo 19. Obviamente no funcionaba para los esclavos en esas mismas épocas, ni para las mujeres hasta hace muy poco, e incluso hoy para los latinos y los jóvenes de raza afroamericana no funciona casi para nada. Ahora, que funcione para cierto sector no quiere decir que lo haga a la perfección, y Trump puede volverse víctima de sus ilusiones sobre el funcionamiento del estado de derecho norteamericano para tres sectores que él debiera conocer mejor: los magnates, los empresarios del sector de bienes raíces y hombres de negocios que viven y trabajan en estados como Nueva York, Nueva Jersey, quizás Illinois o por lo menos la ciudad de Chicago, y desde luego ciudades como Las Vegas y algunas más.

Trump puede pensar, con algo de razón, que mentir, engañar, recurrir a eufemismos, a legalismos, a todo tipo de maniobras jurídico-políticas, puede ser exitoso o surtir efecto en las condiciones que siempre le han correspondido a él: un multimillonario dedicado a los bienes raíces, básicamente en el estado de Nueva York y en menor medida en Nueva Jersey. Algo por el estilo le sucedió a Bill Clinton a finales de los años 90 cuando trató de evitar su propia destitución por el caso Monica Lewinsky y la obstrucción de la justicia y el perjurio, al recurrir a eufemismos como: “no tuve sexo con esa mujer”. Luego, cuando le preguntaron si había tenido algún tipo de relación sexual oral con ella dijo: “defina sexual”. Trump vive en un mundo parecido, pero no es seguro que los jueces y los jurados de Brooklyn y Queens sean iguales que el Congreso de EU, el tribunal de la opinión pública y la propia Suprema Corte tratándose del Presidente de EU.

¿A qué me refiero? Que Trump está recurriendo al mismo tipo de subterfugios legales que le funcionaron maravillosamente bien en otros lugares, en otros momentos. Pero no son necesariamente tan eficaces en su situación actual. Discutir si dijo o no la frase “espero que puedas no insistir en esto”, a propósito de lo que le dijo al director del FBI James Comey en el caso del asesor de seguridad nacional Michael Flynn, es una discusión muy estrecha. Seguramente en un tribunal administrativo o civil del Bronx eso pasa, ya en instancias jurídicas o políticas de otro nivel es más difícil. Lo mismo sucede cuando habla de si hay o no grabaciones de sus conversaciones con el exdirector del FBI, o las hay o no las hay. Si las hay, debiera soltarlas porque debieran exonerarlo. Si las hay y no las suelta es porque no sólo no lo exoneran sino porque lo condenan. Lo mismo sucede con varias de sus declaraciones de estas últimas semanas, atribuidas a él por el exdirector del FBI. Es posible que Comey haya mentido; no sería el primero que lo haga (recordemos a J. Edgar Hoover).

Pero ese no es el tema central ahorita. El tema es si Trump no se estará metiendo en un berenjenal jurídico, político y legislativo que acabe por destituirlo, ya sea por la vía del impeachment, ya sea por la incapacidad de desempeñar sus funciones o por renuncia. Dar una batalla jurídica en EU creyendo que todo son bienes raíces para ricos en Nueva York es un grave error. Hay que admirar y creer en el estado de derecho norteamericano pero no hacerse bolas, es para algunos, en algunos lugares, en algunos momentos; no para otros, en otros lugares y en otros momentos.
09 Junio 2017 04:07:00
Recuerdos del 2006
Prácticamente ha terminado el recuento de votos del Estado de México. A la hora de escribir estas líneas se había revisado el cómputo distrital del 98% de las actas y el resultado sigue siendo casi el mismo desde el domingo en la noche. Cómputo distrital no significa voto por voto, casilla por casilla, significa acta por acta. El Instituto Electoral del Estado de México determinó que sólo unas 3 mil casillas se abrieran por completo. El presidente del INE, Lorenzo Córdova, parece haber sugerido, quizás no con la vehemencia que fuera deseable, que el IEEM debiera abrir el mayor número de paquetes posible y no ceñirse a la interpretación más estricta de la letra de la ley.

En el 2006, como muchos –casi todos– recordarán, López Obrador se rebeló contra el recuento del entonces INE. Exigió que se abriera la totalidad de los paquetes, para llevar a cabo el “voto por voto, casilla por casilla”, y demostrar que en realidad había ganado él y no Felipe Calderón. Se abrieron un número considerable de paquetes, pero de todas maneras una proporción muy pequeña del total. Debido a que nadie quiso tomarle la palabra a López Obrador, él puso en tela de juicio la legitimidad de la elección de Calderón durante seis años. Entre otras consecuencias de esa decisión del IFE –y de los partidos políticos– de no abrir la totalidad de los paquetes, Calderón se la pasó batallando para conquistar una legitimidad de gestión que no obtuvo en las urnas.

Se debatió mucho entonces sobre lo que hubiera sucedido de haberse abierto la totalidad de los paquetes y haber recontado la totalidad de las boletas. Surgieron dos argumentos explícitos, y uno tácito o silencioso.

La tesis a favor de abrir los paquetes en 2006 fue que, si no hubo un fraude deliberado, los inevitables errores, incluso cuantiosos en lo que es una tarea humana, es decir, una tarea imperfecta, de contar y recontar los votos, daría un resultado prácticamente idéntico por una sencilla razón. Los errores serían completamente aleatorios: aquellos que favorecieran a Calderón en algunos casos, se verían compensados por aquellos que favorecieran a López Obrador, en otros. El argumento en contra era que al abrir y contar y mostrar la cantidad de errores que en efecto tuvieron lugar, fueran intencionales o no, aleatorios o no, se colocaría la elección en tal situación de descrédito y escepticismo, que sería mucho más fácil para López Obrador lograr la anulación o en todo caso destruir la legitimidad del ganador durante el sexenio entero. El argumento tácito de algunos era: “no vaya a ser que si abrimos, resulte que López Obrador tiene razón y gana”.

Todo esto vale a medias para el Estado de México. No es evidente que si se abrieran todos los paquetes se redujera el margen de tres puntos de ventaja de Alfredo del Mazo. Tampoco es evidente que, si no se abren, López Obrador va a armar el mismo “pancho” que en 2006. Ni es tan grave que se abrieran los paquetes y resultara que Delfina Gómez sí ganó. Pero siguiendo las palabras sabias, aunque insuficientes en mi opinión de Lorenzo Córdova, da la impresión de que resultaría preferible hoy atender la petición de López Obrador, sitúese o no dentro de una interpretación estricta de la letra de la ley, y abrir todos los paquetes para que quede claro que en efecto perdió su candidato. Hacer lo contrario va a ser una nueva mancha, una nueva raya al tigre. Ya van muchas rayas, y en una de esas, hay muchos tigres.
07 Junio 2017 04:06:00
Elecciones: dudas domingueras
Permanece un pendiente de las elecciones del domingo pasado: Coahuila. Sin involucrarme en las minucias jurídicas, electorales o políticas del asunto –no conozco lo suficiente el estado– me limito a una advertencia. Para el PAN en general, y para Ricardo Anaya en particular, se trata de una apuesta decisiva: entre ganar dos de tres, o perder dos de tres. No tengo la menor idea qué se esté negociando o lo que se pueda negociar, pero entiendo muy bien la tentación de la ...concertacesión. Para el gobierno, y para Peña Nieto en particular, lo esencial era el Estado de México; ya estuvo. Siguen otros asuntos: Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía General, Ley de Seguridad Interior, Mando Único, etc. ¿Pueden cambalachear una por otra? ¿Les alcanza el cinismo? Dejo al lector la respuesta.

Lo demás es historia. Peña y el PRI ven pasar la bala de cerca, nuevamente, pero no da en el blanco. López Obrador sigue avanzando, incluso de manera espectacular, pero se quedó en la raya, o cortito (dixit Leo Zuckermann). Si su derrota –muy relativa, ya que cuadruplica la votación mexiquense de MORENA en 2015– se debió a sus errores en las entrevistas durante las dos semanas previas a los comicios; o las acusaciones de corrupción a su candidata y a su aliada Eva Cadena; o al voto útil de 3% de los pocos partidarios de Josefina Vázquez Mota, que a último minuto la abandonaron a favor de Del Mazo (tesis de Luis Carlos Ugalde); o si sencillamente AMLO tiene un techo de 30-33% en el país y por ende en el EDOMEX, que es su fiel reflejo: difícil saber.

Lo que sí podemos afirmar, de acuerdo con encuestas de salida de Alejandro Moreno y de Roy Campos, es lo siguiente. En primer lugar, Delfina Gómez atrajo una proporción... desproporcionada del voto universitario. Obtuvo 31% del voto en general, y 41% de los sufragios de los mexiquenses con estudios de universidad. EL PRI ya perdió ese voto, en todo el país, y creo que para siempre. Del Mazo, quien logró el 33% del voto en su conjunto, apenas sedujo al 18% de los electores con educación superior. Que ni piense Peña en Narro: causa perdida.

En segundo término, las mujeres no votan por mujeres. Josefina obtuvo el mismo porcentaje del voto femenino que su votación general, pero Delfina se situó 3 puntos abajo. Lo vimos ya en 2012, pero ahora se confirma. Aguas, Margarita. Asimismo, el PRI sigue arrasando en el seno del electorado de menores ingresos, medidos en las encuestas de salida por nivel educativo. Entre los mexiquenses de educación básica, Del Mazo conquistó el 43% de los sufragios: 10 puntos más que en el electorado en general.

Finalmente, un par de señales alarmantes para el 2018. De cada siete votantes favorables al PRD, seis declararon que su segunda opción hubiera sido... MORENA. Era de esperarse, aunque habría algunas razones para dudarlo: aborto, matrimonios igualitarios, mariguana, arrogancia de AMLO. Los partidarios de la alianza PRD-PAN deben cuidarse. Pero López Obrador no sólo jala a los perredistas arrepentidos, resignados o entusiastas. Según La Razón, MORENA realizó grandes avances en los municipios de Naucalpan, Atizapán y Tlanepantla: el famoso corredor azul. En otras palabras, puede atraer, extrañamente, salvo por el conservadurismo cultural de ambas partes, a votantes panistas.

¿Y el 2018? AMLO con gran impulso y ventaja, pero con pies de cemento sin cal (no tan de barro). El PAN, en la encrucijada: forja una alianza ganadora, que no lo beneficie en lo personal, o busca una candidatura perdedora. El PRI, condenado a perder, a pesar de los festejos en Los Pinos el domingo hasta las 5 de la mañana. Y el PRD, sin manera de jugar su papel de bisagra, a menos de que resurgiera la segunda vuelta, o que en México hubiera declinaciones dignas y explícitas. A que no...
02 Junio 2017 04:07:00
¿Elección marrana o china?
Insistir en que todos los partidos y sus candidatos son iguales es hacerle el juego al PRI y al Gobierno, dicen quienes han visto cómo en Europa y Estados Unidos la ultraderecha utiliza este razonamiento para desalentar el voto y ganar elecciones. En el Estado de México, sin embargo, es imposible no llegar a esa conclusión al término de una de las campañas más repugnantes que hemos atestiguado en México desde hace años.

Los cuatro partidos repartiendo tinacos por doquier, constituye uno de los ejemplos más representativos. Como dijo un amigo que vive en el Edomex, ya hay más tinacos que fuentes de agua en esa entidad. Los videos de Eva Cadena recibiendo dinero, de Delfina Gómez aceptando los descuentos de 10% a los sueldos de los empleados de la municipalidad de Texcoco cuando era Alcaldesa, y los ridículos montos declarados por todos los partidos, empezando por Morena, de las sumas gastadas en la campaña, son una prueba más.

¿Quién puede creer que en el reporte a la autoridad electoral al 27 de mayo, Morena haya gastado 85 millones de pesos (el total mayor), y Del Mazo 72 millones (segundo lugar)? Hemos visto cifras en distintas columnas que hablan de un gasto por parte del Gobierno federal y estatal entre 11 mil millones de pesos y más de 50 millones a favor del candidato del PRI, tanto en obra pública realizada específicamente con ese fin, como en propaganda, acarreos y compras de votos o de credenciales. El PAN ha gastado menos y ha hecho menos, y su despilfarro menor redundará en un resultado menor... como el que seguramente se esperaba en Los Pinos, en la campaña de la candidata y en la dirección nacional de ese partido. El PRD declaró un menor gasto, pero la suma no refleja todo lo que el Gobierno estatal le aportó a su candidato. Se vale sospechar que en 2016 Cuitláhuac García en Veracruz recibió apoyo de Javier Duarte para evitar un triunfo de Miguel Ángel Yunes, y también se vale pensar que Eruviel Ávila hizo lo mismo con Zepeda para quitarle votos a Delfina.

Muchos –entre otros Carlos Elizondo– han denunciado la pasividad del INE ante semejante chanchero, como dicen los chilenos. Su razón de ser era impedir que una autoridad electoral local se encontrara capturada por el partido en el Gobierno estatal, sobre todo cuando no hubiera alternancia en el estado. Mejor ejemplo de captura y de no alternancia que el Edomex, imposible. Y mayor riesgo de una elección de Estado que en el Edomex, también. No veo razón alguna para dudar que el presidente Peña Nieto piensa retirarse a Ixtapan de la Sal a jugar golf a partir de 2019. Si pierde el PRI, que ni lo piense.

El mejor argumento a favor de una candidatura independiente a la Presidencia es la elección del Estado de México. Todos los partidos, por su razones y a su escala, hicieron lo mismo. Todos se endrogaron con sus fuentes de financiamiento, y todos deberán rendirles cuentas y pagar facturas. Si alguien a estas alturas cree todavía que en 2018 algún candidato, de algún partido, actuará de modo diferente, es un iluso o un cínico. Si todos los secretarios de Estado de EPN fueron cómplices del cochinero de Del Mazo, ¿por qué no lo serían de sí mismos el año entrante? Un independiente no será un santo, pero no podrá ni le convendrá incurrir en estas marranadas. Sobre advertencia no hay engaño.
31 Mayo 2017 04:07:00
Trump y plagio
Las coincidencias de ideas o de tesis entre académicos o distinguidos miembros de la comentocracia abundan en México y en el mundo entero. Unas coincidencias son menos espontáneas o sinceras que otras. Hemos atestiguado en los últimos años diversos ejemplos de aparentes coincidencias que no eran tales: se suelen llamar plagio. Un autor simplemente se fusila el texto, el argumento o la reflexión de otro, sin citarlo.

Existe otra categoría de repetición: cuando un grupo de comentaristas participa de manera constante y regular en un programa de radio o de televisión durante años, o almuerzan juntos cada semana, y en los días siguientes, escriben más o menos lo mismo, sobre el mismo tema. No hay plagio ni mala fe, sólo gente afín que afina sus ideas en la discusión y luego plasma el resultado de ésta última en el diario, uno o dos días después. Se aburriría el lector si cada vez que Leo Zuckerman, Aguilar Camín o yo publicáramos contenidos similares, nos citáramos mutuamente.

Y luego hay una tercera forma de coincidencias que es la más complicada. Se trata de aquellas ocasiones en que de buena fe, sin dolo o engaño, alguien publica un razonamiento que ya fue desarrollado o divulgado por otro, en el mismo medio, o en otro semejante y cercano, más o menos simultáneamente, sin que el segundo haya leído al primero, ni mucho menos pretenda copiarlo sin atribución. Esta es una especie de especialidad mexicana, por una simple razón: nadie lee a nadie en México, y nunca se le reconocerá a alguien haber pensado, dicho o escrito algo primero, que otros asumieron o aceptaron después.

Todo esto viene a colación porque al redactar mi artículo anterior sobre la renuncia posible de Trump no me percaté que en Project Syndicate, un sitio donde publico desde hace más de 10 años, Bernard-Henri Lévy escribió algo muy parecido unos días antes. No había yo leído el trabajo de Lévy, a quien no conozco pero cuya obra he ojeado, pero debí haberlo hecho. Somos hasta cierto punto colegas, escribimos en este caso sobre el mismo tema en el mismo medio, tenemos conocidos en común... En fin, antes de creer yo que mis ocurrencias eran únicas, tenía la obligación de revisar algunos otros escritos para comprobar si eran tan originales como pensaba. Y de encontrar algo parecido en otras páginas, estaba obligado a decirlo, aunque sólo fuera bajo el lema “Les grands esprits se rencontrent”. Misión cumplida, con una disculpa a los lectores por no hacer bien mi trabajo, a Manuel Arroyo que me lo paga muy bien, y a Enrique Quintana, responsable de lo que aquí se publica.

A propósito de la renuncia de Trump y de la hipótesis central de mi artículo y de la posibilidad accesoria de la nota de Lévy, los últimos acontecimientos parecen respaldarla. El yerno de Trump puede ser acusado formalmente; las investigaciones se centran cada vez más sobre él. Varios análisis en algunos medios norteamericanos ya señalan que por lo menos existe una ambigüedad sobre su presidente en funciones, puede ser acusado penalmente, pero en todo caso, consideran que al dejar la Presidencia es susceptible de ser procesado por delitos cometidos como presidente, como presidente electo o como candidato. Además, hay una lectura interesante de las razones por las cuales la canciller alemana Angela Merkel, el nuevo presidente francés Emmanuel Macron, tal vez algunos gobiernos latinoamericanos y hasta el primer ministro de Japón –Shinzo Abe– comienzan a pensar que no sólo con Trump no se puede nada, sino que no va a durar. Se juntan el hambre con las ganas de comer. Esto ya es un asunto del día a día.
29 Mayo 2017 04:00:00
La renuncia (de Trump)
Cada día se discute más, tanto en EU como en otros países, y en particular en México, la posibilidad de que Donald Trump sea destituido legalmente como Presidente antes de finalizar su primer mandato. Algunos analistas hablan de impeachment, es decir, de juicio político; otros recurren al Artículo 25 de la Constitución norteamericana, a saber, la posibilidad de que el vicepresidente y el Gabinete consideren que el Presidente no puede cumplir con sus funciones y el Congreso luego vote al respecto.

La mayor parte de los cálculos, sin embargo, son todavía contrarios a esta hipótesis. Se considera que para que esto suceda, por lo menos 25 miembros republicanos y la totalidad de los demócratas de la Cámara baja tendrían que votar a favor del impeachment, es decir, la acusación formal al presidente en funciones para luego ser juzgado en el Senado. Esto no significa que es destituido el presidente; tal y como sucedió con Bill Clinton, tendrían que cambiar de bando más de una decena de senadores republicanos, y votar a favor la totalidad de los demócratas, para que finalmente Trump fuera despojado de sus funciones. Se cree que estas dos condiciones necesarias aún no se cumplen en EU.

Otro elemento de cálculo involucra las elecciones de medio periodo del 2018. Muchos piensan que si los republicanos enfrentan una verdadera debacle al perder su mayoría, tanto en la Cámara baja como en el Senado, podrían optar por defenestrar a Trump antes de dichas elecciones. Esta hipótesis no es descabellada, pero implicaría que los partidarios de Trump en el electorado –aproximadamente 40%- dejaran de apoyarlo con el entusiasmo que aún destilan: más del 80% de ese 40% sigue aprobando su labor. Por el momento parece difícil que esto pudiera cambiar en los 15 meses que faltan para que comience la campaña de las elecciones legislativas de medio periodo de 2018.

Sin embargo, en días recientes ha surgido una nueva hipótesis que puede ser más verosímil o factible que las anteriores. Esta opción retoma el antecedente de Richard Nixon en 1974, que renunció antes de llegar a la votación en la Cámara de representantes, y desde luego antes del juicio propiamente tal en el Senado. Se supuso desde entonces, con muchos elementos, que dicha renuncia tuvo mucho que ver con el indulto posterior que le otorgó el nuevo presidente –Gerald Ford– y que tuvo un estatuto inapelable y total. En otras palabras, Nixon renunció no sólo a la presidencia, sino a la posibilidad de pelear el juicio político ante el Congreso a cambio de un perdón definitivo. Empieza a vislumbrarse una posibilidad semejante en el caso de Trump.

Aunque no me queda claro cuáles son los delitos por los cuáles puede ser perseguido penalmente un expresidente de EU: aquellos cometidos antes de su elección, durante el periodo de transición cuando funge como presidente electo, o ya como presidente en funciones, todo sí parece indicar que cualquier tipo de inmunidad de la cual pudiera gozar en cualquiera de los tres casos no se aplica a sus familiares. Cada día surgen nuevas versiones o filtraciones relativas a los posibles contactos del yerno de Trump, su hija e incluso sus dos hijos que no ocupan funciones en la Casa Blanca, con el Gobierno de Rusia. Hasta ahora ninguna de estas investigaciones o filtraciones parecen implicar delitos penales. Sin embargo, es perfectamente posible que así suceda. De ser el caso, pudiera existir un riesgo serio de encarcelamiento posterior por delitos cometidos en cualquiera de las situaciones antes mencionadas. En ese caso extremo, podría volverse atractivo para Trump evitar cualquier riesgo de esta índole, renunciando a la Presidencia a cambio de un indulto general para él y toda su familia.

¿Suena muy extremo? Desde luego que sí. De la misma manera que sonaba muy extrema la posibilidad, cuando fue reelecto Nixon en 1972, que menos de dos años después renunciaría a la Presidencia para evitar ir a la cárcel.
26 Mayo 2017 04:07:00
PRI: una buena razón para ser candidato perdedor
Para variar, abundan las teorías sobre quién será el candidato del PRI a la presidencia. Como ha sido el caso desde 1933 y hasta el 2000, y ahora nuevamente, al tratarse de una decisión personal del presidente en turno, la especulación es tentadora y generalizada. Todos tenemos las mismas posibilidades de adivinarle el pensamiento al que decide y nadie puede argumentar que tiene una teoría más ajustada a la realidad que otras. La diferencia esta vez, como en 1999, es que no se puede asegurar que ese candidato será Presidente, como lo fueron todos sus predecesores entre 1934 y 2000.

Dicho esto, va mi propia especulación, tomando en cuenta las versiones que he escuchado de distinguidos priistas, de otra época ciertamente, pero que algo saben de estos menesteres. Ha circulado mucho la tesis de que los aparentes punteros, por razones distintas en la carrera por el cariño/aprobación/confianza de Enrique Peña Nieto, es decir, Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong, no serán los candidatos del PRI por una sencilla razón. No les conviene. Es obvio que ninguno de los dos podría ganar la elección presidencial, y por tanto ¿qué sentido tendría aceptar ir al matadero? Por ese motivo, dicen algunos, Peña estaría buscando alguna solución milagrosa a través de la cual pudiera convencer a millones de mexicanos que tal o cual miembro de su gabinete en realidad no es gente suya, no es tan priista o malo como los demás. Por mi parte, nunca he compartido esta idea, pero entiendo que haya muchos que puedan simpatizar con ella.

La teoría que me parece más sensata, en cambio, consiste en lo contrario. Que tanto Videgaray como Osorio tendrían muy buenas razones para tratar de ser candidatos del PRI a la Presidencia, aun sabiendo que van a perder. Por varias razones. El candidato del PRI, desde tiempos inmemoriales, comparte con el presidente saliente que lo escogió la tarea de escoger a su vez a los candidatos priistas a las dos cámaras legislativas y a las gubernaturas estatales que se encuentran en juego en el año sucesorio. En el caso del 2018 se trata de toda la Cámara de Diputados, todo el Senado, todas las delegaciones o alcaldías de la Ciudad de México, la Asamblea y ocho gubernaturas. Desde luego que no todos los candidatos del PRI, pero habrá una bancada priista importante en la Cámara baja, en el Senado, en la Asamblea del D.F., en las alcaldías y algunas de las ocho gubernaturas en juego quedarán en manos del PRI. Su candidato va a ser decisivo en la selección de estas personas, sobre todo si cuenta con la solidaridad, apoyo o complicidad de Peña Nieto. Y ese candidato del PRI, aunque pierda la elección presidencial, será el líder de la oposición priista al siguiente mandato.

Oposición priista que seguramente no será mayoritaria en ninguna cámara, que no habrá conquistado ni siquiera la mitad de las gubernaturas en juego, pero que posiblemente sea la más importante del país. No es una mala situación en la que se encontrarían Videgaray u Osorio en caso de que así sucediera. ¿Preferirían ganar la elección? Desde luego. ¿Puede lograrlo algún priista? Todo sugiere que no. Entonces la verdadera opción para Peña no es ganar con el PRI y un candidato supuestamente competitivo o perder con uno malo, sino perder con un desconocido o escoger no a su sucesor en Los Pinos, sino al jefe de la oposición priista al próximo Gobierno de uno u otro partido opositor de hoy. No está mal
22 Mayo 2017 04:05:00
La alianza nonata
El acuerdo nonato entre el PAN y el PRD para ir juntos a los comicios presidenciales de 2018 muestra las dificultades de cualquier tentativa de alianza en una elección sin segunda vuelta. La presidenta del PRD se vio obligada a dar marcha atrás escasas horas después de la conferencia de prensa conjunta de los dirigentes de ambos partidos. El PAN no pudo hacer más que permanecer callado; los simpatizantes de esta estrategia miran de lado cuando se les pregunta porque no funcionó en el EDOMEX.

Las tentaciones de una coalición PAN-PRD contra Andrés Manuel López Obrador, o de la misma quimera involucrando al PAN y al PRI, provienen de un cálculo electoral demasiado simplista. En cualquiera de las encuestas existentes, los posibles candidatos del PAN y del PRD suman más votos que AMLO. Lo mismo sucede con los del PRIAN. Por otro lado, López Obrador cada día parece contar con más probabilidades que nunca de ganarle a cualquier aspirante que postulen solos el PRI o el PAN (del PRD ni hablemos). Si su victoria es lo peor que le podría suceder a México, y la única manera de ganarle sea mediante una alianza, y si ambas posibles alianzas son teóricamente triunfantes, hagamos la alianza. Simplismo puro.

La falacia y de la debilidad del argumento no yacen únicamente en lo esencial: la diferencia entre los votantes y sus líderes partidistas. Se originan en una evaluación equivocada de los intereses reales de los diversos candidatos realmente existentes. Para varios, figurar en la boleta y lograr un resultado respetable es más importante que cerrarle el paso a AMLO: Zavala-Calderón o Anaya por el PAN, pueden preferir perder solos pero acumular fuerza para el futuro, en lugar de declinar a favor de un tercero que tal vez si derrote a AMLO pero no les traiga ningún beneficio. Lo mismo valdría para Mancera, un político joven cuya carrera no termina en el 2018. En el PRI no es exactamente igual, ya que allí manda un solo hombre, pero aún así, dudo que los cuadros o apparatchiks priistas acepten trabajar y hacer de las suyas en beneficio de alguien que no es de los suyos.

El verdadero problema reside en la actitud de los votantes. Hay algunas encuestas sobre segunda preferencia, pero todavía son demasiado hipotéticas. Sirve más la intuición y el análisis. En el caso PAN-PRD, dada la gran ventaja actual y futura de los azules (incluso en el EDOMEX), la pregunta es sencilla: si el candidato de la alianza es del PAN ¿donde se irían los votantes perredistas? ¿Con Anaya, Zavala-Calderón o Moreno Valle, o incluso con un tercero en discordia, ni panista ni perredista? ¿O con AMLO, su querencia natural?

Las cúpulas pueden ponerse de acuerdo, pero las bases –es decir, los cuadros y los electores– no los van a seguir. Los ejemplos estatales confirman esta afirmación. AMLO no estaba en la boleta, e incluso una representante tan deslucida con Delfina en el EDOMEX le robó votos tanto al PAN como al PRD.

A nivel presidencial, los votantes no son intercambiables en México a menos de que se haga una campaña explícita y proactiva por el voto útil, como lo hizo Fox en 2000. Aún así, hoy, con la polarización vigente, se antoja imposible. Mejor entonces una candidatura independiente, que sí le pueda quitar votos a AMLO, pero también al PAN, al PRD hasta al PRI, y a los abstencionistas. Lo demás son cuentas de vidrio, apantallapendejos y deseos piadosos de una comentocracia timorata.
19 Mayo 2017 04:07:00
Las detenciones mexicanas de Trump
El mismo día que se llevó a cabo la primera reunión de nivel ministerial entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y “crimen organizado”, y que el Ejecutivo norteamericano echó a andar el reloj de las negociaciones del TLCAN, se publicaron las cifras iniciales de detenciones de indocumentados por el Gobierno de Trump. Son demoledoras, y anuncian un incremento significativo de las deportaciones en los próximos meses.

Durante los primeros tres meses de la presencia de Trump en la Casa Blanca, las detenciones crecieron 38% en relación al mismo período del año anterior. En total, fueron arrestadas 41 mil 318 personas sin papeles, más de 400 diarios.

Según The New York Times, muchas de las aprehensiones tuvieron lugar en las casas de los afectados, en la madrugada. Asimismo, más de la mitad de los arrestos involucraron a migrantes que no habían cometido ningún delito, salvo el de encontrarse en Estados Unidos sin papeles. De acuerdo con el diario neoyorquino, a este ritmo, el número total de detenciones para 2017 superará el año pico de Obama, 2011.

Ya hemos explicado por qué hasta ahora este dato no se refleja en el número de deportaciones, que ha caído en relación a 2016. Cada detenido –y un poco más de la mitad son mexicanos– tiene derecho a una audiencia, a menos de que ya haya una orden de un juez deportándolo, o que firme su aceptación de repatriación voluntaria. De tal suerte que una parte –no se sabe cuantos– de los detenidos aún permanece en Estados Unidos, pero la gran mayoría serán deportados en las semanas o meses que siguen.

La tragedia detrás de estos datos impersonales consiste en el miedo que no pueden dejar de infundir en los indocumentados aún no detenidos. Personas que acuden a los juzgados a cumplir con los mandatos judiciales; que van a su trabajo; a la escuela por sus hijos, o a misa el domingo y que siguen libres y hasta ahora inmunes, viven aterradas ante la perspectiva de una detención tal vez inminente.

Unas suspenden cualquier movimiento, salvo aquel relacionado con el empleo. Otras firman papeles de custodia de sus hijos menores, en caso de ser arrestados y deportados los padres. Unos cuantos –muy pocos– contemplan un retorno para evitar el arresto.

Este es el dilema ya existente para las autoridades mexicanas. En esta materia, ya no se trata de amenazas incumplidas de Trump ni de peligros futuros. Esto es hoy. Hacerse de la vista gorda y negociar temas comerciales, de guerra a las drogas, o de sellamiento mayor de la frontera sur, como si nada sucediera, es insostenible. La negociación integral o en paquete se da en el contenido y en el tiempo, o no se da. Si México cede hoy en cuestión de drogas (“redoblar los esfuerzos”, según la embajadora Jacobson), y en impedir el paso a los centroamericanos, esperando que Washington nos devuelva la moneda más adelante en el TLCAN, nos pasaríamos de ingenuos. Y si México piensa que podemos aceptar, sin chistar, las detenciones crecientes de mexicanos en Estados Unidos, sin poner el tema en la balanza, nos pasaríamos de cínicos.

Me da la impresión que la Cancillería, dentro del buen trabajo que está realizando con los consulados mexicanos, con la defensa jurídica de los migrantes en todo Estados Unidos, y en Texas en particular, no acaba de captar la sensibilidad nacional ante el maltrato a los paisanos.

Quisieran casi que el tema se suspendiera en el tiempo, para resistir los embates norteamericanos en lo tocante al narco y los centroamericanos, y lograr una negociación aceptable en el ámbito comercial. No se va a poder.
17 Mayo 2017 04:07:00
Seguridad y elecciones no se llevan
Es obvio que el país vive una nueva crisis de violencia e inseguridad, como en los peores momentos del 2011. Se ha comentado ya hasta el cansancio los índices de homicidios dolosos por 100 mil habitantes, de secuestros, etcétera; han alcanzado los niveles que se vivieron durante el apogeo de la guerra de Calderón. Y también es un hecho que los casos emblemáticos, como el de Javier Valdez en Culiacán, el de Miroslava Breach en Chihuahua y el de Miriam Rodríguez en Coahuila comienzan a proliferar nuevamente. Al mismo tiempo, también es obvio que la operación política del Gobierno de Peña Nieto deja mucho que desear, ya que existe una descoordinación cada vez mayor entre las distintas dependencias que tienen que ver con la seguridad, con la relación con Estados Unidos o con las elecciones, ya sea en el Estado de México este año, ya sea a nivel federal en el 2018.

Uno de los aciertos de Fox como presidente –y son más de los que se le reconocen, sobre todo a la luz del extraordinario éxito de sus sucesores– fue haber separado la función de seguridad, que anteriormente se ubicaba en la Secretaría de Gobernación, de la función política que siguió radicada en Bucareli durante su sexenio. En cualquier país más o menos democrático, las dos funciones se localizan en dependencias distintas, aunque haya, lógicamente, cierta duplicidad de funciones en distintos momentos o con distintas personalidades. Calderón tuvo la sensatez de mantener la separación y la insensatez de entregarle la seguridad del país a un policía de cuarto nivel como Genaro García Luna. Pero Peña, en su ingenuidad y desidia, decidió reunificar las funciones bajo la égida de la Secretaría de Gobernación y de un político de gran altura, visión de estadista, de una formación innegable, y de una experiencia nacional incomparable como Miguel Ángel Osorio Chong. Ya hablando en serio, el error fue de Peña, no de Chong. Ni Fouche hubiera podido con el paquete que Peña le encargó a Gobernación: la política, la seguridad, los gobernadores, las iglesias, la migración, la ventanilla única con EU, más lo que se acumule.

Hoy en día, el tema se complica. El caos de seguridad se combina con la complejidad de la relación con Estados Unidos y la organización de las elecciones del 2018, por lo menos en lo que se refiere al Gobierno y al PRI, que es mucho. En 1987, según muchas de las personas que pude entrevistar para mi libro La Herencia: arqueología de la sucesión presidencial, Miguel de la Madrid –y a su manera Carlos Salinas– cometieron el error de dejar a un precandidato priista derrotado –Manuel Bartlett– en su cargo: la Secretaría de Gobernación. Todo lo demás es historia: ¿Cómo permitió que los partiditos paleros se aglutinaran detrás de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas?; ¿Cómo Gobernación no fue informando del crecimiento de dicha candidatura?; ¿Y cómo el mismo día de las elecciones, Manuel Bartlett sacó el buey de la barranca después de haberlo casi ahogado y ensuciado al máximo?

En 1993, Salinas trató de no cometer el mismo error. Nunca hay que dejar a un precandidato derrotado como responsable de la totalidad o de una parte del destino del precandidato victorioso. Provocó o exigió la renuncia de Manuel Camacho como regente de la Ciudad de México, después de haber destapado a Luis Donaldo Colosio, porque no pensaba dejar la elección del D.F. en manos de Camacho. Semanas después, con el alzamiento en Chiapas, las cosas fueron cambiando, pero la decisión inicial no fue equivocada. Supongo que Peña Nieto ha estudiado con todo detalle estos antecedentes; ha conversado con los interesados, muchos de los cuales no sólo viven, sino que siguen siendo miembros activos de la política nacional. No tiene el menor sentido dejar a los aludidos –a pesar de las mejores intenciones conscientes– en cargos donde pueden perjudicar, de manera inconsciente a los ganadores. En este caso, el dilema se multiplica porque abarca también el de la seguridad.


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