Diario de Juárez / Ciudad Juárez, Chih.- Un mando de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) fue asesinado ayer al mediodía en la colonia Adolfo López Mateos, al poniente de la ciudad, por un hombre que tocó a la puerta de su casa y preguntó si estaba en venta un automóvil; cuando tuvo a la vista al oficial le disparó, dio a conocer el fiscal en la zona norte Jorge Arnaldo Nava López.

El mando, identificado como José Ochoa Arellano, de 38 años y quien años atrás fue agente vial, resultó herido de bala mientras su agresor huía a bordo de un vehículo Jeep Cherokee blanco, junto a otra persona.

Este es el segundo elemento de la Fiscalía General del Estado (FGE) asesinado en la ciudad y el quinto policía victimado este año, de acuerdo al archivo periodístico.

Testigos indicaron que familiares subieron al lesionado a un auto Nissan Maxima color guinda para llevarlo al doctor pero murió casi de inmediato. El cuerpo sin vida del elemento preventivo quedó en el asiento trasero de la unidad.

Nava López, quien acudió a la escena del crimen, dijo que se mantiene la alerta entre los agentes policiacos ante este nuevo ataque.

“No se ha retirado la alerta que tenemos, sin embargo estamos investigando el móvil de este homicidio, aún es prematuro establecer de qué se trata. Ya se está investigando”, señaló.

El crimen ocurrió ayer al mediodía en el exterior de una casa ubicada en la calle Tláhuac y General Treviño. Estas vialidades fueron escenario del proyecto “Safari en Juárez” que impulsó el actor internacional Daniel Giménez Cacho y que ayer fueron invadidas por decenas de patrullas de las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno.

La presencia policial y de los representantes de los medios de comunicación cautivó a los estudiantes de la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, situada a una cuadra de la acordonada escena del crimen.

Los estudiantes pedían saber a quién habían matado.

“Hey seño, dónde fue el muertito, ahora a quién mataron”, cuestionaban a gritos los alumnos parados sobre la barda de ladrillo protegida con el enrejado de acero.

Amigos de la víctima informaron que actualmente gozaba de su período vacacional, mientras que el fiscal Nava López dijo que el elemento estaba en su día de asueto.

Sin embargo, archivos periodísticos establecen que el oficial victimado formaba parte de un grupo de agentes preventivos acusados del delito de cohecho y que por órdenes de un juez de Control estaban suspendidos de sus cargos mientras se desarrolla el proceso penal.

Junto a Josué Francisco Ángeles Martínez e Iván Cobos Gil, Ochoa Arellano presuntamente solicitó a una conductora 5 mil pesos para no quitarle el vehículo; un familiar de la mujer entregó 3 mil pesos a los oficiales, según la denuncia en contra de los agentes de la CES.

El 29 de diciembre del año pasado alrededor de las 10:30 de la mañana en la avenida Santiago Blancas cruce con Día del Maestro los policías se encontraban en funciones a bordo de la unidad número 751 de la entonces Policía Estatal Preventiva.

Según la acusación, ese día le pidieron a Karina Ramírez Rayo 5 mil pesos para “dejar de cumplir con su función”, específicamente para no llevarse “detenido” su vehículo, una camioneta X-terra modelo 2000, informó un agente del Ministerio Público (MP) al juez Jorge González Rodríguez.

El hermano de la guiadora, Ulises Ramírez Rayo, le entregó 3 mil pesos a José Ochoa Arellano en presencia de los otros dos elementos, dijo el fiscal Francisco Javier Olivas quien se encontraba acompañado por una representante social de la Unidad de Control Interno de la Fiscalía estatal.

El juez les impuso a los acusados una medida cautelar contemplada en el Artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que consiste en la suspensión de derechos, en este caso ordenó que fueran suspendidos de sus labores.

El Tribunal señaló que la Fiscalía deberá determinar si mantiene o no el sueldo a los elementos, mientras permanecen suspendidos.

Fuera de audiencia, el Ministerio Público y la defensa hablaron de la posibilidad de cerrar el proceso con la figura legal denominada “suspensión del proceso a prueba”, en la cual a los procesados se les impone una serie de condiciones para que la causa penal se detenga y en caso de cumplir se sobresee y no les quedan antecedentes penales.

Ayer se solicitó al comisionado Óscar Aparicio la información en torno a la situación laboral del oficial victimado, pero no se obtuvo una respuesta.

El fiscal Jorge Arnaldo Nava López informó que elementos de la Policía Municipal habían realizado varias detenciones en las calles de la colonia Adolfo López Mateos, sin embargo, hasta el cierre de esta edición la representación social no tenía conocimiento de que las personas estuvieran directamente relacionadas con el crimen Ochoa Arellano.

En el presente mes han sido asesinadas 41 personas, de las cuales nueve eran del sexo femenino, informó personal de la FGE. (Staff/ El Diario)