Ciudad de México.- Con la finalidad de brindar oportunidades a las mujeres encarceladas por delitos contra la salud, la organización Equis: Justicia para las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se reunieron para analizar medidas alternativas a la pena en prisión.

Ana Pecova, directora ejecutiva de la organización feminista, señaló que esas mujeres cumplen todos los puntos de vulnerabilidad: son pobres, tienen bajo nivel de escolaridad, casi todas son madres y son los eslabones más bajos en la cadena del tráfico de drogas, por lo que el encarcelamiento masivo no es la solución, además de que el impacto en sus vidas es desproporcionado.

En entrevista, dijo que la mayoría de mujeres detenidas en estas circunstancias no estaban armadas y son primodelincuentes. Explicó que los jueces no toman en cuenta el contexto en el momento de dictar sentencia, que son factores atenuantes que podrían reducir la pena.

Por eso estamos explorando otras alternativas. La culpa no te la quita nadie si has cometido algún delito, pero probablemente no sea necesario que la pena se cumpla en la cárcel, pues en ocasiones tienen sentencias exageradas y su encarcelamiento no afecta la operación de las redes delictivas.

Explicó que el impacto en la vida de estas mujeres afecta a todas las personas que dependen de ella: hijos, adultos mayores o personas con discapacidad, y ese es un costo que no lo puede asumir el Estado actualmente.

El 53 por ciento de las mujeres que están en prisión tienen cargos por delitos relacionados con las drogas, que son la primera causa de encarcelamiento.

Pecova también destacó la falta de datos sobre el problema, ya que no necesariamente se desagrega la información por sexo y tipo de delito para ver quiénes de estas mujeres pudieran ser candidatas para medidas alternativas.

A la reunión privada asistió Marcela Piedra, de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, quien habló sobre la experiencia en ese país al liberar a casi cien mujeres acusadas de introducir droga en centros penitenciarios.

Pecova dijo que tienen pendientes cuatro reuniones para lograr incidir en las autoridades y generar una agenda más concreta.