Saltillo, Coahuila.- Hasta la fecha la PGJE mantiene abiertas 468 averiguaciones previas o carpetas de investigación por el delito de tortura cometido por agentes del Estado y funcionarios, los cuales de ser procesados alcanzarían una pena de 10 a 20 años de prisión y multas de 500 a mil días, tras la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes.

Dicha ley fue aprobada por la Cámara de Diputados en la Ciudad de México el martes pasado, luego de que los legisladores hicieran las correcciones pertinentes a la iniciativa presentada por el Senado.

Ante esto, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que actualmente tienen 468 averiguaciones previas o carpetas de investigación abiertas por el delito de tortura cometido por servidores públicos, que serán procesadas bajo los principios de esta nueva ley.

Según datos de la PGJE, en 2013 se recibieron 11 denuncias; 53 averiguaciones previas se iniciaron en 2014; en 2015 se abrieron 127 carpetas de investigación y durante 2016 se registraron 277 denuncias por tortura.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila informó que tienen 93 quejas en contra de corporaciones policiacas por el delito de tortura, siendo el Grupo de Armas y Tácticas Especiales el que acapara más de 50% de las quejas.