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Jorge Castañeda
Jorge Castañeda
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02 Octubre 2017 04:08:00
Banderazo a las candidaturas independientes
En los próximos días se cierra el plazo para registrar candidaturas independientes o sin partido a los múltiples cargos de elección federal en disputa el año entrante. Las fechas para las elecciones estatales, incluyendo 9 gubernaturas, entre ellas la de la Ciudad de México, varían pero no se alejan demasiado de las federales. De suerte que ya dispondremos, muy pronto, de las respuestas a varias interrogantes.

Primero: ¿Cuántos ciudadanos intentarán obtener las firmas necesarias para figurar en la boleta en 2018? Tomando en cuenta las diferencias entre 2015, 2016 y 2018 (más elecciones, más polarización, mayor participación, mayor tiempo transcurrido desde la legalización de las candidaturas sin partido) ¿serán más o menos que en los años anteriores y pertinentes (2017 fue atípico)? De ser mayor el número, proporcionalmente hablando, podremos decir que la figura comienza a calar en la sociedad civil mexicana, como la única fórmula para hacer política electoral fuera de los partidos (las iniciativas populares en su forma actual no funcionan). De no serlo, habrá que concluir que el descrédito de la política se extiende más allá del ámbito de los partidos. También empezaremos a comprender si la “app” del INE, que permite el casi equivalente de una firma electrónica, facilita la recopilación de firmas, o la
obstaculiza.

Otra pregunta importante consistirá en el cargo para el cual se postulen más candidatos independientes. Los partidarios de esta figura siempre sostuvimos que era a nivel municipal, o distrital, donde las candidaturas de esta índole encerraban mayor sentido. A esa escala, la gente conoce a la gente: al médico, al profesor, al cura en su caso, al profesionista, al empresario, o al activista. El número de firmas, sin dejar de ser leonino, es alcanzable, y resulta más factible la difusión de ideas y características, careciendo de acceso a los medios masivos de comunicación. Es la historia de Pedro Kumamoto en Zapopan, de Alfonso Martínez en Morelia y de Manuel Clouthier en Culiacán. Se juegan un gran número de presidencias municipales trascendentes el año entrante, además de los 300 distritos de mayoría relativa. En pocos días sabremos.

Asimismo, veremos si el poco éxito –por lo menos frente a las expectativas– de las candidaturas independientes en 2017 desa-lienta o no a diversos aspirantes a cargos ejecutivos o legislativos del Senado. Hay un premio para el Senado: por la vía de primera minoría, puede ser más fácil ganar que una diputación uninominal. Supongo que ese es el cálculo de Kumamoto en Jalisco. Para las alcaldías de la capital del país, o para los nueve gubernaturas, tal vez no proliferen las independientes, aunque en la Ciudad de México, después de la movilización pos-sismo, es posible que la tentación –y la realidad– de captar el mismo entusiasmo por la acción solidaria y el mismo hartazgo con los partidos induzca a ciudadanos de a pie a presentarse. El problema sería el tiempo.

Por último, habrá el tema de los aspirantes presidenciales sin partido. Llegó la fecha fatídica para decidir (no para recaudar el millón y pico de firmas necesarias, tomando en cuenta la merma inevitable). Pedro Ferriz ya lo hizo; le deseo la mejor de las suertes, ya que fue el primero en arrancar, con mucho valor y mostrando mucha perseverancia. Doy por descontado que Armando Ríos Piter también lo hará en el transcurso de la semana, y desde luego cuenta con todo mi apoyo para juntar firmas y recursos. Emilio Álvarez Icaza declaró hace tiempo que sólo buscaría aparecer en la boleta si para agosto juntaba 80 mil firmas de apoyo –sin valor jurídico–, pero no he sabido si en efecto las reunió y si va a presentarse en el INE esta semana.

Y luego tenemos a Jaime Rodríguez, quien deberá resolver un dilema propio y otro que se le plantee al INE. Ha recorrido el país durante los fines de semana desde hace un año, tiene un nivel de reconocimiento adecuado, aunque estable, cuenta con los recursos del Gobierno del Estado de Nuevo León, por lo menos para las firmas, y nadie duda de su ambición. Pero lanzarse por las firmas es lanzarse para la elección, porque con toda seguridad las podrá conseguir. ¿Estará dispuesto a renunciar a la Gubernatura para jugar una candidatura presidencial que en las encuestas hoy no supera los 5%? O el INE aceptará que busque firmas, incluyendo en su propio estado, siendo Gobernador en funciones? ¿Se vale que el Gobernador le pida su firma a un empleado en el Gobierno que encabeza? ¿O el PRI y sus votos en el Consejo del INE y en el Tribunal ni siquiera lo plantearán como pregunta?

Esta semana se despejarán las dudas citadas, y otras más. Nadie sabe para quien trabaja, pero albergo la satisfacción de haber trabajado para una idea que hoy se vuelve realidad. No siempre
sucede.
22 Enero 2018 04:00:00
El Frente en CDMX
La cantidad de presagios negativos a propósito del Frente opositor (le sigo llamando así porque no recuerdo nunca el nombre jurídico, y me gusta más este) sólo se ve superada por la de columnas donde se afirma que Meade es un hombre honesto y AMLO un peligro para México (con términos actualizados). Durante meses, se argumentó que jamás los tres partidos se pondrían de acuerdo en un candidato presidencial (“unidos hasta que la candidatura los separe”); que nunca podrían repartir de manera satisfactoria para todos los 300 distritos uninominales de diputados federales, o las 128 senadurías por estados o de lista; o las ocho candidaturas a gobiernos estatales; o, por último, pero quizás en primer lugar después de la Presidencia, la candidatura a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Todos estos malos augurios se disiparon. Con algunas excepciones –ciertos distritos, el estado de Morelos, las senadurías de Nuevo León– se lograron prácticamente todos los acuerdos buscados. Faltaba un escollo, y de nuevo surgieron las voces del escepticismo: aun concediendo que la CDMX le tocaba al PRD, las tribus del partido del sol azteca eran capaces de destruir todo. Habría, de nuevo, divisiones, desencanto de los perdedores, prepotencia de los ganadores, escisiones y brazos caídos. Falta decir que estas previsiones preñadas de pesimismo no carecían de fundamento. La complejidad de la operación política de la alianza ahuyentaba y desalentaba a cualquiera; los antecedentes no eran buenos; los ataques de fuera hacia dentro, de adentro hacia fuera, y de todos contra todos no auguraban un desenlace afortunado. Sin embargo, lo hubo.

Faltaba la CDMX. Al final, también se superó ese lance. El PRD, por orientación de Miguel Ángel Mancera, escogió un método tortuoso pero al final eficaz para seleccionar a su candidato: una campaña breve que desde luego favorecía a la de mayor reconocimiento social: Alejandra Barrales; tres encuestadoras formulando las mismas preguntas con muestras espejo; y al final una asamblea del partido en la CDMX para avalar el resultado de las encuestas. En vista de los estragos que un método en teoría semejante había generado dentro de Morena para el mismo cargo, junto con la historia de primarias mal logradas dentro del PRD, para cargos de elección o de dirección, había razones fundadas para temer que esto acabara en un tiradero. No fue el caso. En efecto, ganó Alejandra Barrales, que era probablemente la que a pesar de todo prefería Mancera. Y los otros dos candidatos, en particular Salomón Chertorivski, le alzaron la mano, reconocieron su derrota y se comprometieron a apoyarla y a hacer campaña con ella.

Aunque sé que le tocaba de alguna manera a Barrales dicha candidatura desde hace tiempo, y creo que puede ser una excelente aspirante si Mancera pone a trabajar a todo el aparato y el dinero del Gobierno de la CDMX, probablemente hubiera preferido a Chertorivski. No porque fuera mejor o peor candidato, ni porque tenga una buena relación personal con él desde hace muchos años. Sino más bien porque hubiera sido la primera figura destacada entre todas las candidaturas del Frente que no perteneciera a cualquiera de los partidos que lo integran. Se ha dicho hasta la saciedad que lo que se llamó el Frente Ciudadano no parecía muy propiamente ciudadano que digamos. Pero la candidatura de Chertorivski le hubiera impreso un sello ciudadano que mucha falta le hace. Barrales será una muy buena candidata y si logra el millón y medio de votos, o el 30% de la votación, que se ha propuesto el Frente en la CDMX, eso puede casi garantizarle una victoria en la elección presidencial a Ricardo Anaya.

Hay un último presagio negativo pendiente. Se trata de las dudas que abundan en muchos círculos sobre la posibilidad de que los tres partidos incluyan a figuras no partidistas en sus listas para diputados, senadores, delegados y asambleístas, o para los principales cargos de dirección en la campaña de Anaya y del Frente como tal. Yo nunca creí en los vaticinios adversos de los últimos seis o siete meses, en parte porque veía de más cerca la operación política para armar al Frente, y en parte porque no tenía ningún interés, en un sentido o en otro, que me cegara ante lo que estaba sucediendo. En el caso de la inclusión de figuras no partidistas confieso que soy un poco más escéptico que en los otros temas. Pero de cualquier manera creo que así como el Frente ha logrado sortear todos los obstáculos que se le han presentado hasta ahora, podrá, si así lo decide, cumplir también con ese compromiso o promesa que sí puede hacer la diferencia entre López Obrador y Anaya. De Meade mejor ni hablamos.
19 Enero 2018 04:00:00
2000 vs 2018
En un inteligente artículo de este jueves, Carlos Elizondo establece un paralelismo entre la elección del 2000 y la del 2018. Compara las cifras económicas de ambos años y sexenios; coteja la popularidad de Ernesto Zedillo con la de Enrique Peña Nieto; propone otras comparaciones interesantes. Concluye, si entendí bien, que lo más probable es que ambas elecciones se parezcan mucho, y que por tanto es poco probable que el candidato del PRI hoy pueda correr una suerte distinta al de entonces. Pero que no es del todo imposible que eso suceda.

Me gusta la comparación. Quisiera agregarle algunos elementos que pueden complementar el análisis de Elizondo. En particular, sugiero algunos datos e impresiones de la campaña de Fox, y de cómo veíamos desde esa perspectiva la campaña de Labastida. Quizás no comparta del todo la tesis de Elizondo de que una de las diferencias entre el 2000 y el 2018 sea que Zedillo no se metió, y que Peña se va a meter mucho. Zedillo sí se metió a fondo a favor de Labastida, pero a finales de mayo de ese año desistió de su empeño. Cuando se percató de la creciente probabilidad de que Fox ganara, efectivamente, fijó una sana distancia, pero sólo hasta entonces.

El problema de Labastida fue muy parecido al de José Antonio Meade hoy. Zedillo y el PRI no podían más que intentar constantemente influir en la campaña de Labastida, en los políticos que la operaban, y sobre todo en los candidatos que la acompañaban. Hubo varios momentos decisivos en la campaña, los debates al final siendo los más importantes. Pero quizás el verdadero momento de inflexión, que sí se notó en las encuestas, pero sobre todo en lo que los franceses llaman “el aire del tiempo”, fueron las famosas listas: cuando estuvieron “listas las listas”.

Me refiero a las candidaturas a diputados, a senadores, apenas por segunda vez a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, y para algunas otras gubernaturas (menos que ahora). Por más que Labastida contaba con una larga experiencia en el PRI y en el Gobierno –había sido gobernador de su estado y titular de tres carteras del gabinete–, no pudo desprenderse por completo de las injerencias de Zedillo y del PRI en las famosas listas. Su virtual coordinador de campaña, Esteban Moctezuma, siendo un joven político con ángel y vitalidad, siéndole leal a Labastida, lo era también en alguna medida a Zedillo. Había sido su secretario de Gobernación y de Sedesol. Pero cuando surgieron los dinosaurios de siempre para las candidaturas a diputados y senadores, en la campaña de Fox vimos claramente que Labastida no tenía el margen para separarse de Zedillo. Fue una de sus grandes vulnerabilidades, aunque, como lo dice Elizondo, la popularidad de Zedillo era muy elevada en ese momento. La de Zedillo: no la del PRI.

Al comprobar que podía seguir siendo factible y redituable pintar a Labastida de rojo, asociarlo lo más posible con el PRI, y dentro del PRI, con lo peor del mismo, muchos de cuyos representantes se encontraban en las listas, en la campaña de Fox se discernió una gran oportunidad. También comprobamos que Francisco Labastida no disponía de mayor margen, que no era ni mucho menos lo peor del PRI, sino quizá de lo mejor, ya sea para acercársele más a Zedillo y sacarle mayor apoyo, ya sea para alejarse y romper con él.

El dilema eterno de cualquier candidato del PRI se tuvo que resolver ya en condiciones distintas a las de antes. Desde Manuel Ávila Camacho, designado por Lázaro Cárdenas, todos los candidatos del PRI se han distanciado en mayor o menor medida de quien “los hizo mujer”. La separación siempre provocó tensiones, de nuevo, mayores o menores. Todos recordamos la anécdota de Díaz Ordaz, que en algún momento contempló la posibilidad de desplazar a Luis Echeverría como candidato. En todo caso, una vez Echeverría presidente, cada vez que se rasuraba en la mañana y se veía en el espejo, se auto-insultaba con una palabra irrepetible.

Pero una vez que hay contrincante, la separación se vuelve prácticamente imposible. Fue muy compleja para Colosio –poco tiempo– y para Zedillo –mucho más tiempo– en 1994. Fue imposible para Labastida. Todo indica que lo ha sido y lo será también para Meade. Entonces, quizás, el 2018 se parece al 2000 también en este sentido.
17 Enero 2018 04:00:00
Ni perdón ni olvido
El 15 de enero el presidente Peña Nieto hizo unas declaraciones en apariencia inobjetables, incluso inocuas, sobre el crimen organizado y el narco. Supongo que en respuesta a las sugerencias medio en clave de Andrés Manuel López Obrador sobre una posible amnistía para quienes cultivan amapola y mariguana, o quienes trafican cocaína, fentanyl, heroína y mariguana, dijo: “Para que la sociedad cuente con seguridad y justicia no puede haber perdón ni olvido para los delincuentes, no puede haber borrón y cuenta nueva. Dejar hacer y dejar pasar a los criminales significaría fallarle a la sociedad y traicionar a México”.

Más claro ni el agua. De la misma manera que el apoyo de México, y del propio Peña Nieto para el proceso de paz en Colombia ha sido contundente, incondicional y solidario. No solo en lo tocante con las FARC, sino también, hacia adelante, con el ELN, sino, aunque no le haya tocado a EPN, con las AUC, o Autodefensas Unidas de Colombia, es decir los paramilitares, cuando Álvaro Uribe llegó a un acuerdo de entrega y desarme con ellos. Ahora bien, los buenos espíritus y los ignorantes de buena fe pueden alegar que ni las FARC ni el ELN, ni las AUC eran delincuentes o criminales, menos aún narcos: sólo guerrilleros de izquierda o de derecha, equivocados sin duda, pero que luchaban, también de buena fe, por una causa más o menos noble. Por ello, se justificaba una negociación con ellos, no por narcos ni por maleantes.

Asimismo, el Estado de Israel ha afirmado a veces que no negocia con terroristas o criminales. Pero negoció los acuerdos Oslo con la OLP cuando esta aún no reconocía el derecho de Israel de existir y cuando no controlaba a varios de los grupos que la componían. Asimismo, ha canjeado a cientos de presos palestinos por uno o dos soldados de Tajal (origen de la serie de televisión Homeland) retenidos por los palestinos. Con Hamás canjeó justamente a Guilad Schalit, antecesor de Brody, por 477 presos palestinos. Podríamos enumerar decenas de casos donde estados democráticos dialogan, negocian y llegan a acuerdos con quienes habían anteriormente designado como terroristas, criminales, asesinos o delincuentes.

El tema colombiano es el más interesante, porque encierra una amalgama relativamente pura de actividad criminal desprovista de cualquier ideología o causa política, con estas últimas. Los tres grupos eran a la vez organizaciones armadas con algún tipo de causa, y narcotraficantes. Empezaron (las FARC) a principios de los años 80, gravando a los campesinos que cultivaban hoja de coca. Posteriormente, procesaron la pasta, produjeron polvo, e incluso traficaron. Quienes desconozcan la historia pueden consultarla en las grandes series colombianas (el Cártel de los Sapos, o el Patrón del Mal, entre otras). En otras palabras, el Estado colombiano negoció con narcos en casos distintos a la célebre entrega negociada de Pablo Escobar a principios de la década de los 90. Esa negociación ha sido en general considerada como un fracaso; las de Uribe y Santos, como un éxito. A tal grado los acuerdos de paz con las FARC implican explícitamente a narcos como un perdón, que incluyen un capítulo sobre narcotráfico y amnistía y reinserción. Fue el caso de otra negociación, también apoyada por México, en El Salvador, entre las maras y el gobierno de Mauricio Funes. Muchos consideran que dicha negociación, aunque recibió la bendición de la OEA, también fracasó, aunque la estrategia de “mano dura” del siguiente gobierno salvadoreño tampoco prosperó.

A reserva de encontrar excepciones, o de victorias aplastantes sin negociación alguna (Alemania y Japón en 1945), siempre se negocia con enemigos, nunca con amigos. Y en una guerra, los enemigos siempre son malos: criminales, delincuentes, terroristas, asesinos. Los unos lo son realmente, y son eso nada más. Otros revisten características complejas: son terroristas, y luchadores de liberación nacional también (FLN en Argelia, OLP hasta 1992). Unos son narcos y guerrilleros, otros narcos y campesinos que cultivan hoja de coca o amapola. Otros son capos a secas, como Von Braun, Heisenberg, los militares chilenos, argentinos, uruguayos, brasileños, guatemaltecos, etc. ¿Ni perdón ni olvido? Sin perdón no hay rendición, desarme ni reinserción. El olvido es otra cosa; la vida no es un bolero.
15 Enero 2018 04:00:00
John Feeley o el juramento incumplible
La semana pasada se hizo pública la renuncia del embajador de Estados Unidos en Panamá. Entregó su carta de renuncia en diciembre, y se volverá efectiva en marzo. Junto con el encargado de negocios norteamericano en Beijing, se trata del único par de jefes de misión bajo Donald Trump en haberse negado a seguir siendo sus representantes ante otro Gobierno, a un año de haber tomado posesión.

Feeley fue consejero político en la Embajada estadunidense en México a principios de este siglo, y después Deputy Chief of Mission, o segundo de abordo, entre 2009 y 2012. Por lo tanto, tiene muchos y buenos amigos en México, entre los cuales me siento orgulloso de contarme. La nota que escribo debe leerse en ese contexto.

Habiendo sido de joven piloto de helicóptero en el cuerpo de Marines, ingresó al servicio exterior de su país hace 30 años. Las líneas más importantes de su explicación son las siguientes: “Como joven funcionario del servicio exterior, firmé un juramento de seguir lealmente al Presidente y a su Administración de manera apolítica, aún cuando pudiera no estar de acuerdo con algunas posturas determinadas. Mis mentores me aclararon que si yo llegaba a creer que no podía cumplir ese juramento, mi honor me obligaría a renunciar. Ese momento ha llegado”. Me consta que en sus diversos cargos, Feeley manifestó desacuerdos, incluso con el Gobierno de Obama, entre 2009 y 2015, que no lo llevaron a renunciar. Transitó por uno de los momentos más difíciles de la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos en 2010, cuando el presidente Felipe Calderón expulsó al embajador Carlos Pascual de México (entonces jefe y amigo de Feeley), con el pretexto de un cable de Wikileaks, pero en realidad por haberse relacionado amorosamente con la hija de un alto dirigente del PRI (entonces partido de oposición). La secretaria de Estado Hillary Clinton aceptó sin mayores miramientos la expulsión, actitud que algunos pudieran haber cuestionado. Feeley no.

Pero Trump rebasó el límite de lo aceptable para Feeley, incluso antes de haberse referido a Haití, El Salvador y a varios “países africanos” en los términos que se dieron a conocer hace unos días. Su decisión refleja el dilema que viven todos los integrantes de un servicio civil de carrera, como lo es el servicio exterior en la gran mayoría de los países, incluyendo desde luego al nuestro. Por un lado, trabajan para el Estado, no para un gobierno en particular, a diferencia de los múltiples funcionarios en diversas cancillerías que responden a nombramientos políticos. Su lealtad se debe al Estado, no al Presidente de turno. Pero en política exterior, y en realidad en la política a secas, las decisiones presidenciales revisten un peso específico que no puede ser siempre ignorado. En México tuvimos el caso de Octavio Paz, miembro del Servicio Exterior Mexicano, quien solicitó licencia en 1968 después de la matanza de Tlatelolco, un acto de política interna que sin embargo imposibilitó la estadía del poeta en la India como representante del Estado y Mandatario responsables de las muertes acontecidas.

Tanto en América Latina como en Europa, abundan las circunstancias que a lo largo de los últimos 50 años han llevado a numerosos diplomáticos de carrera a “bellos gestos” como el de Feeley. El costo es elevado: el expiloto, con sus 56 años, poseía un futuro atractivo en el Departamento de Estado, ya sea como subsecretario de Estado para América Latina, o como embajador en México o Colombia, países que conoce al detalle.

Por eso es tan noble y encomiable su decisión, y tan aleccionadora. Hay momentos en la vida de un funcionario, aun de carrera, ya sin hablar de designaciones políticas, cuando su permanencia en un Gobierno resulta, a su entender, intolerable, porque lo vuelve cómplice de acciones, definiciones y comportamientos reprobables. Cada quien tiene su propio límite, y los de un funcionario no son extrapolables a otro. Pero en muchos países existen, y no se acata la consigna de la picardía política mexicana: “Antes de la renuncia, hasta la ignominia”.
12 Enero 2018 04:00:00
Fuerza Civil en Nuevo León: ¿modelo para armar?
En días recientes ha surgido un minidebate en Monterrey y en The New York Times sobre el auge y la caída de Fuerza Civil, la policía estatal neoleonesa creada por el entonces gobernador Rodrigo Medina en 2011. El actual gobernador, Jaime Rodríguez, ha respondido con estridencia y coraje a los reportajes del rotativo neoyorquino, y en particular a una persona allí ampliamente citada: Jorge Tello Peón. Algunos lectores recordarán que fue Subsecretario de Gobernación encargado de seguridad nacional bajo Ernesto Zedillo; posteriormente fue contratado por Cemex, donde ocupó una vicepresidencia durante varios años. Según el Times, de alguna manera condujo el proceso de creación y lanzamiento de Fuerza Civil, por cuenta del Gobierno del Estado y del empresariado regiomontano.

“El Bronco” trató a Tello de “empleado” de Medina y le reclamó sus afirmaciones. En una palabra, Tello responsabilizó a “El Bronco” de haber destruido Fuerza Civil por desidia y motivos políticos, y concluyó que ya no quedaba nada de ese proyecto que había sido tan exitoso. Hasta allí la discusión: “Destruyeron todo”, dijo Tello.

Desde luego que Jorge Tello realizó una labor titánica en Nuevo León, que trajo resultados a un plazo relativamente corto. Y en efecto, poco permanece de ese esfuerzo, en el cual el papel de Lorenzo Zambrano fue decisivo. Muchos vieron a Fuerza Civil como un modelo para el resto del país; si su fracaso se debe exclusivamente a la llegada y el descuido o la ineptitud del “Bronco”, puede seguirlo siendo. Pero es posible que el problema encierre otras aristas.

Fuerza Civil se caracterizó, si recuerdo bien, por cuatro características en alguna medida inéditas para una policía estatal. En primer lugar, el número de sus efectivos: debía alcanzar, al terminar el período de Medina, casi 15 mil efectivos. Esta cifra, para una población estatal de aproximadamente 5 millones de habitantes, llevaría la proporción de policías estatales por habitante a una magnitud superior a la de cualquier entidad, con la excepción –a medias– de la CDMX. Si no me equivoco, al salir Medina del Gobierno, el número logrado fue 4 mil 500 elementos, la tercera parte de lo programado.

En segundo lugar, había que pagarle bien a dichos efectivos. Se pensó en un sueldo base de 14 mil pesos al mes, que junto con prestaciones equivalía a casi 20 mil –nada mal, en comparación con otros estados. Se alcanzó esta meta, más o menos: para un número muy inferior de efectivos, por menos tiempo, y sin que se materializaran tan pronto muchas de las prestaciones.

Sobre todo, resultó que la mayoría de los reclutas provenían de otros estados de la República. Ni siquiera con esos sueldos pudieron contratar a una cantidad suficiente de neoloneses.

En tercer lugar, la formación debía constituir un pilar del empeño: 6 meses de academia de policía, complementados por el programa Sinergia de formación continua o mantenimiento de los efectivos.

De nuevo, una meta loable, pero al tratarse de reclutas de estados del sur del país, el nivel educativo y hasta físico de los cadetes no era comparable con el de los reclutas locales en potencia. No bastó el semestre de entrenamiento.

Por último, y esto es lo más grave, buena parte del gasto de lanzamiento y del primer año de sueldos, etc. (digamos el 2012), fue asumida por la iniciativa privada de Monterrey, a través de una especie de impuesto temporal y extraordinario, a la mexicana: informal, pero eficaz. Los impuestos especiales de guerra son comunes en muchos países, y el empresariado regio consideraba que su estado se encontraba en guerra. El problema surgió al concluir el periodo especial: ¿de dónde vendrían los recursos para seguir adelante?

He aquí el gran reto de Fuerza Civil. Crear una policía estatal de primer mundo (CHIPS, simpáticos; Texas Rangers, odiosos) requiere de una estructura fiscal de primer mundo. Alguien tiene que pagar. En Nuevo León, a diferencia de California, no existe un impuesto estatal (en California hay el equivalente de un IVA de 8% y un ISR estatal, también de 8). Ninguna entidad federativa en México posee dinero propio (Chihuahua, la que más). Todo viene de la Federación.

Existirían dos soluciones alternativas: “estadualizar” parcialmente el predial, arrebatándole parte a los municipios, o federalizar el costo de policías estatales de las dimensiones, ambiciones y costo de Fuerza Civil. Es decir, que el gasto destinado a los integrantes comisionados a San Pedro Garza García, por ejemplo, se financiara de una bolsa fiscal nacional que se nutre de los impuestos de todos los mexicanos –IVA, ISR, IEPES, etc. En otras palabras, que una parte de los impuestos que pagan los chiapanecos y oaxaqueños se canalice a pagar los sueldos de la policía del municipio más rico del país. A ver quién es el valiente que propone eso.
10 Enero 2018 04:07:00
¿Tortura en Chihuahua?
Varios priistas distinguidos, incluyendo a Aurelio Nuño, coordinador de la campaña presidencial de José Antonio Meade, este último y algunos voceros oficiales adicionales han acusado en estos días al gobernador de Chihuahua de haber ordenado o permitido torturar a Alejandro Gutiérrez. En particular, Antonio Collado, abogado de Gutiérrez, dio detalles de dicha tortura.

Como se sabe, Gutiérrez fue detenido en diciembre por desviar 250 millones de pesos del erario para las campañas del PRI. La acusación de tortura es tan grave que debe ser aclarada de inmediato por Javier Corral y por todos los que lo hemos apoyado en su lucha contra las represalias que la Secretaría de Hacienda ha ejercido con su estado por haber iniciado los procesos en curso contra Gutiérrez.

En tanto miembro de la Junta de Gobierno de Human Rights Watch, y habiendo firmado o mandado ratificar por México al Senado un número importante de convenciones internacionales sobre temas vinculados a la tortura, no puedo hacerme de la vista gorda sobre este asunto. Tampoco resulta aceptable un simple desmentido. No existe autoridad alguna que acepte, de buena gana, que torturó a alguien. Todas dicen que no. Afortunadamente, contamos con una serie de normas nacionales, internacionales –sobre todo el llamado Protocolo de Estambul– y de usos y costumbres para determinar qué es tortura y qué no lo es; cómo se comprueba que la hubo, o que no tuvo lugar; y qué consecuencias reviste su confirmación para el debido proceso, para confesiones o testimonios, etc.

Javier Corral debe actuar en consecuencia. Es imprescindible que de inmediato presente a Alejandro Gutiérrez ante la prensa nacional e internacional, ante la CNDH y las ONG mexicanas, ante el representante en México del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU y ante ONG internacionales como HRW y Amnistía Internacional. Es indispensable que todos puedan dirigirle preguntas con seguimiento; que pueda mostrar los signos y evidencias de tortura; que pueda nombrar o describir a sus torturadores; y que todo eso quede plasmado en su carpeta de investigación para el juicio o, en su caso, para invalidarlo y asegurar su inmediata liberación.

Ahora bien, cabe en la fatalidad una pequeña posibilidad de exculpación de Corral y de los funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua y demás posibles responsables de la tortura. A saber: que Gutiérrez no logre convencer a quienes acudan a su presentación de que, en efecto, la versión proporcionada por Meade, Nuño y Collado corresponde a la realidad. Se podría alegar, con algo de fundamento, que temió por su vida. Para tranquilidad de Gutiérrez sería preciso asegurar que visitadores de la CNDH, del ACDHONU, de HRW y de AI lo protejan. No se trata de un temor ocioso.

Así, se daría satisfacción a todos. Nadie podría sostener que las acusaciones del PRI son falsas, si resultan ciertas. Y nadie podría repetir o retuitear dichas acusaciones si Gutiérrez fuera incapaz de demostrarlas, de acuerdo con protocolos internacionales, o de persuadirnos de su veracidad, si resultaran falsas.

¿Que esto viola tal vez los bizantinos procedimientos jurídicos mexicanos? Entonces, que conste en actas que todas las partes consintieron a este mecanismo, y que cualquier violación a la normatividad de Chihuahua o federal no fuera incluida en la carpeta. ¿Sí, Javier? ¿Sí, Aurelio?
08 Enero 2018 04:00:00
El caos de Donald Trump
El nuevo libro sobre Trump en la Casa Blanca (Michael Wolff, Fire and Fury: Inside the Trump White House), no contiene ni grandes revelaciones ni fuentes excepcionalmente confiables, ni un análisis interesante del primer año del supuesto cuatrienio del mandatario norteamericano. Concluye a mediados de octubre pasado y por lo tanto abarca apenas nueve meses de su periodo. Pero al cumplirse casi un año de su toma de posesión, comienza a ayudarnos a descifrar el principal enigma de la Presidencia de Trump: ¿existe un método shakesperiano en su locura, o se trata simplemente de una aberración en la historia de Estados Unidos sin lógica, sin sentido, sin orden, todo ello producto de la increíble incapacidad física, mental, emocional y sustantiva de un personaje de los tres chiflados, más que de Hamlet?

Hasta dos semanas antes de la elección de 2016, pensé que Trump podía ganar. Me equivoqué al final por las mismas razones que muchos más: los modelos construidos por los encuestadores y promocionados por los medios. Mis razones para creerlo se podían resumir en una sola tesis: dentro del caos, su campaña poseía una lógica propia, y él era el candidato ideal para esa lógica. Buscaba consolidar una base pequeña, pero bien identificada y ubicada regionalmente, movilizarla, y confiar en que los errores de su adversaria bastarían para ganar. Ganó. Hubo, en mi opinión un método en aquella locura.

Del libro de marras extraigo una conclusión contraria: no hay tal método en su Gobierno, ni lo habrá. De las más de 200 entrevistas que presume el autor; de la unanimidad que según él impera tanto en el entorno profesional como familiar de Trump sobre su disfuncionalidad radical para ejercer la presidencia; del deterioro de su comportamiento físico y mental; de la merma, por último, de los integrantes del equipo del Gabinete y de la Casa Blanca, se desprende una sensación de catástrofe inminente.

Steve Bannon, en desgracia por ahora –Trump posee la clara costumbre de reconciliarse con los objetos de sus iras– es citado al final de libro recurriendo al siguiente cálculo: existe 33.3% de probabilidades de que el presidente sea destituido vía impeachment; otras 33.3% de probabilidades de que renuncie, quizás para evitar la aplicación de la enmienda 25 de la Constitución por incapacidad para ejercer el cargo; y las restantes de que termine su primer y único período. El ideólogo inicial de Trump –papel poco envidiable: pensar por alguien carente de pensamiento abstracto– está ardido, obviamente. Como todo estratega, considera que sin el, su anterior discípulo, pupilo o títere se encuentra indefenso y desamparado. Pero el cálculo no suena absurdo. Por mi parte, agregaría una hipótesis adicional: un quebranto de la salud del personaje, debido a cualquiera de sus posibles padecimientos físicos o mentales.

Alguien decía en uno de los programas de televisión del fin de semana que si bien se antoja aberrante la afirmación de Wolff según la cual el 100% de sus interlocutores se hallaban convencidos de la total incapacidad de Trump para ser presidente, si la mitad de la aberración fuera cierta, sería insólito. Demasiada gente en los círculos de poder político, empresarial, intelectual y civil de Estados Unidos ya sabe que Trump pone en peligro la estabilidad del país y del mundo. De acuerdo con el libro, varios de los colaboradores supuestamente sensatos que lo rodean, están a punto de marcharse: despedidos, o hartos. Tillerson, Kushner, McMaster y Kelly, se dice, ya no resisten a la tentación de abandonar el barco antes de que se hunda con ellos.

La palabra inminente –calificando a los sustantivos debacle o fuga– es peligrosa. Puede significar una semana o un año. Pero cualquier lector se quedará con la nítida impresión que el caos descrito en este libro es insostenible, y a la vez inevitable. ¡Hay gran desorden bajo el cielo!, hubiera exclamado el Gran Timonel.
05 Enero 2018 04:00:00
La seguridad de AMLO
La propuesta de seguridad de Andrés Manuel López Obrador tiene, por el menos en parte, el mérito de existir. Contiene una buena dosis de lugares comunes, otra de demagogia –a menos de que sus ideas de amnistía y diálogo se desglosen y se definan con mayor precisión– y unos elementos interesantes, aunque abstractos. Entre ellos destaca la creación de una guardia nacional que englobaría –o no– a todas las policías, al Ejército y a la Marina.

Junto con la (re)creación de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo creador, Alejandro Gertz, afortunadamente pertenece al Consejo Asesor de AMLO, la Guardia Nacional puede ser el primer paso –confuso– hacia la creación de una policía única. Implican ambas la separación de las funciones policiacas de las funciones políticas de la vieja Secretaría de Gobernación, vueltas (o volvidas) a ser fusionadas bajo Peña Nieto, después de que Fox con razón las separó. Si todas las corporaciones se funden en una estructura de Guardia Nacional y se “policisan” los integrantes castrenses, en lugar de militarizar a los policiacos, se habrá avanzado algo.

En alguna reseña de la presentación de López Obrador, leí que sugería la cifra de 350 mil miembros de la Guardia. De ser así, supongo que una buena parte de los elementos de la Defensa y de la Marina se integrarían a la misma, junto con la Policía Federal, y quizás algunas policías municipales o estatales que sirvan (CDMX, Yucatán…). Como de cualquier manera deberá mantenerse la existencia, aunque fuera mínima, de las FFAA, como un estamento aparte, contaríamos con un pequeño ejército, una Policía Federal única y numerosa, y habríamos suprimido a la enorme cantidad de policías municipales o estatales, prácticamente todas inservibles.

No sé si AMLO tenga conciencia de lo que propone. Implica admitir que todas las tonterías que se han dicho sobre el fortalecimiento de las fuerzas municipales o estatales, o sobre la irresponsabilidad de los gobernadores al no asumir sus... responsabilidades. Si fuéramos serios, no repetiríamos las mismas mantras sin preguntarnos por qué no se ha podido lograr lo que se ambiciona. ¿Por qué no sirven las policías municipales? ¿Qué tendría que cambiar para que funcionaran? ¿Por qué los gobernadores no hacen su chamba? ¿Qué tendría que cambiar para que la hicieran?

En cambio, transitar hacia una policía nacional única, como muchos hemos propuesto desde hace más de 10 años, por lo menos encierra la ventaja de explorar algo nuevo. Es obvio para todos que todo lo hecho hasta ahora no ha funcionado. También debiera ser evidente que lo disfuncional es el andamiaje institucional mexicano, simulador de un falso federalismo en un país donde lo que marcha bien es lo nacional. Entonces plantearse la posibilidad de reestructurar las instituciones de seguridad civil y militar no es necesariamente una mala idea, aunque no sepa yo, por lo menos, exactamente que entiende AMLO por ello.

Sobrela amnistía y el diálogo propuestos por López Obrador, confieso que no acabo de entender. ¿Amnistía para los campesinos si dejen de sembrar amapola o mariguana, o para que sigan cultivando? ¿Diálogo con capos para que se entreguen, o para que se dediquen a lo suyo –el narco– y no a lo ajeno –extorsión, ordeña, secuestro, etc.? Cuando nos explique, habrá que tomar en serio las “ocurrencias” de AMLO, para descalificarlas, o para entenderlas y juzgarlas.
29 Diciembre 2017 04:05:00
Los medios mexicanos y The New York Times (2)
En la soterrada y mínima discusión que ha provocado el reportaje de The New York Times sobre la corrupción y los medios impresos en México, impera una confusión. El corresponsal extranjero afirma algo hasta cierto punto indiscutible: todos los gobiernos mexicanos de la época moderna se han anunciado masivamente en dichos medios –Peña Nieto, más que ninguno– y de ello se deriva una influencia indebida en el contenido, la línea editorial y el trabajo de cada periódico involucrado.

A esto, muchos han respondido, personal o institucionalmente, que en sus páginas se pueden leer todos los puntos de vista del espectro político e ideológico, que ningún escritor –articulista, editorialista, columnista o comentócrata, según el término preferido de cada quien– ha sido censurado. Comparto, en carne propia, esta afirmación. En 2018, cumpliré 40 años publicando notas en varios foros: Proceso, La Jornada, Reforma, Milenio y El Financiero. Nunca he recibido presión, o censura alguna para escribir, o dejar de escribir, algo: crítica, apoyo, denuncia, reflexión interesante o aburrida. Sin atreverme a ser absolutista o categórico, me atrevo a pensar que son contadas las excepciones, a lo largo de los últimos 20 años por lo menos, que contradigan la mía. Los medios electrónicos podrán constituir un caso diferente, pero durante más de 30 años de colaborar con regularidad en los programas conducidos por José Gutiérrez Vivó, Ciro Gómez Leyva, José Cárdenas y Joaquín López Dóriga, con la excepción del periodo de negociación del TLC en 1991-1992 con Grupo Radio Centro, jamás me han pedido los dueños de estas difusoras omitir un tema, o incluir otro. Puedo decir lo mismo de Televisa.

El problema es que ese no es el problema. Incluso para egos del tamaño del mío, debe ser evidente a estas alturas que, a los sucesivos gobiernos de la República, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña, las columnas no importan. El más prestigiado de los articulistas pesa mucho menos que una primera plana a modo, o que un corresponsal extranjero domesticado. La influencia ejercida por el Gobierno –o por los anunciantes, en algunos casos– no se dirige a los editorialistas, críticos o zalameros. Se concentra en las primeras planas.

Una segunda preocupación de los gobiernos es también proactiva: la jerarquía de las noticias, y la forma en que se presentan. Ejemplo: anteayer el peso recuperó 15 centavos frente al dólar, en buena medida gracias a una subasta de 500 millones de dólares de Banxico. La cabeza pueda rezar: “Se fortaleció el peso .15”, o “Banxico defiende el peso con 500 millones de dólares, sin mayor impacto”. Es obvio cuál presentación le conviene más al Gobierno. Cómo es transparente la postura gubernamental de preferir que las malas noticias se entierren en páginas interiores de los diarios, y no en la página 2 o 3.

Una tercera consideración estriba en consolidar una actitud pasiva de determinados medios: que no realicen trabajo investigativo. No cuesta mucho lograrlo: la tradición al respecto, en nuestro país, es breve, estrecha y sin arraigo. Pero siempre es preferible contar con la anuencia de los dueños en esta materia, para que no haya sorpresas, sólo filtraciones.

Toca al lector llevar a cabo una tarea en buena medida ociosa, pero ilustrativa. Se trata de revisar las primeras planas, a lo largo de un mes, de los rotativos señalados por The New York Times como los casos emblemáticos del lamentable panorama que describe: El Universal, Milenio, Excélsior y La Jornada. Luego, el lector puede animarse a estudiar la presentación y jerarquía de las noticias en los mismos diarios durante una semana o dos: cómo y dónde aparecen las buenas ... y las malas. Por último, que ojee las columnas de mis colegas de la comentocracia en los mismos medios. Muchos de ellos son entrañables amigos, o distinguidos académicos, políticos o periodistas cuyas posiciones no comparto. En efecto, en las planas editoriales de estos periódicos, el lector encontrará el mosaico de opiniones propio de un país plural y heterogéneo como el nuestro.

Cuando el lector concluya este ejercicio, se hallará en situación de converger con el corresponsal del New York Times, o de rechazar sus puntos de vista. Le apuesto a que estará de acuerdo.
27 Diciembre 2017 04:05:00
Los medios mexicanos y The New York Times
El día de Navidad, el diario norteamericano The New York Times publicó nuevamente un largo reportaje, casi un ensayo, de plana entera, con llamada en la primera plana, ahora sobre lo que llaman “la corrupción y la subordinación de los medios” en México (para aclarar: desde hace 5 meses soy editorialista contratado por The New York Times para entregar una columna mensual). Dicho artículo enumera una gran cantidad de ejemplos de cómo gracias a las exorbitantes cantidades de dinero que ha gastado el Gobierno de Peña Nieto en publicidad oficial, de la cual dependen la enorme mayoría de los medios impresos en México, dichos medios han aceptado, o se han visto obligados a aceptar, formas diversas y de distinta intensidad, de censura. Se refiere en particular a los casos de La Jornada, Milenio, El Universal y Excélsior.

Se le puede quizás reprochar al artículo el no referirse a los medios electrónicos, que también reciben enormes cantidades de publicidad, o que no haya consultado las suficientes fuentes simpatizantes del Gobierno o de los medios impresos, para balancear el contenido. Yo no comparto esos reproches, pero quizás tengan sentido. Lo más importante, sin embargo, del reportaje, es lo que ha sucedido desde que fue escrito, es decir hace varias semanas, antes desde luego de que fuera publicado. Me refiero a la acción de esos mismos medios mexicanos ante dicho reportaje, y el que se publicó hace un poco más de una semana, también en el mismo diario, sobre el escándalo de corrupción y del desvío de fondos en el estado de Chihuahua. Conviene recordar que si bien Reforma publicó una especie de adelanto de ese proceso, la denuncia provino en realidad de otra larguísima investigación del mismo corresponsal del The New York Times en México, que duró más de 5 meses en llevar a cabo. Cuando digo reacción es un eufemismo: se trata del silencio.

En el caso del escándalo de Chihuahua, salvo Reforma, ninguno de los diarios citados, y algunos más, llevaron el tema en primera plana y varios ni siquiera lo mencionaron. En el caso del artículo sobre la corrupción de los medios impresos en México, con la excepción de Reforma, ninguno dijo absolutamente nada, con la extraña excepción de Milenio y El Universal, que le responden al rotativo neoyorquino sin publicar ni siquiera un resumen del artículo al que responden. Me parece que mejor prueba de la veracidad del periódico sería difícil de encontrar.

Detrás de todo esto no se encuentra ni Carlos Slim, ni mucho menos, como sugiere mi amigo Federico Arreola, el que esto escribe. Es lógico que la prensa extranjera se ocupe de temas mexicanos en un momento, es decir, desde principios del año pasado en México, gracias a Donald Trump, es un tema fundamental de la actualidad mundial. Es lógico también que la mayoría de los medios internacionales que cubren al país, lo hacen sobre la actualidad inmediata: reportan sobre el acontecer diario o en todo caso semanal. El largo reportaje investigativo, que sí suelen muchos llevar a cabo sobre temas internos de cada uno de sus respectivos países o de otros países, no es lo fuerte de los impresos mundiales. Pero cuando un diario con los recursos, el prestigio y la experiencia de The New York Times decide concentrar el tiempo, el esfuerzo y el talento de su corresponsal en un país determinado, a largos reportajes investigativos sobre temas cruciales, es difícil esperar que no traiga consigo revelaciones de hechos nuevos o denuncias de hechos viejos. Esto sucedió ahora con México. No hay nada extraño. Sólo les formularía a los lectores de esta columna la siguiente pregunta: ¿en verdad creen que los 2 mil millones de dólares de publicidad gubernamental en los medios durante este sexenio no tuvieron ninguna influencia sobre el contenido de las publicaciones? Otra pregunta: ¿están dispuestos a afirmar que en México la publicidad gubernamental nunca ha sido un factor de influencia o de presión o de censura en los medios mexicanos? “No te pago para que me pegues”. ¿Fue una puntada de José López Portillo o una profunda verdad?
22 Diciembre 2017 04:07:00
¿Por qué César Duarte no?
Habrá mil cosas que comentar a propósito de la detención de Alejandro Gutiérrez en Coahuila, para ser trasladado a Chihuahua. Más se podrá especular sobre la veracidad de la acusación en su contra, y según Reforma y The New York Times, sobre el desvío de más de 250 millones de pesos a las campañas del PRI en 2016. Y aún más podremos aventurarnos, sin miedo a equivocarnos, en relación con otras operaciones de esta misma naturaleza en otros estados. Por último, habrá tiempo para descifrar un gran enigma: si el PRI desvió, obtuvo y gastó tantos miles de millones de pesos en las 12 contiendas electorales para gobernador del 2016, ¿por qué perdió 9 de ellas?

Pero en este momento quisiera detenerme en una faceta muy particular del caso Chihuahua. Según el periódico neoyorquino, César Duarte, el exgobernador de ese estado, huyó a Estados Unidos, donde “está evadiendo cargos federales y estatales de corrupción... Su hija es ciudadana norteamericana, y de acuerdo con documentos jurídicos revisados por el Times, el exgobernador ha solicitado la residencia permanente en Estados Unidos”.

La gran interrogante que se ha formulado en múltiples ocasiones Javier Corral, el actual gobernador, se refiere al motivo del Gobierno de Estados Unidos de no deportar a Duarte en vista de su situación migratoria irregular. Pregunta que Corral le ha dirigido también a las autoridades norteamericanas.

Me explico. En el caso de Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas, la cosa es más clara. Desde el 19 de junio de 2015, el mismo rotativo estadunidense informó de la acusación en su contra por un gran jurado en San Antonio, Texas. Anduvo como Pedro por su casa en México –tuve el honor de saludarlo en un restaurante de Polanco hace un año–, hasta que fue detenido hace un par de meses. Sólo entonces Washington solicitó su extradición. No antes, y por ello no había sido arrestado en México, porque las autoridades mexicanas les habían explicado a las norteamericanas que una solicitud de detención provisional no sería aceptada.

Duarte no tiene nacionalidad norteamericana. Cuando se trasladó a Estados Unidos, hace más o menos un año, lo hizo con una visa B1-B2, ya que tampoco contaba con la “green card” que ahora ha solicitado. Por lo tanto, ha permanecido en Estados Unidos más de un año con visa de turista. Se entiende que el Gobierno de México no solicite su extradición, aunque Corral ha insistido en ello. No se entiende la razón por la cual el Gobierno de Estados Unidos no ha accedido a la petición de Corral de expulsarlo a México en vista de esa situación migratoria ilegal.

En el caso de Guatemala, desde la definición del exvicepresidente Joe Biden, hace casi 3 años, en torno al financiamiento norteamericano de la CICIG y de la alianza por la prosperidad, Washington ha sostenido que el combate a la corrupción en países cuya estabilidad es un asunto de seguridad nacional de Estados Unidos, es un asunto de seguridad nacional. En el caso de México en tiempos recientes, esto ha comenzado a ser cierto –ver el caso de Tomás Yarrington, el propio Eugenio Hernández, probablemente el de Roberto Borge en Panamá, el fiscal Édgar Veytia de Nayarit. Pero en el caso de César Duarte no. Sólo se me ocurren dos explicaciones. La primera es que el Gobierno de México, a diferencia de los otros casos citados, en este ha insistido con vigor en la importancia de que Duarte permanezca en libertad. La otra, más complicada, es que Estados Unidos haya comprendido que toda denuncia de corrupción en México, abona a favor de AMLO en las elecciones del 1 de julio, a menos que se demuestre lo contrario. Es mejor esperar hasta después de dichas elecciones.
20 Diciembre 2017 04:00:00
¿Es la corrupción, estúpidos?
En algún momento las campañas de Ricardo Anaya y José Antonio Meade se verán obligadas a incluir una mayor dosis de sustancia en sus pronunciamientos de oratoria o mediáticos. López Obrador ya lo ha hecho, con su Plan de Nación de más de 400 páginas, aunque buena parte de la sustancia allí plasmada es confusa y no aparece con frecuencia en los discursos, spots o videos del candidato. Ninguna campaña esgrima pura sustancia, pero algo de vez en cuando se antoja necesario. El Frente ha dado un buen paso adelante con el Ingreso Básico Universal, y Meade ha adoptado como programa las reformas de Peña Nieto. Es algo, pero no suficiente para la larga marcha que concluye el 1 de julio.

Como no se puede todo al mismo tiempo, cada candidato deberá escoger dónde desea concentrar el ingrediente de sustancia que le inyecte a su retórica. Por distintas razones, ni Meade ni López Obrador pueden adoptar el tema de la corrupción como primer insumo de sustancia en sus campañas. AMLO, porque ya se auto-limitó, por lo menos discursivamente, a combatir la corrupción futura, perdonando la pasada. Meade, por obvias razones, no puede adentrarse en las aguas pantanosas de la interminable corrupción de las dos administraciones a las cuales perteneció (en primera línea). Anaya sí puede, pero no sin complicaciones.

El meollo del asunto es la impunidad, es decir, la ausencia de castigos por crímenes pasados. Para que haya consecuencias, se debe investigar, y no, como dijo Vicente Fox en el 2001, simplemente esperar que “aparezcan pruebas”. Sólo aparecen, si se buscan. La pregunta entonces es ¿Quién las busca, y dónde? Si se deja en manos de la justicia ordinaria, o incluso de las aún inexistentes instituciones del sistema anticorrupción, es altamente improbable que se encuentren las mentadas pruebas.

Por ello, llámese como se llame, es indispensable algún instrumento ad hoc, excepcional, para realizar las faenas que las podridas e impotentes instituciones existentes jamás podrán llevar a cabo. Sin proponer algo en este sentido –Comisión de la Verdad, Investigadora, Contra la Impunidad, de Retrovisor, etc.– carecerá de credibilidad y de eficacia la advertencia de proceder contra los funcionarios de este régimen y por lo menos de los dos que lo precedieron (Calderón y Fox). Buscar, y si se encuentra, sentenciar; si no se encuentra, absolver.

Pero esta es sólo la primera complicación. La otra es de índole política. Existen dos peligros para este enfoque. El primero es que Peña Nieto y su gente se espanten, y concluyan que, con todo y todo, les conviene más que llegue Andrés Manuel a la Presidencia que Anaya. La supuesta animosidad personal ya existente entre el Presidente y el candidato opositor abonaría a esta hipótesis. El segundo peligro yace en la actitud del empresariado. Muchos ven con malos ojos que el Frente ataque al candidato del PRI, y peor todavía, que haga del combate a la corrupción, incluyendo zanjar cuentas con el pasado, la piedra de toque de su campaña.

Algunos empresarios piensan que eso sólo fortalece a AMLO, debilita a Meade –su consentido– y no aporta nada positivo. La creencia es lógica, interesada y falsa. Dejarle la bandera de la lucha contra la corrupción a AMLO equivale a entregarle la victoria. No atacar la impunidad por el pasado, garantiza la del futuro.
18 Diciembre 2017 04:00:00
Las posibles y chistosas travesuras de Osorio
En 1987, Miguel de la Madrid concluyó que no debía remover a Manuel Bartlett de la Secretaría de Gobernación, aunque hubiera perdido en la contienda tácita para sucederlo. Pensó que Bartlett se entendería bien con Carlos Salinas, el ganador, y que prefería a un hombre “leal” y conocedor de la nueva ley electoral a un improvisado o desconocido. Lo demás es historia.

Como cuenta Salinas, Bartlett era el encargado, entre otras cosas, de los partidos paleros y los dejó sueltos. Primero el PARM, luego el PPS y el llamado Ferrocarril postularon a Cuauhtémoc Cárdenas para la Presidencia. Como lo muestra un magnífico estudio de Francisco Cantú, resumido en un breve artículo en Nexos –A la luz de las actas: Un análisis de la elección presidencial de 1988– nadie puede asegurar la victoria de Salinas con datos en la mano.

En parte por eso, el propio Salinas, en 1993, decidió mover a Manuel Camacho, aspirante derrotado por Luis Donald Colosio, del DF a Relaciones. En la Ciudad de México, un Camacho resentido le hubiera podido jugar rudo a Colosio; desde la SRE resultaba inofensivo. Después vino el alzamiento en Chiapas, la designación de Camacho como comisionado para la Paz, y los dolores de muelas, de cabeza y de lo demás que le infligió a Colosio hasta la víspera de su muerte. La lección es clara. En el viejo juego de la sucesión priista, no hay perdedor leal o solidario: sólo ardidos.

Vía rumores, he escuchado desde hace medio año cómo varios colaboradores cercanos de Peña Nieto se han esforzado de convencer al Presidente de defenestrar a Miguel Osorio Chong de Bucareli, una vez que pareció evidente que no sería el candidato de EPN. Pensaban, invocando los precedentes citados, que el secretario de Gobernación no resistiría a la tentación de golpear, por lo menos en una postura pasiva-agresiva, a quien saliera favorecido por la decisión de Peña. Lo negaría hasta la muerte, pero no podría dejar de perseverar en su ser natural (Spinoza), o, cual alacrán fiel a sí mismo, de picar a la ranita (dicho popular mexicano).

Existen buenas razones para suponer –y sólo supongo: no cuento con datos duros- que así fue. Dos ejemplos: la alianza del PES con AMLO, y la coincidencia de la de Nueva Alianza con la prisión domiciliaria dictada por fin a Elba Esther Gordillo. Algunos dirán que me encantan las teorías de la conspiración, y tendrán razón.

El PES tenía dueño, y se llamaba Osorio Chong. Se alió con Andrés Manuel en una hábil maniobra de este último: Elena y Jesusa igual votarán por el, pero los evangélicos de Hidalgo, Oaxaca y varios estados más pueden valer oro. ¿No lo podía evitar Osorio? Si les expedientes que utilizó para amenazar a los dirigentes del PES no bastaban ¿no había otros? Me resulta difícil de creer que el secretario de Gobernación de un gobierno con la mano pesada no hubiera podido tirar esa alianza.

Lo de Elba Esther es más retorcido. Se ha interpretado la coincidencia ya mencionada como prueba de un quid pro quo entre el PRI y su presa del sexenio. A cambio de convencer al Panal de apoyar a Meade, se le concedió la casa por cárcel a la maestra. No me cuadra la explicación. Aunque hablo poco de política con Elba, y evito temas polémicos como las comprensibles críticas de Ricardo Anaya a Felipe Calderón por el poder que ella alcanzó durante su sexenio, creo entender que alucina a los actuales líderes del Panal, y que el sentimiento es mutuo. Dudo que impere comunicación alguna entre ellos y Elba.

Por otra parte, Nueva Alianza no tenía adonde ir, más que con el PRI, una vez que el Frente se negó a recibirlos. Solos, y sin el apoyo del SNTE que Elba Esther les arrimó desde 2005, perdían el registro. ¿Entonces? Hipótesis: Osorio juntó en el tiempo dos hechos completamente separados –la alianza, y el regreso de Elba a su casa– para golpear a Meade. Aparece el ya groggy candidato del PRI como el responsable de una jugada odiosa del Gobierno: “liberar” a Gordillo a cambio del apoyo de “su” partido a la candidatura priista. ¿Que Osorio no es capaz de tamaña travesura? Pregúntenle a Bartlett.
15 Diciembre 2017 04:07:00
TLC y campaña electoral
Empieza una cuenta regresiva para las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No porque Trump vaya a reventar el acuerdo, parándose de la mesa (lo cual puede suceder), ni tampoco por el calendario electoral mexicano o norteamericano (que también incide), sino por otras dos razones. Una norteamericana, otra mexicana. Primero, la primera. Cada día es más probable que tres de los principales interlocutores del Gobierno de Peña Nieto en Washington tengan los días contados. El yerno de oro, Jared Kushner, quien según los medios estadunidenses ya perdió influencia con su suegro, se encuentra al borde de una imputación (“indictment”) penal por el fiscal especial Mueller. En estos casos, la información pública en ocasiones es más confiable que la “confidencial”. El secretario de Estado Tillerson, de acuerdo con todas las versiones y la lógica misma de sus recurrentes humillaciones por parte de su jefe, parece que se marcha en enero.

Por último, el que equivocadamente algunos consideraron como amigo de México, a saber el general John Kelly, jefe de la Oficina de la Casa Blanca, también se siente frustrado y desbordado. Sabe que cada día de más al lado de Trump es una estrella de menos en su larga carrera militar. Ya ha sido tildado –con razón, quizás– de supremacista blanco, ignorante de la historia de Estados Unidos, y menos susceptible de controlar u ordenar a su jefe. Nos quedaríamos, entonces, con el general McMaster, consejero de Seguridad Nacional, el menos influyente y el más alejado de México.

¿Qué tiene que ver todo esto con el TLC, si los negociadores del TLCAN son otros (Ross y Lighthizer)? Mucho, ya que el acuerdo, si lo hay, incluirá de manera inevitable, por México y por Estados Unidos, elementos migratorios (trabajadores agrícolas estacionales, de la industria de la construcción en Houston y Florida, y Dreamers), de seguridad (frontera sur de México) y del narco (la llamada epidemia de opioides). Todo esto se negocia en la Casa Blanca o en el Departamento de Estado, o simplemente no se negocia.

La segunda razón es mexicana. Ya quedó claro que no habrá término de las conversaciones sobre el TLCAN antes de la primavera del año entrante. En otras palabras, un par de meses antes de las elecciones mexicanas. Se entiende que el Gobierno le apueste a que gane su candidato, pero por lo menos debiera aceptar la posibilidad de que no sea el caso. Concluir la negociación de un acuerdo tan importante para México 60 o 70 días antes de que desaparezca el poder real de una administración implicaría una irresponsabilidad terrible. Si nadie lo planteara de esta manera, salvo el que escribe, carecería de cualquier trascendencia. No es el caso. Tanto López Obrador como ahora Anaya han propuesto, por no decir exigido, que la negociación del TLCAN se posponga hasta que haya presidente electo, por lo menos. Imposible saber qué piensa Meade al respecto, porque ni los medios le preguntan (se entiende), ni él piensa ofrecer respuesta alguna (también se entiende). Pero el dilema existe. ¿Qué hacemos? Lo ideal sería lo responsable: fijar una fecha o guillotina para concluir las negociaciones, en vista de la sucesión presidencial. Si no hay acuerdo antes de tal fecha, se suspenden las pláticas hasta que haya nuevo gobierno. ¿Alguien le apostaría al sentido del Estado de Peña o de Meade? 
13 Diciembre 2017 04:06:00
Una ley indebida para una estrategia fallida
Si no es hoy, será mañana o pasado cuando conozcamos el destino de la cuestionada y cuestionable Ley de Seguridad Interior. Aunque el presidente Peña Nieto llamó a escuchar a todas las voces, etc..., persiste la posibilidad –o probabilidad– de que el Senado la apruebe antes de irse de vacaciones el viernes, o unos cuantos días después si encuentran un artilugio legislativo para prolongar el período de sesiones. Más aún, si apostara, le pondría una pequeña suma a la incapacidad de Peña de resistir la tentación de complacer a las FFAA en plena efervescencia sucesoria y al arranque de Guadalupe-Reyes.

Múltiples observadores, especialistas y legisladores se han pronunciado en contra de uno u otro de los componentes de la ley. Desde la eliminación de un incentivo para que los gobernadores hagan el esfuerzo –en mi opinión inútil– de fortalecer las policías civiles en sus estados, hasta la ausencia de un plazo para el retiro obligatorio de los militares, e incluyendo una joya de ambigüedad: el Ejército o la Marina no podrán reprimir o dispersar manifestaciones de naturaleza política o social, pero ¿qué tal una de apoyo a los narcos?

De todas las críticas, aquellas centradas en el tema de derechos humanos son las más rigurosas y severas. Es poco común que todos los niveles de instituciones gubernamentales de derechos humanos –Alto Comisionado de Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos del Senado (que no puede participar en los dictámenes de la minuta) se pronuncien con tal unanimidad y vigor contra una ley en particular. Ya sin hablar de que las organizaciones no-gubernamentales internacionales –como Human Rights Watch y Amnesty International– y nacionales –prácticamente todas– también lo hagan. No tiene mucho caso insistir en estas críticas, basadas en lecturas cuidadosas de la ley, y no en ocurrencias. Por eso me permito subrayar otra faceta de la ley, aún más criticable, y que ha sido subrayada por varios expertos o analistas. Se trata del espíritu de la ley, más allá de su letra.

En el fondo, la propuesta consiste en una consagración de la estrategia de Calderón y de Peña Nieto de utilizar a las FFAA no para contener, administrar o regular al narco en México, como antes, sino para cambiar su naturaleza, y en la medida de lo posible, destruirlo en la forma como lo conocimos. Acabar con los grandes cárteles y capos (la “kingpin strategy” de la DEA), pulverizar al narco y convertirlo en un problema de seguridad pública, ni siquiera interior: esas eran las metas.

Pero como México no cuenta con fuerzas no militares de seguridad pública dignas del nombre, y nos resistimos a adoptar la única estrategia alternativa, a saber, crear una policía nacional única, sustitutiva de las estatales y municipales, todas ellas inservibles, el enfoque Calderón-Peña equivale a eternizar a las FFAA en la guerra. La ley de seguridad interior institucionaliza esa estrategia fallida. Le da no sólo valor jurídico, sino estatuto transexenal, irreversible e intocable.

Los partidarios de seguir con la guerra y la participación de los militares en el combate que debiera ser de fuerzas civiles, podrán recurrir a la ley para justificarse. Los norteamericanos podrán señalarla como antídoto contra el argumento de que los soldados y marinos no son para eso. Al contrario, dirá Washington: ya no tienen ustedes excusa legal, ni pretexto político, ya que su ley fue aprobada con amplia mayoría por ambas cámaras y, en su caso, validada por la Suprema Corte.

Ya lo sabemos. La estrategia entronizada en la ley ha sido un fracaso sangriento, oneroso y devastador para México. Más muertos que nunca; más droga que nunca (ahora heroína y fentanyl procedente de China, como la cocaína de Colombia) encaminada a Estados Unidos, más deterioro de la imagen internacional del país; mayor extensión a todo el territorio nacional. Más que una ley para perpetuarla, necesitamos el santo sepulcro de esta guerra fallida.
11 Diciembre 2017 04:00:00
El Frente: ¿no que no?
Finalmente, como muchos lo habíamos vaticinado, sí hubo Frente y candidato único del mismo a la Presidencia de la República. No hubo método dizque democrático y transparente, pero se pudieron ajustar los tiempos para no perder ventaja ante a los otros dos candidatos presidenciales ya declarados. Además, los tres partidos que lo integran lograron ponerse de acuerdo en presentar una candidatura única en la Ciudad de México, en cinco de las otras gubernaturas, en casi la totalidad de los 300 distritos electorales de donde saldrán los diputados uninominales y en las candidaturas para el senado, tanto las de mayoría como las de lista. Los desacuerdos en esta materia son mínimos y algunos son más formales que sustantivos. Por ejemplo, Enrique Alfaro no será candidato del Frente a la Gubernatura de Jalisco, pero hará campaña a favor de quien lo sea.

Además, como claramente se desprende del discurso de Ricardo Anaya el domingo en la Ciudad de México, hay un programa común mínimo que si bien no abarca la totalidad de los temas por ahora, y deja a un lado probablemente con razón algunos de los capítulos más espinosos –aborto, matrimonios gay, legalización de la mariguana, reforma energética, IVA– sí incluye una estrategia discursiva clara, una jerarquía de los argumentos y de las propuestas, y un método de exposición que todos forman un paquete común a los tres partidos y a los sectores no partidistas –activistas, intelectuales, empresarios, profesionistas– que se sumarán o no al Frente. Llama especialmente la atención la insistencia de Anaya en el Ingreso Ciudadano Universal, o Ingreso Básico Universal, como propuesta fundamental del Frente, sobre la cual hay acuerdo, y que tal como lo explicó, es objeto de discusión, experimentación e innovación en múltiples países en el mundo y, como ya se explicó en esta columna hace unas semanas, si se hace por la vía del Impuesto Negativo sobre el Ingreso, puede costar menos de un punto del PIB para erradicar la pobreza extrema en pocos años.

La clave del éxito del Frente va a residir ahora en su capacidad de alcanzar dos objetivos tanto de estrategia electoral como de autodefinición. En materia de estrategia electoral, es lógico que en el seno del mismo haya algo de debate sobre el blanco de los golpes más importantes en el primer periodo de campaña y en el segundo. Hay quienes piensan, con cierto fundamento, que no es deseable concentrar todo el fuego contra el PRI y la corrupción ya que eso puede favorecer a López Obrador y, sobre todo, dificultar el voto útil de los priistas más adelante cuando el PRI, como es previsible, permanezca en el tercer lugar en las encuestas y empiece a funcionar el voto útil a favor de Anaya. Otros piensan que es absolutamente fundamental que primero Anaya y la coalición logren despedazar al PRI e impedir que crezca incluso un par de puntos, concentrando de nuevo todo el fuego sobre el tema de la corrupción, del mal desempeño económico y de la violencia. En ambos casos, Anaya y el Frente tienen buenos argumentos que incluyen un nítido deslinde con los gobiernos de Fox y sobre todo de Calderón en materia de guerra contra el crimen organizado o el narco. Esta es una primera disyuntiva decisiva.

La segunda es la autodefinición. Creo que hizo bien el Frente en despojarse del calificativo ciudadano en su nombre como coalición electoral y de Gobierno, aunque no en la propaganda, ya que justamente de eso se trata, de lograr que exista un frente ciudadano sobre todo cuando los principales candidatos provienen de los tres partidos. No es una tarea sencilla. Va a ser difícil que mucha gente que no proviene de los partidos se sume a la campaña del Frente y de Anaya, y de quien obtenga la candidatura en la capital de la República, o que sean incluidos en el Poder Legislativo del año entrante y menos aún en el gobierno si gana Anaya. Quienes hemos recorrido esa ruta en el pasado sabemos que al final son muchos menos los que se adhieren que los que apoyan con distancia, con o sin razón. Ojalá se incorporen muchos y de manera pública y abierta, y sobre todo, en los cuartos de guerra, círculos de decisión, o comandos de campaña (según la jerga chilena que tanto le gusta a Anaya).

Por lo pronto, se consuma un proyecto que algunos tratamos de impulsar y construir desde el año 2000, antes de la elección de Fox y sobre todo después. En ese momento, varios intentamos convencer tanto a Fox como a los principales dirigentes del PRD y del PAN para que ingresaran al gabinete de Fox distinguidos políticos o administradores del PRD. No fue posible esta alianza entonces, ahora lo es con el agregado fundamental de Movimiento Ciudadano y de Dante Delgado, y de todas las demás personalidades que espero muy pronto se sumen.
08 Diciembre 2017 04:07:00
Los detenidos y deportados de Trump
El pasado 5 de diciembre, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) de Estados Unidos divulgó las cifras de detenciones, deportaciones y aprehensiones de extranjeros sin documentos dentro de Estados Unidos. Simultáneamente, Human Rights Watch hizo público un estudio de 43 casos de mexicanos deportados: casos emblemáticos, desgarradores y aleccionadores para todos.(https://www.hrw.org/es/report/2017/12/05/los-deportados/inmigrantes-desarraigados-del-pais-que-consideran-su-hogar)

Por un lado, el número de detenciones en la frontera (realizadas por la Patrulla Fronteriza) llegó a su nivel más bajo en 45 años: 310 mil. Un informe de DHS de 2015 reveló que por cada migrante detenido en la línea o cerca de la misma, otro logró cruzar y adentrarse en territorio norteamericano. A pesar de esta declinación, el número de deportaciones entre finales de enero y principios de octubre se mantuvo ligeramente abajo del total del mismo período de 2016 (con el presidente Obama), pero la brecha se ha cerrado. El decremento es apenas de 6%, y casi seguramente se emparejarán los dos años completos a finales de diciembre. No habría que olvidar cómo Obama incrementó a lo bestia el número de deportaciones de mexicanos, aunque a partir de 2012 la cantidad y el tipo de deportados varió de manera significativa. Videgaray ha insistido con razón que hasta hace unos meses, Obama seguía en primer lugar en materia de deportaciones. Casi ya no.

Lo grave es que el total de detenciones en la época de Trump ha crecido 42% en relación al año pasado. Por detenciones, se entiende personas arrestadas en el interior del país, por ICE o la policía local o estatal que posteriormente entrega a los indocumentados correspondientes a las autoridades federales.

Entre el 20 de enero y el 30 de septiembre, se produjeron 110 mil detenciones, mientras que en 2016 la cifra fue de 77 mil. Casi la tercera parte –31 mil– carecían de cualquier historial penal, tres veces más que en 2016, y los delitos cometidos por los demás eran de tránsito o de posesión de sustancias ilegales. Más de la mitad son mexicanos.

A diferencia del gobierno de Obama, se trata ahora de personas arraigadas en su comunidad. Se trata de miembros de familias, con hijos y cónyuges, muchos de los cuales llevan 20 años o más residiendo sin papeles en Estados Unidos. Las consecuencias de ambas detenciones –entendiendo que la gran mayoría serán deportados al fin– son radicalmente distintas. Los de Obama, digamos, son recién llegados, que volverán a intentar el cruce hasta que tengan éxito, sin raíces en Estados Unidos. Los de Trump son parte –fundamental– de la sociedad norteamericana, y su expulsión divide a familias, deja a niños a cargo de desconocidos, y manda a gente a un país que ya no es el suyo.

La suerte de los detenidos depende en gran medida del acceso que tengan a abogados, traductores y a los consulados de sus respectivos países, ante todo México. El gobierno de Peña Nieto ha hecho un esfuerzo para expandir y mejorar la disponibilidad de apoyos jurídicos, en primer lugar a través de un mayor presupuesto para nuestras representaciones en Estados Unidos. También se ha acercado a diversas organizaciones norteamericanas; a algunas les propuso contribuir con recursos considerables para brindar servicios legales a los migrantes detenidos. Pero ante el volumen de detenidos, que se transformarán en deportados con el paso del tiempo, no será suficiente.

Poco a poco los peores vaticinios a propósito de Trump se van cumpliendo. El que mayor pertinencia reviste para México quizás sea el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Contra la historia reciente de ambos países, contra la opinión de todos los aliados de Washington, incluso del Papa, contra el punto de vista de los secretarios de Estado y Defensa, Trump optó por cumplir una promesa de campaña, cualquiera que fuera el costo. Me temo que suceda lo mismo con las detenciones, las deportaciones, el muro y el NAFTA.
06 Diciembre 2017 04:06:00
‘Waiting for’ el Frente
El frente opositor se encuentra a pocos días, incluso a escasas horas, de consolidarse, o de tronar. Por una serie de motivos burocráticos –que se derivan de nuestras aberrantes leyes electorales– a más tardar el 9 de diciembre deben presentarse una serie de documentos ante el INE. Por otro lado, imperativos políticos de fondo, lo obligan a anunciar ya quiénes serán sus candidatos a la Presidencia y al gobierno de la Ciudad de México. Si lo logran los tres dirigentes de los partidos que conforman el frente, habrán desmentido y rebatido al número creciente de dignos integrantes de la comentocracia que por razones de buena o mala fe han vaticinado en múltiples ocasiones en los últimos días, o desde hace meses, el fracaso o la sepultura definitiva de la alianza PAN-PRD-MC. Si la troika no puede, habrá tenido razón la bandada de aves de mal agüero.

Acertarán aquellos que desde las elecciones del Edomex pronosticaron que el PRI y el Gobierno de Peña Nieto buscarían replicar la estrategia de Atlacomulco: fragmentar a la oposición y evitar a toda costa la unidad PAN-PRD. En ese caso, el costo fue elevado: lo que Eruviel Ávila canalizó a la campaña perredista en Neza, y los casi mil millones de pesos que Peña y Meade le suministraron a Josefina Vázquez Mota desde 2014, para que no fuera candidato PAN-PRD. Valió la pena: EPN conservó el dominio sobre su tierra, y evitó una derrota que hubiera sido bochornosa.

Repetir la faena a escala nacional implica alcanzar dos metas. En primer lugar, que no haya candidatura única PAN-PRD-MC, ya sea porque Miguel Ángel Mancera se postula por el PRD, y este último lo acepte como su aspirante, ya sea porque Rafael Moreno Valle decida lanzarse con otro partido que el suyo, por ejemplo Nueva Alianza. El segundo objetivo sine qua non consiste en colocar a un par de independientes, pero por lo menos a uno, en la boleta para restarle algunos votos al candidato del PAN o del Frente, si es que hay tal.

De allí que la madre de todas las batallas para EPN resida en asegurar que PAN y PRD vayan separados al 2018 (Movimiento Ciudadano les importa menos). Si Vázquez Mota recibió 80 millones de dólares por ello en el EDOMEX ¿Cuánto está dispuesto a gastar EPN, si se trata de la Presidencia de la República? La magnitud de su victoria, de consumarla, sólo equivaldría a la dimensión de su revés, de no ser el caso. Todos aquellos que festejarían la desaparición del frente, proclamando el próximo triunfo del PRI gracias a la destreza política del Presidente y a la mediocridad/ambición desalmada de los frentistas, de ser honestos, también tendrían que lamentar la hipotética derrota peñista. Obviamente no será el caso, pero se tratará de un buen parámetro en los días que vienen.

¿Puede ganar el PRI con el Frente en la boleta? No creo, y al revisar los deseos piadosos de los acólitos de Peña en los medios, creo que ellos tampoco. Entiendo la estrechez de miras de algunos empresarios, quienes prefieren evitar la pregunta y alinearse ya con el PRI para vencer a AMLO, con quien sea: el inminente Premio Nobel de Economía, el mafioso de Hidalgo, el rumbero de la UNAM, o incluso mi joven y buen amigo educador. Stalin preguntaba: ¿cuántas divisiones tiene el papa? ¿Cuántos votos tiene el Consejo Mexicano de Negocios?
04 Diciembre 2017 04:05:00
Trump: se cierran los círculos ruso y turco
Los medios norteamericanos informaron desde el viernes que Michael Flynn, el principal asesor de política exterior de Trump durante la campaña electoral y el periodo de transición, y su asesor de seguridad nacional por tres semanas en la Casa Blanca, se declaró culpable de mentir en sus declaraciones al FBI. Aceptó una pena de entre seis meses y cinco años de cárcel, a cambio de no ser acusado de delitos mayores y de cooperar con la Fiscalía Especial de Robert Mueller. Se trata del golpe más severo asestado a Trump y a su familia desde que comenzó su mandato.

Flynn ha declarado, según filtraciones y documentos del gran jurado ante el cual fue imputado, que conversó en diversas ocasiones con funcionarios rusos a propósito de la decisión del Gobierno de Obama de imponer sanciones al régimen de Vladimir Putin por haber interferido en las elecciones estadunidenses de 2016. Asimismo, reveló que sus intercambios con los rusos se refirieron también a una votación en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre los asentamientos israelís en los territorios ocupados. En ambos casos, se entiende que Flynn solicitó, a nombre de Trump y de la nueva administración, que Rusia e Israel mantuvieran la calma, ya que el nuevo gobierno en Washington revocaría las posturas de Obama.

Resulta ahora, de acuerdo con otras filtraciones, que Flynn no actuó por su cuenta. Al contrario, consultó a –e informó de– sus conversaciones, a K.T. MacFarlane, asesora de seguridad nacional de Trump durante la transición, y a “un alto funcionario” de la misma. No puede ser otro que Jared Kushner, yerno de Trump, y actual encargado en la Casa Blanca de múltiples temas delicados. En otras palabras, si Flynn cometió un delito al sostener estos diálogos con funcionarios rusos, y MacFarlane y Kushner lo sabían en ese momento, también serán acusados ante el gran jurado. Todo indica que eso
sucederá.

Pero el asunto no termina en Rusia. Desde hace tiempo, se sabe que Flynn fue contratado por el Gobierno turco y/o por empresarios de Turquía cercanos al Gobierno de Erdogan. La intención era cabildear en Estados Unidos la extradición de Fethullah Gülen, un clérigo turco radicado en Penn-sylvania. Según las autoridades de Ankara, Gülen instigó y dirigió el intento de golpe contra Erdogan en 2016. Por ello y por agravios anteriores, han insistido en su demanda de extradición.

Al no prosperar, buscaron otros caminos. Entre ellos, como se publicitó en noviembre, figuró el intento de ofrecerle 15 millones de dólares a Flynn para “extraer”, es decir secuestrar, a Gülen, al estilo de la DEA con el Dr. Álvarez Machain en México en los años 80, o sobre todo, de Adolf Eichmann, raptado por Israel en Argentina en 1960. Nunca se consumó el soborno, ni la operación. La no denuncia de una intención de cometer un delito, en Estados Unidos, es un no delito. Pero si Flynn consultó con Kushner, con Trump Jr., o con el propio Trump, sobre la conveniencia de aceptar la oferta y no la reportaron al FBI, pueden verse involucrados en un delito de obstrucción de justicia. De ser el caso, todos serían susceptibles de una grave acusación. El hecho de que un financiero iraní, de nombre Reza Zarrab, se haya volteado en una corte de Nueva York la semana pasada, declarándose culpable de esquivar las sanciones estadunidenses a Irán, por cuenta de Erdogan, y que tal vez sea quien ofreció el soborno a Flynn, complica las
cosas.

En estas páginas, especulamos hace algunos meses que la única posibilidad de que Trump saliera de la Casa Blanca antes de las elecciones de medio periodo de 2018, consistía en su deseo de lograr un indulto para su yerno, su hijo y posiblemente su hija. Sugerí que podían ser formalmente acusados de delitos penales serios. Estamos cada vez más cerca de la imputación; veremos qué puede más, el amor paternal o la ambición presidencial.
01 Diciembre 2017 04:06:00
AMLO y Meade, un solo corazón contra la corrupción
Habrá desde luego enormes diferencias entre los diversos candidatos a la Presidencia, tanto los partidistas como los independientes. Y en particular habrá quizás diferencias más estridentes entre los dos primeros aspirantes a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade. Pero desde ahora podemos entrever un gran parecido entre ellos: su actitud ante la corrupción.

La idea es de Armando Ríos Piter, y es muy buena, por eso me la fusilo, como siempre, tratando de reconocer la paternidad de las tesis perspicaces que descubro y reproduzco. ¿Qué dice López Obrador en su libro y ahora en su Plan de Nación, así como en todos sus discursos a propósito de la corrupción? Que siendo él honesto no viene mucho al caso qué instituciones ni qué orígenes tiene su candidatura; de quién se ha rodeado a lo largo de su larga vida política; qué investigaciones o comisiones de la verdad va a crear para indagar sobre el pasado, reducir la impunidad, y de esa manera evitar la corrupción en el futuro. Básicamente la respuesta de López Obrador es que, como él es honesto, en su Gobierno no se va a robar y no habrá corrupción. Podrá haber colaboradores suyos que fueron corruptos; podrán no ser castigados los funcionarios de sexenios anteriores que hayan sido corruptos; incluso podrá haber una especie de amnistía tácita o explícita para todos ellos. Pero el problema de la impunidad, es decir, de la corrupción pasada no castigada y que se perpetúa hacia el futuro, se va a evitar con el mero hecho de que Andrés Manuel López Obrador es un hombre honesto, austero, íntegro y que así lo ha demostrado a lo largo de toda su vida política.

¿Qué dice Meade? O en todo caso ¿qué dicen sus simpatizantes o sus partidarios? Exactamente lo mismo: Meade es un hombre honesto; que no tiene manchas de corrupción, de negocios suyos, de complicidades activas en su pasado, en su vida de funcionario. Podrá haber participado en gobiernos corruptos; haber sido testigo de actos de corrupción de terceros; podrá incluso haber solapado la corrupción de otros en distintos momentos de su carrera burocrática. Pero siendo un hombre honesto, íntegro, la corrupción bajo su presidencia desaparecerá, o se reducirá de manera dramática casi casi por acción de una varita mágica. ¿Cuál va a ser la varita mágica? Pues justamente será la presencia en la Presidencia de un hombre honesto, no importa de quién se haya rodeado antes o durante su campaña; ni de quién se rodee en su Gabinete. Como él no ha robado, se dejará de robar.

Como vemos, el enfoque es exactamente el mismo, y es totalmente iluso, en el mejor de los casos, o hipócrita y mentiroso en el peor. Cualquiera sabe que no hay manera de reducir la corrupción en este país sin castigar a los corruptos. Y todos sabemos desde hace tiempo que la única manera de castigar a los corruptos es buscándolos, no esperar que aparezcan por sí mismos. Mientras esto no se haga a través de comisiones de la verdad, como he sugerido, o a través de algún tipo de mecanismo internacional tipo CICIG, como han sugerido otros (incluyéndome a mí), o mediante un Sistema Nacional Anticorrupción con verdaderos dientes, no dentaduras falsas, no va a disminuir la corrupción en México. Aunque Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade, como Bruto, sean “an honorable man”.
29 Noviembre 2017 04:06:00
La pequeña historia
La discusión sobre la manera en que cada partido político escoge a sus candidatos a diversos cargos de elección popular es tan vieja como Robert Michels y la Social-Democracia alemana. No hay, desde luego, método mejor o más democrático que otro, ya que todos involucran algún tipo de representación: de miembros o militantes en una convención, una asamblea, un consejo o un Comité Central. En muchos casos, ciertamente arcaicos, la responsabilidad recae en un individuo: patriarca, jefe de Estado o de Gobierno, candidato eterno incapacitado, dueño inhabilitado.

El PRI no es peor que otros en este sentido. Me parece una tremenda pérdida de tiempo eternizarse en el dedazo, el destape, la cargada, y todas las peculiaridades folclóricas que los priistas adoran, que los medios devoran –les permite trabajar menos y aparecer más– y que los críticos reciben con júbilo. ¡Qué mejor que denunciar prácticas efectivamente antediluvianas, corruptas y autoritarias! Al final, creo, es muy asunto de los priistas –y de López Obrador o del Frente– cómo designan a sus abanderados. Los partidos son asociaciones voluntarias, y a quienes disguste tal o cual procedimiento, se encuentran en todo su derecho de marcharse: a su casa… o a otro partido.

Por eso prefiero centrar la reflexión sobre el nuevo candidato del PRI en lo esencial: qué ha sido, para entender qué será. Es lo que los priistas, y Peña Nieto en particular, prefieren relegar a los márgenes de la discusión. Y con razón: Meade ha sido un pieza central de la corrupción, de las violaciones a los derechos humanos y de un desempeño económico mediocre de los últimos dos sexenios. Su candidatura es indisociable, para la gente decente, de Calderón y de Peña Nieto, y de la relación entre ambos.

Sobre la corrupción, dos ejemplos. El escándalo de la llamada “Estafa Maestra” tuvo lugar, sobre todo, en 2012 y 2013. Como se sabe, a través de este esquema, “11 dependencias del Gobierno federal desviaron 7 mil 670 millones de pesos a través de convenios con ocho universidades públicas que, a su vez, contrataron a 186 empresas para supuestamente cumplir con múltiples servicios, de las cuales 128 no existían” (Animal Político de ayer), entre 2012 y 2014. En 2012, el secretario de Hacienda, de donde venía todo ese dinero público federal, era José Antonio Meade. Como se sabe, en 2014-2015 –y quizás todavía– casi mil millones de pesos fueron transferidos por el Gobierno federal, vía la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la organización Juntos Podemos, presidida por Josefina Vázquez Mota, para dizque proyectos de apoyo a los mexicanos en Estados Unidos, sin licitación, sin rendición de cuentas, sin transparencia sobre los gastos operativos. En 2014, el secretario de Relaciones Exteriores era José Antonio Meade.

En materia de derechos humanos, el Gobierno de México, a través de sus embajadas y consulados, hizo hasta lo imposible para que la sangrienta guerra de Calderón no fuera investigada por la Corte Penal Internacional de La Haya, siendo que existían motivos más que válidos para abrir un examen preliminar. Que el expediente presentado por activistas mexicanos fuera deficiente no significaba que dichas violaciones no hubieran existido. En 2013 y 2014, cuando México se dedicó en cuerpo y alma a blanquear al Gobierno de Calderón en esta materia, el Secretario de Relaciones Exteriores era José Antonio Meade.

A partir de septiembre de 2014, cuando se precipitó la andanada de críticas y denuncias al Gobierno de Peña Nieto por las desapariciones de Ayotzinapa, por la tortura generalizada –investigada por un relator del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU–, y por otros casos emblemáticos como Tlatlaya (junio de 2014), el responsable por parte de México de combatir esas denuncias y dizque defender al Gobierno fue el secretario de Relaciones Exteriores, a la sazón, José Antonio Meade.

Debo decir que, en lo personal, sólo recibí trato cordial y deferente por parte de la Cancillería durante esos años, y que muchos de los funcionarios con quienes colaboré, formal o indirectamente sobre distintos temas de política exterior, me trataron con gran amabilidad, en buena medida por instrucciones de Meade. Pero me resisto a aceptar, sin chistar, las distorsiones o francas mentiras de muchos en los medios, en el PRI y en el seno del empresariado, sobre una pequeña parte de la historia de estos sexenios, y sobre todo, a propósito del pacto de la omertá entre Calderón y Peña Nieto, que traté de describir y denunciar hace casi dos años. Meade lo encarna y lo simboliza.
27 Noviembre 2017 04:08:00
Otra propuesta social: Santiago Levy
Esta semana se presenta un nuevo libro programático de Héctor Aguilar Camín

–¿Y ahora qué?– en la FIL de Guadalajara. A diferencia de textos anteriores, aquí se trata de un esfuerzo colectivo, de un gran número de autores, que someten cierto número de propuestas a la opinión pública, a las organizaciones de la sociedad civil, a los actores políticos. Dada la abundancia de temas y sugerencias allí formuladas, me limitaré a destacar una de ellas, por su importancia, su pertinencia, y su antigüedad.

Se trata del esquema de un sistema de protección social universal diseñado y propuesto por Santiago Levy desde mediados del sexenio de Felipe Calderón. En su contribución al libro de Aguilar Camín, Levy en lo esencial reitera su enfoque de entonces, pero hoy cobra una actualidad y urgencia mayores que cuando lo esbozó inicialmente: el deterioro social es inmenso. A reserva de traicionar algunos de los matices, resumo rápidamente su tesis.

Pero antes, conviene aclarar paradas. Muchos retomamos la idea de Levy desde 2009, y en particular con miras a la sucesión presidencial de 2012. Se le propuso la idea a Peña Nieto, e inicialmente la vio con buenos ojos. Pero una conspiración del círculo itamita se encargó de desprestigiar a Levy, a su propuesta, y a sus números. Por razones exclusivamente de índole burocrática –de posiciones de poder de un pequeño grupo de economistas con ambiciones de poder político– la idea fue perdiendo fuerza. Cuando vino el Pacto por México, que excluía cualquier elevación del IVA a escala nacional, o su extensión a alimentos y medicinas, la idea murió. Ahora resucita y si los candidatos a la Presidencia 2018 la retoman, puede prosperar.

Levy sostiene que una gran cantidad de mexicanos no cuenta con una protección social adecuada, ya que el sistema creado por Ávila Camacho era bismarckiano: dependiente del empleo. Con el paso de los años, sólo cuatro de 10 ciudadanos podía esperar un seguro médico y una pensión dignas, sin hablar de seguro de desempleo. Lógicamente, esto se tornó inaceptable para “el sistema” y para la sociedad mexicana, que fue inventando distintos paliativos o parches, unos más nobles y eficaces que otros. Pero todos fomentaban en alguna medida la informalidad, ya que daba lo mismo pagar impuestos o no, registrarse en Salud o el SAT o no, ya que para todos existía algún cuidado. Esto a su vez condujo a un estancamiento de la productividad, o incluso a su descenso, ya que las microempresas informales son menos productivas que los grandes conglomerados de la economía formal. De ese estancamiento de la productividad, y de las elevadas cargas sociales para las empresas, debido al sistema contributivo, proviene el magro crecimiento económico y del empleo en México desde hace 25 años. Ese raquítico desempeño provoca nuestro bajo nivel de salarios.

En su lugar, Levy sugiere un sistema de pagador único, de cobertura universal para todos los mexicanos dados de alta en el SAT, con o sin empleo, financiado por el fondo fiscal central en lugar de contribuciones de patrones, empleados y Estado, conservando los beneficios adquiridos por unos, y extendiendo un piso mínimo de protección para todos los demás. Según Levy, esto aumentaría el empleo, al reducir las cargas sociales no salariales de las empresas, fomentaría la formalidad (al tener que inscribirse cada derechohabiente en el SAT), y reduciría la brecha entre los asegurados y los desamparados y entre los formales y los
informales.

¿CuÁnto cuesta? Levy dice que depende de qué se quiera: un Cadillac o un Volkswagen. Empieza con medio punto del PIB; supongo que esta cifra (neta) resulta del costo bruto del esquema al que se le resta el ahorro por dedicar cotizaciones al IMSS, al ISSSTE y recursos del Seguro Popular al nuevo instrumento. Sólo resultaría financiable a través de la extensión del IVA a alimentos y medicinas, y
elevándolo.

Es caro, desde luego; la situación actual es peor. Si al diseño de Santiago Levy se le agrega una versión costeable del Ingreso o Renta Básica Universal (otro capítulo de libro, escrito por John Scott), y la unificación tan esperada y pospuesta del sector salud, el próximo Gobierno contaría con un “firme” de política social audaz, imaginativa y viable. ¿Quién la suscribe?
24 Noviembre 2017 04:06:00
Ingreso Universal o Ingreso Negativo sobre la Renta
En estos últimos días, el presidente del PAN y posible candidato presidencial del Frente Opositor propuso incluir dentro de la plataforma del frente lo que se ha llamado el ingreso ciudadano universal. Es una buena idea en teoría y puede llegar a ser un ingrediente importante de la propuesta social opositora.

Esta idea del ingreso ciudadano universal proviene, de una manera u otra, de discusiones de hace muchísimos años, entre ellos del economista conservador Milton Friedman, de los años 50, pero también de distintos sectores progresistas contemporáneos en Canadá, España, Finlandia y ahora en Stockton, California. Se trata de garantizar un ingreso mínimo para todos los residentes de un país determinado, independientemente de su nivel de ingreso, de su empleo, de su edad. En los países ricos se ha pensado en este ingreso de alguna manera para atenuar los efectos de la automatización y el desempleo para personas de cierta edad; en los países menos ricos se ha contemplado como un paliativo para la pobreza extrema.    

De los debates  recientes en varias partes del mundo, han surgido varias disyuntivas: si la renta o el ingreso debe ser para todos, sólo para los mayores de 18 años, para los que se encuentran por debajo de un umbral determinado de bienestar; si debe sustituir a otros programas sociales o de asistencia, o sumarse a los ya existentes –en México, Prospera y Oportunidades, en Brasil, Bolsa Familia– y, por decir algo, si al Ing. Carlos Slim también se le debiera entregar ese estipendio, por ser mexicano y vivir en México. La lógica de darle el dinero a Slim proviene de la idea de que es más costoso seleccionar a los beneficiarios que entregarles una cantidad al final pequeña.

La Cepal le encargó a José Luis Alberro, doctor en Economía por la Universidad de Chicago, consultor internacional, exdirector de Pemex Gas y colaborador de Los Pinos durante el régimen de Carlos Salinas, realizar un estudio comparativo entre el ingreso universal y otras opciones de otros países. Alberro llevó a cabo el ejercicio, comparando el ingreso negativo sobre la renta (INR) y el ingreso universal o IU y llegó a la conclusión de que: “Según el Coneval, la población en pobreza extrema es la que tiene un ingreso inferior al valor de la Línea de Bienestar Mínimo (LBM) y, además, tiene 3 o más carencias sociales. El Coneval estima que, en 2016, la LBM en medio urbano era 1,337.27 pesos mensuales (955.09 en medio rural) y que 9.4 millones de personas estaban en pobreza extrema. El INR sería un complemento monetario que recibirían los ciudadanos mexicanos mayores de 18 años, cuyo ingreso monetario fuera menor que cierto umbral, de suerte que su ingreso total –incluyendo esta transferencia, fuera mayor o igual que la LBM.” Para el autor del estudio “hay dos maneras de erradicar la pobreza extrema: introduciendo un INR cuyo costo es .85% del PIB; o introduciendo un IU cuyo costo es 6.8% del PIB.

Con un INR se puede asegurar que 26.8 millones de mexicanos mayores de 18 años tengan un ingreso mayor que la LBM, acabando con la pobreza extrema, a la vez que:

•Se combate la iniquidad económica porque se le da más al que tiene menos;

• A las personas que reciban esa ayuda, les convendrá tratar de aumentar sus ingresos;

• Se elimina por completo la pobreza en el medio rural porque el ingreso promedio neto de los beneficiados será 2% mayor que la Línea de Bienestar en medio rural;

• El ingreso promedio neto de los beneficiados será también equivalente al 66.0% de la Línea de Bienestar en el medio urbano34;

• El Coeficiente de Gini de la distribución del ingreso disminuirá en 7.8%.”

Alberro considera que el INR representa un costo fiscal accesible y aceptable, mientras que el del IU es excesivo. Espero que siga trabajando estos temas, junto con otros economistas mexicanos en Washington, y con los técnicos del Frente Opositor para llegar a la mejor solución: Tal vez un poco más que el INR de Alberro, pero bastante menos que el IU sugerido por el Frente, hasta ahora. Este es el tipo de ideas, el tipo de debate y el tipo de diálogo que debe haber para en esta campaña presidencial que empieza. Que cada quien opine, y se defina.
22 Noviembre 2017 04:07:00
AMLO y TLCAN: Tiene razón
No leí nada en las reseñas del supuesto Proyecto de Nación, presentado ayer por López Obrador, que me impactara especialmente. Cierto, no me soplé las 415 páginas, pero una ojeada sugiere que allí hay más detalle y sustancia que en los discursos o resúmenes ejecutivos que sólo incluyen lugares comunes o buenos deseos. Pero sí encontré en una declaración o intervención atribuida a Héctor Vasconcelos, el encargado de los temas de relaciones con el exterior de AMLO, que me pareció interesante.

Según El Financiero, a propósito del TLCAN, Vasconcelos afirmó que “Un gobierno como el actual, con los índices de aceptación más bajos en la historia moderna del país... carece de la legitimidad requerida para representar los intereses del país en esta negociación”.

Por lo tanto, las negociaciones con Estados Unidos y Canadá deben suspenderse hasta que tome posesión el nuevo gobierno, o en todo caso, hasta que haya presidente electo y equipo de transición. El propio AMLO ya había planteado esta alternativa, pero quizá de manera menos formal.

No creo que el motivo de una posposición de las pláticas consista en la popularidad de Peña Nieto. Presidentes carentes de apoyo pueden negociar tratados, que luego serán ratificados por un poder legislativo institucional, sin importar su aprobación. Para eso existe dicho proceso. Pero existe otra razón, esa sí poderosa, que justificaría la suspensión, y que le daría, justamente, la razón a AMLO. Por una vez, tiendo a estar de acuerdo con él.

Ya es evidente que las conversaciones no van a concluir antes de la primavera del año entrante, si es que llegan a buen puerto. Imposible un voto en el Senado mexicano, o en ambas cámaras en Estados Unidos, antes de las elecciones del 1 de julio en México. No tiene sentido que un mandatario saliente –lo que los norteamericanos llaman un lame duck– debe negociar algo de tal trascendencia en los últimos años de su mandato. Se antoja una actitud irresponsable, de escasa visión de Estado, y un poco desesperada. En otra coyuntura mexicana, o en otro país, resultaría impensable.

Hoy en México no lo es. Existen dos explicaciones. La primera –la primordial– reside en la sospecha fundada de las élites del país de que AMLO va a ganar, y que posiblemente reventaría la negociación con Trump ya sea por inexperiencia, ya sea por radical. No es un tema sin fundamento, pero un poco ocioso. Si gana él, parecería inviable esperar que enviara el nuevo instrumento al nuevo Senado de 2018, y menos aún que aceptara el país que Peña lo hiciera con el viejo Senado después de haber perdido su candidato y su partido. AMLO, al igual que Bill Clinton con el NAFTA original en 1993, pediría muy sensatamente una re-re-negociación después de su victoria, que arrancara con la toma de posesión del nuevo equipo. Washington y Ottawa se vería obligados a atender una petición eminentemente razonable.

Ahora bien, si AMLO pierde y gana el candidato del Frente –descarto por completo un triunfo del PRI– la transición sería más tersa, por lo menos en esta materia, e incluso Ricardo Anaya podría aceptar los lineamientos básicos ya negociados, y resolver los grandes pendientes en un acuerdo tácito con el Gobierno saliente. Esta explicación, entonces, no funciona.

La otra, más mezquina y menos seria, estriba en el deseo de Peña y de su equipo de llevar la medalla de un buen acuerdo para México, si lo logran, o de envolverse en la bandera y patear la mesa si no. Como no es imposible que aún suceda un milagro (el 12 de diciembre, por ejemplo), o que Trump nos saque las castañas del fuego de una manera u otra, EPN prefiere aferrarse hasta los momentos finales de su sexenio. La esperanza es siempre la última en morir. No es una postura digna, ni tampoco eficaz. Al contrario, Peña se adornaría vistiéndose de estadista al imponer un hiato en la negociación y entregándole la responsabilidad de las misma a su sucesor. Además, sería una buena salida ante una mala perspectiva.
17 Noviembre 2017 04:07:00
Viva la Suprema Corte
Ayer la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó una ponencia del ministro Arturo Zaldívar, que cada día se coloca más como la voz de vanguardia en la Corte, ordenando al Poder Legislativo a autorizar la legislación secundaria, que lleva cinco años pendiente, sobre el gasto gubernamental –del Gobierno federal y gobiernos estatales– en materia de publicidad oficial. Desde el mes de febrero de 2014 el cambio se aprobó en la Constitución; el Legislativo tenía la obligación de aprobar la legislación secundaria y no lo ha hecho, como tantas otras veces.

Lo interesante en este caso, a diferencia con lo que ha pasado en otras ocasiones en las que se trataba de recursos de anticonstitucionalidad interpuestos por poderes estatales, es que ahora se trata de un amparo de la organización Artículo 19 que muestra, como lo decía el ministro Zaldívar, que los ciudadanos de a pie –claro, con abogados, con tiempo y con recursos, pero no importa– pueden recurrir individualmente a la Suprema Corte para temas de orden constitucional y de lo que creo que el ministro llama la defensa de sus derechos humanos. Este es un asunto que se viene peleando desde hace mucho tiempo; de alguna manera en el juicio que yo tuve en la Suprema Corte en 2007 era parecido en el tema, no en sí mismo sino en la parte jurídica: si el amparo sirve o no para temas de este tipo. La Primera Sala resolvió que sí, que tiene varias implicaciones, además de este precedente que de alguna manera crea, aunque no necesariamente sea jurisprudencia.

En primer término, y lo más importante, es que el Poder Legislativo tiene que acatar una instrucción de la Corte, que ahora dice que no es discrecional legislar o no cuando hay una obligación y un plazo para hacerlo. Y, en segundo lugar, el fondo del tema es importantísimo porque tenemos un enorme gasto gubernamental en publicidad oficial, insisto, tanto por parte del Gobierno federal y de los gobiernos estatales. Me pregunto ¿qué bien público, ventaja o tema positivo le trae al país, a los contribuyentes y a la sociedad mexicana en general que salgan los spots de Peña Nieto caminando con un campesino y explicándole las virtudes de su reforma educativa? Y como buena parte de los temas fiscales del Estado ya se le dan al INE con la reforma del 2007, entonces resulta que el Gobierno federal y los estados tienen que pagarle a las radiodifusoras y televisoras ese tiempo. Por eso el gasto estratosférico, por ejemplo, que se plantea para este año de más de 40 mil millones de pesos en publicidad oficial ¿De qué sirve?

Existen algunos temas que bien lo ameritan, como sería el caso de las campañas de vacunación, o bien para inscribir a los niños en la escuela primaria a tiempo, y algunos otros temas adicionales, como catástrofes naturales, por ejemplo, pero hasta ahí. Gran decisión de la Corte y gran ponencia del ministro Zaldívar. Ahora faltar ver si de aquí al 30 de abril de 2018, que fue el plazo que dio la Suprema Corte, en efecto, los legisladores hacen algo que no suelen hacer, esto es, legislar.
15 Noviembre 2017 04:07:00
Estudiantes mexicanos en Estados Unidos
Quienes nunca hemos creído en las ridículas cifras de Calderón sobre el número de ingenieros que se titulan cada año en México –más que en Alemania, decía absurdamente– también pensamos que México sí debe incrementar de manera radical la cantidad de estudiantes que cursan estudios de posgrado en el extranjero. Por una sencilla razón: nunca podremos incrementar la matrícula de licenciatura, y sobre todo de posgrado, en el corto plazo sin enviar a un gran caudal de mexicanos a estudiar afuera. Es lo que hacen los chinos, los indios, lo que trataron de hacer los brasileños hasta que se les acabó el dinero, y muchos más. Fue, por una vez acertadamente, lo que intentó llevar a cabo la Cancillería mexicana durante los primeros años de este sexenio.

En efecto, tanto José Antonio Meade como Sergio Alcocer, su subsecretario para América del Norte, se propusieron elevar casi exponencialmente el número de estudiantes mexicanos en el exterior, y en particular en Estados Unidos. Convencieron, por cierto, a Obama, que se trataba de una gran idea, y la promovió en un memorable discurso en el Museo de Antropología en 2014. Conocían bien los obstáculos por superar –el costo, el idioma, la falta de costumbre, etc– pero se propusieron de igual modo una meta ambiciosa: pasar de los 13 mil estudiantes mexicanos registrados por Estados Unidos en 2013 –vía la expedición de visas F-1– a 100 mil al concluir el sexenio.

La cifra de 13 mil encerraba contradicciones. Existe un buen número de mexicanos de doble nacionalidad –aunque residentes de México– que estudian en Estados Unidos sin necesitar visa. Por otro lado, muchos de los que se inscriben en cursos de verano de idiomas o diplomados, o quienes cruzan la frontera todos los días en Ciudad Juárez, Reynosa o Matamoros, para ir a uno de los campus de la Universidad de Texas en El Paso, McAllen o Brownsville, tampoco cuentan todos con visa. Sea como fuere, la meta bien valía la pena.

Hace unos días, el Institute for International Education publicó su análisis anual sobre el universo de extranjeros estudiando en Estados Unidos durante el año escolar 2016-2017. El titular de prensa, reseñando el estudio, subrayó la caída general, debido, en gran medida, al miedo por las medidas antimigrantes de Trump, así como las restricciones reales: una reducción de 7% de la matrícula inscrita en el otoño de 2017. Pero los datos del IIE encerraban otras lecciones.

El total de mexicanos estudiando en Estados Unidos, según el IIE fue, en 2016-2017, de 16 mil 835 jóvenes. Se trata de un pequeño incremento en relación con 2012, el año anterior a la llegada de Peña, Meade y Alcocer al Gobierno. El aumento es inercial: con o sin grandes esfuerzos por parte del Gobierno de México, se hubiera producido. Para tener una idea, China envió a 350 mil estudiantes a Estados Unidos (además, una enorme cantidad de jóvenes chinos van a Australia), es decir, el doble de México per cápita, y la India 186 mil, más o menos lo mismo que México per cápita, pero tratándose de un país mucho más pobre y alejado de Estados Unidos. Algunos dirán, justamente, que México no necesita mandar a sus muchachos y muchachas a estudiar a EU porque tenemos nuestras propias instituciones de educación superior. Corea del Sur, con la tercera parte de nuestra población, despachó a 58 mil estudiantes a EU en 2016, casi cuatro veces más que nosotros, con un sistema educativo que ya quisiéramos para un día de fiesta.

La idea era buena. Para variar, faltaron los recursos. La pregunta es si esto se puede hacer en el futuro. Para ello, el Gobierno de Peña, en el libro blanco que seguramente está preparando sobre sus logros y fracasos, debiera explicarnos por qué no se pudo. Si no, volverá a pasar lo mismo.
13 Noviembre 2017 04:00:00
Una amenaza fútil
En unos días tendrá lugar la quinta ronda de negociaciones sobre la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Al acercarse la fecha, el Gobierno de México, a través del secretario de Relaciones Exteriores, emitió una advertencia, a la vez sensata y poco creíble, y por tanto de escasa eficacia. El secretario dijo, en una entrevista con Bloomberg retomada por El País, lo siguiente: “Es bueno cooperar con EU en seguridad, migración y otros asuntos... Pero es un hecho de la vida y una realidad política que un mal resultado en el TLCAN tendrá impacto sobre esto”.

Reiteró lo que Enrique Peña Nieto viene diciendo desde enero de este año: la negociación debe ser en paquete. En realidad, esa afirmación se diluyó desde un principio, y se redujo a dos tesis más simples. Primera: México renegociaría el TLCAN en sus términos, sin mezclar temas migratorios, de seguridad o de drogas. Segunda: si salieran mal las cosas, habría repercusiones ex post en esos temas. La diferencia ahora es el que el canciller lo dice casi un año más tarde, y en una coyuntura donde todo indica que las negociaciones sobre el TLCAN han resultado más arduas de lo previsto. De allí que hoy una repetición principista se convierta en una amenaza. Como lo hemos sugerido muchos desde diciembre de 2016.

Por desgracia, a estas alturas, en una amenaza poco creíble. Por tres razones. En primer lugar porque a fuerza de mantener el mismo orden de los factores, en lugar de invertirlo, Estados Unidos debe haber ya concluido que no va en serio. Si México en algún momento hubiera subido el tono y la puja, para realmente utilizar otras fichas de negociación para incidir en la del TLCAN –donde carece de ellas– hubiera transformado la secuencia. Podría haber suspendido ex ante la cooperación con Estados Unidos en alguno de los rubros neurálgicos. Desde hace tiempo sugerimos varios: abrir la frontera sur, ya no compartir inteligencia sobre asuntos de seguridad, rechazar deportaciones de personas cuya nacionalidad mexicana no se compruebe anteriormente; hacernos de la vista gorda en materia de la guerra contra el narco, y dejar pasar cargamentos de heroína, cocaína y mariguana. Washington de inmediato hubiera tomado nota; tal vez hubiera ejercido algún tipo de represalia; pero es impensable que el acto no repercutiera en las negociaciones comerciales. Hoy, esgrimir la misma amenaza sin cambiar el orden de los factores se antoja fútil.

Enseguida, la estrategia mexicana tan no ha funcionado, que ahora se vuelve necesario insistir en ella, después de haberla mantenido durante casi un año. Estados Unidos ya nos manifestó tácita y sin duda explícitamente, aunque en privado, que no van a alterar sus posturas en el TLCAN como tal. Y que tampoco ven ninguna necesidad de involucrar otros aspectos en el intercambio. Es cierto que algunos norteamericanos han coqueteado con la idea de acordar una media-enchilada migratoria a cambio de la aceptación mexicana de los cambios más drásticos en el TLCAN, pero no se trata de posiciones formales, ni probables. De modo que insistir en lo mismo que ya no prosperó es, en el menor de los casos, ingenuo. En el peor, deshonesto.

Por último, la amenaza es inverosímil porque los encargados de los otros temas de la relación bilateral –Gobernación, PGR, Sedena, Semar– han procedido como si nada sucediera. La tropa sigue quemando sembradíos de amapola en Guerrero y el Triángulo Dorado. La Procuraduría sigue extraditando narcos. El INAMI sigue recibiendo deportados –más de 100 mil, en lo que va del año– como si nada. Y el CISEN mantiene la cooperación y las reuniones preestablecidas con el aparato de inteligencia norteamericano como si las negociaciones comerciales las llevara a cabo otro gobierno. En estas condiciones. ¿Quién le creería a Videgaray?

Los norteamericanos siempre han pensado que somos puro jarabe de pico. Se han equivocado en algunas ocasiones; no muchas. Para que nos tomen en serio, ya con un año de pura retórica bajo la cintura, habrá que pasar a los hechos. Sobre todo si la pura retórica no ha servido de nada.
10 Noviembre 2017 04:07:00
Los tiempos y métodos del Frente
Al acercarse los plazos de selección de candidatos presidenciales –y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, de presentación de los integrantes de su gobierno si ganara- las opciones para las fuerzas políticas se estrechan. Grupos como Nueva Alianza y el Partido Verde van pensando si les sigue conviniendo aliarse con el PRI, o si prefieren cambiar de bando e irse con el Frente. Por su parte, el Frente debe resolver si los acepta: hay buenas razones a favor y en contra. Y el propio Frente enfrenta ya disyuntivas mucho más inmediatas que hace algunos meses. Si bien la fecha jurídica para registrar candidatos es hasta marzo, el plazo político difícilmente se puede extender más allá de mediados de diciembre. Si el PRI anuncia al cerrar el mes, la presión para no tardarse se incrementará. En cualquier hipótesis, hablamos de días.

De allí que el dilema para el Frente se haya simplificado. Como ya se ha dicho en múltiples ocasiones, cuenta con dos caminos. El primero, el más elegante, sencillo, ganador y altamente improbable, es de entregar las principales candidaturas a mexicanos sin partido –independientes o no; jóvenes o no tanto;  de izquierda o de centro; con unas ventajas y otras deficiencias. Con esta opción, desaparece el problema del método de selección. Si los tres dirigentes se encierran y deciden renunciar a la primera prerrogativa de un partido político, a saber, presentar candidatos a los principales cargos de elección popular o de nombramiento presidencial del país, poco importará la vía por la que llegaron a una decisión de semejante ruptura con los vicios de la clase política nacional. Constituiría la mejor réplica posible a la acusación de ser gandallas, parte de la partidocracia, burócratas que se reparten el pastel en lo obscurito, etc. El desenlace o resultado legitima el método.

Si esto no sucede –y casi seguramente no sucederá- la alternativa tal vez era otra antes, pero ya no lo es. Desde hace tiempo, en parte a raíz de un artículo de Aguilar Camín, los principales dirigentes del Frente han procurado diseñar un mecanismo para escoger a los principales candidatos del 2018: Presidencia, CDMX, ocho gubernaturas, Senado y Cámara de Diputados. Unos siempre mostraron más entusiasmo que otros, según la fórmula en juego, el costo, el tiempo, y las posibilidades de injerencia del gobierno o de un resultado que reventara al mismo Frente. Pero la discusión existía y era pertinente. La idea medular consistía en que el método legitimara el desenlace o resultado: una idea audaz, de difícil aterrizaje, y de consecuencias incontrolables.

Hoy parece que ya no es viable. Más allá de cualquier inconveniente de un proceso que por muy transparente y democrático que fuera, llevaría al Frente sin candidato hasta febrero, todos los demás amarres necesarios se antojan imposibles en tan poco tiempo. Posponer una decisión hasta entonces crearía un vacío que el PRI y AMLO llenarían de manera arrolladora. Cuando se produzca la designación del candidato priista, el gobierno y sus medios –que son muchos- se colocarán por completo al servicio del mismo. Cuando AMLO presente a su equipo y “programa”, el ruido propio del puntero será ensordecedor. El Frente no podrá competir sin candidato, paliando su ausencia con un proceso interesante, pero alambicado y a estas alturas inoperante.

La alternativa es clara. Una vez designados los candidatos partidistas del Frente, o incluso mientras se definen, debieran incorporar al mayor número posible de mexicanos no partidistas y decididos a participar en una campaña electoral, a elaborar (tampoco sobra tiempo para ello) el programa del Frente, a conformar el equipo de campaña del Frente, el equipo de gobierno en potencia del Frente, y las bancadas legislativas. Unos aceptarán, y otros no. ¿De qué mexicanos no partidistas, o “ciudadanos”, como se les suele denominar, se trata? De los que el Frente quiera: activistas, empresarios, académicos, intelectuales, etc. Como por definición en esta materia no existe representatividad alguna, el Frente debe invitar a quienes más simpaticen con su proyecto, a los que más le aporten, y a las personas que cumplan con una serie de criterios indispensables –de género, generacionales, regionales, y profesionales. Pero ya no pueden perder tiempo buscando una quimérica cuadratura del círculo.
08 Noviembre 2017 04:06:00
El destape que ya no es
Supongo que estamos en vísperas de la designación por Enrique Peña Nieto del candidato presidencial del PRI. Por varias razones, políticas y jurídicas, no podrá posponer la decisión mucho más allá de finales de noviembre. En vista de que llevo más de 20 años ocupándome de este tema –sobre todo a partir de los chismes de sobremesas, pero también de mi libro La Herencia– comparto mi especulación pura y dura con el lector.

Me centro en las diferencias con el pasado. La más obvia: Peña escogerá al candidato del PRI, no al próximo Presidente, como lo creyeron todos los mandatarios de facto o de jure desde Calles en 1933, hasta Zedillo en 1999. Para quienes pensamos que ningún presidente saliente con menos de 30% de aprobación puede lograr la elección de un sucesor de su propio partido, sin hablar del grupo más cercano de su gabinete, Peña va a escoger al perdedor, no al próximo jefe de Estado.

Segunda: ahora cuenta el criterio de poder ganar. Antes no. La elección ya estaba ganada desde un principio. Nunca fue un criterio para el autor del dedazo. Podría no serlo para Peña, si decidiera que su partido no tiene cómo ganar esta vez, y que le conviene más apostar todo a uno de los otros dos candidatos. Dudo que lo haga y, por lo tanto, deberá valorar las virtudes en campaña de sus opciones. Ninguno es Obama, Fox o Peña.

Última diferencia: la cola por pisar, o los cadáveres en los armarios por descubrir, también cuentan. No a la norteamericana, quizás, pero sí con mucha más contundencia que en el pasado. Y hay dos tipos de colas, tanto en materia de corrupción como de violaciones de derechos humanos. Una es la proactiva y descarada. El que roba, mata o ambas cosas. La otra es más compleja: la pasiva-omisa. Cualquier candidato de oposición –AMLO, Anaya o una opción no partidista del Frente, o un independiente como Ríos Piter– harán campaña contra el malo de la película y de la boleta: Peña Nieto. El ungido del PRI podrá alegar hasta el infinito que no robó ni mató. La pregunta es si sabía quién sí robó o sí mató, o si nos dirá que nunca se enteró de nada: ni de los muertos ni de los miles de millones robados. Sostendrá que él sólo manejaba el tren que conducía a Auschwitz, pero que jamás se imaginó lo que allí sucedía. Seguía órdenes.

Mis amigos priistas de buena fe sostienen que este dilema se resuelve como siempre: con un pacto tácito o secreto entre el Presidente y el candidato, en el que el primero acepta (a regañadientes) que el segundo lo ataque. No sé si este procedimiento alguna vez funcionó en los hechos, pero estoy seguro que en democracia es insostenible. Cualquier crítica o deslinde del priista a su mentor, será de inmediato aprovechado por sus rivales para interpelarlo con la pregunta de los 64 millones: ¿por qué no lo dijiste antes? ¿por qué no renunciaste? ¿por qué fuiste cómplice, pasivo, o tal vez, muy activo? De los precandidatos de Peña Nieto, no sé cuál pase esta prueba del añejo.

En MORENA, el candidato presidencial será quien decida AMLO. Ya sabemos quién es. En los hechos, en el Frente, el candidato será quien escoja Ricardo Anaya, muy probablemente él mismo. En el PRI, decidirá Peña Nieto. No es un peor método que otro, mientras los militantes del PRI, del PAN, del PRD o de Morena acepten este estado de cosas. Y cuando lo rechacen, a ver qué método inventan. No se me ocurre ninguno que funcione.
03 Noviembre 2017 04:07:00
Los nexos con Francia
El miércoles concluyeron mis funciones como copresidente del Consejo Estratégico Franco-Mexicano, creado en 2013 por los presidentes Peña Nieto y Hollande, para componer y recomponer las relaciones de todo tipo entre Francia y México, llevadas a su punto más bajo en años por Nicolás Sarkozy y Felipe Calderón. Durante estos cuatro años llevamos a cabo una gran cantidad de reuniones, actividades e iniciativas, unas que prosperaron y otras que no.

A partir de ahora, el Consejo será copresidido por dos empresarios, Fernando Chico Pardo de México y Pierre André de Chalandar de Francia. Ha sido ampliado, sobre todo para incluir a más mujeres, y seguirá trabajando para tratar de darle un carácter más estratégico a la relación entre ambos países. Durante las reuniones en la Cancillería, en presencia de los dos ministros de Relaciones Exteriores, y en Los Pinos, frente a Peña Nieto, tuvimos la oportunidad mi colega Philippe Faure y yo de hacer a la vez un balance de lo que se pudo llevar a cabo, y también de tomar nota de los pendientes, un eufemismo para no decir fracasos.

Los logros fueron principalmente en materia sicológica, cultural, educativa y de salud. Psicológicos, en cuanto a que el lamentable estado de las relaciones en 2012 se compuso y se llegó al punto de que la cordialidad y la franqueza o sinceridad que hay entre los dos presidentes, sus ministros y sus gobiernos son de las más cercanas en el mundo, para México por lo menos. En lo cultural, se pudieron llevar a cabo iniciativas emblemáticas como la construcción e inauguración del monumento en homenaje a Carlos Fuentes frente a Ciudad Slim, y la extraordinaria exposición mexicana en el Grand Palais el año pasado. En materia de salud, se avanzó mucho en lo tocante a las relaciones entre el Seguro Social y la empresa Hôpitaux de Paris. Y en el rubro educativo, se abrió una filial de la Universidad de Compiègne en México, y se llevaron a cabo una gran cantidad de intercambios buscando aumentar –no siempre con éxito– el número de estudiantes mexicanos en
Francia.

En materia económica, comercial, financiera y de turismo, aunque sí se avanzó, la verdad es que no resultó tan factible incrementar los números, las alianzas estratégicas, las asociaciones o las ventas de unos a otros y otros a unos. Quisiera poder afirmar que esto fue una responsabilidad compartida, y que ni un gobierno o el otro carga la culpa de las insuficiencias. No estoy del todo convencido, sin embargo.

En efecto, para Francia, la relación con México puede ser “estratégica” en los foros multilaterales, o frente a otros países de América Latina, pero en última instancia, tratándose de una potencia claramente mercantilista, su objetivo principal consiste en vender sus abarrotes: armas, aviones, energía nuclear, etc. Para México, adentrarnos de verdad en un vínculo estratégico con un país como Francia significa, o bien hacer a un lado lo comercial y las inversiones y transferencia tecnológica, y centrarnos en lo político y cultural, o bien realizar un esfuerzo particular para reorientar un parte de nuestras compras y acuerdos en estos rubros de otro país (Estados Unidos), a Francia. La responsabilidad de efectuar un giro de esta naturaleza nos toca a nosotros, y no pudimos cumplirla.

El reto reside en la definición de la palabra “estratégico”. Para que una relación que no lo es comience a serlo, cualquier país debe aceptar ciertos sacrificios. O renuncia a vínculos anteriores más o menos confesables con otras naciones, o se verá obligado a tomar decisiones que no respondan sólo a criterios económicos, aunque el ámbito de la decisión sea estrictamente económico. A lo largo de muchos sexenios, no hemos podido tomar ese tipo de decisiones, aunque cada presidente se lo ha propuesto (Peña Nieto con el tren chino a Querétaro, por ejemplo).

De cualquier manera, la idea de un consejo de esta índole es buena, y debiera reproducirse con otros países. Nunca nadie quedará totalmente satisfecho, pero buscar cómo acercar a sociedades además de a gobiernos, es un propósito recomendable en materia de política exterior.
01 Noviembre 2017 04:06:00
¿Viva la autonomía?
En México, a lo largo de los últimos años –por lo menos desde 1994– hemos visto florecer las instituciones –u organismos– autónomos. Muchos hemos pensado, desde hace tiempo –en mi caso, desde que publiqué La Utopía Desarmada en 1993– que la “autonomización” de una serie de entes públicas, debe figurar de manera prominente en el programa de una izquierda latinoamericana modernizada.

Desde el Banco de México, en aquel año, hasta los órganos reguladores de tiempos más recientes, e incluyendo al INEGI, el IFE/INE, al IFAI/INAI y ahora las dependencias del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, la separación de todas esas instituciones del Estado central se ha considerado como un hecho positivo.

Sigo pensando que la autonomía es preferible a la sumisión absoluta o incluso relativa de una serie de funciones a la autoridad gubernamental más política. En la gran mayoría de los países democráticos, existe. En muchos casos abarca también otros ámbitos estatales: la Policía, el Ministerio Público, el fisco.

Pero es evidente que hemos llegado a un extremo en México, no en cuanto al número de “autonomías”, sino al hipostasiar sus virtudes.

La autonomía no resuelve todo, en particular cuando en un país determinado el Gobierno en funciones quiere y puede ejercer su autoridad de una manera arbitraria o contraria al espíritu de la ley que crea la figura “autonómica”.

No lo digo por el escándalo sobre la Fepade, o el fiscal “carnal”, o lo que sucedió hace poco en una de las vicepresidencias del INEGI, o lo que vaya a suceder en el Banco de México en algunas semanas. Tampoco a propósito del IFE en 2007.

El problema es que si no se produce un cambio de mentalidad en la clase política mexicana, en la sociedad civil, en la academia y el empresariado, no hay autonomía que aguante.

El tema de cuotas y cuates, con todo y su simplismo, constituye el síntoma de un dilema mayor. Cada gobierno se “atasca” con sus nombramientos: procura designar al mayor número posible de amigos y aliados en el mayor número posible de puestos transexenales, que en efecto, suelen hallarse en las entes autónomas. Para lograrlo, realiza intercambios por otros asuntos: premios, presupuestos, algunas leyes, otras designaciones.

Las fuerzas políticas externas al Poder Ejecutivo –no sé si utilizar el término oposición– aceptan el juego de las sillas y los trueques, porque cuando llegan al Poder Ejecutivo esperan que sus predecesores se presten a los mismos subterfugios. Acabamos teniendo organismos autónomos en realidad subordinados al poder de turno, que no siempre es el mismo, por lo menos.

¿Debemos entonces dar marcha atrás a tanta autonomía? No creo. Con todos los vicios del mundo es preferible la situación actual a la de antes, aunque en algunos aspectos se asemeja.

La famosa autonomía universitaria, por ejemplo, no obstó para que, hasta José Narro, el rector de la UNAM fuera nombrado por el Presidente en funciones.

Lo importante es que no pensemos que la autonomía resuelve todo; que funge como un baluarte contra los excesos de cualquier gobierno; que la autonomía garantiza, per se, imparcialidad, integridad, pericia e independencia.

Ni de Santiago Nieto, ni de Lorenzo Córdova, ni de Agustín Carstens, ni de nadie. No conviene caer ni en una simulación más, ni creernos nuestros propios cuentos.
30 Octubre 2017 04:00:00
Primer arresto de gente de Trump
Desde el viernes pasado se filtró la noticia en Estados Unidos de que hoy lunes sería detenido el primer personaje acusado formalmente por el fiscal especial del caso Rusia en la campaña presidencial norteamericana de 2016. El gran jurado ante el cual fue entregada la imputación sellada está reunido desde hace algún tiempo en Washington o Virginia, y se ha especulado a lo largo de todo el fin de semana sobre quién puede ser la primera víctima de todo el escándalo vinculado a la campaña de Donald Trump.

Son tres los candidatos: el exmilitar y asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, el jefe de campaña y cabildero Paul Manafort, y el financiero, consultor y maniobrero Carter Page, el más joven de los tres. Hay dos posibles estrategias que estaría poniendo en práctica el fiscal Robert Mueller. La primera consistiría en detener y presionar a un pez “pequeño” para que informara y delatara a peces más “gordos”. La segunda estribaría, al contrario, en irse de entrada lo más arriba posible, para desde ahí obtener información hacia abajo y horizontalmente.

El hecho de que no hubiera habido ninguna reacción de la Casa Blanca desde el viernes –ni comentarios ni tweets– sugiere, como han especulado los medios de EU, que el presidente Trump y su equipo, tanto político como jurídico, fueron tomados por sorpresa por este acontecimiento. Asimismo, lo que parece indicar la decisión de Mueller es que su investigación ha procedido con mayor celeridad y precisión de lo que se hubiera pensado. Ahora comienzan las consecuencias de este primer paso de naturaleza penal en todo el proceso.

Primera consecuencia evidente: Trump tendrá que ocuparse de esto, y en buena medida sólo de esto, no sólo durante los próximos días y semanas sino a lo largo de los meses venideros. Porque este será sólo un primer paso; seguramente seguirán más arrestos y más imputaciones. Las cuentas de abogados, y las legislativas y políticas seguirán incrementando casi como taxímetro. En segundo lugar, esto puede acelerar las deserciones en el Partido Republicano, principalmente en el Senado, pero también algunas en la Cámara de Representantes. Aunque el apoyo de Trump en el seno de su base electoral parece seguir intacto, serían demasiadas las expectativas y probabilidades de que hubiera un desenlace fatal –impeachment, inhabilitación o renuncia– de Trump antes de finales del 2018 para que los republicanos en su totalidad quisieran ir a los comicios del año entrante vinculados a Trump.

Y en tercer lugar, recordando la película Wag de Dog con Dustin Hoffman de finales del siglo pasado, a propósito del impeachment de Bill Clinton y de la guerra que inventa para distraer la atención, la tentación para Trump, que le gusta proceder de esa manera para inventar algún tipo de crisis, enfrentamiento político o de plano militar, puede resultar irresistible. No le faltan opciones. Desde luego destaca Corea del Norte, pero de la misma manera podría abrir un flanco nuevo mediante el retiro de EU del TLCAN, o a través de una crisis con China, con Rusia o en Venezuela. Nada de esto es seguro pero todo es posible. Lo que sí sabemos, a partir de hoy, de confirmarse la filtración, es que la investigación ya se volvió un asunto grave y serio, que se acerca a Trump y a su familia, y que surtirá efectos políticos, internos e internacionales durante el próximo año.
27 Octubre 2017 04:08:00
Kennedy: otra vez Oswald en México
Este jueves se liberaron del sigilo varios miles de documentos secretos de las investigaciones del asesinato de John F. Kennedy. Desde una ley aprobada en 1992, el Gobierno de Estados Unidos tenía como fecha perentoria para entregar tal vez más de 100 mil páginas a más tardar el 26 de octubre de 2017. Llegó la fecha.

Según varios expertos e historiadores consultados por The New York Times, no habrá necesariamente revelaciones espectaculares, ni se podrá saber de inmediato qué joyas se encuentran en el acervo. Más aún, el Presidente de Estados Unidos puede mantener en reserva, o tachar largos pasajes del archivo, invocando razones de seguridad nacional, y en particular, las relaciones que existían en 1963 entre los servicios de inteligencia norteamericanos y de otros países. Uno de ellos es el nuestro.

En efecto, uno de los temas más enigmáticos aún hoy, y que los documentos antes secretos podrán ayudar a dilucidar, consiste en la visita que realizó Lee Harvey Oswald a la Ciudad de México en septiembre de 1963, un par de meses antes de matar a Kennedy. Hace años se supo que Oswald viajó a México con el propósito de obtener una visa para la Unión Soviética, vía Cuba. Ya había vivido en la URSS a finales del 50; regresó a Estados Unidos, pero se desencantó de nuevo y deseaba volver. Pensó que primero iría a La Habana, y de allí a Moscú. Se presentó varias veces en las embajadas de la isla y de la URSS, en esa época ambas en Tacubaya, sin éxito.

Todo esto lo sabemos porque la CIA y la Dirección Federal de Seguridad vigilaban juntas las embajadas soviéticas y las cubanas, compartían información, videos y grabaciones. Lo que no sabemos con precisión es lo que sucedió dentro de las sedes diplomáticas. Se supone que hay varios temas aún en suspenso sobre lo que en efecto sucedía dentro de estas. En primer lugar, está la escena que posiblemente captó el camarógrafo de la CIA en la que un oficial de inteligencia cubana le ofrecía o le entregaba dinero, pero Oswald aparece de espaldas y no fue posible determinar con certeza que se tratara de él. Siempre ha parecido dudosa esta hipótesis, pero no imposible. La otra más conocida es que cuando los cubanos le negaron la visa a Oswald dentro de la Embajada empezó a gritar y a anunciar que les iba a demostrar cuán castrista y admirador de la Revolución cubana era, y lo haría al matar al Presidente de EU muy próximamente. La tercera escena que puede haber o no sucedido es si dentro de la Embajada, las dos o tres veces que fue Oswald ahí, estableció algún tipo de relación afectiva con una de las colaboradoras mexicanas, una tal Silvia Durán, y mantuvo contacto estrecho con ella durante la semana que permaneció en México.

Lo que más podría resultar interesante es si la Federal de Seguridad y la CIA monitoreaban también las comunicaciones cubanas de la Embajada con La Habana. Y si en esas comunicaciones el oficial de inteligencia, o el embajador cualquiera de ellos le informó a La Habana de que un exmarine norteamericano, que había vivido un par de años en la Unión Soviética, se presentó en la Embajada, pidió una visa, le fue negada y anunció que iba a matar a Kennedy. De existir ese cable, o ese mensaje de la Embajada de Cuba en México a La Habana, la siguiente pregunta sería ¿por qué La Habana no compartió esa información, directa o indirectamente, con alguien en el Gobierno de EU? O a la inversa, si hay cables de la Embajada de Cuba a La Habana intervenidos por la CIA y/o la Federal de Seguridad, y no figura ese mensaje, pues significa que, o bien no le dieron importancia, o bien que prefirieron no enviarlo.

Estos son algunos de los misterios que permanecen en el aire y que tal vez puedan ser aclarados por este enorme acervo de documentos que se liberan estos días. Para los curiosos y ociosos que siempre nos ha obsesionado el asesinato de Kennedy, una verdadera mina de oro.
25 Octubre 2017 04:06:00
La Fepade y los senadores carnales
Con el despido de Santiago Nieto, titular de la Fepade, el Frente Opositor Ciudadano –o como se le quiera llamar– recibe una nueva oportunidad de obtener un triunfo político significativo. Por varias razones muy sencillas. La primera es que, aunque Morena se una en este momento a la lucha del Frente por restituir a Nieto con una mayoría simple en el Senado, de todas formas será la coalición del Frente PAN-PRD-Movimiento Ciudadano quien pueda ganarle al PRI, si es que todos votan juntos.

Al PRI y al Gobierno les faltan tres votos para impedir la restitución de Nieto. Esos votos no los tiene en ninguna parte, salvo en el PAN. He aquí la segunda razón de la posible victoria del Frente. Hay seis senadores del PAN que ya han mostrado su anuencia a colocarse del lado del PRI, y sobre todo de Peña Nieto. Junto, desde luego, con sus jefes naturales, que son Felipe Calderón y Margarita Zavala de Calderón, en otros temas. En este, sin embargo, les va a costar más trabajo. Si votan con Peña Nieto contra la restitución del fiscal de la Fepade, y contra el PAN, el PRD, Morena y MC, se mostrarán claramente cómplices de la corrupción de Peña Nieto, de Emilio Lozoya y de varios más.

Creo que los seis senadores, a quienes algunos llaman traidores –yo prefiero decir simplemente la pequeña minoría disidente del PAN– deben pensarla muy bien. ¿De veras quieren apoyar a Peña, a Lozoya, a la corrupción, a Odebrecht sólo por ardidos? ¿O prefieren votar con todo el PAN, con todo el PRD, con toda Morena, con todo MC, para restituir a Nieto y de esa manera impedir la maniobra de Peña Nieto de despedirlo y sobre todo de encubrir la corrupción que hubo por parte de su campaña y de la empresa brasileña Odebrecht?

Si se impusiera el voto secreto, sería una maniobra inteligente de Emilio Gamboa para permitirle a sus aliados embozados votar con él sin que sepa. No obstante, habría varias maneras de dilucidar si los seis o siete magníficos calderonistas votaron con el Gobierno y la corrupción, o con la oposición y el Frente. La primera, y más obvia, sería que los senadores de Morena y del Frente votaran abiertamente, o por lo menos alzaran la mano al votar por cédula, aunque se les impusiera el voto secreto. De esa manera, los panistas disidentes se verían obligados a votar en público, o a confesar, por lo menos tácitamente, que se aliaron al PRI, a Gamboa, y a Peña Nieto. Si por algún motivo eso exigiera una dosis de testosterona de la cual los legisladores frentistas carecen, podrían todos convocar a la prensa inmediatamente después de la votación para aclarar cómo votaron. Las consecuencias serían las mismas.

Por último, si tampoco se atrevieran a eso, tendrían la opción de retar a los panistas a confesar su complicidad con el PRI, si es que Peña Nieto gana. En efecto, no habría otra explicación de cómo el PRI logrará los 65 votos necesarios, salvo los disidentes. Si les alcanza a los priistas, el estigma para el pequeño grupo de panistas sería su mayor castigo, a condición que el Frente opositor actuara como oposición. Es una batalla del tamaño del fiscal carnal, y se juega en la postura de los disidentes carnales.
23 Octubre 2017 04:00:00
Violencia para que la amapola no llegue a tus hijos
De acuerdo con el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en septiembre se produjeron 2 mil 184 homicidios dolosos en todo el país, una cifra superior a la de agosto y a la de julio, aunque ligeramente inferior a la de junio. Con estos datos van 18 mil 505 homicidios dolosos en todo el año, 23% más que en el 2016 y 6% más que en el 2011, el año más sangriento en lo que va de la guerra de Calderón y Peña. Si más o menos proyectamos estos datos para este año en su totalidad, llegaremos probablemente a unos 25 mil homicidios dolosos, es decir más o menos 23 por 100 mil habitantes, casi tres veces del punto más bajo de la historia moderna de México que fue en el 2007.

Estas cifras no lo dicen todo. En un espléndido reportaje de Ricardo Pérez en Reforma el día 20 de octubre, el periodista nos cuenta lo que sucede con los miembros de las fuerzas armadas en el Triángulo Dorado, cerca de Guachochi, en el corazón de la sierra Tarahumara, buscando erradicar sembradíos de adormidera o amapola. Se trata del personal de la 42 Zona Militar, que según dicen los mismos soldados, destruyen unas 300 plantaciones cada día. Cito: “Los hombres bajo el mando del teniente Luis Enrique Trujillo, llevan un mes viviendo en un campamento enclavado en el bosque de coníferas; los días los pasan esperando los mensajes en el radio, con las coordenadas de los plantíos detectados en sobrevuelos de helicópteros. Recibieron incluso el otro día una nota escrita en papel con algunos errores de ortografía, evidentemente redactada por los campesinos de la zona, que pidieron que por favor no les destruyeran sus cosechas y que no tenían ni para comer, sus hijas ni traen zapato”. Se sabe además que, como los narcos suelen pagar las cosechas por adelantado, si el Ejército las destruye, el campesino debe dos cosechas, la destruída y la que sigue.

Los militares dicen que “estamos haciendo un bien a México… es por el bien de México para que esta droga no llegue a los jóvenes”. En otras palabras, cientos de soldados y oficiales del Ejército mexicano pasan meses en la sierra Tarahumara destruyendo plantíos de amapola empobreciendo a los campesinos de la zona, para que la droga, que para todos fines prácticos, no se consuma en México, no llegue a jóvenes mexicanos que nunca la han visto ni verán, y a quienes les da enteramente lo mismo si las Fuerzas Armadas están haciendo bien o mal ese trabajo.

En realidad los militares son en el mejor de los casos ignorantes, y en el peor de ellos faltantes a la verdad. No están destruyendo plantíos de adormidera para que la droga no llegue a los jóvenes mexicanos. En realidad, la están destruyendo para que no llegue a los viejos norteamericanos, quienes en efecto están ahora padeciendo una epidemia de opioides en una escala no vista anteriormente.

La gran pregunta que debemos hacernos todos los mexicanos, sobre todo a ocho meses de las elecciones presidenciales, es si tiene sentido que sigan subiendo las cifras de homicidios dolosos y sigamos gastando dinero en destruir plantíos de amapola para que decenas de miles de norteamericanos al año no fallezcan a raíz de sobredosis de distintos opioides (de ninguna manera sólo por heroína mexicana); o si el costo lo debe pagar Estados Unidos de una manera o de otra: legalizando bajo una estricta supervisión médica la utilización de la heroína para fines médicos o para adictos certificados, sobre todo si buscan dejar atrás su adicción mediante el uso de sustancias como la metadona.

¿Acaso queremos seguir llevando a cabo una guerra tan violenta como la nuestra en pro de los barrios de la Unión Americana donde se consume esa heroína? Lo que no queda para nada claro es por qué ponemos nosotros el dinero, los muertos y la pobreza de los campesinos, mientras que los norteamericanos en principio no ponen nada.
20 Octubre 2017 04:07:00
Dos buenas ideas para el plan B
Ahora que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte parece naufragar, comienzan a proliferar diversas ideas para el mentado plan B. Todas las que se centran en diversificar nuestras relaciones comerciales no me convencen; sucede lo mismo con las tesis del “mercado interno” (de dónde van a salir los mexicanos que compren los 3 millones de automóviles que exportamos cada año). Pero hay dos que me gustan, que escuché en voz de mexicanos en Washington y de exdiplomáticos mexicanos en México, a quienes no voy a ventanear, salvo para decir que son inteligentes y perspicaces, con experiencia en estos asuntos, y muy bien conectados en la capital del “imperio”.

La primera es más bien de orden táctica, y se refiere al dilema de la mesa de negociación y quién debe levantarse primero. Como se sabe, existen dos planteamientos antagónicos: uno –el que importa– el del Gobierno y de los empresarios, de que México no debe pararse primero, y debe endilgarle el costo de una hipotética ruptura a Estados Unidos; otro, que creo que sólo sostengo yo, en el sentido de que si las autoridades saben a ciencia cierta que Trump quiere reventar el TLCAN, debemos ser nosotros quienes nos levantemos antes, escogiendo el momento, el lugar, el motivo y la narrativa que más nos convenga. Pero hay una tercera opción, quizás mejor que las dos citadas.

Consiste en lo que podría resumirse con la consigna de Trotsky –rechazada al final por Lenin– en Brest-Litovsk, a propósito de las negociaciones entre la recién nacida Unión Soviética y Alemania: ni paz ni guerra. Si se llega a la conclusión de que EU no quiere ningún acuerdo, más tampoco invoca la cláusula de derogación del TLCAN (apartado 2055), México debe anunciar que no existen condiciones para negociar en la mesa, pero que va a llevar su causa, su caso, su agenda, a la sociedad norteamericana para que ésta convenza al Gobierno estadunidense de volver a la mesa con buena fe.

Las autoridades mexicanas, los empresarios, los artistas, los académicos, los comunicadores, se desplegarían por toda la Unión Americana difundiendo el mensaje mexicano, concentrándose en el Congreso, los medios, las universidades, las asociaciones empresariales, los clubes de rotarios, leones, liwanis y cuantas organizaciones haya, obviamente dirigiéndose a las comunidades hispanas, pero no sólo a ellas, ni mucho menos. En el peor de los casos, el esquema nos serviría para otras cosas y causas, y para después. En el mejor de los casos, Trump recapacitaría. Se trataría de un esfuerzo público, sostenido, y claro: no quieren negociar, nosotros sí, pero así no. Una duda: sé que podemos hablar bien del camello, pero no sé si tengamos camello. No veo más agenda comercial mexicana que la defensa del status quo, como dijo Paul Krugman en el diálogo que sostuvimos en la UNAM el jueves.

Segunda buena idea del plan B: la legislación mexicana, acompañada de arbitrajes internacionales vinculantes y obligatorios. Muchos lo hemos repetido desde 1992: el TLCAN fue ante todo una decisión –más o menos desesperada– para blindar la política macroeconómica, para dar certidumbre y para ofrecer seguridad jurídica a los inversionistas, extranjeros y nacionales. Sin TLCAN, no se ve muy bien cómo garantizar todo esto. Un remedio subóptimo, pero mejor que nada, consistiría en incorporar a las leyes mexicanas internas todo lo que está en el TLC (por ejemplo, “investor-state dispute settlement”) y no que se encuentra en dicha legislación, pero sometido, por decisión mexicana, a diversos instrumentos de arbitraje internacional.

El arbitraje tendría que ser obligatorio, es decir que el Gobierno de México, por ejemplo, no podría negarse a él, y vinculante, es decir el Gobierno de México se vería obligado a aceptar los fallos (a diferencia, por ejemplo, de lo que hizo en el caso de José Gutiérrez Vivó y los Aguirre en 2005). En lugar de atarnos las manos con cuerdas canadienses y norteamericanas, nos las amarraríamos con mecates mexicanos. No es lo ideal, pero no está mal. Mi duda: ¿lo aceptaría el Congreso? Tarea para el Frente.
18 Octubre 2017 04:07:00
Venezuela y la presión internacional
El aparente resultado de las elecciones regionales en Venezuela este pasado domingo muestra que cualquier esperanza de un desenlace bienaventurado de la crisis de aquel país en el corto plazo es ya lejana. En parte, debido a la división de las fuerzas opositoras –algunos sectores de la MUD participaron en la elección para gobernadores y otros, no–, en parte por el fraude electoral generalizado, que llevó a cabo el Gobierno de Nicolás Maduro, no sólo a la priista, sino llevando las tradiciones mexicanas a nuevos niveles de excelencia, y en parte por un cierto cansancio probablemente de la oposición en su conjunto, Maduro pudo decir que se llevó 17 gubernaturas y perdió sólo 5. Más allá de la decepción opositora, y del hecho que incluso de haber ganado más gubernaturas, el poder en juego era exiguo, podemos concluir que la permanencia de Maduro en el poder será un asunto de mediano plazo.

Había la posibilidad, hasta mediados del verano, de que las manifestaciones en la calle y las trágicas muertes provocadas por Maduro y sus “colectivos” provocarían algún tipo de derrumbe del Gobierno: o bien por la calle, o bien por la presión internacional, o bien por la división de las fuerzas armadas que concluirían que ya no era viable el régimen. Pero nada de eso sucedió en aquel momento. Ahora es más improbable que nunca, ya que las manifestaciones callejeras desaparecieron, la presión internacional sigue vigente, pero no basta, y no parece haberse abierto ninguna grieta dentro del estamento militar venezolano.

Sólo queda la presión internacional a mediano plazo. Para que surta efecto, en primer lugar, es absolutamente indispensable que Donald Trump cese cualquier ataque verbal o amenaza explícita al Gobierno de Maduro, como lo hizo hace algunos meses, imposibilitando así la posible fractura del Ejército. En segundo lugar, las sanciones deben ser universales, es decir, provenir de Estados Unidos y Canadá, de toda América Latina y de la Unión Europea. De faltar esa universalidad, difícilmente se puede esperar un efecto decisivo que no tarde años en producirse. Para ello, es absolutamente clave la decisión que pueda tomar la Unión Europea en los próximos días.

Esta decisión depende básicamente de tres vertientes. La primera es que los principales países latinoamericanos, agrupados en el llamado Grupo de Lima, que incluye desde luego a Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile y Perú, se presenten en un frente unido ante Bruselas para legitimar las sanciones europeas, a través de sus propios actos en ese mismo sentido. Las sanciones latinoamericanas no surtirán mayor efecto, salvo quizás en el caso de Brasil y de Colombia, pero sí pueden ser fundamentales para convencer a los europeos. En segundo lugar, para que la Unión Europea aplique sanciones económicas a Venezuela, es obligatoria la unanimidad: los 28 países, ya sin Inglaterra, deben aceptarlas. Hasta ayer existía un veto: el del Gobierno de Alexis Tsipras en Grecia, y de su partido Syriza. Seguramente ese veto explica el paso del primer ministro griego por la Casa Blanca justamente ayer. El tema central, del cual seguramente conversaron Trump y Tsipras fue Venezuela, fueron las sanciones europeas y la necesidad de que Grecia coopere en esta materia. Es difícil saber por el momento cómo reaccionó el gobernante de izquierda, amigo de Maduro. Asimismo, la lógica de diversos viajes de diplomáticos latinoamericanos, desde el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y hasta de Luis Videgaray a Europa en estos días, responde también a la necesidad de convencer a varios países, pero principalmente a Alemania, Francia e Italia, que convenzan a los griegos de levantar su veto. Sin ello no hay sanciones posibles.

De suceder todo esto, el régimen venezolano se debilitará a mediano plazo. En algún momento, dejará de poder pagar el servicio de su deuda externa, sobre todo si los chinos y los rusos dejan de ayudarle. En algún momento su capacidad de importar alimentos llegará al límite, y en algún momento la incapacidad de realizar transacciones financieras en cualquier parte del mundo hará inviable por completo su economía. Y eso nos lleva a la tercera y última vertiente.

Hasta donde sea posible, las sanciones económicas deben evitar efectos desastrosos para la población venezolana que ya ha sufrido lo suficiente. Por eso sería importante que dichas sanciones se acompañaran de una ayuda humanitaria, dirigida directamente a los sectores más desfavorecidos de Venezuela, y que las sanciones sobre todo se dirijan a impedir la importación, la compra o el pago de bienes y servicios no vinculados directamente a las primeras necesidades de la gente. Nada de esto es sencillo, pero más difícil será seguir lidiando con un Gobierno que cada día se parece más a una dictadura.
16 Octubre 2017 04:00:00
Misoginia y Margarita
Hay personas inteligentes en el entorno de Margarita Zavala de Calderón que debieron haberle aconsejado no lanzarse a una aventura innecesaria y contraproducente. No me refiero a su salida de Acción Nacional, sino a la idea misma de su candidatura, independiente o panista. Entre esas personas incluyo, desde luego, a su hermano, a quien conozco bien y con quien trabajé de manera agradable y productiva durante casi tres años. Juan Ignacio es listo, a estas alturas avezado, indudablemente simpático y cercano a su hermana. No sé cuál sea su opinión más íntima sobre la candidatura fraterna, pero es evidente que en público se ve obligado a defenderla, tanto frente a críticas sustantivas como superficiales.

En su artículo más reciente en El Financiero, llega incluso al extremo de defender al Gobierno de su cuñado, y en particular su sangrienta guerra contra el narco, juicio explícito que no necesariamente equivale a una convicción interna. Lo hace ante una tesis que plantee la semana pasada en estas mismas páginas, a saber, que la salida de Margarita del PAN le facilitaba las cosas al Frente, ya que podía dejar de cargar el lastre de la guerra de Calderón. No entraré aquí en responder a Juan Ignacio sobre el fondo de este asunto; habrá tiempo para hacerlo, y además, se trata más bien de un debate entre panistas y expanistas, y no soy ni lo uno ni lo otro. Tampoco comentaré otra afirmación de Zavala, esto es, la supuesta influencia que ejerzo sobre Ricardo Anaya, a través de “pláticas eternas en restaurantes a la vista de todos” (supongo que Juan preferiría que me reuniera con Anaya a escondidas). Me limitaré a discutir su acusación más personal: mi “patética misoginia, consecuente con una persona rencorosa”.

De lo rencoroso, he escrito ampliamente, en un libro cuya lectura Zavala hizo sin duda bien ahorrarse. Hasta aquí ningún desacuerdo. Doy por sentado que por misoginia se refiere a mi insistencia en referirme a su hermana como Margarita Zavala de Calderón, o a la “esposa de Calderón”, como lo hace también Andrés Manuel López Obrador. O quizás al hecho de que pienso que hasta que se demuestre con hechos y dichos lo contrario, la hermana de Zavala es solidaria con las políticas públicas ejercidas durante la Presidencia de su cuñado. Al día de hoy, no existe, políticamente hablando, más que como esposa de quien fuera presidente. Y sí, en efecto, creo que es correcto referirme en esos términos a Margarita Zavala de Calderón, por varias razones.

En primer lugar, porque varias mujeres en la política, cuyos maridos fueron primeros mandatarios, conservaron el apellido de sus maridos, por la sencilla razón que les convenía a ellas, a ellos, a sus amigos y en ocasiones a sus adversarios. Violeta Barrios de Chamorro o simplemente Violeta Chamorro, Cristina Fernández de Kirchner, Hillary Rodham Clinton (a quien Margarita Zavala de Calderón quiso emular en algún momento) e incluso, aunque muchos se enojen, Martha Fox. Mi madre siempre firmaba Neoma G. de Castañeda porque a pesar de tener varias carreras propias y una personalidad de cierta fuerza, hasta muy poco antes de su muerte, fue un apéndice de mi padre. Reconocer esta realidad, y utilizarla para fines políticos –a favor o en contra– me parece normal, lógico y de ninguna manera misógino. Atribuirle a la esposa de Calderón el apoyo y el acuerdo con las políticas del Gobierno de su marido me parece la consecuencia obvia de un hecho incontrovertible: Margarita Zavala debe su existencia política a su cónyuge, para bien y para mal. El día que Zavala Calderón se deslinde claramente de dichas políticas, podremos discutir las suyas; mientras, las suyas son las de él.

En Twitter algunas personas me reclaman un poco lo mismo que Zavala, pero de otra manera. Sostienen que las esposas no son apéndices de sus maridos, por el mero hecho de ser esposas. Depende: unas sí, y otras no. No hay reglas en esto, y en general, tratándose de personas privadas, son asuntos privados de cada pareja. Cuando se trata de personas públicas, y que aspiran a ser la persona más pública del país –presidente de la república–, son asuntos públicos, y deben ser juzgados como tales. Aunque a sus hermanos o hermanas les moleste.
13 Octubre 2017 04:07:00
¿Se acabó el TLC?
En plena visita del primer ministro de Canadá a México, y al arrancar la cuarta ronda de negociaciones sobre el TLC en Washington, proliferan las versiones de que el Acuerdo de Libre Comercio está a punto de derrumbarse. Medios estadunidenses como Wall Street Journal y The New York Times publican filtraciones procedentes de los negociadores de EU sobre una serie de propuestas sustantivas claramente inaceptables para México y para Canadá. Altos funcionarios mexicanos y canadienses afirman que el fin del NAFTA no es el fin del mundo, o que México puede vivir sin el acuerdo, o que Canadá y EU podrán ponerse de acuerdo sin México.

Es difícil saber qué parte de todo esto es cierto, y qué tanto es postura negociadora del método marrullero de Trump. Pero la situación es lo suficientemente grave para hacerse varias preguntas sobre lo que México debe decidir, y quizás también para insistir de nuevo en tres ideas falsas o ilusas que circulan en México y en EU sobre lo que a México le conviene.

En primer lugar, se ha dicho repetidamente que le conviene más esperar a que sea EU el que se levante de la mesa, para que sea Trump y su equipo quien asuma el costo político de derogar un convenio que le ha beneficiado enormemente a EU y a sus dos socios comerciales. No me parece para nada evidente la tesis. Para empezar, no veo cuál costo político para Trump: las grandes empresas norteamericanas, que pudieran resultar afectadas negativamente –y en escasa medida– por una decisión de este tipo, no contribuyeron a la campaña de Trump y por tanto él no les debe nada. Y para su base –el 40% de los norteamericanos que votó por él– sacar a EU del NAFTA no sólo no entraña un costo político sino todo lo contrario. En cambio, para México, dejar en manos del Gobierno de EU el cómo, cuándo y por qué levantarse de la mesa puede ser temerario. Quizá convenga más que sea México quien decida en qué momento, lugar y con qué motivos es deseable acabar con una negociación que evidentemente no va a ningún lado.

Segunda tesis endeble: México puede sobrevivir fácilmente sin el NAFTA. De tratarse de un acuerdo fundamentalmente comercial, la hipótesis es absolutamente correcta: seguiremos exportando más o menos lo mismo a EU y EU a México, y con precios muy parecidos para los consumidores mexicanos. Pero algunos siempre hemos pensado que el TLCAN no era primordialmente un asunto comercial, sino de seguridad jurídica y de inversión extranjera. Salinas de Gortari se lanzó a esa aventura no para lograr mayor acceso para productos mexicanos al mercado de EU y de Canadá, sino para garantizarle a los inversionistas extranjeros la seguridad jurídica que el estado de derecho mexicano no les brindaba. En mi opinión, de eso se trató siempre, no de un asunto de aranceles o de mercados. Quedarnos sin el TLCAN significa dejar de brindarles a esos inversionistas esa seguridad jurídica. No es un tema menor, y sí es grave.

Tercera falacia: México debe recurrir a las otras armas que posee, o invocar la integralidad de la relación bilateral con EU sólo cuando hayan fracasado o claramente concluido sin éxito las negociaciones comerciales. Utilizar las armas de la migración por la frontera sur, de no aceptar a deportados procedentes de EU sin comprobar su nacionalidad, de cesar de dedicar recursos humanos y financieros a la guerra contra el narco, y en particular a impedir que la cocaína de Colombia, la heroína de Guerrero y la mariguana del norte del país lleguen a EU, y por último, la cooperación en materia de terrorismo e inseguridad no deben ser empleadas sino hasta que sea patente la mala voluntad del Gobierno de Trump en lo que se refiere al TLCAN. Probablemente sea al revés, para que no fracasen las negociaciones comerciales, a México no le basta amenazar a EU con el recurso a estos instrumentos. Si no estamos dispuestos a poner en práctica estas amenazas, EU no va a creer que son reales porque efectivamente el riesgo o costo para México es muy grande. Pensar que los norteamericanos van a espantarse con nuestras amenazas migratorias, del narco, o de seguridad, y por tanto portarse bien en materia comercial es ingenuo.

Ojalá no tengamos que llegar a comprobar si las tres tesis del Gobierno y de los empresarios mexicanos y norteamericanos son ciertas o no. Pero cada día que pasa resulta más probable que en el fondo lo que Trump está haciendo al ampliar el número de demandas inaceptables para México y Canadá es simplemente sabotear el acuerdo. Si ese es el caso, no tiene sentido ni esperar a que él se vaya, ni decir que no importa, ni guardar las únicas armas que tenemos para un futuro donde ya no servirán.
11 Octubre 2017 04:06:00
Gracias a Margarita
No estoy seguro que todos lean bien las consecuencias a mediano plazo de la salida de Margarita Zavala de Calderón del PAN, y su posible registro como candidata independiente a la Presidencia. Entiendo –y me encanta– la lógica conspirativa. Zavala le tumba cinco o seis puntos a la candidatura del Frente, y así gana el PRI; o en su caso, más adelante, ya conseguidas las firmas y en pleno cierre de campaña, la esposa de Calderón se suma al candidato del PRI, si es Meade, junto con los senadores calderonistas, los millones de votantes panistas que ellos, Calderón y el voto útil atraen y conducen. Jaque mate.

Hay otra lectura. La partida de Zavala Calderón revestiría, en esta interpretación, dos grandes ventajas para el Frente, y la merma de votos o el apoyo al PRI y a Peña no pintarían demasiado. Primera ventaja: cualquiera entiende que más allá de qué vino primero, mientras Zavala pudiera participar en cualquier tipo de proceso interno en el PAN o el frente, existía la posibilidad de su victoria. Esta última era por completo incompatible con la existencia misma del frente: ni un votante, ni un cuadro, ni un dirigente del PRD o de Movimiento Ciudadano votaría o apoyaría a la esposa de Calderón. Pero ahora que ya no participará en el proceso o método que los dirigentes partidistas escogerán, se desvanece ese riesgo. Ninguno de los participantes en potencia son intransitables para los tres partidos, aunque uno, Moreno Valle, lo sería sin duda para las organizaciones de la sociedad civil, que en teoría van incorporándose al frente. Trátese de un mecanismo a modo para designar a Ricardo Anaya, o de una contienda abierta de verdad, el resultado sería venturoso para el Frente. Gracias a Margarita.

Pero la segunda ventaja resulta más trascendente. Mientras el calderonismo permaneciera en el PAN, y sobre todo si sus líderes hubieran buscado una negociación con Anaya y el Frente para incorporarlos al Senado, a la Cámara de Diputados y le brindaran protección necesaria al propio Calderón, el candidato del Frente que fuera se habría visto obligado a evitar cualquier deslinde con la hecatombe del sexenio de Calderón. Imposible denunciar la guerra de Calderón, los 120 mil muertos, los 30 mil desaparecidos, el derrumbe de la imagen internacional del país, el exorbitante gasto en seguridad sin que haya servido para nada. La candidatura frentista estaba obligada, si no a cargar con ese lastre defendiendo a Calderón, por lo menos, a no deslindarse de él. Tampoco podía atacar al candidato de Peña Nieto en el capítulo de violencia, inseguridad y narco, ya que replicó por completo la estrategia y las cifras de su predecesor.

En cambio, ahora, esa hipoteca ya no existe. Cualquier aspirante de la coalición PAN-PRD-MC etc., podrá libremente criticar, acusar, despotricar contra la guerra de Calderón sin mayores miramientos. Lo hará o no, dependiendo de muchos factores, pero no por la permanencia de los Calderón en el PAN. Gracias a Margarita.

¿Tienen razón los priistas y sus aliados en varios ámbitos al festejar la escisión del PAN (hasta ahora sólo de 2)? ¿O le suma puntos al frente el poder deshacerse de una carga histórica y electoral a tiempo y a un costo aceptable? No falta mucho tiempo para saberlo.
09 Octubre 2017 04:00:00
Ardidos
Es evidente la apuesta del Gobierno de Enrique Peña Nieto con Margarita Zavala de Calderón. Le quita votos al Frente, está presente en los foros y los debates, y cuestiona sistemáticamente a cualquier candidato o candidato del Frente. Lo cual no significa que allí resida la motivación profunda de Zavala Calderón, ni que sus propósitos se cumplan. Más aún, es factible que su desplante –que por cierto yo celebro, ya que el calderonismo en el PAN es lo peor que le haya sucedido– no desemboque en consecuencias contrarias al Frente que ellos desean. No descarto, para nada, que la decisión de la esposa de Felipe Calderón responda a pulsiones personales, muy legítimas, por cierto.

Primera esperanza: que Zavala Calderón no consiga las firmas necesarias para figurar en la boleta. Me han replicado en redes sociales que el hecho de que Calderón se haya opuesto con tanta virulencia a las candidaturas independientes en 2007 y 2008 muestra que su esposa es autónoma de él. No sé, pero sí creo que las condiciones para las candidaturas independientes, de Calderón, ya no Presidente, y de su aliado Peña Nieto, son leoninas. No sé si a Zavala/Calderón le alcance.

Supongamos que obtenga el millón y pico de firmas necesarias, tomando en cuenta la merma inevitable del INE, aunque tanto el instituto como el tribunal, trabajen para Peña. Nadie puede esperar que Zavala Calderón, sin el partido suyo y el de su marido, brille con luz propia. Es una candidata de 6% o 7 por ciento. La pregunta entonces se resume en algo muy sencillo: ¿por qué su ruptura y por qué su candidatura independiente, visto que ella y su marido las habían combatido siempre?

Hay dos hipótesis, ambas inteligentes y verosímiles. La primera es la de los ardidos: Calderón y su esposa se enojaron, debido a las trabas que les puso Ricardo Anaya para que ella fuera la candidata del PAN a la Presidencia, que prefieren hacer ganar al PRI (Peña Nieto, su cómplice desde el 2011) o incluso a Andrés Manuel López Obrador, que a Anaya o a otro candidato apartidista del frente. Es la tesis de los ardidos, para la cual existe una expresión más procaz.

La segunda hipótesis es que Peña y Calderón, ante la amenaza del Frente, hayan decidido hacer causa común, pensando que, en la segunda vuelta de facto, entre AMLO y el PRI, gana el segundo. Dudo que tengan razón, pero no es absurdo el planteamiento. Hablando en plata, no queda claro lo que ganan Margarita y su marido, salvo la posible derrota de Anaya. Pero si se trata de contribuir a la victoria del PRI, con el candidato que sea, dentro del pacto de la omerta que muchos detectamos hace algunos años, la estrategia no es para nada aberrante.

La clave del asunto consiste en el arrastre de Zavala Calderón y la respuesta del Frente. Muchos piensan, con fundamentos, que si Margarita consigue las firmas, puede llegar a 7-8% del voto, y arrebatarle el triunfo a cualquier candidato o candidata del frente. Otros creen que se va a desfondar, ya que las disidencias dentro del PAN nunca han prosperado. Anaya enfrenta una disyuntiva del diablo. Ya lo he dicho: si quiere la candidatura del frente, es suya. Pero la mejor respuesta a Zavala/Calderón, a la comentocracia antifrente, y a los votantes panistas dubitativos, de que Anaya sólo quiere la candidatura del frente para él, es declinarla, y apoyar a una opción no partidista. Hay varias…
06 Octubre 2017 04:07:00
¿El método o el éxito?
Sabremos en estos días si como decisión definitiva, o como instrumento de negociación, Margarita Zavala de Calderón opta por renunciar al PAN y realizar el primer trámite necesario, antes del domingo, para ser candidata independiente a la Presidencia. Sabremos también cuál será la postura de Rafael Moreno Valle ante el dilema del método que utilice el Frente Opositor para escoger a sus candidatos: para la Presidencia, nueve gubernaturas, el Senado, la Cámara de Diputados y para un buen número de importantes presidencias municipales o alcaldías. Pero ya podemos proponer cuál debe ser el criterio más adecuado para escoger el método: en mi opinión, lo que resulte ser más conducente a consolidar el Frente y llevarlo, en su caso, a la victoria en las elecciones del año entrante.

Elevar el criterio de designación de candidatos a un valor universal o una discusión académica es un despropósito. No es más democrática la vía de la elección abierta, que la de la encuesta, la del consenso entre dirigentes de partido, y en su caso algunos más; no es más transparente cualquiera de estos métodos o combinatoria de los mismos que alguno de ellos en lo individual. Todo depende, en primer lugar, de qué se entiende por elección abierta, por encuestas, por consenso. Pero, sobre todo ¿qué se desea?, darle prioridad al método pensando o argumentando con maña que éste legitima el desenlace, y que un desenlace procedente de un mal método en automático se deslegitima. No hay tal. Lo que debe haber es el criterio de lo más eficaz para ganar. Para eso son las elecciones.

Es evidente que distintos candidatos generan distintas adhesiones o rechazos al Frente, entre los dirigentes de partidos, en el seno de la sociedad civil, entre los empresarios, y sobre todo entre los votantes potenciales de Acción Nacional, del PRD y de Movimiento Ciudadano. Así, es obvio que si Zavala de Calderón fuera la candidata del Frente, aún ganando de buena lid en una elección abierta, transparente y con cancha pareja, un gran número de votantes, si no la totalidad, del PRD, probablemente de MC, e incluso tal vez del activismo cívico, sencillamente no votarían por ella. La tesis según la cual están obligados a hacerlo porque fue seleccionada mediante un procedimiento democrático es absurda. Si fuera ese el método y ganara Rafael Moreno Valle, lo mismo sucedería, aunque no necesariamente entre los mismos. Más bien podrían ser un buen número de votantes panistas y sin duda la inmensa mayoría de los integrantes formales o informales de las organizaciones de la sociedad civil se negarían a votar por él.

A la inversa, si hay un método de consenso, y la candidatura queda en manos, ya sea del presidente actual del PAN, ya sea de una persona ajena a cualquiera de los tres partidos, es muy probable que el sector calderonista del PAN haría un trabajo de brazos caídos, o incluso, aunque yo lo dudo, de ruptura con el PAN y de apoyo tácito o explícito al candidato del PRI. Dependiendo del candidato no partidista, lo mismo podría suceder con votantes del resto de Acción Nacional o del PRD.

De la misma manera que no hay un método mejor per se que otro, no hay candidato(a) presidencial o a la CDMX del Frente que no tenga pros y contras, que no gane donde uno de los posibles puede morder votos en un ámbito, pero perderlos en otro, y donde otro haga lo mismo, en otro ámbito. No hay método ni candidato perfecto.

Por eso sostengo que el mejor método es el que sea más conducente a la victoria, es decir, que cueste menos en términos políticos y aporte más, también en términos políticos y electorales. Entre la salida de lo que queda del calderonismo dentro del PAN, o el derrumbe del Frente, o el escurrimiento masivo de votos de izquierda potencialmente del Frente hacia AMLO, pienso que la primera opción, sin ser deseable, es menos nociva que las otras dos. Éste es el fondo de la discusión, y de la decisión que deberán tomar en estos días los dirigentes del Frente Opositor así como los sectores de las OSC, del empresariado y de la llamada intelectualidad que se identifican con él de alguna manera.
29 Septiembre 2017 04:07:00
Una encuesta sobre los temblores y EPN
He sostenido desde hace meses que cualquier candidato del PRI a la presidencia arrancará su campaña con una intención de voto muy parecida al nivel de aprobación o popularidad de Enrique Peña Nieto al momento de ser ungido. La última encuesta de GEA-ISA confirma este vaticinio. Fue levantada, en vivienda, entre el 8 y el 11 de septiembre (después del primer temblor), y vía telefónica, el 22 y 23 de septiembre (después del segundo sismo). En otras palabras, incorpora una primera reacción de la opinión pública ante las tragedias en los seis estados afectados.

La aprobación de EPN se sitúa en 16%, la cifra más baja de su sexenio. El 78% de los mexicanos desaprueba su gestión. A estas alturas, 46% de la población aprobaba la labor de Fox y de Calderón; Fox terminó con 63%, Calderón con 43%. La opinión desfavorable de EPN es de 71%, ligeramente mejor que en los dos últimos trimestres, cuando se ubicó en 72 y 74%; la favorable es de 22%. En preferencias electorales, el PRI como partido obtiene 18% sin repartir los “ninguno”, los “no sabe” y los “no dice”; repartiéndoles quizás alcanzaría 20%. En todos los careos, ya sea con múltiples candidatos o con sólo tres coaliciones, ya sea con Meade, Nuño, Narro u Osorio Chong como contendientes priistas, estos obtienen entre 13 y 15% de las preferencias del electorado, con entre 25 y 29% de no respuestas, es decir, en votación efectiva, alrededor de 17-18%. Como se ve, la correlación entre aprobación de Peña y votación a favor del candidato del PRI es casi perfecta.

Ahora bien, algunos colaboradores de EPN, y muchos acólitos del Gobierno en el seno de la comentocracia, han sugerido o celebrado que la buena actuación del presidente en las horas y días posteriores a los terremotos ha elevado sus números. La encuesta del GEA no confirma esa esperanza. El 82% de la población de la CDMX, de la zona conurbada del Edomex, y de Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas se enteró de la participación de Peña. La calificación de EPN en materia de atención a víctimas es relativamente positiva: 42% mala o muy mala, 56% buena o muy buena. Pero al preguntarle a los habitantes de esas entidades si su opinión sobre la labor de EPN mejoró, empeoró o se mantuvo igual a raíz de su actuación en los terremotos, 67% señaló que igual, 17% que mejoró y 13% que empeoró. Para todos fines prácticos, no se movió.

Algunos dirán que esto puede cambiar con el paso del tiempo. Poco a poco la gente verá lo bien que lo hizo el Gobierno, subirá la aprobación de Peña Nieto y por consiguiente las posibilidades del candidato del PRI. Lo que nos dice esta encuesta, de más de 160 láminas, es que por ahora, eso no ha sucedido. Sugiere, en cambio, que las cifras de EPN, del PRI y de cualquier candidato priista, no se alteran bajo cualquier circunstancia, y son patéticas. La elección se jugará entre AMLO y el candidato del Frente, si lo hay. Es difícil imaginar qué más puede suceder entre hoy y el 1 de julio de 2018 que surta mayores efectos que los sismos. Así están los números.
27 Septiembre 2017 04:07:00
Candidaturas apartidistas en los estados afectados
Con la propuesta de eliminar el financiamiento público a los partidos y los diputados plurinominales, el PRI está básicamente tendiéndole una trampa al Frente Opositor. Huelga decir que no sólo ambas características del sistema electoral mexicano fueron originalmente propuestas por diputados, senadores o el Ejecutivo en manos del PRI, sino que es el partido que más se ha beneficiado de ellas. Sin embargo, hoy puede arriesgarse a perder ambas ya que sería el más favorecido por su desaparición.

En efecto, desaparecer el financiamiento público estando el PRI en el Gobierno significa solamente que echarán mano de la cantidad inmensa de recursos que tienen a su alcance, como lo vimos en el Estado de México, para dedicarle a su campaña, tanto presidencial como de gobernadores, senadores y diputados federales. No habrá cómo fiscalizarlo porque ya sabemos que tanto el INE como el Tribunal Electoral son incapaces de poner un alto. En cuanto a las diputaciones plurinominales, desaparecerlas con los resultados actuales de las elecciones llevaría, como lo ha mostrado Gerardo Esquivel, a una gran sobrerepresentación del PRI, y una sub representación de los demás partidos que, en efecto, no tienen una presencia casi nacional. El Frente no está reaccionando con la claridad y la velocidad necesarias ante esta trampa.

Pero tampoco tengo la impresión de que el Frente haya podido sacar todas las conclusiones necesarias de la movilización de la llamada sociedad civil en las horas, los días, y ya la semana, posteriores al temblor del 19 de septiembre. No es que no hayan formulado propuestas interesantes y audaces, sino que no parece estar encontrando la manera de conectar con esa sociedad civil ahora más organizada y más movilizada. Una cosa es no lucrar con lo que sucedió en las calles de la Ciudad de México y otra muy diferente es no encontrar la manera de poner los registros y los recursos de los tres partidos al servicio de esa movilización, por lo menos en la Ciudad de México, y quizás varios estados afectados por el sismo y donde habrá elecciones para Gobernador el año entrante. Tal vez lo que conviniera hacer es pensar en sugerencias más imaginativas y más generosas por parte de los partidos del Frente, no tanto en materia de financiamiento sino en materia de candidaturas.

En efecto, habrá elecciones para Gobernador en cuatro estados seriamente afectados por el sismo: la CDMX, Morelos, Chiapas y Puebla en el 2018. Salvo la CDMX, no ha habido en las tres entidades del interior, la misma movilización que en la capital de la República. Pero de cualquier manera hay una sociedad civil activa, vigorosa, que se ha visto afectada por el terremoto y que podría participar de una manera muy dinámica en las elecciones para Gobernador el año entrante. Una posible propuesta sería que los tres partidos del Frente ofrecieran desde ya la candidatura al Gobierno de esas cuatro entidades, ya sea a activistas de la sociedad civil recién emergidos durante los trabajos de rescate y reconstrucción después del sismo, ya sea a personalidades de la misma sociedad civil con un historial previo intachable y al mismo tiempo conocido. No van a encontrar candidatos perfectos en ninguno de los cuatro estados, y habrá sin duda muchos contendientes posibles de los propios partidos que serían mejores candidatos, mejores gobernadores que las personas sin partido que pudieran contender por el cargo y ocuparlo, pero no se trata necesariamente de escoger al mejor, sino de conectar con esa sociedad civil que se ha movilizado y mostrar que por lo menos estos tres partidos tan no quieren aprovecharse del dolor y del activismo de la gente que en lugar de pedir el voto de la gente le ofrecen las candidaturas. No es algo sencillo, pero tampoco es imposible y se trata de candidaturas competitivas en casi todos los casos. Ojalá que los principales dirigentes del Frente piensen y exploren esta posibilidad.
25 Septiembre 2017 04:00:00
La lana de los partidos
Quienes hemos sostenido desde hace años que el monto –no el hecho per se– del financiamiento público de los partidos políticos es un verdadero insulto, no podemos más que congratularnos del hecho de que, de repente, se vuelva una consigna y causa de la sociedad civil más o menos organizada. Pedro Kumamoto, en Jalisco, adoptó la bandera hace poco, por una vía indirecta, pero ingeniosa. Ahora millones de ciudadanos la hacen suya, a raíz del sismo y del enorme gasto de reconstrucción que va a implicar.

Las fórmulas son lo de menos. Unos, contra el presupuesto de 2017; otros, del 2018. Unos, 25%, otros 50% y otros más hasta la totalidad. Unos, al FONDEN, es decir Hacienda, es decir el Gobierno, es decir Peña Nieto. Otros, a un fideicomiso supervisado por un comité ciudadano. Ninguno de estos esquemas es perfecto, ni existe otro que lo sea, ajeno a nuestra imaginación actual. Todos encierran ventajas e inconvenientes; en el fondo, lo esencial es que se haga.

Conviene recordar, como me lo ha hecho notar mi buen amigo Toño Meza, que la inmensa mayoría de los inmuebles destruidos, o que deberán serlo, por lo menos de la Ciudad de México, son privados. O están asegurados, y entonces el apoyo a los habitantes o propietarios se canalizaría a las compañías de seguros, o no lo están, en cuyo caso los recursos se dirigirán a los dueños más que a los inquilinos. Pero este es un tema secundario, aunque no debe ser menospreciado. El dinero de los partidos es público; es de los contribuyentes, y no sé si a mí me gustaría que la pequeña proporción de mis impuestos que le toca a los partidos o al INE, acabara en las arcas de MetLife o Seguros GNP.

Lo esencial es si la “devolución” – término políticamente incorrecto pero acertado– de las enormes sumas entregadas a los partidos para destinarse a la reconstrucción debe constituir un gesto de generosidad o de oportunismo político –no tiene nada de malo– y solo eso, o transformarse en legislación aprobada en las peores condiciones posibles.

En efecto, hacer leyes al vapor de la coyuntura, o al calor de la tragedia, es lo peor posible. No son las salchichas de Bismarck, sino lo que sigue. Una cosa es que la gente odie a la partidocracia –llevo yo 13 años dando esa pelea, con mayor o menor éxito, otra es que el rechazo, hartazgo o repugnancia se vuelva exposición de motivos de una ley. Una cosa es que nuestras elecciones –INE, partidos, estructuras estatales– sean, voto por voto, casilla por casilla, de las más caras del mundo, y otras es que un tema de enorme complejidad como el financiamiento de campañas se quiera resolver en dos patadas, con cada bancada buscando ser más demagógica que la otra.

Fuimos, por buenas y malas razones, demasiado lejos en el financiamiento público de los partidos. Llegamos a extremos de recursos –dinero, franquicias postales y tiempo aire, entre otros– que son intolerables para la gente, cuando se entera, y para los especialistas, cuando se ocupan. La solución, sin embrago, no es Citizens United, es decir, la demanda interpuesta ante la Suprema Corte de Estados Unidos por la ultraderecha y que le permitió a las grandes empresas donar recursos a candidatos, cuando antes sólo podía hacerlo los particulares.

Eso exige un largo debate, mucha serenidad, e información. Requisitos, obviamente, incumplibles en el clima actual de la Ciudad de México y del país. Lo ideal sería que los partidos entregaran sus dineros, el mayor monto posible, tomando en cuenta sus pasivos. En un segundo momento, que cada candidato a la Presidencia en el 2018 presentara un propuesta de financiamiento de campañas –a la norteamericana, a la europea, a la chilena, etc– y que se convierta el tema en una problemática de debate. Ya después, en el sexenio siguiente, sin el afán de dizque quedar bien con uno o con otro, que se legisle en frío, a sabiendas que en esta materia no hay soluciones perfectas.
22 Septiembre 2017 04:00:00
1985=2017; ¿1988=2018?
En 1985 una emergente sociedad civil de la capital de la República salió a la calle después del temblor, se apoderó de ella, y empezó a llenar los vacíos dejados por las autoridades. Una sociedad menos incrédula, menos organizada y con menos coraje contra el Gobierno que hoy –aunque el 82 seguía presente en la memoria de todos– comenzó a organizarse. La solidaridad constituyó quizás la consecuencia más inmediata y entrañable del movimiento social que despertó el sismo, pero ni la más duradera ni la más significativa. Fue, de manera inevitable, efímera, localizada y más noble que eficaz.

Tres años más tarde, un parte de ese movimiento, desde Súper Barrio hasta Monsiváis, se incorporaron o condujeron el proceso que desembocaría en la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas. Se sumó también a esa dinámica un sector importante de la movilización estudiantil de 1987. Sabemos que Cárdenas no fue presidente, pero también que le metió un susto del demonio al sistema y que el muy lento tránsito hacia la democracia representativa en México vivió en ese año uno de sus momentos decisivos.

Este 19 de septiembre, además del terremoto, surgieron otras semejanzas con el 85. Las autoridades respondieron con mayor eficacia, celeridad y valor, sin duda, pero el escepticismo de la gente frente a todo lo oficial llevó a una nueva versión de la solidaridad de entonces: los jóvenes en particular buscando hacerse cargo de muchos asuntos, con o sin la autoridad. Una sociedad civil más organizada –aunque no tanto–, más pujante, más politizada, se volcó a la calle y a los centros de acopio con enorme generosidad y sentido de la inmediatez. Al igual que en 1985, a pesar del temblor de dos semanas antes en Oaxaca y Chiapas, y de los efectos brutales del segundo sismo en Morelos en particular, se trató de un fenómeno capitalino, pero que a través de los medios –como entonces– o de las redes sociales ahora, se “nacionalizó”.

La gran pregunta yace en las consecuencias políticas y electorales del mayor acontecimiento en afectar a la Ciudad de México desde el plantón de Reforma de 2006. Los partidos, las personalidades y buena parte de la comentocracia dirán que no es el momento de pensar en eso, pero piensan en eso. Los activistas, los incipientes liderazgos dirán, con toda razón, que no se debe politizar la solidaridad, pero la politizan. Innumerables organizaciones ciudadanas exigen la canalización de los recursos entregados a los partidos para la reconstrucción, con algo de razón, pero claramente imponiéndole un sello antipartidocracia a su hartazgo. Por todos estos motivos, no conviene asustarse con discutir, analizar y extraer conclusiones políticas y electorales del trágico suceso del martes. Los que mandan –porque ese es el sistema político que hemos construido– pueden responder con sensibilidad al reclamo ciudadano de los escombros y centros de acopio, o con soberbia.

Si saben leer el sentir popular –insisto: de la CDMX por ahora, pero con repercusiones nacionales– decidirán ciudadanizar o “despartidizar” al máximo su camino hacia el 2018 y su trabajo de campaña. Si aprovechan la ineluctable marea baja de la solidaridad de las próximas semanas para volver a ejercer el poder que efectivamente poseen, para sus propios fines –perfectamente legítimos y profundamente desacreditados– pagarán las consecuencias el año entrante, como las pagó el PRI en 1988. El partido, o la coalición, que entienda mejor esto, y actúe en consecuencia, arrancará la campaña con una ventaja insuperable.
20 Septiembre 2017 04:00:00
El camarada ‘Trump’
Primero lo esencial: condolencias y solidaridad para las víctimas y los afectados del sismo de ayer. Tuve la suerte de no encontrarme en México ni en 1985 ni el 19 de septiembre de 2017, pero demasiados familiares y amigos si se hallaban en la Ciudad de México, nuevamente golpeada por la naturaleza. Quisiera tener algo más que decir al respecto, pero como no es el caso, debo centrarme en esta breve entrega en lo que el mundo atestiguó esta mañana en las Naciones Unidas en Nueva York.

Donald Trump pronunció un discurso insólito en la historia de la ONU y de las intervenciones de los presidentes norteamericanos en el recinto emblemático. Desde 1947, Estados Unidos habla en segundo lugar, después de Brasil. Y con gran frecuencia, es el primer mandatario estadunidense quien habla a nombre de su país. No es siempre el caso; a nombre de México hablará Luis Videgaray, como lo hicimos mi padre y yo hace muchos años. Siempre los ocupantes de la Casa Blanca se habían cuidado de utilizar la tribuna para fines políticos propios, o para atacar a gobiernos de otros países de manera frontal. No todos: Reagan habló del imperio del mal, Bush (h) del eje del mal, y en los peores momentos de la Guerra Fría, tanto Khruschev como Fidel Castro amenazaron con enterrar a los Estados Unidos o de acabar con las interminables fechorías del imperialismo yanqui.

Pero el aspecto más interesante del discurso de Trump, haciendo a un lado sus diatribas hasta cierto punto explicables, contra Corea del Norte, Irán, Venezuela y Cuba, fue el énfasis en la soberanía. Pronunció la palabra en 21 ocasiones; Obama, en su primera intervención en el Palacio de Cristal, una vez. “America First”, el lema de Trump, se convirtió en una defensa de la soberanía a ultranza de Estados Unidos. Pero como ni él ni sus colaboradores son ingenuos o ignorantes, debieron aceptar que el término vale para todos: o todos coludos o todos rabones. Y por tanto, el Presidente norteamericano se convirtió en un defensor vehemente de la soberanía nacional, en un adalid de la no-intervención, y sobre todo, del rechazo al valor universal de ciertos valores, principios o compromisos asumidos por todas las naciones.

• Para muchos, ésta será una noticia bienvenida. Quienes creen que los valores impulsados –muchas veces con un doble rasero y de manera francamente hipócrita- por Washington desde la Segunda Guerra Mundial –democracia representativa, respeto a los derechos humanos y las libertades individuales, economía de mercado– constituyen en realidad una imposición de sus valores, se congratularán del cambio. Otros pensaremos que las consecuencias de este abandono de la postura tradicional de Washington debe ser lamentada.

• Si Estados Unidos considera que sus valores son solo suyos, y no, por ejemplo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1947; de las Convenciones de Ginebra sobre la Guerra, de Viena sobre Protección Consular, del Acuerdo de París de 2016 sobre Cambio Climático, del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (aún no ratificado por EU), estamos fritos. Porque la metáfora de Lilliput de Jonathan Swift vale: sólo podemos acotar al gigante con mañas y cuerdas de los enanos. Cuando el gigante desdeña el derecho internacional, la jurisprudencia universal de ciertos valores, no queda nada. Raúl Castro, Xi Jinping, Kim Jong Un y Vladimir Putin tienen un nuevo aliado y los antiintervencionistas mexicanos tienen a un nuevo aliado: Trump. Felicidades.
18 Septiembre 2017 04:00:00
Kelly y el fallido narcoestado
La semana pasada tuvo lugar una cena importante en la Casa Blanca. Donald Trump invitó a los líderes demócratas de ambas cámaras del Congreso estadunidense para hablar de una posible iniciativa de ley que legalice plenamente a los llamados DACAS o “Dreamers”. Trump subrayó que no podía prosperar ningún proyecto sin fortalecer seriamente la frontera con México; Chuck Schumer y Nancy Pelosi aclararon que jamás le brindarían recursos al Ejecutivo para construir el muro en la frontera. En eso, el Mandatario norteamericano le cedió la palabra al jefe de su oficina, el general John Kelly, para que describiera la situación en México, justificando así la necesidad de redoblar la seguridad fronteriza.

Aquí comienzan las discrepancias sobre lo que sucedió. The New York Times citó a dos fuentes anónimas presentes en la cena que afirmaron que Kelly “ofreció un punto de vista sumamente pesimista... de México” y comparó la situación en el país con la de Venezuela bajo Hugo Chávez, y que se encontraba al borde del colapso. El día siguiente, el corresponsal del diario mexicano Reforma citó a otras fuentes, también con “conocimiento directo” de lo acontecido en la cena, que no sólo confirmaron lo dicho por The New York Times, sino que agregaron otra expresión de Kelly: “México es un narcoestado fallido”.

En la misma nota, el corresponsal de Reforma en Washington citó una declaración del secretario de Relaciones Exteriores en el sentido de que la Casa Blanca le aseguró que Kelly no había utilizado esas expresiones. Asimismo, el enviado dio cuenta de una declaración escrita del embajador de México en Washington según la cual el Gobierno de Estados Unidos le aseguró que el diario neoyorquino no reflejó el contenido de la intervención de Kelly. A esta hora, es decir, domingo en la noche, no se había producido un desmentido directo del Gobierno de Trump, ni de la Casa Blanca, ni del propio Kelly, negando la versión de The New York Times y Reforma.

Demos por cierta esa versión. Existen varias explicaciones posibles, algunas menos hirientes y graves que otras. Kelly fue secretario de Seguridad Interna antes de ocupar su cargo actual, y hace unos tres años, jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que incluye todo el Caribe y América del Sur, pero no México. Allí desarrolló su visión apocalíptica de México como receptor, tránsito y destino de los peores flujos del mundo: drogas e indocumentados. Tuve la oportunidad de cenar con él y con Isaac Lee, el actual alto ejecutivo de Televisa, en Miami hace unos tres años, y quedé impactado por la estrechez de miras de Kelly a propósito de América Latina. Es muy posible que crea sinceramente todo lo que se le atribuye.

También es posible que para asustar a Schumer y Pelosi haya exagerado su propio análisis, y en realidad posea puntos de vista menos extremos sobre la realidad mexicana. Tal vez Trump le instruyó que presentara un panorama infernal de México, para justificar la necesidad de un aumento dramático del gasto en seguridad en la frontera. O quizás no fue necesario: a buen entendedor, pocas palabras.

Lo grave de todo esto consiste en las filtraciones, la ausencia de desmentido formal de la Casa Blanca, la necesidad de los altos funcionarios mexicanos de estar dando explicaciones de lo que “Trump quiso decir”, y sobre todo, la increíble contradicción entre lo que dicen y hacen los nortea-mericanos. Si piensan en serio que México se encuentra al borde del colapso chavista, y que con López Obrador se consumaría su transformación en un narco-estado fallido, ¿para qué le mueven? No sólo no ayudan, sino que corren el riesgo, con todos nosotros, de que se cumpla su profecía. Roberta Jacobson es una magnífica embajadora de EU en México, pero es evidente que no tiene el oído de Washington. Sino, les diría, como el rey Juan Carlos a Chávez, justamente, “¿Por qué no te callas?”
15 Septiembre 2017 04:05:00
La viabilidad del Frente (III)
La viabilidad del frente depende, en efecto, como tantos lo han señalado de buena o de mala fe, de su capacidad para escoger candidatos para los principales puestos de elección popular, empezando por la Presidencia, sin que se rompa, se desdibuje o provoque la deserción de la suma aritmética de los votantes del PAN, del PRD de MC y de las “divisiones del Papa”, que estarían en la sociedad civil organizada. Es cierto que se trata de mucho más que una candidatura; es cierto que el método, como comentamos en la anterior entrega, es importante; pero al final hay una candidatura que no es igual a las demás: me refiero desde luego a la presidencial.

Más allá del método, los dirigentes de los partidos que integran el Frente, más aquellas personas del resto de los sectores organizados de la sociedad mexicana –activistas, académicos, “intelectuales”, empresarios– deben de enfrentar una primera disyuntiva de innegable complejidad. En el sistema político que tenemos, donde a pesar de la legalización de las candidaturas independientes, los partidos siguen conservando un virtual monopolio de la expresión electoral, son ellos los que tienen la sartén por el mango. Los partidos mandan. Yo seguiría prefiriendo que una candidatura independiente, externa por completo a los partidos, despuntara, se volviera competitiva, y les ofreciera una alternativa más radical a los partidos. Conservo la esperanza que la de Armando Ríos Piter cumpla ese propósito. Pero también es evidente que, salvo en ese caso, los partidos deciden. Por eso es tan importante la disyuntiva que confronta.

Pueden los tres, más en su caso a quienes inviten a participar en la decisión, optar por una candidatura partidista. En alguna medida sería lo más lógico y comprensible. Son ellos los que tienen los recursos financieros del erario, el tiempo aire, las estructuras, la experiencia de campaña, y son ellos entonces los que tienen todo el derecho a designar a un candidato partidista a la Presidencia de la República. De seguir este camino, es evidente para mí que se trataría de alguien del PAN, y con una seguridad casi total, de Ricardo Anaya. Y dicha decisión encerraría varias ventajas.

En primer lugar, movilizaría prácticamente a la totalidad de las fuerzas de Acción Nacional, con la posible excepción del pequeño grupo de calderonistas en el Senado y en algunos estados. En segundo lugar, le permitiría a Acción Nacional, sin mayores dificultades, compartir con el PRD y con MC otras candidaturas, menos atractivas, pero de gran importancia: nueve gubernaturas, las senadurías, las principales diputaciones, las delegaciones de la Ciudad de México y la Asamblea de la capital. Y se consolidaría la trascendencia de los partidos en las decisiones nacionales.

La desventaja de esta vía reside en dos dificultades. En primer lugar, que no es para nada evidente, que los votantes del PRD y de MC –principalmente en Jalisco– votaran fácilmente por un candidato del PAN. Es posible que sí, pero también que no. La otra opción es más interesante y a la vez más problemática. Parte de un supuesto innegable y de un deseo en alguna medida descabellado. La premisa es sencilla: la sociedad mexicana está harta de los partidos, de los enormes recursos que se les entregan, de sus candidatos y de todo lo demás. Y el anhelo, en efecto iluso, consiste en pensar que estos tres partidos por lo menos tienen conciencia de ello y estarían dispuestos a renunciar a un derecho que tienen y que su fuerza les confirma: nombrar a un candidato suyo. De ser así entenderían que tanto por el hartazgo de la sociedad mexicana hacia ellos como por la probabilidad de que los votantes del PAN difícilmente votarían por un candidato del PRD, o viceversa, lo que más les conviene es un candidato(a) apartidista procedente de los más amplios espacios de la sociedad civil que generaría menos conflicto entre los partidos y podría servir para neutralizar algo del rechazo generalizado a los partidos.

La desventaja de esta opción es que no abundan los aspirantes, y que los que hay pueden ser muy llamativos, en teoría, pero a la hora de hacer campaña no necesariamente los más carismáticos. Afortunadamente, todo parece indicar que tanto AMLO como cualquiera de los posibles candidatos tampoco lo son y que alguien que emanara de esta determinación de los partidos podría competirles seriamente a los demás.

Los dirigentes partidistas del Frente saben esto, lo discuten, lo negocian y lo procesan. Es imposible saber en este momento qué van a decidir. Lo que es un hecho comprobable por todos es que hay una clara conciencia de las disyuntivas, de los beneficios y los costos de cada uno de los caminos y de las consecuencias también de la decisión que se tome. Por esta última razón, el Frente es cada día más viable.
13 Septiembre 2017 04:07:00
La viabilidad del Frente (II)
Héctor de Mauleón relató la semana pasada en su columna de El Universal los pormenores de la discusión entre los líderes del Frente –seguramente con su anuencia- sobre las posibles vías para seleccionar a los principales candidatos del mismo. Huelga decir que hay una candidatura más trascendente que otras, pero las demás –nueve gubernaturas, incluyendo CDMX, liderazgos del Senado, de la Cámara y de la Asamblea capitalina, presidencias municipales de las ciudades más grandes del país– no son despreciables.

Según De Mauleón, una de las propuestas consistiría en crear varios criterios ponderados, que comprendieran encuestas, debates, votaciones de direcciones y de asambleas estatales de los partidos, primarias, y alguna ponderación para los grupos y personalidades de las organizaciones de la sociedad civil (OSC). La ventaja de este procedimiento residiría en su transparencia, en la legitimación de las candidaturas así seleccionadas, y en su apertura. Podrían participar aspirantes de los tres partidos, pero también contendientes sin partido, habiendo sido candidatos independientes o no. Se trata de un mecanismo más elaborado, algunos dirían más alambicado, que el que propuso Héctor Aguilar Camín hace un par de meses.

Otras voces dentro del Frente, o cercanas, proponen un esquema diferente. Y anteponen sus razones de fondo a sus detalles concretos. Las primarias en México, cualquiera que sea su presentación específica, dividen: ver lo que sucedió con Morena y Monreal. Es una vieja tesis de Carlos Salinas, probablemente acertada. Los perdedores casi siempre se arden, y los ganadores no suelen ser magnánimos.

En el caso del Frente, sin embargo, existirían varios riesgos inherentes al esquema descrito por De Mauleón. La clave del éxito yace en la conservación de los electorados partidistas por los candidatos escogidos. De nada sirve un procedimiento democrático, abierto y transparente, si desemboca en una candidatura panista inaceptable para los votantes del PRD (Margarita Zavala) o perredista, rechazada por los electores panistas (Miguel Ángel Mancera). En un esquema como el descrito, el peligro existe. La mayor objeción a este respecto se refiere al posible corrimiento de los votantes del PRD hacia Andrés Manuel López Obrador, que es su querencia natural.

Para evitar ese desplazamiento, y el consiguiente desplome del PRD, hay voces que cuentan más que otras. Cuauhtémoc Cárdenas no es miembro del partido, y se ha alejado mucho del mismo. Pero para la base perredista sigue siendo un referente. Si hubiera una candidatura del PAN o sin partido que él apoyara, y que desde luego también contara con la aceptación de las tres organizaciones y de otras voces representativas, podrían pesar más estas virtudes que el emanar de un proceso democrático. Conviene recordar, por cierto, que ni el PRI ni Morena celebrarán un proceso de esa índole.

Para lograr todo esto, los partidarios de la segunda vía preferirían que se reúnan los liderazgos de los tres partidos, más en su caso un representante de cada uno del activismo social, de la intelectualidad y del empresariado, y se encerraran hasta que saliera humo blanco. No sólo para la candidatura presidencial, sino también para todos los cargos principales de elección popular, de la campaña, y hasta del Gobierno si se ganara.

Lo esencial no es cuál de los métodos resulte preferible. Ambos, y otros más, revisten ventajas e inconvenientes. Importa más que los dirigentes de los partidos, junto con sus aliados y colaboradores, estén discutiendo el fondo del dilema, el detalle, soluciones ingeniosas y otras más tradicionales, y en términos pragmáticos. Nadie sabe, por supuesto, cuál será el desenlace. Pero todo indica que tanto el tema del proceso de selección de candidatos, como las necesarias virtudes y las inevitables deficiencias de todos los posibles, se encuentran en el tablero de control de los creadores del Frente.
11 Septiembre 2017 04:00:00
La viabilidad del Frente (I)
He leído dos tipos de críticas al llamado Frente Amplio. El primero proviene de quienes, con toda razón, temen que pueda arrebatarle a Andrés Manuel López Obrador una victoria ya casi consumada, o de aquellos que creen que condene a al PRI a un lejano tercer lugar electoral. En ambos casos, se trata de respuestas políticas legítimas –aunque no siempre presentadas como tales– a una jugada política inteligente. La segunda consiste en la formulación de dudas “analíticas” sobre las posibilidades de consolidación del frente: que si el agua y el aceite, que hasta que el candidato los separe, que si el oportunismo de quienes solo buscan ganar. Allí se trata de réplicas de menor honestidad intelectual, ya que suelen disfrazar su oposición al frente en un sano escepticismo “objetivo”. Conviene ir respondiendo una por una a estas dudas, tanto a las de carácter estrictamente político, como a las de una supuesta neutralidad académica.

La más obvia de las suspicacias, y la más simplista en su formulación, es la de las diferencias ideológicas. ¿Como es posible que sectores tan disímbolos en sus convicciones como el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, las organizaciones radicales de la sociedad civil (OSC), e intelectuales de izquierda y derecha puedan ponerse de acuerdo en un programa de gobierno, en un candidato presidencial (y muchos más) y en gobernar juntos? Hay tres respuestas contundentes a esta interrogante ingenua o maliciosa.

En primer lugar, hace años que desaparecieron los partidos políticos dotados de una “ideología”, y en México nunca existieron. El PRI, por décadas el único partido mexicano, nació justamente para que en el –cual jarrito de Tlaquepaque– cupieran todas las corrientes emanadas de la Revolución, desde los ricos agricultores sonorenses hasta los desposeídos campesinos zapatistas. Quizás los últimos partidos ideologizados fueron los comunistas, que con la excepción de rémoras trasnochadas como Cuba y Corea del Norte, han desaparecido. El PAN, el PRD y MC (y desde luego Morena y el PRI) no tiene ideología: asumen posiciones ante las grandes disyuntivas contemporáneas del país, unas sensatas y fundamentadas, otras absurdas o cínicas, pero no totalizantes, como son las ideologías.

La pregunta es si sus posiciones son compatibles, o negociables. Ya se han subrayado los temas importantes y a la vez sencillos: lucha contra la corrupción, estado de derecho. Se conocen las convergencias “negativas” –no a la guerra contra las drogas– sin que haya claramente una alternativa explícita común. El caso más difícil reside en las posturas extremas de cada sector: el rechazo de la izquierda a la reforma energética de Peña Nieto, y la animadversión del electorado panista –no tanto de sus dirigentes– a temas importantes para el PRD y las OSC: matrimonios igualitarios, aborto, legalización de la mariguana, muerte asistida. ¿Como conciliar posturas tan contrapuestas?

Con lo que se llama en la jerga militar o diplomática un “freeze-freeze” o “standstill””: todo permanece como está. No se revierte la reforma energética de Peña; no se echa para atrás el aborto en la CDMX, ni los matrimonios gay en la República; no se avanza en mariguana o muerte asistida, salvo en aquellos estados que así lo deseen, o por consenso de todos. Tengo razones para pensar que este enfoque es aceptable para todos los integrantes del frente: partidos, grupos, personalidades.

La segunda respuesta radica en las comparaciones internacionales, que ya han sido señaladas por varios, incluyendo hoy misma la senadora panista Laura Rojas. Conviene recordarlo: la democracia cristiana chilena fue golpista. Eduardo Frei padre y Patricio Alwyn no sólo apoyaron el golpe de Pinochet; conspiraron para que sucediera. Y sin embargo, hacia mediados de los años 80, y sobre todo en la víspera del referéndum de 1988, socialistas, radicales, el PPD y la DC chilenas se pusieron de acuerdo para participar en el amañado plebiscito pinochetista, en presentar un candidato común, desde la primera vuelta, en la elección presidencial de 1989, en gobernar juntos con un programa común, y para ganar. La Concentración dura hasta la fecha (con variantes, y va a perder en enero), y ha conducido al país durante el período más prolongado de crecimiento económico y social de su historia.

En tercero y último lugar, lo que mejor aglutina a una alianza como la que podría constituir el frente es ... la perspectiva de triunfo. En materia ideológica, en un país y un mundo donde los partidos no son el punto de encuentro de la misma –no que no haya ideologías- ganar es fundamental. No es todo, pero es mucho. Si las encuestas comienzan a mostrar que el frente es una apuesta con verdaderas posibilidades de victoria, va a caminar. Lo que más concentra la mente no es el patíbulo, como dijo Samuel Johnson, sino el éxito.
08 Septiembre 2017 04:07:00
El ingreso de los mexicanos 2008-2017
Se han publicado varios artículos y comentarios sobre las cifras que divulgaron en tiempos recientes tanto el INEGI, a partir de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los hogares de 2016, y el Coneval, en relación con la pobreza, partiendo de las estimaciones del INEGI basadas en dicha encuesta. Debido a desacuerdos internos y a la utilización política de todas las cifras por parte del Gobierno y del PRI, resulta difícil entender qué ha sucedido en estos años en materia de reducción o perpetuación de la pobreza, en términos relativos y absolutos, durante este sexenio o antes del mismo.

Sin embargo, algunos datos y algo de historia nos permiten darnos una idea un poco más clara de lo que ha acontecido, no tanto con la pobreza en México, sino con el ingreso de los hogares. Si nos remitimos a la ENIGH 2016, que fue publicada hace unos días, resulta que el ingreso promedio por persona en uno de los 33 millones de hogares en México, compuesto por 2.5 personas que perciben un ingreso, fue de $6,000 mensuales en el 2016. Esto significa que en promedio cada hogar tendría una percepción de $15,000 al mes. Si tomamos en cuenta que a pesar de los controles cada vez más rigurosos y eficaces que el INEGI le inyecta a la encuesta, y el tamaño de la muestra, es probable que se haya reducido el subreporte de ingreso. De todas maneras, debe de seguir existiendo en algunos de los deciles, los más ricos y los más pobres, aunque en el caso de los primeros la inclusión de cifras del SAT para el decil más próspero corrige esto en alguna medida. De todas maneras, $6,000 por persona al mes es a la vez muy poco y no tan poco, dependiendo de la visión que se tenga. Conviene subrayar que esto incluye ingresos de trabajo y transferencias, así como renta imputada.

Ahora recordemos la polémica que desató Ernesto Cordero en el 2011, cuando era precandidato a la postulación panista a la Presidencia de la República, recién renunciado como secretario de Hacienda. Fue vilipendiado por decir que el ingreso promedio de un mexicano de $6,000 mensuales en ese momento era decoroso. O algún otro término por el estilo, y le pido una disculpa si no recuerdo con precisión la palabra que utilizó. Siempre pensé que Cordero tuvo mal tino en decir lo que dijo, pero que no era del todo falso.

Lo interesante de la posible pifia política y acierto analítico de Cordero es que eso se produjo en 2011, hace 5 años. De ser así y de estar hablando en ambos casos de pesos constantes, el ingreso de los mexicanos se ha mantenido igual. De tratarse de pesos corrientes, habría que deflactar el ingreso actual con la inflación acumulada de estos 5 años. De realizar esa operación, el ingreso promedio de cada mexicano sería ligeramente inferior al 2011. Aunque ciertamente algunos de los bienes y servicios que consumen hoy los mexicanos tienen un menor precio que hace 5 años.

Esto concuerda también con otros de los datos que han surgido de las ENIGH recientes, aunque no son totalmente comparables entre ellas. En el informe Promedio del Ingreso Corriente Trimestral por Deciles de Hogares, publicado en los últimos días por el INEGI, se señaló que el ingreso promedio de los mexicanos en el 2016 no había recuperado el nivel de 2008, es decir, el año anterior a la grave crisis económica de 2009. En 2008 el ingreso promedio trimestral fue de 46,901, en 2016 de 43,036, en ambos casos en pesos constantes de 2016, es decir, casi 10% menos.

En otras palabras, llevamos casi 10 años con el ingreso estancado o levemente retrocediendo en términos reales. De ser así, se entendería por qué una parte de la sociedad mexicana está harta de la política económica que se ha seguido, aunque no haya necesariamente alternativas evidentes. Las mediciones de la pobreza le importan un comino a la inmensa mayoría de los mexicanos, les interesa el dinero disponible que encuentran en sus bolsillos. Asimismo, explica porqué también EU y Canadá insisten tanto, en las negociaciones del TLC, en el tema salarial mexicano. Sí hay algo de dumping laboral. Y sí es un tema legítimo de negociación entre los tres países, pero sobre todo, es un tema legítimo de agravio o de resentimiento por parte de un amplio número de mexicanos.
06 Septiembre 2017 04:08:00
DACAS y Peña
La cancelación del programa DACA por parte de Trump tiene dos vertientes: la que afecta a la gente ahora indefensa en EU y la reacción del Gobierno de México. El primer aspecto debe ser estudiado, analizado y denunciado repetidamente; el segundo, es el más pertinente en este momento en México, donde todas las promesas del Gobierno de Peña Nieto de hace ocho meses sobre la negociación integral se vinieron abajo.

La suspensión del programa afecta a unos 680 mil mexicanos que habían visto legalizada su situación migratoria y laboral desde 2012 por una orden ejecutiva de Obama, sin duda de manera provisional y precaria. La situación en EU es aún confusa. Sabemos que el programa va a desaparecer dentro de seis meses; que las renovaciones que se presenten durante el próximo mes, y en teoría por dos años, serán respetadas; y que los servicios de inmigración del Gobierno norteamericano no le darán prioridad a perseguir a los dreamers.

No sabemos si la información que ellos entregaron al presentar su solicitud, y que incluye su dirección, trabajo y la fecha en que llegaron a EU, va a ser compartida por la agencia que la posee con las otras agencias dentro de Homeland Security para encontrarlos y deportarlos. En principio no la ofrecerán, pero podrían entregarla cuando sea solicitada.

Tampoco sabemos con precisión cuál va a ser la situación jurídico-laboral de los dreamers, ya sea con un permiso vigente, ya sea gracias a una renovación durante este primer mes y que dure dos años. ¿Pueden seguir trabajando “legalmente” en instancias públicas o que reciben fondos federales? Por ahora no se sabe y deberá aclararse en los próximos días para poder calcular con precisión las consecuencias devastadoras de esta odiosa decisión.

Y, por último, podemos vaticinar que no habrá una ley DACA que salga del Congreso estadunidense de aquí al 5 de marzo. Conviene recordar que los jóvenes se llaman dreamers porque fue en 2002 cuando los senadores Durbin y Dodd, entre otros, presentaron una iniciativa de ley para legalizar su situación, cuyo acrónimo fue DREAM (Development, Relief and Education for Alien Minors Act). En estos 15 años, ha sido imposible para dos presidentes lograr que el Congreso apruebe cualquier tipo de legislación migratoria. ¿Por qué un Presidente tan débil como Trump convencería a un Congreso polarizado y fragmentado cuando ni Bush ni Obama pudieron?

Lo más importante es el tema de la reacción mexicana. El comunicado de la SRE es deplorable por dos motivos. Primero, porque su contenido deja todo que desear. Decir que se lamenta una decisión de este tipo es no decir nada. No hay ninguna medida de represalia, respuesta categórica o determinación para infligirle un costo, de algún tipo, a Trump por esta medida tan antimexicana.

En segundo lugar, es altamente criticable la posición de Peña porque viola la supuesta definición que se adoptó a principios de año de una negociación en paquete. Un acto tan agresivo como el de Trump no recibió ninguna respuesta mexicana en los otros frentes abiertos. Las negociaciones del TLCAN siguieron su curso como si nada. Los encuentros con altos funcionarios de EU, de directivos de Gobernación, INAMI y Policía Federal, siguieron también a finales de la semana pasada. El Gobierno decidió no poner en práctica ninguna medida concreta de represalia. Había muchas.

La primera y más fácil, para mostrar el disgusto ante la decisión de otro gobierno por un acto agresivo contra el propio, es llamar al embajador a consultas. No se hizo. Una segunda hubiera consistido en pararse de la mesa de negociaciones del TLC diciendo que no seguirían hasta que no hubiera más claridad sobre las consecuencias de la postura de Trump, y sobre todo su intervención personal frente al Congreso: por ahora sólo le pasa la pelota a este último y él no toma una posición.

Si no se quería tocar las negociaciones del TLC y a los negociadores mexicanos les da lo mismo lo que les suceda a 680 mil compatriotas en EU, se podían haber adoptado medidas en otros ámbitos. Por ejemplo, en el migratorio y la frontera sur, o incluso, como lo han sugerido varios exaltos funcionarios que conocen bien estos temas, aplicando la letra de la Ley General de Población y otras disposiciones a más de un millón de norteamericanos que residen en México pero que en la mayoría de los casos no tienen los papeles correspondientes. De que ellos no son culpables de las decisiones de Trump, es un hecho, de que los dreamers tampoco lo son, también.

En fin, el hecho es que después de mucha anticipación y mucho tiempo para reflexionar sobre ello, el Gobierno de Peña no fue capaz de responder con claridad a esta decisión anunciada y agresiva, y prefirió nuevamente hacerse de la vista gorda. Un muy mal día para los dreamers, para el Gobierno de Peña, y para México en general.
04 Septiembre 2017 04:00:00
El fiscal carnal y el Frente Amplio
El impasse generado por el afán del Gobierno de imponer a Raúl Cervantes como fiscal general de la Nación y la resistencia de toda la oposición y de grupos organizados de la sociedad civil probablemente desemboque en un acuerdo negociado. Los términos consistirán en lo que los senadores calderonistas más listos han insinuado: se elimina el pase automático, Cervantes compite contra otros candidatos, y gana. Nadie queda muy contento, pero se aprenden varias lecciones.

En primer lugar, no había que confundir pase automático con fiscal a modo. El problema no es el pase, sino el pasante. No me consta, desde luego, pero supongo que cuando el PAN en 2013 aceptó la permanencia en el nuevo cargo del ocupante en funciones del anterior, pensaba que el nuevo fiscal sería designado por consenso del Pacto por México. Allí se negoció todo esto, y por lo tanto el Gobierno no intentaría imponer a un amigo del Presidente, aunque en ese momento el procurador era Jesús Murillo. La ruptura entre el PAN y Ricardo Anaya, y Enrique Peña Nieto –por el Estado de México o por otros motivos– condujo al Gobierno a dejar morir su iniciativa de eliminar el transitorio del 102 constitucional, y a insistir en Cervantes. La pelea de la oposición, como bien lo dice un texto promovido por el Grupo Encuentro Chihuahua y publicado hoy en Reforma, no es contra el pase, sin contra la impunidad que se perpetuaría con la presencia de Cervantes en la Fiscalía.

Una segunda lección, si por milagro la oposición en su conjunto lograra desbancar a Cervantes, es que oponerse al Gobierno –la guerra abierta de Anaya– sí reditúa. El PAN no debió haber aceptado los términos de la reforma política de 2013, sobre todo la exclusión de la segunda vuelta, sin pelearla en otros ámbitos. Ahora que combate con todo las medidas del gobierno con las que no está de acuerdo, puede ganar mucho más. Plantarse y obstaculizar proyectos gubernamentales válidos pero que requieren de apoyos panistas para lograr acuerdos en otros temas es una táctica legislativa o política perfectamente legítima, que tiene un mal apellido: chantaje. ¿Y qué?

Por último, cualquier victoria que se alcance en este combate abonará a la construcción del frente opositor. De alguna manera, con la excepción de Morena, la resistencia contra Cervantes es un embrión del frente opositor. Las tesis y los objetivos que unen a los partidos, a los grupos y a las personalidades, son más trascendentes que sus diferencias naturales. El trabajo de oponerse al Gobierno, a sus maniobras con otras maniobras, a su invectiva con otra invectiva, a su unidad monolítica con una creciente unidad democrática, constituye un valioso proceso de aprendizaje, ciertamente tardío, para los integrantes del frente. Se crea confianza, se conoce a los aliados, se detectan las divergencias para resolverlas y se identifican las convergencias desconocidas, para exaltarlas. En una de esas, el frente tendrá un padrino de nombre Raúl Cervantes, y un padre putativo: la obcecación de Enrique Peña Nieto por imponer un fiscal que le cuide las espaldas.
01 Septiembre 2017 04:00:00
¿Monreal y el Frente?
La extraña manera de decidir quién aspirará al cargo de jefe de Gobierno de la Ciudad de México por parte de Morena es el primer acontecimiento que inserta algún tipo de incertidumbre en la sucesión presidencial de 2018. Hasta ahora, nada ha perturbado la inercia de las encuestas, de los partidos y del sentimiento de los mexicanos. Ahora tal vez sí.

Primero, porque Andrés Manuel López Obrador volvió a ostentar, casi con orgullo, el carácter unipersonal de las decisiones de Morena. La encuesta en cuestión no vale gran cosa, por todos los motivos que se han mencionado en otras páginas, y sobre todo porque un nivel tan elevado de no respuesta invalida el resultado. Y este nuevo recurso al mando autoritario puede perjudicar a AMLO, afectando la impresión que de él puedan tener no sus fieles seguidores, pero sí los 5-7% de posibles votantes morenistas que hoy permanecen en la indecisión.

Pero el efecto más importante que puede generar el “caso CDMX” estriba en la reacción que frente al mismo tengan el perdedor, a saber, Ricardo Monreal, y los posibles ganadores, a saber, los sectores potencialmente integrantes del Frente Amplio doblemente opositor (al PRI y a AMLO). Todo indica que Monreal quiere pelear la decisión de su (¿ex?) jefe, y también que Andrés Manuel no dará vuelta atrás. Por lo tanto, existen elevadas probabilidades de que Monreal, quien ha mostrado un notable don de ubicuidad en cuanto a filiación partidista se refiere, busque ser candidato al segundo cargo electoral del país por otra vía, y que según cual resulte, fortalezca enormemente al Frente, o lo entierre de manera definitiva.

Monreal podría ser un candidato altamente competitivo de un frente PAN-PRD-MC en la Ciudad de México. Quizás no gane, pero le arrimaría muchos votos al candidato o a la candidata presidencial de dicho frente, y obligaría a AMLO a hacer campaña en el ex Distrito Federal, porque ya no lo tendría ganado su candidata. Y en una de esas, Monreal la vence, ya que tiene una experiencia de campaña superior. Pero para que eso suceda, los constructores del frente tendrían que superar varios obstáculos.

Menciono dos, ambos de verdad: si de candidatos del frente se trata, Alejandra Barrales puede decir con toda razón que ella es mano; y tanto el PAN como muchas asociaciones “ciudadanas” partidarias del frente han entrado en varias colisiones con Monreal sobre varios temas, en muchos casos con razón también. A su vez, Monreal se vería obligado a desdecirse de algunas de sus diatribas antiPAN, antiPRD y anti algunos grupos de la llamada sociedad civil que deben participar en el frente. No está fácil. 

Pero si Monreal prefiere seducir al PRD y a MC solos, y lo logra, crea una situación compleja, o inmanejable, para el PAN y los partidarios del frente. No es imposible que haya frente a nivel presidencial, legislativo y en algunas de las nueve gubernaturas en juego en el 2018, sin que la CDMX sea una de ellas. Pero es mucho más difícil. O hasta inviable. Y tampoco es sencillo que el PRD y Movimiento Ciudadano resistan la tentación de “fichar” a Monreal, sin el PAN ni “sociedad civil”, sobre todo si lo combinan con un candidato potente como Enrique Alfaro en Jalisco, y Miguel Ángel Mancera para la Presidencia por el llamado cuarto polo. De allí resultarían muchas diputaciones, senadurías y prerrogativas. No se gana, pero no es cualquier cosa. Y sin el frente, AMLO es Presidente. ¿O será ese el sentido de la jugada?
30 Agosto 2017 04:00:00
Apoyo a la CICIG en Guatemala y contra el pase automático en México
Desde hace un par de años, muchos hemos visto en las labores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, o CICIG, un ejemplo posible para investigaciones contra la corrupción y la impunidad en México. Valorando todas las diferencias entre México y Guatemala, entre los distintos niveles de corrupción de ambos países, y la diferente institucionalidad que impera en ellos, quienes pensamos que no va a ser posible que los mexicanos podamos acotar solos el enorme ámbito de la corrupción en nuestro país, la CICIG era un modelo, si no a imitar, por lo menos a tratar de conocer, entender y en su caso mejorar. Ahora la CICIG se encuentra en crisis, y como país vecino de Guatemala, sería importante que tanto Gobierno como sociedad civil y empresariado apoyaran al encargado de la misma, el colombiano Iván Velásquez, que ha sido destituido por el presidente Jimmy Morales y cuya expulsión del país parece ser asunto de horas.

En efecto, desde que Velásquez comenzó a investigar a la familia del propio Morales, así como los casos de corrupción y de financiamiento ilegal en su campaña presidencial, las tensiones entre la CICIG y el gobierno subieron. Al grado que hace unos días Morales pretendió expulsar a Velázquez de Guatemala; la Corte Constitucional declaró ilegal su expulsión y renunciaron varios ministros, incluyendo a la ministra y viceministros de salud y la vicecanciller. Morales viajó a Nueva York para entrevistarse con Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, ya que la CICIG es una institución creada justamente por Naciones Unidas para combatir la impunidad en Guatemala a raíz de la guerra que concluyó con los acuerdos de paz de los años 90.

Si Morales logra expulsar a Velásquez, si logra desmantelar a la CICIG, si logra salirse con la suya, más allá de la verdad o falsedad de las posibles acusaciones que hubieran surgido de las investigaciones de la misma CICIG, el ejemplo para México y otros países de alguna manera se vendrá abajo. Resultará que el hecho de contar con el apoyo incluso financiero de la comunidad internacional, de un activismo sorprendentemente vigoroso y un magnífico embajador de EU en Guatemala, Todd Robinson, no resistirán al afán de un presidente en funciones de deshacerse de todo el andamiaje creado durante ya más de dos décadas. Significará que ni siquiera la cooperación internacional, o la camisa de fuerza internacional –como se prefiera–, sirven realmente para combatir la corrupción en países donde se ha arraigado tan profundamente durante tantos siglos.

Con eso adquiere de nuevo una enorme relevancia el tema de la Fiscalía General de la República y del fiscal anticorrupción en México. Nunca he pensado que con esto basta. Estoy absolutamente convencido que sin apoyo de fuera no hay manera de investigar, juzgar y castigar casos de corrupción significativos en México. Pero si además de la inexistencia de lo externo, lo interno es tan endeble como lo sería el llamado pase automático y la designación de Raúl Cervantes como fiscal, no tenemos nada que hacer frente a este lastre que tanto ofende y perjudica a los mexicanos.

Ojalá Iván Velásquez sobreviva; ojalá la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y México, puedan rescatarlo; ojalá la CICIG siga siendo un ejemplo a estudiar y a emular en la medida de lo posible; y ojalá no se raje el senador del PAN que tiene la decisión de Cervantes en sus manos. Javier Lozano y Ernesto Cordero, evidentemente, ya se rajaron y votarán con el PRI; le falta un voto a Peña Nieto ¿de quién será?
28 Agosto 2017 04:00:00
Renegociación del TLC: Gobierno mexicano paralizado
El presidente Peña Nieto nos avisó a principios de año que la negociación con el nuevo Gobierno de Estados Unidos sería integral. En buen castellano, eso significaba que México exigiría discutir de manera simultánea y vinculada el tema comercial –es decir, la renegociación del TLC– el tema migratorio, y el tema de seguridad o de guerra contra el narco.

El planteamiento fue aplaudido por muchos, incluyendo el que escribe, y sin jamás imaginarnos que en algo de esta importancia Peña actuaría como ha actuado como en estos 5 años en materia de anuncios: hacerlos y olvidarse de ellos. Sin embargo, eso es exactamente lo que ha sucedido.

Ya empezaron las negociaciones del TLC; la segunda ronda dentro de una semana en la ciudad de México. No cuestiono al Gobierno por mantener un cierto sigilo sobre las pláticas, ya que la discreción es una condición imprescindible de una buena negociación. Pero lo que sabemos es totalmente lo contrario de la llamada negociación integral, o enchilada completa, o paquete. En realidad hay una sola mesa de negociación: la comercial con Estados Unidos y con Canadá. En materia de seguridad y en materia migratoria, se mantienen intactos los compromisos asumidos por el Gobierno de Calderón y por el de Peña Nieto, y México no ha condicionado en lo más mínimo nuestra cooperación con EU en estos ámbitos a que avancen por buen camino las negociaciones comerciales.

Al contrario. La tesis mexicana ha pasado en los hechos de la negociación integral, a una supuesta amenaza de que si las cosas no salen bien en materia comercial, habrá consecuencias para Estados Unidos en materia migratoria o de seguridad. Pero la amenaza es totalmente ociosa, poco verosímil, y por definición, pueril: no nos creen porque ni nosotros mismos nos creemos. México no tiene ahorita la voluntad de suspender partes o toda la cooperación en materia migratoria y de seguridad, mientras se desarrollen las negociaciones comerciales. Por lo tanto no hay paquete. Por lo tanto no hay negociación integral. Hay por un lado una negociación comercial que avanza más o menos, y por el otro una continuidad completa en los otros ámbitos. EU no tiene absolutamente ningún motivo para ceder en materia comercial, ya que no hemos cambiado en lo más mínimo nuestra postura en los otros temas.

Por si fuera poco, Trump en cambio sí vincula los temas. En dos ocasiones en los últimos días, ha dicho que duda que la renegociación del tratado llegue a buen puerto. Más allá de si se trata de una táctica negociadora o no –y es muy posible que así sea– se vuelve parte de la negociación la tesis según la cual una de las partes no sólo piensa que es poco probable llegar a un acuerdo, sino que prefiere no llegar a un acuerdo. En esas condiciones es extraordinariamente difícil negociar; la pregunta es si México tiene cómo cambiar esta situación, vista la correlación de fuerzas. No tenemos fichas en materia comercial salvo los lugares comunes de lo importante que es para Arizona, Texas y para los granjeros norteamericanos exportar granos a México. Fuera de eso no tenemos nada que decir en esta materia. Donde sí tenemos canicas, lo hemos dicho muchas veces, es en materia de la guerra contra el narco y en materia de migración centroamericana y mexicana a EU. Pero el Gobierno no quiere utilizar esa arma. Por tanto se encuentra paralizado ante lo que Trump dice y hace.

En estas condiciones es muy previsible lo que va a suceder. Habrá negociaciones hasta fin de año o más adelante; México y Canadá se verán obligados a ceder más que EU; no vamos a poner en la balanza los temas migratorios o de seguridad, y Trump va a seguir presionando en público, como lo acaba de hacer esta semana, la última vez siendo a propósito del muro, del país “más violento del mundo” y de la probabilidad de que con México y Canadá no sea posible llegar a un acuerdo. No termino de entender qué espera el Gobierno para utilizar las únicas magras cartas que tiene: la frontera sur, la frontera norte, y la absurda y sangrienta guerra contra el narco.
25 Agosto 2017 04:07:00
El Frente Amplio y el ‘fiscal carnal’
Es difícil saber cómo suceden las cosas dentro del partido Acción Nacional. No por falta de transparencia, sino porque los panistas responden a motivaciones, criterios, incentivos peculiares, que no son siempre los del resto de la sociedad mexicana. Desde luego que el PAN no es una contra-sociedad, como lo fueron los partidos comunistas en el mundo entero durante más de medio siglo, pero sí se rige por códigos que no siempre son accesibles a todos. Por lo tanto, lo que sigue debe ser visto con algo de cautela: una hipótesis explicativa de un comportamiento dentro del PAN que puede o no validarse con el tiempo.

Hace unos días, el máximo órgano dirigente del PAN, a instancias de su presidente, Ricardo Anaya, decidió por unanimidad oponerse al llamado pase automático del titular de la PGR hoy, a la titularidad de la Fiscalía General de la República mañana –mañana puede ser cualquier día antes de que termine este sexenio– y por tanto en los hechos imposibilitar la ratificación de Raúl Cervantes como el llamado “fiscal carnal”. La decisión del PAN reviste una gran importancia, ya que si los senadores panistas en su totalidad acatan esta determinación de la dirección nacional, no le alcanzan los votos al PRI para imponer a Cervantes y por tanto para asegurar la impunidad de los funcionarios de este Gobierno, en particular de Enrique Peña Nieto.

Esta decisión, sin duda, obedece a muchos factores. Se aproxima la elección presidencial, y ser cómplices de uno de los gobiernos salientes más impopulares en la historia moderna del país, no es un buen negocio para ningún partido de oposición, por leal o tibia que sea dicha oposición. Además, es un hecho que la facción calderonista cómplice de todos los abusos y fechorías de EPN, ha perdido influencia y poder dentro de las bancadas panistas, simplemente por el paso del tiempo y por el ascenso de otros sectores. Pero un factor adicional, puede residir en las múltiples exhortaciones que han escuchado Anaya y sus colegas, sobre todo Santiago Creel y Gustavo Madero, en el proceso lento y en ocasiones desesperante de la construcción del frente amplio opositor. Son tantas las reuniones públicas y privadas, formales y oficiosas que se han celebrado en los últimos meses, que es muy difícil encontrar patrones recurrentes de conducta en ellas, pero de algunas pocas a las que he podido asistir, me queda claro lo siguiente. Los interlocutores no panistas de Anaya y sus colegas han sido categóricos en cuanto a que un frente amplio “opositor” implica ser oposición para las elecciones del 2018, pero antes también.

Los perredistas y los llamados representantes de la sociedad civil o de otros sectores, no necesariamente le exigen al PAN que adopte una postura de oposición a ultranza, a todo, desde ahora, pero sí a algunas cosas en algún momento. Y quizás, en lo que más han insistido los interlocutores del PAN en estas discusiones, ha sido justamente la necesidad de oponerse a la designación de Cervantes como fiscal general de la República. El hecho de que Anaya y sus colegas hayan seguido este rumbo por sus propias razones, pero también gracias a dichas exhortaciones, es una muestra a la vez del costo que puede entrañar el llamado Frente Amplio Opositor, pero también de sus beneficios.

¿Se traducirá todo esto en hechos concretos dentro del Senado? Lo veremos. Es posible que algunos senadores calderonistas no acaten la decisión de la dirección nacional. Es posible que la dirección nacional cambie de idea. Es factible que no haya tal frente opositor y por tanto que el constituir una oposición más resoluta en estos meses que vienen, revista menor importancia para el PAN. Pero por ahora, Acción Nacional ha adoptado una posición mucho más congruente sobre un tema realmente importante. Esto se debe en parte –sólo en parte, pero también en parte– al proceso de creación del llamado Frente Amplio. Una de cal.
23 Agosto 2017 04:07:00
El ‘dedito’ de AMLO
Resulta que Morena, el partido mayoritario en la Ciudad de México, va a resolver cuál será su candidato a la Jefatura de Gobierno, a través de una supuesta encuesta. No es algo en sí mismo negativo: si un partido quiere escoger a su candidato o candidata a través de un ejercicio de este tipo, es difícil objetar el procedimiento como tal. Según el diario Reforma, sin embargo, ninguno de los candidatos parece tener la menor idea cómo se llevará a cabo esa encuesta: qué universo, cual es la empresa, y qué preguntas se harán. Pero al final del día es asunto de ese partido.

El pequeño detalle estriba en que el candidato de Morena, más o menos como era el caso del PRI hace 25 años, va a ser el próximo jefe de gobierno de la CDMX. Es decir, la primaria o la encuesta o el dedazo de López Obrador, va a determinar quién gobernará a los habitantes de la capital de la República durante los próximos 6 años. Es cierto que en teoría los habitantes de esta ciudad tendríamos la posibilidad de votar por alguien más. Pero en los hechos, a estas alturas, parece evidente que quien ponga Morena, va a ganar. Por tanto, la primaria de Morena es en realidad la elección de Gobierno.

Siendo así, uno podría por lo menos pedir que hubiera un mínimo de transparencia en cuanto al método, la empresa, las preguntas, y los criterios de selección que se utilicen. Todos sabemos que nada de eso es cierto. Todos sabemos que AMLO va a decidir, por sus pistolas, quién será el candidato o la candidata de Morena, y por consiguiente, quién gobernará a los habitantes de la capital. En sí mismo esto tampoco tendría nada de grave. Al final, si la ciudadanía le entrega su confianza a AMLO y él quiere utilizar esa confianza para designar por su “dedito” como dice, al candidato o la candidata, pues es muy su derecho hacerlo. Los únicos perjudicados o beneficiados somos los habitantes de la capital.

Quizás lo que debiéramos preguntarnos, sin embargo, es si este es el procedimiento que quisiéramos ver reproducido en otras partes de la República-en algunos lugares sí lo puede hacer AMLO- y sobre todo si alguien que procede de esta manera, debe ser presidente de la República. Porque de la misma manera que uno puede preguntarse si López Obrador gobernaría el país como quiere designar al candidato de su partido a la jefatura de gobierno de la capital de ese país, y si su indiferencia o solidaridad tácita con la dictadura de Maduro en Venezuela significa algo en cuanto a su forma de gobernar, ¿qué debemos esperar de él?

Lo que se juega en la CDMX no es si Martí Batres o Mario Delgado, o Claudia Sheinbaum, o Ricardo Monreal va a ser nuestro próximo jefe de gobierno. Conozco bien a 3 de los 4 y la verdad entre ellos me da exactamente lo mismo quien nos gobierne. Lo que me interesa a mí es si quiero un presidente que escoja a la persona involucrada para su segundo cargo, de esa manera. Es lo mismo con Venezuela. Lo que me interesa de López Obrador es saber qué piensa del régimen de Maduro: no si lo conoce o no lo conoce, o si sabe dónde queda Venezuela o no sabe, si le importa lo que sucede en ese país o no. Lo que me interesa saber es qué piensa de lo que ahí sucede o lo que sucede en la Ciudad de México. Son jaladas.
18 Agosto 2017 04:06:00
El peor momento de Trump
Es una mera casualidad que el inicio de las negociaciones con EU sobre el TLCAN coincida con el peor momento del joven gobierno de Donald Trump, que ya ha conocido su buena dosis de crisis. Veremos con el tiempo si esta coincidencia afecta las negociaciones, y de ser el caso, si es para bien o para mal. Por el momento sabemos que los negociadores mexicanos harían bien en moderar su optimismo beato, o más bien el de los empresarios y exnegociadores mexicanos, a propósito de un arreglo fácil y rápido con EU.

El problema en el que se ha enfrascado Trump es el más grave de todos, porque es de índole esencialmente interna. La mayor parte de sus demás errores, metidas de pata, o pleitos innecesarios han tenido que ver con algún tipo de reto externo: La relación con Rusia y la complicidad de su equipo de campaña con Putin para derrotar a Hillary Clinton; el tema del armamento nuclear de Corea del Norte; incluso el muro y las deportaciones, en el caso de México; en fin, en la mayor parte de los casos se ha tratado de asuntos vinculados con el mundo exterior a EU, pero su reacción frente a los acontecimientos de la ciudad de Charlottesville en Virginia, sede de la Universidad de Virginia, y objetivo de grupos de ultra derecha neonazis, de supremacía blanca, antisemitas, y tan racistas como el Ku Klux Klan, por su pasado sureño y cercano a la capital de la confederación secesionista a mediados del siglo 19, reviste otras implicaciones.

Trump se metió con media humanidad: con todos los norteamericanos bien pensantes; con la corrección política, por odiosa que sea; con la comunidad judía norteamericana; con todas las organizaciones de derechos civiles, de afroamericanos, de defensa de los derechos humanos en general. Los palomeó todos. Al querer establecer una igualdad, simetría o equivalencia moral y política entre los grupos de ultra derecha, de nacionalismo blanco -que lo han apoyado con fervor- y por otro lado los sectores de izquierda o incluso de extrema izquierda, en ocasiones también violentos, extremistas y dogmáticos, cruzó un Rubicón que no es fácil de atravesar de regreso.

Trump quizás no entendió que afortunadamente en EU hoy, al igual que en muchos otros países, no se puede ser “una buena persona” y al mismo tiempo participar en una manifestación donde figuran personas que portan banderas con esvásticas, o que lanzan consignas antisemitas tipo “sangre y tierra”, o que evocan o usan la vestimenta del Ku Klux Klan. Cualquiera se puede equivocar, asistiendo a una manifestación que defiende la permanencia de una estatua en honor a Robert E. Lee, el jefe de los ejércitos del sur durante la guerra de secesión, pero una vez que ve las esvásticas y vestidos de la triple K, o que escucha las consignas racistas, o que comprueba el grado de organización, de disciplina, de prácticas cuasi fascistas de los organizadores, si permanece en las filas de la manifestación, se vuelve totalmente cómplice de la misma. Nadie es decente cuando se junta con partidarios del Holocausto.

Por eso esta crisis es la más grave. Trump transgredió normas infranqueables en EU. La tormenta pasará. Pero cuando la investigación del fiscal especial Mueller desemboque en cualquiera de las múltiples conclusiones a las que pueda llegar, y empiece el litigio jurídico con sus adversarios, lo hará en una situación de debilidad política que nadie hubiera sospechado hace algunos meses. No es lo peor que pudiera sucederle a México.
16 Agosto 2017 04:00:00
Lozoya y Tórtola
Con tanto que se ha filtrado en estos días sobre el caso Lozoya/Odebrecht, con tantas fuentes de dichas filtraciones, y con tantas versiones circulando en los pasillos, es difícil determinar cuánto sabemos y cuánto no. Ojalá la inminente declaración de Emilio Lozoya ante la PGR disipe las nubes de confusión de todos, aunque comienza mal, con una pregunta: ¿Por qué citan a Lozoya a declarar únicamente después de las filtraciones?

Por el momento tengo claros tres hechos. En primer lugar, que tres funcionarios de buen nivel de la empresa brasileña Odebrecht declararon ante un juez en Brasil, dentro del esquema de delaciones premiadas, que mucho le ha servido a la justicia brasileña para desmontar la gigantesca red de corrupción genéricamente llamada Lava Jato, que la empresa entregó 10 millones de dólares en dos tranches –por así decirlo– a Emilio Lozoya. La primera se dio cuando era el encargado de asuntos internacionales de la campaña de Enrique Peña Nieto, y la otra como director de Pemex. En segundo lugar, sabemos que Odebrecht realizó varias transferencias de recursos de sus cuentas a las de dos empresas en distintos paraísos fiscales: a Latin American Asia Capital Holding Ltd, y Zacapan S.A., por un total de 10 millones de dólares. Dichas cuentas aparentemente estan radicadas en dos bancos, ambos ubicados en la isla de Tórtola, de las British Virgin Islands. En tercer lugar, sabemos que las filtraciones, ya sean todas procedentes de las delaciones premiadas, ya sean de otras fuentes, que podrían incluso ser mexicanas, afirman que dichas cuentas corresponden a empresas “ligadas a” Emilio Lozoya. Aquí la cosa se complica y a la vez se puede facilitar.

No es imposible indagar para un Estado, pero también para investigadores privados, periodísticos o de organizaciones de la sociedad civil, quiénes son los principales accionistas o funcionarios de las sociedades de responsabilidad limitada (LLCs) en los paraísos fiscales del Caribe o de Panamá. Entre chismes, sobornos (hablando del Rey de Roma), fuego amigo y otros instrumentos, es posible determinar quiénes son esos accionistas, o, de tratarse de accionariados anónimos, averiguar quiénes son los “funcionarios” (tesorero, secretario, presidente) de la empresa. Fue el caso de los famosos Panama Papers.

De ahí que el tema de Lozoya en estos paraísos fiscales y con esas cuentas se vuelva binario: o las cuentas son de empresas suyas, aunque disfrazadas, o las cuentas no tienen nada que ver con él. En el primer caso, Lozoya debe ir a la cárcel; en el segundo, se le debe una disculpa. El reto es otro: ¿quién va a averiguar?

Procedamos por descarte. Los gobiernos de Suiza, Estados Unidos y Brasil, los tres partes del acuerdo con Odebrecht por el cual pagó una multa gigantesca, no tienen el menor interés en saber quiénes son los mexicanos que recibieron ese dinero. Es obvio que el Gobierno de Peña Nieto tampoco. La PGR no va a enviar a nadie a Tórtola, o a Antigua, o a Lichtenstein. Va a proceder como la función pública en el caso de la casa blanca: donde buscamos, no encontramos nada. Donde no buscamos, menos.

Queda la oposición en México, y las organizaciones periodísticas o de la sociedad civil. De la primera, espero poco: no está en su ADN perseguir con seriedad a cualquier gobierno. Los medios y las organizaciones pueden hacer más, pero en ocasiones muestran más propensión a ser destinantarias de filtraciones que a investigarlas por cuenta propia. Pero estamos en sus manos, porque no hay otras.
14 Agosto 2017 04:06:00
Indiana Jones y el PRI
Parece absurdo a estas alturas insistir de nuevo en la completa falta de vuelo intelectual del PRI. Su agotamiento abstracto ha sido patente desde hace tiempo, y cuando uno u otro de sus gobiernos emprende o logra algunas reformas importantes, el partido simplemente las aplaude o las deforma, sin tener nada que decir de sustancia al respecto. Pero en su última asamblea, los priistas de plano se volaron la barda en materia de mediocridad conceptual.

Ante los enormes retos que enfrenta el país, en lo económico, social, político e internacional, frente a una elección presidencial decisiva en 2018, el PRI se fijó –y alcanzó– como gran avance quitar unos candados burocráticos redundantes y de interés sólo para... los priistas.

Como se sabe, los estatutos del PRI estipulan desde hace tiempo que el requisito de ser miembro del mismo, o contar con un mínimo de años de militancia, se hacen a un lado si el partido va a una elección en alianza. El partido de Gobierno cuenta con por lo menos tres aliados posibles, y en realidad seguros, si los quiere. Se trata del Partido Verde –que sirvió en el 2006 y el 2012–, el Partido Encuentro Social (cercano al secretario de Gobernación) y Nueva Alianza, arrebatado a Elba Esther Gordillo cuando fue encarcelada.

Con cualquiera de los tres, o con los tres, el PRI puede hacer más o menos lo que quiera. Lo esencial es cuánto puede dar a cambio; cada vez menos, sin duda, pero algo es algo, sobre todo para organizaciones pequeñas en riesgo de perder su registro si van solas a una elección presidencial. Si lo que Peña Nieto pretendía era designar a Meade como candidato del PRI, no necesitaba cambiar los estatutos de su partido, ni mucho menos armar tanto escándalo al respecto. Con sus prestigiados e íntegros aliados le bastaba.

Pero entonces no hubiera podido librar dos escollos importantes. El primero: la indigencia teórica, política y estratégica del PRI. No puede ofrecer nada, porque además de estar poblado de políticos sin pensamiento ni decoro –¿en verdad Enrique Ochoa piensa que su partido va a ganar en la Ciudad de México, en Jalisco, y en Veracruz?– sus integrantes no estarían de acuerdo en nada. Salvo lo que tratara de imponer Peña Nieto, lo cual implicaría que supiera qué imponer.

Pero en segundo lugar, el PRI hubiera tenido que proponer por lo menos un par de ideas en serio, que habrían involucrado algún tipo de dedicatoria. Cualquier tesis programática sustantiva le quedaría bien a un pre-candidato, y mal a otro. Lo cual no tendría nada de grave, si Peña Nieto perteneciera a su siglo. Pero proviene de –y es parte de– la era de López Mateos.

Es obvio que los jerarcas priistas siguen pensando que la selección de su candidato equivale a la elección del próximo Presidente de México. Está en su ADN; es el chip priista. El destape no es de candidatos y mandatarios hipotéticos; es del “bueno”. Para ellos, resulta impensable que a 80% de los mexicanos les dé enteramente lo mismo si el candidato del PRI es Nuño, Meade o Narro: los odian a todos. Creen que perdura la época del dedazo, y que lo más importante son las florituras priistas y el lenguaje críptico del siglo pasado. No recuerdan la segunda o tercera película de Indiana Jones, cuando Harrison Ford se enfrenta a un enemigo árabe feroz, armado de una cimitarra aterradora, la cual manipula con extrema destreza, hasta que el héroe de las tres películas desenfunda su revólver y le mete un balazo a su contrincante. Todas las mañas y despistes de Peña servirán de muy poco; Indiana Jones, whoever that may be, los va a liquidar en julio del 2018.
11 Agosto 2017 04:07:00
Márquez, Julión y la ausencia de adultos
No faltarán quienes piensen que la colocación de Rafael Márquez y Julión en la lista de personas posiblemente involucradas en actividades de narcotráfico y de lavado de dinero constituye una advertencia, amenaza o franco golpe bajo al Gobierno de Peña Nieto. Washington escogió el momento para lanzar su torpedo por debajo de la línea de flotación –en la víspera del arranque de las negociaciones del TLC–, el lugar –la Embajada de EU en la Ciudad de México– donde recibiría la máxima difusión en el país– y el mensajero –el director de OFAC. Este departamento, y su titular son quienes manejan los castigos contra todos los países que violan sanciones impuestas a ellos por Estados Unidos, desde Cuba hasta Corea del Norte, e incluyendo hoy a Rusia y a Irán. No se trata de un personaje menor del Gobierno norteamericano, que, además, se desplazó a la Ciudad de México para hacer su anuncio.

Huelga decir que, si bien la Embajada sabía de la distante, pero innegable, relación de Peña Nieto con Julión, cuando organizó la visita del director de OFAC y convocó a varios columnistas para advertirles del golpe que venía, no tenía conocimiento de la reciente visita de EPN al Cañón del Sumidero en compañía del cantante. Ni que Presidencia subiría y bajaría fotos del Presidente con el presunto narco.

Pero la Embajada sí sabía quién es Rafa Márquez en la psique mexicana y cuántos golpes más a la autoestima nacional puede aguantar este país. Y también conoce a la perfección cuán grande es la debilidad del equipo de Gobierno, los enormes retos que enfrenta, y las consecuencias de un deterioro mayor en la confianza, la aprobación y la resiliencia mexicanas. La pregunta no es si un malin génie (Descartes) en Washington urdió todo esto, junto con la captura de Veytia, Yarrington, más los que se acumulen, sino al revés. ¿Por qué no hay nadie en Washington pendiente del derrumbe mexicano y que ponga orden en momentos críticos?

La decisión de OFAC pasa por seis o siete agencias norteamericanas antes de oficializarse, incluyendo a la CIA y al Departamento de Estado. No sé si burocráticamente también requiere de la firma del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, pero, en todo caso, el Mexican Desk Officer en la Cancillería estadunidense le informa a su colega en la Presidencia. Es obvio que nadie alzó una señal de alarma sobre si realmente valía la pena armar este escándalo, en este momento, con ramificaciones imprevisibles. El problema con Washington para México es que no hay nadie que mande en el conjunto de temas de la relación bilateral y evite que cada quien se dispare por su cuenta. Los cowboys andan sueltos de nuevo (remembre Camarena); no hay ningún adulto en el cuarto de juegos. Peor aún: puede ser que en México tampoco. Todo indica que la Secretaría de Hacienda y en particular la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Alberto Bazbaz, trabajaron de la mano con OFAC y los norteamericanos en esta investigación, que duró un buen tiempo. En el Gobierno de la “coordinación”, la SHCP no le avisó a la Segob o al EMP o a la Oficina de la Presidencia que venía un ataque contra Julión, amigo del gobernador de Chiapas, próximo anfitrión del Presidente de la República y artista de selfies. Ni tal vez a la Cancillería, donde los buenos oficios y contactos del titular hubieran podido elevar la decisión sobre Márquez a un nivel político. No se ven los adultos en el cuarto de juegos mexicano.
09 Agosto 2017 04:07:00
¿Sanciones a Maduro?
La reunión de cancilleres de países “Like Minded” en Lima el día de ayer, a propósito de la crisis política, económica, financiera y humanitaria que agobia a Venezuela, es un primer paso interesante hacia un enfoque diferente. Al sacar el tema de la OEA se evita, en primer lugar, que Venezuela y Cuba sigan utilizando a los pequeños países del Caribe, y a sus aliados del ALBA, para bloquear cualquier resolución “con dientes” en relación a lo que sucede en ese país. La OEA impide que se aprueben resoluciones que exijan la liberación de los presos políticos, que se ponga un alto a la represión ya denunciada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos como feroz y generalizada, y que se lleven a cabo las elecciones previstas para este año y el entrante. Al reducir el número de países, a aquellos que piensan de manera parecida, se puede avanzar en varias direcciones.

Una de ellas, que proviene de experiencias anteriores de los años 80 y 90, y que ha sido discutida por varios gobiernos en las últimas semanas, tiene que ver con la posibilidad de crear un grupo de países amigos o de seguimiento al caso Venezuela. Para ello, tendría que formarse este grupo ad hoc con gobiernos aceptables, tanto para el Gobierno como para la oposición venezolana, algo que puede parecer improbable pero no imposible. Algunos países, como México y Colombia, o como El Salvador o República Dominicana, pueden ser aceptables para ambas partes. Crear un grupo de esa manera permitiría el inicio de un nuevo proceso de intermediación. Se evitarían los errores tan graves que se cometieron en el proceso anterior encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero y se podrían contemplar salidas realistas a la tragedia venezolana.

Una segunda dirección que también se abre, sin embargo, va en un sentido muy distinto. Involucra la posibilidad de que algunos países, desde luego los reunidos en Lima, pero también quizás EU y la UE, consideren la imposición de sanciones económicas al Gobierno de Nicolás Maduro por violar determinados instrumentos internacionales que ha suscrito. Ya el fin de semana pasado los cuatro países del Mercosur suspendieron a Venezuela por violar las normas democráticas existentes en ese país. Aunque el efecto económico de esta decisión pueda ser menor, se trata claramente de sanciones, como muchos de estos países han aprobado en otros momentos de la historia, a propósito de otros casos. Se podría ir más lejos, donde un mayor número de países aplicaran sanciones más severas a Venezuela hasta que su Gobierno escuchara la razón. La más extrema sería la suspensión de compras de petróleo por todos los países involucrados, empezando por EU, y también, en su caso, el congelamiento de activos venezolanos en distintos países donde existen. De la misma manera que el Gobierno de Nicolás Maduro ha congelado o expropiado propiedades de empresas procedentes de estos mismos países de América Latina.

Muchos dirán que es una exageración recurrir a sanciones en el caso de Venezuela. Que nunca resultan, que sólo perjudican a la población más desfavorecida, y que si incluye a EU tendría un efecto contraproducente: darle la razón a Maduro de que está siendo víctima de un “compló” del imperio. Todo esto puede o no ser cierto, pero conviene tomar en cuenta dos elementos antes de fijar una posición definitiva al respecto.

En primer lugar, repetir incansablemente el mantra de la ineficacia de las sanciones contra Cuba desde 1961 no es necesariamente pertinente para el caso venezolano. En efecto, esas sanciones pueden haber sido inútiles, contraproducentes e injustas, pero ello no significa que lo sean en el caso de Venezuela. Sobre todo, este tipo de análisis apresurado, hace caso omiso de un precepto fundamental en estas discusiones.

El único criterio para juzgar si la imposición de sanciones económicas, políticas, jurídicas e incluso sociales a un determinado régimen, debe o no establecerse, es su eficacia. Si son eficaces, deben utilizarse; si no lo son, deben descartarse. No está claro que sanciones bien pensadas, que incluyeran un enfoque humanitario para ahorrarle a la tan castigada población venezolana más penurias de las que ya ha sufrido, puedan resultar ser eficaces en el caso de Venezuela y llevar a una salida democrática a la crisis. Esto ha sucedido en otros países. El caso más reciente y emblemático es desde luego el de Sudáfrica a principios de los años 90. Conviene recordarlo.
07 Agosto 2017 04:06:00
La agenda: el silencio telefónico
La publicación de una especie de versión estenográfica del diálogo por teléfono entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump aporta valiosas lecciones en muchas direcciones diferentes. Ya se ha dicho lo esencial al respecto; aquí sólo quisiera reiterar, con mayor precisión, lo que ya traté de exponer.

Peña no se manejó mal. Se vio bien preparado para responder a la mayoría de los temas que su equipo supuso que suscitaría su interlocutor, y lo hizo ciñéndose a un guion ciertamente defensivo, pero sencillo y eficaz. En efecto, como lo han señalado algunos, como Agustín Basave, no supo qué decir cuando Trump se refirió en términos despectivos a las Fuerzas Armadas Mexicanas, o cuando estableció una falsa amalgama entre la epidemia de opioides que padece hoy Estados Unidos, y la producción de drogas en México. Pero en general, se desempeñó mejor de lo que muchos esperábamos.

El problema no estriba en lo que Peña dijo, sino en sus silencios sustantivos. Y aunque la conversación tuvo lugar hace seis meses, esos silencios perduran. Se trata, claramente, de la falta de agenda mexicana con Washington, y la reacción puramente defensiva, negativa o pasiva, del Gobierno ante las embestidas norteamericanas. A lo largo de los últimos 50 años, distingo tres momentos en los que México no sólo reaccionó ante la agenda estadunidense, sino cuando activamente propusimos nuestra propia agenda. El primero fue entre 1979 y 1985, durante los sexenios de López Portillo y De la Madrid, cuando tuvimos una agenda centroamericana activa, vigorosa y explícita.

El segundo fue a propósito del TLC, propuesta de Carlos Salinas, ante la cual reaccionaron primero Bush padre y después Clinton. El tercero se produjo durante el sexenio de Fox, cuando México propuso a Bush hijo y empujó un acuerdo y/o una reforma migratoria integral con Estados Unidos. Hoy no tenemos agenda propia, pro-activa y clara.

¿Qué significa? Simplemente que más allá de los lugares comunes (“ganar-ganar”), de los deseos piadosos (hay que terminar pronto), de los deseos abstractos (una negociación integral) y de repetidas negativas (Freud enloquecería ante tanta “denegación”: no aceptaremos aranceles, cuotas, humillaciones, intromisiones, etc), el Gobierno de Peña no le ha formulado explícita y públicamente al de Trump lo que quiere, no lo que no quiere. Esto se notó de manera dolorosa en la conversación telefónica.

Plantear lo que uno desea no significa lograrlo todo, ni que uno siquiera piense que alcanzará todas las metas. Pero sí implica formular propuestas específicas, ambiciosas, poco realistas si se quiere, pero que permitan orientar la negociación en una dirección diferente. Para no ir más lejos, repito tres ideas al respecto.

Primero: incluir la libre circulación de la mano de obra en el TLCAN, con etapas y techos si se quiere, enfatizando más los flujos futuros que los acervos anteriores si se prefiere, pero como un interés nacional mexicano primordial. Segundo: atender la crisis centroamericana a través de un especie de Plan Marshall de Estados Unidos para el Triángulo del Norte, con el objetivo de disminuir el crimen y la violencia, la corrupción y la pobreza, y la incapacidad estatal de control territorial. Tercero: trabajar juntos para que México obtenga la autorización de los organismos internacionales encargados de droga (la JIFE en particular) para sembrar y procesar legalmente, como varios otros países, campos de amapola para la producción de morfina y otros opiáceos, y reducir de esa manera el impacto en México de la epidemia en Estados Unidos.

Esta es una propuesta de agenda. No incluye temas estrictamente comerciales, aunque seguramente tenemos mucho que plantear al respecto. ¿No nos gusta? Inventemos otra. Pero no nos demos gato por liebre: desear buenas relaciones entre México y Estados Unidos no es una agenda. Es puro rollo.
04 Agosto 2017 04:00:00
¿Por qué las prisas del TLCAN?
En los últimos días he platicado con varias personas muy inteligentes, muy bien informadas del curso de las negociaciones sobre el TLCAN, y muy predispuestas a contar lo que piensan. A todas ellas les he hecho la misma pregunta para la cual no tengo respuesta, al no necesariamente contar con los atributos mencionados: ¿Cuál es la prisa del Gobierno de México?

El argumento “oficial” más sensato y creíble que he escuchado involucra a lo que podríamos llamar la inestabilidad psicológica del presidente Trump. Invoca también la esperanza de utilizar las ansias del mismo individuo por lograr alguna victoria en su gestión presidencial que sea inminente y económica. La idea sería que si no terminan las negociaciones en un muy corto plazo –como se ha dicho, para fin de año– Trump es capaz de recurrir al capítulo de salida del Tratado, o de plantear exigencias desorbitadas que obligarían a México a invocar la misma cláusula. En cambio, es posible que su necesidad de entregar un triunfo a corto plazo lo llevaría a ceder en algunos puntos difícilmente aceptables para México y para Canadá.

Acepto que el argumento es sincero, pero no me convence. No veo por qué Trump sería incapaz de cambiar de parecer, incluso después del famoso handshake de los tres mandatarios en torno a una negociación concluida. Tampoco comprendo por qué Trump le ofrecería a México concesiones mayores en noviembre que en mayo o junio, o a finales del 2018. Si esta es la razón de la prisa mexicana, es muy mala.

El segundo argumento que he escuchado –que el Gobierno ha ofrecido de una manera más o menos formal, más o menos oficiosa– es el de la “contaminación”. Hay que acabar pronto para que la negociación no contamine, ni se contamine, con la campaña electoral mexicana del 2018. Para empezar, la del 2018 no es del 18; es ya del 17. En segundo lugar, cerrar la negociación a finales del 17, sin poder lograr una ratificación legislativa en los tres países antes de finales del 18 no sirve absolutamente de nada. Sobre todo si en México gana un candidato presidencial opuesto al contenido de la nueva negociación, u opuesto al tratado en sí mismo; si su partido o su coalición alcanza un tercio bloqueante en el Senado; si los republicanos pierden su mayoría en la Cámara de Representantes, o mucho peor, en el Senado de EU. Cualquier firma protocolaria sin valor jurídico alguno realizada durante el 2018 sería revertida por los actores mencionados. El argumento de la contaminación no tiene el menor sentido, ante todo si nos obliga a ir rápido y a no poner obstáculos donde podemos colocarlos.

El tercer argumento me parece el más persuasivo y el más perspicaz. Sí hay un tema de contaminación, pero no en el sentido que lo ha dicho el Gobierno. En realidad, Peña Nieto y algunos de sus colaboradores tienen prisa por dos motivos. El primero se refiere a la selección del candidato del PRI a la Presidencia. Contar con un gran éxito de parte de Luis Videgaray antes de fin de año no pinta tanto porque le permitiera a él ser el candidato, pero sí podría incidir en quien fuera el candidato del PRI.

Pero confluiría también en la estrategia, que ya he descrito como miope, de Peña Nieto para el 2018. Alcanzar un gran éxito en la negociación de EU a más tardar para febrero o marzo del año entrante, le daría, piensan, un gran empujón al candidato del PRI y llevarlo a la victoria. Ese sí es un argumento creíble, y a la vez completamente falso.

Pensar que alguien en México va a votar por el candidato de Peña-PRI sólo porque los negociadores mexicanos obtuvieron algún tipo de triunfo en el mantenimiento con matices del contenido del capítulo 19 de solución de controversias antidumping del Tratado, me parece delirante. No tiene el menor sentido, pero sí se entiende que pueda servirle al Gobierno.

En lugar de tener prisas, quizás convendría poner sobre la mesa lo que Carlos Salinas dijo que puso sobre la mesa en 1992 (ya he argumentado en otras páginas por qué no le creo). México debe tener una agenda propia para el TLC y el tema central de esa agenda propia –lógrese o no, en su totalidad o en una pequeña parte– es el asunto migratorio. México no debe ni puede aceptar que se reabra el TLC sin incluir algo cuya exclusión siempre nos impusieron: el destino de los millones de mexicanos en EU y de los cientos de miles que se siguen yendo cada año. Que esto retrasaría la negociación, sí; que no lograríamos todo lo que buscamos, sí; que es un tema que a Trump no le gusta, desde luego. ¿Y qué?
02 Agosto 2017 04:08:00
Dos programas comunes
Uno de los dilemas más complejos de la construcción del llamado Frente Amplio Opositor o Democrático yace en la elaboración de un programa común, aceptado por el PAN, el PRD, MC y los eventuales sectores de la sociedad civil que se unirían bajo una misma bandera. Obviamente, no es el único obstáculo. Escoger a candidatos únicos a la Presidencia, la Jefatura de un Gobierno de coalición de la Ciudad de México y de sendas bancadas en el Senado y la Cámara de Diputados puede constituir una tarea titánica, o francamente imposible. Encontrar aspirantes que encabecen un frente tan antiPRI como antiAMLO, y a la vez enarbolen una propuesta innovadora, audaz y atractiva constituye asimismo un reto quizás insuperable. Pero el programa encierra sus propias dificultades, en algunos sentidos más interesantes.

En discusiones con diversos interlocutores vinculados con la construcción del hipotético frente, he detectado una disyuntiva hasta cierto punto tajante a propósito del hilo conductor del programa posible. O bien se procedería mediante la llamada triangulación –inventada por Bill Clinton a principios de los años 90– sumando posturas de todas las partes, o bien habría que recurrir al mecanismo de los denominadores comunes mínimos de todas las partes. Ambas posturas encierran ventajas y desventajas.

La triangulación implicaría sumar, por ejemplo, las tesis liberales del PAN en materia económica e internacional, a las definiciones progresistas del PRD, de los independientes y de parte de la sociedad civil en materia social y de vida cotidiana. Así, un programa común incluiría la profundización de la reforma energética, una mayor apertura económica, una reforma fiscal basada en el aumento y la extensión del IVA, la reforma del sistema de procuración de justicia y del régimen político mexicano, y una posición internacional comprometida con los derechos humanos y la defensa colectiva de la democracia representativa y no con la no intervención. Pero también incorporaría el ingreso básico universal, el alza del salario mínimo, un sistema universal de protección social, la interrupción voluntaria del embarazo, la legalización de la mariguana y una activa promoción de la sustitución de importaciones de los insumos de las exportaciones.

Este camino revestiría la ventaja de darle satisfacción a todos los integrantes del frente, a nivel cupular. Pero podría traer como grave consecuencia enajenar a las bases: las del PAN, que no tolerarían temas como el aborto o los matrimonios igualitarios, o a las de la izquierda, que no aceptarían la privatización de parte de las hipotéticas acciones de Pemex. Tal vez los intelectuales, activistas y militantes verían con buenos ojos un esquema de esta naturaleza, pero los votantes se enfurecerían. Los del PAN se refugiarían en la abstención o el voto útil por el PRI, como en 2012, y los del PRD se aventarían a los brazos de Morena.

La otra opción es más prudente, pero quizás menos movilizadora. El programa incluiría, y sólo incluiría, aquellas propuestas comunes a todos sectores: PAN, PRD, MC, sociedad civil e independientes. Empezaría posiblemente con la lucha contra la corrupción, tal vez un fin a la guerra del narco y la construcción de un estado de derecho funcional, una política económica que buscara un mayor crecimiento, un combate más imaginativo a la pobreza y la desigualdad, y algunas reformas político-electorales (segunda vuelta, reducción del financiamiento a los partidos y del número de diputados y senadores plurinominales). Existen suficientes convergencias para que no se tratara de una simple lista de lugares comunes o buenos deseos, y al mismo tiempo, los electores de base no se sentirían ofendidos. El problema aquí es saber qué sucedería cuando por una razón u otra fuera preciso abordar temas espinosos excluidos del programa común, y que la actualidad impusiera. Lo conveniente de este segundo enfoque consiste en que los pleitos vendrían después; con el primero, vendrían antes.

Supongo que los arquitectos del Frente han revisado estas opciones –y otras, desde luego– y que van avanzando por buen camino. Eso esperamos muchos que ya no nos resignamos a votar por el mal menor, que tenemos una definición clara –la mía es la candidatura independiente de Ríos Piter–, pero que podríamos apoyar una vía que incluyera nuestra primera preferencia y la ampliara.
31 Julio 2017 04:00:00
Cuauhtémoc, Venezuela y México
Cuauhtémoc Cárdenas es un icono de la democracia en México. Hemos tenido muchos acuerdos y algunos desencuentros, siempre en un marco de respeto y afecto. En ese contexto van estas líneas.

Su texto del sábado en La Jornada sobre la posición de México ante Venezuela contiene varias imprecisiones que me parecen incompatibles con otras posiciones que ha manifestado a propósito de otros países, incluyendo el nuestro, y sobre todo, omisas en relación con los acontecimientos de ayer en aquel país. Las resumo, reconociendo que, en efecto, puede uno pensar que asociar a México a las sanciones impuestas por EU a funcionarios venezolanos por violaciones a los derechos humanos y/o corrupción no es la mejor manera de defender la democracia en Venezuela. La postura mexicana ha vuelto a ser congruente: defender la democracia representativa y el respeto a los derechos humanos en Venezuela como lo haría en cualquier otro país, incluyendo México.

El primer error de Cárdenas, y de los intelectuales que firman un manifiesto análogo en el mismo periódico, es considerar que una postura de esta naturaleza rompe con la tradición de política exterior mexicana. Al contrario. México, desde los años 70, ha adoptado actitudes de severa crítica a gobiernos dictatoriales, racistas o agresivos. Lo hizo con Chile después del golpe de estado de Pinochet. Lo hizo cuando rompió relaciones con la dictadura de Somoza en Nicaragua, en 1979, ayudando abiertamente al Frente Sandinista en su lucha contra el genocida. México invocó muchos principios para justificar sus actos, pero claramente tomó partido: a favor de las fuerzas opositoras a la dictadura. Durante varias décadas se opuso al régimen del apartheid en Sudáfrica, y votó a favor de sanciones en la ONU. Ni qué decir de la Declaración Franco-mexicana sobre El Salvador en 1981, cuando le reconoció al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional el carácter de fuerza política representativa. La diferencia con Cárdenas y sus colegas puede ser que ellos consideran que, en los casos que acabo de mencionar, se trataba de auténticas dictaduras mientras en Venezuela (y Cuba) se trata de regímenes que no pueden ser considerados como tales.

Segunda imprecisión: México, junto con otros países desde hace varias décadas, ha considerado que el principio de no intervención debe subordinarse a otros principios de valor jurídico universal como el respeto a los derechos humanos, la defensa colectiva de la democracia, la paz y la seguridad mundiales y el combate a ciertos regímenes especialmente odiosos.

Tercera imprecisión: Cárdenas parece pensar que la única razón por la cual México adoptaría una postura crítica frente a la dictadura de Nicolás Maduro, a la represión, al golpe de estado que significa la elección de la Asamblea Constituyente, es por alinearse con EU. Que no existen intereses mexicanos propios para adoptar estas posturas. Falso. Primero, porque México ha suscrito –con Venezuela- una gran cantidad de instrumentos jurídicos regionales e internacionales sobre los cuales descansa su postura actual: la Carta de Bogotá, el llamado Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos, y sobre todo la Carta Democrática Interamericana. Estos documentos nos obligan a las posiciones que hemos adoptado; no hacerlo equivale a traicionar esos instrumentos o la adhesión de México a los mismos. La Carta Democrática Interamericana en particular es muy específica. La violación de normas constitucionales en cualquier país de América Latina debe detonar un mecanismo de censura y sanciones contra el país que así procede.

Cuarto error: Venezuela no tiene por qué plegarse a los designios del imperio o de México, o de cualquier otro país. Falso. Tiene que plegarse a la letra y el espíritu de los instrumentos internacionales que ha firmado. Maduro ha dicho que retira a su país de la OEA, y que denuncia la Carta de Bogotá, pero ese es un proceso que tarda dos años. Ha expulsado a miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero sigue siendo vigente el Pacto de San José y la Comisión y la Corte para su país. Entonces, Venezuela sí tiene obligaciones muy específicas.

La última imprecisión de Cuauhtémoc es la que me parece más grave. Sin la movilización y la unidad de las fuerzas de los sectores pro democráticos dentro de México es imposible avanzar. Pero también sin el apoyo de sectores externos: aliados, fuerzas afines u organismos internacionales. Cuauhtémoc llamó a que hubiera observadores internacionales en las elecciones del 94; su partido, o varios de sus correligionarios, acudieron a la OEA y a la CIDH para denunciar el fraude electoral. Ahora mismo los sectores más radicales de la izquierda mexicana siguen apelando al GIEI y a instancias análogas para casos como Tlatlaya sin ruborizarse. Sin embargo, ¿Con qué cara se pide eso para México sin exigir lo mismo para otros países? ¿Qué no tiene más fuerza la exigencia de sectores opositores en México al solicitar la intervención de organismos como la CIDH, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Amnistía Internacional o Human Rights Watch en México si también se pide en otras partes de América Latina? La mejor ancla contra los retrocesos en esta materia en México son los acuerdos internacionales que se han suscrito.

Creo que sí hay imprecisiones en el texto de Cárdenas pero celebro la posibilidad de debatirlos con él de esta manera indirecta y espero que respetuosa.
28 Julio 2017 04:07:00
¿Cuántos mexicanos se van?
La tragedia del tráiler de San Antonio nos obliga a recordar muchas cosas tristes, empezando, desde luego, por el doloroso hecho de la partida de cientos de miles de mexicanos a Estados Unidos cada año, y el terrible costo que muchos están dispuestos a pagar por irse. Pero más que nada evoca una realidad que gran número de expertos se niegan a ver o entender.

Hace por lo menos cinco años comenzó a circular la tesis del balance cero, es decir, que el número de mexicanos que partían a Estados Unidos era igual o inferior al de aquellos que volvían. De esa idea –técnica, eufemística, quizás excesiva pero con alguna dosis de verdad– se derivaron varias mentiras. Que ya no se iban los mexicanos porque había muchas oportunidades en México; que todos los migrantes indocumentados ansiosos por cruzar a Estados Unidos eran centroamericanos; que el fenómeno migratorio dejó de ser pertinente; que ya México no era un país emisor o expulsor de migrantes.

Todo era falso, empezando por la peregrina idea de que el incremento en el número de retornados se debía a decisiones voluntarias y no a deportaciones –por definición coercitivas–, o que algún oriundo de Michoacán o Guerrero acababa de volver a su terruño por nostalgia o para aprovechar las magníficas oportunidades que se le ofrecían en esos estados (supongo que de parte del narco).

De las 39 víctimas del horror de San Antonio, 34 eran mexicanos. De los 10 muertos, siete eran mexicanos. Por ahora. Veremos si estas proporciones aumentan conforme se obtenga mayor información. A menos de que nuestros compatriotas hayan fallecido o estén hospitalizados porque se subieron al tráiler pensando que venía a México, se trata de paisanos que pagaron una suma estratosférica y creciente al pollero para irse, y aceptaron correr el riesgo de perder la vida por hacerlo. En verdad ¿ya nadie se va? ¿En serio terminó la migración mexicana a Estados Unidos? ¿Cuántos muertos más se necesitan para entender que no es cierto?

Pero otro dato, menos escalofriante pero tal vez más significativo, ilustra el mismo tema. Desde 2012 señalé en The New York Times, en un artículo escrito con Douglas Massey, que la cifra de migrantes mexicanos que ingresaban a Estados Unidos con papeles había crecido de manera exponencial. Hoy esto es más cierto que nunca.

De acuerdo con datos publicados en el diario Reforma el domingo pasado, en 2016, Washington expidió 184 mil visas H2A y H2B, es decir, permisos de trabajo temporales para empleos agrícolas y de servicios. Si le sumamos casi 20 mil visas H1B para profesionistas, se trata de más de 200 mil mexicanos que emigran cada año al norte. Desde 1997, el total se ha triplicado. Habría que sumar a este número los mexicanos que reciben visas de inversionistas o de reunificación familiar (estando en México).

Andamos cerca de los 300 mil mexicanos que se van cada año con papeles. ¿Cuántos son los indocumentados que emprenden el viaje aterrador sin papeles? ¿Otros 100 mil? ¿200 mil? ¿A cuanto asciende el total global, con o sin papeles? ¿Medio millón? ¡Que bueno que ya se vayan menos! ¡Que pasaría si se fueran más!
26 Julio 2017 04:07:00
Otra vez 2018
Escribí aquí la semana pasada que no me cuadraban las cifras oníricas del Gobierno para el 2018. Si aceptábamos que la popularidad del Presidente era igual –detalles más, detalles menos– a la probable votación que recibiría el candidato del PRI a la presidencia el año entrante, y que nada significativo ocurriría de aquí a las elecciones para modificar esa popularidad o esa ecuación, no había manera de que ganara el PRI en 2018. La encuesta de Reforma publicada el 23 de julio confirma lo anterior.

En la carrera de caballos entre partidos, el PRI se ubica en 17%, sin repartir los indecisos o los que no responden (21%). Si se incluyen estos y se reparten de manera equitativa, el partidazo roza 20% de los que hablábamos. Esta cifra corresponde exactamente a la popularidad o aprobación que Reforma le asigna a Enrique Peña Nieto unos días antes. Su 20% refleja una mejora en relación a enero, pero 12% de entonces encerraba un sesgo negativo debido a que la pesquisa fue levantada en el peor momento del gasolinazo.

Dos datos adicionales confirman esta tesis. A la pregunta ¿Usted piensa que el PRI debe seguir gobernando el país o que debe cambiar el partido en el Gobierno? 80% de los mexicanos respondió que debe cambiar. Hubo una gran similitud entre la medición de la respuesta en el Edomex a la misma pregunta y los votos que finalmente recibió el PRI en esa elección. El techo del PRI hoy está en 20% del electorado, en el mejor de los casos.

Ahora bien, si nos vamos a los llamados careos entre candidatos posibles, la cosa empeora, aunque no tanto. Si el candidato del PRI es Miguel Ángel Osorio Chong, el puntero en las encuestas, aunque desde luego que no en lo único que importa, a saber, el corazón de EPN, el PRI alcanza 15% del voto y 21% de no respuesta, y sin independiente en la boleta. En ningún careo alternativo, o con ningún candidato diferente, le va a mejor al PRI que con Osorio.

Una sencilla prueba empírica corrobora todo esto. Piense usted, amable lector, en algún conocido que deteste a EPN (no creo que le falten). Pregúntele, después de escuchar sus diatribas contra el Gobierno de Peña, si votaría por José Narro o Aurelio Nuño, los dos posibles candidatos del PRI menos contaminados. Luego avíseme cuántas mentadas de madre se llevó.

Una última reflexión sobre el Frente Amplio, de acuerdo con la encuesta. Aunque en los careos no le va bien, hay dos motivos para cierto optimismo. El 42% de los entrevistados se dice dispuesto a votar por el FA del PAN y del PRD, 13 puntos más que la suma de PAN y PRD separados, aunque Margarita Zavala Calderón, la mejor posicionada como candidata, sólo obtiene 27% como abanderada del FA. Y a la pregunta de ¿quién tiene mayores posibilidades de derrotar al PRI (voto útil)?, el FA supera a MORENA por 43% a 39%. No está mal.

Hay tres discusiones importantes sobre el 2018. Una es si gana o no López Obrador. Yo creo que sí, pero se trata de un debate un poco ocioso hoy. La segunda es si puede ganar o no el PRI. No es ociosa. No puede ganar. Y la tercera es si un frente PAN-PRD-MC puede ganarle a López Obrador con una propuesta que no sea partidista ni negativa. No sé; espero que sí.
24 Julio 2017 04:00:00
Los datos de sangre y plomo
Dos series de datos publicados a finales de la semana pasada vuelven a ilustrar el carácter delirante de la guerra contra el narco de Calderón y Peña Nieto. Primero los muertos. Las cifras de junio de homicidios dolosos –todos, vinculados al narco o no– divulgadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública (así con algunas mayúsculas y nombre rimbombante entero, para que no se sientan menospreciados los burócratas) arrojaron los totales más altos de la historia. En el mes de junio, fueron víctimas de homicidios dolosos 2 mil 566 personas en México, haciendo del mes pasado el más sangriento desde que el SESNSP levanta datos, es decir, desde 1997. El INEGI recopila números análogos, aunque una ligera distorsión hacia arriba, desde 1992, pero no ha publicado todavía la información de 2017; extrapolando, estamos muy por arriba de ese año. Algún tontito por allí descubrirá que en realidad la cifra total de homicidios –dolosos y culposos– de junio superó por 69 víctimas la de mayo (4009), sin recordar que mayo tiene 31 días, y junio, 30.

Si nos remitimos al primer semestre del año, el total registrado de homicidios dolosos alcanzó 13 mil 729, mayor que el primer semestre de 2011, el año rojo de Felipe Calderón, con 10 mil 324, un incremento de 33 por ciento. El dato del mes pasado es el más alto desde que comenzó la guerra, y más que duplica la cifra del primer año de la misma, a saber 2007. De acuerdo con varios medios, de mantenerse la tendencia actual, este año cerrará en más de 27 mil homicidios dolosos, alrededor de 25 por cada 100 mil habitantes, el peor año de la historia moderna de México y cercano al nivel de Brasil. Si nos vamos al desglose diario, como Alejandro Hope, entre 2016 y 2017 el total de homicidios por día pasó de 61 a 85. Chapeau, EPN. Fox le entregó a Calderón el país menos violento de nuestra historia moderna; Peña a López Obrador, el más.

¿A cambio de qué? ¿De algo peor? Difícil de imaginar. ¿De la perdida por el Estado del control territorial del país? ¿Como hoy en Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California? ¿De haber reducido el consumo de drogas en México? Ya vimos en estas notas cómo la encuesta más reciente muestra que México es un país de consumo muy bajo, ligeramente superior al de hace 5 años. ¿Que llegue menos droga a Estados Unidos? De mariguana, quizás. Porque hemos perdido segmento de mercado debido a la legalización allá y los “heroicos” decomisos aquí, pero nada más. En Colombia se siembran nuevamente más hectáreas de hoja de coca que nunca, y aunque una parte se encamine a Europa vía Venezuela y África, y otra hacia EU, pero vía el Caribe y el Golfo, el destino principal sigue siendo nuestro vecino, y el conducto principal, nosotros. El único cambio es la heroína, producida a partir de la amapola. A ella se refiere el otro dato sangriento de la semana.

Según datos de la Secretaría de la Defensa publicados por Reforma el 21 de julio, el promedio mensual de hectáreas sembradas con amapola detectadas por el Estado se duplicó entre 2016 y 2017. Durante el primer semestre del año pasado, se cultivaron mil 837 hectáreas de amapola por mes; este año, el promedio mensual aumentó a 3 mil 702 hectáreas. El total para 2016 fue de 26 mil hectáreas bajo cultivo; de seguir la tendencia actual este año, se alcanzará una cifra de 44 mil hectáreas. Pero no sólo eso. De acuerdo con un oficial de la Sección Séptima del Ejército citado por Reforma, “una semilla normal hace crecer una planta con 8 a 10 bulbos; la semilla mejorada logra más de 40 bulbos”. Vamos bien.
21 Julio 2017 04:08:00
TLC, salarios, corrupción y derechos humanos
El lunes pasado EU hizo públicas sus metas de negociación para los intercambios con México y Canadá para revisar el TLCAN. Aunque el documento de 17 páginas es denso, más para especialistas que para “todólogos” como yo, y representa, más que otra cosa, una síntesis de las divisiones dentro del Gobierno de Washington, se pueden desprender de algunas conclusiones iniciales.

No quisiera entrar en la discusión, un poco ociosa por el momento, de si las demandas norteamericanas son buenas o malas para México, excesivas o insignificantes, esperadas o imprevistas. Prefiero comentar lo que me gusta del planteamiento. Habrá que ver hasta dónde quiere llegar EU en la inclusión de los puntos de su pliego petitorio, y sobre todo si, en caso de hacerlo, qué consecuencias reales pueden tener para México. Por el momento, subrayo dos planteamientos interesantes y bienvenidos, y un tercero, aún ausente.

Empiezo con la referencia salarial incluida en la demanda de incorporar los acuerdos paralelos de 1993 al núcleo del Tratado y de darle mayores dientes y detalle a los temas laborales. Algunas de las tesis de EU fueron tomadas del TPP; por ejemplo, si no me equivoco, el tema del trabajo infantil. Otras provienen del equipo de nacionalismo económico de Trump. Para ir al grano, si la única manera de elevar los salarios en México es porque EU nos lo exige como condición para permitir que los productos mexicanos sigan entrando al mercado más grande del mundo sin aranceles, así sea.

No sé si esa sea la mejor manera de aumentar el ingreso de los trabajadores mexicanos. Creo que puede provocar distorsiones en el mercado de trabajo en México. Sin duda, no corresponde del todo a las versiones clásicas del libre comercio. No es seguro incluso que se pueda hacer. Pero si las demandas laborales en materia de sindicatos, libres de cumplimiento de normas internacionales (OIT) y de salarios decentes se acompañan de consecuencias reales o “dientes” en caso de incumplimiento, bienvenidas sean.

Podremos alegar durante años que así no se deben incrementar los salarios en México; que sería preferible que aumente el empleo y la productividad para que más adelante crezcan los sueldos; y que la mejor manera de que eso suceda es elevando las exportaciones mexicanas a EU, pues sí, pero todo eso no ha sucedido a lo largo de los últimos 23 años.

Segunda consideración, ya planteada por varios colegas, en particular por Leo Zuckermann. Me refiero a la inclusión de un capítulo sobre corrupción en el Tratado, a petición de EU. De nuevo, le doy la bienvenida, ya que me he convencido desde hace tiempo que no vamos a acotar la corrupción en México sin apoyo internacional. Como ese no parece poder provenir de la ONU, de la OCDE, ni de otras organizaciones multilaterales, pues que se origine entonces en un acuerdo bi o trilateral con EU y Canadá. No creo que haya de otra. Preferiría que el Tratado incluyera una especie de espejo de la Foreign Corrupt Practices Act o Ley contra las Prácticas corruptas en el Extranjero de EU; y todavía es posible que así suceda. La FCPA es una ley hasta cierto punto draconiana que se ha violado muchas veces desde que se promulgó en los años 70, pero que tiene el mérito de infundirle temores innegables a empresas norteamericanas que operan en el mundo, corrompiendo a funcionarios desde tiempos inmemoriales. Quizás el escándalo más reciente en México fue el de Walmart denunciado por el New York Times hace pocos años.

Mi tercera reflexión se dirige a una ausencia en el documento norteamericano pero que podría pertenecer al mexicano: una cláusula de derechos humanos para los tres países. México ya aceptó la incorporación de temas de democracia y derechos humanos en los acuerdos de libre comercio a través del Convenio con la Unión Europea firmado en 1998, ahora en plena revisión. No tiene nada de malo que se mezcle el libre comercio con los derechos humanos; probablemente sea la forma más eficaz de obligar a un mayor respeto por estos derechos y limitar sus violaciones.

Solemos molestarnos cuando el Departamento de Estado denuncia violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Preguntamos ¿quiénes son ellos para juzgarnos? Pues si incluimos el tema en un acuerdo entre los tres países, ellos serán lo mismo que nosotros y los canadienses: partes de un convenio libremente consentido en donde tres países se comprometen a respetar determinadas normas de derechos humanos.

Hacerlo le serviría doblemente a México: En primer lugar, nos permitiría invocar el tratado a propósito del maltrato a los mexicanos en EU. Segundo, fungiría como ancla internacional para reducir las gravísimas violaciones a los derechos humanos en México, que hemos todos atestiguado desde 2007. Ojalá Canadá, un país con una vieja tradición de defensa de los derechos humanos en ámbitos internacionales, lo proponga; ojalá México lo sugiera; y ojalá algunos sectores en EU, que por distintas razones no lo han planteado, ahora sí lo hagan.
19 Julio 2017 04:08:00
Del 20% al 30% de Peña a…
A estas alturas es vox populi la conclusión que sacó el Gobierno de la elección del Edomex. Con un candidato correcto –sin más–, recursos ilimitados y la división de los partidos opositores –de preferencia con candidatos mediocres– el PRI gana. A escala estatal o nacional. Por lo tanto, conviene reproducir esa estrategia en todo el país, el año entrante para vencer a López Obrador, el único contrincante peligroso, aunque sea de panzazo, al igual que en el Estado de México.

Aclaro que albergo enormes dudas sobre la eficacia de esta estrategia. Pero sí pienso que es la de Los Pinos. Implica, para empezar, que el PAN vaya sólo a la contienda y, en segundo lugar, al igual que en el Edomex, con una candidata incapaz de ganar, más bien susceptible de derrumbarse, pero sin desaparecer por completo, conservando algo así como el piso de Acción Nacional: Margarita Zavala Calderón. En tercer término, el esquema presupone que el PRD también se presente al electorado sin coaliciones o aliados significativos (Movimiento Ciudadano o el PT no importan), con un aspirante viable, que sin embargo no llegue a ser competitivo, pero que impida que todo el electorado perredista se corra hacia Morena: Miguel Ángel Mancera.

Enseguida, sería necesario que contiendan un par de independientes atractivos, que puedan reunir entre ambos de ocho a 10 puntos porcentuales, sin despuntar, ya que cada uno le coloca un techo al otro. Y por último, un candidato del PRI que, sin ser Bill Clinton o Barack Obama en campaña, no provoque escisiones ni brazos caídos o resentimientos,  asegure cicatrices duraderas y goce del apoyo completo del Estado mexicano, a la vieja usanza.

Este conjunto de ingredientes deben garantizar un PRI, cualquiera que sea su candidato entre los posibles, en casi 30%, y un AMLO que no pase de esa misma cifra. En el empate, creen, gana el PRI, gracias al par de puntos que siempre puede arrebatar el día de los comicios. Yo pienso que aun si esta estrategia se consumara, le haría el juego a López Obrador, y no al Gobierno. Esto es discutible, pero es lo de menos. El error consiste en establecer de entrada una ecuación que sencillamente no cuadra.

La tasa de aprobación de Peña Nieto en el conjunto de encuestas públicas oscila en torno a la barrera del 20 por ciento. Se trata también del piso histórico del PRI: cerca del 22% del voto que obtuvo Roberto Madrazo en el 2006. Por tanto, para que el candidato priista –e insisto: no importa cuál; eso sólo les interesa a los fieles de ese partido– pueda emparejarse con AMLO, debe aumentar en 50% su voto: pasar de los 20% de EPN hoy, o los 22% de Madrazo ayer, a los 30% de Andrés Manuel mañana. ¿Por qué habría de suceder eso?

A priori, no existe razón alguna. La popularidad de Peña difícilmente subirá; ni Duarte ni los socavones le ayudan. El candidato del PRI, con una excepción, difícilmente adquirirá una personalidad propia en tan poco tiempo, sobre todo cuando toda la oposición se dedicará a tildarlo de títere del propio Peña. Y el deslinde no será como en los tiempos del viejo  PRI, del dedazo y de los ritos sucesorios siempre más conflictivos de lo que se esperaba. ¿Cómo le harán un Nuño, un Osorio, un Meade o un Narro para explicar que siempre no son tan empleados de Peña, ni tan admiradores suyos? Pero, en todo caso, he ahí el reto: pasar de los 20% de EPN, a los 30% necesarios para ganar. Good luck.
17 Julio 2017 03:00:00
¿Enchilada completa o rebanadas de salchichón?
En principio, este lunes deben publicarse los lineamientos detallados de la postura del Ejecutivo norteamericano, tal y como se las comunica al Poder Legislativo, para renegociar el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte con México y con Canadá. No es imperioso que así suceda, pero existe la esperanza en muchos círculos en México y en EU de que así sea. Asimismo, en los próximos días, se supone que también se publicarán en el Diario Oficial Estadunidense (Federal Register) las directrices emitidas desde febrero por la Secretaría de Seguridad Interior (Homeland Security) sobre las nuevas facultades de deportación por parte de esta misma dependencia y sus agencias. En lugar de que sólo puedan deportar por la vía expedita a quienes lleven menos de 14 días en los EU, o que hayan sido detenidos a menos de 100 millas de la frontera con México o Canadá, podrán hacerlo ya en cualquier parte del país, y a todos aquellos que no puedan comprobar que llevan por lo menos 90 días en EU aunque sea sin papeles.

La pregunta es si ambos temas tienen algo que ver el uno con el otro, y si México debe proceder en los hechos como lo ha venido haciendo, por desgracia, como si se tratara de pistas paralelas, sin mayor vínculo entre una y otra. A pesar de que el presidente Peña Nieto afirmó desde principios de enero que México buscaría una estrategia integral en la negociación con el presidente Trump, en los hechos no ha sido así. Se ha negociado, por un lado, el tema del Acuerdo del Libre Comercio, y por el otro, se ha dicho que la cooperación mexicana en materia migratoria centroamericana, de seguridad, de guerra contra el narco y de aceptación de deportaciones, sí se podría ver limitada en caso de que el posicionamiento de EU en materia comercial fuera excesivo. Son dos posturas: o la enchilada completa o las rebanadas de salchichón.

Ha sido un error mexicano aceptar este paralelismo. Decir que sólo cuestionaremos, y en su caso reduciremos o suprimiremos la cooperación en todos los ámbitos sí y sólo sí las posturas en el ámbito comercial son perniciosas para México, es resignarse a que efectivamente lo sean. EU va a plantear sus exigencias, cualesquiera que sean, y ver si México efectivamente se atreve a dejar pasar a los centroamericanos. En lugar de que dejemos pasar a los centroamericanos nosotros y ver si EU se atreve a imponernos restricciones voluntarias de exportaciones. Esta estrategia probablemente no va a cambiar, es la que el Gobierno ha decidido, seguramente después de mucha reflexión, y probablemente más a raíz de las preocupaciones del destino personal del presidente Peña Nieto después de que salga del gobierno que de los intereses nacionales.

Ahora bien, resignándonos a ello, hay varias cosas que el Estado Mexicano sí puede plantear en este conjunto de temas. La primera es que, una vez publicadas las directrices en el Diario Oficial, es factible ponerlas en tela de juicio ante el sistema judicial norteamericano. A partir de que entren en vigor, y que efectivamente alguien sea deportado con estos nuevos lineamientos, se puede cuestionar el procedimiento por faltar al debido proceso. Sobre todo si se viene una aceleración brutal de las deportaciones, como se espera, y con mayor razón se empiezan a violar las normas del dicho debido proceso. Esto le facilitaría mucho la tarea a las organizaciones en EU que defienden los derechos de los indocumentados. México puede, desde ahora, empezar a canalizar fondos directamente a esas organizaciones, y en particular a dos de ellas: la American Civil Liberties Union (ACLU), y el American Immigration Lawyers Association (AILA) para que encuentren los mejores casos posibles para generar jurisprudencia ante la falta del debido proceso.

Por otro lado, es urgente que México ya tenga una postura propia ante EU sobre el tema de los mexicanos que carecen de documentos, y sobre los flujos futuros de mexicanos que seguirán yéndose a EU. Las recomendaciones que publicó la comisión encabezada por Ernesto Zedillo y el exsecretario de comercio de George Bush, Carlos Gutiérrez, hace varios meses es un camino a seguir. Lo ideal sería incluir en una misma propuesta mexicana tanto la legalización de los indocumentados como la apertura de una puerta en el muro para los flujos futuros de trabajadores temporales, y un camino hacia la permanencia para ellos y hacia la ciudadanía norteamericana para los primeros.

No sé si algo de esto vaya a suceder, obviamente ninguna de estas propuestas tendría éxito en el corto plazo. Algunas propuestas deben reflejar la ambición de un país, su sentido ético y la defensa de sus nacionales o de otros valores cualesquiera que sean las posibilidades de éxito. Si no, todo se volvería un asunto de probabilidades que se pueden calcular. A menos de que uno se equivoque.

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