Cataluña.- Cataluña vivía este martes una jornada de protestas por el encarcelamiento de dos influyentes líderes independentistas catalanes acusados de sedición por la justicia, que amenaza con tensar las relaciones entre el gobierno regional y el central.

“Desgraciadamente, tenemos presos políticos otra vez”, sentenció el presidente catalán, Carles Puigdemont.

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Puigdemont, parte de su gobierno, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, encabezaron una protesta contra el encarcelamiento de Jordi Cuixart, de la asociación Omnium Cultural, y de Jordi Sánchez, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), en la que participaron cientos de personas en la céntrica plaza Sant Jaume.

La gente gritaba “libertad, independencia”, “la solución no es la represión” y “libertad presos políticos”.

Las próximas 48 horas podrían ser cruciales para el futuro del conflicto entre los ejecutivos central y catalán, que llevó al primero a rebajar las previsiones de crecimiento económico de 2018, del 2,6% al 2,3%.

El encarcelamiento y las protestas de este martes llegan en un un momento de bloqueo en el contencioso por la declaración de independencia.

Tras un primer emplazamiento del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, al catalán, Carles Puigdemont, para que aclare si declaró o no la independencia la semana pasada, que fue contestado con una oferta de diálogo pero no un “sí” o un “no”, el segundo tiene ahora hasta el jueves para responder y rectificar.

Cuixart y Sánchez fueron encarcelados a la espera de un eventual juicio por la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, sospechosos de haber convocado, dirigido y arengado las protestas contra los registros de la policía en busca de pruebas del referéndum inconstitucional de independencia del 1 de octubre.

“Decisión carente de todo fundamento”

Omnium y ANC convocaron un paro ante los centros de trabajo de toda Cataluña a mediodía (10H00 GMT) y una manifestación en el centro de Barcelona a las 20H00 (18H00 GMT), en la que los participantes fueron invitados a llevar velas.

Además, habrá protestas por la tarde ante las sedes de las delegaciones del gobierno español en las cuatro capitales de provincia catalanas (Tarragona, Lérida, Gerona y Barcelona).

“Nos parece que no tienen ningún sentido, la verdad es que no tenemos palabras para describirlo y ante esto convocamos mañana a la sociedad catalana a manifestarse, evidentemente de manera pacífica”, dijo Jordi Bosch, de Omnium Cultural.

“La decisión de privarnos de libertad de la Audiencia Nacional es una decisión carente de todo fundamento jurídico y procesal”, dijo Jordi Sánchez, en un artículo publicado en el diario Ara que dejó preparado por si era encarcelado.

Por su parte, Cuixart dejó un vídeo apelando a “la serenidad” y anunciando que su organización trabajará “en la clandestinidad”, si es necesario, de manera pacífica.

El delito de sedición puede acarrear hasta 15 años de cárcel.

En la misma causa están imputados el mayor de la policía catalana (Mossos d’Esquadra), Josep Lluís Trapero, y una subalterna suya, Teresa Laplana, que seguirán en libertad pero no podrán abandonar el país y tendrán que presentarse periódicamente en los juzgados.

“Aquí hay separación de poderes”

El auto de la jueza Lamela señala a Sánchez y Cuixart como los “principales promotores y directores” de una multitudinaria concentración el 20 de septiembre ante un edificio del gobierno catalán en el que la policía española efectuaba registros.

Los manifestantes dañaron vehículos policiales y dificultaron por horas la salida de los agentes.

Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), y Cuixart, de Òmnium Cultural, se subieron sobre un vehículo de la Guardia Civil y llamaron a “la movilización permanente”.

La jueza decretó su encarcelación porque temía que pudieran “destruir fuentes de prueba” o incurrieran en “reiteración delictiva”, toda vez que pertenecen a un “grupo organizado” que busca “fuera de las vías legales la independencia de Cataluña”, según el auto.

Ante las múltiples voces que tildaron a los dos de presos políticos, el delegado del gobierno en Barcelona, Enric Millo, dijo este martes, en unas declaraciones a Catalunya Radio: “Nos equivocaremos si juzgamos a la jueza, aquí hay separación de poderes”.

Lo que ocurrió ante consejería de Economía “no se puede calificar de actuación pacífica y cívica”, ahondó el delegado.