Ciudad de México.- Las empresas que participan en la licitación del servicio de seguridad para resguardar 2 mil 200 inmuebles del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se resisten a prestar el servicio en la región noreste, actualmente marcada por un contexto de violencia e inseguridad, informó David Palacios Hernández, director de Administración del Instituto.

Dio a conocer que el Instituto recibió 11 propuestas técnicas y económicas en la licitación internacional del servicio de seguridad para proteger 2 mil 200 inmuebles por los siguientes 36 meses. Sin embargo, ninguna presentó una plan para prestar el servicio en la región noreste, que comprende 237 inmuebles distribuidos en Nuevo León, Durango, Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí.

La contratación del servicio de seguridad, abundó, es para garantizar la presencia de personal de vigilancia en los inmuebles del IMSS, pero no es personal armado, por lo tanto, no tendría capacidad de reacción para repeler un ataque.

“Es una región complicada, es una región donde los trabajadores no quieren ir o quieren ir, pero cobrando más y eso se ha hecho patente en cada una de las licitaciones de seguridad.

“Todas las Centrales de Monitoreo de nuestros inmuebles están enlazadas con la Seguridad Pública local para pedirle que actúe en el marco de sus atribuciones. Si hay una circunstancia de este tipo (violenta) adentro de un inmueble del Instituto, el protocolo es hablarle a la autoridad para que venga a resolver el problema”, explicó.

Palacios Hernández dijo que la licitación de la región noreste se declarará desierta y se iniciará un nuevo proceso de contratación con nuevas condiciones, entre las que no se descarta ofrecer un pago mayor a quien preste el servicio de seguridad en esa zona.

“Ahorita el servicio de seguridad en esa región es un poquito más caro. Claramente esta región ha tenido problemas para poderse contratar, hay una circunstancia de seguridad distinta en esa región respecto a las demás, eso es un hecho. Lo que vamos a hacer es garantizar el servicio, que la empresa lo está prestando lo siga prestando en lo que tenemos la estrategia para poder salir a otro proceso”, indicó.

Por primera vez, el IMSS contratará servicios de seguridad privada por un periodo de tres años para resguardar sus inmuebles, con un tope presupuestal de 3 mil 271 millones de pesos y prevé ahorros por 189 millones de pesos.

En conferencia de prensa, Palacios Hernández informó que serán analizadas las 11 ofertas presentadas por 9 grupos conformados por 22 participantes y el fallo correspondiente se dará a conocer el próximo 2 de junio.

La licitación fue de carácter internacional con el propósito de fomentar una mayor competencia y se dividió al País en siete regiones para dar cabida a nuevas empresas que pudieran tener mayor presencia a nivel sectorial, apuntó.

Se inconforman cuatro empresas ante SFP

Por advertir irregularidades en el proceso de licitación pública del IMSS para la contratación del servicio de seguridad privada durante los siguientes tres años, cuatro empresas presentaron ocho inconformidades ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).

“Se han presentando un total de ocho inconformidades en contra de la licitación pública internacional que nos ocupa por parte de cuatro empresas: Operadora de Alimentos Industriales Teka SA de CV, Importaciones y Tecnología Digital de Alarmas y Circuito Cerrado Tecnodisk SA de CV, Equipos de Seguridad Balística y Equipos de Medio Oriente SA de CV y Operadora de Arrendamiento Automovilístico y Maquinaria Pesada del Centro SA de CV.

“Las ocho inconformidades presentadas, cuatro de ellas fueron en contra de la convocatoria y cuatro en contra de la junta de aclaraciones, coinciden que son cuatro empresas las que las presentan y argumentan agravios similares en contra de la legalidad del procedimiento de contratación”, informó Javier Vargas Zempoaltecatl, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP.

El funcionario mencionó que las inconformidades serán atendidas conforme al protocolo establecido y reiteró que el testigo social designado por la SFP también participa en el proceso a fin de garantizar legalidad y transparencia en este proceso de contratación pública.