Ciudad de México.- Al menos tres estados de la República han regulado sus códigos penales y en otros siete se analizan modificaciones para que los ciudadanos puedan ser amparados por ley en caso de lesionar o matar a quien allane su casa, debido al incremento de la inseguridad en el país.

La ampliación de la figura legal de legítima defensa que se ha propagado en los últimos dos meses es una respuesta populista ante la incompetencia de los gobernantes para reducir los índices delictivos, han alertado expertos en seguridad y organizaciones que se oponen a los cambios en la norma.

El primero en regular la legítima defensa fue Nuevo León. El Código Penal establecía que cualquiera que “rechazara” o “dañara” al agresor que allanara su casa, no incurría en ningún delito. A finales de mayo, el Congreso local aprobó añadir dos nuevos supuestos, “lesionar” y “privar de la vida”. El código detalla ahora que cualquiera que dañe, lesione, o incluso mate a un asaltante será igualmente inocente.

El segundo estado en adoptar esta medida fue Baja California Sur. El 21 de junio, tras argumentar que la inseguridad se ha incrementado en la entidad, los diputados realizaron modificaciones legales para que los ciudadanos no sean encarcelados en caso de recurrir al exceso de fuerza en defensa de su vida, su patrimonio o su familia.

En Guanajuato los diputados locales aprobaron el 29 de junio modificaciones a su Código Penal para que el habitante de una propiedad no sea castigado por las lesiones y la muerte que llegase a causar a quien allane su casa. “La legítima defensa no es una licencia para matar ni de venganza”, justificó la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso local, Arcelia González.

Sin embargo, la ampliación de esta figura legal no sirve para reducir la violencia, afirma Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en temas de justicia e impunidad. Al contrario, son propuestas populistas que promueven la portación y la circulación de armas de fuego que pueden derivar en accidentes dentro del hogar.

Algunos de los estados que van por la despenalización son Tamaulipas, Jalisco, Baja California, Quintana Roo, Guanajuato, Campeche, Tabasco y San Luis Potosí.