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Lenta reconstrucción, lo que el sismo dejó

Tras el sismo del 19 de septiembre, miles quedaron a la deriva, a la espera de recursos para levantar sus casas de los escombros

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Lenta reconstrucción, lo que el sismo dejó
Hay predios que llevan meses limpios, sin escombros, listos para reconstruir. Foto: Zócalo | Reforma
Por: Reforma

Ciudad de México.-
Opacidad en el manejo de los recursos, disputas políticas, burocracia excesiva y la falta de un plan claro han impedido que los más de 100 mil damnificados por los sismos del 19 de septiembre recuperen su patrimonio.

“Llevamos seis meses de trámites y eso es lo que tenemos: ese terreno”, explica María de Jesús Ugalde, mientras señala los tapiales del espacio donde estuvieron los siete niveles del número 915 de la calle Petén, en la Delegación Benito Juárez.

El predio lleva casi cinco meses limpio, listo para reconstruir las viviendas de sus antiguos moradores, pero los trámites no concluyen, los certificados no salen.

Los últimos seis meses transcurrieron entre citas en burós y módulos de informes de la Procuraduría Social, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y del Registro Público de la Propiedad, con carpetas amarillas que se fueron engrosando con formatos oficiales y hojas sueltas para tomar apuntes.

Ugalde es representante de los condóminos, perdió a su madre en el sismo y durante meses batalló para crear consenso entre los propietarios del antiguo edificio para reconstruir con las reglas de la Ley de Reconstrucción que se aprobó el año pasado.

En enero, ella y sus vecinos estaban listos para ver cómo se levantaba nuevamente su condominio, con 35% más de viviendas, según lo previsto en la nueva ley. Sin embargo, hay trámites previstos que apenas el 30 de enero fueron publicados en la Gaceta Oficial: los pasos para sacar un Certificado de Derechos de Reconstrucción y el Dictamen para la Aplicación de la Ley, y la Emisión del Certificado de Zonificación del Uso de Suelo, necesarios para la redensificación.

Además, aunque han obtenido dos documentos como prueba de que son damnificados, un certificado fue invalidado con la publicación de los nuevos trámites y una hoja de evaluación postsísmica del Instituto para la Seguridad de las Construcciones está firmada por un “arquitecto” sin cédula profesional.

Como los 12 condominios de Petén 915, una buena parte de las 132 mil personas afectadas en la ciudad no ha podido reconstruir su vivienda, demoler lo que quedó de ella u obtener un dictamen que los certifique como damnificados.

Cuatro meses para un plan

El 26 de octubre, a cinco semanas del sismo, el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera integró una comisión para la reconstrucción, con una decena de académicos y activistas ciudadanos para coordinar un plan de reconstrucción a corto, mediano y largo plazos, planteando incluso que esta perdurara después del cambio de Administración, para dar continuidad a los trabajos.

Mancera nombró a Ricardo Becerra, subsecretario de Desarrollo Económico, como titular de la Comisión para la Reconstrucción y le ordenó entregar resultados a más tardar en un mes.

El propio Mancera proyectó en una iniciativa de Ley de Reconstrucción tener los censos de damnificados máximo seis semanas después del siniestro, lo mismo que el aseguramiento de los recursos necesarios para su implementación. En una segunda etapa, a seis meses del sismo, tener lista la asignación de viviendas con base en niveles socioeconómicos de los damnificados, demoler las estructuras que generen riesgo inminente y coordinar programas de rehabilitación y recuperación de viviendas; y en una tercera etapa, a cinco años o más, la transformación de la ciudad de acuerdo con un plan de resiliencia.

Sin embargo, la Ley de Reconstrucción se aprobó en la Asamblea Legislativa dos meses después del siniestro, sin diagnóstico de damnificados, inmuebles afectados ni zonas económicas, sin vinculación directa con damnificados, sin planes de rescate integral en zonas afectadas, aceptando redensificar sobre predios que violaron leyes de desarrollo urbano, a través del aumento de 35% de la construcción, y obligando a los damnificados a tener un dictamen de seguridad estructural elaborado por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, cuyo personal ha avanzado lento en esta tarea.


Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno de CDMX

En reunión de la Comisión de Reconstrucción, el 13 de diciembre, secretarios y comisionados tuvieron que aceptar la lentitud del proceso: 748 edificios representaban un riesgo para la seguridad de las personas, 102 de ellos debían ser demolidos y sólo cinco se habían derribado totalmente, y las casas dañadas en Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac sumaban casi 6 mil.

Además, en la Plataforma CDMX, base de la ley, se registraban inconsistencias entre los registros de inmuebles recuperados y en riesgo bajo, conforme a lo reportado por vecinos.

“Nos estamos tardando muchísimo”, refirió entonces la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado.

Fue hasta el 12 de enero, cuatro meses después del fenómeno, que la Comisión y el Gobierno central presentaron el Programa para la Reconstrucción de la Ciudad, con 45 programas de intervención, incluyendo la revisión de estructuras dañadas que hasta entonces no se habían analizado, el reforzamiento de la Plataforma CDMX, el tratamiento de grietas y un fondo único para la máxima publicidad del origen, destino y ejecución de los recursos.

Y, apenas vendría una segunda batalla contra el avance de la reconstrucción: el manejo de recursos.

El 'secuestro' del fondo

En vísperas de Navidad, el 23 de diciembre de 2017, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó el Presupuesto de Egresos de 2018 con una bolsa de 8 mil 772 millones de pesos destinados a la reconstrucción. Pero, en las letras chiquitas, el decreto de Presupuesto daba la facultad a los perredistas Leonel Luna y Mauricio Toledo, como presidentes de las comisiones de Gobierno y Presupuesto, res-pectivamente, así como al panista Jorge Romero, secretario de la Comisión de Gobierno, de “aprobar, proponer, supervisar y vigilar” estos recursos.

El caso tardó un mes en ventilarse. La fracción de Morena en la ALDF impugnó el Presupuesto en la Suprema Corte de Justicia, y en la Comisión de la Reconstrucción el tema hizo crisis en enero, cuando el subcomisionado Mauricio Merino denunció que eso contradecía una de las decisiones fundamentales de la Comisión, que era el manejo transparente y escrupuloso de los fondos para la reconstrucción.



Ricardo Becerra y los subcomisionados Mauricio Merino, Katia D'Artigues y Fernando Tudela renunciaron debido al control de los tres diputados sobre estos recursos y la aprobación de partidas distintas a lo contemplado en la Comisión.

“Ignoro la justificación o prioridades que han orientado el gasto de casi 8 mil millones de pesos... no tiene relación alguna con el diagnóstico de las necesidades de las personas afectadas por el sismo y el orden de prioridades que la Comisión de Reconstrucción ha identificado, después de más de 150 visitas a lugares críticos”, acusó Becerra.

El 18 de febrero, a punto de cumplirse cinco meses del sismo, el jefe de Gobierno envió una iniciativa para quitarle la facultad de aprobación del fondo de reconstrucción a los diputados Toledo, Luna y Romero, y otorgársela a la Comisión de Reconstrucción.

Sin embargo, ni la Asamblea Legislativa ni la Secretaría de Finanzas han podido definir con exactitud cuál fue el gasto ejercido a través de lo que Luna, Romero y Toledo decidieron en el primer mes del año.

Los diputados del Frente PAN-PRD habían aprobado destinar 5 mil millones de pesos conforme a la Fracción I del Artículo 14 del Presupuesto de Egresos, que no estaban etiquetados para acciones específicas, por lo que ordenaron el gasto en planteamientos generales como demoliciones, apoyo a vivienda, retiro de escombros y dictámenes, sin justificación ni proyecto de gasto, además del destino de 530 millones de pesos para nuevos empleos en cinco secretarías.

Los diputados aprobaron 2 mil 754 millones de pesos adicionales para la reconstrucción, etiquetados a la Secretaría de Desarrollo Social, la Agencia de Gestión Urbana, la Secretaría de Educación y el Instituto de Vivienda.

En el Artículo 14 también están contemplados mil 18 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), mismo fondo donde la Comisión de Desarrollo Social capitalina subejerció 111 millones en 2017, acusando a la secretaría de Hacienda y Crédito Público federal de no destinar los recursos.

El secretario de Gobierno, José Ramón Amieva, aseguró que no se ha gastado un sólo peso de ese fondo. Y el secretario de Finanzas, Édgar Amador, prometió: “Vamos a subir absolutamente todo, va a ser una transparencia completa, vamos a subir desde la afectación presupuestal, pasando por los contratos, los entregables, hasta llegar hasta el pago”. Pero no precisó la fecha para ejecutar dicha transparencia.

Los recursos ejercidos en 2017 para la emergencia, a través del Fondo de Atención a los Desastres Naturales (Fonden) que administra a través de un comité la Secretaría de Finanzas capitalina, también se manejaron con opacidad. Se trata de 3 mil millones de pesos, de los 9 mil 500 millones que ha acumulado el fondo desde 2014, cuando fue implementado por el Gobierno capitalino con remanentes presupuestales.

Finanzas no ha justificado la razón para asignar 2 mil 47 millones para tareas de emergencia y reconstrucción del fondo, antes de que el Gobierno de la Ciudad contara con el plan de reconstrucción, y donde privilegió a las demarcaciones perredistas Álvaro Obregón e Iztapalapa como las únicas en recibir recursos de esta bolsa.

El 27 de febrero pasado, el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del CIDE evidenció la poca claridad con la que se asignaron esos fondos.

“Hay muchos recursos asignados sin ningún sustento”, expresó la directora técnica de la investigación, Liliana Veloz, al presentar el diagnóstico.

El 6 de marzo, Mancera nombró como nuevo comisionado para la Reconstrucción a su exsecretario de Obras, Édgar Tünguí. Y, justo ese día, renunció la subcomisionada Loreta Castro, investigadora de la UNAM.



En entrevista, Tünguí acepta que el primer paso de la nueva comisión será saber lo que se ha avanzado en la reconstrucción, que no es mucho.

Como secretario de Obras, reportó la demolición total de 21 edificios en riesgo y 20 más en curso, siendo alrededor de 188 los edificios en riesgo en la capital, más de 100 en alto riesgo de colapso, según lo dicho en la última reunión de la Comisión de Reconstrucción.

Hasta ahora, no hay una actualización del avance en dictámenes por daños –necesarios para ser contemplados en la Plataforma CDMX–, sólo hay uno de los seis censos que obliga la Ley de Reconstrucción para medir la magnitud de los daños y se necesita diseñar una estrategia de reconstrucción para Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, que reportan más de 6 mil 500 casas con daños.

“Con la modificación al Presupuesto de Egresos, ahora la Comisión es la encargada de darle el visto bueno a estas acciones. Nos urge conocerlas, poderlas llevar al seno de la Comisión, estudiarlas, aprobarlas y regresarlas a la Secretaría de Finanzas para que los recursos puedan comenzar a ejercerse y que lleguen a los damnificados”, señala en entrevista.

En febrero, la Comisión de Reconstrucción reportaba la falta de dictamen en 350 edificios, el daño en 8 mil 967 escuelas y 26 campamentos de damnificados aún en operación.

Aunque el jefe de Gobierno señaló que se han entregado 224 créditos para inmuebles en código rojo (lo que representa una inversión de 225 millones de pesos, de los mil 66 millones con los que cuenta este fondo de créditos), sólo se han entregado seis certificados para aprovechar el derecho de construcción adicional del 35 por ciento.

Burocracia extraordinaria

Miguel Ángel Tirado, quien también vivía en el 915 de Petén, ríe de impotencia ante los trámites que ha tenido que hacer sólo para descubrir lo asfixiante de la burocracia.

Las autoridades capitalinas les pidieron conformar un régimen del condominio que ya no existe ante la Procuraduría Social, luego de que fueron rechazadas sus escrituras como prueba de que poseen derechos sobre el terreno.

“Hay una burocracia extraordinaria: las dos primeras citas son para tener información y hasta la tercera te atienden para una asesoría y determinan si estás en esta parte de damnificados.

“El tema es que en el último momento piden el régimen de condominio de un edificio que se construyó ¡hace 45 años! Pues no lo tenemos. Estamos haciendo un trámite que nos permite la Ley sobre un condominio que ya no existe, sólo para darle la formalidad, pero eso se demuestra con las escrituras, no con un régimen”.

Miguel Ángel mira el terreno donde alguna vez se erigió el edificio en el que vivió con su familia. Antes creía que pronto volvería; medio año después del temblor, no sabe para cuándo.

'Jojutla sigue tirado'

Primero se dijo que en tres meses Jojutla se levantaría; después, que en un semestre. Lo cierto es que el municipio morelense se ve muy lejos de su antigua normalidad.

Un día después del terremoto del 19 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto recorrió este municipio del sur de Morelos y prometió que su Gobierno actuaría de inmediato para que Jojutla se pusiera de pie.



“Queda aquí mi testimonio, mi compromiso, aquí hay muchos medios, muchas cámaras que me están grabando, y donde dejo este compromiso hecho de forma pública para apoyar a Jojutla, y que Jojutla nuevamente se ponga de pie”, dijo el Presidente, rodeado de habitantes y autoridades locales.

A unos metros del Puente de los Suspiros, el Presidente pidió la participación de la comunidad para levantar un censo de viviendas afectadas y, cuando los damnificados se le acercaban a contarle su desgracia, Peña Nieto les dijo que su municipio se levantaría en cosa de tres meses.

Medio año después, ni siquiera el Puente de los Suspiros ha sido reparado. El palacio municipal sigue de-socupado, la iglesia de San Miguel está cerrada, el corredor comercial está en obras y las 677 casas que colapsaron aún no pueden habitarse.
Las autoridades no han entregado ninguna vivienda a los que perdieron su casa y nadie ha recibido completos los 120 mil pesos designados como cobertura del Fonden.

Apenas el 10 de marzo pasado, 127 familias se manifestaron ante autoridades estatales para denunciar que fueron excluidos del plan de reconstrucción, tanto por el Gobierno federal como por la Administración del Gobernador perredista Graco Ramírez.
Municipio comercial por excelencia, Jojutla batalla para reponerse de las afectaciones a 2 mil 410 negocios dañados, de los 4 mil 410 registrados en el municipio.



Las mujeres del pueblo han tenido que acampar frente a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para exigir que fluyan los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) y que el Gobierno estatal responda a su compromiso de respaldar con 25% de los recursos necesarios para los damnificados.

Al impacto por el sismo se suma el clima de violencia en un territorio con presencia del crimen organizado, infiltrado en las autoridades municipales.

El pasado 10 de marzo, Reforma publicó que la Fiscalía de Morelos investiga al secretario municipal Antonio Mazari Benítez por colaborar con el cártel de Los Rojos, quienes habrían financiado la campaña electoral del alcalde Alfonso Sotelo, emanado del PSD.

Vivir en campamentos

La familia Núñez Cruz habita una tienda de campaña donada por el Gobierno de Taiwán, en un pedazo del terreno que ocupaba su casa que colapsó con el sismo.

La familia vivió varios meses en un campamento ubicado en el Parque Alameda, pero fueron desalojados cuando el Gobierno estatal les informó que rehabilitaría el parque.

Antes del sismo, en su casa vivían cinco adultos y tres niños, pero la mayoría se fue con otros familiares y sólo se quedaron doña Esperanza, su esposo y su hijo Daniel Núñez, de 42 años.

Con recursos del Fonden, Sedatu otorga 15 mil pesos a los damnificados con viviendas parcialmente dañadas y 120 mil a quienes tuvieron pérdida total. Los recursos son depositados en tarjetas del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).

Aunque su pérdida fue total, la familia Núñez Cruz ha recibido 40 mil pesos en material y 25 mil en efectivo, con lo que edificaron un baño y esperan que una constructora se encargue de levantar su nueva vivienda, que será de 50 metros cuadrados, pero desconocen cuándo ocurrirá.

Algunos habitantes de Jojutla se han endeudado para poder reparar sus casas, como la familia Gómez Bustamante, que vive en una accesoria de su taller mecánico.

“Nos llegaron las tarjetas con 15 mil pesos, y eso que era pérdida total”, dice Miguel Ángel Gómez. “Hemos ido a ver y ni material nos dan”.

“Ya habían dictaminado que era daño total”, agrega su esposa, Natividad Bustamante.

Es el mismo caso de Filiberta Montes de Oca, cuya casa colapsó y ha recibido sólo 30 mil pesos.

La mujer de 73 años se fue a vivir con una de sus hijas a Zacatepec.

“Mi casa la estoy terminando porque pedí un préstamo. Ya no quiero estar de arrimada”, dice, “yo le estoy tirando a pagar ese préstamo con el dinero del Fonden; si no, ¿cómo?".



La desorganización

Para la reconstrucción de Morelos se han autorizado 5 mil millones de pesos.

Según el acuerdo entre los gobiernos federal y estatal, el primero debe aportar 75% de recursos para la reconstrucción y el local, el 2% restante.

Sólo en Jojutla, el censo del Fonden contabilizó mil 133 viviendas dañadas parcialmente y 677 destruidas.

Al Gobierno morelense le corresponde hacerse cargo de 245 viviendas dañadas parcialmente que no fueron cubiertas por el Fonden, de las cuales no ha atendido 88, de acuerdo con Alexis Ayala, coordinador operativo de Unidos por Morelos, el órgano estatal creado para la reconstrucción en la entidad.

“Nos enfrentamos a una escasez de material, por eso no hemos podido cumplir la meta”, justifica.

Existen otras 30 viviendas totalmente destruidas que tampoco fueron cubiertas por el Fonden y que la Administración de Graco Ramírez debe atender.

También están pendientes de revisión un centenar de casos de viviendas inhabitables, calificadas con daño parcial, cuyos dueños recibieron sólo 15 mil pesos.

En Morelos, siete fundaciones trabajan con los gobiernos en la construcción de viviendas de 50 metros cuadrados. Reciben 120 mil pesos públicos y donan 30 mil más. Dos de ellas lo hacen en Jojutla: Fundación Slim y Fundación Proviváh.

El 1 de marzo, habitantes de la colonia Emiliano Zapata, una de las más golpeadas, acamparon por casi una semana en las oficinas de Sedatu para demandar que fluyan los recursos federales ya asignados.

Ante la presión de los pobladores, Rosario Robles, titular de Sedatu, acudió a Jojutla el 6 de marzo e informó que habían entregado mil 407 tarjetas de daño parcial y 889 de daño total.

Después, los funcionarios estatales y federales se comprometieron a cubrir, a partir del 16 de marzo y antes del 31, la totalidad de los 120 mil pesos.

De acuerdo con el Gobierno municipal, en Jojutla se han demolido 550 viviendas, pero siguen pendientes 200.

Para el 9 de noviembre, Graco Ramírez amplió a seis meses el plazo para la reconstrucción.

En diciembre, presentó el proyecto Nuevo Jojutla, que incluye la sustitución e introducción de drenaje sanitario, agua potable y drenaje pluvial en las calles del Centro, con una inversión de 31.2 millones de pesos. Obras que, según la Comisión Estatal del Agua, llevan un avance de 55 por ciento.

El Gobernador anunció un plan carretero que incluye la rehabilitación de dos vías que conectan al municipio: el libramiento Casa Blanca y el de Jojutla-Tlapancingo-Tequesquitengo, con un avance inferior al 20 por ciento.

Pero el plan de reconstrucción de vivienda lo puso en marcha hasta el 6 de febrero, acompañado del director del Infonavit, David Penchyna.

Sin apoyo

Walfré Peña Prisco y Rocío López regalan agua de jamaica a los albañiles que trabajan en la loza de cimentación de la que será su nueva casa. Sonríen después de haber pasado más de cinco meses sin recibir nada del Fonden.

Comerciantes de pollo en un local de la calle principal, Constitución de 1857, viven en una carpa que les donó la comunidad judía.

Si están comenzando la construcción de su vivienda, no es gracias a alguna autoridad, advierten.

“Con el Gobierno ha habido muchos problemas para que nos puedan apoyar”, dice ella.

“Por parte del Fonden, siempre nos daban largas y nunca había recursos”, agrega él.

Hasta los primeros días de marzo, les activaron las tarjetas del Fonden con 65 mil pesos.

Iniciaron la reconstrucción de su casa gracias a las donaciones de la Fundación Esperanza, que les donó block, varilla, cemento, alambrón, mortero. Con lo del Fonden pagan la mano de obra.

Fundación Esperanza es dirigida por el arquitecto José Luis Hernández Bañuelos, docente de la Universidad Anáhuac, cuyos alumnos de noveno y décimo semestre elaboran los proyectos arquitectónicos como parte de su servicio social.

“Prácticamente Jojutla sigue tirado. No tenemos fuente de trabajo, es muy difícil”, dice Rocío.

“No vendemos ni 10 pollos en todo el día”, lamenta Walfré. “Seguimos sobreviviendo con la ayuda de las personas, pero de personas, no del Gobierno”.

De la emergencia a la campaña

Desde los escombros que dejó el sismo en Jojutla, un grupo de jóvenes participantes en las brigadas de rescate y atención comunitaria busca ahora la presidencia municipal.

El sismo del 19 de septiembre cambió la vida del activista y empresario Carlos Brito Ocampo.

La colonia Condesa, en la Ciudad de México, donde se encontraba su oficina, fue una de las más dañadas en la capital. El derrumbe de un puente en su alma máter, el Tec de Monterrey, se llevó la vida de cinco alumnos. Pero el impacto más potente fue en su pueblo natal. Después del sismo, Brito llegó a Jojutla con otros jóvenes y 37 toneladas de víveres en un camión.

Los donadores, recuerda, le pedían que los recursos no pasaran por la presidencia municipal ni la Gubernatura.

Con más jóvenes, Brito estableció redes para distribuir los víveres. Organizaron brigadas médicas, de demolición, de logística e instalaron comedores comunitarios.

Crearon el movimiento Resurge, que busca impactar en su municipio y otros del sur de Morelos en medio de la crisis por la reconstrucción.

Y hoy, a punto de iniciar las campañas electorales en la entidad, Resurge compite por la vía independiente por la alcaldía, con una planilla integrada por Ana Hernández, Angélica Ocampo, Salvador Marcos, Diego Domínguez y Carlos Brito.



Ya entregaron las más de mil 380 firmas de apoyo ciudadano ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, y esperan su validación.

“Vimos cómo los partidos políticos lucraban, vimos el acaparamiento y la rapiña y cómo las autoridades a veces frenaban el trabajo. Cuando vimos quiénes son los que se estaban apuntando para la Presidencia Municipal, lejos de darnos esperanza nos daba angustia”, explica Brito.

Tras el sismo, en su lugar de origen, el activista quemó las naves. Renunció a dar clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y a la empresa que fundó.
Su apuesta se concentró en la alcaldía de Jojutla.

Carlos Brito Ocampo, hoy de 30 años, participó en el movimiento #YoSoy132 en 2012 y, después, se enfocó en la defensa de los derechos digitales y de libertad de expresión, e hizo un doctorado en Desarrollo Científico y Tecnológico de la Sociedad.

Con esas herramientas, busca cambiar la vida de su municipio en un momento crítico.

Sabe que Jojutla no es el mismo sitio en el que creció jugando en el río o atrapando lagartijas. “De niño le temía a los perros con rabia y a los robachicos, los niños de ahora le temen a cosas mucho más serias”.

Si logra llegar a la alcaldía, Brito reconoce que el principal reto es la reconstrucción, pero con una visión comunitaria.


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