Saltillo, Coahuila.- A tan sólo 24 horas de haberse emitido la convocatoria para hacer un frente formado por proveedores del Gobierno Municipal con facturas de plazo vencido, se sumaron siete firmas físicas y empresariales a la exigencia de la liquidación de los créditos que les adeuda el Municipio.

El abogado Enrique Ocañas Méndez informó a Zócalo que la estrategia legal de su despacho y los otros siete demandantes será “llevar al alcalde Isidro López Villarreal a un juicio político por desvío de recursos”.

El especialista explicó que “es un delito lo que hace la Administración: usar dinero que está destinado a salud para otras cosas”.

Exigen a Isidro liquidación de créditos

Debido al adeudo que tiene el Municipio con diversos proveedores, ayer se sumaron al frente conformado por estos últimos siete firmas de personas físicas y empresariales, las cuales exigen la liquidación de los créditos. El objetivo de los demandantes es llevar al Alcalde saltillense a juicio político “por desvío de recursos”.

De acuerdo con el despacho Ocañas-Méndez & Guerra Tijerina, con sedes en Monterrey y Saltillo, se aseguró que hasta el momento se tiene “amarrada” una demanda por 50 millones de pesos contra el Municipio, cifra que han acumulado –en facturas– los ocho demandantes del frente.

La cantidad de proveedores podría aumentar durante los próximos días, porque de acuerdo con el abogado Ocañas Méndez, “varias personas han hablado pidiendo información al respecto y se les está solicitando que nos firmen un documento para nosotros poder exigir su dinero”.

Los proveedores, representados por el despacho antes mencionado, denunciaron también la opacidad con la que el Gobierno municipal maneja las cuentas, “nosotros –dice el abogado– tratamos de consultar el total de la deuda del Municipio y no nos fue posible, todo lo hacen con opacidad, empezando por la tesorera –Rosa María Zertuche Cedillo–”.

“Los números del Alcalde nunca cuadran porque tiene una demanda de 18 millones en el Juzgado Segundo de lo Civil –de la Comercializadora Biomédica Inmunológica, S.A. de C.V. –Cobisa– y tienen un amparo de 45 millones de pesos con el problema de Nasalud, S.A. de C.V. y esas ellos, por conveniencia, no las contabilizan”, explicó el abogado Enrique Ocañas.