Milenio | Ciudad de México.- Un juzgado federal ordenó a la Procuraduría General de la República realizar una investigación a fondo en torno a la muerte de 22 presuntos delincuentes durante un supuesto enfrentamiento con militares en una bodega del municipio de Tlatlaya, Estado de México, ya que, afirmó, incurrió en varias omisiones.

Sin embargo, la PGR negó haber incurrido en omisiones ya que, aseguró, se desahogaron todas y cada una de las diligencias pertinentes sobre el caso.

Clara Gómez González, una de las tres testigos que vio cuando supuestamente ejecutaron a las 22 personas, entre ellas su hija, interpuso un amparo, el cual fue concedido por Mario Cruz Díaz, secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular.

En el amparo 545/2017, concedido a Gómez González, se obliga a la PGR a realizar una “investigación exhaustiva y eficaz” en la que concluya si hubo o no una ejecución extrajudicial en Tlatlaya.

El 30 de junio de 2014 murieron 22 civiles, presuntos miembros de un grupo delictivo, durante un enfrentamiento con integrantes del Ejército, en una bodega de dicho municipio; la Secretaría de la Defensa Nacional informó que tres mujeres, supuestamente privadas de su libertad, habían sido rescatadas. Una de ellas es Clara Gómez González.

Cuatro meses después, el 21 de octubre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que de los 22 presuntos delincuentes que murieron, se puede presumir que 15 de ellos fueron ejecutados por el Ejército, pues ya se habían rendido.

De acuerdo con la sentencia pública del caso, de la cual MILENIO tiene copia, la quejosa reclamó al Ministerio Público “la falta de debida diligencia en la investigación por graves violaciones a derechos humanos correspondiente a la averiguación previa, misma que se traduce en omisiones del Ministerio Público en la investigación exhaustiva y eficaz”.

Además, reclamó que no se indagó sobre la supuesta orden militar que señala abatir en horas de oscuridad, dirigida a la base de operaciones a la que pertenecían los militares involucrados. Acusó que no se investigó la cadena de mando. “Estas omisiones se traducen en la falta de debida diligencia”, mencionó la quejosa.

La PGR negó haber incurrido en omisiones o no haber realizado una debida investigación, ya que, aseguró, se desahogaron todas y cada una de las diligencias pertinentes.

También negó que no haya investigado sobre la orden militar de abatir en horas de oscuridad, además la falta de investigación de la cadena de mando y la omisión de unificar la investigación.

“(La institución) negó haber omitido dirigir, coordinar, supervisar, evaluar y controlar las acciones tendentes a la atención, investigación y persecución de los hechos materia de la citada averiguación previa número, pues al respecto señaló que se han desahogado todas y cada una de las diligencias pertinentes para la debida integración de la citada indagatoria; motivo por el cual, no se tiene por cierto dicho acto”, se lee en el documento.

No obstante, en la resolución el juzgado se exhibe que el Ministerio Público no realizó ciertas diligencias.

“Dicha negativa se desvirtúa con la copia certificada de diversas constancias de la averiguación previa en comento, que obra en un tomo de prueba por separado, a la cual asiste valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la cual se advierten la falta de actividad de la autoridad ministerial”, concluyó el juzgado.

Con información de Rubén Mosso.