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[Nacional]

Toman Guerrero policías comunitarios

Por falla del Estado, las autodefensas se diseminan en la entidad.

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Toman Guerrero policías comunitarios
Chilpancingo, Guerrero.- Ante el vacío de autoridad que impera en Guerrero, grupos que se hacen llamar policías comunitarias empiezan a proliferar en esa entidad.

Por lo menos 16 grupos civiles armados operan tanto en municipios rurales como urbanos.

En Guerrero, la Constitución local reconoce a los pueblos y comunidades indígenas el derecho de establecer un método de sanciones con base en sus usos y costumbres.

Pero la mayoría de estas “policías” ni son de comunidades indígenas ni se rigen por usos y costumbres.

Por ejemplo en Acapulco y Chilpancingo, hay grupos armados de policía comunitaria.

A la salida de la capital del estado hay un retén permanente de “comunitarios” armados, algunos con rifles de alto poder como fusiles AK-47.

Algunos de estos grupos, en vez de brindar seguridad a la ciudadanía la han puesto en peligro.

Son los casos del Frente Unido para el Desarrollo y la Seguridad de Guerrero (Fusdeg) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg).

Ambos grupos pelean desde 2015 el control de los pueblos del Valle del Ocotito, en Chilpancingo, con un saldo hasta ahora de 14 muertos.

En los enfrentamientos entres estas dos “policías” han dejado víctimas mortales de la población civil.

Tanto la Upoeg como la Fusdeg instalan retenes en caminos y carreteras y llevan a cabo revisiones o incluso detenciones.

En la región de la montaña baja, donde se ubican Chilapa, Zitlala, José Joaquín Herrera y parte de Quechultenango, opera la organización Por la Seguridad y la Justicia, con una fuerza de más de mil hombres armados.

El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón señala que muchos grupos tienen nexos con grupos criminales y son tolerados por autoridades federales y estatales.

Guerrero es considerado como uno de los estados más violentos de México. A falta de que se conozcan los datos de diciembre, la región acumuló durante 2017 unos 2 mil 100 homicidios y 62 secuestros, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

PIDEN LIBERAR A DETENIDOS

Cientos de personas se manifestaron ayer en diferentes puntos de la entidad guerrerense para pedir la libertad de los policías comunitarios detenidos tras los hechos de violencia de los últimos días.

Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) se concentraron en ciudades como Chilpancingo, Acapulco, Tlapa y Ayutla, acompañados por familiares y compañeros de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

La madrugada del pasado 7 de enero varios enfrentamientos dejaron en la comunidad de La Concepción ocho personas muertas, en circunstancias inciertas.

Después se dio un operativo policial en el que cuatro personas más fallecieron –identificados por las autoridades estatales como policías comunitarios– y 38 fueron detenidas.

Los manifestantes portaron pancartas con textos como “Respeto al sistema de justicia de la policía comunitaria” o “Justicia para los policías comunitarios caídos”.

Pidieron la renuncia del Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Pedro Almazán, y del fiscal Xavier Olea Peláez, a quienes califican como responsables intelectuales de lo ocurrido.

La Oficina en México del alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el jueves los enfrentamientos y pidió que se esclarezcan los hechos.

ARRESTOS ILEGALES

“Nadie está a salvo en Chilpancingo”, es la conclusión de Amnistía Internacional (AI) después de investigar la desaparición forzada de cinco personas la última semana de diciembre en la capital de Guerrero.

Estos casos expusieron que cualquier persona puede ser desaparecida por la policía de la capital de Guerrero, ya sea en colusión con agentes ministeriales de la Fiscalía del Estado o con el crimen organizado.

En un primer evento, el 27 de diciembre agentes municipales detuvieron a Alán Alexis, de 20 años, y dos amigos más, de 15 y 16 años.

Durante una semana no se supo nada de ellos, hasta que el 3 de enero aparecieron con vida detrás de un supermercado, amarrados con cinta adhesiva como si estuvieran muertos.

Aunque AI observó fotos del momento en que fueron subidos a las patrullas oficiales, no encontró ningún registro de que hayan sido presentados ante alguna autoridad.

Según el testimonio de Alán Alexis, durante esos siete días de desaparición los jóvenes fueron torturados hasta perder la conciencia varias veces. Les taparon la cara con toallas húmedas para que se ahogaran, les golpeaban con tablas, les decían que iban a morir.

“Lo escalofriante de este caso es que no parece obrar ningún registro del ingreso de estos chicos ni en barandillas de Chilpancingo ni en Acapulco, donde según varios testimonios, fueron ingresados en instalaciones de la Policía Municipal”, detalló Madeleine Penman, investigadora de AI.

DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA

Cientos de habitantes de la comunidad San Felipe del Ocote fueron desplazados por culpa de la violencia de su comunidad, a la que no quieren regresar por miedo a los ataques.

Los pobladores huyeron de su hogar después de sufrir el ataque de un grupo de hombres armados, que llegaron “echando balazos a la gente”, relató Juvenal Moreno, uno de los habitantes.

En ocasiones anteriores, los criminales habían estado en esta comunidad del sur del país, pero “nunca” los habían agredido. “Por ese motivo estábamos aguantando” y hasta el momento no habían acudido a las autoridades a presentar una denuncia, explica.

Ahora los habitantes permanecen en Apaxtla, cabecera del municipio homónimo, a la espera de que las autoridades les digan dónde pueden reubicarse.

En total son 415 personas las que han sido afectadas por la violencia. De acuerdo con un censo elaborado por el municipio, 335 de ellas permanecen albergadas en Apaxtla.

Por otra parte, otros 80 habitantes se han quedado en San Felipe, con protección oficial, recolectando las pertenencias del pueblo y desgranando el maíz cultivado por los campesinos, para tener un sustento.

Moreno, quien dejó abandonados su casa y sus terrenos, señala que ya no “pueden regresar”, porque “al que regrese no lo van a encontrar vivo”.

Dice que espera poder sacar sus pertenencias de la comunidad “si es que se puede, y si no, ahí se va a quedar todo”. “Primero está la vida, después lo material”, sentencia.

Más adelante, espera que les proporcionen ayuda para encontrar un nuevo hogar.

“No tengo coraje, simplemente miedo”, reconoce Juvenal, quien menciona que la situación de violencia en el lugar se extiende desde hace aproximadamente siete años.

Los desplazados permanecen en un albergue en el que pueden dormir y alimentarse, así como realizar actividades diurnas.

Esau Martínez, presidente del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Apaxtla, asegura que el Ayuntamiento se mantiene en comunicación con los otros niveles de Gobierno para “llevar a cabo el protocolo” y que los habitantes tengan “total seguridad”.

“La mayoría no quiere regresar; lo dejaron todo, dejaron las raíces, toda una vida”, afirma.

Martínez agrega que los campesinos están preocupados porque dejaron sus cosechas, “tenían sus animalitos, vacas, pollos, puercos, y lo han dejado todo”.


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