Ciudad de México.- Los autores refutan las conclusiones a las que llegó el Programa de Política de Drogas del CIDE tras analizar más de 3 mil combates entre Fuerzas Federales y presuntos delincuentes en el sexenio pasado.

El Programa de Política de Drogas del CIDE (PPD) presentó recientemente una base de datos que registra interacciones entre Fuerzas Federales y presuntos criminales, así como algunas conclusiones. Paradójicamente, un análisis robusto de la misma base de datos arroja una conclusión: sus propios datos lo desmienten.

Diversos medios reportaron que, al presentar la base de datos, Alejandro Madrazo señaló –a nombre del PPD– que “el índice de letalidad de la Policía Federal es de 2.6 muertos por cada herido; el de la Marina llega a 17.3 y el del Ejército es de 9.1”.

Según el estudio del PPD, con base en información oficial de 3 mil 327 enfrentamientos registrados en el sexenio pasado, cuatro de cada 10 combates fueron eventos de “letalidad perfecta”, es decir, sólo registraron muertos y ningún herido.

Pero el análisis de la base de datos revela tres grandes discrepancias. Primero, los índices de letalidad son menores en el Ejército y Marina. Segundo, los índices no provienen de la base de datos. Y, tercero, los casos de “letalidad perfecta” son 30% menores a lo que reporta el PPD.

Una revisión de los datos usados para calcular el índice de letalidad produce un índice de 3.0 para la Policía Federal, 4.6 para la Armada de México y 5.4 para el Ejército. Estos números son 40% menores que los presentados por el PPD para militares, 73% menores para marinos y 15% mayores para la Policía Federal. Dado que el PPD no lo discute, es importante dejar muy claro qué mide, así como los alcances y limitaciones del índice de letalidad.

‘ÍNDICE DE LETALIDAD’

No es posible replicar el índice de letalidad que reporta el PPD con la base de datos pues, contraviniendo la práctica estándar en la ciencia y la academia, no hizo público un documento que explique sus cálculos, ni materiales para replicar sus estimaciones. Sin embargo, nuestras estimaciones y cálculos divergentes se pueden encontrar en github.com/marco-morales/inconsistencias-PPD.

Por un lado, el “índice de letalidad” no sólo no puede estimarse en casos donde hay sólo muertos y ningún herido; tampoco puede calcularse donde no hay muertos ni heridos. Esto implica que el índice de letalidad refleja apenas el 16% de los eventos en la base de datos.

Por otro lado, dado que la base de datos no identifica a la fuerza federal involucrada en todos los casos, el índice sólo puede calcularse con 257 eventos para el Ejército (5% del total de eventos en la base), 26 para la Marina (menos del 1%) y 82 para la Policía Federal (2% del total).

Un lector no especialista en el tema podría interpretar en estos índices que en México en promedio son muertos tres presuntos criminales por cada herido. Eso no se deduce de la base de datos. Al calcular el índice de letalidad para cada evento, vemos que más de dos terceras partes de los casos se concentran entre enfrentamientos donde sólo hay heridos sin muertos, así como donde hay el mismo número de muertos que heridos.

Una forma alternativa de sintetizar esta información es promediando el índice calculado para cada uno de estos eventos. El resultado es que, en promedio, la propia base de datos muestra que no hay más muertos que heridos en los casos donde puede calcularse el índice de letalidad.

CONCLUSIONES…

Los índices de letalidad difundidos por el PPD provienen de un estudio de 2012 elaborado por Catalina Pérez Correa y colegas. La ironía es que Madrazo y el Programa promuevan índices de letalidad basados en 224 notas periodísticas, cuando los mismos índices pueden calcularse en la base de datos que dieron a conocer, especialmente si el PPD asegura que “su cobertura es más extensa que la de otras bases de datos construidas sólo con fuentes abiertas”, y si el documento de presentación que acompaña las bases de datos descalifica los reportes periodísticos como una fuente de medición debido a la violencia ejercida contra periodistas o por autocensura de los medios.

La base de datos muestra solamente 27% de casos de “letalidad perfecta”. Es un misterio por qué utilizaron apenas dos tercios del total de los datos para definir sus conclusiones (3 mil 327 de 5 mil 396); o por qué concluyen que son cuatro de cada 10 eventos donde sólo hay presuntos criminales muertos sin heridos, cuando la base muestra menos del 30%.

Es importante recordar que la definición de “letalidad perfecta” no registra elementos clave del contexto para entender a cabalidad los resultados del enfrentamiento entre militares y presuntos criminales. El más evidente: el número total de presuntos criminales participantes en cada combate y que no sólo murieron o fueron heridos, sino que también huyeron. En la lógica de la base, etiquetar “letalidad perfecta” en los hechos donde la base registra criminales sin heridos es tan cuestionable como afirmar que en el 57% de los enfrentamientos donde no hubo muertos ni heridos, las Fuerzas Armadas le dispararon a su propia sombra. En otro momento entraremos a esta discusión.

El complemento de los casos de “letalidad perfecta” en la base de datos es igualmente importante: del total de eventos donde existen presuntos criminales muertos y sin heridos (menos del 30% del total, insistimos), la mitad de ellos reportan un muerto y más de dos terceras partes de estos casos registran tres o menos muertos.

EL INFORME DEL CIDE

El 31 de marzo, Alejandro Madrazo Lajous, Laura Atuesta y Óscar Siordia, investigadores del Programa de Política de Drogas del CIDE, presentaron los resultados de un estudio sobre letalidad en enfrentamientos de Fuerzas Federales durante el sexenio de Felipe Calderón.

El estudio fue elaborado con base en información oficial que de manera anónima fue entregada al CIDE, sobre operaciones de las Fuerzas Armadas entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2011.

‘ACTIVISMO’

Es probable que no sea práctica común entre abogados, pero en las ciencias sociales las investigaciones cuantitativas se someten a escrutinio de los pares que garantizan que los hallazgos no sean falaces y sean replicables. Sin esta garantía, y habiendo mostrado su falsedad, las declaraciones del PPD sólo pueden llamarse de una forma: activismo. Nada tiene de malo hacer activismo. Pero es ética y moralmente reprobable hacerlo escudándose en el aura de la academia.

Dado que las “conclusiones” presentadas por el PPD no serían aprobadas por pares académicos con la formación estadística y científica suficiente, nos vemos obligados a solicitar públicamente que el PPD se retracte del trabajo presentado. De otra manera, se corre el riesgo de desinformar a la opinión pública con el escudo de una institución académica como el CIDE, que ha promovido en las más de las veces un debate responsable.