Perú.- El Congreso de Perú incluyó a las firmas peruanas socias de la constructora brasileña Odebrecht en una norma que retiene preventivamente sus ganancias para garantizar el pago de indemnizaciones por corrupción, una decisión que derrumbó el viernes los papeles de esas compañías en la bolsa.

La decisión del parlamento modifica un decreto de urgencia emitido el año pasado por el Poder Ejecutivo, que impedía trabajar con el Estado a las firmas que hubieran reconocido actos de corrupción, como Odebrecht, y ordenaba congelar sus utilidades para que pudieran usarse en el pago de reparaciones civiles, a proveedores y empleados afectados con los juicios.

Odebrecht, envuelta en el escándalo “Lava Jato” de pago de sobornos a cambio de obras públicas en Brasil y América Latina, admite que en Perú desembolsó 29 millones de dólares en coimas entre 2005 y 2014, durante las gestiones de los presidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Sin posibilidades de seguir operando en el país, la firma brasileña prepara una salida ordenada.

Según declaraciones a la fiscalía de ejecutivos de Odebrecht, que se han filtrado a la prensa, las firmas peruanas que trabajaron con ella conocían de los sobornos.

Entre las compañías se encuentra la mayor constructora del Perú, Graña y Montero, cuyos papeles se derrumbaban en la Bolsa de Valores de Lima casi un 20%.

A diferencia de Odebrecht, hasta el momento, ninguna de sus socias peruanas ha admitido oficialmente haber incurrido en actos de corrupción.

Pero la norma, que aún debe ser promulgada por el Ejecutivo, tendrá una vigencia de seis años e impide a las firmas transferir dinero hasta que se pague el total de la reparación civil a favor del Estado. Tampoco podrán vender activos sin la autorización del ministerio de Justicia.

Además, dispone la retención de un porcentaje de las utilidades sobre contratos vigentes con el Estado.

“El Grupo Graña y Montero tomará todas las medidas legales que correspondan, de tal forma de defender su derecho a la presunción de inocencia, tal y como establece la Constitución Política del Perú”, dijo al diario El Comercio la empresa, que asegura que la norma afecta a sus más de 23 mil trabajadores.