El Diario de Chihuahua | Chihuahua.- Durante el presente ciclo escolar, que inició en agosto pasado, al menos 93 maestros del subsistema federal han presentado solicitudes de cambio de plaza debido a la inseguridad y la constante amenaza de convertirse en víctimas de fuegos cruzados de grupos del narcotráfico, principalmente en poblados de municipios que se localizan en la Sierra Tarahumara, según un informe de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH).

Como consecuencia de esos cambios, al menos cuatro escuelas de nivel preescolar en el municipio de Guadalupe y Calvo fueron orilladas a suspender sus clases.

De todo el estado, Guadalupe y Calvo concentró el 23 por ciento de las solicitudes de cambios por inseguridad, con 21 peticiones de traslado a otros municipios. El resto de ayuntamientos que tuvieron el mayor número registrado fueron Batopilas (7), Madera (6), entre otros, según datos tomados por medio de una solicitud de Transparencia con folio número 01592018 al SEECH.

De acuerdo con la dependencia, fueron 31 maestros y 62 maestras quienes demandaron el cambio. Una de ellas fue Carmen, originaria de Ciudad Juárez y quien el 15 de agosto de 2017 arribó a El Largo Maderal, municipio de Madera donde fue asignada para dar clases.

Cuando llegó al pueblo, ya la esperaba otra compañera que llevaba más de un año impartiendo clases ahí. Se dirigieron a pie hacia un restaurante local para comer. Le impresionó encontrar a un grupo de aproximadamente 40 hombres, algunos estaban armados y otros almorzando en las mesas. Había otros civiles con armas de fuego fuera del establecimiento en posición de ataque, según su testimonio.

“Estaban vestidos de soldados, llevaban ropa camuflada, pero no lo eran. Diría que un 80 por ciento de los que estaban ahí tenían a la vista armas largas y cortas. No sabría decirte qué armas eran porque no conozco”, dijo Carmen a vía telefónica.

—Tengo 45 platillos adelante para preparar, les dijo la cocinera mientras les advertía con gestos a Carmen y a la otra compañera que se retiraran del lugar, pero a la segunda fonda a donde llegaron, también entró un hombre joven con un arma corta fajada en su pantalón. “Fue entonces que empecé a referirme a mis compañeras como ‘maestras’ para que escuchara que veníamos a dar clases al lugar”.

Algunos padres de familia de los alumnos con los que trataba Carmen a diario eran parte del narco. Como lo supo cuando al inicio del curso se entrevistó con los tutores de los niños para preguntarles datos básicos.

Ella tiene presente una anécdota. La vez que le preguntó a una madre de familia en qué trabaja su esposo?

–Le tengo que decir?, respondió dudosa la otra mujer.

—¡Claro! Dígame. dijo Carmen, en automático.

—Es sicario, maestra.

—Ah, ¿le puedo poner como ‘empleado’?

—Sí, maestra.

El Largo Maderal es el ejido más rico del país con la violencia más implícita. Desde julio pasado, pobladores denunciaron el bloqueo que grupos armados fraguaron en las entradas y salidas de la comunidad. Sus llamadas exigieron a las autoridades restablecer el libre tránsito que impedían los ‘narco-retenes’. Ese mismo mes —5 de julio de 2017— fueron asesinadas 26 personas en un enfrentamiento entre cárteles en Las Varas, sólo a 55 kilómetros de donde trabajó Carmen.

El 26 de septiembre pasado, justo en el entronque de Las Varas y El Largo Maderal, Carmen fue detenida por civiles armados que instalaron un narco-retén en la carretera.

“Había cuatro o seis personas encapuchadas con armas, apuntando a la parte de atrás del carro. No estaba muy segura de cuántos eran, no quería ni voltear”, contó.

En esa misma temporada, Jazmín, otra maestra, impartía clases asignada a la comunidad de Huevachi, en el municipio de Ocampo.

Cada semana regresaba a la ciudad de Chihuahua para visitar a su madre enferma. Un día debió quedarse a una junta con los padres de familia del jardín de niños. Regresó a pie a la cabaña que rentaba y en el camino se encontró con una ‘troca’ llena de hombres armados.

“Me dijeron ‘hola’ en un tono coqueto. Yo los ignoré, pero siguieron acosándome”, dijo Jazmín a EL DIARIO.

Más tarde la camioneta pasó por su casa. “Pasaba muy despacio, luego se pararon enfrente y dispararon al aire”.

El narco-retén de Carmen y el acoso verbal de Jazmín fueron los detonantes. Ambas huyeron de esas comunidades y solicitaron su cambio de plaza al SEECH en la ciudad de Chihuahua. Necesitaban una denuncia interpuesta por la Fiscalía General del Estado (FGE) para documentar su petición de traslado.

Carmen se asesoró con un abogado para acelerar el proceso. Fueron cuatro semanas de peticiones para que por fin le dieran un cambio de plaza. Sin embargo, Jazmín se enfrentó a distintas condiciones:

“Tenía que ir a la Fiscalía a meter denuncia, pero no quisieron levantarla porque no me habían amenazado con un arma en la cabeza, que no habían abusado de mí, ni que me habían tocado; que era acoso verbal y que no era un delito grave. Sentí mucha impotencia, no puedo esperar a que me maten o me violen”, dijo Jazmín, quien finalmente consiguió que dieran entrada a la denuncia.

Luego de que Carmen y otra de sus compañeras interpusieran su solicitud de cambio de plaza, fueron citadas en Cuauhtémoc por autoridades de SEECH para ese sector. En las pláticas, les comentaron a ambas docentes que “no era nada malo lo que nos había pasado, que era algo normal, que era algo a lo que nos teníamos que acostumbrar y que no debíamos de salir a la comunidad. Para mí es un riesgo. Era un temor terrible para nosotras y nuestra familia”, dijo Carmen.

Roberto Lechuga, exsupervisor de la Zona 117 de los alrededores de Urique, explicó en entrevista que se les advirtió a los maestros que no son de la región, sobre la situación de la Sierra, pero “muchos de ellos se asustaron y pidieron el cambio”.

Y agregó: “En todas partes hay (narcos), hombre… Tengo 22 años trabajando (como jefe de sector) y siempre nos dejaron trabajar muy bien Los Chapos y La Línea”.

Los cambios de docentes han derivado en problemas para la operación de los planteles. EL DIARIO tuvo acceso a un oficio que María Asunción Dorado Sáenz, jefa del Sector 5 del SEECH, envió a Graciela Castro Aguirre, encargada del Departamento de Educación Preescolar, el 9 de enero de 2018.

En la misiva se informó que cinco jardines de niños en el municipio serrano no cuentan con docentes para impartir clases, cuatro de éstos corresponden a lugares donde maestros han solicitado cambios por la inseguridad.

Hasta la fecha en que se envió el oficio, el Jardín de Niños Cuitláhuac, de la localidad de Atascaderos, no tuvo docentes laborando desde el 16 de octubre del año pasado. Lo mismo sucedió con el kínder Chapultepec, de la comunidad de El Bajío de los Atascaderos, sin impartir clases desde el 20 de noviembre pasado, así como las escuelas Rarámuri y Tarahumara, de los pueblos de Durazno y Coloradas de los Chávez, las cuales han tenido falta de profesores desde el 7 y 18 de diciembre pasados, respectivamente.