El Universal | Ciudad de México.- Sin Joaquín El Chapo Guzmán Loera, recapturado hace dos años por la Marina Armada de México y extraditado en 2017 a Estados Unidos, al frente, el Cártel de Sinaloa mantiene su poderío territorial y su estructura operativa en el país; su expansión en la nación vecina se consolida.

Aunque es acechado por el Cártel Jalisco Nueva Generación al mando de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, que ha tenido un crecimiento vertiginoso en la geografía nacional, sigue con presencia en los estados del norte, centro y sur del país, de acuerdo con autoridades federales.

Destaca su presencia en Sonora, Baja California, Coahuila, Durango, Ciudad de México, Jalisco, Nayarit, Colima, Guerrero, Veracruz, Quintana Roo y preserva alianzas con diversos grupos considerados sus brazos armados.

En Baja California Sur y Chihuahua el Cártel de Sinaloa protagoniza una sangrienta batalla con sus enemigos de Jalisco Nueva Generación y Los Arellano Félix, por el control de la plaza, lo que ha derivado en un incremento de la violencia en Ciudad Juárez, la sierra de Chihuahua, La Paz y Los Cabos.

La DEA ubicó a la organización criminal con presencia internacional, en comparación con otros grupos mexicanos, y al legendario capo Rafael Caro Quintero lo integró a la jerarquía del también conocido Cártel del Pacífico, como cabecilla de una célula.

La agencia estadounidense aseguró que el grupo exporta y distribuye cantidades al por mayor de metanfetamina, marihuana, cocaína y heroína en Estados Unidos, con centros de distribución en ciudades como Phoenix, Los Ángeles, Denver y Chicago.

A casi un año del traslado de Guzmán Loera a Estados Unidos (19 de enero), donde está siendo procesado por la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, por tráfico de drogas, el abogado, José Refugio Rodríguez recordó que está pendiente de resolverse un amparo ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito, ya que a su consideración, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, violó el tratado de extradición al agregarle un acuerdo para que El Chapo fuera trasladado a una Corte de Distrito de Nueva York.

“El canciller autorizó a la embajada de Estados Unidos para que no se aplicara la cláusula de especialidad que rige el Tratado de Extradición, que implica que Joaquín Guzmán no podría ser juzgado en Estados Unidos como lo está haciendo, por delito y procesos diversos a los que se le concedió el traslado.

“Mi cliente fue llevado para ser juzgado en la Corte de Distrito del Paso, Texas, y para la Corte de Distrito de San Diego, California; sin embargo, lo llevaron a Nueva York, se le mantiene en condiciones infrahumanas por una autorización arbitraria”, acusó Rodríguez.

El litigante aseguró que Videgaray Caso no se apegó a la Constitución al firmar esa autorización, por lo que recurrieron al juicio de amparo contra la determinación, proceso, señaló, que se ha estancado porque la Secretaría de Relaciones Exteriores lo bloquea.

“Él no estaba autorizado para firmar esa carta y extendió esa autorización para que no se aplicara la cláusula de extensión sin facultades para ello, lo que constituye un acto arbitrario y por eso interpusimos un juicio de amparo que ha estado estancado porque durante todo el año lo estuvo bloqueando la Cancillería, hasta principios de diciembre que se logró integrar el expediente para que se mandara al Tribunal Colegiado”, comentó.

Ante dicho recurso, expuso, la Secretaría de Relaciones Exteriores interpuso una queja para evitar que vía amparo se analice la constitucionalidad de la autorización, para que Guzmán Loera fuera llevado a Nueva York.

“La vinculación que hasta el momento tengo con Joaquín Guzmán, defendiendo esa postura que en su momento puede ser importante para la defensa jurídica que tiene en Estados Unidos”, refirió Rodríguez.

Dijo que los abogados de El Chapo en Estados Unidos determinarán el valor estratégico del juicio de amparo que se interpuso en México contra su traslado a Nueva York. “Tengo que respetar de qué manera lo pudieran usar y el alcance que le pudieran dar, no soy la persona idónea para emitir una opinión al respecto”, apuntó.

Cesa disputa por controlar el cártel

La detención en mayo de 2017 de Dámaso López Núñez, El Licenciado, compadre de El Chapo, y la entrega voluntaria a la DEA de su hijo, Dámaso López Serrano, El Mini Lic, al parecer cesó la disputa interna que se desató tras el arresto en Los Mochis de Guzmán Loera.

López Núñez ayudó al Chapo a fugarse del penal de Puente Grande en 2001, fue sorprendido en mayo por fuerzas federales en un lujoso complejo habitacional de la Ciudad de México, buscaba una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), para combatir a Los Chapitos, la cual no se concretó.

Semanas después, El Mini Lic, quien estuvo escondido en Baja California, se entregó en el cruce fronterizo de Mexicali a la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA) por temor a ser asesinado por los hijos de Guzmán.

Después vino la captura por fuerzas federales de Nahúm Abraham Sicairos Montalvo, El Quinceañero¸ operador del Min Lic, en un fraccionamiento en el Estado de México.

Al quedar acéfalo el liderazgo, la poderosa organización criminal enfrentó tres escisiones que el año pasado protagonizaron un férreo choque armado: Los hijos del Chapo, Iván Archivaldo y Alfredo, apoyados por Ismael El Mayo Zambada, Los Dámaso y Aureliano Guzmán, El Guano, hermano de Joaquín Guzmán.

Por la disputa, la violencia repuntó en Sinaloa al registrar mil 243 homicidios de enero a noviembre del año pasado, según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Aunque El Guano reclamó espacios en el cártel, la lucha se centró entre los hijos del Chapo y Los Dámaso, al grado de que había disputas entre ellos por los corridos.

De acuerdo con la declaración del Licenciado ante el Ministerio Público Federal, acusó a Los Chapitos de tenerle envidia a su hijo, el Mini Lic, ser el heredero del cártel y por la violencia en Sinaloa, y de haberlos secuestrado en el restaurante La Leche de Puerto Vallarta, Jalisco, en 2016.

Largo proceso

Para el experto en narcotráfico y autor de diversos libros sobre el Cártel de Sinaloa y sus líderes, José Reveles, el proceso que sigue contra el Chapo en Estados Unidos será largo y en algún momento, el sinaloense se tendrán que acoger al programa de testigos protegidos.

Aseguró que la influencia geográfica del grupo criminal no ha disminuido, al contrario, quieren tomar el control de Tamaulipas, Veracruz y Chihuahua.