Ciudad de México.- Isabel Miranda de Wallace quien preside la organización civil Alto al Secuestro percibe estancamiento en la atención de estos delitos, por su incidencia, la baja de personas detenidas y las inconsistencias entre el nuevo y anterior Sistema de Justicia Penal.

La mañana de este miércoles, presentó el informe mensual sobre secuestros correspondiente al mes de julio, en donde señaló que se cometieron 145 delitos de este tipo, en contraste con el mes anterior donde se presentaron 144, por lo que señaló, no hubo avances significativos, aunque destacó que el número de víctimas disminuyó.

En cuanto al número de detenidos dijo que el número de éstos ha disminuido, al tener solo 106, comparado con el mes anterior que hubo 145, situación que atribuyó directamente al Nuevo Sistema de Justicia Penal.

La presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, enumeró los estados de la República en donde más se comete este delito, destacando Veracruz con 39 casos.

En la conferencia de prensa, Miranda de Wallace enumeró diversos estados como Aguascalientes, Baja California, Durango, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Yucatán, en donde no se presentaron secuestros, sin embargo algunos otros, principalmente en el norte del país, se mantuvieron con las mismas incidencias.

Además informó que no todos los secuestros contabilizados han sido atendidos por las autoridades, sólo 111 de estos fueron atraídos por dependencias estatales o federales, en contraste, 25 fueron únicamente denunciados por medios de comunicación, sin que se iniciara una carpeta de investigación por ellos.

“Ellos dicen que las víctimas no han acudido a denunciar, y parece que se les olvida a los fiscales que el delito de secuestro es un delito oficioso que, aunque no exista víctima, la autoridad debería de iniciar su indagatoria, desgraciadamente no lo está haciendo”, señaló.

En cuanto a las deficiencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Isabel Miranda de Wallace señaló que la mezcla de las reglas entre este y el tradicional, está causando problemas, además, los jueces toman la decisión de dejarlo ir, pese a que en el catálogo de delitos, en la privación de la libertad debe existir prisión preventiva.